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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 199, de 13/05/2014
cve: DSCD-10-PL-199
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 199
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 187
celebrada el martes,
13 de mayo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 155-1, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000134) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de
infracciones y sanciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 159-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000137) ... (Página18)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 381, de 23 de diciembre de
2013. (Número de expediente 162/000819) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 398, de 7 de febrero de 2014. (Número de expediente 162/000860) ...
(Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 173/000149) ... (Página43)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si se están adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su
opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el actual marco constitucional. (Número de expediente 173/000150) ... (Página50)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica. (Número de expediente 173/000151) ... (Página57)
Minuto de silencio ... (Página64)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página64)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página65)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página6)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la sesión de mañana, en el sentido
de intercambiar el orden de debate de las interpelaciones urgentes, de modo que se debata en primer lugar la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la LOMCE, que la
devalúa, y las consecuencias de su aplicación, y en último lugar la del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Merino
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de
infracciones y sanciones ... (Página18)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley el señor Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada hace uso de la palabra el señor Pastor González.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y la señora Álvarez-Arenas Cisneros.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presenta hace uso de la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página43)
Defiende la moción el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i
Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si se están adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión
en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el actual marco constitucional ... (Página50)
Defiende la moción el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma y la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Nuet Pujals, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Escobar las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo hace uso de la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica ... (Página57)
Defiende la moción el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Martínez-Pujalte
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo hace uso de la palabra el señor Hurtado Zurera.
Minuto de silencio ... (Página64)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en señal de duelo por el asesinato de Isabel Carrasco Lorenzo, presidenta de la Diputación de León.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página64)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 140 votos a favor, más 1 voto telemático, 141; y 172 en contra,
más 1 voto telemático, 173.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, se rechaza por 138 votos telemáticos, más 1 voto telemático, 139; 173 en contra, más 1 voto telemático, 174, y 2 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios, se aprueba por 176 votos a favor, 127
en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo, con la incorporación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 138 votos a favor y 175 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desempeño de sus funciones por parte del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se rechaza por 41
votos a favor, 180 en contra y 92 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conocer si está
adoptando medidas, desde el Ministerio del Interior, destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el
actual marco constitucional, se rechaza por 132 votos a favor, 180 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica, se rechaza por 121
votos a favor; 172 en contra y 18 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento y habiendo sido acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de intercambiar el orden de debate de las
interpelaciones urgentes que figuran en el mismo como puntos 25 y 28, de tal manera que pase a debatirse en primer lugar la interpelación del Grupo Catalán de Convergència i Unió y en último lugar la interpelación del Grupo Mixto, de la señora
Oramas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000134).
El señor PRESIDENTE: Punto 1 del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre incremento del salario mínimo interprofesional. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, como saben ustedes, el Gobierno ha decidido congelar el salario mínimo en el año 2014; hizo lo propio en el año 2012 y en el año 2013 solo estableció una subida mínima del 0,6 %. Sin duda esto conduce a una pérdida del poder
adquisitivo, de la capacidad real de compra de una parte de los trabajadores, aquellos que perciben el salario mínimo y, por extensión, como la evidencia empírica demuestra, de los trabajadores que reciben rentas o salarios cercanos al salario
mínimo. Observen sus señorías que antes del Estatuto de los Trabajadores existía una práctica desde los años sesenta de fijar un salario mínimo, incluso durante la dictadura. Pues bien, esto que ha ocurrido en estos dos últimos ejercicios no había
ocurrido jamás en España, desde los años sesenta nunca se produjo una congelación en dos ejercicios seguidos y con una subida en medio del 0,6 %. En nuestra historia reciente el salario mínimo experimentó una continua mejora nominal. Cierto es que
el verdadero aumento del poder adquisitivo y de forma notable se produjo entre los años 2004 a 2009. Los años 2010 y 2011, debido a la crisis económica, el anterior Gobierno socialista hizo un esfuerzo notable e incrementó el salario mínimo en un
1,5 % y 1,3 %, lo que contrasta vivamente con los datos que les acabo de dar: lo ocurrido en el año 2012, congelación; 2013, subida del 0,6 %; 2014, congelación de nuevo.
El Estatuto de los Trabajadores fija en su artículo 27 que el Gobierno establecerá, después de la consulta con los interlocutores sociales, el salario mínimo teniendo en cuenta una serie de variables, tales como el índice de precios al
consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Del mismo modo, dicho artículo prescribe una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las
previsiones sobre el índice de precios citados. Pues bien, señorías, con estos parámetros y con la severa crisis que padecemos, es muy difícil imaginar que el salario mínimo deba perder poder adquisitivo de forma tan severa, más aún para aquellas
unidades familiares donde solo hay un perceptor y este perceptor, con una sola fuente de ingresos, percibe el salario mínimo. En estos casos, señorías, la situación puede calificarse de dramática, pues estos perceptores se encuentran ya muy cerca
del umbral de la pobreza. O, dicho de otro modo, de no haber sido por las fuertes subidas del salario mínimo en los años 2004 a 2009 -aquí muestro la gráfica de lo ocurrido en los últimos años en España-, de no haber sido por esas tan intensas
subidas que alcanzaron el 40 %, de haber continuado la tendencia de los Gobiernos conservadores del señor Aznar 1996-2004, corroboradas hoy por la práctica del Gobierno del señor Rajoy, hoy los perceptores del salario mínimo estarían por debajo del
umbral de la pobreza, es decir, trabajando sin garantizarse un ingreso mínimo para vivir con dignidad, algo que las sociedades modernas deberían impedir a toda costa. Fue solo gracias a esas subidas muy por encima de la inflación de los años que
les he indicado por lo que hoy, a pesar de estas congelaciones, todavía el salario mínimo se encuentra por encima de la línea que marca la pobreza relativa.
La pertenencia de España a la Unión Europea nos sitúa en un espacio económico integrado. Por ello, las principales variables que afectan a los factores que determinan el crecimiento económico deberían
tender a la armonización. No es así en el caso de los salarios y menos aún en el del salario mínimo, como ponen, por cierto, de manifiesto la continua caída de los salarios en España y la menor participación del trabajo en el PIB ahora y en
el futuro, como el propio Gobierno de España, el actual, reconoce en el plan de reformas que ha enviado a Bruselas. Mientras, por cierto, siguen aumentando las retribuciones de los consejeros de empresas cotizadas, lo que no tiene ningún sentido
económico, como luego veremos, y desde luego éticamente, señorías, resulta insoportable. España tiene además uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea, tanto se mida de modo nominal como en paridad de compra; solo está y muy
ligeramente por encima de Grecia y Portugal. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que, a pesar de los esfuerzos que realizamos los Gobiernos socialistas, todavía hoy el salario mínimo interprofesional en España, con respecto a los países que lo
tienen establecido con carácter general y obligatorio, es inferior al de algunos países cuya renta per capita es menor que la española. Una de las consecuencias más graves de esta situación es el aumento de las desigualdades, el riesgo de la
pérdida de cohesión social que esto genera para cientos de miles de familias con tan bajos ingresos. Es evidente que la congelación del salario mínimo tiene consecuencias negativas y se aleja de los compromisos firmados por España en la Carta
Social Europea que, como saben, debería acercar el salario mínimo al 60 % del salario medio del país. Cada vez estamos más lejos de ese objetivo, solo entre los años 2004 y 2009 nos acercamos -un 42 % de esa cantidad-, y hoy de nuevo nos estamos
alejando del salario medio. Desde entonces, como digo, se viene produciendo un retroceso que nos aleja más y más del cumplimiento de aquel objetivo y de los estándares internacionalmente aceptados de bienestar social.
¿Por qué se produce esto? Señorías, se produce porque las doctrinas clásicas neoliberales, inspiradas por la formidable ofensiva neoconservadora de los años ochenta, defendían y defienden que son necesarias las desigualdades sociales,
especialmente en el terreno de los salarios, para incentivar el emprendimiento y mejorar la actividad económica, y en nombre de estas doctrinas se han venido tomando en el mundo desarrollado decisiones lesivas para la mayoría de los ciudadanos, que
han acabado agrandando enormemente las desigualdades. Hoy cabe preguntarse si esto ha fortalecido el crecimiento económico o si ha mejorado las bases de una economía estable, competitiva y sostenible. Pues no, la respuesta es negativa. Cada vez
existen más evidencias empíricas de lo contrario, de que el peligroso aumento de las desigualdades constituye el mayor desafío de nuestro tiempo, como recordaba el presidente Barack Obama en un discurso hace unos meses en Estados Unidos. Solo si se
consiguen corregir dichas desigualdades será posible un mejor crecimiento económico. Y recordaba el presidente Obama que, a la luz de la experiencia acumulada en los últimos cuarenta años, se puede afirmar que donde hay grandes desigualdades -este
es un hecho empírico- el crecimiento económico es más frágil y las recesiones son más frecuentes. Y añadía -y lo suscribo- que es un error pensar que reducción de desigualdades y crecimiento económico están en conflicto; bien al contrario, deben
trabajar en concierto, de modo que una corrección de las mismas, de las desigualdades, se traducirá en un mejor y más sostenido crecimiento económico. En este tiempo, en los últimos cuarenta años, y tomando como referencia los países del mundo
rico, de la OCDE, sin duda los más avanzados del mundo, las desigualdades han crecido de forma alarmante. Recordaba hace poco el señor Gurría, responsable de la OCDE, que cada vez menos se hacen con más parte del ingreso nacional en estos países,
en los de la OCDE, también en España, y cada vez una porción mayor de ciudadanos recibe una porción menor de la renta nacional. El caso de Estados Unidos es paradigmático, pero no el único. En los años sesenta el 10 % de la población recibía el 30
% del ingreso nacional; hoy ese mismo 10 % recibe el 50 % del ingreso. Tomando el ejemplo del mismo país donde más estudios empíricos se han realizado, las diferencias entre el salario medio de la mayor parte de la población y los ejecutivos de
las empresas ha variado de una manera que solo puede calificarse de escandalosa. En los años sesenta y setenta la diferencia entre el salario medio de un trabajador en una empresa y su ejecutivo estaba en las veinte o treinta veces -más el
ejecutivo, obviamente- y hoy es de trescientas veces: trescientas. Este patrón se ha extendido prácticamente a todos los países de la OCDE, entre ellos España -siempre con retraso-, como por cierto indicaba un informe publicado en un medio
nacional el pasado domingo analizando las retribuciones de los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas. Este aumento de las desigualdades está generando una enorme preocupación entre los investigadores de la economía, y
no solo por los efectos sociales, sino también por los efectos económicos. Cada vez hay más consenso sobre los perversos efectos de este aumento de las desigualdades en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la desigualdad reduce la movilidad
social. Resulta, por tanto, que sus efectos son duraderos en el tiempo y esto aumenta su peligrosidad. Además, ya no afecta a una minoría de personas el aumento de las
desigualdades, no; es un fenómeno frecuente y transversal. Está afectando de lleno a la llamada clase media trabajadora, espina dorsal de nuestras sociedades, pues es la verdadera maquinaria que mueve el motor de la economía actual. El
impacto de la desigualdad, por tanto, señorías, es muy negativo para todos.
Desde hace mucho tiempo es conocido y aceptado que altos niveles de desigualdad suponen elevados costes sociales, entorpecen la movilidad social, crean conflictos sociales, aumentan la tasa de criminalidad, reducen las perspectivas de un
mercado laboral al impedir que la economía pueda aprovechar todo el potencial de los grupos más vulnerables. No debe, pues, extrañar la preocupación, incluso la alarma, de los organismos internacionales ante este fenómeno. Incluso el FMI, poco
proclive en el pasado al impulso de políticas que mejoren la igualdad de oportunidades, está dando la voz de alarma. Pero ¿tiene efectos negativos este aumento de desigualdades también sobre el crecimiento económico? También, señorías. Las
evidencias se acumulan. El impacto es negativo al menos en tres órdenes de factores. Primero, en educación. Cuando hay menos ingresos se invierte menos en la formación de los miembros de la familia, y esto tiene un enorme impacto negativo en el
crecimiento económico a largo plazo. Segundo, en el consumo. El consumo representa el 70 % de las economías modernas y si una parte importante de la población tiene menos ingresos, obviamente se produce o una ralentización del crecimiento
económico o una caída del mismo. Y tercero, en el sistema democrático. El aumento de las desigualdades genera un sobrepoder por parte de quienes hacen con más recursos, lo que les permite influir sobre los poderes públicos para mantener y
perpetuar sus privilegios. El salario mínimo, señorías, es una muestra de todo ello. Su disminución aumenta las desigualdades, su aumento mejora la calidad de vida de importantes capas de la población, tanto para quienes perciben ese salario como
para los trabajadores que tienen un salario próximo al mismo. Un aumento del salario mínimo mejora inmediatamente -está empíricamente demostrado- las perspectivas del crecimiento económico en el corto plazo, que es justamente lo que necesita
nuestra economía. En modo alguno supone una perturbación del mercado de trabajo o de los incentivos necesarios para trabajar, ni reduce ni deprime los salarios de trabajadores con menos ingresos. La experiencia demuestra que en España, en el
momento de mayores aumentos del salario mínimo interprofesional, años 2004 a 2007, estos coincidieron con la más formidable expansión del mercado laboral y la creación de empleo, 3,5 millones de puestos de trabajo. En sentido contrario, hoy tenemos
uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos de Europa y la mayor tasa de paro juvenil. Luego, no se podrán pedir todavía salarios más bajos, pues la evidencia demuestra que el empleo depende de otros factores. Muchos países en el
mundo están adoptando políticas a favor del salario mínimo, por fortuna, y de su aumento. Alemania es un reciente ejemplo donde la coalición entre conservadores y socialdemócratas ha decidido establecer un salario mínimo general y obligatorio
relativamente elevado y la coalición no espera que tenga impactos negativos en la economía alemana. O lo que ocurre en Estados Unidos, donde más de veinte Estados tienen ya un salario mínimo superior al establecido a nivel federal, salario que su
presidente quiere incrementar, en el convencimiento de que los efectos positivos para la economía norteamericana y para la justicia social serán altos. Por cierto, en ese país, en Estados Unidos, a mayor salario mínimo, mejores resultados
económicos en los Estados que así lo tienen establecido. El compromiso de la Carta Social Europea debe ser cumplido porque mejora la dignidad de las personas, aumenta la cohesión social y tiene efectos positivos en el crecimiento económico y en la
sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social. Hoy está abierto el debate en la Unión Europea acerca de la conveniencia de establecer un salario mínimo europeo, algo que los socialistas europeos apoyamos y con lo que nos identificamos.
Ojalá sea una realidad en poco tiempo. Es por ello, señorías, que presentamos esta proposición de ley que pretende, primero, incrementar el salario mínimo interprofesional un 2,5 % este mismo año, eliminando los efectos de la congelación; segundo,
que se modifique el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para que el salario medio nacional se tome en consideración a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional cada año y, tercero, que en la determinación futura de este salario
mínimo interprofesional se garantice que en ningún caso se pueda perder poder adquisitivo y que se alcance gradualmente el objetivo de situarlo en el 60 % del salario medio nacional. Señorías, debemos hacerlo por razones sociales, éticas y también
económicas. Si no fuere así, el futuro será peor y el malestar social crecerá rápidamente, dando la razón al gran pensador Tony Judt, quien poco antes de morir y, a la vista de estos hechos, afirmó que algo andaba mal cuando se estaba deshaciendo
el gran esfuerzo redistribuidor y solidario de la riqueza alcanzado en la segunda mitad del siglo XX, el periodo de historia más fecunda para la igualdad y la dignidad humanas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene en primer lugar la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente, lo haré brevemente desde el escaño para anunciar el voto afirmativo de Geroa Bai a la propuesta que nos hace el Grupo Socialista sobre el incremento del salario mínimo interprofesional.
Efectivamente, entendemos y compartimos en este sentido con el Grupo Socialista la necesidad de que en este momento las decisiones tomadas en su día, a finales de diciembre, por el Gobierno en torno a una nueva congelación del SMI sean rebatidas y
se haga además con rango de ley, reformando, como nos propone la propuesta, el Estatuto de los Trabajadores. Doblemente en un momento en el que la sima entre las clases más desfavorecidas de nuestra sociedad y aquellas que mantienen un estatus
poderoso se ve cada vez más intensa, más alargada y, por lo tanto, habrá que ponerle freno. Una redistribución del esfuerzo para hacer frente a la crisis nos parece también absolutamente necesaria y urgente en ese momento. Por tanto, entendemos
que la propuesta no solo tiene sentido sino que, además, como digo, adquiere especial fuerza después del real decreto de diciembre y especial importancia en un momento como este. Quiero recordar, como hacía el señor Caldera también, que la señora
Merkel, poco antes de que fuera firmado el real decreto de diciembre por el que se congelaba el salario mínimo interprofesional para 2014, llegaba a un acuerdo histórico con los socialdemócratas alemanes para llevar a Alemania también el salario
mínimo interprofesional. No diré que la cuantía pactada, 8,5 euros a la hora, es ambiciosa, pero quiero recordar que dobla el actual SMI español.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
La señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley. Quiero decir, en primer lugar, que vamos a votar favorablemente porque
compartimos total y absolutamente el razonamiento que acaba de exponer el señor Caldera al defender esta iniciativa y porque no podemos entender la decisión del Gobierno y el apoyo que le da el Grupo Popular ni otra serie de cuestiones. Por
ejemplo, han aparecido informes del Banco de España que, como nos tiene acostumbrados en estos años de crisis, van en dirección contraria a los intereses de las mayorías sociales. Señorías, estamos hablando de que el Gobierno está decidiendo la
congelación del salario mínimo, que es de los salarios mínimos más pequeños de la Unión Europea, incluso el Consejo de Europa tuvo la ocurrencia -y digo tuvo la ocurrencia- de considerarlo injustamente insuficiente. Nosotros hemos buscado
documentación en relación con esos informes que aportaba el Banco de España sobre lo negativo que sería para la economía española su subida y, en cambio, hemos encontrado multitud de informes que dicen todo lo contrario, incluso un documento firmado
por más de 650 prestigiosos economistas de Estados Unidos, cinco de ellos premios Nobel, que insistía en todo lo contrario, en que, además de no ser negativo para la creación de empleo ni para la economía, mejora el bienestar de los trabajadores y,
por tanto, mejora también el consumo, activa la economía en general y la creación de empleo. Además, señorías, muchos estudios que hemos visto, y no solamente de Estados Unidos sino también de países de la Unión Europea, aparte de estos beneficios
recogen otras cuestiones que desde luego nosotros compartimos desde la idea que tenemos de lo que es el trabajo y la dignidad humana. Disminuye la pobreza y, además de ser el objetivo que toda sociedad democrática debe tener, reduce al mismo tiempo
el gasto en políticas sociales. Mejora la salud de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, de manera que también se ahorra en gasto sanitario. Incentiva la productividad, porque un trabajador o una trabajadora trabaja con mucha más
responsabilidad y compromiso con una empresa cuando está reconocida su dignidad y, por tanto, mínimamente pagado su trabajo que cuando tiene que trabajar en las condiciones que puede considerar la patronal. Por ejemplo, estos días nos dejó
increíblemente trastornados la señora Oriol cuando dijo que muchas personas no merecían ni siquiera cobrar el salario mínimo interprofesional. El trabajo vale lo que vale, sea cual sea. El trabajo más mínimo a veces es imprescindible para el
trabajo más grande. Por tanto, ningún trabajo se puede desvalorizar, no solamente por la persona que lo realiza...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... tampoco en el pago crematístico que tiene que recibir. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, salario mínimo del año 2012 por doce pagas anuales: Gran Bretaña, 1.244 euros; Bélgica, 1.472 euros; Irlanda, 1.461; Holanda, 1.456; Francia, 1.425; España, 748 euros. Esta cifra no es penosa solo en
términos absolutos sino que también lo es en términos relativos, es decir, respecto a la relación que tiene el salario mínimo interprofesional con el salario medio. Mientras países como Francia o como Grecia andan por el 50 % y mientras la Carta
Social Europea dispone que el salario mínimo se establezca en un 60 % del salario medio, España no llega ni tan siquiera al 40 % y sigue bajando. Porque lo que importa al Gobierno español es converger con Europa, pero sí, converger con Europa en
políticas económicas y en políticas fiscales, no en políticas sociales. No se trata tampoco de que el nivel de vida o que el PIB per capita sea mayor o menor en Francia o en el Estado español, la cuestión es que España establece un salario mínimo
menor en relación con su salario medio que Francia. Esto, en otras palabras, significa beneficiar los salarios más altos que tienen más margen para incrementarse. Además, señorías, hay también que contextualizar estos datos, hacerlo en un Estado
español con los precios de la vivienda o de la luz más caros de Europa en estos momentos. En definitiva, que el empobrecimiento de la población del Estado español, al margen de su situación económica, se debe evidentemente a la poca inversión en el
Estado del bienestar.
Desde Esquerra Republicana defendemos una Europa social que acabe convergiendo en un salario mínimo común, no solo porque el mantenimiento de las diferencias salariales actuales genera desigualdades sociales -que también-, sino porque
también provocan dumping entre los diferentes países europeos.
Acabo. Desde Esquerra reivindicamos también el establecimiento de un salario máximo vinculado al salario mínimo en proporción de 1/12, de manera que ningún -repito: ningún- trabajador pueda cobrar en un mes más que otro en todo un año.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Caldera, intentaré centrarme un poco en la cuestión porque hace media hora todavía estábamos con el presidente del Consejo General del Poder Judicial debatiendo sobre los problemas
orgánicos judiciales, lo que, unido a una cierta situación rayana en la hipoglucemia, no me ubica en la mejor posición intelectual para reflexionar sobre esta importante iniciativa, en la cual podemos compartir prácticamente la totalidad de su
argumentario. El único reproche que yo le podría hacer a usted, o al grupo que usted representa, es que ustedes cuando gobernaban podían haber incrementado también el salario mínimo interprofesional. De hecho, he leído recientemente unas
declaraciones del señor Zapatero indicando que es de lo que se arrepiente particularmente, por qué no se incrementó el salario mínimo interprofesional en la época en la que él gobernaba. Pero no se trata ahora de fustigarnos con reflexiones del
pasado sino de promover pro futuro, con la pertinencia que usted lo ha hecho, cómo articular y cómo configurar los requerimientos del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que no son disponibles, como tampoco lo son los requerimientos de la
Carta Social Europea, cuya reforma está sin ratificar, como sabe el señor Caldera, por el Estado español. Y cuando una carta social como la europea, un instrumento internacional que debe ser ratificado, no es objeto de ratificación en su dimensión
o en su modelo reformado, al final es el Tribunal de Luxemburgo el que puede tomar -desde el año 1969 ocurre así- cartas en el asunto e incluso sancionar al Reino de España por la no incorporación de estos requerimientos.
Usted ha hecho una argumentación brillante, conceptualmente brillante -yo creo que estaba leyendo a Adam Smith y La riqueza de las naciones- en sus reflexiones despectivas sobre el deflactor del PIB, utilizando los salarios como elemento
irrelevante prácticamente en la configuración del PIB y su deflación. Este incremento del 2,5 que usted preconiza coincide exactamente... Se lo digo porque usted ha refutado -ya Keynes lo hizo y usted sigue la línea de Keynes, e incluso el propio
Adam Smith
en su lecho de muerte prácticamente se arrepintió y refutó sus propias teorías en relación con esta materia- desde una posición progresista y desde la perspectiva de la deflación del PIB por la no solo disminución salarial provocada por las
posibilidades que confiere la reforma laboral, en donde se puede disponer de todas las condiciones laborales, fundamentalmente las retribuciones mediante el sistema de descuelgue, lo que posibilita también no utilizar el salario mínimo
interprofesional como se ha utilizado históricamente, como elemento de referencia sobre el cual, mediante mecanismos a través de la negociación colectiva de gradiente de incremento del mismo, se podían incrementar los salarios con carácter general,
y el elemento de deflación del PIB entonces se produciría en términos positivos. Usted lo ha dicho. Entre el año 2004 y el año 2009, cuando se incrementó el salario mínimo interprofesional hasta límites relativamente modestos, no el 60 % que
ustedes preconizan o invocan hoy, sino el 42 %, conocimos el mayor incremento del mercado de trabajo, la mejor época de creación de empleo y la mejor época de atención a determinadas políticas sociales y de lucha contra el empobrecimiento general de
la población, que usted ha citado perfectamente. El 60 % del salario mínimo es el criterio que utiliza Eurostat en estos momentos para definir el umbral de la pobreza. ¿Cómo vamos a admitir, sin considerar que el salario mínimo interprofesional se
ubica bajo el umbral técnico de la pobreza, que tiene que tener una cuantía por lo menos igual al 60 % del salario medio nacional? Evidentemente, el elemento de compensación de la deflación laboral, el 2,5 -estamos absolutamente de acuerdo con su
criterio-, que es un elemento positivo, no patógeno sino positivo para la economía, existen demostraciones experimentales y empíricas que provocan este efecto del incremento del salario mínimo interprofesional como equivalente al incremento de la
riqueza. Desde esa perspectiva, la única duda que nos queda, porque es un requerimiento de la Carta Social Europea y si se descuida sería un requerimiento hasta del artículo 41 de la Constitución, que el salario mínimo interprofesional del Estado
español no sea inferior al umbral técnico de la pobreza, es si quizá estaríamos incurriendo en un vicio de inconstitucional, sin perjuicio de contradecir el instrumento internacional que ha dicho.
Ustedes establecen una serie de elementos para la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para la determinación del salario mínimo interprofesional. El IPC, en primer lugar. El IPC es muy bajo en este momento, dada la
situación de depresión económica que hemos tenido; empezará a crecer si hay crecimiento económico de verdad. No sería este un instrumento que posibilitaría grandes subidas o un crecimiento notable del salario mínimo interprofesional, pero me
parece razonable su utilización. La productividad media nacional alcanzada. Es muy difícil realizar aproximaciones empíricas a la productividad media alcanzada en el Estado español, dada la gran diversidad de productividades en distintos ámbitos
geográficos que están vinculadas a la estructura de la riqueza de los distintos ámbitos geográficos del Estado español. En todo caso, tiene un cierto componente aleatorio, señor Caldera, me tiene que reconocer, la utilización de este criterio de la
producción media nacional alcanzada. El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Esto es fundamental; no considerar el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional es una verdadera atrocidad, es una
aberración y es una injusticia además, porque es el trabajo el que configura fundamentalmente la renta media nacional e incluso el producto interior bruto contra las invocaciones de determinados especuladores o teóricos de naturaleza neoconservadora
o liberal. La coyuntura económica general. Es un tanto aleatorio, es un tanto anfibológico hablar de la coyuntura. ¿De qué coyuntura estamos hablando? ¿De la que estamos padeciendo, de una depresión, de una incipiente recuperación, basado en
porcentajes de crecimiento entre el 0,8 y el 1? Y por último el salario medio nacional. Esto es importante. El salario mínimo interprofesional se tiene que basar o tiene que utilizar como referencia el salario mínimo nacional y tiene que tener un
porcentaje, que será la aplicación de un coeficiente que no coloque a los perceptores, que son muchos millones de trabajadores, en porcentajes de percepción retributiva inferiores a lo que se puede considerar umbral técnico de la pobreza, es decir,
el 60 % de las rentas o salarios percibidos en el ámbito territorial donde se realice esta determinación. Por tanto, de acuerdo también con la compensación del deflactor salarial del 2,5 %. En este momento son un tanto discutibles algunos de los
elementos configuradores del salario mínimo que usted ha citado, sobre todo por razones coyunturales, no porque no sean pertinentes en sí mismos.
La señora Jordà ha hecho una reflexión muy atinente y que resulta verdaderamente odiosa. Es una reflexión de naturaleza comparativa entre los salarios mínimos interprofesionales de los países denominados eufemísticamente de nuestro entorno
-no de nuestro entorno en materia de la cuantía del salario mínimo interprofesional- y el salario mínimo interprofesional del Estado español. En términos medios, los países llamados de nuestro entorno duplican el salario mínimo interprofesional del
Estado español; por eso en los
llamados países de nuestro entorno no conviven con 6 millones de pobres, con 3 millones en situación de pobreza extrema, con 6 millones de desempleados y con tantas otras patologías que afectan no a nuestro mercado de trabajo, sino a nuestra
sociedad en su conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Para juzgar esta proposición de ley tenemos que preguntarnos previamente cuál es hoy el salario mínimo interprofesional, si es grande o pequeño; qué evolución ha tenido recientemente y cómo se compara con esta misma variable en los países
de nuestro entorno, los países vecinos de la Unión Europea. A primera vista, el salario mínimo interprofesional en España es bajo; estamos hablando de 21,5 euros al día. Comparen esta magnitud con el coste de la vida, con un menú de un
restaurante. Esta primera impresión de que es bajo se confirma cuando lo comparamos con el que hay en los países de nuestro entorno más cercano. Si lo comparamos en euros, el salario mínimo en Francia, Bélgica u Holanda duplica aproximadamente el
que hay en España; incluso en Alemania, el país modelo para el Partido Popular, recientemente se ha aprobado un salario mínimo de 8,5 euros la hora. Es decir, con tres horas de trabajo un alemán con salario mínimo superaría el salario mínimo
español. Pueden decir que estamos hablando en euros y que son economías diferentes, pero la cuestión es que si lo vemos en términos relativos, observando cuánto supone el salario mínimo sobre el salario medio del país, de nuevo nos encontramos con
que el salario mínimo en España es relativamente bajo. En España, el salario mínimo cubre el 35 %, aproximadamente la tercera parte del salario medio, que en un país como Francia es del 48 %, casi la mitad. Por último, nos podemos preguntar por la
evolución reciente, que ha sido de caída. Hace no tanto tiempo ese salario mínimo cubría el 42 % del salario medio, pero, como se ha dicho con anterioridad, en los años 2012 y 2014 se ha congelado y en 2013 tuvo una mínima subida del 0,6 %. Es
decir, un salario bajo y menor que el de los países de nuestro entorno ha tenido un periodo largo de congelación o cuasi congelación.
Por otro lado, esta medida de congelación del salario mínimo hay que enmarcarla en otras medidas de escasa sensibilidad social que ha tomado el Gobierno en estos dos años y medio de legislatura. Las congelaciones del salario mínimo a menudo
han coincidido con congelaciones del Iprem, un indicador de rentas múltiples que condiciona toda una serie de ayudas sociales, y porque ha habido una reforma laboral que ha modificado la negociación colectiva de forma que el empresario
unilateralmente puede cambiar las condiciones laborales prácticamente sin restricciones. Esto ha llevado a un descenso de salarios en nuestro país que el propio Banco de España reconocía hace pocas semanas, diciendo incluso que las estadísticas
pueden estar recogiendo mal ese efecto, que puede ser mayor de lo que plasman estas estadísticas. Esto concuerda con lo que nos dice la Comisión Europea, que es que hoy el 12 % de los trabajadores, de las personas con un empleo en España, están en
situación de pobreza, lo que indica la relevancia del salario mínimo. Por tanto, en lo esencial que aquí se plantea estamos de acuerdo, ha sido un error congelar el salario mínimo, que en España es relativamente bajo respecto del contexto europeo.
Sin embargo, si entramos en el detalle de la proposición de ley hay muchos elementos que resultan discutibles. En primer lugar, en esta proposición de ley conviven tres enfoques distintos no del todo compatibles. Por un lado está el enfoque del
artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que parece ligar el salario mínimo a la situación coyuntural de la economía. Es cierto que se introduce una nueva variable, pero ahí se liga el salario mínimo a la coyuntura económica. En otras partes
de la proposición de ley parece que el objetivo es que no pierda poder adquisitivo, que suba según los precios; en otras partes, sin embargo, parece que lo que se pide es más bien una fuerte subida del salario mínimo, es cierto que sin marcar un
plazo, pero una fuerte subida del salario mínimo.
