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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 20/03/2014
cve: DSCD-10-PL-190
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 190
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 178
celebrada el jueves,
20 de marzo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. ('BOE' núm. 58, de 8 de marzo de 2014). (Número de expediente 130/000051) ...
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de seguridad privada. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 50-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000050) ... (Página20)
- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie A, número 70-1, de 18 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000070) ... (Página31)
- Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 57-1, de 5 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000057) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 77-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000077) ...
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 85-1, de 14 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000085) ... (Página60)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página61)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página61)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página61)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)
Avocación por el Pleno ... (Página64)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Página
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial ... (Página5)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene ministro de Economía y Competitividad.
Enmiendas del Senado ... (Página20)
Proyecto de Ley de seguridad privada ... (Página20)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Jordà i Roura, Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Escobar las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo ... (Página31)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Bravo Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación ... (Página38)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página46)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental ... (Página46)
El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, y el señor Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Barberà i Montserrat, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Alberto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página60)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ...
Se aprueba por asentimiento.
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las fuerzas armadas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana, (EUFOR RCA), se aprueba
por 285 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 288, y 14 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y presupuestaria de apoyo a la cultura, en sus diferentes lenguas y a las actividades
culturales, se rechaza por 129 votos a favor y 177 en contra.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, se aprueba por 287 votos a favor, más 3 votos
telemáticos, 290, y 20 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, es aprobada por asentimiento.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página61)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad privada, son aprobadas todas.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, son aprobadas todas.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, son aprobadas todas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, son rechazadas por 115 votos a favor, más 2 votos telemáticos,
117; 173 en contra, más 1 voto telemático, 174, y 18 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página64)
Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 135 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 137; 169 en contra, más 1 voto telemático, 170, y 2 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL. (Número de expediente 130/000051).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Para presentar el real decreto-ley tiene la
palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en este Pleno para solicitar su apoyo a la convalidación del Real decreto-ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Se trata de una norma
fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo. En última instancia lo que se persigue es garantizar la supervivencia de sociedades que son viables desde un punto de vista operativo, pero que han acumulado una carga financiera
que no pueden atender. Por lo tanto, el principal objetivo es sanear financieramente estas empresas para que la deuda sea soportable y puedan seguir con su actividad empresarial generando riqueza y empleo.
Señorías, antes de pasar a detallarles el contenido concreto de este real decreto, permítanme hacer una breve referencia al contexto en el cual se produce. Esta crisis, fundamentalmente financiera, ha tenido un componente diferencial en
España frente al resto de países y frente a anteriores crisis, el elevado endeudamiento del sector privado y en particular de las empresas no financieras. En la última crisis de principios de los años noventa el endeudamiento del sector empresarial
en España se situaba en torno al 50 % del producto interior bruto. En el año 2010, cuando alcanzó su máximo, se situaba por encima del 143 %. Desde entonces las empresas han reducido su endeudamiento en 13 puntos del PIB hasta un nivel del 130 %.
Sin embargo, el sector empresarial necesita continuar reduciendo su nivel de deuda aproximadamente en 30 puntos del PIB, señorías, unos 300.000 millones de euros, para converger con la media europea. Se trata de uno de los principales
desequilibrios acumulados por la economía española, cuya corrección en un contexto de baja inflación como el actual lo hace más lento y complejo. Por eso es fundamental acelerar el desapalancamiento del sector privado para minimizar los efectos
contractivos que tiene la actividad económica.
Precisamente tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea coinciden en señalar que el excesivo endeudamiento del sector privado está siendo uno de los principales obstáculos para consolidar una senda de recuperación en
España. El Fondo Monetario Internacional indica en su último informe que la mejora de los procedimientos de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial es una de las vías para facilitar el desapalancamiento que se tiene que producir.
Por su parte, la Comisión Europea en su reciente informe sobre desequilibrios macroeconómicos, si bien valora positivamente las medidas contenidas en la Ley de Emprendedores -entre otras, los acuerdos de refinanciación extrajudiciales-, señala que
hay mucho margen para mejorar los procedimientos concursales y evitar la liquidación de empresas. En esta línea, la Comisión Europea hacía público el pasado 14 de marzo su recomendación sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso
empresarial. Les puedo anunciar que con este real decreto-ley España ya ha cumplido con más de un año de adelanto la gran mayoría de las medidas propuestas por la Comisión.
Señorías, esta norma llega además en un momento oportuno. En primer lugar, porque las entidades financieras tienen hoy un nivel de provisiones suficientes para afrontar posibles pérdidas de un proceso de refinanciación, todo ello gracias a
las medidas aprobadas por el Gobierno durante los años 2012 y 2013, que exigieron provisiones por encima de 85.000 millones de euros. En segundo lugar, porque la economía española está iniciando una fase de recuperación en la que ya se observa un
aumento de la demanda de crédito solvente, cuya financiación solo será atendida en la medida en que el stock de crédito existente se reduzca de forma importante. Por eso, hoy más que nunca, cuando afrontamos la recuperación es fundamental que el
crédito nuevo fluya a las empresas viables para que puedan contribuir a la estabilidad
económica y a la creación de empleo. Según estimaciones del Ministerio de Economía, las medidas contenidas en este real decreto-ley aumentarán el PIB entre un punto y un punto y medio y permitirán la creación de 200.000 empleos netos en un
plazo de tres años. Para ello, debemos generar las condiciones para que empresas y acreedores alcancen acuerdos en la fase preconcursal, evitando el concurso y su eventual liquidación. Las últimas estadísticas del Colegio de Registradores del año
2012 señalan que sólo 95 personas jurídicas iniciaron el trámite para alcanzar un acuerdo de refinanciación previo al concurso. Según el INE, durante los años 2012 y 2013 entre 8.000 y 9.000 empresas fueron a concurso cada año.
La legislación concursal vigente hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley tenía fundamentalmente tres obstáculos para alcanzar refinanciaciones viables. El primero era el peligro de rescisión de los acuerdos. La Ley Concursal
permitía rescindir todos los actos perjudiciales para la masa activa realizados durante los dos años anteriores a la declaración del concurso. Todo ello a pesar de que en alguno de estos actos la reducción del pasivo hubiera sido o pudiera ser
superior a la del activo, mejorando por tanto la situación patrimonial de la empresa. El segundo era la imposibilidad práctica de llegar a acuerdos individuales y la dificultad de alcanzar acuerdos colectivos como consecuencia de las mayorías de
acreedores exigidas por la Ley Concursal. El tercero, y último, era la imposibilidad de extender a los acreedores disidentes efectos tales como las quitas.
Señorías, las reformas que contiene este real decreto-ley tienen como objetivo superar estas limitaciones, permitiendo la refinanciación de empresas solventes y la continuidad de la actividad empresarial. Esta norma distingue entre tres
tipos de acuerdos: acuerdos individuales de refinanciación, acuerdos colectivos de refinanciación no homologados judicialmente y acuerdos colectivos de refinanciación sí homologados judicialmente. En primer lugar, este real decreto-ley posibilita
los acuerdos de refinanciación con uno o más acreedores siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo. De esta forma se incorpora una posibilidad más de acuerdo entre el deudor y el
acreedor. Si bien es más restrictiva en cuanto a los supuestos de necesario cumplimiento, es también más laxa respecto a los intervinientes. Además, estos acuerdos solamente serán rescindibles por el juez a instancias de la administración
concursal si entiende que no concurren los requisitos exigidos.
En segundo lugar, la norma simplifica los trámites de los acuerdos colectivos que no sean homologados judicialmente. Se suprime el requisito del informe de un experto independiente sobre el plan de viabilidad de la empresa y se sustituye
por una certificación del auditor de cuentas de que concurren las mayorías de pasivo exigidas. Además, para garantizar la seguridad jurídica en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores, los acuerdos ya no podrán ser objeto de
rescisión posterior, salvo que no cumplan las condiciones exigidas. De esta forma, se corrige la situación existente hasta ahora, donde los acuerdos eran habitualmente rescindidos por considerarse perjudiciales para la masa.
En tercer lugar, en lo que se refiere a los acuerdos colectivos homologados judicialmente se producen importantes variaciones. Se simplifica la intervención judicial, que se limita a la comprobación del cumplimiento de las mayorías exigidas
y de los requisitos formales para acordar su homologación. Al igual que en el caso anterior se asegura que, una vez el acuerdo es homologado judicialmente, ya no podrá ser objeto de rescisión posterior si la empresa llega a entrar en un concurso de
acreedores. De la misma forma, también se suprime el requisito de un informe de un experto independiente, sustituyéndolo por una certificación del auditor de cuentas. Se reduce, además, la mayoría necesaria para la homologación judicial del
acuerdo desde el 55 % actual al 51 %. Además, esta mayoría no se computa como hasta ahora respecto al pasivo titularidad de entidades financieras, sino respecto a todos los acreedores de pasivos financieros. Estos son los titulares de cualquier
endeudamiento financiero, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derechos públicos, con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. No obstante, se contempla la posibilidad de que
otros acreedores que no sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público se adhieran al acuerdo. También, como novedad, en los préstamos sindicados se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo cuando voten a favor el
75 % del pasivo representado por el préstamo. Con esto se evitan los comportamientos oportunistas que la exigencia de unanimidad conllevaba en el pasado. Además, se reconoce la posibilidad de la conversión de deuda en capital siempre que haya
acuerdo de la junta de accionistas por mayoría simple. Asimismo, se prevé la extensión de los acuerdos de refinanciación a los acreedores disidentes. En función de que el acuerdo suscrito sea por mayoría del 60 % o del 75 % de los acreedores de
pasivos financieros se podrán imponer esperas, quitas o conversión de deuda en capital. Si el acuerdo ha sido suscrito por el 60 %, se podrán imponer esperas no superiores a cinco años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el
mismo plazo. Sin embargo, si el acuerdo ha
sido suscrito por el 75 %, las esperas podrán llegar hasta los diez años, se podrán imponer quitas y la conversión de deuda en capital.
Otro de los cambios importantes que introduce la norma se refiere a la posición de los acreedores con garantía real. Actualmente, como conocen sus señorías, estos acreedores eran prácticamente inmunes a los acuerdos de refinanciación
homologados. Con la reforma, estos créditos también se van a ver afectados. En la parte del crédito que exceda el valor real de la garantía, se extienden los efectos del acuerdo previsto en el punto anterior, esto es, esperas, conversión de
créditos, etcétera, en las mismas condiciones. Hasta el valor de la garantía, las mayorías anteriores se refuerzan hasta el 65 % y el 80 %, calculadas sobre el valor total de las garantías y no sobre el total del pasivo financiero. También se
modifica el régimen de las OPA, para exceptuar la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en su caso, la dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La condición es que la participación de control se haya adquirido
como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, y siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente. De esta manera se evita un coste adicional para el logro del acuerdo. Por último,
tanto para los acuerdos colectivos homologados como para los no homologados, se acuerda la paralización, por un plazo máximo de cuatro meses, desde la comunicación del deudor de iniciación de negociaciones, de las ejecuciones singulares de bienes
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial. El objetivo es permitir que las negociaciones lleguen a buen puerto y no se produzca una acumulación de ejecuciones singulares por parte de acreedores no dispuestos a
negociar. En todo caso, quedan excluidos de la suspensión los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público.
Señorías, paso ya a referirme a otro conjunto de medidas contenidas en este real decreto-ley que afectan a todo tipo de acuerdos hasta ahora mencionados. En primer lugar, para facilitar el acuerdo por parte de los acreedores se califica el
cien por cien del dinero nuevo aportado en una refinanciación, el denominado fresh money, como crédito contra la masa. Les recuerdo que hasta ahora solo el 50 % del dinero nuevo de una refinanciación tenía ese superprivilegio concursal. Con esta
norma todas las fuentes de financiación que originen nuevos ingresos de tesorería tendrán este privilegio durante los dos años siguientes a la fecha de concesión de los créditos derivados del acuerdo. Este privilegio concursal implica que dichos
pasivos se abonen a su respectivo vencimiento, aunque se haya declarado el concurso. Regirá durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor de este decreto-ley. Se trata de una medida fundamental que pretende incentivar la financiación
adicional que a menudo resulta imprescindible para garantizar la viabilidad transitoria de la empresa y para hacer practicable el acuerdo de refinanciación.
En segundo lugar, y también con el objetivo de facilitar estos acuerdos de refinanciación, esta norma habilita al Banco de España para que adapte su normativa contable a la mejora de la calificación de la deuda subsistente tras el acuerdo de
refinanciación. Como ya se ha hecho público, este martes, el Banco de España dio cumplimiento a esta exigencia, comunicando a las entidades el tratamiento contable que se debe dar a la deuda remanente tras el acuerdo de refinanciación. Esta deuda
tendrá la consideración de riesgo normal, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones.
En tercer lugar, se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer la ausencia de tributación con carácter general en los supuestos de capitalización de deuda. Además, la norma establece una modificación
importante en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas. Dado que estas no incrementan la capacidad fiscal de las empresas, se establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible en
función de los gastos financieros que posteriormente se vayan generando.
Señorías, concluyo ya. Hoy convalidamos una norma urgente y necesaria en la senda emprendida para lograr un nuevo modelo de crecimiento económico basado en la productividad y la eficiencia. Este real decreto-ley tiene como fin facilitar
las condiciones para lograr el acuerdo entre empresas deudoras y acreedoras, logrando su fiabilidad y la creación de empleo. Se trata de una norma que genera valor para ambas partes: para la empresa, ya que permite su mantenimiento y la generación
de empleo y de riqueza; y para los acreedores, porque se aseguran la recuperación del remanente de deuda saneada frente a una alternativa que hubiera sido mucho peor como la liquidación.
Señorías, esta norma llega en un momento muy importante para la economía española. Afrontamos una recuperación, aún suave, que debemos fortalecer y alimentar para que se convierta en una recuperación real. En apenas dos años y medio hemos
conseguido establecer una senda de consolidación fiscal sostenible. Hemos logrado sanear, reestructurar y recapitalizar el sector financiero. Hemos estabilizado el mercado laboral y por primera vez en la historia reciente la economía española será
capaz
de crear empleo con tasas de crecimiento del entorno del 1 %. España vuelve a ser hoy un país creíble que genera confianza, como demuestran las subastas del Tesoro que hoy se financia con normalidad en los mercados y a tipos históricamente
bajos. Asimismo, bancos y empresas españolas se financian en los mercados de capitales mayoristas a tipos reducidos y con buena demanda, tanto de inversores domésticos como internacionales. En estos tres primeros meses del año, los bancos han
emitido aproximadamente 10.000 millones de euros y las empresas 4.500 millones de euros en los mercados de capitales. Además, el crédito nuevo muestra ya una tendencia positiva. Los últimos datos disponibles señalan que el crédito nuevo a pymes
lleva ya cuatro meses con tasas interanuales positivas y el crédito al consumo registra siete meses en positivo.
No obstante, señorías, aún persisten importantes retos. La economía tiene que continuar con el proceso de desapalancamiento, especialmente el sector privado. Sin embargo, esto no puede detener el crecimiento de las empresas sanas y
solventes a las que debemos dar todas las facilidades para que sigan creando empleo. En este sentido, señorías, considero que este real decreto-ley es fundamental. Se trata de una herramienta vital que impedirá que empresas solventes se vean
abocadas a su liquidación. Por eso, señorías, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley y contar con las aportaciones de todos los grupos durante su tramitación como proyecto de ley. Creo que el objetivo que
persigue merece el mayor de los consensos por nuestra parte.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra del real decreto-ley por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para la presentación de ese turno en contra, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ha pedido el turno en contra de la convalidación de este decreto-ley porque pensamos que en los términos en que está redactado no puede ser aprobado. Pero desde este mismo momento anuncio que si el Partido Popular
acepta tramitarlo como proyecto de ley y el ministro se compromete no solo a tramitarlo como proyecto de ley sino a dialogar, nuestro grupo se abstendrá en la votación.
Déjeme, señor ministro, que le pida algo antes de entrar en materia. Por favor, sean ustedes más prudentes en el momento de elaborar las memorias. Si empezamos a sumar la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear en función de la
aprobación de los decretos-leyes que ustedes nos presentan, en un año tenemos pleno empleo y hasta necesitamos volver a tener personas inmigrantes, de otros países. Díganles a los que elaboran la memoria que sean un poco más prudentes en el momento
de cuantificar los puestos de trabajo que van ustedes a generar a golpe de decreto-ley.
Es cierto, señor ministro, que este decreto-ley intenta dar solución a un problema real, la situación de riesgo, real en algunos casos, que se ha materializado, en la que están determinadas empresas que, a pesar de tener un proyecto
empresarial sólido, solvente, con mercado y producto, se ven abocadas a un cierre como consecuencia de sus deudas financieras. Esta es la diferencia profunda entre esta crisis y las otras anteriores desde la de los años setenta, que empresas
solventes, con producto, con mercado, como consecuencia del estallido financiero, se han visto obligadas a cerrar, y sin duda la legislación en ese sentido a veces no ayuda. También nos parece bien que ustedes intervengan en el comportamiento de
determinadas entidades financieras que, con una visión cortoplacista, están más preocupadas oportunistamente del cobro de sus créditos que de facilitar la viabilidad de las empresas con proyecto empresarial e incluso en algunas ocasiones la pugna
entre ellas, entre esas entidades acreedores financieros, es lo que ha abocado a determinadas empresas al cierre.
Nos parece lógico también que ustedes planteen que en estos momentos la legislación concursal plantea restricciones innecesarias y absurdas al objetivo fundamental, que es la salvación y la viabilidad de esas empresas. Compartimos, pues,
los objetivos declarados de este decreto-ley, pero déjeme que le diga que de su contenido se desprenden importantes efectos colaterales que pueden acabar provocando un problema de mayor dimensión y sobre todo algunas injusticias importantes, que son
las que me hacen subir a esta tribuna e intentar modificarlo en nuestra intervención en el trámite como proyecto de ley. Y déjeme que le diga también -y espero que no se enfaden ustedes- que desgraciadamente esto que nos puede pasar es consecuencia
de una determinada manera de legislar, espasmódica, sin la reflexión necesaria. Ya sé que la crisis aprieta mucho, pero a veces pararse un momento, sosegadamente, a pensar y a dialogar con otros, fuera del Gobierno y del Grupo Popular, nos puede
ahorrar tener que estar
permanentemente modificando las leyes. Eso es lo que modestamente les estamos intentando explicar desde que ha empezado esta legislatura, que, aunque solo sea por la calidad legislativa, la calidad institucional de este país, escuchen
ustedes un poco más y dialoguen un poco más.
Creo sinceramente que los efectos colaterales que le voy a explicar que contiene este decreto-ley se podían haber obviado si ustedes hubieran hecho una mínima consulta con las organizaciones sindicales, por ejemplo, o con aquellos
profesionales que conocen la realidad diaria de los procedimientos concursales y donde entran en conflicto créditos laborales con créditos financieros. Pero estamos ante una de las consecuencias de legislar a golpe de espasmos. Ustedes lo dicen en
la propia memoria del decreto-ley. Esta es la quinta actuación legislativa en menos de dieciocho meses para los mismos temas: el Real Decreto-ley 6/2013, el Real Decreto-ley 27/2013, la Ley 1/2013 y, por último, la mal llamada Ley de Emprendedores
14/2013. Además, esta es la tercera reforma en poco tiempo en la que ustedes regulan los acuerdos de refinanciación. Pero si las dos anteriores no han funcionado, porque por eso estamos aquí, puede que haya llegado el momento de que se den ustedes
un poco de sosiego y de diálogo y podamos, de una vez por todas, legislar, que esta Cámara pueda legislar de manera útil y con una cierta estabilidad. Porque el peor riesgo que tiene un país, también las empresas, es tener un legislador
hiperactivo, porque les somete a un mareo en el que ninguno de los agentes institucionales que intervienen en el funcionamiento de la economía sabe exactamente cuál es la norma que se aplica, material fiscal, materia mercantil, materia laboral.
Déjenme que les diga también, y me dirijo especialmente al Partido Popular, que sean ustedes conscientes de una cosa. Esta es la quinta norma en una materia común, que es cómo encontrar un equilibrio entre acreedores y deudores, y después
de esa quinta norma continúan quedando al margen las familias. No hay manera de que ustedes entiendan que hay que presentar un proyecto de ley de segunda oportunidad para las familias. Me gustaría escuchar al señor ministro, a este o a cualquier
otro, los mismos argumentos que ha utilizado en relación con que lo importante es salvar empresas que también fueran en la línea de que lo importante es salvar familias, y que de eso se pueden sentir beneficiadas no solo las familias, que es el
principal objetivo, sino incluso el propio sistema financiero, porque de nada les sirve asfixiar a las familias si la morosidad de las mismas continúa subiendo. Tienen ustedes una deuda pendiente con los ciudadanos de este país y con las familias
más débiles en estos momentos, que es presentar de una vez por todas una ley de segunda oportunidad para las familias. Lo han hecho ustedes en el rescate a los bancos, lo han hecho permitiendo la refinanciación de las entidades inmobiliarias, a las
cuales aceptan la dación en pago y no a otras familias, lo han hecho en relación con las empresas en estos momentos y continúan negándoles ese derecho a las familias endeudadas. Por favor, creo que ha llegado ya el momento de que ustedes aborden
esa cuestión.
Paso a entrar en materia en relación con el tema de la viabilidad de las empresas. Compartimos clarísimamente el objetivo de que la legislación debe tener como principal objetivo garantizar que empresas que son solventes, viables, que
tienen producto y mercado, puedan continuar funcionando y que los créditos financieros no les asfixien de manera absurda. En ese sentido, déjenme que les diga que o cometen ustedes en este decreto-ley un error o una injusticia; espero que sea un
error porque eso se puede resolver. Es el tratamiento injusto que se da a los créditos laborales de los trabajadores, a los que se exige en este decreto-ley un sacrificio enorme e incluso se les ningunea, se les expulsa de la capacidad de adoptar
acuerdos y en cambio se les hace víctimas de los mismos. Ese es el primer problema; voy a intentar explicarlo. El segundo problema, que creo que usted conoce muy bien, señor De Guindos, señor ministro, es que en este decreto-ley ustedes igualan
los créditos financieros con independencia de cuál sea el titular de ese crédito, sea un banco, una entidad financiera regulada, o sea un banco en la sombra, los bonistas o las diversas modalidades de fondos buitres que ustedes saben que están
haciendo el agosto con los procesos de refinanciación de las deudas empresariales. Al igualarles lo que hacen ustedes es incentivar ese sistema financiero a la sombra, que en estos momentos desgraciadamente no tiene ningún tipo de control público.
Me gustaría escuchar del ministro que ha sido un lapsus y que, por tanto, eso se va a resolver en la tramitación de este proyecto de ley.
La reforma que usted plantea, señor ministro, afecta a nuevas materias -usted lo ha explicado-, a los acuerdos de refinanciación y a la homologación de esos acuerdos de refinanciación en el marco del proceso concursal. Insisto, nuestro
grupo comparte la necesidad de poner por delante de todo la viabilidad de las empresas aquejadas de un fuerte endeudamiento financiero. Compartimos la necesidad de introducir cambios en la legislación porque, si no se introducen, ese objetivo no es
viable. Compartimos también una cuestión lógica, porque desgraciadamente en estas cuestiones el tiempo es oro, y es que la
mera comunicación del inicio de negociaciones en la fase preconcursal pueda suponer la paralización de los procesos de ejecución en marcha para que los oportunistas no se aprovechen de ese decalaje en el tiempo; compartimos también esa
modificación que ustedes introducen.
Pero hay cinco aspectos de este decreto-ley que no podemos compartir. En primer lugar, que en la práctica desaparezca el carácter preferente de los créditos laborales establecido en el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores. Es
curioso, se salvan los créditos de origen público, Hacienda y Seguridad Social, pero al no decir nada de los créditos laborales se pone en riesgo su carácter privilegiado. En segundo lugar, discrepamos de que los créditos laborales no solo queden
excluidos de la suspensión de los procesos de ejecución, sino que incluso eso afecte a los procesos de ejecución en marcha, es decir, que pueda tener efectos retroactivos. Eso es lo que se desprende de la lectura literal de este decreto ley. En
tercer lugar, discrepamos de que los acuerdos de refinanciación puedan comportar la quita del 20 % de la deuda y una espera de hasta tres años de los créditos laborales -volvemos a estar otra vez en lo mismo-. Además, eso que en el caso de los
acreedores financieros puede tener algún sentido -y es obvio que además nos parece bien que también afecte a los acreedores financieros que no se someten al acuerdo, los que hasta ahora actuaban de oportunistas-, eso que tiene una cierta lógica, no
tiene ningún tipo de lógica cuando se refiere a imponer una quita del 25 % o una espera de tres años a los créditos laborales simplemente para adquirir un acuerdo o un compromiso de refinanciación entre bancos y empresas, porque les recuerdo que en
muchas ocasiones son trabajadores que han sido despedidos, que tienen deudas y que les interesa que sus compañeros continúen trabajando, pero no a costa de ver sus derechos laborales mermados y el cobro de esas cantidades dilatado en el tiempo. (La
señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
También discrepamos de que estos acuerdos con quita y espera, que pueden afectar negativamente a los créditos laborales, puedan ser adoptados sin la participación incluso de sus víctimas, que son los titulares de esos créditos laborales.
Desde ese punto de vista, entendemos que se impongan esos acuerdos a los acreedores disidentes, pero por supuesto no a los acreedores de los créditos laborales. Y por último discrepamos de otra de las consecuencias de este decreto-ley, y es que los
beneficiarios de estos acuerdos de financiación puedan ser no solo las entidades financieras, sino en términos de igualdad los fondos buitres. Desde ese punto de vista permítame que le insista en una cuestión. No deben ustedes olvidar que los
créditos laborales tienen una naturaleza alimentaria, y que por eso ancestralmente el derecho los protege; tienen por objetivo garantizar a las personas los alimentos necesarios para su sustento. Por eso la especial protección del artículo 32 del
Estatuto de los Trabajadores, y por eso los conflictos que aparecen permanentemente entre jurisdicción social y jurisdicción mercantil. No resulta comprensible para nuestro grupo que los créditos laborales terminen siendo los paganos de esta nueva
regulación. Salvar empresas, sí. Salvarlas de la avaricia de los acreedores financieros, también. Salvarlas a costa de los créditos laborales, no. Este riesgo a nuestro entender es mucho mayor por los desajustes que se producen entre la reforma
concursal del año 2003, que ustedes vuelven a formular en este caso a través de este decreto-ley, y la no modificación o el conflicto que se genera con el régimen de responsabilidad del Fondo de garantía salarial. Si se tocan las leyes a trocitos y
muy permanentemente, se producen esos problemas de inadecuación permanente, que es lo que provoca que se tengan que estar permanentemente cambiando, y encima se provoquen al mismo tiempo problemas como este.
La Ley 14/2013, mal llamada de emprendedores, ya introdujo la posibilidad de negociaciones para alcanzar acuerdos extrajudiciales de pago, y que comportaran al mismo tiempo un bloqueo del procedimiento extrajudicial. Pero ustedes ahora
lógicamente lo plantean en relación con los procesos perjudiciales. Desde este punto de vista ningún problema. Pero eso termina teniendo consecuencias para los créditos laborales tremendamente onerosas, tremendamente perjudiciales. Por eso les
planteamos claramente que atiendan ustedes a la necesidad de garantizar con nitidez que los créditos laborales se pongan al mismo nivel que los créditos de naturaleza pública; es igual Seguridad Social y Hacienda. ¿En qué términos? En los
términos del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores; es decir, que como consecuencia de una reforma de la Ley Concursal no desaparezca un derecho establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Termino. Estará usted de acuerdo, señor ministro, en que lo que no se puede hacer es igualar a todos los acreedores financieros. No tiene ningún sentido que ustedes en este decreto-ley sitúen al mismo nivel a las entidades financieras y a
los fondos buitres, porque las entidades financieras resulta que, peor o mejor, están sometidas a una regulación -nos presentó usted el otro día un proyecto de ley para mejorar la regulación y para establecer mas condiciones-, tienen exigencias de
capital, de solvencia, de
colchones, etcétera, y en cambio desgraciadamente no es así con los fondos buitres, que insisto en que están haciendo el agosto en estos momentos. Lo que están haciendo es adquirir patrimonio, con quitas importantes en cuanto a su valor,
con descuentos importantes, para a continuación realizar ese patrimonio y obtener determinadas rentabilidades. Si no lo regulamos bien en este decreto-ley les estaremos facilitando su función de fondos buitres, y en ese sentido casi les estaríamos
llamando a que vayan a buscar la carroña. Por eso esa igualación no nos parece bien. Tenemos que encontrar una fórmula que establezca claramente la diferenciación entre entidades financieras y fondos buitres.
Sé que ustedes están intentando justificar esto en la exigencia del punto 27 del memorándum de entendimiento, o sea, del rescate bancario, pero me temo que eso no da cobertura a ese planteamiento; y no sirven de nada los compromisos que
ustedes han establecido para que eso lo regule y lo articule el Banco de España. Seguro que usted lo sabe, seguro que lo sabe el resto de miembros de la Cámara, pero este mismo martes, 18 de marzo, en un acuerdo del comité ejecutivo del Banco de
España, colgado en la página web, ha establecido una serie de criterios que ponen de manifiesto hasta qué punto el Banco de España en relación con esas obligaciones de los fondos buitres ha hecho literalmente lo siguiente, señor ministro: silbar y
mirar para otro lado. (Aplausos). Eso pone de manifiesto hasta qué punto estamos en una situación profundamente incómoda.
En resumen...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalice, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. Entendemos la razón, la compartimos. Hay muchos defectos. No hemos entrado en los defectos de naturaleza técnica, y solo le cito uno: no queda claro si los bienes que están excluidos de estos
procesos de la suspensión de ejecución son solo los bienes necesarios para la continuidad de la empresa o son todos los bienes del deudor. Esa cuestión es básica desde ese punto de vista.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestra mano tendida para mejorar este decreto-ley, pero por favor dense ustedes un poco de sosiego a la hora de legislar, un poco de diálogo, porque nos podríamos evitar todos esa concatenación permanente de
normas que lo único que hacen es generar una inseguridad jurídica brutal en los ciudadanos.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para manifestar el posicionamiento del Bloque Nacionalista Galego en relación con la convalidación de este real decreto-ley, que incorpora una batería de temas que fueron anunciados por el presidente del
Gobierno como una de las medidas estrella para impulsar la creación y crecimiento de empresas, y por lo tanto de empleo. Nos anunciaba el presidente un nuevo marco normativo que iba a dar respuesta a los graves problemas de financiación que tienen
las empresas. Señor ministro, no es que fuéramos muy optimistas en aquel momento, pero a la vista de este real decreto tenemos que manifestar cierta decepción, porque las necesidades de las empresas son mucho mayores que las que contempla este real
decreto, pero sobre todo por la expectativa generada por el presidente Rajoy en el anuncio de las medidas, sin dejar de reconocer efectivamente aquellos aspectos positivos que tiene el real decreto, y ese objetivo o finalidad principal que el
Gobierno declara -y que usted acaba de exponer aquí- que tiene esta normativa, que es la de facilitar que las empresas viables desde un punto de vista operativo, pero con un alto endeudamiento, puedan alcanzar acuerdos con sus acreedores que eviten
su liquidación. Así, las empresas viables podrán renegociar su deuda con los bancos o plantear quitas para evitar el concurso de acreedores, que con la redacción actual, es decir, con la legislación actual acaba en el cierre de las empresas en un
90 % de los casos.
