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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 26/06/2013
cve: DSCD-10-PL-125
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 125
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 119
celebrada el miércoles,
26 de junio de 2013
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ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE). (Número de expediente 172/000136) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar el sector industrial y evitar el cierre de miles de empresas. (Número de expediente 172/000137) ... (Página33)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de articular una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. (Número de expediente 172/000139) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el
ámbito municipalista. (Número de expediente 173/000094) ... (Página46)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación
resultante de la aplicación de los mismos. (Número de expediente 173/000095) ... (Página54)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética. (Número de expediente 173/000096) ... (Página63)
SUMARIO
Se renuda la sesión a las nueve de la mañana.
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Preguntas ... (Página5)
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Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el presidente del Gobierno que el régimen foral de Navarra es privilegiado y, por tanto,
insolidario con el resto de España? (Número de expediente 80/000606) ... (Página5)
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Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué actitud piensa adoptar ante la decisión de los ayuntamientos del Condado de Treviño de promover su inclusión
en Álava/Araba? (Número de expediente 180/000603) ... (Página7)
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De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos en sustitución de don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿A cuánto ascienden los recortes sociales de su Gobierno?
(Número de expediente 180/000608) ... (Página8)
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Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo explica que la Agencia Tributaria no inspeccione de oficio los
movimientos fiscales atribuidos a los NIF de determinados ciudadanos? (Número de expediente 180/000604) ... (Página10)
Página
Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuál es para el Gobierno la cuantificación de la economía sumergida en
España? (Número de expediente 180/000618) ... (Página11)
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Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo afectan sus recientes actuaciones a la credibilidad de la Agencia Tributaria? (Número de
expediente 180/000609) ... (Página13)
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De la diputada doña Soledad Cabezón Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno eliminar el IVA de los comedores escolares? (Número de expediente
180/000610) ... (Página14)
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De la diputada doña Pilar Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuál es la razón por la que el Gobierno no ha permitido a Canarias la posibilidad de
financiarse con una entidad de crédito? (Número de expediente 180/000611) ... (Página16)
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De la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para contribuir a la reconstrucción de los daños causados por las
inundaciones en el Pirineo de Lleida? (Número de expediente 80/000612) ... (Página17)
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De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué quiere prescindir el Gobierno de la educación en valores de ciudadanía? (Número de
expediente 180/000613) ... (Página19)
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De la diputada doña María José Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué pretende conseguir en materia de formación profesional con su reforma educativa?
(Número de expediente 180/000614) ... (Página20)
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Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedir que se siga destruyendo
el sector industrial en nuestro país? (Número de expediente 180/000605) ... (Página21)
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De la diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Respalda la ministra de Empleo la instrucción del Servicio Público de Empleo
Estatal según la cual el subsidio por desempleo para mayores de 55 años finaliza y deja de abonarse cuando sus beneficiarios cumplan los 61 años de edad? (Número de expediente 180/000615) ... (Página22)
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De la diputada doña Magdalena Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo va a resolver el Gobierno la incertidumbre que el informe de los expertos ha generado en
relación con las pensiones? (Número de expediente 180/000616) ... (Página23)
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De la diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿A qué cree usted que obedece la caída de los salarios? (Número de expediente 180/000617)
... (Página25)
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Interpelaciones urgentes ... (Página26)
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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ... (Página26)
Formula la interpelación urgente el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).
Replica el señor Sixto Iglesias y duplica el señor ministro del Interior.
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar el sector industrial y evitar el cierre de miles de empresas ... (Página33)
Formula la interpelación urgente el señor Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).
Replica el señor Puig Ferrer y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de articular una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad ... (Página40)
Formula la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).
Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página46)
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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el
ámbito municipalista ... (Página46)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Zarrías Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura y el señor Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Pàramo i
Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tarno Blanco, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Zarrías Arévalo.
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Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación
resultante de la aplicación de los mismos ... (Página54)
Defiende la moción conscuencia de interpelación urgente la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Barkos Berruezo y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista y
Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor
Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Sánchez Robles.
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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética ... (Página63)
Defiende la moción conscuencia de interpelación urgente la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Flores Lanuza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE EL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA ES PRIVILEGIADO Y, POR TANTO,
INSOLIDARIO CON EL RESTO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000606).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Carlos Salvador, del Grupo Mixto.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, estoy seguro de que estos días habrá escuchado al coro de políticos y analistas que proponen reformar la Constitución española para suprimir el Régimen Foral navarro. Es verdad que
con más tiempo podríamos hablar del origen histórico del Fuero, de la pervivencia de sus instituciones, del estatus constitucional o de su naturaleza paccionada, pero lo cierto es que hoy algunos niegan que el edificio foral sirva para garantizar la
cohesión del modelo territorial, la igualdad, la subsidiariedad, la solidaridad entre las regiones de España, incluso la unidad de la nación. Y es verdad que a muchos navarros, a muchos, nos preocupa y nos molesta, incluso nos ofende, que se
plantee la existencia y el futuro del Fuero navarro y que este sea un precio político que tuviéramos que pagar para combatir o conllevar el independentismo, para contentar el jacobinismo emergente o simplemente porque somos incapaces entre todos de
gestionar con más imaginación y lealtad nuestra compleja personalidad política como nación. Por todo ello, en Unión del Pueblo Navarro creíamos y creemos que es oportuno e importante escuchar su valoración ante todo este acoso y por eso le formulo
la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Salvador.
La postura del Gobierno y la mía es conocida, la Constitución en su disposición final primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
establece, entre otras disposiciones de régimen foral, que las relaciones de orden tributario y financiero entre estos territorios forales y el Estado vendrán reguladas por el sistema de convenio. Los regímenes forales, como usted sabe mejor que
yo, se caracterizan porque los criterios forales tienen competencia para recaudar impuestos y además tienen capacidad normativa siempre que la presión fiscal sea similar a la del resto de España. Además, el territorio foral contribuye, como usted
ha señalado, a las cargas del Estado a través de una cantidad; en el caso de Navarra es la aportación. Conviene recordar que no es una cantidad fija, sino que la aportación se establece cada cinco años y se actualiza, como usted también conoce,
anualmente. Por tanto, este es un elemento que configura el Régimen Foral, es una pieza más de nuestro Estado autonómico; no es un privilegio ni es insolidario. Sirve para la solidaridad de todos y el Gobierno no tiene ninguna intención de
plantear ninguna reforma de la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Créame que es obvio que no me sorprende su respuesta y se la agradezco. Los ataques sobre Navarra no son nuevos. ETA lleva querido quebrar la voluntad política de nuestra comunidad durante más de cincuenta años y aquí estamos. Pero apelar
a la insolidaridad es un ataque mucho más sutil, porque supone negar uno de los principios rectores de nuestro Fuero recogido en el artículo primero del amejoramiento, donde se describe a Navarra como una comunidad solidaria con el resto de los
pueblos de España. La solidaridad, señor presidente, señorías, no es una imposición ni algo que busquemos incumplir. Al contrario, es la contrapartida de nuestra autonomía foral, es la forma de integrar su original diseño en el funcionamiento
armónico de la España autonómica, es la manera navarra de contribuir al progreso de España, y si no es ésta, no habrá otra. Los navarros, señor presidente, no vamos a renunciar a nuestra personalidad política, es más, la vamos a defender con leal
tesón, como dice nuestro himno, frente a todos aquellos que están empeñados en mancillar la imagen de nuestra comunidad en España. Espero -lo oigo en su respuesta- que usted, su Gobierno, su partido y muchos más se sumen a esta noble causa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Salvador, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Es una decisión que hemos adoptado y votado entre todos, es compatible con la coordinación de las políticas públicas y, sobre todo, es compatible con los esfuerzos y las metas
comunes para afrontar las dificultades, como ha quedado acreditado a lo largo de los últimos tiempos. Insisto, no tenemos ninguna intención de plantear ninguna reforma a nuestro texto constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTITUD PIENSA ADOPTAR ANTE LA DECISIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL CONDADO DE TREVIÑO DE PROMOVER SU INCLUSIÓN
EN ÁLAVA/ARABA? (Número de expediente 180/000603).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al presidente del Gobierno que formula don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, el pasado mes de marzo, los dos ayuntamientos del enclave de Treviño, Treviño y La Puebla de Arganzón, gobernados por candidaturas independientes y sin ningún voto en contra aprobaron iniciar el
proceso de incorporación a Álava. ¿Qué actitud piensa adoptar ante esta decisión?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor Esteban.
Mi actitud ante esta cuestión y ante cualquier otra que se me plantee como presidente del Gobierno será buscar en todo momento el interés general de los ciudadanos, encontrar soluciones a los problemas y obrar siempre con absoluto respeto a
las previsiones de la ley, como no podía ser de otra manera. Esta es mi actitud en la tarea del Gobierno y también será la que presida mi actuación en el asunto por el que usted se interesa, en el cual, como usted también sabe, hay previsiones
legales. La cuestión que me plantea está contemplada en la Constitución española, que dice que la alteración de los límites provinciales se debe resolver en última instancia por esta Cámara mediante una ley orgánica. Ahora bien, con carácter
previo -como usted también sabe-, los diferentes estatutos de autonomía contienen disposiciones específicas y regulan minuciosamente los trámites que deben seguirse para la segregación de enclaves territoriales. Este marco -usted también lo sabe-
ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, que se ha pronunciado con claridad apostando por la estabilidad de la ordenación territorial en España. Por tanto, mi posición en este asunto será -no puede ser otra como presidente del
Gobierno y usted lo sabe- la de respetar la ley y las decisiones que adopten las instituciones competentes.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Eso está bien, no podía ser de otra manera, pero es que su actitud en este caso es clave. Por una parte, como presidente del Gobierno, evidentemente, para autorizar que los ciudadanos sean consultados y para que se obre en consecuencia
cumpliendo esa voluntad, pero también aquí su actitud es clave como presidente del Partido Popular, que es quien tiene la mayoría absoluta en Castilla y León. Usted puede influir en la posición de su partido en las instituciones castellanoleonesas
de manera que se permita de una vez que se cumpla el ordenamiento jurídico en su totalidad.
Su Gobierno y usted mismo están inmersos en un empeño de racionalizar la Administración y disminuir costes. Usted y el ministro de Hacienda lo repiten un día sí y otro también, están con el anteproyecto para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración local, ahora mismo han presentado el informe para la reforma de las administraciones públicas; pues bien, aquí tiene una excelente oportunidad de trabajar en ese sentido. Un enclave a 10 kilómetros de
Vitoria-Gasteiz y a 100 kilómetros de Burgos,
donde los ciudadanos quieren y tienden a obtener sus servicios educativos, de salud, de comercio, de ocio y cultura en Álava, van al colegio, al hospital, a la tienda, al cine, al teatro en Vitoria y les gustaría obtener los servicios de
Vitoria. Los ciudadanos de Treviño, señor presidente, esperan que no se les impida unilateralmente por Castilla y León o por su Gobierno ejercer un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y que es parte -y usted lo sabe también- del bloque
de constitucionalidad. En los últimos cien años han solicitado manifestar esa voluntad seis veces, tres en los últimos treinta. No puede ser excusa que el territorio por haber sido señorío no se integrara en la hermandad alavesa en el siglo XV.
Deje que se expresen en referéndum, facilite la tramitación legislativa en Castilla y León y en las Cortes, y solo de esa manera usted, su partido y su Gobierno serán coherentes con su discurso, racionalizando la Administración, reduciendo costes y,
en definitiva, mejorando el nivel de vida de los ciudadanos, si no, todo su discurso sobre la Administración local quedará en mera palabrería.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Esteban, yo creo que la actitud más coherente que puede adoptar el presidente del Gobierno, actitud a la que se le pueden aplicar otros calificativos, es la de ceñirse a lo que dice la
ley y a las propias decisiones de esta Cámara. Esta es una decisión de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del propio Congreso de los Diputados; no es una decisión del presidente del Gobierno, que en
cualquier caso está obligado a cumplir la ley. Por otra parte, respecto de los servicios públicos quiero recordarle que los Gobiernos tenemos la responsabilidad de garantizar que se presten los servicios públicos de forma eficiente para los
ciudadanos en todo el territorio y de fomentar la cooperación y coordinación entre administraciones públicas. Creo que en el Condado de Treviño la Junta de Castilla y León cumple con sus obligaciones, atiende a los ciudadanos, hace todo aquello que
tiene que hacer y, desde luego, garantiza la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos. Por tanto, insisto, tengo que velar, soy el primer obligado, por que se cumplan las disposiciones y los preceptos establecidos en las leyes y eso es lo que voy
a hacer, entre otras cosas porque no tengo ninguna otra alternativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS RECORTES SOCIALES DE SU
GOBIERNO? (Número de expediente 180/000608).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al presidente del Gobierno de la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.
¿A cuánto ascienden los recortes sociales de su Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora diputada.
Como ya he señalado en otras ocasiones, el objetivo nacional es hoy crecer y crear empleo, lo que además tiene otras consecuencias beneficiosas, como el aumento de los ingresos públicos, lo que nos permitirá mejorar las atenciones sociales.
Para ello estamos llevando a cabo una política económica con tres pilares fundamentales. En primer lugar, estamos haciendo reformas estructurales para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía española; en segundo lugar, estamos
procediendo a la reestructuración del sistema financiero y, en tercer lugar, a la reducción del déficit público. Reducir el déficit público nos ha obligado a reducir algunas partidas de gasto y también a aumentar algunos impuestos. Hemos intentado
hacerlo de manera equitativa, protegiendo a las pensiones de nuestros pensionistas, que han subido; manteniendo el seguro de desempleo y preservando los grandes servicios públicos
fundamentales. Todo esto lo hacemos con la convicción de que la reducción del déficit público es un elemento indispensable para poder crecer, crear empleo y, como le he dicho al principio, para aumentar los ingresos de las administraciones.
Además, es bueno para el crédito, que se facilitaría a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, ahorra intereses de la deuda y acabaría con la morosidad de las administraciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor presidente, le hago esta pregunta porque, a pesar del maquillaje de las cifras y de la falta de transparencia en la forma de realizar los recortes, lo cierto es que hoy el gasto social ha disminuido en los
presupuestos del Estado tres puntos en solo dieciocho meses, desde que usted llegó al Gobierno, prometiendo que recortaría todo menos educación, sanidad y pensiones. Usted ha realizado recortes sin precedentes en educación, sanidad, servicios
sociales y dependencia y ahora que los pensionistas han visto cómo su poder adquisitivo ha disminuido por el incremento de los impuestos y el copago de los servicios, anuncian una reforma de pensiones cargada de recortes. Pero ahora estamos de
nuevo con la educación, señor presidente. Qué le voy a contar, mire como tiene el patio, diputados, consejeros de autonomías del Partido Popular, porque la pregunta a esta reforma educativa es por qué está reforma educativa, señor presidente, que
quiere que los alumnos de menos renta abandonen hoy la universidad o no puedan tener acceso a ella, a dónde quiere mandarles con un 60 % de paro juvenil. Señor presidente, releyendo un artículo que está ahora funcionando en las redes que usted
escribió hace tiempo, viendo que hablaba sobre la superioridad de los hijos de la buena estirpe y la envidia igualitaria y algunos que pretenden suprimir las desigualdades, he pensado que solo sobre estas ideas retrógradas se puede inspirar una
política educativa como la de su Gobierno. Porque no nos engañemos, señor presidente, no es el ministro al que ahora todos quieren arrinconar, es usted. Él es ministro porque usted le nombró. Sigue de ministro porque usted no le cesó. Y usted
hoy puede anunciar la retirada del decreto de becas, la retirada de la Lomce (Rumores), la apertura de una mesa de diálogo en el Ministerio de Educación para que vuelva el diálogo y el ministro a las tertulias, de las que nunca debió salir.
(Aplausos.-Rumores).
Señor presidente, es su responsabilidad. Y es su responsabilidad también atender a las peticiones de mi grupo parlamentario, que le hemos pedido que venga a comparecer para que explique, como presidente del Gobierno y presidente del Partido
Popular, la presunta financiación ilegal de su partido. (Rumores y protestas). Usted acumula peticiones de comparecencia, señor presidente, mientras los españoles acumulamos noticias escalofriantes sobre nuevas cuentas millonarias en nuevos
paraísos fiscales del extesorero Bárcenas, sobresueldos, sueldazos o como quiera llamarlos el señor Floriano. Y usted solo habla de este asunto tras un plasma. Atienda nuestras comparecencias y hable de esto en sede parlamentaria. Es también su
responsabilidad, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Como le he explicado en la respuesta a mi pregunta, corregir el déficit público es fundamental a los efectos de crear empleo y mejorar el bienestar de los españoles. Lo hemos hecho de manera
equitativa. Hemos preservado las pensiones, nosotros no las hemos congelado como hicieron otros. Nosotros hemos mantenido el seguro de desempleo, el gasto social significa el 63 % del presupuesto. Hemos prorrogado el Plan Prepara. Hemos creado
el Fondo social de viviendas. Hemos resuelto buena parte de los problemas que ustedes generaron con su legislación hipotecaria y estamos actuando de manera equitativa con el único objetivo de crecer y crear empleo. Usted habla de recortes
sociales. El mayor recorte social que se ha hecho en España ha sido el hecho de que entre los años 2008, 2009, 2010 y 2011 haya aumentado el paro en 3.340.000 personas (Rumores). O que se hayan perdido 70.000 millones de euros de ingresos
públicos. O que el déficit público, en lugar de ser el 6 %, como se había comprometido con Europa, fuera del 9 % (Rumores). O que se dejara crecer la deuda externa hasta una cantidad equivalente al producto interior bruto. Si no se hubieran
tomado las decisiones que se tomaron en los últimos años, usted no estaría haciendo esta
pregunta hoy aquí. Pero no se preocupe, porque nosotros estamos haciendo la política para salir de la situación en la que ustedes nos dejaron, lamentablemente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO EXPLICA QUE LA AGENCIA TRIBUTARIA NO INSPECCIONE DE OFICIO
LOS MOVIMIENTOS FISCALES ATRIBUIDOS A LOS NIF DE DETERMINADOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000604).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, formula su pregunta don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, una cosa es la política fiscal y otra cosa es la Agencia Tributaria. La política fiscal va cambiando, o no tanto, según los Gobiernos; pero nos parece fundamental preservar el funcionamiento de la Agencia Tributaria, que nos
merece, por cierto, todos los respetos y confianza. Por eso le pregunto a usted, pero como máximo responsable político de Hacienda: ¿Hay NIF en España cuyos movimientos fiscales no se inspeccionan de oficio en la Agencia Tributaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, le agradezco la intención de la pregunta porque me parece importante que la sociedad española conozca en el día de hoy que no hay ningún NIF en la Agencia Tributaria que no sea sometido a procedimientos de inspección, de
oficio, como su señoría reclama, y por tanto no existe ninguna capacidad por parte de ninguna persona de permanecer oculta a las inspecciones de la Agencia Tributaria.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Pues muchas gracias, señor Montoro, pero la verdad es que su explicación no explica gran cosa, porque debido a la instrucción del caso Nóos, etcétera, ha emergido un caso realmente llamativo y las explicaciones
que ustedes están dando no explican nada, porque atribuir a errores de registradores y notarios que cometan exactamente el mismo error -idéntico- en operaciones distintas, en distintas provincias, en sendos años diferentes, la verdad es que tiene
una inverosimilitud tal que, francamente, como explicación no sirve. Así que esperamos del Gobierno que nos den una explicación a todos los ciudadanos que sea satisfactoria porque, evidentemente, algo no funciona. Es verdad que usted no era
ministro de Hacienda en los años 2005 y 2006, pero en un contexto como el actual de tal deterioro de confianza en las instituciones y como usted mismo ha dicho -y nosotros compartimos esa idea-, hay que preservar los mínimos de que por lo menos
todos los ciudadanos crean que el trato que están recibiendo fiscalmente es igual para todos. Lamentablemente, lo malo es que esto está no solo bajo sospecha, sino que no se puede creer, porque como el propio juez Castro ha solicitado a Hacienda,
no se trata solamente de que la explicación es incomprensible sobre todo por la bajísima, remotísima probabilidad de que algo así pudiera ocurrir, sino que luego hay otros movimientos que en ese informe no se citaban. Yo no le pregunto sobre este
caso en particular porque no es el caso -valga la redundancia-, lo que les pedimos a ustedes, al Gobierno, es que restablezcan y restauren la confianza que la política fiscal está a punto de destruir en instituciones básicas como la Agencia
Tributaria, la igualdad fiscal, etcétera. Se lo decía antes, las políticas fiscales cambian o no tanto, pero lamentablemente parece que hay una continuidad de los últimos Gobiernos -no solamente del de ustedes sino de los anteriores- y esa política
fiscal tiene que ver con una opacidad que no es de recibo en la democracia. Le quiero llamar la atención sobre el problema de la opacidad. Las explicaciones que han dado ustedes o las que no han dado siguen repitiendo el reiterado y
antiguo espíritu de opacidad, y así no se puede no digo ya salir de crisis y crear empleo -como le gusta decir al señor presidente-, así no se puede realmente hacer nada en una sociedad democrática. Restaurar la confianza es esencial y para eso
solo hay una fórmula: transparencia. Las explicaciones que ustedes han dado -siento tener que decírselo- no van en esa línea, por favor rectifiquen y explíquennos a los ciudadanos qué es lo que realmente ocurre en la Agencia Tributaria para que
esa confianza que tenemos no se vea puesta en peligro...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, las explicaciones relativas a errores que se producen en procedimientos administrativos y su traslación a procedimientos judiciales, como he insistido ante la sociedad española reiteradamente son errores lamentables pero que
se producen. De ahí no cabe extrapolar consecuencias generales. Por lo demás, las explicaciones estamos dándolas reiteradamente. (Rumores). A media mañana, el secretario de Estado de Hacienda concurrirá ante los medios de comunicación para
explicar cuál es la diferencia entre un procedimiento administrativo, la traslación de la información de la Agencia Tributaria a vía judicial y cómo debemos evitar entre todos la comisión de ese tipo de errores. Eso es lo importante, no mirar al
pasado porque, como usted dice, había otro Gobierno y otro responsable de la Agencia Tributaria, pero lo que hay que preservar es la institución y no sembrar dudas donde no hay motivos de dudas y de sospechas. Estoy convencido de que tanto en el
ámbito administrativo como en el ámbito judicial quedará confirmado que no había razón para la sospecha, que es lo peor que nos puede ocurrir.
Su señoría está planteando también una cuestión de fondo en términos de preservar la confidencialidad. La preserva de la confidencialidad y de las garantías procesales es fundamental en el Estado de derecho. Todos coincidiremos en esta
Cámara sobre lo que ello significa. El día que perdamos esas garantías habremos perdido calidad en nuestra democracia. Por eso, insisto y aprovecho la orientación de su pregunta para insistirles en que el debate político no debe superar nunca la
crítica a instituciones, en este caso como la Agencia Tributaria, que sin duda alguna por su funcionamiento es una de las grandes instituciones del Estado, que hay que seguir mejorando -sin duda también-, y a ese respecto tendrán la iniciativa del
Gobierno... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁL ES PARA EL GOBIERNO LA CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN
ESPAÑA? (Número de expediente 180/000618).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuál es para el Gobierno la cuantificación de la economía sumergida en España y la pérdida de recaudación para la Hacienda pública?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
Como su señoría conoce, realmente hay muchas formas de medir la economía sumergida que, por su naturaleza, pertenece al ámbito de lo desconocido. Si no, no sería sumergida estaría aflorando, sería conocida, estaría en las estadísticas
regulares y por supuesto toda la actividad mercantil estaría pagando impuestos. (Rumores). Es cierto que España tiene una recaudación tributaria en relación con su nivel de
actividad económica, con su PIB e incluso con su PIB per capita claramente inferior a la que tienen los países desarrollados de nuestro entorno. Eso es una realidad y es un indicador de que en España hay demasiada economía sumergida; eso
también es una realidad. A ese respecto, lo que quiero recordarles es que las leyes que se están aprobando en la Cámara son leyes eficaces; en materia de afloramiento de bienes y derechos en el exterior, la declaración 720 ha permitido que afloren
8.700 millones de euros de más de 140.000 contribuyentes residentes en España. Por tanto, estamos haciendo ese trabajo para que cada vez conozcamos mejor cuáles son las bases imponibles y, a partir de ahí, vivamos una ampliación de las mismas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Sorprende, de entrada, que el Gobierno no disponga de un indicador oficial de la economía sumergida. Algunos estudios internacionales reproducidos en el CES plantean que en España hay aproximadamente un 20 % de economía sumergida del PIB, o
sea, 200.000 millones de euros, y la pérdida de recaudación de la Hacienda pública ascendería, si esto fuera cierto, a alrededor del 6 % del PIB, lo que representaría una pérdida anual por ingresos no detectados en la economía sumergida de alrededor
de 60.000 millones de euros. Probablemente, señor ministro, la economía sumergida es la primera causa del fraude en España y también sorprende que solamente dispongamos de todos aquellos datos que da la Agencia Tributaria que corresponden al número
de inspecciones realizadas, al número de actas efectuadas, a la recaudación de la Agencia Tributaria en su actuación fiscalizadora y que no tengamos indicadores oficiales sobre la economía sumergida en España cuando creemos sinceramente que este es
el principal foco de fraude en nuestro país. También entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la Agencia Tributaria tendría que tener como principal objetivo reducir la economía sumergida en nuestro país y no centrar única y exclusivamente
su trabajo en inspeccionar a los que habitualmente ya pagan; o sea, en definitiva, la Agencia Tributaria tendría que ser la cara amable para los que ya pagan habitualmente y un instrumento feroz y eficaz para los clandestinos y que no constan en
ningún sitio. Por este motivo, entendemos que el Gobierno tendría que disponer de toda aquella información que fuera en la dirección de tener datos de cuál es la estimación oficial de la economía sumergida en España anualmente, también estudiar en
qué medida se asientan en los paraísos fiscales, en qué medida corresponden a actividades ilícitas, en qué medida corresponden a actividades no declaradas y también tener un mapa de las comunidades autónomas donde se centraliza más la economía
sumergida. En definitiva, que finalmente la Agencia Tributaria pudiera ser un instrumento eficaz para recaudar estos más de 60.000 millones de euros que no ingresa... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, es que lo hace. Comprendo la queja de que quien es inspeccionado lo que no quiere es la inspección y le dice a la Agencia Tributaria: mire usted a ese lado, que es donde está la economía sumergida. Pero a ese lado también
está trabajando la Agencia Tributaria. Está realizando visitas sobre potenciales elementos de economía sumergida continuamente. La Agencia Tributaria lo está haciendo y por tanto debemos poner en valor la acción de esa Agencia Tributaria en la
Cámara. Todos entendemos que es una actuación muchas veces incómoda para los contribuyentes, pero es absolutamente necesaria para financiar el Estado, para financiar equitativamente los servicios públicos de los ciudadanos y para ensanchar las
bases imponibles y no tener que subir impuestos a quienes hoy los pagamos sino, a través de la corrección de ese fraude fiscal, tener bases que nos permitan financiar los servicios, reducir el déficit público y abrir una etapa nueva de crecimiento
económico y de creación de empleo para España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO AFECTAN SUS RECIENTES ACTUACIONES A LA CREDIBILIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA? (Número
de expediente 180/000609).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo cree usted que afectan sus últimas decisiones a la credibilidad de la Agencia Tributaria?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Mis últimas decisiones se refieren a iniciativas legislativas traídas a esta Cámara y, por tanto, afectan de forma que potencian el trabajo de la Agencia Tributaria con una ley antifraude, la más sólida, la más contundente que se ha aplicado
nunca en la democracia española y que ha dado lugar al afloramiento de esos 87.700 millones de euros, que es realmente un grado de envergadura de afloramiento como nunca antes había tenido la sociedad española.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
La pena es que la mayoría de los españoles no piensa lo mismo que usted. El problema de fondo de la actuación de su equipo al frente de Hacienda es que está poniendo en entredicho la credibilidad, la reputación de la Agencia Tributaria, y
eso tiene unos efectos importantes. Estamos hablando de la Agencia Tributaria, estamos hablando del Estado de derecho, de una pieza fundamental del Estado de derecho, y estamos hablando de una pieza fundamental en la lucha contra el fraude fiscal.
Señor ministro, lo que quieren los ciudadanos españoles es seriedad, es rigor; lo que no quieren son improvisaciones y amenazas como las que usted está lanzando estos últimos meses al conjunto de la sociedad española.
Lo de la nota de anoche es una improvisación, es una chapuza, señor ministro de Hacienda, de tomo y lomo. Después de doce días, producen la nota que comunicaron anoche, señor ministro. ¿Tuvieron que tardar doce días en hacer lo que
hicieron? Además, hay muchas dudas de por qué la dirección política de la Agencia Tributaria no evaluó los datos que se enviaban, de por qué no se comprobaron los datos que se enviaban al juez. ¿Por qué no se hizo entonces, hace doce días, y ahora
sin embargo se comprueban? La ley se utiliza en un sentido y ahora en otro. Señor ministro de Hacienda, ¿usted quiere colaborar con el juez? ¿La dirección política de la agencia quiere colaborar con el juez? Desde luego, la mayoría de los
españoles no cree que quieran colaborar con el juez, porque además estoy convencido de que el juez también tiene dudas de que ustedes quieran colaborar en esa instrucción.
Señor ministro, está en juego mucho en este país, por tanto, en primer lugar, tiene que dar explicaciones aquí, en sede parlamentaria; en segundo lugar, si de la investigación se derivan delitos tiene que llevarlo al fiscal, caiga quien
caiga; y en tercer lugar, señor ministro, tiene que pedir perdón al resto de españoles, tiene que pedir perdón al resto de contribuyentes españoles. Menos chapuzas y más transparencia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, ya he pedido perdón a la sociedad española; ya he pedido perdón a la Casa Real, y lo vuelvo a hacer en sede parlamentaria porque efectivamente se han producido errores atribuibles a procedimientos, pero que no vea nadie
intención alguna en los errores. Los errores son errores -es lamentable que se produzcan-, pero, en primer lugar, no perjudican la causa judicial, y en segundo lugar, no empecen la tarea que está haciendo la Agencia Tributaria a favor de la
justicia, en un caso y en todos los casos. El año pasado casi 1.100 funcionarios de la Agencia Tributaria estuvieron auxiliando a la justicia, algo que también debe conocer la sociedad española, y en este caso se ha producido un error -se podía
haber producido en otros casos-, la vida es así, se producen errores y es evidente que los errores no tienen el mismo rango de importancia, pero no se pueden confundir errores con otro tipo de intencionalidades y no se puede hacer política sobre
intencionalidades que no existen. Como usted marcaba en su pregunta, hay dos instituciones que hay respetar: la Agencia Tributaria, una gran institución del Estado, y la justicia, la última responsabilidad del Estado de derecho. Por tanto, ahí,
en ese tránsito, desde la información de la Agencia Tributaria a la justicia, no existe nada más que transparencia. Puede haber errores, para eso están los procedimientos administrativos, para corregir errores en procedimiento administrativo o en
procedimiento judicial, pero no para sacar conclusiones políticas que realmente confundan a la ciudadanía sobre la calidad de nuestras instituciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD CABEZÓN RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO ELIMINAR EL IVA DE LOS COMEDORES ESCOLARES? (Número de expediente
180/000610).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Pregunta que formula al señor ministro la diputada doña Soledad Cabezón del Grupo Socialista.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿ha tomado ya la decisión de si va a eliminar el IVA de los comedores escolares?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Ya tuve ocasión de responder en esta Cámara a una pregunta de control e informar a la Cámara de que sobre la información que en su día traje, el pasado viernes 21 de junio hemos dado traslado formal de la respuesta a la Comisión Europea, que
es un traslado formal relativo al tratamiento y criterio interpretativo de España sobre estos asuntos, sobre los asuntos que pone de manifiesto la propia Comisión Europea en un triple sentido. Primero, hay que aplicar en términos de exención de IVA
una interpretación restrictiva; segundo, hay que aplicar criterios administrativos constantes, porque el tratamiento que tienen los monitores que atienden los comedores ha sido constante desde el año 1988 a acá; y tercero, también la definición de
lo que significan esos servicios de monitores escolares, en qué consisten esos servicios y por quiénes están prestados esos servicios.
No le quepa duda, señoría, de que estaremos atendiendo a los requerimientos de la propia Comisión Europea a este respecto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no le dé más rodeos, ni pares ni nones, a las familias, empresas e instituciones que esperan una respuesta y esperemos que sea para el próximo curso. Sabe usted perfectamente que la normativa europea y la normativa española
son claras y permiten dejar exentas del IVA las actividades extraescolares y los comedores. Depende únicamente de su voluntad, voluntad que en el mes de
noviembre pasado gravó con el IVA del 10 % y del 21 % a los monitores de los servicios de estas actividades. Fue suya la voluntad que hará que en el próximo curso se incrementen los comedores escolares entre 15 o 20 euros o se despida al 15
% del personal o incluso disminuya la calidad del servicio.