Tenemos que decir con toda sinceridad que no seríamos partidarios de esa fuerte subida del salario mínimo; creemos que sería un error porque los argumentos económicos que la sustentan, y que el señor Caldera también ha defendido en la
tribuna, nos parecen equivocados. En primer lugar, el salario mínimo no es un elemento de redistribución, es un elemento de garantía de rentas mínimas. La redistribución se realiza de manera más eficiente con la política fiscal, con los impuestos
y gasto público y la prueba es que hay países, como los nórdicos, que siquiera tienen salario mínimo porque lo redistribuyen con la política fiscal. Y en segundo lugar, es de economía-ficción este razonamiento de que como de 2004 a 2007 crecía el
empleo y crecía el salario mínimo, la causa de que creciese el empleo es que crecía el salario mínimo
y tenemos que subirlo más para así crear empleo. No, el efecto de una subida salarial sobre el empleo, en principio, es que es más difícil que se generen esos empleos, ojalá fuese tan sencillo; podríamos poner un salario mínimo de 6.000
euros, y todo el mundo consumiría mucho y estaría empleado. No, no es así como funciona, no hay que confundir coincidencia en el tiempo con causalidad. Hubo una burbuja inmobiliaria, se creó empleo y en esos años subió el salario mínimo; pero la
causa del mayor empleo, me temo que no fue la subida del salario mínimo, sino la burbuja inmobiliaria.
Pese a estas discrepancias, insistimos en que coincidimos en cuestionar las congelaciones de un salario mínimo ya relativamente bajo, aunque no seríamos partidarios de esas fuertes subidas indeterminadas que aquí se prometen y que habría que
ver si se llevaban a la práctica si estuviese en manos de los proponentes poder hacerlo. Creemos que hay un debate social pendiente sobre este tema y sería bueno realizarlo abiertamente; la prueba de que ese debate social sigue pendiente es que
recurrentemente, cada pocos meses, hay un gran clamor social cuando alguien hace alguna declaración sobre este tema, la última vez, las desafortunadas declaraciones de la presidenta del Círculo de Empresarios. Sería bueno tener este debate social
pendiente de forma abierta aquí, que es donde corresponde, por eso vamos a votar favorablemente la admisión a trámite de esta proposición de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, este es ciertamente un debate -hablar de salario mínimo- que no es nuevo en esta Cámara, hablar de salario mínimo, que desde La Izquierda Plural lo hemos planteado en numerosas ocasiones y además en el mismo sentido; de hecho, en
el mes de febrero había una proposición no de ley presentada por Joan Coscubiela en la Comisión de Empleo que planteaba precisamente ese incremento del salario mínimo interprofesional; también esa equiparación progresiva de acuerdo con la Carta
Social Europea, y también esa modificación del artículo 27. Es decir, no es nuevo, pero admitimos que continúa siendo una medida urgente y necesaria de abordar, de ahí que todos los grupos de esta Cámara insistamos en este debate porque es un
instrumento fundamental. Como mínimo, no desistir de que la mayoría parlamentaria se digne a considerar cambios, a admitir y a rectificar posturas viendo también el drama social que hoy viven millones de personas en nuestro país. Se trata, además,
de una demanda que no es del Grupo Parlamentario Socialista ni de La Izquierda Plural, la propia sociedad civil está insistiendo en esos cambios desde los propios sindicatos, que promueven esa reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores
pero también Jóvenes Precarios, Juventud Sin Futuro están pidiendo esas subidas.
Ante el empeoramiento acelerado de las condiciones de vida, este debate de hoy no debería ser un trámite, señorías, sino una oportunidad de abordar una cuestión clave, como es el salario mínimo interprofesional como un elemento de lucha
contra la pobreza y la precariedad. Sabemos que el Gobierno insiste en su hoja de ruta de pintarnos un escenario de color de rosa, de recuperación, un España va bien versión 2014 que ahora lo llaman estoy contento, como dice el presidente cuando ve
los datos de la EPA, pero a nuestro grupo parlamentario le encantaría poder decir a millones de personas que hoy están en situación límite que esto es cierto. Nos encantaría poderles dar la razón, pero ante debates como el de hoy, cuando revisamos
los datos y ponemos rostros a estas cifras, señorías, el panorama es desolador, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa actitud, además de deshonesta con los datos y con la realidad, es peligrosa, señorías.
Les voy a poner algunos ejemplos. Ustedes hablan de recuperación, cuando las cifras de empleo nos dicen que desde que ustedes han llegado hay 640.000 parados más; lo llaman caída de la tasa de paro, cuando de lo que deberíamos hablar es de
exilio juvenil o de personas que caen en la desesperanza, con un aumento sin precedentes de la población que deja de estar activa. Hablar de salario mínimo es otra cara de esa realidad. Ustedes quieren vender recuperación a cualquier precio sin
tener en cuenta las condiciones reales de la gente, su bienestar, cómo viven o cómo malviven. Hace unos días escuchábamos en una radio el testimonio de una chica que tiene cuatro empleos y que no suma con ellos los 600 euros. Sus políticas están
al servicio de una devaluación interna, es decir, del empobrecimiento generalizado de la población, y ustedes se empeñan en negar los informes de Cáritas diciendo el ministro Montoro que mienten cuando hablan de pobreza o del propio FMI cuando nos
indica el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Ustedes hacen lo que sea para impedir que la realidad les robe la buena imagen, pero si
realmente miraran los datos o miraran de frente a la realidad, no se explicaría lo que va a pasar hoy, que se van a negar a admitir a trámite esta proposición de ley.
Revisemos algunos datos. Como decían el resto de diputados, tenemos un salario mínimo interprofesional de 645,3 euros, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Su congelación y devaluación hace que desde 2010 haya perdido más de 5,5
puntos de su capacidad adquisitiva y las medidas que ustedes aplican lo continúan empeorando. Pero es que desde 2007 también se está alejando de ese salario medio que fija la Carta Social Europea, a la que debemos acercarnos. En cambio lo que sí
pasa con sus medidas, con su reforma laboral, es que si nos alejamos de esa media del 60 %, nos aproximamos a que el salario mínimo es la moda estadística, es decir, si hace unos años había 200.000 personas cobrando el salario mínimo, hoy esas
personas se están multiplicando; cada vez tenemos más trabajadores que están instalados en ese salario. Esta combinación de pobreza y desigualdad, señorías, es consecuencia de sus políticas, los recortes, la austeridad que predican ustedes pero
que también predica la torika, Señor Caldera -también están en ella los socialistas europeos-, y que avaló el Partido Socialista con su reforma de la Constitución. Ese diagnóstico sobre que la devaluación interna era el futuro y la salida de la
crisis, es lo que nos lleva adonde estamos hoy. Efectivamente, con el salario mínimo -lo queremos reconocer desde La Izquierda Plural- se hizo un esfuerzo muy importante en el anterior Gobierno, y estuvimos allí apoyándolo en cada una de las
subidas. No se llegó a los 800 euros del programa electoral pero se hicieron importantes subidas y lo queremos reconocer. También hay que reconocer que la estrategia de devaluación interna que ya estaba en el plan de reformas del anterior
Gobierno, donde se hablaba de facilitar los ajustes en precios y salarios para mayor competitividad, es algo que ya escribió el anterior gobierno. No lo vamos a negar porque hoy el debate es otro, pero es verdad, ha sido el Partido Popular el que
ha puesto todos los instrumentos al servicio de esos ajustes y esa devaluación, no solo congelando el salario mínimo sino con la Ley de desindexación, la rebaja de las pensiones, la reforma laboral; un cóctel explosivo que ha provocado que en dos
años y medio España sea líder en desigualdad, crecimiento de la pobreza y precariedad. ¿Qué ha sucedido? Que la reforma laboral ha abaratado el despido y dinamita la negociación colectiva, lo que ha provocado una caída salarial sin precedentes.
La propia Comisión Europea avisó en enero que encontrar trabajo en España no era garantía de salir de la pobreza, precisamente por sus contratos a tiempo parcial, la formación, las horas extras impagadas. Les pongo un ejemplo, las horas extra
pagadas han descendido 1,3 millones en cuatro años, pero las horas extra no pagadas han aumentado en 680.000. Durante 2013, los datos del ministerio nos dicen que el 43 % de los convenios registran caídas salariales o que la pérdida de capacidad
adquisitiva de los salarios en cuatro años es superior al 10 %. ¿Saben cuánto ha aumentado la factura de la luz en esos cuatro años? Un 30 %. Estamos hablando de la vida cotidiana, del acceso a servicios básicos o a las mínimas condiciones de
vida. Esa reforma laboral o esa congelación salarial que ustedes han promovido ha dado lugar a la situación actual. Por si fuera poco, hoy ni siquiera quieren admitir a trámite una propuesta cuando vemos las consecuencias que tiene.
La factura social y humana de este empobrecimiento generalizado, señorías, va mucho más allá. Ustedes han diseñado políticas para crear una sociedad más desigual porque luego estas cifras, estas estadísticas, hay que saber leerlas con más
profundidad. La consecuencia de ese mix de políticas hace que donde el 10 % vive cada vez mejor, la mayoría vive cada vez peor. Otro ejemplo, las rentas salariales en el PIB en cuatro años han caído cinco puntos y en cambio ha aumentado el peso en
el PIB de las rentas de capital; o los beneficios empresariales han subido en España el 0,24 % más que en el promedio de la Unión Europea y, en cambio, la caída salarial es sin precedentes. Eso es una transferencia directa de rentas del trabajo
precisamente a las rentas del capital. Pero miremos dentro de los asalariados, cómo se distribuye. En el 10 % de los salarios más bajos la caída salarial es del 17 %, es decir, los salarios altos casi no ven esa devaluación salarial y en cambio
los salarios más bajos son los que más padecen sus condiciones y sus políticas. El salario mínimo está para eso, para poner un suelo a esa falta de saciedad de las patronales cuando van predicando cuestiones, como comentaba la señora Fernández.
Son los más perjudicados con los que ustedes se ensañan y en cambio para los salarios altos apenas hay diferencias, aquellos con los que el señor Rajoy se hacen las fotos. Ayer veíamos los salarios de señores como Sánchez Galán o César Alierta;
estos sí que no lo notan.
Señorías, hablar de salario mínimo no es solo hablar de una cifra, es un instrumento de política social y económica fundamental. El informe de Unicef o de Save the Children cuando hablábamos de pobreza infantil, de la dificultad de muchos
niños de tener el mínimo número de comidas al día, alertaba acerca de que el gran problema ya no era solo el paro sino que muchos de los padres que estaban trabajando no
cubrían las necesidades básicas por las caídas salariales. Congelar el salario mínimo tiene impacto también en las pensiones, en las prestaciones de desempleo porque tiene un impacto en la cotización. Pero incluso desde el punto de vista
de la eficiencia económica, su supuesta defensa de la competitividad no se aguanta por ningún lado. Ustedes defienden que las exportaciones nos van a sacar de esta, pero la caída de la demanda tiene el doble de impacto negativo que el aumento de
las exportaciones y tiene un impacto negativo sobre nuestro PIB. Su política de evaluación no se sostiene desde el punto de vista social o económico, pero tampoco humano. Señorías, esta democracia no puede soportar el nivel de desigualdad y de
injusticia al que nos están llevando. Según el vicepresidente de la CEOE, no podemos hablar de trabajo basura porque no está el panorama para quejarse, y ustedes, negándose a admitir a trámite esta iniciativa, les dan la razón y promueven este
modelo. Efectivamente, esto no es una crisis, señores, es una estafa, y ustedes están promoviendo precisamente esta estafa, ejecutando esas políticas.
Votaremos a favor de esta proposición de ley, pero también desde Izquierda Plural nos comprometemos y exigiremos que así sea en la próxima legislatura, cuando cambien las mayorías, que todas las fuerzas políticas estamos dando apoyo a ese
aumento del salario mínimo, y que además se incremente hasta el 60 % del salario medio, se cumpla y que hagamos posible finalmente ese cambio.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Caldera, la virtud que tiene una proposición de ley, que es el tipo de iniciativa que usted nos plantea esta tarde, es que no tan solo discutimos sobre el fondo de la cuestión de su propuesta, sino que, sobre todo, la toma en
consideración de esta misma iniciativa permitiría, sobre aquello que usted ha defendido, que la Cámara pudiese entrar a fondo en ello y mejorar ese texto. Lo digo a efectos de la posición que vaya a mantener el Grupo Popular, que mucho nos tememos
que va a rechazar esta iniciativa, porque perdemos una oportunidad de entrar a discutir una cuestión que merecería seguramente un debate más profundo del que podemos tener en el plazo de tiempo que va a transcurrir en los próximos minutos.
Sobre el fondo de la cuestión, quiero anunciar la posición favorable de Convergència i Unió a su iniciativa. El conjunto de los portavoces que hasta ahora han intervenido han puesto el acento en dos ideas que son muy evidentes: la
comparación de nuestro salario mínimo con el salario mínimo de los países de nuestro entorno, que provoca realmente perplejidad en la opinión pública y que tampoco se explica por las diferencias de renta personal ni por la dinámica de nuestra
economía; y que las congelaciones que se han producido en los últimos años han dado lugar a una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. Esas razones llevarían evidentemente a esa revisión de lo contemplado en el artículo 27 del Estatuto
de los Trabajadores, no sé si en los términos precisos en los que lo plantea la propuesta del señor Caldera.
El señor Anchuelo ha hecho algunas reflexiones que en términos de técnica jurídica parecen razonables, pero, en la medida en que estamos precisamente en esa toma en consideración, esas cuestiones podrían resolverse. Es cierto que esa
regulación del salario mínimo -creo recordar que la última reforma debió ser en los años noventa- seguramente está muy lejos de la regulación que hoy la crisis ha evidenciado que es insuficiente para garantizar los objetivos que seguramente quienes
redactaron ese artículo 27 tenían. Hecha esta consideración, creo que se abren diversas discusiones, una polémica, que mi grupo la plantea en términos de reflexión. No ha estado presente en el debate de esta tarde, pero es importante porque está
en el debate de la opinión pública o de la opinión pública más especializada. De hecho, España ha igualado el salario mínimo de los jóvenes entre dieciséis y dieciocho años con el salario mínimo general hasta 1998. En algunos países, el salario
mínimo de los jóvenes de dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte años es creciente, precisamente para facilitar la inserción en el mercado de trabajo de jóvenes en proceso de formación. No sería razonable plantearnos un salario mínimo
más bajo para jóvenes de veinticinco años, ya no digo de treinta, pero en esas fases iniciales mi grupo, en el supuesto de que estuviésemos ya en una proposición de ley tomada en consideración, entraría en esta discusión, aceptando que es compleja
cuando intentamos abordar los problemas del desempleo juvenil.
Aparece un segundo elemento en la discusión, que es si el salario mínimo afecta o no a la creación de empleo. No creo que podamos afirmar que subir el salario mínimo sea generador de empleo, pero sí podemos afirmar que subir el salario
mínimo en aquellos países donde el salario mínimo es elevado, eso
no implica destrucción de empleo. Ahí vamos a escuchar la argumentación que se haga desde las filas del Gobierno porque, insisto, las evidencias existentes en nuestro entorno, y en otros países donde han existido subidas del salario mínimo,
no van en esa misma dirección, sino al contrario. Parece que hoy empieza a extenderse la idea de que el problema de nuestra economía no está tanto en la devaluación salarial y que la devaluación salarial ya no tiene más recorrido para recuperar
nuestra economía, sino que hoy nuestra necesidad tiene que ver en cómo somos capaces de estimular la demanda interna, cómo somos capaces de facilitar el consumo interno y cómo en general quizá lo que convenga en los próximos años sean subidas
salariales para mejorar la capacidad de compra de nuestros trabajadores.
Cuando hablamos de salario mínimo vemos que, efectivamente, el número de trabajadores directamente afectados por el salario mínimo es muy pequeño; ahí no tenemos especial problema, pero un problema que había existido en otros momentos, que
era la vinculación del salario mínimo al acceso de determinadas prestaciones sociales, con la aprobación del Iprem quedó resuelto. Hoy tampoco tenemos exactamente un problema de inflación, al contrario, se está hablando de deflación, pero tampoco
un incremento del salario mínimo en las actuales condiciones podría abrir un camino peligroso en el ámbito de la recuperación económica. Todas ellas son razones que nos invitan a ser favorables a ese aumento del salario mínimo, poniendo el acento
en aquello que nos parece fundamental, junto a la comparativa con otros países europeos, que es la discusión de qué representa el salario mínimo en relación con el salario medio. Ahí podría haber una reflexión en el sentido de que cuando el salario
mínimo superase el 50 % o el 60 % del salario medio quizá entonces el salario mínimo sería demasiado elevado y obstaculizaría el crecimiento del empleo. Pero ese no es el caso de España, hemos llegado en el momento más alto a ese 42 % al que hacía
referencia el señor Olabarría, y que figura en la exposición de motivos de la iniciativa del señor Caldera, creo recordar que en estos momentos estamos alrededor del 35 %, y por tanto hay recorrido en ese aumento del salario mínimo para situarlo en
términos de lo económicamente razonable.
Además ha emergido una nueva realidad que en la Cámara empezamos a discutir, y que pone de manifiesto los datos de la Unión Europea, y es la existencia de trabajadores pobres, de personas que, a pesar de tener un empleo, reciben un sueldo
que no les garantiza que su renta esté por encima del umbral de la pobreza, según la Unión Europea alrededor del 12 % o el 13 %. El 30 % de las personas que se han reincorporado al mercado de trabajo está en esa situación. Eso es también una
invitación a que el Gobierno, en el ámbito que depende de su decisión, que es el salario mínimo, tome medidas para corregir esa situación, y que por tanto con una decisión de subida del salario mínimo oriente también la actividad del sector privado
en una determinada dirección.
También está la discusión de si un salario mínimo tan bajo como el que tenemos hace que muchas personas que están cobrando el desempleo hoy prefieran continuar cobrándolo, y no tener un puesto de trabajo por el que vayan a recibir un sueldo
menor que el de la prestación. Seguramente un salario mínimo superior daría más razones para que esas personas no se quedasen en el desempleo. Si el Grupo Popular continúa creyendo que es necesario que el salario mínimo no crezca, porque es de la
escuela de aquellos que creen que los salarios mínimos obstaculizan la creación de empleo, la cuestión es: si los sueldos que reciben quienes son trabajadores pobres, quienes cobran estos 645 euros mensuales en catorce pagas, están por debajo del
umbral de la pobreza y tienen hijos a cargo, ¿no sería razonable entonces que quienes tuviesen esos sueldos tan bajos recibiesen ayudas públicas que les permitiesen mantener a sus familias? No es razonable estar a favor de un salario mínimo bajo, y
no tener una política activa de complemento de rentas de las familias, especialmente de las que tienen hijos a cargo, a no ser que aceptemos con mucha naturalidad el problema de la existencia de trabajadores pobres.
Tres consideraciones para terminar. Ha hecho referencia a ello el señor Caldera. Este debate también es un debate exigible a escala europea, y creo recordar que cuando Junker presidía el Eurogrupo -creo que en 2007 o en 2010- planteó la
necesidad de un salario mínimo interprofesional a escala europea; quien es hoy el candidato de democristianos y conservadores defendió esa idea. Por tanto la dimensión del debate europeo nos parece interesante. No tenemos tan claro que la subida
del salario mínimo forme parte estrictamente del debate de las desigualdades, pero ahí podríamos estar discutiendo un buen rato. Finalmente la discusión sobre el salario mínimo recordando que para la empresa el salario mínimo no son tan solo los
645 euros, sino además las correspondientes cotizaciones sociales y retenciones del IRPF, que lo pueden situar en 900 o 1.000 euros para el empresario, que es algo más, eso apunta a una idea, y con esto termino, señor presidente, y es la
demostración de que la tarifa plana, que se aplica por igual a todos los nuevos puestos de trabajo, no facilita precisamente la creación de empleo de aquellos
trabajadores con sueldos menores. Eso nos lo recuerda la Comisión Europea en las últimas recomendaciones que se han aprobado con relación a España, la tarifa plana no ayuda a crear el empleo en aquellas personas que tienen sueldos más
bajos, y que también son las personas con menores niveles de cualificación. Ahí tenemos uno de los retos de nuestro mercado de trabajo. Insisto, votaremos a favor de la iniciativa del señor Caldera, y agradecemos haber podido tener este debate
durante este tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, permítanme que en nombre del Grupo Parlamentario Popular mis primeras palabras sean para manifestar nuestras condolencias y nuestro pesar a la familia y a todos los amigos de doña Isabel
Carrasco, presidenta de la Diputación de León, que ha fallecido.
Señor Caldera, señorías del Grupo Socialista, decía usted en su proposición de ley que la situación hoy puede calificarse de dramática, porque estos perceptores se encuentran cerca del umbral de la pobreza; está afectando de lleno a la
llamada clase media trabajadora; un aumento del salario mínimo interprofesional mejora inmediatamente las perspectivas de crecimiento en el corto plazo. Señor Caldera, señorías del Grupo Socialista, lo auténticamente dramático fue que de 2008 a
2011 ustedes mandaron al paro a 3,5 millones de españoles, y eso sí que es crear desigualdades sociales. Lo auténticamente dramático es que muchas de esas personas que fueron al paro eran de esa clase media trabajadora de la que usted habla en su
proposición de ley, pero parece que cuando ustedes gobernaban eso no les importaba ni les afectaba. Asimismo, señoría, ha dicho usted en su intervención que el Partido Socialista aumentó el salario mínimo interprofesional un 39 %. (Una señora
diputada: Es verdad). Sí, pero la verdad es que con ese aumento ustedes llevaron a 3,5 millones de personas al paro, cosa contraria de la que dice el señor Caldera en su proposición de ley, que subir el salario mínimo interprofesional crea empleo,
riqueza y crecimiento, y lo que ustedes consiguieron fue mandar a 3,5 millones de personas al paro. Esas son las contradicciones entre lo que ustedes dicen cuando están en la oposición y lo que practican cuando están en el Gobierno. (Rumores).
El salario mínimo afecta directamente en España a 124.500 personas, de los más de 16 millones de personas que están trabajando actualmente. ¿De qué realidad estamos hablando, señoría? ¿Por qué cuando ustedes han gobernado en España durante
veintidós años -veintidós años de treinta y dos años de democracia- no han llevado el salario mínimo interprofesional al 60 % ? ¿Por qué no lo han hecho? Han tenido veintidós años para hacerlo en el Gobierno, y ahora vienen ustedes a pedirlo.
Veintidós años de Gobierno. (La señora Montón Giménez: En dos años lo haremos, no pasa nada.-Rumores). No me importa debatir con todo el Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Merino.
Señora Montón, compórtese. (La señora Montón Giménez: Estoy muy comportada).
Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Esa es su realidad, veintidós años y ustedes no fueron capaces de hacerlo. Mire usted, de verdad que uno ya se sorprende de poco en política, pero que sea precisamente el señor Caldera el que haya salido a defender esta proposición de ley
es echarle valor, por llamarlo de manera fina. Señor Caldera -esto lo traía preparado sin saber que era usted quien iba a intervenir-, cuando usted era ministro de Trabajo hizo un real decreto-ley para desligar del salario mínimo interprofesional
la cuantía de la prestación por desempleo, el subsidio por desempleo, la renta activa de reinserción, y los subsidios agrarios. ¿Entonces no era importe el salario mínimo interprofesional, señor Caldera, cuando usted era ministro de Trabajo, cuando
usted desligó todas las prestaciones de desempleo y todas las prestaciones sociales del salario mínimo interprofesional? Entonces no era importante, hoy sí es importante, señor Caldera. (Aplausos). Hay que tener valor para salir a defender lo que
usted ha salido a defender hoy aquí, pero no solo eso. Es que la hipocresía política del Partido Socialista y ese falso progresismo que ustedes plantean... Sí, señora Montón, tápese los ojos y los oídos porque lo que voy a decir es para no
escucharlo. Da la casualidad de que cuando el señor Caldera es ministro de Trabajo se inventa el Iprem precisamente para pagar menos a los más desfavorecidos, y hoy sube aquí a defender una subida del 60 % del salario mínimo interprofesional.
Señor Caldera, ustedes subieron el salario mínimo interprofesional un 39 %, y el Iprem, que es el que afecta a los más desfavorecidos, un 16 %. Eso sí crea desigualdades sociales, esas medidas que usted aportó como ministro, esos reales
decretos-leyes que usted firmó son los que crean las desigualdades sociales, pero es que hay más suyo y del Partido Socialista. Da la casualidad de que el 10 de marzo de 2009 en esta Cámara se vota una proposición de ley del Parlamento de Cataluña
sobre la modificación del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, del que hoy estamos hablando, y hete aquí que el señor Caldera, diputado del Partido Socialista, que hoy presenta esta proposición, vota en contra de esa proposición que
presenta el Parlamento de Cataluña, el señor Caldera, el Partido Socialista y el Grupo Socialista (Aplausos), es decir, que lo que hoy piden aquí en una proposición de ley ustedes en el año 2009 lo votan en contra. ¿Cuál es la diferencia? Pues
simplemente que ustedes en el año 2009 estaban en el Gobierno y ahora están en la oposición, por voluntad de los españoles, pero hay que tener mucha hipocresía política para plantear las cosas como ustedes las plantean y en los términos en que lo
hacen (Protestas), porque saben que los hechos les demuestran que están instalados en un fariseísmo político que no es de recibo.
Ha tenido lugar una reciente reunión del presidente del Gobierno, de la ministra de Empleo y de los agentes sociales, donde se ha hablado de analizar y estudiar la situación del salario mínimo interprofesional. Creo que sería muy
aconsejable por parte del Grupo Socialista que tuvieran un poco de paciencia, y que permitieran a aquellos que estamos instalados en el diálogo social que lleguemos a conclusiones, y si es posible a acuerdos. Durante el Gobierno de Zapatero y de
Rubalcaba la pobreza y la exclusión social, de las que tanto se ha hablado hoy aquí, aumentaron un 28 %. Esas son las consecuencias de las políticas socialistas. Ustedes dejaron a 5,5 millones de personas en el paro y a una España arruinada,
endeudada, y al borde del rescate. Esa era su política, gastaban el dinero de los españoles sin ningún sentido. Endeudaban día a día a España, el mundo perdía la confianza en nuestro país por su nefasta política económica, y mandaban todos los
días al paro a miles de hombres, mujeres y jóvenes. Esos son los incrementos de políticas de desigualdades sociales que ustedes practicaban. Afortunadamente los españoles les enviaron a la oposición, y desde el primer día el Gobierno de Rajoy se
dedicó a hacer las reformas que España necesitaba. Se evitó el rescate, a pesar de que ustedes le decían al presidente Rajoy que lo pidiera todos los días. Dos años de reformas están dando frutos, y España, gracias al esfuerzo de la sociedad
española y de la reforma del Gobierno, está creciendo, pero sinceramente parece que a ustedes les molesta que todos los meses haya personas que vayan a sus puestos de trabajo en lugar de ir a las listas del paro, que es adonde ustedes les mandaban.
Hoy España es un país en el que se confía; no hay nada más que ver las subastas que se celebran y la demanda que existe de los bonos españoles. En abril 111.000 parados menos y 133.000 afiliados más a la Seguridad Social. Este es un país que
vuelve a crecer económicamente a pesar de que, como ustedes dicen, se ha congelado el salario mínimo interprofesional. Pagamos menos intereses de la deuda, aumenta el consumo interno, y aumentan los préstamos para las pymes y para los autónomos.
Es un país que inicia la recuperación y el crecimiento gracias al sacrificio y al esfuerzo de los españoles y a las reformas del Gobierno Rajoy, y a pesar de su política de oposición. Ustedes arruinaron a España; permítannos a los españoles salir
de la crisis a pesar de ustedes y de sus políticas.
Voy a terminar -creo que está de moda y a ustedes les viene muy bien que se les recuerde esto todos los días- felicitando al Gobierno y al pueblo español por concluir el programa tras dieciocho meses. Animo a España a seguir con la reforma
y a atajar el paro. Este twit de Martin Schulz, su candidato europeo socialista, es un twit que ustedes deberían leer y releer diariamente, y aplicarlo en las políticas que están llevando como oposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CON EL FIN DE REGULAR UN RÉGIMEN DE
INFRACCIONES Y SANCIONES. (Número de expediente 122/000137).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin
de regular un régimen de infracciones y sanciones.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quisiéramos expresar también nuestras condolencias a los familiares de doña Isabel Carrasco, trágicamente asesinada ayer en León. También
quisiera hacer extensiva nuestra solidaridad y nuestros sentimientos a toda la familia del Partido Popular en toda España.
Efectivamente nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta iniciativa, una proposición de ley en la que nosotros pretendemos establecer una serie de medidas contra la morosidad. Y para que esto sea efectivo, también
poder regular estas medidas contra la morosidad para establecer un régimen de sanciones e infracciones. Básicamente esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, erradicar la morosidad
en todas aquellas operaciones comerciales que se establecen en España entre agentes privados y administraciones públicas y agentes privados. Por lo tanto para nosotros es fundamental que la morosidad deje de existir en España en todas las
transacciones comerciales. En segundo lugar, también esto lleva consigo, en el caso de que se pudiera aprobar con el máximo consenso esta iniciativa presentada por Convergència i Unió, salvar a muchísimas pequeñas y medianas empresas, salvar a
muchísimos autónomos que en teoría todos los grupos de esta Cámara estamos en la dirección de poder ayudarles, pero si no les arreglamos que puedan cobrar a tiempo, lamentablemente morirán. Por eso también nosotros entendemos que es fundamental que
esta iniciativa se pueda aprobar. En tercer lugar, nosotros también entendemos que la legislación española necesita de una modernización para poder homologarse a todas aquellas legislaciones europeas, a todos aquellos aspectos que hacen referencia
a la morosidad. Por lo tanto estos tres son los aspectos fundamentales por los que nosotros presentamos esta iniciativa, y que van en la dirección de poder conseguir este objetivo.
Desde Convergència i Unió nos gustaría saludar desde esta tribuna al presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, don Antonio Cañete, que está presente hoy en la tribuna de invitados, y también hacer este saludo extensivo
a todos los miembros de la ejecutiva de la Plataforma contra la Morosidad que han venido de toda España para poder seguir de cerca la evolución de esta iniciativa que, todo hay que decirlo, surge de la sociedad civil, justamente surge de esta
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que incorpora y engloba a más de 1,5 millones, señores, escuchen atentamente, más de 1,5 millones de empresarios, de pequeñas y medianas empresas, de empresarios autónomos de todo el Estado español que
nos convocaron el pasado 10 de noviembre del año 2013, y todas las formaciones políticas aquí presentes nos comprometimos a presentar esta iniciativa y a aprobarla para poder salvar pequeñas y medianas empresas, para poder salvar empresarios
autónomos, y para erradicar la morosidad del Estado español. Por lo tanto también queremos saludarles desde Convergència i Unió para que vean in situ cuáles son aquellas formaciones políticas que cumplen con lo que se comprometen cuando están en
una asamblea de pequeños y medianos empresarios, y también, ojalá no sea así, todas aquellas formaciones políticas que dicen sí cuando se les convoca y a lo mejor cuando están en el Congreso de los Diputados cambian su orientación de voto por temas
que prefiero que les expliquen ellos, cuando sea su turno de intervención.
