CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 888

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO

Sesión núm. 40 (extraordinaria)

celebrada el jueves,

20 de agosto de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (Número de expediente 121/000163).


- De la señora subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Fraile Fabra). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002480) y Socialista (número de expediente 212/002407) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- De la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Camarero Benítez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002479), Socialista (números de expediente 212/002402,
212/002410, 212/002404, 212/002405, 212/002411 y 212/002409), Catalán de Convergència i d'Unió (número de expediente 212/002498) y Mixto (números de expediente 212/002325 y 212/002324) ... (Página14)


- Del señor secretario general de Sanidad y Consumo (Moreno Palanques). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002481) y Socialista (número de expediente 212/002408) ... href='#(Página39)'>(Página39)


- De la señora delegada del Gobierno para la Violencia de Género (Hernández Oliver). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002483) y Socialista (número de expediente 212/002403) ... href='#(Página59)'>(Página59)


- Del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Babín Vich). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002482) y Socialista (número de expediente 212/002406) ... href='#(Página75)'>(Página75)

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Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016. (Número de expediente 121/000163).


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (FRAILE FABRA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002480) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/002407).


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. A lo largo de la mañana de hoy vamos a recibir a cinco comparecientes. La primera es la señora subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, doña María Jesús Fraile, a quien doy la palabra.


La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Comparezco en esta Comisión para exponerles un año más las líneas generales del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta vez
para el ejercicio 2016. Comenzaré la presentación efectuando una descripción general del presupuesto global del ministerio desglosada por capítulos, posteriormente explicaré con detalle las partidas del área que represento como subsecretaria y, por
último, haré una breve referencia a las distintas políticas de gasto del departamento, políticas que explicarán con detalle la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y el secretario general de Sanidad y Consumo en su comparecencia en
esta Cámara, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias. Es importante poner de manifiesto que este proyecto cierra el ciclo de la presente legislatura y no hace sino constatar que la recuperación económica es un hecho, y así se refleja
en las materias de índole social, como son las que integran las comparecencias del departamento al que represento. El proyecto de presupuestos que hoy vengo a presentarles nos va a permitir afrontar con garantía las nuevas acciones que en materia
de sanidad, servicios sociales e igualdad se incluyen en los mismos, como son la mejora constante de los proyectos en ejecución y un notable refuerzo de las garantías para los ciudadanos en estas materias tan esenciales, todo ello, obviamente, sin
perjuicio del compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria.


El proyecto de presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el ejercicio 2016 asciende 2.021.760.000 euros, de los cuales 2.016.680.000 euros corresponden al presupuesto no financiero y 5.083.000 euros al
presupuesto financiero, en concreto al capítulo 8, de activos financieros. Esto supone un incremento en el presupuesto total del 5,05% respecto del presupuesto inicial del ejercicio 2015 y una variación neta de 97.218.000 euros. Una vez
identificadas las cifras globales del departamento, es necesario tener en cuenta algunos ajustes técnicos y actuaciones administrativas que han condicionado la elaboración del proyecto de presupuestos de 2016 y que hacen necesario homogeneizar un
año más el presupuesto inicial del ejercicio en curso, para hacer una comparación homogénea de las cifras. Esto nos lleva a la conclusión de que el incremento real en cuanto a la capacidad de gasto es mayor del señalado, todo ello derivado de que
en el próximo ejercicio se continuará la senda de los procesos de racionalización administrativa que se han impulsado al inicio de esta legislatura. A estos efectos, en 2016 se destinarán 5.600.000 euros de nuestro departamento: por un lado,
4.670.000 euros del departamento y, por otro, 920.000 de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, culminando de esta manera diversos procedimientos de centralización de la contratación de servicios por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Se trata de partidas correspondientes a servicios postales, telecomunicaciones, seguridad y limpieza de edificios, que se han ido incorporando ya en parte en el presente ejercicio a los procedimientos de
contratación centralizada gestionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con objeto de mejorar la eficiencia de los mismos y obtener unas adjudicaciones con precios más favorables para la administración. Estos ajustes a la
baja han afectado a los programas de la subsecretaría, a los de los organismos autónomos y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por lo tanto, como he
señalado, en términos homogéneos, el crecimiento neto del presupuesto del ministerio es de 101.888.000 euros, un 5,3 % más que en 2015, ya que en el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 se ha reflejado parte de nuestro presupuesto en la
sección 31 para atender el coste de la centralización de la contratación de los servicios mencionados. Esto supone un importe, en términos absolutos, de 4.670.000 euros que debemos detraer de las cifras del

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ejercicio 2015, para realizar una comparación homogénea. Adicionalmente a las cifras del presupuesto no financiero, habría que añadir los compromisos adoptados por el Gobierno respecto a las retribuciones de los empleados públicos, según
fue anunciado por el Ministerio de Hacienda en su presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, los cuales aparecen reflejados en la Sección 31, de Hacienda, y que elevarían el incremento de nuestro presupuesto hasta el 6 %.


Señorías, ahora pasaré a realizar un pequeño análisis de las variaciones más importantes del presupuesto por capítulos. En concreto, el capítulo 1, dedicado a los gastos de personal, con una dotación de 51.130.000 euros, se mantiene estable
respecto a la cantidad aprobada para 2015, sin perjuicio de algunos ajustes internos entre programas y partidas, garantizando de esta manera el mantenimiento de los recursos humanos adecuados para la prestación del servicio público que tiene
encomendado el departamento al que represento. La plantilla de los empleados públicos de este departamento no ha experimentado significativas variaciones desde el ejercicio 2014, cuando se produjo la reestructuración administrativa recogida en la
Ley de Racionalización del Sector Público. Por otro lado, las dotaciones y ajustes entre los diversos artículos del capítulo 1, comparando 2015 y el proyecto para 2016, se han modificado adaptándose de un modo más preciso a la naturaleza de los
gastos que se presupuestan en él, sin que ello afecte al importe global de este capítulo, que permanece sin variaciones. Y aunque no figura en el proyecto de presupuestos de este departamento, también hay que tener en cuenta el incremento de
12.450.000 euros derivados de las últimas decisiones en materia de personal adoptadas por el Gobierno. Estas se traducen en la actualización de las retribuciones al 1%, la restitución del 50% de la paga extra de los empleados públicos y en una tasa
de reposición del 100% para sectores prioritarios tanto sanitarios como sociales y del 50 % para el resto, según transmitió a primeros de agosto el ministro de Hacienda en su presentación de estos presupuestos. En todo caso, señorías, esta
propuesta de dotación para el capítulo 1 garantiza la atención de los derechos retributivos y otras obligaciones sociales correspondientes a todos los empleados del departamento.


Por su parte, el capítulo 2, dedicado a los gastos en bienes corrientes y servicios, con una dotación de 41.947.000 euros, disminuye en 3.761.000 euros respecto al presupuesto inicial de 2015. Esto supone un descenso del 8,23 %, que deriva
de los procesos de centralización de la contratación ya mencionados y de los dos pequeños ajustes en los programas de violencia de género y en el de la secretaría general técnica, que se distribuyen en distintas partidas del capítulo 4 de sus
propios presupuestos. No obstante, en términos homogéneos, el presupuesto de este capítulo prácticamente no disminuye y se mantiene igual que en el ejercicio anterior. Solamente se produce una pequeña bajada de un 0,59 %.


Respecto al capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, dotado con un importe de 1.888.216.000 euros, se incrementa en 107.190.000 euros, es decir, un 6 % más, motivado principalmente por el aumento de la transferencia al Imserso,
la cual se incrementa en 75.140.000 euros. Esto significa que destinamos un 5,8% más de financiación a reforzar las políticas sociales y, fundamentalmente, a dar mayor cobertura al mínimo garantizado en el sistema de ayuda a la autonomía y a la
atención a la dependencia, al incluirse desde el 1 de julio en el sistema a las personas con grado uno, de dependencia moderada. De igual manera, cabe destacar en este capítulo que en el área de Servicios Sociales e Igualdad se incrementa la
partida presupuestaria que fue creada para el presente ejercicio como compromiso del Gobierno en su apoyo a la familia e infancia, la cual alcanza una dotación de 48 millones de euros para 2016, frente a los 32 millones de presupuesto para 2015, lo
que implica que se ha incrementado la dotación en un 50 % respecto del ejercicio actual, es decir, 16 millones de euros más. Asimismo, se incluye en el presupuesto para 2016 como novedad un crédito de 1.900.000 euros que irán destinados a los más
desfavorecidos en cumplimiento del programa operativo del Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas, más conocido como Programa de Alimentos, del que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección
General de Servicios para la Familia y la Infancia, es, junto con el Fondo Español de Garantía Agraria, organismo intermedio de gestión del programa operativo. El importe total de este fondo para España en el periodo 2014-2020 es de 662.835.000
euros, de los cuales el 5 % del importe asignado en dicho programa para compra de alimentos, es decir, 30.640.000 euros, se dedicará a las medidas de acompañamiento, cuya gestión es competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Por otra parte, en el programa contra la violencia de género, las transferencias de este capítulo 4 se incrementan 1.737.000 euros, destacando el aumento de las ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género.
Concretamente, se incrementa en un millón de euros la transferencia a comunidades autónomas para programas de asistencia social integral a mujeres víctimas de violencia de género y en más de 707.000 euros la transferencia para ayudas sociales a
estas mujeres

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derivadas de la Ley Orgánica de Violencia de Género. En materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el departamento ha aumentado su transferencia al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en un millón de
euros, aunque el reflejo en el presupuesto es de 712.600 euros, al descontar el importe de la centralización que le corresponde, que asciende a 287.400 euros. También, en lo referente al Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), las transferencias
corrientes del departamento experimentan un incremento neto de 8.136.000 euros para garantizar y reforzar los servicios sanitarios en Ceuta y Melilla, si bien se reduce su transferencia de capital en el capítulo 7, como explicaré a continuación. Y,
por último, para cumplir con las obligaciones de España respecto al recientemente aprobado programa europeo de reasentamiento y reubicación de refugiados, se ha incluido en el presupuesto para nuestro departamento una nueva partida de transferencias
corrientes destinada a comunidades autónomas por un importe de 1.750.000 euros en el programa 313.A, de prestaciones sanitarias y farmacia.


En cuanto al capítulo 6, que recoge las inversiones reales y dispone de una dotación presupuestaria de 17.161.000 euros, se incrementa un 2,57 % en relación con el presupuesto de 2015, lo que supone 430.000 euros de aumento. En este
capítulo, y como novedad, se destinarán 500.000 euros para financiar inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios de sanidad exterior en sus competencias respecto al control sanitario de bienes y viajeros en fronteras.


En cuanto al capítulo 7, relativo a las transferencias de capital, con una dotación de 18.220.000 euros, experimenta una reducción del 26,71 %, lo que supone 6.640.000 euros menos. En realidad, la disminución de este capítulo se debe a
ajustes internos, y, por citar alguno de ellos, señalaré el cambio de la forma de gestión de la transferencia de 3.575.000 euros para la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitarias, que la Dirección General de Salud Pública
efectuaba al Instituto de Salud Carlos III y que ahora se transferirá directamente a las comunidades autónomas, así como la disminución de la transferencia al Ingesa en un millón de euros y la disminución en 1.306.000 euros de la transferencia a
comunidades autónomas para sistemas de información.


Y, por último, el capítulo 8, relativo a los activos financieros, que no experimenta ninguna variación y cuya partida más significativa corresponde al Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del sistema
de atención a la dependencia, con 5 millones de euros, y además recoge una pequeña partida destinada a los préstamos y anticipos otorgados a los empleados públicos del departamento, por importe de 83.380 euros.


A continuación, señorías, desarrollaré las partidas correspondientes al programa presupuestario que gestionan tanto la subsecretaría como la secretaría general técnica. Este alcanza los 50.565.000 euros, lo que supone una disminución
porcentual de 6,9 % respecto al ejercicio corriente por efecto de la minoración de créditos motivados por la centralización, por lo que en términos homogéneos la disminución es solo de un 0,48 %. Señorías, casi la mitad del crédito del programa
correspondiente a la subsecretaría, 24.049.000 euros, van destinados a gastos de personal. En el capítulo 1 se observa una minoración de 240.000 euros entre el presupuesto de 2015 y el proyecto de 2016, que en términos porcentuales representa una
variación negativa del 1 %. Dicha minoración es resultado, por un lado, de la reducción de dotaciones destinadas al personal laboral de todo el departamento, puesto que es en el ámbito de la subsecretaría donde se concentra el mayor número de este
tipo de empleados públicos, y, por otro, de los incrementos que se producen en las dotaciones destinadas a personal de funcionarios y cuotas sociales. Como les he comentado, esa pequeña disminución es derivada de ajustes internos dentro del propio
programa. Igualmente, me gustaría hacer mención al impacto en el mismo de la oferta de empleo público, puesto que desde este se debe retribuir a los funcionados nombrados en prácticas en cuerpos y escalas adscritos al departamento, y que en 2016
probablemente sean en un número superior a 90, que se incorporarán a partir del segundo semestre como funcionarios de carrera de nuevo ingreso, bien en el ministerio, bien en las áreas con dependencia funcional de carácter sanitario de la
Administración periférica del Estado. Estas incorporaciones, además de los nuevos efectivos de la Administración General del Estado que se pueden producir durante el ejercicio 2016, compensarán el ritmo de las jubilaciones de los últimos años y
abren un nuevo ciclo de renovación de la plantilla. En definitiva, la dotación del capítulo 1 de este programa está plenamente ajustada a las necesidades reales de la plantilla correspondiente de toda la subsecretaría y a la cobertura de todos los
gastos de carácter horizontal gestionados desde este centro directivo con impacto en otros programas del departamento.


El capítulo 2 de la subsecretaría, con una dotación de 16.563.000 euros, experimenta un descenso neto de 3.543.000 euros, lo que supone un 17,62 % menos respecto al ejercicio corriente. Y como ya

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sucediera el año pasado, ha sido necesario ajustarlo a las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, sobre la centralización de la contratación de los servicios, que ya he comentado anteriormente.
La incidencia de esta centralización supone en el presupuesto de la subsecretaría para 2016 3.508.000 euros menos, con el siguiente desglose en función de las distintas fechas de incorporación al procedimiento centralizado: telecomunicaciones,
145.950.000 euros; servicios postales, 9.619 euros; limpieza, 2.217.000 euros, y seguridad, 1.135.373 euros. Por otro lado, la dotación más importante de este capítulo se refiere a las partidas destinadas a las tecnologías de la información y de
la comunicación, que ascienden a 7.964.000 euros, incluidos 1.274.000 euros de telecomunicaciones, que todavía se mantienen por no estar completado el proceso de centralización de su contrato. Estos créditos cubren los gastos recurrentes para la
operación y el mantenimiento del hardware y el software de todas las aplicaciones del ministerio, incluidos el nodo central de intercambio de datos del Sistema Nacional de Salud y los mecanismos de interoperabilidad, de información clínica y
administrativa.


En cuanto al capítulo 4, relativo a las transferencias corrientes, la subsecretaría, a través de la secretaría general técnica, ha experimentado un aumento de 34.640 euros, lo que supone un incremento del 1,75 % en relación al ejercicio
vigente derivado de un ajuste de su propio capítulo 2. Dicho incremento es necesario por el aumento de los importes de las cuotas internacionales, en parte debido a las variaciones al alza del dólar en aquellas contribuciones que se efectúan en
esta moneda, como es el caso de la Organización para el Desarrollo de Estándares Internacionales en Terminología de la Salud. En cambio, las partidas referentes a la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social se
mantienen sin variación en relación con el ejercicio 2015, igual que en ejercicios anteriores.


En cuanto al capítulo 6 de la subsecretaría, se mantienen para 2016 en las mismas cifras que en el presupuesto del ejercicio actual los gastos de inversión, y se ha dotado con 7.833.000 euros. Estos créditos permitirán realizar, entre
otras, las siguientes actuaciones: completar el sistema de tarjeta sanitaria interoperable para incluir a las mutualidades de Muface, Isfas y Mugeju y mejorar los procesos de sincronización con el INS; desarrollar la interoperabilidad del sistema
de receta electrónica, con la previsión de que se incorporen cinco comunidades autónomas a este sistema en 2016; continuar la evolución del proyecto de historia clínica digital para incluir a más centros profesionales de otros países de la Unión
Europea; el desarrollo de nuevas funcionalidades que den soporte a las actuaciones de sanidad exterior tanto en frontera como en labor inspectora; la implantación de una herramienta para la estratificación y la gestión de pacientes crónicos; y
también la puesta en marcha y evolución del registro estatal de profesionales sanitarios, entre otros proyectos. La última idea a destacar en este capítulo 6 es que la centralización de los contratos relativos a las comunicaciones aún no ha
concluido, si bien con carácter general será en octubre de 2015, y, particularmente, en lo que afecta a este ministerio, excluidos los organismos autónomos, en enero de 2016, aunque circunscrito al área de servicios sociales.


En relación con el capítulo 7, transferencias de capital, con una dotación de 24.920 euros, permanece invariable en relación al ejercicio corriente. Esta cantidad va destinada íntegramente a la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social.


Y, por último, la subsecretaría gestiona dentro del capítulo 8 una pequeña partida de 83.380 euros destinada a los préstamos y anticipos otorgados a los empleados públicos del departamento.


Señorías, a continuación y muy brevemente mencionaré las grandes líneas de las políticas de gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este sentido, de los 2.021.760.000 euros presupuestados, los créditos destinados
al área de Servicios Sociales e Igualdad en 2016 ascienden a 1.653.987.000 euros, lo que supone un aumento del 6,1% con respecto al presupuesto inicial de 2015, es decir, 95.022.000 euros. Esta área es la de mayor peso específico, el 81,81 % del
departamento, y en ella destacan las partidas dirigidas a financiar las acciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que, con un importe de 1.379.372.000 euros, suponen el 68% del presupuesto total del departamento. Y la partida más
destacada es la asignada a la dependencia, que asciende a 1.252.287.000 euros y que este año atenderá a las necesidades de financiación de la inclusión en el sistema de personas valoradas con grado uno de dependencia moderada, que, como ustedes
saben, se aplica a partir del 1 de julio de 2015, de acuerdo con la disposición final primera de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Los créditos del área de Servicios Sociales e Igualdad van a reforzar también
las políticas de lucha contra la violencia de género, a las que se destinan 1,5 millones de euros más que en 2015, y las de igualdad de oportunidades, aumentando la transferencia del departamento en un millón de euros, incluida la centralización.
Además, se dotan con 16 millones de euros más las acciones de

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apoyo a la familia y la infancia, por constituir una de las prioridades en materia social del Gobierno. Y, como novedad, se han incluido 1.900.000 euros para el programa operativo del Fondo de ayuda europea para las personas más
desfavorecidas, el llamado Fondo de Alimentos.


Por su parte, el área de Sanidad y Consumo, con un peso específico del 15,69%, dispone de créditos por valor de 317.207.000 euros, lo que supone que ha aumentado en 5.949.000 euros, es decir, un 1,9% respecto a 2015. En esta área cabe
destacar el esfuerzo realizado por aumentar un año más el presupuesto para la asistencia sanitaria que presta el Instituto de Gestión Sanitaria, el Ingesa, en Ceuta y Melilla, a cuya finalidad se destinarán 7.086.000 más que en 2015. Y, como
novedad, se ha incluido una dotación de 1.750.000 euros con el fin de asumir los compromisos que en materia de reasentamiento y reubicación de refugiados se han adquirido en el pasado Consejo Europeo de 25 y 26 de junio en relación con los
solicitantes de protección internacional.


En cuanto a los presupuestos de los organismos dependientes, se incrementan los correspondientes a la Organización Nacional de Trasplantes, a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y al Instituto de la Juventud:
el correspondiente a la Organización Nacional de Trasplantes en un 2,87 %, el de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en un 1,06 % y el del Instituto de la Juventud en un 5,06 %, e incluso serían superiores si se
tuvieran en cuenta los efectos de la centralización de la contratación. Por otro lado, se reduce en un 2,98 % el presupuesto del Real Patronato sobre Discapacidad como consecuencia también de los procedimientos de centralización de los servicios,
lo mismo que sucede en el correspondiente a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que disminuye por este motivo un 1,97 %, por supuesto descontando las transferencias al Tesoro, que, aunque no he mencionado anteriormente,
podremos ver después y que evidentemente, en realidad, es una rebaja ficticia, dado que para nada entorpece la capacidad de gasto de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y en el caso del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, la disminución del 5,22 % en su presupuesto de 2016 es consecuencia de la finalización del programa financiado por los fondos europeos, conocidos como Fondos noruegos, lo que supone 2,80 millones menos de ingresos para el
citado organismo, pero se compensan parcialmente con el incremento de la transferencia interna desde el ministerio.