Por lo tanto el decreto facilita los acuerdos con los acreedores e introduce la posibilidad de llegar a acuerdos individuales de refinanciación con uno o más acreedores. Los acuerdos colectivos de refinanciación se simplifican, y se reducen
las mayorías exigidas para los acuerdos, para evitar que se puedan bloquear con facilidad por acreedores minoritarios. Así, la refinanciación homologada judicialmente
podrá extender sus efectos a otros acreedores disidentes. También se le concede en este real decreto a la banca prioridad en el cobro en caso de llegar al concurso de acreedores, por detrás de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y
nosotros eso lo valoramos positivamente. Por otra parte, esta norma también permite imponer al principal propietario la entrada de los bancos en el capital de la empresa. El real decreto modifica algún aspecto de la Ley Concursal en lo relativo a
la fase preconcursal, de manera que se pretende evitar la entrada en concurso y la posterior liquidación de estas empresas. En concreto se modifica el régimen que los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, que podrán comprender
quitas, aplazamientos y capitalización de la deuda. Estos acuerdos de refinanciación homologados judicialmente podrán extender sus efectos a los acreedores disidentes cuando concurran las mayorías establecidas en el caso.
Como verá, señor ministro, sí hemos valorado suficientemente el real decreto. Reconocemos aquellos aspectos negativos, pero también tenemos que decir que estos acuerdos no es que lleguen tarde, que en muchísimos casos sí lo hacen, porque ya
hay empresas que no se pueden acoger a estas medidas y otras que están en situación de liquidación tampoco lo podrán hacer, pero sobre todo, señor ministro, lo que echamos en falta son realmente medidas que profundicen en los problemas estructurales
relativos a la financiación del tejido productivo y a su fuerte apalancamiento. Por otra parte, la mejora de las provisiones de los bancos, especialmente el papel preferente que se otorga a la banca en el cobro durante el concurso, son elementos
que cuando menos desde el Bloque Nacionalista Galego ponemos en tela de juicio. Cabe recordar también, señor ministro, en relación con la situación de crisis de las empresas la parte de culpabilidad que tienen las administraciones públicas en el
pago a sus proveedores, y que es la causa de los problemas financieros de parte de las empresas. Por tanto, como le decía ya desde el principio, sin dejar de reconocer aquellas cuestiones positivas que tiene el real decreto, mantenemos nuestras
reservas. En la votación nos abstendríamos a esta convalidación si no hay un compromiso por parte del Gobierno de facilitar su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, pocas veces ha logrado usted, señor ministro, un apoyo tan amplio en esta Cámara a un real decreto-ley, o al
menos un rechazo tan bajo, según se mire. Ello es así porque consideramos que los cambios que se plantean en dicho real decreto-ley pueden servir para que muchas empresas continúen la actividad y mantengan el empleo que en el caso de llegar a un
concurso es mucho más difícil que ocurra. Por tanto las críticas al Gobierno podrían dirigirse a, señor ministro, por qué han tardado tanto en traer a la Cámara un real decreto-ley como el que vamos a convalidar.
La crisis económica viene ya de largo, y lo que es peor es que va a estar entre nosotros durante largo tiempo aún, y a pesar de las mejoras que apuntan algunos indicadores coyunturales los problemas de fondo de la economía van a perdurar.
La baja productividad y los problemas de muchas empresas, la caída de la demanda, la pérdida de mercados y sobre todo los problemas de financiación van a hacer que un gran número de empresas atraviesen por problemas graves y que se pongan en
cuestión su propia supervivencia. El excesivo endeudamiento de muchas de ellas, motivo que está en el origen e intensidad de la crisis, y la necesidad de que dicho endeudamiento se reduzca sustancialmente ha de venir acompañado de medidas que
faciliten la viabilidad de los proyectos empresariales. Tal y como demuestra la experiencia, el índice de mortalidad empresarial de aquellas compañías que van a concurso de acreedores es excesivamente elevado. Hay que tratar de salvar a todas o al
mayor número de empresas que tienen un problema financiero, sí, pero que lo que les ahoga es precisamente eso, porque tienen un proyecto empresarial que es viable. Desde el Gobierno y si me permiten desde la oposición tenemos que impulsar las
medida que mantengan el mayor número de empresas y empleos posibles. Nos parece pues oportuna la idea de tratar de resolver los problemas de financiación de muchas empresas en la fase de preconcurso, cuando todavía hay posibilidades de arreglar las
cosas. De todas formas quisiera apuntar algunas cuestiones que para nuestro grupo parlamentario son relevantes, y que será posible solucionar o incorporar al texto actual en la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley. Nuestro grupo
así lo solicita y por lo que tengo entendido, el Gobierno y el Grupo Popular van a apoyar dicha tramitación. Si no se tramitara como proyecto de ley nos veríamos obligados a abstenernos en la convalidación. Si se tramita como proyecto de ley
votaremos favorablemente su convalidación.
Unos breves comentarios. La reforma pretende mejorar los institutos preconcursales incorporando la imposibilidad de iniciar ejecuciones o la suspensión de las existentes por parte de acreedores financieros, si al menos el 51 % de estos
apoya expresamente el inicio de negociaciones con el deudor para la refinanciación de su deuda. El preconcurso se convierte de esta forma en una buena herramienta, que seguro formará parte de los procesos de refinanciación como amenaza ante
posibles acciones de creedores financieros minoritarios. Es una pena en nuestra opinión que no se haya buscado un efecto similar en relación con la ejecución de los acreedores de derecho público, que tan asiduamente introducen un plus de
complejidad en los procesos preconcursales y concursales. Por otro lado, no queda claro qué ocurre con la homologación del saldo de instrumentos financieros de circulante no dispuestos y que están fuera de balance. Las compañías tienen líneas de
confirming, de factoring y de avales no dispuestos, cuya disposición futura es normalmente necesaria para la continuidad del negocio, y que no forman parte de la definición de pasivo financiero, y por tanto no queda claro que el efecto arrastre se
extienda a dichas líneas. Tampoco queda nada claro sobre qué base debe opinar el experto independiente cuando se trata de definir si existe causa razonable para la conversión de deuda en capital, ni quién va a hacer el cálculo de la deuda
sostenible y sobre qué base se va a hacer dicho cálculo. Corremos el riesgo, en función de los niveles de provisión que tengan las entidades sobre las refinanciadas, de distorsionar el concepto de lo que es sostenible, a pesar de que el papel lo
aguanta casi todo. Se deberán establecer parámetros claros del concepto de deuda sostenible, así como de los criterios de dilución de los accionistas que se ven sometidos a convertir su deuda en capital. En nuestra opinión se pierde la ocasión
para homologar a los acreedores por créditos de derecho público, así como a los proveedores comerciales.
No sabemos cuándo un banco se convierte en administrador de hecho de una sociedad refinanciada. Se minimiza el impacto de la temida administración de hecho, pero no se aclara qué nivel de involucración pueden tener las entidades en la
observación del cumplimiento del plan de viabilidad, y en la monitorización de la gestión. Creemos igualmente que el mecanismo para forzar la conversión de deuda en capital no es lo suficientemente coercitivo, y va a dar lugar a mucha pelea e
inclusive a que se produzcan más concursos. Está por ver el cambio que supondrá la introducción de la presunción de concurso culpable que se aplica a administradores sociales, socios y apoderados que se hubiesen negado sin causa aparente a la
capitalización de créditos o emisión de instrumentos convertibles, frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los del 71 bis, 1º de la Ley Concursal. El proceso establecido de existencia de varios informes sobre la bondad del
proceso podría llevar a que esa presunción no ejerciera la presión debida en los administradores sociales y socios de las compañías, a la hora de aceptar las ecuaciones de canje que resulten de dichos procesos de conversión de deuda en capital por
parte de los acreedores financieros. Mucho peso tendrán las sentencias que se vayan produciendo en las secciones de calificación en donde se acaben juzgando estas presunciones de culpabilidad. Ha sido también una pena que no se haya aprovechado la
oportunidad -a lo mejor en el trámite de proyecto de ley lo podemos hacer- para abordar los cambios en los procesos de venta de activos en liquidación y fase común, de forma que se implante un mecanismo rápido, eficiente y transparente para
recuperar los activos de compañías concursadas capaces de conservar la actividad empresarial.
Por último, no quisiera concluir sin señalar lo que desgraciadamente tenemos que decir en multitud de ocasiones. No nos parece adecuado utilizar el real decreto-ley o un proyecto de ley para incluir en él disposiciones adicionales que nada
tienen que ver con el objeto del mismo. De estos chorizos que hay en todos los proyectos -y en este también- cabe destacar el relativo a la modificación de la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas para adaptar el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera a fin de no deducir de las liquidaciones definitivas a realizar por las comunidades autónomas los pagos realizados a extras por la Agencia Tributaria, o las recaudaciones de ingresos derivados del impuesto del
patrimonio. Nada que ver con la cuestión. Si han de aprobar estas cuestiones háganlo, pero sin mezclar las cosas, para que queden mucho más claras. Sé que es un desahogo gratuito e inútil el mío, pero lo tenía que hacer. Estamos en lo
fundamental como le decía, señor ministro, de acuerdo con el contenido del real decreto-ley y votaremos en el sentido anteriormente comentado: si lo tramitan ustedes como proyecto de ley votaremos favorablemente a la convalidación, y en caso
contrario lo que haremos será abstenernos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
A menudo llegan a la Cámara iniciativas legislativas aparentemente muy ambiciosas, grandilocuentes, que despiertan gran atención y pasiones y que luego apenas tienen ningún efecto práctico, tienen casi un efecto simbólico, ritual. Por el
contrario hay otras veces en que llegan iniciativas legislativas modestas, oscuras, que no desatan apenas pasiones o atención, pero que pueden tener una gran importancia práctica, y creemos que este real decreto pertenece a la segunda categoría, una
pieza técnica, oscura, modesta, pero de gran relevancia práctica, porque aborda un problema importante en nuestra economía; aborda el problema de empresas que son viables, pero que están altamente endeudadas, y si cuya deuda se reestructurase
podrían seguir funcionando. Sin embargo la rigidez legislativa existente hasta ahora les abocaba a un único camino, que era llegar al concurso, y en el 95 % de los casos que ese concurso desembocase en la liquidación de la empresa. La empresa
desaparece, se pierden puestos de trabajo e incluso a menudo los propios acreedores pierden, porque al final recuperan una parte menor de las deudas que podrían haber recuperado si la empresa hubiese seguido funcionando. Esa rigidez legislativa
hacía perder a todo el mundo al imposibilitar la continuidad de la empresa.
¿Cómo aborda el real decreto este problema? Lo ha explicado bien anteriormente el señor ministro. Básicamente se busca facilitar las refinanciaciones, y esta mejora o facilitación de las refinanciaciones se aborda por tres vías. Por un
lado, aumentando la seguridad jurídica de estos acuerdos, de forma que si pese a todo al final se acaba en un concurso estos acuerdos de refinanciación sean difícilmente impugnables y tengan que cumplirse. En segundo lugar, la vía más importante a
nuestro juicio facilita la capacidad de la mayoría de acreedores para imponer a una minoría disidente el cumplimiento de las condiciones. Hasta ahora una ínfima minoría de acreedores podía bloquear cualquier acuerdo de refinanciación y los hacía
prácticamente imposibles. Para ello se fijan distintos umbrales en función de la importancia de los cambios en las condiciones: 60 % para cambiar los plazos e imponer esperas, y 75 % para imponer cambios más drásticos, como la capitalización de
deuda. Seguramente es la mayor aportación de la facilitación de las refinanciaciones que se hacen. También es importante que se favorezca la entrada de dinero nuevo en estos acuerdos, convirtiéndolos en el cien por cien en créditos frente a la
masa, es decir, que tengan una gran prioridad en la recuperación si al final se llega al concurso. Por todo esto, nuestro voto no puede ser más que afirmativo; no podemos más que votar sí a una medida legislativa que va a favorecer la viabilidad y
la continuidad de estas empresas que tienen problemas financieros, pero que son esencialmente viables.
Pero nuestro trabajo como grupo de oposición no es solo aplaudir lo que haya que aplaudir, que por supuesto es lo que hacemos -como hoy- cuando creemos que hay que aplaudir, sino también ofrecer alternativas. En este sentido tengo que
añadir que nos preocupan una serie de cuestiones respecto a lo que dice el propio real decreto, y como a menudo nos sucede también respecto a lo que no contiene, respecto a lo que deja de decir. En cuanto a lo que dice el real decreto -lo ha
señalado antes el señor Coscubiela- nos preocupa la improvisación legislativa. Son continuas reformas sobre las mismas cuestiones, en este caso la Ley Concursal. ¿No sería mejor un poco más de pausa, un poco más de consenso, y abordar los
problemas globalmente y cerrarlos, en vez de esta continua actividad legislativa corrigiéndose a sí misma? Se producen importantes cambios en la Ley Concursal cada dos por tres. Por cierto, estos cambios continuos también demuestran el fracaso de
la legislación anterior y que hay que abordar de nuevo la misma cuestión porque no se ha solucionado. En segundo lugar, nos preocupa que todo el esfuerzo del real decreto se centre en la etapa preconcursal para no llegar al concurso, pero si pese a
todo se acaba llegando al concurso este sigue teniendo el mismo carácter, que es básicamente un cauce de liquidación. Es decir, se va a intentar no llegar al concurso, pero si finalmente se llega al concurso este va a seguir manteniendo su carácter
de simple cauce de liquidación de la empresa. En tercer lugar, algunos expertos jurídicos señalan que la redacción del real decreto puede generar dudas interpretativas, sobre todo en el régimen transitorio que contempla y en las medidas sobre
capitalización de la deuda.
Pero junto a estas preocupaciones sobre el contenido del real decreto son más graves nuestras preocupaciones por lo que no aborda. Es cierto que supone una mejora, pero creemos que habría que ir más allá, si no en esta pieza legislativa, en
otra. Lo que aquí se nos trae es un régimen de reestructuración de la deuda, pero hay un enfoque complementario a reestructurar la deuda, que es el régimen de segunda oportunidad, el régimen de condonación de la deuda, y este régimen de segunda
oportunidad, este régimen de condonación de la deuda debería extenderse a las personas físicas, porque hay muchas pymes que no tienen forma societaria -los empresarios son personas físicas-, y porque esta misma filosofía que aquí adoptamos para la
empresa tiene lógica también para las familias. Hay muchas familias
cuyas finanzas serían viables si no fuera porque han perdido su vivienda y arrastran la deuda que ha quedado después de malvender la vivienda. ¿Por qué no aplicar esta misma filosofía de las personas jurídicas que aquí tenemos a las
personas físicas? Creemos que hace falta este enfoque complementario, que se uniría perfectamente a lo que aquí tenemos. No se trata de elegir entre una cosa y la otra, las dos cosas son complementarias. Aquí hay un régimen de reestructuración de
la deuda y nosotros creemos que debería ir acompañado de un régimen de segunda oportunidad, de condonación de la deuda, y que esta filosofía que aquí se aplica a las personas jurídicas hay que aplicarla a las personas físicas, a pymes que no tienen
forma societaria, y a consumidores. Lo que aquí se aprobará va a beneficiar -y nos parece bien- sobre todo a empresas, probablemente grandes empresas, y a entidades financieras que lleguen a acuerdos de refinanciación, pero va a beneficiar muy poco
o nada a personas físicas, pymes, y consumidores.
Unión Progreso y Democracia -quiero recordarlo- trajo hace dos años a la Cámara una ley de segunda oportunidad, que tuvo aceptación entre algunos grupos de la Cámara, pero tuvo el rechazo del grupo mayoritario. Creemos que han sido dos años
lamentablemente perdidos. Y cuando uno habla de segunda oportunidad o de condonación de deuda parece que está adoptando posturas de extrema izquierda, bolcheviques casi. Las deudas son para pagarse por supuesto, nosotros consideramos que las
deudas son parar pagarse cuando se pueden pagar. Pero es que el régimen de segunda oportunidad que propuso UPyD hace dos años lo defiende también la Unión Europea. Hay una recomendación muy reciente -de 12 de marzo de 2014- de la Unión Europea
donde propone condonar las deudas en las insolvencias pasado un plazo prudencial, que fija en tres años, y propone incluir al consumidor. No es una medida demagógica ni radical, es una propuesta de la Unión Europea. Hemos recorrido parte del
camino, pero creemos que hay que recorrerlo por completo, instaurando ese régimen de segunda oportunidad que incluya también a las personas físicas. Por eso vamos a votar a favor del real decreto, pero seguiremos trabajando si se tramita como
proyecto de ley o con nuevas iniciativas para ampliar este enfoque a la segunda oportunidad, y que pueda beneficiar también a las personas físicas.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, nuestro grupo va a votar favorablemente el real decreto que nos trae hoy el Gobierno para convalidar, en el que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. Básicamente lo vamos a votar favorablemente por una cuestión relevante y fundamental, porque entendemos que quizá esta sea una de las iniciativas legislativas más importantes que se han
traído a esta Cámara a lo largo de esta legislatura, porque tiene un objetivo claro, posibilitar la salvación de muchas empresas que hoy tienen un endeudamiento financiero muy importante, pero que al mismo tiempo son viables, y a través de la
convalidación de este real decreto vamos a salvar estas empresas, que sin esta ley probablemente irían a una liquidación inmediata a corto plazo. Por lo tanto, objetivo fundamental, salvar las empresas.
Segunda cuestión que nosotros consideramos muy importante. Esto lleva implícito que, al salvar las empresas, señorías, también salvamos puestos de trabajo, que es otro de los objetivos prioritarios que nuestro grupo parlamentario -y me
imagino que también del resto de los grupos o formaciones políticas- tiene in mente en esta actual coyuntura económica: traer a este Pleno del Congreso de los Diputados iniciativas para salvaguardar los puestos de trabajo de compañías que como digo
por las circunstancias económicas actuales podrían desaparecer, y a través de esta iniciativa legislativa vamos a poder garantizar que sus puestos de trabajo se vean asegurados a corto plazo. Por lo tanto son iniciativas orientadas básicamente a la
economía productiva, son iniciativas que uno puede intentar entender a lo largo de este real decreto -probablemente si no se es un experto en leyes concursales es difícil poder separar el grano de la paja-, pero fundamentalmente estas son dos
cuestiones que motivan que nuestro grupo parlamentario vaya a votar favorablemente.
También hay otra cuestión de la que vale la pena dejar constancia en esta Cámara. Yo creo que un Gobierno tiene diferentes maneras o actitudes de poder gobernar. Un Gobierno con mayoría absoluta puede tener la tentación -cuestión que aquí
hemos padecido los grupos que estamos en la oposición en algunos casos y en relación con algunos ministerios- de ser insensible a los planteamientos de la oposición y a los razonamientos que puedan aportar cuestiones positivas provenientes de los
diferentes
grupos parlamentarios e ir en la línea recta de hacer caso omiso de las recomendaciones y los planteamientos del resto de las formaciones políticas. Este no es el caso concreto del ministro de Economía y Competitividad y tampoco lo es de
los portavoces del Grupo Parlamentario Popular -en este caso del señor Martínez-Pujalte-, que con una visión inteligente de lo que ha de ser una política para ir en la dirección de dar buenas noticias, salvar puestos de trabajo y garantizar que
compañías que desaparecerían no lo hagan, buscan la complicidad de los diferentes grupos parlamentarios y antes de llevar este real decreto a la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados tienen la sensibilidad de reunirse con todos los
grupos no solo para informarles, sino para ofrecerles la posibilidad de tramitar el real decreto parlamentariamente como proyecto de ley -algo que con la mayoría de la que ellos disponen no tenían obligación de hacer- para poder mejorar la
iniciativa. Nuestro grupo parlamentario es sensible a esta actitud favorable y lo único que le pedimos, señor ministro, es que cuando llegue el trámite parlamentario -sabemos que usted y el Grupo Parlamentario Popular lo van a hacer- también sea
sensible a los diferentes planteamientos que haremos los diferentes grupos parlamentarios. Señorías, no me voy a extender más en esta cuestión. Esta es una de las leyes más importantes y más efectivas desde la perspectiva de la economía productiva
española que se han traído a esta Cámara porque, repito, tiene dos objetivos fundamentales: salvar las empresas y garantizar los puestos de trabajo. Desde esta perspectiva ya tiene nuestro voto favorable.
Hay otra cuestión, señor ministro, que ha planteado algún grupo parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra y creemos que es importante. Hay muchas empresas -lo ha dicho el señor Anchuelo- que no son sociedades anónimas o
sociedades limitadas, sino personas físicas que no pueden acogerse a estos planteamientos, por lo cual creo sinceramente que tendríamos que buscar alguna posibilidad en el trámite parlamentario de poder encajar dentro de este proyecto de ley a las
empresas individuales, a los empresarios autónomos que han puesto todo su patrimonio al servicio de su empresa para generar trabajo y que también se puedan acoger a lo contemplado en este real decreto. (La señora vicepresidenta, Montserrat
Montserrat, ocupa la Presidencia).
Tampoco queremos olvidar, señor ministro -y ya sé que esto es un poco más ambicioso de lo que plantea este real decreto-, que hay muchísimas familias que están en una situación de sobreendeudamiento y que no van a poder pagar en los próximos
años, como está ocurriendo con muchas empresas a las que hoy estamos dando un camino para resolver su situación. Por eso nuestro grupo parlamentario entendería que desde la perspectiva y la complicidad social con lo que están padeciendo muchísimas
familias que se han sobreendeudado les buscáramos algún mecanismo para que puedan salir a flote, porque, repito, estamos saliendo de la recesión pero esta crisis todavía no está ni mucho menos acabada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señor ministro, como usted decía, una de las razones por las cuales la crisis financiera internacional ha tenido tanto impacto en España tiene que ver con el elevado endeudamiento del sector privado en los años anteriores a la misma, usted
ha dado los datos. Por ello, es absolutamente evidente que para volver a tasas de crecimiento económico equilibradas y sostenibles hay que proceder a corregir los balances, es decir, a quitar deuda, a reducir deuda tanto de empresas como de
familias a través de un proceso de desendeudamiento. Cierto es que en esta ocasión es más difícil porque la anterior expansión fue mayor y además la crisis coincide con una situación difícil del sistema financiero, que se ha visto afectado por la
misma y está en proceso de reestructuración. En España, como en otros países, estamos procediendo a ese desendeudamiento pero con un gran esfuerzo, señor ministro, de empresas y familias, que incide en el ritmo de la recuperación. El problema es
cómo se está produciendo este desendeudamiento. En España se produce con una continuada contracción del crédito desde el año 2009. En otros países, como Reino Unido o Estados Unidos -donde, por cierto, frente a lo que se suele decir a la hora de
analizar la economía española, la suma de sus deudas privada y pública es mayor que la nuestra; es decir, Estados Unidos y Reino Unido tienen, sumada, más deuda que nosotros-, el proceso se está produciendo de otra manera porque, como usted sabe,
la combinación de políticas de demanda expansivas les ha permitido tener más crecimiento -y un poquito más de inflación también-, lo que sin duda alguna les permite reducir el porcentaje de su deuda sin necesidad de llevar a cabo una contracción del
crédito tan elevada como la que estamos padeciendo en España. Por tanto, alternativas hay; ejemplos hay de que con otras políticas
se consiguen mejores resultados. Es cierto que nuestra pertenencia a la zona euro conlleva diferencias con los mencionados países -nosotros no contamos con una política monetaria autónoma e incluso la política fiscal está restringida, como
sabemos, por la existencia de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento-, pero en nuestra opinión se podrían haber inducido políticas más expansivas en la zona euro y sobre todo se debería haber evitado la perniciosa fragmentación de los mercados
financieros y el endurecimiento adicional en las condiciones de financiación para el sector privado y también para el sector público a consecuencia de la crisis de la deuda soberana iniciada a mediados del año 2010.
Por tanto, señor ministro, aquí estamos con problemas muy graves. Ahora se trae una legislación que tiene como finalidad reducir deuda, facilitar las reestructuraciones financieras entre acreedores y deudores. El acceso a la financiación,
sin ninguna duda, permite a las empresas ajustar su flujo de ingresos y gastos y realizar sus decisiones de inversión de forma eficiente y si una empresa rentable hay que facilitar, aunque esté en situación de sobreendeudamiento, su saneamiento
financiero para garantizar su viabilidad económica y la de los puestos de trabajo que de ella dependen. Esto es lo que más nos importa, señor Sánchez i Llibre; lo primero, el empleo. Para nosotros es lo esencial. Por cierto, señor ministro, en
todo el real decreto-ley, que tiene 21 páginas, se utiliza la palabra empleo una sola vez. Se lo digo porque quizás conviene decir a los expertos que pongan un poco de alma a la hora de redactar, porque este texto va dirigido a salvar empleos.
¿Cuál es el mecanismo de realización de los seres humanos? El empleo. Esto ha estado a punto de hacer cambiar nuestro voto pero, en fin, al final se hace, aunque solo sea una vez, mención al empleo. Para nosotros el dato esencial por el que nos
vamos a posicionar en este decreto-ley es, sin ninguna duda, la salvación de puestos de trabajo, el mantenimiento del empleo y el incremento del mismo.
Podríamos preguntarnos si las medidas llegan a tiempo. Quizás se podría haber sido un poco más anticipativo para evitar estos niveles de mortalidad empresarial y de mora tan elevados como los que está viviendo nuestra economía, porque
además existe, más que la percepción, el convencimiento por nuestra parte de que este Gobierno ha sido muy diligente al gestionar los problemas de recapitalización del sector financiero -a costa en parte del contribuyente- y en cambio se ha hecho
poco, señor ministro, para favorecer la situación patrimonial de empresas y familias. Todos los portavoces han indicado que los requisitos que su Gobierno estableció con respecto a las familias en las moratorias de ejecución de desahucios son tan
exigentes que han afectado a pocas familias. Se las sigue gravando con intereses de demora, aunque en menor cuantía, cierto es. Es decir, las familias todavía son las grandes olvidadas de estas iniciativas pues aún no poseen un marco regulatorio
eficaz en relación con la insolvencia personal, especialmente en casos de deudores hipotecarios. Por cierto, esto lo tienen varias legislaciones europeas y nos lo recomienda el Fondo Monetario Internacional. Por ello, creo que sería muy necesario
aprobar un marco similar que permita la refinanciación y una segunda oportunidad -ya lo decía el señor Anchuelo- para las personas físicas que, actuando de buena fe, se ven afectadas por deudas, especialmente hipotecarias, como consecuencia de un
empeoramiento sobrevenido de su situación económica. Obviamente, esto no es necesario en tiempos de prosperidad económica, pero en tiempos de crisis debería ser, señor ministro, un derecho de ciudadanía, una segunda oportunidad para las personas
físicas, para las familias que han visto empeorada su situación por la pérdida de empleo y que merecen este esfuerzo.
Dicho esto, el espíritu de la reforma nos parece positivo sin duda, porque, a pesar de las reformas de la Ley Concursal -el anterior Gobierno las abordó en 2009 y en 2011, en la anterior legislatura-, que abrieron el camino a la
reestructuración de la deuda en fase preconcursal, sigue habiendo problemas, sigue siendo cierto que el 90 % de las empresas que entran en concurso de acreedores acaban en liquidación. De ahí que resulte imprescindible fomentar estos acuerdos
preconcursales en materia de refinanciación para evitar que proyectos empresariales viables, con futuro, mueran y destruyan empleo. Es mejor refinanciar y reestructurar que llegar al concurso; es mejor mantener la actividad empresarial y el
empleo, y para ello valoramos positivamente el espíritu de esta reforma que trata de facilitar que la empresa llegue a acuerdos individuales o colectivos de refinanciación con mayorías más bajas, que protege los acuerdos frente a terceros, que
facilita el fresh money -el nuevo dinero-, la conversión de deuda en capital, fuerza a los disidentes a alcanzar un acuerdo, incorpora medidas que favorecen el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo, tales como la suspensión de
ejecuciones, etcétera, que usted nos ha glosado. Se impide también la rescisión concursal y se facilitan nuevos ingresos de tesorería que alivien la situación del deudor, permitiendo la continuidad de la actividad al considerar como créditos contra
la masa esos nuevos ingresos, lo que supondrá un fuerte aliciente para que los acreedores
financieros favorezcan la reestructuración. Pero, como han dicho mis compañeros intervinientes, hay problemas. Nosotros desearíamos que esto se tramitara como proyecto de ley porque vemos insuficiencias susceptibles de mejora. Nos parece
abusiva de nuevo la utilización del procedimiento de real decreto-ley para regular asuntos de tantísima trascendencia económica. Cierto que la situación es grave, que exige respuestas urgentes, pero esto se puede hacer, señor ministro, con una
tramitación rápida en esta Cámara que permita a los grupos parlamentarios realizar aportaciones, sumarnos a este proyecto y mejorarlo en aquello que sea posible. En consecuencia, nuestro voto en este trámite dependerá de la aceptación por el grupo
mayoritario de la tramitación como proyecto de ley. Si así es, nosotros votaremos -pido formalmente, señora vicepresidenta, la tramitación como proyecto de ley- favorablemente.
Cierto es que pensamos que puede haber mejoras. Primera, difícilmente podrán utilizar las vías que permite esta nueva norma las pequeñas y medianas empresas, como han dicho el resto de portavoces. Probablemente a ellas iba dirigido el
acuerdo extrajudicial de pagos diseñado en la Ley de apoyo a emprendedores de 2013, pero no ha funcionado adecuadamente. Deberíamos, por tanto, prever disposiciones para pequeñas empresas, empresas individuales, empresas donde una persona física es
el titular de la misma, para que se pudieran acoger a esta norma. Segunda, la norma es restrictiva. Solo afecta a los acreedores financieros y quizá se podría plantear que pudieran participar de estas medidas otros créditos derivados de
operaciones comerciales. Tercera, tenemos la duda de si los criterios de flexibilización que se introducen pueden dar demasiado poder de negociación a un solo acreedor frente al resto de acreedores, dejándoles desprotegidos. Debería haberse
acompañado este decreto-ley por una memoria económica, señor ministro, porque es muy necesario saber los objetivos, el periodo de tiempo en que se pueden conseguir esos objetivos, qué porcentaje será el de refinanciación, cuál el de
recapitalización, cómo afectará al nivel ya preocupante de mora empresarial, qué composición por sectores productivos y tamaño empresarial tendrá esta norma, etcétera. El Banco de España ya ha despejado la duda sobre cómo puede afectar este
decreto-ley al nivel de solvencia de nuestras entidades financieras, pero debe recordarse que la refinanciación puede conllevar liberar provisiones de créditos que estaban clasificados como morosos y que si la entidad financiera decide entrar en el
capital de una empresa intercambiándolo por parte de la deuda, ese capital consume más recursos propios que si fuera simplemente deuda. Al convertir deuda por capital, los resultados de la entidad financiera se verán afectados por la marcha de la
actividad de la empresa. Dada la relevancia de estos hechos, sería positivo que la ley, si se tramita como tal, recogiera la obligación del Banco de España de informar en el futuro acerca de cómo ha influido su aplicación a la solvencia de las
entidades, a la reducción de deuda empresarial y a la recuperación del crédito. Por último, desaparece una importante garantía. Entre las condiciones para que no sea rescindible el acuerdo de refinanciación desaparece el informe del experto
independiente, sustituido ahora por un auditor de cuentas de la sociedad deudora, que no tiene posición neutral. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). También quiero decir que estudiaremos muy a fondo lo que indica
el señor Coscubiela. No es nuestra interpretación; pensamos que los créditos referentes a los salarios de los trabajadores están perfectamente defendidos, pero en todo caso, dada su solvencia en la materia, sin ninguna duda nos abre una vía de
preocupación, que, si se tramita el texto como proyecto de ley, estudiaremos a fondo, porque en modo alguno consentiríamos que ello ocurriera. Por tanto, no es nuestra interpretación.