¿Por qué presenta Convergència i Unió esta iniciativa? Les he dicho qué objetivos perseguíamos y ahora me gustaría explicarles muy rápidamente por qué Convergència i Unió presenta esta iniciativa parlamentaria, esta proposición de ley en el
Congreso de los Diputados. En primer lugar, para Convergència i Unió -y el 'Diario de Sesiones' es una fotografía fiel y real de lo que ha sido Convergència i Unió a lo largo de estos últimos treinta años de democracia- la morosidad es y ha sido el
primer factor de mortalidad de las pequeñas y medianas empresas y de autónomos, y la queremos erradicar. Por tanto por este primer motivo nosotros presentamos esta iniciativa. En segundo lugar, señorías, y vale la pena destacarlo, porque
Convergència i Unió fue el impulsor de la Ley de Morosidad del año 2010, aprobada por unanimidad, a través de la cual hicimos dos reformas fundamentales. Reformamos el tema estructural, eliminando salvo acuerdo entre las partes, con lo que
limitábamos la capacidad coercitiva de las partes contractuales, eliminando esa posibilidad de salvo acuerdo entre las partes; limitábamos el plazo de pago, como tope máximo, a treinta días para las empresas públicas y a sesenta días para los
agentes privados. Esta era una cuestión fundamental, y todos los grupos parlamentarios, a propuesta de Convergència i Unió, tendríamos que sentirnos muy contentos. Hay un tercer factor por el que presentamos esta iniciativa. Esta ley que
aprobamos en el año 2010, en la que se establecen unas reformas estructurales importantes, como acabo de mencionar, no tendría ninguna efectividad sin una ley de infracciones y de sanciones. La Ley de Morosidad tiene que tener la pata de
la solvencia y las características fundamentales de una ley de infracciones y sanciones, porque si no, no es efectiva. En cuarto lugar, presentamos esta iniciativa -y quizá es lo más importante- porque Convergència i Unió intenta cumplir
con sus compromisos. En el mes de noviembre del año 2013 hubo una reunión multisectorial convocada por la Plataforma contra la Morosidad, que engloba a más de 1,5 millones de empresarios; se hicieron unas jornadas importantísimas en Madrid, a las
que pudimos asistir todas las formaciones políticas, desde el primer partido que está en la oposición hasta el Grupo Parlamentario Popular, que da soporte al Gobierno, y otros grupos como el de Convergència i Unió o el Partido Nacionalista Vasco,
UPyD no estuvo presente, aunque fue invitado, pero creo que también está en la línea de poder dar un voto afirmativo a esta iniciativa, y nos comprometimos con la sociedad civil, en este caso con una sociedad civil empresarial representada por
cientos de miles de pequeños y medianos empresarios, a presentar esta iniciativa porque sin ella continuaría existiendo morosidad en las transacciones comerciales y económicas en España, y nosotros la queremos erradicar. Este también es uno de los
motivos fundamentales por el que hemos presentado esta iniciativa.
Si analizamos cuál ha sido la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en España desde el año 2009 hasta el día hoy podremos observar que en el año 2009 España estaba en el furgón de cola de los países de la Unión Europea en pagar
las transacciones comerciales. Pagábamos, como promedio, en cien días en el ámbito privado y las administraciones públicas pagaban en ciento sesenta días. España era el país más moroso de la Unión Europea.
Después de la reforma del año 2010 -les acabo de explicar cuáles han sido los rasgos fundamentales- eliminamos todas aquellas cuestiones que hacían referencia al pacto entre las partes en el periodo de pago. Pusimos los topes máximos de
sesenta y treinta días para el ámbito privado y publico respectivamente, y al mismo tiempo incorporamos una modificación muy importante. En aquella propuesta de ley que se aprobó por unanimidad se dio entrada a las patronales para darles
legitimidad en todos aquellos actos que puedan ejercer, y han ejercido, de acciones colectivas y de cesación y retracción para poder hacer frente a todas aquellas empresas incumplidoras. A través de esta legislación se ha conseguido dar un salto
cualitativamente importante en el sentido de que se han reducido los plazos de pago y hoy exactamente, de acuerdo con los datos que nos ha entregado la Plataforma contra la Morosidad, hay en España unos plazos de pago entre privados de ochenta y
cinco días -muy lejos de los sesenta días que persigue la ley entre compañías privadas- y de ciento once días para todas aquellas empresas que establecen relaciones entre lo público y lo privado -muy lejos de los treinta días que establece la ley
aprobada en mayo de 2010-. Por lo tanto, señorías, estamos ante una evidencia: se han mejorado económicamente los plazos de pago, pero todavía estamos muy lejos, lejísimos en este aspecto de todos aquellos países que son competidores de España en
la Unión Europea.
Nosotros, con la toma en consideración de esta proposición de ley que ha presentado Convergencia i Unió, pretendemos homologar los plazos de pago para, a través del establecimiento de este mecanismo de sanciones e infracciones, poder pasar
de los ochenta y cinco días de promedio que existen hoy actualmente -de acuerdo con esta encuesta a la que hemos tenido acceso- a los sesenta días, y de los ciento once días a los treinta días para todas aquellas relaciones comerciales entre las
empresas publicas y las empresas privadas. Es cierto, señorías, y también vale la pena plantearlo, que el Plan de pago a proveedores que ha puesto en marcha el Partido Popular y por el cual se han inyectado alrededor de 41.000 millones a las
administraciones publicas, tanto locales como autonómicas, ha servido para poder poner el contador a cero. Pero, señorías del Grupo Parlamentario Popular, si a partir de poner el contador a cero no establecemos los mecanismos para que las
administraciones y los agentes privados no puedan tener a su alcance -si no cumplen la legislación vigente- infracciones y sanciones, seguramente todo el esfuerzo que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios, todo el esfuerzo que han hecho
todos los agentes privados para ponerse al día a través de los diferentes mecanismos establecidos por la ley, no va a servir absolutamente para nada.
Por lo tanto desde esta tribuna apelo a todos los grupos parlamentarios que van a dar soporte a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, y sobre todo apelo a la sensibilidad del Partido Popular. Ustedes hoy no pueden
quedar al margen de la aceptación o de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque si van en la dirección de no aprobar esta toma en consideración ustedes estarán incumpliendo la palabra del Grupo Parlamentario Popular, la palabra
del Partido Popular; van a incumplir todas aquellas cuestiones a las que se comprometieron en esta asamblea tan importante que se celebró en Madrid, y en la cual había una representación de mas de 1,5 millones de empresarios. Ustedes están
incumpliendo -en toda aquella legislación en la cual ustedes no van a estar de acuerdo-
en erradicar la morosidad en las transacciones comerciales en España. Al mismo tiempo es verdad que esta es una iniciativa que no presenta el Partido Popular; es verdad, la presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nosotros
somos 16 diputados; no tenemos la fuerza suficiente para poder hacer frente a una mayoría absoluta de 183 diputados del Grupo Parlamentario Popular, pero al mismo tiempo también han de saber que si aceptan esta toma en consideración ustedes van a
tener en sus manos poder modificar lo que crean oportuno en todos aquellos aspectos en los que ustedes crean que no hemos acertado en dicha presentación. Pero si ustedes votan favorablemente en esta toma en consideración vamos a dar la sensación de
que los partidos políticos, las formaciones políticas, los portavoces económicos de los diferentes grupos parlamentarios van a tener la seriedad y la solvencia de que cuando se comprometen en publico, fuera del Parlamento, también cumplen, cuando es
el momento de la verdad y cuando llega el momento de votar favorablemente todas aquellos compromisos a los que nos comprometimos en su momento. Por tanto, yo apelo a la sensibilidad del Partido Popular para que voten a favor de esta iniciativa, ya
que no es una cuestión única y exclusivamente de Convergència i Unió. Convergència i Unió lo que ha hecho es ser la correa de transmisión entre una representación muy importante de empresarios, que representan a más de 1,5 millones de pequeños
empresarios del tejido industrial español, del tejido comercial español, que van a ver que realmente las formaciones políticas, los partidos políticos somos una correa de transmisión efectiva.
Si ustedes van en la dirección que nos solicitaron, gana la política, gana la sociedad y sobre todo, señorías, no es que gane la política, gane la sociedad, gane Convergència i Unió, gane el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido
Nacionalista Vasco, el Grupo de La Izquierda Plural, UPyD, no, aquí los que van a ganar van a ser las pequeñas y medianas empresas, aquí los que van a ganar van a ser los empresarios autónomos. Si somos capaces de erradicar la morosidad de España,
lógicamente se van a generar puestos de trabajo y también vamos a colaborar activamente en la no destrucción de los puestos de trabajo y en la lucha contra el paro.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: (Comienza su intervención en catalán).
Señorías, las pymes y los autónomos son sin duda alguna los verdaderos impulsores de la actividad económica; en definitiva, la base mayoritaria del tejido económico y empresarial. Pero lo cierto es que los impuestos en estos momentos están
diseñados en función de las particularidades y de la problemática de los grandes contribuyentes, generando importantes dificultades en los pequeños empresarios a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. Señorías, se escapa de toda
lógica que se trate como una excepción o a la vez que se trate como una singularidad la fiscalidad de un colectivo concreto, en este caso el de las pequeñas y medidas empresas, que representa nada más y nada menos que más del 90 % del número de
empresas y cerca del 70 % de la fuerza laboral del Estado español. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es imprescindible que las pymes dejen de ser la excepción para ser la regla general y a la vez el eje de un
nuevo sistema tributario que estimule la inversión, pero no solo la inversión, que estimule a la vez la exportación, que estimule la innovación y la asunción de riesgos de estos empresarios. Deben tomarse las medidas necesarias en tal sentido, pero
también deben tomarse todas aquellas medidas que eviten -como ha dicho el proponente- los efectos tributarios de la morosidad.
Más allá de la suficiente financiación de las administraciones públicas para que puedan hacer frente a los pagos obligados, es imprescindible también, para favorecer la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, introducir medidas que
eviten de manera efectiva el ingreso de las cuotas del IVA no cobradas, que se aceleren o se hagan previsibles las devoluciones del impuesto, de los pagos a cuenta y de retenciones y que se considere la posibilidad de compensar de manera automática
deudas y créditos tributarios.
Señorías del Partido Popular, estamos cansados, porque lo hacen reiteradamente, de que se llenen la boca hablando de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, pero en realidad al final lo único que hacen ustedes es
beneficiar descaradamente, porque ni siquiera disimulan, a las grandes empresas. Las empresas del IBEX pagan a una media de ciento setenta y un días cuando la normativa fija un límite de sesenta. Es una vergüenza con todas las letras, es una
vergüenza en mayúsculas porque, mientras las grandes empresas exhiben grandes beneficios, porque así lo hacen, su morosidad
es la espada de Damocles de la supervivencia de miles y miles de pequeñas empresas. Por ello es de extrema urgencia establecer un régimen sancionador efectivo que garantice los derechos y la supervivencia de las pymes ante los abusos y la
morosidad de quien se puede permitir, porque es así, desde su posición de fortaleza, lisa y llanamente, incumplir la ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados, hemos hablado muchísimas veces en esta Cámara sobre la morosidad existente en las operaciones comerciales y sobre su implicación en el agravamiento de la
crisis y en la desaparición de muchas pymes que tal morosidad ha ocasionado. Por tanto, es un tema realmente grave e importante. Somos conscientes de lo que implica la morosidad y consideramos que es necesario evitar que se produzca o al menos
conseguir que se respete la legalidad vigente.
El apoyo a la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, aprobada con el más amplio consenso de esta Cámara, refleja la importancia de lo que estamos hablando. Fue una ley que contó con el impulso necesario de
la activa Plataforma Multisectorial contra la Morosidad; plataforma que, por otra parte, tanto nos ha ayudado a conocer lo que significa de verdad que exista la morosidad y aumente en épocas de crisis; plataforma que, por cierto, hoy nos acompaña
y a la que desde el Grupo Vasco quiero saludar. Es de sobra conocido que en una época de crisis, donde las pymes tienen problemas graves para acceder a la financiación bancaria, el aumento o la simple existencia de la morosidad supone que se
encuentren con un grifo completamente cerrado, lo que les conduce irremediablemente a cerrar el negocio. Además, se puede dar la paradoja de que el moroso, el que incumple los compromisos adquiridos y la legalidad vigente, se aproveche de ello para
continuar su actividad. Los morosos pueden aun sobrevivir precisamente por serlo a costa de la desaparición de los que sufren la morosidad.
Así pues, la proposición de ley, la iniciativa que nos trae para su toma en consideración el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nos parece absolutamente pertinente y oportuna, quizá tardía pues teníamos que haber tenido resuelto el
tema de las sanciones a los morosos mucho antes, pero las cosas son como son. Esto evidentemente no es achacable al Grupo de Convergència i Unió, que siempre ha mostrado una enorme preocupación por la morosidad y por el impacto de esta en las
pymes, sino que es el Gobierno quien habitualmente trae los proyectos a la Cámara y no lo ha hecho hasta el momento. En todo caso, más vale tarde que nunca y aquí está la iniciativa.
En la práctica comercial, los que cuentan con una posición dominante tienen la tentación, y en ocasiones la práctica, de no pagar a sus proveedores en los plazos legalmente establecidos, generándoles un gran perjuicio. No es de recibo, por
ejemplo, que las multinacionales extranjeras cumplan estrictamente con la legislación sobre morosidad y muchas de las empresas del IBEX no lo hagan. Les voy a dar unos datos, especialmente a los señores del Partido Popular, a los que esto tendría
que sensibilizar a la hora de votar. Teniendo en cuenta a las empresas del IBEX no financiero en su conjunto, estas cobran en setenta días, pero pagan en ciento setenta y uno. Dentro de estas, las que corresponden a la construcción cobran en
ciento treinta y ocho días y pagan en doscientos noventa y uno. Y las relativas a la distribución, cobran en setenta y cuatro y pagan en doscientos sesenta y dos días, y además, en el caso de estas últimas, los flujos efectivos de explotación
anuales son en torno a los 20.000 millones, y reparten dividendos por importe de 1.200 millones de euros al año, gran parte de ellos debidos a los impagos por la morosidad.
Que el pez grande se coma al chico en el mar, mantiene el ecosistema. En el mundo empresarial, que el grande haga desaparecer al pequeño no es sostenible ni defendible y mucho menos si lo es por el incumplimiento manifiesto de una ley como
la de morosidad. Señores del Partido Popular, no podemos permitir políticamente que una gran constructora, por ejemplo, se lleve por delante a múltiples empresas -de albañilería, azulejos, etcétera- porque se quiera financiar con la actividad y con
el trabajo de las pequeñas. Tan solo existe una manera de corregir estas prácticas: a través de las sanciones y multas que les hagan poco atractivo el incumplimiento de la ley. Sería deseable que existiera una cultura de la no morosidad, pero
esto es difícil en un país en el que la cultura del chapuceo, del robo, está aún vigente. Esperemos que la crisis económica también sirva para cambiar esta cuestión y el impago sea mal visto y reprobado. Pero, insisto, la realidad nos dice,
desgraciadamente, que solo se reacciona con penalizaciones.
Hace cuatro años, después de aprobada la ley -otro dato que es relevante- el 68 % de las empresas españolas grandes reconocen que firman los contratos incumpliendo la propia ley. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la
Presidencia). No es que la incumplan una vez por la vía de los hechos o por el funcionamiento, la incumplen ya con carácter previo cuando firman los contratos comerciales. Por eso esta proposición de ley pretende incorporar un régimen sancionador
a la legislación vigente en materia de morosidad en las operaciones comerciales, un régimen que cuenta, como decía, con el apoyo y más que apoyo de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y que esperamos que también lo haga con el de los
demás grupos de la Cámara tal y como lo va a hacer el Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco.
Señores del PP, no es presentable que se hable todo el día de la importancia de las pymes y luego se defienda solo a los grandes, a los que se reúnen con Rajoy en La Moncloa. Esto no es presentable. Sería difícilmente entendible que esa
iniciativa no contara con su apoyo, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, y que fuera rechazada. Si votan en contra, vencerán, porque tienen la mayoría; pero, desde luego, no nos convencerán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el problema de la morosidad le ha preocupado mucho tanto en esta legislatura como en la anterior y hemos intentado manifestar esta preocupación no solo con discursos, declaraciones o
retórica, sino de la forma en que tenemos el lujo de hacerlo los que estamos representados en esta Cámara, que es con nuestras propuestas en la IX y en la X legislaturas.
Es cierto que nuestra preocupación se ha centrado más en la morosidad pública porque ha sido más grande el problema ahí, ha habido un problema de decenas de miles de millones impagados, y más sangrante, no solo más grande, es que las mismas
administraciones que exigen los impuestos a las empresas no les pagan llevando a muchas de ellas a situaciones de quiebra. Por eso nuestras iniciativas se han centrado más en el problema de la morosidad pública. Ya en la IX Legislatura, cuando se
discutió el Plan E, señalamos que creíamos que tenía mucho más sentido dedicar esos 13.000 millones de euros a pagar facturas pendientes y mantener vivas a empresas que ya existían en vez de a obras públicas locales de dudosa utilidad. En esta X
Legislatura hemos presentado diferentes iniciativas contra este problema de la morosidad en las administraciones; por ejemplo, al inicio de la legislatura una proposición no de ley en la que proponíamos que la Administración central descontase las
facturas que hubiesen superado el plazo de pago legal de las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir, que la Administración central pagase esas facturas y luego descontase a las administraciones morosas lo que
tenían pendiente de pago porque, como saben, era en esos ayuntamientos y comunidades donde se concentró el problema. Además, habría sido una forma de que aflorasen esas facturas ocultas. Esto no se aprobó, pero creemos que era una propuesta
interesante.
También al discutirse la Ley de Estabilidad Financiera señalamos que los rescates se debían condicionar prioritariamente a este tipo de actuaciones, al pago de las facturas pendientes, y señalamos que éramos partidarios del IVA de caja,
porque no tenía mucho sentido, era una injusticia aún mayor, que la misma administración que no pagaba sus facturas exigiese el pago de impuestos sobre lo que no había pagado. Por cierto, también señalamos que este IVA de caja se diseñaba de manera
muy restrictiva y efectivamente los datos indican que solo un 1 % de los potenciales beneficiarios se han acogido al régimen; se estimaba por el Gobierno que 2.300.000 empresarios se acogerían al IVA de caja y se han acogido poco más de 21.000.
Sin embargo, aunque nuestros esfuerzos se han concentrado en esa morosidad pública, hemos presentado también iniciativas sobre la morosidad comercial, no sobre la morosidad de la Administración con empresas privadas, sino entre empresas
privadas. Curiosamente, no es algo que haya calado mucho en la opinión pública, pero hemos tenido más éxito en este segundo frente en el sentido de cosas que se han acabado aprobando. En concreto, hay dos iniciativas a las que concedemos gran
importancia práctica. En la Ley de apoyo a los emprendedores, se alcanzó una enmienda transaccional entre nuestra enmienda 114 y la enmienda 287 del Grupo Popular -la negociamos doña Carmen Álvarez-Arenas y yo-. Esta enmienda transaccional tiene
gran importancia práctica, porque modifica el artículo 9 de la
Ley 3/2004, de la que hoy estamos hablando, y lo que impide es que se pueda pactar libremente incumplir los plazos de pago o incumplir las indemnizaciones. Una gran empresa no puede decir: hay un plazo de pago, hay unas compensaciones si
no pago, pero yo he pactado libremente con esta pyme que voy a pagar más tarde o yo he pactado libremente que el interés de demora va a ser más bajo. No, esas cláusulas abusivas son ilegales aunque se pacten libremente. Creemos que tiene gran
importancia práctica para evitar el abuso de posición dominante de las grandes empresas; no se puede pactar libremente incumplir plazos ni compensaciones.
La segunda iniciativa de la que hablaba tiene que ver con que en el Plan de pago a proveedores a menudo se pagaba al proveedor principal pero este proveedor principal no pagaba a sus subcontratistas. Nosotros en una proposición no de ley de
mayo de 2013 llamamos la atención sobre este hecho, hasta donde yo sé por primera vez en esta Cámara. Esa iniciativa no se aprobó entonces, pero poco después en el Real Decreto 8/2013 se incluyó un artículo 4 que recogía una idea similar, que se
informase a los subcontratistas cuando el contratista principal cobrara. Como ven, nos ha preocupado la morosidad pública y la morosidad comercial y hemos hecho propuestas en ambas direcciones con más éxito en un caso que en otro. En cualquier
caso, creemos que no hay que desconocer los avances que ha habido en la legislación como los que acabo de comentar, porque el problema de la morosidad no solo tiene que ver con endurecer las leyes, a menudo tiene que ver con cumplir las leyes ya
existentes. Hay plazos que se incumplen aunque estén fijados legalmente; es importante hacer cumplir la ley, no solo endurecerla.
Paso a entrar en el contenido de la proposición de ley que hoy debatimos. Tenemos que confesar que el enfoque no nos convence demasiado. Hasta ahora el enfoque en deudas comerciales entre empresas privadas habitualmente ha consistido en
dar instrumentos jurídicos para que el agraviado pueda ir a los tribunales y pedir un resarcimiento, y aquí el enfoque cambia, aquí se pide que la Administración penalice; es un enfoque coercitivo, se pide que la Administración inspeccione, se pide
que la Administración multe. Eso nos plantea toda una serie de problemas. En primer lugar, más burocracia. Hay problemas de inspección en España, de inspección fiscal, de inspección laboral. ¿Deben las administraciones dedicarse a inspeccionar
esta cuestión? Más cargas administrativas para las empresas, más requisitos de información, problemas competenciales en la proposición de ley. Esto es competencia autonómica, pero habría que discutir si es solo autonómica. El propio enfoque en
algunas situaciones puede ser contraproducente, se da por supuesto que el que no paga tiene el dinero y no quiere pagar, pero puede haber situaciones en las que el que no paga no paga porque otro no le paga a él. Si le ponemos una multa cuyo
importe va a la Administración, ¿eso va a facilitar el pago entre esas empresas privadas o puede incluso dificultarlo en algunas situaciones? El enfoque, insisto, está abierto a una reflexión más profunda. Pero no podemos ocultar que junto a esto
compartimos la sensibilidad hacia el problema que otros grupos han manifestado y sería una buena ocasión admitir a trámite esta proposición de ley para reflexionar y perfeccionar la legislación que hay sobre morosidad, que sí es susceptible de
perfeccionamiento. Hoy, en este momento, solo estamos planteando la admisión o no a trámite de la proposición de ley y creemos que hay todavía un campo de mejora en la legislación sobre morosidad, hay un problema que en algunas cuestiones parece
incluso que está rebrotando y sería bueno, junto con las plataformas de afectados, las pymes y las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, estudiar monográficamente esta cuestión. Por eso votaremos a favor la admisión a trámite de
esta proposición de ley.
No puedo terminar sin llamar la atención, como tuve que hacer la semana pasada en una iniciativa sobre pequeñas y medianas empresas, sobre cierta hipocresía política en muchos grupos que hoy se rasgan aquí las vestiduras sobre el problema de
la morosidad, pero olvidan mencionar que ellos en las administraciones que han gobernado generaron ese enorme problema de morosidad pública que ha llevado a un rescate de decenas de miles de millones de euros, y por eso conviene que haya cierta
coherencia entre las declaraciones públicas y los hechos, los hechos que uno está en condiciones de ejecutar cuando gobierna las instituciones. Esto es todo por nuestra parte.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, sumándonos a muchos de los argumentos esgrimidos por los portavoces que han intervenido anteriormente, quiero decir que nosotros vamos a votar a favor de la tramitación de este proyecto de ley porque entendemos que cubriría
elementos muy importantes que todavía son defectuosos,
que no están cubiertos por la legislación a pesar de que no compartimos algunos rasgos que creemos que son insuficientes o que están mal diseñados, pero que en cualquier caso podrían subsanarse sin ningún problema en un debate riguroso,
tranquilo, en su lugar correspondiente, como puede ser una comisión legislativa. Por tanto, la idea fundamental es sumarnos al espíritu de la proposición porque además nosotros siempre entendimos que la Ley 3/2004 era necesaria. Era necesaria
porque estamos hablando de un problema económico que es la morosidad, que obstruye el ciclo del capital, que obstruye el flujo de dinero y que, por lo tanto, interrumpe la actividad económica y que naturalmente tiene una implicación siempre
diferente en función del tamaño de la empresa. Eso es lo que a nosotros nos parece más relevante de la morosidad.
La morosidad -todos lo sabemos, muchos lo han dicho anteriormente- está generando especialmente problemas en esta crisis económica dado que se suma a lo que las propias pequeñas y medianas empresas reconocen que son sus principales
problemas, que son el de financiación y el de la falta de demanda, es decir, la incapacidad de encontrar clientes suficientes; entonces la morosidad empieza a tener un peso que puede -y de hecho lo hace desgraciadamente- tirar a todas las pequeñas
y medianas empresas que no pueden enfrentarla precisamente por su tamaño. Por eso consideramos que esta proposición de ley habla de algo, aunque no se diga de forma explícita, que es lo fundamental, y es el poder, el poder de diferente grado que
tienen las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Esto es algo mucho más amplio que la morosidad, pero a nosotros nos parece de especial relevancia que el problema de raíz sea la diferencia de poder entre las grandes empresas que
pueden imponer sus condiciones a la hora de establecer una transacción comercial o cualquier otro tipo de gestión ya sea financiera o ya sea incluso prácticamente laboral en algunos casos cuando nos referimos a autónomos o a pequeñas y medianas
empresas, que son prácticamente un apéndice de la gran empresa. En este sentido ese es el verdadero problema y tenemos dudas al respecto de cómo solucionarlo tal y como aparece en esta proposición de ley. Las sanciones pueden ser un incentivo
interesante y, desde luego, hay que echar mano de él para poder cerrar un poco la brecha que existe en esa cuestión del poder que decíamos, pero también es cierto que muchas pequeñas y medianas empresas en la realidad cotidiana se enfrentan a
problemas que van mucho más allá de la apariencia legal de esas cuestiones. Por ejemplo, es muy difícil que una pequeña y mediana empresa, cuyos clientes son grandes empresas, se vean incluso capacitados para poder acudir a un juicio porque al
final las grandes empresas aprovechan su poder para no concertar un acuerdo amistoso y al final acaban en juicio con todo el coste que ello supone y la amenaza que supone implícita que no vuelvan a ser los futuros clientes.
Son elementos que nosotros creemos que no resuelve esta proposición de ley tal y como está planteada, pero, en cualquier caso, dado que el problema sigue existiendo, llevémoslo a la Comisión, debatámoslo allí y, por tanto, nuestro grupo
apoyará la tramitación de este proyecto de ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lavilla tiene la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace poco, concretamente el 28 de abril de 2014, podíamos leer en un periódico que las empresas denuncian al Gobierno por la alta morosidad pública ante la Unión Europea. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se
encargaba de hacer esta denuncia que aglutina a 1,5 millones de empresas. El portavoz de la Comisión de Economía, Valeriano Gómez, ha estado en las jornadas que se organizaron por dicha plataforma y ya les anticipó en aquella participación que tuvo
el portavoz de nuestro grupo que desde el Grupo Parlamentario Socialista daríamos apoyo para afrontar este problema. No sirve qué se ha hecho en el pasado porque a quien gobierna le toca la responsabilidad de gobernar y muchas veces un Gobierno
cambia sus propias normas. Por tanto, escudarse en el pasado para no asumir los retos del futuro es un recurso pobre. Muchas veces uno se cansa de escuchar el cuento de la herencia recibida. Cuando uno incumple todo su programa electoral, una de
dos, o dimite y explica al pueblo español que la situación era peor de la que dijo que era, aunque eso contrasta con el 'Diario de Sesiones', o coge el toro por los cuernos y cumple con el programa que le llevó al Gobierno, que es el de crear empleo
y generar actividad económica.
¿Por qué digo yo esto? Porque acabo de escuchar hace poco en una intervención -y como socialista me siento aludido- hablar del paro creado por el anterior Gobierno. El gran problema de la economía española, como todo el mundo sabe, es el
bum inmobiliario agravado por la crisis económica mundial, que
es una crisis financiera, que no es una crisis política; los políticos estamos pagando la falta de regulación de un sistema financiero que provoca este caos y que en España se incrementó por la máquina inmobiliaria y es verdad que
probablemente todos los Gobiernos han tenido un porcentaje de responsabilidad. Pero tengo aquí un recorte del 28 de noviembre de 2003, donde preguntan al anterior gurú de la economía, Rodrigo Rato, sobre el boom inmobiliario, sobre la burbuja y
dice: Nadie puede pensar sensatamente que existe una burbuja inmobiliaria en España, apuntó el vicepresidente primero. Y luego dice: Los españoles quieren una sociedad de propietarios. Además, España es la primera potencia turística europea
porque el mercado carece de riesgos y es estable.
Negó en todo momento cualquier riesgo de burbuja inmobiliaria. Entonces, es verdad que se crearon 4 millones de puestos de trabajo desde el año 1999 a 2007 y después se perdieron con la misma facilidad. No ver esto es no ver la realidad.
Llevamos en esta legislatura 1.200.000 puestos de trabajo destruidos y 800.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Cuando se pide responsabilidad -y yo me alegro como socialista de que a España le vaya bien; haremos lo que haga falta, y lo
hemos demostrado en algunas leyes, para que así sea-, yo no puedo olvidar que Montoro dijo: que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros. Y no puedo olvidar la promesa electoral de 3,5 millones de puestos de trabajo -3,5 millones de
puestos de trabajo- y tenemos 1.200.000 puestos de trabajo menos y 800.000 afiliados menos a la Seguridad Social. No pensaba decirlo pero me han animado ustedes, señorías del Partido Popular; no todos, sino aquellos que piensan que gobernar no
tiene responsabilidad y que lo único que hay que hacer es echarle la culpa al otro. Estas palabras se las dirijo especialmente a ellos: 4 millones de parados sin prestación. Esto es lo que quería decir.
Centrándome más en este problema, para que las empresas paguen la economía tiene que tener más crecimiento, tiene que dar un viraje. En el año 2013 las empresas más morosas fueron las compañías de intermediación -3.000 millones de euros- y
las aglutinadas en otros servicios que acumularon 14.500 millones de euros. Y las grandes compañías, como ya se ha dicho, no pagan a las pequeñas, que suponen el 90 % del tejido de nuestro país. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se han
formulado diversas preguntas parlamentarias al Gobierno sobre las mejoras que se pensaba introducir, precisamente teniendo en cuenta las propuestas de la Plataforma contra la Morosidad. Son de fecha 2 de diciembre de 2013. Y la respuesta del
Gobierno -25 de marzo de 2014- es poco ambiciosa, porque se limita a recordar el Plan de proveedores, que es verdad que supuso una fórmula de pago para muchas empresas pero no va más allá y no afronta el problema real que estas empresas vienen
denunciando. En el Grupo Parlamentario Socialista lógicamente no coincidimos con todo lo que figura en el texto pero, al ser una proposición de ley, intentaremos con nuestras enmiendas, si el Grupo Popular da apoyo a esta iniciativa, hacer más
graduales las multas que se establecen, el destino del dinero para inyectarlo a la economía, la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan decretar el cierre temporal -tenemos ciertas dudas de que vaya en consonancia con la normativa
europea-; en definitiva, estudiaremos presentar un conjunto de enmiendas, siempre en la dirección de intentar reducir los plazos de pago. Las empresas pequeñas están sufriendo muchas veces porque las grandes pagan mal y normalmente muy tarde. La
situación actual de la morosidad en la Unión Europea es de 65 días en las operaciones comerciales y en operaciones comerciales entre empresas la media de pago es de 52 días, cuatro días menos que en el año 2011. En España, en las operaciones
comerciales son 160 días y en las operaciones comerciales entre empresas son 70 de contrato más 27 de retraso, y en las empresas más pequeñas pueden llegar a superar los 200 días. En España se concentra en los sectores que he mencionado
anteriormente. Los mecanismos que existen actualmente para hacer cumplir los plazos de pago, como obligar a pagar intereses moratorios más elevados por incumplimiento o retraso en pagar la factura, parecen adecuados. La Directiva 2011/7 de la
Unión Europea y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la que se estableció la Ley 11/2013, como ya denunciamos en su momento es insuficiente. Reino Unido y Polonia tienen intereses legales de demora superiores a lo previsto en la Directiva
2011/7 de la Unión Europea.