Con esto, señor presidente, señorías, he concluido la explicación del resumen de las principales cifras del proyecto de presupuestos que he venido a presentarles. Finalmente, solamente quiero subrayar que las principales líneas de gasto del
ministerio en 2016 y que sirven de soporte a las políticas que en materia de sanidad, servicios sociales e igualdad nos competen reflejan el compromiso del Gobierno con la protección de las familias y los menores, con la igualdad de oportunidades,
la lucha contra la violencia de género, la atención a la dependencia y con la garantía de la sanidad pública como líneas fundamentales de su presupuesto. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a dar la palabra en primer lugar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de mayor a menor. Los que han pedido la comparecencia tendrán diez minutos y los que no la han pedido tendrán
cinco minutos. En primer lugar, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y, en su representación, de la señora Oñate.


La señora OÑATE MOYA: Desde el Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, agradecemos su comparecencia y la exposición que nos ha facilitado en relación a los presupuestos de su ministerio, cuyas políticas son de enorme
trascendencia para la ciudadanía, para garantizar derechos fundamentales y para sostener firmes los pilares del Estado del bienestar. Nos ha ofrecido una revisión general, se ha detenido en cuestiones técnicas y ha mencionado detalles
presupuestarios en sanidad, servicios sociales e igualdad.


Usted sabe, al igual que todos, que tras las variables e indicadores de carácter técnico está la voluntad, la priorización y las decisiones políticas, un conjunto de decisiones, créame, que si fuera posible nos gustaría felicitar, porque
estaríamos hablando de un compromiso con el Estado del bienestar y con la igualdad como principio, pero no es el caso. No podemos mostrar satisfacción alguna porque ni en estos presupuestos ni en las decisiones políticas que se derivan asoman
respuestas suficientes para las necesidades de la ciudadanía ni respuestas efectivas para quienes peor lo están pasando. Estos quintos presupuestos del Gobierno del PP vuelven a tener consecuencias y efectos negativos para la mayoría de los
ciudadanos y también para la mayoría de las ciudadanas de este país. Siguen dando la espalda a la realidad social y siguen beneficiando solo a una minoría, solo a quienes menos han sufrido la crisis. Con su mayoría absoluta pueden forzar la
aprobación de unos presupuestos

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partidistas al final de su mandato, pero no pueden enmendar el daño que su política de cuatro años de recortes y retrocesos ha causado a la ciudadanía. Señora Fraile, crece la desigualdad, crece la pobreza infantil, crece el número de
hogares sin ingresos, y ustedes en el libro amarillo siguen creciendo en recortes, no crecen en absoluto en soluciones para los españoles. Son, por tanto, unos presupuestos no aceptables, son irresponsables e innecesarios. Ustedes saben además que
en cuanto los aprueben pasan directamente a convertirse en papel mojado, porque mediarán solo unas pocas semanas entre su presupuesto, la disolución de esta Cámara por la convocatoria de elecciones y la constitución de un nuevo Gobierno. Estamos,
por tanto, ante un nuevo intento por su parte de disfrazar la realidad. Y, fíjese, digo intento porque, por más que se empeñen en hablar de 2016, no van a conseguir ocultar el balance de cuatro años, ni van a conseguir que la gente olvide quiénes
son y qué han hecho estos años de Gobierno. No pueden ocultar que en sanidad han llevado a cabo un recorte sistemático año tras año. La sanidad no era una preocupación para la ciudadanía y ustedes han logrado que lo sea. No pueden ocultar, aunque
quieran intentarlo, que los servicios sociales nunca han sido una prioridad para este Gobierno, que prefieren un modelo de beneficencia a un modelo de derechos de ciudadanía. El gasto social desde que gobierna el PP ha caído 4,5 puntos. Estos de
2016, al igual que los cuatro anteriores, tampoco son unos presupuestos sociales.


Pero, mire, en el área de igualdad sus recortes presupuestarios y también ideológicos han traspasado fronteras. El titular lo ha dado Naciones Unidas y lleva meses recorriendo tanto los medios de comunicación tradicionales como los
digitales, y, sobre todo, las redes sociales. Reza así: La ONU suspende a España en políticas de igualdad; un suspenso que imagino que no les llenará de orgullo en su ministerio, un suspenso para reflexionar, señora subsecretaria. Los y las
especialistas en igualdad de la ONU les han dicho con claridad meridiana e incontestable que sus políticas de austeridad han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres. Nos decepciona. Por eso, le preguntamos desde el Grupo
Socialista: ¿Qué partidas concretas de su ministerio inciden en revertir esta situación? ¿Cree que el recorte en los presupuestos de igualdad de un 5,28 % menos en 2016 revierte esta situación? Específicamente, señora subsecretaria, ¿qué partida
y qué asignación presupuestaria recogen o no sus presupuestos de 2016 al objeto de analizar el impacto de la crisis económica y las medidas de austeridad en la realidad de las mujeres, y, en particular, de las mujeres víctimas de violencia de
género?


Grave y desproporcionado. No son adjetivos de esta diputada que le habla, es el dictamen preocupante de la Cedaw sobre el impacto de sus políticas, que les recuerda que tienen que hacer más y mejor en medidas de apoyo a la igualdad y dar
prioridad a las mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres en situaciones de vulnerabilidad como las mujeres menores de 17 años, a las que en esta legislatura se han empeñado desde el Gobierno en dejar sin el derecho a decidir libre y
responsablemente sobre su maternidad. Le preguntamos: ¿Qué cuantía económica van a dedicar a concienciar sobre embarazos no deseados? ¿Nos especifica el número de la partida en que quedan reflejados los programas y las campañas específicas sobre
salud sexual y reproductiva para mujeres menores? Señora subsecretaria, ustedes saben igual que todos que la desigualdad es el principal caldo de cultivo para la violencia machista. Aun así, van a destinar en 2016 1,1 millón menos a programas para
alcanzar la igualdad. Tendrán que explicar esta contradicción, porque saben que un presupuesto a la baja en igualdad es una política a la baja en derechos de las mujeres y en prevención de la violencia machista, que se sustenta en esta desigualdad
todavía vigente. Es verdad que en 2016 hay una leve subida con respecto a 2015 en violencia de género, pero hay una bajada en igualdad, y esto es hacerse trampas en el solitario. No regateen en igualdad, no nos recorten posibilidades de avance a
las mujeres. Si los presupuestos son un instrumento de planificación esencial y una luz sobre las prioridades a trazar, le pedimos que se coordinen de forma transversal e integral y que no dejen fuera del foco los derechos de la mitad de la
población. Y por eso le preguntamos específicamente: ¿Qué recursos presupuestarios van a destinar a la aplicación del carácter transversal del principio de igualdad en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas? ¿Se van a
coordinar desde el ministerio con la sociedad civil impulsando el Consejo de Participación de la Mujer? ¿Qué dinero presupuestan para este fin?


Le pedimos también que nos especifique el desglose de la partida presupuestaria que dedican a mejorar los procedimientos de coordinación interinstitucional en políticas para la erradicación de la violencia machista. Señora Fraile, el
presupuesto de 2016 en actuaciones para la prevención integral de violencia de género recoge un total de 25,2 millones, el último año del Gobierno socialista fue de 30,4 millones: aproximadamente, cuatro años de diferencia y 5 millones menos,
señora subsecretaria. También aquí tendrán que explicarse, también en violencia de género han ido recortando año tras año. Este es el

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balance de sus cuentas, y no nos parece tolerable. Fíjese que, de los 30,4 millones en 2011, en 2014 bajaron hasta un 21,8 %. No nos parece tolerable. En lo que va de año, 25 mujeres asesinadas, 7 casos todavía en investigación. De los
casos de menores, todavía hay 7 en investigación. Dos de estos menores fueron asesinados el 31 de julio, otros dos el 5 de agosto; 24 huérfanos, según las estadísticas oficiales. El indicador más cruel de la violencia de género se mide en
asesinatos, y una sola mujer asesinada ya es demasiado. Las dramáticas cifras de este y de cada verano, la persistencia de esta lacra debe estremecer cada día nuestra conciencia social. Son exigibles presupuestos a la altura de la completa
aplicación y desarrollo de cada artículo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género. Se exigen esfuerzos contundentes en los presupuestos, en las estrategias, en las acciones y en
la diligencia.


Sabe que desde el Partido Socialista hemos pedido un pacto social y político en esta materia, pero, fíjese, también el Partido Popular, en un argumentario divulgado recientemente a través de su perfil de Twitter, afirma que hay que sumar
esfuerzos para -abro comillas- 'convertir la lucha contra esta lacra en una política de Estado'. Nos gustaría que usted respondiera con concreción y claridad a esta pregunta: ¿Cuál es el número de la partida y la asignación económica en que quedan
reflejadas las acciones necesarias para convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado? Parece claro que este es el camino, y a este objetivo deberían responder los presupuestos en materia de violencia de género de 2016,
sin que en ningún caso sean tolerables recortes en prevención, en sensibilización y en conciencia social. Queremos un mapa detallado de su hoja de ruta presupuestaria en esta materia, queremos saber el detalle de lo que van a hacer, de lo que van a
dejar de hacer, de qué exactamente, cuándo, cuánto y por qué razones concretas recortan en determinadas partidas. Por ejemplo, un asunto que nos parece relevante: ¿Hay partida presupuestaria para las actuaciones en detección precoz y alerta
temprana? Por ejemplo, si hablamos de la estrategia nacional 2013-2016, ¿en qué partida presupuestaria sustentan las acciones para cumplir el objetivo de romper el silencio cómplice? ¿Apuestan los presupuestos de 2016 por un incremento de partidas
para campañas de comunicación y prevención? Parece -usted nos lo confirma- que en 2016 su intención es seguir recortando por aquí. Solo dos campañas de sensibilización al año. ¿Le parece suficiente? ¿Han contemplado cuantía económica para el
objetivo que marca la propia estrategia de impulsar la coordinación, la calidad y la mejora continua? ¿Van a profundizar en la estrategia? Díganos en qué partida económica concreta contemplan su evaluación. ¿Afirmaría usted que el presupuesto
dibujado para 2016 marca un cambio en las prioridades de su ministerio respecto a la estrategia nacional en violencia de género? ¿La diluye?


Hablemos, si le parece, de la atención personalizada, que fue una de las prioridades que marcó su ministerio para 2015. ¿Tiene continuidad en los presupuestos de 2016? Convenios con empresas para promover la sensibilización sobre violencia
de género: en 2015 presupuestan 85, en 2016 solo 25. Señora subsecretaria, hacemos referencia a todas estas cuestiones porque nadie entendería que las instituciones jugaran al corta y pega en violencia de género. Ahora corto el dinero de aquí, lo
pego allí y al año siguiente corto prioridades de allá y pego otras por la derecha. Así no, no podemos erradicar la violencia ni recortando ni cambiando de sitio las prioridades cada año. Por ejemplo, reuniones del pleno y de la comisión
permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: en 2014 y 2015 presupuestan 6, en 2016 presupuestan 3. ¿Cómo explica esta bajada? Hablemos, por último, de los retrasos de su ministerio en violencia de género. ¿Cree que están
presupuestadas convenientemente acciones para ponerse al día en 2016? Retrasos como, por ejemplo, la integración del VioGén y los puntos de coordinación en las respectivas comunidades autónomas, un asunto que es crucial para dar esa necesaria
atención personalizada que reclamamos. ¿Cuál es la asignación prevista en 2016 para mejorar el protocolo de evaluación policial anunciado en 2014 y todavía hoy retrasado? Segundo Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual para el periodo 2015-2018: ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias en 2016? No hace falta recordar que el anterior plan integral finalizó hace más de dos años. Otro ejemplo, acciones efectivas para bajar las cifras de
mujeres que renuncian a continuar con el procedimiento judicial una vez que sí dieron el paso para presentar una denuncia, un tema conocido, estudiado y demandado socialmente que hay que abordar con urgencia y determinación. ¿Lo tienen previsto
presupuestariamente? ¿En qué partida?


Señora subsecretaria, hay mucho por hacer en violencia de género, lo sabemos, y hay que hacerlo con coordinación, especialización y eficacia. Esto es lo que le pedimos al ministerio, que redoble esfuerzos en el tiempo de gestión que le
queda. Pedimos más presupuestos, más contundencia, más innovación, más especialización, más diálogo y consenso. Y entiendan que estas preguntas formuladas y las que le

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entregaremos luego a la Mesa contienen sobre todo preocupaciones tendentes a identificar áreas de mejora en el compromiso permanente que ha de presidir nuestras acciones en materia de violencia de género. Desde el Grupo Socialista haremos
todo lo posible para que esa mejora sea continuada, sostenida y conjunta. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: En representación de UPyD, tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART CRESPO: Un aumento del 3,6 % en la partida de sanidad, cuando la inmensa mayoría de presupuestos los deciden las comunidades autónomas, la verdad es que se nos antojan bastante insuficientes para una verdadera sanidad
pública y de calidad. El Fondo de cohesión sanitaria desaparece para 2016, tenemos 17 sistemas sanitarios con coberturas diferenciadas, lo cual supone directamente el último clavo en el ataúd de la igualdad entre personas y pacientes. Ya no
tenemos un presidente de un país, ni siquiera tenemos un coordinador de 17 comunidades autónomas. Hemos desmantelado el Estado y tenemos una confederación en la que los estados miembros se tienen que apañar entre ellos porque el Estado hace
dejación de sus funciones. ¿Qué conlleva esto? Medicamentos que no se recetan en unas comunidades autónomas y sí se recetan en otras, comunidades autónomas en las que sí existe sanidad universal y otras en las que no se da cobertura, etcétera. En
definitiva, estos presupuestos son la ejecución técnica de una forma de hacer política, de una idea que es el desmantelamiento del Estado, el desmantelamiento de la igualdad. Y desde nuestro grupo parlamentario, desde UPyD no podemos estar más en
contra, así que nos preguntamos cómo se pretende paliar las consecuencias de estas decisiones presupuestarias que realmente afectan a la calidad sanitaria de España y de millones de personas.


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fabra.


La señora FABRA FERNÁNDEZ: Quisiera comenzar expresando en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tal y como se hizo en el Pleno del martes pasado, la más rotunda condena a los actos de violencia de género y nuestra solidaridad con sus
familiares, amigos y vecinos.


A la señora Oñate le quería decir que en la lucha contra esta lacra social estamos todos unidos, todos los grupos parlamentarios, todos los Gobiernos, da igual su color. Nos hemos implicado en la creación de un marco jurídico y en la
dotación de medios para luchar contra la violencia hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y nadie puede afirmar lo contrario sin faltar a la verdad y, desde luego, sin ofender a las víctimas. No hay excusa para el uso partidista de la
violencia de género. Y, señora Oñate, nosotros no lo consideramos tolerable, ni siquiera como consecuencia del nerviosismo de algunos ante los comicios electorales. En cualquier caso, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género dará las
explicaciones, que, a juicio de mi grupo, no corresponde dar a la subsecretaria. (Aplausos.)


Señora subsecretaria, bienvenida a esta Comisión para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en lo que se refiere al Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, que será la última
comparecencia de la legislatura ante esta Comisión. El proyecto de ley de presupuestos cuya tramitación nos ocupa estos días, en opinión de mi grupo, es extraordinariamente revelador, al menos, por dos razones: en primer lugar, por el adelanto del
calendario de elaboración de los presupuestos para hacer posible su debate y aprobación antes de la disolución de las Cortes y garantizar así la existencia de un instrumento presupuestario vigente desde el primer día del ejercicio presupuestario.
Se trata de un ejercicio o de un acto de responsabilidad que garantiza la plena operatividad del Estado y de las políticas públicas sin que estas se vean perjudicadas por el calendario electoral y que, desde luego, distingue a este Ejecutivo del que
le precedió, que abandonó sus responsabilidades de Gobierno al no aprobar las cuentas públicas anuales antes de que los ciudadanos lo situaran en la oposición. La señora Oñate recordaba que estos son los quintos presupuestos del Gobierno del
Partido Popular en cuatro años. Y es verdad, son cuatro que les correspondía al Ejecutivo del presidente Rajoy y un quinto, señorías, el primero, que correspondía al Gobierno apoyado por el Grupo Parlamentario Socialista pero que fueron incapaces
de presentar por incompetencia y, señorías, por el miedo que en aquellos meses atenazaba a todo el Ejecutivo del señor Zapatero. Este Gobierno ha hecho no solo sus deberes sino también los suyos. En segundo lugar -hablábamos de los presupuestos-,
son unos presupuestos posibles gracias al extraordinario saneamiento de las cuentas públicas que ha llevado a cabo el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Estos presupuestos contemplan una reducción de impuestos en las familias que es
compatible

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con el aumento del gasto dedicado a las políticas sociales y con una fuerte reducción del déficit público. (La señora Blanco Terán: ¡Qué barbaridad! ¡Es muy fuerte lo que acaba de decir, es muy fuerte!) El único gasto que desciende
drásticamente es el dedicado al pago de los intereses de la deuda pública y a las prestaciones por desempleo, fruto de la creciente confianza de los inversores en la economía española y de la creación de empleo y la reducción del paro. Una economía
que está creciendo en torno al 3,3% y más de un millón de empleos creados en los dos últimos años han favorecido ese aumento de ingresos. Sin este esfuerzo de consolidación presupuestaria, imprescindible para dejar atrás la situación de quiebra de
las finanzas públicas que dejaron los socialistas y para evitar la intervención de la economía española... (Rumores.)


Señoría, yo no he interrumpido a la portavoz del Grupo Socialista y le agradecería que usted también me respetara en el uso de la palabra.


La señora BLANCO TERÁN: Estaba hablando con un compañero; disculpe. Sí, señoría, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fabra.


Por favor, le ruego silencio.


La señora BLANCO TERÁN: Sí, señor presidente, atiendo a su llamada.


La señora FABRA FERNÁNDEZ: Insisto en que sin ese esfuerzo para dejar atrás la situación de quiebra de las finanzas públicas que dejaron los socialistas y para evitar la intervención de la economía española hoy no estaríamos en el país que
más empleo crea y donde más intensamente se reduce el paro, y, con toda seguridad, estaríamos tramitando unos presupuestos que dedicarían más recursos al pago de los intereses de la deuda y menos a las políticas sociales, porque, señorías, este
Gobierno ha conseguido reconducir el gasto. Hemos pasado de pagar los intereses de deuda de prestaciones por desempleo a promover el gasto social y a mejorar el nivel de vida y el bienestar de los españoles. Sin este esfuerzo de consolidación
presupuestaria tampoco estaríamos ante una revalorización de las pensiones, sino probablemente debatiendo su recorte, como sucedió en el pasado. No estaríamos ante una recuperación de las retribuciones de los empleados públicos, sino ante las
brutales reducciones que el Gobierno socialista llevó a cabo. Y no estaríamos, en fin, ante una recuperación del margen de maniobra presupuestario y ante la posibilidad de aumentar en un 6% el presupuesto del Ministerio de Sanidad y políticas
sociales e igualdad, sino muy posiblemente ante las consecuencias económicas y sociales de un Estado en quiebra e intervenido.


El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad experimenta en 2016 un aumento del 6%, hasta alcanzar los 2.021 millones de euros, y sus prioridades están en el impulso de las políticas de sostenimiento y desarrollo
de la dependencia, de apoyo a las familias y a la infancia y de lucha contra la violencia de género. No en vano los servicios sociales y de igualdad concentran más del 80 % del presupuesto del departamento, con un crecimiento del 6,15 % respecto
del presupuesto inicial de 2015. Ello permite, entre otras cosas, dedicar 1.252 millones de euros a la financiación del sistema de dependencia, lo que supone un aumento de 75 millones de euros, un 6 % más respecto a la dotación presupuestada en
2015. Gracias a ello se podrá completar la aplicación de la ley a todos los grados de dependencia, al hacerse efectivo el derecho de las personas valoradas con el grado 1, de dependencia moderada. Se permite también aumentar las partidas de los
programas de turismo social y termalismo saludable, incrementar en más de un 10 % los recursos destinados al apoyo de familias e infancia, como consecuencia fundamentalmente de la dotación del Fondo de apoyo a la familia y a la infancia, que en 2014
y en 2015 ha contado con 17 y 32 millones respectivamente y que el año que viene aumentará hasta los 48 millones de euros; la incorporación del nuevo plan de reasentamiento y reubicación de los refugiados del que hablaba la subsecretaria, y también
permitirá continuar con el progresivo aumento del presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que en el año 2016 contará con 1,5 millones de euros más en su partida, llegando a una cantidad total de 25,23 millones de
euros. El objetivo consiste en reforzar los proyectos asistenciales para las mujeres víctimas de malos tratos, así como de sus hijos.


