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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 205, de 24/06/2014
cve: DSCD-10-PL-205
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 205
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 193
celebrada el martes,
24 de junio de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 13 de diciembre de 2013. (Número de expediente
122/000131) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 177-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 122/000154) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 463, de 23 de mayo de 2014. (Número de expediente
162/000961) ... (Página24)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en 2014 a las que ha renunciado el Gobierno.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 468, de 30 de mayo de 2014. (Número de expediente 162/000967) ... (Página30)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reformar la formación profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude. (Número de expediente
173/000159) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas. (Número
de expediente 173/000156) ... (Página44)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página51)
Corrección de error ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la sesión de mañana, en el sentido de
que la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en el orden del día con el número 27, pase a formularse en primer lugar dentro de las interpelaciones, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera ... (Página14)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página24)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico ... (Página24)
Defiende la proposición no de ley el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Cabaña, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en 2014 a las que ha renunciado el Gobierno ...
(Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Elorriaga Pisarik, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página36)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reformar la formación profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude ...
Defiende la moción el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la
señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Anchuelo Crego.
Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas ...
Defiende la moción el señor Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como los señores Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Pacheco Atienza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Campos Arteseros.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento, se rechaza por 139 votos a favor más 1 voto
telemático, 140; 168 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución
íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera, se rechaza por 140 votos a favor más 1 voto telemático, 141; y 168 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Mixto (señor Salvador) y el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, se aprueba por 287 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en
2014 a las que ha renunciado el Gobierno, se rechaza por 133 votos a favor, 173 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página51)
Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reformar la formación profesional para
el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude, son aprobados los puntos números 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, y son rechazados los números 6, 7, 8 y 11.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre las medidas a adoptar para paliar
los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y avícolas, con la inclusión de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 138 votos a favor, 168 en
contra y 1 abstención.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con el artículo 68.1 y con lo hablado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Socialista, que figura en el
orden del día con el número 27, pase a debatirse en primer lugar dentro de las interpelaciones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Queda modificado el orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS ANTE LA INSOLVENCIA PERSONAL Y DE PROTECCIÓN ANTE EL SOBREENDEUDAMIENTO. (Número de expediente 122/000131).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista, sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento. Para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Gracias, señor presidente.
Señorías presentes, decíamos ayer: una vez más traemos una iniciativa que trata de dar respuesta a las situaciones de insolvencia familiar derivadas de un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso, como consecuencia de una crisis económica
que sigue aún golpeando con virulencia a la sociedad española. Sí, la crisis. Hay quien está más pendiente del índice bursátil, del IBEX-35 y la da por superada, olvidando mirar alrededor, olvidando una sociedad que hoy refleja que uno de cada
tres niños en nuestro país está en riesgo de pobreza, que 2,3 millones de ellos viven bajo el umbral de la misma y que el riesgo de deudas e imposibilidades de pago de sus tutores y progenitores sigue creciendo. Esta es una iniciativa para dar una
nueva oportunidad, una nueva oportunidad a las familias, una nueva oportunidad a aquellos que han perdido su vivienda, pero siguen pagándola, una nueva oportunidad para no condenar a la muerte civil a quienes se ven en una situación de insolvencia y
una nueva oportunidad a esta Cámara. (Aplausos). Sí, a esta Cámara.
A lo largo de la legislatura, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios... (Un señor diputado: ¡Falta entusiasmo!). Es posible que el entusiasmo de algunos haya estado muy restringido, efectivamente. Prácticamente la
totalidad de los grupos parlamentarios hemos venido defendiendo la necesidad de regular un procedimiento concursal personal para aliviar las deudas derivadas de los contratos hipotecarios, facilitar la permanencia en la vivienda y una disminución de
la morosidad, procedimiento similar al de otros países de nuestro entorno, en concepciones jurídicas perfectamente reguladas, asociadas a la responsabilidad limitada del deudor o de responsabilidad sobre las consecuencias sociales por el fomento que
hacemos los poderes públicos para acceder al recurso al crédito, y similar a los procedimientos existentes para las deudas empresariales. El éxito de estas iniciativas, pese a contar con el respaldo social y parlamentario, siempre ha sido el mismo:
el rechazo del Grupo Parlamentario Popular siquiera a aceptar su tramitación cuando no ha sido la burla durante el recorrido de esta, como lo fue sobre la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. Pese a ello, nos comprometimos a no
cejar en el empeño, a traer nuevas propuestas, a tratar de impedir por todos los medios el embargo de bienes, a evitar las pérdidas de viviendas derivadas de unos contratos hipotecarios en los que los deudores asumían casi en solitario todo el
riesgo en la concesión del préstamo. Esta es una oportunidad más para todos los que estamos aquí de demostrar que nos importa la situación económica de las familias más que la preocupación por el saldo positivo de la cuenta de resultados de las
grandes corporaciones financieras.
Lo que les proponemos, señorías, es que por un momento se olviden del Fondo de reestructuración y ordenación bancaria y piensen en un sistema de reestructuración y ordenación personal. O dicho de otro modo, entendamos que no hay rescate
financiero posible sin un rescate ciudadano. (Aplausos). Se trata de dar una oportunidad a aquellos que por circunstancias ajenas a su voluntad han de destinar más del 50 % del conjunto de sus ingresos familiares al pago de las deudas pendientes,
circunstancias que tienen que ver con la pérdida de su puesto de trabajo, con el recorte -que no la moderación- salarial, con la precarización del empleo o con una incapacidad, circunstancias que se añaden a la pérdida del poder adquisitivo general
derivada del recorte de derechos en la reforma laboral, del recorte de prestaciones en los servicios públicos y del aumento constante de los impuestos directos y sobre todo de los impuestos indirectos a lo largo de toda la legislatura, aunque ahora
los pretendan camuflar. Pérdida de empleos y de salarios que se suma a la desaparición de becas y ayudas y a la aparición de tasas y repagos, que merman la capacidad de pago de la ciudadanía. También, por supuesto, en el ámbito de la vivienda, con
la supresión de los préstamos subsidiados o con una injusta regulación de los créditos sometidos al IRPH. Les proponemos no sentenciar a la muerte civil, no llevar al límite de la exclusión social a aquellos que, tras la ejecución de sus bienes en
cuantía insuficiente para la liquidación de sus deudas, no tienen la oportunidad de rehacerse económicamente y ya ni siquiera pueden suscribir un contrato de suministro o ser titulares de una simple cuenta corriente.
Mediante esta proposición se crearía un procedimiento extrajudicial previo al concursal mediante el que el deudor, con el asesoramiento de una organización de consumidores si así lo desea, podrá promover un acuerdo con sus acreedores sobre
la base de sus bienes y derechos. A partir de ese momento, y previa comunicación a los acreedores, al Banco de España y a los juzgados, se suspenderían los procedimientos existentes y cobros de intereses moratorios e indisponibilidad del patrimonio
hasta la elaboración de un plan de saneamiento económico en un plazo no superior a tres meses y con el acuerdo de los acreedores, que permita la recuperación económica sobreendeudada y evitar esa situación de exclusión social. Si este intento de
acuerdo vía convenio fracasase, se recurriría a la vía judicial para solucionar ese mismo sobreendeudamiento de acuerdo con las normas previstas en el concurso de acreedores. Mediante la misma, el órgano jurisdiccional, con el mismo ánimo de evitar
la exclusión social, garantizar el pago y recuperar la economía, podrá adoptar medidas de fraccionamiento de pagos, reducciones de los tipos de interés al interés legal, suspender los efectos de las garantías reales, condonar parcial o totalmente
las deudas, los intereses moratorios, las indemnizaciones o los gastos y prorrogar los plazos.
En definitiva, se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores y una garantía de cobro también a los acreedores, pero queremos ir más allá. Cumpliendo con nuestro compromiso, esta también es una nueva oportunidad para aquellos que
han sido desahuciados y pese a haber perdido la propiedad de su vivienda siguen siendo titulares de un crédito hipotecario que tienen que seguir pagando, que ven cada día cómo a las entidades financieras se les hace la dación en pago mediante el
banco malo, mediante la Sareb, mientras sus viviendas permanecen vacías o son convertidas en objeto de especulación por parte de fondos buitres, a veces directamente por parte de administraciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid.
El Gobierno se empeña en afirmar que mediante la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, ha solucionado este problema, pero las cifras, las situaciones que
conocemos cada día, al menos las que conocemos cada día aquellos que cogemos el teléfono a la gente que lo está pasando mal, no como cuando llaman al ministerio o algún otro departamento de gobierno en el que se le desea a los ciudadanos suerte en
el proceso, demuestran que esto no es cierto, que la ley se ha convertido en un auténtico fracaso. Presumen de haber regulado la dación en pago, pero no lo han hecho, ni mucho menos han tenido en cuenta las propuestas de las iniciativas ciudadanas
ni de la plataforma de afectados; se han limitado a no prohibirla, a someterla a un código de buenas prácticas y a establecer unos criterios tales, unos criterios tan restrictivos que impiden poder acceder a la misma.
Esta iniciativa podría dar respuestas a los que lo han perdido todo, pero también convertiría en derecho, en acción real y no en mera propaganda sometida a una buena práctica, la reestructuración de las deudas que impida que se produzca la
pérdida de la vivienda y que imposibilite además que los deudores de préstamos hipotecarios sigan sometiéndose al pago de una enorme cantidad de cláusulas abusivas o al menos no lo hagan aquellos que se encuentran en una situación económica más
compleja, los y las que están al borde de la exclusión social, permitirían que la gente pudiera permanecer en su vivienda. En cualquier caso, les anunciamos nuevas iniciativas para regular todas estas cláusulas abusivas. No parece justo que
mientras vemos cómo dirigentes de las patronales declaran su concurso
de acreedores para liberar y ordenar sus deudas, mientras proponen contratos sin indemnización por despido -los que queden con indemnización tributarán además según la reforma del ministro Montoro-, ignoremos siquiera la posibilidad de
legislar para que justamente quienes se ven privados de esos contratos puedan acceder a una reestructuración de sus deudas que les garantice un respiro económico y no les condene a la exclusión. Son muchas oportunidades en una sola proposición de
ley. No dejemos, no dejen, por favor, que la gente las pierda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
No se ha solicitado ningún turno en contra, por lo tanto, vamos a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Toda vez que el transcurso del tiempo ha evidenciado que todo lo que ha hecho este Gobierno para proteger a las personas afectadas de sobreendeudamiento eran medidas puramente testimoniales y con limitado ámbito objetivo y subjetivo y no
aspiraban a solucionar verdaderamente el problema del sobreendeudamiento familiar, resulta interesante abordar propuestas legislativas que reabran el debate y busquen soluciones para esas miles de familias españolas que padecen las consecuencias de
sus políticas contra las personas. Mientras las entidades bancarias han contribuido de forma notable a la burbuja inmobiliaria y a su estallido en su carrera irresponsable para maximizar los beneficios, estas, a pesar de ser el origen de muchos
males, disponen de una importante ventaja frente a cualquier acreedor, un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios creado en 1909 debido a la presión de estos mismos bancos. Esto es injusto y multiplica las injusticias.
Hablar de esto a un Gobierno que ha llegado a afirmar -en otros tiempos, es verdad- que es bueno que las familias se endeuden en vivienda -como ha dicho, por ejemplo, el señor Montoro- evidencia que los intereses de este Gobierno están muy alejados
de la mayoría de las familias. Me recuerda también a la afirmación de otro ministro de Aznar que dijo que los pisos están caros porque muchos españoles pueden pagarlos. La burbuja estalló y la gente sigue siendo desahuciada. ¿Qué está haciendo
este Gobierno para esa gente? Poco o nada porque evidentemente no gobierna para ellos, gobierna para otros que no son justamente las personas desahuciadas, que no están sobreendeudados. Es necesario restituir el equilibrio entre partes quebrando
un injustificado privilegio procesal a favor de los bancos, cuyos efectos como generadores de un mercado enfermo y como determinantes de la exclusión social de los deudores, que lo son porque ellos mismos les consideraron solventes, no pueden ser la
parte privilegiada pues son parte de la creación del problema. Tampoco es la solución saturar el ámbito judicial cuando la solución ha de ser rápida, sin tasas ni costas y buscando no la victoria de una parte sino el consenso y el acuerdo. Por
ello entendemos necesario crear unidades de asesoramiento y apoyo frente al sobreendeudamiento, a través de las cuales se implante un nuevo procedimiento extrajudicial que sea voluntario, rápido y ofrezca soluciones de consenso y la creación de
centros de asesoramiento personalizado para consumidores y usuarios con la actuación coordinada de las comunidades autónomas.
Resulta una obviedad la necesidad de incrementar el control por parte de los organismos supervisores para que impidan la excesiva libertad que tienen las entidades financieras a la hora de comercializar los productos que han llevado al
sobreendeudamiento de las familias, no solo en la comercialización sino también en la publicidad y la información que se transmite al consumidor, que debe ser veraz y con total transparencia. También introducir la obligación de que se cree un
lenguaje más claro adaptado a todo tipo de consumidores para que se sepa en todo momento qué se está adquiriendo y en qué condiciones; esto que en otros países como Inglaterra es ya una obligación legal, promover una normativa específica que regule
los contratos de préstamo hipotecario y que además obligue a que los contratos sean comprensibles por cualquier persona. Una regulación del sobreendeudamiento ha de servir de solución a un problema del pasado y actuar como mecanismo de prevención
de futuro. La inexistencia de mecanismos de segunda oportunidad o de liberación de deudas es una anomalía de nuestro ordenamiento jurídico en relación con la práctica totalidad de los países del entorno próximo, que incluyen estos mecanismos con
diferentes variantes, desde los sistemas anglosajones, que entienden el sobreendeudamiento como un riesgo del mercado del crédito y ofrecen soluciones de la deuda rápidas y ágiles, hasta los sistemas continentales, que entienden que el
establecimiento de un plan de pagos que tiene que cumplir el deudor es condición para la liberación de la deuda. Se parte de que las consecuencias han de ser soportadas por todas las partes implicadas y no solamente por el deudor. Se
trata de modelos que buscan el bien común y el equilibrio entre las partes. El deudor podrá tener una segunda oportunidad, pero a la vez tiene incentivos para hacer esfuerzos y para pagar sus deudas y puede evitar verse abocado a la
exclusión social. El acreedor ve cómo el deudor se esfuerza para afrontar el pago. La sociedad en conjunto se ve beneficiada por la rehabilitación civil del deudor, que puede evitar la situación de exclusión social o la dependencia de manera
permanente de los servicios sociales públicos. Las leyes han de hacerse para la gente, para las personas, y en este caso para proteger a las personas y familias que encaren el futuro con esperanza, con incentivos para retomar la iniciativa
personal, familiar y económica. El Parlamento está para solucionar los problemas de la gente, y este es un problema muy grave para los ciudadanos. Por tanto, cualquier medida que vaya en ese sentido cuenta con nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque forma parte de una familia de leyes que poco a poco se ha ido abriendo paso, que creo que las podríamos llamar leyes de segunda oportunidad, y la explicación
que ha hecho la ponente socialista iba en esa dirección. Se trata de que el Estado y esta Cámara, como sede de la soberanía nacional, tome las medidas legislativas que tiene que tomar para impedir que el sistema político se desentienda por completo
del destino de las personas privadas, que son a veces víctimas no de la mala suerte o de la historia o de una decisión no muy bien pensada, sino de lo que es el caso en España, es decir, de una legislación que se ha despreocupado por completo de lo
que les pasa a los ciudadanos. Y esto nos parece importante remarcarlo, porque nosotros ya hemos presentado en esta Cámara al menos dos iniciativas sobre esta cuestión. Las dos fueron votadas -hablo de memoria- por todos los grupos menos por el
Grupo Popular, que creo que cometió un grave error -ahora lo comentaré-. La primera era sobre una ley acerca de la dación en pago y la segunda era -al poco tiempo, en noviembre de 2012, creo que la otra fue en octubre- sobre precisamente un título
muy parecido a este -y me alegro si le ha inspirado y, si no, nos da lo mismo, no nos importa que las buenas ideas circulen y que se adopten por los demás-, sobre medidas a favor de los deudores con sobreendeudamiento sobrevenido. Y son leyes de
segunda oportunidad porque lo que dicen es que la ley no se puede desentender de lo que le ocurre a la gente en su vida corriente y dejarla en lo que ahora llamamos exclusión social, es decir, extrapuertas del sistema. Por tanto, nos parece una ley
que entra en las cuestiones fundamentales, y nosotros podríamos añadir alguna más; si se tramitara haríamos alguna enmienda de adición en este sentido, pero entrando en las cuestiones básicas, en primer lugar, en la modificación de la Ley
Concursal, que es una ley que protege hoy en día a las empresas, pero no a los ciudadanos privados a la hora de contratar créditos o determinados servicios, lo cual es una asimetría que hemos explicado aquí muchas veces y nunca se nos ha explicado
por parte del Grupo Popular, que siempre se opone, porque resulta que él cree que es una ley estupenda para las empresas pero no para los ciudadanos que compran una vivienda o que tienen un negocio bajo su responsabilidad ilimitada, que esta es la
cuestión, y en segundo lugar la figura del convenio extrajudicial. Ya propusimos en su momento otras cosas que van en esta línea que podrían completarla y estaría muy bien, pero insisto que lo que importa es lo de la segunda oportunidad. Antes
decía que el Grupo Popular es el que sistemáticamente se ha opuesto, porque al menos algún otro, como el propio Grupo Socialista, primero habló en contra de una de las leyes que propusimos, pero luego votó a favor, lo cual fue una rectificación
sobre la marcha digna de alabanza. Porque ¿esto qué es lo que ha hecho? Pues estimular el populismo, estimular las posturas antisistema y que las instituciones, como esta que ocupamos y en la que estamos, no sirven para nada y al final para lo que
sirven es para reírse de la gente. Y esto, que no es cierto, sin embargo viene de alguna manera validado por este constante rechazo, este no querer entrar a debatir cuestiones como esta que proponemos, que además no tienen nada que ver con ningún
tipo de idea extraña, de utopía socialista ni nada que se le parezca. Funciona en un país como Francia hace un montón de años -aquí se ha hablado de diferentes tradiciones jurídicas-, y la idea está muy clara; es decir, lo mismo que cuando uno
contrae un crédito existen riesgos por las dos partes, la solución cuando el crédito es fallido no puede recaer solo sobre una de ellas, que en este caso sería la del acreedor.
En fin, por eso, para no alargarme mucho más, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Nos parece fundamental que esta Cámara vaya creando un discurso legislativo coherente, proactivo de segunda oportunidad y
esperamos que algún día lo podamos ver y que no sea rechazado sistemáticamente, porque eso tiene que ser el núcleo de algo fundamental, una política contra el crecimiento de la desigualdad que es el principal efecto y el más asesino de la democracia
que ha tenido esta crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Nos parece necesaria y oportuna. No es la primera vez, de nuevo llega a la Cámara
un debate que diferentes grupos hemos traído con anterioridad y que, desgraciadamente, de momento no ha podido prosperar por la oposición del Partido Popular. Digo incomprensible porque cuanto más profundos son la crisis y los dramas que comporta,
más incomprensible es que aún no exista en nuestro país una legislación que permita a las personas endeudadas, muchas veces por el simple pecado de querer acceder a una vivienda, tener una reestructuración de sus deudas de manera ordenada como
sucede en muchos otros países y como sucede también con las empresas. Es verdad, no compartimos en su literalidad el conjunto de la propuesta presentada por el Grupo Socialista pero este detalle en estos momentos y en este trámite es una cuestión
menor porque al tratarse de una proposición de ley ya tendremos en su momento el debate sobre el mismo, si el Partido Popular da la oportunidad a esta Cámara de asumir la responsabilidad que tiene ante los ciudadanos de este país.
Nuestro grupo tiene cuatro poderosas razones para considerar necesaria la aprobación de una nueva norma sobre insolvencia personal y protección en relación con el sobreendeudamiento. Primero, el más importante de todos, la situación de
muchas personas y familias hace tiempo que es insostenible en términos económicos y en términos humanos, tan insostenible que en algunos casos las deudas económicas de esas personas comportan la práctica muerte civil de esas personas. A partir del
momento en que esas personas se encuentran ante la imposibilidad de abonar sus deudas y de hacer frente a ellas, pierden también la capacidad de acceder a cosas tan básicas como el suministro de bienes y derechos fundamentales de la persona. Aunque
el origen del endeudamiento es diverso, es bastante evidente que en su inmensa mayoría se trata de un endeudamiento motivado por la necesidad de acceder a un derecho social supuestamente protegido por la Constitución, que es el derecho a la
vivienda.
Los recientes datos de morosidad publicados por el Banco de España son muy ilustrativos a este respecto. A finales de 2013, de los cerca de 50.000 millones de euros de créditos dudosos, concretamente 49.424, más de 36.000 correspondían a
créditos obtenidos para la compra o rehabilitación de la vivienda, es decir, el 73 %. Eso quiere decir que cuando hablamos de sobreendeudamiento, cuando hablamos de segunda oportunidad lo estamos haciendo fundamentalmente en relación con personas
que no pueden abonar sus deudas para acceder a un bien básico como es el derecho a la vivienda. Lo mismo sucede con los datos relacionados con el primer trimestre de 2013 que ponen de manifiesto hasta qué punto en estos momentos estamos ante una
situación claramente de incompetencia de la legislación existente como consecuencia de la contumaz negativa del Gobierno y del Partido Popular a afrontar el tema de cara. El Gobierno continúa sin quererlo ver; cada vez que ha intervenido, cada vez
que ha hecho gestos de actuación lo ha hecho tarde, a remolque y mal. Se lo voy a recordar, señores del Partido Popular. Lo hizo en marzo de 2012, cuando a raíz de una interpelación de nuestro grupo, La Izquierda Plural, el señor De Guindos se
sacó de la manga el código de buenas prácticas que, a estas alturas, ya es evidente que ha sido un monumental fracaso; fracaso, no, porque en el fondo lo que dijo que se pretendía era imposible que se pudiera producir con ese código. De hecho, es
un inmenso placebo con el que el Gobierno intentó hacer ver que hacía cosas, las vendió a bombo y platillo, como siempre, para luego demostrarse que eso no ha servido para nada. El Partido Popular volvió de nuevo a esa estrategia de placebo cuando
con el impacto social de los suicidios de personas afectadas por esa realidad presentó la reforma del código de buenas prácticas, y después hizo la maniobra envolvente a la iniciativa legislativa popular, absorbiéndola para diluirla, una iniciativa
legislativa popular que llegó a esta Cámara y que fue profundamente ninguneada por el Gobierno y por el Partido Popular. Hoy ya es bastante evidente que, a
pesar de los cambios introducidos por la Ley 1/2013, los requisitos para el acceso a la reestructuración de la deuda excluyen a una inmensa mayoría de personas, y especialmente los términos en los que se puede producir no resuelven el
problema.
Se lo vamos a recordar con datos del último trimestre de 2013. Durante ese periodo se presentaron 4.523 solicitudes. Por cierto, no son muchas y, en cambio, el colapso de gestión es bastante evidente porque en ese mismo periodo se
tramitaron solo 3.849, la mayoría de ellas atrasadas y solo se aceptaron 1.600. Ustedes pueden ver cómo va bajando el nivel de utilidad de este planteamiento. En ese proceso el resultado es que solo se han aceptado 397 daciones en pago y ni un
solo acuerdo de quita en el importe de la deuda. ¿Quieren que comparemos eso con los acuerdos de quita a los que se está llegando, por ejemplo, con relación al sobreendeudamiento de empresas y especialmente de inmobiliarias? ¿Por qué se mantiene
esa discriminación? Es bastante evidente: porque ustedes son profundamente insensibles ante el sufrimiento de una gente que en estos momentos -insisto- con sus deudas, al no poderlas pagar, entra en una situación de pérdida o incluso de muerte
civil.
