CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 114

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 108

celebrada el jueves,

23 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Enmiendas del Senado:


- Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 21-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000021) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
A, número 35-1, de 1 de febrero de 2013. (Número de expediente 121/000035) ... (Página21)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Praia el 23 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 136, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente
110/000079) ... (Página19)


- Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 137, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000080) ... (Página19)


- Acuerdo entre el Reino de España y el Programa Mundial de Alimentos para el establecimiento de oficinas del Programa Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de julio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 142, de 8 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000081) ... (Página19)


- Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 145, de 15 de marzo de 2013. (Número de
expediente 110/000082) ... (Página19)

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- Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, y declaración que España desea formular. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 146, de 15 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000083) ... (Página19)


- Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 147, de 15 de marzo de 2013.
(Número de expediente 110/000084) ... (Página19)


- Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 156, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000086) ...
(Página19)


- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el 19 de febrero de 2013. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 157, de 5 de abril de 2013. (Número
de expediente 110/000087) ... (Página19)


Declaración institucional ... (Página20)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página20)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página20)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página4)


Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas... (Página4)


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Larreina Valderrama, Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Iglesias
Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados... (Página14)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; y los

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señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista y Mora Bernat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página19)


Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Praia el 23 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 136, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000079)
... (Página19)


Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 137, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000080) ... (Página19)


Acuerdo entre el Reino de España y el Programa Mundial de Alimentos para el establecimiento de oficinas del Programa Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de julio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 142, de 8 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000081) ... (Página19)


Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 145, de 15 de marzo de 2013. (Número de
expediente 110/000082) ... (Página19)


Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, y declaración que España desea formular. 'BOCG. Sección
Cortes Generales', serie A, número 146, de 15 de marzo de 2013. (Número de expediente 110/000083) ... (Página19)


Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 147, de 15 de marzo de 2013.
(Número de expediente 110/000084) ... (Página19)


Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 156, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000086) ...
(Página19)

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Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el 19 de febrero de 2013. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 157, de 5 de abril de 2013. (Número de
expediente 110/000087) ... (Página19)


Al no haber manifestado ningún grupo su intención de intervenir, el señor presidente aprueba por asentimiento los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


Declaración institucional... (Página20)


El señor presidente da lectura a una declaración institucional sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página20)


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la postura del Gobierno ante las respuestas sociales, con la incorporación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La
Izquierda Plural, se rechaza por 19 votos a favor, 300 en contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la retirada del anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y la presentación de un nuevo texto, se
rechaza por 139 votos a favor y 180 en contra.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página20)


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, quedan aprobadas.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, quedan aprobadas.


Se levanta la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Aunque ninguno de los proyectos de ley que vamos a debatir hoy, las enmiendas del Senado, tiene carácter de orgánico, sí quiero adelantarles para su gobierno que las votaciones no serán antes de las once. Espero que sean cercanas a las once
pero no antes de esa hora.


Comenzamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

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El BNG había presentado en su momento enmienda a la totalidad de este proyecto de ley; una enmienda a la totalidad basada fundamentalmente en que a pesar de su título, desde nuestro punto de vista esta norma ni flexibiliza ni mucho menos
fomenta el mercado de alquiler de viviendas en el Estado español, a pesar de que podría hacerlo fácilmente ya que, según los datos del INE, en 2010 había 3 millones de viviendas vacías y casi 700.000 sin vender. Aún así, se ha seguido construyendo
de manera importante. En la línea general de la legislación que están promoviendo el PP y el Gobierno en otros ámbitos, esta ley carga sobre el más débil y favorece al más fuerte. En esta ocasión, además, tal y como viene ocurriendo con otros
proyectos de ley, las enmiendas que el PP introduce en el Senado acentúan aún más lo que acabo de decir y endurecen y empeoran, aunque parezca imposible, el propio texto original. En él se consagra definitivamente lo que nosotros habíamos llamado
en el debate de totalidad el desahucio fulminante, ya que el proyecto de ley respalda en exclusiva al arrendador para poder expulsar de una vivienda, sin tener en cuenta su situación y circunstancia económica, a personas que no afronten el pago de
la renta. Para facilitar ese desahucio desaparecen prácticamente las garantías judiciales de los arrendatarios, es decir, en un momento en que la situación de la economía es más crítica que nunca y cuando los poderes públicos debieran legislar para
establecer medidas que eviten los desahucios, lo que hacen con esta ley es abocar a muchas personas sin recursos a quedarse literalmente en la calle. Como esto aún no les parecía suficiente, han aprovechado el trámite en el Senado para cargar
todavía más las tintas sobre uno de los sectores de la sociedad que en estos momentos está más abandonado por el Gobierno y por las políticas que lleva a cabo.


Les parece poco que entre los jóvenes haya una tasa de paro del 57 %, les parece poco que se haya recortado drásticamente su acceso a las becas, que se les hayan retirado derechos de acceso a la sanidad pública a partir de los veintiséis
años, que se les haya precarizado hasta límites insoportables su situación laboral, que ahora a todo eso ustedes suman, vía enmienda a una ley que regula el régimen jurídico de las relaciones de propietario y usuario, una modificación, por no
llamarla claramente la eliminación, de las ayudas de vivienda para las personas jóvenes. Ustedes, señores y señoras del Partido Popular, siguen creyendo a día de hoy que los jóvenes todavía viven por encima de sus posibilidades y, repito, como les
parecían aún pocas, hay que introducir más y más medidas regresivas de recorte de derechos, en este caso suprimiendo cualquier prórroga o modificación de las actuales rentas básicas de emancipación; es decir, muchos de los actuales titulares de
vivienda protegida, cuando acaben sus actuales plazos de subsidiación de préstamos, verán también cómo se termina la ayuda pública y con ello tendrán que asumir el coste total de la hipoteca. Lo mismo para la ayuda al alquiler, que ya había pasado
en el 2012 de 210 a 147 euros mensuales, una reducción de nada más y nada menos que el 30 %.


Mientras, y como dirían los propios jóvenes, ustedes no se cortan un pelo en esta misma ley en favorecer y reconocer ventajas fiscales, financieras y legales importantes a las sociedades de inversión inmobiliaria y en abrir de par en par el
mercado de viviendas vacías a personas y entidades residentes en paraísos fiscales, alimentando de nuevo la espiral de la especulación inmobiliaria. En definitiva, mientras que con esta ley reafirman las erróneas políticas de vivienda que nos
llevaron a la situación actual, impiden cada vez a más personas disponer de una vivienda digna. El Gobierno del Partido Popular sigue proponiendo leyes a esta Cámara y a la sociedad para favorecer a los de siempre y aplastar cada vez más también a
los de siempre. Realmente, señores y señoras diputadas del Partido Popular, ni la vuelta de Aznar sería capaz de empeorar más la situación de la clase trabajadora y de la mayoría de la sociedad del Estado español.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.


Tiene la palabra el señor Larreina, por el Grupo Mixto.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante la vuelta de un proyecto de ley a esta Cámara después de pasar por el Senado, con un paso por el Senado que no ha mejorado la ley realmente, al final, incluso se puede decir que la ha empeorado. Está ley es un claro
exponente de lo que podríamos llamar las políticas del siete y medio de este Gobierno, y esa política del siete y medio no se refiere a que esté en un notable tirando a notable alto, sino que es la política del siete y medio del popular juego de
cartas: o me quedo corto o me paso. En este caso el Gobierno se ha vuelto a quedar corto y uno no sabe qué es mejor, como decía esa copla no tradicional pero de hace ya unas cuantas décadas, que si te quedas corto mal, pero si te pasas es peor,
porque efectivamente cuando el Gobierno decide pasarse del siete y medio, vienen todas las

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políticas de recortes que son claramente negativas. Pero en este caso se ha quedado corto, se ha quedado corto porque este proyecto de ley no facilita el fomento del mercado de alquiler de viviendas. Quizás sí puede flexibilizar una serie
de factores que benefician fundamentalmente a los propietarios de las viviendas, pero desde luego no toma ninguna medida para abordar los problemas que ahora mismo están encima de la mesa y están en la calle en relación con el mercado de la vivienda
y, en concreto, del alquiler de la vivienda. No da solución a los problemas humanos graves que se producen en el caso de los desahucios; y creo que esta ley podría haber dado una serie de claves precisamente para humanizar esos procesos. Por otro
lado, no colabora en nada a la salida al mercado de las viviendas vacías, que es otro de los elementos que está encima de la mesa también, pues contamos en todo el Estado, y en mi país también, con un parque importante de viviendas vacías que están
al margen del mercado. Desde luego, esta ley no fomenta que esas viviendas salgan al marcado y tampoco fomenta ni hace nada para facilitar ese cambio de mentalidad que es necesario en el Estado español de esa apuesta por el alquiler de viviendas.
Se sigue estando en una mentalidad muy pegada a la propiedad, a la propiedad de la vivienda, pero desde el Gobierno no se ha hecho nada, ni con esta ley ni con otras medidas, para impulsar ese cambio de mentalidad de que el alquiler sea una de las
fórmulas habituales entre la población. Por eso, pensamos que esta ley no solo no lo ha mejorado sino que lo ha empeorado y, desde luego, a la hora de fomentar el mercado de alquiler de viviendas tampoco toma ninguna medida ni facilita el acceso de
los jóvenes al alquiler de las viviendas, que es otro de los elementos para avanzar en esa política que decíamos antes de cambiar la mentalidad, que el alquiler de vivienda o el vivir en alquiler en una vivienda sea algo que pueda ser habitual en la
mentalidad de la gente, empezando quizás por los jóvenes, que tienen ahora dificultades enormes para el acceso a la propiedad, así como para el alquiler de vivienda.