Señor ministro, lo que aquí falta es sensibilidad por su parte y por su Gobierno con las familias. Se les llena la boca para defenderlas, pero es el Gobierno que más ha legislado en su contra y en menos tiempo, especialmente en lo referente
a la educación, sensibilidad y tiempo que, sin embargo, no les ha faltado cuando han decretado incentivos fiscales para aquellos defraudadores con capitales en paraísos fiscales. Primero, subieron el IVA del material escolar; después, bajaron las
becas y, posteriormente, aumentaron las tasas. (Rumores). Ahora arremeten contra las actividades extraescolares... (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio para que se pueda oír a la diputada que está interviniendo.
Continúe, por favor.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, es todo un programa ideológico precisamente en unos momentos en los que tenemos en España 2 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, en el momento en el que las organizaciones sociales alertan a la ONU de la
malnutrición de muchos de los niños de España y en un momento en el que Bruselas ya le pide que revise esta normativa y que además extienda programas contra la exclusión social como el que puso en marcha Andalucía con la apertura de los comedores en
verano.
Señor ministro, se lo pedimos y se lo pedimos especialmente desde Andalucía donde estamos convencidos de que hay otra manera de salir de la crisis preservando la igualdad de oportunidades, desde Andalucía donde estos servicios no los
desmantelamos, como hacen ustedes en las comunidades que gobiernan, sino que los incrementamos y desde Andalucía donde hoy se anuncia la compensación a los estudiantes castigados por el ministro de Educación con becas de 1.500 euros para aquellos
que cumplan los requisitos y ustedes los hayan dejado fuera.
Señor ministro, por favor, rectifique. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, insisto en que vamos a estar a tenor de lo que concluya la Comisión Europea en el contraste que estamos haciendo y, si hemos de acomodarnos a los criterios que emanan de la Comisión Europea, lo haremos y lo haremos con
prontitud, no le quepa ninguna duda.
En relación con Andalucía, le tengo que recordar a su señoría que quien está financiando los servicios públicos de los andaluces es el Gobierno de España. (Rumores y protestas.-La señora Cabezón Ruiz hace gestos negativos). Si no me
reconoce eso, después de lo que estamos haciendo por Andalucía. Porque, desgraciadamente, Andalucía no tiene capacidad de recurrir a los mercados para financiar la parte de déficit público y de renovación de su deuda. Entonces, quien está
atendiendo a los servicios públicos de esos ciudadanos andaluces es el Gobierno de España, es el fondo de liquidez autonómica, señoría. (Aplausos). En España hay un modelo, que es salir todos de esta crisis, acabar cuanto antes con la destrucción
de empleo, ese es el modelo, preservando los servicios públicos fundamentales de los españoles. Esa es la intención y la acción del Gobierno. Por eso, estamos trabajando con franca lealtad y con una buena relación con la Junta de Andalucía, porque
hay criterios políticos que están muy por encima de los enfrentamientos partidistas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE EL GOBIERNO NO HA PERMITIDO A CANARIAS LA POSIBILIDAD DE
FINANCIARSE CON UNA ENTIDAD DE CRÉDITO? (Número de expediente 180/000611).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pregunta de la diputada doña Pilar Grande, del Grupo Socialista.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, ¿cuál es la razón por la que el Gobierno no ha permitido a Canarias la posibilidad de financiarse con una entidad de crédito?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
Señora diputada, según me informa la Secretaría General Técnica del Tesoro y Política Financiera, la Comunidad de Canarias ha planteado al Tesoro la posibilidad de emitir valores fuera del FLA, porque está en el FLA, pero también es cierto
que no tenemos constancia de ninguna oferta de ningún grupo concreto. Por tanto, no estoy en condiciones de hacerle esa valoración. A partir de ello, le recuerdo que precisamente las comunidades acogidas al FLA tienen una gran ventaja, que es la
que se deriva del ahorro de financiación a través del aval del Tesoro, respecto de lo que serían sus emisiones corrientes. No vea ninguna intención por parte del Gobierno, sino que las comunidades autónomas que no tienen acceso ordinario a los
mercados financieros vuelvan cuanto antes a esos mercados financieros y, por tanto, podamos suprimir en España los mecanismos extraordinarios de financiación y de liquidez. Entre tanto no ocurra esa situación, es mejor financiar siempre a través de
mecanismos más baratos que lo que sería acudir a préstamos que haría que los ciudadanos de Canarias o de cualquier otra comunidad autónoma pagaran un sobreprecio que sería injusto en términos de costes que soportaría el presupuesto de la comunidad
autónoma.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputada.
La señora GRANDE PESQUERO: Señor ministro, sobreprecio es el que usted nos obliga a pagar. ¿Qué le hemos hecho los canarios para que su Gobierno nos someta a un castigo continuo? Desde que ustedes gobiernan han disminuido la inversión en
Canarias como nunca en la historia, los ciudadanos canarios somos los peor financiados del Estado y los que más duramente hemos sufrido el descenso de las inversiones. Lo último, han anulado 32 convenios de vivienda de manera unilateral, lo que va
a afectar a más de 4.000 familias. Señor Montoro, ¿será acaso que los canarios le reímos poco sus gracias? Pero es que en Canarias, como en el resto de España, pensamos cuando le vemos: pero, bueno, con la que está cayendo, ¿de qué se ríe
Montoro?
A pesar de todo, a pesar de su poca ayuda, Canarias es una de las comunidades menos endeudadas y cumple con los objetivos del déficit y de la estabilidad presupuestaria. Su Gobierno nos denegó la mitad del FLA que solicitamos y que
necesitamos, y cuando se consigue una financiación que es mucho más barata que el FLA y con la que ahorramos 7,5 millones de euros al año, que podrían dedicarse a contratar más profesores, a aliviar las listas de espera o a los comedores escolares,
ustedes no nos lo permiten. Si no conoce las solicitudes, pregúntele a su compañero el señor De Guindos, si se habla con él. Además, no nos dicen ni por qué. Solo alcanzamos a vislumbrar dos posibles razones, a cual más chirriante: o bien
quieren profundizar en el proceso de recentralización encubierto que han iniciado al albur de la crisis, o bien proteger a la banca española a cualquier precio. A esa misma banca, señor ministro, cuya deuda estamos pagando todos los españoles; a
esa misma banca que ha vendido y ha engañado a los ahorradores y a los pensionistas vendiéndoles preferentes; a esa misma banca que no da un crédito ni a familias ni a empresas; a la misma banca que desahucia cada día a cientos de familias
españolas.
Ya entiendo que esto es un conflicto de intereses entre los intereses de la banca, los de la ideología centralista del Gobierno y los intereses de los canarios; y usted ha elegido, señor ministro. Conocíamos lo
de los sobresueldos del Partido Popular, pero lo que no conocíamos es que, mientras que seis millones de españoles buscan trabajo cada día, usted tiene pluriempleo. Además de ministro, es usted el director comercial de la banca y el
protector... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Créame que, cuando uno escucha algunos discursos en esta Cámara o fuera de ella, no le queda menos que sonreírse. ¿Qué está usted reprochando al Gobierno? ¿Que no le permita a la comunidad autónoma acceder a una financiación bancaria que
supuestamente tiene? Esa es la raíz de la pregunta. Ahora dice que yo protejo la banca; esto sí que tiene su aquel. Es una cosa o la contraria. Las dos cosas al mismo tiempo, soplar y sorber, ni en la vida ni en la política se puede, señora
diputada. (Rumores y protestas). Permítame que le añada algo. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, un momento.
Por favor, escuchen al señor ministro.
Continúe.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Es el Gobierno de la comunidad autónoma el que el año pasado voluntariamente decidió acogerse al Fondo de liquidez autonómica. ¿Por qué lo hace? Porque lo
necesita. Canarias necesita eso. ¿Y cuál es la postura del Gobierno de España? Acudir a la financiación de los servicios públicos de los canarios, que es nuestra obligación. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy seguro, señoría, de que hasta
usted lo comprende.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Si hay protestas hay que hacerlas entre pregunta y pregunta, no durante la pregunta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS
INUNDACIONES EN EL PIRINEO DE LLEIDA? (Número de expediente 180/000612).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta la diputada doña Teresa Cunillera del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, las inundaciones de la semana pasada del Pirineo leridano y oscense, especialmente del valle de Arán, han demostrado el valor, el coraje y la determinación de sus ciudadanos a la hora de afrontar los graves daños que han
sufrido. Estos ciudadanos merecen conocer si su Gobierno piensa tomar alguna medida. Como ellos merecen conocerlo, es por lo que hoy le demandamos que nos diga usted qué medidas van a adoptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señora Cunillera, como muy bien ha dicho, los pasados días 17, 18 y 19 junio hubo en la zona central del Pirineo -provincia de Lleida, valle de Arán, y provincia de Huesca, zona de Benasque; y antes se habían producido en Navarra-
importantes inundaciones fruto de unas precipitaciones que llegaron a más de 50 litros por metro cuadrado en algunos municipios. Además, se acumuló también el deshielo, que es inusual en aquella época. Sobre todo en el valle de Arán hubo que
evacuar a más de 400 personas, aunque afortunadamente no hubo desgracias personales ni, en definitiva, se produjeron muchas desgracias.
En estos momentos estamos en pleno proceso de evaluación de los daños producidos; daños fundamentalmente -como sabe su señoría- en viviendas, sistemas de depuración de aguas, carreteras, pistas forestales, así como en ocho cámpines de la
zona. Tenga usted la seguridad de que, una vez que hayamos culminado el proceso de evaluación de ayudas, bien por la vía ordinaria del real decreto del año 2005 del Ministerio del Interior o bien por la vía del real decreto-ley, por otras ayudas
extraordinarias, haremos frente a las necesidades derivadas de esa situación de emergencia de naturaleza catastrófica.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor ministro, por su descripción de los hechos. Esto quien ve el telediario ya lo había visto. Ustedes tienen unos representantes de la Administración del Estado en Cataluña muy locuaces y
a los que les gusta viajar por Cataluña para decir cosas. Pero, curiosamente, estos días han estado desaparecidos, no han existido. Señor ministro, comparto con usted que no debemos entrar en la confrontación -porque estoy segura de que están
pensando en esas medidas- y que no debemos caer en la tentación en la que ha caído, por ejemplo, el síndic de Arán cuando acusó a la Confederación Hidrográfica del Ebro de la limpieza de los cauces cuando todavía bramaba el agua, cuando la gente
está reclamando la Unidad Militar de Emergencias -que está en Benasque, porque el ejército francés está al otro lado de la frontera y no está allí- o cuando han fallado los avisos y las prevenciones.
En cualquier caso, señor ministro, ustedes tienen que aprovechar esta ocasión para una cosa muy importante. Los daños que se han producido en el Valle de Arán son estructurales; hablamos de daños en infraestructuras, hablamos de daños en
viviendas, hablamos de daños en pequeñas empresas que no van a poder volver a abrir, y hablamos de la gran industria del Valle de Arán, que es su turismo. Ustedes tienen un instrumento importante, ustedes tienen la Ley 10/2012, de 26 de diciembre,
que es un amplio abanico que contempla todas las posibilidades para paliar esos daños. Ustedes tienen esa oportunidad y se han callado. Hoy lo ha dicho aquí, nos alegramos, pero ha tenido que decirlo a requerimiento de una diputada de la
oposición.
Señor ministro, ustedes tienen un reto por delante importante. Ustedes tienen que afrontar los daños estructurales, no vale con hacer parches en la carretera N-230, no vale con hacer parches en las viviendas afectadas, en los cinco cámpines
que no van a poder abrir este año. Hay un daño tremendo en el turismo del Valle de Arán, hay un daño tremendo y ustedes deberían fijarse en lo que hizo el anterior Gobierno con un Plan de modernización del turismo en el Valle de Arán. Si ustedes
van por el camino de la reparación estructural, de mejora de todas las estructuras dañadas, ahí nos tendrán a su lado; si ustedes optan por la vía del parche, tentación que dudo resistan, nos tendrán enfrente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señoría, estoy seguro de que, dada la respuesta que daremos, les tendremos al lado y no enfrente. En todo caso, como ha hecho dos referencias muy concretas a la Unidad Militar de Emergencias
y a determinadas presencias y locuacidades, le diré que el director general de Carreteras, acompañado de la subdelegada del Gobierno en Lleida, visitó la zona. En cuanto a la Unidad Militar de Emergencias, se activó a petición de la Delegación del
Gobierno el día 18 de junio y dos helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y otro de la Unidad Militar de Emergencias, transportaron grupos electrógenos a la zona del Valle de Arán. Por tanto, cuando pregunte, señoría, esté un poco mejor informada.
Por lo demás, le diré que en estos momentos estamos trabajando, no hablando, trabajando, haciendo la evaluación de los daños causados, y ya le anticipo que efectivamente, sobre la base de la evaluación de los daños producidos, una vez esté
terminada, bien por la vía ordinaria, bien por la vía extraordinaria -usted ha hecho referencia a esa Ley del año 2012 que trae causa de un real decreto-ley para hacer frente a ayudas derivadas de los daños producidos por situaciones de emergencia o
catastróficas- haremos frente a ello también en esta ocasión; cuando esté culminado el proceso de ayudas, tanto las necesidades estructurales como las no estructurales, las ordinarias, serán cubiertas evidentemente por la Administración central,
como en ocasiones similares.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ QUIERE PRESCINDIR EL GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DE CIUDADANÍA? (Número de
expediente 180/000613).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta doña Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
¿Por qué quiere prescindir de la educación en valores de ciudadanía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Montón, no puedo contestar a su pregunta en los términos en los que usted la plantea puesto que no hay nada más lejos del propósito del Gobierno. Desde luego, si a lo que se refiere es a la futura ley orgánica para la mejora de la
calidad educativa, no hay nada más lejos de nuestra intención que prescindir de esos valores. En línea con la recomendación del Parlamento y del Consejo Europeo de 18 de diciembre de 2006, la Lomce considera esencial preparar a los alumnos para
asumir, adquirir los valores de la ciudadanía activa, que se considera una de las competencias claves en el aprendizaje permanente. Para ello desarrolla a lo largo de todo su articulado las estrategias necesarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, me refiero al completo de su gestión. La educación construye el futuro de una sociedad y usted quiere hacer retroceder al país a los modelos educativos y pedagógicos franquistas. Está destrozando
el sistema educativo con la estrategia del clasismo, el machismo y la homofobia, y metiendo la religión en las aulas como pago a la Conferencia Episcopal por haberlo sacado a la calle en contra de la ampliación de derechos.
Es clasista. Usted afirma que sobran universitarios, pero no están pensando en los hijos de los poderosos ni de aquellos que más tienen, están pensando en los hijos y las hijas de los trabajadores. Por eso implantan la educación
obligatoria, las reválidas, como una carrera de obstáculos. Aunque le están obligando a rectificar, dificulta el acceso a las becas exigiendo más esfuerzo al que menos renta tiene, lo que va a expulsar a más de 80.000 alumnos universitarios. Es
machista. Usted favorece la segregación por sexos y elimina el valor de la coeducación, con el propósito de perpetuar los estereotipos sexuales y la desigualdad; machismo que, además de ser un lastre para las mujeres y para la sociedad, es muy
peligroso, porque el machismo mata. Y es homófobo. Usted también elimina el respeto a la diversidad que aparecía en Educación para la Ciudadanía, y eso propicia la discriminación y el acoso escolar por orientación e identidad sexual, problema muy
doloroso pues el 17 % de las y los jóvenes que lo sufren culminan su desesperanza en intento de suicidio.
Señor ministro, deje de destrozar la educación, la igualdad y la vida de las y los jóvenes. Con su arrogancia, prepotencia y provocación ha conseguido que nadie le quiera como ministro, ni fuera ni ya tampoco dentro de su casa. Por mucho
que quieran vestir a la mona de seda y gastar dinero y energía en una campaña para lavar su imagen, señor Wert, debo decirle que su tiempo se ha agotado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora Montón, por todas las amables consideraciones que sobre mi persona ha tenido a bien verter. (La señora Montón Giménez: Sobre su gestión). Si quiere que le diga la verdad, en el único caso en que ha aparentado usted citar
alguna afirmación mía, esa afirmación no la he realizado nunca.
Usted ha formulado una pregunta sobre adquisición de competencias cívicas y sociales sobre la Educación para la Ciudadanía y nosotros consideramos que esas competencias son extraordinariamente importantes, pero no tienen por qué quedar
encapsuladas en una asignatura, sino que tienen que ser objeto de un tratamiento transversal; todo el sistema educativo tiene que servir para la adquisición de esas competencias. ¿Y sabe cuál me parece una competencia de extraordinaria importancia
en ese sentido? La adquisición de hábitos de argumentación, de diálogo, de tolerancia, de respeto mutuo, exactamente lo contrario de lo que en su intervención, caprichosa, gratuita, totalmente carente de fundamento y basada en el prejuicio, en el a
priori y en la ideología, ha formulado su señoría esta mañana. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ MORILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ PRETENDE CONSEGUIR EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON SU REFORMA EDUCATIVA?
(Número de expediente 180/000614).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, de la diputada doña María José Vázquez, del Grupo Socialista.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, vaya por delante que mi grupo celebra que usted se haya replanteado la nota para obtener una beca a la universidad. Le ha tenido que regañar hasta su grupo para que usted lo haga. Fíjese lo maquiavélico: Usted no acepta a
alumnos con un 6 solo porque no tienen recursos, porque a los que tienen un 5 y son ricos sí los aceptaba en la universidad (Aplausos); solo porque no tienen recursos. Además, a todos esos que tienen muchos recursos y que solo con un 5 pueden
estudiar, todos los españoles con nuestros impuestos les subvencionamos -usted lo sabe- el 80 % del coste de su formación, y eso no puede ser. (Aplausos).
Vamos a hablar de FP. Sus declaraciones delatan la idea que usted tiene de la FP. Usted dijo: Los que no llegan a un 5 deberían estudiar otra cosa. ¿A qué se refería usted, señor ministro? Los que no obtienen esa nota, pues a la FP.
¿Esa es la idea? ¿Así le va a dar usted reconocimiento social a la FP? ¿Esa es la idea que usted tiene? ¿Los malos a la FP, como en aquellos tiempos? Así, como Esperanza Aguirre, que decía: A la FP van los que no quieren estudiar. Parece que
se le trasluce esa idea a usted. Señor ministro, usted no es nadie para decidir lo que tiene que estudiar un joven. Con un 5, con un 7 o con un 9, cada uno tiene derecho a elegir lo que más se adapte a su futuro profesional, y lo elige el joven,
no usted. Además, creo que ya se va dando cuenta de que los técnicos de formación profesional están llamados a ocupar el 65 % de los puestos de las empresas y que, por tanto, van a ser los que más van a contribuir a la competitividad de nuestra
economía y de las empresas.
Usted llegó desde su ignorancia total en FP y entró tachando nuestro sistema de fracaso. Logró indignar a todos esos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en la formación profesional a la que acuden muy buenos expedientes desde
hace tiempo, a la que vuelven incluso universitarios porque aumenta su capacidad de inserción. Usted peca de adanismo con la formación profesional y con otras cosas, señor ministro. Por eso le pregunto: ¿Qué quiere hacernos creer que incluye la
ley Wert para mejorar la formación profesional? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Debo decirle, señoría, que esperaba una intervención que tuviera más que ver o por lo menos que la mayor parte de la cual tuviera que ver con la formación profesional -usted quería hablar de otras cosas hoy-, pero realmente estoy encantado
de poder responderle en el sentido en el que se formulaba su pregunta. En primer lugar, es evidente que la formación profesional es el gran déficit de nuestro sistema educativo. Lo acaba de decir la OCDE, lo dijo ayer mismo. Nos lo ha dicho la
recomendación específica de país del último informe de la Comisión Europea, en cuya recomendación se señala la necesidad de fortalecer la formación profesional y, por cierto, también la necesidad de proceder cuanto antes a una evaluación externa y
estandarizada de nuestros estudios. Y precisamente la formación profesional es uno
de los ejes principales, por no decir el eje principal, de la reforma que se incorpora en la Lomce. Por supuesto que parte de la situación que existe, como no podía ser de otra manera, pero parte para mejorar todo lo que se ha evidenciado
como claras deficiencias de ese sistema. Para empezar, plantea la posibilidad de una formación profesional básica de dos años, a diferencia de como estaban configurados los programas de cualificación profesional inicial, que servirá para dar un
cauce profesional a aquellos alumnos que no sigan la vía convencional de la formación profesional de grado medio y la formación profesional superior, pero que además será transitable; no tendrá esa condición finalista que hasta ahora tenían todas
las etapas de la formación profesional. En segundo lugar -y este es un aspecto muy importante-, plantea la formación profesional de grado medio y los ciclos de formación profesional de grado superior como etapas, no como sistemas cerrados sobre sí
mismos, porque tenemos la evidencia -y lo sabe su señoría, que desde luego tiene un conocimiento de esta cuestión muy superior al que ha acreditado hoy en su pregunta- de que hoy, en términos de empleabilidad, los ciclos de formación profesional de
grado medio, por no hablar ya de los de grados superior, ofrecen una perspectiva prácticamente equiparable con la educación terciaria. Y todo ello, señoría, para conseguir que nuestro país, que de los países europeos es el que tiene la proporción
más baja... (Varios señores diputados: ¡Oooh!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE SE SIGA
DESTRUYENDO EL SECTOR INDUSTRIAL EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/000605).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta del diputado don Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar su ministerio para impedir que se siga destruyendo el sector industrial de nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, el conjunto de medidas que el Gobierno está adoptando desde el principio de esta legislatura para intentar, en primer lugar, que no siga cayendo el peso del sector
industrial en el conjunto de la economía y, en segundo lugar, para reindustrializar la economía española consiste básicamente en una política industrial activa con tres pilares: En primer lugar, una política macroeconómica de estabilidad; en
segundo lugar, una política de financiación no bancaria, y en tercer lugar, una política de apoyo a distintos sectores industriales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor LARA MOYA: Señor ministro, eso es una declaración de intenciones pero hay una realidad. La realidad es que hoy los trabajadores de Gamesa se están manifestando frente al Ministerio de Industria con casi 400 trabajadores de las
plantas de Albacete, Navarra y Galicia, y que hace unos días vinieron los de Thyssen Galmed de Sagunto y los de Chocolates Hueso de Aragón. Ellos forman parte de los casi 800.000 trabajadores despedidos en el sector de la industria desde el inicio
de la crisis en 2008, casi 800.000 trabajadores. Los expedientes de suspensión y extinción de empleo han aumentado y están aumentando un 17 % anual desde 2008. El 83 % del empleo que se pierde en la industria es en los sectores de bienes de
equipo, de automoción y de fabricación de productos metálicos. Desde la reforma laboral se ha incrementado la pérdida de empleo en más de un 400 % en el sector. Se ha facilitado la deslocalización en las empresas -despido barato-, que buscan mano
de obra barata en otros países; ERE en empresas con beneficios que hacen ingeniería contable para justificar los tres trimestres con reducción de ventas de la reforma laboral. Se está destruyendo el conocimiento humano acumulado, se esquilma el
potencial industrial, se deja a los trabajadores sin esperanzas de futuro y, en el mejor de
los casos, les recortan los salarios. Se debilita el consumo y la producción y se sigue aumentando el círculo vicioso de la recesión y el paro. Nos hacemos más dependientes sin ningún género de dudas. Por eso, señor ministro, le exijo que
como ministro de Industria plante cara desde el ministerio al expolio industrial de nuestro país con todos los instrumentos de que dispone el Estado. Debería ser un delito despedir a trabajadores en empresas con beneficios. Deroguen la reforma
laboral, incrementen los presupuestos del Estado, hagan políticas de inversión activa, inviertan en I+D+i, potencien una banca pública para el crédito a la inversión industrial, porque este país solo saldrá de la crisis con un nuevo modelo de
desarrollo productivo, y usted lo sabe. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, en efecto, el sector industrial en España ha tenido una caída desde el año 2000, en términos de su aportación a la economía en su conjunto, desde un 20 %,
aproximadamente, hasta un 15 % en la actualidad. Como le decía con anterioridad, uno de los ejes esenciales de la política industrial del Gobierno consiste, en primer lugar, en dar estabilidad macroeconómica a nuestra economía, que se hace a través
de un proceso de consolidación fiscal y a través de un proceso de reformas estructurales. Por cierto, algunas de ellas, como la reforma laboral, ya están teniendo claros y directos efectos favorables sobre la industria. Le pondré algunos ejemplos.
Hace algunos meses, la alianza mundial Renault-Nissan tenía para elegir distintos enclaves en el mundo para lanzar su nuevo modelo y ha elegido España, en concreto Valladolid, para el nuevo modelo de Renault. En el caso de Nissan exactamente lo
mismo y ha elegido Barcelona. Ford ha elegido Almussafes, en Valencia. Finalmente, Iveco, del grupo Fiat, ha elegido Madrid. Todas y cada una de las veces que hable con los responsables de estas empresas le dirán que el factor esencial que ha
determinado la competitividad para relocalizar actividad en este país ha sido justamente la reforma laboral, unido al otro conjunto de reformas estructurales que se están acometiendo. Ahora bien, si usted me dice que eso está siendo compatible con
algunos desequilibrios graves de nuestra economía que afectan también a la industria, le diré que estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que todavía hay un paro muy elevado, es evidente que todavía no fluye la financiación bancaria a las empresas
privadas y es evidente que el consumo está muy débil, pero frente a eso también le recuerdo que hay herramientas de financiación no bancarias disponibles para las empresas en el Ministerio de Industria, entre ellas la financiación de la empresa...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿RESPALDA LA MINISTRA DE EMPLEO LA INSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL SEGÚN LA CUAL EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARA MAYORES DE 55 AÑOS FINALIZA Y DEJA DE ABONARSE CUANDO SUS BENEFICIARIOS CUMPLAN LOS 61 AÑOS DE EDAD? (Número de expediente 180/000615).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta, en primer lugar, de la diputada doña Concepción Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señora Báñez, desempleados mayores de 55 años están recibiendo la resolución del Servicio Público de Empleo con finalización del subsidio cuando cumplen los 61. Usted sabe que la inmensa
mayoría no podrá jubilarse hasta cumplir los 63 o los 65. ¿Qué ocurre entonces con esos dos o cuatro años de subsidio al que tienen derecho hasta su jubilación y que parece que ustedes no reconocen? Esta decisión de su departamento está generando
una gran inseguridad personal y jurídica entre las personas desempleadas de más de 55 años. Usted conoce las especiales dificultades que tienen estos trabajadores para encontrar empleo. Sin embargo, lejos de desarrollar la estrategia de empleo
para ello, las medidas que viene adoptando se concretan en mayor dificultad de acceso al empleo, a las prestaciones y a una jubilación digna. Le recuerdo, señora Báñez, que suprimieron las bonificaciones del mantenimiento del empleo para los
trabajadores de más edad, restringieron el acceso al subsidio elevando la edad de 52 a 55, excluyeron a muchos de los
beneficiarios computándoles las rentas de otros miembros de su familias, redujeron las cotizaciones durante la percepción de este subsidio y, por tanto, la cuantía de su pensión. Ahora, el Servicio Público de Empleo les quita este subsidio
cuando cumplan 61 años de edad, aunque el acceso a la pensión no puede o no podrá producirse, como usted sabe muy bien, hasta que cumplan 63 o 65. Por eso le pregunto: ¿Va a mantener esta decisión que da por finalizado el subsidio cuando el
desempleado cumple 61 años? Señora ministra, responda a los parados de larga duración de más de 55 años, responda a los trabajadores que han cotizado durante toda su vida y ahora están en desempleo, responda a las personas desempleadas que tienen
especiales dificultades para encontrar otro empleo porque el subsidio de mayores de 55 años es el último recurso, sí, señora ministra, el último recurso antes de la jubilación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, usted sabe, o debería saber, que la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 216 establece que el subsidio especial para trabajadores mayores de 55 años se extenderá hasta que el trabajador alcance la edad que le
permita acceder a la pensión contributiva de jubilación. Por tanto, no alarme ni diga falsedades. La ley garantiza que ninguna de esas personas, ninguna, señora Gutiérrez, quedará desprotegida porque el subsidio terminará en el momento en que
empiece a cobrar la pensión, sea a la edad que sea. Por tanto, es falso, señora Gutiérrez, completamente falso, que alguien pueda perder el subsidio para mayores de 55 años, como establece la ley. La instrucción que ha dado el Servicio Público de
Empleo es una instrucción de gestión para que a los 61 años, que es la primera edad a la que una persona se puede jubilar anticipadamente, lo verifique; es la edad para la verificación, para que el Servicio Público de Empleo, con el INSS, determine
a qué edad se jubila la persona. Será a los 61, a los 62, a los 63 o a los 65 y un mes, a la edad que le corresponda, pero la ley garantiza que todo español mayor de 55 años que cobre un subsidio especial para mayores de 55 años lo cobrará hasta el
momento en que empiece a percibir la pensión contributiva de jubilación, todo el mundo, garantizado por la ley. Señora diputada, lo mínimo que puede hacer un Gobierno, cualquier Gobierno, es cumplir la ley y es lo que hace el Ministerio de Empleo.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora ministra, dé la orden inmediata de anulación de esta instrucción. (Muestra un documento). Dé la orden inmediata. Es ilegítima, ilegal e injusta. (Varios señores diputados. ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora Gutiérrez, usted se puede poner como quiera, pero esa instrucción es para verificar la fecha a la que se jubila una persona, no para quitarle el subsidio a nadie. Le
digo, y le vuelvo a repetir, que la ley garantiza que cualquiera que lo cobre no lo dejará de percibir hasta que no empiece a cobrar efectivamente su jubilación. Es garantía legal y es falso lo que usted dice. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VA A RESOLVER EL GOBIERNO LA INCERTIDUMBRE QUE EL INFORME DE LOS EXPERTOS HA GENERADO
EN RELACIÓN CON LAS PENSIONES? (Número de expediente 180/000616).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Magdalena Valerio, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, ¡si al subsidio de mayores de 55 años ya le ha dado usted un golpe de muerte ligándolo a las rentas familias y no a las personales! (Aplausos). Si es así, se ponga usted como se ponga.
(Rumores).
Mire, desde que usted nombró al Comité de expertos para elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, y aún más tras conocerse el contenido del mismo, se han multiplicado las noticias alarmantes sobre los
evidentes recortes a las pensiones presentes y futuras que se nos avecinan. ¿Cómo va a resolver usted la incertidumbre que ha generado el antecitado informe? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, la única incertidumbre que tienen los españoles es la alarma que permanentemente ustedes crean con sus mentiras en esta Cámara. (Fuertes protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Estamos en las preguntas. Dejen hablar a la oradora y contestar a la ministra.
Señora diputada.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, es así. Este es el resumen de cómo ha evolucionado la pensión de jubilación media para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. (Muestra dos gráficos). Tras los Gobiernos del Partido Popular del
señor Aznar, en el año 2004 dejaron ustedes la pensión mínima con 484 euros. La hemos dejado -herencia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero- con 742 euros. (Aplausos). El Fondo de reserva lo dejaron ustedes con 12.000 millones
de euros; lo hemos dejado con 67.000 millones de euros. Esto forma parte del sistema público de pensiones que defiende el Partido Socialista Obrero Español. Mire usted, se van a buscar el pretexto de regular el factor de sostenibilidad -por
cierto, había que regularlo a partir del 2027 para que entrase en vigor en el 2032; van ustedes, como vemos, con muchas prisas-, porque realmente con este pretexto de ver que sean sostenibles las pensiones en un futuro en función del crecimiento
demográfico, en función del crecimiento de la esperanza de vida, lo que quieren hacer es recortar las pensiones ya. Quieren ahorrarse 3.500 millones de euros todos los años recortando las pensiones ya. Mire usted, ayer nos pedía sentido de la
responsabilidad una diputada de su grupo en la Comisión del Pacto de Toledo. La responsabilidad la hemos demostrado a lo largo de la historia. El Partido Socialista siempre ha velado por la sostenibilidad de las pensiones. Ustedes ya han metido
la zarpa a todo: a la educación, a la sanidad, a la Ley de Dependencia y ahora quieren fastidiar a más de ocho millones de pensionistas (Una señora diputada: ¡Muy bien!), justo en el momento peor. Ahora mismo, ellos mantienen muchas veces a sus
hijos y a sus nietos. Miren ustedes a esos ocho millones de personas a los ojos y no les fastidien más. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Un señor diputado: ¡Bravo!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, lecciones en el modelo de pensiones, no acepto ninguna. (Fuertes protestas.-Rumores). Y le diré por qué, y se lo diré con humildad. Se lo voy a decir con humildad, pero con una gran realidad: Aquí, el único partido que
gobernando ha congelado las pensiones ha sido el Partido Socialista. ¡El Partido Popular las ha subido siempre! (Aplausos.-Protestas). Segunda cosa. Los únicos que han dejado las pensiones en números rojos han sido, en la época del Gobierno de
González, el Partido Socialista, y con Zapatero, el Partido Socialista. Las pensiones en déficit. (Rumores.-Aplausos). Y tercera cosa, señora diputada, el sistema de pensiones tiene hoy un problema, que tiene tres millones de cotizantes menos por
la gestión de un Gobierno socialista. Pero le voy a decir otra cosa. Lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es garantizar nuestro modelo de pensiones, porque es el modelo que se han dado todos los españoles en el Pacto de Toledo. Es
un modelo público y va a seguir siendo público. Es un modelo de reparto y tiene que seguir siendo un modelo solvente hoy y mañana. Se han hecho muchas reformas del modelo de pensiones; en el pasado la
hizo el Gobierno anterior y la ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Y sabe lo que estamos haciendo ahora con la definición del factor de sostenibilidad? Cumplir un mandato legal de la Ley de 2011 del Gobierno socialista, que es definir
y desarrollar el factor de sostenibilidad, que es lo que garantiza hoy y mañana que va a haber pensiones justas para los españoles y que nuestro sistema será seguro. Hasta ahora mismo, lo que hay es una propuesta técnica que ha hecho generosamente
un grupo de personas a la sociedad española. (Protestas). No hay una propuesta del Gobierno porque, señorías, lo que quiere el Gobierno para definir el factor de sostenibilidad es hablar con el Grupo Socialista, con el resto de grupos de la Cámara
y con los agentes sociales para hacer entre todos el mejor factor de sostenibilidad que garantice las pensiones de hoy y de los jóvenes de hoy que las cobrarán mañana. Eso es lo que queremos y les pido compromiso y responsabilidad y menos
demagogia. (Aplausos.-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿A QUÉ CREE USTED QUE OBEDECE LA CAÍDA DE LOS SALARIOS? (Número de expediente
180/000617).