Por su parte el presupuesto de la Secretaría General de Sanidad y Consumo asciende a 317 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento de 6,37 millones sobre el ejercicio 2015, y con ello se refuerza la política de consolidación y
desarrollo del Sistema Nacional de Salud, especialmente en materia de calidad y cohesión y equidad. No hace falta recordar en esta Comisión que el grueso de la financiación

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tanto en sanidad como en las políticas sociales se produce a través de la financiación de las administraciones autonómicas y locales, cuyo reflejo presupuestario está en otras secciones del presupuesto, y que la acción del Gobierno en estas
materias no se agota en la actividad de este departamento, sino que involucra también a otros ministerios, por el carácter transversal, y que trabajan de forma coordinada. Así, por ejemplo, en materia de lucha contra la violencia de género, el
Ministerio de Interior contempla entre sus actuaciones prioritarias la coordinación y puesta en común de bases de datos entre el Ministerio del Interior, su ministerio, a través de la subsecretaría, y el Observatorio de Violencia de Género. Y así
también el Ministerio de Justicia aumenta en un 55% el presupuesto destinado a garantizar la asistencia psicosocial de las víctimas de violencia de género.


Señora subsecretaria, las grandes cifras de los presupuestos de 2016 expresan con elocuencia no ya las prioridades políticas del Gobierno para el próximo ejercicio, sino los resultados de toda la acción de gobierno a lo largo de la
legislatura. Y, como parte esencial de esa acción de Gobierno, hay una mejora de la eficacia en la gestión de los recursos públicos que en gran medida se debe a la implantación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. En
este sentido, le pediría que ofreciese a los miembros de la comisión un mayor detalle sobre el desarrollo y avance de los principales proyectos tecnológicos del ministerio que usted viene a representar.


En anteriores comparecencias usted señalaba también una serie de ingresos adicionales del ministerio que se producían a lo largo del ejercicio y que aumentaban la capacidad de gasto del ministerio. Este año no los ha mencionado, y me
gustaría saber el motivo. ¿Es porque no se van a producir esos ingresos?


Una tercera pregunta. A la vista de las cifras dedicadas a gastos de personal en el proyecto presentado para el próximo ejercicio, ¿podría explicarnos cómo se están produciendo las jubilaciones de su departamento y si estas afectarán a la
prestación de los servicios públicos de los que es responsable su ministerio?


Y, para finalizar, señora subsecretaria, ¿podría explicarnos algo más sobre el incremento que ha indicado durante su intervención que se produce en la partida destinada al pago de cuotas internacionales dentro del presupuesto de la
subsecretaría? (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria, tiene usted la palabra.


La señora SUBSECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Voy a intentar contestar en la medida de lo posible toda la serie de preguntas o de cuestiones que se me han planteado sobre las partidas dirigidas
a mujer y a violencia de género.


Señora diputada, evidentemente no le podría decir una a una todas las acciones que se van a realizar dentro del propio presupuesto. Usted sabe exactamente igual que yo que incluso en los presupuestos se establecen unas partidas con carácter
general, con un enfoque presupuestario, a efectos de poder ir realizando actuaciones y actividades, no solo las que se deben ir desarrollando, sino las que van surgiendo en función de las necesidades a lo largo de todo el ejercicio presupuestario.
No obstante, es verdad que todo lo que usted me ha dicho, que tenía gran interés en poder visualizar aquellas actuaciones o actividades que se van a realizar en determinadas cuestiones, con independencia, como ha manifestado la diputada del Partido
Popular, de lo que la secretaría de Estado y la delegada del Gobierno de Violencia de Género -que vendrán a continuación- puedan contestar, puede usted pedirlo por escrito, y, por supuesto, estaremos encantados de contestarle. Pero me gustaría
hacer una pequeña referencia a la apuesta que ha hecho el ministerio por todas las políticas de mujer. Eso se ve en una de las primeras cuestiones que se desarrollaron, que fue efectivamente la de reforzar la estructura del instituto como único y
principal organismo de gestión de este tipo de medidas, reforzando su estructura y su presupuesto con la absorción de los recursos de una dirección general que estaba integrada en el propio ministerio. Creo que fue una decisión muy acertada y que
ha empezado ya incluso a tener frutos.


Y, por otro lado, me gustaría hacer hincapié también en otra cuestión general. Es verdad que, si comparamos las cifras de los presupuestos aprobados en cada una de las partidas desde el año 2007 hasta el año 2015 dedicadas a mujer y a
violencia, en su momento evidentemente las partidas fueron muy altas, es decir, los presupuestos se aprobaron con unas cifras muy elevadas, pero luego deberíamos examinar de verdad la ejecución presupuestaria de esas partidas. Es decir, yo creo que
si comparásemos la ejecución real de los años anteriores a 2012, 2011, 2010, 2009, la ejecución real de esas partidas, ya la diferencia sería menor, obviamente teniendo en cuenta la reducción de los presupuestos, como no podía ser de otra manera,
que hemos tenido que pasar durante los ejercicios de 2012 y 2013, también unos proyectos de presupuestos donde las reducciones han tenido que ser significativas por la situación

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económica del país. Es verdad que, si somos honrados, no debemos comparar única y exclusivamente presupuestos iniciales de los presupuestos anteriores a esta legislatura, sino comparar de verdad el presupuesto que se gastó y que se ejecutó
con el presupuesto que se ha ido aprobando a lo largo de esta legislatura.


Con carácter general, estas son las cuestiones más importantes que quería comentar. Y a este respecto, también le puedo decir que la mejora en la gestión del instituto ha sido muy importante. He tenido ocasión de examinarlo en la
preparación de la comparecencia y he podido comprobar que nos ha permitido incrementar en 2014 una ejecución presupuestaria en 6 puntos con respecto a la correspondiente a 2011 y en más de 20 puntos si lo comparásemos con 2009. Creo que son cifras
a tener en cuenta. Es decir, dependiendo de con qué cifra comparemos, obviamente veremos una diferencia u otra, y creo, sinceramente, que nos vamos a acercar bastante. Dicho esto creo que queda suficientemente constatada la apuesta del Gobierno en
cuanto a las políticas que se gestionan desde el Instituto de la Mujer como organismo con mayor responsabilidad dentro de esta materia.


Respecto a la violencia de género, en lo que ha hecho también mucho hincapié la diputada del Partido Socialista, solamente daré dos pinceladas, es decir, simplemente, que se ha incrementado el presupuesto en 1,5 millón de euros, como he
dicho anteriormente, lo que significa que de los 23,7 millones que se destinaron en el presupuesto de 2015 se va a pasar a más de 25,2 millones de euros, y que, de igual manera, se ha hecho un reajuste presupuestario muy importante para elevar
aquellas partidas que corresponden a líneas de actuación prioritarias; sí, señora diputada, prioritarias. Es decir, cuando no tienes más posibilidades que las que tienes, lo importante es saber priorizar, y en este caso concreto creo que se ha
hecho desde la Delegación de Violencia de Género: básicamente, son las ayudas económicas a las víctimas. Por un lado, se reintegran a las comunidades autónomas las ayudas ya entregadas a las mujeres víctimas de violencia de género más necesitadas
por carecer de recursos, y esta partida pasa de un millón a 1.707.000 euros; por otro lado, se incrementan de 4 a 5 millones los programas de asistencia social integral a esas mujeres que se articulan a través de convenios con comunidades
autónomas; y, por otro lado, se mantiene un millón de euros para planes personalizados, 4.768.000 euros para campañas de información y sensibilización para prevenir la violencia de género, 3.600.000 euros para el Servicio telefónico de atención y
protección de mujeres, Atenpro, 2 millones de euros para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y 60.000 euros para becas de formación del Observatorio contra la Violencia de Género, que se realiza a través de subvenciones también
que financian las becas de formación. Son cuatro pinceladas. No me quiero meter en los presupuestos concretos de esta área, dado que después van a venir los responsables de las mismas, pero sí me parecía importante hacer hincapié en estas
cuestiones generales.


En relación con el Fondo de cohesión sanitaria y de lo poco que considera el diputado de UPyD que sube el presupuesto de sanidad, en este caso lo que tengo que decir también de una forma muy genérica, dado que después de mí va a comparecer
también el responsable del área de Sanidad, es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, como me imagino que todos conocen, modificó el Fondo de cohesión sanitaria, que pasó a tener un carácter extrapresupuestario. Esto supone que
ahora su gestión se realiza mediante un mecanismo de compensación de los saldos existentes entre las comunidades autónomas por los costes asumidos y generados por la atención de los pacientes desplazados. Pero no significa que no se dé, es decir,
se da, lo que pasa es que se ha cambiado la forma de gestión; evidentemente, hay compensación. Actualmente, tomando como periodo de referencia la actividad realizada en el año anterior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, realizan las liquidaciones para cada una de las comunidades autónomas, procediéndose posteriormente en relación con estas a la compensación,
deducción o retención de los saldos negativos y al pago por el Tesoro de los saldos positivos.


Precisamente, ese carácter extrapresupuestario es lo que ha determinado para el año 2016 la desaparición de los 2.316.290 euros, que figuraban en la aplicación correspondiente en el presupuesto vigente como liquidación para el Fondo de
cohesión sanitaria de 2011. Es que no tenía sentido que dicho crédito siguiera figurando en las cuentas de este ministerio, cuando estas liquidaciones se efectúan anualmente y por fuera del presupuesto. Es decir, hubiéramos podido seguir
manteniendo ese crédito, pero hubiera sido un gasto que no se hubiera podido gestionar en ningún caso y que nunca lo hubiéramos podido gastar. Así no hubiéramos asumido el tener que venir a decirles a ustedes aquí en la Cámara que

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ese crédito se va a destinar a otras políticas sanitarias, que es lo que compete, en lugar de dejarlo en el presupuesto sin ninguna fórmula técnica de gestión.


En relación con la intervención de la diputada del Grupo del Partido Popular, voy a intentar hacer un resumen de algunas cuestiones que me parecen más interesantes por las que me ha preguntado. Efectivamente, no he mencionado en mi discurso
que se van a producir algunas ampliaciones de partidas presupuestarias, que van a ampliar y van a dotar al Ministerio de Sanidad de mayores créditos en su gestión. Como en años anteriores, tendremos que producir una serie de generaciones de
crédito, que se disponen fundamentalmente de dos instrumentos importantes, como son el Fondo de bienes decomisados, por parte de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas. En este caso, los importes que se generaron en 2015 -por darles algún
tipo de dato más- supusieron más de 20 millones de euros, y esperamos que la cifra en 2016 sea de un tenor similar a la de 2015. Por otro lado, también tenemos las aportaciones por volumen de ventas que la industria farmacéutica debe realizar por
las ventas de medicamentos con receta oficial al Sistema Nacional de Salud. Los ingresos que este ministerio prevé obtener a finales de 2015 serán más de 39 millones de euros y para 2016, igualmente esperamos que lleguen prácticamente a la misma
cifra. Estas son cuestiones que por normativa legal son obligatorias y se van produciendo a lo largo de los diferentes ejercicios presupuestarios.


También tenemos una serie de créditos ampliables dentro del ministerio, como son el destinado a subvencionar las actividades de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Para este crédito, teniendo en cuenta que en el
último ejercicio cerrado del 2014 se amplió en 119 millones para 2015, se estima que la ampliación sea en 122 millones de euros aproximadamente y la previsión para el ejercicio 2016, que sea muy similar.


Por otro lado, por contestar alguna cuestión más en materia de informática, efectivamente en el Ministerio de Sanidad es muy importante la gestión que se hace de todas las TIC y fundamentalmente dentro de la propia subsecretaría, porque las
tengo dentro de mi propio presupuesto y están asignadas al programa de la subsecretaría.


Sin duda yo creo que lo más importante en esta materia fue la consolidación presupuestaria de este gasto, que se hizo en el ejercicio 2012 con la aprobación de los presupuestos y que fue el gasto corriente dedicado a las tecnologías de la
información. Esto ha permitido abordar contrataciones plurianuales mucho más estables que han dado estabilidad y continuidad al desarrollo de estos proyectos y que han venido desarrollándose durante más de una década, pero al final hasta que no
hemos tenido la consolidación en el capítulo 2 del presupuesto de la subsecretaría, no lo hemos tenido consolidado para ejercicios futuros y ahora podemos ir elevando los límites presupuestarios, a efectos de que estos contratos tengan la
estabilidad necesaria que requieren este tipo de contratos.


Como le decía, el presupuesto de 2012 y sus desarrollos posteriores han consolidado dicha financiación en los presupuestos de esta subsecretaría y esto ha permitido una gestión mucho más sólida de dichos recursos, así como un abordaje
plurianual de las necesidades esenciales, con la obtención de mejores condiciones en la contratación y en su ejecución.


Finalmente, me han preguntado también por las jubilaciones del ministerio y creo que es un dato curioso, cuando menos a tener en cuenta, aunque estamos muy satisfechos, porque creemos que con la oferta pública de empleo de este ejercicio,
según nos han anunciado en Hacienda, vamos a poder ver que nuestra plantilla se va rejuveneciendo y vamos a poder ir metiendo gente nueva. Porque sí que es verdad que la cifra total de jubilaciones en los dos últimos años de empleados públicos,
tanto funcionarios y laborales del ministerio como de sus organismos adscritos, es de 322 personas -son 166 personas en los últimos doce meses, creo que es un dato verdaderamente elevado- del 1 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2015. Es decir, son
cifras que incluso se van elevando. Estamos muy contentos con la nueva oferta, como les he dicho, y esperamos que puedan venir más de 90 personas para que podamos ir cubriendo todo este desfase de personal, que entendemos que era necesario dentro
del ministerio con la plantilla, con una media de funcionarios y laborales de cincuenta y dos y cincuenta y tres años.


En relación con las cuotas he de decirles que ha habido un pequeño incremento en la partida correspondiente a las cuotas a organismos internacionales presupuestadas en el servicio 02, de la secretaría general técnica. Tengo que decir que
este importe va destinado al pago de las contribuciones a organismos internacionales, que en 2015 fue de 1.203.820 euros y que para el ejercicio 2016 este importe asciende a 1.238.460 euros. Por lo tanto, ha habido un pequeño incremento de 34.640
euros.


Como he mencionado antes durante mi exposición, este incremento se debe principalmente a los aumentos de los importes de estas cuotas, ya que muchas contribuciones experimentan variaciones de un

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año a otro, debido a las fórmulas de cálculo establecidas por los organismos internacionales, pero también en el caso de aquellas que se notifican a otras divisas, principalmente en dólares y que se incrementan por las variaciones que sufren
los tipos de cambio que repercuten en el importe final en euros.


En este caso también me gustaría decir que es importante tener en cuenta esta precaución que tenemos, evitando así que tengamos que dejar de pagar alguna parte de alguna contribución por falta de crédito presupuestario, lo que nos obligaría
a tener que pagar los atrasos al año siguiente ya que en casi todos los organismos internacionales cobran también intereses. Además, también conviene recordar la variación que se introdujo en la forma de consignación presupuestaria de estos
importes destinados a cuotas internacionales, como consecuencia de las laborales de racionalización y control del gasto público con las directrices del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dado que en los ejercicios anteriores a 2014
se contemplaban las aportaciones solo a nivel de concepto presupuestario. Desde 2014 las aportaciones a estos organismos internacionales deben reflejarse a nivel de subconcepto, de forma que figuren cada una de las entidades beneficiarias, así como
los importes que deben ser abonados, siguiendo el modelo de subvención nominativa. De modo que el nuevo sistema de gestión de estas cuotas gana transparencia, y sobre todo también control.


A este respecto solo me quedaría decir que durante los primeros años de legislatura tuvimos también que asumir el pago de cuotas internacionales, que no habían sido pagadas por parte del Gobierno en la legislatura anterior. Por todo ello,
como he comentado, algunos organismos internacionales nos cobraron intereses y, además, sufrimos las amenazas de que nos querían hacer desaparecer de estos organismos. Para toda la parte sanitaria, de tarjeta sanitaria, historia clínica digital e
incluso para los proyectos que tenemos en materia europea es muy importante estar dentro de estos organismos ya que utilizan el mismo idioma, las mismas terminologías sanitarias, etcétera. Por todo ello, si no estuviéramos dentro sería inviable
tener cualquier tipo de sistema de información de otros sistemas de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fraile, le agradecemos su comparecencia. (La señora Oñate Moya pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: ¿Señora Oñate?


La señora OÑATE MOYA: ¿Puedo entregar las preguntas a la Mesa?


El señor PRESIDENTE: Adelante, por favor.


La señora SUBSECRETARIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Fraile Fabra): Estoy a su disposición.


La señora OÑATE MOYA: Gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer una breve pausa para despedir a la señora subsecretaria antes de dar paso a la siguiente comparecencia. (Pausa.)


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (CAMARERO BENÍTEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002479), SOCIALISTA (números de expediente 212/002402,
212/002410, 212/002404, 212/002405, 212/002411 y 212/002409), CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I D'UNIÓ (Número de expediente 212/002498) Y MIXTO (números de expediente 212/002325 y 212/002324).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la segunda comparecencia de la mañana, en este caso, con la presencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, la señora Camarero, a la que le damos la bienvenida. Sin más
preámbulos, doña Susana, tiene usted la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Comparezco un año más con el fin de exponer el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Y lo hago tanto a petición propia como con objeto de sustanciar las solicitudes presentadas antes esta Comisión.

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Señorías, el proyecto de presupuesto que presentamos es el último de la presente legislatura. Por ello me van a permitir que realice un mínimo, pero obligado, balance de los resultados obtenidos por el Gobierno en materia social y de
igualdad, máxime cuando los presupuestos para 2016 pretenden fortalecer todo lo avanzado en estos casi cuatro años. Señorías, una de las grandes líneas estratégicas, la más importante puesta en marcha por el Gobierno desde el inicio de la
legislatura, ha sido y es la creación de empleo. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que en estos casi cuatro años ha reconstruido la economía, y lo hemos hecho con el apoyo y el esfuerzo extraordinario de la sociedad española. Por ello no
quiero seguir avanzando en mi intervención sin dar las gracias a todos los ciudadanos. Sin ellos, sin su colaboración necesaria, no seríamos hoy uno de los países de la Unión Europea que más está creciendo, crecimiento que se traduce en empleo y en
mejores condiciones de vida para las personas.


Sí, señorías, empleo. Esta es una realidad incuestionable. Se han creado 411.800 empleos en el segundo trimestre de este año, récord absoluto en los últimos diez años. En ningún trimestre desde 2005 la cifra de ocupación había sido tan
positiva en volumen, según se desprende de la encuesta de población activa publicada por el INE. Es más, la tasa de paro ha descendido hasta el 22,37 %, porcentaje inferior en medio punto al del final de la pasada legislatura. Considero importante
destacar este dato porque estoy segura de que todos ustedes comparten conmigo la idea de que la mejor política social la constituye el empleo, que es también la principal herramienta para luchar contra la desigualdad.


Pero además, la creación de empleo es el resultado de la consolidación de la recuperación económica, y estos presupuestos son un claro exponente de que hemos logrado cambiar el rumbo de la economía de nuestro país. Es precisamente esta
recuperación económica la que nos permite presentar hoy unos presupuestos que acentúan su carácter eminentemente social, cuya prioridad es seguir manteniendo el Estado del bienestar y aumentar la renta disponible de las familias. Es lo que hemos
hecho durante toda la legislatura, a pesar de las dificultades. Quiero recordar aquí que en 2011 nos encontramos con una situación grave, no solamente por el déficit público y la tasa de paro, sino por una situación social alarmante, con un
crecimiento del nivel de pobreza, con numerosas deudas que colapsaban, entre otros, el sistema de dependencia. Hoy estos problemas se han resuelto o están en vías de solución, y podemos mirar el presente y el futuro de otra manera.


Decía que el empleo y la atención a las necesidades de las personas han sido y son las líneas estratégicas de actuación de este Gobierno desde el inicio de la legislatura. Por eso, con este proyecto de presupuestos, el Gobierno quiere
traducir la mejoría económica en una consolidación del gasto social, que alcanzará el 53,5 % del total del monto presupuestario. Ese acento en lo social tiene su correspondiente reflejo en los 2.021 millones de euros destinados al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los cuales 1.653,99 corresponden a la secretaría de Estado que dirijo. Es decir, casi un 82 % de la totalidad de los créditos del departamento son para y por las políticas sociales, son por y para la
igualdad, son por y para las personas.