Por todo lo anteriormente expuesto y con los condicionantes que ya hemos dicho, daremos apoyo a la iniciativa de Convergència i Unió para intentar reducir la morosidad de las empresas, porque hablar de la pequeña empresa en este país es
hablar del 90 % del tejido industrial, es hablar de dinamizar la economía. Y es verdad que muchas veces hay falta de voluntad, que no se quiere pagar y en ese sentido las multas pueden ser un estímulo para evitar que esto pase, pero otras veces
unas empresas no pagan a otras sencillamente porque no pueden, porque los recortes y el austericidio están matando la economía. Por eso entendemos que la política europea tiene un gran papel que hacer para dinamizar la economía. Yo le dije al
secretario de Estado -lo pueden ver en el 'Diario de Sesiones'- que Estados Unidos y
Europa adoptaron dos políticas distintas: Estados Unidos apoyó políticas de crecimiento -es verdad que podía subir algo el déficit imprimiendo dinero- y la Unión Europea, impulsada por la política conservadora que gobierna Europa,
especialmente por Merkel, dijo que no, que el austericidio era la salida de la crisis. Eran dos políticas completamente distintas y en aquella intervención dije: el tiempo demostrará quién tiene razón. Estamos viendo que Estados Unidos está
creciendo mucho más y probablemente en Europa sea hora de cambiar a una política mucho más activa, mucho más dinámica, una política que realmente dinamice la economía, dinamice el consumo, y muchas veces estos problemas de morosidad podrían
desaparecer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Lavilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, señorías, como mi compañero Rafael Merino, permítanme que mis primeras palabras sean para acordarme de una persona que ayer murió asesinada a tiros, que era correligionaria nuestra, del Partido
Popular, y además compañera de cuerpo, era inspectora financiera y tributaria, por lo cual en estos momentos estoy doblemente apenado y quiero hacer llegar a toda su familia, de filiación y política, nuestra condolencia y nuestro pesar.
Antes de nada quiero decir que hoy me toca intervenir ante la proposición que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió y me siento verdaderamente sorprendido. No es el momento de presentar una proposición de ley de este tipo; suena a
que ustedes la presentan porque hay una cita electoral el día 25 de este mes y están ustedes haciendo lo que en Cataluña ya sabemos lo que es. No obstante, la mera cortesía parlamentaria me hace que salude a los miembros de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad. ¿Por qué digo que es una proposición de ley de carácter electoralista? Porque no han tenido ustedes ningún interés en pactarla, en hablarla, en decirle al Partido Popular que se iba a presentar, y evidentemente
es manifiestamente mejorable. Es manifiestamente mejorable, porque confunden las churras con las merinas. Que el régimen sancionador esté en manos de las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas puedan sancionar al Estado me parece
que no es de recibo y me parece una broma. Ustedes han acelerado, han copiado el régimen sancionador de la Ley General Tributaria, pero esto está bastante peor hecho.
Dicho esto, hay que decir que si hay alguien que se haya preocupado por acabar con la morosidad en este país ha sido el Partido Popular y el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Cualquier comerciante puede estar profundamente agradecido
-además, lo saben-, porque las medidas que se han tomado desde este Gobierno han sido en batería: han sido modificaciones legislativas, dotaciones presupuestarias importantes porque tengan en cuenta que con el Plan de pago a proveedores hemos
pagado 5,5 billones de pesetas a los comerciantes de este país que estaban en una situación crítica debido al retraso y a las deudas metidas en el cajón que tenían todas las administraciones públicas. Eso fue un balón de oxígeno y todos los
comerciantes están verdaderamente agradecidos a lo que se ha hecho transformando ese endeudamiento latente de carácter comercial en endeudamiento financiero y así poder pagar a todos esos comerciantes, empresarios, pequeñas y medianas empresas que
tenían relaciones de carácter económico con las administraciones.
Por otra parte, esta proposición de ley no solo no mejora la situación, sino que incluso lleva implícita una concepción determinada de lo que deben ser las relaciones entre particulares, las relaciones bilaterales contractuales, porque
establecer un régimen de infracciones y sanciones encargándole al sector público que meta la cabeza en lo que es una relación privada entre partes, es exactamente lo contrario a lo que decía el señor del Grupo Socialista que hablaba de Estados
Unidos. En Estados Unidos esto sería inviable, sería impensable. ¿Cómo va a meter la cabeza la Administración americana en la relación contractual entre dos personas privadas? Es inaudito, es impensable. Por tanto, esta proposición de ley tiene
muchos aspectos, muchos posibles enfoques. Lo que sí puedo decir respecto a esto de tipificar unas sanciones por incumplimiento de unos plazos de morosidad es que, como sabe cualquier jurista que haya estudiado un poco de profilaxis penal, los
delitos no disminuyen por el incremento de la pena; es decir, no va a haber menos asesinatos porque haya una cadena perpetua o no va a haber menos violencia de género porque se castigue adecuadamente. Que hay que castigarlo, de acuerdo; pero no
por eso disminuye la morosidad. Además, las directivas de la Unión Europea no van por ese camino. Las directivas de la Unión Europea que tiene que trasponer nuestro derecho recomiendan a los Estados miembros la provisión de un título ejecutivo a
los noventa días del cumplimiento de pago de una obligación contractual entre partes. Por
tanto, ese control queda en manos de los tribunales, que es lo que debe ser. Y el Partido Popular haría muy bien si escuchara a todas las partes, incluida la sociedad civil; no solo a los que dicen representar a esa sociedad civil, sino a
la sociedad civil, que es la auténtica destinataria de estas preocupaciones. No solo hay que escucharles, sino hacerles ver qué es lo más conveniente a sus puros intereses contractuales. También hay que intentar ensamblar los intereses de los
distintos sectores sociales, porque, además del interés de dos empresarios particulares, existe el interés de alguna compañía de seguros radicada en su territorio. Sepa usted -ya lo sabe- que nosotros tenemos las mejores compañías del mundo que
cuidan del seguro de crédito y que podían ser lesionadas con un régimen de infracciones y sanciones como este, y yo creo que no hay por qué lesionar a ningún sector económico. Por otra parte, también tenemos unas buenas compañías de seguro de
crédito exterior. Todo esto hace que estén bastante protegidos todos los comerciantes.
No voy a hacer mención de todo lo que ha hecho el Partido Popular porque sería extensísimo, desde el Plan de pago a proveedores hasta el Fondo de liquidez autonómico, sin el cual alguna comunidad autónoma, como la de Cataluña, hoy ya estaría
en concurso de acreedores, claramente. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hemos modificado y modernizado las relaciones bilaterales contractuales, hemos creado la factura electrónica y hemos hecho un registro contable que impida guardar
las facturas en los cajones y en el futuro permita, sobre todo a partir del 1 de enero de 2015, que se vayan pagando adecuadamente. Lo que el Partido Popular no quiere en este momento en relación con esta proposición de ley es que alguien la
monitorice, que alguien se la atribuya, que alguien crea que es de su propiedad. Aquí hasta que ha llegado el Partido Popular las relaciones de los empresarios con las administraciones han sido caóticas, perversas, demoníacas porque nadie pagaba lo
que contrataba. Ha tenido que venir el Partido Popular a poner el contador a cero, con gran esfuerzo y con planes de ajuste que algunos incluso se permiten criticar. Por tanto -y termino-, evidentemente nosotros no vamos a incumplir la voluntad
manifestada, sino que vamos a seguir apoyando a la pequeña y mediana empresa, al comercio, pero creemos que hay un ámbito, la autonomía de la voluntad, que no puede ser quebrado por el sector público y esa autonomía de la voluntad tiene que ser la
que negocie los planes y los periodos de pago que estén fijados contractualmente. Hay que diferenciar claramente lo que es sector público de lo que es sector privado. En el sector público ya lo hemos regulado y en cuanto al sector privado, las
relaciones privadas, debe existir un ámbito de libertad, de no regulación, de intentar que la explosión, la dinamización económica vengan precisamente de criterios de libertad y no de criterios del sector público, de imposición y de regímenes de
sanciones y de infracciones presuntas o no presuntas, además con una carga importante, con posterioridad al establecimiento de esas sanciones de carácter administrativo, de recursos ante los tribunales.
Termino. Tenía razón UPyD, el señor Anchuelo: esto es más burocracia. No obstante, como está en juego algo que al Partido Popular le toca en el fondo y en el alma mucho, nos reservaremos el voto hasta el final de la sesión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor López-Amor.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000819).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de
la empleabilidad de los estudiantes universitarios.
Presenta la iniciativa el señor Pastor González.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de comenzar mi intervención me gustaría sumarme a las condolencias a los familiares, amigos y compañeros de doña Isabel Carrasco por el trágico asesinato de ayer.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley que presenta mi grupo, estaremos de acuerdo en que hay muchas áreas de mejora en nuestro sistema universitario y el hecho de que ninguna de nuestras universidades ocupe un puesto de referencia
en los principales ránquines internacionales es un buen
indicativo de esto que digo, que además contrasta de forma notable con la situación de las principales escuelas de negocio de nuestro país, que ocupan una posición muy relevante en los ránquines internacionales. Esto no solo es un problema
reputacional que afecta a la internacionalización y al papel que como embajadoras fuera de nuestras fronteras deberían jugar nuestras universidades, es sobre todo una llamada a la acción por la importancia que tiene la universidad en la formación y
en el futuro laboral de nuestros jóvenes y para impulsar las reformas necesarias en su funcionamiento y gestión y hacerlas verdaderamente competitivas. Entre esas áreas de mejora, una que nosotros hemos identificado es la que se refiere a la
empleabilidad de los estudiantes y al desarrollo de las habilidades necesarias para un mercado laboral en constante cambio. Esto requiere, en nuestra opinión, un enfoque integral a lo largo de todo el periodo de formación y la puesta en marcha de
unos servicios de asesoramiento profesional bien definidos.
Esta gestión de la empleabilidad tiene, en nuestra opinión, tres pilares fundamentales: información, orientación y prácticas en empresas. Lo cierto es que muchas universidades carecen de áreas específicas que trabajen de forma efectiva y
con carácter integral estos tres aspectos. Como consecuencia, nuestros estudiantes se encuentran desorientados y desinformados a la hora de acceder al mercado laboral. En materia de información y orientación profesional, cabe señalar que esta ha
brillado hasta ahora por su ausencia con carácter previo a la incorporación de los estudiantes a la universidad, algo que ya hemos tenido ocasión de debatir y que probablemente esté en la raíz de que el 40 % de nuestros estudiantes ocupen puestos
para los que están sobradamente formados o que el 19 % abandone la universidad tras el primer año. ¿Tienen esos resultados que ver con la falta de orientación y de información? Nosotros creemos que sí. Pero, ¿qué opinan los propios estudiantes
universitarios? Pues bien, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, a través de su departamento de formación y empleo, que gestiona las becas Faro Global de prácticas internacionales desde el año 2002, y su director, don Ignacio
Sánchez García-Abril, al que quiero agradecer su colaboración en la elaboración de esta iniciativa, se lo han preguntado directamente a los estudiantes, les han preguntado cuál es su opinión acerca de cómo les prepara la universidad para enfrentarse
al mercado laboral, y la respuesta de los estudiantes ha sido un rotundo suspenso a las universidades. Tanto en técnicas para la búsqueda de empleo como en orientación y desarrollo profesional, como en los conocimientos generales de economía y
gestión de empresas los estudiantes han suspendido a nuestras universidades, lo que evidencia la necesidad de cambiar un modelo que solo ofrece apoyos a aquellos que están al final de los estudios y que solo se los ofrece a los más proactivos, a
aquellos que acuden de forma voluntaria, y que en general está mal enfocado y no tiene en cuenta ni el perfil ni las necesidades de los estudiantes.
En materia de prácticas sucede tres cuartos de lo mismo, señorías. Existen carencias de gestión, hay faltas de coordinación dentro de la universidad y una absoluta falta de coordinación con el entorno empresarial, algo que en mi opinión es
de gran importancia, pues se da la paradoja de que universidades y empleadores paren vivir en mundos paralelos cuando ambos deberían tener un objetivo común. En este sentido, y pese a que está demostrado que las prácticas son un trampolín al
empleo, no se ofertan suficientes prácticas, ni de suficiente calidad, ni adaptadas a las necesidades de los estudiantes, se desprecian las prácticas virtuales y no se contempla una duración mínima que garantice su mejor aprovechamiento.
Por todo ello, nosotros hemos presentado una propuesta para mejorar la empleabilidad de los estudiantes universitarios, que consta de tres puntos. En primer lugar, la creación de una plataforma única que facilite un mejor acceso a la
información en todos estos aspectos a los que me he referido. En segundo lugar, trabajar con las universidades para asegurarnos de que todas ellas cuentan con servicios de empleabilidad y que prestan ese servicio a los estudiantes a lo largo de
todo el proceso de estudios y gestionan adecuadamente las prácticas de los mismos. Y, finalmente, la elaboración de un mapa de empleabilidad por área de conocimientos, universidad y titulación, algo que se hace en muchos otros países y que
lamentablemente aquí se ha empezado a hacer ahora. De hecho, la Secretaría General de Universidades está completando el sistema y analiza la situación laboral a los uno, tres y cinco años de finalizar la carrera; se está integrando la información
con la base de datos de la Seguridad Social y se colabora con el Instituto Nacional de Estadística para obtener una mejor información acerca de la situación de empleabilidad de nuestros estudiantes, algo que sin duda contribuirá a aumentar la
transparencia y la toma de decisión informada por parte de nuestros estudiantes.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió respecto de la cual me van a permitir que haga dos reflexiones muy
breves. En primer lugar, de la lectura de la misma entiendo que no deberían tener ningún problema con lo que nosotros planteamos y que perfectamente podrían votar a favor de nuestra iniciativa. Y, en segundo lugar, su enmienda lo que hace
es añadir una serie de puntos que no tienen estrictamente que ver con lo que nosotros planteamos aquí y que, o bien añaden gasto sin cuantificar los fondos, o bien tratan temas como el adelantamiento de los fondos de garantía juvenil, algo frente a
lo que Europa ya se ha manifestado, o piden la territorialización de dichos fondos, algo sobre lo que nos hemos manifestado también nosotros y que es incompatible, en nuestra opinión, con la naturaleza de los mismos.
En definitiva, señorías, siendo conscientes de que la universidad tiene importantes retos a los que enfrentarse, creemos que no conviene olvidar el objetivo de unas instituciones a las que los españoles dedicamos cuantiosos fondos, y que no
es otro que preparar a nuestro capital humano, a nuestros jóvenes, para alcanzar sus metas y objetivos profesionales. Por todo ello, pedimos el voto afirmativo a la iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Pastor.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señor Pastor, le propongo que hable con los estudiantes y les pregunte qué opinan de las becas, de la política de becas del ministro Wert. Tal vez cambiarían la política a partir de las respuestas de los estudiantes, lo digo viendo que su
teoría se basa en unas encuestas hechas a estudiantes.
Nosotros, Convergència i Unió, ante esta proposición no de ley de mejora de la empleabilidad de los estudiantes solo puede tener una voluntad constructiva, aunque la propuesta del Partido Popular es descafeinada. Nosotros hemos añadido con
las enmiendas que usted ha comentado propuestas para afrontar la tragedia que vivimos con los altos índices de paro juvenil. Hemos propuesto ideas y medidas concretas y, cómo no, pedimos más recursos económicos para poder realizarlas. Para
Convergència i Unió la empleabilidad de nuestros jóvenes es una prioridad urgente, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Los índices de paro juvenil en Europa son graves -de cada cinco jóvenes uno no tiene trabajo-, pero en España suponen una
tragedia social: uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo. Esta proposición no de ley del Partido Popular refleja la falta de iniciativas del Grupo Popular y del Gobierno, y no solo la falta de iniciativas sino que el Gobierno no cumple las
recomendaciones de Europa en políticas de ocupación y encima ha reducido en un 58 % el importe presupuestario dedicado a las políticas activas de ocupación. Al Partido Popular le faltan iniciativas, reduce recursos económicos; las enmiendas de
Convergència i Unió proponen lo contrario: iniciativas concretas y dotar de más recursos económicos estas políticas, también en la empleabilidad de estudiantes universitarios. La política del Partido Popular vuelve a priorizar su objetivo de
recentralización del Estado también con las políticas activas de ocupación, alejándolas más de las necesidades de los jóvenes sin trabajo y de las empresas que los podrían contratar. Pueden realizar discursos, pero los hechos confirman que no
trabajan para crear herramientas útiles para los jóvenes que quieren encontrar trabajo.
Pero vamos a las propuestas: Instar a elaborar una estrategia para la mejora de la empleabilidad. Por supuesto, pero ¿y las comunidades autónomas? ¿Y sus competencias? Hemos incluido ese párrafo y han dicho que no era necesario. Nuestra
enmienda corrige esa obsesión de recentralización que tiene el Partido Popular y algún partido que le apoya en ese sentido. En cuanto a las acciones concretas, crear una plataforma única. Otra vez; repetimos; vuelve la recentralización.
Proponemos conjunta; no nuestra, conjunta; una plataforma conjunta con las universidades, con las entidades privadas, con las administraciones, con el Estado; conjunta, entre todas las administraciones, señorías. Algunas experiencias exitosas
nos recomiendan crear plataformas de tamaño más pequeño que pueden ser completadas y estar coordinadas entre ellas. Pero una plataforma única sería una plataforma de embudo y sería contraproducente respecto a la simplificación, la eficacia y la
eficiencia del objetivo a alcanzar. Sería necesario crearlas -si fuese el caso de que fuesen conjuntas- en colaboración con las administraciones e instituciones públicas y privadas. Hay que conocer, y no lo he oído, señoría, las experiencias
existentes para propagarlas, mejorarlas y armonizarlas. Conseguir que la suma de las experiencias sirva para mejorarlas, ese es nuestro reto y nuestro objetivo como Convergència i Unió. Existen muchas experiencias de éxito y no solo con empresas
grandes, algunas muy destacables son experiencias con pequeñas y medianas empresas, con pymes, donde el trabajo conjunto de empresas privadas y universidades está consiguiendo altos índices de ocupabilidad.
En referencia a la exposición de motivos, las universidades ya hace años que trabajan para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes. Quiero poner como ejemplo un proyecto de éxito de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona -la Fira
de l'Ocupació- que celebra este curso el décimo aniversario. Diez años trabajando y llevando a cabo iniciativas para defender la empleabilidad de los estudiantes de las universidades. Hace años que las universidades trabajan creando bolsas de
ocupación y diversas iniciativas dirigidas a sus estudiantes y graduados universitarios. Todo lo que signifique mejorar, adelante, pero respetando las iniciativas ya existentes. Por eso hemos concretado enmiendas: incrementar los incentivos a los
contratos en prácticas, incrementar los recursos destinados a financiar las becas universitarias de transición al mundo laboral, hemos hecho referencia a los incumplimientos en el Plan de garantía juvenil del Partido Popular intentando corregirlos y
hemos hecho enmiendas siguiendo los principios de colaboración entre administraciones. Defendemos territorializar los fondos de garantía juvenil; es garantía de éxito -se lo tienen que creer porque es así- que las actuaciones se hagan desde los
propios territorios, conociendo al máximo la realidad, y, cómo no, reforzar las políticas financieras de apoyo a proyectos empresariales, emprendedores de la universidad -no solo tienen que ir a empresas sino que ellos mismos pueden hacerlo-.
Voy terminando. Hemos presentado enmiendas con voluntad constructiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que terminar ya.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: ... para trabajar por la empleabilidad de nuestros jóvenes, pero no podemos apoyar una propuesta recentralizadora y maquilladora de las políticas del Partido Popular con objetivos propagandísticos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Barberà.
Fijación de posiciones. Grupo Mixto. En primer lugar, el señor Baldoví tiene la palabra.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Nueva PNL del Grupo Popular sacada del neceser de la Señorita Pepis, como casi todas, insustancial y fuera de la realidad. Menciona un problema y no aporta casi ninguna solución, pero lo más preocupante es que vulnera la autonomía
universitaria pretendiendo quitar a las universidades una competencia que ejercen, para centralizarla y lograr de ese modo lo contrario a lo que supuestamente se pretende con la iniciativa, esto es, alejar completamente la empleabilidad de las
universidades. ¿Para qué, si tienen el Servicio Público de Empleo Estatal que no contrata a casi nadie? Así, tras la exposición de una necesidad de incrementar la parte práctica formativa universitaria y la empleabilidad, lo que esconde es la
decisión de apartar esa parte de la formación de las universidades para apropiársela por parte del Estado y hacer uso de ella no sabemos cómo. Y digo no sabemos cómo porque en mi comunidad autónoma, en el País Valenciano, hemos tenido experiencias
muy esclarecedoras de cómo el Partido Popular selecciona a los jóvenes para que accedan a un empleo: primer requisito, tener carné del Partido Popular; segundo, tener un familiar con cargo en el Partido Popular o tenerlo uno mismo, entonces entras
seguro. En el Instituto Valenciano de la Juventud, 20 de los 41 empleados tienen carné del Partido Popular. ¿Cuál es su plan? ¿Trasladar este mecanismo de selección a los universitarios de todo el Estado español? Una pregunta, ¿han hablado con
la Conferencia de rectores de las universidades que forman parte del Observatorio de empleo y empleabilidad universitarios antes de plantear esta iniciativa? ¿Han investigado qué se está haciendo y qué éxito están teniendo los distintos servicios
de empleo de las diferentes universidades? Porque en su PNL pareciera que no existen. La Universidad de Valencia acaba de recibir un premio de la Unesco por su Observatorio de inserción laboral. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa
la Presidencia).
El mayor apoyo que puede hacerse a las universidades españolas es saldar la deuda económica que las distintas administraciones tienen con ellas y garantizar su financiación pública. Un ejemplo, el Gobierno valenciano del Partido Popular
debe a las universidades valencianas 949.911.000 euros, según ellos mismos han reconocido. Representa el 41 % del déficit total universitario del Estado español: maneras de gobernar del Partido Popular. Antes de pretender controlar su labor, no
estaría de más pagarles lo que les deben.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Desde nuestro punto de vista la PNL del Grupo Parlamentario Popular centra el grave problema de la empleabilidad de los jóvenes, en concreto de los jóvenes universitarios, en las universidades, parece que casi exclusivamente. Las
culpabiliza sin argumentos objetivos y de peso y a nuestro juicio desde una óptica totalmente errada. En primer lugar, los ránquines son sumamente discutibles en su diseño y en todo caso es difícil que las universidades del Estado español figuren
en ellos cuando la inversión en la educación pública universitaria se reduce año tras año a pasos agigantados y la inversión en la educación en general es claramente mucho menor que la de muchos de los países que aparecen en esos top a los que
ustedes dan tanta importancia.
En segundo lugar, las universidades forman profesionales tan competentes que se los rifan literalmente los países más avanzados; profesionales que se ven obligados a emigrar, entre otras cosas porque ustedes les recortan brutalmente las
becas para continuar sus estudios o continuar su investigación. Esta emigración de los profesionales cualificados no es un fracaso de las universidades, sino del tejido productivo y de un mercado de trabajo que no les ofrece posibilidades y, desde
luego, de un Gobierno cuyas medidas laborales son por ejemplo una reforma laboral que cada vez produce más parados. Con todo, la elevadísima tasa de desempleo juvenil es mucho menor -voy terminando, presidenta- en titulados universitarios que en el
resto de niveles educativos. Por lo tanto, los problemas fundamentales y estructurales están en el mercado de trabajo, y ahí es donde justamente hay que tomar las principales medidas.
En tercer y último lugar, los servicios de empleabilidad de las universidades hay que crearlos o mantenerlos con personal. ¿Cómo se hace esto si se ha impuesto también en este ámbito la austeridad y las tasas de reposición son cero en
personal? Esta iniciativa, además, desprende un ánimo recentralizador invadiendo la autonomía universitaria y las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, vamos a votarla en contra.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, nos encontramos ante una nueva iniciativa trampa del Grupo Popular o del Ministerio de Educación, como lo prefieran, que, embozada en criterios como la eficiencia y la empleabilidad, a los que
sin duda debe estar orientada la universidad, pretende la creación de una única universidad española. Estoy más que convencida de que es así tras escuchar la postura del portavoz del Grupo Popular ante la enmienda presentada por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió. ¿Cómo lo hacen? Como es habitual, laminando la autonomía universitaria, conculcando las competencias de las comunidades autónomas y recogiéndolas, recentralizándolas nuevamente en Madrid para recuperar así la esencia más pura
del modelo universitario del franquismo.
Es cierto que resulta difícil no compartir que las universidades tienen que llevar al empleo, como lo es también que una sociedad no se puede permitir invertir en formación de las personas sin que ese esfuerzo colectivo incida en la
empleabilidad y sin que revierta también en la comunidad. También es cierto que las universidades, además de fijar como objetivo la transmisión de conocimiento, deben de perseguir y conseguir también la obtención de resultados en forma de empleo y
riqueza, deben orientar sus titulaciones a la empleabilidad. Pero hasta aquí, señorías, compartimos su discurso, solo hasta aquí, porque hay que reconocer que el planteamiento de salida no es malo. El problema es el camino elegido. Por tanto,
estamos de acuerdo en la finalidad, pero en ningún caso en las formas, y es que una vez más pretenden entrar a sangre y fuego imponiendo monolíticamente su proyecto. Con la excusa de la empleabilidad, pretenden decidir desde el ministerio lo que
las 74 universidades del Estado tienen que hacer como si fuera una sola. Pretenden uniformizar y nivelar sin consensuar, desde el imperativo categórico, y yo de verdad les aseguro que van a fracasar. ¿O creen que las universidades van a consentir
semejante, permítanme la licencia, majarada? Una cosa es consensuar y otra imponer.
Esta claro que los Gobiernos -y digo los Gobiernos- y las universidades deben de colaborar. No se trata de que reciban financiación pública y hagan con ella de su capa un sayo. Por supuesto que deben establecer estrategias comunes
orientadas a la eficiencia, pero sin duda desde el respeto a la autonomía universitaria y a las competencias de las distintas administraciones educativas, desde el debido respeto a los principios de libertad de gestión y de libertad de cátedra de la
universidad, eso es incuestionable y, sinceramente, creo que ustedes hacen exactamente lo contrario, que los están conculcando con la
iniciativa o intentando conculcarlos de pleno. Si no, ¿qué es pretender crear una plataforma única -hasta el lenguaje los delata- que aglutine toda la información relevante sobre orientación, formación y prácticas? Le voy a contestar yo
misma: centralizar y nivelar, metiendo la cabeza una vez más donde no les corresponde. Siguiendo las palabras de un diputado que me ha precedido de su propio grupo, la plataforma única no es necesaria para el objetivo que se pretende, señorías.
Además les voy a preguntar otra cosa: ¿por qué tiene que haber una orientación única, qué aporta? Pues absolutamente nada nuevo. De hecho, como ya se ha señalado aquí, hay universidades que tienen unos servicios de orientación y de empleabilidad
muy buenos. ¿Y qué pretenden hacer? ¿Acaso, además, convertir a las universidades en meras delegaciones de su pensamiento unívoco? Pues no. ¿Y qué decir de las comunidades autónomas que cuentan con sistemas de trazabilidad sobre titulaciones
universitarias que aportan unos datos extraordinariamente fiables y con servicios de orientación para el empleo eficientes? Véase Lanbide, es el caso de Euskadi, en ambas cosas además; como saben, fue uno de los primeros.
Señorías, la especificidad no se puede uniformizar ni con plataformas únicas ni con datos de empleabilidad. Convendrán conmigo en que las necesidades del tejido empresarial desde el punto de vista de la cobertura de los puestos de trabajo
son diversas. ¿O es lo mismo la empleabilidad proyectada sobre una economía industrializada como la vasca, con un tejido compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, que sobre una economía en otro lugar del Estado basada en el suelo o
en el ladrillo? Pues no, señorías, no, no, es totalmente diferente, se lo ha dicho el señor Barberà, es totalmente diferente, eso debe de ajustarse. Por tanto, las universidades deben diferenciarse y especializarse y no nivelarse, que es lo que se
esconde detrás de su propuesta.
Para concluir, señor Pastor, me gustaría que, además de preguntar a los universitarios por la empleabilidad, les preguntaran ustedes también por las becas. No le he oído decir nada al respecto. Por tanto dedíquense a lo que se tienen que
dedicar y es a trabajar colaborativamente desde el consenso para conseguir que las universidades del Estado sean eficientes y competitivas, en lugar de articular operaciones de maquillaje y trapos tras las que se esconden nuevas 'loapitas' que
pretenden laminar las competencias de las administraciones educativas competentes y construir una universidad de pensamiento único al más rancio estilo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sánchez Robles, tiene que concluir.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Concluyo inmediatamente.
Renuncien, por favor, renuncien o contarán ustedes con nuestra más frontal oposición. Palabra de vasca.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Brevemente voy a explicar la abstención de mi grupo. Nos vamos a abstener no porque nos parezca que sea un mal objetivo lo que se propone en esta proposición no de ley, sino porque, siguiendo un poco la tradición de las que nos suele traer
el Grupo Popular, carece de sustancia. Es más para crear nuevos entes administrativos o algo así que para entrar a fondo en el problema. Aquí se han dicho algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no lo estoy en absoluto,
pero, para entrar en la cuestión que nos proponen, ¿hay un problema con la empleabilidad de los graduados y posgraduados en España? Sí, evidentemente, si no, no tendríamos un problema tremendo del 50 % o más de paro juvenil. También es verdad que
sabemos que está distribuido de una manera desigual y que es mucho más fácil para un graduado universitario obtener un empleo que para alguien que no tiene formación superior y no digamos para los que no tienen ni el graduado escolar.
Dicho esto yo creo que los problemas de fondo que tiene el empleo juvenil en España solo en una muy pequeña parte se pueden atribuir a las universidades, y no es porque yo las quiera defender como instituciones, porque en esto, como en otras
cosas, siguen siendo instituciones demasiado cerradas, demasiado rígidas, demasiado pendientes de intereses que no tienen nada que ver con sus fines y se nota precisamente en la descoordinación que tienen muchas veces para cosas elementales. Le
pongo un ejemplo y, como son ustedes el grupo mayoritario y además el que gobierna, deberían hacer algo al respecto. Uno de los problemas que tiene la empleabilidad universitaria o postuniversitaria en España es
el exceso de titulaciones. Hay una exageración de títulos universitarios que no es que no tengan empleabilidad, es que no tienen sentido. En vez de agruparse los títulos, lo cual permitiría un acceso, desde el punto de vista del empleo, al
titulado mucho más sencillo, se ha tendido a su proliferación por intereses completamente ajenos a los de los estudiantes.
Me referiré también la proliferación de másteres, que en muchos casos son verdaderas obras de fantasía departamental, pero que tienen muy poco que ver no ya con la demanda laboral, sino con ningún tipo de demanda más allá de los intereses de
mantener determinados departamentos universitarios. Ahí sí que se pueden hacer cosas porque eso forma parte de la legislación básica que hace el Estado. Crear agencias, crear observatorios, crear programas, mire, todo eso se ha hecho y se ha hecho
mucho y, vamos a ser sinceros, sirve para muy poco. Si la idea de un portal único, que ha sido aquí tan denostada y no sé por qué, es comparable a hacer algo, para que nos entendamos, tipo Google, pero para gente que busca empleo, universitarios o
cualquier tipo de joven que busca empleo, sería una idea magnífica, que eso lo haga el Ministerio de Educación con las otras administraciones de verdad que no va a servir para nada, porque tiene que ser otro tipo de mentalidad la que cambie los
problemas que se oponen al crecimiento o al desarrollo del empleo juvenil y sobre todo de los titulados en España.
Para empezar, hay problemas de hostilidad legislativa. Le voy a poner otro ejemplo muy sencillo, aparte de la proliferación de titulaciones, que es el de los problemas legales que hay en España para crear start-ups y pequeñas empresas en un
campo donde la universidad está haciendo ya mucho, que es el de la industria digital. Los jóvenes españoles con talento digital, que hay muchísimos, se van a Gran Bretaña a abrir una empresa porque basta con entrar en una página web, pagar 15
libras, dos trámites y a los dos días ya eres empresario y no pagas impuestos hasta que no obtienes beneficios. Hagan algo así, hagan algo de este estilo y entonces conseguiremos resultados efectivos en materia de lo que nos traen aquí. Crear una
agencia universitaria para que sencillamente constate y haga estadísticas de las dificultades para acceder a un empleo no va a hacer otra cosa que añadir más estadística, es decir, nada: soluciones, ninguna.