El señor PRESIDENTE: Nos queda la última pregunta. Vamos a ver si la tenemos con tranquilidad y se escuchan a unos y a otros. (Rumores).
Pregunta de la diputada doña Patricia Hernández, del Grupo Socialista.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, cuando una es ministra del ramo lo primero que debe saber es que cuando cogió la hucha de las pensiones tenía 67.000 millones de euros y no estaba en números rojos. No obstante, lo que le quiero preguntar es a qué cree
usted que obedece la caída de los salarios de los españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, usted debería saber muy bien que la moderación de salarios en España responde a dos causas fundamentalmente. La primera y la más importante, al pacto de rentas que, con responsabilidad, llevaron a cabo los agentes sociales
en enero del año 2012. Lo hicieron para contribuir a la salida de la crisis con responsabilidad. Pactaron que los salarios se moderarían durante 2012 hasta el 0,5 %, durante 2013 hasta el 0,6 % y a partir de 2014 entre el 0,6 y el 1,5 %, en
función de la evolución económica. Eso es lo más importante, el pacto de rentas entre los agentes sociales para modelar salarios, mejorar la competitividad económica y mantener empleo. (Rumores). Y a eso se añadió la reforma laboral, que facilitó
que la flexibilidad se convirtiese en un instrumento alternativo al despido para que trabajadores y empresas pudieran pactar nuevas condiciones de trabajo y con ello salvar muchos empleos en una economía en recesión. (Rumores). Por tanto, a un
conjunto de ayudas y de responsabilidades, la de los agentes sociales y la de un Gobierno que piensa que mantener empleo y evitar despidos es fundamental. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Señora ministra, la segunda. El pacto de rentas ustedes lo liquidaron con la reforma laboral. (Aplausos). Y la caída de los salarios la ha provocado exclusivamente la reforma laboral, porque no solo es que
haya destruido más de un millón de puestos de trabajo sino que los trabajadores son hoy más pobres, más vulnerables, están más desprotegidos. ¿Qué piensa usted de aquellos cuatro millones de trabajadores que pueden quedarse sin convenio colectivo?
¿Qué piensa usted de aquellos trabajadores que aceptan trabajar más horas a cambio de menos sueldo, a pesar de que ven que su empresa tiene beneficios, de aquellos que van a trabajar enfermos, incluso con fiebre, por miedo a ser despedidos por su
reforma laboral? ¿Qué piensa usted de los que cobran el salario mínimo, a los que usted nada más llegar se lo congeló? ¿Cómo piensa que hacen para vivir con 645 euros al mes?
Ustedes han optado por un modelo, el modelo de producción asiático. Han renunciado al valor añadido, al trabajo cualificado, expulsan a los jóvenes investigadores, médicos e ingenieros al extranjero y a los que se quedan aquí les queda la
opción de pasar del paro a ser mano de obra barata y de mano de obra barata al paro. Están volcados en eso, en que seamos mano de obra barata sin derechos. Están empeñados en expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad, ese es el
plan. Mire al que se sienta con usted -que ahora lo está-, el señor Wert: lo borda. Y mientras esto pasa en España, hay un 5 % más de ricos en este país. No es la crisis, es ideología pura y dura. ¿Por qué no les miran a ellos para pedir
sacrificios? Siempre miran para el mismo lado, a los que cobran menos y pagan más por la educación, por la dependencia, por las medicinas, por la luz, por los impuestos; pagan ahora hasta por la justicia, hasta para pedir justicia pagan más.
Piense en los padres que en estos días les tienen que decir a sus hijos que no pueden pagarles la universidad, a pesar de que se desloman trabajando. Piénselo bien pero, a la vez que lo piensa, piense también en los cuarenta compañeros que trabajan
con usted que no veían suficiente el sueldo de diputado y se repartieron 22 millones de euros en sobresueldos. Contésteles, pero pensando en eso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, no sé por qué usted entonces, como senadora, con esa energía no le preguntó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por qué eliminaba un
impuesto a los ricos, como ustedes le llaman, que era el impuesto de patrimonio. Más coherencia, señora diputada. (Aplausos.-Rumores).
Aquí hay dos modelos de relaciones laborales: el que había cuando nosotros llegamos, que es el modelo socialista y que significaba que cuando venía la crisis la única opción que tenían las empresas era despedir y por eso hubo tres millones
de despidos entre 2007 y 2011. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Pido silencio para que se pueda oír.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): El segundo de los modelos es el modelo del Partido Popular con la reforma laboral, y es que cuando hay crisis hay una cosa que se llama flexibilidad que permite que
trabajadores y empresas adopten medidas alternativas para evitar despidos. (Rumores). Hoy en España, gracias a la reforma laboral, el despido empieza a ser el último recurso al que acuden las empresas. (Rumores).
Señora diputada, hable más con los sindicatos, porque parece que no habla usted suficientemente. (La señora Hernández Gutiérrez: Todos los días, esta misma mañana). Ellos hicieron un pacto de rentas en enero de 2012, como le he dicho,
pero el día 16 de mayo, en la reunión con el presidente del Gobierno, han renovado el compromiso: los sindicatos de seguir con la moderación de salarios de los trabajadores (Varios señores diputados: ¡El tiempo, el tiempo!), los empresarios en
reinvertir beneficios y el Gobierno... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV, EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE). (Número de expediente 172/000136).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que es el de interpelaciones. Comenzamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros.
Para desarrollar esta interpelación, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. (Rumores).
Señor ministro, España es un país que...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sixto. Por favor, ruego a los que no vayan a quedarse que abandonen el hemiciclo con toda rapidez.
Continúe.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
España es un país que ha pasado en pocos años de ser un receptor neto de un fuerte flujo inmigratorio -a veces regular y a veces irregular- a ser un país emisor de emigración. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la
Presidencia). Los españoles hemos pasado de recibir gente a tener que salir a trabajar fuera, además instigados por la arquitectura económica de la que se nos ha dotado en esta Unión Europea que solo nos deja esa salida ahora mismo: emigrar. La
postura política de mi grupo respecto a los CIE, compartida con otros grupos y con muchas organizaciones, la conoce usted perfectamente porque se la hemos trasladado en reiteradas ocasiones. Desde mi grupo político defendemos el cierre de los CIE,
que estas infraestructuras dejen de existir porque entendemos que no son necesarias ya que hay otras alternativas para los procesos de expulsión sin necesidad de hacer pasar a la gente por estas estructuras que en última instancia tienen un aspecto
de prisión, carcelario; y no lo decimos solo nosotros sino otras instituciones y otras entidades que han hecho informes específicos al respecto, a los que luego me referiré. Nosotros, pues, estamos por el cierre de los CIE, pero mientras estos
existan vamos a estar vigilantes para tratar de garantizar en la medida de nuestras posibilidades el cumplimiento de la legalidad vigente y los derechos de las personas que allí están recluidas contra su voluntad.
La primera cuestión a la que es obligado referirse respecto a los CIE es el tan traído y llevado reglamento. Hace ya más de un año que ese reglamento se trajo a la Cámara por una deferencia que hay que reconocer al Ministerio del Interior.
Es una potestad del Ejecutivo la elaboración de los reglamentos y sin embargo en este caso se trajo, se nos pasó a los grupos, se ha llevado a la sociedad organizada y se han hecho las aportaciones que se han tenido que hacer, pero un año después
seguimos sin este reglamento, que es un instrumento básico para la gestión cotidiana y diaria de los CIE y sobre todo para la garantía de los derechos de las personas que están recluidas así como una guía para las personas que trabajan en los CIE.
¿Qué pasa con ese reglamento, señor ministro? ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Es un reglamento que exige la ley y que hace mucho tiempo que debería estar en vigor. Nos gustaría saber qué previsiones hay en relación con su entrada en vigor.
Esta es una primera cuestión que quisiéramos que nos aclarara en esta interpelación, señor ministro.
Una segunda cuestión, muy breve, es el tema de las redadas racistas, de cómo se nutren los CIE. Una parte de los internos que van a los CIE vienen de resoluciones judiciales por delitos o acusaciones policiales que se pueden producir en un
momento determinado, pero otra parte sustancial provienen de simples identificaciones en las calles. Hemos vivido momentos muy duros, momentos que incluso han dado origen a una reacción ciudadana de plantar cara a una dinámica policial de
identificaciones masivas, sobre todo en medios de transporte público, y sobre todo aquí, en la capital de España, que llegó a producir -como he dicho- la reacción de la gente, que salió a la calle a protestar por esas redadas injustificadas, y que
incluso en informes internacionales ha dado lugar a comentarios y a recomendaciones específicas al Gobierno español. Parece que últimamente no estamos en el punto más elevado de esas identificaciones, de esas redadas racistas, sin embargo sí han
tenido un protagonismo importante y se siguen realizando de vez en cuando simplemente por razón de la raza o del aspecto físico de la persona.
En las diferentes respuestas y traslación de informes del Gobierno hemos podido ver datos que a nuestro grupo le han resultado curiosos. Nos parecen desmesurados, y una razón más para justificar el cierre de los CIE, los costes que están
teniendo para el erario publico. En el año 2010 costaron más de 6 millones de euros y en el año 2011 crecieron hasta 8.300.000. El Gobierno nos dijo en alguna respuesta que el coste medio de cada expulsión realizada en España ha sido de más de
1.800 euros y la partida en los Presupuestos Generales del Estado para este año solamente para las expulsiones es de 25 millones de euros. Todo eso para 11.900 -no llegaban a 12.000- internos en los CIE en el año 2010 y para algo menos de 11.500 en
el año 2011. Unos costes de 534 euros por interno en 2010 y de 727 euros por interno en el año 2011, para una estancia media en 2010 de 15 días o de 18 días en 2011, y para acabar expulsando -según los datos del ministerio- al 62 % de internos en
2010 o al 79 % de internos en 2011. ¿Por qué doy todas estas cifras que nos ha proporcionado el Gobierno? Porque ya que este Gobierno está en una cruzada por la reducción del gasto público, mi grupo parlamentario le invita a que este sea uno de
los gastos públicos que reduzca con absoluta prioridad. Es un punto más para defender la falta de necesidad de los CIE y la conveniencia de proceder a su cierre inmediato o en todo caso paulatino.
Hay varios informes internacionales a los que me gustaría hacer referencia porque algunos no han dejado en buen lugar al Estado español, al Gobierno de España, y en todo caso han hecho una serie de recomendaciones de las que me gustaría que
usted, señor ministro, diese cumplida cuenta en esta tribuna.
Me refiero al informe al Gobierno de España del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su visita a España. Es cierto que se hizo durante la etapa del Gobierno anterior, pero en este informe se contenían una serie de
recomendaciones y nos parece muy interesante que el Gobierno actual dé cumplida cuenta de si se han cumplido y en qué medida se han ido cumpliendo estas recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Me refiero a esto porque
ya he hecho referencia al carácter carcelario, al carácter de prisión que tienen muchos CIE. He visitado alguno y créame, señor ministro, que se puede comprobar fácilmente, simplemente con visitarlo, ese carácter penitenciario de los centros. El
comité pedía revisar las condiciones materiales, pedía mejoras por ejemplo en la zona de visitas -evitar en la medida de lo posible que las visitas sean con una barrera de cristal, que puedan ser lo más próximas posible-. Hay que tener en cuenta
que una buena parte de las personas que están internadas en los CIE no han cometido ningún delito, es solo una cuestión administrativa como es estar en España sin los papeles que requiere la legalidad vigente, pero no han cometido ningún delito y,
sin embargo, se les imponen estas restricciones y esta privación de libertad en los centros de internamiento de extranjeros. El propio informe hablaba de dotar suficientemente con algunos medios -mesas, sillas, unos espacios mínimos para las
personas que están encerradas en los CIE-; una serie de condiciones de dignidad humana como que se dirigiesen a ellos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están a cargo de los CIE no por el número que tienen asignado, sino por su
nombre y apellidos; que pudiesen hacer algo tan prosaico como es acudir al baño por la noche, que se les abriesen las celdas para poder acudir al baño por la noche. Sobre todo hacía mucha incidencia este informe en instar al Gobierno la inmediatez
en la investigación ante cualquier denuncia por parte de cualquiera de los internos respecto a cualquier maltrato que pudiese haber, por dos cuestiones: una, por garantizar que no se violentan los derechos de los internos y otra, también
importante, señor ministro, en la que usted seguro hará hincapié, por los propios derechos de los funcionarios que pueden verse menoscabados en determinado momento. Por eso este informe insta a la inmediata investigación, al traslado ante un médico
forense que dictamine, que haga un informe y que el informe se eleve de forma inmediata a la autoridad judicial. Sin embargo, en muchas de las preguntas que hemos hecho desde mi grupo parlamentario, incluso hemos revisado las que han hecho otros
miembros de otros grupos parlamentarios, desgraciadamente vemos cómo sistemáticamente las cuestiones de denuncias concretas que le trasladamos al Gobierno son respondidas de una forma muy poco concreta y sin asegurar de una forma clara y meridiana
que no se han violentado los derechos de nadie.
Continúa el informe al que me refiero hablando de la recomendación de la privacidad de las consultas médicas porque se han dado casos, se han podido documentar casos de interferencias por parte de los funcionarios; de la recomendación de
que se garantice la asistencia psicológica porque ha habido casos de suicidio en algún CIE y por tanto son importantes las medidas en relación con las personas que puedan tener algún riesgo de autolesionarse. Es muy importante la cuestión de las
actividades porque allí se encierra a la gente durante días y no hay ninguna actividad que hacer más que mirar la pared o estar en el patio y eso no conduce a nada positivo a ninguna persona, independientemente de las circunstancias que hayan
llevado a su encierro en el CIE. Es necesario que realicen algún tipo de actividad y facilitar esas actividades. Algo tan básico como que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están a cargo de los CIE reciban algún tipo de formación
o -y eso nos lo tendrá que decir usted, señor ministro- si finalmente a través del nuevo reglamento se va a poner en marcha la posibilidad de que otras personas y otros funcionarios con otro carácter atiendan a los internos en los CIE.
Me queda poco tiempo y quisiera referirme a dos informes más. Uno es el informe de la campaña por el cierre de los CIE, que concretamente habla del caso de Zapadores. Este ya entra en la etapa del actual Gobierno. Habla de 26 personas que
afirman haber sufrido violencia durante 2012, recoge testimonios de más de 300 personas y vuelve a incidir un poco en los asuntos en que incidía el informe anterior. Y también tenemos el informe del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU sobre la detención arbitraria, que habla de algunos casos, y de alguno muy concreto como el de un ciudadano marroquí, Adnam el Hadj, que en mayo del año pasado fue detenido, presentó una denuncia por malos tratos, fue expulsado, y el caso
está pendiente. En todo caso, señor ministro, tengo que decirle que nos preocupa mucho la opacidad que existe respecto a los CIE. Le voy a poner algunos ejemplos. En mayo de este año se le denegó la visita al CIE de Barranco Seco, de Gran
Canaria, a 24 jueces y 5 fiscales; no a cualquiera, sino a 24 jueces y 5 fiscales. Hemos hecho una pregunta respecto a esto; no entendemos cómo se les puede denegar a los jueces poder visitar un CIE. Otro nueva cuestión de opacidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Sixto, tendría que ir terminando.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo. Se invitó a la prensa a una visita en junio de 2012 al CIE de Aluche y el mensaje fundamental de la prensa, el resumen de lo que fue esa visita fue que el CIE estaba vacío, no se les dejó interactuar con
ninguno de los internos, cuando esa es una cuestión fundamental. Me guardo el resto de cuestiones para la segunda intervención.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sixto.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Sixto, en esta interpelación en relación con los centros de internamiento de extranjeros en España ha planteado usted diversas cuestiones. Es conocida su posición relativa a que estos centros tienen que ser cerrados; ha
planteado cuestiones conexas en relación con esa problemática y una muy directamente vinculada a los CIE, que es la necesidad de aprobación del reglamento, que tiene mucho que ver -lo ha dicho usted bien- tanto con las personas que están ahí
ingresadas como en lo que hace referencia a los funcionarios que prestan servicios en el interior de esos centros -también me voy a referir a ello-, y al final de su intervención ha aludido a algunas cuestiones concretas a las que, bien en este
primer turno, bien en el segundo, intentaré dar respuesta. En todo caso, señor Sixto, sabe usted perfectamente que los centros de internamiento de extranjeros, los llamados CIE, traen causa de la Ley orgánica de derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social; es decir, no es un invento de este Gobierno ni es una ocurrencia, sino que es una ley orgánica que tiene ya muchos años de vigencia la que creó estos CIE, estos centros de internamiento que, por otra
parte -y me referiré después a ello-, están sometidos a una profunda tutela judicial. Nadie ingresa en un CIE si no es por orden del juez competente, que normalmente es el juez de instrucción donde está radicado el CIE, y mientras las personas
están ingresadas en los CIE usted sabe que también están sometidas a vigilancia de los correspondientes jueces. Por tanto, está absolutamente judicializado el proceso. No es la autoridad administrativa, en este caso la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras, la que decide como medida cautelar previa a la conclusión de un eventual procedimiento de expulsión de un inmigrante por alguna razón de las que establece la ley, si se le va a expulsar, que ingrese en el CIE. No, no es la
autoridad administrativa, y usted lo sabe perfectamente, es el juez. Además, el juez garantiza, como no puede ser de otra manera, que en todo momento y mientras está ingresado en el CIE se respetan los derechos y libertades que la Constitución y el
ordenamiento jurídico, y en particular la Ley orgánica que regula el régimen de los extranjeros en España y su integración social, establecen. Por lo tanto, yo quisiera que quedara muy claro desde el principio que no estamos hablando aquí de nada
parecido a lo que usted en su descripción y en algunas otras intervenciones ha expuesto. Insisto, estamos hablando de unos centros que tienen su regulación jurídica en una ley orgánica, que están pendientes de un reglamento al que ahora me voy a
referir, pero que en todo caso esas personas están sometidas desde el ingreso y durante su permanencia en los centros a la absoluta tutela judicial.
Señoría, ha aludido usted -y con razón- a la conveniencia de aprobar el reglamento; se ha interesado por la aprobación de este reglamento. Es verdad que en mi primera comparecencia ante la Comisión de Interior de esta Cámara ya dije que
era una de las prioridades del Ministerio del Interior aprobar ese reglamento en el menor tiempo posible y con el mayor consenso y con la mayor transparencia posible. En eso estamos y ahora me referiré a ello. Usted sabe que es la disposición
adicional tercera de la Ley orgánica 2/2009, de 11 diciembre -que reforma a su vez la Ley orgánica 4/2000-, la que establece que en el plazo de seis meses el Gobierno desarrollará mediante reglamento el régimen de internamiento de extranjeros en los
CIE. Por tanto, desde mayo de 2010 ese reglamento debería estar aprobado. Eso no es justificación para que nosotros todavía no lo hayamos aprobado, pero sí quiero decir que cuando llegamos al Gobierno -prácticamente en el año 2012- ese reglamento
llevaba ya un año y medio de retraso en cuanto a su elaboración. No lo digo como crítica, sino para que nos demos cuenta de que si no se había aprobado -y llevábamos ya dos años desde que se había aprobado la reforma de la ley- es porque tiene
alguna complejidad. Nosotros, como usted sabe, desde el primer momento nos hemos puesto a trabajar en ello y confiamos en que pronto este reglamento vea la luz.
En todo caso le he hablado de consenso y de transparencia. Consenso de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y el Grupo Parlamentario Mixto (Amaiur) han formulado observaciones al proyecto del
reglamento. Por otra parte, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del Gobierno, hemos seguido el preceptivo trámite de audiencia y han presentado informes el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio
de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Empleo, la Agencia de Protección de Datos y, como no puede ser de otra manera en una institución de estas características, que
usted conoce muy bien, organizaciones no gubernamentales e instituciones de todo tipo hasta un total de catorce entidades relacionadas con este sector, desde el Colegio de Abogados de Madrid a la Sala de Coordinación de Extranjería de la Fiscalía de
Madrid, pasando por Caritas, otras ONG, Cruz Roja, etcétera. Es decir, el trámite ha sido de una gran complejidad, pero también de una extraordinaria participación, y eso, entre otras razones, ha hecho que el proceso de aprobación del reglamento se
dilatara más allá de lo que quisiéramos. Pero, como le digo, está muy avanzado. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Transparencia. Señoría, usted sabe que en abril del pasado año más de ochenta periodistas acompañados del secretario de Estado de Seguridad y de otras autoridades accedieron al CIE de la Zona Franca de Barcelona. También el pasado año en
Madrid los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Interior -yo asistí también a esa visita- pudieron acceder al CIE. Aparte de ellos, la Defensora del Pueblo y todo tipo de instituciones dentro del ordenamiento previsto acceden a
los centros de manera continuada, como no puede ser de otra manera. Por tanto, la transferencia está absolutamente garantizada. Ni que decir tiene que de manera muy especial tienen acceso los abogados, el juez que garantiza que se respeten sus
derechos y libertades en todo momento, etcétera.
¿Cuál es el planteamiento general de la reforma del reglamento? Además del cambio de denominación -planteamos que esos centros pasen a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros-, lo más relevante para mí es que se separan
dos ámbitos bien diferenciados. Por un lado, la seguridad de los centros y de las personas que en ellos se encuentran se va atribuir al Cuerpo Nacional de Policía, el cual deberá garantizar como personal especializado en la seguridad el normal
desarrollo que las actividades, evitando perturbaciones o restableciendo el orden cuando fuere preciso. Igualmente, el Cuerpo Nacional de Policía gestionará todo lo relativo a la tramitación del expediente de expulsión y a la permanencia del
extranjero en el centro. Y, por otro lado, estará a la faceta asistencial, que deberá ser asumida no por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sino por personal especializado ajeno a la policía; concretamente, empleados públicos
dependientes de la Administración General del Estado. Creemos que de esa manera se dotará a los centros de una regulación mucho más acorde a la realidad social actual y eso permitirá su mejor funcionamiento.
Pero, señoría, ha hecho usted también referencia a algunos casos concretos y yo tengo que decirle que conviene recordar a esos efectos cuál es el régimen jurídico para ingreso en los CIE, porque en caso contrario -repito- se traslada la
impresión de que son centros penitenciarios donde evidentemente se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas -en este caso de las personas inmigrantes- que por las razones que prevé la ley se encuentran ahí ingresados. Eso no es
así, en absoluto, y yo tengo el deber de recordárselo a ustedes. El proceso para el ingreso en un CIE comienza, como usted sabe, por un procedimiento administrativo que elabora la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General
de la Policía. Inicia el procedimiento sancionador de expulsión del territorio nacional y, si considera que es preciso tomar alguna medida cautelar mientras se soluciona el expediente, se dirige al juez de instrucción competente en función del
lugar de radicación del CIE solicitando ese ingreso cautelar. Las causas de autorización del ingreso están tasadas en la ley, usted las conoce perfectamente y conviene recordarlas aunque sea sumariamente: que el extranjero haya sido condenado
dentro o fuera de nuestro país por una conducta dolosa con pena privativa de libertad superior a un año; participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o estar implicado en actividades contrarias al orden público previstas como muy
graves o graves en la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana; inducir, promover o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina de personas, o encontrarse en España irregularmente, o haber incumplido las medidas impuestas de
presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población concretas. Esas son las causas tasadas por las que la autoridad administrativa puede solicitar a la autoridad judicial el ingreso cautelar en el CIE de una persona.
A continuación, el procedimiento judicial de autorización del ingreso es también muy preciso y lo desarrolla la ley. El juez, previa audiencia del interesado y del ministerio fiscal, resuelve mediante auto motivado en el que, de acuerdo con
el principio de proporcionalidad, toma en consideración las
circunstancias concurrentes y en especial el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, etcétera. En caso de enfermedad del extranjero, el juez también valora el riesgo de internamiento para la
salud pública o la salud del propio extranjero. Además, como usted sabe, se establece por ley que el periodo máximo de ingreso sea de sesenta días, es decir, es un régimen absolutamente judicializado. Como le digo, mientras están allí ingresados,
con absoluta libertad de movimientos por el centro evidentemente, un juez garantiza que se respeten sus derechos y libertades fundamentales. Por otra parte, señoría, ya que hablamos de que la ley marca un periodo máximo de sesenta días de estancia
en el CIE, tengo que decirle que en estos momentos estamos en unos promedios muy por debajo. A 31 de mayo de este año el tiempo medio de estancia era de 25,89 días, es decir, sensiblemente por debajo de la media autorizada por ley de sesenta días;
menos de treinta y menos de veintiséis días. Por otra parte, tampoco hay saturación, en absoluto. A fecha de 31 de mayo puedo decirle que en los centros de la Península el porcentaje de ocupación es del 46,16 % y en los centros de canarias del
0,61 %. Por tanto, en media de ocupación y en estancia media estamos muy, muy por debajo de lo que prevé la ley.
Por último, en la réplica me referiré a ese supuesto del que usted ha hablado de un número de jueces al que se les impidió el ingreso en un CIE. Como usted comprenderá, habría razones especiales que lo justificarían, porque el juez tiene en
todo momento libertad de acceso al CIE en los términos que prevé la ley y por las razones que antes le he comentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor ministro. Le rogaría que en la segunda intervención se detuviese un poco más en una cuestión que nos preocupa mucho porque tiene que ver con el carácter de los CIE, y es el personal que va a trabajar
en los CIE según el futuro reglamento y las previsiones del ministerio al respecto, sobre todo presupuestarias. Que el Cuerpo Nacional de Policía se dedique al tema de seguridad, como usted ha dicho, es una cuestión que cabe dentro de la lógica.
De hecho, las personas que se presentan a oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía no lo hacen para acabar ejerciendo funciones propias de la vigilancia en un CIE, sino que lo hacen para atender a la ciudadanía y otras cuestiones; no es algo que a
ellos les guste, y mi grupo parlamentario lo sabe. Pero usted ha hablado de personal asistencial, otro personal, y le rogaría que se extendiese un poco más en las características de ese personal, cuál va a ser su cometido y, sobre todo, qué
previsiones presupuestarias tiene actualmente su ministerio para dotar a los centros de ese personal. Entre los datos que usted acaba de dar, me llama la atención que, a fecha de mayo, la media de los días de estancia en un CIE ha aumentado. En el
año 2010 -lo he dicho al principio de mi intervención- estábamos en 15 días; en el año 2011, 18 días de media, y ahora vamos por los 25 días. No es lo mejor que vaya elevándose la media de días de estancia de los internos en los CIE, sino todo lo
contrario.
Usted se ha detenido mucho, señor ministro, en la cuestión de la tutela judicial y en explicarnos de una forma muy didáctica, que yo le agradezco, el procedimiento por el cual se ingresa en un CIE y toda la supervisión que llevan adelante
jueces y tribunales. Debe ser así, por descontado, pero esa tutela judicial o ese control también ha sido incluido en los informes a los que me he referido en mi primera intervención y debería realizarse de una forma más efectiva, más cotidiana,
sobre todo a instancias del propio personal del CIE, del propio Cuerpo Nacional de Policía que los atiende, y le rogaría que se detuviese un poco más y nos dijera si se han implementado las medidas internas, más allá del control y la tutela
judicial. Hay al respecto una pregunta pendiente de responder por su ministerio porque inquirimos si se iba a extender a la totalidad de los CIE -cuestión que supongo que dependerá del reglamento- la garantía de poder avisar una persona con 48
horas de antelación de que se va a proceder a su expulsión, en qué avión se le va a expulsar, a qué aeropuerto va a llegar y en qué horario se va a producir todo ello, para que pueda llamar, despedirse de la gente que deja aquí y avisar al país al
que va a llegar. Sin embargo, no tenemos todavía respuesta del Gobierno respecto a que esa garantía se haya extendido a todas las personas. Pero, como digo, me gustaría que se detuviese un poco más en las medidas de control interno del propio CIE
y en las medidas para facilitar la interactuación de los internos del CIE con las personas, familiares, ONG, con cualquiera de las personas interesadas que acuden a visitarlo. Me refiero a medidas de control tan básicas como son los registros de
quejas o los registros de incomunicaciones o aislamiento, procesos que también se producen en los CIE. He tenido la oportunidad de ver ese libro registro en el CIE de
Valencia y ha habido quejas en los informes redactados por determinadas organizaciones respecto a la falta de diligencia a la hora de llevar este tipo de registros, que son básicos para controlar la no vulneración de derechos de las personas
internas.
Respecto a los motivos de expulsión, hay motivos con los cuales todos podemos estar de acuerdo, los fija la ley, pero cuando se produce la expulsión de una persona que simplemente ha venido a este país a trabajar, a dar lo mejor de sí para
contribuir al crecimiento económico y, al final, acabamos pegándole prácticamente una patada, como quien dice, por su ya inutilidad para este sistema económico en crisis, tengo que decir que desde nuestro punto de vista es una práctica absolutamente
reprobable.
Termino porque se me agota el tiempo, señor ministro, haciéndole una recomendación: que su departamento ponga un mayor cuidado en las respuestas que da a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios. Las respuestas del Ministerio
del Interior a los grupos parlamentarios...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: ... dejan bastante que desear -concluyo-, por parquedad y a veces por alegar simplemente que se cumple con la legalidad vigente, sin dar los datos que se especifican y sin dar cumplida cuenta de aquellas cuestiones
que se le requieren al Gobierno.
Señor ministro, haga por favor...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo.
Haga, por favor, que su departamento...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Ha concluido su tiempo, señor diputado. Lo siento. Señor Sixto, lo siento, es un tiempo tasado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.
Señor Sixto, como me habló anteriormente de las redadas y no le dije nada y me parece importante, me permitirá que en este turno de réplica le recuerde que la circular 2 del pasado año 2012 de la Dirección General de la Policía prohíbe
expresamente las redadas masivas o basadas en cualquier tipo de criterio discriminatorio. Quiero que eso quede muy claro. Además se señala de forma expresa que la identificación de ciudadanos se realizará de forma proporcionada, respetuosa, cortés
y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo. Le puedo asegurar que no hay cuotas de detención de inmigrantes. Están expresamente prohibidas y hay una circular que regula este tipo de actuaciones policiales. Como no lo dije
antes lo quiero remarcar ahora porque me parece especialmente importante.
Respecto al tema de la tortura, les debo decir que, entre otras respuestas, el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, en este caso en el Senado, ya dio cumplida respuesta a esa pregunta, y como el tiempo es un bien escaso
especialmente en estos momentos, le ruego que me haga la gracia de darse por contestado con lo que ya dijo el presidente del Gobierno. En cuanto a la media de estancia a la que usted aludía, el tiempo medio de estancia era de 25,89 días, y no se ha
superado en relación con el tiempo medio del año 2012 ni tampoco la media de ocupación. La media de ocupación en los CIE en el año 2012 era, entre la Península y los tres de las islas Canarias, del 49,36 % y en este año, hasta el 31 de mayo, es de
40,10. Por tanto, ha habido una bajada de 9 puntos porcentuales, que en términos relativos es una disminución superior a 20 % en el porcentaje de ocupación. Es decir, que los datos que usted tiene no son correctos. Me ha dicho que debemos velar
por una serie de circunstancias que tienen que ver con la vida en el interior del centro, que están directamente vinculadas con la calidad de vida y los derechos de las personas. Estoy absolutamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. En
ese sentido debo decirle que en cada centro existe un servicio sanitario que está encargado de la atención médica y farmacéutica de los extranjeros ingresados, y que cuando es preciso son derivados a un centro de urgencia o centro hospitalario o
asistencial que esté cercano al centro de internamiento. Ese servicio sanitario dota las medidas necesarias de alimentación, aseo e higiene, y también la realización de controles periódicos de la salubridad del centro, así como controles de
prevención de posibles epidemias o enfermedades infectocontagiosas. En cuanto a la asistencia jurídica y de ONG, los internos tienen servicio de asistencia social y en todo momento, como le dije -esto es muy importante-, tienen garantizada la
asistencia
jurídica, de forma que en toda ocasión pueden entrevistarse con el abogado designado, incluso fuera del horario establecido.