De este modo las partidas presupuestarias en materia de servicios sociales e igualdad se ven incrementadas respecto al año 2015 en un 6,10 %, gracias a la inyección de 95 millones de euros. Todo ello consolida el esfuerzo que se ha hecho
desde esta secretaría de Estado a lo largo de la legislatura; legislatura en la que hemos invertido en servicios sociales e igualdad más de 7.000 millones de euros, señorías.


En los peores momentos de la crisis económica sufrida en este país las políticas sociales han sido una prioridad para el Gobierno. Hemos trabajado desde el primer momento y seguimos trabajando por la atención preferente a nuestros mayores y
el desarrollo de la dependencia, por la apuesta decidida por las familias, por nuestros niños y nuestras niñas, por el impulso de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y por la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios
sociales. Y repito -y no me canso de hacerlo aun a pesar de que ustedes me lo han oído decir muchas veces-: las personas son el centro de nuestras políticas, nos preocupan y nos ocupan. Por ello, por las personas, con independencia del lugar
donde vivan, desde esta secretaría de Estado se ha garantizado la cohesión social impulsando para ello adecuadas líneas de trabajo asistencial, unos servicios sociales fuertes y saneados y el desarrollo de los principios de solidaridad, eficacia y
eficiencia como llave del Estado del bienestar.


Señorías, paso ya a analizar cómo se articulan las partidas previstas en cada una de las direcciones generales de esta secretaría de Estado. En cuanto a la dependencia y la atención a las personas mayores, en coherencia con las políticas
que nos han traído hasta aquí en esta legislatura, el presupuesto del Imserso crece un 3,26 % en 2016 y cuenta con 123,5 millones más respecto a 2015, alcanzando la cantidad global de 3.909 millones de euros, gracias a las transferencias, no solo de
Sanidad, sino también

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del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este crecimiento además se ha visto acompañado de un importante saneamiento de las cuentas, ya que finalmente se ha conseguido saldar la deuda de ejercicios anteriores, que ascendía a 1.368,45
millones de euros en 2013, de los cuales, recuerden, señorías, 1.034 millones de euros correspondían a las cuotas impagadas de la Seguridad Social de los cuidadores y familiares que el anterior Gobierno había dejado sin liquidar. El envejecimiento
activo, la prevención y la atención a la dependencia son los tres ejes de actuación en el proyecto de presupuestos para 2016. Y es a través de ellos donde se consolidan un año más los grandes programas del Imserso.


Permítanme que me refiera, en primer lugar, a la dependencia, ámbito en el cual el cumplimiento escrupuloso de la ley ha sido una prioridad constante para este Gobierno. El esfuerzo presupuestario que hemos llevado a cabo en estos últimos
cuatro años ha sido de más de 6.000 millones de euros. Insisto, señorías, más de 6.000 millones de euros para dependencia. Les recuerdo además la situación en la que encontramos el sistema de dependencia, que estaba colapsado por la deuda con la
Seguridad Social, con una lista de espera interminable, con irregularidades en expedientes y un largo etcétera. Pues bien, hoy estos problemas se han resuelto y podemos decir que con fecha de 1 de julio pasado la lista de espera se había reducido
un 57,26 %, alcanzando la cifra en los niveles interanuales más bajos desde que se aprobara la ley. El número de beneficiarios alcanza la cifra de 746.142 personas. Desde enero de 2012 se han incorporado 360.769 nuevos beneficiarios, más del 50 %
del total de beneficiarios actuales. El reconocimiento de servicios profesionales supone el 61,73 % del total de las prestaciones reconocidas, lo que implica que han aumentado un 7,13 % respecto al 31 de diciembre de 2011.


Con la incorporación al sistema de los dependientes del grado 1, los moderados, hemos contemplado ya el calendario progresivo de implantación de la ley. Por ello, los créditos destinados a la atención a la dependencia ascienden a un total
de 1.252,2 millones de euros y experimentan en 2016 un crecimiento del 6,4 %, con un aumento, señorías, de más de 75 millones respecto al año anterior. Con ello continuaremos la tendencia iniciada en ejercicios anteriores que nos permitirá seguir
impulsando la reducción de la lista de espera por parte de las comunidades autónomas, la priorización de los servicios profesionales y, asimismo, quedará absolutamente garantizado el derecho subjetivo de todas las personas valoradas como
dependientes a la prestación que en cada caso les corresponda.


Por tanto, señorías, y a pesar de lo que se decía, incluso antes de que empezásemos nuestra labor de gobierno, es evidente que no hemos acabado con la dependencia. La hemos potenciado, hemos sido vigilantes del cumplimiento de la ley y
hemos impulsado líneas de colaboración consensuadas a través del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales con las comunidades autónomas.


Por lo que se refiere al envejecimiento activo y la prevención, el presupuesto diseñado para el año que viene mantiene los programas de carácter social de promoción de la salud y el envejecimiento saludable. Así, se destinan 105,56 millones
de euros para los programas de turismo social y termalismo, que originan más de 11 millones de estancias hoteleras, generan más de 447 millones de euros de riqueza y mantienen 107.000 puestos de trabajos en el sector tanto directos como inducidos.
Se ha puesto además especial atención en el turismo y termalismo para personas con discapacidad, destinando un montante de 3,3 millones de euros a un solo objetivo: conseguir que más de 10.000 personas con discapacidad disfruten de los programas
especialmente diseñados para ellos, teniendo en cuenta siempre sus necesidades especiales.


Por otra parte, se prevén 10,44 millones en materia de inversiones y gastos de funcionamiento de los diferentes centros del Imserso. De este modo, entre 2015 y 2016 se asegura la finalización de las obras y la puesta en funcionamiento de
centros de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas como el Centro de discapacitados Stephen Hawking de Langreo, en Asturias, la financiación de la continuidad de los centros que ya se habían iniciado en 2015, y que
son los de Valencia, León o Soria y las obras de reforma y mejora, así como la reposición de mobiliario, de la red de centros en funcionamiento. En cuanto a los créditos destinados a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en 2016, ascienden a
35,06 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,14 millones de euros, un 3,37 %.


Por último, y conscientes de que constituyen un eficaz instrumento de solidaridad para evitar la exclusión social de casi medio millón de ciudadanos, la cantidad asignada para financiar el pago de pensiones no contributivas y prestaciones
económicas derivadas de la Ley general de derechos de la personas con discapacidad y su inclusión social, en el presupuesto de 2016 asciende a 2.473,74 millones de euros, es decir, un 2 % más respecto al año 2015.


En cuanto a la gestión del fomento y apoyo a las políticas de las personas con discapacidad, el presupuesto global para 2016 es de 9,32 millones de euros, articulado del siguiente modo: las partidas de

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la dirección general suman un total de 6,62 millones de euros. Se han dotado 18 subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social en el ámbito estatal, con 4,10 millones, que junto a las subvenciones previstas en el
ámbito de la Dirección General de Familia e Infancia pretenden asegurar el mantenimiento de estas entidades, que de otra manera verían peligrar su subsistencia. Se asignan 532.250.000 euros a la subvención para la atención a personas sordas en el
ejercicio de sus derechos básicos. Se sigue apostando por la financiación a los centros dependientes del real patronato, tales como Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, la Fundación CNSE para el Centro de Normalización Lingüística de
la Lengua de Signos Española, el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, el Comité Paralímpico Español y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es decir el Cermi.


Aunque no tengan un reflejo inmediato en estos Presupuestos Generales del Estado, me gustaría destacar una novedad importante: la regulación de las conocidas como cuentas durmientes, logradas a través de la Ley sobre reutilización de la
información del sector público. De este modo los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y otros depósitos en efectivo de estas cuentas podrán generar crédito a favor del Real Patronato sobre Discapacidad para financiar el desarrollo del
programa para la mejora de condiciones educativas de las personas con discapacidad. Esta regulación, sin duda, supondrá un plus presupuestario en futuros ejercicios, del que podrá disponer el Real Patronato sobre Discapacidad para el mejor
desarrollo de sus acciones a favor de las personas con discapacidad.


Respecto al presupuesto destinado al apoyo a la familia e infancia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, como ustedes conocen, estamos ante uno de los mayores compromisos del Gobierno, y es una muestra de nuestra vocación
social. Así lo han puesto de manifiesto el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, al que ha seguido el Plan nacional de acción para la inclusión social y que culmina con el Plan integral de apoyo a la familia.


La lucha contra la exclusión social, especialmente de las familias, es un objetivo transversal presente en estos planes, con el fin de evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de sus familias. Con tal motivo
este Gobierno creó y puso a disposición de las comunidades autónomas un fondo destinado a las familias con dificultades y responsabilidades familiares: 17,4 millones en 2014; 32 millones en 2015; y un fondo que se incrementa en un 50 % en 2016,
alcanzando los 48 millones de euros. Como saben, se trata de fondos dirigidos fundamentalmente a proyectos de ayuda a familias con hijos menores a cargo y en situaciones de vulnerabilidad.


La dotación total para estas políticas sube hasta los 193 millones de euros con un incremento respecto a 2015 de 17,96 millones de euros, es decir, un 10,24 % más. Se trata, señorías, del mayor incremento porcentual de todas las políticas
que están bajo la responsabilidad de esta secretaría de Estado. Si tenemos en cuenta que en el año 2015 ya se incrementó en más de un 20 %, podemos concluir que en dos años consecutivos el presupuesto para las políticas de familia e infancia se ha
incrementado en un 35 %. El apoyo a la familia y a la infancia orienta también el crédito con cargo a la asignación tributaria del IRPF, el 0,7 %.


En el año 2014 se distribuyeron finalmente más de 220 millones de euros, con un incremento de 10,67 millones de euros sobre el ejercicio anterior, con lo que se financiaron 466 entidades y 1.235 programas. En 2015 la cifra total de la que
se dispone ha ascendido a 220,98 millones de euros, de los que el 40% se destinarán a situaciones de exclusión, urgencia, infancia y familias. Igualmente la puesta en marcha en 2015 del programa de ayuda alimentaria a las personas más
desfavorecidas se financia con una dotación de 1,9 millones de euros, que se suman a los 30,64 millones para las medidas de acompañamiento del FEAD. Como saben sus señorías, los fondos del programa FEAD se destinan fundamentalmente a la compra de
alimentos y supondrán 650 millones de euros durante el periodo 2014-2020.


En otro orden de cosas se consolidan otras partidas, como el Plan de desarrollo gitano, los programas de servicios sociales de Ceuta y Melilla, el Congreso del Voluntariado, la Fundación Víctimas del Terrorismo, las subvenciones a la
Federación Española de Municipios y Provincias y a la Fundación Más Familia. Se dota también de 18 subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social, en dos partidas diferentes por un total de 6,58 millones de euros. Como les
comenté, el Gobierno está firmemente comprometido con el apoyo a las entidades del tercer sector, que desarrollan una labor social imprescindible. Defendemos un modelo que a través de estas entidades de ámbito estatal vertebre y articule la
solidaridad de las personas por encima de los territorios.


Señorías, en cuanto al presupuesto destinado a las políticas de juventud, este alcanza los 28,94 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 5% respecto al ejercicio 2015. Me gustaría

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destacar el significado aumento de 1,53 millones de euros de la financiación de la Unión Europea para el desarrollo y ejecución del programa comunitario Erasmus+Juventud, alcanzando la cifra total de 13,07 millones. Asimismo reviste gran
importancia la financiación del programa del Injuve para la contratación de jóvenes desempleados del Servicio de Empleo Público Estatal, con un millón. En relación con el Consejo de la Juventud, se consolida la financiación con cargo al Ministerio
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2015. Por lo demás, se sigue avanzando en la adaptación del Consejo de la Juventud al nuevo marco jurídico que establece la Ley 15/2014 de racionalización del sector público, y se está negociando esta
cuestión con el propio consejo para poder concretar su correspondiente real decreto.


Por lo que se refiere a la lucha contra la drogodependencia y otras adicciones, y sin perjuicio de lo que pueda manifestar el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que comparecerá más adelante con el objeto de exponerles
el presupuesto, quiero destacar que dicha delegación dispone de un crédito inicial de 14,69 millones de euros para impulsar las diferentes actuaciones en materia de drogodependencias. Se consolidan los programas derivados de la aplicación de lo
dispuesto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Se trata en todos los casos, como ustedes saben, de créditos ampliables cuya dotación varía
a lo largo del ejercicio presupuestario, habiéndose casi duplicado el presupuesto inicial en 2015, pues la cantidad final ascendió a 28,6 millones de euros.


En materia de igualdad, señorías, el presupuesto del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, IMIO, se centra en impulsar actuaciones contempladas en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades, dirigidas a seguir
impulsando la igualdad entre hombres y mujeres y a la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación entre todas las personas. El presupuesto del IMIO este año es de 19,74 millones de euros. Como ustedes saben,
señorías, el IMIO se nutre de una doble financiación: la que procede de fondos europeos y la que viene de fondos estatales. Pues bien, la novedad principal de este año es que desciende la financiación europea y se incrementa la financiación
estatal. Ello se debe a la finalización del programa igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar, cofinanciado con fondos del mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo, los conocidos como 'fondos noruegos', que supone
una disminución de 2,8 millones de euros. Para compensar esta disminución se incrementa el esfuerzo presupuestario del Gobierno con el IMIO en algo más de un millón de euros. Así, la financiación estatal del IMIO llega a los 13,07 millones, lo que
supone un crecimiento del 5,77 %. Además, se incrementa la financiación europea por la vía del Fondo social europeo, que sube un millón de euros respecto al ejercicio anterior. De este modo, las aportaciones recibidas por el Fondo social europeo,
el Espacio Económico Europeo y el Fondo europeo de desarrollo regional ascienden en este año a 5,2 millones de euros. Para analizar los números globales del presupuesto del IMIO hay que tener en cuenta también que en los Presupuestos Generales del
Estado para 2015 se incluían cuatro partidas por un total de 287.000 euros correspondientes a gastos derivados de la contratación centralizada, que ahora se incluyen en el presupuesto del Minhap.


En cuanto al presupuesto dedicado a actuaciones y programas concretos, se incrementa en 849.000 euros, elevándose hasta 8,45 millones de euros. Esto nos permite dotar programas tales como programas para favorecer la reincorporación de
mujeres mayores al mercado laboral, programas destinados a fomentar la internacionalización de las empresas constituidas por mujeres, actuaciones para mejorar las condiciones sociolaborales de mujeres gitanas, actuaciones para la promoción de las
mujeres rurales -destacando en esta línea la muy próxima presentación del Plan de desarrollo de la mujer rural-, actuaciones de sensibilización para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. A su vez, se han incrementado los programas de
incentivación de planes de igualdad para pymes, el programa para la aplicación de la igualdad de oportunidades, el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la actuación en materia de igualdad y se consolida la financiación
del programa SARA, del programa de apoyo para estudios universitarios de posgrado o el convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.


En consecuencia, señorías, el presupuesto del IMIO es un presupuesto riguroso, que dirige sus líneas de actuación a dar cumplimiento a las medidas y actuaciones previstas en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades, a impulsar nuevos
programas y a asegurar la continuidad de los ya iniciados.


En cuanto a la lucha contra la violencia de género, sin perjuicio de que la delegada comparece, al igual que el delegado del Plan nacional sobre drogas, con objeto de exponer detenidamente el presupuesto en esta materia, señalo las
siguientes cuestiones relevantes, consciente de que la lucha contra esta lacra es una prioridad absoluta para este Gobierno y que todo es poco para erradicarla. Así, se ha incrementado

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el presupuesto destinado a la violencia de género en 1,5 millones, alcanzando la cifra total de 25,22 millones. Se consolida de este modo el progresivo aumento que se venía realizando. En 2014 se destinaron a las acciones contra la
violencia de género 22,20 millones, y en 2015, 23,72 millones. El presupuesto de 2016 para violencia de género supone un incremento del 6,32%, que sumado al del ejercicio anterior, que supuso un incremento del 6,8%, representa un 13% más en apenas
dos años.


A continuación les detallo en qué se refleja el nuevo aumento presupuestario. En relación con los fondos que se transfieren a las comunidades autónomas, se incrementa en un millón de euros la dotación para programas de asistencia social
para mujeres víctimas de violencia de género, que se suma a los 4 millones existentes en 2015, lo que supone un aumento del 25%. A ello se une el mantenimiento del millón de euros destinado a programas para la implementación de planes
personalizados, que inciden directamente en la coordinación. En consecuencia, los fondos destinados a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial suman un total de 6 millones de euros, lo que supone un millón más que en los
presupuestos del año 2015, y también un millón más de lo que se presupuestó en 2011. Por otro lado, la partida para ayudas sociales para mujeres se ha incrementado en 707.000 euros, hasta alcanzar 1.700.000 euros, lo que supone un aumento del
70,78%.


Para el Gobierno lo primero son, han sido y van a ser las víctimas, su asistencia y su protección. Pero además estamos reforzando la sensibilización contra la violencia de género. Los datos de que disponemos demuestran la elevada utilidad
de las campañas de sensibilización, considerándolas, por lo tanto, como prioritarias. Por eso se consolida el presupuesto para campañas de sensibilización de 4,76 millones del año 2015. A su vez, hemos reforzado la dotación para el convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias. Además de todo ello, la buena gestión contractual, el ajuste de lo efectivamente ejecutado y la renegociación de los contratos han permitido gastar más eficazmente lo presupuestado. De esta manera se
impulsan las actuaciones de prevención y se mejora la prestación de los servicios propios de la delegación.


Como pueden ustedes comprobar por los datos, estos servicios no solamente se mantienen, sino que crecen en el número de usuarias. Valgan como ejemplo los siguientes: en el primer semestre de 2015, en el teléfono 016 se han recibido 35.714
llamadas, la cifra más alta en un mes de junio desde el año 2008, el primer año en que se ofrece el servicio, un 10,6 % más de llamadas que en la misma fecha del año 2014 y un 10,7 % que la media anual de llamadas entre 2008 y 2014. Además, tanto
el 016 como el Atenpro han mejorado sustancialmente en su calidad técnica. En paralelo se consolidan otras actuaciones como el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de
género, con 3,6 millones de euros, la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, con 2 millones, y les adelanto, señorías, que en las próximas semanas se tramitará para su aprobación por Consejo de Ministros el Plan
integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018. También se mantienen becas de formación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer o los premios a la mejor tesis doctoral de investigación en
materia de violencia de género.


Voy terminando. No obstante, no puedo poner fin a esta comparecencia sin condenar enérgicamente los 25 asesinatos por violencia de género confirmados desde que se iniciara el año 2015 y tener un sentido recuerdo para los 24 menores que han
quedado huérfanos.


Concluyo mi intervención, señorías. Finalizamos este periodo de cuatro años con las cuentas públicas saneadas, con un sistema de servicios sociales sostenible, eficiente y solidario. Por ello puedo decir que estamos ante unos presupuestos
centrados en la apertura de un nuevo rumbo económico y, por tanto, el posicionamiento del Gobierno ante un paisaje presupuestario más audaz y ambicioso, en el que se devuelve el esfuerzo realizado por los ciudadanos; políticas sociales por y para
todos, centradas en las necesidades y fundamentalmente en las demandas que nos reclaman los ciudadanos.


Puesto que esta es mi última comparecencia de la legislatura para tratar de presupuestos, quiero agradecer a todas las señoras y señores diputados su colaboración en estos años. Les agradezco su atención en este tiempo y quedo a su
disposición para cuantas preguntas, cuestiones o aclaraciones deseen formular.


El señor PRESIDENTE: Como los dos grupos mayoritarios van a tener tres intervinientes, les voy a dar doce minutos, y ustedes, con la habilidad que les corresponde y con la generosidad que tienen todos, van a distribuirse ustedes mismos el
tiempo. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista van a intervenir el señor Sahuquillo, la señora Seara y la señora Ros. Por este orden, tienen ustedes la palabra.

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El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Bienvenida, señora secretaria de Estado, a esta que es su casa. Trataré los programas 231.F, sobre otros servicios sociales del Estado; 231.G, atención a la infancia y las familias, y el 00.X, transferencias
internas, todo lo relacionado con la atención a la dependencia y las transferencias que el Imserso realiza para que se gestione.