¿Por qué razón no vamos a apoyar la creación de nuevos entes aunque -me imagino que está en su argumentario- no cuesten nada a nadie -cosa que por cierto jamás ocurre así; a las universidades les costaría crear servicios de empleo
universitarios-? Porque existe el INEM, porque todas las comunidades autónomas tienen su servicio de empleo y en general el resultado es también el mismo, es triste, es pobre, es negativo, no sirven para encontrar empleo. Así pues, que
multipliquemos las agencias destinadas a facilitar el empleo no va a hacer que el empleo aparezca. Son razones de otro fondo, son económicas, son de estructura del mercado. Acaben con el mercado dual, que hace polvo a los jóvenes. Ese tipo de
cosas son las que importan. En opinión de nuestro grupo crear más observatorios, más mapas y más plataformas administrativas es lo que se ha hecho siempre y es lo que nos ha llevado a esta situación. Es no hacer nada.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Permítame, señora presidenta, que en primer lugar y conociendo además su sensibilidad me refiera a una cuestión que, quizá por la emoción que en estos momentos puede tener el Grupo Popular, no ha sido escuchada y ni siquiera se le ha pedido
al diputado que lo ha dicho que rectifique. No parece sensato que aquí, que luego queda reflejado en el 'Diario de Sesiones', se digan cosas como que no por poner más penas habrá menos asesinatos o que no por poner más penas habrá menos violencia
de género. Creo sinceramente, señorías, que no es de recibo que figuren en el 'Diario de Sesiones' tales expresiones. Por eso apelaba a su sensibilidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Álvarez, utilizada la sensibilidad, vuelva al tema.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Perdón, no la he entendido.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Hable usted del tema que nos ocupa.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Sí, sí, voy a hablar del tema que nos ocupa, pero quería expresarlo porque creo que es importante que estas cosas se digan.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Bien, vuelva usted al tema, que tiene usted el tiempo tasado.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías del Grupo Popular, esta iniciativa que hoy nos traen aquí nos recuerda a los que ya tenemos una edad el viejo truco de aquellos que llamaban la atención de la gente con tres botes y una bolita. Una vez
que la clientela se afianzaba, les incitaban a apostar y a averiguar bajo qué bote estaba la bolita. Ustedes pretenden derivar la atención de la cruel realidad que está suponiendo la emigración de nuestros universitarios a otros países en busca del
empleo que no encuentran aquí derivando hacia las universidades, esencialmente las públicas, el origen del problema. Según ustedes, si los estudiantes no consiguen becas, el problema es de los estudiantes; si las tasas suben, el problema es de las
universidades, que no gestionan bien sus recursos y necesitan aumentarlos; si los investigadores se van a otros lugares, el problema es de la escasez de resultados y publicaciones que realizan. Tres botes y una sola bolita, el futuro de los
universitarios, y todo para esconder una o varias verdades. La verdad es que son ustedes los responsables de modificar los criterios para la solicitud de las becas con el arcano propósito de reducir el número de universitarios por la parte más
débil; que son ustedes los que han considerado que las becas son un premio y no un derecho; que son ustedes los que están asfixiando a las universidades públicas recortando los recursos destinados a las mismas allí donde gobiernan; que son
ustedes los que han metido la tijera atentando contra la formación del profesorado; que son ustedes los que han ido reduciendo los fondos destinados a I+D+i. Son las políticas neoliberales las que han sumido a nuestro país en el desempleo y la
pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras; son ustedes y los que, como ustedes, hacen políticas similares y encaminadas a recuperar entidades financieras y no a buscar el bienestar de toda la ciudadanía los que expulsan a nuestros
universitarios a la emigración.
Señorías, el Partido Popular ha llevado tan lejos su capacidad de emprender que hasta se inventa palabras. No es cierto, no se las inventa, viene de un término anglosajón, que es encontrar vacante de empleo. En cualquier caso no aparecen
en el Diccionario de la Lengua Española. Lo más cercano a tal cuestión que yo he podido encontrar es la palabra maleabilidad. Es decir, ¿pretenden ustedes que los estudiantes se vuelvan maleables, fáciles de convencer y persuadir? A lo mejor es
eso lo que quieren. No me mire usted así, eso es lo que existe, señoría. Los jóvenes, nuestros estudiantes, no han nacido para ser utilizables, porque no es eso lo que quieren. No han nacido para ser utilizables por ninguna empresa. No han
nacido para ser utilizables por el Partido Popular. No han nacido para ser utilizables por ningún gobierno, para eso no han nacido. Lo que quieren es formarse, estudiar y adquirir conocimiento y luego además, sin lugar a dudas, trabajar.
Sabemos, señorías del Grupo Popular, que ustedes han venido aquí a decirnos qué es lo que tienen que hacer los estudiantes y qué es lo que tienen que hacer las universidades públicas. Sabemos, señorías del Grupo Popular, que aquí se ha
creado una subcomisión para hablar del empleo juvenil, y sabemos, señorías del Grupo Popular, que a ustedes les debe importar muy poco esa subcomisión, porque ustedes, con esto que vienen a hacer aquí, se cargan la comisión de estudio precisamente
que tenía que ir dirigida a esto. Sí se la cargan porque traen ustedes aquí una proposición no de ley que viene a resumir lo que al parecer tiene que decir la comisión de estudio al final. Parece que eso es lo que ustedes quieren. Lo que nosotros
creemos es que ustedes con esta iniciativa intentan poner las universidades al servicio de la iniciativa privada. Aquí ya se ha dicho, ustedes se injieren en la autonomía de las universidades y quieren que todas tengan un mismo modelo y además una
relación directa al servicio de la iniciativa privada, como hemos dicho.
Nosotros creemos que ustedes realmente buscan acabar con todos aquellos conocimientos que no sean útiles para que sus amigos, aquellas grandes empresas, sean los que ganen más dinero a costa del mal empleo de nuestros jóvenes y de nuestros
estudiantes.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): señora García Álvarez, tiene que finalizar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señora presidenta.
Son ustedes por tanto, y no las universidades ni por supuesto nuestros egresados, los responsables de la situación que se vive en nuestros campus y de la carencia de recursos que sufre el sistema público
en nuestro país y también de la situación de miles de estudiantes que buscan trabajo y no lo encuentran en este país y tienen dificultades fuera del mismo por estas políticas que les acabo de denunciar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Socialista, señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señora presidenta.
El grupo proponente, el Grupo Popular, nos tiene acostumbrados a este tipo de proposiciones no de ley presentadas en Pleno o en Comisión y lo primero que se nos viene a la mente es que no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Parece más un
ejercicio de corta y pega que una PNL redactada y pensada para ser debatida desde esta tribuna. Porque, señor Pastor, ¿qué tienen que ver los ránquines con el empleo de los estudiantes y egresados universitarios? Todos deberíamos saber que los
ránquines comparan elementos muy heterogéneos que no es posible sumar, lo mismo que las peras y las manzanas, y sobre todo que sus indicadores se refieren a la producción científica de las universidades y que en ningún caso tienen en cuenta la
empleabilidad de los egresados, pero que nuestros mejores científicos y nuestros mejores talentos salgan de España sí lo tienen en cuenta. (Aplausos).
No voy a detenerme demasiado en este anzuelo de los ránquines, que para el PP y su Gobierno son una especie de mantra, de arma arrojadiza utilizada siempre contra nuestra universidad y nuestros universitarios. ¿Creen de verdad que para que
nuestras universidades destaquen internacionalmente es necesario reformar los sistemas de funcionamiento y la gestión del personal o cambiar el procedimiento de la elección del rector? No es verdad, no es así. ¿No sería más eficaz que mantuvieran
debidamente financiadas las universidades y los programas de investigación de I+D+i, que acabaran con la insuficiente tasa de reposición del profesorado, etcétera, tal como les han señalado hace solo unos días los rectores? ¿Creen de verdad que la
solución de los problemas de la universidad española vendría de la creación de una plataforma única por parte del ministerio? Espero que no se les haya olvidado que la autonomía universitaria está recogida en nuestra Constitución.
Sinceramente, en mi opinión, parece que esta PNL la ha redactado alguien que no conoce de cerca la universidad española. Como deberían saber, son las propias universidades las que han desarrollado, con más o menos éxito, estrategias para
facilitar el empleo a los egresados universitarios, y en la mayoría de las universidades las emprenden los consejos sociales, esos que tanto vienen ustedes denostando. Se han creado organismos públicos, públicos-privados y privados, muchas veces en
forma de fundaciones, y algunas tan antiguas como la FUE, de 1970, de la época de Franco. No es asunto por tanto que haya soslayado la universidad española, esto no lo ha soslayado. Otra cosa es que estos organismos no hayan logrado el éxito
anhelado, pero no se debe culpar del todo a las universidades -ya se lo han dicho aquí-, y no se debe culpar del todo a las universidades de la elevada tasa de paro juvenil, porque este no se concentra precisamente en los titulados universitarios,
sino que, muy al contrario, se ceba mucho más, desgraciadamente, en los que no cuentan con estudios superiores.
Tal vez habría que insistir en que esta estrategia para el empleo de nuestros universitarios -por cierto, mucho mejor preparados de lo que los considera su ministerio- debería incardinarse en un análisis más global de la universidad
española. Los rectores en su comunicado creían necesario adaptar la universidad española, como el resto de las europeas -en esto no somos tan distintos-, a una realidad social y económica que exige una modernización de su estructura y
funcionamiento, adaptación que siempre habría que llevar a cabo en el seno de un amplio consenso social y político y, en todo caso, desde el respeto a la autonomía universitaria y de ninguna manera desde plataformas únicas creadas desde el
ministerio. Se me pone el vello de punta con esto de las plataformas únicas a mí también.
En opinión del Grupo Socialista, las condiciones para crear servicios de empleo para los titulados ya existen, señor Pastor, no sé qué conoce usted, pero ya existen, y me consta que también gran parte de las universidades tienen elaborado o
están elaborando un mapa de empleo de sus egresados, como se solicita en su PNL, que debe ser muy antigua, aunque es del año pasado nada más, porque efectivamente esto existe desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que la
universidad no tiene como único fin fabricar profesionales para el empleo. Las universidades son algo más que agencias de colocación. Restringirlas a este cometido sería empequeñecerlas.
Nuestro voto desde luego no va a ser favorable a esta PNL en la que, como siempre, se solicita lo obvio, o bien se solicita lo que ya se está haciendo, que yo creo que lo solicitan porque desconocen de verdad lo que se está haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Costa.
Señor Pastor, para aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Rechazamos la enmienda presentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pastor.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPOSICIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 162/000860).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición del Grupo Socialista sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo. Para su defensa tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el año 2013 finalizó y el Gobierno no ha prorrogado el derecho de los trabajadores a la reposición de las prestaciones por desempleo para los afectados por un expediente de suspensión o de reducción de jornada a partir del 1 de
enero del presente año 2014. Estamos ya en el quinto mes del año y el Gobierno parece dispuesto a suprimir el último mecanismo de mantenimiento de la estabilidad en el empleo para favorecer que las empresas en crisis puedan aplicar una reducción de
jornada o una suspensión de contrato por un periodo de hasta ciento ochenta días, en lugar de despedir a los trabajadores, en lugar de destruir el puesto de trabajo. Las consecuencias son dramáticas para los trabajadores sometidos a expedientes de
regulación de empleo. La opción de la suspensión o reducción de jornada se ve muy limitada como consecuencia de esta decisión del Gobierno. Esta decisión se produce a pesar de la alarmante cifra de destrucción de empleo, de aumento del paro y de
caída de la población activa que se ha producido en nuestro país, según los datos de la encuesta de población activa, a pesar de la enorme brecha social que está provocando el incremento del número de despidos y de expedientes de regulación de
empleo con eliminación del contrato que ha facilitado la reforma laboral. Esta decisión se produce cuando el Gobierno habla de una recuperación que no genera empleo, que olvida la recuperación de los derechos y de las condiciones laborales y que se
basa en más ajustes de plantilla, más devaluación salarial, más precariedad laboral y menor protección por desempleo. Conviene recordar cuál ha sido la justificación legal de la reposición de las prestaciones por desempleo desde que se puso en
marcha en el 2009 hasta diciembre de 2013. Este derecho surgió al amparo del Real Decreto-ley 2/2009, y en su exposición de motivos se justificaba la medida para favorecer el mantenimiento de los contratos de trabajo, a través de los expedientes de
regulación temporal evitando con ello la destrucción de puestos de trabajo.
Argumentos similares son los invocados por las exposiciones de motivos de las leyes que procedieron a su prórroga, incluida la reforma laboral, para evitar que el coste de la suspensión y reducción de jornada recayera exclusivamente en los
trabajadores. Se trataba de favorecer el mantenimiento de los contratos de trabajo evitando la destrucción de los mismos, de favorecer la flexibilidad interna de las empresas como alternativa a la destrucción de empleo, de fortalecer los mecanismos
de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa, de afianzar el mecanismo de suspensión de los contratos de trabajo y reducción de jornada como alternativa a los despidos. Ninguno de estos
argumentos parece interesar ahora al Gobierno. El recorrido del derecho a la reposición de prestaciones por desempleo ha llegado a su fin con el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. Este fija la última prórroga de dicha medida para las
suspensiones o reducciones de jornada que se hayan producido antes del 1 de enero de 2014. El Gobierno decide de esta forma acortar la prórroga de este derecho y la cuestión es: ¿qué ha ocurrido en el mercado laboral que justifique este cambio tan
radical por parte del Gobierno? ¿Acaso se ha reducido la tasa de paro? ¿Hemos superado ya el número de ocupados del 2009 o del 2011? ¿Han disminuido los despidos? Todo lo contrario, señorías, veamos algunas cifras: desde que comenzó la
legislatura se han destruido 1.200.000 empleos, el número de parados ha aumentado en más de 600.000 y la tasa de desempleo roza el 26 %, 9 puntos más que en 2009 que era del 17 %. Si en 2009 y 2010 el número de despedidos individuales estaba en
torno a 145.000 anuales y 73.000 los colectivos, en 2012 y 2013 alcanzaron la cifra de 284.000 los individuales, prácticamente el doble que en la etapa anterior, y los colectivos superaron los 100.000.
A todo esto hay que añadir una brutal caída de la tasa de cobertura. En el mes de marzo, según los datos del ministerio, apenas el 58 % de los parados registrados percibían algún tipo de protección. Según la EPA solo 1.900.000 desempleados
reciben prestación de los 6 millones de parados existentes. Ahora el
Gobierno, en lugar de perfeccionar los mecanismos de protección y de aumentar la inversión en políticas activas, mantiene los recortes de más de 10.000 millones en políticas activas de empleo y se propone recortar otros 6.000 millones en la
protección por desempleo. Pero hay más en las perspectivas que en materia de empleo presenta el Gobierno a Bruselas para los próximos años. La reducción del número de parados se fía a la continua expulsión de trabajadores del mercado de trabajo y
a una sustitución de trabajo de calidad por empleo precario, por horas, a tiempo parcial. Aun así, la tasa de paro seguirá por encima del 24 % al final de la legislatura. Según el Gobierno los salarios seguirán cayendo, la renta salarial seguirá
perdiendo peso en la renta nacional hasta 2017 y hasta dentro de seis años, en la hipótesis más optimista, no se recuperarán los empleos destruidos en esta legislatura. En 2015, España tendrá la tasa de paro, de pobreza y de desigualdad más alta de
Europa. Esta legislatura será una legislatura perdida para el empleo. Sí, señorías, esto es lo que dice el Gobierno a Bruselas en su programa de reforma y en el Plan de estabilidad para 2014 y 2015. Por todo ello, es absolutamente incomprensible
la decisión de no prorrogar la reposición de prestaciones por desempleo en los casos de suspensión o de reducción de jornada. La única explicación que se me ocurre es que con esta supresión quieren contribuir al recorte de los 6.000 millones de
euros que en protección por desempleo han prometido a Bruselas el próximo 30 de abril en el programa de estabilidad 2014-1015, y no es de recibo, señorías. La situación es dramática, los costes no pueden recaer en los más débiles, en los más
vulnerables y la opción del mantenimiento del empleo debe ser una prioridad absoluta para el Gobierno y para esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Gutiérrez del Castillo, debe terminar.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora presidenta, solo quiero decir que por esta razón proponemos que el Gobierno vuelva a la prórroga del derecho de los trabajadores en este sentido. Aprovecho también para decir que hay una enmienda de
La Izquierda Plural a nuestra proposición no de ley que entendemos complementaria y que vamos a aceptar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Gutiérrez del Castillo.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural presenta una enmienda a la iniciativa del Grupo Socialista en el sentido de ampliar la propuesta, toda vez que consideramos que la propuesta es atinada, es justa y tiene que ver con los
expedientes de regulación de empleo y con lo que los trabajadores llaman el contador a cero, pero debe inscribirse también en una recuperación de las políticas de protección en nuestro país, que se han visto, a tenor de los últimos datos,
drásticamente reducidas como consecuencia de la crisis y también como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno. La larga crisis económica y las medidas adoptadas por el Gobierno en la reforma laboral, y en otras modificaciones, han
producido que en estos momentos se esté dando una baja muy importante de la cobertura en la prestación por desempleo, a tal punto que en estos momentos rondamos el 50 % en esa protección por desempleo, y asimismo, que se produzca una reducción del
nivel de esa protección, reducción que, como se ha demostrado recientemente en algún informe de los sindicatos, también avanza vertiginosamente. En ese sentido, señorías, aproximadamente de los 6 millones de desempleados y desempleadas que hay en
nuestro país, tenemos 4 millones que no tienen una prestación por desempleo. Mientras se reduce la prestación y la indemnización por desempleo, solamente se contiene la situación social, solamente se palia la pobreza a través de mecanismos de las
propias comunidades autónomas o de los municipios, bien sea con los salarios inserción, bien sea con otras medidas complementarias.
Señorías, en nuestra opinión, es hora de acabar con la devaluación laboral y social que se ha adoptado por parte del Gobierno como principal estrategia de competitividad, y es hora de acabar también con lo que ha dado en llamar el presidente
del Gobierno los estímulos a la empleabilidad, estímulos que, en nuestra opinión, no son otra cosa que el ensañamiento con los trabajadores en relación con la disminución de la protección al desempleo y otras medidas, como la que estamos tratando en
el día de hoy, que significa la anulación de la reposición de prestaciones en casos de expediente de regulación. Estas medidas deben recuperarse, medidas de prestaciones por desempleo y también medidas de recuperación de prestaciones, si por una
parte queremos que la situación sea menos dramática de lo que es - aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos no tienen prácticamente
ningún ingreso, 900.000 familias- y si, por otra, queremos que esa reposición de prestaciones pueda favorecer la recuperación económica del país, estimulando no solamente la demanda, sino también la recuperación económica. Nosotros -lo
hemos dicho en muchas ocasiones- no compartimos la euforia del Gobierno; muy al contrario, pensamos que el Gobierno hace propaganda, y de la mala. En estos momentos hemos dejado atrás la recesión. No es la primera vez que en este país se deja
atrás la recesión, pero no hay ninguna garantía de que dejar atrás la recesión signifique dejar atrás la depresión o iniciar la recuperación.
En estos momentos nos estamos arrastrando por el fondo de la crisis tanto en términos económicos, en los cálculos a corto plazo sobre el crecimiento de la economía, como en términos sociales porque los ciudadanos, y en particular el empleo,
no notan para nada esa supuesta recuperación económica. Por esa razón, señorías, presentamos esta enmienda, que complemente la iniciativa del Grupo Socialista, y que pretende una reflexión sobre la necesaria recuperación de las prestaciones
sociales frente al drama del desempleo y la desprotección y frente al drama de la depresión económica en nuestro país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tres cifras que hablan por sí solas: 4 millones de parados sin prestación, el gasto en protección ha bajado un 15 % desde principios de año y 736.000 hogares sin ningún ingreso. Que a los trabajadores, a partir de 2014, se les impongan
expedientes de regulación temporal, con reducciones de jornada o paros parciales y suspensiones de contrato, y no se les permita recuperar la prestación de desempleo íntegra, es un fraude al trabajador en toda regla. Es un fraude porque el
trabajador acepta medidas provisionales creyendo que con ello ayuda a la viabilidad de la empresa, porque ha oído la canción de la ministra sobre flexibilidad, para después encontrarse con que su prestación por desempleo está consumida o ha sido
hiperreducida. Estamos debatiendo sobre otro de los recortes del Gobierno, hecho -eso sí- discretamente para evitar que la gente se entere. Es más, la gente no sabe que los expedientes de 2014 ya no tendrán derecho a la prestación por desempleo
íntegra, a diferencia de los acontecidos en 2013 con los despidos en 2014. La pregunta evidente es: si tan bien le va a España, como proclaman en esta campaña, ¿por qué no recuperan este derecho? ¿Por qué en lugar de prometer bajar impuestos no
ayudan a esos 4 millones de parados que no tienen prestación? ¿Por qué no lo hacen? Aún están a tiempo. Los trabajadores, y especialmente los parados, no comen ni de consignas ni de propaganda de su Gobierno; comen de salarios o de prestaciones
de desempleo para las que han cotizado y ustedes les van a negar. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a asfixiar a la gente? ¿Hasta dónde? Compromís Equo anuncia su voto a favor de esta propuesta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora vicepresidenta.
En primer lugar, señorías, los nacionalistas canarios queremos expresar nuestro dolor y nuestra solidaridad con lo ocurrido en la persona de doña Isabel Carrasco, y se lo queremos trasladar a sus compañeros y familia, como no puede ser de
otra manera. En segundo lugar, vamos a apoyar esta proposición no de ley sobre la recuperación del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo de aquellos trabajadores que han sido víctimas de situaciones de expedientes de regulación
u otro tipo de situaciones similares en el entorno de sus empresas. La vamos a apoyar porque nos parece evidente, nos parece bien. No sé qué decidirá el Grupo Socialista de la propuesta de enmienda formulada por el señor Llamazares, porque es un
ejemplo más de que es necesario empezar a corregir la política de maltrato sistemático a los intereses de los trabajadores, que se está produciendo desde el inicio de la crisis y, en concreto, después de la llegada del Partido Popular al Gobierno.
Es un aspecto parcial, no es un aspecto que vaya a resolver la totalidad del daño infringido a los derechos laborales en este país; sin embargo, es un elemento que vuelve a poner énfasis en que aquí es necesario corregir las políticas equivocadas
que tienden a ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, como nos demuestran un día sí y otro
también. Sería aceptable eso, si hubiese una fase expansiva del empleo sin precedentes, que no es el caso, o si no hubiese, como ya se ha dicho aquí, 4 millones de personas sin ningún tipo de prestación. Les pedimos a ustedes que
reflexionen, que corrijan una política equivocada, que tiene poco de política económica o laboral y tiene algo, mucho, demasiado, de ideología neoliberal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el mismo grupo, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa del Grupo Socialista, entre otras razones, porque compartimos lo que aquí se expone; incluso hemos presentado una iniciativa en
términos parecidos. Señorías, nos preocupa enormemente que el Gobierno no solo no haya prorrogado ya esta reposición, como se acaba de explicar aquí, sino que ni siquiera haya dado ningún tipo de información al respecto, lo que nos hace temer que
el Gobierno pretende eliminar este derecho, que los trabajadores y trabajadoras han tenido a partir del año 2009, para contener el gasto por desempleo. Seguramente no será lo único grave que tendrán que sufrir trabajadores y trabajadoras en este
año, dado que el Gobierno, aunque en los presupuestos generales no lo dejó claro, sí lo deja claro ahora en el sentido de que hay que seguir haciendo recortes y reducir gasto público. Olvida el Gobierno que la reposición de las prestaciones por
desempleo favorece tanto a empresas como a trabajadores, al permitir la recuperación de dichas empresas y también el mantenimiento de los puestos de trabajo. Mucho nos tememos, señorías, que se va a cometer una gran injusticia y discriminación con
muchos trabajadores: por un lado, están aquellos que, formando parte de una plantilla en un ERE han podido acogerse a este derecho y, por otra parte, están los que no van a poder acogerse. Tengamos también en cuenta otra cuestión en la que
comparto lo que decía el señor Baldoví, que este Gobierno está cometiendo fraude porque muchos trabajadores han aceptado los ERE contando con esta posibilidad de reposición de la prestación por desempleo. Por lo tanto, señorías, se comete una
injusticia y, sobre todo, no se están haciendo las cosas bien en relación con estos temas que el Gobierno vendía como importantes en la defensa del puesto de trabajo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Gutiérrez, vamos a apoyar con entusiasmo la iniciativa que ha presentado y que prácticamente se defiende por sí misma, es de estas que tienen poca materia litigiosa, pocos recursos dialécticos que meritar. Nosotros tampoco
comprendemos por qué se expolia la prestación a la que se tiene derecho, y un derecho reconocido por la legislación, por el ordenamiento jurídico, específicamente por Real Decreto Legislativo 1/1994, en tanto en cuanto estamos hablando de una
prestación de Seguridad Social que, a su vez, viene recogido en el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Esta es una prestación que estaba ya reconocida desde el año 2009 y que se ha ido prorrogando por los dos partidos
gobernantes, hasta que nos hemos encontrado el 31 de diciembre, como usted expone con brillantez en la exposición de motivos, con la sorpresa de que esta prórroga no se va a producir. Se produce una expoliación, porque es un derecho reconocido en
relación con los expedientes de regulación de empleo suspensivos, no a todos, y a los procesos concursales de naturaleza también suspensiva o de reducción de jornada. ¿Cuál es la diferencia entre uno suspensivo y uno extintivo o un procedimiento
concursal extintivo o que pueda tener efectos eventualmente extintivos y uno meramente de reducción de jornada o suspensivo? Materialmente, ninguno. Los efectos son los mismos si el trabajador es despedido después. Es decir, el hecho causante, el
período de carencia y todas las circunstancias concurrentes legitimantes de la obtención del derecho concurren en una circunstancia y en la otra, tal como se consigna en el derecho mercantil, en relación con la legislación concursal, y en el derecho
laboral, en relación con los expedientes de regulación de empleo, y en virtud de la legislación de una prestación que tiene el carácter o la naturaleza de Seguridad Social, y que no puede ser expoliada sin incurrir en un vicio de
inconstitucionalidad manifiesto. Por tanto, nos parece bien su proposición, nos parece muy correcta.
Tampoco entiendo por qué ha desaprovechado el Gobierno actual el Real Decreto-ley 16/2013 para proceder a otra prórroga. ¿Puede ser por la razón que usted ha indicado, de que se tiene que cumplir con
los requerimientos del Plan de estabilidad y crecimiento? Pero si es que estamos hablando del chocolate del loro. ¿Cual es el ahorro que se puede producir con este colectivo tan mínimo de desempleados, sobre todo, cuando estamos en una
situación en que la cobertura del desempleo ha llegado a un porcentaje similar al del año 2004? Es superior al 40 % el número de desempleados y solo el 60 % llega a la cobertura de desempleo, y, además, va decreciendo. El año que viene nos
encontraremos con el 55 %, o menos todavía si la situación de crisis económica continúa y el desempleo sigue destruyéndose. Ahí sí que de forma vegetativa se puede cumplir con todos los requerimientos, con los 6.000 millones de euros y con el doble
y el triple, porque estos prestatarios o beneficiarios de la prestación de desempleo que dejan de percibirla generan ahorro a los servicios públicos de empleo, más que los que requieren las instituciones comunitarias.
¿A qué viene esto? Yo no lo puedo comprender. Tengo una incapacidad metafísica para comprender esta falta de empatía con las personas que más sufren, cuando además no generan gasto económico relevante y cuando se basa en una exposición en
donde uno presumiría que se quiere humillar o castigar por alguna razón que no sabemos o no somos capaces de discernir. En todo caso, le felicito por la iniciativa y le felicito, señor Llamazares, por una enmienda que refuerza su iniciativa. Y
pido una reflexión. No sé si a veces uno tiene ya una cierta desesperanza y una cierta posición siempre nostálgica en relación a estas invocaciones al Partido Popular para que haga una reflexión ex post, ex novo, y se pueda regenerar un derecho que
no es un derecho graciable, un derecho gracioso, sino un derecho constitucional. Pero, bueno, la voy a hacer: piénsenlo, por favor; esta no es forma de resolver los problemas que hacen referencia a los colectivos más vulnerables y más
empobrecidos de nuestra sociedad.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente desde el escaño, porque los distintos intervinientes han resumido de forma clara y completa los argumentos a favor de esta proposición no de ley que compartimos. Han explicado el sentido de este derecho a la
reposición. Trabajadores que se ven afectados por un ERE de suspensión o de reducción y que acaban siendo despedidos se encuentran con que han agotado su prestación. Es un error que esto no se prorrogue, como ha hecho el Gobierno desde principios
de año, y es un error por un doble motivo. En primer lugar, porque la existencia de este derecho a la reposición facilita los acuerdos voluntarios de flexibilidad interna. Si estamos diciendo que la flexibilidad interna es importante, conviene
fomentarla. En segundo lugar, porque esta medida va a reducir la cobertura de los parados, y la va a reducir precisamente en un momento en que está en niveles muy bajos, como han señalado anteriores intervinientes. El dato ha pasado relativamente
desapercibido pero es muy importante: la tasa de cobertura en nuestro país está en el 58 % sobre el paro registrado. Quiere decir que hay 2 millones de parados registrados en los servicios públicos de empleo ya sin ninguna prestación. Pero si
vemos esa tasa de cobertura sobre los datos de la EPA -porque no todos los parados están registrados en los servicios públicos de empleo-, la tasa de cobertura es más baja todavía, es del 45 % y son más de 3 millones los parados que no tienen ya
ninguna prestación. Esto debería preocuparnos y habría que tomar medidas para reforzar esa prestación y, por tanto, no tiene sentido tomar medidas como la supresión del derecho a la reposición que agravará el problema con un ahorro presupuestario
mínimo. Así que nosotros votaremos favorablemente la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
En los argumentos expuestos por el conjunto de los oradores hay coincidencia en el error que supone por parte del Gobierno no prolongar una medida que fue útil, que empezó en 2009 -uno incluso puede tener la sensación de que quizá si esa
medida hubiese estado en marcha ya en 2008 hubiésemos evitado la destrucción de empleo-, y además es una medida que no es tan solo bien valorada por parte de las federaciones sindicales sino también por parte del mundo empresarial. Porque entre
otras virtudes la garantía que tienen los trabajadores de que el contador de su prestación por desempleo se ponga a cero, facilita que muchos expedientes de regulación sean acordados. Más del 90 % de los expedientes son
acordados y esta política ayuda, incentiva precisamente al acuerdo. Luego en el balance de medidas que se han adoptado durante esta crisis que han sido útiles, y que además responden a una filosofía que compartimos que es la de la
flexibilidad interna, este es un muy buen ejemplo.
Decía el señor Olabarría, y lo comparto, que se nos escapa qué razones puede tener el Gobierno para no prolongar esta ayuda. Si simplemente se trata de una medida de contención del gasto por desempleo, en un contexto en que la prestación
por desempleo entra peligrosamente en una fase de pérdida de cobertura, quiere decir que el Gobierno hace recaer sobre quienes hoy son las principales víctimas de la crisis, que son los desempleados, su política de ajuste fiscal. Hemos de recordar
que el Gobierno ha reivindicado -a pesar de que su política en concreto no ha sido esa- que aquello que no iba a tocar era la prestación por desempleo. En un momento en que esa protección del desempleo va a estar por debajo del 60 % -en Catalunya
ya está; en Catalunya la protección por desempleo tan solo cubre un 50 % de los desempleados-, no podemos compartir esta decisión del Gobierno. En consecuencia, no sé si hoy van a darnos la satisfacción de votar favorablemente esta iniciativa del
Grupo Socialista -sería quizá pedirles demasiado-, pero en aquello que ustedes saben hacer tan bien que es aprobar reales decretos por la vía de urgencia, a ver si en uno de los próximos reales decretos que aprueben prolongan esta medida, estimulen
el mantenimiento del empleo, estimulen el acuerdo entre empresarios y trabajadores para evitar el cierre de las empresas, mantengan la protección social de los desempleados. Tienen toda la capacidad para tomar esa medida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, señora Álvarez-Arenas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente.
Señorías, esta misma proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Empleo, el pasado 19 de febrero, en cuya sesión intervino mi compañera Celinda Sánchez y, por supuesto, yo suscribo todos los argumentos que ella defendió en esa
sesión de la Comisión.