Hay un tercer argumento. Lo más grave además, y lo incomprensible, es que España sea uno de los pocos países de la Unión Europea que no tenga aún ninguna ley de las conocidas como de segunda oportunidad. Lo han prometido ustedes no sé
cuántas veces. Han dicho aquello de hoy no lo vamos a hacer, pero mañana sí. Estamos ya en la fase final de la legislatura y ustedes van a cerrar esta legislatura con una de sus grandes vergüenzas: no haber aprobado una ley de segunda oportunidad
para las familias, para las personas sobreendeudadas. Eso es más incomprensible cuando ustedes han puesto mucho énfasis en modificar de manera permanente la regulación mercantil para dar segundas y terceras oportunidades a las empresas. Está
pendiente de debate en esta Cámara el proyecto de ley derivado del Decreto-ley 4/2014, con relación a dar más oportunidades a las empresas para la supervivencia ante las deudas. Eso nos parece bien, pero no podemos entender cómo no se utiliza todo
el énfasis para permitir la supervivencia de las empresas, no se utiliza para permitir la supervivencia de las personas y las familias. Si se tuviera que juzgar la opinión que ustedes tienen de lo que es una sociedad por este tema, quedarían o
quedan bastante mal parados. Ustedes están defendiendo con su comportamiento que la legislación proteja a las deudas empresariales e impida la muerte de las empresas, en cambio no solo aceptan sino que asumen resignadamente que las deudas de las
personas puedan suponer su muerte civil.
La cuarta razón es que esta situación, además de ser profundamente injusta, desde un punto de vista humano, es suicida desde un punto de vista económico. O reducimos el sobreendeudamiento privado de las familias, de las personas, o va a ser
materialmente imposible salir del pozo de la crisis. España es un país que depende en su crecimiento económico, de manera muy importante, de la actividad económica del consumo interno, y las familias en esa situación son incapaces de consumir nada
porque su objetivo diario es la supervivencia. En estas condiciones de sobreendeudamiento es materialmente imposible que esas familias adopten un comportamiento económico normal, regularizado. No deja de ser curioso que mientras el Fondo Monetario
Internacional está haciendo todo tipo de recomendaciones con relación a la necesidad de hacer un reajuste o una reestructuración de la deuda de las empresas, resulte que no aparezca por ningún lado una recomendación que sería más que deseable, sobre
todo que ustedes la asumieran, que es de una vez por todas incorporar a nuestra legislación un mecanismo que pudiera permitir esa reestructuración de las deudas a través de las diferentes formas. Si no abordamos de manera distinta a como se está
haciendo ahora, que es a través del pago íntegro de la deuda por parte de las familias de la morosidad que se tiene con las entidades financieras, esas entidades financieras van a continuar teniendo problemas. Está creciendo la morosidad, no para
de crecer, aunque hay un pequeño apunte este último trimestre que parece que lo estanca; pero es bastante evidente, cada vez lo es más, que esa morosidad proviene fundamentalmente de esas familias. En ese sentido, fíjense ustedes bien, el último
dato: se están consiguiendo más acuerdos de reestructuración de las deudas sobre la base de la movilización social de las plataformas, de la Plataforma de afectados por la hipoteca, que dentro del código de buenas prácticas. Esos son los datos
oficiales que ustedes mismos publican. Eso solo ya les debería hacer pensar lo absurdo de querer mantener esta legislación sin tomar ninguna iniciativa en ese sentido.
Termino. Por supuesto, eso nos llevaría -en ese sentido a lo mejor podemos tener...; no podemos, tenemos discrepancias con el Grupo Parlamentario Socialista- a tener que analizar el impacto que supondría esa ley en las entidades
financieras, porque incentivar esos mecanismos de reestructuración de deuda supondría que esas entidades financieras tienen que encajar una parte del impacto que eso tiene. Sin embargo, eso en términos generales y a medio plazo sería positivo, y
además sería lógico
porque lo que no tiene ninguna lógica es que habiendo globalizado los beneficios de la burbuja y siendo corresponsables los bancos acreedores de ese sobreendeudamiento, ahora se pretenda que en el momento de hacer frente a esa realidad
quienes asuman, solo y en exclusiva, ese coste sean las familias que se endeudaron para acceder a la vivienda o las sociedades en las cuales residen las entidades financieras que asumieron su función de intermediario entre deudor y acreedor.
Es todo un poco kafkiano, señorías del Partido Popular. Denle una oportunidad como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista. Dejen al menos que se tramite como proyecto de ley. Tienen ustedes la mayoría absoluta; si no les parece bien
lo pueden modular, pero al menos déjenle la oportunidad de que este Congreso asuma la responsabilidad ante la sociedad española de abordar de una vez por todas una ley sobre el sobreendeudamiento de las familias, una ley de segunda oportunidad.
Sería una vergüenza que se terminara esta legislatura sin haber aprobado algo que no solo es de justicia, sino de sentido común que lo apruebe esta Cámara.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en Convergència i Unió daremos apoyo a esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista porque podemos estar de acuerdo con la mayoría de los grupos de la Cámara, incluso también con el Grupo Popular, en que es
necesario evitar al máximo la exclusión social y la muerte civil de las personas, sobre todo, si ello se produce como consecuencia de una insolvencia sobrevenida y de buena fe. Quiero poner en valor y quiero recordar, aquí se ha hecho, que se trajo
también a esta Cámara una iniciativa muy parecida del Parlament de Catalunya, aprobada por unanimidad. Hace ya varios meses de esto, y cuando digo unanimidad me refiero a una unanimidad que contaba con los votos a favor de los parlamentarios
catalanes del Partido Popular. Con lo cual me atrevo a decir que la voluntad de acabar con la exclusión social y acabar con la muerte civil de las personas también la tienen los diputados del Partido Popular, puesto que sus diputados en Catalunya
votaron a favor de esa iniciativa. Debemos abordar esta modificación, esta legislación.
En Convergència i Unió estamos de acuerdo en que debemos recuperar la senda de crecimiento, estamos de acuerdo en que debemos salvar y garantizar el Estado del Bienestar. Sin embargo, todo esto no lo podremos hacer si no damos una segunda
oportunidad a las familias, porque las familias son las que atesoran la mayor parte de la deuda en este país. Estamos aún en una situación muy difícil para muchísimas familias con riesgo de exclusión social, llevadas a este punto muchas veces como
consecuencia de una drástica caída de los tipos de interés en la puesta en marcha de la unión monetaria, una carrera por la cuota de mercado a la que se lanzaron las entidades financieras y también a la laxitud de los organismos de supervisión
estatales, que hicieron que las familias se endeudaran mucho y muy rápidamente. Todo ello motivó un endeudamiento acelerado en las familias y aún hoy estamos iniciando el camino de este desendeudamiento. ¿Qué quiero decir con ello? Qué en
Convergència i Unió estamos, y no eximimos a nadie de la responsabilidad individual, con las consecuencias del ejercicio de la plena capacidad jurídica y de obrar de las personas, por tanto, estamos de acuerdo en que el derecho a decidir de las
personas tiene consecuencias y estas deben ser asumidas por quien las adopta. Ahora bien, también defendemos con la misma consistencia en estos casos, que esta plena responsabilidad de las personas también tiene que ser asumida en cuanto a su
corresponsabilidad, por parte de aquellos organismos que en su momento coadyuvaron al incremento desmesurado del crédito en estas familias. Como he apuntado anteriormente, fallaron todos los mecanismos de supervisión, incluidos los del Banco de
España, que permitió que familias se endeudaran en más de un 110 % cuando adquirieron hipotecas para la compra de sus viviendas. Es el mismo Banco de España quien dice que este país está afectado por las mayores cotas de endeudamiento de los países
de nuestro entorno, y que un exceso de confianza en prestamistas y prestatarios infravalorando riesgos de la deuda ayudaron a ese endeudamiento; la elevada demanda inmobiliaria por razones demográficas y por razones institucionales apoyadas por los
distintos Gobiernos ayudaron a este sobreendeudamiento; y todo ello hizo que se incrementase el valor de los activos y que se garantizasen mejor las deudas contraídas. Todo ello hizo que las familias se endeudaran sobremanera, y si no conseguimos
dar una respuesta a esta situación difícilmente conseguiremos la recuperación económica puesto que ello supone un freno a esta recuperación.
Tiene que ser un reto del Gobierno reconducir la deuda familiar. Si no quieren hacerlo recogiendo una iniciativa parlamentaria del primer partido de la oposición, del Partido Socialista, háganlo inmediatamente ustedes -porque tienen la
mayoría- con una iniciativa propia, pero traigan a esta Cámara la posibilidad de debatir también cómo ayudamos a las familias. Han legislado en beneficio de las entidades financieras, también intentando ayudar a autónomos y pequeñas y medianas
empresas. Se está reformulando la Ley Concursal para hacerla mucho más efectiva en beneficio de su operatividad y para cuándo vamos a dejar esta legislación en beneficio de las familias. Debemos abordar mecanismos ordenados que faciliten su
supervivencia y abordar el corto plazo para que subsistan en el futuro. Además, el endeudamiento de las familias tiene dos caras. Hay otra cara de esta moneda que es el acreedor familiar, la mora que soportan estos acreedores familiares que ven
cómo no pueden satisfacer sus créditos. Deudores familiares y acreedores familiares, ambos afectados por las mismas dificultades económicas. Es una morosidad que hay que atajar. Aquí se ha dicho muchas veces que atajar la morosidad deviene uno de
los pilares de un Estado moderno. Debemos avanzar para atajar esta morosidad y no lo podremos hacer, en lo que respecta a las familias, si no abordamos una ley -como aquí se ha dicho- de segunda oportunidad. Hay mecanismos, articulemos los
mecanismos legales, regulémoslo. Hay un viejo aforismo jurídico en el ordenamiento jurídico español que es que se pueda predicar esta ley de endeudamiento familiar a quien se ha conducido con la diligencia de un buen padre de familia, por lo tanto,
podremos ver a quién aplicaríamos esta legislación.
Convergència i Unió, si se tramitase, aportaría enmiendas a esta proposición de ley. Creemos mucho en la figura del mediador, no tanto en la posibilidad del notario en tanto que lo entendemos como un fedatario público más que como hacedor
de acuerdos; pondríamos el énfasis en la figura de la mediación, que ya se está llevando a cabo por parte de muchas organizaciones no gubernamentales y otras instituciones. No sería para nosotros un buen instrumento la posibilidad de modificar
este convenio, puesto que se nos antoja que sería algo desincentivador. Entendemos que este convenio con los acreedores debería tener un carácter formalísimo y su incumplimiento debería estar revestido de la ejecutividad de este convenio. Haríamos
algunas modificaciones y el Partido Popular haría las suyas. En cualquier caso, tendríamos todos la opción de legislar al lado de las familias y ayudar a superar la crisis económica, igual que se ha hecho o se ha intentado hacer con las entidades
financieras, con autónomos y pymes. Por lo tanto, señorías del Partido Popular admitan a trámite esta proposición y, si no lo hacen, presenten inmediatamente una que sea de su agrado para tramitar y debatir en esta Cámara algo tan importante como
es el sobreendeudamiento de las familias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Señorías, me corresponde fijar posición sobre la iniciativa presentada por el Grupo Socialista el 5 de diciembre de 2013. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el Gobierno ha tomado -va a seguir haciéndolo- medidas relevantes y
significativas para dar solución a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad; medidas que regulan de forma específica normas de protección a las personas físicas que deben hacer frente al pago de sus deudas. Esto nos va a llevar a
no apoyar esta iniciativa. No voy a utilizar el tiempo del que dispongo para rebatir algunas demagogias que se han utilizado por algunos portavoces en la defensa de esta iniciativa; lo que pretendo es estructurar mi intervención en tres partes
básicamente: en primer lugar, referirme a esas personas que están viviendo esta situación de especial vulnerabilidad para indicarles cuáles han sido las causas que les han llevado a vivir esta realidad que están sufriendo; a continuación, las
medidas específicas que se están tomando para paliarla y, para terminar, las medidas que se tomen a futuro para asegurar que esta situación no se vuelva a repetir. En definitiva, hacer un buen diagnóstico para dar una buena solución. En relación
con las causas, la situación de sobreendeudamiento que viven muchas familias en este país, fundamentalmente proviene, tal como señala la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista, de los préstamos hipotecarios, cuyo incremento se
debe, como todos sabemos, a la existencia de una burbuja de crédito, de una burbuja inmobiliaria, producida por una excesiva expansión crediticia. Ambas fases del ciclo se produjeron en los años en los que gobernaba el Partido Socialista, el
partido que hoy presenta esta proposición de ley. No supieron ver ambas fases, no supieron reconocerlas y atajarlas, y los datos así lo refrendan. Entre 2003 y 2009, señora Ciuró, ha habido un exceso de endeudamiento privado reconocido por todas
las instituciones
del país. El crédito del sector privado en el 2003 era de 800.000 millones de euros y, en el 2009, cercano a los 2 billones, con b, de euros. El crédito promotor en este mismo periodo se multiplicó por cuatro: pasó de 78.000 millones de
euros a 325.000 millones de euros. Esta situación, unida a los importantes desequilibrios que España iba acumulando -inestabilidad en las cuentas públicas, con un déficit en el 2009 superior al de 2011, inestabilidad y pérdida de competitividad que
nos llevaba a arrojar un déficit por cuenta corriente del 10 % y, sobre todo, la falta de transparencia de las entidades financieras-, provocó que se dejara de creer en España, básicamente, y que se cerrase su financiación. La corrección de
desequilibrios con medidas que no fueron populares evitó el rescate de España y el colapso de nuestra economía.
El señor Martínez Gorriarán se ha referido en su exposición -van a apoyar esta iniciativa- a que han presentado también iniciativas relacionadas con la dación en pago que han recibido el apoyo de toda la Cámara, y lo que me choca es que ha
dicho que también del partido proponente. Buscando ahora, mientras estaba en mi escaño, veo unas declaraciones del 2010 -entrecomilladas y, por tanto, textuales- que dicen: Fomento aclara que bajo ningún concepto la entrega de la casa servirá para
saldar la hipoteca. Esto lo dice el responsable de vivienda, el ministro de Fomento, en el año 2010 y ahora apoyan las medidas de la dación en pago e incluso las proponen. En el momento de esa declaración también hablaban de medidas como la
moratoria de hipotecas o el aumento del salario mínimo inembargable. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que las medidas que está adoptando el Gobierno son más ambiciosas. Está siendo muy criticado el código de buenas prácticas en sus
tres fases de reestructuración, de quita y de dación en pago. Sin embargo, son dos años de funcionamiento y ha permitido 5.000 reestructuraciones viables -datos ofrecidos por el ministro el otro día en una comparecencia en el Senado, creo recordar-
y 1.600 daciones en pago. Aunque sea así de criticado, estos son los resultados que está produciendo el código de buenas prácticas. Además lo que se observa en los datos del código de buenas prácticas es una evolución notable, una aceleración en
el tiempo. En el primer año de funcionamiento, relativo por ejemplo a las reestructuraciones, solo se realizaron -porque fueron pocas- 600 reestructuraciones, pero es que en el segundo año fueron 4.200.
Otra de las soluciones que está tomando este Gobierno y que es preciso tener en cuenta es el Fondo social de viviendas. Lo que concibo -así nos lo está transmitiendo el Gobierno a todos los que queremos escuchar- es que se está realizando
como una medida marco susceptible de modificaciones mientras las necesidades lo vayan demandando, y así ha ocurrido con el Fondo social de viviendas, viéndose ampliado últimamente el número de personas que pueden acceder, el número de personas
desahuciadas, también ampliando la posibilidad de que se queden en sus casas cuando se trate de viviendas adjudicadas. Y cómo no, está también la paralización de los lanzamientos. Las entidades de crédito gracias a esta medida promovida por el
Gobierno han suspendido más de 8.000 lanzamientos. En total, sumando las tres medidas: código de buenas prácticas, Fondo social de viviendas y paralización de lanzamientos han sido 15.000 las familias que se han beneficiado de las medidas
adoptadas por el Gobierno. Pero, como decía al principio, una vez vistas las causas, las soluciones específicas para las situaciones actuales, es necesario tomar medidas de cara al futuro para que no se vuelva a repetir esta situación. Deben
contemplar un doble objetivo: por un lado y, como es lógico, paliar la situación excepcional de los deudores hipotecarios que han visto alterada su situación patrimonial como consecuencia de la crisis económica y, por otro lado, mantener el
equilibrio del mercado hipotecario incrementando la transparencia, la información sobre la comercialización de los productos. Porque el mercado hipotecario en España, las hipotecas a familias solo presentan una mora del 5 %; el 95 % de las
familias están al día en el pago de sus hipotecas. La cultura del pago de la deuda es algo positivo, algo que se debe mantener, puesto que de lo contrario podrían producirse efectos muy perniciosos como el encarecimiento del crédito o si acaso una
escasez adicional del mismo.
Dentro de estas medidas a futuro cabe destacar la limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, pasando de tipo de interés compuesto a tipo de interés simple. (La señora Iglesias Santiago hace signos
negativos). Sí, señora Iglesias, pero estamos hablando de otros tipos de interés de mora vigentes hasta este momento. Además está perfeccionar el régimen de la venta extrajudicial de los bienes hipotecados; limitar el valor de la tasación de la
subasta, que no podrá ser inferior al 75 % del valor de tasación en el momento de la escritura; reforzar -es importante también- la independencia de las tasadoras de las entidades financieras y, por supuesto, obligar a que, además de la firma del
deudor que esté contrayendo la deuda, esté demostrado, a través de cualquier medio manuscrito, que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo.
Me gustaría señalar, igualmente, que dentro de seis días el INE va a publicar una estadística de ejecuciones hipotecarias encargadas por el Gobierno; se va tener información de la evolución de estas ejecuciones porque tendrá una
periodicidad trimestral. Pero la principal labor -con esto acabo- que está haciendo el Gobierno para reducir y llegar a eliminar las situaciones de insolvencia individuales es salir de la crisis. Queda mucho por hacer, muchísimo, pero no cabe duda
de que existe un cambio de rumbo, un cambio de tendencia. Podemos decir con datos desestacionalizados que estamos creciendo, que estamos creando empleo y, además, sobre unas bases mucho más sólidas que nos van a permitir que esta recuperación se
mantenga en el futuro. En definitiva, señorías, la recuperación económica debe permitir que la creación de empleo sea la auténtica salida, y será la que permitirá ir avanzando y reducirá las situaciones de vulnerabilidad de forma significativa
hasta eliminarlas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REFORMA DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO, PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL Y DE DEUDA SUBORDINADA A LOS AHORRADORES SIN EXPERIENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 122/000154).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las
participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera.
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace un año, concretamente el 26 de mayo de 2013, subíamos a esta tribuna para defender una proposición no de ley en términos parecidos a la que hoy presentamos. En aquella ocasión no conseguimos la unanimidad
de esta Cámara y, por tanto, la propuesta del BNG no fue aprobada; si bien ese mismo día se produjo la paradoja de que por la mañana en el Parlamento de Galicia se había debatido, también a propuesta del BNG, una proposición de ley semejante a la
que nosotros defendimos aquí aquella tarde. En aquella ocasión sí fue aprobada la proposición de ley en el Parlamento de Galicia con los votos de todos los grupos parlamentarios, incluidos los del Partido Popular, no siendo posible en esta Cámara.
Hoy traemos de nuevo nuestra iniciativa, pero no es la que nosotros presentamos hace un año ni en las Cortes Generales ni en el Parlamento de Galicia, sino que es una iniciativa semejante a la que finalmente se aprobó en el Parlamento galego con los
votos favorables de todos los grupos parlamentarios que lo componen, incluido, el Grupo Popular. Por tanto, antes de entrar en el fondo de la cuestión y en los argumentos de esta proposición de ley, pasaré a explicar las razones de por qué volvemos
de nuevo a presentar una iniciativa como esta, e incluso por qué presentamos la iniciativa aprobada en el Parlamento de Galicia, que en su momento tendrá la tramitación correspondiente en las Cortes Generales.
Señorías, en este último año han sido muchos los cambios que ha sufrido el grupo de personas afectadas por la estafa de las preferentes; cambios tales como que, además de lo que fueron las cuestiones relacionadas con los arbitrajes, hubo
muchos acuerdos extrajudiciales y muchas sentencias judiciales que dieron la razón a estas personas. Por tanto, han sido ya muchas y muchos los ahorradores estafados por las entidades financieras que han podido recuperar la totalidad de sus ahorros
o parte de los mismos, con muy poca diferencia respecto del cien por cien. Si bien es cierto lo que digo en cuanto a que han cambiado muchas cosas de modo que muchos ya han recuperado sus fondos, también es verdad que el problema persiste y sigue
habiendo miles de personas a las que no se les ha resuelto el problema. En consecuencia, sería conveniente dar solución a este conflicto de manera definitiva, sobre todo, teniendo en cuenta la continua aparición de sentencias judiciales en
respuesta tanto a demandantes de Novagalicia Banco como de Bankia, de Catalunya Banc e incluso de muchas otras entidades financieras privadas, y siempre, señorías, siempre, salvo rara excepción, sin dar la razón a las entidades financieras sino a
los demandantes. Por eso, señorías, es el momento propicio para presentar de nuevo este debate, dado que se dan las circunstancias que permitirían que toda esta Cámara lo vote favorablemente. Permítanme unos momentos
para explicar por qué presentamos una iniciativa semejante a la aprobada en el Parlamento de Galicia y no esperamos a que llegue a esta Cámara con el correspondiente debate parlamentario. Por una simple razón, señorías, hace un par de meses
también estuvimos debatiendo en esta Cámara una proposición de ley que emanaba del Parlamento de Galicia, pero que había sido aprobada hace cinco años. Es decir, que una cuestión que se apruebe en el Parlamento de Galicia, con el trámite normal de
acuerdo a la entrada en Registro en esta casa puede tardar cuatro o cinco años, lo cual, señorías, desde nuestro punto de vista alargaría mucho un debate que para nosotros tiene realmente urgencia. Por eso, señorías, y a expensas de que haya quien
nos pueda considerar oportunistas, hemos traído aquí esta demanda precisamente porque consideramos oportuno y necesario debatirla lo antes posible y porque desde nuestro punto de vista no existe el oportunismo en la medida en que lo que existe en
todo caso es un acuerdo unánime de la Cámara gallega que coincide con una cuestión fundamental que presenta y defiende el Bloque Nacionalista Galego.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego defiende -como ya he dicho, no es la primera vez- que es urgente garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y de
deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera. Como ustedes bien saben, la consideración como recursos propios de los instrumentos híbridos de capital, junto con la fuerte expansión crediticia llevada a cabo por las entidades
financieras en la pasada década, provocó importantes emisiones de este tipo de instrumentos. En este contexto -también es de conocimiento de todos nosotros- se constataron casos de mala praxis comercializadora al ser colocados estos productos a
clientes sin la debida formación financiera o que demandaban realmente otro tipo de productos. Estos defectos de comercialización fueron reconocidos por las propias entidades financieras e incluso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que está investigando estos hechos, manteniendo abiertos varios expedientes para investigar este tipo de comercialización. La posterior generación de importantes pérdidas en algunas de las entidades financieras comercializadoras, junto con el
proceso de recapitalización pública efectuado para su continuidad operativa con las nuevas exigencias de capital, llevó consigo la aplicación del principio del burden sharing o participación en las cargas, mediante el cual los tenedores de
instrumentos híbridos deberían ayudar subsidiariamente a compartir estas fuertes pérdidas en función de la naturaleza y características del activo financiero adquirido. No obstante, este principio de participación en las cargas presenta importantes
problemas en el caso de existir una indebida comercialización de estos productos por coexistir como tenedores de estos activos pequeños ahorradores sin formación ni conocimientos financieros, a los que, en el caso de la aplicación directa de esta
asunción de pérdidas, sí se les generarían importantes e injustos perjuicios.
Con la experiencia y el conocimiento tanto de la existencia en muchos casos de mala comercialización como de lo injusto que sería esta asunción de pérdidas por pequeños ahorradores, hacemos esta propuesta de modificación de la Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en el sentido de evitar que los ahorradores que adquirieron estos productos por causa de una mala comercialización sufran pérdidas como consecuencia de las acciones de
gestión de instrumentos híbridos. En la propuesta que hacemos, en el caso de tenedores que hayan acudido ya al cambio soportando pérdidas se establece la posibilidad de recuperación de la totalidad de la cantidad invertida si efectivamente el
procedimiento establecido determina esa condición de ahorrador. Esta aplicación a ahorradores que ya no tengan, en caso de aprobarse esta propuesta, la consideración de tenedores de híbridos se haría por aplicación del principio de equidad y de
justicia, no discriminando temporalmente a estos ahorradores. De igual modo se evitaría el recurso a la vía judicial y por tanto la saturación del sistema de justicia y mejoraría la eficacia en la aplicación de los recursos. Esta proposición de
ley, señorías, consta de un artículo único a través del cual se introduce en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, una nueva disposición adicional decimotercera bis que se aplica a los
poseedores de instrumentos híbridos de capital o de deuda subordinada que sean ahorradores. A este artículo le siguen dos disposiciones transitorias: la primera suspende las acciones de gestión de estos instrumentos financieros cuyos titulares
sean ahorradores y la segunda es relativa a los ahorradores-poseedores de participaciones preferentes o de deuda subordinada, con un préstamo hipotecario para la financiación de primera vivienda.