Vuelvo, por tanto, al principio de mi intervención, estamos ante una más de las políticas del siete y medio del Partido Popular, en este caso se queda muy corto, no da respuesta al fomento del mercado del alquiler de viviendas, no da
respuesta a la necesidad de facilitar el acceso al alquiler de la vivienda, especialmente por los jóvenes, y no da respuesta tampoco a esos problemas graves, desde el punto de vista humano, que son los desahucios en el caso del alquiler de viviendas
y que, desgraciadamente, se han llevado varias vidas por delante. Por eso, nosotros volvemos a reivindicar la necesidad de contar, en el caso de Euskal Herria, con los instrumentos necesarios de soberanía para poder regular toda esta cuestión y
para poder solucionar este problema de verdad, dando respuesta a las necesidades de la gente de la calle, a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley de flexibilización del mercado del alquiler, que hoy se trae a esta Cámara, tiene por objeto la modificación de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Ésta señala
en su parte expositiva, y cito literalmente, que la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos. Como apreciarán, se da una coincidencia plena en el objetivo principal que
persigue también el nuevo texto. Por ello, consideramos de interés y fundamental hacer un poco de memoria.


¿Conocen sus señorías cuál era el porcentaje de población que habitaba en el año 1994 en régimen de alquiler? Exactamente el 18 %. Tan solo un punto por encima del 17 % actual frente a las medias actuales de la Unión Europea, que casi
duplican estos ratios. En este sentido y para entender cuáles han sido las causas de la baja demanda de vivienda en alquiler en el Estado español y la nula mejora del indicador, de hecho ha decrecido en un punto, es preciso analizar cuál ha sido la
política económica que se ha llevado a cabo en los últimos veinte años, por supuesto más allá del ámbito de la vivienda. La respuesta es sencilla: pues la del ladrillo. Tanto es así que la construcción ha constituido uno de los pilares
fundamentales del producto interior bruto español. Desde las políticas públicas se ha primado el crecimiento incontrolado del parque edificado en el Estado y el acceso a la ingente oferta de vivienda en régimen de compraventa en detrimento claro
del régimen del alquiler. La especulación se ha convertido en uno de los ejes de la economía real; la especulación y el dinero fácil. Pero, claro, la burbuja inmobiliaria se ha pinchado y España se ha quedado con un enorme parque edificado y en
muchos casos inhabitado: ni más ni menos que 3,5 millones de viviendas vacías, a lo que se suma además que la mitad tiene más de treinta años y una cuarta parte más de cincuenta. En definitiva, este se ha convertido ya en un problema estructural.

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A la vista de lo anterior, está claro que es preciso tomar medidas ambiciosas que incidan de forma eficaz en la solución del problema y entendemos que esta ley no las contiene. Veamos. Convertir el mercado de alquiler en alternativa fiable
de vivienda con respecto a la propiedad es un objetivo loable y muy interesante, pero, claro, ¿cómo pretenden conseguirlo? ¿Articulando una ley que únicamente regula la relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, o con una ley que,
más allá de las grandiosas premisas relatadas en la exposición de motivos, no contiene más que medidas dirigidas a proteger al más fuerte, al arrendador, haciendo pivotar todas las garantías del sistema en la inscripción registral, burocratizando y
encareciendo el precio de los contratos y, por lo tanto, penalizando al arrendatario? ¿Estas son las grandes soluciones que proponen para un país que cuenta con un parque edificado como el descrito, que está inmerso en una profunda crisis
económica, además, con 6.200.000 parados, un porcentaje de pobreza relativa del 29,1 % y un porcentaje de pobreza grave del 10,1 %? ¿Para un país además donde la tónica general en este momento es la incertidumbre, donde la financiación no fluye y,
en consecuencia, desincentiva a los propios compradores, pero donde, por el contrario, los precios de los alquileres han decrecido de una manera pírrica? Un dato sencillo: los precios del alquiler únicamente han bajado un 5,4% en relación con
abril de 2012, y eso a pesar de que las estadísticas indican que uno de cada cuatro propietarios prefiere alquilar a vender. Para agravar la situación, ya en el trámite de enmiendas cursado en el Senado se ha introducido, entre otras, una enmienda
por la que se incorpora una nueva disposición adicional que, aun habiendo sido transaccionada en sustitución de la inicial presentada por el Partido Popular, plantea importantísimas restricciones en el régimen de ayudas de los planes estatales de
vivienda y renta básica de emancipación. En este estado de cosas, lo único que podemos decir es que creemos que su propuesta carece de ambición, que debiera de haber llegado muchísimo más lejos y que carece también de medidas que permitan dar un
salto cualitativo en la incentivación del mercado de alquiler, de los inputs necesarios para que el mercado se sobreponga a las numerosas amenazas que lo acechan. Esta última enmienda a la que me he referido es solo una muestra de ello.


Por todo lo anterior y porque en el trámite de enmiendas en el Senado han introducido además de refilón un nutrido ramillete de modificaciones a diversas normativas que para nada tienen que ver con el objeto del proyecto, sin respetar en
absoluto las reglas del juego parlamentario y contraviniendo las premisas más elementales de la técnica legislativa y de la jurisprudencia ya sentada por el Tribunal Constitucional, mantendremos nuestro posicionamiento en relación con las enmiendas
tramitadas en la Comisión y votaremos negativamente las propuestas por el Partido Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo brevemente, señor presidente.


Estas enmiendas del Senado nos crean cierta perplejidad porque básicamente la enmienda importante es la nueva disposición adicional que lo que hace es cambiar todo el régimen de subsidios y eliminar algunos como la renta básica de
emancipación sin que se haya discutido en el Congreso. Por eso, aunque nosotros siempre hemos sido muy críticos con esa renta básica de emancipación porque, contra lo que se suele sostener, era un subsidio al arrendador, puesto que el precio se
trasladaba al alquiler y no se restaba del precio de mercado de los alquileres y, por lo tanto, está claro que no ha ayudado en absoluto a agilizar ni a abaratar el alquiler de viviendas a jóvenes, por otra parte es una cosa que tiene la entidad
suficiente como para que se discutiera en el Congreso y no para que se cuele por la parte de atrás como una regla o mejora técnica del Senado cuando no lo es, sino que es algo que también debiera haberse discutido en el Congreso durante la
tramitación de la ley, como digo, porque tiene importancia desde el punto de vista político, no tanto por el impacto económico que pueda tener. Es una norma clientelar de subsidios paternalistas, parecidos al disparate del Plan E y otras cosas que
tanto han agravado la crisis; de manera que no cuenta con ninguna simpatía por nuestra parte. Pero, como les digo, pensamos que no es un procedimiento jurídico aceptable el que no se discutiera durante la tramitación de la ley en el Congreso y
aparezca como una enmienda del Senado y, por eso, nos abstendremos en esta votación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

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Señores del PP, el propio título de la ley deja de manifiesto la intención de flexibilizar el mercado del alquiler, desarrollando única y exclusivamente mecanismos de mercado y olvidándose de la función primordial que debe cumplirse desde
los poderes públicos como garantes del derecho constitucional a una vivienda digna. Es así como esta ley de alquiler que acaba hoy su trámite parlamentario tras pasar por el Senado tiene como objetivo favorecer de manera descarada los intereses de
los sectores financieros e inmobiliarios a costa de precarizar y ningunear los escasos derechos hasta ahora existentes para los inquilinos frente a los arrendadores. Adoptar medidas reduccionistas desde la perspectiva de que nuestro porcentaje de
ocupación de vivienda en régimen de alquiler es mucho más bajo que en el resto de Europa porque carecen de instrumentos legales que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios de vivienda frente a los inquilinos, es un error garrafal y no
dará soluciones al problema de acceso a la vivienda que sufrimos hoy en nuestro país con carácter de alarma social. Nos parece escandaloso que denominen libertad de pactos las medidas que precarizan las condiciones del alquiler para los inquilinos
o que se agilicen, sin apenas garantías para los afectados, los lanzamientos judiciales de alquiler que conllevará sin duda un aumento de los desahucios. Recapaciten sobre esto porque la sociedad civil organizada no va a permitir, como ya está
demostrando con los afectados por las hipotecas, que los inquilinos se vean en la calle mientras se pisotean sus derechos, como es el de la vivienda digna. Han convertido el alquiler en una opción meramente temporal, reduciendo la duración mínima
de los contratos de cinco a tres años y con la posibilidad de tan solo un año de prórroga. La subida del precio del alquiler queda también en manos del arrendador, si no quieres verte en la calle, al dejar de estar fijada por el IPC. Obliga al
inquilino a inscribir su contrato en el Registro de la Propiedad con los costes que esto conlleva, si quiere tener la mínima garantía jurídica frente a esa mal llamada libertad de pactos en supuestos tales como el de mantener el derecho preferente
de adquisición de vivienda y agiliza los lanzamientos judiciales de alquiler mediante lo que debería denominarse con rigor desahucio supermegaexprés.