El derecho de reposición de las prestaciones por desempleo se recoge en la Ley 27/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y se concibió como una medida excepcional
atendiendo a un contexto de recesión económica. Igualmente, dicha ley estableció dos supuestos: la reposición para trabajadores con ERE suspensivos y de reducción de jornada que posteriormente fueran despedidos y, un segundo supuesto, cuando estos
mismos trabajadores eran incluidos en un nuevo ERE y nuevamente vueltos a despedir. Pero ustedes, señorías socialistas, no dicen la verdad, omiten lo que hizo su Gobierno y la realidad de lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. La Ley
35/2010, de la reforma laboral del Gobierno socialista, eliminó el segundo supuesto, o sea, la reposición de la prestación para la inclusión en un nuevo ERE, o lo que es lo mismo, no lo incluyó. Y ustedes malintencionadamente dicen en la exposición
de motivos de esta PNL que estamos viendo aquí -que la tengo aquí, señorías-, que el actual Gobierno del Partido Popular eliminó en la reforma laboral del año 2012 la reposición de la prestación para el segundo supuesto. Pues no, señorías, no. La
reforma laboral socialista de 2010 eliminó ese segundo supuesto, o no lo incluyó, y estableció la reposición para el único supuesto que dejó hasta el 31 de diciembre de 2011, y nadie se preocupó de su prórroga antes de salir del Gobierno.
Evidentemente, si no se preocuparon ni de prorrogar los presupuestos, no se iban a preocupar de prorrogar esto que ahora les causa tanta irritación. Estábamos en plena crisis y ustedes se olvidaron, no hicieron nada para prorrogarlo. El Gobierno
del Partido Popular en 2012 empezó sin ninguna norma para la reposición del supuesto de afectados por ERE, sin ninguna norma, ni para un supuesto ni para el otro. Y en la reforma laboral de 2012, señorías, introdujo exactamente lo mismo que
contenía la reforma laboral socialista de 2010 y mantuvo el espacio temporal, como hacía la reforma socialista de 2010, porque la mantenía, no lo hizo indefinidamente, decía que esa medida se hacía hasta el 31 de diciembre de 2011. Pues la reforma
laboral del Partido Popular hizo exactamente lo mismo y estableció el espacio temporal hasta el 31 de diciembre de 2012, que posteriormente prorrogó hasta diciembre de 2013. Por tanto, su falsedad en la presentación de esta PNL, su falta de
honestidad, la desacredita totalmente, pero, claro, para ustedes todo vale con tal de demonizar al Gobierno del Partido Popular.
Señorías, ya hemos visto que la Ley 27/2009, que trae causa de este asunto, establecía lo excepcional de la medida vinculándola a la recesión económica. Sin duda, señorías, los datos económicos y la evolución de los ERE está cambiando y las
previsiones para 2014 son esperanzadoras: la previsión de
crecimiento está en el 1,2 para 2014, 1,8 o 2,1, según la Comisión Europea, para 2015; los ERE en febrero de 2014 sobre el año 2013 se han reducido en más de un 50 % y los trabajadores afectados en más de un 62,3 %. ¿Que no se genera
empleo, señora Gutiérrez? 7.000 empleos al día se han generado en el mes de abril; 200.000 afiliados más a la Seguridad Social. ¿Suficiente? Para nada, para nada, simplemente alentador para seguir trabajando, para seguir por el buen camino, para
seguir con el esfuerzo que estamos haciendo. Por tanto, por mucho que ustedes quieran reiterar su catastrofismo y desesperanza, los datos son los que son, las reiteraciones no convierten en verdad lo que es falso ni cambian la realidad de su
gestión de gobierno. El PP repuso en su reforma laboral lo que ustedes dejaron sin cobertura al irse en el año 2011 y lo ha prorrogado tal y como ustedes lo regularon, hasta que los datos económicos y la evolución de los ERE han ido mejorando.
Los españoles en general y los parados en particular afectados por los ERE se merecen la verdad y el trabajo y la dedicación y el esfuerzo del Gobierno y de todos nosotros para continuar mejorando su situación y sus expectativas, claro que
sí. Pero no se merecen sus falsedades, señores socialistas, ni sus manipulaciones para demonizar socialmente a este Gobierno, que trabaja desde el minuto cero de sus responsabilidades para propiciar el crecimiento y la creación de empleo y que ha
reforzado la protección social de todos los trabajadores y también la de los afectados por procesos de reestructuración de empresas. Para ello ha aprobado el Real Decreto 908/2013, por el que se establecen normas especiales para la concesión de
ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por los procesos de reestructuración de empresas. También se incluía la concesión de subvenciones y ayudas al pago del convenio especial compatibles con las prestaciones del Fogasa o la reposición de
las prestaciones en los supuestos excepcionales previstos en la disposición adicional única de este decreto. Igualmente, el Gobierno aprobó el Real Decreto 3/2014, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a
la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos en la reestructuración de empresas, con el fin de facilitar una cobertura económica mensual, incluyendo la cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores que se encuentran cerca de la edad de jubilación. Pero todo esto ustedes no lo han dicho, usted no lo ha dicho, señora Gutiérrez, todo esto han sido medidas que el Gobierno de una manera puntual ha ido introduciendo para mantener la
cobertura y las prestaciones a los más necesitados.
Señorías, venimos de la peor crisis económica y de la peor gestión socialista de esa crisis. Los españoles han hecho y están haciendo un esfuerzo que es de justicia reconocer y agradecer. Pero, sin duda, hoy hay razones fundadas para la
esperanza, y eso, señores socialistas, no pueden ni deben negárselo a la sociedad española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señora Gutiérrez del Castillo, aunque lo haya dicho ya, tiene la palabra a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda presentada por La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES POR PARTE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000149).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Vasco, PNV, sobre el desempeño de sus funciones por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para defender esta iniciativa tiene la palabra
el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Para reflexionar sobre el asunto que hoy planteamos creo que el primer ejercicio debería ser pensar en cómo se crea y con qué fines la figura del delegado del Gobierno. El origen de la misma lo tenemos que encontrar precisamente en la
Constitución española, en su artículo 154, que dice literalmente que un
delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará cuando proceda con la Administración propia de la comunidad. Esa es la referencia que hace la Constitución y
que evidentemente instituye la figura. Si uno lee la legislación de desarrollo y la Lofage del año 1997, es precisamente en estas dos funciones donde se pone el acento. ¿Cuáles son las funciones principales? Dirigir la Administración periférica
y, sobre todo, encargarse de la cooperación con el resto de las instituciones. Y para realizar esta última función con las instituciones autonómicas, locales, forales en el caso del País Vasco, lo que hace falta desde luego es un cierto talante,
una capacidad y un ejercicio de diálogo. Fíjense en que tanto se pone el acento en estos dos temas que en los famosos comentarios a la Constitución de 1978 dirigidos por Óscar Alzaga en su última versión, al examinar este artículo de la
Constitución no se hace mención alguna a la competencia de interponer recursos, muestra evidente de que la misma se presenta como una competencia residual, evidentemente es una competencia, pero que hay que ejercer únicamente como última ratio.
(Uno de los micrófonos de la tribuna se cae). Esto, señor presidente, no sé si está hecho a propósito o no.
El señor PRESIDENTE: Si está hecho a propósito, no he dado yo la orden. (Risas).
El señor ESTEBAN BRAVO: Continuemos. Muestra evidente de que la misma se presenta como una competencia residual es que debería ser ejercida después de un diálogo, diálogo que, hoy por hoy, no se produce. Evidentemente, tiras y aflojas ha
habido siempre, con unos Gobiernos y con otros. ¿Desacuerdos? Sí, pero llegar al punto donde nos está llevando el actual delegado del Gobierno, sinceramente no. Aquí podemos tener ejemplos en los que más o menos desde la discrepancia y más o
menos desde tensiones puntuales en algún momento, las cosas se han llevado razonablemente bien. Es el caso del señor Jáuregui, actual compañero nuestro y que ha ejercido también esta función, o con el recientemente fallecido Paulino Luesma. Sin
embargo, Carlos Urquijo se ha creído desde el principio su papel de guerrero del antifaz contra felones y malhechores y se dedica, como dice él, a hacer cumplir la ley. Esa es su actividad, hacer cumplir la ley, no dirigir la Administración, no
intentar cooperar, no intentar empastar las administraciones. Lo hace con continuas declaraciones políticas, saliendo a responder a representantes de partidos e instituciones como si él fuera un representante partidista más, no se da cuenta de que
ya ha dejado de ser parlamentario; acusando de cumplir sus funciones a las máximas instancias institucionales vascas, incluso de ser conniventes con los terroristas, y flores de ese percal. Al final, ha convertido su función en hacer de censor del
resto de las administraciones poniéndoles todas las trabas en el camino en cualquier actividad o iniciativa que no fuera de su gusto, y ello muchas veces sin tener siquiera en cuenta la normativa autonómica, porque no se trata solo de tener en
cuenta la normativa del Estado, sino también la autonómica. Desde luego, lo que no puede es convertir la Administración que dirige en una especie de organización de censores que van mirando papel a papel, documento tras documento, hoja de periódico
tras periódico. Sí, ustedes lo saben, si tienen cada una de las subdelegaciones para temas diferentes, precisamente para ver qué es lo que hacen las otras administraciones. Tienen a una persona en cada una de las subdelegaciones dedicada a seguir
temas diferentes, o sea varias en cada subdelegación. Esto es así y ustedes lo saben. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces, muchas veces, los recursos y los requerimientos se exceden, por ejemplo, en temas del euskera, que no se limitan ni
siquiera a actos de ejecución sino incluso a la planificación de planes de desarrollo del euskera que pueden tener los ayuntamientos. Y recursos que muchas veces incurren en la ignorancia de que el uso por parte de los ciudadanos del euskera debe
ser garantizado también por la Administración estatal, porque también debe tenerse en cuenta la normativa de normalización del uso del euskera aprobada por el Parlamento vasco. Y desde la propia Administración que dirige, desde la Administración
periférica, tampoco se respeta desde el momento, por ejemplo, en que certificados perfectamente legales emitidos, porque están en el registro, en los ayuntamientos desde un inicio en euskera, certificaciones que les llegan en euskera de nacimiento
para, por ejemplo, hacer el carné de identidad, son denegadas por la Administración periférica del Estado en el País Vasco y no se les da trámite. ¿Cómo es posible que esto sea así hoy en día? O que normativa del Estado, como que se puedan hacer
aportaciones, como se aprobó en estas Cortes, a las entidades de previsión social voluntaria, no a las de ahorro, pero sí a las de riesgo, se recurra ante un ayuntamiento y otro por el delegado del Gobierno, cuando es algo perfectamente legal y
aprobado en esta Cámara. Y cuando pierde, no contento con eso, el delegado del Gobierno apela. No tiene ningún sentido, sobre todo si se quiere ahorrar dinero a la Administración.
El ministro decía el otro día que esta iniciativa consolida al delegado del Gobierno. No más que antes, porque desde luego las gestiones parlamentarias fuera de la Cámara no han fructificado. Lo que sí
consolidará esta iniciativa es la imagen colectiva en la ciudadanía vasca de que este hombre no se dedica a colaborar sino a entorpecer el trabajo institucional y que el Gobierno de España le apoya -al parecer, a no ser que nos lo desmienta-
para que siga ejerciendo su trabajo en esa área y dirección. Por eso todos los puntos que hemos presentado diciendo cuál debe ser la labor de un delegado del Gobierno, de entendimiento, de velar por el cumplimiento de las competencias sin
convertirse en un censor, que es lo que es; de respetar y cumplir toda la legislación, siendo la búsqueda de la cooperación el objetivo principal. Pero este señor no lo contempla.
Hay una enmienda que se nos presenta y antes de finalizar, señor presidente, quisiera decir algo sobre ella. Se nos pide por parte del Grupo Parlamentario Mixto, por parte de Amaiur, añadir un texto que diga: eliminar la figura del
delegado del Gobierno en aquellas comunidades que así lo soliciten. Bien, hoy no estamos hablando de eso, usted está pidiendo algo que supondría una modificación constitucional. Estoy convencido de que habrá un momento propicio para discutir todo
esto y que dentro de esa reforma constitucional también habrá que hablar de este tema, pero no contribuyamos con este tipo de iniciativas a difuminar el mensaje que hoy se quiere trasladar, al menos desde mi grupo parlamentario, y que es el
siguiente. Hoy por hoy, más allá de la figura del delegado del Gobierno, que es constitucional y que está presente ahí, hay un problema generado por una persona, al parecer en la línea que le marca el Gobierno, que con su actitud no está cumpliendo
con los requisitos que deberían ser exigibles en este cargo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Se ha presentado una enmienda a esta moción formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente, señorías, como el resto de portavoces, desde Amaiur también queremos hacer llegar nuestras condolencias tanto a la familia de Isabel Carrasco como a sus compañeras y compañeros del Partido Popular.
Hoy, esta tarde, tratamos un problema concreto, como es el del actual delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma vasca. Pero en realidad el problema es más general, es la figura en sí misma de los delegados, de los gobernadores que han
sido destinados tanto a la Comunidad Autónoma vasca como a la Comunidad Foral de Navarra en los últimos treinta y cinco años. En primer lugar, es una evidencia compartida por la mayoría de la sociedad vasca que el actual delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma vasca es un pirómano que, en vez de limitarse a hacer su labor de coordinación y cooperación entre instituciones, se dedica a perseguir, denunciar y recurrir cientos de decisiones de diferentes instituciones que no le gustan. Su
modo inquisitorial ha conseguido crear problemas allí donde no los había y, por lo que parece, lo que no ha conseguido por los votos lo quiere conseguir ahora por la imposición. Hay que recalcar que, como ya se dijo la semana pasada, este señor, el
señor Urquijo, no cumple con sus competencias legales, sino que cumple con una de ellas y además lo hace de manera obsesiva y desproporcionada al interponer recursos por doquier contra todo lo que no le gusta, ya sea contra materias lingüísticas,
contra la elección de un chupinera de las fiestas de Bilbao, incluso contra los payasos más conocidos en el País Vasco o contra el reconocido lingüista y luchador antifascista Txillardegi. Como último ejemplo, incluso se ha permitido dirigirse al
Parlamento vasco para solicitar que no se eligiera a un senador de nuestra coalición. ¿En qué Estado democrático se ha visto algo igual? Por todo ello es cierto que este señor no cumple con la idoneidad necesaria para desarrollar su labor. Además
esto es vox populi, ¿o acaso no se han enterado, señores del Partido Popular? Podríamos preguntarles además si no tenían alguna persona más adecuada para cumplimentar esta labor, porque teniendo en cuenta que sería una figura análoga en algunos
aspectos a la figura del embajador, ¿a que ustedes no enviarían a este señor a ningún Estado con el que se quisieran llevar medianamente bien?
Lo curioso es que no solamente ocurre en la Comunidad Autónoma vasca, en Navarra pasa tres cuartos de lo mismo, una delegada que se pasa el día multando, coartando el derecho a manifestación, recurriendo decisiones, invadiendo competencias.
¿Esto es casual o es que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un determinado perfil para lo que debe ser el gobernador o el delegado en Euskal Herria? Por ello, en segundo lugar, si hacemos un repaso histórico a los delegados y
gobernadores que han existido en Euskal Herria, nos damos cuenta de que tenemos, por un lado, personas como Elgorriaga, Sancristóbal, Goñi Tirapu, Roldán, Jesús García Villoslada, condenados ya sea por terrorismo, malversación o corrupción. ¡Menuda
banda de malhechores! Por otro lado, tenemos a señores como los Oreja, tío y sobrino, Ansuátegui, Villar o ahora Urquijo, destacados reaccionarios que se han dedicado a todo menos
a la coordinación y concordia entre administraciones. ¿O no recuerdan a Enrique Villar cuando fue declarado persona non grata por el Parlamento vasco? ¿O a Ansuátegui, cuando importó su modelo policial y de control social a su nuevo
destino en Madrid y dejó perplejos a los habitantes de esta villa? No es uno, no son dos, son prácticamente la mayoría los que han utilizado este cargo ya sea para delinquir o bien para tensionar y arremeter contra la sociedad vasca. Por ello no
se extrañarán de que el pasado día 20 diciembre el Parlamento vasco solicitara no solo que se relevase en el cargo al señor Urquijo sino que se suspendiera esta institución en la Comunidad Autónoma vasca. Esto también lo votó el partido del señor
Esteban, el Partido Nacionalista Vasco, por eso creemos que esta enmienda que hemos presentado tiene todo su interés y ha sido reclamada por la sociedad vasca.
En definitiva, pedimos que se busquen medidas cuando sea solicitado por una comunidad que se deje en suspenso esta figura y, al igual que no han tenido ningún problema para dejar en suspenso competencias del bloque constitucional, no habría
ningún problema para dejarla en suspenso allí donde ha sido una fuente de problemas, delincuencia y tensiones. Por ello, apoyaremos esta iniciativa. Pero, como señalaba, el problema no es que haya un delegado más incapaz o más ultra, el problema
es que esta institución en nuestro país ha sido un foco de delincuencia y de tensión social permanente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
No vamos a apoyar esta moción por dos razones que son bastante claras, en primer lugar, una de carácter -como diríamos- de propiedad. Nos parece impropio solicitar aquí la reprobación -o algo así- de un delegado del Gobierno cuando en
realidad, si es reprobable o hay que hacer algún tipo de ataque personal -que es todo lo que creemos que es, una especie de juicio político personalizado un tanto extraño-, tendría que hacerlo quien lo ha nombrado, de manera que si el Grupo
Nacionalista Vasco está convencido de que el señor Urquijo incumple las funciones de delegado del Gobierno, debería reclamar o exigir responsabilidades al ministro responsable que es el de Administraciones Públicas o, más allá, al presidente del
Gobierno, Rajoy, que, insisto, es quien le ha nombrado y es quien realmente organiza y tiene mando en el Gobierno al que sirve el señor Urquijo.
Dicho eso también, nos parece un poco extraña la argumentación general que se ha exhibido porque yo, desde luego, no voy a poner la mano en el fuego ni por el señor Urquijo ni por nadie y no sé si ha cometido incorrecciones o no en su cargo,
lo que sí sé es que no es el delegado del Gobierno vasco, y si no es el delegado del Gobierno vasco, parece un poco absurdo que el Gobierno vasco le diga lo que tiene que hacer. Las funciones constitucionales que tiene son muy genéricas, como suele
ser normal en estos casos, y nosotros, desde luego, en el curso de una reforma constitucional miraríamos con mucho interés si tiene función constitucional interesante o no -a mí me parece que no- ese tipo de figura, pero de momento el Constitucional
ahí está.
Por otra parte, tampoco debería escandalizarnos que haya habido una serie de intervenciones del señor Urquijo, aunque no coincidamos en todas o nos parezca que abunda mucho en ellas o lo que sea, en una comunidad donde todo el mundo que vive
allí, y yo vivo allí, desde luego no se escandaliza de lo que hace el delegado del Gobierno pero sí de otras cosas que ocurren todos los días y que en muchos casos deberían ser motivo de intervención no del delegado del Gobierno sino de la fiscalía,
pero esto ya corresponde mas a justicia y al fiscal general, donde hay ayuntamientos que hacen habitualmente homenajes a etarras, donde se festeja el terrorismo como una parte estupenda de nuestras vidas, donde se abusa de normativas lingüísticas
para imponer barreras de acceso que en algunos ayuntamientos vascos han prácticamente expulsado de la Función pública y del empleo público a los que no tienen determinado nivel de euskera, etcétera. Así que eso no son cosas normales que pasan en la
vida de una comunidad donde lamentablemente la observación de la ley no ha sido lo que ha dominado su vida política. Hoy mismo nos han impuesto 30 millones de euros de multa, la mayor multa de la historia de la Unión Europea en este asunto, por la
desobediencia pertinaz y constante de las diputaciones forales a la orden de que se devolvieran a las empresas los beneficios obtenidos irregularmente por las vacaciones fiscales vascas. ¿Qué quieren ustedes? Es normal que nadie se fíe; yo, desde
luego, no me fío. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, intervengo brevemente para decir en nombre de mi grupo parlamentario que vamos a apoyar la moción del Partido Nacionalista Vasco. No es ciertamente el único delegado o subdelegado del Gobierno en
todo el Estado español que se merecería una moción de este tipo pidiendo su reprobación o su cese, hay otros cuantos que también se lo merecerían. No hemos querido hacer una enmienda planteando un listado de delegados y subdelegados del Gobierno a
cesar por diversos motivos, porque no es el procedimiento y porque tampoco queremos darle la excusa que ya se le dio en la interpelación al señor ministro de Administraciones Públicas y Hacienda para acabar diciendo que tanto en cuanto se venga aquí
a pedir dimisiones, tanto en cuanto se empecinará el Gobierno en mantener a esa persona, al señor Urquijo, en el cargo, a pesar de que consideren que es un error. Como no queremos darle esa excusa al Gobierno, no vamos a dar más nombres, vamos a
apoyar esta moción también diciendo que no es el único delegado del Gobierno ni el único subdelegado del Gobierno que se merecería que esta Cámara pidiese su dimisión o su cese.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño. La moción que hoy ha defendido el Partido Nacionalista Vasco entra a valorar la figura que en estos momentos tiene el País Vasco del delegado del Gobierno. De hecho, gran parte de las cuestiones que
hoy ha relatado aquí el portavoz del Partido Nacionalista Vasco podríamos suscribirlas desde Convergència i Unió, porque una situación similar estamos viviendo en Cataluña con la delegada del Gobierno, la señora Llanos de Luna. Además, el 14 de
marzo de 2013 también se aprobó en el Parlament de Catalunya una moción que iba en una línea parecida a la que hoy estamos valorando. Había un rechazo explícito por parte de la mayoría de fuerzas parlamentarias en Cataluña contra las acciones que
estaba llevando a cabo la delegada del Gobierno allí. Por tanto, sabemos perfectamente cuál es la filosofía que subyace detrás de muchas de esas intervenciones, actuaciones que en lugar de facilitar el día a día de la acción de muchos de nuestros
ayuntamientos, mediante continuos recursos están dificultando mucho la actividad, y en vez de fomentar la cooperación con los ayuntamientos y los municipios, como ha relatado el propio señor Esteban, lo que ha hecho la delegada del Gobierno en
Cataluña es todo lo contrario. En este sentido, compartimos en términos generales el espíritu de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, los socialistas entendemos que hay una extralimitación en este debate que ha sido planteado hoy aquí por el grupo nacionalista. Es evidente que se puede considerar que algunas declaraciones, algunas actitudes del señor Urquijo,
pueden no ser aceptables o pueden no considerarse correctas en el marco de una necesaria estrategia de normalización política del país. El País Vasco está en un proceso importante de transformación, el País Vasco ha vivido durante muchísimos años
un fenómeno de terrorismo que sin duda también ha acentuado un perfil determinado en la figura de los delegados de Gobierno. ¿Es que alguien puede olvidar que durante tantísimos años hemos padecido el terrorismo y que el delegado de Gobierno ha
sido una figura que, a veces incluso por encima de las competencias reconocidas e importantes como director de la Administración General del Estado en Euskadi, ha estado un poco en el punto de mira en todo lo que se refería a la seguridad y a la
defensa de las libertades de la vida de los ciudadanos? Eso ha generado una cierta imagen, una idea de la función de los delegados de Gobierno en Euskadi que han tenido un papel muy difícil, algunos han cometido errores, errores importantes y
graves, y otros han sido citados aquí, como el propio Ramón Jáuregui, Paulino Luesma y Juan Manuel Eguiagaray, el último delegado. Por tanto, no habría que generalizar, no habría que descalificar de una manera tan agresiva como ha hecho en este
caso el portavoz de Amaiur, olvidando cuando hacía esas acusaciones a los delegados, en unos términos yo creo que absolutamente incorrectos, lo que ha sucedido en nuestro
país y que cuando eso sucedía algunos callaban, algunos justificaban asesinatos durante años. (El señor Iñarritu García hace gestos negativos). Sí, sí, durante años. Por tanto, si hacemos un análisis del papel de unos y de otros, seamos
mínimamente objetivos, y usted, como portavoz de Amaiur, no lo ha sido.
Pero vayamos al fondo de la cuestión. Yo también podría leer aquí algunas declaraciones del señor Urquijo referidas al lehendakari. Tengo varias, muy duras, muy descalificatorias, seguramente impropias en un país en el que, como decía, la
normalización política, el talante, la búsqueda de la cooperación y de la colaboración entre administraciones debe presidir esta nueva etapa de la vida política de Euskadi, sin duda. Son declaraciones del señor Urquijo muy duras contra el
lehendakari Patxi López. Pero, ¿acaso hemos venido nosotros aquí a plantear algún tipo de cuestión o hemos lanzado alguna campaña de persecución contra el señor Urquijo en aquel momento? No, suponemos que forma parte de la política, tiene sus
espacios de crítica, de debate, y no hay que ir a más. Sobre todo lo que nos preocupa al Grupo Socialista es que, al final, no acabamos de entender cuál es el sentido de la propuesta del Grupo Vasco. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien ha
recordado el representante de Amaiur con su enmienda, ustedes, el PNV, exactamente el 19 de diciembre del año pasado, anteayer, votaban en el Parlamento vasco, junto con Amaiur, una proposición no de ley de aquel grupo pidiendo la eliminación de la
figura del delegado del Gobierno en el País Vasco, pidiendo que se eliminaran las competencias propias del delegado del Gobierno...Bueno, hasta ahí llegaron porque la tercera propuesta ya no la apoyaron, se abstuvieron. De modo que, ¿no estaremos
aquí en una especie de pequeña guerra de protagonismo entre Amaiur y PNV por ver quién es más duro con la figura del delegado del Gobierno? Lo digo porque ustedes allí, repito, han votado lo que han votado en el Parlamento vasco y han generado un
clima de opinión, especialmente por la intervención del señor Egibar en el Parlamento vasco que he tenido la bondad de leerme con detalle, o las declaraciones al día siguiente del presidente del PNV, señor Ortuzar. Sería conveniente que se guardara
un poco de coherencia y no se dijera aquí una cosa y en el País Vasco otra bien diferente, alimentando una cierta crispación y algunas cosas que creo que no son de recibo.
Nosotros no vamos a entrar en esta batalla, en esta persecución -reconociendo, sin duda, ya lo he dicho, los errores del señor Urquijo-, en cuál debe ser su función, su talante, su papel realmente novedoso en un país, Euskadi, que quiere
cambiar y que quiere transformarse. Entendemos que la figura del delegado del Gobierno, como usted, señor Esteban, ha reconocido y explicado, está en la Constitución y en la ley correspondiente, por tanto, no ha lugar a que se plantee ni su
eliminación ni una corrección de sus funciones. Nosotros, los socialistas, les rogamos que dialoguen con el Gobierno, en este caso con el Partido Popular, y busquen la manera de llevar una relación mucho más correcta, mucho más afectiva entre ambos
gobiernos porque es lo que interesa a la ciudadanía vasca, que el Gobierno español y el Gobierno vasco se relacionen, cooperen y no estén permanentemente tirándose los trastos porque eso no es bueno para el devenir del país y, como bien se ha
señalado anteriormente, hay problemas mucho más importantes que trasladar aquí, al Congreso de los Diputados, y cuestiones de mucha más envergadura sobre las cuales debatir en el marco del Parlamento vasco. Por esa razón nos vamos a abstener en la
moción que ha presentado el Grupo Vasco y rechazaremos la enmienda presentada por Amaiur porque la vemos absolutamente fuera de lugar y porque responde a una visión distorsionada de la política y de la realidad de Euskadi.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorza.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Ya lo sabíamos, señor Esteban, no hacía falta una moción; al PNV no le gustan los delegados del Gobierno de España, ni el actual ni los anteriores ni los futuros, que muchos habrá y seguirán sin gustarles, ninguno. A ustedes, señor
Esteban, en realidad lo que no les gusta es la existencia de los delegados del Gobierno, la presencia -seamos sinceros- del Gobierno de España en el País Vasco y reducir o ridiculizar, como usted ha intentando, como sea esa presencia es para ustedes
una obsesión. Lo vimos cuando plantearon la reducción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lo vemos ahora cuando cargan contra el señor Urquijo por ocuparse de que todas las administraciones cumplan la legalidad; todas las leyes,
señor Esteban, también las leyes que no les gustan. También las administraciones gobernadas por el PNV deben cumplir las leyes que no le gustan al PNV; también el principio de igualdad que impide la discriminación por razones lingüísticas, también
las normas que amparan a las víctimas del terrorismo o que impiden destinar fondos a reclusos de ETA y también las leyes que disponen la presencia
de los símbolos constitucionales, la presencia de la bandera de España en las sedes de las instituciones españolas. Nuestros ayuntamientos, todos y cada uno de los ayuntamientos vascos, lo son, son instituciones españolas, con independencia
de las mayorías que en cada momento los dirijan y, por tanto, tienen también que cumplir la ley.
Por mucho que se empeñe usted, señor Esteban -hoy lo ha vuelto a hacer-, ni el artículo 154 de la Constitución ni la Ley 6/1997 jerarquizan las funciones de los delegados del Gobierno, las enumera, y deben cumplirlas todas, velando por la
legalidad, las libertades, actuando desde la cooperación, todas. Como la cooperación entre instituciones es importante, por ejemplo, el delegado del Gobierno en el País Vasco se reúne con alcaldes de todas las fuerzas políticas, desde el alcalde
socialista de Ribera Baja al popular de Vitoria, del nacionalista de Bilbao al de Bildu en Bermeo, o con la diputada foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa que, que yo sepa, también es de Bildu, o con el viceconsejero de Política Lingüística del
Gobierno Vasco, o coordina, en efecto, las reuniones de todos los alcaldes de las poblaciones afectadas por los últimos temporales para agilizar las ayudas. Cumple con sus funciones cuando actúa en coordinación con otras instituciones, cuando
presenta requerimientos o recursos, o cuando supervisa la actividad de la Administración del Estado en el País Vasco. Cumple con sus funciones, señor Esteban, cuando le gusta al PNV y cuando disgusta al PNV, en ambos casos cumple con sus funciones,
y no parece que cumplir con sus funciones sea motivo para su relevo, y mucho menos que lo pidan ustedes, pero que lo hagan en una moción parlamentaria, que establece prioridades y dictamina a conveniencia el proponente, tampoco parece que sea el
instrumento para promover el relevo de un delegado del Gobierno.
Su moción da para poco debate político, pero permite identificar -estas de verdad- las obsesiones, las fobias quizá del nacionalismo vasco. Un PNV que se pone en evidencia cuando ni la legalidad ni la justicia avalan su pretensión de
limitar la presencia de los símbolos de España o la del propio Gobierno de España en el País Vasco. Porque lo cierto es que la delegación del Gobierno no parece que genere alegremente una litigiosidad sin causa, como ustedes pretenden hacer creer a
la Cámara. Vayamos a los datos: 90 % de sentencias favorables en los recursos ya resueltos. Las cifras cantan y desmontan la letra y la música de su discurso, señor Esteban, dejan desnudo el recurso al pataleo político, una vez que el fracaso
jurídico les hace rozar el ridículo. Cientos de recursos -se queja usted- en materia de símbolos constitucionales, carteles de presos y demás. Pues bien, hasta la fecha cien por cien de sentencias favorables, por tanto, el delegado del Gobierno
cumple con su obligación frente a un incumplimiento contumaz de determinadas instituciones vascas. Decenas de ataques al euskera denunciaba usted, señor Esteban. En realidad, veintitrés recursos para evitar la discriminación de ciudadanos o
empresas por motivos lingüísticos; veintitrés, no cientos. ¿Sabe usted, señor Esteban, cuántos siguen adelante a día de hoy? Siete, porque en los otros dieciséis, más de dos tercios, bastó el requerimiento para que las administraciones afectadas
rectificasen. Dos tercios de rectificaciones voluntarias, señor Esteban. No parece que el señor delegado de Gobierno estuviera muy equivocado al denunciar discriminación. Y su tema predilecto, señor Esteban, los recursos contra las aportaciones a
las entidades de previsión social voluntaria. No nos haga trampas en el discurso, porque efectivamente hay ocho recursos, pero todos, los ocho, presentados con anterioridad a la modificación legal que usted invocaba, y todos conocemos que, ahora
sí, pero no cuando se presentaron los recursos, da cobertura a determinadas aportaciones, no a todas. Repito, todos anteriores a la modificación legal que usted invoca.