Señorías, después del canje obligatorio, con las correspondientes quitas, decretado por el Gobierno en julio de 2013 han sido muchas las personas estafadas que han presentado demanda judicial. Me estoy refiriendo en este caso a datos
relacionados con aquellos afectados por la estafa de Novagalicia Banco, lo que eran las dos cajas gallegas que hoy confluyen en Novagalicia Banco. Más de 5.800, como decía,
son las demandas judiciales, según los datos aportados en el mes de febrero por los responsables del FROB en su comparecencia ante esta Cámara. De estas demandas, más 1.600 estarían ya resueltas, bien por acuerdo extrajudicial o bien por
sentencia. Aproximadamente se habrían emitido unas seiscientas sentencias y el 99,6 % de las mimas, como decía al principio de mi intervención, son favorables a los demandantes. Entre los meses de abril y mayo, tras reuniones de los representantes
de las plataformas de afectados -y vuelvo a referirme al problema de Galicia- con los nuevos dueños de Novagalicia Banco y con el director general del FROB, por lo que sabemos se han llegado a alcanzar acuerdos a la vista de la intención de estos
afectados de continuar presentando demandas judiciales para agilizar, de acuerdo con el compromiso que en su momento adquirieron los nuevos propietarios de Novagalicia Banco -el señor Escotet-, las soluciones a este problema, cuando menos a las
personas estafadas miembros de las plataformas de afectados por las preferentes, priorizando -dicen estos acuerdos- las cuantías más pequeñas.
A falta de una actualización de datos y de acuerdo con lo que obra en nuestro poder, quedarían aún sin recuperar, a pesar de todos estos acuerdos, tanto los extrajudiciales o los de arbitraje como estos que tienen que ver con lo acordado
entre abril y mayo, por parte de los afectados más de 210 millones de euros, que son parte de esos 500 millones de euros que fueron expoliados a través de las quitas. Señorías, por eso decíamos al principio que, si bien podemos reconocer la
existencia de una serie de resoluciones a favor de muchísimas personas afectadas, también hemos de decir que la propuesta está totalmente de actualidad precisamente porque esos afectados aún no han recibido el total de sus ahorros, pero sobre todo
porque también hay personas que no tienen una solución en estos momentos.
Por otro lado, señorías, aunque yo me he referido en mi intervención a datos y a la casuística de los afectados por las estafas de las preferentes de Novagalicia Banco, la propuesta que nosotros hacemos abarca toda la problemática de las
preferentes y por tanto a todos aquellos y aquellas que son afectados de Bankia, de Catalunya Banc o de cualquier otra entidad financiera. Por tanto, señorías, si bien en algún caso ha podido haber soluciones individuales, también es verdad que en
el global quedan muchísimas cosas por hacer, sobre todo si nos atenemos a datos del propio FROB, y vuelvo a remontarme a los que se presentaron en la comparecencia del presidente en la Comisión de Economía, en la que se dejó claro que
aproximadamente unos 260.000 clientes -clientes dice el FROB; estafados decimos desde el Bloque Nacionalista Galego- han podido recuperar, vía arbitraje o vía resolución judicial, sus ahorros o los van a recuperar. Pero también es cierto,
señorías, que aún quedan muchos casos sin resolver, entre otras cosas porque esta cantidad que yo acabo de dar representa solamente el 60 % de los afectados, y se habla de una cantidad similar en cada una de las entidades financieras responsables de
esta estafa. Señorías, si por un lado las sentencias judiciales están dando la razón a los afectados en cuanto a que tienen derecho a la recuperación del cien por cien de sus ahorros y por otro lado estamos viendo que en acuerdos extrajudiciales o
en los arbitrajes también se ha llegado a acuerdos porque se ha reconocido que realmente ha existido una mala práctica comercial y que esa mala práctica es total y absolutamente, con total claridad, una estafa, entendemos que lo más adecuado sería
que en estas Cortes Generales, que son quienes además tienen la potestad de resolver este asunto por la vía de la modificación legislativa, hoy votáramos favorablemente la propuesta que presentamos para su posterior tramitación y definitiva solución
de este problema.
Me dirijo finalmente, señor presidente, al Grupo Popular. En Galicia, ustedes no solamente estuvieron dispuestos a tomar en consideración la propuesta presentada por el BNG, sino que aportaron mucho a la propuesta que hoy tenemos aquí, una
propuesta de todos los grupos parlamentarios de la Cámara gallega; por tanto, no sería entendible que dijeran a esto que no, porque realmente el problema es el mismo y no solamente estamos planteando algo para resolver el problema de los afectados
de Novagalicia Banco, sino el de todos aquellos ciudadanos del Estado español que se han visto afectados por esta estafa. Por lo tanto, no solamente reclamamos el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, sino también y de una manera
especial el del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Vasco voy a fijar la posición en relación con la proposición de ley planteada por el BNG. He de decir en este sentido que todos los grupos parlamentarios nos hemos manifestado en
reiteradas ocasiones en esta Cámara en relación con esta cuestión y creo que todos somos conscientes de que una de las grandes perversiones de esta crisis financiera ha sido la comercialización de preferentes y de productos híbridos, un
fraude de comercialización que ha alcanzado a multitud de ciudadanos, y es verdad que algunos de ellos seguramente conocían lo que estaban comprando, pero la inmensa mayoría no sabían de verdad lo que estaban haciendo y se fiaban de una forma
absolutamente ciega del trabajador de la entidad que les ofrecía este producto como un producto garantizado, un producto seguro y les decía que podían disponer del dinero cuando quisieran. En muchos casos estos que comercializaban en las entidades
financieras sabían lo que estaban haciendo, con lo cual estaban engañando, pero muchas veces, lo que es peor aún, ni siquiera sabían ellos mismos lo que estaban comercializando.
La crisis financiera ha llevado a que el conjunto de los ciudadanos pongamos dinero para resolver los problemas de las entidades financieras y esto yo creo que con más o menos esfuerzo, a más o menos regañadientes, lo hemos ido poco a poco
aceptando. Lo que sería absolutamente inaceptable es que saliéramos de esta crisis financiera sin darle una solución a aquellos que con buena fe invirtieron en estos productos fiándose, insisto, de los trabajadores de las entidades financieras, que
les ofrecían el oro y el moro con la garantía absoluta de que no había ningún riesgo y luego evidentemente se ha visto que sí lo había.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Debería hacernos pensar a la Cámara, como colectivo, el hecho de que los dos primeros puntos del orden del día de hoy traten de los desahucios y de las preferentes dos años y medio después del inicio de la legislatura, porque indica que son
temas importantes que no se han resuelto todavía. En efecto, el tema de las preferentes ha sido tratado una y otra vez la Cámara y nos parece bien que se trate de nuevo por su importancia, porque estamos hablando de una de las mayores estafas
financieras de nuestra historia económica, y esto es mucho decir porque nuestra historia es larga y truculenta, pero se puede afirmar con toda certeza que es una de las mayores estafas de nuestra historia económica. En primer lugar, por la cantidad
de afectados y por la cantidad estafada. El propio Gobierno reconoce en sus cifras oficiales que los que considera minoristas -con algunos criterios ya restrictivos- son más de medio millón de personas, 534.000 personas -según las cifras oficiales,
que probablemente no recogen a todos los afectados-, y que la cantidad, de nuevo cifra oficial, son unos 10.000 millones de euros; más de medio millón de afectados por la estafa y más de 10.000 millones de euros, enorme cantidad. En segundo lugar,
por la forma de la estafa. Estas personas fueron estafadas con una comercialización incorrecta; se les vendió un producto arriesgado y complejo como si fuese un depósito de alta rentabilidad, no se tuvo en cuenta su perfil de riesgo, no se les
hicieron los test adecuados y, como consecuencia, se vendió este producto complejo y arriesgado a un gran número de jubilados, a personas discapacitadas, a personas analfabetas. Esto ha dado lugar a situaciones dramáticas, personas mayores que no
han podido seguir pagando sus residencias o personas que tenían una hipoteca que han tenido que seguir afrontando, si podían, con la misma entidad que les había estafado.
Por si esto no fuera bastante, hay dos agravantes importantes. El primer agravante es la, como mínimo, negligencia, pero probablemente connivencia -el tiempo lo dirá-, de las autoridades en este proceso. Las autoridades favorecieron la
recapitalización de las cajas politizadas, el aumento de capital por esta vía en la época del anterior Gobierno socialista y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España no ejerciendo bien su función o mirando para otro lado.
Y el segundo agravante es la impunidad. Las personas que han causado toda esta catástrofe a día de hoy están disfrutando de sus pensiones, prejubilaciones, indemnizaciones, y esto agrava por supuesto el escándalo social que esto supone. Por
cierto, nuestro grupo, en la medida de sus posibilidades, ha intentado evitar esto con la querella del caso Bankia y una segunda querella sobre las preferentes que se ha acumulado en la Audiencia Nacional al caso Bankia, donde se señala que se
crearon unos mercados secundarios ficticios. Ha habido grupos que a menudo nos han llamado populistas por estas actuaciones. Tal vez pronto tengan que enfrentarse a los verdaderos populistas. Los que hemos querido transformar la situación desde
dentro de las instituciones y con los procedimientos establecidos no somos los populistas, los populistas son los que nacen como consecuencia de no utilizar los mecanismos previstos para afrontar los problemas.
El segundo motivo de que tenga sentido traer esto a la Cámara de nuevo es que, por mucho que se quiera decir lo contrario, no es un problema que se haya resuelto todavía. La primera actuación del Gobierno con el rescate bancario fue tratar
a estos preferentistas como acreedores normales e imponerles unas fuertes quitas, que fueron, según las entidades, del 38 % a más del 60 %. Esto eufemísticamente se llamó un ejercicio de reparto de la carga, pero, claro, no se aplicaba a unos
acreedores normales, sino a personas estafadas a las que se les impusieron esas fuertes quitas. En segundo lugar, ante el clamor social se puso en marcha un mecanismo de arbitraje que se quiere hacer creer que ha resuelto el problema, y en realidad
ha resuelto una mínima parte del problema. Para esto me voy a referir de nuevo a cifras oficiales. Hace pocas semanas salió el cuarto informe trimestral de la Comisión de seguimiento de los instrumentos híbridos; son por tanto cifras oficiales.
Allí figura que los afectados que cumplían los criterios, como antes dije, son más de medio millón de personas y unos 10.000 millones de euros. La cifra que aparece en el informe de laudos positivos, es decir, los que al final han visto resuelto su
problema, son en cantidad aproximadamente el 25 %, la cuarta parte de la cantidad involucrada, unos 2.500 millones, y en número son 244.000, algo menos de la mitad. Es decir, lo resuelto es la cuarta parte de la cuantía y algo menos de la mitad del
número de afectados, y la prueba es que los afectados siguen protestando. Sin embargo, aquellos afectados que han optado por la vía de los tribunales casi siempre han visto reconocido su pleito; solo en un 5 % de los casos los tribunales han dado
la razón a las entidades, lo que demuestra que, efectivamente, se trata de una estafa masiva. Todo esto nos lleva a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, lo que a nadie debería sorprender, porque cuando discutimos en la Cámara la ley
que ahora se quiere modificar nosotros presentamos una enmienda muy similar a lo que aquí se plantea, diciendo que a los estafados había que devolverles la totalidad de su dinero invertido, la totalidad de su inversión. Por tanto, compartimos el
espíritu y la letra de la propuesta que aquí se nos trae.
Quiero aprovechar esta intervención para recordar desde la tribuna un problema colateral de los preferentistas que ha pasado un tanto inadvertido pero que a nosotros nos indigna porque nos parece el colmo de todos los colmos, y es que
algunos de ellos van a tener que tributar por ganancias ficticias en toda esta operación. Intentaré explicarlo con un ejemplo numérico. Imaginen un estafado que invirtió 100 en preferentes y sufrió una quita del 40 %. Sus 100 en preferentes se
transformaron en 60 en acciones, perdió 40, y esas acciones luego han subido algo, recupera parte de sus pérdidas, han subido, por ejemplo, de 60 a 62. Bien, pues en el IRPF no es posible compensar las 40 perdidas en el canje con las 2 ganadas en
las acciones, son conceptos tributarios diferentes, y eso hace que el que tenía 100, le dieron 60 y ha ganado 2 -es decir, ha pasado de 100 a 62-, tenga que tributar. En la última sesión de la Comisión de Economía presentamos una proposición no de
ley para recoger esto, que fue rechazada con los votos del Partido Popular. Ahora, en la reforma fiscal, se ha corregido una cuarta parte del problema, lo que no entendemos, porque, si era razonable, habría que corregir todo, pero tampoco
entendemos por qué votaron no a la proposición no de ley. Ahora van a poder compensar una cuarta parte. Si ganó 2 con las acciones, tendrá que tributar por 1,5. Como les decía, nos parece el colmo de todos los colmos tener que tributar por estas
ganancias ficticias.
Por tanto, apoyamos la proposición de ley y creemos que da una nueva oportunidad a la Cámara de corregir esta y tantas otras injusticias que se han perpetrado en el proceso de la estafa masiva de las participaciones preferentes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señor presidente.
Lo cierto es que cualquiera que repase el orden del día se encontrará en un déjà vu, porque son prácticamente los mismos temas con los que iniciamos la actividad parlamentaria: endeudamiento familiar, endeudamiento en general, el problema
de la estafa de las preferentes, estafa sobre la que versa la proposición de ley que ahora mismo tratamos, pero también tenemos posteriormente otro tipo de proposiciones no de ley que versan sobre desahucios, sobre sobreendeudamiento. En
definitiva, qué mejor constatación que esa para darnos cuenta de que en dos años los problemas sociales y económicos vinculados a la vida cotidiana de la mayoría de la sociedad no han sido resueltos por este Gobierno ni han sido legislados
adecuadamente por esta Cámara. Es el reflejo más claro y cualquiera lo puede constatar. Si hay grupos que sistemáticamente venimos a pedir una legislación sobre alguna determinada materia en relación con elementos que afectan al día a día de los
ciudadanos en cualquiera de los ámbitos de la
sociedad significa que hay elementos que podrían resolverse y que no se resuelven. Por eso venimos por enésima vez a hablar de la estafa de las participaciones preferentes, constatando una vez más que se trata de instrumentos financieros
que han sido utilizados por las entidades financieras para enriquecerse, para multiplicar sus ganancias económicas durante el período de burbuja inmobiliaria y que han dejado atrapadas a miles de personas, de hogares que precisamente no tenían
suficiente información para saber realmente lo que estaban firmando. Por eso, el propio ministro de Economía llegó a considerar adecuado tildar de estafa esta comercialización; por eso también otros organismos internacionales lo hicieron ver en
ese sentido. La sorpresa mayúscula es que no se hizo nada al respecto después de describirlo de tal forma. No se hizo nada al respecto y tampoco se asumieron responsabilidades ni por aquellas entidades que debían estar regulándolo, vigilándolo y
fiscalizándolo hasta el mínimo detalle ni por el propio Gobierno, que utilizó la retórica más que las herramientas legislativas para resolver este problema, llevándonos a un agravante, el agravante de que en la Unión Europea se han rescatado, a
través de los instrumentos de la Unión Europea y de los Estados nacionales, a los grandes acreedores, que son los verdaderos beneficiarios del rescate a la banca en toda Europa. Porque al fin y al cabo han sido ellos los que han permitido que
puedan seguir teniendo el ingreso de flujo de las deudas que habían arriesgado a prestar al sistema financiero español. Son ellos los que han salido ganando con esos desembolsos multimillonarios de dinero, más de 90.000 millones de euros
desembolsados en diferentes modalidades por los diferentes gobiernos, en particular el español, que han venido a sumarse al coste para el contribuyente español, para ese contribuyente que ve como ese dinero se dedica al rescate financiero pero no se
dedica a otras cuestiones como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, la Ley de dependencia y otra serie de ámbitos que han sido recortados para poder satisfacer las demandas de esos grandes acreedores internacionales, esos bancos
internacionales que han salvado su situación contable gracias al desembolso solidario, pero desde luego nunca querido, de los ciudadanos españoles.
Pero, si esos grandes acreedores se han salvado por ese mecanismo, también es cierto que hay otros acreedores, como los minoristas, personas de carne y hueso, personas de edad avanzada, incluso gentes que no sabían leer ni escribir y que
firmaron determinados contratos creyendo que eran ahorros y que podían obtener la cantidad ingresada en el banco en cualquier momento y que se encontraron con que de repente perdían, se evaporaba el ahorro de toda su vida y ellos no eran rescatados
sino que además eran ciertamente insultados, insultados desde el punto de vista del reconocimiento de que llevaban razón, pero de la inacción por parte del Gobierno; es decir, decirles que desde luego sus demandas son legítimas y justificadas pero
que el Gobierno se cruza de manos porque su propósito en ese momento es salvar a otro tipo de sujetos que por cierto, naturalmente, tienen bastante menos necesidad. En ese sentido nosotros vamos a apoyar, por supuesto que sí, esta proposición de
ley para su tramitación porque manifiesta lo que decíamos al principio: no se ha resuelto el problema. Se ha dejado que funcione la inercia; es decir, aquellas personas y familias que han conseguido resolver este problema lo han hecho por su
propia voluntad y porque han conseguido negociar con determinadas entidades financieras a través de determinadas estrategias en las que no han tenido nunca el apoyo de la Administración pública y en otros casos directamente se les ha profundizado en
la estafa, como es el caso de Bankia y de otras entidades ya directamente controladas por el Estado; en definitiva, un bochornoso panorama que ha mostrado muy claramente cuáles son los intereses que defiende el Gobierno y más particularmente la
propia troika, que era la que diseñaba en última instancia las políticas. Por eso creemos que es importante dar un cambio de rumbo radical para situar bien las preferencias de un Gobierno, situar bien las preferencias de la Administración pública,
que siempre serán la satisfacción de los intereses de la mayoría social, especialmente de los más desfavorecidos y no tanto de las grandes empresas y de las grandes fortunas, que son las que se arriesgaron en el momento de la burbuja inmobiliaria,
que son quienes debían haber asumido sus riesgos y sus pérdidas como consecuencia del estallido de la crisis inmobiliaria y sin embargo han sido los que se han ido, no solo de rositas sino enriquecidos como consecuencia de la gestión bastante
bochornosa de esta crisis económica por parte de los Gobiernos de Europa del sur y particularmente del del Partido Popular. Como sigamos así vamos a estar hasta el final de la legislatura debatiendo los mismos temas, lo cual sería verdaderamente
dramático porque reflejaría que esos problemas siguen teniendo una realidad, más allá de esta Cámara, en el día a día de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidente.
La proposición de ley que hoy debatimos trae de nuevo a la Cámara uno de los temas que desde el inicio de la presente legislatura más nos ha ocupado en los debates parlamentarios. Ello, primero, por una pésima y en muchos casos incorrecta y
fraudulenta comercialización de estos productos, no únicamente considerada desde la normativa interna sino también en relación con la normativa europea, especialmente en relación con la Directiva sobre mercados e instrumentos financieros, la
conocida como Directiva MiFID. Y también por las graves consecuencias que ha tenido la situación para muchas personas y familias. Así lo han reconocido reiteradas sentencias, que han considerado que se produjo un engaño en la contratación de estos
productos financieros al no informar en muchos casos sobre la naturaleza de los mismos y los riesgos que se asumían, especialmente en relación con clientes que podríamos calificar de vulnerables. Desde el inicio, mi grupo parlamentario reclamó
resolver aspectos relacionados con todos aquellos ciudadanos que en un momento confiaron en diferentes entidades financieras para la compra de determinados productos financieros, pensando que dichos productos, las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, eran de una liquidez inmediata. Pero el resultado final ha sido que dichos productos se han transformado en productos de deuda perpetua. Esta situación exigía dar una solución en el sentido
de que todas aquellas personas que hubieran suscrito estos productos financieros pudieran recuperar el valor nominal de los mismos, siempre que se demostrara esa mala fe.
Lo cierto es que se han dado pasos importantes, ya sea por la vía de hecho, con la devolución íntegra del principal contratado por parte de algunas entidades financieras, como por la vía de derecho, especialmente en el caso de aquellas
entidades financieras integradas en el FROB y de mayoritaria participación pública. En este punto quiero poner de manifiesto y agradecer especialmente el gran trabajo que han realizado los organismos autonómicos competentes. La exposición de
motivos de la proposición de ley nos recuerda el caso de Galicia, pero también les puedo hablar de Cataluña, en este caso l´Agència Catalana del Consum, que ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar los sistemas extrajudiciales de resolución de
conflictos en esta materia y que han tenido unos buenos resultados, todo hay que decirlo. Pero a pesar de las medidas que se han puesto en marcha, existe aún un gran número de personas que no han visto resuelta la situación. En este sentido, mi
grupo va a dar apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el Bloque Nacionalista Galego. Creemos que es oportuna para retomar, tras las medidas adoptadas hasta el momento y a la vista de que aún existe una gran bolsa de
situaciones sin resolver, el debate sobre cómo dar solución definitiva y cómo mejorar el régimen de protección de los consumidores, singularmente en productos financieros. La proposición de ley contempla tres medidas que la diputada Fernández
Davila en su intervención ha desarrollado y que todos podemos conocer.
Debo decirles que este planteamiento, el que contempla la proposición de ley, converge claramente con el posicionamiento que manifestamos en la tramitación del proyecto de ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que
provenía del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto. En aquel momento mi grupo parlamentario formuló una enmienda, que no fue aceptada en la tramitación, por la que se regulaban las acciones de gestión que debían llevarse a cabo en relación con
los titulares de las participaciones preferentes de entidades que eran intervenidas por esa misma norma. No voy a recordarles el contenido exacto de la enmienda que formuló mi grupo parlamentario, pero el objetivo que perseguía era que en cualquier
caso debía asegurarse una facilidad crediticia de forma obligatoria con la devolución del cien por cien del nominal del producto financiero adquirido. Es decir, el modelo que nos propone la iniciativa que debatimos hoy, la formulada por el Bloque
Nacionalista Galego, no nos resulta del todo extraña porque converge en muchos puntos con la medida que propusimos en su momento como solución a la situación que padecían los titulares de participaciones preferentes o instrumentos de deuda perpetua
o con liquidez restringida, o de productos financieros o valores entregados en canje. En conjunto, podemos convenir en el sistema que se propone. Si entramos en el contenido concreto, podríamos por ejemplo considerar si la lista de beneficiarios
que se incluye en la proposición de ley que se contempla es suficiente o no, podríamos hablar también de quién debe asumir los oportunos costes que se podían derivar en el caso de que se produzcan, etcétera. Esas consideraciones podrán, en caso de
tomarse en consideración la iniciativa, transformarse en enmiendas al articulado, a pesar de que todo parece indicar que no será así.
Para terminar, quería decir que muchos casos se han solucionado consensuando y en otros la vía del arbitraje ha representado una solución, es cierto, pero aún hoy existen demasiadas personas que suscribieron estos productos a las que no les
hemos ofrecido una respuesta adecuada y definitiva. Otros
intervinientes han expresado datos al respecto, que no repetiré. Por todo ello, mi grupo parlamentario votará afirmativamente la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el Bloque Nacionalista Galego, esperando encontrar
una solución definitiva para el grupo de personas que aún no han visto solucionado el problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Volvemos a traer el tema de las preferentes y seguiremos trayendo el tema de las preferentes, al igual que seguiremos trayendo el tema de los desahucios. Esto es como consecuencia de no tener capacidad resolutiva por parte del Gobierno y
tratar una enorme herida simplemente con paños calientes; tratando de aliviar la herida con paños calientes pero sin resolver la herida. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Nosotros vamos a apoyar la proposición de ley del BNG, del Grupo Parlamentario Mixto. Va en consonancia con lo que venimos reivindicando, insisto, una demanda más en relación con las preferentes; también se ha apuntado otra en la que
seguiremos insistiendo, que es el problema fiscal, que ha señalado UPyD, y también traeremos otra que es las preferentes de grandes corporaciones, no de entidades bancarias sino de grandes corporaciones, que sigue también sin resolverse. Ante la
incapacidad resolutiva, esta Cámara y el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que el resto de grupos de la oposición, no tenemos más remedio que seguir insistiendo, si bien es cierto que nos encontramos con un muro de desconsideración por parte
del Grupo Parlamentario Popular, pero ese es nuestro deber y ese es nuestro empeño. Vamos a apoyarla; cuenten con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista.