Así lo indica de forma expresa el artículo 62 bis de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España. También señala esta ley, y así se cumple, el derecho a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales por
parte del interno y con organismos nacionales o internacionales cuya función esté dedicada a la protección de inmigrantes; cosa que en la práctica -usted lo sabe, señor Sixto, porque conoce bien esta problemática, me consta-, se está llevando a
cabo con toda normalidad, así como las visitas de diversas organizaciones no gubernamentales a estos centros. Insisto, señoría, comprendo la preocupación que tiene usted por estos centros -yo también-, por el reglamento. Ya le he dicho en qué
términos tenemos de elaboración el reglamento, buscando el máximo consenso, la máxima transparencia y la máxima participación. La participación está garantizada, el consenso lo estamos buscando y creo que lo vamos a encontrar, y la transparencia
también está garantizada. Con eso estoy en condiciones de afirmarle que próximamente ese reglamento estará aprobado. En cuanto a las condiciones de financiación y los costos que todo esto supone, debo darle una buena noticia y es que el nuevo
marco financiero plurianual 2014-2020 de la Unión Europea ha creado el fondo de asilo e inmigración que se concreta para cada país con los programas nacionales que negocia cada país con la Comisión Europea. El próximo 5 de julio el Ministerio del
Interior tendrá una reunión aquí en Madrid con las autoridades de la Comisión Europea. Confiamos en que tendremos una financiación que, entre otras cosas, nos va a permitir culminar la aprobación de ese reglamento, aunque conlleva unas
modificaciones infraestructurales que en estos momentos tenemos dificultades presupuestarias para hacer.
Perdón, se me olvidada decir que la visita de esos jueces no era de carácter jurisdiccional, tenía otro carácter.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR EL SECTOR INDUSTRIAL Y EVITAR EL CIERRE DE MILES DE EMPRESAS. (Número de expediente 172/000137).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar el sector industrial y evitar el cierre de miles de empresas.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Puig Ferrer.
El señor PUIG FERRER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la situación de la industria española es de máxima emergencia, es dramática. No lo digo yo, lo dicen los empresarios, los sindicatos, lo dice cualquier analista. Devastadores datos en empleo, pésimos datos en actividad y
persistente caída del peso de la industria en nuestra economía. En empleo, según la EPA, el sector ha destruido 210.000 puestos de trabajo desde el último trimestre de 2011. Se ha destruido más empleo que en ningún otro sector, excepto la
construcción. En cuanto a la actividad, el valor añadido bruto de la industria acentúa su caída hasta el 3,9 % en los tres primeros meses de 2013, casi 2 puntos porcentuales por encima de lo que cae el PIB. Respecto al peso de la industria en
nuestro PIB, en doce años hemos perdido 5 puntos, del 20 al 15, y estamos 2,4 puntos por debajo de la media europea y 9 puntos por debajo de Alemania. La pérdida de peso en el PIB y en el empleo no es nueva, ciertamente, pero las últimas cifras
demuestran que el proceso de destrucción del tejido industrial se ha acentuado en el último año y medio, por tanto, todos los indicadores demuestran que vamos a peor desde que usted es ministro. La peor cara de estos datos es su reflejo en la vida
diaria de miles de familias que ven cómo se quedan sin trabajo en un continuo goteo de cierre de empresas en toda España. Empresas que, además, hoy, ayer y mañana esperan respuestas de usted que no da; empresas como HP en Aragón, Roca en Madrid y
en Andalucía, Fuentecapala en Cáceres, Sniace en Cantabria, Pescanova en Galicia, Galmed en Sagunto, Santa Bárbara en Asturias, T-solar o Gamesa en Castilla-La Mancha. Hay centenares de empresas que están esperando de usted algún gesto o ayuda que
nunca llega. ¿Qué está haciendo para parar la sangría en la industria española? ¿Qué actuaciones concretas está impulsando su ministerio? ¿Qué está haciendo, ministro, por luchar contra la desindustrialización de España?
Señorías, la crisis de la industria, es cierto, afecta a todos los países de la Unión Europea. La propia Comisión reconoce, al fin, el declive que ha sufrido el sector productivo europeo debido al impacto de la crisis y a una falta de
política en defensa de la industria europea. Sin embargo, los últimos movimientos de la Comisión parecen indicar que frente a las luces de alarma de la desindustrialización resurge una nueva conciencia industrial. Lo fundamental, más allá de las
recomendaciones, es que debemos exigir a la Comisión la existencia de una verdadera política industrial europea; es el gran desafío que tenemos por delante y que tiene que formar parte de la agenda prioritaria de Europa. Es necesario fortalecer la
competitividad de la industria frente al resto de mercados y establecer ese verdadero espacio industrial europeo que dé respuestas a sectores fundamentales de nuestra industria española y europea, como el naval, que no puede estar sometido a la
incertidumbre como lo está tan gravemente en estos momentos, dando respuestas convincentes como se hizo en el caso español, como se hizo en Francia o en el sector siderúrgico, fundamental también en toda Europa y en el que hay movimientos de la
Comisión pero no del Gobierno de España.
Me voy a referir a un caso concreto que habla también de ese gran problema que tenemos de la unión de mercado en Europa. Me voy a referir al caso Galmed, que es una empresa proveedora del sector del automóvil con beneficios y que
lamentablemente se va a cerrar, trasladando su producción a Alemania, donde está la matriz. Estamos ante una deslocalización política y no económica. Tanto es así que ni siquiera acceden a vender para no hacerse la competencia aquí, en España, que
es donde está vendiendo la mayoría de sus productos. Es evidente que lo que está en juego es el futuro de muchísimas familias, de una comarca importante que ya padeció la primera reconversión de los ochenta. Pero lo que también está en juego es la
idea de Europa y de un mercado único europeo de verdad porque no es posible que se actúe en esos términos de deslocalizaciones internas en razón de situaciones políticas internas. Por tanto, la política industrial interna europea debe evitar
deslocalizaciones dentro del propio mercado único, pero al margen de esas cuestiones que nos afectan a todos los europeos, hay acciones, cuestiones, que son propiamente españolas. Nuestras empresas, nuestras pymes, tienen que hacer frente a tres
problemas fundamentales. En primer lugar, financiación, coste de energía y política o ausencia en este caso de política industrial. Por lo que se refiere a la financiación, una pequeña y mediana empresa española paga por un préstamo de medio
millón de euros un 35 % más de intereses que la media europea y un 77 % más que una empresa alemana competidora suya.
La iniciativa que ayer consensuó este Parlamento en gran mayoría, y que consensuamos con ustedes, les da un plus de fuerza para defender esta posición de mejora del crédito para las pymes, pero no les exime de su propia responsabilidad.
Hace un tiempo, cuando se produjo el rescate bancario, ustedes dijeron que ese rescate iba a abrir el grifo del crédito a las pymes y no ha sido así. Su Gobierno tiene una responsabilidad directa ya, y además tiene una presencia institucional en
estos momentos en instituciones financieras, por lo que en lugar de hacer esa publicidad engañosa que están haciendo del grifo abierto del FROB, deberían dedicarse de verdad a facilitar el acceso al crédito a las pymes y a los autónomos. El segundo
factor diferencial que constriñe a nuestras empresas son los costes energéticos. Estos costes han crecido de una manera exponencial en los últimos años, lo que supone que el coste energético equivale en estos momentos, o en muchos casos llega a
superar al coste salarial. Por ejemplo, usted mismo reconoció que en España es 46 euros el megavatio más caro que en Francia, o 20 respecto de Alemania. Realmente es una situación de difícil competencia para nuestras industrias. Además todas las
políticas que usted ha adoptado en este año y medio han ido a gravar más la energía para facilitar más la destrucción de empresas en el campo industrial. No el Grupo Socialista, sino quince organizaciones empresariales le escribieron una carta en
la que le advertían del riesgo que esta ley que usted llevó a cabo y las futuras que está ya anunciando van a significar para el futuro de la industria. Estas organizaciones le preguntaban y le exigían si de verdad su ministerio era de Industria o
era contra la Industria. El tercer elemento al que me voy a referir ahora es la ausencia de política industrial, de políticas activas a favor de la industria. Su ministerio en esto es el gran ausente. El presupuesto de su ministerio respecto de
la actividad industrial se ha reducido a la mitad, ¿cómo puede hablar de estar al lado de la industria? El austericidio además está poniendo en jaque a sectores estratégicos de la economía española: el naval, el automóvil, que ciertamente está
resistiendo en gran parte por las políticas del Gobierno anterior y por los recursos, miles de recursos, invertidos en ese tiempo y, por otra parte, por una cuestión que es fundamental que es el pacto social en las empresas. Poco o nada tiene que
ver la reforma laboral con las nuevas inversiones. Lo que sí tiene que ver es algunas infraestructuras que están pendientes y que espero que se hagan pronto. Además hay una ausencia de políticas, por su falta de compromiso, en un
sector fundamental para nosotros como es el aeroespacial, o en las telecomunicaciones, con miles de empleos pendientes por los próximos recortes ya anunciados. Miles de empresarios y trabajadores esperan de una vez por todas que haya
política industrial. Señor ministro, son importantes, además de estas grandes industrias las pymes y los autónomos; en España representan más del 90 % del empleo, es fundamental. Usted ha abandonado absolutamente a su suerte a los sectores
tradicionales, el textil, la confección, la cerámica, el calzado, el cuero, el juguete, el mueble o la madera son sectores relevantes para la industria española y usted los ha despreciado constantemente. El Gobierno anterior tenía una estrategia
acordada con empresarios y con sindicatos. Usted la ha roto unilateralmente. Una estrategia que pasaba también y fundamentalmente por el diálogo, que ha roto sistemáticamente. Es un gravísimo error haber liquidado los observatorios industriales.
Esos observatorios de verdad ayudan a las PYMES, porque un gran empresario tiene acceso a usted, tiene acceso al ministerio y un pequeño empresario no. Es fundamental que existan esos observatorios y esas mesas de diálogo. No tiene ningún sentido
marginar ese tejido industrial.
Señor ministro, señorías, sin industria España no va a salir de la crisis. La evidencia nos dice que la industria conlleva más internacionalización, más innovación y más productividad en el conjunto de la economía. Por cada 100 puestos de
trabajo creados en la industria, en el resto de la economía se crean 60, y 200 nuevos. Por una vez crea en la industria, señor ministro. Deje de escudarse en que no puede hacer nada y trabaje para que las pymes y los autónomos españoles tengan al
menos las mismas condiciones que sus competidores europeos, para que tengan el mismo acceso a la financiación, unos costes energéticos asumibles y un Gobierno que les defienda y que les apoye. Señor ministro, así no podemos continuar. Tras año y
medio, ¿podemos decir que España volverá a tener política industrial?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Puig.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quería decirle, señoría, que nunca nadie de este Gobierno, desde luego mucho menos este ministro, ha dicho lo que usted acaba de decir aquí, que el Gobierno afirme que no se puede hacer nada en materia industrial. Eso no es
cierto, usted lo ha dicho pero nadie del Gobierno ha dicho eso y además los hechos ponen de manifiesto que es exactamente lo contrario a lo que usted ha dicho. Se lo voy a demostrar.
Mire, estoy de acuerdo con algunas de las aseveraciones iniciales que usted ha hecho. Es verdad que a lo largo de los últimos años el peso de la industria española ha disminuido respecto al conjunto de la actividad económica. En el año
2000, en efecto, suponía 20 de cada 100 euros de la actividad económica, hoy supone, en el año 2013, aproximadamente un 15 %. A ello no fue ajeno, como usted sabe muy bien, el hecho de que a lo largo de muchos años uno de los motores de la economía
española hasta el año 2008 fue el sector de la construcción, apoyado en una abundancia de liquidez, que generaba mucha mano de obra, poca mano de obra cualificada, lo cual era un desincentivo a la innovación como motor esencial de la industria.
Se plantea usted qué está haciendo el Gobierno y qué está haciendo el Ministerio de Industria. Mire, frente a la posición que algún ministro, colega anterior que tuve en este departamento, dijo en cierta ocasión en cuanto a que la mejor
política industrial era la que no existía -supongo que usted lo recordará-, frente a esa posición este Gobierno piensa que la mejor política industrial es la que existe. Y esa es la razón por la cual este ministerio desde el principio de
legislatura ha venido diseñando y aplicando una política -con la que se puede estar más o menos de acuerdo- clara de carácter industrial que tiene fundamentalmente tres pilares. Pilar número uno, estabilidad macroeconómica; pilar número dos,
financiación no bancaria para los sectores industriales; pilar número tres, apoyo a determinados sectores industriales dentro del apoyo general a toda la industria. Usted podrá estar más o menos de acuerdo pero la política de estabilidad
macroeconómica está dando resultados. Resultados son que el déficit público pase de un 9,3 % a algo menos de un 7 %. Resultados son acometer reformas estructurales dentro de las cuales la reforma laboral a la que usted se ha referido ha tenido
efectos claros y positivos ya en el sector industrial. Usted lo niega pero le invito a que hable con cualquiera de los responsables de cualquiera de las industrias del sector del automóvil que han decidido instalarse en España y no en otros países
para que le digan si ha tenido algo, mucho o poco que ver con la reforma laboral. Pregúntelo usted, porque sin
perjuicio de lo que usted opine creo -por lo que sé- que tienen una opinión totalmente diferente a la suya, con una particularidad y es que son estas empresas las que toman las decisiones sobre si invertir más o invertir menos en España. En
este caso, la decisión que han tomado es invertir más en España, por tanto, política de estabilidad macroeconómica.
En segundo lugar, política de financiación no bancaria. Es verdad lo que usted ha dicho, el presupuesto global de Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha disminuido de aproximadamente unos 5.300 millones para las cuatro áreas que
tiene en el año 2011 a 2.900 millones en la actualidad. Casi una caída del 50 %, bien que me hubiese gustado que no hubiese sido así. Ahora, eso no hubiese sido así si no se tuviera que haber disminuido el déficit público desde ese nivel del 9,3 %
-un 50 % más del objetivo comprometido en el año 2011- hasta algo menos del 7 % en la actualidad. Ahora bien, aún con esa restricción -como usted sabe muy bien- se han reforzado los recursos destinados a la Empresa Nacional de Innovación para
impulsar créditos participativos en condiciones mejores que las que da el mercado para aquellas empresas industriales que incorporen innovación. A usted le podrá gustar más, le podrá gustar menos -no se lo discuto- pero eso es una realidad.
También en esa línea tengo que hablar del reforzamiento que se ha hecho de la Compañía Española de Reafianzamiento que, como usted sabe, contraavala los avales que a su vez las sociedades de garantía recíproca otorgan a las pequeñas y medianas
empresas. Además le podría hablar de los planes de competitividad y de los planes de reindustrialización, por tanto, financiación no bancaria a sectores industriales. Es verdad que en algunos sectores nos hemos volcado más por el impacto que en
términos de empleo tienen. Usted decía con anterioridad que el problema del sector del automóvil se está resolviendo a pesar del Gobierno. (El señor Puig Ferrer pronuncia palabras que no se perciben). Sí, decía usted literalmente porque lo tengo
apuntado que eso se debe al pacto social dentro de cada empresa. Eso ha sido una herramienta y un instrumento fundamental, pero ese pacto -usted lo sabe muy bien- con el marco laboral anterior hubiese sido metafísicamente imposible, porque sabe
usted que con anterioridad a esta reforma laboral todos los ajustes en épocas de crisis que se hacían en España se hacían siempre vía empleo, y ahora lo que permite este nuevo marco laboral es que empresas y representantes de los trabajadores puedan
discutir y puedan llegar a acuerdos que faciliten decisiones de estas empresas para relocalizar aquí actividad industrial adicional. También se refería usted al sector naval y decía que le gustaría que nos dieran un trato similar al de Francia; a
mí también, al Gobierno también y me consta que a usted también le gustaría. Cuando se inició esta legislatura una de las cuestiones que se encontró el Gobierno sobre la mesa fue el expediente que, como consecuencia de una denuncia, se había hecho
al sector naval español por el sistema singular de financiación conocido como tax lease. Pues bien, sabe usted que a final del año pasado, 2012, después de año y medio de negociaciones, de conversaciones del Gobierno con la Unión Europea ha habido
un nuevo sistema de tax lease que es un buen sistema. Ahora bien, el problema es que en la Unión Europea, en la Comisión, hay una tendencia -no unánime, pero sí una tendencia- a que en paralelo a ese nuevo sistema de tax lease los astilleros y los
armadores españoles devuelvan toda o una parte de las ayudas que han recibido con cargo al anterior sistema desde el año 2000 hasta la actualidad.
Eso es lo que no podemos compartir, señoría, y esa es la tesis y el fundamento de la exposición del Gobierno ante la Comisión Europea. Lo es por muchas razones, pero fundamentalmente porque tenemos el convencimiento de que los astilleros
españoles, a lo largo de todo este tiempo, han actuado en base a dos principios jurídicos: el primero, el de la confianza legítima y, el segundo, el de la seguridad jurídica. Aparte de eso quiero decirle que desde el año 2009 hay una comunicación
por escrito de la anterior comisaria responsable de la competencia, la actual de telecomunicaciones, la señora Kroes, donde ya decía, por escrito, que no había lugar a la devolución de esas ayudas porque era un sistema legal, el sistema de tax lease
español. Por tanto, ya que usted ha hablado de esta cuestión, le agradecería todas las gestiones que usted pudiera hacer ante el comisario responsable, el vicepresidente de la competencia. Sería muy de agradecer, por parte del sector y por parte
del Gobierno, porque no hay ninguna razón ni fundamento que justifique que tengamos que devolver esas ayudas; sería ciertamente una posición discriminatoria en relación con otros países. Habla usted de deslocalización industrial en España y yo le
hablo de los procesos de relocalización. Sabe usted que se están produciendo y son evidentes, no solo en el sector de la automoción sino también en el de la industria de las telecomunicaciones. Habrá escuchado hablar de una operadora de aquí que
se llama Yoigo, que es verdad que no es un operador de los más importantes en cuanto al número de clientes pero tiene aproximadamente unos 3,5 millones de clientes. ¿Sabe usted que había tomado una decisión hace algún tiempo de deslocalizar su
actividad en
España? Pues bien, no solo no lo ha hecho sino que se ha quedado, ha reinvertido y además está siendo uno de los pioneros en el despliegue de la red de la cuarta generación de telefonía móvil que, como sabe usted, incorpora mucho valor y
mucha capacidad de competir a la economía española. Le recordaré solo un dato: el Plan de despliegue del dividendo digital de la cuarta generación de telefonía móvil y liberación del dividendo digital. A principios de esta legislatura nos
encontramos con que estaba previsto para el 1 de enero del año 2015, por un importe de 850 millones de euros. Bien, estamos en el año 2013, en el mes de junio, y hace un mes que algunos operadores ya empezaron a desplegar telefonía móvil de la
cuarta generación, luego no hay mucho fundamento en su afirmación respecto a lo que hace o no hace el Gobierno en materia de telecomunicaciones, al contrario.
Ha hablado usted también de la industria espacial. Tuve ocasión de estar anteayer en el Centro Espacial de Canarias, en Maspalomas, donde el INTA tiene uno de los centros y estuve en una reunión con el director general de la Agencia
Espacial Europea. ¿Sabe usted que somos socios fundadores de esta agencia, desde el año 1979? El funcionamiento consiste en que a cambio de aportaciones que cada año el Estado, con compromisos previos, hace a esta agencia hay unos retornos en
términos de proyectos industriales. Eso ha permitido, a lo largo de los últimos veinte años, desarrollar una buena, sólida y competitiva industria espacial en España. El único problema es que los compromisos que España asumió en el año 2006
nuestro país empezó a dejar de pagarlos a partir del año 2008, y eso tiene consecuencias muy graves, señoría. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en la que no se responda a las compromisos financieros que se han asumido con la Agencia Espacial
Europea, la Agencia Espacial Europea tiene una menor propensión a dar proyectos en forma de retornos a las industrias españolas. Esa es la razón por la cual una gran parte del presupuesto dentro de este contexto de restricción presupuestaria para
los años 2012 y 2013 ha ido destinada justamente a tapar el agujero -también en este caso agujero- que encontramos con relación al incumplimiento de determinados compromisos. En cualquier caso quiero decirle que eso en modo alguno restringe el
convencimiento del Gobierno de la nación respecto a que la industria espacial en España también deba ser una de las bases y uno de los fundamentos de la reindustrialización. Aprovecharé la segunda parte de mi intervención para hacerle algunos
comentarios con relación a la cuestión que ha planteado sobre la reforma energética.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, ya sé que la situación no es fácil; es una situación muy difícil. ¿Saben? Es tan difícil -un poco más quizá por su ineficiencia- como cuando el señor Rajoy se ponía en la cola del paro y decía que PP era empleo. Era
difícil, claro, pero ustedes dijeron a los españoles que el día que tuvieran ese banco azul esto sería el mundo feliz, y el mundo no es feliz, a pesar de que usted haya intentado decir que todo va bien. No sé, vivirá en otro país, pero le aseguro
que yo hablo con muchas empresas, con muchos empresarios, con muchos trabajadores, y desde luego a mí nadie me dice que vaya todo bien. Es verdad que hay muchas empresas que a pesar de no tener ningún apoyo del Gobierno afortunadamente van bien.
Tampoco le he dicho que en el caso del automóvil no hayan hecho nada, sino que creo que en el caso del automóvil han seguido en parte una política anterior bien hecha. Le voy a decir respecto al caso del automóvil una cuestión fundamental.
Del año 2009 al 2011 el Gobierno de España, el Gobierno presidido por el señor Zapatero inyectó al sector 2.700 millones de euros a través de ese plan denostado, el PlanE, que garantizaron en gran medida que ninguna planta en aquel momento decidiera
irse. Le voy a decir otra cosa, y es que si hay convenios que tienen una tradición importante de pacto social son los del sector de la industria, y la reforma laboral afecta muy poco a esas decisiones. Vea usted el convenio de la Ford, que yo
conozco bien, u otros convenios, y comprobará que desgraciadamente no tienen nada que ver con otros convenios en los que ustedes han facilitado el despido masivo de trabajadores. Por tanto su única aportación sería: precaricemos el mercado
laboral, que es la única manera de competir; y nosotros pensamos que precarizar no es el camino.
Respecto a que el automóvil es muy importante, es cierto -así lo entendimos nosotros y por eso se ha actuado así-, pero le voy a decir una cosa: no menosprecie otros sectores de los que no ha vuelto a decir nada. ¿Sabe, por ejemplo, que la
industria de la madera, del mueble y del corcho, tiene 127.000 trabajadores, casi los mismos que tiene la industria del automóvil? ¿O sabe que el textil y la confección tienen casi 100.000 trabajadores, o que el calzado tiene 25.000 trabajadores, y
que usted
de estos, como del de la cerámica, pasa olímpicamente y lo único que ha hecho ha sido subirles los impuestos de carácter energético? Por tanto es evidente que por más que haya diluido su responsabilidad usted no ha hecho nada para favorecer
a la empresa española.
En el caso de la financiación nosotros estamos de acuerdo con el papel de la Empresa Nacional de Innovación, pero actuando de verdad. El crédito no solo no fluye, sino que se hunde; la sequía del crédito no solo no remite, sino que por
ejemplo en abril el ritmo de caída interanual de la financiación a empresas alcanzó un 9 %, más del doble que hace un año. Por tanto va a peor, no va a mejor, a pesar del dinero que se están gastando que me gustaría que de verdad utilizaran el
dinero de las campañas como la del FROB, cuando dice que fluye. No, es que no fluye e imagínense cómo responden los empresarios, que están viendo cómo las empresas nacionalizadas como Bankia les están diciendo que no, cuando ven el anuncio del
FROB.
En cuanto a la energía ya mi compañero, el señor Segura, ha hablado de este tema profundamente y han tenido sus debates. Lo único que le quiero decir es que su Ley de Sostenibilidad ha perjudicado directamente a las empresas claramente, y
no hay ninguna empresa de ningún sector que diga que usted ha hecho una política energética que facilite la inversión industrial o que facilite la actividad económica.
Por lo que hace a la reindustrialización desde luego los programas de reindustrialización y de competitividad prácticamente han desaparecido, y es verdad que les pone en un nivel tan alto que el acceso a los mismos por parte de los
empresarios y las pymes es imposible. Es verdad que algún ministro, que no sabía mucho de industria, dijo aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, pero usted no lo dice, usted lo hace. Usted no lo dice, usted lo hace.
(Aplausos). Usted dice una cosa y hace otra, que es lo que el Partito Popular siempre hace. Por una parte dice una cosa y por otra hace otra. Y lo que ha hecho usted es no hacer, liquidar la política industrial. El señor Aznar ya en la primera
vez que ustedes gobernaron decidió eliminar el Ministerio de Industria, y en eso ha seguido. Esto es lo que han hecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Puig, tiene que terminar.
El señor PUIG FERRER: Han hecho un modelo que nació en aquel momento basado en la especulación inmobiliaria, y de eso...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Puig, se acabó su tiempo. Por favor, concluya.
El señor PUIG FERRER: Acabo ya. Gracias, señora presidenta.
Con ese modelo estamos cada día peor y desde hace un año y medio, señor ministro, lo diga o no lo diga, la verdad de los datos es la que es, estamos peor, y desde que usted es ministro de Industria la industria española está peor.
Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Puig.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidenta.
No me habrá escuchado usted aquí ni a nadie del Gobierno -usted lo ha afirmado, pero no es cierto- decir que todo va bien. Eso es rigurosamente incierto. Le digo más, todo el Gobierno -y no puede ser de otra manera- reconoce que a pesar de
la política económica que llevamos aplicando durante dieciocho meses hay un problema de desempleo muy profundo, grave, una tragedia; hay un problema de financiación bancaria y hay un problema de debilidad del consumo. Por tanto no es cierto. Sé
que muchas veces a ustedes les gustaría escuchar a alguien del Gobierno decir que todo va bien, emulando lo que se hacía en otros tiempos. Pero no lo hacemos porque objetivamente no es así, y hay que reconocerlo, porque si dijéramos lo contrario
perderíamos credibilidad, que fue lo que ocurrió en otra época a otros. Por tanto eso no lo vamos a decir. Ahora bien, si usted en paralelo a eso, que el Gobierno lo reconoce, no reconoce que hay algunas señales favorables, entonces el problema lo
tiene usted y no yo. Le voy a decir alguno. ¿Cree usted que es bueno o es malo para la economía española que el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente hoy sea positivo frente a lo que había hace un año? Este es un dato positivo. A
usted no le gusta, ya lo sé, pero al Gobierno le gusta mucho. (Rumores). Y usted se preguntará: ¿es bueno o no es bueno que el índice de precios al consumo hoy tenga una mejor evolución
que hace un año? La tiene mejor y a usted es posible que no le guste, pero al Gobierno eso le gusta mucho. Usted podrá plantearse si le gusta o no le gusta que hoy las condiciones de financiación internacional de la economía española sean
mejores que hace un año. ¿Por qué? Porque hoy hace un año la prima de riesgo estaba a 639 puntos y hoy está en torno a los 300, con un incremento a lo largo de los últimos días por los anuncios que ha hecho, es verdad, la Reserva Federal de los
Estados Unidos respecto a que en el año 2014 se acaban los estímulos monetarios. (El señor Puig Ferrer pronuncia palabras que no se perciben). Bien, estamos de acuerdo; pero eso, créame, a usted le puede gustar poco o menos; yo creo que en el
fondo le gusta, lo que pasa es que sale aquí y no lo puede reconocer. Ahora bien, eso da a entender que la ruta de la reforma que ha elegido el Gobierno es una buena ruta, porque estamos encaminados en la buena dirección, y ello a pesar de que
subsisten algunos problemas graves, como ya le he dicho.
Dice que en el sector del automóvil lo que ha hecho el Gobierno es seguir con lo que venía haciendo el Gobierno anterior. Pues ahora me estoy enterando, porque yo no sabía que ustedes habían aplicado el Plan de incentivos al vehículo
eficiente. No lo sabía, no había ningún tipo de ayuda para eso; (Rumores) al contrario, las ayudas... (Rumores). Me deja decirle por qué pienso esto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señor ministro.
Señor diputado, el señor Puig ha tenido la intervención que ha considerado oportuna y ha sido atendido con respeto por parte de todo el mundo, los que compartían lo que decía y los que no lo compartían, así que ruego silencio por los que no
comparten lo que está diciendo el señor ministro, que tiene también derecho a hablar.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.
Que yo recuerde, no sé si estoy equivocado, pero que yo recuerde la estrella de la política de eficiencia energética en la legislatura pasada no tuvo nada que ver con el vehículo, tuvo que ver con la adquisición de bombillas y regalarle a
cada español una bombilla. (Aplausos.-El señor Puig Ferrer: Eso es una tontería). Ya lo sé, algunas de sus señorías también me lo han dicho, ya lo sé, pero lo que estamos haciendo ahora es totalmente distinto. Los recursos del IDAE se destinan a
dar una serie de ayudas para que se sustituyan vehículos ineficientes, más contaminantes, por vehículos mucho más eficientes. Eso, ¿qué resultado ha tenido? Usted que pregunta, ¿pero cuáles son los resultados de esta política industrial? Resulta
que en la primera edición, de octubre a diciembre del año pasado, se vendieron 75.000 coches, y resulta que en la actual se están vendiendo 150.000 coches más. Eso creo que son resultados prácticos. A usted ya veo que no le gusta, pero es muy
importante que con eso se active la fabricación de vehículos, porque usted sabe igual que lo sé yo que los vehículos no se fabrican ni están en stock a ver si aparece un comprador que se los lleve. Cada vehículo que hay en un tren de fabricación
responde a un cliente. Activación de la fabricación; activación del mercado de la distribución; activación del mercado de la publicidad, y luego también tiene un retorno para Hacienda en términos de recaudación superior al dinero que va a ese
tema del presupuesto público. A mí me parece que esa es una política mucho más eficaz y eficiente que la que se aplicaba con anterioridad, pero, yo no le voy a reprochar que usted siga pensando que era mucho mejor la política de entregar una
bombilla a cada español. (Rumores). Eso no se lo voy a reprochar.
Luego también quiero, cuando usted habla del efecto de la reforma laboral en la industria del automóvil, invitarle a que hable con cualquiera de los responsables que han tomado ese tipo de decisiones en España. Pregúnteles: ¿usted cree que
tiene algo que ver el nuevo mercado laboral o no tiene nada que ver? Verá que le dirán que una de las bases de ese tipo de decisiones es justamente el mercado laboral.
Respecto a la política energética quería decirle solamente una cuestión: si no se hubiesen aplicado decisiones en mi opinión profundamente desacertadas a la mitad de la pasada década, muy probablemente no tendríamos hoy el problema de
desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico. Le voy a decir cuáles fueron aquellas decisiones profundamente equivocadas. En primer lugar, combinar la activación de una política de ampliación de infraestructuras gasistas, gasoductos,
oleoductos, regasificadoras, almacenamiento subterráneo. En segundo lugar, al propio tiempo que usted hacía eso, porque veían unas previsiones de crecimiento...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro, tiene que ir acabando.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Ya voy acabando. Veían unas previsiones de crecimiento de la economía española que no se cumplieron. En segundo lugar, impulsar el nivel de primas a las energías renovables
que, como tienen preferencia de entrada, cuanto más producen las energías renovables menos producen los ciclos combinados, luego usted los incentiva para dejarlos parados; y en tercer lugar, otra decisión como contaminar menos, impulsar energías
renovables, pero al propio tiempo incentivar la compra de carbón nacional, que es más caro y más ineficiente. Ahí están las razones del sistema energético que nos legaron, pero que ahora mismo estamos reformando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Industria.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE MÁS EDAD. (Número de expediente 172/000139).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la necesidad de articular una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de
más edad. Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, le planteamos una interpelación para conocer cuál es la estrategia global de empleo que tiene el Gobierno para los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Lo hacemos en un contexto en que el desempleo juvenil se ha
convertido en una prioridad no tan solo de esta Cámara, del Gobierno o de la sociedad, sino de las instituciones europeas; se está hablando incluso de que estamos ante el riesgo de una generación perdida. Como no puede ser de otra manera mi grupo
comparte -y ayer lo expresamos- esa preocupación en relación con nuestras tasas de desempleo juvenil, pero tenemos la percepción y la convicción de que en el debate sobre las cuestiones del empleo la situación de los trabajadores de más edad, de los
trabajadores maduros no está en la agenda política ni de esta Cámara ni de la sociedad con la intensidad que el problema exigiría.