Todas estas medidas contempladas en la ley, lejos, muy lejos, de proporcionar soluciones a las graves dificultades de acceso a una vivienda que hoy sufren miles de familias en nuestro país, supondrán un retroceso que no solo no fomentará el
alquiler, sino que hará que aumenten los desahucios y, eso sí, favorecerá a los sectores especuladores y concederá enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras inmobiliarias. Tan patente quedaban estas intenciones de
desregular totalmente la vivienda como bien de mercado y de favorecer a los sectores especulativos financieros y de grandes constructoras inmobiliarias, olvidándose, incluso vulnerando el derecho constitucional que el Gobierno debe garantizar, tan
patente quedaba que, una vez que el proyecto de ley fue presentado en esta Cámara, retiraron la mitad de la ley que trataba cambios normativos que afectaban a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al impuesto sobre la renta de los no residentes y a
la ley por la que se regulan las Socimi y lo incorporaron vía enmienda en el Senado en otra ley. Ahora también les digo, señores del Partido Popular, que ni con esas artimañas pueden ustedes disimular el despropósito que supone esta ley. Pero no
les ha bastado con esto, en ponencia incorporaron una nueva enmienda por si acaso los arrendatarios no conseguían suficientes garantías frente a los arrendadores, cuando ya se les proporciona mediante avales, depósitos, fianza, desahucio exprés o
exigencias judiciales de rentas impagadas que regulan un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler para que los arrendadores tengan acceso a un listado de morosos. De nuevo se ensañan con los más vulnerables y más débiles,
dejando sin ningún tipo de protección a aquellas personas que por circunstancias sobrevenidas no puedan hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual.


Por último, me detendré en el tiempo que me queda en las enmiendas que vienen del Senado y, en concreto, en la ya mencionada disposición adicional segunda, con la que ustedes, señores del Partido Popular, acaban con todas las ayudas públicas
a la vivienda protegida. Esto es escandaloso. Eliminan todo atisbo de control público y acaban con toda la vivienda social. El beneficio es lo que cuenta para ustedes y el de deshacerse de los activos inmobiliarios que han tenido que socializarse
para salvar a los bancos. Es verdad que la vivienda con protección pública, que debería haber servido como instrumento de control del mercado y garantía del derecho constitucional a la vivienda, no ha cumplido del todo esa función. Pero es que
ahora ustedes eliminan de un plumazo la subsidiación de préstamos y las ayudas a la entrada de la vivienda protegida a las que acceden los sectores de la población con las rentas más bajas, familias que ya lo están pasando bastante mal como para
poder soportar ahora un importante incremento en la letra de su casa o en la renta del alquiler sin que se les dé ninguna alternativa. Nos parece demencial y de una irresponsabilidad política inaceptable, como nos parece inaceptable que eliminen
definitivamente la renta básica de emancipación que, mal que bien, ha permitido que muchos

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jóvenes puedan independizarse y acceder a una casa en alquiler. Señoras y señores del Partido Popular, la vivienda es un derecho. Esto es algo que ustedes y a los que ustedes representan no quieren entender. Será la ciudadanía organizada,
ya se lo he dicho y se lo digo, será la PAH y otras que no tardarán en surgir las que les tengan que poner freno y hacer frente ante sus políticas de vivienda nefastas con nefastas consecuencias sociales. Desde La Izquierda Plural les vamos a
apoyar, no les quepa ninguna duda, como hoy y de momento vamos a manifestarnos rotundamente en contra de esta ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados resistentes al Pleno, lo que aquí vamos a votar van a ser exclusivamente las enmiendas aprobadas por el Senado en relación con este proyecto de ley. La misión que debería de tener el Senado en una segunda
lectura, haciendo una lectura atenta de la Constitución, en relación con aquello que ya se ha presentado en virtud de todo un procedimiento legal, que cabe explicar una vez más, y es que las leyes se inician con un trámite de aprobación de un
anteproyecto que se somete a información institucional, sobre el cual todos los colectivos pueden hacer sus reflexiones; posteriormente se entra en un proyecto de ley, que es conocido y debatido en Comisión, si cabe en el Pleno, en el Congreso de
los Diputados y, finalmente, llega al Senado, cabe pensar que el legislador lo que pretendió en su día es que todo esto tendría una unicidad, una lógica y una racionalidad. Por tanto, si hay alguna medida de un alcance determinado, que esta medida
se pudiera discutir y debatir a lo largo de todo este proceso, es decir, desde la aprobación del anteproyecto hasta su primer paso por este Congreso. Sin embargo, en esta ley esto no ha sucedido de esta manera en relación con la medida más
relevante que contiene y que hace referencia a la famosa enmienda 105 del Grupo Popular en el Senado, que plantea una nueva disposición adicional segunda que, nada mas y nada menos, establece el régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales
de vivienda y renta básica de emancipación. En primer lugar, yo haría una apelación a los diputados del Partido Popular para que no aprobaran esta enmienda, creo que es de conciencia hacerlo, pero voy a hacer una llamada a todos los grupos
parlamentarios para que presentemos recurso de inconstitucionalidad ante esta medida que me parece que afecta gravemente a muchos ciudadanos, sobre todo y más gravemente a la seguridad pública y a la decencia, porque esta es una enmienda
absolutamente indecente. Ayudas públicas comprometidas con miles de ciudadanos, con entidades públicas y privadas van a ser suprimidas con nocturnidad y alevosía. Me van a disculpar las señoras y señores diputados que no sean de Cataluña porque
solo tengo información de las entidades a las que afecta en Cataluña, pero afecta también a entidades de todo el Estado español. Voy a leer sus nombres en homenaje a estas entidades, muchas de las cuales van a desaparecer por la indecente
utilización partidaria de una enmienda, incomprensible enmienda, del Grupo Popular en el Senado.


Son catorce entidades sin ánimo de lucro en Cataluña como, por ejemplo, los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. El Gobierno les va a retirar un millón de euros de ayuda. Por ejemplo, al Patronato eclesiástico de la Santa Cruz de la
Selva, les van a retirar 2,5 millones de euros y los van a mandar a concurso de acreedores. Por ejemplo, Proyecte foment de l'habitatge social, LLar Jove, Arrels -muchos de ellos vinculados a sindicatos-, Projecte habitat 2000, Fundación catalana
Aram, etcétera, etcétera, etcétera. Repito mis disculpas porque esto afecta en toda España a entidades de este signo. También a ayuntamientos. En Cataluña veinticinco ayuntamientos y sus entidades sociales van a ser llevadas a la suspensión de
pagos por esta indecente enmienda. Por ejemplo, un ayuntamiento tan importante como el de Pardines, un ayuntamiento de 300 habitantes, que se propuso hacer vivienda social porque el Estado le daba ayudas. Pues bien, ahora el Estado se las retira
graciosamente con nocturnidad y alevosía. Gravísimo, señores. También Barcelona, Badalona, Reus, Mollerussa, Sabadell, Rubí, Esplugues, Igualada, Montgat, Castelldefels, Terrassa, Vilafranca, Lleida, Bolvir, Tarragona, Sant Cugat, Sant Quirze,
Moia, Vic, Sallent, Alguaire, Manresa, Llisa D'Amunt y Santa Perpetua de Moguda en Cataluña. Muchos más en toda España.