Si hacemos un poco de memoria para tratar de avanzar algo en el debate, no ciñámonos a los orígenes; tratemos de avanzar porque mucha gente que nos está viendo sigue teniendo y manteniendo el problema. No cabe duda de que la estafa se ha
producido, todos hemos coincidido en ello, desde el ministro hasta todos los miembros de esta Cámara, también jueces, fiscales... El dato es muy significativo; de 27.306 demandas judiciales, solamente un 5 % ha sido a favor de las entidades
bancarias. Esto pone de manifiesto que ha existido una estafa estructural no solamente a la hora de comercializar sino también a la hora de su definición, por cuanto muchas de estas entidades estaban prácticamente quebradas y estaban falseando los
datos, como es el caso de Bankia, que decía que tenía beneficios de 300 millones y tenía pérdidas de 3.000 millones; o el caso de Lehman Brothers, que quebró, habiendo comercializado participaciones preferentes en nuestro país. Todos coincidimos
en que es una estafa que requiere una solución. La solución es que la paguen los bancos. Los bancos tienen que devolver este dinero. El propio señor De Guindos lo manifestó en esta Cámara cuando decía: esto lo van a pagar los bancos.
Coincidíamos todos, coincidíamos con la mayor: tienen que pagarlo los bancos, tienen que asumir las consecuencias económicas y también la responsabilidad judicial. Todos coincidíamos. Los datos para las nacionalizadas son muy significativos, los
datos para las nacionalizadas son prácticamente 10.000 millones de euros en participaciones preferentes y deuda subordinada -para ser exactos 9.770 millones de euros- y 530.000 minoristas atrapados en esas participaciones preferentes y deuda
subordinada. Esto requería una solución y hemos puesto sobre la mesa distintas alternativas. El Grupo Parlamentario Socialista pidió una auditoria de oficio por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que se aborde el fraude y
para que se devuelva la totalidad del fraude y del engaño provocado. Y llega el Gobierno y dice, para justificar que hace algo, que va a aplicar un sistema arbitral. Nosotros nos opusimos al sistema arbitral tal y como estaba definido. Yo se lo
dije explícitamente al ministro; le dije: viene usted a traer migajas cuando aquí hacen falta dos panes. Sabíamos que el sistema arbitral no se iba a aplicar de forma universal, de forma generalizada, y que se iba a dirigir por parte de
consultores externos de las propias entidades bancarias. El balance es el siguiente, de los 9.772 millones se ha devuelto uno de cada tres. Y no voy a los datos de los laudos -yo soy más generoso-, voy a los datos de los informes del consultor
externo porque los laudos no han concluido y los del consultor externo sí. Uno de cada tres euros en preferentes se va a devolver. Es decir, de los 9.772 millones de euros, se van a devolver 3.200 millones. La pregunta del millón es: ¿Y los
6.500 millones restantes? ¿Qué pasa con los 6.500 millones restantes, esos ya no los pone la banca? No es lo que decía el señor ministro, que lo iban a pagar los bancos. No, no, 6.500 millones no los van a pagar los bancos sino los minoristas
engañados, los ahorradores que fueron engañados de forma fraudulenta. Los estafados van a pagar los 6.500 millones. Es decir, más generosidad para los bancos. Un
dinero que tenía que salir de los bancos por la estafa lo van a pagar los ahorradores, los minoristas, porque el Gobierno no ha sido capaz de solucionar el problema. De los 534.000 minoristas se va a devolver a 57 de 100. Es decir, el 43 %
no va a recibir ese dinero.
Señorías, estamos hablando de 230.000 familias que no van a recibir un euro, habiendo sido engañadas y estafadas. ¿Cuáles son las consecuencias para estas 230.000 familias? Son muy claras y muy evidentes. En primer lugar, han tenido que
soportar una primera quita de hasta el 60 % con la conversión obligatoria en acciones. Ahorradores que por narices y de forma obligatoria, por la Ley 9 y por el MOU, famoso Memorándum de Entendimiento, se les ha obligado a convertirse en
inversores, en accionistas. Y una segunda quita cuando estas personas han acudido a vender esas acciones, en el caso de Bankia a Bolsa y en el caso de Novagalicia Banco y Catalunya Banc al Fondo de Garantía de Depósitos. Ha sido el Fondo de
Garantía de Depósitos quien ha establecido un valor de mercado para comprar esas acciones y ha significado una segunda quita de aproximadamente el 20 %. Es decir, de los 6.500 millones de euros, solamente van a recuperar 1.300 millones; el resto
con cargo a los bolsillos de las 230.000 familias que han sido estafadas y han sido totalmente olvidadas por parte del Gobierno. Esas han sido las consecuencias, señorías, las consecuencias dramáticas. Y ahora queda la tercera quita, como bien ha
dicho el señor Anchuelo. Hemos traído iniciativas clarísimas para poner de manifiesto que iba a haber una tercera quita si no se modificaba el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque la base imponible del ahorro tiene dos masas;
una que va en los rendimientos del capital mobiliario, y otra en los aumentos y disminuciones patrimoniales. Y son incompatibles; las pérdidas de uno no se pueden compensar con las ganancias patrimoniales. Esto está derivado en una segunda quita,
a última hora, de forma improvisada, como bien ha señalado el señor Anchuelo. En esa reforma fiscal que aprobó el Gobierno han incluido una cuarta parte, el resto mantendrán la quita, y nosotros seguiremos insistiendo en que no se puede gravar de
forma reiterada, gravosa, como se está haciendo, a los preferentistas, después de haber sido víctimas de un engaño. Por tanto, seguiremos insistiendo, apoyaremos esta proposición de ley, seguiremos apoyando a los afectados y exigiendo que el
Tribunal Constitucional tome medidas. Hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y esperemos que lo antes posible se resarza a estas 230.000 familias que han sido estafadas y a las que se les ha quitado más del 80 % del valor
nominal de sus ahorros. Muchos de ellos tienen hipotecas que no pueden pagar y muchos de ellos están siendo víctimas también de los desahucios.
Concluyo con lo que me decía un preferentista: Ustedes, los políticos, están consintiendo que a mí, como pensionista, me robe la banca mis ahorros a través de las preferentes y que a mi hijo le quiten la vivienda, porque yo tengo mis
ahorros atrapados y no puedo ayudarle. Eso es lo que manifestaba un preferentista, un pensionista, y seguimos sin dar solución a estas personas. Tenemos que seguir insistiendo: no valen paños calientes, hace falta una solución universal, completa
y que los responsables del fraude y de la estafa asuman aquello que está establecido en la ley, sea quien sea, sea del grupo político que sea y se llame como se llame. A eso tenemos que seguir acudiendo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hurtado, ha finalizado su tiempo.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, concluya ya.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Concluya.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir, de verdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues vale.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.
Tenemos que llegar a hacer justicia para que se asuman responsabilidades y que a los engañados se les devuelva su dinero.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Fernández Davila, agradezco -aunque no comparto algunos de sus argumentos y mucho menos la estrategia que han seguido hasta hoy con este tema sí comparto algunos otros- sobre todo el tono que ha empleado porque me parece muy correcto
e incluso diría que coherente. Hay un problema e intentamos entre todos buscar una solución. Ahora, cuando sube aquí el señor Hurtado, debo reconocer -perdone, señora Fernández Davila, que me refiera a él- que me siento un poco preocupado, porque
una persona que cuando sube a esta tribuna es tan vehemente, tan inteligente, lo tiene tan claro, ve los problemas con una magnitud tremenda, tiene tantísimo corazón con los engañados, sin embargo, estuvo dando el apoyo a quienes provocaron la
estafa. (Aplausos). Usted, tan inteligente como es, con tanto corazón, con tanto amor, usted estuvo en su grupo aplaudiendo a los que provocaron la estafa. Mire, desde el minuto uno en que ganamos estas elecciones, desde el minuto uno, yo me subí
a esta tribuna para buscar una solución para unos señores que habían sido engañados por una comercialización inadecuada en los años de Gobierno socialista y desde el minuto uno este grupo, sin su ayuda, está intentando buscar solución a los
afectados; sin su ayuda, señor Hurtado. Viene usted aquí a darnos lecciones de lo que hay que hacer, viene a darnos lecciones de atender con sentimientos a los afectados y son ustedes, los del Grupo Socialista, los que provocaron una estafa masiva
-así lo llama usted- por una comercialización inadecuada de las participaciones preferentes, porque fue a partir del año 2004 y sobre todo de 2007-2008 cuando el Banco de España y la CNMV dejan que las preferentes se distribuyan a minoristas y no a
los inversores institucionales, que sabían lo que hacían. (Aplausos). Son ustedes los que provocan que eso suceda.
Yo podría subirme a esta tribuna, señora Fernández Davila, y decir que estoy encantado con esta proposición no de ley porque en el fondo recoge en buena parte que hasta ahora se ha hecho un trabajo, a veces ustedes no lo reconocen cuando se
suben a la tribuna, pero cuando lo ponen por escrito reconocen que en los pocos años que lleva el Gobierno del Partido Popular se ha hecho un trabajo. Dice usted en la exposición de motivos -y yo lo entiendo-: En este contexto se constataron casos
de mala praxis al ser colocados estos productos en los años del Gobierno socialista a clientes sin la debida formación financiera. Yo lo suscribo con usted; es verdad, desde mitad de la anterior década, por las necesidades de capitalización de las
entidades financieras, se empieza a comercializar masivamente a clientes minoristas y algunas entidades no cuidan lo que estaba establecido de mirar el perfil del ahorrador y mirar si el que lo estaba comprando sabía -como usted escribe aquí- que
esto era un producto de recursos propios de la entidad. Es verdad, se hizo mal desde la mitad de la anterior década, se hizo mal. Pero también dice usted: Se puso en práctica un procedimiento que, respetando la normativa, permitió que recuperaran
sus fondos ahorradores que habían sido... Es decir, se han puesto medios; esto ya en esta legislatura. Hemos puesto medios para que esto que sucede desde mediados de la anterior década, ahora se transforme en que muchos empiecen a recuperar el
dinero.
Han salido aquí algunos datos, se ha dicho en la tribuna que ya hay 244.000 laudos favorables. Alguno podrá decir que le parece poco. Yo comprendo que el que ocasionó el problema y dejó a 244.000 enganchados en un producto que no podían
recuperar porque era capital, ahora 244.000 le parezcan pocos, pero ha costado un gran esfuerzo y ha sido tras un proceso de arbitraje. Si ustedes comparan los datos -incluso los que han subido a la tribuna lo han visto-, los procedimientos
judiciales están tardando muchísimo tiempo y el Gobierno del Partido Popular lo que hizo para que el procedimiento fuera más barato para los afectados y además fuera muchísimo más rápido, fue poner en marcha el proceso del arbitraje. A ustedes les
pareció mal y votaron en contra, pero lo cierto es que hay 244.000 -a lo mejor les parecen pocos a ustedes, que fueron a los que engañaron en su época- que han recuperado todos sus ahorros, y nosotros vamos a seguir trabajando, no paramos de seguir
trabajando, porque somos conscientes de que se produjo una mala praxis de comercialización. Señor Hurtado, a las grandes corporaciones no se les vendía como un depósito; como un depósito no se les vendía, porque nadie compra un producto de Repsol
como si fuera un depósito bancario a plazo fijo; no he visto a nadie en una gasolinera comprando un depósito a plazo fijo. Señor Hurtado, podemos hablar de otra cosa, pero no eran depósitos a plazo fijo, serían otra cosa, pero no eso. (El señor
Hurtado Zurera pronuncia palabras que no se perciben). Se han comercializado mal muchas veces y hay que darlo solución, que es algo que estamos haciendo a través del proceso de arbitraje y a través de los acuerdos de las entidades. Ahora, dentro
del nuevo contexto y el nuevo marco en el que se mueve Novagalicia Banco, los responsables de la entidad están trabajando, tras un acuerdo con el FROB, una vez que, entre comillas, ya no hay que tener en cuenta las recomendaciones de Almunia o de
Bruselas para dar solución a los clientes. Sé que
esta misma semana se están dando soluciones a muchos clientes de Novagalicia Banco a través de los nuevos responsables, esta misma semana, porque nosotros no paramos de trabajar, no paramos.
Quiero decir a mi grupo que tienen que sentirse muy orgullosos del trabajo que se ha hecho respecto de este tema, porque algunas veces he observado en otros grupos -incluso en algunos de los que eran responsables cuando se produjo la estafa-
el intento de acoso a los diputados del Partido Popular, que no tenían ninguna responsabilidad porque la responsabilidad era de otros. (Aplausos). Aquí se está trabajando. Los diputados del Partido Popular, que no tenían ninguna responsabilidad,
tuvieron que ver cómo en Plenos donde había mayoría socialista les declaraban personas no gratas cuando era el Partido Socialista el responsable de las instituciones que permitieron la comercialización inadecuada y cuando somos nosotros los que,
poco o mucho, estamos en el camino de buscar soluciones.
Señora Fernández Davila, hace pocos días o pocas semanas, usted voto aquí, en Pleno, una proposición no de ley en sentido diferente a la votación de su grupo en Galicia. Entiendo que esta proposición no de ley del Parlamento gallego, hoy
traída a la Cámara por usted -anticipándose para aprovecharse, como muy bien señaló en la tribuna, de la situación- tiene todos los componentes para seguir trabajando y el Gobierno gallego del Partido Popular, sin la ayuda del Bloque -que era
Gobierno antes y no decía nada-, está trabajando en la buena dirección. Nosotros votaremos que no, pero lo haremos desde la conciencia limpia, tranquila y serena de los que están solucionando un problema que ocasionó el Partido Socialista. Y
ahora, un representante se atreve a venir a la tribuna, y sin que nadie de su grupo diga nada, acusa de estafa estructural a la ministra de Economía, doña Elena Salgado, al gobernador del Banco de España, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Julio Segura. Usted tiene la cara de acusar de estafa a los socialistas cuando antes los defendía en el Senado. Apáñense, que tienen problemas.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO. (Número de expediente 162/000961).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
intensificar las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Estamos hoy aquí para hablar de una historia corta pero de éxito; del proceso de integración que nace el 6 de junio de 2012 en el desierto de Atacama, en Chile, y que reúne a Chile, México, Colombia y Perú, que se unen con una serie de
principios que los aglutinan. Por una parte, el crecimiento, la estabilidad macro, el respeto a la seguridad jurídica y la liberalización de los mercados; 35 % de la población de la región, 210 millones; 35 % prácticamente del PIB, casi 2
billones de dólares; 40 % de exportaciones de toda la región y unas previsiones de crecimiento en torno al 4 % para el año 2014. Una peculiaridad de este proceso sin duda alguna es que elude los bloqueos ideológicos, no hay una fuerte
ideologización y, por tanto, hay la suficiente flexibilidad para que este proceso sea un éxito, como así se está poniendo de manifiesto. No nace como respuesta o contraposición a otros países o a otros bloques, no tiene restricciones ni
limitaciones en la ampliación de la misma. Tiene como base la libertad, que es la llave para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, libre circulación de capitales, de bienes y servicios y de personas, para con hechos, más que con
palabras, conseguir mayor bienestar, superar las desigualdades e impulsar la inclusión social.
Hablamos de un mundo globalizado, interdependiente, en el que hoy vivimos, que necesita de soluciones imaginativas como lo es esta, la Alianza del Pacífico, que busca la diversificación del mercado y ser menos vulnerables a las crisis
económicas que actualmente vivimos. Hay ejemplos más que claros de ese éxito, por ejemplo, la reducción de las barreras arancelarias en más del 92 % de los intercambios entre los países de la alianza. Hablamos de una alianza que se extiende en la
costa oeste de América,
enfrente de la costa este asiática; hablamos de dos tercios del comercio mundial que se disputan en esa área, en torno al meridiano 150º. Comparten una serie de características que me gustaría destacar: por una parte, un espíritu
reformista, tanto en México, donde ya conocemos la reforma de la energía y la reforma tributaria, como en Chile, donde hay una reforma tributaria para mejorar la educación, en Perú, donde hay una reforma del servicio civil, o en Colombia, donde
están impulsando una mejora de las infraestructuras. Por tanto, me gustaría dejar bien claro que no es una alianza excluyente. Dentro de poco tendremos la posibilidad de ver a Costa Rica dentro de la alianza y, por supuesto, el desarrollo de
negociaciones bilaterales con Mercosur desde la misma Alianza del Pacífico. Hablamos de una alianza que se ha constituido por la vía de los hechos. En la última reunión de Punta Mita, en México, en la IX cumbre se han resaltado el impulso de las
becas, una especie de Erasmus de la Alianza del Pacífico, que pretende poner en valor el talento de los más jóvenes, la unificación de las bolsas de estos países, establecer y crear cadenas de valor añadido integradas, para con eso unificar reglas
de origen y que un producto fabricado en uno de los países y manufacturado en otro pueda ser exportado como producto de la Alianza del Pacífico.
España quiere ser un país protagonista en esta alianza. Es el primer observador de los treinta y dos que hay, y el primero europeo. Somos un valor a tener en cuenta. Por ejemplo, hemos sido los impulsores de la exención del visado
Schengen para los nacionales colombianos y peruanos dentro de la Unión Europea. Los treinta y dos observadores tenemos rutas concretas que vamos elaborando directamente en contacto bilateral Alianza del Pacífico-España. Me gustaría destacar que
esta iniciativa quiere impulsar, por una parte, iniciativas de movilidad de talentos, para con ello conseguir un intercambio cultural y fundamentalmente un intercambio de alumnos, profesores e investigadores. En segundo lugar, una cooperación
científica con la creación de centros de excelencia. En tercer lugar, y aprovechando la modificación de la Ley de Acción y Servicio Exterior, compartir embajadas comunes y, por tanto, que en terceros países tanto la Alianza del Pacífico, como
España o cualquiera de sus países miembros podamos compartir, por ejemplo, en el caso de España, nuestras representaciones diplomáticas en el norte de África o en el Magreb. También queremos con esta iniciativa impulsar la presencia de empresas
españolas en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Me gustaría destacar que esta organización no hace nada sin contar con la sociedad civil, y es la sociedad civil, en este caso en el ámbito empresarial y comercial, la que marca la
agenda. Por tanto, nos interesaría, nos gusta y queremos impulsar que el Gobierno fomente la presencia de empresas españolas en este consejo, y particularmente en lo relacionado con las pequeñas y medianas empresas, que en el caso de España
aglutinan prácticamente el 80 % de la actividad económica, pero cuando hablamos de estos países nos referimos a más del 90 %. Han firmado recientemente un acuerdo de la OCDE en materia de formación y de mejores prácticas, y desde España, con
nuestra experiencia, podemos colaborar activamente en el desarrollo de esas pequeñas y medianas empresa y en la búsqueda de esa triangulación a cuatro orillas, que puede ser beneficiosa en ambas direcciones. También creemos necesario impulsar el
fondo para el desarrollo de las infraestructuras que se propone desde el seno de la Alianza del Pacífico y, por supuesto, la plataforma de intercambio de infracciones que puedan surgir por ese tránsito continuado de personas entre unos países y
otros.
En definitiva, nos encontramos ante un organismo que no tiene un sustento de disputa ideológica, que no se creó contra nada ni contra nadie y que tiene como llave de su éxito la búsqueda de la libertad, que es la que sin duda alguna consigue
que todos y cada uno de sus ciudadanos tengan la prosperidad y el desarrollo que todos ambicionamos no solamente para nuestro país, sino también para los países con los que tenemos esa unidad de destino y esa relación histórica, como los países a
los que hago mención.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mariscal.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para defender la suya, del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer la iniciativa al Grupo Parlamentario Popular y también las explicaciones que nos ha dado su portavoz. Tuvimos oportunidad de conocer y de tratar sobre este mismo tema en la Comisión de Asuntos
Exteriores, pero el interés, la importancia y la trascendencia de esta alianza ameritaba de alguna manera que también tuviéramos la oportunidad de poder debatir y tomarlo en consideración en esta Cámara. Lo ha dicho el portavoz y se expone muy bien
en la justificación de esta propuesta: para España, obviamente, constituye una gran oportunidad. Somos un actor privilegiado
en la zona por obvias razones -económicas, culturales, históricas y yo creo que sobre todo sentimentales y sin duda lingüísticas, que evitan siempre una barrera- y es bueno que impulsemos y que debamos intensificar nuestras relaciones con
esos países que forman esa alianza. El texto recoge de una manera transversal todas las implicaciones de esas relaciones -inversiones, empresa, cultura, diplomacia, etcétera- y yo he presentado una enmienda al apartado 6, que clarifica. Es una
mejora técnica al texto, que hace mención a la profundización dentro del seno de la Unión Europea y a la priorización y avance en los acuerdos de la Unión Europea. Me gustaría que al final el portavoz la admitiera.
Termino con una reflexión, siquiera en clave interna, sobre esta alianza. Decimos -lo hemos escuchado- que la Alianza del Pacífico es una plataforma de coordinación política y que supone un proceso de integración regional, un área de libre
circulación, un área de cooperación regional con vocación de permanencia. Lo vemos y el portavoz lo describe como algo bueno, como algo útil, como algo provechoso, pragmático incluso inteligente, realista, una manera de afrontar los problemas
globales desde plataformas globales. La reflexión en clave interna es que, cuando nos miramos a nosotros mismos, da la sensación de que estamos no sé si en otro estadio de evolución en nuestra capacidad de unir; da la sensación de que estamos en
el camino inverso, en un camino de separación, de división, de ruptura; da la sensación de que nuestro modelo estuviera agotado, no el que vemos en otros, y no sé si por eso algunos países se llaman emergentes y nosotros debiéramos calificarnos
como decadentes. En todo caso, votaremos a favor de la iniciativa y espero que acojan la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Enmienda del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
El Grupo Popular trae una iniciativa sobre un proceso de integración regional, Alianza del Pacífico, respecto al cual, a la intensificación de las relaciones de nuestro país con esta alianza, no podemos más que estar de acuerdo. Echamos en
falta o, mejor dicho, echamos de más -no de menos en este caso, sino de más- quizá el excesivo enfoque empresarial que tiene la iniciativa. De los seis puntos que se nos plantean, cuatro hacen referencia a estrechar los lazos desde distintos puntos
de vista, pero siempre dentro del enfoque empresarial. Sabemos que la política exterior española está centrada en una parte abrumadora en la internacionalización de las empresas españolas. No estamos en contra; nos parece que se puede tener una
política exterior mucho más rica contemplando aspectos más amplios y aspectos políticos que vayan más allá de lo empresarial e incluso de lo económico. En ese sentido, la enmienda que hemos presentado se traduce en la inclusión en esta
intensificación de las relaciones de España, del Gobierno español y de las empresas españolas con la Alianza del Pacífico de los principios Ruggie, lo que se llaman los principios rectores en el marco de los derechos humanos y la empresa. Nos
parece que es importante incluir estos principios en este punto, puesto que estamos hablando en concreto de intensificación de relaciones empresariales, estamos hablando de cuatro países muy cercanos a España, usted lo ha explicado bien, Chile,
Perú, Colombia y México, en los que se pueden dar estas vulneraciones de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. Es algo en lo que la ONU viene trabajando desde hace años y nos parece interesante no solo vigilarlo en esta
alianza en concreto, sino introducir esta idea como parte de la política exterior española y contribuir, en la medida en que el Parlamento ha de servir para eso, a dibujar esas directrices de la política exterior española.