Durante estos días, señora Camarero, venimos escuchándole decir a usted hoy -así ha terminado su intervención-, a sus compañeros del Gobierno y también a gente de su partido que en estos Presupuestos Generales del Estado para 2016 lo que
quiere Rajoy es devolver a los ciudadanos gran parte del esfuerzo que han tenido que realizar durante estas últimos cuatro años. Y los miembros del Grupo Socialista que hemos escuchado estas manifestaciones de usted y de sus compañeros, raudos y
veloces hemos ido a diseccionar los presupuestos, a ver si era verdad, a ver si aprovechaban esa mejora de la economía para devolver parte de los esfuerzos. ¿Y sabe qué ocurre? Que va a acabar la legislatura y ocurre lo que han venido haciendo
todos los presupuestos: palabrería y más palabrería, que si son los presupuestos más sociales de la historia, el año pasado los de la consolidación de la economía... Y al final se demuestra con hechos, con papeles, que no es cierto lo que dicen
porque se refleja en lo escrito.


Ustedes han elaborado cinco presupuestos. Los servicios sociales se han llevado la palma en los recortes y ahora no hacen eso de devolver el esfuerzo hecho -mejor dicho, esfuerzo impuesto- por ustedes a los ciudadanos. Ley de dependencia:
la escasa financiación del Estado al sistema de autonomía y atención a la dependencia ha sido un auténtico escándalo. En ninguno de los cinco presupuestos han contemplado la cantidad que la memoria económica de la ley fijaba cuando se aprobó, por
lo que siempre ha habido una diferencia negativa en la financiación para las comunidades autónomas. Las más comprometidas, que no han sido las del Partido Popular -¿verdad?-, han tenido que hacer un gran esfuerzo económico. Hay un dato muy
clarificador: en 2007-2011 el Gobierno socialista invirtió en dependencia 1.169 millones de euros más de lo que señalaba la memoria económica de la ley, mientras que en los cinco presupuestos del Gobierno del Partido Popular han sido 3.087 millones
de euros menos de inversión de lo comprometido en la ley. Siga usted repitiendo eso que ha dicho de cumplimiento escrupuloso de la Ley de Dependencia. Son datos, datos del ministerio, lo dice un documento del Imserso: 'Aportaciones de la
Administración General del Estado a la financiación de la Ley 39/2006'.


Si comparamos estos presupuestos de 2016 con el presupuesto de 2011 -último presupuesto socialista-, las diferencias son muy evidentes entre el Gobierno que hizo e impulsó la ley y el Gobierno que ha querido dejarla morir. Año 2011, nivel
mínimo: 1.287 millones de euros; nivel convenido: 283 millones de euros; Fondo de infraestructura: 17 millones de euros; otros gastos de dependencia, en dos partidas: 2 millones de euros, por un lado, y 15,5 millones de euros, por otro. Por
el contrario, año 2016, nivel mínimo: 1.162 millones de euros, menos dinero, con más beneficiarios, usted lo ha dicho, entran los moderados; nivel convenido: cero euros; Fondo de infraestructura: 5 millones de euros; otros gastos de
dependencia: 8 millones de euros menos que hace cinco presupuestos.


Pero hay un dato demoledor, como es que el Gobierno de Rajoy suprimió la partida del nivel convenido que haría que sus cinco presupuestos, si se hubieran dedicado a la dependencia, si no se hubieran recortado por parte de la Administración
General del Estado, tendríamos 1.415 millones de euros en los cinco presupuestos -son 283 multiplicado por 5- para invertir en dependencia. A lo que habría que sumarle otros 1.415 millones de euros de las comunidades autónomas que, como ustedes
saben, aportaban otro 50%. Esta fue una decisión exclusivamente del Gobierno de Rajoy, que la tomó en el primer presupuesto. Además, hay otros 60 millones de euros de los que le hablaba en ese Fondo de infraestructura, ya que había 17 millones de
euros en 2011 y ustedes han ido dejándolo en 5 millones y recortándolo, por tanto, es muy fácil conseguirlo. Respecto al nivel mínimo, ya se lo acabo de decir, no han contemplado lo previsto en la memoria económica en ninguno de los años.


Al margen de la asfixia financiera, lo que ha supuesto es que un 37 % de las más de 1.190.000 personas en situación de dependencia reconocida no tenga ninguna prestación o servicio del sistema de dependencia; que el sistema se haya
desbordado; que solo se atienda a nuevos dependientes en la medida en que se producen bajas de personas ya atendidas; que hayan fallecido casi 100.000 personas en situación de dependencia esperando una prestación o un servicio; que la
desinversión en la ley haya imposibilitado los retornos directos que conllevaba la ley; que la modificación por dos veces en el calendario progresivo de la implantación de la ley, aunque siga diciendo eso de 'cumplimiento escrupuloso de la ley', ha
perjudicado a 314.000 personas con dependencia moderada. Señorías, estos presupuestos generales de 2016, además de seguir atendiendo a 746.142 dependientes existentes a día de hoy, tienen que atender a otros 445.000, tanto los 314.000 que le
hablaba del grado 1 como los 130.000 de grado 2

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y de grado 3 que están en lista de espera y ustedes no le han dado solución. Algo que el sistema no va a ser capaz de atender con estos presupuestos, pues la financiación le va a resultar imposible.


Le voy a dar un dato. El 24 de mayo de 2014 el pleno del Tribunal de Cuentas -no sé si por ahí estaba ya enredando la señora Cospedal- aprobó el segundo informe de fiscalización de la ley y manifiesta que en 2012 se invirtió en dependencia
7.084 millones de euros. Si hora usted manifiesta que van a invertir 1.252 millones de euros en 2016, eso es el 20 %, no más, de lo que va a costar la dependencia a las administraciones y a los usuarios en este año. Por tanto, esto que usted viene
diciendo y decían siempre de que harán más con menos es una frase que viene diciendo el Gobierno del PP, que yo no me creo.


Paso al programa 231.F. Analizando la descripción de este programa, cuyo objetivo es mantener el sistema público de servicios sociales de atención primera para dar cobertura a necesidades básicas, vemos que no es posible con estos
presupuestos. Que el Gobierno diga que su finalidad es afrontar la situación actual de crisis económica y continuar impulsando la lucha contra la pobreza, con estos números, es muy difícil. Plan concertado: hemos pasado de 88 millones de euros en
2011 a 27 millones de euros en 2016. Si hubieran mantenido todo el presupuesto que han recortado estos cuatro años, tendríamos para planes concertados una cantidad cercana a los 274 millones de euros. Es más, ustedes dicen que va a haber que
atender a 65.000 ciudadanos más en este país y, sin embargo, aportan el mismo presupuesto. Plan de desarrollo gitano: más de lo mismo, como lo dejaron está. Plan de voluntariado: esperando a que se apruebe la ley. Por tanto, solo aquí aparece
algo que hablaba usted, un incremento de 16 millones en la partida de apoyo a las familias y a la infancia, 48 millones de euros, pero le recuerdo que hay una ley que tiene unos compromisos que no cubren con sus presupuestos. Señora secretaria de
Estado, pedimos que en esos 48 millones de euros se incluyan más cantidades, porque hay que atajar la pobreza infantil, en consonancia con la recomendación de la Comisión Europea de invertir en la infancia y las muchas propuestas que los distintos
grupos parlamentarios hemos planteado.


Sobre el programa 231.G, a este programa hay que darle una vuelta, porque quizás tenga más staff técnico que presupuesto. Ustedes hablan de dos grandes líneas de acción, protección a la infancia y protección a la familia, vinculadas al Plan
integral de apoyo a la familia 2015-2017, pero el presupuesto está en el programa 231.F. Excepto partidas de transferencias corrientes por 2,4 millones de euros para organizaciones no gubernamentales sin fin de lucro de ámbito estatal, en el ámbito
de la infancia y la familia, poco más van a hacer, lo que le he dicho anteriormente.


Vuelven ustedes a olvidar lo que ya olvidaron el primer día cuando llegaron: este Gobierno ha dejado abandonados los programas de menores infractores y en situación de dificultad social y maltrato; del envejecimiento activo,
teleasistencia, quitaron la partida -nada más se supo- para colaborar con entidades, y termalismo y turismo social no cumple las expectativas exigidas ni el presupuesto que tenía el último Gobierno socialista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Bienvenida de nuevo al Congreso y gracias por las explicaciones, señora Camarero.Quiero empezar esta intervención haciendo un llamamiento al Gobierno para que, tal y como le está pidiendo el Partido Socialista,
lidere un pacto social y un pacto político contra la violencia de género. Señora Camarero, sabe que es un clamor.


Pasando ya a la cuestión que nos ocupa, que es el presupuesto, creo que han perdido la oportunidad de hacer una apuesta clara por la discapacidad, de nuevo lo han desaprovechado. Se encontraron ustedes con un presupuesto de 10,5 millones de
euros en el año 2011 y hoy esa cuantía se reduce a 6,62 millones; han subido, señora Camarero, exactamente 32.000 euros respecto al año pasado. El presupuesto con relación a 2011 se ha reducido un 36 %, y esta subida de 32.000 euros se produce en
gastos de personal. Ese es el acento social: la subida que se produce en materia de discapacidad es en gastos de personal, 32.000 euros. El resto sigue exactamente igual. Lejos de recuperar el tiempo perdido de los últimos cuatro ejercicios
presupuestarios, su gran avance -repito- son 32.000 euros en gastos de personal. Han reducido incluso más de 3,3 millones de euros los subsidios a personas con discapacidad. Desde luego, son presupuestos que no se corresponden con las políticas
anunciadas por usted y su ministerio en el último año.


Respecto a las transferencias corrientes a ONG del sector mantienen exactamente las mismas cantidades que el año pasado, exactamente las mismas: la subvención a la Confederación de Personas Sordas de 532.000 euros, y el resto, 4,1 millones
de euros, para las demás entidades. Es verdad que segregan las cuantías por ONG, esto es un tema de agradecer, y lo valoramos como un gesto de

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transparencia. Sin embargo, estas cuantías, al igual que se lo dijimos el año pasado, son unas cantidades mínimas, insuficientes. Le pongo el ejemplo de lo que recibe el sector de las personas con enfermedades mentales, Feafes: 187.000
euros. Hablamos de 50 céntimos por persona con enfermedad mental al año en nuestro país. Ese es el reparto.


Luego, hay una cuestión que le queríamos preguntar, que tiene que ver con una subvención. Por un lado, están las transferencias corrientes del Real Patronato, y por otro, la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación
sobre Discapacidad, que recibe más de 205.000 euros. Nos llama la atención, si lo comparamos con lo que recibe el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que son 80.000 euros. Nos parece una diferencia importante y nos gustaría que nos explicara
por qué hay esta diferencia.


Después -yo ya hacía referencia a ello-, el presupuesto del Real Patronato de Discapacidad también tiene una subida mínima: de 2,2 millones en 2015 a casi 2,7 millones en 2016. Aquí es exactamente el mismo presupuesto, las mismas partidas,
excepto una: el convenio con la ONCE de accesibilidad, que han tenido ustedes parado durante mucho tiempo. No sé si lo van a plantear en el mismo sentido, pero yo quiero recordar que aquí se recupera una partida 500.000 euros. Nosotros lo
celebramos, pero quiero recordar que en 2012, con la llegada del PP al Gobierno desapareció este convenio en materia de accesibilidad universal, un convenio que había entre el Imserso y la Fundación ONCE, y yo tuve alguna vez la ocasión de decírselo
al director del Imserso. Un convenio que tenía una trayectoria de más de veinte años y que efectivamente aportaba unas importantes mejoras de accesibilidad, sobre todo en los municipios de nuestro país. El convenio era de 3 millones de euros, la
subvención que ustedes recogen es de 500.000 euros. Insisto, es un convenio con una trayectoria de veinte años en nuestro país.


Finalmente -y ya termino- quiero hacerle la misma pregunta que le hice el año pasado, respecto al Plan de acción en materia de discapacidad. Esta pregunta sobre la estrategia de discapacidad se la hice el año pasado y usted me dijo que yo
no me enteraba, que era una cuestión transversal y que esto no tenía que aparecer presupuestado. Fíjese, señora Camarero, es que la señora ministra, la exministra de Igualdad y Asuntos Sociales, que estuvo paralizando el plan durante tres años,
aprobó en septiembre pasado este plan y anunció que se destinarían -fíjese lo que le voy a decir- 3.093 millones de euros. En el ejercicio presupuestario pasado, no hubo ni un solo céntimo para este plan; exactamente igual que en este año.
Entonces yo le pregunto de dónde van a sacar el dinero para implementar las noventa y seis medidas recogidas en ese plan y los cinco ámbitos de actuación y cómo finalmente lo van a ejecutar.


El señor PRESIDENTE: Mire cómo le han dejado sus compañeros, sin tiempo. (Risas.)


La señora ROS MARTÍNEZ: Seguro que me han dejado cuatro minutos.


Señora Camarero, un año más hay que reprocharle que su comparecencia para exponer los Presupuestos Generales del Estado en el ámbito de la igualdad no sea en el seno natural, que es la Comisión de Igualdad, una Comisión legislativa. No es
casualidad, es un ejemplo más de lo que pretende el Partido Popular: que las políticas de igualdad sean invisibles. Pero, por fin, estos serán los últimos presupuestos del Partido Popular. Unos presupuestos electoralistas que intentan engañar a
la ciudadanía diciendo lo que no han hecho en estos cuatro años y unos presupuestos que son una burla democrática, porque estamos a las puertas de unas elecciones y quieren imponer su ideología a los resultados democráticos que salgan de las urnas.


Su balance no puede ser más negativo y, por más que ustedes se empeñen, la igualdad con el Gobierno de Rajoy continúa en números rojos. El programa de igualdad de oportunidades ha sufrido un recorte del 36 % desde que el Partido Popular
llegó al Gobierno. En 2011 se destinaron 31 millones de euros; en 2016, menos de 20 millones. Por más que digan que aumentan las partidas, la realidad es que la partida para el año que viene es inferior en 11 millones de euros menos, respecto a
los últimos presupuestos del Gobierno socialista de 2011. Estamos hablando de que el Partido Popular ha recortado uno de cada tres euros en una cuestión tan importante como son las políticas de igualdad. El Partido Popular y Rajoy suspenden en
igualdad, porque para ustedes sigue siendo la asignatura María de los presupuestos y del Congreso. Ustedes consideran a las mujeres ciudadanas de segunda.


Señora Camarero, en estos presupuestos vuelve a desaparecer el programa con las comunidades autónomas para el emprendimiento, inclusión e inserción sociolaboral de mujeres, y lo vuelven a recolocar a entidades locales. Ya les dijimos que se
trataba de una triquiñuela para evitar el control que esta partida exige con unos criterios consensuados con todas las comunidades autónomas. Y como el Partido Popular no gobierna ahora en la mayoría de comunidades, lo utilizan como instrumento de
premio o castigo a los ayuntamientos.

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Pero también la fusión entre la Dirección General de Igualdad de Oportunidades y el Instituto de la Mujer ha hecho posible lo que ustedes llevan tanto tiempo persiguiendo: hacer invisible el Instituto de la Mujer y la finalidad con la que
se creó. Unos presupuestos en los que desaparecen de nuevo, como viene sucediendo desde 2014, las acciones del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades y el apoyo a las unidades de igualdad de las universidades. Unos presupuestos donde
anuncian planes y más planes con un título aparente, pero cuyo contenido son cortinas de humo. Pregunten a la ciudadanía por sus planes: ni los conocen, ni los esperan. La ciudadanía y sobre todo las mujeres están reclamando al Gobierno una
actuación contundente y verdadera, y nada de eso ocurre con estos presupuestos.


Señora Camarero, el empleo, como usted ha dicho, sigue siendo una preocupación entre la ciudadanía, pero el empleo como garantía de igualdad. Su reforma laboral expulsa a las mujeres del mercado de trabajo y hace imposible la conciliación y
la corresponsabilidad a las que usted aludía. Hablan de recuperación económica y han sido incapaces, una vez más, de ampliar los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas. Pero ustedes no tienen remedio y cada vez que se les ocurre algo es en
perjuicio de las mujeres. Ideas como las que ayer lanzó el secretario de Estado de Seguridad Social, que plantea que las pensiones de viudedad se paguen con impuestos, nos dan miedo de lo que puedan significar, nos tememos lo peor. Estamos
hablando de dos millones de mujeres, cuatro veces más viudas que viudos, y esto podría significar que las pensiones de viudedad dejen de ser contributivas. Y ya le adelanto que nosotros, el Grupo Socialista, queremos que sean contributivas.


Voy finalizando y como el tiempo es breve...


El señor PRESIDENTE: Señora Ros, por favor.


La señora ROS MARTÍNEZ: Voy finalizando, medio minuto escaso. Como el tiempo del que dispongo es breve para analizar todos los contenidos, le vamos a pasar un listado de sesenta y cinco preguntas que van referidas a los planes que viene
usted anunciado en el tema de igualdad y otras variadas.


Concluyo diciéndole que el balance de su legislatura y de este presupuesto es un evidente castigo a las políticas de igualdad. Pero no solo se lo dice el Partido Socialista; la ONU, Naciones Unidas ha suspendido a España en políticas de
igualdad. Y también lo alerta el informe de Cedaw, en el que se denuncia el grave retroceso en materia de igualdad por el Gobierno de España. Por tanto, estos son unos presupuestos que crean más desigualdad y menos oportunidades.


Por último, señora Camarero, le pido que apoye la solicitud del Grupo Socialista a favor de un pacto social y político que recupere el espíritu de consenso de la Ley integral contra la violencia de género. La declaración institucional del
Congreso del martes pasado representa un buen inicio, pero hay que continuar, avanzar. Usted empezó sus responsabilidades en este cargo apoyando la iniciativa de un pacto social y político, pero su grupo y su partido, el Gobierno, la hicieron
rectificar. Los asesinatos de mujeres de este verano reafirman que ese pacto es más necesario que nunca.


El señor PRESIDENTE: Por favor, si acercan a la Mesa las preguntas, se lo agradeceré. Y es la última vez que no voy a intervenir, porque han sido 17 minutos, cuando tienen diez. Eso es porque no les he controlado a ustedes. A ver si el
Grupo Parlamentario Popular lo hace tan mal o lo hace mejor. En representación de Convergència i d'Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia de la señora Camarero, aunque no puedo compartir su balance positivo, ni mucho menos. Esta ha sido una legislatura en la que, en un contexto de durísima crisis, España ha
continuando encabezando, junto con algunos países de la antigua Europa del Este, el incremento de las desigualdades, y, frente a este incremento de las desigualdades, la política del Gobierno, y significativamente la política social del Gobierno, ha
sido claramente insuficiente. Es más, el principal problema social que afecta al Estado español, que es la pobreza infantil, ha tenido una respuesta tardía y escasísima por parte del Gobierno. Y es más, en este presupuesto se confirma lo que ha
sido la tendencia en los últimos años en esta materia, en el instrumento que en el resto de Europa constituye la principal fórmula para hacer frente a los problemas de la pobreza infantil, que es la inexistencia de una prestación por hijo a cargo de
carácter universal con una cuantía insuficiente. En este presupuesto de nuevo la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social queda congelada en 291 euros al año para familias con ingresos inferiores a 11.500 euros, una cuantía insuficiente
para hacer frente al problema de la pobreza infantil y de la que tan solo pueden beneficiarse las familias más extremadamente pobres. En el resto de Europa, donde las cifras de la pobreza infantil

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se alejan de la realidad española, nos encontramos con una prestación de carácter universal, con una media de unos 100 euros al mes, unos 1.200 euros al año. La señora Camarero, en la aprobación del plan de familia al final de legislatura
abrió tímidamente la posibilidad de aumento de esta prestación; de nuevo en este presupuesto la prestación queda congelada. Y es así, señora Camarero, desde el año 2000, desde entonces España mantiene una prestación por hijo a cargo insignificante
e inútil para hacer frente al problema de la pobreza infantil. Habrá pasado la legislatura y la pobreza infantil no habrá sido una prioridad del Gobierno.


En segundo lugar, terminará también la legislatura y se va a consolidar la congelación en la aplicación de la Ley de la Dependencia. Es más, en el presupuesto para 2016, con un incremento de más de 400.000 nuevos dependientes, el Gobierno
contempla un incremento de 75 millones de euros en el presupuesto; en la práctica, para estos nuevos dependientes moderados seguramente estaremos hablando de una ayuda media de 44 euros por persona. Señora Camarero, habrá hecho realidad una
afirmación que el señor Zaplana llegó a decir hace ya bastantes años, cuando se empezó a discutir en España sobre las cuestiones de la regulación de la Ley de la Dependencia, quien afirmó que en esta materia habría que hacer una paguita. Pues,
finalmente, en esta materia, para muchos dependientes la política de atención a la dependencia va a consistir en una paguita, en una paguita que además fundamentalmente corresponde financiar a las comunidades autónomas.