Señor ministro, acabo. Si lo tramitamos como proyecto de ley, si todos estos asuntos mencionados pueden ser tratados y se consigue mejorar esta norma para permitir la viabilidad de nuestras empresas y el empleo de los ciudadanos españoles,
que es lo esencial, votaríamos a favor, puesto que esa es nuestra principal preocupación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Caldera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, subir a la tribuna después de un debate y de unas intervenciones tan positivas me recuerda a cuando hace unos años, creo que en 1997, todos los grupos habíamos llegado a un
acuerdo y yo subí a la tribuna, el último, y el entonces ministro vicepresidente me dijo: Vicente, no lo estropees. (Risas). Procuraré no estropear un acuerdo, no contribuir con mi intervención a que los que han manifestado apoyo se vean
compelidos a cambiar su voto.
Creo honestamente que hoy llegamos a un acuerdo que es positivo para las empresas, que es bueno lo que hoy se aprueba. Decía el señor Anchuelo que son estas iniciativas, quizá no tan aparatosas mediáticamente, las que van a tener una
eficacia real en el funcionamiento de la economía y en el devenir de las empresas. Aquí se trata de dar viabilidad a las empresas que teniendo un negocio que funciona, teniendo un negocio que puede producir beneficios, tienen gravísimas
dificultades por el nivel de endeudamiento; a veces los gastos financieros son los que les impiden dar continuidad a sus negocios, a su proyecto empresarial. Estamos intentando decir a esas empresas que hay vías de acuerdos financieros, vías de
financiación no estrictamente de refinanciación bancaria o de acuerdos con los bancos; estamos intentando decir a esas empresas que van a tener viabilidad. Esto no es mano de santo, no se trata de decirle a una empresa que no vende nada, que su
producto no tiene un nicho de mercado, que va a tener una barita mágica; se trata de decir a miles y miles de empresas que sí tienen producto, que sí tienen viabilidad, que sí son competitivas, que no están abocadas a procesos concursales que
acaben en liquidación por el peso financiero. Por tanto, es un proyecto muy interesante para la estabilidad de las empresas y para el mantenimiento de los empleos.
Decía el señor Coscubiela que tenía alguna duda respecto a los créditos laborales. Le admito la duda que pueda tener. En el decreto-ley no figura nada, pero nosotros creemos que los créditos salariales no se ven afectados de ningún modo
por los acuerdos de refinanciación, que son créditos contra la masa que se pagarán según proceda, y que no está afectada para nada la legislación laboral; es más, creemos que ese dinero nuevo que puede entrar a la empresa garantiza aún más que los
trabajadores puedan cobrar, porque, como explicaba al principio, no se trata de hacer viable lo que no es viable. Este decreto-ley no es Lourdes. Lo que es viable, es viable, y lo que no, no. Ahora, lo que es viable es viable si se pueden pagar
los salarios; si no se pueden pagar los salarios, un negocio no es viable. Por tanto, creemos que este decreto-ley lo que hace es, con el dinero nuevo, con los acuerdos de financiación, garantizar los salarios de los trabajadores. Pero estamos
dispuestos a hablarlo porque ya digo que lo vamos a tramitar como proyecto de ley.
Señorías, hay acuerdo y yo no lo voy a estropear con mis palabras, pero quiero señalar que toda legislatura tiene varias fases, y hay una fase en la que hay que tomar medidas de contención de un problema que teníamos, y para eso los
ciudadanos han elegido a un grupo con mayoría y ese grupo, sobre sus espaldas, ha tenido que asumir la responsabilidad de aprobar esas medidas. Y no se me ocurriría pedir al resto de los grupos de la Cámara, porque no viene al caso, que apoyaran
esas medidas, a veces difíciles. Pero hay otro momento en la legislatura en que estamos tomando medidas más positivas, ahora estamos tomando medidas en una fase del ciclo mejor -luego hablaremos de las cámaras de comercio, sobre las que también va
a haber un acuerdo, de eso hablarán mi compañero Celso Delgado y otros portavoces-, y esta va en esa línea y por tanto es lógico que ahora podamos llegar a más acuerdos que hace un año y medio. La voluntad era la misma, pero ahora estamos en esa
fase del ciclo donde más gente se apunta, y es lógico -antes no se lo pediría-, porque estamos tomando medidas positivas.
Señorías, en 2011 -y miro a mi grupo porque las legislaturas a veces se hacen pesadas- la foto eran más de 3 millones de parados en una legislatura, la foto era una prima de riesgo in crescendo y un presidente del Gobierno que estaba todo el
día en el ordenador viendo la prima de riesgo porque efectivamente en Europa no se había dado una solución al tema de la homologación de los intereses, España al borde del rescate y la crisis que se llevaba por delante una tras otra a miles de
empresas. Esa era la foto de 2011. La foto de hoy es una España distinta: una prima de riesgo estabilizada en unos niveles adecuados, ya los datos de empleo -no es que volvamos a 2007- son más positivos, hay más alegría, las empresas empiezan a
estabilizarse y a mirar el horizonte con más futuro, las inversiones empiezan a venir a España e incluso en España empieza a haber inversiones propias. Estamos en otro horizonte y hay que tomar otras medidas; pero no olvidemos que venimos de una
foto de 2011 y ahora estamos en otra foto.
Me dicen algunos que el decreto-ley podía abordar más cosas. Bueno, aquí abordamos un tema, el preconcurso. El PSOE en la última legislatura -y el señor Caldera no sé si lo ha recordado aquí, pero sí lo ha hecho en las conversaciones- tomó
alguna medida respecto de este tema. En esta legislatura no se había hecho nada en relación con el preconcurso y lo hemos hecho ahora porque es el momento procesal de hacerlo; ya la reestructuración financiera está abordada, etcétera. Y alguien
puede decir que se podría hacer más. Ante eso no se puede decir nada, lo que digo es que estamos haciendo, estamos tomando medidas, estamos en una dirección adecuada y los resultados son los que son y son positivos. También se puede decir: Esto
es casualidad, es que ya les pilla la fase del ciclo. A lo mejor es verdad; yo
creo que no, que es producto del esfuerzo. Pero lo cierto es que vamos mejor y hay que seguir en esta dirección, señorías. Este decreto-ley va en esta dirección. Ahora lo que se necesita en España es tener un tejido productivo que sea
competitivo y que pueda ser la fuente de generación de empleo, y este decreto-ley, repito, va en esa dirección, señorías, y ustedes lo valorarán. Cuando una empresa, sobre todo una empresa industrial, se ve abocada al cierre es muy difícil y cuesta
muchos años volver a ponerla en marcha, muchísimos años. El achatarramiento del sector industrial sería una fuente de desempleo, pero además de muy difícil reconversión. Esto va en la línea de decir: vamos hacer posible que las deudas financieras
no aboquen a las empresas al cierre, vamos a mantener el tejido productivo. Se está hablando de empleo, señor Caldera, todo el decreto-ley es empleo, pero también estamos hablando de otra cosa que al señor Sánchez i Llibre le gusta mucho, la
economía productiva. Estamos hablando de mantener el tejido productivo español; esta ley va en esa dirección.
Se podría hablar de muchas más cosas, podríamos hablar de otros temas distintos. Algunos portavoces dicen: ya que me subo a la tribuna, algo malo tengo que decir, si no lo digo de lo escrito, voy a decirlo de lo no escrito, hay también
pecados de omisión. Yo les digo a los portavoces que la voluntad del Grupo Popular es llegar a un acuerdo en esta ley. Agradezco personalmente -el ministro también lo hará- que podamos llegar a acuerdos; entiendo que en esta fase del ciclo es más
fácil llegar a acuerdos, y quiero decirles que tramitaremos esto como proyecto de ley, pero circunscrito a lo que queremos arreglar, que es dar viabilidad a las empresas. Podría hablar de la segunda oportunidad, de lo que hemos hecho en
emprendedores o de lo que hemos hecho con personas físicas. Yo pediría a los portavoces que nos centremos hoy en esto. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Vamos a dar solución a un problema que existe. De la misma manera que lo vamos a
tramitar como proyecto de ley, lo vamos a hacer con agilidad porque, aunque esto ya está en vigor, no queremos que nadie tenga la incertidumbre de que lo podamos modificar y que eso pare algún proceso. Señor Caldera -y con esto acabo, señor
presidente-, esto se tenía que tramitar como real decreto-ley porque si no todo el trámite hubiera paralizado todos los procesos que hoy se podrían poner en marcha. Así ya está en vigor y vamos a tramitarlo con urgencia.
Señores del Grupo Popular, espero no haber estropeado el consenso (Varios señores diputados: No, no). y sobre todo les digo que esta es una norma de la que nos podemos sentir orgullosos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios sus comentarios. Estoy convencido de que sus aportaciones enriquecerán el real decreto-ley que traemos hoy a convalidación y que se va a tramitar como proyecto
de ley. Asimismo quiero anunciar que hoy es un buen día porque, según parece, se ha llegado a un acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para avanzar en el Mecanismo de resolución único, que es una de las piezas fundamentales
de la unión bancaria y de la integración financiera en Europa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de expediente 121/000050).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, enmiendas aprobadas por el Senado. En primer lugar, las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de seguridad privada.
En turno de fijación de posiciones y en nombre del Grupo Mixto, tiene en primer lugar la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Partido Popular otorga competencias policiales a empresas de seguridad dirigidas por la extrema derecha española. Fascistas -textualmente fascistas- con una placa de vigilante de seguridad en la solapa podrán
actuar como si fueran policías. No solo es de una tremenda
gravedad legitimar el uso de la violencia a militantes de la extrema derecha con múltiples juicios por abusos y por agresiones, sino que también es de una extraordinaria gravedad la dimensión ideológica, porque no es casual que sean empresas
con ideología ultraderechista o apellidos como Mayor Oreja quienes se beneficien de su ley. Es más, señorías del Partido Popular, si las empresas de seguridad privada en lugar de estar vinculadas a la extrema derecha lo estuvieran a la extrema
izquierda, ustedes nunca hubieran aprobado esta ley. Nosotros, Esquerra Republicana, no la aprobamos ni en un caso, evidentemente, ni en el otro, porque las labores policiales deben ser públicas, nunca deben ser privadas, y porque no deben servir a
una ideología, sino que deben servir -y no descubro nada- a la justicia y, evidentemente, a la ley. Si ya se producen carencias y abusos policiales cotidianos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, qué no harán vigilantes de
seguridad haciendo de policías, qué no harán sin la preparación, sin la legitimidad, sin el control y la responsabilidad y sin el conocimiento de los derechos ciudadanos, de la legislación y de resolución de conflictos que debería tener cualquier
policía. Señorías, las consecuencias de esta ley son gravísimas: privatización de las labores policiales, privilegios para los ricos, que pueden pagarse una seguridad privada, e irresponsabilidad política en los abusos causados por unas falsas
autoridades policiales. A todo esto, y para mayor gravedad, hemos de mencionar las continuas irregularidades e ilegalidades que se producen en el sector de la seguridad privada, desde seguratas sin las licencias adecuadas, a las palizas,
textualmente, en las discotecas, pasando por el uso de armas u objetos represores no legalizados.
Finalmente, hemos de señalar -y no es menos importante- la impunidad con la que se han producido buena parte de estas irregularidades e ilegalidades ante la inacción. Lo que se ha producido es el archivo, directamente, o la caducidad de
dichas denuncias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Señorías, a estas alturas no es tan difícil entender la lógica del funcionamiento del actual Gobierno del Partido Popular. El Gobierno recorta, resta y elimina derechos sociales y después carga contra todas
aquellas personas que intentan protestar contra esos recortes, y si hasta ahora no teníamos suficiente con la superpoblación policial, vienen ustedes con la ley de seguridad privada o ley del negocio privado. Pero lo más grave no es querer
controlarlo absolutamente todo, dejando espacios mínimos para la protesta o para la vida pública normal, lo más grave es que ustedes quieran privatizar algo tan fundamental y valioso como es la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero en
este enésimo ejercicio de privatización hay una diferencia, y es que, en este caso, el Partido Popular no dividirá, sino que multiplicará. Y me explico. Cuando se privatiza la sanidad o la educación priorizan el servicio privado y restan personal
en los servicios públicos, pero cuando hablamos de seguridad o de lo que para ustedes es la seguridad no restan agentes de las fuerzas de seguridad, sino que suman a estos agentes de seguridad privada, permitiendo que unas personas que no han pasado
ninguna oposición de aptitud o capacidad puedan actuar contra cualquiera de nosotros con la excusa de que deben garantizar el orden público.
Señorías, es verdad que la ONU lleva tiempo reivindicando la regularización de las empresas de seguridad privada porque hasta ahora no hablaban ni de la transparencia ni de la gestión de las actuaciones de este tipo de empresas. Pero
también es cierto que, según los criterios internacionales, hay dos aspectos fundamentales que deben regular este tipo de empresas, que son: el respeto por los derechos humanos en todas sus actuaciones y la supervisión de todas estas actividades
por un órgano independiente, y ustedes en su ley no hablan de nada de esto. Es más, se montan una ley de seguridad privada para completar la ley de seguridad ciudadana que llaman ustedes. Presentan una barra libre para el abuso de autoridad. Lo
que el Gobierno pretende, en definitiva -y resumiendo mucho-, es que agentes de seguridad privada actúen en la vía pública y así ustedes privatizan dos pajaritos de un tiro, la seguridad ciudadana y el espacio público. Así, privatizando y
privatizando, llegará un día en el que necesitaremos que alguien nos proteja de los supuestos protectores.
Señorías, dudo que haga falta más policía. Hace años que Eskorbuto cantaba aquello de que aquí había mucha policía y poca diversión. Pero suponiendo, en un supuesto supuestísimo, que hiciera falta más policía, convoquen oposiciones, formen
a personas para esos puestos y contraten agentes, pero no dejen que cualquier matón de discoteca pueda jugar a policías y ladrones a costa del dinero de todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Hay que mirar aquí ¿no, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Le da una ilustración, señor diputado, de qué tiempo tiene.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La agradezco su pertinente admonición.
Se culmina el debate de una importante ley, que es la de seguridad privada, desde una perspectiva filosófica diferente a las anteriores y, en particular, a la del año 1992, que partía del presupuesto de la subordinación absoluta de las
empresas de seguridad privada y de las agencias de detectives a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos públicos que tienen encomendadas las funciones de seguridad con carácter general, de seguridad ciudadana, de Policía judicial y de
seguridad civil o de protección civil. Se opta por un modelo filosófico diferente que no nos gusta, señor presidente, que es el sistema que se denomina en el derecho comparado de complementariedad subordinada. Las empresas de seguridad privada y
las agencias de detectives tampoco pueden funcionar en un régimen de complementariedad con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en el Estado español son fundamentalmente tres: las dos policías integrales existentes, la Ertzaintza y los Mossos
d'Esquadra, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; no a la complementariedad y, por lo tanto, no a los fundamentos deontológicos o filosóficos de un proyecto de ley que, desde esa perspectiva -y desde otra no menos grave, señor
presidente, que es su interactuación con la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana-, establece severas reservas respecto a un incremento del derecho punitivo que nos preocupa en tanto en cuanto se está llegando a límites en que
reflexiones que parecen un tanto demagógicas, dejan de serlo cuando en la dimensión punitiva de la norma, tanto en el Código Penal como en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana como en esta propia ley, se llega a un
sobredimensionamiento del reproche jurídico punitivo, del reproche jurídico penal, que permite afirmar que se está, prácticamente ya, criminalizando la contestación política, se están criminalizando las reacciones ciudadanas o los movimientos o los
colectivos ciudadanos que reaccionan, protestan o reivindican sus derechos cuando son preteridos o vulnerados sistemáticamente o con mucha frecuencia con otras normas de carácter social, de carácter laboral y de carácter económico. Desde esa
perspectiva, se está creando algo que se parece o se puede aproximar mucho a lo que podríamos denominar como un Estado casi policíaco.
Estas son las características de estas tres leyes. Esta no es la peor, se lo tengo que reconocer. Esta ley es mala, o tiene dificultades o nos provoca reservas mentales, en tanto en cuanto interactúa con la ley de protección de la
seguridad ciudadana en ámbitos complejos de determinar y que no deben corresponder nunca a agentes privados de seguridad, particularmente en dos ámbitos: en la posibilidad de patrullar por viaductos públicos o por espacios públicos y en intervenir
mediante actos que forman parte de los actos ultra vires o actos de imperio, que sí pueden ejercer desde la perspectiva de la protección ciudadana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existentes en el Estado español. Me estoy refiriendo a
la posibilidad de retener-detener, en donde el manejo de los conceptos es particularmente confuso en esta ley, pero también en la ley de seguridad ciudadana, y en la posibilidad de colaborar en la disolución de manifestaciones en el ámbito también
público que sí se prevé no en esta ley específicamente, donde no se atribuye a los agentes privados de seguridad esta potestad o competencia, pero sí en la ley de seguridad ciudadana. De la interacción de ambas leyes, ¿qué dimana? Las perversiones
punitivas de la segunda, de la ley de seguridad ciudadana, con relación a esta que regula el funcionamiento de los agentes privados de seguridad. Desde ese punto de vista, el concepto detener lo tenemos que valorar desde una perspectiva jurídica en
esta Cámara, señor presidente. No pueden detener los agentes privados de seguridad en esta ley; es más discutible que puedan detener o no en la ley de seguridad ciudadana, o retener que es un concepto un tanto metajurídico que está en el umbral
entre la detención y la retención, o la inmovilización que es un concepto también difícil de aprehender, incluso analizando la jurisprudencia constitucional que existe con relación a esta materia. Detener es un acto que se desagrega de una serie de
actuaciones que van desde la inmovilización del sujeto que va a ser detenido, a la identificación clara o a la indicación clara de los motivos que provocan su inmovilización, a la posibilidad de un cacheo, a la lectura de sus derechos, a la
posibilidad de implantarle grilletes y, en su caso, la lectura de los derechos que le asisten como detenido y, por último, cuando proceda su puesta a disposición judicial.
En esta ley nada de estas actividades o actuaciones concretas se atribuyen a las agencias privadas de seguridad, pero estamos hablando de nuevo de la perversión dimanante de la interacción de esta ley
con la ley de seguridad ciudadana, donde no es tan claro el concepto, como no es tan claro el concepto de actuación en ámbitos ajenos a la seguridad pública como debe ser la calle, los lugares por los que deambulan normalmente los ciudadanos
y las posibilidades de limitación o de actuaciones limitativas de los derechos, sobre todo de derechos fundamentales como el de manifestación o como el ejercicio de la protesta, de la reivindicación en la calle, en donde se llega a extremos de que
incluso meras campañas informativas que no llegan al concepto jurídico de manifestación pueden ser objeto de represión en la ley de seguridad ciudadana por agentes privados de seguridad en colaboración -esto resulta una perversión jurídica- con
agentes públicos. La disolución de las manifestaciones, la disolución de meras campañas informativas que pueden ser objeto de represión o de disolución en la ley de seguridad ciudadana no puede ser acometida seguramente ni por agentes públicos de
seguridad, condición que no ostentan los agentes privados de seguridad ni los detectives privados, seguramente ni por agentes públicos, pero menos por agentes privados de seguridad. Por lo tanto, respecto a la filosofía de esta ley tenemos severas
reservas que provocaron el no de nuestro grupo en el trámite en el Senado.
En las enmiendas hay de todo, señor presidente. Algunas enmiendas corrigen algunas de las disfunciones o algunos de los problemas de indefinición jurídica que planteaba el texto que salió de esta Cámara y donde se establecen mayores
concreciones desde la perspectiva de los requerimientos de la seguridad jurídica. Hay algunas -y pediremos las correspondientes votaciones separadas al respecto- que hacen referencia a los títulos competenciales habilitantes, sobre lo cual no
tenemos nada que decir porque es una de las pocas leyes en esta legislatura en donde hay un respeto escrupuloso a las competencias autonómicas en materia de seguridad. Incluso se utilizan elementos habilitantes respecto a las competencias que se
reconocen al Gobierno vasco, al departamento de Interior del Gobierno vasco y a la Ertzaintza, que son las mismas competencias habilitantes que derivan del Estatuto de Autonomía reformado de Cataluña, no declarado inconstitucional y que sí reconoce
expresamente a los Mossos d'Esquadra y al departamento equivalente de Interior de Cataluña competencias en todos los ámbitos de la seguridad privada, en el ámbito registral, en el ámbito de la autorización para el funcionamiento de estas empresas,
en el ámbito de habilitación de los agentes, en el ámbito de inhabilitación de los agentes, en el ámbito de formación de los agentes. Desde esa perspectiva, quiero mostrar que si algo nos puede satisfacer -solo esto- de este proyecto de ley cuya
tramitación culmina hoy es el respeto a los títulos competenciales habilitantes, sobre todo en las dos comunidades autónomas que tienen título competencial para ello, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo
demás, señor presidente, en tanto en cuanto no se busque una desconexión y sigan de forma perversa interactuando los requerimientos punitivos de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana sobre las funciones que aquí de forma
pretendidamente neutra se atribuyen a los agentes privados de seguridad o a los detectives privados, nosotros mantenemos nuestras reservas. No podemos votar que no hoy el proyecto de ley, pero sí manifestar, y que conste así en el 'Diario de
Sesiones', nuestra negativa a la aceptación de este proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas, en virtud de la separación de votaciones que vamos a solicitar, apoyaremos las que hacen referencia al respeto de las competencias autonómicas. Quiero agradecer a quienes han contribuido a este respeto, el
portavoz del Partido Popular y los miembros del Ministerio del Interior. No estando acostumbrados, en esta legislatura caracterizada por la silueta de la recentralización brutal de los títulos competenciales, a que se respeten las competencias, en
este particular ámbito queremos manifestar nuestra satisfacción, no agradecimiento. El agradecimiento por cumplir el ordenamiento jurídico no resulta pertinente, pero sí nuestra satisfacción porque se cumple el ordenamiento jurídico en el ámbito de
la habilitación competencial que debe corresponder a unas administraciones o a otras en este ámbito de la seguridad privada. Pero mostramos nuestras severas reservas filosóficas y mentales respecto a la configuración general de un proyecto que se
incardina en esta proyección, con esta vis expansiva del derecho punitivo, que está provocando que nos vayamos acercando peligrosamente a lo que podríamos considerar un Estado policíaco o cuasi policíaco, como antes decía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, por no repetir el discurso que ya hicimos en Comisión o en Pleno, para decir que estamos en contra de este proyecto de ley que nos presenta el Partido Popular, básicamente porque
supone una dejación del trabajo que debe hacer el Estado a favor de unas empresas privadas que además -creemos- no están preparadas para acometerlo. Nosotros dijimos ya entonces que estábamos en contra. El proyecto de ley viene devuelto
del Senado sin cambios sustanciales. Una cuarta parte de las enmiendas que se han aprobado de hecho son puramente gramaticales y no se añaden enmiendas de las que nosotros habíamos hablado y que tenían que ver con la eliminación de limitaciones de
los despachos de detectives, con la creación de un registro único de empresas de seguridad privada o con esa retirada del Estado a la que me refería antes y que tiene que ver con que ahora los agentes de seguridad privada puedan detener, vigilar
eventos en la vía pública o vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Son, repito, pues, unas muestras de esa retirada del Estado, que lo que debe hacer es acometer de una vez por todas el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad,
en vez de sustituirlos por las empresas privadas. Sin novedad, pues, entonces, señor presidente. Seguimos en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. Espero no agotar el tiempo que me concede la Presidencia.
Hoy culminamos el debate en esta Cámara de la ley de seguridad privada, a la cual mi grupo parlamentario tuvo el honor y la satisfacción de ser el único que presentó una enmienda de totalidad de devolución al Gobierno, y planteamos en ese
debate de totalidad ampliamente con el señor ministro, aquí presente, nuestras dudas y reservas respecto al proyecto de ley, dudas y reservas que no se han visto alteradas sustancialmente después del trámite en el Senado. El Senado ha introducido
prácticamente una treintena de enmiendas -lo acaba de decir el señor Cantó-, la inmensa mayoría de las cuales son de simple cuestión gramatical y mejora del texto. Respecto a las cuestiones más controvertidas, en un principio a través de algún
medio de comunicación se había trasladado a la opinión pública alguna posibilidad de que el Partido Popular, dándose cuenta de que se había pasado en la frenada de la calificación de las posibilidades de actuación que se les abrían a las empresas
privadas de seguridad en el ámbito público, retrocediese y buscase una redacción más acomodada a ajustarlas especialmente a espacios privados. Finalmente, vemos que no ha sido así; las enmiendas que vienen hoy del Senado no alteran sustancialmente
el carácter privatizador de la ley. Ha quedado demostrado que la voluntad del Gobierno y del Partido Popular no era tanto la actualización de un texto que ya tiene más de veinte años, que viene del año 1992 -efectivamente siempre los textos legales
tienen que tratar de amoldarse a la realidad- sino sobre todo, y lo que nosotros identificábamos como motivo fundamental de nuestra enmienda de totalidad, abrir nuevos espacios de negocio a la seguridad privada.
De las enmiendas que vienen del Senado a esta Cámara, destacaríamos tres o cuatro. Una es la pactada con el Grupo de Convergència i Unió y respecto de la que después el portavoz de Convergència i Unió en este tema, el señor Jané, tratará de
explicar lo que en principio había llamado la atención a mi grupo porque suponía una alteración competencial de las comunidades autónomas que tienen establecida en sus estatutos la competencia en temas de seguridad y que parece ser que al final no
es tal. En cualquier caso, le dejo la explicación al señor Jané, que es el responsable del grupo que ha pactado esa enmienda con el Partido Popular. Asimismo, nos llama la atención la enmienda al artículo 91, que elimina la obligación de las
empresas de comunicar al registro nacional o autonómico correspondiente las altas y bajas de personal y las incidencias. Se trata de una falta de control que se introduce en esta enmienda del Senado y que lamentamos, porque incide en una falta de
control por parte de las administraciones públicas sobre la actividad diaria y concreta de las empresas privadas. Nos llama también la atención la enmienda que afecta al artículo 32.1, apartado d), referido a la interpretación de la capacidad de
retención y de detención. El señor Olabarría acaba de hacer una intervención mucho mejor que la mía respecto a esta cuestión de la detención o la retención, incidiendo en que no se mejora nada en la redacción que al final el Senado le da a este
artículo, pero parece ser que al final el Gobierno, amparado en su potestad reglamentaria y en este texto ambiguo que resulta gracias a las enmiendas del Senado, les va a otorgar nuevas capacidades de detención o de retención a los miembros de las
empresas privadas de seguridad.
Respecto al artículo 41 -la calificación no es nuestra sino de algún sindicato y de alguna organización-, se trata de un auténtico ejercicio de trilerismo gramatical, de trilerismo de enmiendas, en el cual se reordena todo el artículo. Era
el que parecía que iba a cerrar las posibilidades de que las empresas privadas de seguridad actuasen en medios públicos de forma incontrolada y resulta que se altera toda la
ordenación del artículo, se alteran algunas redacciones, pero finalmente las potestades y los campos de negocio y de trabajo que este artículo abría a las empresas privadas de seguridad no se cierra, no se cercena, no se limita de ninguna de
las maneras. Y finalmente -como ya estaba anunciado-, la vigilancia externa de centros penitenciarios, acontecimientos en espacios públicos, la vigilancia de recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados no sabemos muy bien de qué
forma -supongo que después el Gobierno al hacer el reglamento definirá cómo es esta delimitación- o la participación en servicios encomendados a la seguridad pública son esos nuevos espacios, esa nueva fórmula de complementariedad subordinada que
orienta todo el proyecto de ley y que, en definitiva, abre nuevos espacios de negocio, nuevas áreas de trabajo y que sobre todo pasa a la esfera de lo privado algo que desde mi grupo parlamentario entendemos y comprendemos que debe pertenecer única
y exclusivamente al ámbito público. El uso de la fuerza de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad pública, debe ser eso, pública; no se puede privatizar ni se puede ir hacia un modelo de policías privadas o de seguridad
privada que podrá pagar quien tenga dinero y los que no tengamos dinero no nos la podremos pagar y tendremos que recurrir a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez peor dotadas. Es el modelo que consagra este proyecto de ley que hoy
terminamos de debatir y que el Senado no ha mejorado.
Quisiera añadir un tema nuevo, que no ha salido en las intervenciones de los portavoces de los otros grupos que me han precedido, que es el tema de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas de seguridad privada. Se pretende
por parte del Grupo Popular y del Gobierno que la concesión del título de agente de la autoridad a los trabajadores es la gran reivindicación sindical de los trabajadores de las empresas privadas de seguridad. No, señorías, no es esa la principal
reivindicación, con ser una de ellas, y mi grupo no la comparte. El sector de la seguridad privada tiene más de 85.000 trabajadores, que en su inmensa mayoría trabajan en unas condiciones muchas veces lamentables, con unos horarios abusivos, con
unas retribuciones miserables, y en este proyecto de ley no van a ver ninguna ayuda para mejorar sus condiciones de trabajo, ni para cuando quieran ejercer el derecho de huelga, ni para cuando por parte de las empresas se produzcan abusos con la
permanencia en los puestos de trabajo. Esta ley no ampara que un trabajador tenga derecho -cuando se está abusando de su capacidad y de su buen hacer obligándole a estar muchas más horas de las que sean necesarias- al abandono del puesto de
trabajo; en esta ley se sigue contemplando de la misma forma.
Para concluir, quiero trasladar un ejemplo de lo que supone para el Partido Popular y para el Gobierno esta ley. El Gobierno no ha podido esperar a la tramitación final de esta ley, a su entrada en vigor para poner en marcha el contrato de
vigilancia privada del perímetro de las instituciones penitenciarias. Al final, al erario público le va a costar casi 7,5 millones de euros esa vigilancia innecesaria porque está encomendada todavía hoy -esta ley no ha entrado en vigor- a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vigilancia pública; sin embargo, el Gobierno ha tenido muchísima prisa en sacar ese contrato. No voy a entrar, como han entrado otros portavoces, en los intereses espurios que se puedan ocultar
detrás de la propiedad de determinadas empresas de seguridad privada pero, como dice el refrán, cuando el río suena agua lleva. Intereses espurios desde luego existen y nos duele que al final el dinero público se acabe gastando para beneficiar a
determinadas empresas privadas que tienen relaciones privilegiadas, presuntamente, con miembros del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 17 de octubre del año 2013 tuvo lugar en esta Cámara el debate de totalidad de este proyecto de ley de seguridad privada y este debate tuvo lugar porque el Grupo de La Izquierda Plural presentó una enmienda a la totalidad de
devolución y porque el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una enmienda a la totalidad de devolución. Ni el Grupo Mixto, ni el Grupo Socialista -por poner solo dos ejemplos- presentaron enmiendas de devolución a este proyecto
de ley, pero sí lo hizo Convergència i Unió, y lo hizo porque tenía una preocupación importante que pivotaba sobre el régimen constitucional de la seguridad privada. La preocupación era competencial. Este proyecto de ley, tal y como entró en esta
Cámara, conculcaba la Constitución porque conculcaba un artículo concreto del Estatuto de Autonomía de Catalunya, el artículo 163, que no resultó alterado por la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional y por tanto o se rectificaba en la
dirección de salvaguardar las competencias autonómicas
y de manera muy concreta las que ya tenemos reconocidas en Cataluña a través del estatuto del año 2006 o nosotros no podíamos apoyar este proyecto de ley. Esa preocupación la manifestamos aquí, se acordaron unas enmiendas que se respetaron
y que finalmente en el trámite del Senado se han perfeccionado incluso en este ámbito competencial. Esta para nosotros era una razón de peso.