Tal y como nos ha avanzado el portavoz del Grupo Popular, nuestra enmienda ha sido aceptada, lo cual agradecemos enormemente porque creemos que verdaderamente contribuye a enriquecer esta iniciativa y a enriquecer la política exterior
española.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
Desde finales del siglo XX y en el siglo XXI América Latina asiste a un expansivo proceso de integración regional que ha dado lugar a diversos organismos de carácter político y económico. Si durante decenios el neocolonialismo de Europa y
de Estados Unidos, aliado a las oligarquías locales, estableció barreras a la integración regional fomentando economías nacionales que se daban la espalda entre sí para favorecer
los intereses económicos y políticos de las metrópolis dominantes, la llegada al poder de nuevos Gobiernos democráticos en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, o la tradicional actitud de colaboración de la República
de Cuba fomentó un nuevo periodo -el que nos encontramos- con cambios profundos en organizaciones, por ejemplo, como la Organización de Estados Americanos y la aparición de nuevos bloques, como por ejemplo Mercosur, un bloque subregional integrado
por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que tiene como asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y como países observadores a Nueva Zelanda o a México; también la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América,
ALBA, que fomenta proyectos de unidad en América Latina en un marco que ha concretado acuerdos energéticos, económicos, políticos, culturales y sociales; también la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, así como, y finalmente, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Celac, organismo de integración política de la región más importante en este momento, superadora en la práctica de la propia Organización de Estados Americanos.
Este conjunto de procesos ha relegado el papel tradicional que desempeñó durante décadas Estados Unidos en la región y ha establecido nuevos acuerdos con países de África y Asia en pie de igualdad, sin tener que pasar por Europa o por
Estados Unidos. Algunas de las características comunes de estas asociaciones y organismos de integración han sido: primero, la independencia de la región latinoamericana, superando las subordinaciones del pasado, sea a Estados o a empresas
multinacionales, así como un nuevo papel político y económico en la comunidad internacional; un segundo aspecto es la caracterización de una integración regional donde la política y la cohesión social no están subordinadas a los intereses
económicos de oligarquías nacionales o internacionales, sino que se busca una visión integral y compatible; y en tercer lugar, el fomento de una integración política basada en el respeto a los derechos humanos, entendiendo estos de forma amplia,
como derechos políticos, económicos y sociales, con valores de libertad, justicia social incompatibles con los golpes militares o la subordinación a los intereses estratégicos de países o empresas extranjeras ajenas al interés general de la región.
Por eso estos son para nosotros aspectos que esperamos y deseamos de la Alianza del Pacífico y los que deben guiar también la acción exterior española, la democracia, la justicia social, la paz y el fomento de la cultura, estando los beneficios
empresariales y el lucro -porque de lucro estamos hablando- al servicio de estos valores que anteriormente he citado y nunca el lucro y los intereses empresariales por encima de los valores políticos citados.
La Alianza del Pacífico se encuentra demasiado vinculada a una perspectiva basada en cuatro países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y cuyos Gobiernos han sido mayoritariamente conservadores. A través de la
Declaración de Lima conocemos bien los principios de la alianza y sabemos que existe una dependencia real sobre mecanismos como el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico o el Banco Interamericano de Desarrollo, banco que tiene su sede en
Londres y el 30 % de su capital es norteamericano.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.
El señor NUET PUJALS: Acabo.
Evidentemente, la noción de la integración que nosotros defendemos debe tener en cuenta los temas comerciales, económicos y financieros, pero estos deben estar supeditados a aspectos políticos, sociales y culturales que en muchos momentos
están ausentes o brillan por su ausencia en el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Por eso nos vamos a abstener en esta proposición no de ley, porque realmente no compartimos buena parte del fondo de la cuestión, de la filosofía que se emerge desde
este acuerdo. En cambio, hay procesos colectivos de integración en América Latina que en este momento superan políticamente a esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño. El grupo parlamentario mayoritario nos trae a debate hoy una iniciativa en relación con la intensificación de las relaciones con la Alianza del Pacífico, como lo ha hecho recientemente, en este caso en la
Comisión de Asuntos Exteriores, con iniciativas presentadas, formuladas
en relación con Brasil y México; relaciones económicas, relaciones diplomáticas, relaciones culturales, ese es el contenido de la proposición no de ley que debatimos.
Los datos macroeconómicos de los países que integran la Alianza del Pacífico avalan la necesidad de intensificar las ya importantes relaciones con los países componentes de la alianza, el proponente las ha explicado. Son además datos de
magnitud, como también lo es que México, Colombia, Perú y Chile, los cuatro miembros de la alianza, concentran el 40 % de las exportaciones españolas a América Latina y el 40 % de la inversión española en la región, una inversión -como reconocen los
antecedentes de la iniciativa formulada- en sectores estratégicos como el financiero, las telecomunicaciones, infraestructuras, ingeniería civil o la energía.
Desde hace unos años lo que más nos demandan esas economías es conocimiento, conocimiento basado en el valor añadido, en el saber hacer, en la investigación y en el desarrollo, y creemos que el margen para avanzar en este sentido tiene un
muy amplio recorrido. Tal vez la iniciativa no reconoce suficientemente -y debería hacerlo- ese cambio de las relaciones económicas entre las empresas españolas y las empresas chilenas, colombianas, peruanas o mexicanas. Sin lugar a dudas, la
Alianza del Pacífico representa un proceso de integración comercial, financiera y de flujos de personas entre los países que la conforman, pero de forma añadida apuesta por una integración creciente con la economía mundial, especialmente con Asia.
Si en estos momentos todos los países miembros de la Alianza del Pacífico ya tienen firmados acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, en la última cumbre celebrada hace muy pocos días en México se ponía de manifiesto el
interés de la alianza por iniciar su expansión en el mercado asiático. Por tanto, estamos hablando de un proceso amplio, un proceso de integración económica, social y de desarrollo entre los cuatro países, pero también con voluntad de proyección
exterior más allá de sus fronteras.
No quiero dejar de hacer referencia a dos aspectos. El primero de ellos es el relativo a la posición de España ante la alianza. Desde sus inicios, España es un Estado con un estatus de observador; en estos momentos ya son treinta y cuatro
Estados observadores. Si bien en su momento España era el único Estado miembro de la Unión Europea que tenía ese estatus, actualmente son más de ocho Estados de la Unión Europea, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia o Alemania. No podemos ni
debemos desaprovechar las oportunidades que nos ofrece la especial relación con Latinoamérica y, singularmente, con la Alianza del Pacífico.
Segundo. Estamos hablando de países con grandes potenciales de crecimiento económico, que han hecho un esfuerzo importante en la lucha para la reducción de la pobreza, pero que mantienen grandes desigualdades socioeconómicas internas. Uno
de los objetivos manifestados de la alianza es impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de
sus habitantes, como contempla la misma Declaración de Lima, por la que se crea la alianza. Sin lugar a dudas, el crecimiento económico, la cooperación económica, es una de las bases para el desarrollo social, pero la potenciación de las relaciones
económicas que pretende la iniciativa que debatimos también debe tener en cuenta en su conjunto en la actuación pública la coherencia de políticas para el desarrollo económico y social equitativo y global, pero también en la actuación privada la
oportunidad que supone para las empresas trabajar a favor de la inclusión social y su responsabilidad en los países en los que se encuentran. Por ello, la inclusión en la iniciativa de una referencia a los principios Ruggie nos parece positiva.
En resumen, señorías, votaremos a favor de la iniciativa que ha formulado el grupo mayoritario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, el señor González Cabaña.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Muchas gracias, presidenta.
La parte propositiva de la PNL que nos presenta hoy el Grupo Popular podría decirse que es un perfecto monumento a la obviedad. ¿Quién no va a apoyar que se tomen las medidas necesarias por el Gobierno para favorecer la intensificación del
flujo de inversiones con la región? Menos de acuerdo estamos en cómo se formula el segundo punto. Tanto al Grupo Popular como al Gobierno de España parece estar pasándoles lo que a Colón, que queriendo descubrir las Indias descubrió América. El
Gobierno del Partido Popular, queriendo descubrir Asia ha descubierto la Alianza del Pacífico. La verdad es que intensificar el intercambio cultural, de conocimientos, de modelos o de ideas entre España y la región está bien. Ahora, los mecanismos
a los que se refiere en el punto 5, si tienen como base de actuación la Ley
de acción y servicio exterior del Estado, ya empieza a preocupar más, y nos preocupa a los socialistas. Por tanto, en el debate de la PNL como la que hoy nos presenta el Grupo Popular, partimos de una premisa básica, que no es otra que la
de que difícilmente puede alguien oponerse a una iniciativa que tiene en la obviedad voluntarista su hilo conductor.
Como bien se señala en la exposición de motivos, la Alianza del Pacífico es la más nueva de las alianzas económicas regionales. Se crea en 2011 y se constituye en 2012. En palabras de Piñera, el anterior presidente de Chile, era mucho más
que un simple acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de integración profunda y amplia que involucra el intercambio de bienes, de servicios, de inversiones y, lo que es más importante, de personas. Es decir, con esta organización se pretendía
profundizar en la integración económica de esos cuatro países y definir conjuntamente acciones comerciales en relación con el resto del mundo, especialmente el asiático. Su importancia es innegable. Como señaló el recién reelegido presidente
Santos, fueron la rapidez y la facilidad con que han creado este proceso de integración las que hacen que no dudara en señalarlo como el proceso de integración más importante que ha hecho América Latina, y lo dijo en la IV Cumbre en Antofagasta. En
primer lugar, es importante por su tamaño, perfectamente expuesto en la exposición de motivos de la PNL. Además, porque en la VIII Cumbre en Cartagena de Indias en febrero de este año se ha firmado ya la hoja de ruta para el ingreso de Costa Rica
en la alianza, previsiblemente antes de que finalice julio de 2014, y ya se está preparando el ingreso de Panamá, con lo que se puede hablar de una evidente tendencia a incrementar los países implicados. Es importante, en segundo lugar, por su
dinamismo; un dinamismo además caracterizado por su naturaleza pragmática. La alianza se ha constituido en estos escasos dos años en un espacio efectivo de cooperación que impulsa iniciativas innovadoras en materia de respeto del medio ambiente,
creación de una red de investigación científica sobre lucha contra el cambio climático o el intercambio académico y estudiantil, la promoción cultural o la apertura de oficinas comerciales conjuntas de los países que lo integran.
No obstante, es necesario constatar que esta PNL que nos trae el Grupo Popular no aporta ninguna novedad ni ninguna medida de peso que fomente o potencie las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico o con los países que la integran
y, en consecuencia, las que pueda tener no solo con la alianza, sino con el área Asia-Pacífico. En ese sentido se puede decir que es una de esas iniciativas parlamentarias puro humo a la que es difícil decir que no, pero que tampoco aportan ningún
contenido novedoso o alteran el curso, en este caso, de las relaciones exteriores de España con la alianza y con los países que la integran. Como decía al principio, obviedad voluntarista.
No hay que olvidar que, como se reconoce en la propia exposición de motivos, los procesos de integración regional en América Latina se han multiplicado -y aquí se ha dicho- en los últimos años: Celac, Unasur, Mercosur, ALBA. Desde esta
perspectiva el Gobierno español no debería adoptar ninguna posición política que prime unas alianzas frente a otras, dentro de un espacio preferencial de la política exterior española como es América Latina. Desde esta perspectiva hay que valorar
muy positivamente algunas iniciativas que apuestan por integrar o hacer converger diversas organizaciones regionales. En este sentido, se encuentra la iniciativa de Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, en la última cumbre de la alianza,
donde se ha aprobado la apertura de esta a los países de Mercosur: Argentina, República Federativa de Brasil, República del Paraguay, República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, un
proceso que debe iniciarse el próximo mes de julio.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor González Cabaña, tiene que ir finalizando.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Voy a ir terminando, señora presidenta.
De este modo, manteniendo la potencia hacia Asia y el Pacífico de la alianza no se pierde de vista la zona del Atlántico del continente. Por lo tanto, se estaría afianzando así un punto de vista no ideologizado de los procesos de
integración económica y comercial, pero también política del continente latinoamericano. Por lo tanto, por lo que decía al principio, porque difícilmente uno puede votar en contra de la obviedad, siendo conscientes de que no hay ninguna aportación
nueva, vamos a votar favorablemente esta propuesta del Grupo Popular. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor González Cabaña.
Señor Mariscal, deduzco de su intervención y de los dos intervinientes en las enmiendas que son aceptadas las dos. ¿Es así? (Asentimiento). De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA REASIGNACIÓN DE LAS TRES DÉCIMAS DEL OBJETIVO DE DÉFICIT CONCEDIDO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES EN 2014 A LAS QUE HA RENUNCIADO EL GOBIERNO.
(Número de expediente 162/000967).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la reasignación de las 3 décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión
Europea para el conjunto de administraciones en 2014 a las que ha renunciado el Gobierno.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley, que va en la dirección de la reasignación de las tres décimas del
objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de las administraciones en el año 2014 a las que ha renunciado el Gobierno central. Básicamente nosotros pretendemos, a través de esta iniciativa, hacer una orientación o
plantear un cambio de actitud radical respecto de las políticas macroeconómicas que hacen referencia al Plan de estabilidad que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea para el año 2014 en el sentido de que actúe con la máxima
racionalidad, que pueda actuar con la máxima sensibilidad hacia las comunidades autónomas y que, en definitiva, el Partido Popular se plantee la posibilidad de no renunciar a las 3 décimas que le ha concedido la Comisión Europea. La Comisión
Europea le ha dado un margen al Gobierno del Estado español para que en el año 2014 pueda conseguir un techo de déficit del 5,8 %, pero el Gobierno renuncia a esas tres décimas, como si en España nos sobraran los recursos o como si en España las
comunidades autónomas estuvieran sobradas de ellos para proporcionar todos los servicios de educación, servicios sociales y sanidad. Esta proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario plantea que estas 3 décimas que el Gobierno del Partido
Popular ha cedido libremente a la Comisión Europea y que representan ni más ni menos que 3.000 millones de euros el Estado las asigne a las diferentes comunidades autónomas. Señorías, cuando estamos en un momento en el que todos los líderes
económicos -el presidente de la Comisión Europea, los dirigentes del Fondo Monetario Internacional y el presidente del Eurogrupo- indican que se han acabado las políticas de austeridad, que hay que implementar políticas de flexibilización del
déficit orientadas al crecimiento y a posibilitar la generación de empleo, ¿qué sentido tiene que el Partido Popular, en este caso el ministro de Hacienda, renuncie a estas 3 décimas que le otorga la Comisión Europea, lo que va en detrimento de las
diferentes comunidades autónomas? Nuestro grupo parlamentario con esta iniciativa parlamentaria trata de concienciar al Partido Popular para que vaya en la dirección de la racionalidad, de la sensibilidad hacia las diferentes comunidades autónomas
a fin de que estas 3 décimas, que representan ni más ni menos que alrededor de unos 3.000 millones de euros, puedan reasignarse a las diferentes comunidades autónomas, de manera que en el año 2014 el déficit de las comunidades autónomas no tenga un
techo del 1 % sino que tenga un techo del 1,3 %.
Se trata, como he dicho anteriormente, de enfocar la situación con pragmatismo, racionalidad y objetividad para que todas las comunidades autónomas dispongan de aquellos recursos que hasta la fecha no tienen que les permitan prestar sus
servicios y mantener el Estado del bienestar en todos aquellas prestaciones que son competencia exclusiva de las mismas, como son las de educación, sanidad y servicios sociales. Además, si hacemos un breve repaso del esfuerzo que han hecho las
diferentes comunidades autónomas a lo largo de estos últimos años de crisis económica, se puede comprobar que mientras estas han reducido el déficit en más de un 50 %, la Administración central solamente ha experimentado un esfuerzo del 5 %, con lo
cual se puede ver que los números no cuadran por ninguna parte. El objetivo fundamental de esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es, pues, intentar que el Grupo Parlamentario Popular entre en razón, intentar volver a la
racionalidad en todas aquellas políticas macroeconómicas que pueda impulsar el Gobierno del Estado hacia el sostenimiento del Estado del bienestar, con la incorporación de una serie de medidas orientadas al impulso del crecimiento y a la creación de
empleo, y a la vez intentar que a través de estos recursos se puedan reducir las desigualdades y conseguir el mantenimiento de las prestaciones de los servicios básicos a los ciudadanos que les son administrados por las diferentes comunidades
autónomas. Señorías, esta es la razón, el objetivo fundamental de esta iniciativa parlamentaria presentada por Convergència i Unió, para poder reasignar estas 3 décimas y convencer al Partido Popular de que no las tire por la ventana, de forma que
no las vayan a aprovechar otros Estados miembros de la Unión Europea y que sea el Estado español el receptor de estas 3 décimas, que se puedan otorgar a las diferentes comunidades autónomas y que estas puedan disponer a lo largo del año 2014
de estos 3.000 millones, recursos que en caso de que no se aprobara esta iniciativa parlamentaria presentada por Convergència i Unió se tirarían por la ventana.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando un Gobierno está más pendiente de salvar a los suyos que a las personas el problema es en qué se gasta el dinero este Gobierno y dónde no quiere recaudar, y el déficit no ha sido más que una coartada de la derecha para cambiar el
modelo de bienestar por el del copago, el modelo universal por el asistencial. Había que engañar a la gente para que creyeran que no había otra salida y eso es el déficit, la coartada. Por eso han renunciado a unas décimas de más, porque para
recortar bienestar no les hace falta. Mientras, la gente, asfixiada.
Desde Compromís no queremos más deuda, no queremos deberles más ni a su Gobierno, con la trampa de los planes a proveedores, ni a la banca directamente. Lo que queremos es lo que nos corresponde, una financiación justa, y no la queremos
para las múltiples fiestas que se ha pegado el Gobierno del Partido Popular valenciano, que no han aportado nada a nuestra economía, solo deudas al erario. Por eso, junto a una financiación justa, los valencianos tenemos una tarea que hacer:
librarnos de un Gobierno plagado de corruptos. Y también necesitamos una financiación justa para normalizar la aplicación de la Ley de Dependencia, para construir los colegios que nunca se hicieron, para mejorar la calidad de nuestra sanidad, para
recuperar espacios privatizados, con concesiones abusivas y negocietes varios como el pagar las resonancias más caras del Estado español, pero, insisto, con otros gestores.
Los valencianos tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro territorio, pero para ello serán necesarias dos cosas, una financiación justa acorde con la población y una financiación acorde con cualquier indicador que quieran aplicar, tal y
como reflejó el informe de los expertos que el mismo Partido Popular encargó. Por eso votaremos a favor, pero siempre remarcando que no queremos la limosna de las 3 décimas. Queremos una financiación justa para los valencianos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, la imposición de reducir el déficit público ha obligado a todas las administraciones a asumir significativas restricciones en su política de gastos y con ello han limitado su capacidad para la prestación de servicios
públicos. Sin embargo, el Gobierno del Estado, que es quien fija los topes para cada Administración, se ha reservado para sí un mayor margen de déficit mientras que a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les ha impuesto unas
restricciones más severas que amenazan seriamente con estrangular su capacidad financiera. Ha optado por exigir más a quienes más necesitan imponiendo arbitrariamente un mayor ajuste a quienes tienen en su mano la gestión de servicios públicos
esenciales, esto es, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Son las comunidades autónomas, a las que se obliga a realizar el mayor esfuerzo, como muy bien ha dicho el portavoz de CiU, las que han reducido su déficit en un 52 % mientras
que el Estado lo ha hecho en alrededor del 5 %. Pese a los incuestionables sacrificios asumidos por las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda, en un ejemplo más de la distancia que existe en este país entre quienes imponen las reglas y
quienes gestionan la realidad, ha decidido trasladar a la Comisión que finalizará el año con un déficit del 5,5 % y que por tanto renunciará a los 3.000 millones de euros de las 3 décimas que Bruselas le permitía.
A las comunidades autónomas, a las que se sataniza por parte del Gobierno del Estado y se presenta como una fuente inagotable de despilfarro, se les exige que continúen con nuevos tijeretazos, mientras que el Estado, desde una poltrona cada
vez más alejada de los ciudadanos, se reserva el derecho de no controlar su gasto y la osadía de renunciar a 3.000 millones. Nosotros les decimos que si el Gobierno del
Partido Popular está dispuesto a renunciar a décimas del déficit asignado por Bruselas, nosotros y los ciudadanos no, y por ello vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros vamos a votar también a favor de esta propuesta porque en principio cualquier desahogo en lo que se refiere al déficit nos parece positivo. Consideramos que el reparto del déficit del ejercicio 2014 es injusto, igual o
incluso más injusto que en años anteriores, con un techo del 5,8 % y solo un 1 % para Cataluña u otros Gobiernos autónomos. Teniendo en cuenta que cada décima de ese techo de déficit supone imponer 200 millones de euros en recortes, comporta
sufrimiento y malestar social y no bienestar. Por lo tanto, es lógico que nosotros defendamos que esto se respete y se intente un desahogo en relación con el déficit. Además, señorías del Partido Popular y del Gobierno, este año van y negocian con
Bruselas que irán 3 décimas a la baja, en vez del 5,8 será el 5,5 %, y lo negocian unilateralmente y sin consultar a los mayores perjudicados, que son aquellas administraciones que más bienestar dispensan. Eso nos parece mal, creemos que se tendría
que haber hecho de otra forma y esta iniciativa nos parece bien. Cuando ustedes dicen que la independencia de Cataluña sería un desastre, aquí tenemos ejemplos de cómo las cosas podrían mejorar, porque entonces, de suplicar, como hacemos ahora, que
aumenten 3 décimas y de intentar negociar o renegociar ese 1 % exiguo de techo de déficit, pasaríamos a pactar con la Unión Europea seis veces más, seis veces más de techo de déficit,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: ... que serían seis veces más en créditos, en escuelas, en universidades, en hospitales, en guarderías, en ferrocarriles, en bienestar para la gente corriente. ¡Así de mal nos iría!
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo del PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
La intensidad y la duración de la crisis con sus costes en términos de desempleo y de desigualdad están agudizadas con unos recortes reales de las prestaciones sociales que están haciendo de verdad mella en la población menos afortunada. De
igual manera, el control excesivo del déficit público está afectando a las inversiones públicas en infraestructuras, lo que repercute negativamente en el stock público de capital, y a las inversiones en I+D+i, lo que también condiciona el
crecimiento económico y la propia salida de la crisis. En las aulas se acumulan cada vez más niños y con menos ayudas, y las listas de espera crecen continuamente mientras se cierran quirófanos y se amontonan las camas hospitalarias. Claramente,
el servicio educativo y el sanitario se están deteriorando. Tan solo los que tienen más posibles salen con dinero hacia el sistema privado perdiéndose muchos de los avances logrados con el sacrificio y el trabajo de todos, lo que afecta a la
igualdad de oportunidades, a las libertades y diría yo que incluso a la propia democracia. Tampoco los recortes en los ámbitos económicos como infraestructuras o I+D+i van a pasar desapercibidos.
Quizá parezcan excesivos e incluso retóricos estos argumentos para solicitar que las 3 décimas de déficit público a las que ha renunciado este Gobierno le sean aplicables a las comunidades autónomas. Son 3.000 millones que habrían servido
para solucionar más de un problema de los que he citado y para no dar una vuelta de tuerca más de forma innecesaria a los recortes. Cerca de 600 millones de euros a una Generalitat -y pongo este ejemplo porque la iniciativa es de Convergència i
Unió- le pueden suponer un alivio para sus maltrechas finanzas, pero no solo la Generalitat puede beneficiarse sino el conjunto de las comunidades autónomas. No seamos más papistas que el papa y vayamos más allá de lo que Bruselas nos exige cuando,
precisamente, hemos venido solicitando de manera insistente un mayor margen de actuación y una flexibilización de los objetivos de déficit público. Además, se da el hecho de que -tal y como se indica en la exposición de motivos de la proposición no
de ley- la mayor parte del esfuerzo ha recaído a lo largo de estos años en las comunidades autónomas y estas han tenido que recortar un porcentaje mucho mayor en términos de déficit público que la Administración central del
Estado. Lo lógico habría sido haber llegado a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas de régimen común y en la Comisión Mixta del Concierto y en la del Convenio para pactarlo con las
comunidades forales. No se hizo así, no se hizo bien, pero cabe retomar el asunto y revisarlo en los ámbitos competenciales para ello. Insisto, no ganamos nada siendo más papistas que el papa; bueno, sí, un poco más de sufrimiento y sacrificio
del que llevamos ya sobre nuestras espaldas. Por ello, el Grupo Vasco va a votar favorablemente esta proposición no de ley de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Como sabe la Cámara, nuestro país tiene que cumplir unos objetivos de déficit del conjunto de las administraciones públicas que están acordados con la Unión Europea. El objetivo para 2013 era del 6,5 % y más o menos se ha rozado; para este
año hay que rebajar esa cifra 7 décimas, hasta el 5,8, lo que parece un esfuerzo asumible, pero después hay un par de años en que la reducción del déficit tiene que ser mucho más abrupta: de 2014 a 2016 hay que reducir 3 puntos del PIB, lo que
supone 30.000 millones de euros. Por eso el Gobierno, con buen criterio a nuestro modo de ver, ha decidido acelerar, suavizar este ajuste autoimponiéndose para el año que viene un ajuste mayor, de 3 décimas, que recae única y exclusivamente sobre
la Administración central y la Seguridad Social, no sobre comunidades autónomas ni ayuntamientos.