Hemos de recordar que en 2008 el número de desempleados mayores de cincuenta y cinco años era de 157.000, y que en este primer trimestre de 2013 son cerca de 600.000. Este ha sido un colectivo también duramente castigado durante la crisis.
Además cerca del 50 % de estos trabajadores llevan un año sin empleo, y cerca del 70 % llevan dos años sin empleo. Por tanto el paro de larga duración está castigando a estos trabajadores. Son trabajadores que a menudo provienen de sectores
directamente afectados por las características de esta crisis, como el sector de la construcción. Se trata de sectores que en una hipótesis de recuperación económica en los próximos años no van a ser tan relevantes en la creación de empleo. Por
tanto no es imaginable pensar que estos trabajadores puedan volver a incorporarse a esos sectores. Son a menudo trabajadores con unas capacidades no suficientemente preparadas para transitar a otros sectores de actividad y con formación no
suficientemente alta. Es bueno recordar que la tasa de desempleo de los trabajadores de más edad con estudios superiores es infinitamente más baja que la tasa de desempleo de los trabajadores de la misma edad con niveles de formación más bajos, por
no hablar de las tasas de actividad de unos y otros: la tasa de actividad de los trabajadores de más edad con estudios superiores es de más del 60 %, mientras que la tasa de actividad de los trabajadores de más edad con niveles bajos de formación
es del 36 %.
Además en este contexto, como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) viene denunciando desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha optado por recortes drásticos en las políticas de empleo, que son precisamente aquellas
políticas que deberían hacer frente a esta realidad. Es incomprensible que ante el aumento del desempleo de los trabajadores más maduros, ante sus déficits de formación, ante la imposibilidad de que vuelvan a trabajar en aquello en lo que han
trabajado durante toda la vida, y ante sus dificultades de transitar hacia otros sectores de actividad, el Gobierno opte por esa reducción tan drástica de las políticas de empleo. Incluso, señora ministra, es un mercado de trabajo que en la
práctica continúa discriminando a esos desempleados de más edad. Todos conocemos las situaciones que nos trasladan los trabajadores, y nos cuentan que cuando hacen llegar el currículum a un proceso de selección donde figura expresamente la edad no
llegan a menudo ni a ser entrevistados, y cuando ese
mismo currículum es trasladado sin que figure su edad sí que son recibidos, entrevistados, y participan en los proceso de selección. Hace años que desde la Unión Europea se viene exigiendo la incorporación de legislaciones y políticas
orientadas a evitar estas discriminaciones por razones de edad en los procesos de selección. En el caso del Estado español tenemos incorporada en nuestra legislación, creo recordar que desde mediados de los años dos mil, la correspondiente
trasposición de la regulación europea en materia de igualdad de trato, pero la aplicación de esa regulación para evitar la discriminación por razones de edad no se ha producido, no se ha implementado, no ha implicado un cambio de actitud.
Señora ministra, efectivamente existe también un problema de actitud, de cultura empresarial frente a las posibilidades, a las capacidades de los activos de mayor experiencia laboral, que son los trabajadores maduros. El anterior Gobierno,
el Gobierno socialista, ustedes y nosotros hemos compartido algunas decisiones legislativas orientadas precisamente a corregir otra mala práctica empresarial, cual es optar en procesos de ajuste empresarial por el despido de los trabajadores de
mayor edad. Tenemos un problema de cultura empresarial, de mirada de la sociedad frente a esos trabajadores maduros. Incluso a veces en nuestros debates y en el debate de la propia sociedad se termina contraponiendo la necesidad de dar empleo a
los jóvenes con facilitar los procesos de jubilación de los trabajadores más maduros. Creo que todos deberíamos compartir -hace pocos meses la Organización Internacional del Trabajo hacía referencia a ello- que ese es un enfoque equivocado; ni los
empleos que los jóvenes van a ocupar son aquellos empleos que los maduros adoptan ni las necesidades que implica un mercado de trabajo, con relación a las capacidades y oportunidades de los jóvenes, responden a las capacidades y oportunidades de los
trabajadores más maduros. Efectivamente los trabajadores más maduros tienen una tasa de paro más baja, les es más difícil perder su empleo, pero al mismo tiempo una vez lo pierden les es más difícil volver a recuperarlo. De ahí -se lo decía al
principio de mi intervención- esa tasa de desempleo de larga duración, que supera el 70 %. Repito, les es más difícil perder su empleo y cuando lo pierden les es también más difícil volver a encontrarlo. Además con esas edades son trabajadores con
menos margen vital para poder reinventar sus vidas, para poder reinventar sus biografías profesionales, y son trabajadores que a menudo en el contexto de esta crisis continúan asumiendo cargas familiares, precisamente en parte vinculadas a la
situación del desempleo juvenil, por la vuelta a casa de muchos jóvenes adultos que han perdido el empleo y que retornan a su hogar. Estos trabajadores de más edad asumen a menudo esta situación con cargas familiares. Lo contaba un día desde la
tribuna, hace unos meses yo y mi colega, la señora Riera, tuvimos un encuentro con trabajadores despedidos de estas edades de una importante industria del sector de la automoción en Barcelona, y cuando nos contaban su drama personal precisamente nos
recordaban eso: algunos de nuestros hijos han vuelto a nuestra casa y hoy asumimos no solo nuestra situación de desempleo, sino también la suya. Es evidente, señor ministro -y todos lo venimos repitiendo-, que esa situación supone también un
despilfarro en términos económicos. Una sociedad que mira a esos trabajadores de más de cincuenta años desde la convicción de que ya no son útiles a sus empresas, de que ya no son útiles a su sociedad, está menospreciando esa experiencia y no está
aprovechando todo el potencial de estas personas. Y todo ello se produce ante un reto demográfico que está a la vuelta de la esquina, el reto demográfico que nos plantea el inicio de la jubilación de los baby boomers a partir de la próxima década,
y que va a generar enormes tensiones en nuestros mercados de trabajo, en nuestros sistemas de protección social, que explican buena parte de las políticas que en los últimos años se han producido en materia de pensiones, y que justifican más todas
aquellas políticas orientadas a facilitar que esos trabajadores de más edad puedan permanecer en el empleo, puedan volver a encontrar empleo en el caso de que lo pierdan.
Los europeos tenemos un compromiso no menor, y en el caso del Estado español en 2013 tiene un punto de irreal, pero no lo debemos perder de vista, que es el compromiso que establece la estrategia Europa 2020 de alcanzar, entre la población
de veinte a sesenta y cuatro años, una tasa de empleo del 75 % en 2020. Ese es el horizonte que Europa nos marca, y para ser alcanzado exige en esta materia una política muy activa. Este es el motivo de la interpelación que le plantea Convergència
i Unió. ¿Qué medidas piensa articular en este campo? Quisiera recordarle que precisamente la Unión Europea el pasado 30 de mayo reclamaba al Gobierno el desarrollo de medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, a
mejorar las condiciones de trabajo, y a fomentar la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo. Hay un mandato, un reclamo de la Unión Europea para que el Gobierno desarrolle una política en esta dirección. A finales de la pasada
legislatura, el anterior Gobierno aprobó una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad -al menos es un buen instrumento de partida-, y en lo que llevamos de legislatura a Convergència i Unió no le consta
que esa estrategia se haya puesto en marcha. Esta es la cuestión principal que le planteamos en esta interpelación: ¿cuál es la política del Gobierno en este ámbito?
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ha dicho muy bien el señor Campuzano que esta es la semana del empleo joven. En este momento el empleo juvenil es una prioridad del Gobierno de España, de la sociedad española, pero también es la gran prioridad en la agenda
europea. Al final de esta semana se celebrará un Consejo Europeo que es clave para que los jóvenes españoles y los jóvenes europeos sientan que la Unión Europea actúa y da pasos hacia adelante a favor del empleo juvenil, que es la gran prioridad
española y la gran prioridad europea. El presidente del Gobierno llega a ese Consejo con un gran respaldo, el respaldo mayoritario de esta Cámara, el respaldo de los agentes sociales, y también el respaldo mayoritario de la sociedad española,
porque el empleo juvenil hoy en España es la gran prioridad, ya que uno de cada dos jóvenes españoles no tiene oportunidades tras estos cinco años ya largos de crisis. Pero el señor Campuzano pone sobre la mesa del debate de esta mañana un tema
capital, que es la necesidad de intensificar también la atención a los trabajadores que tienen mayor edad en España, que también preocupa al Gobierno y a la sociedad española, porque la crisis está golpeando de forma dura a todos los españoles,
independientemente de la edad. Los trabajadores de mayor edad experimentan una problemática particular, que él ha desarrollado en su intervención, y es que la edad a veces actúa como un freno a su retorno a la actividad laboral. Quiero subrayar
esta mañana, señor Campuzano, que los datos también dicen que estamos ante un grupo de trabajadores, los mayores de cincuenta y cinco años, que no solo es numeroso sino que tiene un enorme potencial de actividad. Si analizamos el perfil del grupo
de edad de personas entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años que nos ofrece por ejemplo la encuesta de población activa, apreciamos que se trata de un colectivo en una fase de crecimiento demográfico porque están llegando nuevas cohortes de
mayor edad que amplían el número de personas mayores de cincuenta y cinco años y más en edad de trabajar, pero también llama la atención un dato poco conocido, y es el hecho de que durante la crisis, entre 2008 y 2013, ha aumentado tanto el número
de activos como el número de ocupados en ese grupo de edad, entre cincuenta y cinco y los sesenta y cuatro años. Se ha producido un incremento de casi el 20 % del número de personas en ese grupo de edad que han accedido a una ocupación o a una
actividad. En concreto, el número de mujeres ocupadas mayores de cincuenta y cinco años ha experimentado un aumento de 189.000 mujeres, porque han sido ellas las verdaderas protagonistas de ese avance en la ocupación. En términos porcentuales la
ocupación femenina durante la crisis ha experimentado un incremento del 25 %. Es verdad que ha pasado lo contrario entre los hombres, que en ese mismo grupo de edad se han reducido en 345.000 las personas en términos de ocupación, pero en el
balance global se ha incrementado la ocupación. Ocurre lo mismo en el ámbito de la afiliación. A finales de mayo del año 2013 se observa que se había incrementado el número de afiliados mayores de cincuenta y cinco años en 103.900 personas más
respecto al mismo mes de 2008. Igualmente, este comportamiento se explica fundamentalmente por el incremento de la afiliación femenina en un 23 %. Por tanto, en esta situación especialmente compleja de la crisis es verdad que en términos de empleo
se está produciendo un incremento de la actividad y de la ocupación en ese grupo de población mayor de cincuenta y cinco años, lo cual no es óbice para que siga siendo en términos generales objeto de nuestra ocupación y de nuestra preocupación. Esa
es la razón fundamental para contar con una estrategia global en materia de empleo, que es lo que ha hecho el Gobierno desde el primer momento; una estrategia reformista para dar oportunidades a muchos españoles que hoy no la tienen en el mercado
de trabajo. Ese fue el objetivo fundamental de la reforma laboral del año 2012 que recogía un conjunto integral y coherente de medidas dirigidas a favorecer y fomentar la creación de empleo, a reducir la dualidad y a cambiar esa rigidez del mercado
de trabajo por flexibilidad para favorecer la mejora de la formación, de la empleabilidad y de la inserción de los españoles en el mercado de trabajo.
En lo que respecta a los trabajadores de mayor edad, ya la reforma introdujo elementos importantes de apuesta por este colectivo. Por ejemplo, el nuevo contrato que nace pensando en el tejido productivo que tiene nuestro país, que es
mayoritariamente de pequeña y mediana empresa; ese contrato indefinido de apoyo a emprendedores, con bonificaciones especialmente para dos colectivos: para los jóvenes, que
es una preocupación fundamental, pero también para los mayores de cuarenta y cinco años, que son un colectivo que hay que apoyar en esta transición de la crisis; y está empezando a funcionar. Hoy, en España hay 115.000 nuevos contratos
indefinidos de apoyo a emprendedores, y de ellos, 25.000 han sido contratos bonificados a personas de más de cuarenta y cinco años. Por tanto, este contrato también piensa en este colectivo para este tipo de tejido productivo.
Además de eso, ¿qué hemos hecho? Contar con medidas colectivas alternativas al despido -lo que llamamos la flexibilidad- para permitir que ante situaciones de crisis las empresas adopten otras decisiones antes que despedir a trabajadores,
que, por cierto, ven en las personas de mayor edad un colectivo dispuesto a salir de la empresa como elemento de ajuste por ellas mismas que nosotros desde el Gobierno hemos intentado desincentivar. Por eso, hemos obligado a las empresas con
beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de cincuenta años a que realicen aportaciones al Estado, con el objetivo disuasorio de que no se empiece a discriminar a los trabajadores por razón de la edad y no se
tomen medidas de ajuste pensando en los trabajadores de mayor edad por algo muy importante, porque son justamente esos trabajadores de mayor edad los que aportan mayor experiencia y más talento a la sociedad española y es el capital humano el que
nos hace más competitivos. Por tanto, siguiendo no solo la estrategia española, sino también la estrategia europea, es un colectivo al que tenemos que apoyar desde el Gobierno y desde los diferentes grupos parlamentarios.
También hemos puesto en marcha una reforma fundamental, que es el cambio en las políticas activas de empleo, para hacer que se garantice el acceso en mejores condiciones de empleabilidad de todos los ciudadanos al mercado de trabajo. Usted
ha dicho que se han disminuido los fondos de políticas activas de empleo, pero yo digo que la reforma tiene que ser de fondo, no de cuantía. En los últimos años de crisis se han gastado 30.000 millones de euros en políticas activas y ha subido el
número de parados en 3 millones, con lo cual no es cuestión de recursos, es cuestión de acertar en el modelo de políticas de empleo para hacerlas eficaces. A su comunidad autónoma, en Cataluña, han llegado 3.000 millones de euros y se ha
multiplicado por tres el desempleo. Es un problema de estructura, de conformación de las políticas, de evaluación, de seguimiento y de eficacia, no es solo un problema de recursos. Tenemos que ser capaces de hacer más con menos. Por eso, en el
Plan nacional de reformas tenemos como estrategia global, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, hacer de las políticas activas de empleo un camino de oportunidades para mejorar la empleabilidad, la formación de los
trabajadores y su inserción en el mercado de trabajo. Lo tenemos que hacer juntos, comunidades autónomas y Gobierno. Por eso, desde 2012 ya existe un plan anual de empleo como herramienta de colaboración y cooperación para sumar esos esfuerzos y
poder multiplicar los resultados. En octubre de 2012, se puso en marcha en la conferencia sectorial un grupo de trabajo para evaluar las políticas activas, con el objetivo de mejorarlas para multiplicar esos resultados; 82 reuniones de
coordinación que ya están dando resultados, estamos teniendo una gran colaboración entre Gobierno y las comunidades autónomas. También hemos cambiado la concepción de estas políticas activas. A partir de ahora se vinculan los fondos a resultados.
Este año el 15 % de todos los fondos que llegarán a las comunidades autónomas serán en función de los resultados, previamente establecidos esos objetivos de forma coordinada y conjunta entre Gobierno y las comunidades autónomas. En 2014 será un 40
% el reparto de esos fondos que irán a resultados, porque tiene que haber eficacia en la gestión de los recursos públicos, y políticas activas y eficacia significa o más empleabilidad o mayor inserción en el mercado de trabajo. De ese aprendizaje y
de esa evaluación que estamos haciendo juntos, comunidades autónomas y Gobierno, nacerá una nueva estrategia plurianual de activación del empleo 2014-2016, que aprobará en el último trimestre del año el Gobierno, de la mano de las comunidades
autónomas. Es el momento de la eficacia, es el momento de optimizar los resultados, es el momento de ayudar a casar oferta y demanda de empleo y, por eso también, estamos avanzando en la colaboración público-privada con las comunidades autónomas
para que todo aquel que pueda ayudar a la búsqueda de un empleo lo haga, porque este país lo necesita con el número de parados que tiene. Hoy, del total de demandantes de empleo mayores de cincuenta y cinco años reciben servicios de orientación
profesional para el empleo o el autoempleo 224.000 y 88.700 reciben ayuda en la construcción de itinerarios integrados de empleo. Ese es el camino, mejorar los itinerarios personalizados para llegar al mercado de trabajo. Ese es el objetivo
también del portal único de empleo que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, está poniendo en marcha el Gobierno de España con cada una de las comunidades autónomas. Hay que sumar esfuerzos en la búsqueda de empleo. También el
Gobierno desde el otro ámbito, desde el ámbito de la Seguridad Social, ha apostado por este colectivo de mayores de cincuenta y cinco años para continuar su vida laboral, para favorecer su continuidad en activo, para
mejorar su empleabilidad. Por eso, hemos prohibido que puedan existir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, para que la persona que libremente se siente útil y quiere seguir avanzando y trabajando lo pueda hacer.
Asimismo, hemos evitado que las empresas hagan de las modalidades de jubilación anticipada y parcial un mecanismo de ajuste de sus plantillas en perjuicio de los trabajadores de más edad, y además cargando sobre el erario público esas decisiones de
jubilación anticipada.
Estamos trabajando, señor Campuzano, en todas las direcciones, estamos cambiando con reformas los problemas de fondo que tenía nuestro mercado de trabajo, luchando contra la discriminación y mejorando los instrumentos para favorecer la
empleabilidad y la vuelta al mercado de trabajo de aquellos trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, que son nuestro mejor capital humano, porque son los que tienen mayor experiencia, son los que más pueden aportar a las empresas en estos
momentos de crisis y son los que tienen seguro el apoyo del Grupo Catalán y también del grupo del Gobierno de España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, no voy a negar que hacen cosas -es imposible negarlo-, pero de su respuesta tengo la sensación de que un planteamiento global como el que le está reclamando la Unión Europea y como el que se
formuló en su momento en el año 2011 para estos trabajadores no existe por parte del Gobierno, incluso respecto de algunas de las cuestiones que usted nos ha contado podemos hacer una lectura crítica. Por ejemplo, hemos endurecido las condiciones
para la jubilación parcial, para la jubilación anticipada, pero no hemos desarrollado políticas de acompañamiento a estos colectivos. Es más, las medidas que existían, yo creo que desde tiempos del ministro Aparicio o del ministro Zaplana, de
reducción de cotizaciones sociales para los trabajadores de más de sesenta y un años, han desaparecido en ese recorte de las políticas activas. Incluso se han endurecido las condiciones para el acceso al subsidio de mayores de cincuenta y cinco
años, dejando más desprotegidos a esos trabajadores. Usted hace esa aseveración respecto del recorte en las políticas activas y yo podría estar de acuerdo con usted en que a esas políticas se les debería de exigir mayor eficacia, pero antes de la
crisis no resistíamos la comparación en relación con nuestro gasto, nuestra inversión en políticas de empleo con el resto de los socios de la Unión Europea y menos la resistimos ahora. En 2009, donde invertíamos en este capítulo 7.800 millones de
euros, hemos pasado en 2013 a 4.200 millones de euros. Si el problema era que se gastaba mal -que no discuto que quizá se gastaba mal- la cuestión no es gastar menos, sino gastar lo que toca para poder garantizar con eficacia la consecución de los
objetivos que tenemos.
No nos ha dicho cuánto invertimos en formación para los trabajadores de más edad, elemento clave para garantizar la empleabilidad de estos trabajadores. Tampoco nos ha dicho si el Gobierno tiene en marcha alguna iniciativa para concienciar,
sensibilizar al conjunto de la sociedad y singularmente a las empresas para valorar estos activos de gran experiencia que son los trabajadores maduros. Es más, incluso lo que en su día fue conocido como la enmienda Telefónica, hasta donde llegan
mis preguntas por escrito, no se han producido aportaciones por parte de las empresas. Si la señora ministra me dice que ya ha habido aportaciones, me voy a alegrar de ello. Esta normativa ha tenido cinco modificaciones desde que fue aprobada por
el Gobierno socialista y quizá sería interesante que si se han producido ingresos como resultado de estas aportaciones que se ven obligadas a realizar las empresas por los despidos de los trabajadores de más de cincuenta años, estos sean recursos
que se puedan destinar a estas políticas.
Tampoco nos ha contado, señora ministra, si en el ámbito de la negociación colectiva ustedes están impulsando que ésta incorpore cláusulas, mecanismos, fórmulas que permitan el mantenimiento de estos trabajadores de más edad. Incluso no
creo que el Gobierno hoy esté en condiciones de hacer un balance de la aplicación de la legislación en materia de igualdad de trato en relación con las discriminaciones por razón de edad. Por tanto, la sensación no es que no se haga nada, es
imposible que no se haga nada; pero en la orientación de su política, ante el reconocimiento de que existe un problema específico en un sector que tiene especiales dificultades, le insisto en lo que le decía en mi primera intervención -paro de
larga duración, problemas de formación, cargas familiares, necesidad de hacer un recorrido hacia nuevos sectores de ocupación-, ante esa realidad no observamos que el Gobierno tengan una respuesta global. La cuestión principal que mi grupo le
vuelve a plantear, más allá de ese plan que, por lo que he entendido de su respuesta, es un plan de carácter general, es: ¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha una
estrategia global para trabajadoras y trabajadores de más edad, con medidas específicas, con acuerdo con las comunidades autónomas, con acuerdo con los agentes sociales? ¿Tiene para este colectivo una propuesta concreta? Ojalá del debate
de la moción de la próxima semana, o del próximo mes de julio, seamos capaces entre todos de alcanzar un compromiso para este sector de la sociedad que, como le decía al principio de la intervención, tengo la impresión de que no encuentra eco de sus
preocupaciones en los debates y en las preocupaciones de esta Cámara y de este Gobierno en materia de empleo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señora ministra de Empleo.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, los datos, el problema que tienen es que los leemos todos. Ya le decía antes que más recursos muchas veces no es más eficacia y más resultados. Ya he comentado que en políticas activas de empleo nos gastamos 30.000
millones durante la crisis y subió el nivel de parados en 3 millones más. Por tanto, algo no hicimos bien todas las administraciones públicas. Y es momento también de hacer más con menos, de mejorar la eficacia y ser capaces de cambiar juntos lo
que no funciona. ¿Por qué? Porque también el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha reducido el presupuesto en estos últimos años del Servicio de Ocupación de Cataluña, un 25 % en el año 2010 y, como usted sabe, en el año 2011, sobre el año
2010, un 16 %. Por tanto, todas las administraciones públicas están haciendo políticas de ajuste, incluso antes de que llegáramos el Partido Popular al Gobierno. Y viendo no solo el presupuesto, sino el nivel de ejecución de las políticas, el
Servicio de Ocupación de Cataluña también tiene históricamente, en los últimos años, niveles de ejecución inferiores al 70 %. El último, el de 2012, fue del 50 %. Se han dejado de ejecutar en políticas de empleo en Cataluña más de 1.000 millones
de euros. Por tanto, es verdad que hay que hacer más; y hay que hacer más con menos, y para eso necesitamos trabajar juntos, de forma coordinada, cambiando lo que no funciona y poniendo el acento en lo fundamental. Así hemos entendido desde el
Gobierno -y así lo hemos acordado en conferencia sectorial con las comunidades autónomas y previamente lo hicieron el año pasado los presidentes de Gobierno de todas las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno de España en la
Conferencia de Presidentes- la evaluación de las políticas activas de empleo para mejorar su eficacia y la inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo, y ese es el compromiso del Gobierno.
¿Qué hemos hecho? Pues, como objetivo estratégico, hacer ese cambio, esa evaluación y esa reforma, colaborando todas las administraciones. Y a mí, como ministra de Empleo, también me llama la atención que usted hoy me solicite la
estrategia que solicita en esta Cámara, y yo le quiero animar a que desde su comunidad autónoma que gobierna la Generalitat de Catalunya sea ésta más activa y apueste también por los mayores de cincuenta y cinco años. Porque la propuesta de medidas
de la Generalitat para el plan de empleo 2013 -que se aprobará en semanas- no ha incorporado ninguna medida o ningún programa dirigido a este colectivo, como sí han hecho otras comunidades autónomas. Por tanto, trabajemos juntos y pongámonos juntos
a mirar en esa dirección de mejorar la eficacia, la empleabilidad y la inserción de los mayores de cincuenta y cinco años. Este Gobierno ha hecho muchas cosas desde que llegó para ese colectivo. Le hablaba antes del contrato indefinido de apoyo a
emprendedores, que está funcionando y está dando oportunidades a los mayores de cuarenta y cinco años. Le hablo también del denominado contrato de generaciones, que es un gesto con los mayores en el mercado de trabajo en el centro de la estrategia
de empleo de los jóvenes. Sabe usted que gracias a ese contrato de generaciones muchos emprendedores menores de treinta años van a tener bonificado el cien por cien de la cotización a la Seguridad Social durante un año de un trabajador mayor de
cuarenta y cinco años para incorporar experiencias a sus proyectos de negocio desde el primer momento y está empezando a dar resultados. En cuatro meses son muchos los emprendedores que han contratado a través de ese contrato de generaciones a una
persona mayor de cuarenta y cinco años para unir experiencia y valentía en la actividad empresarial. Juntos tenemos que trabajar dándole oportunidades a esos mayores de cincuenta y cinco años. El Gobierno ha ampliado el ámbito de protección,
porque le recuerdo que el Prepara para los parados de larga duración, que suelen ser los mayores de cuarenta y cinco años, con cargas familiares hoy reciben 450 euros en vez de los 400 que recibían antes de que llegáramos al Gobierno. Le insisto,
estamos trabajando con las comunidades autónomas en el plan anual de empleo y también para poner en marcha la estrategia plurianual de activación para el empleo 2014-2016 que se aprobará en el último
trimestre de 2013, para darle oportunidades a todos los trabajadores, pero fundamentalmente a esos mayores de cincuenta y cinco años que hoy tienen más difícil reengancharse al mercado de trabajo, y son hoy -después de las reformas que
estamos llevando a cabo en las políticas activas- la prioridad junto con los jóvenes de las políticas activas de empleo en este país. Más empleabilidad siempre significa más oportunidades y cada día estamos en el camino de darles más oportunidades
a aquellos que tienen más experiencia, son el capital humano más importante para las empresas, las personas mayores de cincuenta y cinco años. Le animo a que sigamos trabajando juntos en esa estrategia global de activación para que pongamos encima
de la mesa las mejores medidas para seguir aumentando las oportunidades y el empleo de ese colectivo mayor de cincuenta y cinco años, que son la experiencia y el talento que necesitan hoy -especialmente en la salida de la crisis- las empresas
españolas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO CONTINÚA CON LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A PESAR DEL RECHAZO QUE HA SUSCITADO EN EL
ÁMBITO MUNICIPALISTA. (Número de expediente 173/000094).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación que quedaron pendientes del Pleno del día de ayer.
En primer lugar, corresponde la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar
del rechazo que ha suscitado en el ámbito municipalista. Para la defensa de esta moción, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero reiterar en esta moción consecuencia de interpelación la petición de retirar el proyecto que hoy se encuentra en el Consejo de Estado. Reconocemos la iniciativa legislativa al Gobierno, la legitimidad de su mayoría
absoluta, pero merece la pena hacer el esfuerzo. Afecta a 8.116 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares. Esta ley, señorías, debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición; una ley que debe tener larga vida, una ley que debe
tener solución de continuidad, una ley que si no dura treinta años como la vigente, que se le acerque. En el debate con el ministro en la interpelación quedó claro algo que me parece importante, después del intento de criminalización de los
ayuntamientos. No son los culpables de la crisis, ahí están las cifras de déficit de deuda; los concejales no se forran, el 85 % no cobran, es un batallón de voluntarios al servicio de su pueblo y, por lo tanto, los ayuntamientos están haciendo
sus deberes. La deuda está donde está y si no que se lo pregunten al anterior alcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia. Pedimos la retirada porque de los tres objetivos que marca la ley dos no los cumple y en el que cumple creo que cometen una
equivocación. El primero que no cumple es aquel mantra de la Administración-competencia: una competencia, una Administración. No solamente no clarifican, repiten y repiten -los artículos 25, 26 y 27 son fruto de la poca imaginación, parece que
estamos aún en el siglo XIX y no en el XXI- y, desgraciadamente -no lo digo yo, lo dice el profesor Muñoz Machado-, ese procedimiento que ustedes establecen no solamente no va a permitir una Administración-una competencia, sino que es imposible de
llevar a la práctica. Diseñan un sistema confuso, enrevesado, difícilmente se puede encontrar algo tan complicado como lo que ustedes han trasladado al articulado de este texto. No vamos a tener ayuntamientos reconocibles en el conjunto del país.
Pero si son preocupantes los artículos que acabo de comentar, el buldócer está en el artículo 26, en el famoso coste estándar que por real decreto establecerá el ministro de turno, en este caso el ministro de Hacienda. Les adelanto que este
artículo, tal y como está redactado en estos momentos, supone una clara vulneración del 9.3 de la Constitución. Me van a permitir que les diga que este artículo es el monumento a la arbitrariedad. Aplicar ese estándar a 8.100 ayuntamientos y a los
diferentes servicios que se prestan, como digo, hoy por hoy, con los datos que hay sobre la mesa, no es posible. Se trata simplemente, señorías, de un bodrio que el señor ministro sostenía en estudios científicos -que, por cierto, solamente él
conoce porque a nadie más se le ha dado-, un bodrio que tiene como base algo que
desde el punto de vista económico es incompleto, por supuesto impreciso, parcialmente incoherente, absolutamente inadecuado para la reestructuración de las competencias que pretende; además de carecer de algo tan importante como de lo que
estamos hablando tiene que tener un mínimo de lógica racional que, evidentemente, falta por todos los sitios. Recoger la basura en mi pueblo -890 habitantes- es más caro que en el bloque de la Castellana donde viven 900 vecinos, por supuesto. Por
mucha dispersión o por muchos elementos correctores es un bodrio, repito, que posiblemente, eso sí, sea la piedra angular de lo que persigue esta ley, que no es otra cosa que llevar hacia diputaciones y comunidades autónomas una serie de servicios
con el objetivo de privatizarlos, de prestarlos de forma directa o indirecta -para la forma directa no existe la estructura, como ustedes bien saben, y sería por tanto gestión indirecta-, gestión indirecta que significaría servicios más caros, menos
eficientes y menos eficaces, es decir, que los perdedores de toda esta película serían los ciudadanos que tendrían, por parte de sus ayuntamientos -en este caso otras entidades- servicios más caros, menos eficientes y menos eficaces. Hablan de
ahorro -a ustedes lo de poner ceros detrás de un número se les da bien-, hablan de 8.000 millones de euros de reducción -37.000 en el informe que presentó la vicepresidenta el otro día-, pero cuánto tiene que dar de sí la yeguada militar para nada
más y nada menos que 37.000 millones de euros. Por cierto, el coronel que manda la yeguada tendrá que seguir teniendo las tres estrellas de ocho puntas y los caballos y las yeguas tendrán que seguir comiendo, con lo cual los 37.000 millones de la
yeguada militar creo que es bastante complicado. Volviendo a lo que nos trae, señorías, 8.000 millones no tienen ninguna base, solamente algo que es lo dramático -y ahí cumplen perfectamente el tercer objetivo al que hacía referencia-: la entrada
de la iniciativa privada en la gestión de los ayuntamientos y, si no, simple y llanamente el desmantelamiento. Si ustedes ponen patas arriba los servicios que prestan los ayuntamientos, ahí sí les doy la razón, se pueden ahorrar, entre comillas,
los españoles los 8.000 millones de euros. Los cálculos más optimistas, señorías, también hablan del empleo público, estamos hablando de una pérdida de empleo público de en torno a 200.000 empleados.
El segundo objetivo era racionalizar, no solamente no racionalizan escalones sino que crean uno nuevo, el consejo de alcaldes. Hay evidencias de un conflicto de competencias con las comunidades autónomas y una clara vulneración del
principio de autonomía local que consagra la Constitución. Si este es el camino que van a seguir, si así entra en el Congreso una vez que pase por el Consejo de Estado y sale del Congreso una vez que pase por el Senado, exploraremos todas las
posibilidades que la ley nos concede. Como bien dice, repito, el profesor Muñoz Machado, nos metemos en un lío de dos pares de narices.
Para terminar, señorías, les pido que retiren el texto. Tienen una excusa, si me permiten la expresión, un buen momento, una coyuntura favorable. Han presentado el informe CORA, un informe del que estamos dispuestos a hablar, a discutir,
pero sin amenazar a nadie, ni a comunidades autónomas ni a ayuntamientos, sin imponer nada a nadie, ni a ayuntamientos ni a comunidades autónomas, sin demagogia. ¿Sacrificio a los políticos? Por supuesto, aquí tiene al Grupo Socialista dispuesto a
sacrificarse antes, ahora y siempre, pero si es verdad lo que dicen, algunos en estos últimos tiempos, de sacrificio, poquito; más bien, todo lo contrario.