En esta legislatura se habrá consolidado la tendencia de que más del 80 % del gasto público en la dependencia se concentra o corre a cargo de las comunidades autónomas. Del conjunto del gasto, el 60% es para comunidades autónomas y
alrededor de un 15% corresponde a los copagos de los ciudadanos. El Estado, con esos 1.253 millones de euros, ha abandonado la financiación de la dependencia. Y en este presupuesto se mantiene también la congelación de las disposiciones de la Ley
de la Dependencia que establecían el denominado nivel acordado para incrementar el apoyo del Estado a la financiación de la dependencia. Desde ese punto de vista, señora Camarero, no podemos compartir la política que el Gobierno ha desarrollado en
esta materia.


En esta legislatura además hemos visto el proceso de debilitamiento de los servicios sociales básicos con las reducciones sustanciales del plan concertado y con la reforma de la Ley de Régimen Local, que ha debilitado la capacidad de los
ayuntamientos de prestar servicios sociales. Y es más, sabemos que donde mejor se puede implementar la Ley de la Dependencia es donde mejor están desarrollados los servicios sociales de los ayuntamientos. Debilitar los servicios sociales de los
ayuntamientos, como ha hecho el Gobierno en esta legislatura, también debilita la implementación de la Ley de la Dependencia. Y debilitar la financiación del Estado de la Ley de la Dependencia está debilitando también el funcionamiento de esos
servicios sociales.


En esta legislatura el Gobierno ha continuado rehuyendo el cumplimiento de las sentencias de los tribunales en relación a la necesidad de proceder a una gestión por parte de las comunidades autónomas de los recursos del 0,7 % del IRPF. Ha
llegado tanto a ser así en esta materia su huida de las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han tenido que inventar e innovar los títulos competenciales, lo que les permite, por ejemplo, continuar en este
ejercicio 2015 esa gestión centralizada, o también han tenido que incorporar unas enmiendas estrambóticas en el Senado en la Ley del Tercer Sector para resolver sus incumplimientos en la convocatoria de las subvenciones del régimen general. Por
tanto, en materia de subvenciones al tercer sector, el Gobierno ha estado incumpliendo las sentencias, incumpliendo la lógica que establece la Constitución, incumpliendo la lógica que establecen los estatutos y generando inseguridad en las entidades
del tercer sector.


El Gobierno, a pesar de que en esta materia ha mantenido una retórica, tampoco ha tenido una política decidida de apoyo a las familias. Uno de los compromisos importantes alcanzados en la pasada legislatura era la ampliación del permiso de
paternidad para corresponsabilizar más a los varones en los cuidados de los hijos, pero en esta legislatura queda de nuevo congelado. Y la línea de subvenciones para favorecer la implementación de la educación en la franja de cero a tres años ha
desaparecido. Por tanto, los dos principales instrumentos que en el resto de Europa constituyen las políticas de apoyo a las familias, que son licencias parentales más amplias e implicación de los varones en el cuidado de los hijos, así como
políticas de apoyo a guarderías, no han formado parte de la prioridad del Gobierno. Finalmente, señora Camarero, de nuevo este presupuesto congela el Iprem, el indicador de rentas públicas, aquello que permite a las familias con menos recursos
acceder a las ayudas sociales. De nuevo queda congelado, y, por tanto, de nuevo más familias en situación de vulnerabilidad no van a poder acogerse a determinadas ayudas.

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Todo ello, señora Camarero, lleva a mi grupo, lógicamente, a rechazar este presupuesto, a plantear una enmienda de devolución y a tener que censurar lo que ha sido la política social de esta legislatura.


Pero, señor presidente, antes de finalizar, quiero plantear a la señora Camarero cuatro preguntas concretas.


En primer lugar, con relación a la estrategia para personas sin hogar, que se ha anunciado en distintas ocasiones que se iba a poner en marcha, ¿se va a aprobar antes de que finalice la legislatura?


En segundo lugar, ¿cuál es la previsión para financiar en este presupuesto la lengua de signos catalana, tal como se contempla en la Ley de Signos española, donde se prevé que desde el ámbito estatal se cofinancie el apoyo a la difusión, el
conocimiento y la enseñanza de la lengua de signos catalana?


En tercer lugar, ¿qué criterios ha seguido el Gobierno en la implementación de los centros de referencia estatal en Asturias, Valencia, León y Soria? ¿Por qué en estas comunidades y no en otras?


Y, finalmente, en estos días han aparecido informaciones en relación a los programas de termalismo y turismo preocupantes, investigaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia. Por tanto, nos gustaría conocer cuál es la posición del
Gobierno frente a esa intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia ante las situaciones que se han producido de pacto de precios entre distintas compañías en relación a la gestión de estos programas.


Finalmente, en materia de violencia de género mi grupo se suma a esa necesidad de amplios acuerdos, de acuerdos de Estado en esta política. Pero, sobre todo, los acuerdos en esta materia deben exigir que el reparto de los recursos que el
Estado aporte sea justo y equitativo. Y en este sentido, desde Cataluña nos sentimos no suficientemente apoyados para desarrollar las políticas que el Estado cofinancia en este campo.


El señor PRESIDENTE: A ver cómo el equipo del Grupo Parlamentario Popular reparte su tiempo. Van a intervenir doña Macarena Montesinos, doña Carmen Rodríguez Maniega y don Francisco Vañó. En primer lugar, tiene la palabra la señora
Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Bienvenida, señora secretaria de Estado y enhorabuena por su comparecencia, que refleja perfectamente el compromiso social del Gobierno, cumple con la agenda social que se ha marcado y, desde luego, fortalece
el gasto social y devuelve a los ciudadanos el bienestar que les arrebató la nefasta gestión del Gobierno socialista. (Aplausos.) Señoría, de cada 100 euros de este presupuesto, 54 están destinados a gasto social. Y si consideramos el gasto social
indirecto, es decir, a través de transferencias y aportaciones a fondos a las administraciones territoriales, sube a más de 70 euros el compromiso de este Gobierno con la política social. Por el contrario -a efectos de recordatorio, porque a veces
parece que a algunos la memoria les falla y vienen aquí a dar lecciones a quienes, desde luego, no les corresponden darlas-, los últimos Presupuestos Generales del Estado del año 2011 restaron 2.000 millones de euros -que se dice pronto- a los
programas sociales, a las partidas de ayudas a familia y a los grupos desfavorecidos. Y en dependencia, donde tanto han puesto el acento, redujeron en 234 millones de euros la financiación. Estos son los datos claros y evidentes. Y eso es lo que
representa la falsa progresía de este país, que se dedica de forma absolutamente burda y torticera a trasladar unas cifras y unos mensajes que son rigurosamente falsos. Y eso es así. (Protestas.-Aplausos.)


Señorías, fíjense hasta qué punto, y les voy a poner un ejemplo de mi comunidad, donde durante toda la campaña electoral Ximo Puig, al que todos ustedes conocen porque además fue diputado de esta Cámara, se dedicó a decir que en la Comunidad
Valenciana estábamos en emergencia social y que lo primero que iba a hacer él cuando tomara posesión como presidente sería -¿saben qué?- cargarse el copago en la dependencia. ¿Y saben qué ha sucedido? (La señora Ros Martínez: Pagar lo que no
habéis pagado.) Pues, miren, cuarenta días supuestamente trabajando, donde, desde luego, sigue el copago en la dependencia, y ahora está quince días de vacaciones. Eso es lo que se traduce por emergencia social. Y ya no vamos a entrar en otros
claros ejemplos porque, desde luego, nos llevaría toda la intervención, que no quiero.


Me parece tremendo escuchar que en dependencia se esté dejando morir el sistema, que estemos hablando de burla democrática. Pero, de verdad, ¿ustedes se creen todo lo que dicen? Es que es imposible que se lo crean (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Un momento, doña Macarena. (La señora Ros Martínez: Que no diga mentiras.) Por favor, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a escuchar en silencio a los

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intervinientes, como ha sucedido hasta ahora a lo largo de la mañana y como viene sucediendo en toda la legislatura. Señora Montesinos, cuando quiera.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Comprendo el nerviosismo del Grupo Parlamentario Socialista porque para ellos estamos en plena campaña electoral. Al final, el horizonte al que están abocados es pretender que este país termine siendo o
asemejándose, por ejemplo, a Venezuela, sin ir más lejos, porque no podrían llegar al Gobierno si no es con un pacto con Podemos. (Rumores.) Pero estoy convencida de que la inteligencia del pueblo español hará que el Partido Popular continúe en el
Gobierno y continúe ofreciendo a la sociedad española los servicios sociales que necesita y que la corresponde, porque somos garantía de futuro. Además ya hemos rescatado a este país en dos ocasiones. Pero lo hemos rescatado -como le decía- de la
incapacidad de gestionarlo de anteriores Gobiernos. Porque yo estoy convencida, de verdad, de que lo que pasó con el Partido Socialista fue incapacidad de gobierno, tanto en 1996 como en 2012. Yo no creo que el Partido Socialista en el Gobierno
tuviera un interés desmedido en que alcanzáramos el primer puesto en el ranking de los países de la OCDE -y es gordo- donde más creció la desigualdad durante los años 2007-2011; no, yo creo que fue incapacidad del Gobierno. Que alcanzáramos riesgo
de pobreza y de exclusión en España cinco veces superior al resto de la Unión Europea en la segunda legislatura, no, estoy convencida de que fue incapacidad, como lo fue el que el sistema de la dependencia estuviera colapsado, como lo fue el que en
las listas de espera hubiera más de 300.000 personas, como lo fue el que la información no estuviera actualizada, como lo fue que personas fallecidas estuvieran reconocidas en el sistema, como lo fue la deuda a la Seguridad Social.


Por el contrario, y hoy lo avala el Tribunal de Cuentas -al que ya se ha aludido a lo largo de la mañana-, hay más beneficiarios con prestación - y el 40 % de los incorporados lo han sido en estos tres últimos años de legislatura-, hay más
empleo relacionado y vinculado a la dependencia, hay más cobertura que en 2011 -entonces era del 71% y hoy es del 84 %-, y, desde luego, se han reducido las listas de espera. Por eso, ha pasado de ser un sistema insostenible a avanzar hacia la
sostenibilidad. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, que además afirma que ha habido una evolución positiva y que la media para incorporarse al sistema está en 49 días, aunque, desgraciadamente, la que eleva ese promedio es Andalucía,
donde en este momento la media se sitúa en 300 días y donde vive una de cada tres personas pendientes de recibir su prestación, lo que nos hace ir en este caso un poquito más lento de lo que el Gobierno quisiera. Y todos debemos recordar -lo que
viene bien de vez en cuando- que son las comunidades autónomas las que marcan quiénes se van incorporando al sistema y que luego eso se publicita en la página del Imserso, lo cual no hace si no le da los datos la comunidad autónoma correspondiente.
Y eso es lo que está pasando con la opacidad que hay en este momento en Andalucía, que no manda la certificación correspondiente a su ejecución. Hemos visto un ejemplo muy claro hace unos días en una respuesta por escrito de la consejera de
Andalucía en este caso a la oposición, al Partido Popular en Andalucía, que dice que en Andalucía han fallecido 7.781 personas que solicitaron acogerse a la Ley de Dependencia antes de ser valoradas o de recibir la prestación. Esa es la grave
diferencia que hay con respecto al resto. Y ustedes saben que la financiación de la dependencia se hace a través de dos leyes, a través de la Ley de Dependencia y a través de la Ley 22/2009.


Por tanto, el Gobierno está cumpliendo, como así lo expresa el Tribunal de Cuentas, al igual que el Gobierno está cumpliendo en infancia, en pobreza y en familia. Porque tenemos que recordar que el sistema de protección a la infancia data
del año 1996, último año de Gobierno Popular, y que hay un Plan Estratégico de la Infancia y de la Adolescencia, que está el Plan de inclusión, que tiene como línea transversal la lucha contra la pobreza infantil, que están dotados
presupuestariamente -otra cosa que otros no hacían-, que se han aprobado durante esta legislatura dos leyes, tanto la orgánica como la ordinaria, de reforma de la protección a la infancia, que el Estatuto de la víctima del delito protege a los
menores, que el Consejo de Europa ha reconocido los planes puestos en marcha por el Gobierno para mitigar la pobreza infantil, que creció cuatro puntos en la etapa del Gobierno socialista, y que además la última encuesta de Eurostat con respecto a
la pobreza dice en su informe que estamos por debajo de la media, por detrás de países como el Reino Unido. Por tanto, los datos son los que son. Las verdades son las que se reflejan, que ni más ni menos son relativas a la magnífica gestión que
está haciendo en este momento el Gobierno del Partido Popular.


Y por tiempo y porque mis compañeros también tienen derecho a intervenir, porque hay mucho que decir, porque este Gobierno ha hecho mucho y además siempre en beneficio de las personas y de quienes más lo necesitan, termino. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez Maniega.


La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señora secretaria de Estado, sabe que para nosotros es siempre un placer y una gran satisfacción cada vez que usted regresa a esta casa. Somos conocedoras de que la igualdad de oportunidades es una prioridad
para este Gobierno, pero de forma muy especial para la secretaria de Estado. Lo ha acreditado con su trayectoria, con su trabajo parlamentario, conocido y reconocido, y lo acredita ahora desde su responsabilidad en el Ejecutivo liderando un equipo
que se deja la piel trabajando para que exista una igualdad real. No creo que otros portavoces de otros grupos puedan darle muchas lecciones. En este sentido, puede observar la secretaria de Estado que incluso algunos grupos parlamentarios ni
siquiera han acudido a esta comparecencia. Permítanme agradecerle su intervención detallada y pormenorizada, con el rigor al que nos tiene acostumbrados, porque gobernar es priorizar. Y en este sentido quedan claras las prioridades de este
Gobierno: empleo, conciliación y lucha contra la violencia de género. Señora Seara, el Gobierno ya lidera los avances en este terreno, gestionado bajo un principio fundamental: el rigor presupuestario, una gestión ejemplar, sin gastar un solo
euro más que el imprescindible para la correcta gestión del servicio. El único recorte del que puede hablar la oposición es el de las partidas de viajes, manutención o gastos de representación, que, comparadas con cuando ellos gobernaban, se
rebajan considerablemente, quizá porque la secretaria de Estado no aspira, como diríamos en Asturias, a conseguir un puestín en la ONU, sino a conseguir la eficacia en la gestión de la secretaría.


Señorías, los Presupuestos Generales del Estado hay que estudiarlos y analizarlos. Acabamos de escuchar intervenciones a golpe de argumentario o de prejuicio demostrando el desconocimiento del proyecto de ley que tienen entre manos. Ha
sido un acierto la creación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que permite englobar todas las acciones y todos los programas de igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación y permite una mejor
coordinación de las políticas y establecer sinergias que mejoran los resultados. Lamento el tono de la portavoz socialista, que se repite tanto a golpe de cliché que cuando se le escucha una vez ya se sabe lo que va a decir en otras ocasiones.
¿Disminuye el dinero destinado a proyectos? Rotundamente, no. Entendemos que el Gobierno es consciente de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad, porque hace un esfuerzo en estos presupuestos aumentando las transferencias corrientes
aportadas al instituto en un 5,77 %, aun a pesar de que finalicen programas como, por ejemplo, el cofinanciado con los Fondos del Estado Económico Europeo, al tiempo que se aumentan en 10.000 millones de euros las transferencias a las comunidades
autónomas, que en mayor parte van destinadas a sanidad, educación, servicios sociales e igualdad. Y esto se lo recuerdo al señor Campuzano en especial en relación a su comentario sobre las escuelas de cero a tres años, que no guarderías.


El tiempo apremia y no puedo enumerar todas las actuaciones destinadas a empleo, emprendimiento, conciliación o apoyo a la mujer en el mundo rural, pero sí permítanme resaltar el enorme esfuerzo presupuestario hecho incrementando las
partidas destinadas a luchar contra la violencia de género. No me extenderé en ello porque en el orden del día de esta Comisión hay una comparecencia específica al respecto, pero, señorías, ustedes que piden pacto, ¿qué mejor pacto que haber
aprobado la ley por unanimidad? Ustedes han tenido en esta legislatura la oportunidad de apoyar todas las modificaciones legislativas y no lo han hecho, lo hemos tenido que apoyar en solitario; muchas reformas legislativas, que además tienen un
amplio apoyo social. Aumentan las partidas de igualdad, de conciliación, de empleo y contra la violencia de género, se continúa con el rigor en la gestión, en la eficacia en el gasto del dinero público, se refuerza y se reconoce la labor de los
ayuntamientos con el aumento de las aportaciones a la Federación Española de Municipios y Provincias.


Permítanme un par de reflexiones finales. Como decía al principio, muchos de los grupos parlamentarios a los que se les llena la boca hablando de igualdad -igualdad de pancarta- en el día de hoy no han asistido a ninguna de las reuniones en
Comisión, unas de las más importantes del año. Prefieren continuar sus vacaciones. Así demuestran su compromiso con la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia de género. Señorías, defiendan más y mejor la imagen de España, de
nuestro país, porque ustedes intentan siempre sacar todo lo negativo, y, sin embargo, no recuerdan, por ejemplo, informes como el de la OCDE, que sitúa a España entre los países que más destinan a gasto social, por encima incluso de Alemania; no
hablan, por ejemplo, del informe de progreso de igualdad entre hombres y mujeres elaborado por la Comisión Europea en 2014, que valora muy positivamente las actuaciones realizadas por España en materia de violencia de género; o, por ejemplo, el
hecho de que el comité de las partes del

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Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica nos haya designado integrantes del grupo de expertos para el seguimiento; y así podría seguir enumerando, por ejemplo,
la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y muchos otros. Es bueno también, señorías, que sean justos con el análisis, que sean justos en sus juicios y admitan que se está trabajando, que se están haciendo muchas
cosas y bien, porque de otra forma, si no admiten lo positivo, pierden credibilidad. Y ya que sacó a colación el tema de las pensiones, se le olvida a su señoría, por ejemplo, hablar del incremento de las pensiones a las mujeres que han tenido dos
o más hijos, que es uno de los avances más importantes. (Rumores.-Una señora diputada: Y se lo vais a quitar a cuatro millones.)


El señor PRESIDENTE: El señor Vañó tiene la palabra.


El señor VAÑÓ FERRE: Señora secretaria de Estado, bienvenida y gracias por sus explicaciones. Por ser el último, voy a ser lo más breve posible. Hay que reconocer, y quiero hacerlo públicamente, que la Dirección General de Discapacidad,
lo mismo que la secretaría de Estado y el ministerio, ha conseguido cumplir con el objetivo de que la discapacidad esté presente en las políticas del Gobierno de España, que se convierta en una prioridad. Y en ese sentido, siguiendo un poco la
intervención de mi predecesora socialista, me gustaría no focalizar la argumentación en el presupuesto de la dirección general, que aparentemente parece que es poca cosa o que no cumple o no llega a los objetivos que pretende, no focalizarlo y sí
hablar de la transversalidad. Como todo el mundo sabe, la discapacidad es algo que afecta a todos los ministerios, departamentos, centros directivos responsables de partidas presupuestarias, y, por lo tanto, hay que hacer una distinción. Por
ejemplo, además de hablar de esos 9 millones específicos de la dirección general, yo querría hacer hincapié en algunas cuestiones ya citadas por usted porque, si no, parece que no tengan nada que ver con los presupuestos destinados a las personas
con discapacidad, como, por ejemplo -citado por usted-, el programa de turismo y termalismo, con cerca de 3,5 millones de subvenciones, que va a beneficiar a más de 10.000 personas, como usted muy bien ha dicho; o inversiones en centros de
referencia nacional, más de 6 millones; o en gastos de funcionamiento de centros de referencia y centros de atención estatal a personas con discapacidad, que también suponen otros 5 millones de euros. Es decir, no solamente hay que hablar de los
presupuestos de la dirección general. Por ejemplo, ha citado usted -y yo quiero hacer hincapié en ello, porque ha sido recientemente incorporado, en el mes de julio- los saldos en cuentas y depósitos abandonadas, es decir, las llamadas cuentas
durmientes, ya que solamente esto va a suponer un incremento de más de 5 millones de euros, que a través del Real Patronato sobre Discapacidad se van a destinar a mejorar la educación, la accesibilidad, es decir, aunque no figure en la partida
presupuestaria de la dirección general, van destinados también a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.