Nosotros hemos discrepado con el Gobierno sobre la forma en que había que reducir el déficit, no sobre la necesidad de reducirlo. Creemos que hay gastos superfluos que recortar, que se han mantenido, en vez de lo que se ha recortado, o que
hay que hacer una reforma fiscal que amplíe las bases o la lucha contra el fraude. Discutimos cómo reducir el déficit, pero no el objetivo de reducción del déficit, que está en niveles enormes en un país con una deuda pública que empieza a ser
insostenible. Por eso no entendemos esta proposición no de ley de Convergència i Unió, que lo que propone es no solo no colaborar con ese esfuerzo, sino incluso hacerlo inútil al decir que esas décimas que se recortan en la Administración central
las puedan gastar las administraciones territoriales. Es difícil tomarse en serio la propuesta más que como una forma de fomentar agravios inexistentes y, en la línea de evitar los agravios inexistentes, sería bueno explicar una serie de cosas que
no se han explicado en intervenciones anteriores, en primer lugar, que la Administración central se hace cargo de una serie de gastos que están especialmente ligados a la crisis, por ejemplo los intereses de la deuda -36.000 millones de euros-, por
ejemplo los subsidios y prestaciones por desempleo -29.000 millones de euros- e incluso las pensiones -con las prejubilaciones ha habido personas que se han jubilado-. Son gastos muy ligados a la crisis, cosa que no sucede con sanidad y educación,
que son el núcleo del gasto de las comunidades autónomas y no se entiende por qué tiene que aumentar el gasto porque haya crisis. Por tanto, la Administración central se hace cargo de los gastos más ligados a la crisis.
Lo segundo que habría que explicar es que la Administración central no realiza sus gastos en el espacio sideral, en Plutón. A veces se habla de la Administración central de Madrid como algo ajeno a las comunidades, pero estos gastos que son
de transferencias se gastan en ciudadanos de todas las comunidades: ciudadanos catalanes que tienen deuda pública, ciudadanos catalanes que están en paro y cobran prestaciones por desempleo o ciudadanos catalanes que están jubilados y cobran
pensiones de jubilación. Por tanto, no se puede presentar a la Administración central como algo ajeno a las comunidades. Sería más adecuado hablar de Administración común que de Administración central -no digamos ya del Gobierno de Madrid.
La tercera cuestión que no se explica es que, aparte de estas actuaciones ordinarias contra la crisis, la Administración central ha hecho un rescate extraordinario de comunidades autónomas y ayuntamientos de una magnitud fabulosa: 40.000
millones del Fondo de liquidez autonómica, más 40.000 del Fondo de pago a proveedores, más 40.000 del rescate de las cajas de ahorro autonómicas: 120.000 millones de euros. Esto a cambio de una insuficiente condicionalidad, no hablemos ya de
asunción de responsabilidades. Por tanto, decir que la Administración central ahoga a las comunidades es difícil de justificar con base en la realidad. Por eso nos vamos a oponer a esta proposición no de ley y lo que creemos que debería hacer el
grupo proponente es, en vez de pedir décimas adicionales, cumplir los objetivos marcados, porque el año pasado la Comunidad Autónoma catalana se comprometió a tener un déficit del 1,58 % y acabó teniendo el 1,96 %, y a cumplir esos objetivos
ayudaría desmantelar algunas estructuras innecesarias como las embajadas internacionales o los organismos paraestatales que se
quieren construir con una base legal bastante dudosa. Creemos que este enfoque ayudaría mucho más a evitar malentendidos y agravios y sobre todo a cumplir con el déficit público del conjunto de las administraciones y a controlar una deuda
pública que se está volviendo insostenible. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar favorablemente esta proposición no de ley porque entendemos que no es positivo naturalmente mantener de forma prolongada un déficit público de determinado nivel, pero desde luego no puede ser la obsesión única y
exclusiva de la gestión de las finanzas públicas, por sencillos razonamientos macroeconómicos, pero sobre todo porque, en el tiempo y en el contexto social en el que se inserta esta doctrina del déficit cero, nos parece especialmente preocupante por
todo lo que afecta negativamente a determinadas capas sociales, las más desfavorecidas, y a una amplia mayoría social de este país, que es la que sufriría los recortes y la que sufre desgraciadamente los recortes en sanidad, en educación, en
prestaciones sociales y en todos los servicios públicos que se recortan cuando se obedece única y exclusivamente esa doctrina del déficit cero, servicios públicos que además están sostenidos en lo fundamental, en sus pilares, por las comunidades
autónomas.
Tener márgenes crecientes para las comunidades autónomas es también tener un margen creciente para el sostenimiento del Estado del bienestar, para la prestación de servicios fundamentales orientados a un nivel de vida digno para los
ciudadanos. Por esa razón nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley entendiendo que, además, la estrategia por la cual se puede y se debe combatir el déficit público es totalmente distinta a la que se está llevando a cabo por parte de
instituciones internacionales como la troika, con aplicación consecuente por parte de los Gobiernos de los países del sur, entre ellos el nuestro, el Gobierno de España, porque la austeridad no hace sino empeorar las circunstancias no solo en
términos de desigualdad social, que es verdaderamente el motor de la destrucción de la cohesión social y es el elemento prioritario que lleva realmente a una desarticulación social y a la inseguridad de nuestro país -la seguridad es un concepto
civil que tiene que ver con las desigualdades sociales, no un concepto militar que tenga que ver con la policía en la calle-. Por lo tanto, hay que combatir la desigualdad social para dar seguridad a los ciudadanos, y para combatir la desigualdad
hay que utilizar todos los instrumentos al alcance del Estado. Entre ellos está el gasto público, la inversión pública, que es la que tiene que ser el motor fundamental en esta transición y en este momento. Por eso, porque creemos que es la única
forma de poder salir verdaderamente de la crisis, además salir no en crecimientos cuantitativos, sino con un determinado modelo de sociedad del que sentirnos orgullosos como ciudadanos europeos, creemos que hay que cambiar el rumbo de la política
económica de la troika y del Gobierno de España.
Mientras, dentro del contexto de la actual Unión Europea -que nosotros desde luego impugnamos-, nos parece siempre una buena noticia flexibilizar los márgenes que han determinado instituciones internacionales y también el Gobierno de España
para las comunidades autónomas, para que tengan la posibilidad de garantizar que la ciudadanía no sigue sumergiéndose en el barro de la realidad cotidiana, que es lo que está sucediendo con las comunidades autónomas, que a instancias del Gobierno se
ven por lo menos coaccionadas, presionadas o empujadas a recortar en sanidad, en educación y en servicios sociales, lo que incrementa la desigualdad social y la situación de inseguridad ciudadana. Por esas razones nuestro grupo votará
favorablemente, pero dentro de nuestra lógica mucho más profunda de que es urgente cambiar el rumbo de la política económica que lleva a cabo este Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Socialista, señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Lo vamos a hacer por coherencia con lo que hemos defendido en anteriores ocasiones, dado que el reparto del
esfuerzo para ajustar el déficit entendemos que se ha hecho de forma inequitativa, y teniendo en cuenta que por parte de las comunidades autónomas se prestan servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, hemos
ya solicitado, repito, en más de una ocasión que eso se tuviera en cuenta para asignarles un margen de déficit que les permitiera que gran parte de los recortes que se están produciendo no recaiga necesariamente en esos servicios
públicos, con la consiguiente situación de agravio respecto a dichos servicios públicos esenciales y para la población que los recibe. La segunda razón es porque precisamente las comunidades autónomas y las corporaciones locales han sido
las que han cumplido con el objetivo de déficit -quienes se han desviado han sido la Administración General del Estado y la Seguridad Social- y no es una buena manera de tratar a quien cumple no darle algo más de margen para que los servicios de su
competencia no sean los que se vean más castigados. Finalmente, como tercera razón, entendemos que si es importante que se pueda discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se va a hacer, una propuesta de reforma fiscal -que no
entraré a valorar en estos momentos, pero que consideramos altamente regresiva y perjudicial y que consolida el modelo de desigualdad que está impulsando este Gobierno-, razón de más para que se sienten a discutir cómo se reparten los objetivos de
déficit entre los diversos subsistemas de la Administración pública.
Nos tememos que no vamos a ser escuchados por parte del Gobierno ni del grupo mayoritario. De hecho, de la actualización del programa de estabilidad ya se desprende cuál es el objetivo que está impulsando este Gobierno: están sustentando
el incremento sobre la desigualdad creciente. No solamente lo corroboran los indicadores de pobreza relativa y desigualdad, que están incrementándose día a día -existe actualmente un informe de Cáritas sobre la pobreza infantil que lo pone de
manifiesto-, sino que se deduce claramente de la orientación del ajuste fiscal que plantean en ese programa de estabilidad. Hay una fuerte reducción del gasto público, 4,3 puntos, y en cambio renuncian a corregir el gran problema que tenemos como
país, que es la baja recaudación, solamente pretenden corregir 1,2 puntos. Lo estamos viendo en sus planteamientos. Además, es curioso que, en una fase de recuperación frágil como la que estamos viviendo, que se sustenta básicamente en factores
exógenos como pueden ser las medidas que ha adoptado el Banco Central Europeo o en la flexibilización del ritmo de reducción del déficit, el Gobierno haya renunciado y no lo intente aprovechar precisamente para mejorar nuestra economía y para
garantizar unos servicios públicos esenciales que aseguren la cohesión y que permitan un crecimiento más sólido y sostenible. De hecho, en ese programa de estabilidad que han actualizado, la previsión que hacen a medio plazo es una fuerte reducción
de la sanidad, un 16 %, y un 17 % de recorte en la educación. Es absolutamente coherente con lo que ustedes, señores del Grupo Popular, están impulsando: un modelo que se sustenta en la creciente desigualdad, con una reforma fiscal o tributaria
que va a castigar todavía más a las clases medias y a las clases trabajadoras. Hay menos empleo, un empleo más precario. Hay una deuda que se ha disparado. Hay menos crédito y, repito, mucha más desigualdad. Por todo lo que he expuesto,
nosotros, coherentemente, vamos a votar favorablemente la proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rangel.
Por el Grupo Popular, señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidenta.
La proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió parte de un doble error: la idea de que el incremento del déficit es un instrumento para dinamizar la economía o garantizar la prestación de
servicios públicos, y la idea de que el gasto que administra un nivel de administraciones públicas en España tiene un carácter más social que el que administran las demás. Solo hay algo peor que aprender a costa de una mala experiencia, y es no
aprender de una mala experiencia. Me da la impresión de que el fondo que encierra esta proposición no de ley es no haber entendido la mala experiencia que hace no tanto tiempo hemos vivido en este país. Señor Sánchez i Llibre, el déficit no sirve
para dinamizar la economía, sino que destruye su buen funcionamiento; no crea empleo, genera parados por millones; no garantiza los servicios públicos, sino que el déficit es precisamente lo que los ha puesto en riesgo en España. Como recordaba
bien el señor Anchuelo, el esfuerzo de austeridad y de recorte en los gastos públicos se ha extendido por todas las administraciones por igual, con arreglo a sólidos criterios de equidad y de sentido común, y está en la base de nuestra recuperación.
La dramática experiencia que ha vivido este país y que algunos parecen querer volver a experimentar es que a finales del año 2011 España estaba en una situación de emergencia económica, con un déficit público superior al 9 %, una Hacienda pública
quebrada y un déficit sin control. Ante esa situación, por fortuna, el nuevo Gobierno del Partido Popular cambió la marcha de las cosas. Ese cambio en la marcha de las cosas, esa política de austeridad, esa rápida reducción del déficit público es
lo que ha permitido en muy poco tiempo alcanzar un superávit estructural primario del 1,13 % del PIB y reducir significativamente las cifras de déficit en
España. Conviene recordar que en el año 2009 ese déficit estructural primario en España estaba más allá del 6 % del PIB. Las consecuencias más deseables de esa nueva política económica son nueve meses consecutivos de incremento constante
de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el inicio de la recuperación económica y, en consecuencia, tipos de interés más bajos, una recuperación del crédito para las pequeñas y medianas empresas, un despertar del crecimiento económico y,
por lo tanto, una mejora de las finanzas públicas y una consolidación de sus cifras.
El segundo error de apreciación es quién está soportando el ajuste. Voy a dar solo un par de datos muy rápidamente. La Administración General del Estado en España en el año 2014 está exactamente en los niveles de gasto de hace una década,
del año 2004. Ese es el ajuste que ha hecho la Administración General del Estado. En este momento el total de los ministerios de la Administración del Estado, excluidas las aportaciones al sistema de pensiones, a los seguros de desempleo y al
déficit de tarifa eléctrica, consumen en conjunto 34.000 millones en cifras redondas. Para que se hagan una idea, los seguros de desempleo en España consumen 30.000 millones de euros. De esos 30.000 millones, en este momento casi 16.500 son
aportaciones directas del Estado al sistema de empleo. Los complementos a mínimos o las pensiones no contributivas exigen en este momento al Estado aportar 13.400 millones complementarios al sistema de Seguridad Social. La parte del gasto que la
Administración General del Estado está destinando a servicios públicos tan básicos como los seguros de desempleo o los complementos de pensiones superan con creces los gastos que utiliza en sus propias actividades y en sus responsabilidades más
directas. Se recordaba antes, y también es evidente, el esfuerzo que ha realizado la Administración del Estado para soportar, a través de los planes de proveedores o del Fondo de liquidez autonómica, la actividad y el funcionamiento de las
administraciones territoriales en España. Los beneficiarios de esas medidas no son las comunidades autónomas, las corporaciones locales o la propia Administración General del Estado; son los 200.000 proveedores, que han podido cobrar por los
servicios que ya habían prestado, o eso lo que está reflejando son 8 millones de facturas impagadas, 6 millones, es decir, el 70 %, de las cuales eran facturas impagadas que habían servido para financiar servicios públicos básicos de sanidad, de
educación o servicios sociales, es decir, servicios que se estaban prestando sin cobertura presupuestaria por parte de esas administraciones territoriales para las que ahora se reclama incrementar sus objetivos de déficit, porque lo que se está
proponiendo es nada menos que incrementar en un 30 % el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año, pasando del 1 al 1,3.
Termino ya, señora presidenta. Como bien se ha señalado también en la intervención del portavoz de UPyD, ha sido la Administración General del Estado la que ha tomado la decisión de reducir el objetivo de déficit y de asumir con sus propios
presupuestos ese esfuerzo adicional de austeridad sabiendo que es ese esfuerzo el que está permitiendo la recuperación económica en España. Todo el esfuerzo adicional que se ha introducido en este ejercicio lo soporta total y exclusivamente la
Administración General del Estado. Confiemos todos en que las comunidades autónomas cumplan también al menos con sus objetivos y eso nos permita seguir por la senda de recuperación que ya hemos iniciado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Elorriaga.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REFORMAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO A FIN DE GARANTIZAR SU EFICACIA Y ELIMINAR EL FRAUDE. (Número de expediente
173/000159).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reformar la formación
profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude. Para su defensa, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Esta moción y la interpelación de la que trae causa se ha visto motivada por una serie de hechos graves que han acontecido recientemente en nuestro país y quien piense que este es un problema inventado por mi grupo, puede ver el telediario
de hoy, en que catorce personas del ámbito de una importante organización sindical han sido detenidas por el tipo de problemas que aquí vamos a plantear.
No es esta la primera vez ni el primer caso. Hablábamos en la interpelación de las tramas que ha habido tanto en Madrid -el caso Aneri- como en Andalucía, donde se ha robado, hablando con claridad, el dinero público destinado a la formación
de los trabajadores empleados y de los parados. La historia es larga y conocida, pero es una historia de falsedades. Estamos hablando de falsos alumnos, de falsos cursos a distancia que nunca se impartieron y, como hemos visto hoy en el
telediario, de falsas facturas, una enorme falsedad perpetrada en el entorno de las organizaciones empresariales y sindicales, las cuales a menudo se han beneficiado financiando sus actividades con parte de la facturación de estos cursos. Esto no
es nuevo, sino algo que ha venido sucediendo de manera recurrente en el pasado, durante más de una década. Quiero recordar los casos Pallerols o Forcem, ya antiguos en el tiempo. Por prudencia, nosotros hablamos en la interpelación del riesgo,
pero otros conocedores hablan del secreto a voces, de que el problema puede estar generalizado no solo en el tiempo, sino también en el espacio y esto que ha surgido en Madrid o Andalucía puede ser un problema en el resto de comunidades autónomas
porque al fin y al cabo los agentes participantes o los mecanismos de funcionamiento son similares en todas ellas.
Señalamos la gravedad especial de este tipo de corrupción por el dinero público destinado a la formación que se está defraudando, en un país con 6 millones de parados y algunas comunidades, como Andalucía, con una tasa de paro del 35 % y con
parados muy necesitados de formación, unos porque son jóvenes sin estudios, que abandonaron los estudios para trabajar en la construcción -hay un millón de parados solo con educación primaria- y otros porque son parados a largo plazo y, aunque
tuvieran formación, esa formación se va deteriorando con el paso del tiempo. Todo esto en una economía sujeta a un proceso de cambio estructural que hace que el que perdió el trabajo en un sector probablemente necesite encontrar empleo en otro.
Por tanto, estos fondos de formación son absolutamente esenciales; también son esenciales porque estamos en un contexto en el que el actual Gobierno ha recortado fuertemente los recursos destinados a las políticas activas, a la mitad, y esto hace
que cada euro sea precioso, es un recurso escaso muy necesario, y aumenta la gravedad del fraude del que estamos hablando. La reacción de las autoridades desde el punto de vista de mi grupo ha sido insatisfactoria en las diferentes comunidades,
negándose a poner en marcha comisiones de investigación, o en el propio ministerio que asiste casi como espectador, cuando buena parte de los fondos defraudados son fondos estatales transferidos a las comunidades o fondos europeos en los que el
Estado es el interlocutor.
Por eso hemos presentado esta moción, que hemos presentado con un ánimo constructivo. Tiene dos bloques, dos perspectivas. Por un lado, creemos que no es posible ignorar lo que ha sucedido, hay que tener en cuenta lo que ha sucedido, hay
que mirar al pasado para corregirlo y exigir responsabilidades. Insistimos, tememos que los casos conocidos sean parte de un problema más amplio y para asegurarnos de que no es así creemos necesario que haya una revisión extraordinaria de los
expedientes de todas las comunidades autónomas por parte del ministerio, para cerciorarse de que los casos conocidos no son la punta del iceberg de algo más generalizado. Pensamos también -y lo decimos en la moción- que el Ministerio de Empleo
tiene que tener un papel mucho más activo en la denuncia ante los tribunales de estos problemas, en la personación en las causas e instando a actuar a la fiscalía. El objetivo de estas actuaciones debería ser recuperar la mayor parte que sea
posible del dinero defraudado a los trabajadores y parados de nuestro país, que además en buena medida sale de sus propias cuotas sociales. Junto a esto, que creemos que es una parte importante de la propuesta, hay otra parte que mira al futuro.
Vamos a corregir lo pasado, por supuesto, pero vamos a reformar este sistema de forma que funcione mejor en el futuro y no se repitan este tipo de casos. Y dentro de esta reforma de la formación ocupacional mirando hacia el futuro hay dos
apartados; uno tiene que ver con la organización de la formación para el empleo. Creemos que el papel del Estado en la verificación del buen uso de estos fondos tiene que ser más importante. El Estado transfiere estos recursos a las comunidades
para la formación y, por tanto, tiene que verificar, tiene que cerciorarse de que estos recursos transferidos se usan para el fin propuesto; no creemos que eso sea ninguna invasión competencial sino la más estricta lógica.
En segundo lugar, el papel de patronal y sindicatos, el punto políticamente más candente. No es nuestro objetivo demonizar a estas organizaciones que prestan un papel social importante. Creemos que tienen que seguir prestando un papel en
la planificación general del sistema de formación ocupacional e incluso en la impartición de estos cursos, pero impartiendo cursos en pie de igualdad con el resto de participantes, es decir, concurriendo y acreditándose, no como hasta ahora, porque
hasta ahora actúan como un intermediario de la Administración, suplantando a la Administración, reciben un dinero público que ellas subcontratan con muy pocos controles. Esto es lo que queremos cambiar. Si quieren impartir
formación que lo hagan en pie de igualdad, concurriendo y acreditándose como los demás, no suplantando a la Administración y actuando como intermediarios de la Administración, porque buena parte de los problemas vienen de esta cuestión. Y,
por último, hay toda una serie de cuestiones para mejorar la calidad de los cursos de formación en el futuro, para que estén más adaptados a las necesidades de los alumnos, para que lleven a certificados de profesionalidad, para que los parados
tengan más margen de actuación, para que no esté segmentado territorialmente el sistema de formación y puedan asistir a cursos de otras comunidades. No lo voy a detallar porque está todo detallado en la moción.
Respecto a las enmiendas recibidas, hay discrepancias, por supuesto, sobre las cuestiones competenciales, pero hay acuerdos con otros grupos sobre hacia dónde debería ir la reforma del sistema. Por eso, para facilitar el posicionamiento de
los diferentes grupos vamos a pedir que se vote nuestra moción en sus propios términos, pero dando la opción a los grupos que lo deseen de separar los puntos que consideren oportunos para que se voten por separado. Les animo a aprovechar esta
oportunidad de guiar hacia dónde tiene que ir esta importante reforma de la formación ocupacional en nuestro país, porque el diálogo social es importante y lo respetamos, pero el Congreso de los Diputados está legitimado para orientar ese diálogo
social.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Se han presentado enmiendas. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
La moción que nos trae hoy UPyD es de un debate oportuno, imprescindible y urgente, pero a nuestro entender parcial y desenfocado. A juicio de nuestro grupo, lo que debería ver la Cámara es fundamentalmente cómo contribuye a mejorar el
sistema de formación para el empleo y sus resultados, así como qué actuaciones se deben llevar a cabo para que las administraciones públicas puedan garantizar la mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos, tanto cuando se produce en
términos de normalidad, como cuando se producen fraudes en su utilización, aspecto este que nos plantea en estos momentos don Álvaro Anchuelo.
Desde el acuerdo pleno con estos objetivos creemos que tanto la interpelación como la moción cometen algunos errores graves en el momento de diagnosticar y hacer propuestas; errores y desenfoques en los que, por cierto, también incurrió la
ministra en su respuesta a la interpelación. En ese sentido, tenemos la impresión de que lo que se ha producido es que interpelante e interpelada se han dejado arrastrar por una visión demoscópica, de periódico, de los temas de formación para el
empleo. Si se me permite, y a efectos de poder contribuir a este debate, creo que se cometen en el enfoque al menos cuatro errores. Primero, el más importante de todos es confundir la parte con el todo; la parte, que son los cursos o los
programas de formación de oferta -el 15 % y a los únicos a los que se refiere tanto en la interpelación como en la moción don Álvaro Anchuelo- con el todo, que es el conjunto de las políticas de formación para el empleo. Tanto es así que se olvida
de una parte muy importante, que es el 85 % de los recursos, aquellos que se desarrollan por la vía de la gestión directa por parte de las empresas, por la vía de la bonificación directa de las cotizaciones; insisto, el 85 %. Curiosamente, es un
error al que fue arrastrada la ministra en su respuesta a la interpelación. De hecho, a nuestro entender, en estos momentos la parte más importante de problemas en el conjunto de las políticas de formación precisamente tienen que ver con la
utilización que se está haciendo en esas empresas, en una parte muy importante de pequeñas y medianas empresas sin estructura y capacidad para poderlo desarrollar. Desde esa perspectiva, también creemos importante destacar que ese error, que tiene
que ver con un enfoque en el que no deberíamos caer, ha venido acrecentado con las reformas planteadas por el Partido Popular, en la medida en que durante esta legislatura solo esas reformas se han referido a los planes de oferta y han dejado al
margen todo lo que hace referencia al 85 % de los recursos que en estos momentos se destinan, insisto, a ese mecanismo de gestión directa. Especialmente es más importante durante esta legislatura porque conviene recordar que, mientras los fondos de
los programas de oferta para desempleados se han reducido durante esta legislatura en un 33 % y los fondos de oferta para ocupados se han reducido en un 66 %, los recursos dedicados a bonificaciones directas han crecido en un 12 % y están fuera de
cualquier preocupación, tanto de la actuación del ministerio como en este caso de la propia moción subsiguiente a la interpelación que se plantea.