¿Qué motivo puede haber para que en el Senado, con nocturnidad, con alevosía, con desprecio a los derechos de los ciudadanos, con desprecio a la seguridad jurídica, alguien tome una decisión de este calado? ¿Qué puede ocurrir? ¿Quién puede
tener una idea de este calado? Yo no puede imaginarme este desprecio por todos, por los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. ¿Qué tiene el Partido Popular que quiere arruinar a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca? ¿Qué tiene contra
ellos, que simplemente

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creyeron en un proyecto de construcción de vivienda social? ¿Por esto tenemos que arruinarlos? ¿No se dan ustedes cuenta del despropósito que están cometiendo?


Inseguridad jurídica. Nunca, nunca, nunca. En España ha habido muchos planes de vivienda que se han sucedido unos a otros y siempre Gobiernos de un signo y de otro, en todo tipo de alternancia, habían respetado los compromisos. No eran
compromisos del Partido Socialista, eran compromisos, como ustedes dicen, del Gobierno de España. Pues ahora nos burlamos de los compromisos del Gobierno de España. Inseguridad jurídica, desprecio a los ciudadanos, insulto.


Yo quiero, señores del Partido Popular, que se den cuenta de que esto es una auténtica barbaridad, de que esto es un insulto, de que esto es un despropósito. No hay palabras, no hay indignación para expresar lo que ustedes están haciendo
con esta enmienda. Nosotros, como siempre, señores del Partido Popular, hemos intentado explicar las cosas, razonarlas. He tenido entrevistas con la ministra, he tenido entrevistas con la directora general y la única explicación que he recibido es
que como no tienen suficiente dinero para su plan, se van a cargar el plan de los demás. Es que no es el plan de los demás, no es el plan del Partido Socialista, es el plan de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Y que me perdonen los
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca porque seguramente nunca habrían estado presentes en este Pleno.


Señores del Partido Popular, recapaciten, por favor, recapaciten. Esta es una de aquellas cuestiones que hacen perder la credibilidad en la clase política. Sé que ustedes en el Senado, cuando les dijimos todo esto, hicieron algo. Fíjense
ustedes qué hicieron. Su enmienda afectaba a un 15% de sociedades anónimas y a un 85 % entre sociedades públicas y entidades del tercer sector. Se pactó con las sociedades anónimas, se solucionó el problema de las empresas -lo cual me parece
bien-, pero ni se habló ni se quiso hablar con los ayuntamientos y mucho menos con las entidades del tercer sector. ¡Qué barbaridad! ¡Qué despropósito! ¡Qué falta de piedad! Uno no acierta a entender el porqué de esta medida. Para ponerse una
medallita dicen: vamos a dar unas ayuditas más este año. ¡Por favor! Además no las van a poder dar ustedes este año, porque todos sabemos perfectamente que los planes de vivienda que se ponen en marcha un año tardan un año o, por desgracia, a
veces dos en ponerse en marcha. El dinero además no se va a gastar. Por una especie de no se sabe qué voluntad de ir contra lo que se ha hecho anteriormente, uno se lo quiere cargar, y no solo se carga eso sino que se carga, repito, a entidades
del tercer sector.


Señoras y señores diputados, hemos participado en este proyecto de ley porque no lo votamos negativamente. Creemos en el mercado de alquiler, en la vivienda de alquiler, pero creer en ella significa que alguien tiene que alquilarla. Si
resulta que este alguien son los hermanos franciscanos y los vamos a arruinar... Me parece muy bien que pretendamos fomentar el alquiler, pero es paradójico que con una ley que lleva como título fomento del mercado de alquiler se lleve a la ruina a
todos aquellos, públicos y privados, que han creído que valía la pena apostar por el mercado del alquiler de vivienda. Señoras y señores diputados, saben que quien les habla es una persona moderada, tranquila y pragmática. Por esto con más
convencimiento que nunca debo denunciar y denuncio lo que ustedes están haciendo hoy. Me consta que cuando se propuso que esta enmienda se presentara en el Congreso, con buen tono, sus diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso no
quisieron presentarla; sus compañeros del Senado se vieron obligados. Vuelvan ustedes al buen tono que tuvieron en el primer momento y rechacen esta enmienda. Se lo agradecerán todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Desde esta tribuna ya se han hecho apreciaciones de buena sustancia, de buen calado, que compartimos, como las expresadas en la intervención del Grupo Mixto y en la última del Grupo de Convergència i Unió. El
proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler está plagado de burlas en su tramitación parlamentaria. En realidad casi la totalidad de los proyectos relacionados con la materia de vivienda que llegan a esta Cámara
en esta legislatura lo están. Esta técnica parlamentaria que empieza a ser habitual en este Gobierno puede ser perfectamente calificada de indecente. Lo ha sido la tramitación del procedimiento de la Ley de desahucios, en la que los textos
derivados de la tramitación de un real decreto-ley, aceptado como proyecto de ley en este Pleno, y de la iniciativa legislativa popular, promovida por un millón y medio de ciudadanos, nada tenían que ver con el texto que finalmente salió de la
ponencia y que nunca pasó por este Pleno del Congreso de los Diputados. Lo está siendo también la tramitación del proyecto de ley de rehabilitación,

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regeneración y renovación urbana, en el que vía enmienda el Grupo Popular pretende modificar hasta trece normas que nada tienen que ver con el objeto de la ley. Lo es sin duda también este proyecto de ley, que probablemente hoy será
definitivamente aprobado.


Recordemos que la reforma del alquiler fue anunciada en el mes de agosto del año pasado. Inició su recorrido parlamentario con cinco artículos, y no había salido aún del Congreso cuando se cortó la mitad del texto de la ley. Se aprovechó
una enmienda en el Senado a un proyecto de ley que nada tenía que ver con el proyecto de ley del alquiler -se aprovechó la tramitación de los presupuestos- para eliminar la mitad del proyecto de ley de medidas de flexibilización del mercado del
alquiler, dejando clara cuál era la verdadera urgencia del Gobierno con la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Le dieron mucha prisa a la concesión de privilegios fiscales y a la reducción de exigencias para las sociedades de gestión
inmobiliaria. Basta a partir de ahora con tener ocho viviendas y ofrecerlas al mercado -que no alquilarlas- para poderse beneficiar de unas ventajosas condiciones impositivas. Y ahora lo vuelven a hacer pero al revés. Si en aquella ocasión
recortaron vía Senado el contenido del texto que estábamos debatiendo en el Congreso, ahora lo hacen a la inversa. Vía Senado incorporan al texto que debatimos en el Congreso dos artículos a través de unas enmiendas que nada tienen que ver con el
objeto de la ley. Y nos lo traen aquí para su ratificación pese a las advertencias, a las críticas y a las reclamaciones que diversos grupos parlamentarios hemos hecho ante las mesas del Congreso y del Senado.


Este Gobierno nos tiene ya demasiado acostumbrados a legislar mediante real decreto-ley, a abusar de su mayoría absoluta, a coartar el debate, a dictar normas de espaldas a los ciudadanos y a las ciudadanas y a bordear el Reglamento
parlamentario para evitar tener que dar muchas explicaciones. Recordemos que estamos hablando de un proyecto de ley que podríamos definir de antiinquilinos y que en su objetivo de flexibilizar el mercado de alquiler alcanzará un gran logro:
beneficiar a unos pocos que tienen mucho y perjudicar a muchos que tienen poco. Desprotege a los inquilinos facilitando que puedan ser desalojados de su vivienda en cualquier momento a partir del primer año prácticamente sin justificación. Solo
les garantizan dos meses de los que les queden pendientes de arrendamiento, habiendo reducido la duración de los contratos a tres años -con dos meses será suficiente para desahuciar a cualquier arrendatario en cualquier momento- y desregulando
condiciones como la actualización de las rentas, que serán impuestas directamente por los propietarios de las viviendas. Lejos de contener medidas para la protección de los sectores más vulnerables hoy, aquellos y aquellas que están afectados por
la crisis, no han querido ni oír hablar de acoso inmobiliario o de medidas para aquellos que, debido a una situación de insolvencia sobrevenida, se vean afectados por una situación de desahucio; por supuesto, sin perjuicio de las garantías de cobro
de los propietarios. Es más, su opción ha sido la de desamparar y señalar a todos los que se puedan ver afectados por una situación de impagos sin considerar las causas por las que estos se puedan haber producido. Compartimos que se debe
garantizar al arrendador el cobro de las rentas y la conservación del estado de la vivienda, pero no deben ser más víctimas como consecuencia de una mala práctica minoritaria y una saturación judicial quienes más están sufriendo la crisis, aquellos
a los que, por cierto, no se les da ninguna alternativa de vivienda social. El remate de que incorporen en sus enmiendas la creación de listas negras demuestra que no tienen pudor en señalar a los deudores por alquiler, inhabilitando a la gente que
está reclamando en la calle y que se ve afectada por situaciones de desahucio a que pueda acceder por ningún medio al derecho a techo, pero seguimos sin conocer las listas de la amnistía fiscal o las listas de los sobresueldos.