Termino, señor presidente. Por tanto, ninguna obsesión del delegado del Gobierno en Euskadi cumpliendo sus funciones, que son las del Gobierno de España, al servicio de la ley y de los vascos y, por tanto, de la democracia en el País Vasco,
porque es la democracia, son las libertades, es la convivencia las que padecen cuando las instituciones incumplen la legalidad, las dirija o no las dirija el PNV. Le invito, señor Esteban, a hacer un mejor uso de su cupo de iniciativas en esta
Cámara. Cuando cuestionan al delegado del Gobierno o a las fuerzas de seguridad por cumplir con su cometido constitucional hacen el caldo gordo a los de siempre. En ese terreno nunca van a superar a Bildu, o como quiera que se puedan llamar; ni
en ese terreno ni en el del cuestionamiento de la legalidad y la defensa selectiva de los derechos y libertades democráticas, nunca, porque ahí tienen ellos la patente con carácter previo. Un mejor uso de su tiempo sería defender la legalidad
democrática junto con el Gobierno de España, plantear iniciativas para crear empleo, para aportar estabilidad y confianza, en vez de preparar desafíos independentistas, e iniciativas constructivas desde la lealtad institucional y desde esa
cooperación que usted tanto reclama. Entretanto hay que preguntarse, señor Esteban, qué defiende usted con mociones como estas, ¿el incumplimiento de las leyes cuando las leyes no les gustan y que además nadie se ocupe de hacerlas
cumplir? Pues yo se lo voy a decir claro. Mientras gobierne el Partido Popular no faltará quien defienda la realidad, tanto en el País Vasco como en cualquier rincón de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
Aunque ya lo ha manifestado, a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones', señor Esteban, ¿acepta o rechaza la enmienda? (Denegación).
Rechaza la enmienda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA CONOCER SI SE ESTÁN ADOPTANDO MEDIDAS, DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DESTINADAS A INVESTIGAR Y CONDICIONAR A LOS JUECES QUE FIRMARON UN MANIFIESTO EN EL QUE SOSTIENEN SU
OPINIÓN EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD DE LA CONSULTA QUE SE PRETENDE EFECTUAR EN CATALUÑA, EN EL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 173/0000150).
El señor PRESIDENTE: Moción presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) para conocer si se están adoptando medidas desde el Ministerio del Interior destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en
el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña, en el actual marco constitucional. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señor presidente.
Treinta y tres fotos de jueces por haber firmado un manifiesto que ni siquiera defendía el derecho a decidir de Cataluña, sino simplemente su constitucionalidad. Veintinueve de esas fotos sacadas de la base de datos confidencial del
documento nacional de identidad. Esto ha sido llevado a los tribunales; no obstante, el ministro dice que no tiene ninguna importancia porque al fin y al cabo es gente que buscaba notoriedad y eso es lo que ha conseguido. Pues muy bien,
felicitamos la perspicacia del señor ministro, al cual le parece adecuado que se pongan fotografías del DNI para fomentar la notoriedad de un manifiesto que se ha firmado. Dos inspectores reconocen que lo hicieron por orden del comisario provincial
de información, que además de las fotos les hizo buscar información de los dos jueces por Internet, pero que, aún así, ellos no son quienes lo filtraron a la prensa. Parece, pues, que la trama sigue, pero el ministro dice que no sabe lo que le
estamos preguntando y todos sabemos que el ministro es una persona muy bien informada de lo que pasa en su ministerio. Dos inspectores, la orden del inspector general y él dice que no sabe lo que le estamos preguntando. Muy bien informado, señor
ministro. Nos dice, así como de pasada, que estos jueces han sido expedientados por el Consejo General del Poder Judicial. Desmentido. No es cierto. Parece que el ministro, aparte de saber mucho de lo que pasa dentro de su ministerio, también
está muy informado de lo que pasa fuera del mismo, ya que conoce informaciones del Consejo General del Poder Judicial que incluso el Consejo General del Poder Judicial no conoce. Felicidades, señor ministro.
Esta semana el director del periódico donde se filtró la información ha sido imputado, pero el ministro nos dijo que éramos unos paranoicos, que nos lo imaginábamos, que veíamos fantasías. Bien, vemos fantasías, pero resulta que ha sido
imputado el director del periódico que publicó la información, con lo cual también deducimos que el señor ministro sabe muy bien cómo gestionar las situaciones complicadas, ya que esta la ha gestionado de esta manera. El ministro dice que aquí no
pasa nada. Están procesando al director de un periódico, dos inspectores declaran haber buscado fotografías e información en Internet sobre veintinueve jueces y dicen que lo hicieron por órdenes de la superioridad, luego se filtró todo a los medios
de comunicación, pero aquí no pasa nada. Dice incluso que no sabe exactamente qué le estamos preguntando. Pues la pregunta es muy fácil: ¿quién dio la orden? Se resume en cuatro palabras: ¿quién dio la orden? La orden del filtrar, la orden de
obtener la información. Nosotros creemos también que es un tema de derechos civiles, de libertad, de confidencialidad de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan en el futuro, si esto queda impune, las fotos del DNI de unos médicos que interrumpan un
embarazo? Porque esto es perfectamente posible. ¿O el uso de cualquier otra base de datos que sea confidencial? Eso es perfectamente posible si aquí no pasa nada. ¿Acaso vamos a volver a nuestra juventud, cuando recuerdo que mi abuela, mirándome
a los ojos, me decía: hijo mío, no te metas en líos? Eso es lo que está consiguiendo una persona sacando las fotos del DNI, que la gente coja miedo. En definitiva, que el
mensaje sea: sé quien eres, sé donde vives. Ese es el mensaje del ministro. Pero así como el ministro también quiere una pregunta clara, nosotros también queremos una respuesta clara, y esta respuesta clara el ministro no nos la ha sabido
dar. De hecho, si me permiten la ironía, se ha basado en el famoso anuncio del Scattergories, aquel de animal de compañía de cinco letras que empieza por pe, y contestan, pulpo. Pues eso es, ni más ni menos, lo que nos dijo el ministro la semana
pasada. Señor ministro, animal de compañía de cinco letras que empieza por pe. Pulpo. El señor ministro debe estar muy informado, por tanto, se lo respetamos. Algunos podríamos llegar a pensar que es perro, podríamos llegar a pensarlo, pero,
dada la inteligencia del señor ministro, aceptamos pulpo como animal de compañía de cinco letras que empieza por pe. Les voy a hacer una confesión personal gastronómica; mi cocina favorita es la gallega y mi plato favorito es el pulpo a feira.
Pues bien, ahora diré una frase que creía que nunca iba a decir: por favor, señores diputados, no acepten pulpo como animal de compañía que empieza por pe. Ya sé, por un motivo básico, que tampoco es pulpo a la gallega, en este caso sería pulpo a
la catalana, pero si me permiten decirlo, alguien podría también interpretar que detrás de este pulpo a la catalana hay una cierta inspiración de un gallego, pero dejémoslo así.
Señoras y señores diputados, hemos transaccionado una enmienda con el Grupo Socialista que entendemos que mejoraba nuestro texto, lo cual nos ha impedido aceptar la de Esquerra Republicana, que hubiéramos aceptado si no fuera por la
aceptación de la enmienda socialista. Estamos muy agradecidos a los dos grupos por su buen trabajo.
Muchas gracias, diputados, y recuerden, no acepten pulpo, es perro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
En efecto, se han presentado enmiendas. Para su defensa, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, deberían permitirme que les haga partícipes de una actuación lamentable que hoy ha ocurrido en Cataluña. Este es el pi de les tres branques (Muestra una foto), un árbol que desde el siglo XIX representa a los tres
territorios de habla catalana, dels països catalans, un árbol que ha aguantado todo tipo de situaciones políticas, algunas de ellas nefastas, como fue la dictadura franquista. Pues bien, sepan ustedes que hoy ha sido talada una de sus ramas. Es un
atentado de los intolerantes. Ante esto, los catalanes decimos: Calma, no caeremos en ninguna provocación, aun cuando existan muchos poderes que así lo quieran. De manera que calma. (Pronuncia palabras en catalán).
Pasando al tema que hoy nos ocupa, debo decirles que nosotros lo que sabemos es que siempre la realidad supera la ficción; solo hace falta leer algunas novelas que tienen como escenario procesos que se han dado en algunos sociedades
europeas, aun cuando sean procesos de terciopelo, para ver cómo y de qué manera las cloacas del Estado han trabajado y han actuado. No caeremos en ninguna provocación. Por eso, aun cuando el señor Margallo haga uso de todas las terminales, de
centenares de terminales, a manera de consulados y embajadas para desprestigiar el proceso cívico, pacífico y democrático de Cataluña, aun cuando desde el Ministerio del Interior se pretenda contaminar, jugar sucio, como se ha pretendido hacer,
mediante la autoría de la difamación a una serie de ciudadanos, magistrados y jueces, que se limitaron a expresar su opinión en uso de sus derechos civiles y democráticos, aun cuando entendemos que esta provocación irá a más, nosotros responderemos
con la firmeza de la serenidad, la calma y la tranquilidad. No vamos a caer en ninguna provocación. Pero, eso sí, no solo reclamamos saber en dónde reside la autoría de los hechos que denunciamos, la autoría ejecutiva, sino que reclamamos también
saber la autoría intelectual, razón por la cual lamentamos que no se acepte esta enmienda republicana. De hecho, no entendemos que Convergència i Unió no la acepte. Pero bien, las cosas son como son y están como están. Lo importante es emplear el
mensaje siguiente: No van a conseguir nada, no van a torcer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña, que lo hará todo a la catalana, es decir, cívica y pacíficamente, aun cuando todos los fondos de reptiles del Estado se pongan en
funcionamiento y aun cuando todos los fantasmas, todos los demonios y todas las cloacas del Estado converjan en hacernos descarrilar. Así pues, reclamamos a este Parlamento que se depuren responsabilidades y que se descubra dónde reside la autoría
intelectual política de este ultraje a los derechos civiles de unos ciudadanos catalanes que se limitaron a expresar su opinión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.
¿Se imaginan ustedes viviendo en una familia en la que, comportándose ustedes correctamente, sus padres, en lugar de cuidarles, protegerles y atender a sus demandas, se dedicaran a acosarles, vigilarles y denunciarles, impidiéndoles llevar
una vida normal? ¿Qué harían? Intentar marcharse de casa cuanto antes, claro. Trasladen este símil al Estado español y su comportamiento. En vez de velar por los derechos que corresponden a toda la ciudadanía, en lugar de proteger y defender las
libertades civiles de todas las personas, se dedica a atacar y eliminar dichos derechos; a acosar y castigar a todo aquel que consideran disidente por diferir de sus ideas. Además de todas las otras razones que tenemos, visto lo visto, todo este
desdén, ¿qué pretenden que queramos? Marcharnos ya, independencia cuanto antes.
Son ustedes especialistas en la aplicación del derecho penal del enemigo y en Euskal Herria tenemos una larga y triste experiencia en la aplicación de esas normas que no castigan al autor por el hecho delictivo cometido sino por el simple
hecho de considerarlo peligroso. Ya el simple pensamiento y su manifestación diferente es delictivo hasta llevar a cierres de periódicos, miles de detenciones, torturas y largos años de encarcelamientos. Y, claro, se tira la piedra de la sospecha
al pozo y la onda expansiva se hace cada vez más grande hasta llegar a actuaciones como las que denuncia esta moción, un tipo de seguimiento, de trama que nos suena mucho, demasiado frecuente en nuestro país y totalmente reprobable desde el punto de
vista democrático. Sin saberlo, son ustedes auténticos seguidores de aquellos Pierre de Lancre y Torquemada, instructores de tantos procesos abusos contra la población local y que acabaron con la ejecución de cientos de personas. Vigilar,
condicionar, prohibir, asustar, recortar, recentralizar son sus palabras preferidas; en cambio, en nuestro diccionario están en primer lugar -deben estar- las personas, sus derechos y libertades y el de los pueblos como el nuestro, el gallego u
otros pueblos sin Estado y, cómo no, el de Cataluña en este caso, firmemente decidido a ejercitar su derecho y celebrar la consulta. El derecho a decidir, no lo olviden, está ya en el primer plano de la agencia política, hoy aquí y en Europa. Y lo
seguirá estando muy a pesar suyo. Vamos a hacer realidad ese derecho virtual; les guste o no, nos vamos, y por supuesto apoyamos esta moción y nos solidarizamos con los jueces vigilados.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
Se ha presentado también a esta moción una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, algo falla en una democracia cuando se elaboran informes policiales sobre ciudadanos por su forma de pensar o por adherirse a un manifiesto que no defiende delito alguno. Señorías, algo falla en un Estado de derecho cuando los
datos que custodian las fuerzas de seguridad son usados con motivos políticos y aparecen publicados en un medio de comunicación. Pero sobre todo algo falla en un Gobierno cuando en lugar de defender la libertad de expresión de esos ciudadanos,
reconocida por la Constitución, a la que parece que solo acuden cuando les interesa, cuando en lugar de preocuparse por la filtración de documentos oficiales, les amenazan con sanciones y justifican que se les investigue y divulgue su identidad.
¿Qué será lo siguiente? ¿Abrir fichas policiales, tal como se ha dicho, a los médicos que se muestren a favor del aborto? ¿A quienes lideren movimientos pacíficos de protesta? ¿O quizá a los miembros de la oposición? No sé a ustedes, pero a m me
recuerda la forma de proceder de otros tiempos que creíamos pasados, de otros regímenes que creíamos superados. Se empieza persiguiendo a una persona por su discrepancia política y ya saben ustedes cómo se acaba. Es algo que nos debe preocupar y
no poco. En democracia, señorías, no vale todo y este Gobierno parece dispuesto a atravesar todas las líneas rojas. ¿Pero saben, señorías, qué es lo más grave? No es la primera vez que el ministro del Interior persigue la discrepancia o a quienes
pretenden poner en apuros al Partido Popular. Basta echar una simple mirada atrás para encontrar más de un ejemplo: releva a los miembros de la UDEF que investigan al PP y manda a Asuntos Internos interrogarlos; abre expedientes a quien le
molesta sin soporte legal alguno, como fue el caso del comisario de Extranjería de Ceuta o de Telesforo Rubio; filtra informaciones a la prensa de investigaciones que afectan a Andalucía o a cualquier otro adversario político, ¿se acuerdan de aquel
famoso informe atribuido a la UDEF que afectaba a Convergència i Unió? Incluso manda policías de su confianza a reunirse con fiscales. Pero es que además cada iniciativa que sale del Ministerio del
Interior es un ataque directo a los derechos y libertades reconocidos por la Constitución: la Ley de Seguridad Privada, que privatiza la seguridad, para darle el negocio a sus amigos, y tenemos ya encima de la mesa la nueva ley de seguridad
ciudadana, que impone sanciones a quien protesta contra el Gobierno, amordazando así a los ciudadanos, labor que además complementa el ministro de Justicia con el nuevo proyecto de Código Penal, que restringe y recorta los derechos y libertades
contemplados por la Constitución. Y ahora se investiga y persigue a los jueces que no están de acuerdo con él, aunque opinen sobre aspectos que nada tienen que ver con su potestad jurisdiccional. Esta es, señorías, la discutible actividad del
Ministerio del Interior en esta legislatura.
Hoy parece que disentir del Gobierno es arriesgarse no solo a ser atacado, sino a que puedan utilizarse en su contra informaciones jurídicamente protegidas. Por ello queremos estar seguros de que actuaciones como la que hoy traemos aquí no
pueden quedar impunes ni legal ni políticamente. Señorías, creemos necesario concretar aún más la exigencia de información y responsabilidades, tanto sobre la investigación que propició el acceso a las fotos del DNI como sobre la autoría de la
filtración al medio de comunicación que las publicó. Por este motivo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de modificación con la cual hemos transaccionado.
Con respecto a las labores de investigación, si en verdad fue el jefe de la Brigada de Información de Barcelona quien a iniciativa propia y sin indicio delictivo alguno, ordenó el acceso irregular a la base de datos para elaborar un informe,
debe abrirse el expediente sancionador pertinente, algo que corresponde hacer al Ministerio del Interior, con independencia de las diligencias judiciales que ya se están llevando a cabo. Si por el contrario recibió ordenes de sus superiores, debe
esclarecerse quién y por qué ordenó esa investigación. Y con respecto a la publicación de las fotos es necesario averiguar quién fue el destinatario final del informe y cómo se produjo la filtración de esas fotos. En cualquiera de los casos el
ministro del Interior debe informar a esta Cámara sobre el motivo y desarrollo de los acontecimientos, y prestar la mayor de las colaboraciones posibles con la justicia para que se puedan resolver las responsabilidades penales que puedan derivarse
del hecho. Porque, señorías, el debate de hoy no va de procesos o consultas, hoy debatimos sobre respeto al Estado de derecho y la garantía de libertades de todos, de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución; con su defensa
estaremos siempre los socialistas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señor Guillaumes, vamos a aprobar la moción presentada en sus propios términos y porque no se puede votar, pero si se pudiera, señor Guillaumes, votaríamos la argumentación en sus propios
términos, perfecta, satírica, es lo que resulta siempre más lesivo, más lacerante dentro de la dialéctica política en el ámbito del debate político. Yo, dada la confusión reinante, me voy a quedar con el pulpo también, y con el pulpo a la gallega,
por razones cautelares. Parece que esas insinuaciones sutiles hacia quien es el verdadero cocinero pueden tener pertinencia, y vamos a ser particularmente prudentes, vamos a quedarnos con el pulpo. Y vamos a quedarnos con una obra que usted cita
con mucha frecuencia, El proceso, de Kafka. El proceso de Kafka se dictó a título póstumo en el año 1995, y aquí tenemos también algo póstumo, un expediente equis, algo extraño, paranormal. No sé si esto, más que aquí, tendría que debatirse en
Cuarto milenio o en algún programa de televisión de estas características, porque esto es una suerte de película de intriga o una cuestión misteriosa. Por qué se fotografía a jueces en el ejercicio de un derecho perfectamente legítimo, reconocido
por la Constitución española en el artículo 20, en el concepto de derecho calificándolo, categorizándolo como derecho fundamental, calificado específicamente en el Pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, ratificado por el
Estado español, y reinterpretado por la resolución 40.20, aprobada por objeción, y donde se identificaba cuál es el límite, cuál es el ámbito de opinión y de libertad de expresión, incluso de los jueces y magistrados, fuera del ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales estrictas. Esto es de lo que estamos hablando, estamos hablando de una reflexión jurídica de una serie de jueces y magistrados. ¿Qué parece mal, que personas del mundo del derecho, jueces y magistrados, que tienen la
cualificación jurídica pertinente, reflexionen sobre algo que resulta polémico, que resulta cuestionable desde una perspectiva jurídica? ¿Quién queremos que reflexione sobre estas materias, sexadores de pollos, peones de caminos? ¿Quién tiene que
opinar sobre cuáles son las dimensiones jurídicas y el
contenido esencial de un derecho, como el derecho a decidir o a ser consultado, que es sobre lo que opinaban estos jueces? ¿Qué han hecho de malo para ser fotografiados, para que se filtren sus fotografías a un determinado medio de
comunicación?
Usted lo ha dicho muy bien. Hemos tenido la suerte de que esta mañana compareciera en el Congreso, como sabe, don Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que ha desmentido expresamente la existencia de expedientes
sancionadores contra estos jueces. Ha dicho más, ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial que él preside no va a criminalizar ni a estigmatizar a estos jueces, y que si se han practicado diligencias informativas es porque es una reacción
automática a la presentación de una denuncia. ¿Quién ha presentado la denuncia que ha obligado a abrir diligencias informativas que el Consejo General del Poder Judicial no quiere abrir porque considera que estos jueces han actuado en el ámbito de
la estricta legalidad? ¿Quién ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién es la superioridad que, parafraseando al ministro, exigió a varios policías, si bien dos declararon en sede judicial, que espiaran a estos jueces y
magistrados por la realización de actividades de una pulcritud jurídica y atinentes incluso a sus competencias parajurisdiccionales perfectamente legítimas y legales? Sabemos que usted ha dicho que fue un comisario, parece que vamos avanzando en el
ámbito de la información, y que al final el pulpo se puede acabar convirtiendo en un perro, pero todavía sabemos que es un comisario. ¿Pero, por encima del comisario, quién dio la orden de actuar ilegítimamente y sacar fotografías a personas que
estaban actuando en el seno de la legalidad? ¿Quién ha dicho a estos policías y a sus mandantes, sea el gallego o el catalán, da lo mismo, que estos jueces estaban haciendo algo ilegítimo o ilegal? La única limitación consagrada en la Ley Orgánica
del Poder Judicial en relación a la libertad de expresión de los jueces es aquella atinente a las cuestiones que están investigando o sobre las que deben juzgar; el resto de ámbito de opinión o de especulación o de reflexión jurídica o metajurídica
y futbolística, la que quiera usted, es legítima para un juez. La libertad de expresión de los jueces solo se tiene que limitar o está limitada orgánicamente por una ley orgánica, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los temas atinentes a los
asuntos que investigan o que deben juzgar. ¿Es que estaban investigando estos asuntos o estaban investigando a los policías que les investigaban a ellos? Se estaba cometiendo un delito de doble tracto, de doble vector, y lo que tenían que haber
hecho estos jueces es precisamente detener a los policías por una intromisión indirecta en su derecho a la realización de actividades legales, perturbándolas. ¿Pensaban en el ámbito del Ministerio del Interior, o el mandante del Ministerio del
Interior, que los jueces estaban cometiendo un delito, que estaban realizando especulaciones sobre el derecho a ser consultados y sobre el derecho a decidir? ¿Por ejemplo, cuál? ¿El delito de realización arbitraria del propio derecho previsto en
el artículo 455 del Código Penal? Cómo especular jurídicamente sobre el derecho a ser consultado puede ser o constituirse en un injusto penal como el de la realización arbitraria del propio derecho? ¿O estaban cometiendo un derecho de trasposición
de informes prohibidos por el 426 del Código Penal a funcionarios militares o civiles? ¿A los policías les iban a transmitir esos informes y esas especulaciones, a los policías, otro delito, otro injusto penal?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.
¿Estaban vulnerando el derecho de reunión previsto en la Ley de Seguridad Ciudadana, del año 1992? ¿Estaban cometiendo una infracción administrativa de asociación ilícita?
Mire, cuando se actúa en el ámbito de la legalidad y se producen estas actuaciones represivas, en el sentido más etimológico del término, y obstaculizadoras de derechos que están consagrados por tratados internacionales de derechos humanos,
por la Constitución española, y que pueden constituirse en un injusto penal y que pueden constituir incluso una aportación científica seria a un proceso complejo jurídicamente como éste, lo último que uno espera es encontrarse con el pulpo. Mire,
señor Guillaumes, nos hemos encontrado con el pulpo. Me gustaría que no sea a la gallega, porque entonces ya estaríamos hablando de cosas más graves.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que yo no sabía que íbamos a tener un interesante debate sobre los animales de compañía o sobre la cocina preferida de cada uno de nosotros, porque en ese caso hubiera pensado algo al respecto a la hora de abordar este debate.
Tampoco pensaba que iba a tener que escuchar desde mi escaño a personas que no han condenado nunca el terrorismo ni los crímenes de ETA hablar de la persecución por razones de ideas y hablar, digamos, con esa claridad y ese desparpajo tan ofensivo
de que hay una parte de España en la que se persigue a las personas por sus ideas. Insisto, olvidando que viene de una parte de España en la que aquellos a los que representan no solo las han perseguido, sino que las han asesinado.
Tampoco creía que iba a escuchar desde el escaño argumentar que en Cataluña se persigue a los nacionalistas. Porque francamente me parece una ofensa a la inteligencia. No, no lo ha dicho usted; pero se ha dicho. Entonces me parece una
ofensa a la inteligencia plantear aquí que hay personas en Cataluña a las que se les persigue institucionalmente, quiero decir con una estrategia permanente, por el hecho de ser nacionalistas. Me parece una ofensa a la inteligencia, no hace falta
que les explique algo que ya saben, aunque no lo quieren reconocer, quién está, qué ideas están políticamente marginadas en Cataluña, y quiénes están luchando para que no les expulsen de la esfera pública en Cataluña, que no son precisamente quienes
son nacionalistas.
Y respecto de la parte dispositiva de la moción, que es lo único que tengo, he escuchado que hay un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, no he podido ver todavía la transaccional. Me tengo que quedar en la parte escrita por
Convergència i Unió y expresamente en la moción. Yo creo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sabe que esto que nos plantea para votación es invotable -permítanme la expresión-, porque esto de pedir al Gobierno que determine
quién dio la orden... ¡Vamos, es que esto no lo puede hacer el Gobierno, aunque quisiera! Yo creo que esto de la separación de poderes es muy importante que lo tengamos claro entre nosotros; bastante confusión tiene a veces el Gobierno entre lo
que es el Gobierno y lo que es el partido como para que además le quieran ustedes animar a que actúe como policía judicial. ¡Pues apaga y vámonos, Carolina! Como dice la frase completa. No; es que esto que le piden el Gobierno no lo puede hacer,
no puede ser quien determine qué, porque eso es propio de la policía, ni siquiera de los jueces, es propio de la policía que puede hacer investigación, que debe hacer investigación y poner los hechos en conocimiento de la justicia, y que si hay
algún policía que se ha extralimitado en sus funciones ha de ser sancionado, quien se haya extralimitado en sus funciones, ¡naturalmente! Pero esto de criminalizar a la policía en general y plantear que hay una persecución institucionalizada contra
los que no son nacionalistas en Cataluña, y hacerlo además desde el partido que gobierna en Cataluña, cuyo presidente, a través del consejero de la Presidencia, ha encargado -y pagado- un par de informes para que se haga una lista de los periodistas
no afectos al régimen, ¡hombre! Me parece que es un poco una tomadura de pelo, por no decir que es un escándalo. Pues no, no vamos a apoyarles, ni vamos a apoyar esta iniciativa ni vamos a apoyar que pulpo sea animal de compañía. Ninguna de las
dos cosas: ni la iniciativa ni pulpo animal de compañía. Y vamos a votar en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción que se presenta, básicamente porque esta moción denuncia un hecho que no puede producirse en una democracia avanzada, que no debería producirse en una democracia avanzada, y es la utilización
de los medios públicos de seguridad para vigilar y organizar campañas contra ideas y las personas que los profesan o contra opiniones y las personas que las expresan; eso no debería ocurrir en una democracia avanzada. ¿Ante qué estamos? Muy
sencillo: dos policías de la Brigada de Información de la Policía Nacional declaran hace pocas semanas ante el juez Juan Emilio Vilá que se les ha ordenado elaborar un informe que incluye fotografías de 33 jueces catalanes que defienden que la
consulta en Cataluña tiene cabida en la Constitución, interpretada esta según la legislación internacional, y que estos dos policías declaran además que el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona es quien les ha ordenado
elaborar este informe y recoger estas fotografías. Este es el quid de la cuestión, quid de la cuestión que la semana pasada aquí, en sede parlamentaria, el ministro no quiso asumir en ningún momento.
El debate no es cómo han llegado las fotografías el periódico La Razón, sino quién ha ordenado a la Policía Nacional que se elabore un informe, quién ha ordenado a la Policía Nacional que se elabore un informe de estas características,
porque claro, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores diputados? ¿Cuál es el hecho subversivo, las opiniones o las acciones tan graves de estos jueces que merecen que la Policía elabore un informe de estas características? Les voy a leer
algunas perlas de esas opiniones. Dicen: toda Constitución debe permitir un proceso continuo de discusión y evolución, y la consiguiente aceptación de cualquier proyecto legítimo de modificación del orden constitucional. ¿Qué grave no, señoras y
señores diputados? Estos jueces también se han atrevido a citar algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y del Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales. ¡Qué atrevimiento, señoras y señores diputados! Finalmente hay frases tan explosivas y tan preocupantes como esta, que dice que el derecho de autodeterminación no se limita solo a los pueblos gobernados o sometidos por
potencias extranjeras, sino que se extiende a aquellos pueblos que a pesar de estar integrados en un Estado democrático sufren una limitación de su derecho al autogobierno. Estas son algunas de las perlas que podemos encontrar en este informe. Yo
les digo, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, que es posible que no estén de acuerdo con estas opiniones, es posible que no lo estén, pero no pueden perseguirlas porque estamos en un Estado democrático, eso no pueden
hacerlo. Desde este Congreso de los Diputados tenemos que decírselo alto y claro, pueden opinar en el debate político, pero no pueden utilizar los medios del Estado que son públicos para perseguir estas opiniones porque son democráticas,
independientemente de que no sean las suyas.
Acabo. Preguntas del millón: ¿quién del Ministerio del Interior ordenó al comisario jefe la elaboración del mencionado informe? ¿Tenía conocimiento el ministro o algún otro cargo político de dicho mandato? Finalmente este suceso solo
puede acabar de dos maneras, con ceses o con dimisiones, y si acaba con dimisiones y ceses, mucho mejor, señores diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar inevitablemente la intervención del Grupo Popular de la siguiente manera: aquí se ha hablado de pulpos, se ha hablado de perros, y yo voy a empezar hablando de ovejas, señorías. Voy a refugiarme en un refrán castellano que
dice que no conviene mezclar churras con merinas, y eso es precisamente lo que se ha hecho hoy en este Congreso de los Diputados. Me refiero fundamentalmente al portavoz de CiU. (Aplausos). Se lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, no
vaya a ser que por mencionar un refrán castellano tengamos ahora también otro problema parlamentario. Lo digo porque es una cuestión puramente ganadera.
En un plano más político les tengo que decir que algunas de las intervenciones que hemos ido escuchando a lo largo de esta tarde demuestran una especie de psicosis persecutoria, algo se ha dicho desde los escaños; demuestran aparentemente
una constante obsesión que no se corresponde, señorías, con la realidad española. Y al Partido Socialista le tengo que decir que simplemente sea un poco más prudente cuando realiza esas soflamas en favor de la libertad. Lo digo porque la única Ley
de Seguridad Ciudadana que sido declarada inconstitucional, la llamada Ley de patada en la puerta o Ley Corcuera, fue auspiciada por el Gobierno socialista. A partir de ahí tengo que decirles con total tranquilidad que la realidad jurídica y social
española es y debe seguir siendo la de un país libre y democrático, un país que protege los derechos y libertades de todos, vivan donde vivan y pese a quien pese.
Si repasamos lo que hemos ido escuchando últimamente, si contextualizamos esta moción, vemos que hoy no han tenido ningún recato en acusar sin pudor, sin pruebas, la búsqueda, ordenar y filtrar unas fotos de carné; acusan, con lo cual
evidentemente aquí nos sobran los juzgados, porque aquí ya acabamos de juzgar. Hace pocas semanas, como recordaba el ministro de Interior, afirmaban en el Senado que la Policía Nacional espiaba la sede de CiU, nada más lejos de la realidad; lo
cierto es que la Policía Nacional impidió la extorsión y el secuestro de un empresario catalán con domicilio próximo al local de su partido. Pero si nos remontamos un poco más allá, a septiembre de 2012, por ejemplo, algunos dirigentes de CiU
quisieron ver en unos vuelos rutinarios por el Mediterráneo que se venían produciendo desde hace veinticinco años ni más ni menos que una especie de envío intencionado de cazas a Cataluña, incluso
denunciaron ante el Parlamento Europeo movimientos militares. Aquellas especulaciones se quedaron -y me van a permitir que emplee otro refrán- en agua de borrajas.