Señorías, si retiran el texto, cuenten con nosotros; si no lo hacen, estoy convencido de que volverán a equivocarse, porque el grupo parlamentario al que represento, el Grupo Parlamentario Socialista, no va a ser cómplice del desaguisado
que van a producir ustedes en los ayuntamientos de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Zarrías.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño. El posicionamiento del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta moción es favorable a la petición que se hace de retirada del anteproyecto, y no solo es el Bloque Nacionalista Galego quien lo dice, sino
que todas las filas políticas así lo han manifestado. Este anteproyecto no tiene prácticamente ninguna cuestión positiva y ha sido contestado no solamente por la FEMP, sino también por los ayuntamientos y diferentes sectores sociales que actúan en
cuestiones tan importantes como los servicios sociales y la atención a los ciudadanos y que ven en este anteproyecto una propuesta de alejamiento de esos servicios respecto a la ciudadanía.
Para el Bloque Nacionalista Galego es incomprensible un anteproyecto que, entre otras cosas, dice que quiere ahorrar fondos económicos y que lo que hace es centralizar en las diputaciones la mayoría de las competencias que hoy están en los
ayuntamientos. Es decir, si hay algo que para nosotros es redundante en la Administración, algo de toda la estructura del Estado que realmente sobra en la Administración, son las diputaciones y el Gobierno lo que hace con este anteproyecto es
reforzarlas al mismo tiempo que debilita el papel de los ayuntamientos en relación con ese servicio cercano que hay que dar a la ciudadanía. Nosotros entendemos que hay servicios a los que efectivamente deben buscarse alternativas de consorcio, de
mancomunidad, etcétera, para facilitar su uso a los ciudadanos, pero esto nunca puede ser a través de la centralización en unas diputaciones que si por algo se caracterizan es por la manipulación, el control y el caciquismo. En Galicia tenemos
mucha experiencia de eso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el mismo grupo, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, si el Gobierno español quiere reformar la Administración pública para ahorrar lo primero que debe hacer es dejar de recetar a las comunidades autónomas y predicar de una vez por todas
con el ejemplo. Supriman de una vez las diputaciones provinciales, como proponemos nuevamente en esta enmienda desde Esquerra Republicana, puesto que a nuestro entender son estructuras tan farragosas y sobredimensionadas como ineficientes y a la
vez inútiles, entre otras cosas, porque la mayoría de las diputaciones están duplicando competencias que son titularidad de las comunidades autónomas.
La pregunta es sencilla: ¿para qué sirven las diputaciones provinciales? Se lo voy a decir. Por un lado, son instrumentos para que el Estado retenga competencias que han sido ya transferidas a las comunidades autónomas y así mantener su
esfera de poder en ellas. Por otro lado, las diputaciones son las grandes oficinas de colocación del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español para miles de cargos inútiles. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No nos
engañemos, señorías, ni nos engañen, este es el motivo por el cual PP y PSOE se oponen a la supresión de las diputaciones. Si quieren adelgazar la Administración y ahorrar gastos, recuerden que la Administración que más gasta y que más endeudada
está es la Administración General del Estado y no las administraciones descentralizadas.
El problema no está en el Estado autonómico, sino que el problema es que España nunca ha creído en él y ha ido descentralizando competencias por un lado y reteniéndolas por el otro, generando así una doble estructura duplicada. La España
castellana no cree en el Estado autonómico, cree en un Estado unitario y unitarista en el que incluso la Administración local no es más que un apéndice de este Estado centralista. Por eso, la reforma de la Administración local no tiene ningún
reparo, ni siquiera el más mínimo complejo en suprimir ayuntamientos o arrebatarles competencias.
Acabo. El Gobierno del Partido Popular pretende así ahorrar recortando en democracia y centralizando el poder en manos estatales. En lugar de ahorrar suprimiendo las inútiles diputaciones, lo que hacen es suprimir democracia local para dar
las competencias a las diputaciones y justificar así su mantenimiento. La jugada es -tengo que decírselo también- ideológicamente casi perfecta para ustedes. Eliminan resistencias municipalistas, concentran el poder en manos del Estado y, por
último, mantienen la oficina de colocación bipartidista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, la posición de Amaiur en relación con esta materia es clara y conocida y en lo elemental está en sintonía con lo que la moción del Grupo Socialista plantea, si bien es cierto que hay
aspectos mínimos de los que tenemos una opinión diferente.
Hay tres cuestiones, aprovechando esta moción, que quería poner de relevancia y destacar del anteproyecto que plantea el Gobierno. Fundamentalmente pasan, en primer lugar, por las formas a entender de Amaiur inaceptables en las que se está
gestionando todo este anteproyecto a espaldas de la sociedad y de las instituciones implicadas en petit comité y no hablando claro, engañando a la gente y, sobre todo, en contra de la mayoría de las instituciones y de la sociedad. En segundo lugar,
y en sintonía de lo que se planteaba en el primer punto, los intereses que el anteproyecto defiende claramente
no son los de garantizar los servicios básicos a las personas. Es mentira que ustedes quieran ahorrar dinero. Si fuese así, ustedes recortarían gastos en ejército, gastos en relación con la Iglesia o simplemente se plantarían ustedes ante
la deuda de los banqueros. Lo que ustedes pretenden con este anteproyecto -el portavoz del Grupo Socialista lo decía- es privatizar servicios que a día de hoy son públicos. Es abrir mercados a determinadas élites económicas cercanas a sus
posiciones políticas, élites económicas que son insaciables y que en la actualidad hay mercados que se quedan fuera de su alcance y, por tanto, con esto se les abre la puerta. Esa es la verdadera intención de este anteproyecto. En tercer lugar
-cuestión que creemos que es trascendental también-, apuestan por una centralización absoluta, que en lo fundamental viene a suprimir los marcos de decisión más cercanos a la ciudadanía, que son los ayuntamientos y que son los concejos. Esto es,
ustedes pasan de un modelo de democracia, dejan al lado esos marcos de decisión que profundizarían en la democracia, a un modelo de tecnocracia, lo sustituyen por interventores que son controlados desde Madrid claramente con lo que esto supone, por
supuesto, para quienes defendemos entre otras cuestiones también el derecho a decidir de nuestros pueblos. En definitiva, se trata de una carga de profundidad para ahondar en el modelo neoliberal, ese en el que las personas y sus derechos sociales
bien poco importan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Vasco compartimos plenamente, señor Zarrías, el espíritu y la letra de la moción presentada por el Grupo Socialista en relación con el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Creemos que lo que procede es, como usted ha dicho, que se retire el anteproyecto con el fin de dotarle en todo caso de un contenido diferente al actual, buscando un consenso político que le dará seguramente más legitimidad democrática. En nuestra
opinión, es una reforma con pies de barro y que no se sostiene, se mire por donde se mire. Forma parte del afán reformista del Grupo Popular, que, supongo que pensando en los temas de solapamiento, de duplicidades, de competencias impropias, eso se
asimila a despilfarros e ineficiencias que el portavoz socialista ha dicho que no necesariamente van de la mano y que hay que analizarlas con muchísimo cuidado cuando pensamos que vamos a ahorrar; posiblemente no solo no ahorremos, sino que al
final nos salga un peor servicio público y más caro. Creemos que de estas cuestiones sí puede surgir el debate para proceder en un futuro a una reforma, pero desde luego no es esta reforma la que defiende nuestro grupo.
Es cierto, como plantea UPyD, por ejemplo, que hay que suprimir diputaciones provinciales, y si pudieran también suprimirían las forales, y que hay que agrupar municipios. Hay otros, como el PP, que lo que hacen es proponer reforzar las
diputaciones provinciales y eliminar competencias a muchos ayuntamientos. Creo que las posiciones son efectivamente diversas, además, todos hemos conocido despilfarros, abusos, recalificaciones dudosas, excesos e insuficiencias varias y creo que
todos podemos estar de acuerdo en que algún tipo de reforma se ha de plantear. La cuestión es si con este anteproyecto se da respuesta en serio a la reforma que se necesita, y en nuestra opinión es claramente que no. Creemos que no tiene en
absoluto sentido la reforma.
Se ha argumentado en ocasiones que la reforma se debe llevar a cabo por el déficit público excesivo. Sabemos que el conjunto de las administraciones locales no tiene un déficit significativo, es más, para el horizonte 2013-2016 el objetivo
previsto de déficit público es 0,0, es decir, no existe globalmente déficit público, con lo cual no estamos arreglando nada que responda a un exceso de gasto de las administraciones locales. Por otra parte, se puede argumentar que no hay déficit
cero, pero que efectivamente tenemos un proyecto de reforma basado en un estudio serio. Como ha dicho el señor Zarrías, la metodología sobre la que descansa el supuesto estudio -que, por cierto, el Grupo Vasco la ha pedido también al Instituto de
Estudios Fiscales y no lo hemos conseguido- tiene enormes carencias y enormes errores. Creemos que fundamentar una reforma de este calado en un estudio cuyas deficiencias son notables es un peligro bastante importante.
Además, hay otra cuestión que es básica en este tema. Creemos que falta consenso político. Cuando se va a tomar una decisión de este calado, que afecta a muchísimos municipios y a muchísimas entidades de diferentes colores políticos,
cuando se va a adoptar una medida de este calado, creo que el consenso no solo es necesario, sino que es absolutamente imprescindible, y ese consenso no existe. Creemos que sería bueno en todo caso buscar previamente ese consenso para tratar de
abordar una reforma sobre la
que no podemos decir que no estemos de acuerdo, porque creemos que cambiar las cosas es importante, pero hay que hacerlo con sentido y con sentido democrático. Por eso, creemos que si no hay déficit hoy ni hay déficit previsible en el
futuro y, además, la metodología está más que en cuestión, lo mejor que se puede hacer, evidentemente, es retirar este proyecto.
Por si lo anterior no fuera suficiente, para nosotros el anteproyecto olvida una cuestión realmente crucial; de ahí, la enmienda que hemos presentado. Se olvida de manera incomprensible la existencia de unos regímenes forales en los
territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como de la Comunidad Foral de Navarra. Por cierto, son regímenes que gozan del amparo constitucional y que en el ámbito local disfrutan de una autonomía financiera propia. Dado que los
recursos de las administraciones locales provienen en Euskadi de las diputaciones forales, corresponde a estas la tutela financiera de los ayuntamientos. No es un hecho menor para nuestro grupo, sino una cuestión muy relevante y muy importante.
Queremos dejar constancia de ello en esta iniciativa y, en el caso de que el anteproyecto siga adelante, pelearemos para que el respeto a la foralidad se incluya en el anteproyecto, posteriormente en el proyecto y, por supuesto, en la ley, si es que
definitivamente algo de esto llega a aprobarse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para presentar su enmienda también, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en su día el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) suscribió la declaración de rechazo al anteproyecto de ley que nos ocupa, junto con la casi totalidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Hoy estamos
debatiendo una moción en la que se pide que se retire el anteproyecto atendiendo a unas razones que suscribimos y que incluso hemos ampliado con dos enmiendas.
Es evidente que el anteproyecto no se ha llevado bien. No es de recibo permitir que se divulguen hasta tres versiones diferentes de un mismo proyecto; demuestra falta de criterio. Tampoco dice nada en su favor que el debate encendido que
ha provocado en el mundo municipalista y entre los profesionales y estudiosos de esta Administración haya llevado a un rechazo unánime. Sabemos que el Gobierno y las instituciones del Estado están comprometidas con la Unión Europea y coincidimos en
la conveniencia de promover una Administración local eficaz y austera, pero no en preferencia a la reforma urgente y conveniente de la totalidad de las estructuras del Estado; empezando por la Administración general, la de más peso en la economía
por presupuesto y, desgraciadamente, por déficit. Es imprescindible racionalizar una estructura que sobrevive en absoluta contradicción con el reparto de competencias estatutarias a las que la Constitución y la racionalidad nos obligan.
Constatamos que, ante la exigencia de racionalización del gasto público español, se quiso dar un golpe de efecto ofreciendo a Europa y a la opinión pública española el sacrificio de la Administración local como chivo expiatorio de forma
absolutamente desleal, cuando es sabido -aunque no aceptado- que el problema reside en la negación por parte de los sucesivos gobiernos del Estado de un principio que hoy se presenta como una revelación: una competencia, una administración. Este
es un principio que la Administración General del Estado debería haberse aplicado en primera persona en cumplimiento de la Constitución y de su espíritu en cuanto a la descentralización. Entre otros prejuicios, el anteproyecto de ley nació
contaminado por la influencia exagerada que ocasiona el mal estado económico en que se encuentran unos pocos municipios grandes y medianos, víctimas de la burbuja inmobiliaria. Esos municipios en ningún caso representan la normalidad. Por suerte,
la situación económica de la inmensa mayoría de los municipios, sin estar exentos de dificultades, es más que aceptable o recuperable.
Para evidenciar el buen hacer municipalista les voy aportar unos datos significativos extraídos hoy mismo de los informes tratados en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas referidos al año 2009. El déficit de las
cuentas del Estado de aquel año ascendió a 90.000 millones de euros, de los que podemos constatar que solo un 2,11 % -1.900 millones de euros- corresponden a la Administración local. También quiero decir que, según datos facilitados por el propio
ministerio, las liquidaciones provisionales de las entidades locales correspondientes al año 2012 indican un resultado que en su conjunto será positivo, es decir, de superávit. Estamos de acuerdo en mejorar y clarificar las competencias y en
suprimir o reformar los servicios municipales insostenibles, así como en que los municipios que están en situación de quiebra sean intervenidos; pero una cosa es tocar la Ley de Bases
y otra muy diferente trastocar nuestros municipios. No es aceptable trastocar aquello que se demuestra que funciona.
Estamos comprometidos con la Unión Europea, así que atendamos los apuntes y recomendaciones que nos vienen del Congreso de administraciones locales y regionales perteneciente al Consejo de Europa, al que España se adhirió en noviembre de
1977 ratificando su carta de autonomía el 1 de septiembre de 1988. Este organismo del Consejo de Europa, en su informe de 20 de marzo de 2013, titulado Democracia local y regional en España, nos facilita un largo análisis que, sin dejar de
reconocer unos puntos fuertes, sigue con debilidades y termina con unas recomendaciones. En primer lugar, asegurar las reformas gubernamentales propuestas para transformar la administración española en un sistema en el que se cumpla el principio de
una competencia, una administración. En segundo lugar, continuar durante el periodo de tramitación del proyecto de ley para la racionalización el diálogo tanto con la Federación Española de Municipios y Provincias como con las comunidades
autónomas. En tercer lugar, identificar a través de la Comisión para la reforma de la Administración pública las medidas concretas para eliminar la duplicación de competencias. En cuarto lugar, revisar la legislación con el fin de fijar un límite
mínimo y máximo para la remuneración de los funcionarios locales electos. En quinto lugar, de conformidad con la legislación, que la transferencia de poderes a las autoridades locales esté garantizada con la dotación de recursos financieros
adecuados. En sexto lugar, aumentar la autonomía fiscal de los municipios con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la situación financiera de las entidades locales. En séptimo lugar, asegurar a los municipios más pequeños un mayor apoyo
de la Administración provincial. Y finalmente, seguir apoyando a las administraciones locales y regionales durante el programa de reforma del Estado con el fin de fortalecer la capacidad de la Administración pública para controlar su propio gasto.
Esto es lo que nos piden desde Europa y en esto es en lo que deberíamos estar trabajando. En este contexto y en esta voluntad siempre encontrarán, señores del Gobierno, señores de la mayoría, al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Páramo.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para decir que en esta moción mi grupo se va a abstener, no porque no estemos de acuerdo con el punto principal, que es la crítica al anteproyecto que se conoce sobre las administraciones locales, sino porque
encontramos dos problemas. Primero, es una moción demasiado general, por no decir que en algunas cuestiones es un tanto vacía. Es decir, nos piden que votemos una cosa que en realidad parece que pretende mantener un poco todo como está y que
quiere dar a la FEMP un protagonismo en algo que a nosotros nos parece que no puede tener, que es la redistribución competencial dentro del Estado. Nos parece que esa es no solamente una misión del Parlamento, sino además una misión prioritaria que
debería abordarse cuanto antes. Desde luego, estamos completamente en contra -lo hemos dicho infinidad de veces- de la intención del Gobierno de reforzar las diputaciones manteniendo ayuntamientos carentes de competencias. Hemos dicho por activa y
por pasiva muchas veces, y lo vamos a seguir repitiendo -también lo han dicho otros grupos y nos alegramos de que esto se vaya extendiendo-, que a día de hoy mantener las diputaciones provinciales es un despilfarro irresponsable, pero también
proponemos que la supresión de las diputaciones vaya acompañada de un proceso paralelo de fusiones municipales para hacer algo que echamos de menos en la moción, que es que la autonomía municipal se tiene que basar en la viabilidad, en la
sostenibilidad de los ayuntamientos.
A ese respecto es una pena que ustedes no hayan aprovechado un buen estudio de la Fundación Ideas, vinculada al Partido Socialista, que precisamente ya hablaba de eso; comparaba el tamaño de los municipios en España con otros países
europeos, la media de empleados públicos por municipio, para hablar de los servicios que prestan o al menos de la capacidad que tienen para prestarlos, así como del índice de corrupción que va a asociado a esos índices municipales. Es muy
interesante y muy curioso, pero realmente en España se da la circunstancia de que tenemos unos de los ayuntamientos más pequeños de Europa, tenemos unos de los ayuntamientos con peores servicios públicos de Europa y tenemos unos de los ayuntamientos
más opacos y con más casos de corrupción de Europa.
Hay que abordar esto conjuntamente y hablar de una redistribución competencial entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos viables y sostenibles. Además, esos ayuntamientos pueden
tener muchas más competencias de las que tienen ahora y, por tanto, reforzar su autonomía, pero dentro de una revisión general y no de un llamamiento, que es lo que hemos encontrado, a mantener las cosas como están, algo que nos parece muy
poco adecuado, aunque por supuesto no compartamos en absoluto los planes de Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, abordamos otra reforma legal que pretende provocar un retroceso de décadas. La verdad es que a este Gobierno no se le ocurre idea buena; eso sí, es coherente con el perfil del Partido
Popular: centralista, clasista, antisocial, neoliberal y autoritario. Este anteproyecto de ley, llamado rimbombantemente de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, lo que llamamos la reforma local o, incluso, la ley
antiayuntamientos, pretende atacar el modelo de municipalismo nacido en la Transición, cuando los ayuntamientos se convirtieron en auténticas escuelas de democracia, cuando al asumir el papel de Administración más cercana a la ciudadanía ofrecieron
un amplio abanico de servicios públicos desde la proximidad. Una vez más, este Gobierno utiliza la crisis y el déficit como excusa para imponer su modelo neoliberal y centralizador, y digo excusa porque la deuda de las entidades locales representa
apenas un 5 % del total de la deuda del Estado. Es el nivel administrativo menos endeudado, no parece, por tanto, que sea el culpable del déficit, y eso que la cuarta parte de esa deuda pertenece a un único ayuntamiento, el campeón del
endeudamiento, la ciudad de Madrid, gracias al despilfarrador señor Ruiz-Gallardón, reconvertido ahora en el ministro de Justicia más reaccionario de los últimos cincuenta años.
No es esta la única falacia en la que se sustenta esta reforma local. Se basa en un lema, que es fundamentalmente mentira, repetido como un mantra: una competencia, una administración. Muchas competencias son compartidas y requieren la
cooperación entre administraciones, y si el Partido Popular creyera en ese criterio, ¿por qué no suprime los ministerios de Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Cultura o Justicia, cuyas competencias se han transferido a las comuniones
autónomas? ¿Por qué no se suprimen las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno? ¿Ya no se acuerdan de aquello de la Administración única?
También es mentira ese mensaje populista que se venía dando de que se iban a rebajar los sueldos de alcaldes y concejales, anunciando que el 82 % de los concejales ya no tendrán dedicación exclusiva. Claro, hoy son el 83 % los que no tienen
dedicación exclusiva. Vaya superreforma que estaban ustedes haciendo. Se ha dicho también que esta ley supondría un ahorro de 7.000 millones de euros. Sin embargo, en ningún lugar se explica de dónde sale esa cifra, no existe una memoria
económica que justifique semejante ahorro; por tanto, cabrá suponer que se trata de una ocurrencia del señor Montoro. Si los servicios pasaran de los ayuntamientos a las diputaciones o a las comuniones autónomas, se seguirían prestando, lo pague
una administración u otra. Cambiar una bombilla de un colegio costará fundamentalmente lo mismo, la reponga el ayuntamiento, la comunidad o la empresa privada a la que se externalice el servicio. Solo habrá ahorro significativo si efectivamente se
eliminan los servicios, y ese es el horizonte inconfesado de esta ley antiayuntamientos.
Este anteproyecto no nace del consenso, nace del más profundo disenso. De hecho, es la mayor agresión a la autonomía local desde que España ratificó la Carta europea de autonomía local. Vulnera, además, las competencias en régimen local de
las comunidades autónomas, incluso ignora el modelo territorial supramunicipal del que se han dotado algunas comunidades autónomas, como es el caso de las comarcas en Aragón o en Cataluña, por ejemplo. Por tanto, lo más probable es que gobiernos
autonómicos y parlamentos autonómicos se vean obligados a presentar recursos al Tribunal Constitucional. La tendencia recentralizadora es brutal. A los ayuntamientos se les va a imponer un coste estándar fijado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y ¿cómo se va a calcular? Solo Dios lo sabe. Lo que está claro es que ese coste estándar estará por debajo del coste real de los servicios y servirá para uniformizar los criterios de evaluación de cada municipio,
ignorando deliberadamente que cada servicio no cuesta lo mismo en cada comunidad autónoma. El coste estándar es el caballo de Troya para que esta ley reduzca los costes de los servicios empeorando la calidad de su prestación, promoviendo su
privatización o directamente su eliminación. Servicios de empleo, de guarderías, escuelas de enseñanzas artísticas, formación de adultos, atención social, políticas activas de vivienda, de igualdad o de juventud, todos esos servicios han mejorado
la calidad de vida de la ciudadanía en las últimas décadas, y ahora están en
peligro por culpa del Gobierno del señor Rajoy. La entrada en vigor de esta ley supondría la pérdida, según se ha estimado, de unos 200.000 puestos de trabajo públicos; esto es, 200.000 parados más gracias a esta ley contra los
ayuntamientos, si no logramos pararla antes.
Concluyo ya. Se trata de una ley centralista, que retira competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no cumplen con el coste estándar, para engordar, eso sí, a las diputaciones, que es una institución decimonónica
ajena a la realidad territorial de muchas comunidades autónomas y ajena también al voto ciudadano directo. En lugar de eliminar las diputaciones provinciales, que es lo que deberían hacer, el Partido Popular las refuerza. Además, los ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes podrán ser intervenidos directamente si incumplen con ese estándar impuesto. Permítanme que ponga el ejemplo de mi país. En Aragón, de 731 municipios solo cuatro tienen más de 20.000 habitantes, y solo veinticinco más
de 5.000 habitantes, es decir, el 96 % de los municipios aragoneses estaría amenazado de intervención y de desaparición con esta ley antimunicipal. Tomemos nota de ello. Por eso Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda
Unida: La Izquierda Plural, pedimos la retirada inmediata del anteproyecto de ley y así lo solicitamos en la proposición no de ley presentada el pasado 8 de abril y pendiente de debate. Hace falta abrir un diálogo con las administraciones
municipales y autonómicas para elaborar otra reforma local...
El señor PRESIDENTE: Seños diputado, tiene usted que terminar.
El señor YUSTE CABELLO: Concluyo con una frase.
... respetando la Carta europea de autonomía local y las competencias autonómicas en la ordenación territorial y régimen local. Hace falta otra reforma local que resuelva el problema de verdad, que es el de la financiación de las entidades
locales. En coherencia con eso, vamos a votar a favor de esta moción, porque las víctimas de esta ley no van a ser los políticos, como diría demagógicamente la señora Sáenz de Santamaría; van a ser los ciudadanos y ciudadanas, que verán mermados
sus servicios públicos más cercanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, no vamos a apoyar esta moción y no lo vamos a hacer porque no se ajusta a la verdad. Ustedes piden dialogo y para eso solicitan la retirada del anteproyecto de ley. Mire, llevamos un año dialogando. Para ustedes el diálogo es
una excusa. Posiblemente no haya habido un anteproyecto de ley más dialogado que este: innumerables reuniones con la FEMP, con asociaciones de funcionarios, con sindicatos, con alcaldes y concejales de toda España. Con ustedes, señor Zarrías, nos
hemos reunido un número importante de veces, pero decidieron un día de manera unilateral que era más rentable electoralmente la confrontación que el diálogo. De eso sabe usted mucho, de confrontaciones en vez de diálogo, y por eso no están diciendo
la verdad. Nos piden consenso cuando es la ley más debatida de toda democracia. Hablaba el representante de Convergència i Unió de que ha habido hasta tres anteproyectos. Claro, porque llevamos mucho tiempo discutiendo y debatiendo este proyecto
con la FEMP, con alcaldes, con concejales, y se ha ido modificando y mejorando. Más claro consenso no puede haber. No es el primer anteproyecto que trajo el Gobierno -ya van tres-, pero es que todavía queda un importante trámite parlamentario.
Quisiera recordarles que en dieciséis meses ha habido cuatro reuniones de la Comisión Nacional de la Administración Local, cuatro en dieciséis meses. Ustedes, en la última legislatura, convocaron dos en 2008, una en 2009, una en 2010 y ninguna en
2011. Son ustedes los que no consensuaban las medidas dentro del municipalismo, no nosotros. En siete años de Gobierno socialista ni una sola medida para modernizar nuestros ayuntamientos, ni una sola idea y muchas promesas, que en eso de promesas
incumplidas saben ustedes muchísimo. Frente a eso, en año y medio este Gobierno se puso a trabajar en una reforma de la Administración local, pero es que además se han adoptado medidas que han permitido sanear las cuentas de nuestros ayuntamientos
y, en algunos casos, salvarlos de la más absoluta ruina. Hablan de desaparición de servicios públicos, pero les garantizo -no voy a poner ningún ejemplo de mi país, España, lo voy a poner de mi ayuntamiento, del que soy alcalde- que sin algunas de
las medidas que ha tomado este Gobierno yo no podría haber prestado servicios públicos a mis ciudadanos porque estaba en la quiebra, porque treinta y dos años de Gobierno socialista lo habían
dejado en la quiebra. Por eso, lo primero que hicimos fue solucionar los problemas financieros de los ayuntamientos, con los planes de pago a proveedores o con el anticipo de ingresos a cuenta o con la posibilidad de aplazar en 120
mensualidades el reintegro de los 6.000 millones de euros derivados de las liquidaciones negativas, que ustedes calcularon mal, del año 2008 y del año 2009. Además, hay que reconocer -lo han dicho todos ustedes y yo estoy de acuerdo- el enorme
esfuerzo de rigor que están haciendo en esta legislatura los ayuntamientos españoles, claro que sí. Hemos cumplido nuestro objetivos y no solamente los hemos cumplido, sino que hemos reducido a la mitad los objetivos de déficit. Claro que sí que
hay un rigor y cada vez mayor por parte de la Administración local, pero también inducido por normas aprobadas en este Parlamento; si no, estaríamos en las mismas.
Además de todo esto -y ustedes lo han dicho también-, además de clarificar competencias, después de esta ley que se aprobará en este Parlamento tras un debate sosegado, tendrá que venir la financiación, porque es imprescindible aunar
competencias y financiación. Ustedes hablan de privatización de servicios. Ya están privatizados. Hay ayuntamientos con alcaldes socialistas, muchísimos en España, que tienen privatizada la basura, los parques y jardines o el mantenimiento de
colegios. ¿De qué privatizaciones hablan ustedes? En el ayuntamiento del que yo soy alcalde -que, por cierto, es en el que usted reside formalmente o residía hasta hace poco-, la mayoría de los servicios públicos estaban gestionados por empresas
privadas y lo gobernaba el Partido Socialista. ¿Por qué miente? Ustedes hablan de sanidad pública pero luego van a los médicos privados, hablan de educación pública pero luego llevan a sus hijos a colegios privados. Ustedes tienen un lío.
Tenemos la posibilidad, después de presentarse el proyecto aquí, de sentarnos a negociar para mejorarlo y hacerlo todavía mucho mejor, un proyecto que satisfaga a todos o a la gran mayoría de los que estamos aquí. Ustedes tienen esa responsabilidad
como segundo grupo de la Cámara, como el grupo mayoritario de la oposición. Pónganse a sumar, ayúdennos para hacer todavía mejor la ley y no pongan chinas, que esa no es la solución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.
Señor Zarrías, a efectos de saber qué enmiendas acepta o rechaza.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, dos segundos.
No tengo el honor de ser conciudadano del señor Tarno. Mi residencia está en el municipio de al lado, Mairena del Aljarafe. (El señor Tarno Blanco: Yo soy alcalde). Entonces, soy súbdito del señor Tarno en el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. (El señor Tarno Blanco: No, súbdito no).
El señor PRESIDENTE: Conteste a las enmiendas.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Vivo en la carretera, como Miguel Ríos.
Señor presidente, aceptamos la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, nos parece correcta su adición al texto de nuestra moción. Aceptamos las dos cuestiones que nos plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En lo
referente al texto que nos pide incluir Esquerra Republicana, le pediría que diera por subsumido su primer punto en las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, ya que establece que sean las comunidades autónomas las que fijen el modelo de
intermunicipalidad y que sean las comunidades autónomas las que, en el uso de su estatuto, puedan llevar a cabo aquella intermunicipalidad que consideren oportuna. Por tanto, sí a la del PNV, sí a la de Convergència y no a la primera, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zarrías.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TRAMOS QUE FALTAN PARA COMPLETAR LA RED DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA Y LA PLANIFICACIÓN
RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 173/000095).
El señor PRESIDENTE: Moción que presenta el Grupo Vasco, PNV, sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y
la planificación resultante de la aplicación de los mismos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, me dirijo especialmente a usted aunque se encuentre ausente; sé que le llegará mi mensaje. Decía la señora ministra en el debate de la interpelación que ella no hace milagros, que no es la señora
de los milagros. Se equivoca, ha conseguido que el milagro se obre, y lo ha conseguido porque la moción que hoy se debate en esta Cámara no es la que teníamos previsto presentar. La señora ministra consiguió en los nueve minutos que dedicó a la
dúplica que hoy formulemos un petitorio radicalmente distinto. Nuestra voluntad era solicitar del ministerio la elaboración de un mapa que pusiera negro sobre blanco los criterios de jerarquización, priorización y planificación resultante de su
aplicación para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española. Disponer de dicho documento hubiera permitido avanzar de forma ordenada en su ejecución, acompasadamente con la
disponibilidad de recursos presupuestarios. Esa era nuestra intención inicial, pero la señora ministra renunció a su habitual amabilidad para realizar un discurso agrio y absolutamente injusto para con Euskadi y para con este grupo parlamentario;
relean el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara y lo comprobarán. Subió al estrado y con su discurso hizo que la Cámara se convirtiera en un inmenso valle de lágrimas, todo reproches y victimismo; de jerarquización, priorización y planificación,
nada de nada. Como viene siendo habitual, nos trasladó a la foto estática de la realidad de la alta velocidad en España y a un mar de lamentaciones y veladas acusaciones a las que luego me referiré; de jerarquización, priorización y planificación,
nada de nada.
Señora ministra, tengo que decir sinceramente que su discurso me decepcionó, esperaba otra actitud de usted. Esperaba una actitud valiente, rigurosa, una visión de futuro que en ningún caso fue capaz ni siquiera de apuntar; muy al
contrario, nos encontramos con una visión revisionista, anclada en el pasado, plagada de prejuicios y quejas para con los anteriores gestores. Pero, señora ministra, cuál es la situación de la alta velocidad en España y cómo se ha llegado a ella es
de todos conocido. Es más, como usted bien sabe, coincidimos en muchas de las valoraciones, pero a partir de aquí nuestras posiciones son distantes porque nosotros queremos hablar de futuro y usted y el Grupo Popular, de pasado. No le pedimos
milagros, le pedimos que gestione, que gobierne el ministerio y el despliegue de las infraestructuras ferroviarias con método, con criterio, con análisis crítico. Sorprendentemente observamos a través de su discurso que ha renunciado, porque
gobernar es decidir y ello conlleva adoptar decisiones que no siempre son del agrado de todos. Obviamente eso requiere valentía, requiere dar la cara y no es esa la voluntad que se desprendió de su discurso. Ya sabe, no se puede estar a bien con
Dios y con el diablo.