Vamos al objeto y al contenido de lo que viene aquí derivado del Senado. Se trata de la incorporación de una enmienda ya famosa -efectivamente, señor Macias-, la enmienda 105, mediante la que incorpora el Grupo Parlamentario Popular una
disposición adicional que, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nunca jamás debió llegar hasta aquí y que, a mayor abundamiento, contempla la eliminación de derechos reconocidos con carácter retroactivo. Son dos las
irregularidades contenidas en solo una. Y lo hacen en cuestiones que no son para nada de poca importancia. Eliminan la renta básica de emancipación, las ayudas subsidiación de préstamos -incluso aquellas que ya estaban reconocidas- y eliminan
otras ayudas como las directas a la entrada. La renta básica de emancipación fue un derecho reconocido desde el año 2008 para facilitar a los y las jóvenes el acceso a la vivienda y emprender un proyecto autónomo de vida. Desde su puesta en
marcha, más de 300.000 jóvenes pudieron acceder a ella. Señorías, les recuerdo por si a alguno se le ha olvidado -este Gobierno ha legislado tanto en tan poco tiempo y tan rápido que se les puede haber olvidado- que la primera medida -la primera-
que el Gobierno adoptó fue precisamente la supresión de estas ayudas para nuevos beneficiarios. Fue la primera medida y toda una declaración de intenciones sobre las políticas que en materia de educación, de

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formación, de empleo, de igualdad, de igualdad de oportunidades y de participación democrática iba a emprender el Gobierno dirigidas hacia la población joven, a la que cada día condenan al exilio. Desde entonces el hecho de no considerar
nuevas solicitudes y la reducción de las cuantías ha hecho que cada mes hayan sido menos los jóvenes que se hayan podido beneficiar de las mismas, hasta la consagración de su eliminación total a partir de este momento, justo cuando más dificultades
tienen y más apoyo necesitan las y los jóvenes. Les he escuchado unas cuantas justificaciones para hacerla desaparecer; que si las recibía gente que pagaba luego alquileres muy altos, que si van a poder sustituirlas por las ayudas que contempla
ahora el nuevo Plan de vivienda, etcétera. Les he escuchado tantas justificaciones como irrealidades de las que hablan. No han contemplado las diversas modalidades en las que los jóvenes se pueden emancipar, como compartiendo piso, que hacen que
las rentas tengan que ser más elevadas. Desde luego no es verdad que vayan a poder sustituir unas ayudas por otras. Ustedes reducen el nivel de renta por el que se puede acceder a las ayudas, reducen la cuantía de las ayudas, reducen la ayuda
mensual. No se puede cambiar una cosa por otra. Una vez más la única opción de los jóvenes para emanciparse será huir. Del mismo modo suprimen el reconocimiento de ayudas a la subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones,
prórrogas, subrogaciones o cualquier otra actuación protegida de los planes estatales. Van contra aquellos que promovieron vivienda social o aquellos que tuvieron que acceder a vivienda social mediante este tipo de ayudas. ¿Qué quieren que les
diga ya?


En lo que se refiere a préstamos, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tienen muy demostrado dónde están sus prioridades, sus intereses reales. En esta ocasión la burla es doble pero no tiene ninguna gracia; no solo aprovechan
una ley que nada tiene que ver para derogar la ayuda sino que además le aplican un claro carácter retroactivo cuando fueron ayudas concedidas para un periodo de quince años con renovaciones automáticas. Esto no solo genera inseguridad jurídica a
los afectados, les obliga además a asumir unos costes que no tenían previstos, lo que puede imposibilitar que hagan frente al pago de sus deudas por la eliminación de un derecho reconocido con anterioridad por el Estado. Son ustedes los que llevan
directamente a la insolvencia a quienes antes eran beneficiarios de estas ayudas. Y es lo habitual, no han estado dispuestos a acometer una reforma de la regulación hipotecaria que sirviera para reestructurar las deudas, a darle una segunda
oportunidad que impidiera la pérdida de la vivienda. No han acometido la adaptación de los préstamos establecidos mediante los índices de referencia de préstamos hipotecarios, los préstamos IRPH, para posibilitar que la bajada del Euríbor pudiera
beneficiar a miles de ciudadanos y darles un respiro económico, y han aplazado esa decisión hasta octubre de este año. Háganlo ya, no tienen ninguna justificación para no hacerlo. Ahora suprimen un derecho sin el que muchos ciudadanos no notarán
sobre ellos la asfixia de la crisis, notarán sobre ellos la asfixia del Gobierno. Si quieren abrir el debate, si quieren abrir el debate sobre el contenido de la disposición en la enmienda 105, háganlo, discutámoslo aquí, encontremos soluciones
efectivas, pero dejen de burlarse de todo y de todos, no ratifiquen esta enmienda que nunca debió registrarse ni ser aceptada a trámite, ni en el fondo ni en la forma.


Muchas gracias. (Aplausos-Una señora diputada: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.


El señor GARCÍA EGEA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, llevo poco tiempo en esta Cámara, pero creo que el suficiente para darme cuenta de la importancia del 'Diario de Sesiones'. El que les habla, cuando les escuchó y les vio votar en contra de la ley en el debate de totalidad intuía
ya que durante todo el proceso iban a tener la vista y la mente puestas más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. (Rumores). Nuestras palabras no son solo presente; lo que hoy aquí ha dicho la oposición va dirigido también
a las generaciones futuras y serán estas las que leerán y juzgarán esa triste, lamentable e injustificada actitud de la oposición en un tema tan importante como flexibilizar el mercado del alquiler.


Hace unos meses cuando ustedes subían a debatir las enmiendas a la totalidad ya habían decidido votar en contra -porque así se desprendía de las enmiendas presentadas- de cualquier iniciativa en esta materia que tratase de poner orden y
potenciar el mercado del alquiler. La ley que hoy se aprueba definitivamente pretende flexibilizar el mercado del alquiler, hacer que el alquiler sea una opción real para los ciudadanos y no la última alternativa posible para conseguir una vivienda
digna, y a tenor de las

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enmiendas y vetos que han venido presentando ustedes quieren que esta ley contemple todo menos dinamización del mercado del alquiler, libertad entre partes y refuerzo de la seguridad jurídica.


Señorías, es evidente que el mercado de alquiler no funciona. Tienen que salir a la calle, no para agitarla sino para hablar y escuchar al ciudadano, y se darán cuenta de lo que les digo. Bajo argumentos vacíos y recuperados del siglo
pasado, que hemos escuchado aquí esta mañana, sobresale un discurso ambiguo y hueco que expulsa los verdaderos problemas del ciudadano de este debate. España tiene más de tres millones de viviendas vacías y el mercado del alquiler no consigue
despegar debido a la rigidez de este mercado. Si conseguimos flexibilizar y dinamizar, beneficiaremos al conjunto de la sociedad. Basta ya de enfrentamientos. Más libertad en el mercado, y se lo he dicho en muchas ocasiones, equivale a mayor
seguridad jurídica para inquilino y propietario, más y mejores prestaciones para inquilino y propietario y muchas mejoras para ambos, al tiempo que se facilita también el acceso a la vivienda. Creo que es importante que lo tengan claro antes de
votar, porque desde el Grupo Popular apoyamos esta ley creyendo firmemente que dará libertad a los españoles para que tengan oferta de alquiler y compra suficiente y equilibrada y sean ellos mismos los que decidan cómo desean vivir. No pretendamos
hacer de este debate una imposición entre alquiler compra, no pretendamos hacer una imposición para llegar a esa media europea, dejemos que los ciudadanos puedan decidir libremente cómo desean vivir, facilitando mediante leyes adecuadas, como esta,
que esa opción se toma con libertad, información suficiente y sin impedimentos legales. Dejemos atrás el pasado oscuro en materia de vivienda y apoyemos al Gobierno en este cambio en las políticas de vivienda que mejorará sustancialmente este campo
en España.


Entre el conjunto de medidas que van a propiciar el cambio de rumbo en las políticas de vivienda se encuentra el Plan estatal de fomento del alquiler de vivienda y la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 2013-2016, que nace con
un claro objetivo social: la concesión de ayudas al mayor número posible de ciudadanos para facilitar una vivienda a los colectivos más desfavorecidos, con un presupuesto inicial de 2.421 millones de euros, como saben. Las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular van en esa línea, señorías, que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan y a quienes lo están pasando verdaderamente mal. Señorías, como les he dicho, y tal y como afirmó recientemente la ministra de Fomento, vamos a pasar
que las 60.000 ayudas en el pasado a más de 133.000; es un cambio sustancial, un cambio muy importante que lamento que ustedes no acierten a extraer de estas enmiendas y de estas medidas presentadas por el Grupo Popular.