A nuestro entender, el segundo problema es que aun siendo muy graves por razones éticas los problemas relacionados con el fraude en la utilización de esos recursos, hay otro problema que desde la
perspectiva del objetivo de la formación es mucho mayor, y es el tema de la falta de la eficiencia en el uso de los recursos públicos por la inadecuación de la oferta formativa a las necesidades de los trabajadores ocupados y parados, así
como de las empresas. Eso no se da solo en los planes de oferta sino también en los de gestión directa. El tercer problema de enfoque, a nuestro entender, tiene mucho que ver con el apriorismo ideológico de la moción y la interpelación por la vía
de que si controla el Estado se va a hacer mucho mejor, dando por supuesto que eso no se hace o, mejor dicho, dando por supuesto que el control por parte de las comunidades autónomas es ineficiente. Y, en cuarto lugar, hay un error, y ese a nuestro
entender es mucho más importante, y es que se plantean en la moción como propuestas novedosas cosas que existen ya en la normativa vigente, que funcionan desde hace años, y en algunos casos incluso se plantean -por ejemplo, en el tema de la
obligación de la devolución de las cantidades defraudadas- cuestiones que están por debajo de la legislación actual, que exige no solo la devolución de las cantidades defraudadas, sino incluso el pago de intereses.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. No me da tiempo de explicarlo con suficiente detalle. Lo que sí compartimos es la necesidad de abordarlo, y por eso hemos planteado una enmienda, que parece que no va a ser posible por lo que hemos
podido dialogar con el amigo Álvaro Anchuelo. Nos gustaría que hubiera más diálogo en ese sentido, pero parece que no es posible, y yo lo entiendo. Se han presentado enmiendas por diferentes grupos. En todo caso, nuestro voto no puede ser
favorable a la moción que se ha presentado.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señor Anchuelo, creo que en la principal cuestión de fondo que planteó su iniciativa, que es la importancia de las políticas de formación para el empleo, todos los grupos debemos coincidir. El perfil de las personas desempleadas en España,
la nueva realidad de las relaciones laborales, donde hay que poner más el acento en la capacidad del trabajador de volver a encontrar empleo que en proteger el puesto de trabajo concreto de aquella persona, en la necesidad de evolucionar hacia un
sistema productivo más competitivo, etcétera. Todas esas visiones dan una importancia central a las políticas de formación para el empleo. Sobre eso es sobre lo que deberíamos discutir más a fondo, o sobre el hecho de que los interlocutores
sociales y el propio Gobierno no hayan renovado los quintos acuerdos para la formación para el empleo, o sobre si la formación que se ha venido realizando hasta ahora está adaptada a las necesidades del empleo, o sobre el gran debate que tienen
planteadas las economías avanzadas, también la nuestra, respecto a cómo vamos a responder hoy a los impactos que la tecnología tiene en los empleos que destruye y en las nuevas necesidades formativas de los trabajadores del futuro. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Es un debate apasionante e, insisto, ausente en la prioridad del Gobierno, pero también ausente en los propios debates de esta Cámara. En cambio, su interpelación y su moción centran el foco en un aspecto cuya
preocupación compartimos, pero no podemos generalizar la visión de que la formación para el empleo es igual al fraude y que los interlocutores sociales que gestionan parte de estos recursos -y como muy bien apuntaba el señor Coscubiela, tan solo una
parte de estos recursos-, están instalados en el derroche de esos recursos públicos. Creo que es un debate que, formulado de esa manera, no ayuda a resolver el problema y aumenta la desconfianza de la opinión pública en aquello que es común, que
son los interlocutores sociales.
La defensa que podemos hacer de las políticas de formación para el empleo no puede ser excusa, pero coincidimos con usted, eso sí, en que la justicia debe actuar para ir al fondo de esas situaciones y que las administraciones públicas
competentes en la materia deben ejercer al máximo sus responsabilidades para depurar aquello que corresponda. Pero insisto en que mi grupo no se siente cómodo en este debate si lo que pretendemos es establecer la imagen de que la formación para el
empleo es igual al fraude, porque entre otras cuestiones ese tipo de razonamientos son los que llevan a quienes no creen que deba formarse a los trabajadores ni que deba invertirse más en las políticas activas de empleo, a recortar las políticas
activas de empleo. Hemos de recordar que al inicio de esta legislatura el recorte en las políticas activas de empleo que ha propiciado el Gobierno del Partido Popular ha venido fundamentado precisamente
en ese tipo de razonamientos. Y más preocupante aún nos parece, señor Anchuelo, que usted aproveche esta situación para plantear la canción, con la que su grupo parlamentario ya nos tiene aburridos, en la que vincula la mala gestión con la
gestión autonómica y que sitúa al Estado central benefactor como aquel que va a resolver todos los problemas de mal funcionamiento administrativo.
Hoy nos hemos desayunado -y no viene al caso- leyendo informaciones de algún organismo muy centralizado del Estado en donde podemos discutir si la centralización resuelve ese tipo de cuestiones. Y es más, si uno analiza, por ejemplo en el
caso de Cataluña, los esfuerzos que se han hecho en los últimos quince años para resolver las cuestiones vinculadas a esa materia, se dará cuenta de que el esfuerzo ha sido muy sustancial en los últimos quince años -estoy seguro de que en otras
comunidades autónomas también-, precisamente para garantizar que esos recursos estén bien empleados. Quizá su moción habría tenido que poner el acento en eso: Seamos capaces de propiciar aquellas buenas prácticas, como la catalana, que permiten
garantizar que los recursos estén bien empleados. Usted quiere aprovechar esta moción y situaciones de escándalo en las que compartimos con usted nuestra indignación, como la que se producía esta mañana, para debilitar el Estado de las autonomías.
Y ahí -y con ello termino, señora presidenta- le he de recordar que en esta materia hay sentencias del Tribunal Constitucional que son inequívocas: Las políticas de formación para el empleo deben ser gestionadas por las comunidades autónomas. Es
la Constitución; si la quieren cambiar, ya lo sabe: pónganse de acuerdo con las mayorías y quizá la pueda cambiar. Hoy por hoy, esa política le corresponde aplicarla a la Generalitat, en nuestro caso, y su moción no lo puede resolver.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para presentar también su enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Como han dicho ya los portavoces que me han precedido, la formación profesional para el empleo es la principal política activa de empleo o así está considerada. Son muchos los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales y económicos con
las comunidades autónomas; son muchos los proyectos y acciones desarrollados en los distintos niveles de financiación, en financiación europea, estatal, autonómica y local; han sido muchas las metodologías experimentadas, muchas las innovaciones a
lo largo de estos años en esta materia y todas y cada una de ellas han servido para ir mejorando la efectividad de esta política. Aun así, es cierto que queda mucho por hacer para conseguir facilitar de forma efectiva la incorporación al mercado de
trabajo de las personas desempleadas y queda mucho también por hacer para mejorar las competencias de los trabajadores y así mejorar la competitividad de las empresas. Pero no podemos olvidar que es mucho lo que se ha conseguido hasta ahora.
Uno de los principios que rigen la ejecución de esta política activa de empleo es el principio de subsidiariedad. Está demostrado que aquellas medidas de formación más efectivas son las que se desarrollan en un enfoque de abajo a arriba.
Hay muchos ejemplos de éxito, por ejemplo los planes territoriales de empleo, en los que los agentes sociales, las empresas de los distintos sectores, junto con la Administración local y la Administración autonómica, planifican, ejecutan y evalúan
las acciones formativas teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo de un territorio y también la prospección del mercado de trabajo de ese territorio, ligándolo al perfil de los empleados y de los desempleados. El grupo proponente ha
decidido poner énfasis en la necesidad de aumentar el control de la buena gestión de estos fondos públicos y desde el Grupo Socialista estamos convencidos de que hay que incrementar la vigilancia, no solo en la gestión de estos fondos para la
formación sino en todos los programas financiados con fondos públicos. Pero debo recordarles que ustedes obvian o, mejor dicho, infravaloran la función de control que ejercen quienes tienen la competencia, es decir, las comunidades autónomas,
independientemente de que podamos estar de acuerdo en que hay que intensificar esa vigilancia. Señorías, mejorar la gestión de la formación servirá para mejorar la transparencia, tan necesaria para evitar las generalizaciones en cuanto a las
prácticas fraudulentas. No se puede generalizar la mala gestión en políticas como esta, que han permitido, entre otras muchas cosas, que mujeres de más de cuarenta y cinco años que nunca habían trabajado encuentren su primer empleo, o que muchos
profesionales que no habían cursado formación reglada tengan una acreditación de su experiencia profesional, que muchos jóvenes que abandonaron el sistema educativo hayan vuelto a las aulas, o que muchos trabajadores se hayan adaptado a las nuevas
tecnologías que requerían sus empresas.
Señor Anchuelo, el Grupo Socialista no puede aceptar la moción presentada por UPyD en su conjunto, ya que parte de la idea -esa idea central en su ideario- de la recentralización de estas políticas, que quien conoce de verdad la realidad de
la ejecución de las mismas sabe que es un grave error. En nuestra enmienda proponemos muchas acciones que consideramos necesarias para mejorar la eficacia, como decía el señor Campuzano, una serie de propuestas que deben inundar nuestro debate
sobre este asunto. Propuestas como la de incrementar el presupuesto para equipararnos a otros países de nuestro entorno más desarrollados, que tienen un presupuesto mucho más alto en políticas activas de empleo; también adaptar la formación a esa
realidad productiva presente y futura de los territorios; incrementar la calidad del profesorado y de los contenidos impartidos para conseguir los certificados de profesionalidad; hacer posible que la oferta formativa de formación para el empleo
sea una oferta estable, que no sea una oferta sujeta a subvenciones y que haya que acumularla en un periodo del año en concreto; mejorar el papel de los servicios públicos de empleo para favorecer la equidad en el acceso a la formación y la
adecuación entre demandantes y oferta formativa; asimismo, que se implicara a las entidades colaboradoras en impartir la formación para el empleo, pero no solo en la formación sino también en la inserción laboral; especialmente se hace necesario
ahondar en la coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales entre la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional del sistema de empleo. Como ve, señor Anchuelo, proponemos grandes retos, pero ninguno
de ellos pasa por ir en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas. Además, por una cuestión de cumplimiento de las normas a
las que ustedes y nosotros estamos obligados, defendemos nuestra enmienda por una clara cuestión de eficacia en la gestión y de transparencia y de mejora permanente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Anchuelo, tengo que manifestarle que vamos a votar que no con relación a su moción y, de forma desagregada, a todos y cada uno de los puntos. El señor Coscubiela, con su característica generosidad, ha comentado que él no comprendía y
no consideraba regenerables cuatro aspectos conceptuales de su moción. Con el respeto que le tengo, me cuesta mucho decirle esto a usted: no considero regenerables ninguno de los once puntos de su moción. Se lo podría explicar detalladamente.
Punto 1: 'Promover una revisión extraordinaria de los expedientes de los cursos de formación para empleados y parados en todas las comunidades autónomas...' ¿Por qué? ¿Con qué legitimidad? ¿Quién realizará esa revisión? ¿Lo hará la
Administración General del Estado o los tribunales? Es un principio dispositivo de competencia autonómica, en virtud de prolija jurisprudencia constitucional.
Punto 2: 'Tener un papel más activo ante los Tribunales en la persecución de estos fraudes, personándose en las causas e instando a la Fiscalía a actuar.' ¿Quién insta? ¿Quién se persona? ¿Quién tiene legitimación procesal para
personarse? ¿Quién lo puede hacer? Reconozco el voluntarismo y la buena intención de sus pretensiones, pero aquí nos debemos a los requerimientos del ordenamiento jurídico y hay que tener un punto de rigor y, en tanto en cuanto esto no se
determine exactamente, estamos hablando de planteamientos puramente demagógicos y oportunistas, vinculados a ciertas circunstancias coetáneas ocurridas hoy mismo, pero nada serio. -Esto no es propio de su forma de actuar habitualmente, señor
Anchuelo.
Punto 3: 'Exigir la devolución y recuperar la mayor parte que sea posible de las cantidades defraudadas.' ¿Cuáles son las cantidades defraudadas? Me imagino que habrá sentencias firmes que identificarán cuál es la cuantía de las cantidades
defraudadas. ¿Cómo se pueden recuperar? Estamos hablando de un problema que ni siquiera la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el nuevo Código Procesal Penal han resuelto adecuadamente, y es que la recuperación de las cantidades defraudadas requiere
dos previsiones que son metafísicamente imposibles de determinar: la identificación y la cuantificación de las cantidades defraudadas y el procedimiento de recuperación de esas cantidades.
Punto 4: 'Establecer mecanismos para que la Administración General del Estado controle que las comunidades autónomas...' ¡Controle que las comunidades autónomas! Mire, señor Anchuelo, le considero conocedor del asunto. ¿En qué se basa la
existencia de las comunidades autónomas? En el llamado principio dispositivo. ¿Desde cuándo la Administración General del Estado puede controlar a las comunidades autónomas sin vulnerar el principio dispositivo y, por lo tanto, sin vulnerar el
título VIII de la
Constitución y la regulación, articulación o configuración del Estado español como un Estado autonómico? Explíquemelo.
Punto 5: 'Exigir a cualquier entidad los mismos requisitos de acreditación para impartir formación para empleo, eliminando la distinción existente entre organizaciones empresariales y sindicales... y entidades de formación acreditadas.'
¿Qué requisitos? ¿Cuáles son? En tanto en cuanto estamos hablando de la competencia autonómica, se configurarán en el ámbito autonómico planes de formación continua solo, no de la formación profesional en su conjunto porque una parte pertenece al
departamento de Educación, otra parte pertenece a las actuaciones en materia de formación profesional vinculadas a las políticas activas, y otra parte están privatizadas, puesto que a través de la Forcem, Hobetuz u otras organizaciones las
desarrollan entidades más representativas de carácter sindical y organizativas. ¿Cómo puede usted compelerles u obligarles a que actúen de determinada manera sin concretar de qué manera además quiere usted que actúen?
Punto 6: 'Prohibir la subcontratación de las actividades formativas...' ¿Cómo se hace esto cuando la legislación laboral prevé esta subcontratación? Pero subcontratación en cascada, hasta que una persona física individual, después del
primer contratista, después del segundo subcontratista, después del tercer subcontratista..., en el tracto final de la subcascada de subcontrataciones puede realizar esas actividades.
Punto 7: En la formación prioritariamente para ocupados -formación continua, para ocupados-, descentralizada y privatizada, la Forcem en el ámbito del Estado, Hobetuz y otras entidades homónimas donde haya sindicatos autonómicos más
representativos, y la mayoría de las acciones formativas deberán integrarse con un certificado de profesionalidad. ¿Qué certificado? ¿Con que características? ¿Con qué requerimientos? ¿Con qué acreditación de las acreditaciones que ustedes
imploran o invocan en esta petición?
Punto 8: ¿No se da cuenta, señor Anchuelo, de que este punto tiene una contradicción en sus propios términos en tanto en cuanto posibilita la elección libre de actividades formativas, pero luego posibilita la elección obligatoria de
actuaciones formativas vinculadas a perfiles profesionales?
Punto 9: Se mejorará la coordinación de los servicios públicos de empleo garantizando la posibilidad de que...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, como usted no lo ve, era para comunicarle que ya está en rojo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, casi le agradezco que me interrumpa en mi intervención, porque cuando uno tiene una posición particularmente crítica con un amigo personal, regodearse en la suerte con cierta crueldad parece algo
desmesurado e impropio de los usos parlamentarios en esta Cámara. Pero yo esperaba más de una proposición sobre un asunto tan importante para la empleabilidad de nuestros desempleados como es la formación profesional. No veo nada salvable ni
regenerable. Cuatro aspectos, decía el señor Coscubiela que no eran salvables, pero ninguno de los once lo son, y usted estará de acuerdo conmigo seguramente.
No necesito decirle que vamos a votar que no, con suavidad, a esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, también comparto de una forma radical la importancia de la que se dota al debate y a la formación profesional como elemento proactivo en la búsqueda de trabajo y, en definitiva, en la ruptura del desempleo para
muchas personas que sin esta formación difícilmente pueden acceder a los puestos de trabajo que el mercado demanda. En cuanto a la cuestión de la parte primera de la defensa que se hizo en la interpelación, y hoy en la moción por el grupo
proponente, hemos de decir que es importante no olvidar el pasado. Igualmente, hemos de decir que las cuestiones que han aflorado de fraude, tanto en Andalucía como en Madrid, se deben a los mecanismos de control ordinarios y, por lo tanto, entran
en la dinámica del control que está estructurado y organizado dentro de la Administración pública a este respecto. En este momento está muy avanzada la reforma, las ideas, las propuestas de lo que debe ser una actualización y una modernización del
sistema de la formación profesional para el empleo. Los interlocutores sociales están desarrollando esta labor y se traduce generalmente en acuerdos por todos, en los que se contribuye a cohesionar y estructurar la sociedad cuando las partes que
representan a empresarios y trabajadores llegan, junto al Gobierno y a esta Cámara -que en definitiva tiene la última palabra-, a consensos que materialicen estas mejoras.
En este sentido, nosotros -subo a la tribuna con un sabor agridulce, por expresarme con claridad- habíamos tratado de llegar a un acuerdo con el grupo proponente bajo la fórmula de una enmienda in voce, en el sentido de que este Congreso de
los Diputados hiciera una remisión a los agentes sociales para que tuvieran en consideración los planteamientos que desde aquí se formulen. El grupo proponente no lo ha tenido a bien y ha preferido ir a la fórmula de la desagregación de los
diversos puntos de su iniciativa para que se voten por separado. Con carácter previo -como he dicho- conviene recordar que el proceso ya está muy avanzado en negociación con los interlocutores sociales. He de decir además que el modelo que surja
-lo han expuesto otras portavoces antes que yo- debe ser respetuoso con el reparto competencial. Estamos completamente de acuerdo con la ineludible necesidad de respetar la ley, respetar las sentencias del Tribunal Constitucional y respetar las
competencias que cada uno tenga en el asunto. Eso sí, compartimos con carácter pleno la demanda de coordinación y de rendición de cuentas por las comunidades autónomas que se realiza, pero ello debe basarse no en un control unilateral, sino en un
nuevo espíritu de colaboración que caracteriza la actual relación de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas en el nuevo marco de las políticas de activación.
Tengo poco tiempo para intervenir y quería dar unos cuantos argumentos. Hay, por supuesto, cuestiones que compartimos y que vamos a apoyar. No voy a poder extenderme en cada una de ellas -el señor Olabarría ha podido llegar a hacerlo-,
pero diré que la visión que tenemos sobre el punto 1 -lo vamos a apoyar- es que cuando se suscita la petición de la promoción de una revisión extraordinaria de los expedientes nosotros lo contextualizamos por dejarlo claro, aquello de in claris non
fit interpretatio, dentro de la conferencia sectorial para las comunidades autónomas competentes que quieran actuar ante la sensibilidad de una parte de la sociedad que, posiblemente, demanda acciones de transparencia para evitar la sensación de
fraude, que también comparto, que no es generalizada pero sí hemos visto que en algunos momentos y en algunos lugares existe y tiene su importancia. Apoyaremos el punto 2. En cuanto a tener un papel más activo ante los tribunales, es como el frío
y el calor, es cuestión de grados. No sé muy bien dónde está más activo, menos activo o totalmente activo; es una cuestión de apreciación subjetiva. Los tribunales ya están actuando, los jueces van a decidir, la cuestión está judicializada, habrá
las sentencias que deba haber y las administraciones públicas ya están cooperando con las diversas administraciones de Justicia. ¿Exigir la devolución de la mayor parte que sea posible? Por supuesto. En cuanto a establecer mecanismos -punto 4-
para que la Administración General del Estado controle que las comunidades autónomas hagan un uso adecuado de los fondos estatales y europeos que se les transfiera, nos hubiera gustado más que en vez de utilizar la palabra 'controle', que es de
imposible encaje jurídico, se hubiera utilizado la de 'coordine' la actuación para que la transparencia se dé en todos los niveles institucionales y se pueda evitar con ello el fraude. Nos opondremos a los puntos 6, 7 y 8. En este último sí
estamos de acuerdo con lo de los desocupados, pero no en lo que se refiere a los trabajadores o empleados. En el punto 9, petición de mejora de coordinación de los servicios garantizando la posibilidad, etcétera, estamos en ello, como es natural, y
todo lo que sea mejorar la eficacia y la coordinación el Grupo Parlamentario Popular lo va a apoyar. El punto 10 dice: 'Se creará urgentemente una única web nacional de ofertas de empleo y formación que sustituya...' Ya está; en pocas semanas
estará en vigor y en práctica una ventanilla estatal única de empleo y formación, pero esto no puede ir en desdoro de las que existan en las comunidades autónomas. Y no se trata de sustituir, se trata de que las comunidades se sumen y de que todos
cooperemos al mismo fin de una buena formación y una buena conexión entre la oferta y la demanda, que es lo que importa a nuestros desempleados y a nuestros ciudadanos. Nosotros ya estamos en ello y lo único que demandamos es respeto a todos los
actores que están concernidos en esta cuestión. Respecto al punto número 11, lo votaremos negativamente.
Quiero decir que la filosofía de nuestra posición, sin perjuicio de los matices...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor AZPIROZ VILLAR: Acabo ahora mismo. Si me concede unos segundos, se lo agradezco.
El señor PRESIDENTE: Unos segundos nada más.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias.
Simplemente era por concluir, señor presidente, en el sentido de que nuestra posición de fondo, nuestra posición filosófica hoy aquí, dejando al margen determinadas cuestiones particulares, ha sido compartida por La Izquierda Plural y por
Convergència i Unió. El punto 1 de sus enmiendas de sustitución habla de la necesidad de actuar en conjunto con los interlocutores sociales. Nos hubiera gustado que hubieran tenido un papel más relevante, porque en última instancia las cuestiones
que hay que legislar son competencia de esta Cámara y aquí acabarán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Anchuelo, acerca de las enmiendas que le han presentado ¿qué me puede decir?
El señor ANCHUELO CREGO: Como se ha traslucido en el debate, pedimos la votación por puntos de nuestra moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo. Así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LOS DAÑOS QUE LA SEQUÍA ESTÁ PRODUCIENDO EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS Y APÍCOLAS. (Número
de expediente 173/000156).
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver la segunda moción que será el último punto que debatiremos esta tarde.
Moción consecuencia de interpelación, del Grupo Socialista, a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias,
ganaderas y apícolas. Para defender la iniciativa, tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
¿Por qué esta iniciativa? Esta iniciativa viene provocada por los datos ya constatados de la sequía y sus efectos; viene además motivada por la petición que han formulado los representantes del sector. La Agencia Estatal de Meteorología
ya ha destacado la situación de sequía en la que vivimos: en algunas zonas concretas de España podemos estar hablando de que no se recuerda una sequía como la actual desde hace cincuenta años y, en otras, no vivían esta situación desde hace casi
setenta años. Las organizaciones profesionales del sector agrario han destacado, por ejemplo, en Murcia pérdidas en cereales de 55.000 hectáreas, 4 millones de almendros; en Andalucía, especialmente en Almería, 62.000 hectáreas de almendros, 2.842
explotaciones ganaderas afectadas; en la Comunidad Valenciana se constatan pérdidas ya de más de 300 millones y habría que sumar sobrecostes en el sector cítrico de 240 millones, y estamos hablando de que en algunas zonas de la provincia de
Alicante la cosecha de vid se ve afectada ya en el 50 % y el cien por cien de secano, a lo que habría que añadir el olivar; el sur de Aragón sufre también con los cereales en la Baja Conca y en los Monegros, además de la ganadería de varias
comarcas; en Castilla-La Mancha se sufre especialmente en Ciudad Real, en Albacete y Toledo, pero ya afecta a otras provincias, y en zonas puntuales de Castilla y León y Extremadura. Esto ya ha sido denunciado por el Partido Socialista en todos y
cada uno de estos territorios. Estamos hablando de que hay más de 3 millones de hectáreas agrícolas afectadas. Hablamos de cultivos herbáceos: cereales, leguminosas, oleaginosas; hablamos de productos leñosos como pueden ser la vid, el olivar,
el almendro, pero también del regadío, del coste que está suponiendo para la producción de regadío y, por supuesto, de ganadería y ovino.