Quiero agradecer hoy de manera expresa al Departament d'Interior de la Generalitat de Cantalunya y, a su conseller, el honorable señor don Ramon Espadaler, que se hayan implicado a fondo en la negociación de este proyecto de ley en el ámbito
competencial. En ese ámbito competencial tenemos hoy un resultado muy distinto al de aquel proyecto que estábamos debatiendo el 17 de octubre de 2013, que provocó, de entrada, una enmienda de rechazo de Convergència i Unió. Quiero que conste en el
'Diario de Sesiones' porque se dan interpretaciones de este proyecto de ley que no se daban cuando fue presentado en esta legislatura. Se habla, y con razón, con razón, de una preocupación, de una alteración de un equilibrio que es necesario
preservar entre seguridad pública y seguridad privada. Vaya por delante lo mismo que ya afirmó mi grupo en su intervención inicial el 17 de octubre de 2013: nosotros estamos por la preeminencia absoluta de la seguridad pública; por la
subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública. En todo caso, la seguridad privada puede tener un ámbito complementario, pero nunca sustitutivo de lo que es la preservación necesaria de la seguridad pública. Desde Convergència i Unió
no podemos defender otra cosa porque tenemos cuerpos policiales propios en Catalunya, los Mossos d'Esquadra y, por tanto, queremos preservar esa función de la seguridad pública y esa clara subordinación de la seguridad privada.
En este ámbito y concretamente en este proyecto de ley, quiero poner en valor algún aspecto de lo que hoy viene del Senado porque, señor presidente, hoy estamos debatiendo las enmiendas del Senado y se dicen algunas cosas que no se
corresponden con lo que dice el proyecto de ley que vamos a aprobar, y es bueno tenerlo en cuenta. Convergència i Unió mostró su preocupación por la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentran delimitados. Entendíamos
que si había una vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentran delimitados por parte de la seguridad privada no podía ser libre; que requería, en todo caso, autorización previa por parte del órgano competente, y que si
tiene la autorización -por tanto, si no tiene la autorización, no podrán prestarla- solo podrá prestarse en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de acuerdo con sus instrucciones. Esto, que no estaba así en el texto que salió del
Congreso, está hoy así, y es un avance entender cuándo se requiere autorización. Digámoslo claro, la vigilancia en polígonos industriales, urbanizaciones delimitadas, incluidas sus vías o espacios de uso común, requiere de autorización previa, no
es libre para la seguridad privada. Digámoslo, cualquier vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados requieren de autorización previa. Esto es lo que dice el proyecto de ley. En todo caso, si se tiene esa
autorización -repito, si se tiene esa autorización- será necesario prestarla en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad públicas y de acuerdo con sus instrucciones. Por tanto, la ley dice lo que dice; si queremos hacer decir a la ley
otra cosa ligada a un proyecto de cual nosotros tomamos muchas distancias, que es el de seguridad ciudadana -que no es el de seguridad privada-, podemos hacerlo, pero hoy lo que viene del Senado en alguna cuestión concreta es lo que les acabo de
trasladar.
Ante ese traslado ya les advierto que hay algún aspecto de ese artículo 41 que no compartimos. Lo dijimos en el Congreso, lo dijimos en el Senado y lo repetimos hoy en el Congreso: no nos convence que los servicios de ronda o de vigilancia
discontinua consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección, no requieran de autorización previa. Es un error que ese apartado -por poner un
ejemplo- siga en el 41.1 y no en el 41.2, donde figuran los supuestos que requieren autorización previa. Entendemos que eso es un error y pedimos al Partido Popular que rectifique porque es dar alas a posibles ejercicios en este ámbito de la
seguridad privada, que no corresponderían con esa subordinación absoluta que hemos defendido desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley. Pedimos que se rectifique en este sentido.
Estamos satisfechos, ya lo decía al inicio, con la modificación que se ha realizado al artículo 13 en el ámbito competencial. Según la nueva redacción del artículo 13 -ya se refería ello el señor Sixto-, entendiendo que cuando tienes la
competencia ejecutiva tienes la potestad de dictar reglamentos y de complementar la legislación que tiene el Estado en esta materia, considerábamos que era un error matizarla en lo que podría ser únicamente la esfera organizativa y funcional.
Porque la competencia ejecutiva de la comunidad autónoma para ejecutar esta legislación del Estado va más allá de ese inciso de la esfera organizativa y funcional y, por eso, entendemos que es mejor la redacción que ahora nos aporta el Senado en
este artículo 13. Igualmente, queremos poner en valor, señor presidente, señorías,
algo que preocupa a Convergència i Unió y a este portavoz que en su día, junto con el señor Olabarría, se implicó muchísimas veces en todo lo relacionado con la protección de datos personales. Tenemos que ir con absoluta cautela en la
protección de datos personales en este ámbito. Por tanto, señor presidente, celebramos que cuando el artículo 9.3 establece que la comunicación de contratos de servicios de investigación privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para
identificar a las partes contratantes, se diga excluidos los de carácter personal. No se decía en el proyecto de ley que entró en el Senado. Esta es una mejora en el artículo 9.3 que ha introducido el Senado y que queremos poner en valor.
Señor presidente, Convergència i Unió quiere poner en valor la aprobación de nuestras enmiendas 80, 82, 98, 99, 108, 117, 118, 119 presentadas en el Senado y que han sido aprobadas literalmente, así como las transaccionales aprobadas a
nuestras enmiendas 71, 81, 83, 86, 90, 101, 103, 105, 107 y 120. Quiero poner en valor ese trabajo realizado por el Senado, por nuestro senador Jordi Sendra, que se ha implicado muy directamente en este proyecto de ley. Se lo agradecemos a los
servicios técnicos de nuestro grupo, a la letrada Rosaura Férriz y a todas las personas que han intentado mejorar lo que en principio nos preocupaba que era, señor presidente, esa vulneración competencial directa que el proyecto de ley inicialmente
contenía y que, finalmente, hemos podido corregir. Esas enmiendas correctivas del ámbito competencial son positivas porque no hacen otra cosa que respetar el bloque de la constitucionalidad. En este caso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es
el más avanzado en este ámbito de la seguridad privada porque es uno de los estatutos de nueva generación y porque en el ámbito de la seguridad Cataluña, al igual que el País Vasco, tiene competencias con cuerpos policiales propios.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el que quiera seguridad que se la pague. Este principio es lo que hoy propone esta Cámara para finalizar el debate sobre el proyecto de ley de seguridad privada. No todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel
de seguridad, ya que este proyecto degrada su concepción como derecho para convertirlo en buena medida en una oportunidad más de negocio. La equidad vuelve a sacrificarse en España. ¿Qué sociedad queremos? Tres tipos de derechos son los
principales: los civiles, los democráticos y los sociales. La enumeración es sintética, pero sirve para encuadrar un arquetipo común a toda la Unión Europea que combine economía de mercado, democracia, derechos civiles y garantías sociales. La
mayoría de nuestra ciudadanía quiere vivir en este tipo de sociedad, pese a ello, el actual Gobierno parece empeñado en llevarnos a otra parte con el falso pretexto de la austeridad. El proyecto de ley que hoy debatimos, al recoger la ampliación de
la seguridad privada, indica que dicha norma se establece al objeto de contar con la necesaria habilitación legal para ponerla en práctica, en función del mayor o menor coste que puedan suponer los efectivos dedicados a la seguridad. Señorías, el
rigor del gasto no debería significar el desmantelamiento de los servicios públicos. Es posible compaginar la austeridad con asegurar su calidad. Algunas falsedades no deberían salir gratis. Hay áreas en las que el mercado no debería entrar
porque perjudica a la vida democrática. Según el profesor de Política y Justicia de Harvard, Michael J. Sandel, en la seguridad el dinero marca diferencias, cambia la relación entre los ciudadanos y la de estos con los espacios públicos. La
desigualdad es un problema más allá de la pobreza; cuando la brecha entre ricos y pobres se ensancha las personas empiezan a vivir cada día vidas más separadas en distintos barrios, en distintas escuelas, en distintos médicos, con diferente
seguridad. Dejan de convivir en los espacios públicos y crece el riesgo de dejar de sentirnos ciudadanos, miembros de una misma sociedad. Dense cuenta que incluso en vías o espacios públicos o de uso común, como reza el texto que viene del Senado,
vigilantes de seguridad privada podrán detenernos o pararnos, si quieren decirlo así, identificarnos y cachearnos.
Esta ley nos coloca ante nuevos desafíos. Deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en el día a día de nuestras vidas. Sin embargo, esta norma carece de mecanismos legales o medios efectivos y transparentes
para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva. No pretendo ser alarmista, pero me remito a los hechos. ¿Se acuerdan del matrimonio de turistas franceses que denunció haber sido agredido por
vigilantes de seguridad en un centro comercial de Torrevieja el pasado mes de diciembre? La empresa a la que pertenecían, Casesa, y Carrefour, centro en el que sucedieron los hechos, únicamente los lamentaron; de
ahí no pasaron. La empresa de seguridad, Seguridad Integral Canaria Ralons, ha resultado adjudicataria de un contrato de 11.000.000 de euros de Patrimonio Nacional. Pues bien, tiene contratos también con el Ministerio de Defensa. La
Cadena SER bien recientemente denunciaba que está acusada de defraudar a Hacienda 2.400.000 euros, y que la Agencia Tributaria está personada en la causa. En ambos casos hasta ahora, ahí siguen, como si nada. ¿Ven cómo es necesario reforzar el
control a estas empresas en defensa de los ciudadanos? Pues esta ley no lo hace. Esta ley deroga de forma muy extensa el principio que manda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como custodios exclusivos de nuestra protección en los
espacios públicos y, según fue dando pasos su tramitación, más se derogó. Fíjense, entró en esta Cámara abriendo la actuación privada a las calles comerciales peatonales como Preciados; llega hoy ampliándola a espacios de uso común que pueden
delimitarse, es decir, amplias zonas, como la comprendida entre Preciados, Callao, Gran Vía y Fuencarral. -Curiosamente, es la misma que la que eligió la alcaldesa Botella para aumentar ya cámaras de seguridad en las vías públicas-.
En la Cámara Alta se han excluido las referencias a la vigilancia en las zonas comerciales y peatonales -es verdad-, y a la vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos a los de este artículo -es verdad-, pero esta aparente
contradicción no es tal, se cambió por dos nuevos supuestos: la vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentran delimitados y la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentran delimitados. ¡Ah!,
pero nos dice el señor Jané: pero con autorización, con autorización. Claro, pero es que ahora no se podía ni con autorización; y este tipo de autorizaciones se van a dar como churros -se lo digo yo que fui delegado del Gobierno- porque no van a
necesitar ni autorización previa, ya que sus compañeros lo pactaron con el PP en el Senado.
Otra importante novedad que se introduce sin motivo alguno es que posibilita a obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada: desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los
partidos de fútbol modesto o los maratones populares. Para los que no adopten las medidas obligadas, la autoridad gubernativa tiene infracciones muy graves, con multas de 31.001 a 600.000 euros. Con ello pierde la ciudadanía, y encima podrá ser
detenida, identificada y cacheada por la seguridad privada. Esta ley no traerá más que problemas a los ciudadanos, pero para hacer frente a los delitos que aumentan: los robos en el campo y en los domicilios particulares, apenas va a servir para
nada. Casi ningún propietario podrá asumir el coste que supone.
La reforma laboral del actual Gobierno ha incidido muy negativamente en los trabajadores de este sector. Los convenios colectivos han pasado a mejor vida para ser sustituidos por los pactos trabajador-empresario. Ello aceleró su
precarización laboral y con esta ley esa precarización se va a convertir en moneda corriente. El trámite del Senado ahondó también en la desregulación del sector, que ya se insinuaba en el texto que recibió este Congreso. El intrusismo podrá
instalarse cómoda y definitivamente en este ámbito laboral. Las empresas de seguridad tendrán ahora dos categorías: los vigilantes y los auxiliares. Estos últimos podrán realizar tareas de ayuda o socorro, cobrarán menos y no generarán las mismas
obligaciones para las empresas. Las facilidades para formar y habilitar a su propio personal abre también a las empresas la posibilidad de contratar a vigilantes para que no solamente realicen funciones que les son propias, sino otras como
auxiliares, porteros, conserjes, mantenedores, lo que va redundar en la disminución de sus nóminas. Las consecuencias para los trabajadores del sector y su formación serán negativas, porque se ha perdido una buena ocasión de prestigiar socialmente
a los empleados de seguridad, porque renuncia a que el Ministerio de Educación establezca el itinerario curricular para adquirir la categoría de vigilante, porque no establece requisitos exhaustivos para la formación del personal y el control de los
centros formativos privados, porque a pesar de la ampliación de sus áreas de actuación no se refuerza la formación continua que tienen que ofrecer a las empresas y porque grava más, fíjense bien qué curioso, grava más las sanciones económicas al
personal que a las empresas. La ley, para el secretario de Estado de Seguridad, quiere ayudar a que consolide un sector económico que da empleo a cerca de 90.000 personas, agrupa a más de 1.500 empresas y factura más de 3.600 millones de euros al
año. Para Fernández Rancaño, de Seguritecnia, les da esperanza para desarrollar nuevas ideas y nuevos campos en los que trabajar. Agradeció al Gobierno haber tenido en cuenta muchas de las sugerencias del sector. Blanco y en botella.
Efectivamente, la patronal de la seguridad privada está hoy de enhorabuena, contarán con nuevos nichos de negocio: los recintos exteriores de las prisiones y de los CIE; la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad
pública, incluida la disolución de manifestaciones; las vías y los espacios de uso común de las organizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar; las vías y espacios de uso común que se encuentran delimitados -cualquier calle o
espacio
público lo son y lo están-; las materias propias de protección civil. Como parecen no ser bastantes, el anteproyecto, a través de seguridad ciudadana, les deja intervenir en la disolución de las manifestaciones. Son más expectativas de
negocio y de regulación de las condiciones para desarrollarlas.
Estas son las características de esta ley: en unos casos derivando a un reglamento los requisitos para la prestación de muchas de esas actividades; en otros, sustrayendo a la decisión de la autoridad varios de los supuestos para
encomendarlos al órgano competente -del secretario de Estado o el consejero al funcionario-. Además, los servicios que precisaban autorización concreta para cada caso ahora podrán tenerla genérica. Esta ley es fruto de un trabajado pacto entre el
Grupo Popular y el Convergència i Unió. -Para el negocio ustedes siempre se ponen de acuerdo, pero de lo que importa ahora entre Cataluña y España, de eso no son capaces ni tan siquiera de hablar-. Necesitábamos una nueva ley de seguridad privada,
señorías, pero no era esta. Si lo dicho no fuera suficiente, además, en el texto que hoy debatimos se abusa de la remisión reglamentaria, hasta el punto de que hay obligaciones en la ley de las que el posterior reglamento puede eximir. El traspaso
de la información de la policía a empresas privadas, o viceversa, se basará en la buena fe. ¿Dónde está la legislación de protección de datos? La seguridad informática remitida por completo a un reglamento, cuando en realidad demanda una ley
específica. Introduce elementos de discordia entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil al no respetar el tradicional reparto competencial en esta materia. En resumen, instauran definitivamente el principio tan querido para ustedes,
señores del Partido Popular, de que el que quiera seguridad, que se la pague. Expresión de su delegado, Ansuátegui, en Madrid. Lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes, porque acabó de gerente de la Fundación Eulen, una de las grandes de
la seguridad española. Todas las importantes del sector estarán hoy encantadas de comprobar cómo, una vez más, este Gobierno ha cumplido lo que les prometió: aumentar considerablemente sus oportunidades de negocio.
Por lo dicho, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza un texto en el que los ciudadanos pierden derechos democráticos y sociales, se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y unas pocas empresas se enriquecerán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, más y mejor seguridad para todos los españoles. Esa sería la síntesis del proyecto que ahora traemos en su trámite final al Congreso. Quiero empezar mi intervención, porque corresponde y es de justicia reconocerlo, dando las
gracias a todos los que han hecho posible este texto final: a los senadores que han trabajado últimamente en ello, también a los diputados que han incorporado sus enmiendas a este texto; expresamente menciono al señor Olabarría, al señor Jané y,
de forma especial, permítanme que mencione a mis compañeros en las tareas parlamentarias, al ponente principal del texto por parte del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Márquez, y por supuesto a Leopoldo Barreda.
Creo y afirmo que se ha hecho un buen trabajo; una excelente noticia para la seguridad pública, para la seguridad de todos. Este proyecto, señorías, está muy lejos de las soflamas sectarias que hemos escuchado, está muy lejos de los
retorcidos argumentos radicales e inmovilistas que hemos escuchado por parte de algunos intervinientes, de esos discursos, señor Trevín, falsamente estereotipados, de esos clichés electoralistas que usted sabe que son artificiales, cuando no
alarmistas, y que no se corresponden con la ley. Con este texto ganamos todos. Se instala un modelo de seguridad pública que aprovecha el potencial de la seguridad privada desde la preeminencia del Estado. Son más de 1.400 empresas de seguridad
privada que desarrollan su actividad en nuestro país, y son más de 80.000 empleos los que queremos que se aprovechen en beneficio de la seguridad de todos. Este proyecto, además, se asienta en la vigente Ley del año 1992, una ley -no voy a ser
sectario, señor Trevín- positiva, una ley eficaz, pero ya superada por las exigencias técnicas, por las jurídicas, por las competenciales y por las puramente operativas. Se instalan los límites de la seguridad privada que se ven adecuadamente
definidos, siempre desde la preeminencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, aunque hablemos de seguridad privada, tengo que decir una vez más desde esta tribuna que los españoles tenemos las mejores Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado del mundo, y además tenemos una de los mejores ratios de Europa: tenemos 516 agentes por cada 10.000 personas, que es un porcentaje ciertamente alto. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, hay que salir al paso de nuevas
amenazas. Atentados como los del 11 de septiembre en Nueva York, como los
del 11 de marzo, el desgraciado atentado en España, han acentuado la necesidad de globalizar la seguridad y de arrimar entre todos el hombro en beneficio del interés general. Por eso, este proyecto de ley contempla una regulación más
específica, más minuciosa dentro del modelo de seguridad privada, dentro de la seguridad y al servicio de la seguridad pública.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a contar ahora con más y mejores herramientas para supervisar, para controlar a las empresas de seguridad. Se profundiza en ese principio de complementariedad y de subsidiariedad, pero se
profundiza dándole las mejores garantías legales. Por ejemplo, los vigilantes de seguridad o los guardas rurales que trabajan en los controles de acceso en los aeropuertos, en los centros de internamiento de extranjeros, en los centros
penitenciarios, están llamados a actuar como colaboradores de los agentes policiales; colaboran en beneficio de la seguridad pública. ¿Eso qué permite? Permite, además de que tengamos más efectivos al servicio de la seguridad pública, obtener más
información por parte de esos colaboradores. Si les vamos a pedir a los agentes privados, al personal privado que trabaje para nosotros, es lógico y coherente que también les demos más herramientas. ¿Qué herramientas les damos? Algo tan elemental
como una mayor protección jurídica mediante la incorporación de agente y de autoridad a nivel penal. Se trata de proteger a quien nos va a ayudar, a quien de alguna manera nos va a proteger.
El asunto de la detención, que ha sido objeto de controversia, lo voy a aclarar aquí, porque si no se quiere oír, es otra cosa, pero la certeza, la rotundidad de los hechos es la siguiente: la detención practicada por un vigilante es la
misma que puede desarrollar cualquier ciudadano en un espacio o vía pública, de acuerdo con la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dirán: qué barbaridad. No, esto lo ha dicho ya, ahora, sin aprobar la ley, nuestro Tribunal Supremo. Cito lo
que dice la sentencia del año 1998: las facultades para detener por parte de los vigilantes de seguridad les vienen atribuidas por el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque son auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; ahí radica la diferencia y ahí radica la esencia del asunto. No es nada nuevo, al contrario, lo que hacemos es incorporar esta doctrina del Tribunal Supremo en la propia ley, que parece razonable. ¿Eso a quién beneficia? A todos, también
al propio vigilante porque le otorga una mayor seguridad jurídica en su función.
Otro cliché que deliberadamente algunos manejan y es falso son los espacios públicos. La intervención y actuación en espacios públicos, señoría, pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, artículo 104 de la Constitución. Es
más, les diré que gracias a esta ley, entre otras cosas, podremos asegurar que habrá más presencia policial en la calle, podrá haber más presencia, porque vamos a aprovechar, insisto, los recursos del potencial de la seguridad privada. La
vigilancia y protección de personas y bienes por vigilantes o agentes forestales se tiene que desarrollar inicialmente en el interior de los edificios. ¿Cuándo se puede desarrollar fuera esa vigilancia? Pongo ejemplos: excepcionalmente cuando se
trata de perseguir a delincuentes en flagrante delito. Parece razonable que si se ha visto un robo o cualquier tipo de delito, el vigilante pueda perseguir y por consiguiente entrar en espacio público. Excepcionalmente, si los servicios son en el
exterior de forma natural; por ejemplo, un transporte de objetos valiosos tiene que pasar por la calle, es lógico que tenga que desarrollarse en el espacio público. También los servicios de ronda intermitente, como aquí se ha dicho, y
excepcionalmente y con autorización en los complejos comerciales -lo recalco, excepcionalmente y con autorización en los complejos comerciales-, en los polígonos industriales, en las urbanizaciones, en eventos deportivos y en vigilancia perimetral,
pero -insisto- desde la premisa de que colaboran para la seguridad pública.
Así pues, con estas aclaraciones voy a la parte final de mi intervención. Otro cliché que injustamente se está vertiendo y creo que mancillando -me parece que indebidamente- es el funcionamiento de determinadas empresas o de las empresas en
general. Con este proyecto de ley las empresas de seguridad privada, primero, ven incrementados todos los requerimientos desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; se les exige medios formales, materiales, capacidad económica y personal; se les
exige una auditoría permanente con más medios veraces, una inspección anual obligatoria, más medidas policiales provisionales y, atención, se incrementan las sanciones por caso de incumplimiento, pasando de 30.000 a 600.000 euros, que no es una
cuestión menor. Señorías, si ustedes me quieren entender, convendrán conmigo en que esto que estoy explicando es lo que se contiene en el texto de este proyecto de ley. Por eso, acabo ya diciendo que esta nueva ley de seguridad privada constituirá
indudablemente una mejor regulación de la labor de la seguridad pública en beneficio de todos con una actividad subordinada y complementaria; estructura adecuadamente el modelo de colaboración; incorpora las nuevas necesidades de la seguridad
solicitadas por las circunstancias en siglo XXI, una mayor
profesionalización y especialización de las empresas y del personal de la seguridad privada; previene y persigue de manera efectiva el intrusismo profesional, y ofrece mayores oportunidades para la contratación y el empleo en este ámbito.
En definitiva, es una ley que exige más al sector privado pero que aprovecha todo su potencial, el del personal, el de la información, el de la tecnología, el de la innovación; una buena ley en lo jurídico, una ley ambiciosa en lo operativo y una
ley que mejorará la seguridad pública.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000070).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo. En primer lugar, para fijar su posición tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño. Tal y como dijimos en el debate que se celebró en esta Cámara y antes de que este proyecto fuera al Senado, teníamos muchas dudas, teníamos cuestiones que considerábamos que eran importantes que la ley
no recogió y que el Senado ha seguido sin recoger. Es decir, el Gobierno o el grupo que sustenta al Gobierno han seguido haciendo oídos sordos a cuestiones que son fundamentales, sobre todo a aquellas peticiones que vienen de países y lugares como
Euskadi o Cataluña, que tienen competencia plena en materia de tráfico, son los que ejecutan esta ley y creo que saben algo de lo que se está tratando. Esta ley ha vuelto a infringir algo que estamos denunciando desde hace tiempo. Parece ser que
el Gobierno de repente ha descubierto el concepto de conferencia sectorial como panacea y solución de todos los problemas y creemos que no es de recibo en este caso tampoco incorporar en esta ley este asunto. Sabemos que hay otros elementos que han
generado controversia. En el caso del Grupo Vasco, incidimos en lo que planteábamos y creíamos que era importante en el debate del Senado. No se incorporaron esas enmiendas. Por lo tanto el voto nuestro será negativo a las enmiendas que se han
incorporado en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
De nuevo, a nuestro parecer, el Senado se vuelve a mostrar irrelevante. No se han introducido cambios que nos lleven a modificar el sentido de nuestro voto y además dijimos lo esencial ya aquí en Pleno y en Comisión también. De lo que se
trata es de dirimir, y nosotros desde luego lo tenemos muy claro, si lo que pretende el Gobierno es recaudar o proteger la vida de los españoles. Para nosotros parece lo primero en asuntos como la colocación de los radares, en los incentivos a los
agentes de tráfico para multar o en que, por ejemplo, y ese es un cambio a peor -en eso sí que el Senado parece que a veces se aplica-, la multa por llevar inhibidores sea muy superior a utilizar un coche estando borracho o incluso a repetir este
tipo de actitud, lo cual para mí es completamente igual a empuñar un arma. Que este tipo de multa, que es claramente recaudatoria, sea superior a la otra, como digo, ahonda en nuestra percepción de cuál es el espíritu de este proyecto de ley. Ya
le dijimos al señor ministro que la posibilidad de que baje el número de muertes, que para nosotros es lo esencial, no pasa tanto por las medidas coercitivas -y estamos de acuerdo en que en esto no hemos de bajar la atención-, como por que el Estado
acometa de una vez algo que llevamos pidiéndole mucho tiempo, y es que mejore las infraestructuras. En general, lo que querríamos decir es: menos multar y más invertir.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Nuevamente estamos en otro proyecto de ley del Gobierno ante el que mi grupo parlamentario presentó una enmienda de totalidad de devolución. En aquel momento, fundamentamos aquella enmienda en varias cuestiones que, una vez más, el Senado
de España no ha alterado sustancialmente. Quisiera recordar a la Cámara que en aquel momento nos quejábamos de que la tramitación de la ley se había hecho con una celeridad de la que no era merecedor este texto legal por la importancia que tiene
después en la vida cotidiana de los ciudadanos, incluso por algunas de las medidas que recoge y aplica de una forma un tanto controvertida, puesto que todos reconocemos que en el texto legal hay un incremento de la velocidad máxima permitida a 130,
a pesar de que el Gobierno y el Partido Popular traten machaconamente de decir que no se incrementa la velocidad máxima. Efectivamente, se contempla un incremento, en una tabla que se acompaña al final de la ley, de hasta 130 kilómetros por hora,
que después se desarrollará, y así lo admitió el ministro en esta tribuna, por parte del Gobierno. En un país en el cual un Gobierno reduce la velocidad máxima por cuestiones económicas a 110 kilómetros por hora y otro Gobierno aumenta esa
posibilidad a 130 kilómetros por hora, y que eso no se acompañe de una memoria y de una explicación, da a la ciudadanía, a la figura del legislador y al Gobierno una mala imagen, de la cual no nos merecemos ser titulares los españoles. Por eso
pedimos que estos temas fuesen acompañados de una mayor argumentación y de una fundamentación adecuada.
También nos quejábamos de que el proyecto incorpora una delegación al Gobierno para hacer un texto refundido. Después de intentar seguir las enmiendas del Senado y los artículos ter, quáter, etcétera, hace falta un machete para guiarse por
este galimatías del articulado. Al final, es cierto, es necesario que se haga un texto refundido. Sin embargo, si no hubiésemos presentado nosotros la enmienda a la totalidad solamente este Pleno en este momento hubiese visto este proyecto de ley
y se hubiese acabado otorgando -como de hecho se hace- una capacidad de hacer textos refundidos al Gobierno sin haber pasado ni siquiera por un debate plenario del Parlamento, algo que nosotros no compartimos. Lo que defendimos en aquel momento es
que el Gobierno tenía que haber enviado una ley de bases para fijar los límites, los términos y para hacer un amplio debate sobre esa capacidad de nueva redacción.
La cuestión más mediática de esta ley era el tema del uso del casco en la bicicleta. En principio, el Gobierno traía una propuesta de hacerlo obligatorio a los menores de dieciocho años. Después del trámite parlamentario y de la
negociación con algunos grupos se redujo a los dieciséis años. Por parte de mi grupo parlamentario expresamos en aquel momento -y continuamos haciéndolo- que la reducción del uso del casco en la bicicleta a los dieciséis años no altera
fundamentalmente una cuestión que para nosotros era básica, que es que España se convierte nuevamente en conejillo de indias para una legislación que nosotros no compartimos y que no comparten los expertos en el tema de la bicicleta; no lo
comparten ni siquiera los fabricantes de cascos para bicicletas, que se han posicionado en contra de la obligatoriedad y a favor del fomento del uso del casco, que creo que es algo que nos une al conjunto de grupos de la Cámara y que hubiese logrado
una unanimidad en la tramitación de esta cuestión concreta. Lamentablemente el Gobierno ha apostado por embarcarnos en la línea de países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, donde la aplicación de la obligatoriedad del uso del casco ha llevado
a una consecuencia que se ha demostrado ya necesaria después de la obligatoriedad y es la disminución del uso de la bicicleta. Desde mi grupo parlamentario le lanzamos en aquel momento -y continuamos lanzando- un reto al Gobierno, un reto que
podríamos compartir todos, un reto a imagen del alemán. Alemania se ha planteado para el año 2020 que la mitad de la movilidad urbana se realice en bicicleta. Es una cuestión a imitar de Alemania, de las cuestiones que podríamos compartir todos,
frente a las que intenta imponer el modelo alemán y que no compartimos -cuestiones económicas, cuestiones del euro, cuestiones sobre Europa-, pero sí en este tema de la movilidad y que sería importante que el Gobierno llevase adelante.
Las enmiendas que vienen del Senado no alteran fundamentalmente el texto que salió del Congreso y lo que han cambiado son algunos puntos que tampoco compartimos. Uno es el cambio del modelo de concesión al de autorización para los centros
que imparten los cursos de sensibilización y reeducación vial, con la incorporación además de una prueba para aquellos conductores que quieran recuperar puntos tras haber perdido una parte de los mismos. No estamos en principio en contra de que se
introduzca una prueba, pero pasar del modelo de concesión al de autorización no es un cambio que mi grupo parlamentario comparta per se sin saber qué camino quiere recorrer el Gobierno en la necesaria modificación de los reglamentos que tiene que
llevar esta enmienda que ha introducido el Senado sin un debate en esta Cámara. Como les digo, la prueba no es el problema. El problema es el cambio del modelo, de concesión a autorización, en los centros que van a impartir estos cursos.
Hay un aspecto importante que nos llama la atención, sobre el que en principio mi grupo parlamentario no se posiciona en contra, pero desde luego las cosas no se tienen que hacer así. Se trata de la trasposición de la directiva 2011/82, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico. Es un tema importante, sobre todo para muchas administraciones locales de zonas turísticas de nuestro país. Era algo que se tenía que
hacer, pero, mi grupo no puede compartir que el Grupo Popular, que el Gobierno, lleven a cabo la introducción de esta concesión a través del Senado sin traerla previamente al Congreso y sin que se produzca el necesario debate en el Congreso sobre
una cuestión tan importante y que afecta, como digo, al día a día de muchos ayuntamientos, administraciones locales y zonas donde la población foránea, extranjera, circula abundantemente por nuestras vías públicas. Mi grupo parlamentario no puede
compartir esa introducción y lamentamos que se haya colado de rondón en el trámite en el Senado y no se haya traído al Congreso. Por lo demás, la ampliación de los plazos en el recurso de multas de quince a veinte días y del pago tampoco es una
cuestión a la que necesariamente mi grupo se oponga. Una vez más -ya lo decía también antes el señor Cantó- el Senado casi es irrelevante, excepto por la trasposición de la norma europea, que ya he dicho que se tenía que haber traído previamente
aquí a la Cámara.