Señor Macias, creo que no es cierto lo que usted ha expuesto aquí. Es una interpretación que, bajo mi punto de vista, va demasiado lejos y se aleja de la realidad de esta ley. Las personas con escasos recursos podrán acceder a una vivienda
en alquiler con una financiación de hasta el 40 % de la renta de importe inferior a 600 euros, independientemente de quién sea el propietario y el régimen de calificación de la vivienda.


Señorías, la nueva política de vivienda hace la ley más accesible a quien lo necesita. La portavoz socialista, y quiero recordárselo aquí porque es importante, se ha desmarcado en varias ocasiones, tanto en Comisión como en Pleno, de
posturas y posiciones que en el pasado defendió su grupo pero que hoy es imposible defender. Si ahora piden la dación en pago cuando en el pasado la negaron hasta en diez ocasiones, si ahora piden eliminar cláusulas abusivas cuando en el pasado
votaron en contra de una propuesta del Grupo Popular para su eliminación, estoy en condiciones de afirmar que en el futuro alguien les recordará que en el día de hoy votaron en contra de flexibilizar y dinamizar el mercado del alquiler, poniéndose
en evidencia una vez más con sus contradicciones. El ciudadano no entiende estos debates porque en sus intervenciones, permítanme que se lo diga, impera un relativismo desconcertante que hace un flaco favor a nuestro país. Las políticas
equivocadas del pasado en materia de vivienda las encontramos fundamentalmente entre los años 2004 y 2011, en los que se apoyó, se fomentó y se impulsó la construcción de viviendas y no el alquiler, con 1.720 millones de euros frente a 337; ahí
están los datos. ¿No creen que era necesario un cambio? ¿De verdad no creen que era necesario un cambio? Hoy con su voto van a dejar pasar la oportunidad de enmendar ese error y apoyar nuevas políticas que permitan un futuro próspero a los
ciudadanos.


Esta ley rompe con el intervencionismo del Estado. Sé que hay mucha gente que quiere tutelar, dirigir e imponer al ciudadano, pero esta ley rompe con el intervencionismo del Estado y permite una mayor libertad entre las partes, favoreciendo
medidas que aumentan la seguridad jurídica en la relación contractual del alquiler. Me sorprenden las conclusiones de muchos de ustedes. El aumento de la seguridad jurídica, clarificar la relación entre las partes, tostar las de mayor libertad,
ustedes lo traducen en debilitar la posición de los inquilinos en la relación arrendaticia. Incluso, han llegado a afirmar que se avanza hacia

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un gravísimo retroceso en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con estos planteamientos del siglo pasado? El ciudadano de hoy ha superado esos prejuicios ideológicos que todavía
algunos mantienen en esta Cámara. Esta ley no trata de enfrentar a inquilino y propietario. Trata de dar seguridad jurídica para que uno y otro puedan entenderse y conseguir los fines que persigue esta relación; por un lado, el alquiler de una
vivienda y, por otro, la satisfacción de una renta.


Creemos firmemente que los poderes públicos no deben dedicarse a imponer alquiler o compra, sino que deben ser los ciudadanos -como le he dicho antes- los que tomen esa decisión por ellos mismos. Según datos recientes, un 17 % de personas
viven en alquiler frente a un 30 % en la Unión Europea. No potenciamos la compra o el alquiler sino que sean los ciudadanos los que decidan. Creemos que esta ley, junto con las enmiendas introducidas, va en el camino por el que discurren las
nuevas políticas de vivienda en este país, y se ha notado el cambio señorías, y ustedes lo han notado. En nada se parecen estas políticas a las ejercidas por el Gobierno anterior. En este nuevo camino, la flexibilización del mercado de alquiler,
la protección al deudor hipotecario, la rehabilitación, la regeneración y la rehabilitación urbana son pilares fundamentales dentro de ese paso importantísimo que hoy vamos a dar en este Pleno.


Señorías, aquellos grupos que voten en contra de esta ley se sitúan automáticamente a favor de mantener una situación y una ley actual de alquiler que no ha funcionado ni funcionará en el futuro. Por ello, quiero terminar confiando en que
rectifiquen, porque en caso de que mantengan su voto negativo a esta ley el tiempo les quitará la razón y el 'Diario de Sesiones' estará ahí siempre para recordárselo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Egea.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/00035).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 julio,
de residuos y suelos contaminados. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente desde el escaño solamente para mostrar la posición de mi grupo que se va a abstener en estas enmiendas, tal y como lo hizo en el Senado, cuando creíamos que podrían ser aceptadas algunas de ellas. Aquí se dio el caso de que
no fueron aceptadas y en el Senado fue lo mismo. La cerrazón que está teniendo últimamente el Partido Popular con muchas leyes, en las que consideramos que hay cuestiones que siendo puramente técnicas -porque el sector así lo pide- mejorarían el
proyecto de ley, está llevando a que muchos partidos, aparte de quedarnos bastante perplejos con las actitudes que están teniendo, optemos en este caso por la abstención, porque el voto no puede ser en contra, ya que la ley es necesaria al tratarse
de la trasposición de una directiva y la necesitamos. Sin embargo, la actitud del Grupo Popular o del grupo del Gobierno está siendo como para votar no a todo lo que se presente en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Quiero brevemente unirme a los comentarios de algunos grupos en cuanto a cómo está siendo el desarrollo de estos proyectos de ley y en cuanto a la nula voluntad del Grupo Popular a aceptar las enmiendas presentadas por mi grupo -que doy por
defendidas- y por otros grupos. Quiero anunciar que por ser una trasposición y porque básicamente estábamos de acuerdo en todo el texto, votaremos afirmativamente.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

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Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.


En el mismo sentido nosotros nos vamos a abstener, son enmiendas de carácter técnico, pero queremos mostrar también nuestro rechazo a cómo se ha tramitado esta ley, sin voluntad de diálogo y sin voluntad de incluir y convertir esta ley en un
proyecto mucho más ambicioso. Una ley de prevención y control de la contaminación entendíamos que podía ir mucho más allá, porque nuestro país tiene mucho camino que recorrer en ese sentido. Es una trasposición técnica de la ley, pero incluye
ciertos peligros. Por eso ya mostramos nuestras reticencias cuando se admitió a trámite y en el debate en Comisión y por eso hoy nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


También intervendré brevemente, pero es necesario que suba a la tribuna porque quiero manifestar dos datos importantes. Trasponemos la Directiva europea sobre las emisiones industriales, aprobada en 2010, lo hacemos tarde, pero lo hacemos.
Es un proyecto importante, no sustituye solo una ley, sino que agrupa directivas, agiliza trámites administrativos; por tanto, mejoramos y aumentamos los requerimientos ambientales para fijar los criterios para de una forma integral prevenir y
controlar las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo. Sin embargo, vamos a votar en contra del apartado 16. Creemos que el texto -según nos dijeron- tenía que trasponer directamente lo que ponía la directiva europea. Nosotros pedimos en
algún apartado importante sobre gestión administrativa flexibilizar un calendario, que creemos posible, para que dentro de los plazos asumibles las administraciones ambientales competentes pudiesen realizar la gestión para la renovación de las
autorizaciones ambientales. Aunque hablamos con los portavoces del Grupo Popular, se lo expresamos y vimos voluntad, en ningún momento aceptaron la enmienda que presentamos aquí en el Congreso y en el Senado. En cambio en este apartado 16 hay una
palabra que es 'límite', que está en la directiva europea, pero que, al trasponerla a nuestra ley, en el Senado ha desaparecido. Votaremos que no en sentido de queja, porque no entendemos que esa trasposición pueda tener dos criterios diferentes
ante situaciones semejantes. Que sea a partir del 7 de enero de 2014, que es lo que pone la directiva europea, y no antes de esa fecha, nos permite, de acuerdo con la directiva europea, de forma muy coherente -lo explicamos- con la situación actual
de la industria en nuestro país en momento de crisis, proceder a actualizar las autorizaciones ambientales a medida que se vayan revisando, no más tarde de cuatro años después de la publicación del documento de conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles de la actividad principal.


Tenemos otro ejemplo que no vamos a votar aquí, pero al que quiero hacer referencia porque es una enmienda que no se ha aceptado en el Senado, de alguna actitud de este tipo. En algunos apartados del texto que se van a incorporar con las
enmiendas aprobadas por el Grupo Popular han cambiado la referencia a cuencas intercomunitarias por la de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. Tanto la Constitución como el texto refundido de la Ley de Aguas se refieren a
las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma y a las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola comunidad autónoma. Es decir, la Constitución y la legislación básica estatal en materia de aguas utilizan como
criterio de distribución de las competencias el carácter de la cuenca y no al sujeto que realiza los actos de gestión. Ello es así porque el carácter intercomunitario de la cuenca no comporta que necesariamente su gestión corresponda al Estado. De
hecho, el texto refundido de la Ley de Aguas contempla expresamente como uno de los principios rectores de la gestión de las aguas en su artículo 14 la desconcentración y la descentralización junto al principio de unidad de gestión. Es decir, la
legislación recoge la posibilidad de que existan otras administraciones que puedan realizar actos de gestión en cuencas compartidas, de manera que la unidad de la cuenca no exige un único ente de gestión.