Además de los factores climáticos hay otros factores que agravan la situación y que vienen provocados por decisiones del Partido Popular. Estamos hablando de la situación del sistema nacional de seguros agrarios, que, como saben bien, pasó
de 300 millones con el anterior Gobierno -de esa herencia- a 200 millones con el Partido Popular, y que en muchas comunidades autónomas ya directamente ha desaparecido. Estamos hablando de que las primas han subido y de que la cobertura es menor.
El programa Agua es un programa diseñado como respuesta precisamente para afrontar estas situaciones que pudiera garantizar el abastecimiento especialmente en las zonas de costa. De hecho, esta situación no es más grave si cabe porque hay algunas
medidas de este programa que el Gobierno del PP no pudo parar
cuando llegó al Gobierno. Se ha aumentado el coste de la producción, hablamos de impuestos, hablamos de IBI, hablamos de coste energético, y además hay nuevos factores climáticos como el pedrisco que han sufrido varias zonas de España. De
ahí que hayamos aceptado la enmienda de Convergència i Unió al respecto de incluir otras adversidades climáticas. Hablamos de consecuencias económicas, hablamos de consecuencias laborales y también sociales en muchos territorios.
Ustedes tienen lo que pedimos claramente bien desgranado, que en definitiva y en resumen son medidas urgentes, medidas amplias, medidas coordinadas dentro del Gobierno con las comunidades autónomas que, sobre todo, tengan un amparo legal que
garantice el cumplimiento de las mismas. Eso se llama real decreto, un real decreto que incluya un fondo extraordinario destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas; a
establecer líneas de preferencia de créditos ICO; medidas fiscales tanto en el IRPF como en el IBI -por cierto, en el IBI compensando a los ayuntamientos porque si no, al final es el ayuntamiento el que acaba asumiendo nuevamente el coste de estas
medidas-; moratorias en el pago de la Seguridad Social, y que se haga un listado de los términos municipales afectados para que haya ayudas directamente a dichos municipios, todo coordinado con las comunidades autónomas; a formalizar convenios con
las entidades financieras para flexibilizar los pagos, los requisitos, todo lo que tiene que ver con la PAC; a reducir las tarifas eléctricas; a recuperar la aportación de la Administración General del Estado a los planes nacionales de seguro.
Repito, medidas urgentes, medidas amplias, medidas coordinadas dentro del Gobierno con las comunidades autónomas, y todo ello con un amparo legal. Eso se llama real decreto, y pedimos que lo hagan ya, que lo hagan para junio.
¿De dónde salen estas peticiones? ¿Ha venido aquí el Partido Socialista a traer una serie de ideas que se le han ido ocurriendo? No, esto es lo que han propuesto las organizaciones del sector, lo decía antes: Asaja, UPA, COAG, Unió de
Llauradors; todos ellos han reclamado todo lo que pedimos en nuestra iniciativa, pero también comunidades autónomas del Partido Popular. Con esta iniciativa el Partido Socialista demuestra que es coherente y el Partido Popular demuestra que tiene
un doble discurso. Si ustedes leen el Real Decreto de junio de 2005 verán todas estas medidas, por tanto, no pueden decir: ustedes ahora piden lo que no hicieron. No, pedimos lo que hicimos y lo pedimos cuando lo hicimos, que fue en junio.
Pusimos en marcha el programa Agua, hicimos la modernización de radios que ustedes han paralizado, hicimos la mejora del seguro agrario, contribuimos al desarrollo rural y, sobre todo, hemos dicho lo mismo en la Comunitat Valenciana, en Murcia y en
otras regiones que en las Cortes Generales.
¿Por qué digo lo del doble discurso del PP? Porque si ustedes leen las actas de esta sede parlamentaria, verán que dicen todo lo contrario de lo que dijeron en junio de 2005. Si vamos a las comunidades autónomas, ustedes dicen una cosa
allí y votan la contraria en las Cortes Generales. Además, podemos comprobar que el ministerio correspondiente del área de agricultura dice una cosa y otros ministerios lo contrario. Por tanto, les pedimos que pasen de los estudios, de tanto
estudiar, a dar un amparo a las medidas. No es incompatible seguir estudiando la situación con aprobar ya este decreto que va a permitir dar una solución pronta y rápida a esa situación.
Acabo con la aceptación de las enmiendas de Convergència i Unió y de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida-La Izquierda Plural, que es una reflexión más amplia que ya nos hemos comprometido a realizar, pero que no se verá reflejada en el
voto final. En cuanto a la enmienda del Partido Popular se limita nuevamente a estudiar muchas cosas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
Como el señor Campos ha manifestado, hay varias enmiendas. En primer lugar, por La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
La Izquierda Plural apoya el contenido de esta moción. En anteriores debates hemos tenido ocasión de hablar de las granizadas que afectaron especialmente a Catalunya y a Aragón y, de otros fenómenos, por ejemplo, de los incendios que han
afectado especialmente al sector agrícola y ganadero. Compartimos el contenido de la moción y también de la enmienda que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, porque estas medidas son extrapolables a otros territorios y a otros fenómenos,
por lo que creemos fundamental introducir un debate que vaya más allá de la reacción ante estos fenómenos. Cuando hablamos de sequía, de granizadas o de incendios tenemos que hablar de fenómenos que seguramente irán creciendo si no ponemos medidas
paliativas y preventivas. Las cuestiones como el cambio climático,
que parecen muy alejadas de lo que es la urgencia del momento, tienen mucho que ver con las consecuencias del cambio climático y con fenómenos como la sequía es especialmente evidente. Por tanto, cuando hablamos sobre qué medidas hay que
tomar más allá de las medidas a corto plazo, hay que mirar en el medio y largo plazo y en cómo prevenimos y adaptamos un sector especialmente vulnerable a estos fenómenos.
El agua es uno de los principales bienes para mantener el sector agrícola y ganadero, pero además de los principales recursos naturales que tiene este país es un recurso que tenemos que saber que es escaso. La política del Gobierno, en este
sentido, no ha ido acompañada de esa visión de recurso escaso y de la necesidad de promover medidas de ahorro y de eficiencia; todo lo contrario, se ha promovido un uso intensivo del agua, de la privatización y de la mercantilización. Sabemos que
es un recurso limitado y no podemos hipotecar ni el presente ni el futuro. En consecuencia, nuestra enmienda tiene que ver con cómo cambiamos esta situación, por lo que planteamos hacer este debate sobre las consecuencias de una sequía, una sequía
extrema y severa en muchas zonas del territorio. Emplacémonos, tanto Gobierno como comunidades autónomas y todos los actores implicados, para buscar soluciones a medio y largo plazo que garanticen una planificación y gestión del agua, de acuerdo
con los principios de ahorro y eficiencia. Se ha de priorizar el uso conforme a la Directiva-marco del Agua y hay que introducir también la adaptación al cambio climático y la preservación medioambiental en este sector, el sector agrícola y
ganadero, promoviendo unos tipos de cultivo más competitivos y que se puedan adaptar a estas situaciones extremas a largo plazo.
En muchas de las zonas de las que hablamos se ha promovido un modelo productivo completamente contrario no solo a nivel agrícola, sino también con la promoción de campos de golf donde no hay agua o un modelo urbanístico donde no existen
recursos. Cuando hablamos de medidas urgentes es importante referirse al medio y largo plazo. Es un debate pertinente que no debería ser aplazado. Tampoco exigimos una medida completa, sino que nos reunamos para hablar sobre cómo nos adaptamos.
Sería pertinente incluir esta enmienda en esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra para defender su enmienda el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ha dicho el portavoz socialista, que acepta nuestra enmienda y al que agradecemos su predisposición, estamos en primavera-verano y, como cada año en estas fechas, tenemos que articular mecanismos o iniciativas para dar respuesta a los
daños ocasionados por las diferentes inclemencias meteorológicas. Por tanto, Convergència i Unió aprovecha con buena intención la moción presentada por el Grupo Socialista para ampliarla y dar también cobertura no solo a los pedriscos de la semana
pasada o de ayer mismo en Cataluña y en otros lugares, sino también para que el Gobierno haga un real decreto-ley para que en el mes de junio demos ya cobertura a cualquier incidencia meteorológica que ocurra hasta el otoño.
Para concretar, nuestro grupo presenta esta enmienda porque la semana pasada empezamos con las fatídicas adversidades climatológicas en las comarcas de Tarragona, en las comarcas del Priorat, del Alt Camp y del Tarragonès; en Lleida, el Alt
Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera y Urgell, así como en otros sitios de la demarcación de Barcelona. Ayer mismo tuvimos conocimiento de pedriscos muy importantes, sobre todo en el Alt Urgell y en la comarca de Pla d'Urgell. Por tanto,
aprovechamos esta moción para dar cobertura no solo al daño de la sequía, sino también a cualquier incidencia, sean inundaciones, pedriscos, incendios, como ha dicho la portavoz de La Izquierda Plural; para dar respuesta de una vez por todas a
cualquier incidencia que ocurra a partir de hoy hasta el otoño. Agradecemos que en su intervención haya incorporado en su argumentario los términos 'otras adversidades climáticas' y que, por tanto, se dé por hecho que la buena intención del grupo
proponente no es solo dar respuesta a un hecho concreto, sino también dar cobertura a cualquier incidencia que pueda ocurrir. Por tanto, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Popular y para presentar su enmienda, tiene la palabra el señor Pacheco.
El señor PACHECO ATIENZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tengo el honor de intervenir en el día de hoy en esta sesión plenaria para exponer y defender la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista como
consecuencia de la interpelación urgente de dicho grupo a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar por el ministerio para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias,
ganaderas y apícolas.
Señorías del Grupo Socialista, creo que su propuesta no es del todo acertada ya que, en primer lugar, he de indicarles que el sector agrícola y los ganaderos no han pedido un decreto nacional de sequía. El Grupo Parlamentario Popular y el
Partido Popular también hablan con las asociaciones agrarias y con los ganaderos. No lo han pedido durante las reuniones que hemos mantenido con ellos; lo que piden son soluciones inmediatas, no papeles. En todo momento tanto la ministra García
Tejerina como todo su equipo han mostrado su total predisposición a colaborar para paliar cuanto antes de una manera u otra los daños causados por esta sequía. Señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, creo que no van por el camino
correcto, porque no puede pedirse un decreto nacional de sequía en un año hidrológico medio, en el que están los pantanos casi al 80 % de su capacidad. La sequía no ha sido igual en todas las regiones de España, porque en otras regiones ha habido
muchísima abundancia de agua.
En este contexto, ¿qué pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular al ministerio? Que a la mayor brevedad posible ponga en marcha un amplio paquete de medidas y ayudas que contribuyan a paliar los daños a los ganaderos y a los cultivos de
secano afectados por la sequía. Tomando como base la demanda de los agricultores y ganaderos es como hemos hecho nuestra enmienda a su moción. Los puntos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular son los siguientes. Primer punto. Que el
ministerio, junto con las comunidades autónomas afectadas y las OPA, continúen con el grupo de trabajo creado para estudiar la forma más adecuada de apoyar a los productores afectados por la sequía en sus cultivos y ganadería, y en especial para
compensar los daños al arbolado, que no está contemplado en las actuales pólizas del seguro agrario. Segundo punto. Que el ministerio a través de Saeca facilitará la bonificación de los costes de los avales necesarios para que las entidades
financieras concedan los créditos necesarios. Tercer punto. El ministerio concederá una carencia especial de un año en los préstamos a planes de modernización de explotaciones y de incorporación de jóvenes agricultores. Cuarto punto. En relación
con el IBI de naturaleza rústica, se estudiará por el grupo de trabajo mencionado anteriormente la posibilidad de la exención del cobro en función de la gravedad de los perjuicios causados a las explotaciones agrarias. Quinto punto. El Ministerio
de Empleo y Seguridad Social fijará las condiciones para facilitar el acceso de los afectados a moratorias en el pago de las cotizaciones. Y sexto punto. El ministerio junto con las comunidades autónomas solicitará a la Comisión el adelanto de los
pagos correspondientes a la ayuda de la PAC del ejercicio 2014-2015 lo antes posible. Esta ha sido la línea, señorías, que desde hace más de dos meses está llevando a cabo el Partido Popular en el tema de la sequía, trabajando muy estrechamente con
nuestros agricultores y ganaderos, sin hacer ruido pero recogiendo y trasladando cuantas reivindicaciones se han hecho por parte de los sectores afectados. Es más, tengo que decir que las principales organizaciones agrarias han declarado que en
todo momento han tenido el apoyo del Gobierno y una buena predisposición para combatir esta sequía por parte de la Administración a la mayor brevedad. ¿Y cuál ha sido la postura, por otro lado, del Partido Socialista? Lo primero una demagogia
absoluta. Solo les ha faltado a ustedes culpar a los Gobiernos del Partido Popular de que no llueva y de que estemos atravesando el periodo de sequía más grave en los últimos cien años. Pues bien, señorías, hace unas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio. Continúe.
El señor PACHECO ATIENZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace solo unas semanas se producía una reunión al más alto nivel en Bruselas entre el eurodiputado electo y presidente del Comité de las Regiones, Ramón Luis Valcárcel, el comisario europeo Ciolos y el presidente de la Comunidad
Autónoma Murciana, Alberto Garre, para abordar la necesidad de que la Comisión Europea intervenga en este tema tan delicado, adelantando lo antes posible las ayudas y medidas para España. Estas son las propuestas que hemos recogido del sector y que
ya están encima de la mesa del ministerio, que desde el primer momento ha mostrado una total predisposición a combatir esta sequía con las medidas mencionadas.
No aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán ni por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Entendemos que nuestra enmienda de modificación recoge de forma fehaciente la
realidad del campo español afectado, que necesita de estas ayudas propuestas. Señoras y señores diputados, esperamos su voto a favor de nuestra enmienda y agradezco su atención.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pacheco.
Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Por las heladas del campo valenciano de 2012 aún se están esperando ayudas que no vinieron y este año es la sequía la que... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
¡Por favor, ruego que se atienda al orador!
Continúe, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Decía que este año es la sequía la que está devastando los campos, que afrontan la peor sequía en el último medio siglo. En tierras valencianas apenas ha llovido un 30 % de lo que es normal. La agricultura
mediterránea, tan castigada siempre, aporta una parte importante del PIB agrario; sin embargo, ahora que tiene un serio problema con la sequía, las ayudas que hasta el momento han ofrecido tanto el ministerio como la Generalitat son absolutamente
ridículas, decepcionantes. Han puesto sobre la mesa 20 millones para los agricultores y ganaderos valencianos cuando las pérdidas son notablemente superiores. En concreto, el sindicato de La Unió las estima en más de 320 millones de euros; por
tanto, los 20 millones son una limosna insignificante, insuficiente, que apenas cubre un 6 % de lo que dejarán de ganar agricultores y ganaderos valencianos. Si además añadimos que las pérdidas se producen en cultivos que o bien no tienen ayudas de
la Unión Europea o bien reciben muy pocos fondos europeos, a lo que hay que sumar los efectos devastadores de unos precios muy bajos, el desastre está servido. Unas cifras elocuentes del campo valenciano: los cítricos tendrán este año unos
sobrecostes productivos de 240 millones de euros, con unos precios absolutamente tirados, por los suelos. (Rumores). Los ganaderos pagan cada día...
El señor PRESIDENTE: Por favor, estoy dispuesto a suspender el Pleno hasta que haya silencio, para que se pueda oír al orador. Continúe.
El señor BALDOVÍ RODA: Los ganaderos hoy ya pagan cada día que pasa 14.000 euros de sobrecoste para alimentar al ganado por la falta de pastos y se ha perdido más del 50 % de la cosecha de uva en las diferentes denominaciones de origen
valencianas. Por eso urge que se tomen medidas para compensar las importantes pérdidas que están teniendo los agricultores y ganaderos este año especialmente duro por la sequía. Estos agricultores y ganaderos no entenderían que hoy el PP votara en
contra, no entenderían que hoy el PP valenciano volviera a votar en contra de esta proposición o que el Gobierno mirara hacia otro lado. Señorías del Partido Popular, no dejen abandonado al campo, cada día que pasa la situación es mucho más grave y
el campo necesita que le ayudemos, no que miremos para otro lado. Por eso anunciamos nuestro voto a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente y desde el escaño para, en nombre de mi grupo, decir que el Grupo Socialista ha presentado una moción para paliar las consecuencias de la sequía en gran parte del territorio de la Península, una gravísima situación que
entendemos y conocemos que existe. En el caso de Euskadi no hemos tenido problemas con la sequía, pero hemos tenido problemas con otras inclemencias. Esto es una especie de Día de la marmota, porque todos los años por estas fechas solemos tener la
solicitud de que se tomen unas medidas urgentes en torno a la sequía, que siempre suelen ser verdad, pero lo que ocurre es que cuando gobierna el Partido Socialista es el Partido Popular el que solicita siempre medidas urgentes para paliar las
consecuencias de la sequía y cuando gobierna el Partido Popular es el Partido Socialista
el que las solicita, y es una especie de Día de la marmota. Y tanto el Gobierno de unos como el de otros se defiende y dice que ya están haciendo todo lo posible.
Dicho esto, nuestro grupo apoyará la moción que ha presentado el Grupo Socialista, porque nos parece además oportuna la incorporación de la enmienda de CiU, que dice que también hay que tener en cuenta otra serie de inclemencias y de
desastres naturales, como pueden ser el granizo, la piedra o incluso las inundaciones, porque cada lugar tiene una serie de inclemencias que destrozan y que ponen en una situación muy peligrosa y muy grave a la agricultura. Un aspecto muy
importante para nosotros que se plantea en esta moción es el que hace referencia a los seguros agrarios y efectivamente la aportación del Estado se ha reducido de manera importante y como consecuencia la aportación sectorial se ha incrementado, y
nosotros creemos que eso es algo que debe equilibrarse y la balanza debe quedar en su sitio. También creo que el tema de los riesgos debe abordarse en su globalidad, como decía. No podemos estar pidiendo parches concretos sobre un tema referido a
la sequía, otro día por un tema de inundaciones, otro día por un tema de pedrisco, por ejemplo; por lo tanto, habría que tomar medidas más globales, medidas para las consecuencias derivadas de desastres naturales que pueden agravar la situación de
la agricultura. En global nosotros creemos que las comunidades autónomas deberían ser las competentes. En el caso de Euskadi es competente en esta materia; nosotros lo hemos solicitado al Estado, creemos que en aquellas cuestiones que nos
corresponde la transferencia deberíamos ser los ejecutores de las mismas. Dicho esto y para no alargarme más, apoyaremos la propuesta del Grupo Socialista y nos solidarizamos con todos aquellos agricultores que han padecido las consecuencias de la
sequía y de otra serie de inclemencias. Ante una situación complicada como la de la agricultura, y más si tiene problemas de esta índole, problemas derivados de causas naturales, hay que hacer un esfuerzo por parte de las administraciones
correspondientes para que esto se supere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Quiero decir que estamos a favor de flexibilizar la respuesta de las administraciones ante un problema tan grave como el de la sequía este año, de que se doten los equipos de peritación, de que se agilice la respuesta más concretamente en
cosas que tienen que ver con la PAC, etcétera. También quiero recordar -me parece importante- que en nuestro país existe un sistema de estabilización automática para este tipo de problemas, los seguros agrarios; hemos dicho a menudo que es un
modelo que debiéramos exportar a Europa, podríamos exportarlo con la cabeza bien alta. Asimismo quiero recordar que las medidas que se proponen hoy aquí por parte del Partido Socialista o que se han tomado en el pasado por parte del Partido Popular
no requieren de reales decretos-leyes, que tanto parecen gustar al bipartidismo y que, aparte de hablar mal de la calidad democrática o del trabajo de esta Cámara, dejan claro el nulo trabajo en prevención que se hace en muchas cosas, y
especialmente en esto, porque deberíamos recordar que lamentablemente las sequías en esta época y en determinados lugares son muy comunes, son lo normal, son la habitual, y además en algunos lugares vamos a más todavía. Por tanto, debiéramos haber
trabajado todo ese tema que tiene que ver con los trasvases, con los embalses y con los planes hidrológicos. Repito, prevención. Por tanto, medidas para lo que ha ocurrido, que ayuden a la agricultura de secano, a los ganaderos y a todo afectado
serán bienvenidas, pero también todo aquello que tiene que ver, repito, con la prevención, y para eso es necesaria -y volvemos a pedirlo aquí- una revisión del Plan Hidrológico Nacional.
Estoy completamente de acuerdo con la enmienda que ha presentado Convergència i Unió porque me parece también necesario tratar el tema del pedrisco, pero no olvidemos algunas otras derivadas que tienen las consecuencias de esta sequía; en
mi comunidad autónoma, en Valencia, sin ir más lejos el tema de los incendios, que de nuevo vuelve a poner el acento en lo que acabo de decir respecto de la sequía o el pedrisco: nula política de prevención. Nos parece importante denunciar esto.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Señor Campos, aunque ya ha contestado, a efectos oficiales le pregunto qué enmiendas acepta.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Señor presidente, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió, pero no aceptamos la de Izquierda Unida ni la del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
En dos minutos estaremos votando. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS ANTE LA INSOLVENCIA PERSONAL Y DE PROTECCIÓN ANTE EL SOBREENDEUDAMIENTO. (Número de expediente 122/000131).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.
Proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento. Ha habido un voto telemático. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 139 más 1 voto telemático, 140; en contra, 168; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REFORMA DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO, PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL Y DE DEUDA SUBORDINADA A LOS AHORRADORES SIN EXPERIENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 122/000154).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las
participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada a los ahorradores sin experiencia financiera. Hay también un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 140 más 1 voto telemático, 141; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO. (Número de expediente 162/000961).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y la Alianza del Pacífico. Hay una enmienda aceptada del Grupo Mixto, del señor Salvador, y otra de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 287; en contra, 1; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA REASIGNACIÓN DE LAS TRES DÉCIMAS DEL OBJETIVO DE DÉFICIT CONCEDIDO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES EN 2014 A LAS QUE HA RENUNCIADO EL GOBIERNO.
(Número de expediente 162/000967).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en 2014 a las que ha
renunciado el Gobierno. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 133; en contra, 173; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REFORMAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO A FIN DE GARANTIZAR SU EFICACIA Y ELIMINAR EL FRAUDE. (Número de expediente
173/000159).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para reformar la formación profesional para el empleo a fin de garantizar su eficacia y eliminar el fraude. Se va a votar
en sus términos, pero hay once votaciones.
Punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 175; en contra, 132; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 292; en contra, 11; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 294; en contra, 11; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 174; en contra, 133; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 173; en contra, 15; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 5; en contra, 179; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 125; en contra, 178; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 6; en contra, 179; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 282; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto número 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 172; en contra, 26; abstenciones, 109.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalmente, punto número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 7; en contra, 190; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LOS DAÑOS QUE LA SEQUÍA ESTÁ PRODUCIENDO EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANADERAS Y APÍCOLAS. (Número
de expediente 173/000156)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y
apícolas. Se vota con la enmienda de Convergència i Unió, que ha sido aceptada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 138; en contra, 168; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.
En el Diario de Sesiones número 204, correspondiente a la sesión plenaria número 192, celebrada el miércoles 11 de junio de 2014, en la página 12, en la intervención del señor Duran i Lleida, segundo párrafo, línea decimocuarta, donde dice
'...para ganar simplemente votos para el PSOE;' debe decir 'para ganar simplemente votos al PSOE;'.