En definitiva, las enmiendas que nos trae la Cámara Alta no alteran sustancialmente aquellas cuestiones respecto al uso del casco, al aumento de velocidad o a la tramitación de una ley de bases que nosotros reclamamos, en lugar de esta
autorización casi bajo mano al Gobierno para hacer un texto refundido. No alteran sustancialmente los motivos que llevaron a mi grupo a presentar esa enmienda a la totalidad y por tanto mantendremos en la orientación general del voto de las
enmiendas el rechazo a una política respecto a la obligatoriedad del uso del casco y al aumento de velocidad, que no compartimos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, toda modificación de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial es importante, debe realizarse desde el consenso y toda modificación tiene que orientarse a prevenir los accidentes de tráfico, a que
disminuyan, a ayudar al conductor y a crear un clima favorable a la seguridad vial en esta Cámara. Esto es lo que deberíamos proponernos siempre, siempre mensajes a favor de las víctimas, legislar a su lado, escucharlas; siempre legislar a favor
de los sectores más directamente implicados en la seguridad vial; siempre legislar de manera serena, porque estamos hablando de normas que tienen una aplicación muy amplia, que requieren de esa pausa, de ese sosiego y de ese consenso. Esto lo
hemos intentado muchas veces en esta Cámara. Ha sido un éxito en muchas ocasiones, pero hoy no lo es. Lo hemos hecho mal, hemos legislado mal. No hemos realizado una reforma de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
tal y como le hubiera gustado a Convergència i Unió. Más allá del contenido concreto que hoy se aprueba, lo cierto es que habíamos abierto unas comparecencias en la Comisión sobre Seguridad Vial y mientras aún se estaban produciendo ya teníamos un
texto. Las comparencias se centraron muy directamente en el uso del casco en las vías urbanas, pero no estaban negadas a otros aspectos que después tampoco han sido tratados en esas comparecencias pero a las que la ley afecta, como puede ser el
tema de la velocidad. Por tanto, hemos hecho aquí un totum revolutum, sin criterio y a salto de mata. A este portavoz que se implica siempre en temas de seguridad vial no le produce una buena sensación esta reforma que hoy estamos aprobando.
Desde Convergència i Unió creemos que deberíamos haberlo hecho de forma distinta y tampoco sabemos ver qué prisas hay para realmente acometer así esta reforma.
Quiero poner en valor algunos aspectos que Convergència i Unió ha conseguido en la tramitación parlamentaria. De entrada, cuando la directora de Tráfico anunció que siempre sería obligatorio el uso del casco en vías urbanas, nosotros ya le
advertimos a ella y al propio ministro que esto no podía ser aceptado. Entonces decidieron poner una edad y pusieron los dieciocho años, y también le dijimos al Gobierno que no era aceptable para nosotros esa edad de dieciocho años. Tras escuchar
a muchos comparecientes se estableció que la edad sería la de dieciséis años. Siempre, los ciclistas menores de dieciséis años estarían obligados por ley a utilizar el casco en vías urbanas, pero nunca los mayores de dieciséis años. Por tanto, a
la portavoz del Grupo Popular, a la compañera y diputada Concha Bravo, le hago una petición desde la máxima cordialidad, pero desde la máxima exigencia. La redacción que se da al apartado 1 del artículo 47 es que por ley se fija que solo están
obligados los menores de dieciséis años y que nunca por reglamento
-esta es la voluntad del legislador- va a poder aumentarse esa edad de dieciséis años. Esto es lo pactado. Si esto no se dice por parte de la portavoz del Grupo Popular, nosotros nos vamos a aislar de ese pacto, porque lo pactado es lo
pactado, porque se dice, pero ¿que ocurriría si después hay reparos? Los representantes de Conbici, con mucha razón dicen: a ver si por vía reglamentaria... ¿Qué les traslado yo a ellos? No, por vía reglamentaria no se puede hacer. Entiendo que
con la redacción acordada en el Senado no se puede, porque antes se decía en todo caso. Ahora ya no es en todo caso, es dieciséis. Antes podía parecer que en todo caso por los menores de dieciséis, pero que quizá pudiera ser una edad superior.
No, no puede ser una edad superior. Aclárelo, señora Bravo.
Aclare también a este portavoz una jugada que le han hecho en el Senado -retiro lo de jugada, no es la expresión-, una enmienda que se ha introducido en el Senado y que le duele a Convergència i Unió y pido que nos la aclare. Ya le adelanto
que votaremos en contra de esa enmienda, pero aclárelo, señora Bravo. ¿Alguien puede mirar a la cara a aquellos que llevan años pidiendo que la luz de los vehículos prioritarios sea la azul? Lo hemos aprobado cuatro veces en dos legislaturas
distintas, con plazos y sin plazos. Lo incumplió el anterior Gobierno socialista y lo está incumpliendo el actual Gobierno popular. Incluso se me dijo: no ponemos plazo porque se va a cumplir antes del que proponéis y, por tanto, no pongamos
plazos en la proposición no de ley. Evidentemente pasó ya el plazo que hubiéramos acordado y antes no se ha hecho. Después se dice: no, no, lo haremos, y se aprueba en el Congreso. Se decía en la nueva disposición adicional: En el próximo
reglamento general de circulación, que deberá aprobarse después de la entrada en vigor de la presente ley. Ahora de repente ustedes cambian esto y ponen que se hará -sin plazo, sin decir cuándo- en el reglamento general de vehículos. Yo no discuto
que se haga en un reglamento o en el otro. Lo que le pido es que diga en esta Cámara y ante el Pleno que es voluntad del Gobierno hacerlo ya. Si no, esto ya no es presentable ante aquellos a quienes vamos dando la noticia de que vamos a cambiar un
tema menor, pero parece que alguien está oponiéndose a que se cumpla lo que es una voluntad mayoritaria de este Congreso de los Diputados. Por tanto, votaremos en contra de esta disposición adicional, pero pedimos a la señora Bravo que en nombre
del grupo mayoritario diga ante esta Cámara que esto lo vamos a hacer ya, no en un futuro reglamento.
Aprovecho para decir que tiene que ser más fácil -el director del Servei Català de Trànsit, don Joan Josep Isern, lo pone de relieve- que las comunidades autónomas con competencias en materia de tráfico tengan ese reglamento de vehículos
para poder acceder a los registros de vehículos y de conductores, en el caso de comprobar si se ha pasado una inspección técnica o no, saber exactamente que puedes acceder y que no tienes que fiarte de unos datos que tú no controlas, pero que
después eres tú el que tienes que sancionar. Por tanto, rectifiquémoslo. Esto ya dará para otro proyecto de ley.
Hay otro aspecto al que se refería el señor Cantó, cuando pasa de quince a veinte días el plazo voluntario para pagar si a uno le imponen una sanción. El plazo voluntario ahora lo aumentamos -lo pedía Convergència i Unió- a veinte días,
pero no hacemos lo sustancial. ¿Cómo es posible que le digamos a un conductor: paga voluntariamente y deprisa -ahora le damos cinco días más para pagar-; si pagas, yo te reduzco a la mitad -esto fue una propuesta en su día de Convergència i Unió-
el importe de la sanción, pero no vas a poder recurrir, no puedes recurrir. No podemos ser tan recaudatorios, no podemos dar este mensaje a los conductores. Podemos decir: paga, te rebajo si pagas en esos veinte días, pero tú puedes recurrir, que
es es un derecho. El conductor en ocasiones ve que esa sanción es injusta y recurriría, pero sabe que si recurre va a tener que pagar no el 50 % sino el cien por cien. De alguna manera estamos trasladando un mensaje negativo de que aquí vamos a
recaudar rápido y nos olvidamos de la sanción. No; vamos a sancionar a quien deba sancionarse, le haremos una rebaja si paga en esos veinte días y le diremos que puede recurrir, que es su derecho como conductor, que es una garantía. Seamos serios
también en esto. Hemos conseguido esos cinco días más, pero no hemos conseguido lo sustancial, porque en este caso no se puede recurrir, lo que entendemos que es un derecho de todo conductor, y no van a dejar recurrir.
Por último, hay un aspecto positivo y otro negativo. Es positivo que se haya recogido nuestra aportación en relación con la redacción inicial que se establecía de que se sancionará con 1.000 euros cualquier exceso en la tasa administrativa
de alcoholemia. Es mucho dinero 1.000 euros para muchos conductores cuando se ha superado a lo mejor un poco la tasa permitida. Solo si se dobla la tasa permitida o se es reincidente la sanción será de 1.000 euros. Doblemos la sanción si se dobla
la tasa, pero no doblemos la sanción siempre. Esta es otra aportación de Convergència i Unió que valoramos positivamente que se haya recogido.
Para finalizar, me referiré a una cuestión que valoramos muy negativamente. ¿Cómo puede ser que en un proyecto de ley de seguridad vial se cambie el nombre de un registro, que no tenía más problema. Era el Registro estatal de víctimas de
accidentes de tráfico. Se llamaba así porque estamos en un Estado compuesto y plural y era un registro estatal, y ahora pasa a ser -es la única modificación que hacemos en cuanto a este registro- registro nacional. Cambiamos estatal por nacional,
la única aportación. ¿Era realmente necesario hacer este cambio en lo que es una concepción de un Estado que nosotros entendemos plurinacional, pluricultural y plurilingüe? Ustedes, ahora, aspectos que tenían el calificativo de estatal, que no
suponían ningún daño para nadie y ayudaban a la comprensión de ese Estado compuesto y plural, van cambiándolos por el capricho de que les gusta más el término nacional que el término estatal, que para nosotros incorpora la realidad de Cataluña y lo
ha hecho siempre, y así lo hemos definido en nuestras leyes propias, algunas de las cuales votadas favorablemente por el Grupo Popular en el Parlament de Catalunya. Por tanto, también era innecesaria la modificación de la nomenclatura en la
denominación de este reglamento. En consecuencia, es una ocasión perdida para reafirmar el consenso.
Quiero expresar la voluntad positiva de Convergència i Unió de seguir mejorando aquellos aspectos que contribuyan a que la seguridad vial se afiance en el conjunto de España y que realmente seamos capaces de que el mensaje de prevención de
accidentes y de ayuda a las víctimas vaya calando y no bajemos nunca la guardia, que es de lo que se trata en estos casos.
Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Créanme, señorías, que me hubiera gustado iniciar mi intervención felicitando al Gobierno por haber consensuado una reforma que pusiera las bases para la seguridad y movilidad del siglo XXI. Sin embargo, tanto el debate en el Senado como el
número y contenido de las enmiendas incorporadas nos dibujan un escenario bien distinto. Hay una clara sensación de frustración en una gran parte del sector, que no entiende muchas de las modificaciones y que ven en el resultado de la reforma una
oportunidad perdida para modificar la actual normativa. El texto que hoy nos llega del Senado incorpora modificaciones resultantes de la aceptación de tan solo ocho enmiendas y dos transaccionales, de las más de doscientas presentadas por los
diferentes grupos, pero sobre todo tenemos la sensación de que con las enmiendas presentadas por el Grupo Popular han intentado hurtar el debate de este Congreso en temas tan importantes como la trasposición de la directiva ya comentada. Eso sí,
esta vez, en lugar de usar el decreto-ley -ruta habitual del Gobierno- optaron por una enmienda en el Senado que igualmente impide a esta Cámara el más mínimo debate sobre esa trasposición. Tal como advirtió el Tribunal Constitucional, cuando las
enmiendas del Senado hacen referencia a reformas de textos legales distintos, los diputados ven drásticamente limitada su capacidad de intervención en el procedimiento legislativo. Ya les anuncio que por ese motivo, y aunque hubiéramos podido estar
de acuerdo con dicha trasposición, nos vamos a abstener en la votación de esas enmiendas, por no hablar, señorías, del intento de modificación de los cursos de recuperación de puntos, una reforma de profundo calado que pretendían también aprobar vía
enmienda en el Senado sin posibilidad tampoco de debate o modificación. ¿A qué intereses obedecía el cambio de estos cursos? ¿Por qué no quisieron someterlo al debate parlamentario? Con el pretexto de una supuesta libertad de acceso y
transparencia, han puesto ustedes en cuestión un modelo de éxito de ocho años, un modelo reconocido por las asociaciones de víctimas, por los usuarios e incluso por universidades de nuestro país. ¿No se dan cuenta de que con declaraciones y
actuaciones de este tipo ponen en peligro la credibilidad y la eficacia del sistema del permiso de conducir por puntos, que tan buenos resultados está dando? Una credibilidad a la que han ayudado sin duda la complicidad de los medios de
comunicación, con iniciativas como la de la Plataforma Ponle Freno, de Atresmedia, que justamente esta misma mañana entrega los premios en su sexta edición, a cuya entrega lamentablemente no vamos a poder asistir.
Llegado este momento, lo pertinente a nuestro juicio es preguntarnos en qué ha cambiado el proyecto en su tramitación en el Senado. ¿Justifica un cambio de opinión por nuestra parte respecto al proyecto de ley? Desgraciadamente tengo que
decirles que no. Si inicialmente definí la ley como innecesaria e incompleta, hoy debería añadir que su tramitación ha sido improvisada y atropellada. Las prisas no son buenas en seguridad vial y ustedes se han saltado todos los semáforos del
sentido común. ¿Era necesario
montar también el lío con la seguridad vial? Déjenme, señorías, que les recuerde el rocambolesco periplo de la ley que ustedes nos traen a votación.
Nos anunciaron a bombo y platillo un nuevo reglamento general de circulación, cuando ni tan siquiera se habían planteado la reforma de la ley, a pesar de que algunas de las medidas anunciadas requerían la modificación legislativa. Estamos
hablando, cómo no, del aumento de los límites de velocidad y de la obsesión por obligar al uso del casco a los usuarios de las bicicletas en el entorno urbano, un intento este último que puso en pie de guerra a usuarios, profesionales, fabricantes e
incluso a los alcaldes de su propio partido. Ante tal desaguisado, frenaron su aprobación y propusieron esperar a la reforma de la ley y a la realización de una serie de comparecencias ante la Comisión de Seguridad Vial, para ganar tiempo, claro
está, y para buscar una salida que al menos pudiera contentar a los suyos.
Ya en el Senado vuelven ustedes a montar el lío. Vía enmiendas del Grupo Popular, pretenden modificar sin acuerdo o debate alguno el sistema de recuperación de puntos, pero, de nuevo, ante la presión de todo el sector, también aquí se ven
obligados a frenar. ¿Hay algún charco en el que aún no se hayan metido? Viendo el resultado de la tramitación de la ley y el sentido de estas reformas que ya han anunciado también para el reglamento, no queda más opción que preguntarse, ¿es
incompetencia o es manifiesta mala fe? Estamos ante la reforma de una ley que en lugar de responder a una demanda de mejorar la seguridad y la movilidad, se centra en establecer obligaciones y en dar salida a obsesiones personales en lugar de al
sentido común y, cómo no, en favorecer también los intereses de unos pocos. ¿Que las concesionarias de autopistas tienen problemas por falta de vehículos? Subamos los límites de velocidad para hacerlas más atractivas y, encima, no quitemos ni un
solo punto hasta los 150 kilómetros por hora. ¿Que algunos quieren hacer negocio con los cursos de recuperación de puntos? Cambiemos el sistema, liberalicemos el sector y de paso nos inventamos un examen en la DGT para, además, cobrar más tasas.
¿Que algunos pagan demasiado por la responsabilidad en el atropello de especies cinegéticas? Pues cambiemos el régimen de responsabilidad para atribuir un carácter general de responsabilidad al conductor del vehículo, aunque no tenga culpa alguna y
haya respetado las normas de circulación, un problema muy importante en algunas zonas, como en la provincia de Soria, que por cierto el presidente de la Cámara bien conoce.
Al amparo de una supuesta defensa de la seguridad, se introducen nuevas obligaciones y prohibiciones y se aumentan las sanciones de forma desproporcionada. Nos sorprende que la DGT haya sido tan beligerante para obligar al uso del casco
para los ciclistas en la ciudad y, en cambio, no tenga ningún reparo en ampliar los límites de velocidad, a pesar de que está sobradamente demostrado que la velocidad mata. ¿Aquí no es importante prevenir? ¿Lo era para el casco de las bicicletas
pero no para la velocidad? ¿Les parece razonable, señorías, que alguien pueda dar positivo en un control de drogas y ser multado con 1.000 euros y 6 puntos del permiso de conducir por haberse tomado un jarabe para la tos, y que un conductor que
circule a 150 kilómetros por hora -que seguro que serán más, por aquello del margen de error- solo sea sancionado con 100 euros y, si paga en el periodo de bonificación, solo con 50? Todo un despropósito. Con el cambio de la regulación de las
drogas en la conducción, al sustituir la conducción bajo los efectos de las drogas, tal como se establecía hasta ahora, por la simple presencia de restos en el organismo, aunque ni tan siquiera afecten a la conducción, se darán casos como los
descritos. Por cierto, la directiva que trasponen vía enmienda en el Senado permite solo sancionar a aquellos conductores que conduzcan bajo los efectos de las drogas. Por algo será, ¿no les parece? Tomarse un simple jarabe de los que cualquiera
de nosotros tenemos guardado en el botiquín de casa podrá dar positivo ya que contiene codeína, una droga que, aunque no afecta a la conducción, deja un rastro en el organismo que daría positivo. ¿Le parece eso justo? ¡1.000 euros, con la que está
cayendo! En cambio, al que circula a más de 150 kilómetros por hora por una autopista con un vehículo de alta gama, tan solo 100 euros, o 50, en el mejor de los casos.
Señorías, lo tenían muy fácil, bastaba con que hubieran continuado con la labor de la herencia recibida, sin hacer extravagancias, sin introducir modificaciones que el conductor no pudiera comprender. En eso se basa el éxito de las
políticas de seguridad vial, en que las medidas sean razonables, fáciles de aclarar y que se expliquen con sentido común, pero no pudieron resistirse, no pudieron evitar la tentación de introducir sus prejuicios y hacer caja, y se montó el lío,
señorías.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor presidente, señorías, subo a este estrado para fijar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro posicionamiento en relación con el proyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, una vez finalizado el correspondiente trámite legislativo en el Senado el pasado 13 marzo, cuyo resultado fue la
aprobación del texto que hoy debatimos, una aprobación que esperamos y deseamos se repita hoy, en este hemiciclo, con el mayor grado posible de consenso, aunque ya voy escuchando las intervenciones de los compañeros que me han precedido en el uso de
la palabra.
Hoy votamos una ley que, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la seguridad vial y la evolución de la tecnología, sobre todo la que está relacionada con los vehículos y las telecomunicaciones, así como con los valores de
la sociedad, está en permanente evolución. Esta es una ley viva; es una ley viva que, desde su publicación en marzo de 1990, ha sufrido numerosas modificaciones directas, registrándose la última a través de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, por
la que se modificaban, entre otros aspectos, el artículo 18, relativo a la circulación en autopistas y autovías, o el artículo 69, referente a la responsabilidad por las infracciones.
No comparto la opinión del señor Jané -pero la respeto, como no puede ser de otra manera- ni la valoración que ha hecho, que me ha parecido un tanto excesiva, igual que la opinión de mi compañero el señor Corcuera, pero, como he dicho,
respeto plenamente su opinión. Nuestro grupo comparte plenamente la visión del Gobierno del Partido Popular, como no podía ser de otra manera, y en consecuencia apoya el principio rector de la reforma. Con esta reforma, que hoy traemos aquí para
finalizar su fase legislativa, buscamos acomodar la legislación de base, primero, como digo, a los cambios que se han ido produciendo en algunos aspectos técnicos de la seguridad de los vehículos y sus ocupantes; segundo, por la necesidad de cortar
de raíz la presencia constante de drogas entre los usuarios de la vía; tercero, por el cambio ya evidente que se está produciendo en la distribución modal del transporte urbano y que está registrando un incremento sistemático en la presencia de
otros modos de transporte no a motor, como así lo explícita la presencia creciente de ciclistas. El debate de esta ley realmente se ha centrado a lo largo de todo el tiempo que llevo -yo suelo decir que llevo dos años hablando de bicicletas- en el
uso del casco, que ha sido el tema estrella de esta ley. Creo que había muchos otros asuntos relevantes que han quedado totalmente olvidados y apagados por el ruido que se ha creado con el tema del casco.
Otra de las ideas que desarrollamos con esta ley es la necesidad de facilitar el intercambio transfronterizo de información, que nos parece fundamental, sobre las infracciones de tráfico y la necesidad de acoger nuevas medidas que, por un
lado, impidan la adopción de conductas reprochables relacionadas con el exceso de velocidad y, por otro lado, garanticen la coherencia en materia de gestión de la velocidad entre la estrategia de seguridad vial del Gobierno, la realidad tecnológica
de los vehículos y la calidad de nuestra red viaria; elementos todos ellos que componen este complejo sistema de la seguridad vial, porque realmente la seguridad vial abarca muchísimos campos, pero estos tres elementos constituyen su eje.
Por lo tanto, insisto, hay tres elementos claves en esta reforma que hoy planteamos, el primero es prevenir los accidentes de tráfico y, el segundo, minimizar las consecuencias de los mismos. En este aspecto quiero destacar la modificación
del artículo 47, por la que se incorpora la obligatoriedad del uso del casco en ciudad para los ciclistas menores de 16 años. Insisto, es algo que se ha comentado por parte de todos los comparecientes. Algunos grupos querían bajar la edad para la
aplicación de esa medida de 16 años a 14 e incluso a 12 años. Estén tranquilos todos los grupos parlamentarios porque este grupo parlamentario, con la ayuda del Gobierno, mantiene esa medida de la obligatoriedad del casco solo para los menores de
16 años en las vías urbanas. Les quiero decir que esta medida va a traer como consecuencia que los adultos nos pondremos también el casco en las ciudades, pero estén tranquilos, la medida quedará como ha sido reflejada: uso del casco para menores
de 16 años obligatorio en las ciudades. Insisto, esta medida traerá como consecuencia que muchas personas en las ciudades usen en el casco simplemente como medida preventiva. No vean ningún fantasma por ningún lado, no había ninguna intención más
que prevenir accidentes. Esa es la filosofía del Gobierno del Partido Popular y la de este grupo parlamentario, mejorar la seguridad vial, conseguir esa tolerancia cero. Cero accidentes, cero muertos, ese es el objetivo que persigue el Gobierno,
para eso hemos trabajado y vamos a seguir trabajando durante todo el tiempo que nos toque.
Quiero reseñar simplemente los grandes acuerdos. La creación de la conferencia sectorial de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible. Algo muy importante y que nadie ha resaltado, que es la modificación
del artículo 11, donde se hace una referencia abierta a los criterios de edad o talla referentes al uso de los sistemas de seguridad, son muy importantes los sistemas de retención infantil. En seguridad vial hay que seguir insistiendo y
trabajando, como siempre, en esos aspectos relevantes, que son la formación, la prevención, la sensibilización y la educación. La educación por encima de todo, esa es la filosofía que subyace en todo este proyecto.
Medidas claves son también todas aquellas relativas a la pacificación del tráfico urbano. ¿Qué implican estas medidas de pacificación del tráfico urbano? Hay una apuesta clara por la incorporación de las bicicletas en las ciudades, pero
ese es un debate que acaba de empezar en este país, y ahí -estoy de acuerdo con ustedes- tendremos que seguir trabajando mucho más en coordinación también con los ayuntamientos. Es cierto que los ayuntamientos tienen mucho que decir en cómo
queremos que sean las ciudades del siglo XXI, cómo queremos que sean nuestras ciudades, pero en este proyecto de ley ya hay un sustrato para hablar de eso que hemos dado en llamar la pacificación del tráfico, eso que queremos que sean nuestras
ciudades, unas ciudades amables, unas ciudades sostenibles, unas ciudades donde todos podamos convivir y donde, por suerte, el vehículo a motor cada vez tiene menos protagonismo. En esa línea es en la que estamos trabajando en el Partido Popular
porque es en lo que creemos. (Aplausos).
Otro aspecto también muy relevante es la erradicación de la presencia del alcohol y las drogas en los usuarios de las vías. Creo que no se ha acabado de entender del todo, por lo que acabo de escuchar, pero en ese tema estamos todos de
acuerdo. Lo que queremos es llegar a ese objetivo de tolerancia cero, esa es la filosofía que subyace, tolerancia cero ante el uso del alcohol y las drogas, cero alcohol en el organismo y cero drogas en el organismo, que además era algo que, hasta
la fecha, no se recogía de una manera tan explícita como aparece en esta nueva ley.
Me queda ya muy poco tiempo, pero el tema del intercambio transfronterizo de información era algo clave. Desde el primer momento en que la directora general de Tráfico compareció en esta sede parlamentaria dijo que era un dato clave, por la
impunidad con la que todavía circulan muchos de los vehículos con matrícula extranjera que cada año recorren nuestras carreteras. Otro tema es que no hemos cerrado la ampliación del número de autoescuelas que puedan participar en el sistema de
recuperación de puntos, será un tema sobre el que tendremos que dialogar, pero el Gobierno del Partido Popular, ayudado por este grupo parlamentario, no renuncia a hacerlo con la máxima calidad. No se ha hecho mal hasta ahora, pero queremos
mejorarlo.
Quiero acabar, no obstante, dando las gracias a todos mis compañeros de todo el arco parlamentario. A pesar de todo, a pesar de las prisas, el clima siempre ha sido de colaboración, de apoyo, de ayuda, y sigo reclamando ese clima porque eso
es muy importante. Comparto con todos ustedes que la seguridad vial es un problema de todos los españoles, de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, y que es un problema donde todos ganamos o todos perdemos; aquí no hay partidos, aquí lo que
hay es una serie de personas que tenemos que mejorar la calidad de vida de todos. Por eso, quiero agradecer también al Gobierno su apoyo, su trabajo constante y decidido y su apuesta firme por mejorar ese objetivo. Creo que en este país somos un
modelo, somos un referente en seguridad vial, y lo hemos conseguido entre todos. Me gusta poner en valor que esto no es un trabajo de un grupo o de un partido u otro, sino que es un trabajo de todos y que en esa línea tenemos que seguir. Quiero
agradecerles su colaboración y seguiremos trabajando por mejorar la seguridad vial y por conseguir esos objetivos que nos hemos planteado en clave cero muertos y cero accidentes, con ayuda, por supuesto, de todas las asociaciones de víctimas,
porque, insisto, en el campo de la seguridad vial estamos implicadas muchas personas, estamos trabajando y colaborando muchas personas.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bravo.
- PROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. (Número de expediente 121/000057).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a ver las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora
Jordà. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidente.
Señorías, Esquerra Republicana apuesta por unas cámaras de adscripción universal de todas las empresas y que respondan equilibradamente a las demandas de la economía y de los poderes públicos; unas cámaras que les permita el ejercicio de la
representación de los intereses generales y respondan a la vez a la voluntad efectiva del tejido empresarial de sus demarcaciones. Señorías, este es nuestro modelo y, lamentablemente, creemos que el proyecto de ley que hoy debatimos no lo refleja
suficientemente. Este proyecto de ley requiere mejoras de calado para poder contar con el apoyo de Esquerra Republicana, las mejoras que proponíamos en las enmiendas que nos han rechazado -algunas de ellas, señor Pujalte- tanto en el Congreso como
en el Senado. En primer lugar, establecer una perfecta delimitación entre las funciones públicas y las funciones de carácter privado. En segundo lugar, la necesaria financiación de las cámaras para que puedan desempeñar las funciones públicas que
tienen encomendadas en aras de la defensa del interés general y no de las empresas más poderosas. Y, finalmente, vinculado con esto, unas cámaras con una configuración más equilibrada en sus órganos de gobierno y, por tanto, en la capacidad de
decisión. Si las cámaras vuelven a tener reconocida su capacidad de representar a la generalidad de las empresas y, por tanto, a la economía en general, sus funciones deben consistir única y exclusivamente en prestar un servicio dirigido a la
generalidad de las empresas, pero nunca servicios particulares a empresas determinadas o grupos o tipologías de empresas.
La participación de las cámaras en el tráfico mercantil mediante recursos públicos y la tutela del Gobierno puede implicar una clara competencia desleal y abuso de posición dominante respecto de otras empresas que realizan los mismos
servicios de consultoría o asesoría. Las cámaras deben representar a todas las empresas y, por tanto, no pueden desarrollar acciones dirigidas especialmente a un grupo o a una tipología concreta de empresas. La representación de intereses de grupo
o específicos es competencia de las asociaciones empresariales, como lo son las asociaciones que representan y defienden los intereses concretos de la pequeña y mediana empresa. Las cámaras no pueden atribuirse esta representatividad ni ofrecer
directamente servicios a este público objetivo determinado. Son las cámaras una corporación de derecho público que deben representar a todas las empresas por igual y, en consecuencia, no deben prestar servicios directamente a las empresas. Hacerlo
implicaría un desequilibrio entre el universo de empresas que representan y quienes reciben el servicio concreto, de modo que se rompería el espíritu de lo que debería ser una auténtica y verdadera cámara de comercio. Las cámaras deben limitarse a
desarrollar actuaciones de promoción de la economía en general y otras, evidentemente, de carácter público. Esto conlleva el diseño del plan de competitividad de la empresa española y de un desarrollo eficiente del mismo a través de la necesaria
colaboración con los agentes y entidades públicas y privadas especializadas en cada ámbito de actuación. Por todos estos motivos, señorías, es imprescindible que la ley clarifique muy bien lo que son funciones públicas y lo que son funciones
privadas, y no permita que las cámaras lleven a cabo funciones privadas sin el oportuno acuerdo con las organizaciones patronales más representativas, de forma que se garantice una unidad de acción o una complementariedad entre ambas figuras. Y
todo esto para racionalizar los recursos públicos y garantizar evidentemente la eficiencia de los servicios que se prestan a las empresas.
Nos preocupan mucho las funciones de carácter privado que el proyecto de ley atribuye a las cámaras. Si estas corporaciones participan en el tráfico mercantil gracias a los recursos públicos y con la tutela de la Administración, se puede
generar una situación de competencia desleal y de abuso de posición dominante en relación con otras entidades que también ofrecen servicios para las empresas. La ley debe articular la relación que existe entre las cámaras y las organizaciones
empresariales en lugar de confundirlas.
El presente proyecto de ley restablece la pertinencia universal y, por lo tanto, la capacidad de representación de los intereses generales, pero no soluciona en ningún caso la financiación. Deben garantizarse las aportaciones de las
administraciones para el sostenimiento de las funciones públicas que atribuye el proyecto de ley a las cámaras. Ciertamente, y es innegable, la situación económica que vivimos hace necesario ser muy cuidadoso con el gasto público. Sin embargo,
ello es mucho mejor que el sistema que ustedes han ideado para financiar las cámaras, nada más y nada menos que crear una doble de vía de acceso a los órganos de gobierno, el acceso por la vía de la elección directa entre todas las empresas y la de
los que acceden mediante aportaciones económicas voluntarias. ¿Dónde está la defensa del interés general? El sistema de representación que prevé el proyecto de ley en función de las aportaciones económicas, a nuestro entender, es intolerable. No
se puede tolerar que en una corporación de derecho público se puedan comprar sillas -textualmente- de representación mediante aportaciones económicas.
Y, sí, señorías, la composición del máximo órgano de decisión de la cámara de España evidencia el peso que tendrán las grandes empresas consecuencia de la aportación económica que previamente habrán desembolsado.