En el ámbito fiscal, no quiero dejar de recordar que hay 1.140 millones de bonificaciones fiscales para familias numerosas o con personas con discapacidad, es decir, en la reforma fiscal hay un beneficio especialmente para familias con
personas con discapacidad, con un fuerte aumento de los mínimos por este motivo, al tiempo que ayudas económicas a familias con ascendientes o descendientes, con personas con discapacidad de 1.200 euros al año. Y a través del Plan de acción
2014-2016 de la estrategia de discapacidad -que también se ha puesto en duda y del que luego hablaré de su resultado-, se van a destinar 1.031 millones en 2016 para atender a políticas de discapacidad en distintos ámbitos. Como más que hablar de
los importes me gusta hablar de los resultados, de la eficacia -porque, aunque somos conscientes de que no estamos en el mejor de los mundos, es cierto también que la sensibilidad, lo social no es patrimonio de la izquierda, es patrimonio de
Gobiernos con sensibilidad, y este lo ha demostrado-, he de citar que en cuanto a resultados concretos uno de los temas que más le afecta al sector del mundo de la discapacidad es el empleo. Y en ese sentido las bonificaciones se mantienen o se han
incrementado en muchos de los casos. Nos remitimos a las pruebas, y las pruebas son que en los últimos cuatro años se ha contratado a más de 640.000 personas con discapacidad, han accedido al empleo solamente en el año 2014 más de 200.000 personas.
Esto son hechos que reflejan las consecuencias de unos presupuestos que yo creo, sinceramente, que van destinados a mejorar esas condiciones de vida. Y, por lo tanto, nadie se puede arrogar el patrimonio de la sensibilidad, de lo social, sino que
parte de Gobiernos con sensibilidad, y este lo ha demostrado. Por lo tanto, en ese sentido, en la apuesta por estos presupuestos, aunque aparentemente figura en la dirección general que no ha habido una modificación especial, con arreglo a los
resultados, sí se nota y se pone de manifiesto que vamos mejorando. (La señora Ros Martínez pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señora Ros?


La señora ROS MARTÍNEZ: Por alusiones a las declaraciones de la señora Montesinos en referencia a las vacaciones del señor Puig. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra.


La señora ROS MARTÍNEZ: Y sobre los impagos en la Comunidad Valenciana. Lo que ha hecho el Gobierno valenciano es pagar todo lo que no han pagado o han robado en la Comunidad Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Señora Ros, ni siquiera usted cumple el Reglamento en este Congreso de los Diputados. (La señora Ros Martínez: Que no diga mentiras.) Estamos en el debate político, como es natural, en el Congreso de los Diputados.
Señora Ros, escúcheme, sea gentil, por favor. Estamos en el debate político. Ustedes, como grupo político, y el resto de los grupos políticos, aducen las razones que consideran convenientes y oportunas, y hacen muy bien, siempre respetando el
Reglamento. La señora Montesinos ha respetado el Reglamento y ustedes han respetado el Reglamento, porque ellos han citado a determinadas personas y ustedes también, de distinto signo político. Y el artículo 71, que le da a usted la razón de decir
que es por alusiones, es referente a una señora o un señor diputado, no para cualquier persona o figura política, porque estamos en el debate todos los días. Señora Ros, creo que usted no tiene la razón, y, por lo tanto, no tiene la palabra. Para
contestar a los distintos grupos políticos, tiene la palabra la señora secretaria de Estado, doña Susana Camarero.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todos los portavoces el tono de las intervenciones. Y las cuestiones que me han ido planteando las voy a
intentar contestar agrupadamente, por direcciones generales, por temática, porque se reiteran la mayor parte de ellas.


Se ha comentado por alguna de sus señorías que estos son los quintos presupuestos que presentamos a lo largo de la legislatura. Estos quintos presupuestos tienen poco que ver con el primer presupuesto que este Gobierno presentó. Estamos en
nuevos tiempos, en distinto escenario presupuestario, por supuesto en distinto escenario económico, pero alguno no se ha enterado y alguno sigue con el mismo discurso, con los mismos calificativos y con los mismos argumentos que aducían en el primer
presupuesto.


Dice, señor Sahuquillo, y empiezo por usted, que todo lo que dice el Gobierno, lo que dice en este caso la secretaría de Estado es palabrería y que los hechos demuestran justo lo contrario. Precisamente eso es lo que en mi primera
intervención y en esta réplica que ahora hago le voy a demostrar, que lo que dice el Gobierno es la realidad y que, a pesar de la palabrería que hemos estado escuchando por parte de algunos durante cinco presupuestos, durante estos tres, casi cuatro
años la realidad es la que demuestran los datos, y la realidad dista mucho de lo que ustedes han venido contando a lo largo de toda la legislatura.


Vamos a tratar materia por materia. Hablan ustedes, también el señor Campuzano, de la dependencia. Durante cuatro años hemos escuchado hablar -y tengo por ahí declaraciones suyas, intervenciones en comparecencia tras comparecencia que no
merece la pena sacar, porque las conocen todas sus señorías y hoy las ha vuelto a repetir- de parálisis, de desaparición, de falta de atención a los dependientes, de desmantelamiento del sistema, de que dejamos morir la ley, que abandonamos -ha
dicho el señor Campuzano hoy- la dependencia, pero vamos a ver cuál es la realidad, cuál es la realidad de la dependencia y cuál ha sido la realidad de la dependencia en estos casi cuatro años.


La inversión en dependencia, como dije anteriormente, entre los años 2012 y 2015 es de casi 6.500 millones de euros. Para dejar morir el sistema, para querer cargarnos la dependencia, para abandonar a los dependientes hay 6.500 millones de
euros. Me parece que la cifra por sí sola desmonta el argumento inicial. No solamente hemos cumplido la ley, es decir, hemos aportado lo que nosotros como Gobierno teníamos que aportar, sino que hemos ido incrementando el presupuesto y hemos
garantizado la financiación del sistema, pero además hemos corregido los fallos con los que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno.


Ustedes, señor Sahuquillo, su Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista nos dejó un sistema de dependencia moribundo, con 17 modelos, con distintos derechos en cada una de las comunidades autónomas que tuvimos que cohesionar, con
expedientes irregulares, con una deuda de 1.034 millones de euros para el pago de la Seguridad Social de los cuidadores, con unas largas listas de espera de más de 300.000 dependientes, y durante toda la legislatura han estado intentando confundir,
ya no a los grupos

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o al Gobierno, que no nos dejamos confundir, sino, lo más triste, a los dependientes y a sus familias, y han intentado utilizar reiteradamente la dependencia de forma electoralista. Han creído que una mentira repetida durante muchas veces
se iba a convertir en una realidad. Pero los hechos son tozudos, señor Sahuquillo, y demuestran todo lo contrario. En dependencia, como en otros temas, el tiempo ha jugado a nuestro favor y hoy podemos demostrar que sus falacias, su demagogia y su
falta de rigor no eran ciertas. La verdad es que este Gobierno ha tenido mucha voluntad política para salvar un sistema muy enfermo, con una mala planificación inicial, realizado con muchas prisas, con muy malos cálculos y con un sistema de
financiación inadecuado.


¿Y cuáles son los datos después de estos casi cuatro años de legislatura? Hablemos de listas de espera: el 1 de enero de 2012, 305.000 personas pendientes de recibir la prestación; el 1 de agosto de 2015, 130.700, es decir, 171.181
personas que ya han dejado de estar en las listas de espera, un 57,56 %. (Rumores.) Cuidado con las declaraciones, que ahora les contestaré. Son los niveles más bajos, señor Sahuquillo, desde el inicio de la dependencia. Y podemos hablar también
del grado de cobertura, es decir, las personas con prestación reconocida del total de beneficiarios. Hoy hay un 85,09 %, es decir, 746.142 personas, 14 puntos más de cobertura que en enero de 2012. Y si hablamos de los grandes dependientes, de los
dependientes severos, la cifra llega al 89 %. Pero también vamos a hablar de los beneficiarios: el 1 de enero de 2012, 738.582; el 30 de junio de 2015, 746.142, es decir, 7.555 personas más. El sistema está vivo, el sistema no está muerto, no
nos estamos cargando la dependencia. El 50 % de los actuales beneficiarios con prestación incorporados al sistema lo han sido entre 2012 y 2015, el 50 % de los dependientes actuales lo han sido con este Gobierno. Y además hemos pagado las deudas,
unas deudas que nos dejaron ustedes, 1.034 millones, que ojalá hubiésemos podido destinar directamente a cada uno de los dependientes. Pero además hemos creado más empleo, más de 29.000 altas de profesionales nuevas. Hemos cumplido con el
calendario de implantación. Vuelva usted al calendario, está cumplido desde el 1 de julio. Por lo tanto, hemos cumplido con el calendario de implantación.


Y me hablan de muertes. Insisten en un argumentario -y me voy a poner aquí especialmente seria-, un argumentario lamentable. Se lo dije en la comparecencia pasada y se lo reitero: no todo vale para ganar un voto. (Aplausos.) Acusar al
Gobierno de dejar morir a los dependientes reconocidos sin prestación, como han vuelto a hacer hoy, es impresentable, impropio, y no quiero seguir con los adjetivos calificativos porque no me quiero poner en su lugar. Señorías, voy a contarles cuál
es el perfil de los dependientes, porque creo que después de cuatro años alguno lo tenía que haber aprendido, pero veo que no ha sido así. El 70,88% de los dependientes tienen más de 65 años y el 53,32%, casi el 54% de los dependientes tienen más
de 80 años. Señor Sahuquillo, señoras y señores del Partido Socialista, la edad, y no otra cosa, es la principal causa de bajas. Pero además -y quiero que se queden con este dato- el 81% de los fallecidos con derecho a prestación la estaban
recibiendo. Por lo tanto, hay algunas cantinelas, hay algunas afirmaciones que no se sostienen.


Pero, en todo caso, si estas afirmaciones que vienen reiterando a lo largo de la legislatura y especialmente en los últimos tiempos, cuando han radicalizado su discurso, fueran ciertas, la responsabilidad no sería del Gobierno de España, que
no es quien reconoce, quien valora, quien decide ni quiénes ni cuándo se incorporan en el sistema. Señor Sahuquillo, ¿quieren ustedes decir, señoras y señores, que es la señora Díaz -y permítame que cite, sin que ustedes se molesten, a distintos
presidentes de comunidades autónomas-, es el señor Puig, es el señor Fernández Vara o el señor García Page en su comunidad los que dejan morir -déjenme, que ahora es mi turno-, los que dejan morir a los dependientes sin su ayuda? (Protestas.) No
creo que estos presidentes ni los anteriores -la señora Díaz ya estaba- hayan actuado así. Por tanto, cuidado con las declaraciones, señoras y señores diputados, cuidado con declaraciones sin sentido, demagogas e irresponsables, porque se les
pueden volver en su contra. Yo, con estos temas tan delicados pediría más seriedad, más responsabilidad y más rigor.


Este año tenemos el calendario completado. Este año hemos aumentado en 75 millones de euros el presupuesto para tener en cuenta a estos dependientes moderados que tienen que ir entrando en el sistema cuando las comunidades autónomas
decidan. Hoy el 62 % del presupuesto se destina a dependencia y les recuerdo, señorías, que con el Partido Socialista se destinaba el 56 %. Y también les tengo que recordar que ustedes redujeron el presupuesto en 2011 al nivel mínimo, en 235
millones de euros, justo cuando más dependientes entraban en el sistema.


Me dice, señor Sauquillo, que nosotros hemos eliminado el nivel convenido. Es verdad, porque era arbitrario. Nosotros hemos mantenido el nivel mínimo, que es el que va directamente a los dependientes. Y el presupuesto de 2016 garantiza
que la implantación del sistema sea total: 1.255 millones de presupuesto

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inicial, que se sumarán a las cantidades que sean necesarias a través del Fondo de contingencia, que saben que es un instrumento que desde 2009 se viene utilizando reiteradamente por unos y otros Gobiernos y que permite que cuando las
comunidades autónomas introducen en el sistema el número de dependientes, el Gobierno vaya incrementando a la vez el presupuesto inicial, que nunca termina siendo el final. Se lo he dicho muchas veces, pero le voy a repetir las cifras: en 2012 se
incrementó en 117 millones ese presupuesto inicial, o sea, que no jueguen con el presupuesto inicial, jueguen con el presupuesto ejecutado; en 2013, 120 millones; en 2014, 53; y en 2015 está previsto un incremento de más de 100 millones, que
esperamos que en el mes de septiembre podamos transferir a las comunidades autónomas. Por lo tanto, garantía absoluta de que el Gobierno cumple, y además no lo dice solo la secretaria de Estado, no lo dice solo el Gobierno, sino que lo dice también
el Tribunal de Cuentas en cada uno de sus informes.


Y, señorías, si me preguntan ustedes -y lo hemos hablado algunas veces también con el señor Campuzano-: ¿cree usted que el sistema de financiación es el adecuado? No, y lo hemos adelantado y lo hemos comentado en las distintas
comparecencias. Creo que todo el sistema de financiación debería ser finalista, para tener más claro hacia dónde va. Nosotros tenemos el sistema mínimo y el dinero que el Estado da a través de la Lofca, pero nos gustaría -particularmente, me
gustaría- que esto se revisase. Para eso vamos a revisar en la próxima conferencia del Consejo interterritorial con las comunidades autónomas la evolución de la dependencia, el análisis de la dependencia, no solamente del último año, sino en la
legislatura, y vamos a tratar de trabajar con las comunidades autónomas en un avance de una mejora de financiación, porque es el reto que nos queda cuando hablamos de dependencia, una mejora de financiación del sistema. El firme compromiso del
Gobierno es mejorar este sistema.


Me han hablado de familia y de la falta de política social. Los mismos -y el tiempo, señor Sahuquillo, pone a cada uno en su sitio-, los mismos que pusieron en quiebra el Estado del bienestar vienen ahora diciendo que no tenemos política
social y que no hacemos nada por las familias. Señorías, pueden decir muchas cosas, pero la familia es el eje central de toda la política de este Gobierno. Es una política transversal, afecta a todos los departamentos del Gobierno y aquí hay
reflejada una parte de lo que supone ese esfuerzo presupuestario y no presupuestario destinado a la familia. Hay un nuevo crédito, un nuevo crédito que se inició con este Gobierno, un nuevo crédito que empezó por 17 millones, que siguió al año
siguiente con 32 y que este año se ha incrementado en un 50 %, hasta llegar a los 48 millones de euros; un crédito que no estaba antes, que no estaba con otros Gobiernos, un crédito que no estaba cuando la pobreza crecía, que era entre los años
2008 y 2011, un crédito que no estaba, señor Sahuquillo, cuando más se necesitaba. Pero ese crédito no está solo, hay muchísimas más actuaciones en materia de apoyo a las familias. Y este año las comunidades autónomas han visto incrementar su
presupuesto en más de 10.000 millones de euros, y según los cálculos, un 80 % del dinero que se les transfiere a las comunidades autónomas va para gasto social. Por lo tanto, las comunidades autónomas tienen una buena inyección económica para
destinar este presupuesto al gasto social. Pero también tenemos el FEAD -lo he comentado en la anterior intervención-, 600 millones de euros que hemos conseguido de la Unión Europea, que se repartirán durante 5 años, para alimentos, de los cuales a
esta secretaria de Estado corresponde ejecutar a través del acompañamiento social 30,6 millones de la Unión Europea más el 1,9 % que aparece en estos presupuestos. Pero hay una reforma fiscal, que se aprobó hace unos meses, que da 9.000 millones de
euros precisamente y especialmente destinados a las familias, a fin de que paguen menos, para cheques familiares específicos: para familias numerosas, para familias con hijos dependientes o discapacitados, para familias monoparentales, algo que no
existía hasta el momento. Y también tenemos el 0,07 % del IRPF. Hemos repartido en estos tres años más de 600 millones de euros -220 millones en 2005-, la mitad para familias en situación de exclusión.


Me hablan también del plan concertado. Este plan mantiene su presupuesto, pero basta con leer la comparecencia del año pasado para saber lo que ustedes van a decir, porque siempre, reiteradamente, es la misma crítica. Nosotros hemos
mantenido el plan concertado, un plan concertado que ha estado a punto de desaparecer, pero no por el Gobierno del Partido Popular, sino por su Gobierno, que lo fue reduciendo hasta dejarlo en una cantidad irrisoria. El plan concertado supone solo
menos del 10 % de toda la aportación de la Administración General del Estado; el resto lo aportan ayuntamientos y comunidades autónomas. Por lo tanto, no sería tan interesante ni tan imprescindible, cuando ustedes lo rebajaron de esta manera. Y
además ustedes, responsables políticos y responsables gubernamentales suyos, dijeron públicamente que este plan debería desaparecer. Nosotros lo hemos mantenido en la cuantía que estaba en años anteriores.

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Y hemos hecho muchos planes, y se ha hablado de ellos, porque consideramos importante trabajar por las familias. Hemos hecho un Plan de infancia y adolescencia, el Plan nacional de inclusión social y el Plan de familia, que hemos presentado
hace unos meses. Y todos estos planes, a diferencia de planes anteriores, tienen su dotación económica, son transversales, tienen la ficha de cada una de las medidas, donde está plasmado a qué ministerio corresponde cada una. He traído -solamente
para que vean que está aquí, y es solamente un ejemplo- dónde está en cada uno de los ministerios cada una de las partidas: becas, en el Ministerio de Empleo y determinadas ayudas; vivienda, en el Ministerio de Fomento, es decir, de cada una de
las ayudas, cada una de las medidas recogidas en el plan, cómo tienen su asignación presupuestaria.


Por no salir de familia, el señor Campuzano me habla de pobreza y me dice que es insuficiente, que hemos hecho medidas tardías y escasas. El Plan de inclusión social, el Plan estratégico de infancia y adolescencia que se aprobó nada más
llegar al Gobierno ya recogían, y por primera vez en la historia, la pobreza infantil. Esos 17 millones de euros del fondo, que ahora se han convertido en 48, ya recogían por primera vez en un presupuesto la pobreza infantil. Nosotros reconocemos
que hay muchas familias que lo están pasando mal, muchas familias con hijos que lo están pasando mal, y por ellas estamos trabajando. Es verdad que la situación económica ha mejorado, es verdad que se está creando empleo, pero no es menos cierto
que ese empleo no está llegando a todas y que hay familias que vienen sufriendo la crisis desde hace muchísimos años y que tienen más dificultades de salir. Y estamos trabajando no solo para crear empleo, sino, en paralelo, con políticas para
ayudar a las familias que más lo necesitan.


Hoy la economía crece, hoy hay menos parados que en diciembre de 2011, 207.328 parados menos que en diciembre de 2011, hoy el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 185.300, es decir, hoy hay menos hogares
en exclusión, menos familias y menos menores sufriendo, y a pesar de eso tenemos que seguir insistiendo. Y porque queremos seguir insistiendo y porque queremos seguir apoyando a las familias, a los menores, a los que más lo necesitan, estamos
trabajando con un presupuesto que tiene este año un gasto social que ha crecido hasta el 53,5%, 188.000 millones destinados al gasto social, 5.000 más que en 2011. Se incrementan las ayudas a parados de larga duración, estamos revisando las rentas
mínimas de inserción, hemos aprobado la segunda oportunidad, que se suma al Fondo social de viviendas, que ya tiene 2.900 arrendamientos, y a la moratoria de desahucios, con 16.300 reestructuraciones de deuda o 4.500 daciones en pago.


Me hablan de la situación de España y de los informes. Yo quiero decirles qué ha dicho la OCDE en su último informe, y se lo voy a citar literalmente. Dice que España se ha convertido en el octavo país de los treinta y cuatro de la OCDE
con mayor nivel de gasto social, por encima de Alemania, Holanda, Francia, Dinamarca y Bélgica, que son los que tienen mayor nivel de gasto. Léanse, señorías, todos los informes, porque hay informes que reconocen el esfuerzo importante de España en
gasto social. (Aplausos.)


Y voy a contestar al señor Campuzano también acerca de algunas de las preguntas que me ha ido haciendo. Me preguntaba por la estrategia para personas sin hogar. En próximas fechas va a ver la luz, estamos a punto de terminarla, como otros
planes. En esta legislatura ha habido muchos planes, muchas estrategias, muchas leyes y esta la vamos a terminar en las próximas semanas.


Me peguntaba por los criterios de los centros de referencia estatal. Mire, los centros los estamos terminando, estaban planificados en la legislatura pasada. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de contestar por qué el Gobierno anterior
planificó en un sitio o en otro.


Acerca de los programas de turismo, lo que reconoce el Tribunal de la Competencia -que no voy a entrar a valorar, porque para eso es el Tribunal de la Competencia- es que el Imserso gana en transparencia en el proceso. No cuestiona la
legalidad del actual concurso y además dice que fomenta la competencia entre las empresas porque ha dividido en tres lotes el propio concurso.


Me preguntaba también por la lengua de signos catalana. El CNSE trabaja con el presupuesto del Estado en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, impulsando las lenguas de signos oficiales, incluida la catalana. Por lo tanto, eso es
lo que le puedo contestar.