¿A dónde quiero llegar señorías? Con todo lo anterior les quiero indicar que sería muy recomendable para todos que abandonen ese terreno de la fantasía, que abran las ventanas a la realidad constitucional española, que es donde todos
cabemos y donde todos debemos convivir. Sin el filtro de esas obsesiones que ustedes parecen manejar, lo cierto es que tenemos a mi modo de ver cuatro hechos: hay un periódico de tirada nacional que recoge información de un manifiesto público y
político en la que se incorpora material gráfico, protagonistas 33 personas. Esas 33 personas se identifican públicamente con nombre y apellidos, como debe ser, en libertad, se identifican como jueces, y así se refleja en todos los medios de
comunicación. El Consejo General del Poder Judicial instruye diligencias informativas, como ha recordado aquí el señor Olabarría, el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona admite a trámite una denuncia presentada por algunos participantes, y
sigue su curso, habiendo declarado ya algunas personas. ¿A estos hechos qué normas, a mi humilde modo de ver, les son de aplicación? Normas constitucionales: la libertad de información, protegida y recogida por el artículo 20 de la Constitución,
la libertad de expresión, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su artículo 11 que protege a la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, o los deberes y garantías de jueces y tribunales recogidos en el artículo
117 de la Constitución. Estos son hechos y datos que demuestran que nos movemos en el terreno de la más absoluta normalidad y transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones.
Señores proponentes, señores de CiU -voy a acabar ya-, no les pido responsabilidad, les reclamo con el mejor de los tonos el respeto a nuestro Estado de derecho, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al propio Poder Judicial. Admitan,
señorías, que aquí no hay ni fantasmas ni conspiraciones de ningún tipo ni películas extrañas. Aquí solo existe la libertad de una Constitución que nos garantiza un espacio para todos, eso sí, con una sola condición, que la respetemos, y yo creo
que con esas premisas todos cabemos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.
Señor Guillaumes, aunque usted ya lo ha dicho, pero hay una... Señor Guillaumes, deje un momento de saludar y atiéndame. (Risas). Creo que hay una enmienda transaccional que nos ha hecho llegar.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Efectivamente, la que ha indicado el señor Corchera, que es una transaccional con el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente, y excusas por el despiste.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
La culpa era del señor Xuclà; me he dado cuenta. (Risas).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA CREDIBILIDAD Y LOS CONTENIDOS REALES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000151).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía y Competitividad, sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica.
Para defenderla tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, se nota por el Partido Popular y por el Gobierno que estamos en campaña electoral. Se ha acuñado por parte del Gobierno un lema alternativo al que publicitan en los carteles, que es: la recuperación
está aquí. Únicamente, en primer lugar, por respeto a los 6 millones de parados y a los 2 millones de hogares, que no tienen ningún miembro trabajando, les voy a pedir que abandonen el triunfalismo. Les voy a pedir que los análisis que hagan de la
situación económica sean rigurosos, porque la gente lo está sufriendo. El propio CIS nos decía hace dos días que el 85 % de los ciudadanos piensan que la situación económica es mala o muy mala, y los organismos internacionales nos están advirtiendo
de que el triunfalismo puede ser un perjuicio añadido a la economía, a nuestro futuro económico. Por tanto es una petición, desde la humildad, al respeto, al rigor y a la verdad. No se puede engañar a los ciudadanos por el hecho de estar en
campaña electoral. En ese sentido quería manifestar que tampoco vamos a ser negacionistas, simplemente somos partidarios de ese análisis exhaustivo que dé un perfil lo más real posible de la realidad.
Los analistas económicos nos dicen claramente que nuestra economía tiene tres importantísimos problemas en la actualidad. El primero es el empleo, el segundo es la falta de liquidez de pymes y de familias, y el tercero es el elevado
endeudamiento de nuestro sector público. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Lo que tenemos muy claro en el Grupo Parlamentario Socialista es que sin empleo no hay recuperación. Y analizamos continuamente los datos de
empleo, la última EPA nos pone de manifiesto (Muestra un gráfico) que durante esta legislatura hemos llegado a 1.200.000 personas ocupadas menos. Este es un dato, pero lo peor es que la tendencia de ocupación sigue siendo decreciente. No se ven
puntos de inflexión, por eso traigo los gráficos porque aquí se ve la tendencia. El dato de la variable es 1.200.000 ocupados menos, pero la tendencia sigue siendo negativa. Nos preocupa mucho la caída de la población activa. El dato de esta
legislatura es de 400.000 personas menos, bien porque se han desanimado o bien porque se han ido a otros países a buscar su sustento y a buscar su puesto de trabajo. Pero es que la tendencia sigue siendo negativa, señorías, y eso es lo que nos
preocupa a nosotros. El número de parados sigue en aumento (Muestra otro gráfico): 650.000 parados más y la tendencia sigue también en aumento. Si analizamos las previsiones del propio Gobierno y de la Unión Europea, se pone de manifiesto que si
en estos momentos la tasa de paro está en torno al 26 %, desde luego no va a bajar en los próximos años; en 2015 la Unión Europea lo cifra en el 24 % -por cierto, se quedó con el Gobierno socialista en un 22,5 % -, es decir, no va a mejorar según
las previsiones, va a ser una legislatura perdida para el empleo. En relación con el endeudamiento de las empresas (Muestra otro gráfico), esta es la tendencia: en préstamos para las empresas estamos en récord histórico, en dificultades enormes
para que nuestras empresas puedan acceder al crédito, que es un problema fundamental para crear actividad y empleo en este país. La situación de la deuda pública, señorías, es de 240.000 millones más en esta legislatura de la que llevamos dos años
y medio, un endeudamiento cada día más importante y más exagerado.
Por eso creemos que el Gobierno no va en la buena dirección y esta moción define cuál debe ser la buena dirección para nosotros: abordar el problema del paro y la creación de empleo requiere justamente lo contrario de lo que se está
haciendo, requiere recuperar el diálogo social que ha desaparecido, que ha abandonado el Gobierno; requiere que cualquier reforma laboral tenga el consenso social de los agentes económicos y sociales, porque eso es garantía de que acertamos en la
definición de esos cambios normativos. En segundo lugar, potenciar las políticas activas de empleo. Se están reduciendo de forma excesiva e importante las políticas activas de empleo y vemos necesario aumentar los recursos, crear un plan de empleo
joven -estamos en tasas de desempleo en la juventud de más del 50 % -, es necesario un plan de empleo joven. Por otra parte, en materia de consolidación fiscal creemos necesario relajar aún más los objetivos de déficit, abordar una reforma fiscal
que signifique más progresividad, más base imponible -aumentar la base imponible- y menos elusión y fraude fiscal. Somos partidarios de abordar el problema de liquidez de las empresas implicando a las instituciones europeas, al Banco Central
Europeo, con una inyección de un plan de apoyo a la pyme y, por otra parte, ir a la creación de una banca pública en este país, una banca pública de inversión que se implique en la financiación de las pymes y de las familias. Vemos necesario
también que se aborde a nivel internacional la segmentación que se está produciendo en los mercados financieros. Las pymes españolas tienen muchas dificultades para acceder al crédito y no las tienen las pymes de otros países europeos; además,
cuando acceden al crédito, acceden a tipos de interés prohibitivos, con lo cual se están perdiendo importantes ventajas competitivas.
Es necesario que la dirección de la política económica cambie radicalmente y que se aborden con rigor, con precisión y con efectividad esos tres graves problemas que sigue teniendo nuestra economía.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo.
Insisto, desde luego el Grupo Parlamentario Socialista está siempre dispuesto y presto a consensuar en esta materia, porque consideramos que es el problema más grave que tiene la sociedad española, el paro, y todos los medios, todos los
recursos, todas las instituciones y todos los esfuerzos políticos serán insuficientes mientras sigamos teniendo la segunda tasa de desempleo más alta de toda Europa.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Hurtado.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por tres grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Era evidente en la interpelación de la semana pasada y es más evidente ahora tras la moción que esta iniciativa es un mero pretexto, debido a las elecciones europeas, para que los dos pilares del bipartidismo puedan escenificar uno de sus
partidos de tenis habituales dedicados al y tu más en relación con la situación económica. Esta estrategia es muy hábil, porque a los demás parece que nos reduce, en un partido de tenis, al papel de espectadores o al papel de animar a uno de los
dos tenistas, y nosotros no vamos a caer en este juego. A menudo, observando estos partidos de tenis desde mi escaño, he pensado que se ha puesto de relieve con frecuencia que los dos pilares del bipartidismo se complementan perfectamente en una
serie de temas, pero no se ha señalado que se complementan perfectamente en el relato y el análisis de la crisis económica. Hay un dicho, que tal vez conozcan, que es que media humanidad se ríe de la otra media, y las dos tienen razón. Se puede
parafrasear: medio bipartidismo se ríe del otro medio, y los dos tienen razón.
Déjenme hacer el experimento, a ver si nos sale un relato y un diagnóstico coherente de la crisis económica juntando estas dos mitades. Sobre el inicio de la crisis, dice el Partido Socialista: la burbuja se inició en tiempos del señor
Aznar, cuando entramos en el euro, con las recalificaciones de terreno y los bajos tipos de interés. Tiene razón, hay muchos analistas económicos que han llegado a esa conclusión. Dice el Partido Popular: sí, pero ustedes criticaron esto,
llegaron al Gobierno y siguieron alimentando esa burbuja. Cuando ustedes acabaron ya no era una burbuja, era un globo aerostático. Tiene razón, efectivamente, en el año 2004 el Gobierno socialista siguió alimentando la burbuja. Entre ambos la
generaron y la alimentaron. Llegamos a la época del estallido de la burbuja y cómo se hace frente a la crisis. De nuevo las dos versiones se complementan perfectamente. Dice el Partido Popular: ustedes negaron la crisis, ustedes gastaron sin
tener en cuenta nada, agotando la capacidad de endeudamiento de la economía española, gastaron en planes E innecesarios, y cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos una situación desastrosa. Tiene razón el Partido Popular en esto que
dice, pero responde el Partido Socialita: oiga, pero ustedes eran corresponsables de esta situación. En muchas comunidades autónomas era el Partido Popular quien gobernaba, muchas cajas que se hundieron -Bankia, la CAM- estaban dirigidas por
personas cercanas al Partido Popular. Ustedes son corresponsables de ese desastre, es un desastre común. Tiene razón el Partido Socialista en su mitad de la historia. Llegamos a la X Legislatura, y dice el Partido Socialista que los recortes del
Gobierno han sido antisociales, que si la economía empieza a recuperarse y toca fondo es porque la crisis ha sido muy larga, porque la Unión Europea ha tomado medidas, el Banco Central, el relajamiento de los objetivos de déficit. Sí, de nuevo
tiene razón. Ensamblamos todos estos relatos y llegamos a la conclusión que tiene la mayoría de los ciudadanos españoles, que los dos pilares del bipartidismo han sido corresponsables en la génesis de la crisis y en la mala respuesta a la crisis.
Por eso es coherente que cada vez más y más dirigentes de ambos partidos se planteen una gran coalición. Algún día deberían hablar de estas cuestiones aquí abiertamente y no escenificar estos partidos de tenis del y tú más cuando sus dirigentes
fuera hablan de otras cuestiones.
Como la moción era un simple pretexto para tener este debate preelectoral, en sus términos es muy genérica, bastante vaga y plantea una serie de asuntos europeos que no dependen solo de España. Ese ha sido el motivo de que hayamos
presentado algunas enmiendas para intentar concretarlas y para pedir al Grupo Socialista que se posicione sobre estas tres cuestiones que le planteamos. La primera enmienda tiene que ver con el gasto superfluo en España. ¿Piensan ustedes que solo
hay un problema de ingresos o que hay un problema también de gasto superfluo que todavía no se ha abordado por completo, en reforma de las administraciones, fusión de ayuntamientos, supresión de diputaciones? Como ustedes hablan de las políticas
activas, preocupación que compartimos, la segunda tiene que ver con los cursos de formación. ¿Piensan que a raíz de los escándalos en los cursos de formación habría que cambiar el sistema de control y el Estado debería controlar el uso de los
fondos estatales y europeos que hacen las comunidades autónomas en formación para trabajadores, empleados y parados? Y la tercera tiene que ver con las rentas mínimas de inserción. ¿No creen ustedes que sería bueno homogeneizar los requisitos de
acceso y la duración? Porque hoy hay enormes desigualdades en nuestro país. Les pediríamos que aceptasen estas enmiendas para concretar los términos de la moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señor presidente.
La pregunta que plantea la moción es clara: ¿Estamos realmente en un proceso de recuperación económica? Y la segunda pregunta podría ser la siguiente: ¿Es el discurso del Partido Popular y del Gobierno de España un discurso construido con
ánimo electoralista? Yo creo que a la primera pregunta, la relativa a si estamos en un proceso de recuperación, hay que responder claramente que no por los criterios que ahora estableceré y a la segunda claramente que sí. Lo cierto es que es
difícil dilucidar qué hay detrás de todo esto. Recordemos que en la época de la burbuja inmobiliaria el entonces ministro de Hacienda, que también es ministro de Hacienda actualmente, negó completa, tajante y sistemáticamente la existencia de una
burbuja inmobiliaria; es más, culpabilizó al resto de personas que entendían que sí estaba germinándose una crisis inmobiliaria vinculada a la especulación en ese sector, el sector de la vivienda, de traer malas noticias y de desanimar el ánimo
inversor en España, una serie de acusaciones que finalmente el tiempo ha demostrado no solo que no tenían fundamento, sino también que estaban profundamente equivocadas. También el entonces secretario de Estado, ahora ministro de Economía, seguía
esa línea, la de negar que hubiera un endeudamiento excesivo por parte de las familias y de las empresas no financieras y financieras. El tiempo ha venido a dar la razón a aquellos que estaban en la situación contraria y argumentaban que el
entonces ministro de Hacienda y el secretario de Estado, ambos del Partido Popular, estaban tomando medidas y decisiones equivocadas.
¿Por qué comento todo esto? Porque ahora mismo el Partido Popular está decorando su política con un discurso retórico que no obedece a la realidad. De hecho, parece que lo está edulcorando de una forma bastante dramática porque la
situación es mucho más lamentable y hay que ser realista. Esto no quiere decir que haya que ser apocalíptico ni mucho menos, hay que ser riguroso y parece complicado ser riguroso cuando estamos en un momento electoral en el que el Partido
Socialista, que estuvo gobernando con la misma política económica con la que había gobernado el Partido Popular, parece generar un escenario de confrontación puramente simbólica en materia económica, porque al final eso es ante lo que estamos.
Las políticas que plantea la moción del Grupo Socialista en este momento nos parecen razonables, claramente insuficientes, pero desconectadas de la realidad, de dos realidades concretamente, de las que ya hemos hablado en otra ocasión: de
no percibir que los cambios institucionales son cambios también en la economía y que la modificación del artículo 135, acometida por el Partido Popular y por el Partido Socialista, establecía un nuevo terreno de juego, donde se situaba el marco
económico, y si no se sale de ese terreno de juego, es imposible llevar a cabo las políticas planteadas en esta misma moción. Por tanto, se nos queda en un mero desiderátum escrito en el papel sin posibilidades de salir adelante.
Hay que preguntarle simplemente a Hollande si es posible, dentro de un marco institucional como el de la Unión Europea actual, aplicar políticas socialdemócratas, lo cual nos lleva al segundo punto, que nosotros no podemos compartir, la
vuelta a las relaciones de paz entre capital y trabajo. Sería deseable, probablemente; lo que ocurre es que no hay ningún interés por parte del capital, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, de volver a un escenario de negociación
colectiva, a un escenario de condiciones laborales dignas. Solo hay que escuchar, a los grandes empresarios, a sus representantes o a diferentes intereses económicos que representan esos intereses, lo que están diciendo de los sindicatos, lo que
están diciendo de la negociación colectiva. La negociación colectiva es uno de los obstáculos fundamentales para esta Unión Europea neoliberal y para la formación de un nuevo modelo de crecimiento económico que impone la troika en este momento, una
troika que también tiene a Joaquín Almunia, del Partido Socialista, una troika cogobernada por los socialdemócratas y por los conservadores, una troika que tiene muy claro que hay que reformar las instituciones, la Constitución española, el Tratado
de libre comercio. Creemos que todo eso hay que reformarlo en otra dirección para que alguna de las medidas apuntadas, que son de buenos deseos en la propia moción, puedan llevarse a cabo realmente y con rigor. Hasta entonces vamos a mantenernos
siempre en el debate electoralista, falto de fundamento y que puede funcionar a efectos de elecciones, pero la economía va a seguir fluyendo con su propia lógica que no obedece, como no obedeció durante la burbuja inmobiliaria, a lo que quiera decir
el ministro de Hacienda, a lo que quiera vender cualquier secretario de Estado. La economía tiene otras lógicas, son las que hay que trabajar con rigor.
Nosotros damos la bienvenida a los deseos planteados en esta moción, por esa razón la apoyaremos, pero creo que seguimos absolutamente desconectados de la realidad que nos están diciendo otros elementos como la nueva generación de una crisis
financiera por la abundante liquidez que está soltando el Banco Central Europeo y que no llega a la economía real. Esos son los elementos, todos ellos tienen
que ver con la Unión Europea, todos tienen que ver con las instituciones. De ahí nuestras enmiendas, que en cualquier caso esperamos en un futuro puedan tomar en serio para bienestar del debate político.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Garzón.
Enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hurtado, empezaba usted diciendo que hay que huir de todo triunfalismo, y quiero decir que mi grupo parlamentario está lejos de todo triunfalismo. No queremos echar las campanas al vuelo y más bien estamos diciendo continuamente que
hay que trabajar, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos si queremos llegar a un objetivo. Lo único que decimos nosotros, señor Hurtado -y a lo mejor esto le parece electoralismo-, es que estamos yendo por la
buena dirección. Usted se prepara unos cuadros, los saca, los enseña y me parece muy. Salga usted a la calle y pregunte: ¿con Zapatero vivíamos mejor o peor? Esa es la pregunta. (Rumores y protestas.-Aplausos). Dice: oiga, vivíamos mejor. Yo
lo acepto, acepto el con Zapatero vivíamos mejor, pero desde luego nosotros pensamos que Zapatero tuvo que convocar elecciones porque España estaba al borde del colapso, y ahora estamos mejor. (Aplausos). ¿Eso es triunfalismo? No, señorías, y lo
digo, como dice el señor Hurtado, desde la humildad, el respeto y la verdad. Pero nosotros no vamos a decir que no hay crisis si hay crisis. Le recuerdo las elecciones de 2008, con el señor Solbes y el rigor: No hay crisis; no hay crisis; no
hay crisis; no hay crisis. Le recuerdo a la señora Salgado, que veía brotes verdes allá donde fuera. Nosotros no decimos nada de eso, nos negamos a hacer cualquier comentario. Lo que decimos es que vamos por la buena dirección. (Rumores).
Señor Anchuelo, es verdad, hay dos maneras de hacer política, y usted estará en una. Hay dos maneras de hacer política económica, hay dos maneras de enfocar los problemas económicos en nuestro país, con matizaciones, sin dogmatismos, con
términos intermedios, pero hay políticas de oferta y políticas de demanda. Hay políticas de demanda que pretenden hacer que la economía empiece a funcionar a través del gasto público, y usted lo sabe muy bien, señor Anchuelo, que son las políticas
que hizo el señor Zapatero, y hay políticas de oferta, que son políticas de cualificar nuestro tejido productivo para ser más competitivos. Hay dos maneras de hacer política económica, y a nosotros nos parece que las políticas por el lado de la
oferta, las políticas de mejora de la competitividad, las políticas económicas de tener un tejido productivo capaz de ir a más mercados, son más eficaces.
Señor Hurtado, le concedo a usted y a su grupo buenas intenciones. Creo, sincera y honestamente, que usted, cuando sale aquí y dice que el empleo es un problema, sabe que es un problema, pero quiero que me otorgue, porque no tiene usted el
monopolio de los sentimientos, que en mi grupo también queremos crear empleo porque sabemos que ese es un problema de primera magnitud. Quiero que el monopolio de las buenas intenciones no lo tengan ni ustedes ni lo tengamos nosotros, lo que sí
digo es que la eficacia en las soluciones está más en las políticas que se practican aquí que en las políticas que se practicaban allí. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Creo sinceramente que hay dos maneras de hacer economía, y las
buenas intenciones las tiene todo el mundo, pero la eficacia en la solución de los problemas de los españoles está en la política económica que hace el Partido Popular, que es una política económica con rigor. (Aplausos).
Señorías, el tiempo va avanzando. Señor Garzón, el rigor no lo tiene usted cuando sube a la tribuna y dice que lo que hizo un ministro en el año 2004 -después de que hubo otros ministros en 2005, en 2006, en 2007, en 2008- es la
consecuencia de lo pasó en 2009. Eso no es rigor, señor Garzón. Las políticas que hay que hacer son políticas por el lado de la oferta, políticas de cualificación de nuestro tejido productivo, y para eso hace falta estabilidad presupuestaria,
reformas estructurales, reforma tributaria y medidas de apoyo a las pymes. Eso es lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo y lo que los españoles en el CIS dicen que es el buen camino. No es el final, no es la meta, pero es el buen
camino -eso a lo mejor es el electoralismo, señor Hurtado-, y creemos que podemos presentarnos ante los ciudadanos con orgullo, porque lo que estamos haciendo va por el bueno camino y busca las mejores soluciones.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
En turno ya de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy los jóvenes de Compromís -Joves de Compromís- han lanzado una campaña: Mereixen quedarnos, mereixen tornar -merecemos quedarnos, merecemos volver-. ¿Y sabe por qué, señor Pujalte? Porque no creen en su canción, en la canción del
Partido Popular, esa de en la buena dirección. La recuperación económica está al caer; en 2012 se prometió que vendría en 2013 y en 2013 para 2014 y ya estamos en 2014 y dicen que es un hecho. El problema es que a la gente, aunque usted se
empeñe, si les hablas de mejoría económica, no te entienden; si les hablas de la buena dirección, no te entienden. Pero hay elecciones, así que hay que adaptar la cantinela y contar que lo que pasa es que la recuperación ya está aquí y pronto
llamará a tu puerta.
Nos estamos jugando cada semana en cada una de las votaciones si seguimos defendiendo el modelo social de nuestra Constitución o no. Solo las políticas sociales sacarán a la gente de la penuria económica y este Gobierno no está dispuesto a
hacerlas. Al contrario, las desmonta decreto a decreto; lo demás es pura propaganda, señor Pujalte. Cada vez hay más gente que trabaja menos horas de las que desea, con menos salario, en peores condiciones, sin beneficiarse de su cualificación.
Y ese parece ser que era el objetivo de sus reformas laborales hechas al ritmo que marca la representación de la patronal española. Y, sin embargo, a pesar de su en la buena dirección, señor Pujalte, el Fondo Monetario Internacional nos dice que el
desempleo no bajará del 25 % en al menos cinco años y desconfía de las previsiones de su propio Gobierno. Es más, la deuda está a punto de llegar al cien por cien. Seguramente, eso no es caminar en la buena dirección; seguramente esto tampoco
preocupa al Gobierno porque en realidad seguirá siendo la coartada perfecta para perpetrar decretos futuros y erradicar las políticas sociales, para mantener la vía de financiación sólida y el enriquecimiento de sus amigos, esos que se fueron de
paella el otro día a La Moncloa.
Urge un cambio de rumbo para que la desigualdad no siga creciendo, para que los jóvenes de Compromís no tengan que lanzar la campaña de hoy: Merecemos quedarnos, merecemos volver, merecemos un futuro. Desde Compromís-Equo anunciamos
nuestro voto favorable a esta moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Ruego silencio, por favor.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, la crisis que estamos pasando no es una crisis de tipo coyuntural -tampoco les descubro nada-; esta crisis es el producto, evidentemente, de un sinfín de errores de carácter estratégico
que han hecho coincidir de manera dramática dos cosas: la falta de escrúpulos de algunos y la estupidez supina de otros. En definitiva, la crisis del capitalismo, la que ha conducido al Estado del bienestar al límite hasta cargárselo, se puede
decir ya de lleno, es la crisis del modelo industrial, la crisis del modelo energético, productivo y financiero de una sociedad, en este caso la nuestra, que forzosamente debe cambiar si no quiere otra vez más volver a caer en breve en un pozo, esta
vez posiblemente aún más hondo. Pensar que haciendo las cosas como antes volveremos a prosperar como si nada hubiera pasado, por la vía del ajuste, señorías, es más que ridículo. La salida de la crisis de verdad dentro de un sistema capitalista,
dentro de la economía de mercado, pasa irremediablemente por un cambio de modelo productivo, es decir, industrial, financiero y también energético.
Es cierto que recientemente se han conocido diversos datos que nos pronostican una mejora en las variables, en este caso macroeconómicas, pero en realidad se siguen perdiendo puestos de trabajo, sigue aumentando el número de desempleados de
larga duración, se agotan las prestaciones sociales, cada vez más familias lo pasan mal, la devaluación salarial es muy intensa, la calidad de los contratos es mínima. En definitiva, los intereses de los poderosos consiguen lo que siempre han
querido, con o sin crisis: alterar los parámetros de redistribución de la riqueza.
Acabo. El Gobierno del Partido Popular ha abrazado, y esto no es ningún descubrimiento, con cierto entusiasmo las medidas de austeridad dictadas por la troika. La diagnosis que se ha hecho de la crisis, señorías, ha sido claramente
ideológica. En definitiva, ni la reiterada negación de Zapatero, ni tampoco, señorías -aunque estemos en plena primavera-, los brotes verdes de Rajoy, simplemente en ambos sitios, en ambas bancadas, electoralismo puro y duro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, intervengo desde el escaño en el marco de este silencio atronador. (Rumores). Antes que nada, si me lo permiten, quisiera realizar una breve reflexión en torno...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor diputado, no le han entendido el sarcasmo porque no le escuchan. Hagan el favor de escuchar al orador, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Decía que antes de nada quisiera realizar una breve reflexión en torno a las propias características de la moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista. En nuestra opinión, la moción debería ser más breve y
concreta, de manera que en el caso de ser aprobada fuera exigible el cumplimiento al Gobierno. Mezclando las cosas y tratando de incorporar un montón de elementos, a modo de programa o de campaña electoral, se pierde eficacia política. No lo digo
porque estemos en contra de su contenido ni porque no nos parezca grave la situación económica, sino simplemente por eficacia. Respeto, por supuesto, el contenido de la moción y el derecho del Grupo Socialista a incluir en la misma los elementos
que considere oportunos, pero sinceramente creo que sería más eficaz focalizar las medidas para poder exigir su implantación.
La crisis económica es profunda e intensa y está afectando a un número muy elevado de ciudadanos, por no decir que a todos en mayor o menor medida; pero los parados de larga duración, los jóvenes sin trabajo y sin perspectivas, los que han
visto reducido su salario o los que trabajan en situación de precariedad saben de verdad lo que significa la palabra crisis. Frente a esta realidad el Gobierno trata de enviar un mensaje optimista como si ya en breve los problemas se fueran a
arreglar, y efectivamente muchos ciudadanos no lo entienden, porque no ven que ese optimismo responda a su realidad, la del paro, la de los recortes y la del sufrimiento. Y hay que decirles la verdad, que las cosas irán mejorando muy poco a poco,
pero tan poco a poco que les va a costar mucho tiempo aún que siquiera lo perciban, que el paro tan elevado que padecemos no resolverá antes de diez años, que queda mucho sufrimiento aún y mucho tiempo para retornar a posiciones anteriores a la
crisis económica. Pero desde la política con transparencia y honestidad, al menos así lo queremos el Grupo Vasco, lucharemos contra la corrupción, contra la evasión fiscal, para eliminar las graves desigualdades generadas; impulsaremos las medidas
de I+D+ì, de formación, desde las administraciones competentes, muchas de ellas por cierto de las comunidades autónomas; la política social para minimizar los impactos de la crisis en los más débiles. También, tal y como se plantea en la propia
moción, hay que exigirle a Europa, al Banco Central Europeo, a la Comisión y al Consejo que orienten la política económica a la salida efectiva de la crisis. Si los ciudadanos no perciben que la Unión Europea sirve para arreglar la situación,
tenemos un problema; por eso hay que pedirle a Europa medidas, liderazgo y compromiso con la crisis y con los que peor lo están pasando. Por todo esto votaremos sí a la moción, que incluye estas y otras cosas, porque todas ellas serán necesarias,
pero en todo caso, en nuestra opinión, habría sido mejor haber buscado el consenso y el apoyo de toda la Cámara en alguna o algunas de ellas para dar un paso adelante, aunque sea pequeño, porque los ciudadanos lo están pidiendo; frente a las
grandes declaraciones y programas electorales, hubiéramos preferido compromisos concretos. En todo caso, insisto, nuestro grupo votará favorablemente la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu. (Rumores).
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. Ruego, por favor, que se le atienda. Los que están en los pasillos que se vayan o que se sienten.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
A estas horas de la noche, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unión no va a entrar a fondo en el debate de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que no deja de ser un programa electoral macroeconómico con el
que coincidimos en la mayoría de los puntos, por eso ya les anticipo que votaremos favorablemente. Ahora bien, dada la situación actual y las perspectivas económicas que tiene España a corto y medio plazo, así como los graves problemas que padecen
diferentes sectores, como el tema del paro, donde no existen posibilidades a corto y medio plazo de que se vaya resolver -la problemática de los jóvenes que no encuentran empleo y de las personas de más de 45 años que tienen
dificultades para encontrar empleo después de haberlo perdido por la crisis-, yo aconsejaría al Partido Popular y al Partido Socialista que en las próximas iniciativas parlamentarias se centren única y exclusivamente en aquellos problemas
que hoy la sociedad española quiere resolver, como los citados anteriormente, y en los que les aconsejaría que siguieran la estela de Convergència i Unió y otros grupos parlamentarios como el Partido Nacionalista Vasco, que vamos a intentar resolver
problemas puntuales, que es lo que quiere la sociedad española.
Señoras y señores diputados, muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i LLibre por su concisión y claridad.
Señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, la moción se vota en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).
MINUTO DE SILENCIO.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ayer tarde conocimos con estupor el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Isabel Carrasco, a quien conocí personalmente, dedicó gran parte de su vida a la política demostrando
siempre firmeza, tenacidad, energía y vitalidad. Procuradora de las Cortes de Castilla y León, senadora entre 2003 y 2007, Isabel fue una mujer trabajadora, eficaz y defensora infatigable de los intereses de León, su tierra natal. Hoy,
consternados por el trágico suceso, el Congreso de los Diputados quiere condenar su asesinato y unirse al dolor de sus familiares, amigos y al de todo el pueblo de León. En señal de duelo, les ruego que guardemos un minuto de silencio. (Las
señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000134).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a las votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional. Se han emitido 2 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 2 votos telemáticos, 314; a favor, 140, más 1 voto telemático, 141; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CON EL FIN DE REGULAR UN RÉGIMEN DE
INFRACCIONES Y SANCIONES. (Número de expediente 122/000137).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Se han emitido también 2 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 2 votos telemáticos, 315; a favor, 138, más 1 voto telemático, 139; en contra, 173, más un voto telemático, 174; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000819).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de una estrategia de mejora de la empleabilidad de los estudiantes universitarios. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 176; en contra, 127; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPOSICIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 162/000860).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo. Se vota de acuerdo con la incorporación de la enmienda formulada por el Grupo de
La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 138; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES POR PARTE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000149).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco, PNV, sobre el desempeño de sus funciones por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 41; en contra, 180; abstenciones, 92.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA CONOCER SI SE ESTÁN ADOPTANDO MEDIDAS, DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DESTINADAS A INVESTIGAR Y CONDICIONAR A LOS JUECES QUE FIRMARON UN MANIFIESTO EN EL QUE SOSTIENEN SU
OPINIÓN EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD DE LA CONSULTA QUE SE PRETENDE EFECTUAR EN CATALUÑA, EN EL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 173/000150).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para conocer si se están adoptando medidas desde el Ministerio del Interior destinadas a investigar y condicionar a los jueces que firmaron un manifiesto en
el que sostienen su opinión en defensa de la legalidad de la consulta que se pretende efectuar en Cataluña en el actual marco constitucional. Hay una enmienda transaccional con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y ese texto es el que
vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 132; en contra, 180; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA CREDIBILIDAD Y LOS CONTENIDOS REALES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 173/000151).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Economía y Competitividad sobre la credibilidad y los contenidos reales de la recuperación económica. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 121; en contra, 172; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.