Sinceramente, en su política no observamos cambio alguno respecto de sus predecesores en lo que se refiere a trabajar en términos objetivos con orden, con una planificación sistemática y transparente. Con decir que no hay dinero lo
resuelven todo, pero la crisis no puede ni debe ser una disculpa para la eterna huída. Jerarquice, objetive, planifique y cuando haya recursos, vaya asignándolos y ejecutando. Esa era en realidad nuestra intención inicial. Muy al contrario, en
respuesta a nuestra invocación de racionalidad, de planificación, usted nos habló de planes y planificar no tiene nada que ver con planear. Nos habló de pequeños tramos de 7 o 9 kilómetros, de proyectos sin financiación aquí, allá y acullá. En
fin, más de lo mismo. Conoce la disposición colaborativa de este grupo y del propio Gobierno vasco para trabajar conjuntamente soluciones posibilistas. De hecho, la relación entre el ministerio y la consejería, tanto a nivel político como técnico,
es absolutamente fluida. El contacto es permanente. Conocen también nuestra apuesta por la alta velocidad como herramienta vertebradora y de cohesión social, como instrumento para evitar desequilibrios territoriales, para evitar profundizar más en
un país de dos velocidades. Nos oyen, incluso creo que a veces nos escuchan y, sin embargo, su respuesta es el inmovilismo. Ante esta actitud, ante su tancredismo, la decisión de este grupo ha sido buscar una solución de desbloqueo, una solución
que evite el desfase y el desequilibrio en el ritmo de ejecución de los tramos guipuzcoano, alavés y vizcaíno de la Y vasca, de conformidad con el único criterio de prioridad objetivamente definido, enmarcado por la Unión Europea. De ahí nuestra
propuesta de extensión de la encomienda al Gobierno vasco, la extensión del convenio que ha resultado plenamente eficaz para posibilitar el avance de la alta velocidad en Euskadi, de una fórmula que funciona y ha funcionado desde la absoluta lealtad
interinstitucional.
Nos hubiera gustado poder proponer fórmulas para la ejecución de otros tramos que nos preocupan y que forman parte también del PP3: el tramo Burgos-Vitoria-Gasteiz, o el tramo Valladolid-Burgos, y por supuesto el tramo navarro que
conectaría la Y vasca con Iruña, con nuestra querida Nafarroa. Pero no somos competentes y debemos respeto pleno a la configuración territorial y al ordenamiento jurídico de que nos hemos dotado. Esa ha sido la única razón para no hacerlo. Así
pues, ante su inmovilismo, soluciones.
No quiero concluir mi intervención sin antes referirme a una última cuestión. Insistentemente nos recuerdan, siempre que tienen ocasión, que el TAV lo pagó el Estado y que lo pagan todos los españoles. Sí, señora ministra; sí, señores
diputados. Y los vascos y las vascas. Y llegados a este punto, prefiero seguir por otra senda. En todo caso, señora ministra, sin afán de polemizar, en los treinta y cinco años de democracia, el TAV es la única infraestructura de envergadura que
el Estado ha construido en Euskadi y está inconclusa y sin una fecha cierta de finalización. Por cierto, me preocupa que piense que la Y vasca no es una infraestructura de interés general y que es una cosa exclusivamente de vascos y vascas y para
vascos y vascas. Si es así, se equivoca y me vuelvo a remitir a los criterios marcados por Europa, por la Unión Europea. Para finalizar, una cuestión. Tenga usted en cuenta y muy presente que hay muy poca diferencia entre los memorándums con foto
y los compromisos sin presupuesto; muy poquita.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda a nuestra moción que no podemos aceptar, básicamente porque solo es una huída hacia delante. Hoy tienen la oportunidad de reconsiderar su postura y decir sí al eje atlántico de la red de alta
velocidad española apoyando nuestra moción, que les anuncio que va a ser además enriquecida por las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista y el señor Sostres, en representación del Foro, que vamos a aceptar. Todas las ciudadanas
y ciudadanos vascos y vascas, españoles y españolas, y europeos y europeas se lo agradecerán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.
Se han presentado enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en esta moción del Grupo Parlamentario Vasco por su oportunidad política ante el hecho de que distintas actuaciones del Gobierno conducen incontestablemente a la desigualdad de los españoles y a la falta de vertebración
del país. Y en esos términos precisamente he presentado una enmienda de adición. El fondo de esta moción, más allá de sus términos concretos centrados en la Y vasca de alta velocidad, es conocer cuáles son los criterios que tiene el Gobierno, sus
concreciones políticas en materia de implantación de la línea de alta velocidad para toda España. Cinco días después de mi intervención en pregunta oral al presidente del Gobierno respondiéndome en términos de puentes en vez de túneles, nos
anunciaba la apertura parcial de la variante de Pajares de forma adulterada para el 2014, contradiciendo un calendario establecido que va a alargarse indubitablemente más que la conocida Calzada de Augusto. En su intervención del pasado día 19, con
motivo de la interpelación previa a esta moción, la ministra, señora Pastor, manifestaba que el Pitvi era un documento de planificación estratégica realista donde, de alguna forma, se rectificaba la profunda asimetría existente en materia de
ferrocarril de alta velocidad. Hoy vemos el mapa de alta velocidad de España con datos del propio ADIF en el que todo el norte de España, señorías, queda fuera de la alta velocidad. (Muestra un mapa de España). Este dibujo, esta cartografía del
Ministerio de Fomento vale más que un discurso.
Ahora viene nuestro asombro. Nuestro asombro es porque en abril ADIF y su equipo de técnicos ha redactado el documento denominado Nuevos modelos de desarrollo de la alta velocidad, que no se desmiente oficialmente sino que anticipa las
nuevas líneas de actuación en los próximos años. Este informe, exclusivamente economicista, aconseja, por ejemplo, que la alta velocidad para Asturias se quede en León, así como su espléndida estación de saco con parada y marcha atrás de
veinticinco minutos, una genialidad caciquil del señor Zapatero en su ciudad, León, con fatales consecuencias para Asturias. En ese documento se aconseja no empezar la obra León-La Robla y Pola de Lena-Gijón hasta 2018, lo que nos lleva a la
finalización de la obra en 2024. En definitiva, personalmente lo veré desde el atril -supongo- del olimpo. Todo lo dicho nos lleva a apoyar en cualquier caso los términos de esta moción. Evidentemente, agradezco además que se acepte la enmienda
de adición que les he dicho y que insta al Ministerio de Fomento, a través de un procedimiento, a considerar que el arco atlántico -que concentra un 42 % del PIB- deba contar con una conexión rápida con Europa y con Madrid. En definitiva, se trata
de cambiar el cuadro de planificación estratégica presentado por ADIF que les he enseñado y que ustedes, señores del PNV, también demandan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente para fijar posición -y lo haré desde el escaño- y señalar que votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Vasco, PNV, en la medida en que sustancia una cuestión que ya traíamos desde Geroa Bai hace unas
semanas, en el sentido de dar prioridad a lo que los ministros de Transporte de los Veintisiete vienen diciendo ya: corredor cantábrico-mediterráneo con salida a la Europa continental por la Y vasca. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la
infraestructura y con los requerimientos que lleva a cabo la moción.
Me gustaría detenerme brevemente en la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en la que insiste en que se lleve a cabo un plan detallado de inversiones correspondiente a los tramos de la línea AVE entre Vitoria y
Burgos, así como entre Pamplona y la Y vasca. Hoy ve el Partido Socialista -y queremos congratularnos por ello- lo que hace unas semanas no veía en la moción presentada por Geroa Bai, y es el peligro efectivo de que los planes anunciados por el
Gobierno en el programa de infraestructuras, transporte y vivienda suponen en realidad un cambio sustancial con el plan inicial del corredor cantábrico-mediterráneo. Ahora sabemos que existe un riesgo cierto de aislar a Pamplona en su conexión con
Zaragoza pero, más importante todavía, en su conexión con la Y vasca, lo que supondría evitar y no aprovechar la salida -como decía- en ancho de vía europeo a la Europa continental. Ya lo está haciendo -no quiero olvidarlo- en la red ferroviaria
convencional con recortes hasta la suspensión, cuando menos en crónica anunciada, de la línea Pamplona-Vitoria. Señorías, con asuntos como estos y así las cosas, nos congratulamos de la enmienda y del cambio de posición, en este caso del Partido
Socialista. Votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, desde Amaiur consideramos que el ámbito natural para llevar a cabo este debate es Euskal Herria; un debate abierto que desde hace años demanda la sociedad vasca sobre el modelo de sociedad, que es
precisamente de lo que se trata y que, al igual que el Gobierno de Navarra, el Gobierno vasco ha evitado.
Dicho esto, entramos al debate que se ha traído aquí. Hoy, cuando desde los Gobiernos se están precarizando las condiciones de vida de la población y se la está abocando a la miseria, observamos escandalizados cómo todavía desde el Partido
Nacionalista Vasco se siguen apoyando las políticas de grandes infraestructuras cuyo máximo exponente es precisamente el tren de alta velocidad. Siguen ustedes empeñados en apoyar un proyecto que supone el más alto despilfarro del dinero público de
la historia, alrededor de 10.000 millones de euros solamente para el proyecto Gipuzkoa-Araba-Bizkaia-Nafarroa. Señorías del PNV, ¿con qué argumentos justifican que, además del dinero que tenemos pendiente, se inviertan otros 564 millones de euros
cuando tenemos consciencia plena de que eso va a suponer graves recortes en los servicios públicos? ¿Para qué tanta prisa? Pero es que además este proyecto es inútil y supone un agujero sin fondo que no va a tener ningún objetivo económico y
social, que además hunde a la economía vasca y va a suponer una grave hipoteca para las generaciones venideras. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Además, supone una gigantesca destrucción del entorno natural de
nuestra tierra, fragmentada, hormigonada y degradada hasta niveles realmente extremos. ¿O estamos acaso pensando en la rentabilidad de ese lobby de amigos o compadres de la construcción a los que hay que tener contentos? ¿Dónde está realmente su
defensa por el interés general? Si su argumentación principal para defender el proyecto del tren de alta velocidad va a ser el hecho de que esté de moda o sea glamuroso, realmente con la que está cayendo deberíamos dejarnos de frivolidades. ¿Dónde
queda esa mágica conexión con Europa por Francia cuando esta ha relegado al último lugar en sus prioridades la conexión atlántica? ¿O con el Estado, cuando ya se ha pronunciado sobre que van a pasar décadas hasta que se implemente esa conexión?
¿Dónde queda la conexión con los 70 kilómetros fantasmas del tren de alta velocidad de Nafarroa? ¿Acaso no estamos definiendo un proyecto de una Euskal Herria ciruncidada, una isla cicatrizada y hormigonada para nada? Y todo ello en medio de una
crisis a costa de la salud, la educación, políticas sociales y servicios de primera necesidad. Ahora que andan ustedes además impulsando consultas por Euskal Herria, fraudulentas por cierto, atiendan a la respuesta social y articulen la
participación ciudadana. Dejen de tirar el dinero por la taza del escusado y dedíquense a atender las verdaderas necesidades de las personas, de la sociedad vasca.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Errekondo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señor presidente, de entrada tengo que advertir que estamos debatiendo de inversiones en AVE mientras el Gobierno de la ministra de Fomento liquida y recorta 175 líneas de trenes en vías convencionales con miles de
afectados. Luego algo estamos haciendo mal, algo se está priorizando mal desde el ministerio.
Señorías, la moción del Grupo Nacionalista Vasco nos exige plantear tres niveles de reflexión: uno, sobre la situación de la obra de la Y vasca; dos, sobre las incertidumbres en torno a las conexiones de la Y vasca con los ejes principales
de AVE en España, y tres, una reflexión sobre la falta de una planificación realista que jerarquice las inversiones de AVE en España ante la incapacidad del Ministerio de Fomento. Más allá de la preocupación expresada por el PNV en su moción sobre
la lentitud de la Y vasca, que compartimos, con la enmienda de adición del Grupo Socialista tratamos de evitar que esa Y vasca se quede en una red de comunicación interna entre las capitales vascas a modo de isla. Por tanto, no miramos tanto hacia
el interior -que también-, sino hacia el exterior para garantizar su conexión con las plataformas de alta velocidad hacia Burgos y Pamplona -tiene razón Uxue Barkos-. Vemos con preocupación el retraso en las obras de la Y vasca así como las
incertidumbres que se han abierto en los últimos meses, pero de momento el Partido Popular y el PNV -ambos gobernando- no han encontrado una solución política razonable para que la Y vasca se acabe pronto y no quede aislada del resto de la red
ferroviaria de alta velocidad. Para evitar el riesgo de convertirnos en esa isla ferroviaria absurda hay que gestionar y hacer lobby para impulsar las inversiones pendientes en los nuevos trazados por los territorios de Burgos -atención al problema
del parón importante en el túnel de Estépar, en el tramo Valladolid-Burgos- y también hay que hacer lobby y trabajar evidentemente con Navarra para que, como decía, esas inversiones pendientes se comprometan por el Ministerio de Fomento antes de
optar por evaluar una solución económica, la del tercer carril incorporado a vías convencionales. Porque el Gobierno no habla claro. Tiene congelado el Pitvi -lo cual nos parece particularmente grave- y desde hace diez meses no ha vuelto a
comparecer la señora ministra para debatir con los grupos las inversiones en infraestructuras, especialmente en materia de AVE. La ministra no quiere hacerlo, está incumpliendo su compromiso, lleva diez meses sin comparecer y, por tanto, hay una
ausencia de planificación realista que fije las prioridades en AVE. Ha llegado el momento, por tanto, de hablar claro y de hacerlo con toda transparencia.
Nuestra enmienda persigue el objetivo de impulsar las inversiones pendientes del Ministerio de Fomento que permitan la puesta en marcha de la nueva red ferroviaria en Euskadi, pero conectada -lo digo una vez más- con los corredores de AVE,
en especial con el proyecto prioritario PP3. Esta enmienda socialista insta al Gobierno a presentar en dos meses un plan detallado de inversiones con fechas de licitación y de finalización para las obras pendientes de la plataforma y de la
superestructura correspondientes a los tramos de la línea AVE entre Vitoria y Burgos, así como entre Pamplona y la red vasca. Todo ello ante el riesgo de que la Y vasca quede aislada, sin conexiones con Madrid por la meseta castellana como parte
fundamental de ese eje atlántico europeo hasta la frontera francesa por Irún y también sin conexión con el eje mediterráneo. Con esta enmienda el Gobierno y el Partido Popular van a tener que mojarse, aunque no sé si hay algún diputado del Partido
Popular guipuzcoano -sí, afortunadamente hay uno-, además de decirnos qué hay de cierto en las informaciones publicadas que hablan de la intención del Gobierno de realizar, sin precisar cuándo, la incorporación de un tercer hilo o raíl a las
actuales vías convencionales existentes en los tramos Burgos-Vitoria y Pamplona-Vitoria, además del al parecer tercer raíl -otro ahorro- previsto para la penetración del AVE en San Sebastián o para el tramo entre la capital e Irún. Estas
alternativas reducirían mucho la inversión comprometida -es cierto-, pero ya no se podría hablar de una oferta ferroviaria en alta velocidad sino de una solución alternativa transitoria -entre comillas- para muchos años y con problemas de
convivencia con otros trenes convencionales de viajeros y mercancías.
Por eso, señorías, queremos obtener respuesta, dentro de este debate general pendiente sobre el AVE en España, a dos preguntas clave. Primera: ¿aplicará el Partido Popular y el Gobierno un recorte del Plan AVE en Euskadi en lo que se
refiere a las conexiones entre Vitoria y Burgos y entre la red Y vasca y Pamplona, Navarra? Segunda: ¿definirá la ministra, señora Pastor, de una vez las prioridades de inversión en el Pitvi sobre el AVE apoyándose en una necesaria jerarquización
de la red española con criterios de la Unión Europea, teniendo en cuenta retornos económicos y sociales y estudios de viabilidad? El Grupo Parlamentario Socialista les ruega que nos hablen claro, señores del PP.
Votaremos, por tanto, a favor de la moción del Grupo Nacionalista Vasco, no lo haremos a favor de las enmiendas del Grupo Popular, que nos parecen absolutamente inconcretas, y sí a favor de la enmienda del señor Álvarez Sostres.
Por último, una referencia a Amaiur. Realmente esta inversión no hunde la economía vasca. No es cierto. Nos parece una absoluta exageración. ¡Cómo va a hundir la economía vasca esta infraestructura para Euskadi de conexión con Europa!
Una inversión que, además, realiza el conjunto del Estado ¡Cómo se puede decir semejante barbaridad! Es una red fantástica de comunicación, una red precisamente no para lo que ustedes a veces parecen querer, que es el aislamiento, sino para la
comunicación, el movimiento económico, el intercambio de personas y el intercambio de mercancías entre nuestra comunidad, nuestro país, Euskadi, y el conjunto de España y de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Elorza.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no van a aceptar la enmienda que ha formulado mi grupo parlamentario y que se refería a la colaboración entre Gobiernos a fin de continuar trabajando en
la ejecución de la Y vasca.
Quiero recordar aquí que hace tan solo dos meses, en concreto el 23 de abril, se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Vasco que fue objeto en su punto dos de una enmienda de sustitución, una enmienda transaccional. Esa enmienda decía:
Procede estudiar conjuntamente con el Gobierno vasco la posible ampliación del convenio de colaboración entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Adif para la construcción de una nueva red ferroviaria del País Vasco
-suscrito, como saben, el 24 de abril de 2006 y actualmente en vigor- que permita hacer extensiva la encomienda a los tramos que por acuerdo conjunto se han de terminar. Menos de dos meses después el PNV nos plantea directamente ampliar el convenio
de colaboración con el objetivo de que todas las obras de plataforma de toda la red en el País Vasco estén concluidas antes de finales de 2016.
Motivos de oposición a esta pretensión del Grupo Parlamentario Popular. Primero, incoherencia. Entendemos que no se puede acordar el estudio conjunto sobre la posible ampliación hace menos de dos meses y exponer ahora la decisión
unilateral de ampliar y además concluir la red antes de finales de 2016. ¿Para qué sirvió aprobar la transaccional en abril? ¿Para qué sirvió?
Segundo motivo. En el preámbulo de su iniciativa así como en su intervención previa en la interpelación se refieren a la falta de planificación sistemática y de priorización y jerarquización en el desarrollo de la alta velocidad española,
cuestión que también ha alegado algún otro interviniente. Sin embargo, lo que se insta al Gobierno no es eso, sino solo y exclusivamente la Y vasca, por importante que sea esta, sobre todo para nosotros los vascos, aunque no exclusivamente. Hoy se
ha apelado al agrio e injusto debate en la réplica por la ministra en la interpelación del miércoles pasado. Créame que yo no lo percibí así; más aún, he leído el acta mientras estaban interviniendo algunos otros diputados y creo que no fue así.
Tercer motivo de oposición a esta moción. Lo expuesto por la señora ministra el miércoles pasado y también en abril, y mi intervención en la moción de abril -voy a dar todo por reproducido porque carezco de tiempo suficiente-, eso sí, con
la salvedad de recordar la inversión en 2012 del Gobierno central de 654 millones de euros y 540 millones de euros en 2013. Esto parece una cuestión baladí, pero son cifras importantes que acreditan el interés, el compromiso y la voluntad política
del Gobierno en esta cuestión, que se traduce en números importantes. Por tanto, parece clara la voluntad política del Gobierno y de este grupo de concluir cuanto antes la Y vasca que es, por cierto, el proyecto prioritario europeo PP3.
Cuarto motivo de oposición. Considero que las reuniones conjuntas entre Gobierno vasco y central con Adif constituyen foro adecuado no solo para hablar de la posible ampliación del convenio, sino también para redimensionar proyectos
faraónicos inasumibles, como la previsión que había, por ejemplo, para Bilbao, que nos parece un auténtico dislate. Por cierto, y con el mejor ánimo de cooperación, le reitero hoy aquí a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco la invitación de
que fue objeto la semana pasada por parte de la ministra de participar en el Pitvi. Creo que es bueno intentar cooperar en el documento de planificación estratégica; creo que es bueno que lo que aquí se dice se diga también a nivel de Gobierno y
se participe y se propongan las medidas que cada uno considere acordes con este proyecto.
Quinto y último motivo de oposición. En estos tiempos se habla mucho de responsabilidad social, empresarial o corporativa. Algunos apelamos a una ética de la responsabilidad, y no solo en el ámbito de
lo civil, sino también de lo público. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Una responsabilidad o una ética de la responsabilidad necesariamente plantea los siguientes aspectos que enunció la ministra en su intervención de la semana
pasada. Primero, decir la verdad, la deuda existente en ADIF y las posibilidades reales de carácter financiero e inversor. Segundo, introducir eficacia, sentido común y buen y posible gasto, rehuyendo costos imposibles de estaciones y accesos a
las ciudades. Tercero, no prometer lo que no se sabe si se puede hacer. Cuarto, que esto no impide reconocer el carácter prioritario de esta infraestructura que, por cierto, no siempre ha sido paralizada por la voluntad política del Gobierno
central ni la carencia o exceso de fondos económicos; quiero recordar que por razones estrictamente políticas en el Gobierno de Ibarretxe, con el tripartito PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-Izquierda Unida, el señor Madrazo tenía un criterio
diferente y defendía un proyecto de una Y y una U y eso se tradujo también en una paralización de años sin poder acometer la ejecución de este proyecto.
Concluyo ya, presidente. Apelo a la voluntad -en el sentido de que todos compartimos la importancia de esta obra, salvo Amaiur- de cooperación, a la voluntad de razonabilidad, a la voluntad de poner los pies en la realidad financiera y
económica existente hoy en la situación española; es decir, a actuar con transparencia y responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Brevemente. Vamos a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Vasco porque, como hemos dicho otras veces, aunque mi grupo es particularmente crítico con la manera en que se ha entendido el AVE como inversión, con la manera en que se ha
desarrollado en los Presupuestos Generales del Estado y, en fin, con otras medidas políticas, creemos que corrige algo que sin duda fue un error de origen: un acuerdo entre administraciones que dejaba demasiadas cosas en el tintero en una obra que
efectivamente sería de las pocas que, en opinión de nuestro grupo, tiene una justificación claramente económica: una conexión con Europa con un AVE que además sirva también para mercancías, es uno de los pocos que se previó de esta manera. Las
otras enmiendas que se presentan, la del Grupo Socialista y la del señor Álvarez Sostres, también nos parecen aceptables y, por tanto, las votaremos igualmente.
Dicho esto, quería decirle a la señora Sánchez Robles, cordialmente por supuesto, que nos parece que hay un par de cosas que habría que cambiar en nuestra manera de presentar este tipo de mociones. Una es que aquí no hay nadie que
represente a la Comunidad Autónoma vasca, aquí todos representamos a todos. Igual un día hay un Senado federal, nosotros vamos a trabajar para eso, donde haya representantes de las comunidades autónomas para hablar de los asuntos de las comunidades
autónomas, pero hasta que eso ocurra, aquí estamos todos para hablar de los AVE de todos porque además se pagan con el dinero de todos, esto me parece esencial. También sobre eso, creo que a la hora de hablar del AVE no debemos perder de perder de
vista que es una infraestructura que exige una inversión pública altísima y que está constantemente produciendo todo tipo de noticias y de informaciones desalentadoras, ayer mismo vimos varias sobre el recién inaugurado AVE a Alicante, con
estaciones lujosas, verdaderamente faraónicas, emplazadas en medio del monte o poco menos, y cosas así, que son verdaderamente disparatadas y que hay tratar de evitar como sea. Una cosa es hacer la inversión en el AVE y otra cosa es concebirlo como
una inversión que no tenga nada que ver con las necesidades económicas. Eso no es economicismo, es lo contario. Creer que el AVE puede ser una especie de tren de cercanías de lujo entre zonas urbanas es un disparate que vamos a pagar muy caro y
una enorme deuda que vamos a dejar a generaciones futuras. Y no por economicismo, sino por todo lo contrario, por carecer de una visión de para qué es el dinero público y en qué se debe invertir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señora Sánchez Robles, ya el pasado 23 de abril presentó en la Cámara en nombre del Partido Nacionalista Vasco otra moción en la que solicitaba el aumento de la inversión para la construcción del tren
de alta velocidad entre las capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Hoy la moción versa sobre la jerarquización y priorización del Gobierno para completar la red de alta velocidad en España, entendiendo que esa jerarquización y
priorización debe hacerse con el proyecto y construcción de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-frontera francesa; es decir, otra vez la Y vasca. Pero la diferencia fundamental entre la moción que entonces nos presentó el
Partido Nacionalista Vasco y la que hoy nos ocupa -y que yo le agradezco- es importante. Es importante y hay que resaltarla porque introduce el debate de la alta velocidad como medio de transporte y los presuntos beneficios socioeconómicos que esta
pudiera aportar al conjunto del Estado. Con la nueva interpelación presentada nos dio también la oportunidad de escuchar cómo la ministra nos ofreció una sustanciosa suma de datos respecto a la situación de planificación y ejecución de la alta
velocidad. Según esos datos, a finales de 2011 había planificados 5.400 kilómetros de AVE, de los cuales 3.700 estaban en fase de estudio. El presupuesto para la construcción de esos 5.400 kilómetros era de 75.932,5 millones de euros. El
presupuesto del Estado en 2013 para el conjunto de ministerios es, si no me equivoco -y no me equivoco porque lo he comprobado-, de 67.500 millones de euros. La comparación tiene que servirnos para hacernos una idea de la barbaridad y el
despropósito que esto supone. ADIF tiene una deuda pendiente casi íntegramente derivada de la construcción de la alta velocidad que alcanza los 14.600 millones de euros, lo que demuestra clarísimamente que, a pesar de contar con una enorme dotación
de infraestructuras de alta velocidad, estas no han conseguido crear el empleo y la riqueza que tan alegremente nos prometían; pero sí han generado graves problemas ambientales y territoriales, además de originar una hipoteca y una deuda
inmanejable que se pretende pagar con recortes drásticos de derechos sociales. Por tanto, señora Sánchez Robles, señoras y señores diputados, el problema no es de jerarquización ni de priorización, es de estrategia y de modelo de transporte en el
conjunto del Estado. El problema, en definitiva, está precisamente en no entender que las infraestructuras deben estar supeditadas a la necesidad de transporte como el instrumento que facilita la movilidad de las personas y su acceso a bienes y
servicios. Es un derecho y para ello hay que apostar por el medio de transporte más barato y más sostenible medioambientalmente. Las inversiones destinadas a este fin de vertebración y cohesión territorial son inversiones que tendrán su retorno de
carácter social, medioambiental y, por supuesto, también económico. Lo contrario es simplemente -lo llamen como lo llamen- un derroche, una ruina y un gasto a mayor gloria de los intereses particulares de grandes constructoras y políticos a su
servicio. Eso es exactamente lo que ha pasado y pasa con la apuesta desmedida por la alta velocidad en este país. No seguir con la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, hoy mucho menos, es la propuesta que de verdad tenemos que plantear
y hacemos desde La Izquierda Plural. Creemos que es necesario abrir un debate compartido con amplios sectores de la sociedad: continuar con la red de alta velocidad o no. Hay que analizar este tema con rigor y en términos de utilidad social,
ambiental o económica, porque hoy hay necesidades mucho más urgentes en el ámbito sanitario, educativo, agroalimentario y de protección social, y también de transporte. Cada kilómetro de AVE cuesta 15 millones de euros que no podemos seguir
pagando. El AVE es un transporte caro y elitista que se plantea para una minoría y no como un servicio público para toda la ciudadanía, además de que detrae inversiones al ferrocarril normal, impidiendo su mejora y condenándolo al deterioro y la
extinción. La apuesta por la alta velocidad elimina, abandona la concepción del transporte público al servicio de la mayoría social. Además, a esto hay que unirle el desmantelamiento de Renfe y la privatización de los servicios, que está
eliminando líneas y frecuencias condenando a la mayoría de la gente a la carretera o al aislamiento como única opción.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias por su paciencia, señor presidente, acabo.
La Izquierda Plural apuesta por un modelo de ferrocarril moderno y eficiente, concebido como un servicio público para la mayoría social, que absorba el tráfico de viajeros y mercancías de la carretera, que esté bien conectado con otros modos
de transporte público, que cohesione el territorio y contribuya a reducir el despilfarro energético y la contaminación que provoca el transporte. Este es nuestro modelo; creemos que es justo y sostenible medioambientalmente, y lo queremos también
para el pueblo de Euskadi.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Acabo, señor presidente.
Por tanto, señora Sánchez Robles, entenderá que no podamos apoyar su propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo Vasco, a pesar de que se ha introducido una enmienda que no nos parece muy oportuna, y voy a intentar explicarlo.
En primer lugar, siguiendo el hilo argumental de la última interviniente, me gustaría dar un dato, porque hay cosas que a veces todos deformamos. Según datos del Ministerio de Fomento del mes de abril de este año, los ferrocarriles
españoles transportaron 45.468.000 pasajeros y, de estos, 2.102.000 -repito, de 45 millones 2 millones- eran de larga distancia, básicamente alta velocidad. En un país normal los políticos nos dedicaríamos a hablar de los 43 millones y no de los 2
millones, pero aquí a todos nos apasiona hablar de la alta velocidad.
El representante de Foro Asturias plantea que hay que acabar la alta velocidad porque es la manera de cohesionar España. No sé si conoce usted una frase de la que fuera ministra socialista del ramo, doña Magdalena Álvarez -nuestra
entrañable Maleni-, que decía que esto del AVE sirve para coser con cables de acero España. En todo el mundo civilizado los trenes de alta velocidad sirven sencillamente para transportar personas y no para coser nada. Y si hay necesidades de
transporte se hacen y, si no, no se hacen. Pero claro, aquí estamos en esta especie de locura que empezó ya hace unos cuantos años y que nos lleva a dilapidar miles de millones públicos en obras ruinosas. Y hay algunas obras que no lo son y, como
he hablado de Asturias, voy a hablar de una. El hecho de que se mejoren y se hagan los nuevos túneles de Pajares no es a mi entender una obra ruinosa, es importante para desenclavar Asturias y para darle tráfico. Sin embargo, la obsesión por ir a
300 kilómetros por hora por una geografía en la que eso no tiene sentido es seguramente lo que no hay que hacer. Y si se hubieran hecho unos túneles bien dimensionados y a una velocidad razonable, ya haría diez años que los asturianos estarían
conectados con el resto de la Península.
Por tanto, aquí hay un problema gravísimo de desenfoque del cual todos somos responsables pero que nuestro grupo cree que ha llegado el momento de denunciar. Esto del AVE no es la panacea, esto del AVE es un tren, que además debe ser
rentable porque Europa nos está vigilando y, si no lo es, no habrá trenes. Vamos a arruinar Renfe, que además no podrá dar servicios regionales y de cercanías que sí tiene que dar porque son obligación de servicio público. Por tanto, creo que hay
que pedir a toda la Cámara una gran responsabilidad. La batallita por el AVE, que todos los AVE vayan a 300 kilómetros por hora, son servicios que van a arruinar al país y no tienen ningún sentido. Decía el señor Martínez Gorriarán que aquí somos
representantes de todos los ciudadanos españoles. Pues bien, como representante de los ciudadanos españoles, ya está bien. Estamos arruinando generaciones y generaciones del país. Nos estamos cargando los ferrocarriles españoles. Esto es una
absoluta vergüenza, esto es un asunto despropósito y mi grupo tiene ganas de decirlo tantas veces como sea necesario. Hay que invertir en ferrocarril, ya lo creo que hay que invertir en ferrocarril, para desenclavar Asturias, para conectar de una
vez el eje atlántico -tiene razón la señora diputada-, para mejorar las cercanías de Barcelona, que es una auténtica vergüenza cómo están, para que en Madrid no se deterioren las cercanías, que ya se están empezando a deteriorar y eran un servicio
absolutamente emblemático. Para todo esto hay que hacerlo. Por tanto, me permitirá, señora diputada, que le diga que nosotros lo vamos a votar, pero también que utilice este trámite -como vamos a utilizar siempre estas mociones- para denunciar
algo que es una auténtica barbaridad, que es propio de un país tercermundista, que no lleva a ninguna parte, y no me refiero a su moción, sino a la política española de alta velocidad, por descontado. Ya está bien; a ver si de una vez por todas
tomamos decisiones racionales, como por cierto hoy la Real Academia de Ingeniería le ha pedido al secretario de Estado de Infraestructuras en unos términos muy parecidos a los que yo me estoy dirigiendo a todos ustedes.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señora Sánchez Robles, formalmente ¿qué acepta o qué rechaza?
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Como he anunciado, aceptaremos las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista y por Foro Asturias, y no podemos aceptar la planteada por el Grupo Popular.
Si me permite, señor presidente, un minuto, quería decirle algo al señor Azpiroz con todo mi cariño.
El señor PRESIDENTE: Un momento, para que no nos equivoquemos. Si usted quiere decirle algo de carácter personal, por alguna alusión que haya habido al PNV, yo se lo admito; ahora, si es para hablar de esto del AVE, ya lo hemos hablado
bastante.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Era para una alusión personal, pero no creo que sea tan relevante como para que no se la pueda comentar personalmente.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA. (Número de expediente 173/000096).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética.
Tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario planteó una interpelación al Gobierno porque estamos a las puertas de la enésima reforma energética, después de más de diez cambios regulatorios en quinientos días, y porque es necesario cambiar tanto de
estrategia como las políticas que se están haciendo. Por tanto, la moción que planteamos es para generar alternativas, para virar la política del Gobierno, la que ha hecho hasta ahora, pero también para ampliar el foco hacia donde tiene que ir una
reforma energética en el siglo XXI, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este país, y además para ampliar la participación social y de este Congreso en el debate energético, porque todos los cambios se han hecho a golpe de real
decreto; no se permite participar de forma amplia en un sector estratégico como el de la energía ni a la sociedad ni al conjunto de grupos parlamentarios. Es importante ampliar ese foco y ampliar el debate porque la energía es un sector que lo
marca todo. Cuando hablamos de energía hablamos de economía, de qué queremos para nuestra economía; hablamos de medio ambiente; hablamos también de democracia y de quién controla las decisiones en un sector tan estratégico como el de la energía;
es hablar también de soberanía en este Estado, es decir, quién tiene la energía y quién decide sobre el futuro económico; es hablar de cohesión social: hoy tenemos 10 millones de pobres energéticos que no acceden a la energía. Es una cuestión
fundamental para salir de la crisis, pero también para fortalecer nuestra democracia y la cohesión social. Es el momento de tener altura de miras, de no ser miopes, de mirar los números, pero mirarlos todos, porque aquí estamos empecinados con el
déficit tarifario, que es un gran problema que tiene este país, pero hay que mirar todos los números, los de la balanza comercial, lo que pagamos en derechos de emisiones, lo que nos cuesta en términos de empleo la destrucción del sector. Hay que
verlo todo, pero sobre todo hay que ver las personas y quién está detrás de esas decisiones económicas, y eso lo tiene que tener en cuenta el Gobierno.
Voy a plantear los puntos que tenemos en esta moción. Todos ellos hablan de cómo transitamos a un modelo energético limpio, sostenible, transparente, autónomo, que garantice esa autonomía y que sea más justo y equitativo. En primer lugar,
ante la reforma regulatoria, lo que planteamos es una auditoría energética. Hoy está constatado que tenemos una deuda con las compañías eléctricas superior a la que se debería, no solo por las decisiones que se han tomado sino por una
sobrerretribución en muchos conceptos; el ejemplo, los 3.400 millones de euros de los costes de transición a la competencia. ¿Por qué no hacemos una auditoría, cuando estamos recortando algunos sectores? A lo mejor se puede plantear reducir ese
coste y esa deuda que pesa encima de todos los ciudadanos. Hay que entrar en esa auditoría, porque hemos tomado decisiones a nivel regulatorio que han estado basadas en un cierto secuestro de los Gobiernos, y hoy podemos ver cómo casi todos los
ministros que han tomado decisiones sobre energía hoy se sientan en los consejos de administración de las cinco grandes empresas eléctricas. Por eso, es importante una auditoría independiente para ver esas decisiones, qué costes y a quién han
beneficiado. En segundo lugar, modificar en profundidad el mercado. Desde la Comisión Europea, desde la propia Comisión Nacional de la Energía se habla de una sobrerretribución a algunas tecnologías. Pero también esta misma semana ha habido
subasta Cesur, lo que implicará una subida de la tarifa; un mercado de subastas completamente opaco y especulativo, donde unos juegan y se intercambian esos derechos. Hay que entrar a modificar ese mercado. Por otro lado, una ley de renovables
que les dé prioridad y, sobre todo, seguridad, tal y como fija la Directiva Europea de Renovables. En cuarto lugar, planificación energética basada no solo en la producción limpia sino también en el ahorro y
la eficiencia energética. Esta es una cuestión clave para ganar soberanía, pero también para mejorar la competitividad de nuestra economía. En quinto lugar, apostar por el autoconsumo en balance neto. Esto es fundamental, primero, para no
dar todo el poder a cinco grandes compañías y, segundo, para dejar que los ciudadanos tengan capacidad para decidir de dónde quieren consumir y si quieren ser productores de su energía. Hay que apostar por eso, como hacen los países más avanzados.
En sexto lugar, la suspensión de la moratoria en los territorios extrapeninsulares. El ministro dijo que sí, que lo anunciaría, y esperemos que la mayoría vote a favor, porque no apostar por las renovables en Canarias, por ejemplo, nos cuesta a
todo el conjunto de españoles más de 1.000 millones de euros de sobrecostes peninsulares, porque ahí las renovables abaratan el precio de la energía. Por otro lado, derogar el impuesto sobre la producción en energías limpias. Aquí el Gobierno
habla de fiscalidad verde y luego penaliza todas las tecnologías, independientemente de si evitan emisiones o no las evitan. En octavo lugar, acabar con el sainete de Garoña. Si Garoña cierra que cierre y que el Gobierno deje de pelear en contra
de todos los elementos, los elementos económicos, los elementos de la empresa; es decir, se puede prescindir de ella porque tenemos sobrepotencia, tenemos más potencia de la que necesitamos y podemos prescindir de Garoña, amortizada e insegura, con
grietas. Por favor, que se confirme ya ese cierre y que el Gobierno se comprometa a no seguir luchando contra la realidad y las evidencias. En noveno lugar, la moratoria a la fractura hidráulica. En esto tiene también que ver el punto en el que
emplazamos a este Congreso a estudiar el impacto de la fractura hidráulica. Este país no puede cerrar los ojos a todos los peligros, a las evidencias que hemos visto ya en otros países de los riesgos sísmicos y de contaminación, el gasto de agua y
a que en este Congreso se tomen las decisiones sin entrar en profundidad en un tema como este y sin contrastarlas. Pedimos esa moratoria pero también pedimos que el Congreso quiera hablar de esta cuestión.
En último lugar, que España se alinee con la mayor parte de países europeos en la estrategia de la comisaria de Cambio Climático de reforma del mercado europeo del carbono. Es verdad, este mercado no está funcionando porque se ha hundido el
precio del carbono. Si teníamos un mercado de carbono para, precisamente, penalizar las emisiones y hemos pasado de un precio de 12 euros a 4 euros, es evidente que no es un mecanismo ni ninguna señal para desincentivar el consumo de emisiones. Es
muy importante no utilizar estas cuestiones como un ataque a un sector o a otro, es algo estratégico que mejoraría los recursos económicos de España. La retirada de esos 900 millones en derechos mejorarían los ingresos que se podrían dedicar a esos
sectores más vulnerables, desde la minería a cualquier otro que necesite reinvertir para minimizar su impacto. Es bueno para España, es bueno para el clima y es bueno porque en el debate europeo a nivel climático Europa tiene que fortalecerse, y no
puede ser que España esté continuamente alineada con Polonia en poner barreras a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones, como país de lo más antiguo y obsoleto de lo que hoy hay en el mundo. Por lo tanto, planteamos alternativas
ante una reforma inminente en la que exigimos diálogo y que las miren con buenos ojos. Ya que no se ha presentado ninguna enmienda espero contar con el apoyo de la mayoría de grupos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
En efecto, no se han presentado enmiendas, por lo que en turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, el Gobierno, si el ministro Soria convence al ministro Montoro, tiene la intención de presentar en el mes de agosto una nueva reforma del sistema eléctrico. La reforma, desde nuestro
prisma, es absolutamente necesaria, necesaria siempre que erradique las causas del déficit tarifario y necesaria para que acabe con la fijación unilateral de precios por parte del cártel oligopólico, la externalización de la contaminación, los
costes y riesgos medioambientales, los surrealistas pagos por capacidad -que se paga a las empresas por tener la posibilidad de producir, de hecho, sin producir-, y los servicios de interrumpibilidad' que se paga a las empresas por dejar de
producir. A nuestro entender la reforma solo será eficiente si se apuesta por la independencia energética y, especialmente, respeto a los combustibles fósiles. Ello pasa necesariamente por la inversión en energía renovable en detrimento del
contaminante fracking en la producción de proximidad, parar permitir así una mayor capacidad competencial a los entes locales y a las comunidades autónomas y en autoconsumo de balance neto, modelo, por cierto, por el que se apuesta desde Alemania.
El Estado español es el Estado de la Unión Europea continental donde la luz es más cara. En los últimos cinco años el precio medio ha subido más del 60 %, lo que implica una reducción indirecta del nivel de vida. Pero no solo esto, también implica
un empobrecimiento de la población, especialmente de la población más necesitada.
La tarifa eléctrica y la gasista no tienen correlación ni con la actividad económica ni con el volumen de salarios ni tampoco con el consumo del país, al igual que tampoco tienen correlación los beneficios de las empresas eléctricas, que son
el doble que el resto de las empresas europeas. De hecho, lo que sí tiene correlación son los beneficios del oligopolio energético y también los sueldos de sus consejeros con la deuda pública, de más de 25.000 millones de euros que arrastramos para
pagarlos. Por esto, tal y como decía al principio, es necesaria una auditoría independiente sobre el déficit tarifario; una auditoría que demostrará las mentiras de este Gobierno al pretender culpar a las renovables de los déficits del último año.
La energía renovable no es un gasto, sino una inversión para el cambio de modelo energético de una energía basada en la dependencia fósil y de una energía contaminante a una energía limpia de autoabastecimiento.
El Estado hizo bien en pagar primas para hacer ese cambio, porque esas primas han supuesto un importante ahorro a corto plazo y supondrán un mayor ahorro con vistas a un futuro. Déjenme que les plantee una pregunta, ¿cómo se puede tener la
desvergüenzan de señalar y suprimir primas a las renovables después de todos los privilegios que acumulan las cinco grandes empresas oligopólicas? La reforma eléctrica debe tener como prioridad que las tarifas respondan a la totalidad de los
verdaderos costes de la electricidad una vez calibrados correctamente, y limpios de los privilegios que el oligopolio ha acumulado con el proceso de liberalización neoliberal del sector eléctrico que se inició en el año 1997 por el expresidente
Aznar.
El fracaso de este modelo es evidente. Ahora tenemos la oportunidad de transformar las cosas. Un país moderno debe cambiar de lógica en cuanto al crecimiento infinito del consumo, debe también cumplir los objetivos de la Unión Europea en
materia de eficiencia energética y, a la vez, cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de CO2, así como revisar la planificación del sector, teniendo en cuenta la reducción del consumo a través de las nuevas tecnologías y la entrada de
energías renovables a precios absolutamente competitivos con el mercado. Esto implica cerrar las centrales más contaminantes -nucleares-, crear una moratoria de nuevos ciclos combinados así como acabar con los beneficios de los que estaba hablando.
Acabo. No queremos, señorías, más chapuzas para mantener un ineficiente sistema eléctrico y de fijación de precios que hace que tengamos ese déficit pese a ser el país de la Unión Europea continental más caro. A nuestro entender, lo que
está pasando solo se justifica de una manera, que es la que se produce desde los cargos y desde los sueldos que las grandes eléctricas ofrecen a expresidentes y exministros del PSOE y del Partido Popular en sus consejos de administración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente desde el escaño para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta moción, que será una posición favorable. No obstante, quisiera referirme a algunos de los puntos a los que hace referencia la moción. En
relación con el primero de ellos, la necesidad de una auditoría energética e independiente de la composición del déficit tarifario, revisando aquellos conceptos imprescindibles en un mercado competitivo, es absolutamente necesaria esta auditoría de
costes, así como es importante estimular la independencia energética y las energías limpias. La metodología de retribución de las actividades reguladas debe ser también transparente y sobre todo, por lo que se refiere a las energías renovables,
garantizar su rentabilidad de manera que haga atractiva la inversión. En cuanto al apartado número tres, que se refiere a la aplicación del proyecto de ley de renovables en cuanto a que sea una trasposición completa de la directiva comunitaria, es
necesario mantener la prioridad de acceso y despacho de las energías renovables para asegurar su incorporación a la red y al mercado dando cumplimiento de la normativa europea. Tenemos alguna duda más, en relación con el punto cuatro, en el que la
moción fija el objetivo del 30-30-30. Quizás para el año 2020 nos parece una aspiración excesiva y no realizable teniendo en cuenta además los últimos estudios realizados por la Unión Europea, que señalan que de continuar en el marco regulatorio
actual, en el Estado español no se llegaría ni al 20-20-20. Es más importante corregir los errores pasados para garantizar al menos el cumplimiento de los objetivos actuales.
Conforme a la mejora de la infraestructura, se echa de menos un esfuerzo en la mejora de la interconexión con Francia para reducir el aislamiento energético, que impide además al Estado español un óptimo aprovechamiento de su parque de
generación renovable. Aquí se debería ser más exigente, a
nuestro juicio, y pedir al Gobierno compromisos y plazos concretos. No disponer de interconexión con Francia y el resto de Europa evita que se exporte la electricidad renovable. Hay también un punto referente al balance neto y lo que
habría que pagar o no para utilizar este sistema de balance neto. Estamos básicamente de acuerdo con lo que se plantea en la moción. El establecimiento de peajes solo cobra sentido cuando es por uso de la infraestructura pero no cuando se hace uso
de la propia red.
Otro punto que consideramos importante es el referido a Santa María de Garoña. Como saben sus señorías, la pasada semana nuestro grupo interpeló al ministro en relación con esta cuestión e incluso hicimos más hincapié para aclarar la
posición del Gobierno respecto a Santa María de Garoña en la Comisión que tuvo lugar la semana pasada por la tarde. Nos sorprendió, primero, la no claridad del Gobierno en este asunto y la no claridad lo que quiere decir es que lo tienen muy claro,
que la tentación o la intención del Gobierno es que Santa María de Garoña continúe la explotación aunque para ello tengan que hacer algún tipo de pirueta legal. Después de haber oído al ministro que el exceso de capacidad de generación existe y de
una manera muy importante, cerrar Santa María de Garoña, que parece que es lo que quieren Nuclenor y en definitiva Iberdrola y Endesa, no generaría ningún problema de garantía de suministro ni de nada de nada, y cerraríamos una central nuclear de
primera generación, con problemas, como otras que ya están cerradas, insisto, no generaríamos ningún problema al sistema y sí daríamos satisfacción a muchos que están demandando este cierre, entre otros al propio Gobierno vasco o al Parlamento
vasco, luego nos parece acertada la propuesta de Izquierda Unida en esta cuestión.
En relación a la fractura eléctrica, donde se plantea la posibilidad de cesar inmediatamente las explotaciones no convencionales, estamos básicamente de acuerdo. No se trata a nuestro juicio de descartar la prospección y explotación de
hidrocarburos no convencionales, sino de exigir que solo se lleve a cabo una vez que se haya analizado detenidamente su impacto desde todos los puntos de vista, y una vez que exista la regulación que garantice la adecuada protección del medio
ambiente y de todos los intereses en juego. Con estas observaciones, sin más reitero nuestra posición, que va a ser favorable a la hora de votar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Esta es una moción muy ambiciosa y compleja porque abarca cantidad de los problemas que a día de hoy tiene la política energética; y nos hubiera gustado que el Gobierno nos hubiera traído algún día un plan de política energética que toque
todo y que pudiéramos discutir, en vez de diferentes partes y diferentes intervenciones muchas veces contradictorias. Dicho esto, estamos bastante de acuerdo con algunas de las cuestiones centrales que plantea esta moción, por ejemplo la necesidad
de una auditoría energética para que conozcamos la formación de precios de la energía y sobre todo el origen del célebre déficit tarifario, que a día de hoy, aunque no sea un tema popular, es uno de los problemas más graves que tiene la economía
española y uno de los que más gravitan en la profundización de la crisis, en la pérdida de empleos y en muchas otras cosas por los altos costos de la energía, la deuda que acumula para el Estado, el impacto en el déficit, etcétera. Y hasta que no
se presente una explicación suficiente, racional y completa de cuál es el origen de este déficit tarifario y por lo tanto cómo hay que acabar con él, seguirá ocurriendo lo que está ocurriendo y es que no para de aumentar, pese a constantes decretos
leyes y constantes medidas que siempre tienen ese carácter de parcialidad, de 'incompletitud' y sobre todo de opacidad. Por supuesto, estamos dispuestos a apoyar estas y otras cosas que presenta la moción. Otras no porque, como bien sabe la
proponente, nuestro grupo ha presentado cosas distintas o posiciones diferentes. Por ejemplo, lo que dice sobre trasladar a una comisión lo del fracking ya hemos tenido ocasión de discutirlo. Nosotros pensamos que hay información suficiente para
que haya una regulación lo más estricta posible y lo más segura posible del fracking, que permita autorizarlo allí donde se pueda realizar en condiciones. Nos parece que una comisión en este sentido es más de este tipo comisiones napoleónicas,
aunque desde luego le agradecemos la intención de que haya debate en vez de prohibiciones de tipo religioso. Me ha comunicado antes el grupo que al parecer tiene la intención de proponer votación separada de algunas cuestiones o sea que en ese
sentido no habrá ningún problema para que apoyemos la parte más nuclear de su moción.
Lo mismo ocurre con lo de Garoña. Estoy de acuerdo y es muy coherente lo que propone el grupo de La Izquierda Plural. Ellos creen que aprovechando la sobrecapacidad de generación que hay se pueden
cerrar centrales nucleares porque ya tenemos generación de sobra, pero hay un problema en el que no entran que es el de los costes de la energía. Es un problema en el que nuestro grupo ha insistido mucho porque no se debe apartar del debate
energético. Es más, tratar de hacer un debate energético que no tenga en cuenta las repercusiones económicas no deja de ser una especie de problema cognitivo porque todo el mundo sabe que la importancia de la energía viene dada por su utilización
en la economía. Dicho esto, por lo demás es una moción que plantea cosas muy interesantes y que si sirviera para abrir de una santa vez un debate de verdad sobre qué tipo de política energética hay que hacer y cómo acabar con el déficit tarifario,
sería una aportación importante.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, presidente.
En términos generales nuestro grupo valora positivamente la moción propuesta por La Izquierda Plural puesto que aborda temas esenciales en materia de política energética, algunos de los cuales han sido ya reivindicados también por nuestro
grupo parlamentario, por considerar que impiden la sostenibilidad del sistema energético español y porque suponen actualmente una evidente constricción a la competitividad de nuestras empresas y a la recuperación económica. De este modo,
coincidimos por ejemplo en la necesidad de fomentar y desarrollar el balance neto para favorecer la penetración de las energías renovables y la generación eléctrica distribuida, así como una apuesta decidida por las renovables y la búsqueda de más y
mayor ahorro y eficiencia energética que emana de la moción que nos plantea La Izquierda Plural. No podemos tampoco oponernos a la propuesta de adoptar medidas para evitar la pobreza energética que en muchos casos están sufriendo nuestros
ciudadanos. De hecho, en Convergència i Unió entendemos que estos son ejes clave de futuro tal y como prevé la estrategia europea y que, en cambio, se están viendo claramente perjudicados por las reformas que está llevando a cabo el Gobierno para
intentar paliar el déficit excesivo de tarifa. Señorías, el principal objetivo del Ejecutivo hasta ahora -no poco importante, hay que decirlo- ha sido solucionar el problema del déficit del sistema eléctrico. Pero esto no pasa por ir regulando
-como se ha dicho- en base a parches ni por extender un crédito extraordinario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como aprobó la semana pasada la Cámara, sino que la solución a este problema tiene que formar parte de una reforma del
sistema eléctrico.
No podemos permitirnos seguir estancados en materia energética porque el coste de este estancamiento repercute no solo sobre las generaciones presentes sino que también repercutirá sobre las futuras. Por ello, es necesario que pensemos en
clave de futuro y que hagamos frente a los problemas estructurales y de planificación del sistema energético. Tenemos un sistema con una importante dependencia en términos de energías primarias externas. El Estado español presenta entre unos 20 y
25 puntos porcentuales más de dependencia que la media europea, importa el cien por cien del petróleo que consume y un 70 % del carbón. De hecho, como energías primarias solo contamos con el sol, el agua, el viento y estas tecnologías se están
viendo claramente perjudicadas con las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora. También en términos estructurales la situación geográfica de España que no se encuentra en el centro del mercado europeo -como se refería el señor Azpiazu-
requiere de más y mejores interconexiones, pues seguimos siendo el país de la Unión Europea con menos interconexiones internacionales, y nada se está haciendo al respecto a pesar de los compromisos europeos que asumimos cada vez más. No estamos
pensando, creo, en medidas a medio y largo plazo. Antes de decidir qué medidas concretas tiene que adoptar el Gobierno para reducir el déficit tarifario eléctrico y cómo lidiar con los retos a corto plazo, el Ejecutivo debe tener claro cuál es el
modelo de futuro del sistema energético español y qué puede hacerse para afrontar problemas estructurales y de planificación del sistema energético. Pensemos qué queremos y cómo queremos llegar. Esto es lo que falta en el debate sobre el sistema
energético. Esto es lo que tampoco se debatió la semana pasada con la interpelación. Debemos pensar en el medio y el largo plazo y asumir muchos de los planteamientos, por ejemplo, que fueron propuestos en la anterior legislatura por la
subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos veinticinco años o la moción fruto de la interpelación que presentó mi grupo parlamentario, recientemente en el Pleno, y que planteaba temas estructurales y un horizonte
suficiente para dar estabilidad y seguridad al sistema.
Quiero recordar, en relación con esta última iniciativa aprobada, un aspecto importante: se reclamaba -así se aprobó- que el Gobierno presentara una estrategia energética 2012-2050 que además de
fomentar el ahorro y la eficiencia energética, redujera la dependencia energética y asegurara el suministro -aspecto del cual no habla esta moción y es importante-; ello conllevaría presentar un plan estratégico 2012-2020 en el marco de esa
estrategia y de los objetivos y compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea que proporcione un marco regulatorio estable, que garantice la contribución de la política energética a la reducción de las emisiones de CO2, así como la
competencia y la permanente innovación en el mercado eléctrico y la gestión responsable de la demanda de electricidad. Esa es la forma de saber hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. Sentadas estas bases, como decía, compartimos algunas de las
medidas propuestas en la moción, mientras que otras concreciones que en la misma se detallan no; por ejemplo, si bien es cierto que podríamos apoyar la auditoría que plantea el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, esta llega tarde porque no
es el momento de auditorías, es el momento de decisiones políticas para erradicar definitivamente problemas estructurales de nuestro sistema energético. Además, no tiene sentido sacar conclusiones a priori, como se puede contemplar en la moción,
antes de realizar la auditoría que contempla la misma moción, pero, fundamentalmente, echamos de menos en la moción la visión a medio y largo plazo en materia energética.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor PICÓ I AZANZA: Acabo.
La señora Ortiz nos reclamaba altura de miras y mi grupo reclama que no es el momento de primar la visión cortoplacista frente a la de futuro, porque el impacto de actuar a corto plazo ya se ha demostrado reiteradamente que es un auténtico
fracaso. Anunciada la votación por puntos de la moción, nuestro grupo dará apoyo a alguno de ellos y en otros se abstendrá o votará en contra.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Gracias, presidente.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista compartimos ampliamente el fondo y la oportunidad de la moción presentada por la señora Ortiz. El fondo, porque lo que subyace en el texto es en realidad una enmienda a la totalidad a la
política energética que el Gobierno del Partido Popular está desarrollando a lo largo de este año y medio de legislatura, y a la que el Grupo Socialista ha expresado su frontal oposición en innumerables iniciativas presentadas en esta Cámara. La
política del Gobierno en materia energética está resultando errática y caótica. A lo largo de este año y medio de gestión de la política energética, el ministerio ha venido tomando decisiones que han generado una gran incertidumbre en el sector,
han tenido una fuerte contestación y rechazo social y, entre otras cosas, no han logrado solucionar el problema del déficit tarifario. En definitiva, ha sido un año y medio perdido en materia energética, como ha reconocido el propio Gobierno. Ni
la subida de tarifas ni los impuestos a las eléctricas ni los variados parches con que el Gobierno ha intentado frenar la sangría han impedido que el déficit y la deuda del sistema eléctrico sigan creciendo como una bola de nieve. Y es la
oportunidad, porque la moción se debate a las puertas, a solo unos días de la reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 1997.
El Grupo Parlamentario Socialista espera que esa anunciada reforma suponga un cambio de rumbo en la política hasta ahora desarrollada por el Gobierno, porque entendemos que es necesaria una reforma en profundidad del sector energético
español con el fin de establecer medidas que contribuyan a mejorar su competitividad, y garantizar la seguridad del suministro, y con el objetivo de que implique el menor impacto posible, tanto económico como ambiental, para los consumidores,
distribuidores y productores. Esperamos que el Gobierno acierte en esta ocasión y sea capaz de articular un conjunto integrado de propuestas y medidas regulatorias con las que mejorar la estructura y el funcionamiento de los mercados energéticos,
para que contribuyan de manera eficaz a lo que deben ser los objetivos básicos de la política energética: seguridad del suministro, competitividad de los precios finales a los consumidores, y sostenibilidad medioambiental. No es de recibo, como ha
estado haciendo el Gobierno hasta ahora, que se acometan medidas aisladas y a golpe de decreto-ley.
Compartimos también la necesidad de la elaboración de un proyecto de ley de renovables, mediante el cual se asegure el mantenimiento de las primas del régimen especial, corrigiendo también así el rumbo marcado por el Gobierno en esta
materia. No tiene ningún sentido que un país como España, al que se le reconoce a nivel global el liderazgo en el desarrollo de las energías renovables, y que necesita generar
credibilidad para atraer inversión del exterior, tenga un Gobierno que se dedica a crear incertidumbre regulatoria, a vulnerar la seguridad jurídica, y a frenar dentro de sus propias fronteras este tipo de energía. Es incomprensible el
frenazo dado por el Gobierno de Rajoy a las energías renovables, y es incomprensible que el Gobierno del Partido Popular haya dilapidado de esta manera el avance conseguido por las medidas adoptadas por el anterior Gobierno socialista.
Señorías, apostar por las energías renovables es apostar por un sector competitivo que lideran empresas españolas a nivel global, y que fortalece nuestra autonomía energética, al tiempo que da respuesta a uno de los grandes retos globales a
los que debemos hacer frente, el cambio climático. Distintos estudios científicos han cifrado en 200 millones de toneladas de CO2 los que España ha evitado emitir entre 2004 y 2011, gracias a la apuesta del anterior Gobierno socialista por las
renovables. Desgraciadamente el tema del cambio climático es un tema que ni ocupa ni preocupa al actual Gobierno, que incluso se atreve a frivolizar en esta misma tribuna equiparando las previsiones de los efectos del cambio climático a las
profecías mayas del fin del mundo. ¡Lamentable! Un Gobierno tan proclive a encomendarse a vírgenes y santos debería reflexionar un poco más sobre la comisión de determinados pecados capitales, y proponerse firmemente su redención a través de un
cambio de rumbo y de un compromiso real en la lucha contra el cambio climático.
Decía al principio de mi intervención que compartimos ampliamente el fondo de la iniciativa presentada por La Izquierda Plural. Compartimos lo que tiene de enmienda a la totalidad de la política energética del Gobierno del Partido Popular.
Los socialistas estamos convencidos de que el Gobierno y el Partido Popular están equivocando radicalmente la estrategia energética, abandonando la hoja de ruta que marcan, tanto la Agencia Internacional de la Energía como la Unión Europea. Sin
embargo nuestro voto será de abstención, ya que son muchos los puntos que trata la moción presentada por la señora Ortiz, todos ellos de gran trascendencia, muchos planteados ya desde mi grupo parlamentario, y algunos a los que nos gustaría plantear
matizaciones importantes, y todo ello es difícil hacerlo en una intervención de cinco minutos. Son once puntos que repasan algunos de los aspectos básicos de la política energética que los socialistas...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, en efecto tiene usted nada más que cinco minutos, que ha sobrepasado ya con mucho.
La señora HERNANZ COSTA: Voy acabando, señor presidente.
Esperamos en cualquier caso tener la ocasión de debatir ampliamente estos y otros aspectos fundamentales del modelo energético en la tramitación de la reforma energética anunciada por el Gobierno. Esperamos que el Partido Popular renuncie
en esta ocasión a implantar su modelo ideológico también en una materia tan aparentemente neutral como debería ser la energía, y esperamos en definitiva que el presidente Rajoy entienda de una vez que no existe una barrera entre lo medioambiental y
lo económico, y que el modelo energético es fundamental para poder avanzar hacia un desarrollo económico sostenible, justo y equilibrado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES LANUZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la electricidad en España es muy cara con respecto a la europea, y el encarecimiento de las tarifas ha afectado a todos los ciudadanos, especialmente a los de menos poder adquisitivo, que lamentablemente se han multiplicado en
estos últimos años. Del mismo modo estas tarifas, por encima de la media europea, también están perjudicando seriamente a la industria de nuestro país, en unos momentos en los que sería más importante que nunca que nuestras empresas fueran
competitivas y generaran puestos de trabajo para salir cuanto antes de esta gran recesión económica.
El déficit tarifario ha sido el gran causante de que las tarifas se hayan y se estén -como hoy mismo, en que ha habido una subida- incrementando año tras año, especialmente desde el año 2005. El problema del déficit está en la regulación y
no en la generación. Los costes de regulación, o los costes regulados en España son un 40 % superiores al promedio de la Unión Europea. Los costes regulados en 2006 fueron de 9.000 millones de euros y en 2012 de 18.000, justo el doble. Sin
embargo la generación fue muy similar. Hubo unos incrementos muy importantes en algunos conceptos de la regulación, como
en transporte-distribución, un 44 %, en el régimen especial -las primas en concreto- con un 700 %, y el extrapeninsular un 172 %. Esta escalada de incremento de costes regulados nos aboca sin ninguna duda a la insostenibilidad del modelo
energético.
Se hicieron previsiones para el periodo 2005-2013 por el anterior Gobierno, entiendo que con toda la mejor intención, pero realmente eran unas previsiones de incrementos del PIB del 24 % y al final se han quedado en un escaso 2 % en el
acumulado de todos estos años, y la demanda eléctrica también se estimaba que iba a subir un 25 % y ha tenido un crecimiento similar al 2 %. Resultado de estas previsiones tan optimistas: que se ha generado lamentablemente una sobreinversión en
las redes que hay que pagar, y una sobrecapacidad en generación, con una cobertura de la demanda de un 1,7 % cuando la media ideal sería de un 1,1 %. No quiero hablar del desmadre de los objetivos de las renovables porque de 400, que era el
objetivo en fotovoltaicas, se convirtieron en 4.000. Y, señorías, les recuerdo que España es el país de la Unión Europea con más alto apoyo financiero al régimen especial. En 2012 en concreto 8.500 millones de euros, a pesar de que para ustedes se
está maltratando a estas tecnologías.
Señorías, algunos de ustedes se han cansado de repetir que el Gobierno solo se centra en resolver el problema del déficit tarifario. Se dice que no se ha tenido en cuenta la equidad, la sostenibilidad, la transparencia, y que hemos
hipotecado el futuro energético, pero es evidente que sus palabras obedecen a enfoques de idealismo teórico. Si tuviesen experiencia de gobierno y gestión sabrían que, detrás de cualquier postulado teórico, por muy ideal que sea, siempre aparece la
realidad económica y financiera. Por ello cuando hablamos de ahorro, hablamos de economía; cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de economía; cuando hablamos de equidad, hablamos de economía, y cuando hablamos de pobreza energética,
hablamos de economía. Por eso mismo resolver el problema del déficit tarifario es resolver el problema económico, el principal problema que viene lastrando desde hace años el modelo energético de este país. Su solución permitirá sentar las bases
económicas sobre las que sostener políticas de ahorro y sostenibilidad, de equidad, y de pobreza energética.
Se han ido tomando medidas en este año y el año pasado, todas ellas o la gran mayoría por lo visto no les han gustado a ustedes, pero si no se hubieran tomado estas medidas estaríamos hablando ahora de un déficit de entre 8.500 y 10.000
millones, en vez de 4.000 millones, que es el déficit estructural que van a intentar solucionar estas reformas energéticas que anunció el ministro en la interpelación la semana pasada, unas medidas que a corto plazo van a poder solucionar este
déficit. En definitiva se trata de conseguir una estabilidad financiera con máxima eficiencia, aprovechando al máximo los programas comunitarios -como ustedes han solicitado aquí-, apostando por la renovación y la modernización de instalaciones así
como por la potenciación de energías renovables, incentivos a las actividades reguladas, así como medidas para desarrollar el autoconsumo. Apostar por una estrategia energética a medio y largo plazo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor FLORES LANUZA: Termino ya. Como decía, apostar por una estrategia energética a medio y largo plazo sin duda generará confianza y seguridad jurídica a los inversores, y a su vez confianza, seguridad, tranquilidad y ahorro para los
consumidores.
Señorías, nosotros consideramos que con esas medidas energéticas prácticamente se van a solucionar muchas de las inquietudes que trasladan en esa moción; en otros puntos estamos absolutamente en desacuerdo, y por lo tanto nuestro grupo
votará en contra de esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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