Antes de concluir, debemos reconocer -y lo queremos hacer- la ardua labor llevada a cabo para que nos sumemos al acuerdo. De hecho, nuestro grupo, haciendo memoria, retiró la enmienda a la totalidad con el fin de acercar posiciones y de
enriquecer el texto. Ciertamente, tanto en el Congreso como en el Senado se han incorporado mejoras que hacen que el proyecto sea sustancialmente distinto al presentado por el Gobierno. Sin embargo, no pudimos votar a favor del proyecto de ley en
su conjunto -quiero recordar que nos abstuvimos-, y ello se debe a una simple razón: las prioridades opuestas, finalmente, entre ustedes y nosotros. Lamentamos, pues, que no se haya aprovechado el trámite en el Senado para solucionar tres aspectos
claves de los que adolece el proyecto de ley, y los repito muy telegráficamente: el primero, garantizar una perfecta delimitación entre las funciones públicas y las funciones de carácter privado; el segundo, solucionar los problemas de
financiación y, el tercero y último, garantizar una representación equilibrada de los órganos de gobierno. Por esta razón nos abstuvimos y ahora, en las enmiendas que vienen del Senado, también nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición en relación con las enmiendas que al proyecto de ley de cámaras se han aprobado en el Senado. Como saben sus señorías y sabe perfectamente el Grupo Popular, nuestro grupo
parlamentario tuvo ciertas reticencias cuando se presentó este proyecto en el Congreso, de hecho, después de varios debates y aceptación de algunas de nuestras posiciones, lo que hicimos fue, en primera instancia, abstenernos, y dimos un margen de
confianza para que se continuara trabajando sobre todo en algunas cuestiones que para nosotros eran claves, como, por ejemplo, que las aportaciones de las empresas a las cámaras de comercio se pudieran descontar fiscalmente para que estas empresas,
de hecho, tuvieran un incentivo al hacer estas aportaciones. En el Senado no se ha corregido esto del todo, pero, de alguna manera, hay un compromiso en el preámbulo del proyecto, en el que se dice que el Ministerio de Hacienda, en el marco de la
reforma tributaria y, en particular, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, analizará los requisitos que deben cumplir las cámaras para que en las aportaciones que realicen las mismas les resulte aplicable el nuevo régimen fiscal.
Nos hubiera gustado más claridad, nos hubiera gustado un articulado; no obstante, entendemos que es un compromiso político del Grupo Popular y del Gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, nos parece suficiente en ese sentido.
Hemos presentado otra serie de enmiendas, algunas de ellas competenciales, que han sido aprobadas, razón por la que cambiamos de posición y pasamos de la abstención del Congreso al apoyo del proyecto en el Senado, sin ser un proyecto que nos
satisface del todo, sin ser un proyecto que nos entusiasma, de hecho, creo que es un proyecto con respecto al cual, al menos algunas cámaras con las que yo he hablado, tienen ciertas reticencias. Mejora sustancialmente en relación con lo que había,
no es suficiente, pero, siendo pragmáticos y dado que dimos allí el apoyo, hoy votaremos básicamente a favor de todas las enmiendas que vienen del Senado porque muchas de ellas son del Grupo Vasco, aunque hay algunas puntuales en las que nos
abstendremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo votó en contra de este proyecto de ley y vemos que las enmiendas del Senado no lo han mejorado sino que lo han empeorado en dos cuestiones que para nosotros tienen una gran importancia, que son la voluntariedad de pertenencia a
las cámaras de comercio -se mantiene la obligatoriedad- y la obligación de que exista una cámara de comercio por provincia, por lo menos. Enseguida voy a hacer una breve reflexión sobre esto, pero creo que también conviene decir que, una vez más,
se comprueba que el Senado es una Cámara parlamentaria cuya utilidad es nula, es decir, al final acaba haciendo un trabajo de empeoramiento de muchos proyectos que se discuten en este Congreso y acaba siendo lo que
es en la actualidad, una Cámara de última lectura para determinados ajustes de tuercas de proyectos de ley que ya se han discutido aquí, agravando normalmente, como digo, los aspectos que nos parecen más discutibles. ¿Por qué? Tiene su
lógica, la misma que la de introducir la obligatoriedad de que haya al menos una cámara de comercio por provincia.
Cuando se crearon las cámaras de comercio, desde luego, el mundo de la economía y el mundo en general era muy distinto al actual, y no deja de ser curiosa esa perseverancia en mantener un modelo institucional que no tiene nada que ver con lo
que es la economía en la actualidad. La provincia no es una realidad económica, no lo es; es decir, hablar de la internacionalización, etcétera, de la economía provincial a día de hoy es un sarcasmo. Lo que se está haciendo aquí es preservar una
determinada institución donde hay unos intereses, sin duda algunos legítimos pero otros no tanto, porque si no, no se entiende que se mantenga la obligatoriedad de la pertenencia aunque se hayan quitado las cuotas obligatorias. Al final se trata de
eso, de mantener un tejido institucional que, en nuestra opinión, es anacrónico, que no tiene nada que ver con muchas de las necesidades económicas que se invocan, pero sí tiene que ver con el interés político de controlar en la medida de lo posible
también el mundo empresarial, el mundo de las iniciativas empresariales y la actividad económica, pero no para relanzarla o potenciarla, sino para que al final no se le escape nada al poder político y al stablishment de cada provincia. Ese sí que
existe, no existe la provincia como mundo económico, pero sí existe como institución con un stablishment al frente empeñado en políticas localistas, en un control férreo de todo lo que se mueva y en que no se mueva una hoja de papel sin su
consentimiento. Por lo tanto, no contarán con nuestro apoyo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Este es el tercer proyecto de ley del que vemos las enmiendas del Senado esta mañana en la Cámara. La verdad es que en los tres las enmiendas del Senado siguen una línea que no justifica realmente la existencia del Senado. No voy a
aprovechar este punto para lanzar toda una diatriba a favor de la reforma del sistema constitucional de 1978, pero cada vez que tratamos aquí las enmiendas del Senado a un proyecto de ley vemos que tienen poca enjundia, que la mayoría de las veces
son para corregir errores gramaticales o para desviar cuestiones que se tendrían que haber debatido previamente en esta Cámara y, sin embargo, no se debaten. Al final, la reflexión que tenemos que hacer desde mi grupo es que realmente es necesaria
una revisión de la característica de segunda Cámara de lectura que tiene el Senado en nuestro ordenamiento legislativo.
En lo que a la ley de cámaras se refiere, las enmiendas que se introducen desde el Senado -ya se ha dicho por parte de portavoces anteriores- no son sustanciales. La cuestión del nuevo régimen fiscal que se incorpora en el preámbulo de la
propia ley, un régimen fiscal que ha anunciado el Gobierno para después de las próximas elecciones europeas, lo único que hace es acortar mucho la vigencia en el tiempo de un preámbulo de la ley que tendrá presumiblemente la misma vigencia que un
régimen fiscal, del cual ya ha conocido muchas reformas nuestro ordenamiento jurídico.
Con respecto a la idea de una cámara por provincia, algo a lo que también ha aludido el señor Martínez Gorriarán, que me ha precedido en el uso de la palabra, tampoco nos parece una cuestión a compartir desde nuestro grupo parlamentario. Es
cierto que la realidad provincial ha triunfado en la España castellana, en la antigua Corona de Castilla, pero hay otra realidad en España, aquella España foral que se decía en algunos mapas y divisiones del Estado que no comparte esa realidad
provincial, y a la que esta obligatoriedad de una cámara por provincia le viene como un corsé impuesto, que no es en absoluto necesario. Hay cosas curiosas también, como al final incluir el régimen protocolario que tendrá el presidente de la nueva
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de España, que se establecerá por la vía reglamentaria. Es una cosa curiosa que incorpora aquí el Senado, como curioso es casi todo el proyecto de ley.
La voluntad de nuestro grupo parlamentario respecto a este proyecto de ley, tanto en el trámite aquí en el Congreso como en el trámite en el Senado, y así lo trasladamos en las enmiendas, fue reforzar el carácter público que entendemos que
tienen las cámaras y, en ese sentido, introdujimos enmiendas para que el régimen de contratación específicamente se rigiera por la normativa pública de contratos del sector público. Lamentablemente, no han sido aceptadas en su tramitación, ni en el
Congreso ni en el Senado. También intentamos que hubiese una mejora en la representatividad y en la pluralidad en los órganos de
dirección de las cámaras, incluso introduciendo la propuesta de que la Federación Española de Municipios y Provincias pudiese nombrar un representante. Lamentablemente, ni en el trámite en el Congreso ni en el trámite en el Senado esto ha
sido posible. También intentamos reforzar algunas cuestiones relativas a la incompatibilidad. Por parte de Esquerra Republicana también se ha hecho alguna alegación al respecto y por nuestra parte intentamos que se tuviesen en cuenta esas
cuestiones de incompatibilidad. Lamentablemente, tampoco ha sido introducido en el proyecto que hoy culmina aquí ni en el Congreso ni en el Senado. No es una ley con la que mi grupo parlamentario haya mostrado una oposición radical, pero no cuenta
con todo nuestro ánimo y complacencia. Con lo cual, nuestro voto no va a ser de total apoyo para este proyecto de ley, para las enmiendas que vienen hoy del Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, cuando acabó la tramitación del proyecto de ley de cámaras de comercio en la Comisión de Economía y Competitividad, nuestro grupo manifestó que se sentía moderadamente satisfecho de la negociación establecida
entre el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular, porque habíamos sido capaces en aquel momento de llegar a acuerdos significativos y relevantes que motivaron en su momento que nosotros diéramos un voto favorable
al dictamen aprobado en la Comisión de Economía y Competitividad. Esperábamos, lógicamente, que en el Senado pudiéramos materializar algunos aspectos que quedaban pendientes, y desgraciadamente no ha sido posible llegar a un acuerdo. Pero si hemos
de hacer una valoración global del proyecto, me atrevería a manifestar, y lo digo con la máxima rotundidad y solvencia, que continuamos sintiéndonos moderadamente satisfechos del acuerdo alcanzado, materializado por nuestro grupo parlamentario y el
Grupo Parlamentario Popular, por varios motivos y aspectos relevantes e importantes desde nuestro punto de vista. En primer lugar, porque si no hubiéramos conseguido tramitar esta ley con las modificaciones incorporadas -repito, finalmente ha
quedado un texto muy mejorado respecto al proyecto de ley que inicialmente entró en la Cámara-, las cámaras de comercio hubieran desaparecido. Este es un primer motivo y un aspecto relevante para mostrar nuestra satisfacción. Sin este proyecto de
ley y sin las modificaciones incorporadas, las cámaras hoy habrían desaparecido. Por tanto, primer tema relevante por el que nosotros dimos nuestro voto favorable.
En segundo lugar, entendíamos que la renovación de las cámaras tenía que pasar, única y exclusivamente, por que las cámaras pudieran ser un instrumento eficaz para que nuestras empresas se pudieran internacionalizar. Entendemos que con el
paso que hemos modulado, a través de las diferentes enmiendas aprobadas, todas aquellas cámaras de comercio que sean ágiles, innovadoras y que presten servicios a la economía productiva van a poder recabar unos ingresos para que nuestro tejido
empresarial e industrial se pueda internacionalizar. Por lo tanto, entendemos que -y este es otro aspecto básico importante de la dirección de nuestro voto-, a partir de ahora, las cámaras van a tener que renovarse, van a tener que innovar y van a
tener que poner toda su inteligencia en manos de la economía productiva para ser instrumentos útiles para la internacionalización. Aquellas cámaras que vayan en esta dirección van a poder conseguir los ingresos que provengan de los servicios que
van a dar a la economía productiva para que, finalmente, se puedan conseguir los objetivos. Por lo tanto, este también es un aspecto interesante porque entendemos que, a partir de ahora, todas aquellas cámaras que pongan a su disposición su
inteligencia, su innovación y su reestructuración de futuro van a ser mecanismos útiles para el crecimiento de la economía española y van a ser instrumentos útiles, también, para la generación de empresas que se quieran internacionalizar; van a
tener una base operativa importante.
Hay un tercer aspecto, señorías, que también queríamos mencionar. Saben ustedes perfectamente que el proyecto inicial era un proyecto, a nuestro entender, muy recentralizador de todas las competencias de internacionalización y de
competitividad que, con el proyecto inicial, quedaban en manos del Estado. Nosotros entendemos que, a través de este pacto de colaboración y a través de la complicidad que en su momento existió en el debate en Comisión entre el Grupo Popular y
Convergència i Unió, hemos sido capaces de dar un giro radical a esta recentralización, para que todas aquellas competencias que hacen referencia a la competitividad y a la internacionalización queden en manos de las comunidades autónomas, que es
donde han de estar. Por lo tanto, este tercer vector también nos inclinó a dar un voto positivo en el Congreso de los Diputados, que después ha cristalizado en otros grupos en el Senado, por lo que también
nos alegramos de que haya sido posible que, a través de nuestras aportaciones iniciales en el Senado, el Grupo Popular también haya sido capaz de lograr acuerdos significativos con otros grupos parlamentarios, como puede ser el Partido
Nacionalista Vasco y como espero que también sea con el Grupo Socialista, para poder dar una visión importante de lo que han de ser las cámaras en el futuro y que se hayan podido incorporar aspectos relevantes de los diferentes grupos
parlamentarios.
Hay otro aspecto con el que nos hubiera interesado poner un broche definitivo para poder hoy tirar cohetes y conseguir acuerdos. Había dos o tres enmiendas que habían quedado pendientes en el trámite del Congreso para poder racionalizarlas
y aprobarlas en el Senado, y no ha sido posible. Pero esto no quita mérito a los pasos significativos que he dicho anteriormente, como son el que hoy las cámaras de comercio no van a desaparecer, como es que, a partir de ahora, las cámaras de
comercio innovadoras, las que pongan herramientas útiles a la economía productiva, podrán ser una plataforma importante para la internacionalización de nuestra economía y, al mismo tiempo, evitar esta recentralización que se había originado en el
proyecto inicial, y que le hemos dado un giro radical de 180 grados para que las competencias de internacionalización y competitividad se queden en las comunidades autónomas. Esto no deja de ser un paso significativo, del cual nuestro grupo,
lógicamente, se enorgullece de haber colaborado en este pacto inicial en la Comisión del Congreso de los Diputados.
Hay otro aspecto relevante que tampoco queremos dejar de significar, y es que esperamos que la futura ley de mecenazgo del Gobierno del Partido Popular pueda cumplir con lo que se expone en la exposición de motivos, en el sentido de que va a
ser fundamental para que las cámaras de comercio tengan una financiación adecuada del tejido productivo y dichas aportaciones de las empresas a las cámaras de comercio puedan gozar de todos aquellos beneficios fiscales para poderse desgravar en su
cuenta de resultados o en sus cuentas de explotación. Por tanto, este es un aspecto que no está en la ley, que no le obliga directamente al Gobierno, pero sí está en la exposición de motivos, así como en el ánimo de todas las fuerzas políticas que
hemos dado soporte a esta ley. Va a ser fundamental e indispensable que en un futuro inmediato y a corto plazo en la futura ley de mecenazgo -esperamos que el Gobierno la traiga inmediatamente a las Cámaras legislativas- se pueda disponer de
aquellos aspectos relevantes que puedan dar una financiación suficiente a las cámaras de comercio para que puedan ser competitivas, para que puedan ser útiles y para que pueda ser esta plataforma efectiva de internacionalización de nuestro tejido
productivo. Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente la mayoría de enmiendas que nos vienen del Senado, excepto en dos o tres cuestiones en las que nos abstendremos.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, iba a comenzar por el discurso pero no lo voy a hacer. Voy a empezar por contestar a dos inquietudes que he escuchado a algunos portavoces. La primera de ellas es que algunas veces se presume de defender la Constitución, pero
luego se olvidan de algunos artículos de la Constitución como el artículo 141, que consolida la provincia como un espacio territorial dentro de nuestro Estado. Para el Grupo Parlamentario Socialista era fundamental garantizar que sobre todo en las
provincias pequeñas como Soria, Teruel, Zamora, de toda Castilla y León, las cámaras de comercio estén muy próximas al tejido empresarial porque, señorías, el 95 % del tejido empresarial de este país son pymes. Por tanto, atender a las pymes, sobre
todo a las pequeñas, que están en cada provincia ha sido un objetivo principal del Grupo Parlamentario Socialista, que nos alegra que haya sido compartido por el Grupo Parlamentario Popular y por otros grupos en la transacción que se ha firmado.
Esta es la primera aclaración que me parece importante realizar.
Segunda aclaración. No es correcto decir que sin esta ley las cámaras hubieran desaparecido. No, porque ha habido -luego me referiré a ello- diversas reformas aunque es verdad que había que completarlo y este es el objeto de esta ley.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que ha habido un avance suficiente, al menos, para que apoyemos el conjunto de la ley. Es verdad que las cámaras de comercio desde su creación el 9 de abril de 1886 han pasado por diversas fases.
Una de ellas concretamente ha sido la aprobación de la Ley 3/1993, que es la ley vigente, otra ha sido las reformas introducidas mediante el Real Decreto-ley 13/2010 y, sobre todo, también con la Ley 2/2011 -que no se cita en el preámbulo, pero yo
sí voy a hacerlo-, de 4 de marzo, de Economía Sostenible -que recordaré
que he sido ponente de la misma-, que en la disposición final cuadragésima séptima figuraban aspectos sustanciales a los que ahora me voy a referir.
Concretamente se modificaba el artículo 17 referido al deber de información: las administraciones facilitarán al Consejo Superior de Cámaras los datos de transferencia tributaria. Además, facilitaban al consejo superior y a las cámaras
datos del impuesto y también posibilidades para comenzar a crecer y firmar algunos acuerdos. He de subrayar que para nosotros -ya lo he dicho al comenzar mi intervención- el artículo 6 sobre el ámbito territorial era fundamental por esa capilaridad
que hay que garantizar y que como mínimo exista una cámara de comercio por provincia. Sobre todo para provincias como la mía, por la que soy diputado, con baja densidad de poblaciones es fundamental. Nos lo pidieron todas las empresas, todas las
pequeñas pymes, tenemos que tener un órgano que nos ayude a internacionalizar nuestros productos fuera de España. Si las cámaras están en núcleos muy grandes, evidentemente esa capilaridad no se produce, no existe y, por tanto, es un acierto
incorporarlas al proyecto de ley. También es un acierto garantizar en el preámbulo, como dijo mi compañero Jesús Caldera, la sostenibilidad económica en el actual contexto económico. De ahí que en esta ley se establezca un sistema de ingresos
basado fundamentalmente en los servicios que prestan las cámaras y en aportaciones voluntarias de empresas o entidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 31. También se ha introducido en el preámbulo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en el marco general de la reforma tributaria, y en el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, analizará los requisitos que deben cumplir las cámaras para que en las aportaciones que se realicen a las mismas
les resulte aplicable el nuevo régimen fiscal, aspecto importante dentro de esa competitividad que hay que garantizar.
Otra enmienda socialista incorporada que se ha transaccionado en la tramitación parlamentaria -agradecemos al Grupo Popular el talante que ha tenido ya en el Congreso en el trámite de este proyecto de ley- ha sido la posibilidad de que las
cámaras puedan participar en la gestión de fondos europeos, como también subrayó mi compañero Jesús Caldera en la Comisión, para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la internacionalización de nuestras empresas abriendo la vía de
fondos comunitarios con el apoyo de las cámaras de comercio. Nos parece una aportación interesante. También se incorporó la enmienda que afecta a las personas discapacitadas.
En la sombra principal, que también la ha habido, tenemos que decir que votaremos en contra de la enmienda sobre la disposición adicional primera referida al personal al que se va a aplicar la reforma laboral, donde -no es motivo de debate
en este proyecto de ley- nos separa una distancia abismal con el Grupo Popular porque entendemos que ha habido una devaluación salarial brutal, a las bravas, y no estamos de acuerdo. Nos abstendremos en la modificación del artículo 31, apartado
primero, puesto que quizás con un poco más de negociación podríamos habernos sumado a la transacción. Nuestro voto será favorable al resto de las enmiendas que vienen del Senado.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el proyecto de ley queda mejorado con la participación de los grupos. Tenemos que subrayar que ha habido diálogo, y eso como parlamentario, no ya como parlamentario del Grupo
Socialista, sino como diputado del Congreso de los Diputados, es algo muy importante, porque si hay participación y diálogo para mejorar los proyectos de ley podemos recoger las inquietudes de los ciudadanos -como ha sido el caso: las personas
discapacitadas, las provincias, las cámaras de comercio-, que están siguiendo con mucho interés a través de Internet este debate, y esa labor parlamentaria de ser próximos a la gente, a las personas, hace que el Parlamento cobre más vida y tenga una
consideración necesaria, después del descrédito que muchas veces se produce en la gestión de determinados asuntos, que sea útil y que, cuando los receptores de los proyectos de ley ven que sus inquietudes se constatan y se recogen en el proyecto de
ley, hace que el Parlamento mejore en la concepción ciudadana. En este caso, creo que se ha dado un ejemplo en este sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, permítanme que salude en primer lugar al presidente del Consejo Superior de Cámaras, don Manuel Teruel, a su secretaria general y a su director general, que hoy nos acompañan.
Llegamos al trámite final de un proyecto de ley, de una iniciativa del Gobierno que fue presentada en esta casa el 5 de septiembre de 2013, que tiene por tanto ya un amplio recorrido parlamentario, que tuvo un amplísimo periodo de
presentación de enmiendas, justamente en el ánimo de recibir las mayores y
mejores aportaciones de todos los grupos, y que incluso llegó a tener un señalamiento de una Comisión el día 18 de diciembre de 2013, pero comoquiera que todavía no habíamos alcanzado aquellos consensos que creíamos buenos para las cámaras,
a instancias de nuestro muy buen presidente de Comisión, don Santiago Lanzuela, decidimos parar el reloj y darnos un poco más de tiempo, hasta enero del año 2014, en el que, tras reuniones con el Gobierno y con los grupos parlamentarios, fuimos
capaces de aunar posiciones.
Llegó el trámite en el Congreso de los Diputados. Ahí, de ciento veinticinco enmiendas al articulado, aceptamos íntegramente trece y transaccionamos cuarenta y cinco, es decir, casi el 50 % de las iniciativas fueron acogidas. Yo quisiera
resaltar de este proyecto que permanece la naturaleza de corporaciones de derecho público de las cámaras de comercio, que van a seguir ejerciendo funciones público-administrativas pero ampliadas nuevamente con contenidos. Se recupera el principio
general de pertenencia de todas las empresas a las cámaras de comercio sin que de ello derive obligación económica alguna, porque solo siendo universales podrán defender mejor los intereses generales. Reforzamos con este texto el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, el apoyo a su internacionalización y, sobre todo, el incremento de su competitividad. Resalto también el papel que las cámaras van a jugar, mucho mayor todavía, en la organización de la formación práctica en los
centros de trabajo, incluidas las enseñanzas de formación profesional y formación dual.
Señorías, la ley prevé también que las cámaras de comercio van a poder participar en la gestión de los fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas. En este sentido, me permito recordar que este
lunes el propio ministro de Hacienda en Sevilla manifestó que para el periodo 2014-2020 las cámaras de comercio van a ser importantes como canalizadoras de los fondos de la Unión Europea para estos fines y que se consagrará su papel de organismo
intermedio, lo que les abrirá vías de aportación, vías de financiación, pero sobre todo porque han demostrado ser gestoras muy eficaces de ese tipo de actuaciones.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley -la ley que hoy aprobaremos- contempla muy claramente el reparto competencial. Respeta las competencias básicas del Estado en esa materia, pero por supuesto las autonómicas, puesto que las
administraciones autonómicas son las tutelantes de la inmensa mayoría de las cámaras de comercio de España. Y no puedo dejar de mencionar la creación por esta ley de la cámara oficial de comercio, industria, servicios y navegación de España, que
asume las competencias del actual consejo general y que va a ser el órgano de representación de todas las cámaras territoriales y de ejecución de dos importantísimos planes: el plan cameral de competitividad y el plan cameral de
internacionalización.
Señorías, el trámite del Senado ha sido muy bueno; ha reportado grandes beneficios a esta ley y por ello digo aquí que el Senado ha demostrado ser eficaz, porque allí también ha habido un gran proceso de diálogo que permite que hoy
traigamos aquí unas enmiendas que fueron respaldadas por 209 senadores, con solo 2 votos en contra y 12 abstenciones. Introdujimos una referencia en el preámbulo de que el Ministerio de Hacienda se compromete a analizar los requisitos que deben
cumplir las cámaras para que a las aportaciones que a ellas se realicen les resulte aplicable el régimen fiscal que vendrá de las entidades sin fines lucrativos, es decir, del mecenazgo. Hemos decidido, siendo sensibles a propuestas de otros grupos
parlamentarios, mantener la referencia a la obligatoriedad de una cámara de comercio por provincia, porque uno de los grandes activos de las cámaras de comercio es la capilaridad de su red y respetando además las opiniones de todos. La provincia es
un órgano constitucional que tiene una entidad que no solo hace que seamos diputados electos en circunscripciones provinciales, sino que representa y defiende unos intereses comunes que todos debemos compartir. Veo en todos los rosetones de estas
columnas los escudos de cada una de las provincias de España. Yo digo que ser ourensano y ser gallego es mi manera y mi modo de ser español, y así lo piensan muchísimos en este país. (Aplausos). Finalmente, señorías, también se establece un nuevo
mecanismo de distribución de las aportaciones voluntarias que efectúen las empresas a la Cámara de Comercio de España para que así las empresas que tengan domicilio social en su demarcación reciban también unos mayores aportes.
Señorías, quiero aprovechar el trámite en esta tribuna para hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y a su secretario de Estado, Jaime García-Legaz, porque tienen una
vocación innegablemente política pero de consenso, de no creer que cuando traen aquí una ley es la única posible y la mejor, sino que son receptivos a escuchar a la sociedad civil y a escuchar a los parlamentarios, lo cual les agradezco; y por
supuesto a los portavoces de los grupos parlamentarios. Ahí está el señor Caldera, que desarrolló un papel muy importante en las
negociaciones en el Congreso de los Diputados -muchas gracias-, lo mismo que a su colega, el señor Lavilla, del mismo grupo parlamentario, o el gran trabajo del señor Sánchez i Llibre, con el que hemos mantenido un gran diálogo para intentar
delimitar bien las competencias que corresponden a cada administración, lo cual ha sido positivo. Todos compartimos el objetivo y se lo agradezco. Lo hago extensivo a don Pedro Azpiazu; a doña Teresa Jordà, con la que hemos llegado a algunos
acuerdos en el Congreso; a la señora Oramas; a mis colegas coponentes, don Rogelio Araújo y don Javier Puente; por supuesto, además de al presidente de la Comisión de Economía, que no ha adoptado simplemente un papel presidencial sino que se ha
implicado a fondo, a don Vicente Martínez-Pujalte, portavoz de Economía y persona muy vinculada a las cámaras de comercio, que ha sido la auténtica alma de la posición política de nuestro grupo parlamentario y, cómo no, a nuestra eficaz letrada doña
Mónica Moreno, que siempre nos asesora.
Termino con unos mensajes. Primero, un mensaje a las empresas que integran las cámaras de comercio. Quiero decirles que fueron fundadas en su momento gracias a que en el siglo XIX muchos empresarios de entonces se comprometieron para
defender los intereses generales de sus demarcaciones. Les pido hoy a las empresas españolas, grandes, pequeñas y medianas, que se comprometan con las cámaras, que participen en su vida organizativa y que realicen aportaciones voluntarias. Las
cámaras de comercio solo existirán si existe compromiso de los empresarios. El otro mensaje va dirigido a los secretarios, a los directores y a los empleados de las cámaras de comercio. Las cámaras son corporaciones que prestan servicios
eficientes y más eficientes tendrán que ser los que presten. Hoy, muchos de ellos, viven con preocupación su presente y su futuro. Conocemos su categoría y su profesionalidad, y estoy convencido de que serán los auténticos motores de las nuevas
cámaras. Y, por supuesto, un mensaje a las administraciones públicas, a las locales, a las autonómicas y a la Administración General del Estado, deben comprometerse en apoyo a las cámaras de comercio, no solo porque realicen funciones
público-administrativas, sino también porque están capacitadas para gestionar, conveniando con ellas, programas y porque desarrollan acciones que redundarán en beneficio del conjunto de la sociedad.
Concluyo ya, señorías. El próximo 9 de abril se van a cumplir nada menos que 128 años de un real decreto inspirado por un ministro santiagués, don Eugenio Montero Ríos, ministro de Fomento, y bajo la regencia de la reina doña María
Cristina, por el que se creaban las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Se valoraba en aquel momento como grandes activos de las cámaras su neutralidad política, la defensa de los intereses generales y la dedicación exclusiva al
progreso y a la prosperidad de la nación. Hoy estamos no en el siglo XIX, sino en el siglo XXI y podemos disfrutar de unas cámaras de comercio que, con esta ley que hoy vamos a aprobar, se dotan de un instrumento jurídico que yo confío que
contribuya a que 128 años después tengan todavía una existencia mucho más fructífera, que hayan contribuido mucho al progreso del conjunto de la nación y al beneficio de las empresas y del conjunto de los ciudadanos de este país. ¡Larga vida a las
cámaras!
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Delgado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000077).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Para la presentación del proyecto tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo el honor de presentar hoy en esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que cumple con el firme compromiso de este Gobierno de dar respuesta a dos de sus
objetivos prioritarios en materia de política medioambiental, proteger nuestro medio ambiente y racionalizar y simplificar nuestra normativa ambiental. El objeto de esta ley es hacer efectiva la correcta aplicación del régimen de responsabilidad
medioambiental en nuestro
país y corregir las dificultades que ha tenido en la práctica la aplicación de la vigente Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Hay quienes afirman que el Gobierno se precipita en la aprobación y tramitación de este proyecto de ley porque hay prevista una inminente modificación de la directiva europea de responsabilidad medioambiental. Sin embargo, señorías, hoy por
hoy no tenemos constancia oficial ni noticia alguna de que esta modificación vaya a producirse a corto plazo, y en todo caso consideramos que las reformas que se introducen en este proyecto que hoy presento no pueden esperar. Igualmente las
decisiones de un Gobierno no pueden quedar a la espera de una eventual aprobación de una directiva comunitaria. La protección del medio ambiente es uno de los principales objetivos que nos hemos marcado en el Gobierno, y confío en que con el
esfuerzo de todos conseguiremos un marco legal que facilite la aplicación rigurosa y efectiva de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Señorías, tenemos la obligación de implantar un régimen de responsabilidad ambiental que resulte eficaz y de
fácil aplicación para todos los operadores cuyas actividades puedan entrañar riesgos evidentes para el medio ambiente.
La principal dificultad en la aplicación de la vigente ley reside en que a día de hoy la constitución de la garantía financiera prevista no es realmente exigible, y de poco sirve tener normas muy exigentes sobre el papel pero que en la
práctica no se aplican en absoluto, como tampoco resulta eficaz establecer requerimientos desproporcionados al amparo de una pretendida mejora de la protección ambiental; mejora que de hecho no se produce. Desde luego no resulta aceptable que se
exijan las mismas garantías a las grandes instalaciones industriales que a los operadores que desarrollan una actividad de bajo riesgo. La propia Comisión Europea en un informe fechado en octubre de 2010 recomendó explícitamente excluir las
actividades de bajo riesgo de la obligación de constituir una garantía financiera. Carece de sentido, por ejemplo, obligar a ello a los pequeños obradores, a las tintorerías de barrio, a los pequeños estudios fotográficos o de grabación, a los
pequeños talleres de reparación o a las drogerías. Estos autónomos y pequeñas y medianas empresas no deben asumir los costes absolutamente injustificados en los que incurrirían para llevar a cabo los análisis de riesgo necesarios para calcular y
constituir una garantía financiera. En todo caso, independientemente de la obligación o no de constituir garantías financieras, todos los operadores incluidos en el anexo III de la Ley 26/2007 mantienen en la reforma que se plantea en el proyecto
la responsabilidad objetiva e ilimitada de prevenir, evitar, y reparar los daños que puedan producir al medio ambiente. Por ello es de vital importancia que los esfuerzos y los recursos de las autoridades competentes en la aplicación de esta norma
se centren en aquellas actividades que tienen una mayor incidencia medioambiental. Por otro lado, este proyecto persigue no crear un obstáculo artificial al desarrollo de la actividad económica del país, sino fomentar la generación de empleo sin
que por ello se vean comprometidas nuestras obligaciones de protección del medio ambiente y de conservación de los recursos naturales.