No hemos recibido ninguna explicación a las preguntas que hemos realizado. Por tanto, señorías, como trasposición, ningún problema; creemos que es una buena medida que tiene que llegar, pero no podemos dejar de mostrar nuestro desacuerdo
con su utilización para barrer hacia el Gobierno central. No permitir la flexibilidad necesaria y justa a las comunidades autónomas es otro nuevo ejemplo del trato que les tienen reservado. Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla y León, la
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, todas ellas con la mayoría de industrias afectadas por esta decisión, tendrán dificultades

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administrativas, y cuando aparezca el problema, como siempre, deprisa y a destiempo, tendremos que buscar soluciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.


Lo cierto es que vistas las intervenciones que se han planteado, con tanta brevedad, la tentación que uno tiene es también despachar la cuestión con la misma celeridad, porque quiero advertir que esta ley que hoy termina su tramitación no
tuvo ningún tratamiento en este Pleno. Fue todo un trámite en Comisión tremendamente veloz, ponencia de cinco minutos, Comisión que se liquida rápido. Podríamos culminarla igual, pero daría muy poca seriedad respecto de lo que aquí hacemos y de lo
que tratamos de informar, así es que quisiera referirme a algunos detalles para entender qué es lo que se ha traído hoy aquí. Además, creo que es una parte más de la obra legislativa del Partido Popular en materia medioambiental que refleja una vez
más su concepción, de modo que este no es un tema aislado. Viene a reflejar el conflicto que tiene el Partido Popular en creer que el medio ambiente es un obstáculo para la competitividad económica, para el crecimiento económico y por lo tanto se
trata de hacer este país más competitivo por la vía de la precariedad, y en este caso el medio ambiente tiene muy poco que hacer. No hay ninguna atención al cambio climático. Sabemos que esto tiene que ver con las profecías mayas, según el Partido
Popular, y así es todo el relato en materia de medio ambiente.


Quiero recordar, como se ha dicho aquí, que este proyecto de ley obedece fundamentalmente a la trasposición de una directiva, la 2010/75 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que entendiendo que existe una obligación ineludible de
trasponer esta directiva nuestro grupo no planteó ninguna enmienda a la totalidad del proyecto. Ahora bien, el plazo de trasposición venció el 7 de enero y hay que señalar que el Gobierno no ha sido especialmente diligente en el cumplimiento de
estos plazos. La primera reunión y los primeros borradores de este proyecto de ley se plantearon ya en el año 2011. No se entiende, pues, que se haya demorado tanto el trámite de esta ley hasta la entrada en esta Cámara -que sí, a partir de ahí
todo fue urgente- cuando otras leyes que no tenían esa prioridad, esa urgencia, esa necesidad, como la reciente Ley de Costas, sin embargo se han antepuesto a esta directiva cuyo plazo de trasposición, como digo, venció el 7 de enero.


El Consejo de Estado ha emitido un dictamen con respecto a la ley en un sentido crítico que compartimos y refiere el hecho de que, aunque no sea preceptivo, dada la relevancia de esta norma, que tiene mucho contenido técnico y sin embargo un
efecto económico relevante -afecta a más de 6.000 empresas contaminantes-, lo normal es que hubiera habido un informe del Consejo Económico y Social. La memoria económica que acompaña al proyecto es claramente insuficiente, se refiere solamente a
aspectos presupuestarios y no hace ninguna previsión de los impactos económicos que puede tener esta actividad industrial.


Con respecto al contenido, quiero señalar que, pese a que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo por homogeneizar la normativa medioambiental, aquí se ha desactivado rápidamente por la introducción de elementos que creo que anulan claramente
este esfuerzo, tres elementos que son, en primer lugar la flexibilización para la autorización de las emisiones contaminantes. Hay un límite, pero aquí hay un gran número de excepciones para flexibilizar esto atendiendo a los daños económicos que
puede suponer limitar la acción contaminante.


En segundo lugar se abre de modo conscientemente indefinido la posibilidad de privatizar la inspección medioambiental. Esto también es una característica de la obra legislativa del Partido Popular, abrir la privatización allá por donde se
pueda. Se quiere desmantelar la Administración, privatizarlo todo, la sanidad, la educación, los montes, el agua, las costas, la vigilancia penitenciaria, las tareas del Registro Civil y aquí la inspección medioambiental. Habría que preguntarse si
también podemos privatizar la inspección de trabajo de la Seguridad Social, si podemos privatizar la inspección tributaria... Si esto parece que no, no sé por qué lo medioambiental tiene tan poca relevancia. El Consejo de Estado se pregunta quién
controlará a las empresas que inspeccionan, quien inspeccionará a las empresas que a su vez inspeccionan, y ha llegado a acuñar una frase que habla de huida del derecho administrativo.


En tercer lugar, es un proyecto que, pese a todas las exigencias en materia medioambiental, obstaculiza la transparencia, la información, impide el acceso por medios electrónicos -aunque estemos en 2013 e

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Internet esté totalmente extendido- y tampoco hay posibilidad de instar inspecciones o denuncias por organizaciones y particulares de posibles incumplimientos de la normativa de contaminación.


Este grupo presentó dieciséis enmiendas, todas rechazadas en la línea habitual. Ahora el proyecto viene autoenmendado, el Senado es una Cámara de segunda oportunidad para el Partido Popular, pero ninguna enmienda tiene significación, es
cierto: es cambiar lo que antes era a), b), c), d) por, ahora, 1), 2) y 3). También se introduce alguna cuestión de corrección de estilo y se ve que el Senado hace esa gran aportación a este proyecto de ley. Como no hay nada significativo, no
tengo nada que decir al respecto, porque no afecta para nada a la ley. Por lo tanto, nuestra posición en ese sentido será la misma que mantuvimos en esta Cámara, que fue la de la abstención, porque, aunque no nos gusta este proyecto de ley, no deja
de ser una trasposición de una normativa de la Unión Europea.


Antes de concluir quiero hacerles una reflexión, porque la Organización Mundial de la Salud en su informe para Europa advierte que un 20 % de las muertes registradas pueden ser evitables con una intervención ambiental adecuada. Parece que
hablamos de algo extraño en este debate, pero no, esto tiene una afectación tremenda en la salud de la gente, la gente se muere por esto, entre otras cosas, pero también de esto. Aproximadamente un 19 % de las cuestiones medioambientales afectan a
la mortalidad. En consecuencia, lo que nos tenemos que plantear es el efecto de esto en las condiciones de salud y de vida de la gente, el efecto de todas estas cosas que parecen extrañas, desconocidas. No, esto acaba con la vida de la gente
también y esa creo que es la mayor trascendencia. Sin embargo, parece ser que este país ha apostado por la precarización como una forma de ser competente, basada en el desprecio a la salud y a las condiciones de vida de los españoles. Solamente
tengo que lamentar que esa sea la conclusión de este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ábalos.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mora.


El señor MORA BERNAT: Gracias, señor presidente.


Antes de empezar, quiero mostrar mis condolencias por el reciente fallecimiento de nuestra compañera María Jesús Burró.


Señorías, con la aprobación hoy en esta Cámara de las enmiendas procedentes del Senado finaliza el trámite parlamentario del proyecto de ley que modifica la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados; proyecto de ley que traspone la Directiva europea 2010/75, que refunde en un único texto la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y modifica otras siete ya existentes. Como
consecuencia de esta modificación es preciso armonizar el artículo 27 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados a la nueva regulación de la autorización ambiental integrada, modificación que alcanza también al reglamento de prevención y control
integrados de la contaminación.


Este proyecto ha recibido un informe favorable del Consejo de Estado, asimismo ha sido sometido a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en conferencia sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente, integrado
-como bien saben sus señorías- por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios. Después de ser tramitado por estos organismos, enjuiciar si falta que sea valorado por algún otro creo que es intentar desorientar a la ciudadanía.