Las modificaciones introducidas en el texto simplifican determinados aspectos de la aplicación de la normativa, como reducir las cargas administrativas, y en consecuencia permitir un ahorro presupuestario a las administraciones competentes.
También se verán beneficiadas con esta medida muchas empresas. Hemos estimado que las modificaciones que introduce el proyecto de ley supondrán un ahorro de cerca de 160 millones de euros para aquellas empresas cuya actividad presenta un menor
riesgo ambiental: autónomos y pymes. Además el proyecto de ley mantiene con todo rigor los principios de prevención y de quien contamina paga. Así, las modificaciones introducidas no pretenden minimizar los aspectos relacionados con prevenir,
evitar, y reparar los daños establecidos en la vigente ley. Señorías, por el contrario se mantiene y se refuerza el carácter objetivo e ilimitado de la responsabilidad medioambiental. Todo aquel que produzca un daño al medio ambiente se verá
obligado a repararlo.
Con las modificaciones que contempla este proyecto de ley el Gobierno quiere reforzar también la concienciación ya muy elevada de todos los operadores afectados para que adopten medidas orientadas a reducir el riesgo ambiental propio de su
actividad. A continuación expondré brevemente las propuestas de modificación que contiene el proyecto de ley respecto a la vigente ley; proyecto de ley que cumple escrupulosamente con todas las recomendaciones del dictamen emitido por el Consejo
de Estado. En primer lugar, este proyecto amplía el ámbito de aplicación para cubrir posibles daños a las aguas marinas. La redacción vigente de la ley incluye tan solo en lo que al medio marino se refiere los daños a las aguas de transición y a
las aguas costeras, además de a la ribera del mar y de las rías. Con este proyecto de ley se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, tal y como dispone la Directiva 2013/30, de la
Unión Europea, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que modifica la Directiva 2014/35/CE, de
Responsabilidad Medioambiental. De esta manera por primera vez quedarán cubiertos por ley los daños que estas operaciones pudieran producir en el estado ecológico de las aguas marinas. Con esta modificación nos adelantamos a la
trasposición al derecho español de esta norma comunitaria, y estaremos entre los primeros países de la Unión Europea en incrementar la protección de nuestras aguas marinas. Asimismo, como ya les he mencionado, el proyecto de ley refuerza los
aspectos preventivos del régimen de responsabilidad medioambiental, a través de los análisis voluntarios de riesgos y de la constitución de la garantía financiera. Se incorpora la posibilidad de que las autoridades competentes impulsen los análisis
voluntarios de riesgos medioambientales entre los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente. Así, se refuerzan e integran las medidas de minimización y gestión del riesgo medioambiental en la actividad diaria de
los operadores, y se fomentará la utilización de los análisis de riesgos como herramienta de gestión del riesgo medioambiental.
En segundo lugar, permítanme que me detenga en las modificaciones introducidas en materia de garantías financieras. Conviene en este punto aclarar dónde estamos y cuál es la situación de España con respecto al resto de los Estados miembros
de la Unión Europea, algo que en ocasiones y de forma interesada se tiende a olvidar. La Directiva 2004/35/CE, de Responsabilidad Medioambiental, establecía en este ámbito un régimen de garantía financiera voluntario para los Estados miembros. Tan
solo ocho Estados, entre los que se encuentra España, han decidido establecer un régimen de constitución de garantías financieras medioambientales de carácter obligatorio. La propia Comisión Europea, como decía anteriormente, recomendaba en su
informe sobre la aplicación de dicha directiva la implantación gradual de las garantías financieras, así como la exclusión de las actividades de bajo riesgo. El anterior Gobierno ya en el año 2011 modificó la Ley 26/2007, de Responsabilidad
Medioambiental, para prever la posibilidad de eximir por vía reglamentaria de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria a determinadas actividades originariamente incluidas dentro del ámbito de la ley. El proyecto que traemos a
esta Cámara lo único que añade en este sentido son los criterios que el reglamento deberá tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta exención. Criterios que son: el escaso potencial de riesgo y el bajo nivel de accidentabilidad de las
actividades. Con esta modificación se impide que los operadores cuyas actividades entrañan un mayor riesgo para el medio ambiente puedan eludir la obligación de constituir la garantía financiera por vía reglamentaria. Dicho en otros términos, el
proyecto de ley discrimina a la hora de exigir la garantía financiera obligatoria, asegurando que se aplique efectivamente a las industrias que presenten mayores riesgos ambientales, lo que hasta ahora, señorías, no se había producido. Además,
fruto del análisis conjunto realizado con todas las administraciones competentes, se presentan determinadas modificaciones en el proyecto de ley que facilitan, simplifican y agilizan el procedimiento de constitución de la garantía financiera. Tras
la modificación de la ley será el operador que debe constituir una garantía financiera quien determine la cuantía de la misma, de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la
misma. Esta circunstancia no impide que la autoridad competente pueda realizar cuantas comprobaciones considere necesarias para verificar que dicha garantía se ha constituido de acuerdo con el procedimiento legal establecido, y en su caso requerir
motivadamente su revisión. En definitiva, señorías, con este proyecto de ley se facilita la constitución de las necesarias garantías financieras que deben atender las obligaciones de reparación de daños medioambientales. El proyecto de ley tiene
también como objetivo mejorar la trasposición de la Directiva 2004/35 en relación con la responsabilidad medioambiental de las obras públicas, tal y como sugería el Consejo de Estado en su dictamen. Para mejorar la trasposición de esta directiva
comunitaria el proyecto de ley establece que estarán incluidas dentro de su ámbito de aplicación las obras públicas de interés general.
Señora presidenta, señorías, quiero terminar mi intervención subrayando que con la aprobación de este proyecto de ley el Gobierno reforzará en nuestro país la aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental, se fortalecerán los
principios de prevención de daños ambientales y de quien contamina paga mediante una norma exigente, pero realista. Centraremos nuestros esfuerzos en exigir las máximas garantías a quienes realizan actividades con mayor riesgo ambiental,
agilizaremos los trámites y simplificaremos los procedimientos de exigencia y responsabilidad medioambiental para facilitar la aplicación efectiva de la ley. En definitiva la modificación de la vigente ley no hace más que confirmar la apuesta
decidida de este Gobierno por disponer de una normativa ambiental que garantice de manera eficaz la máxima protección de nuestro medio ambiente. Por todo ello, en nombre del Gobierno, pido el apoyo de esta Cámara al proyecto de ley de modificación
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad. En primer lugar, por Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Ministro, señor Cañete, va a ser que no. Le voy a explicar muy brevemente por qué, y creo que me va a sobrar muchísimo tiempo. Este no es el primer proyecto que este Gobierno nos presenta, y en el que revela cuáles son sus prioridades.
Desde luego las medioambientales no se ven por ningún lado. Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Eso ya lo hemos visto en otros proyectos que ustedes han presentado, que usted ha presentado, señor Cañete, Ley de Costas, parques
nacionales -el próximo-, etcétera. Nosotros creemos que aquí el Gobierno lo que está haciendo es ahondar en un grave error, porque en competitividad no solo se gana bajando sueldos, precarizando empleo, etcétera, sobre todo cuando se pierden esas
teóricas ventajas que ustedes consiguen con ese tipo de políticas equivocadas por su torpeza, por ejemplo, en manejar el gasto energético, y por no decir su connivencia con el oligopolio eléctrico. De la misma forma le digo a usted que no se gana
competitividad permitiendo a las empresas o a las administraciones acabar con la salud de nuestro medio ambiente. No es ese el camino, esas son políticas cortoplacistas que, como ya hemos visto antes en el caso de la burbuja inmobiliaria, tienen un
resultado contrario al que se pretende, y además un resultado adverso, perverso. Señores del PP, señor ministro, no es lo mismo decir que el que contamina paga a decir que el que paga puede contaminar. ¿El rico puede entonces delinquir? ¿Ponemos
unos precios? Nuestro medio ambiente, señor ministro, ya se lo he dicho a usted en Comisión, ya se lo he dicho a veces aquí en Pleno, es un valor añadido esencial para sectores tan importantes de nuestra economía como el turismo, un valor añadido
que ustedes y los anteriores Gobiernos están desbaratando. Se lo dice alguien de la Comunidad Valenciana, cuya costa, cuyo medio ambiente realmente está completamente destrozado por su Gobierno, no solamente a nivel nacional, sino en la Comunidad
Valenciana.
Además, por mucho que usted repita que está siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, no es cierto, el dictamen del Consejo de Estado llama la atención acerca de la ausencia de participación del Consejo Económico y del Consejo Fiscal.
Ustedes presentan este proyecto a deshora, ustedes parchean la actual ley, y les recuerdo que estamos esperando a que la Unión Europea nos mande un sistema más completo de responsabilidad por daños medioambientales. ¿Qué están haciendo ustedes con
este proyecto que nos presentan hoy? ¿Están blindando algún proyecto, alguna empresa particular? Eliminan ustedes, señor Cañete, la garantía financiera obligatoria, su carácter será voluntario. ¿Esto es una broma? ¿Se imaginan imponer multas de
manera voluntaria en la Ley de Tráfico, que por ejemplo hemos visto hace un rato aquí hoy en el Pleno? Es el operador el que fija la cuantía. ¿Otra broma macabra, señor Cañete? ¿Usted cree que esto es justo, que esto es correcto? ¿Que nos va a
llevar a un buen destino? Nosotros desde luego creemos que no. Creemos que las certificaciones son insuficientes, creemos que los planes de emergencia internos también son insuficientes, y que no consideran cosas tan importantes como los
incendios, como las explosiones. Nosotros creemos que son filtros políticos que ya sabemos adónde nos llevan, y que hay que considerar un poquito más lo que dicen los técnicos, sean de donde sean.
Hemos recordado a menudo en el Pleno, en comisiones, la responsabilidad que este tipo de cosas, es decir, la inexistencia de controles independientes, tiene en nuestra crisis económica actual, el coste económico que eso ha tenido, el coste
que va a tener para varias generaciones. Y aquí, señor Cañete, ocurre algo similar. El propio Consejo de Estado, al que usted se ha referido, advierte del peligro -y cito- de una exención tan generalizada. Lo explico. Calcula que de las 320.000
actividades que se calcula deben constituir garantía solo serán de obligatorio cumplimiento para 5.470 operadores, y que afectaría tan solo a 6.800 instalaciones. ¿Qué pasa con el resto, señor Cañete? La ley debiera al menos fijar los criterios
que ha de seguir el reglamento a la hora de determinar quién está exento de constituir esas garantías, y eliminar esa reducción tan drástica. Eso es lo que nosotros creemos. Porque nosotros creemos que aquí la prioridad debe ser esa, proteger al
medio ambiente.
Resumo y acabo ya. Me sobra tiempo, señor Cañete, para explicarle en titulares lo que nosotros creemos que está ocurriendo. Este proyecto de ley rebaja las exigencias medioambientales de la normativa anterior. Eso es lo que nos lleva a
pedir su devolución. Un medio ambiente saludable es un derecho que los españoles debemos exigir, pero además, señor Cañete, es una riqueza para nuestra economía, para
nuestra creación de empleo, a la que nosotros no queremos renunciar. Es, de nuevo, como muchas de sus políticas, pan para hoy y hambre para mañana.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de la Izquierda Plural, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta es la enésima expresión del menosprecio del Gobierno hacia el medio ambiente, y de su auténtica falta de responsabilidad respecto a la protección medioambiental y con el futuro de nuestro planeta. Tiene usted razón. Es
cierto que son ustedes coherentes con lo que vienen haciendo a lo largo de la legislatura. Ley de Costas, residuos, política de agua, política sobre las energías y castigo a las renovables, evaluación ambiental, la propuesta de la Ley de Montes o
Parques Naturales. Pero no por reiteración debemos dejar también de alarmarnos por el descaro con el que este Gobierno legisla y desprotege a la ciudadanía y a nuestro patrimonio natural. Ahora le ha tocado a la Ley de Responsabilidad
Medioambiental. Efectivamente un Gobierno irresponsable deja a esta legislación sin objeto y sin contenido relevante. Esto es lo que supone esta reforma.
Desde Izquierda Plural hemos presentado una enmienda a la totalidad con todas las razones que pueden acompañar un rechazo a una ley, tanto por la forma como por el fondo. Razones de la enmienda a la totalidad. En primer lugar, la falta de
oportunidad. Modifican una ley de 2007 que todavía no ha completado su aplicación y que en gran parte ni se ha aplicado. Además modifica una ley que no ha podido dar sus frutos ni una mínima evaluación. Y lo que es peor, plantean otra vez una
reforma de la Ley 6/2007, que precisamente traspone la Directiva de 2004, de Responsabilidad Medioambiental, ahora precisamente que la Unión Europea está revisando la directiva. No es la primera vez. Hizo exactamente lo mismo, señor ministro, con
la Ley de Evaluación Ambiental, es decir, tramitar una modificación mientras se está tramitando en Europa la modificación de la directiva correspondiente.
¿Se puede saber por qué tienen prisa para tener que poner a nuestra legislación constantemente en esta situación de provisionalidad permanente? ¿Responden a algún interés o a algún proyecto concreto estas modificaciones exprés? Tanto que
hablan de legislar para favorecer inversiones y futuro económico, ustedes gobiernan como en una república bananera, porque siembran un caos jurídico, porque reforman al servicio de los intereses particulares, y cada vez más lejos de los marcos de
referencia. ¿Qué pasaría si esperáramos a que Europa terminara la reforma? Ustedes crean inseguridad jurídica modificando leyes que todavía no están ni aplicadas completamente, y promueven inestabilidad reformando algo que a lo mejor quedará
caduco en breve si la directiva se modifica.
En segundo lugar, se saltan de nuevo el proceso de reforma a las consultas pertinentes al Consejo Económico y Social, por un lado, y por otro, al Consejo Fiscal. Eso expresa también el modo en que hacen ustedes las cosas, y sobre todo el
propio objetivo. De una ley que según dicen ustedes está hecha para simplificar, para facilitar la actividad económica, deciden excluir al Consejo Económico y Social. Es decir, aquel organismo que debe informar precisamente sobre la normativa que
afecta a materias sociales y económicas queda excluido. Claro, ustedes ya tenían las alegaciones de la CEOE y seguramente con eso ya les bastaba. Pues esta reforma tiene que ver precisamente con estas políticas, porque está hecha a medida de
aquellos que arriesgan la salud y el medio ambiente para ganar beneficios, y los riesgos los asumimos el resto. Eso es lo que ustedes plantean. Es una reforma que implica a los agentes socioeconómicos, y por eso es un atropello que ustedes no
consulten mínimamente a los organismos correspondientes. Pero también sucede lo mismo cuando se saltan al Consejo Fiscal, que también fue consultado cuando se hizo la ley y debería ser consultado cuando esta se reforma, sobre todo porque hay
modificaciones en esta reforma, como las del articulado 41, que afectan precisamente a la capacidad de iniciar procedimientos, y eso es algo que tiene que ver con el Consejo Fiscal y con el propio ministerio.
Pero si entramos en los contenidos de esta reforma las razones para oponernos también se multiplican. Es una reforma limitada, pero que da en el clavo para que la normativa sobre responsabilidad ambiental quede completamente vacía de
contenido, como indican numerosas alegaciones de organizaciones o del propio Consejo de Estado, que dice claramente cómo en muchas disposiciones se aleja completamente del objetivo de la directiva. Es una ley a medida de los irresponsables
medioambientales; o podemos llamarla ley para eximir de responsabilidad, o ley para que la ciudadanía asuma los riesgos de las actividades mientras los beneficios se los llevan los de siempre. De hecho, el ministro Soria la semana pasada anunciaba
que llevaría al Consejo de Europa no asumir más exigencias medioambientales para
favorecer a la industria. Esa es la filosofía del Partido Popular y de todas las leyes que nos viene trayendo a esta Cámara. Este es el concepto de la economía y de la industria que tienen ustedes: consumamos lo que no tenemos,
contaminemos mientras podamos, y rebajemos sueldos. (Aplausos). Y de este modelo económico del pelotazo y de hacer mal las cosas tenemos la economía débil que tenemos y una industria que compite con el mal hacer.
En lugar de plantear la economía verde, la exigencia medioambiental como un aspecto clave para la supervivencia de cualquier industria en un entorno que hay que preservar, ustedes fomentan la cultura de los sueldos de miseria y la
irresponsabilidad empresarial. No nos hablen ustedes de droguerías o de estudios de fotografía porque aquí eximen al 90 % de las empresas. No vengan con ejemplos de anécdota. Sinceramente así no ayudamos para nada a la prosperidad, sino a la
desigualdad y a la destrucción medioambiental, que es una de nuestras principales riquezas. Cuando digo que esta es la filosofía de la ley es porque la mayoría de las propuestas y modificaciones van precisamente en el sentido contrario de lo que
predican con su lenguaje, otra cosa a la que nos tienen también acostumbrados, a poner los títulos que dicen todo lo contrario de lo que es el contenido de la ley.
Ustedes aquí exaltan la prevención como la gran revolución para proteger nuestro medio ambiente. Pero sinceramente de prevención nada, porque todas las garantías saltan por los aires. Parece mentira que después de lo que ha vivido este
país con el Prestige, una tragedia que ha costado a las arcas públicas 4.328 millones de euros, que la empresa nunca va a reparar, o de que tengamos el impacto de proyectos temerarios como el Cástor, que ha provocado más de quinientos seísmos en la
zona y que la normativa hecha a medida pretende que también vaya a cuenta del consumidor el pago del cese de actividad, con miles de millones, que después de esto el Gobierno apueste por desregular y por el todo vale. Y no acaba aquí, porque
podríamos citar muchísimos ejemplos, como Boliden, en Aznalcóllar: 90 millones; como Ercros, en Flix, que solamente asume el 5 % del coste de descontaminar. Y ya no hablo de devolver al estado inicial el ecosistema ni de lo que no se puede
reparar, como la afectación a la salud de las personas. Evidentemente exigir una responsabilidad ilimitada por daños nucleares a ustedes ni se les pasa por la cabeza, pero solo les quiero recordar que el coste económico de Chernobyl se cifró en
250.000 millones de dólares, o que el coste para Japón de Fukushima es incalculable, y la empresa nunca va a cubrir ni el 5 % de esos costes. Pero ustedes no aprenden.
Veamos lo que ustedes plantean. Primero, una coartada para vender su reforma como prevención, que es humo. Artículo 17: Las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos
medioambientales. Realmente es como no decir nada en una ley. ¿Y cómo lo harán si en teoría ustedes en la memoria económica hablan de que se van a ahorrar 160 millones de euros? ¿Por qué? Porque el Gobierno ya no va a tener que controlarlo,
porque todo es voluntario. ¿Y cómo? Porque ya no controlan el análisis de riesgos. Ahora, queda muy bien poner una frase en genérico, como un brindis al sol, cuando en el resto de los artículos eliminan cualquier incentivo de las empresas a
elaborar esos análisis de riesgos. Lo hacen sobre todo en los artículos en los que ustedes hablan de simplificación con ese sentido del humor que les caracteriza, como en la modificación del artículo 24. Eliminan la garantía financiera obligatoria
para la mayoría de actividades. Desmontan ustedes el sistema de garantías. La Ley 26/2007 trasponía la directiva e incorporaba su recomendación de incentivar la garantía financiera obligatoria para hacer frente a la posible responsabilidad
ambiental del operador. Desde entonces el desarrollo de este requisito legal se ha visto ralentizado y finalmente nunca ha sido puesto en marcha. Pero la Ley de 2007 obligaba a 320.000 operadores a contratar seguros, y este proyecto exime al 98 %
de esas empresas. Es decir, solo se le exigirá a 5.470. Esta exención ha sorprendido incluso al propio Consejo de Estado en su informe.
Pero es que además el escaso número de actividades a las que se le exige garantía les concede un principio de voluntariedad y de no obligación, con lo cual es prácticamente inocuo. En lugar de ser la Administración la que determine la
responsabilidad de cada empresa, tal y como sucedía en la ley vigente, ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que determine su cuantía a partir de la realización de la actividad y del análisis de riesgos, y quien
comunique a la autoridad cuál es esa cuantía. Para eso el Estado no necesita hacer nada, incluso ni regularlo. Es como si el principio de quien contamina paga pasara a ser voluntario. Eso es lo que usted nos dice en esta ley. Así todo queda en
manos del operador: él se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía, como si aquí todo el mundo fuera bueno por naturaleza y la prevención de la que ustedes hablan pasara a ser confianza ciega. Pero además, por si no fuese
suficiente, creemos que hay más cambios que recortan garantías a la ciudadanía, porque con las modificaciones del artículo 41 ustedes establecen además que el procedimiento se inicia
de oficio. Ustedes ponen límites a la capacidad de los interesados de denunciar, exigiendo en muchos casos cargas o pruebas insalvables, y como dice el propio Consejo de Estado es contrario a la lógica de la responsabilidad medioambiental.
En definitiva, mientras que deberíamos incluir ya mecánicamente la prevención, los riesgos medioambientales habiendo aprendido la lección, con ustedes vamos como los cangrejos, retrocediendo siglos en bienestar y en protección
medioambiental, hipotecando el futuro, el de las futuras generaciones, para que algunos saquen tajada. Solo tenemos un planeta y este no se regenera, y menos de forma ilimitada. Lo que tampoco tienen los ciudadanos es paciencia ilimitada para ver
que siempre son ellos los que pagan las irresponsabilidades de otros a los que ustedes siempre rescatan. Por eso esta enmienda a la totalidad, tanto por el fondo como por la forma.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo que empezar discrepando con el señor ministro desde la primera frase que ha pronunciado. Ha subido diciendo que tenía el honor de presentar este proyecto de ley, y yo no le encuentro mucho honor a este acto, la verdad.
Visto el informe del Consejo de Estado me parece más bien todo lo contrario. Tengo que aclarar también que parece ser que los únicos que nos hemos leído el informe del Consejo de Estado debe ser la oposición, porque no hay ninguna reacción al
mismo. Para empezar diría que este proyecto de ley que modifica la actual ley vigente más bien debería empezar cambiando el título de la ley, pasando a llamarla a partir de ahora ley de irresponsabilidad medioambiental, porque en definitiva este
proyecto de ley trata sobre la irresponsabilidad. Hay un cambio de modelo total; pasamos de tener una responsabilidad preventiva a en todo caso tener una responsabilidad sancionadora. Es decir, el mal ya está hecho y entonces la Administración
recurre a un procedimiento sancionador, pero el elemento de prevención, que es el que situaba la ley, y que como herramienta de prevención establecía las garantías financieras, desaparece. Esto pasa a ser ya una cuestión voluntaria del operador;
toda la supremacía de la Administración pública, y por tanto del Estado, pasa al operador. Si antes era la Administración la que autorizaba, ahora es el operador el que comunica. El propio informe de Consejo de Estado -no nos lo hemos inventado-
dice que de las 320.000 actividades que se calcula deben constituir la garantía según el actual texto vigente, pasarían a tener una obligación exigible unos 5.470 operadores, que afectaría a 6.800 actividades. Es decir, es un cambio brutal. Pero
es que, además de eximir de las garantías, el operador también adopta una actitud voluntaria; es el que asume el riesgo, lo cuantifica y establece por sí mismo la garantía que cree conveniente. Por tanto, estamos en una situación de absoluta
liberalización, y así lo dice el Consejo de Estado. Eso que ustedes llaman eufemísticamente simplificación administrativa del procedimiento -este neolenguaje que practican en esta legislatura- no es sino una liberalización absoluta, una
desregularización de toda esta cuestión, que contraviene claramente el derecho comunitario, que es ajeno por definición, por doctrina, a estos procesos liberalizadores en lo que respecta al medio ambiente. Se ha dicho reiteradamente que pervierten
nuestro lenguaje. Ustedes utilizan un lenguaje fraudulento, con eufemismos, diciendo lo contrario de lo que pretenden hacer. Por ejemplo, el objetivo de este proyecto de ley dice: Reforzar los aspectos preventivos de la ley. ¿Cómo se refuerza
preventivamente cuando se eliminan las medidas preventivas? No hay ningún refuerzo, ni siquiera debilitamiento, es ausencia directamente. O la simplificación administrativa del procedimiento, que ya hemos dicho que no es sino una absoluta
liberalización.
Se ha dicho, pero hay que insistir, que es una modificación inoportuna porque está en curso una reforma de la directiva, que va a cumplir diez años -una directiva que lamentablemente no ha podido aplicarse por falta de desarrollo
reglamentario, como la propia ley que se modifica ahora, que tampoco ha tenido la oportunidad de aplicarse-, y en un contexto de alarma, de inquietud por casos importantes. Se ha comentado el caso del Prestige, el caso de la plataforma Castor y
también el caso Boliden, en Aznalcóllar, y el fracaso que supuso que lo pagáramos todos. El Consejo de Estado dice que el ordenamiento español todavía carece de un sistema mínimamente garante de la prevención, evitación y reparación de los daños al
medio ambiente que la ley en vigor y la directiva europea deberían haber instaurado y, lejos de reforzar esto, lo que hacemos es ir para atrás.
Pero además, ustedes siguen legislando de modo atropellado, porque además de estar tramitando esta iniciativa mientras se plantea la revisión de la directiva, tampoco recurren, tampoco atienden al
Consejo Económico y Social. La excusa es que esto no tiene ninguna implicación económica. Es absurdo, porque estamos tratando de regular la responsabilidad de operadores económicos y sin embargo se dice que no tiene ningún impacto
económico. Pero es que además la ley en vigor tomó en consideración los informes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social y también del propio Consejo Fiscal, luego es absurdo que ahora que se revisa no se tenga en cuenta a estas
instituciones. Ha sido un trámite rápido, como todos en materia de medio ambiente, y sin comparecencia de expertos, que hemos pedido desde este grupo parlamentario y hemos tenido la callada por respuesta, como en otras ocasiones. Ha sido un
proceso rápido, rápido porque se trata de tener una legislación medioambiental, así sea provisional, para conseguir propósitos lucrativos. Desde luego esto se aleja mucho de esa seguridad jurídica que el ministro tanto dice defender, y yo creo más
bien todo lo contrario, que estamos creando lagunas de inseguridad jurídica.
Como decía, hay un cambio de modelo. Había un modelo que se sustentaba en aquella premisa de que quien contamina paga y ahora pasamos a una situación muy peligrosa. Se podrían dar tres posibles respuestas: que no se repare el daño, que el
daño lo repare el que lo sufre o que al final el daño se pague con los presupuestos del Estado, que lo paguemos todos. Es más, a una empresa que no establezca ninguna garantía puede ser que le resulte tan imposible asumir los costes de la
reparación que la quiebra le evite pagar.
Señor ministro, usted está articulando una legislación muy chapucera, con una vocación lamentablemente tercermundista; una sociedad con los costes mínimos, entre los que entran los de contaminar. La verdad es que el Consejo de Estado, en
su dictamen, establece algunos reproches que son durísimos. Tengo aquí varios. Por ejemplo, dice el Consejo de Estado: Una vez más, a diferencia del texto vigente, que es plenamente acorde con la directiva, el modelo propuesto está muy cercano a
un incumplimiento de dicha directiva. Por supuesto, habla también de que el modelo propuesto contradice principios básicos del derecho administrativo español, de que contraviene principios básicos del derecho administrativo que regula la iniciación
de los procedimientos. Y el Consejo de Estado está en contra absolutamente de dejar al margen la Ley 30 de 1992. En fin, viendo el informe del Consejo de Estado no sé cómo han traído este proyecto de ley. Lamentablemente, tengo que decir que,
como miembro de una generación que siempre miramos Europa, que siempre nuestro anhelo estaba en Europa, nuestro modelo era acercarnos a las condiciones de vida de los europeos, pero observo que ustedes -el Partido Popular- están mirando demasiado a
África. Parece que les seduce mucho más ese modelo de producción y ese modelo de sociedad basada en la precariedad.
Comentario aparte merece el respeto a la sociedad civil y a los perjudicados y cómo se va desproveyendo de capacidad y de posibilidades a las organizaciones medioambientalistas. En este caso, el interesado, si tiene que iniciar un
procedimiento, tiene que demostrar incluso la causalidad del efecto; tiene que asumir los costes de demostrar que efectivamente las actividades son perjudiciales.
Por eso, señor ministro -y voy terminando-, yo, que hasta ahora hablaba del desmantelamiento de la protección medioambiental, creo que ya hay que hablar de voladura del sistema de protección medioambiental. Es tal el nivel, el ritmo de este
desmantelamiento, cómo se van superando los plazos, cómo se están contraviniendo directivas de un modo tan rápido, tan ágil, tan veloz, que es toda una voladura del sistema de protección medioambiental que siempre tiene tres elementos o tres
denominados comunes: la privatización, la mercantilización y la precarización de las condiciones de vida. Esta iniciativa sigue la misma línea que las anteriores: la ley que modificó los residuos sólidos, que modificó la Ley de suelos
contaminados, la Ley de evaluación ambiental, la de costas; todas, todas las iniciativas en la misma dirección; un ritmo rápido para desmantelar el sistema de protección. Si usted plantea irse a Europa -o quieren mandarle a Europa-, la verdad es
que la carta de presentación no puede ser más negativa en este tema. Desde luego, en esta cuestión del medio ambiente yo creo que lleva unos antecedentes muy poco presentables. Además, están utilizando la crisis como coartada para todo esto. Como
la atención está en otras cosas -y aquí se demuestra-, lo medioambiental pasa sin ningún interés. Están aprovechando eso, que el foco está en otras cuestiones mucho más urgentes y más claras también de observar. Pero además, con la excusa de la
crisis y el objetivo de ganar competitividad, han pensado que este es un elemento que hay que rebajar, degradar e incluso eliminar para ganar competitividad. En definitiva, poco a poco van conformando una sociedad que se aleja mucho de los anhelos
que teníamos en este país. Señorías, la conformación del sistema de protección ambiental en nuestro país tiene muchos nombres, pero la destrucción del mismo solo tiene un nombre, el del señor Arias Cañete.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ábalos.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El otro día en el programa Salvados el presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, don Florentino Pérez, que además controla la firma Escal UGS, concesionaria del proyecto Castor, de almacenamiento de gas, frente a las costas de
Vinaròs, en Castellón, y del Baix Ebre, en Tarragona, afirmaba literalmente: 'Se creó una alarma que no se corresponde con la realidad. No pasó nada, la gente se asustó por nada.' Y nada son los más de 500 seísmos registrados por el Instituto
Geológico Español de agosto a octubre de 2013; nada es que varios de esos seísmos superaron la barrera de 4 en la escala de Richter. La realidad es que nada es lo que pasaba antes de entrar en funcionamiento la planta de almacenamiento de gas, el
proyecto Castor, y nada es lo que pasa ahora que está paralizada. Que se lo pregunten a los vecinos de Vinaròs o de Alcanar y se lo dirán, señor ministro.