Desde algunos grupos se ha criticado la tardanza en la tramitación de este proyecto de ley y ahora el Gobierno del Partido Popular debe tramitarlo de urgencia, ya que cumplir con la legislación vigente es una obligación, y esta nos daba dos
años de plazo a partir de enero de 2011. Les recuerdo, señorías, que las elecciones fueron en noviembre de 2011 y se trata de un proyecto de ley muy técnico en el que se ha intentado consensuar con todas las comunidades autónomas y con todos los
sectores implicados dentro del plazo exigido. Además, se ha elaborado simultáneamente con el real decreto de ejecución y desarrollo. Pero aun así, muchos portavoces se han quejado de que no les daba tiempo, a pesar de que en esta Cámara se amplió
el plazo de enmiendas. No son muy congruentes sus señorías. ¿Cómo se atreven además a hablar de retrasos habiendo dejado el anterior Gobierno un desbarajuste dentro del Ministerio de Medio Ambiente con un gran número de procedimientos en curso por
parte de la Unión Europea por numerosos incumplimientos de normativas europeas?


Los objetivos que se pretenden con este proyecto de ley son garantizar la eficacia legislativa en términos medioambientales, simplificar y unificar la normativa en materia de emisiones industriales y

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evitar los costes administrativos innecesarios. En definitiva, son los objetivos anunciados por el ministro de Medio Ambiente en su comparecencia en esta Cámara. Se simplifica y se esclarece la tramitación administrativa aplicando el
programa comunitario de la estrategia de Lisboa para la simplificación de la legislación y su consecuente reducción de cargas administrativas. Se recoge de esta manera el clamor popular de garantizar una mayor celeridad en la tramitación de las
autorizaciones ambientales integradas.


Desde el Grupo Popular tenemos la convicción de que con esta ley estamos dando un paso hacia delante en varios aspectos. Se incentiva la gestión y el uso eficiente de los recursos, se minimizan las gestiones de residuos, se intenta reducir
el consumo de combustibles fósiles y a su vez mejorar el rendimiento de las empresas, consiguiendo así nuevas posibilidades para las empresas españolas, realzando de esta manera su competitividad y generando nuevos puestos de trabajo que ayuden a
mejorar la economía del país. Se trata por tanto, señorías, de una clara apuesta por la sostenibilidad.


Señorías, con esta ley se fomenta la innovación técnica porque cada industria no podrá superar unos valores límites de emisión fijados por la norma, los cuales se podrán reducir o no superar a través de las mejores técnicas disponibles.
Ello alentará a las industrias a investigar, desarrollar e innovar para proteger el medio ambiente, lo cual repercutirá en la mejora de la salud humana y hará que esas industrias sean más eficientes. Como consecuencia tendremos industrias más
seguras, más eficaces y competitivas con el objeto de minimizar el consumo de combustibles fósiles del que tanta dependencia hay en la Unión Europea y sobre todo en España. En relación con la protección del suelo y de las aguas subterráneas, se
establecen normas relativas al cierre de las instalaciones. Para ello se incorpora, entre la documentación necesaria para solicitar las autorizaciones ambientales integradas, la presentación de un informe base o un informe de situación de partida
como instrumento que permite en la medida de lo posible realizar una comparativa cualitativa entre el estado del emplazamiento de la instalación y el estado de dicho emplazamiento tras el cese definitivo de las actividades.


El Grupo Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural han desarrollado su debate sobre este proyecto de ley basándose en su interpretación del artículo 29 relativo al control, inspección y sanción, donde establece que los órganos competentes
en materia de inspección podrán designar a las entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada para la realización en su nombre de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos, pero no es una
interpretación con el objeto de mejorar la ley, sino que intentan desviar la atención de los ciudadanos con la idea de que se quiere privatizar.


Señorías de la izquierda, olviden sus obsesiones, olviden su eslogan tan socorrido que aplican en todos sus discursos con el que pretenden engañar a los ciudadanos. En esta ley no se está hablando de privatizar, en esta ley de lo único que
se habla es de una cooperación público-privada en la que haya organismos de control autorizados, que pueden ser públicos y/o privados. En muchos procesos de tipo industrial o energético existen organismos de control homologados y autorizados cuya
finalidad es la de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditorías. Ustedes lo que pretenden es
cuestionar la profesionalidad de los trabajadores de ambas empresas, tanto de la inspeccionada como de la inspeccionadora, que sería tanto como dudar de la profesionalidad de los funcionarios que examinan, supervisan e inspeccionan el trabajo
realizado por estas empresas.


Hay una cierta preocupación por parte de Convergència i Unió sobre los plazos y las fechas en que se debe aplicar la normativa. A los efectos de garantizar la trasposición adecuada de la directiva, se establece un procedimiento de
actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud de lo cual el órgano ambiental competente de oficio comprobará mediante un procedimiento simplificado la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva directiva. Se
establece como fecha límite para la actualización de las autorizaciones el 7 de enero de 2014, cierto es, pero, tras el proceso de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, estas se revisarán siguiendo las nuevas pautas en materia de
revisión que esta ley incorpora.


El objetivo final de este proyecto de ley es el de poner la legalización en consonancia con el desarrollo económico y tecnológico y reducir al mínimo las distorsiones de competitividad en la Unión Europea. Este proyecto de ley está basado
en la prevención de las emisiones y en la protección del medio ambiente, evitando las emisiones a la atmósfera, al suelo y al agua, y en el principio de que quien contamina paga. Por eso, en las concesiones de las autorizaciones ambientales
integradas y en las autorizaciones industriales, se fija a las empresas concesionarias unos requisitos económicos con los que puedan responder en un futuro si hubiera algún percance. Se trata de evitar, reducir y eliminar en la medida de lo

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posible la contaminación derivada de las actividades industriales que suponen una gran aportación al producto interior bruto español.


Señorías, espero que voten a favor de este proyecto de ley, ya que responde a la necesidad de obtener mejoras ambientales y para la salud pública, asegurando al mismo tiempo la rentabilidad y fomentando la innovación técnica, cuestiones con
las que creo que es muy difícil estar en contra. En definitiva, señorías, y voy concluyendo, señor presidente, la ley que vamos a aprobar en breve es una muestra más de la clara apuesta que hace el Partido Popular en defensa del medio ambiente y de
la competitividad de nuestra industria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mora.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN PRAIA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000079).


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente
110/000080).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS EN ESPAÑA, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000081).


- TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN, HECHO EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000082).


- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DELITOS SIMILARES QUE SUPONGAN UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA, HECHO EN MOSCÚ EL 28 DE OCTUBRE DE 2011, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de
expediente 110/000083).


- ACUERDO SOBRE UNA ZONA DE AVIACIÓN COMÚN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000084).


- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN, HECHO EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000086).


- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA, HECHO EN ADDIS ABEBA EL 19 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente 110/000087).


El señor PRESIDENTE: En cuanto al punto octavo del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, números de expediente del 110/000079 al 110/000084 y 110/000086 y 110/000087,
ningún grupo ha manifestado su intención de intervenir, por lo que propongo al Pleno que los demos aprobados por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento). Así queda hecho.


Como dije al principio de la sesión que las votaciones serían a partir de las once, se suspende el Pleno, que se reanudará a las once para llevar a cabo las mismas.


Eran las diez y veinticinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las once y diez minutos de la mañana.

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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000012).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por los portavoces de los grupos se me ha hecho llegar una declaración institucional, que procedo a leer: Hay mujeres que siguen muriendo por violencia de género. Otras siguen sufriendo en su vida y en la de
sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas, y viven demasiadas veces en silencio un infierno del que es muy difícil escapar. Desde el Congreso de los Diputados no olvidamos esta tragedia, y denunciamos esta situación para que no quede en
el olvido. Después del asesinato de tres mujeres en cuarenta y ocho horas, por ellas y por todas las víctimas anteriores reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo
con sus familias.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados puestos en pie).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO ANTE LAS RESPUESTAS SOCIALES. (Número de expediente 173/000083).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.


Tenemos pendiente la votación de las dos mociones que ayer fueron debatidas. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (señor Cuadra), relativa a la postura del Gobierno ante las respuestas
sociales. Se incorpora una enmienda de La Izquierda Plural y con ese texto se vota.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 300; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) Y LA PRESENTACIÓN DE UN NUEVO TEXTO. (Número de expediente 173/000084).


El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la retirada del anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y la presentación de un nuevo
texto. Se vota en los términos de una enmienda transaccional presentada por La Izquierda Plural y CiU.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 139; en contra, 180.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIÓN).


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. En primer lugar votamos la enmienda por la que se modifica el apartado 16 del artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 174; en contra, 39; abstenciones, 108.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


En segundo lugar, enmienda por la que se modifica el apartado 1 y se crea el apartado 5 del artículo 2.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 175; en contra, 24; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda por la que se crea una nueva disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 175; en contra, 142; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 292; en contra, 9; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/000035).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.


En primer lugar, enmienda por la que se modifica el apartado 16 del artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 174; en contra, 18; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 191; en contra, 2; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las once y veinte minutos de la mañana.