En un país en que todavía están tan recientes casos como los de las minas de Aznalcóllar, o la impunidad más reciente del Prestige, o la amenaza que ahora se cierne sobre las costas de Castellón y Tarragona por la plataforma Castor es un
escándalo que el Gobierno legisle para reducir todavía más las regulaciones que tienen algún carácter preventivo del daño ambiental. La Directiva 2004/35 de la Comunidad Europea, en la que se basa la ley que actualmente está siendo modificada por
el Gobierno, se encuentra en este momento en proceso de reforma, motivo por el cual no tiene sentido en este momento acometer la modificación de la ley. Como sistema, este Gobierno usa el eufemismo de simplificar y siempre que simplifica reduce la
protección ambiental. Esta ha sido la dinámica a lo largo de esta aún corta legislatura, pero abundante en simplificaciones y específicamente para leyes como la de evaluación ambiental. La acción de este Gobierno en materia ambiental, y en este
caso una vez más, va dirigida de manera sistemática a la reducción de los requisitos y obligaciones en materia medioambiental. Esta política tiene como consecuencia la reducción progresiva de la protección del medio ambiente, en vez de fomentar la
prevención, como se asegura en esa exposición de motivos bienintencionada. Esta modificación elimina los aspectos preventivos. En concreto, con esta modificación se reducen de 320.000 a 5.400 el número de operadores que deben contratar un seguro.
Este dato nos da una idea del nivel de reducción en las obligaciones que se alcanza con esta reforma: un 98 % de reducción. Es un giro disparatado. Se establece en la modificación del artículo 24 que sea el promotor quien fije la cuantía de la
fianza, la garantía financiera, eliminando a la autoridad competente esa labor. Impulsa el carácter de voluntariedad de la adopción de medidas, algo directamente contrario a la estricta regulación que debiera ser necesaria y por tanto obligatoria.
Acabo y en resumen, Compromís-Equo se opone rotundamente a este proyecto de ley por tres razones: primera, porque es innecesaria ya que no parece oportuno legislar cuando en este mismo momento se revisa la directiva europea; segunda,
porque se reduce de manera drástica la prevención y, tercera, porque se deja en manos del operador que determine la responsabilidad de la empresa y fije la garantía. Volvamos al principio. ¿Se imaginan ustedes, al hilo de las palabras del
presidente de ACS, qué garantía fijaría la empresa concesionaria del proyecto Castor? ¿Qué garantía fijarían ellos? Permítanme que esboce una sonrisa irónica, señor ministro. Pues eso, por eso justamente votaremos en contra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, estamos ante otro déjà vu. Nuevamente estamos ante un proyecto de ley que en su preámbulo se marca unos objetivos que pueden ser hasta loables para luego, en su articulado, marcar una vía totalmente contraria para
conseguirlos. Deberíamos llamarlo un fraude de ley. Ya se ha hablado aquí largo y tendido de sus taras de forma y de la inseguridad jurídica que genera.
Si entramos en el fondo del tema, nos encontramos con un plato cocinado con los mismos ingredientes que se repiten una y otra vez: recortes, simplificación, recentralización y puertas abiertas al negocio de unos pocos, los de siempre, a
costa en este caso de muchísimas menos garantías en la protección medioambiental. Señorías, estamos hablando del patrimonio natural, un tesoro imprescindible para la vida. No sé si nos damos cuenta, pero nuestra calidad de vida, nuestra salud y
nuestro futuro están directamente ligados a la protección de la tierra, del aire, de los ríos, de la biodiversidad. No podemos
permitir que las funciones de nuestros ecosistemas se degraden aún más. Debemos avanzar paso a paso hacia una economía ecológica por pura subsistencia. El principio de responsabilidad no puede ser una pose ni una cuestión de moda. Debemos
asegurar -lo decía Jonas- obrar de tal modo que nuestra acción sea compatible con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Es de cajón y no puede darse ni un pequeño paso atrás en la exigencia de esta responsabilidad. Y desde
luego, mediante este proyecto se relajan totalmente las exigencias y las garantías y se abre la puerta de par en par a su incumplimiento. ¿Qué podíamos esperar de un Gobierno que fomenta las nucleares y el fracking y castiga a las energías limpias,
que fomenta la agricultura industrial e intensiva en detrimento de la agricultura familiar y social, que recorta en prevención de incendios forestales, en conservación de espacios naturales y en general en políticas de biodiversidad, que fomenta los
transgénicos, que mediante la reforma de la Ley de costas y los bancos de conservación privatiza a favor del negocio y que atendiendo a los mercados financieros impone políticas de recorte y de desregulación ambiental y social continuamente? Aquí,
con el objetivo de simplificar y reducir gastos administrativos, animan a la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales. ¿Realmente quieren hacernos creer que así piensan fortalecer la prevención? Ha hablado usted, señor
ministro, de rigurosidad y de efectividad, y de repente creen ustedes en la buena fe y en la responsabilidad de los operadores. ¿De verdad creen que se pueden lograr los objetivos de esta ley confiando en la bondad y voluntad de las empresas y que
a partir de esos análisis voluntarios determinarán ellas mismas la cuantía de la garantía financiera? Por favor, dejen a Heidi en los montes y aterricen en la realidad que ustedes bien conocen.
Con la excusa del fomento de la actividad empresarial marcan exenciones de garantías financieras obligatorias debido a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad. Teniendo en cuenta que Garoña, la
central de las mil grietas, tampoco supone riesgo para ustedes... Déjense de demagogias. Queremos exigencias adaptadas a la realidad y no esa puerta abierta de par en par al trampeo. Aumentan las exenciones, el carácter voluntario, dan
facilidades para no cumplir, desaparecen puntos de protección. ¿Piensan que dejándolo al albur de operadores y empresas se puede hacer prevención y protección ambiental? Y con la excusa de la mejora de la tramitación acortan plazos para presentar
documentos mientras los alargan para resolver. Ustedes dirán cómo se entiende eso. Y, cómo no, también dan otros pasitos en la recentralización: el propio artículo 3, los baremos que ahora establecerá el Gobierno y la eliminación de la consulta a
las comunidades autónomas. Son intromisiones que no nos creemos que sean casualidades.
Para Amaiur, el futuro de Euskal Herria va indisolublemente ligado a un medio ambiente -tierra, agua, aire- vivo y diverso, y seguiremos por ese camino desde la responsabilidad. Créanse ustedes también la responsabilidad medioambiental y
actúen en consecuencia. Retire, señor ministro, este proyecto y déjenos proteger en paz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Vasco, el señor Agirretxea tiene la palabra.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Hoy subo a esta tribuna en nombre del Grupo Vasco para defender nuestra posición. La verdad es que mi grupo no ha presentado enmienda a la totalidad y hoy no sé si toca hablar de la ley o de si apoyamos o no
las enmiendas a la totalidad que se han presentado y por qué, de qué contiene cada una de ellas para ser apoyada o no.
En las enmiendas a la totalidad que se han presentado por parte de los grupos hay elementos comunes con los cuales mi grupo está a favor y otros con los cuales no coincidimos o no estamos tan a favor. De todas formas, les digo al señor
ministro y a los grupos que han presentado enmiendas que la posición de mi grupo en torno a este tema es muy flexible, tan flexible como que si se parara el proyecto de ley y se esperara a que pasaran ciertos acontecimientos no nos alteraríamos, no
nos importaría. Pero si el Gobierno considera que hay que llevarlo a cabo y está dispuesto en el trámite parlamentario a aceptar enmiendas, colaboraciones que podamos presentar, siempre será mejor.
Como decía, hay elementos en los que estamos de acuerdo con los que han presentado la enmienda a la totalidad. Por ejemplo, falta el informe del Consejo Económico y Social, que considero pertinente y oportuno, y no seremos nosotros los que
digamos que eso es algo baladí, creemos que es un elemento necesario, por algo lo han añadido en sus enmiendas los grupos y por algo nosotros también nos referimos a ello. Otro elemento importante es la urgencia. Si el Gobierno dijera que va a
esperar hasta que la directiva europea se centre, se acabe, se formule, y a partir de ahí traer este proyecto de ley, estaríamos
encantados, no tendríamos ningún problema en que fuera así, por lo que el Gobierno nos tendrá que explicar a qué se debe la urgencia.
Por tanto, en esos dos aspectos los grupos enmendantes no van a tener ningún problema por parte de nuestro grupo a la hora de hacer la crítica a la forma de presentar esta ley, pero hay otros elementos fundamentales que a nosotros nos
preocupan. Un elemento fundamental es la garantía financiera, de la que se ha hablado aquí y sobre lo que tendremos que trabajar. Mi grupo, señor ministro, le va a dar un margen de confianza -es decir, no va a votar a favor de las enmiendas a la
totalidad- porque creemos que la estructura del proyecto de ley puede ser mejorada; esperemos que lo sea. Hoy le damos ese margen de confianza, pero después, a la hora de tramitar y votar la ley, podríamos sentirnos defraudados y no votar a favor.
Lo que haremos ahora es dejar que el proyecto se tramite. Y un segundo elemento que también nos preocupa es que dejan ustedes demasiados elementos fundamentales en manos de un desarrollo reglamentario. Creo que hay cuestiones que podrían quedar
fijadas en la ley, sin necesidad de dejar todo en manos de un desarrollo reglamentario.
Estos pueden ser los elementos globales, pero ya le digo de antemano que lo que mi grupo no acepta es que aquellas cuestiones que en esta ley se aplican a las cuestiones de interés general y que son potestad del Estado no se apliquen a las
comunidades autónomas. Creo que tienen que tener el mismo nivel. Imagínese una obra de interés general, que es potestad del Estado, pero que se acomete en una comunidad autónoma con competencias en esa materia. ¿Qué ocurre? Se deberá contar con
la comunidad autónoma ¿no? Le hacía la misma observación respecto a la Ley de impacto ambiental. En ese sentido, tendremos que darle capacidad vinculante al informe preceptivo que haga la comunidad autónoma: yo decido qué riesgos tiene esto, yo
decido qué garantías hay que pedir para esta obra. Porque al fin y al cabo si ocurre una desgracia quien la va a padecer, quien la va a tener que solucionar y quien va a tener que generar los mecanismos para que eso no afecte a la ciudadanía será
la comunidad autónoma competente. Por lo tanto, le dejo abierta la puerta para que esto lo podamos modificar.
Por último -no voy a extenderme más aunque me sobre tiempo-, quería decirle que sabemos que esta ley podía ser mucho más restrictiva, pero es que en el fondo había una cuestión, que el nivel que se planteó en la ley después no se desarrolló.
Es decir, que podemos tener una ley muy estricta, que supere incluso lo que decía la directiva europea, pero si después no se desarrolla reglamentariamente queda como si fueran palabras huecas. Nuestra objeción principal a los que presentaban la
enmienda a la totalidad está, más que en una reducción de protección y prevención del medio, que es lo que criticaban -este proyecto de ley supone una aplicación de las herramientas previstas en la ley-, en las instalaciones que realmente pueden
tener una afección relevante en el medio; es decir, no se deja libertad absoluta, se centra sobre todo en las que verdaderamente van a tener una capacidad de afectar, y en ese sentido un poco de racionalización es importante. Sobre todo los que
confiamos en los departamentos de medio ambiente de nuestras comunidades autónomas tenemos claro que no se va a permitir que cada uno haga lo que quiera, como no podía ser de otra manera.
Por lo tanto, la mano tendida, señor ministro, en cuanto a las cuestiones que nos preocupan y las que consideramos que son importantes en esta ley, y sobre todo porque una cuestión es confiar pero a veces es suficiente con que se cumpla
estrictamente lo que dice la ley para que haya garantías, porque otras veces hay muchísimas leyes que dicen muchas cosas pero después no se hace un desarrollo reglamentario y quedan en el aire. En relación con la importancia de las comunidades
autónomas y la capacidad de vincular con sus informes, consideramos que las obras de interés general que se hagan en una comunidad autónoma, aunque sean de la comunidad autónoma, deben gozar de la misma arquitectura jurídica que las que son
propiedad del Estado.
Esas serían cuestiones fundamentales para nosotros y esperamos que en el trámite parlamentario podamos solventarlas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Barberà. (Rumores).
Por favor, bajen el tono de sus conversaciones.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, señor ministro, hablar de responsabilidad medioambiental para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no es solo hablar de reparación de daños medioambientales, sino que también es
hablar, y mucho, de prevención y concienciación de los operadores para así adoptar medidas para minimizar las amenazas y solo ejecutar las garantías financieras
si llegan a producir daños al medio ambiente para reponerlo a su estado inicial. Esa es la filosofía a partir de la cual aceptamos este proyecto de ley, para mejorar el proceso y la situación.
Usted ha hablado, señor ministro, de norma, de eficaz, de fácil, de exigente, de realistas. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en esos adjetivos? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en trasponer en el artículo 38 una directiva de Europa de
2013, que ustedes aprovechan en este proceso para trasponerla e incorporarla al texto? En ese sentido, no hemos presentado enmienda a la totalidad porque si ustedes creen que hay que rectificar, modificar y mejorar ahí estaremos nosotros. Yo le
voy a hablar más de lo que queremos enmendar o de lo que queremos mejorar en el proyecto que de las enmiendas a la totalidad, y así aprovechamos. Y, ante las dudas, sería interesante un aplazamiento del periodo de enmiendas para tener contactos
técnicos y objetivos, como después le comentaré.
Voy a centrarme primero en el ámbito competencial. Una curiosidad, suprimen una disposición adicional décima que nosotros ya en el año 2007 queríamos suprimir y que no se suprimió, por la que las autoridades competentes no podían exigir
medidas de prevención a la Administración General del Estado. La han suprimido y la han variado un poco porque ahora la única que puede exigir medidas compensatorias es la misma Administración General del Estado en aquellas obras de interés general
para el Estado. En ese sentido, nosotros nos encontraríamos cómodos anulando la disposición adicional décima y manteniendo el texto actual de los artículos a los que hace referencia. En el ámbito competencial también establece la competencia de la
Administración General del Estado para exigir medidas, que es lo que decíamos, pero ya volvemos a estar con aquel principio que siempre discutimos con usted. Si la obra se está realizando en un territorio y es de interés general, la administración
competente del territorio y la Administración General del Estado tendrán que ponerse de acuerdo de igual a igual para aplicar esas normas de prevención. En ese sentido, fíjese que la ley permite actualmente que si el daño amenaza o afecta a
dominios del dominio público de titularidad estatal es preceptivo el informe del órgano estatal competente. Es decir, hay que buscar un mecanismo para que si es una obra de interés del Estado que se está realizando en el ámbito de una comunidad
autónoma, las dos administraciones puedan cooperar de igual a igual en la exigencia de las responsabilidades a esa obra.
En cuanto a la metodología -usted también lo ha anunciado y el proyecto de ley lo redacta-, incorpora el uso de los análisis de riesgos medioambientales. En el ámbito de las obligaciones incorpora la realización voluntaria; en eso no
podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que hablar de que para simplificar, que es necesario, la forma de simplificación tiene que ser garantista con la conservación del medio ambiente y con la prevención de aquellos daños que pueda recibir el
medio ambiente. Por eso, en aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental, cuando hablamos de simplificar y de garantías financieras obligatorias, tenemos dudas sobre la puerta que se abre a las exenciones. Usted ha hablado de bajo
riesgo y ha puesto ejemplos, y el redactado es muy amplio. Le voy a hacer una broma; si fuese el ministro Wert, le diría que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aquí no se usan. Tendríamos que concretar un poco más eso;
al menos intentar acotarlo para que no sea tan amplio y no dejarlo solo en el reglamento. Puede haber un reglamento que lo desarrolle, pero entre la redacción de la ley y el reglamento hay mucha amplitud, y ahí tenemos miedo de que se pueda escapar
ese interés por conservar el medio ambiente y por prevenir cualquier causa que pueda dañar el medio ambiente.
En cuanto a cambiar la autoridad competente por el operador, eso está pasando. En una licencia urbanística en un municipio entra un presupuesto y el arquitecto que lo informa no mira si el ladrillo es más caro o más barato. Es decir, que
hay que dar una confianza al operador. Usted ha abierto una puerta a la comprobación por parte de la administración competente. Eso habría que concretarlo mucho más, porque sin duda simplifica el proceso para el operador. No todos quieren
contaminar el medio ambiente, sino al revés, la mayoría quieren conservarlo y saben qué potencialidad tiene para ellos que el medio ambiente esté correctamente. Ahí tendríamos que abrir una puerta para ver cómo esa comprobación queda reflejada en
el proyecto para que no podamos entender nosotros que es una invasión competencial si la administración competente es la comunidad autónoma.
Habla del reglamento. Es el mismo criterio que le hemos dicho antes. Hablando después de las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental, tanto en la iniciación del procedimiento como en su resolución
se tiene en cuenta a los que nacen de oficio o terminan de oficio y a los de una persona externa, pero no a los del operador. Nosotros creemos que aquí podríamos concretar un poco más cuando es el mismo operador el que inicia el procedimiento o
cuando se llega a la resolución porque hay un concepto equivocado, del que ya hablaremos técnicamente, en cuanto al silencio administrativo, y creemos que aquí podríamos ampliarlo y concretarlo un poco más. En cuanto al Fondo
de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compensación de Seguros, necesitamos datos y motivos por los cuales liberamos al Fondo de compensación del consorcio de responder de las obligaciones de los operadores que hayan
suscrito una póliza cuando esa entidad aseguradora se declare en concurso, se disuelva, sea insolvente, etcétera. Necesitamos saber el porqué y cómo queda cubierta esa responsabilidad para que no recaiga sobre las arcas públicas. En cuanto a la
vigencia de la garantía, ahora debe constituirse desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad y lo difuminamos. La propuesta pasa a ser definida como un modo, quedará claro cómo se calcula la fecha
de efectividad en el reglamento y se aplicará desde esa fecha para que queden cubiertos por ella los eventos causantes del daño desde esa fecha de efectividad. Antes era muy concreto: actividad, fianza. ¿Cómo se puede explicar esto? Por eso le
pedíamos tiempo para que nos lo expliquen porque en el texto no se entiende -o no lo entendemos- y tal vez sí que tengan razón en ese sentido. Como decía, necesitamos un poco más de pedagogía para no malinterpretarle, señor ministro.
Señorías, para terminar, nosotros nos abstendremos. No compartimos todas las motivaciones de las enmiendas pero creemos que es necesario avanzar reglamentariamente. Concretamente, con el grupo de UPyD no podemos compartirlo por la
filosofía que tiene. Cómo vamos a compartir algo con alguien que cree que en el río Ebro uno no se puede bañar porque está contaminado. Se puede bañar en cualquier sitio del río cualquier portavoz de UPyD que quiera venir a Cataluña, sin ningún
problema. Señor ministro, queremos mejorar el texto en los ámbitos competenciales, en aquellos que los reglamentos tienen que concretarlos mucho más. Por eso le pedimos confianza a cambio de explicaciones objetivas que en su intervención no ha
podido concretar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alberto.
La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes entrar a fijar nuestra posición, me van a permitir que, como diputada canaria y en nombre de mi grupo parlamentario, traslade nuestra solidaridad a las familias de los desaparecidos en el accidente de helicóptero del Servicio
Aéreo de Rescate del Ejército del Aire ocurrido ayer por la noche frente a las costas de Fuerteventura. (Aplausos).
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental. Atendiendo al hecho de que el señor ministro ha
dado cumplida cuenta del contenido de este proyecto de ley, mi intervención vendrá a dar respuesta al contenido de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de UPyD, La Izquierda Plural y Grupo Socialista, y así trasladar las razones
que nos van a llevar a rechazar las enmiendas a la totalidad propuestas por estos tres grupos. La primera de las observaciones que me gustaría compartir con ustedes es el hecho de que los tres grupos enmendantes hayan realizado una enmienda a la
totalidad a este proyecto de ley sin aportar un texto alternativo que constituya una propuesta para los problemas que se han detectado en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Nos hubiese encantado discutir con ustedes
propuestas concretas, pero al no haber presentado texto alternativo ello no ha sido posible. Antes de entrar a valorar el contenido de las intervenciones, me gustaría recordarles que el dictamen del Consejo de Estado fue favorable a este proyecto
de ley, porque las personas que pueden haber escuchado a algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra podrían interpretar otra cosa. Los tres grupos coinciden en apuntar una cuestión que obedece más a aspectos formales,
hablando coloquialmente, que a cuestiones materiales o de fondo. Me refiero a la ausencia de informe del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal. Las razones por las que no se ha emitido informe por parte del Consejo Económico y Social
obedecen al hecho de que la presente modificación legislativa tiene un alcance muy limitado, puntual y, según la normativa reguladora del propio Consejo Económico y Social, este órgano emitirá un dictamen sobre los proyectos que regulen una materia
económica. Por lo que se refiere al Consejo Fiscal y de acuerdo con su propio estatuto orgánico, no procede emisión de un dictamen en la medida en que el proyecto de ley no afecta a las funciones que ya tenía atribuidas el ministerio fiscal, y esto
ustedes deberían saberlo. En ninguno de los casos, señorías, se ha omitido un trámite que fuera preceptivo.
En relación con la crítica que se realiza sobre los criterios de oportunidad de esta ley, alegando, además, que consideran conveniente esperar a que sea la Comisión Europea quien modifique esta legislación a través de una nueva directiva de
responsabilidad medioambiental, me gustaría trasladarles
una reflexión. Al contrario de lo que han manifestado, no se prevé a corto plazo que se vaya a producir una modificación de la normativa europea en esta materia. Tampoco se han avanzado los posibles puntos a tratar en una futura reforma de
la directiva, y ello sin contar con que el punto que más se ha tratado hasta este momento es el de la garantía financiera obligatoria a nivel comunitario, sin que exista una posición clara de la Comisión con respecto a este punto que nos permita
imaginar el devenir de una futura reforma. No consideramos que las medidas que propone este proyecto de ley puedan quedar en suspenso de forma indefinida, a expensas de una futura aprobación de una directiva comunitaria que de momento no se ha
materializado. Muy llamativa nos parece la posición del Grupo Socialista en esta misma cuestión, que es perfecto conocedor de que lo que venimos a hacer hoy aquí es buscar soluciones a los problemas de aplicación de una ley tramitada por ellos
durante la anterior legislatura. Les recuerdo que, como partido que ha ejercido la responsabilidad de gobierno, deberían demostrar más congruencia en sus planteamientos. Se han negado a participar de forma sistemática, sin argumentos y, lo que es
peor, sin alternativas, en todas las iniciativas legislativas medioambientales tramitadas durante la presente legislatura, incluso en aquellas que constituían una mera trasposición de una directiva. Han votado en contra de la declaración del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, algo totalmente incomprensible para nosotros y, a pesar de que se comportan como si fuesen los propietarios intelectuales de la defensa del medio ambiente, me gustaría recordarles que la mejor defensa del medio
ambiente se lleva a cabo a través de aquellas políticas que fomentan de una forma real y factible la compatibilidad entre el respeto a nuestros recursos naturales y la actividad humana. De nada nos vale una falsa pose ecologista que critica todo y
no propone nada.
En cuanto a las críticas realizadas que aluden a la fijación reglamentaria del sistema de exenciones y a la supuesta disminución del número de actividades sujetas a la constitución de garantías financieras, me gustaría recordarles, en primer
lugar, una cuestión de hecho, señorías. La vigente ley ya preveía la posibilidad de eximir por vía reglamentaria determinas actividades de la obligación de constituir garantías financieras obligatorias. El proyecto de ley que ahora se tramita ha
sido mucho más garantista, al precisar que dicha exención solo cabe en los supuestos de actividades con un escaso potencial de riesgo y bajo nivel de accidentabilidad. Como ya dijo el señor ministro en su intervención, la propia Comisión Europea en
el informe que publicó en octubre de 2010, sobre la aplicación de la directiva, recomienda la implantación gradual, así como excluir las actividades de bajo riesgo y fijar unos topes máximos para las garantías financieras. Por eso no puedo dejar de
resaltar que nos parece muy incoherente la actitud del Grupo Socialista en esta cuestión, ya que lo que ahora les parece mal les parecía razonable hace apenas dos años y medio cuando siguieron las recomendaciones de la Unión Europea al establecer la
posibilidad de excluir por vía reglamentaria ciertas actividades de la obligatoriedad de la constitución de garantías financieras. El proyecto de real decreto de modificación del reglamento de la ley de responsabilidad medioambiental tiene por
objetivo materializar esta posibilidad de exención, circunscribiéndola a aquellos operadores con un escaso potencial de riesgo y bajo nivel de accidentabilidad. Podemos pensar, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas que podrían verse
obligadas a constituir garantías financieras con los costes asociados que conlleva, sin que conlleve a su vez una mayor protección del medio ambiente. Pero se mantiene en todo caso la obligación de constituir garantía financiera obligatoria para
los operadores con un mayor potencial de causar daños medioambientales, como las instalaciones incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Es importante dejar claro que, independientemente de la obligación o no de constituir una garantía financiera, los operadores incluidos en el anexo 3 de la Ley 26/2007 siguen teniendo una responsabilidad objetiva e ilimitada, es
decir, tienen la obligación de hacer frente a las obligaciones de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que puedan provocar, con independencia del coste de estas medidas. A pesar de que el señor Cantó y la señora Ortiz hayan
entendido otra cosa, esta es la realidad.
Cuando se culmine esta reforma, señorías, la normativa de responsabilidad medioambiental de España seguirá siendo de las más avanzadas de la Unión Europea, yendo mucho más allá de lo que exige la directiva de 2004. Les recuerdo que durante
la tramitación parlamentaria de la norma que actualmente se encuentra en vigor, no se presentó por parte del Grupo Parlamentario Popular enmienda a la totalidad del texto porque entendíamos, y seguimos entendiendo, que ir más allá de las garantías
establecidas en la directiva en defensa del fomento de la responsabilidad medioambiental es siempre positivo, siempre y cuando sea razonable y persigue una verdadera protección medioambiental. En relación con las críticas
realizadas en cuanto a que será el propio operador obligado quien comunique a la Administración el establecimiento de la garantía financiera y quien establezca la cuantía de la misma, me gustaría realizar algunas consideraciones. Con la
comunicación por parte del operador de la constitución de la garantía financiera el operador asume la responsabilidad de que ha determinado la cuantía de la garantía, pero siempre de acuerdo con los requisitos legalmente exigibles. El procedimiento
para la determinación consiste en la realización de un análisis de riesgos medioambientales de la actividad, de acuerdo a la norma UNE 150.008 o norma equivalente, la identificación de los escenarios de riesgo de la actividad y la cuantificación del
daño que potencialmente estos escenarios de riesgo podrían causar. Para eso se ha trabajado en el ministerio para crear una herramienta denominada MORA que ayuda a los operadores a realizar un análisis de los riesgos medioambientales. Asimismo,
existirá un control a posteriori por parte de las autoridades competentes que revisará que las garantías financieras se han constituido de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. En definitiva, señorías, lo que se pretende con este
proyecto de ley es reforzar los aspectos preventivos.
Para finalizar, me gustaría agradecer las aportaciones que se han realizado y trasladar a los portavoces de los grupos la disposición del Grupo Parlamentario Popular para sentarnos a trabajar, discutir e intentar consensuar las enmiendas que
se presenten al articulado durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, atendiendo siempre al sentido y a la finalidad de esta norma, haciendo compatible la necesaria actividad económica con el mayor de los respetos y garantías
medioambientales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Sin ánimo de reabrir ningún debate, quiero dar un dato y contestar a los portavoces del PNV y de Convergència, que han hecho unas solicitudes al Gobierno. El dato, para que la Cámara lo conozca, es que durante los años de vigencia de la ley
que estamos reformando, en España no se ha constituido una sola garantía financiera porque la ley ha sido totalmente inaplicable. Por lo tanto, no estamos atentando contra una ley ni reduciendo garantías porque era una ley en la que no había
garantías financieras. Los portavoces de Convergència y el PNV han planteado cuál es la disponibilidad del Gobierno en el trámite de enmiendas. El Gobierno no tiene el menor inconveniente en que se amplíe el plazo y en desarrollar contactos con
los equipos redactores y sus señorías para explicar el contenido del proyecto y tratar de ver enmiendas que eliminen excesivas referencias reglamentarias e incorporemos en el texto de la ley la determinación de las garantías, la facultad de revisión
por parte de las administraciones públicas de las ofertas de los operadores y los temas que sus señorías han planteado. Por tanto, el espíritu es abierto a que la mejoremos y a que disminuyamos las referencias reglamentarias y podamos aclarar, en
la medida de lo posible, las competencias respectivas de las diferentes administraciones autonómicas y nacionales. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Le agradezco su disposición y espero que se cumpla.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente
121/000085).
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día es la aprobación por la Cámara de la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ningún grupo ha manifestado su deseo de intervenir. Si les parece, daría por aprobada por asentimiento esta tramitación directa y en lectura única que veremos en el Pleno que viene.
(Asentimiento).
En unos minutos vamos a votar. (Pausa).
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL DESPLIEGUE Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA OPERACIÓN MILITAR DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA. (EUFOR RCA). (Número de expediente
095/000004).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en la
República Centroafricana. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299, más 3 votos telemáticos, 302; a favor, 285, más 3 votos telemáticos, 288; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE APOYO A LA CULTURA, EN SUS DIFERENTES LENGUAS, Y A LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (Número de expediente
173/000140).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y presupuestaria de apoyo a la cultura en sus diferentes lenguas, y a las
actividades culturales. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 129; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL. (Número de expediente 130/000051).
El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307, más 3 votos telemáticos, 310; a favor, 287, más 3 votos telemáticos, 290; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Propongo ahora votar por asentimiento su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que ha sido solicitado por todos los grupos. (Asentimiento).
Queda aprobado.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de expediente 121/000050).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley de seguridad privada. Enmiendas al apartado 1 del artículo 12; al apartado 1 del artículo 13; al apartado 1 del artículo 21 y al artículo 51.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308, a favor, 190; en contra, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 41.1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 174; en contra, 128; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas al proyecto de ley de seguridad privada.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 185; en contra, 121.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000070).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el real decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. En primer lugar, enmiendas al preámbulo salvo en lo relativo al apartado IX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 186; en contra, 99; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo único en su apartado cinco; apartado ocho; apartado doce; apartado diecinueve quáter y al apartado veintiuno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 186; en contra, 105; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al apartado diecisiete del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 177; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al apartado diecinueve ter (nuevo Senado).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 178; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional nueva.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 270; en contra, 25; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional (nueva Senado), por la que se incorpora la Directiva 2011/82/UE.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 191; en contra, 4; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas al apartado IX del preámbulo y a los anexos I, II y III.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 184; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición final (nueva Senado), por la que se modifica la Ley 18/2008.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 282; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas a la ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 285; en contra, 1; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. (Número de expediente 121/000057).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación. En primer lugar, enmienda al apartado 1 del artículo 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 191; en contra, 5; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas al apartado 2 del artículo 10, al apartado 4 del artículo 37 y a la disposición adicional segunda (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 265; en contra, 5; abstenciones, 37.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 191; en contra, 94; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 294; en contra, 5; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 280; en contra, 5, abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 121/000077).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, presentadas por los grupos de Unión Progreso
y Democracia, La Izquierda Plural y Socialista. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 3 votos telemáticos, 309; a favor, 115, más 2 votos telemáticos, 117; en contra, 173, más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: EL Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la avocación por el Pleno de este proyecto de ley. Se han emitido tres votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 3 votos telemáticos, 309; a favor, 135, más 2 votos telemáticos, 137; en contra, 169, más 1 voto telemático, 170; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.