Me habla de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el mantenimiento de las entidades del tercer sector. Señor Campuzano, hemos incluido en estos presupuestos de 2016 subvenciones nominativas para el mantenimiento, igual que hicimos con la
enmienda del tercer sector. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer el apoyo al Grupo Socialista por ser conscientes, ser coherentes con lo que ellos también habían hecho en apoyo a las entidades del tercer sector y votar a favor de esta
enmienda en el Senado. ¿Y por qué lo hemos hecho? Para salvar a las entidades beneficiarias, que son las mismas -y hemos

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utilizado un criterio objetivo- que en 2015 obtuvieron esta ayuda de mantenimiento. Si nosotros no damos estas subvenciones nominativas, las entidades tienen que cerrar, porque no pueden pagar ni al personal -se van cientos o miles de
personas a la calle- ni la luz ni el agua. Estamos evitando despidos, estamos evitando que las entidades cierren. Estamos permitiendo que entidades grandes, como Cruz Roja o como Cáritas, entidades pequeñas y entidades medianas puedan seguir
sobreviviendo. Estamos permitiendo que estas entidades puedan ayudar a las familias y a las personas que más lo necesitan. Estamos haciendo que estas entidades puedan seguir contribuyendo a la solidaridad. Con estas subvenciones salvamos a las
personas, señor Campuzano, salvamos a las personas a las que ayudan las entidades.


El Gobierno de Cataluña y ustedes están más obsesionados en sumar poder, en su afán independentista, en ganar competencias, en mirarse al ombligo que en las personas a las que ayudan estas entidades. Están pensando en el 27-S y no están
pensando en las personas, con los recursos que plantean. Continuamente llevan a los tribunales el reparto del 0,07 % del IRPF y ya le he dicho a cuántas entidades, a 417 entidades, y miles de proyectos y, por lo tanto, millones de personas a las
que ayudan. Y llevan también estas subvenciones de mantenimiento, y no sé por qué y no sé de dónde se entiende que las subvenciones de mantenimiento, es decir, pagar la luz, el agua o al personal tenga que ser competencia de una comunidad autónoma;
no tiene nada que ver con la gestión de los servicios sociales. Y además, fíjense, solo ustedes, solo el Gobierno de Cataluña, y no otros Gobiernos, quieren cambiar las reglas del juego. Solo este Gobierno, el Gobierno de Cataluña, quiere cambiar
las reglas que siempre han funcionado -insisto- mirándose al ombligo y no pensando en las personas a las que las entidades están ayudando.


Pero este Gobierno, el Gobierno del Estado, no piensa ponerse al lado del Gobierno de Cataluña en este tema tampoco, sino que nos vamos a seguir poniendo al lado de las ONG, de las entidades, al lado de las personas. Por tanto, acatamos la
sentencia, no nos queda otra. Hemos retirado las subvenciones, las que nos anularon en las bases de convocatoria, y hemos buscado una fórmula alternativa, fórmula que usted sabe muy bien además que hemos hecho en la mesa de diálogo que tenemos con
el tercer sector; siempre de la mano del tercer sector, que es con quien nosotros trabajamos, con las entidades que ayudan a las personas. Por lo tanto, acatamos la sentencia. No estamos de acuerdo, evidentemente no la compartimos y hemos
encontrado este sistema para dar tranquilidad a las entidades. Dice que hay inseguridad en las entidades. Sí, han estado durante algunos meses con una inseguridad y una falta de sueño -ellas y nosotros- real, inseguridad por culpa de la sentencia,
no inseguridad por culpa del Gobierno. Inseguridad por culpa de una decisión unilateral del Gobierno de Cataluña de cargarse un sistema que ha estado funcionando perfectamente. (Aplausos.) Inseguridad porque el Gobierno de Cataluña piensa en la
independencia, piensa en el 27-S y no piensa en las personas. Pero nosotros, como creemos que la solidaridad no entiende de fronteras ni de territorios, ni mucho menos de independencias, nosotros vamos a seguir trabajando al lado de las entidades,
apoyando a las entidades, salvando a las entidades, buscando fórmulas de presente como estas y fórmulas de futuro para que las entidades tengan esa tranquilidad que se merecen, con el gran esfuerzo de solidaridad y de cohesión que están haciendo
para todas las personas que hoy más lo necesitan, vivan donde vivan. Porque, señor Campuzano -lo he dicho muchas veces-, el señor o la señora que marca la equis, viva donde viva, no está pensando que el dinero del 0,7% caiga en su territorio, lo
hace porque es una persona, somos personas solidarias y queremos ayudar a los demás, y no estamos pensando en otra cosa. (Aplausos).Yo quiero que el dinero de la equis solidaria llegue a los que más lo necesitan. No me importa si mi dinero llega a
un vecino de Cuenca, a un niño de Extremadura o a un niño de Cataluña. A mí no me importa, ya veo que a usted sí. (Aplausos.)


Voy a pasar, señorías, a la discapacidad. Señora Seara, la verdad es que el señor Vañó con su intervención prácticamente ha contestado a casi todas las afirmaciones, preguntas o dudas que usted planteaba. Es verdad -y voy a coger sus
palabras, señor Vañó- que la discapacidad está presente, es una prioridad para este Gobierno, yo creo que como nunca. La agenda de este Gobierno está plagada -y veo al director general asintiendo-, está plagada de actos y de actividades con la
discapacidad. Nos hemos preocupado de mejorar la educación y la formación de las personas con discapacidad, el empleo. Lo ha dicho el señor Vañó, pero quiero repetirlo, porque creo que son cifras que tienen que quedar. En esta legislatura hay
640.000 contratos más para personas con discapacidad; solo en 2014, 200.000. Están creciendo a un ritmo de un 20 % año tras año. No solamente se mantiene la reserva del 7 % de la función pública, sino que además este 7 % se ha abierto en el mes
de julio a la Administración de Justicia, y antes no estaba. Por lo tanto, vamos avanzando también en este sentido. Se mantienen y se refuerzan las bonificaciones a las personas con discapacidad y el Gobierno ha promovido que se reconozcan además

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los centros especiales de empleo como entidades prestadoras de servicios, lo que permitirá que crezcan las subvenciones a estas entidades, pasando de 200.000 a 500.000. También le recuerdo que se firmó hace pocas semanas un convenio entre
la ONCE y Cepyme para la reserva de puestos de trabajos, que antes solamente se daban en las grandes empresas y que ahora se dan también en las pymes. Creo que se han comprometido, y es un compromiso de Cepyme, con el aval del Ministerio de Empleo
y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en mantenerlo.


Y ha habido más accesibilidad, accesibilidad para las mujeres que sufren esa doble discriminación por tener una discapacidad y por ser víctimas de violencia de género, haciendo accesible el 016, adecuándolo, y el Atenpro, con la tarjeta de
aparcamiento, mejoras normativas. Hoy saben sus señorías que todas las normas tienen que tener esta variable, han de tener en cuenta la discapacidad, como ha dicho el señor Vañó. En el IRPF se dan cheques familiares también contando con la
discapacidad, las cuentas durmientes van a suponer aproximadamente 5 millones para el Real Patronato sobre Discapacidad, algo que se perdía y que este Gobierno ha conseguido que vaya dirigido a este organismo, y la estrategia de emprendimiento
también tiene en cuenta a las personas con discapacidad.


La señora Seara me habla del observatorio, que lo gestiona el Cermi, y es el que decide cómo funciona. Pero más allá del observatorio, que usted me cita cada vez que tenemos oportunidad de vernos en una comparecencia, también cuando he
comparecido en la Comisión de Discapacidad, nosotros tenemos una mesa de diálogo, una mesa que no existía antes, una mesa donde nos reunimos con las entidades del tercer sector, donde están representadas también las entidades de la discapacidad, y
es esa mesa de diálogo la que organiza, la que estructura cuáles son las políticas que se siguen llevando en materia de discapacidad. Cuando hay un problema lo resolvemos con los representantes de la mesa de diálogo civil, así como el problema de
la sentencia del IRPF. Trabajamos de la mano con ellos, trabajamos para buscar soluciones conjuntas. Tenemos a punto de aprobar la ley del tercer sector -no lo ha citado usted porque no le interesaba- que sale de esa mesa del diálogo civil, que
sale de las entidades de la discapacidad, que por primer vez van a tener una ley del tercer sector que les da seguridad y les hace más fuertes. Como todavía tiene que terminar de tramitarse y tiene que volver al Congreso, les pediría que
recapacitasen y que la apoyasen porque es la ley de las entidades del tercer sector, no es la ley del Gobierno, es la ley de ellos. Me gustaría de verdad que, por ellos, recapacitasen su voto. (Aplausos.)


Los presupuestos -lo ha dicho el señor Vañó- no es que solo sean transversales y tengamos los 9 millones de euros de esta secretaría de Estado, sino que además hay 1.500 millones para prestaciones familiares de pago periódico en el que
entran también las personas con discapacidad y que están en el Msssi; los 55,68 millones del Imserso; los 1.142 millones, a los que se refería el señor Vañó, de beneficios fiscales; y la previsión de los 5 millones de las cuentas durmientes. Me
ha hablado del Real Patronato de la Discapacidad. No es que haya bajado, es que hay contratos que se han centralizado por la regulación nueva y que lo tiene el Minhap. Lo mismo ocurre con el turismo, que ya comentaba el señor Vañó. También me
hablaba, tal como lo hace cada vez que he venido, de la estrategia de la Discapacidad. Todas las medidas están recogidas: están en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el presupuesto del Ministerio de Empleo
y también en el presupuesto del Ministerio de Educación.


Volvemos a un tema, respecto al que yo pensaba que se había quedado contenta con las explicaciones del año pasado, pero parece que no: los subsidios económicos para personas con discapacidad. Le voy a leer literalmente la contestación que
me ha preparado el director general para no equivocarme y decírselo con la suficiente claridad para que usted entienda qué es lo que ha pasado. La caída a la que usted se refería del 14 % se debe a que estas pensiones fueron sustituidas desde 1990
por las pensiones no contributivas, por lo que los perceptores van falleciendo y pierden el derecho a recibirlo. Como consecuencia, el importe disminuye año tras año, no hay nuevas incorporaciones a estas prestaciones como consecuencia de la
entrada en vigor de las pensiones no contributivas en el sistema de la Seguridad Social regulada por la Ley 26/1990, que suprime expresamente el reconocimiento de nuevos derechos al subsidio de garantía de ingresos mínimos y al de ayuda por tercera
persona, regulados por la Ley general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, ya que va descendiendo paulatinamente el número de solicitantes de estas prestaciones, aunque se mantiene el reconocimiento del subsidio por
movilidad o compensación por gastos de transporte. Los beneficiarios, señora Seara, se van dando de baja de los subsidio para acogerse a las pensiones no contributivas. Esta es una explicación clara de por qué van bajando. No los hemos eliminado,
sino que tienen esa realidad.


Señorías, voy a pasar a los dos últimos temas: igualdad y violencia de género. Señorías, la igualdad ha dejado de ser una bandera para convertirse en un derecho irrenunciable. Para algunos no son

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necesarias banderas, no son necesarias pancartas para creer, para luchar, para defender, para trabajar por la igualdad de oportunidades. Señora Ros, usted me habla de invisibilidad del IMIO. Para mí, hay más racionalidad, hay más eficacia,
hay más eficiencia y hay más capacidad de acción. Esta suma de la dirección general y del instituto nos permiten mejorar nuestros objetivos, que no son otros que el acceso a la permanencia, a la promoción de la mujer en el mercado laboral, la lucha
contra la brecha y la mejora de la conciliación y, por supuesto, de la corresponsabilidad, señor Campuzano, porque sin corresponsabilidad no hay conciliación y las mujeres no podemos estar en igualdad. Y no hay mayor desigualdad, señora Ros, que la
pérdida de oportunidades y de empleo. ¿Qué es un ataque a la igualdad, qué es lo que convierte a las mujeres, como usted decía, en ciudadanas de segunda? Condenar a las mujeres al paro, que es lo que ustedes hicieron con su mala política en la
legislatura pasada. (Aplausos.) Con ustedes, con el Gobierno del Partido Socialista, por primera vez en la historia las mujeres llegaron a dos millones de desempleadas. La tasa de paro femenino pasó de ser un 12 % en 2005, a ser un 22 % en 2011,
diez puntos y la brecha salarial creció diez puntos entre el periodo 2008-2011. Por lo tanto, quienes suspenden en igualdad, señora Ros, son ustedes.


Queda un largo camino por recorrer, hay que reconocerlo, pero vamos en la buena senda. Hoy se crea empleo y también se crea empleo para las mujeres, casi 200.000 mujeres han encontrado empleo en el último año; un millón de mujeres
empresarias, 20.300 más que en el mismo trimestre del año anterior. Hoy las mujeres suponen ya un 33,85 % de trabajadoras por cuenta propia. ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos dotado de una herramienta, el Plan estratégico de igualdad de
oportunidades con 3.127 millones de euros y 224 medidas, un plan que dedica el 70 % de su presupuesto al empleo y a la conciliación. Ustedes dedicaban su Plan de igualdad de oportunidades básicamente a la acción exterior y, por eso, coincido con la
señora Maniega en que a algunos no nos darán un puesto en la ONU. Hay 650 millones de euros en empleo, que es la primera herramienta para combatir la desigualdad. Estamos favoreciendo el emprendimiento, la empleabilidad, el autoempleo, la
inserción de mujeres tras periodos de inactividad para cuidados familiares. Estamos poniendo en marcha medidas de conciliación y corresponsabilidad para que las mujeres no tengan que elegir, para que lleguemos al necesario reparto equilibrado de
las tareas, de las que también hablaba el señor Campuzano, con bolsas de horas, con flexibilización horaria, con la reducción de jornada, con horarios racionales en los que tenemos que seguir avanzando porque es la clave, una clave importante.
Además hay una novedad, que fue comentada ayer por el secretario de Estado de Administraciones Públicas: a partir ahora las funcionarias van a poder cogerse el permiso desde la semana treinta y siete de gestación.


Este presupuesto incide en eso, en las líneas que vamos a seguir impulsando; incide en el apoyo a la mujer rural a través del plan y tiene medidas concretas para ello, incide en la lucha contra la brecha. También vamos a aprobar en las
próximas semanas no solamente el Plan de mujer rural, sino el Plan contra la brecha salarial, aunque ya hemos avanzado a lo largo de la legislatura, con herramientas de autodiagnóstico para empresas, con información y sensibilización, con estudios
de investigación, con la red de empresas, Red DIE, que colabora extendiendo las buenas prácticas, con convenios con el Ministerio de Empleo. Asimismo, hemos incorporado para este plan en este presupuesto una herramienta para la valoración de
puestos de trabajo sin sesgo de género, también el incremento para programas de planes de igualdad en las pymes, y también un incremento de 350.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.


He oído en los medios de comunicación, y lo han reiterado ustedes en este momento, que el presupuesto para igualdad de oportunidades se reducía de una forma considerable. Yo les voy a explicar qué pasaba con sus presupuestos, qué pasaba con
este, el de igualdad de oportunidades, y con otros. Yo creo que les va a quedar un poquito claro. Les voy a poner como ejemplo el presupuesto de 2011. En 2011 había un presupuesto -y me lo ha dicho usted- de 31 millones de euros para igualdad de
oportunidades. Primero, ustedes lo fueron rebajando. Las partidas del presupuesto de este Gobierno se componen -lo he explicado en la comparecencia- de lo que viene de fondos europeos y de la partida que asigna el Gobierno directamente. Pues
bien, ustedes gastaron en 2011, de esos 31 millones presupuestados, solo 21,5 %; dejaron de ejecutar 10 millones de euros. Es decir, ejecutaron una cuantía similar a la que nosotros hemos ejecutado año tras año. Además el gráfico demuestra la
diferente forma de ejecución de su presupuesto, la diferente forma de crear su presupuesto. Lo que sus señorías ven en morado es el remanente de tesorería. ¿Qué hacían ustedes? Como año tras año no ejecutaban el presupuesto, ese remanente de
tesorería crecía al presupuesto del año siguiente. Por tanto, su presupuesto no estaba inflado solo porque no se ejecutaba, sino porque se iba ampliando las cantidades de remanente de tesorería que no se iban ejecutando año tras año. Por tanto,
iba cayendo la aportación del Estado pero iba

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creciendo el remanente de tesorería. Nosotros no tenemos remanente de tesorería. Nuestro presupuesto está íntegramente compuesto por las ayudas europeas y por los fondos derivados del Estado. Si quieren el gráfico, se lo puedo aportar.
Por lo tanto, la gestión de este Gobierno dista mucho de la gestión de anteriores Gobiernos. El presupuesto de este Gobierno, así como su gestión, es un presupuesto real, destinado a la igualdad de oportunidades, destinado a las mujeres, y no un
presupuesto que se va dejando sin ejecutar año tras año. (Aplausos.)


También me ha citado la reforma laboral, que también es recurrente y utilizan en cada comparecencia. La reforma laboral ha demostrado que 200.000 mujeres se han incorporado al mercado laboral en el último año, más los hombres que se han
incorporado, pero además ha demostrado que crea empleo, que fomenta la contratación de mujeres, que suprime categorías profesionales, que fomenta el autoempleo y la cultura emprendedora y que incide en la conciliación; por lo tanto, no voy a
insistir.


Ustedes me han hablado del informe de la Cedaw y como yo no tengo ningún inconveniente en hablar de todo, le diré, primero, que alguien tendrá que explicar este informe, cómo se hace y de dónde viene. No comparto ese informe -por eso, hemos
hecho importantes observaciones-, ni la forma ni el fondo; un informe que critica a este ministerio y a este Gobierno especialmente, porque no es solo al ministerio, en tres puntos. En primer lugar, en violencia de género, por un desgraciado caso
que ocurrió hace más diez años, cuando no teníamos la Ley contra la violencia de género. Mucho ha pasado desde entonces y gracias a Dios, entre todos, hemos hecho muchas medidas para evitar que se vuelva a producir. En segundo lugar, habla del
aborto cuando no ha habido una reforma del aborto. Sin embargo, lo que pone en el informe es que España ha reformado el aborto. Y en tercer lugar, critica la eliminación de la asignatura Educación para la ciudadanía, cuando el informe se ha hecho
hace unos meses y la Educación para la ciudadanía ha estado en vigor hasta junio de este año, incluso algunas comunidades autónomas lo mantienen. Por tanto, tiene un rigor el informe, que yo no sé por qué ustedes se atreven a traerlo como el gran
ejemplo de críticas del Gobierno, porque si todo lo que tiene que decir la Cedaw de España es esto, pues bienvenido sea el informe. Yo no voy a entrar en valorar un informe de estas características.


Me hablan de violencia de género. Es verdad que luego hay una comparecencia de la delegada del Gobierno en la que se profundizará más en este tema. Sin embargo, como hemos pasado un verano bastante doloroso y hemos oído tanto a lo largo
del verano, a mí me gustaría tener la oportunidad, en esta que -insisto- es mi última comparecencia de presupuestos, de explicar alguna cosa sobre violencia de género y, además, porque saben que particularmente y en primera persona estoy
especialmente involucrada en el tema.


Lo hemos dicho muchas veces: es una prioridad absoluta de este Gobierno y una política de Estado. No hemos dejado de trabajar -se lo dirá la señora Hernández, la delegada del Gobierno, cuando intervenga- ni un solo día de la legislatura
para atajar esta lacra. El presupuesto es de 25,22 millones de euros; crece un 6,32 %, 1,5 millones más que el año pasado. Pero ese 6,32 % sumado al 6,8 % del año pasado hace que el crecimiento de los dos últimos años sea el 13 %. Este es el
presupuesto de este ministerio, pero además tendríamos que contar con los más de 300 millones de euros que invierten en violencia de género otros ministerios, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia. ¿Y dónde va dirigido este
incremento presupuestario? Primero, a las transferencias de las comunidades autónomas. Hemos incrementado -no recuperado, sino incrementado- las transferencias que se dan a las comunidades autónomas. En 2011 ustedes repartían 5 millones a las
comunidades autónomas; este año se van a repartir 6 millones a las comunidades autónomas: 5 millones de asistencia social y un millón de planes personalizados. La asistencia social va repartida en un 43 % a mantenimiento de casas de acogida, un
43 % a atención psicológica o psicosocial de las víctimas, un 8,8 % a formación y el resto a acompañamiento o a asesoramiento. Por tanto, estamos transfiriendo más a las comunidades autónomas que lo que hacían ustedes. Las ayudas del artículo 27
también se han incrementado un 70% hasta llegar a 1,7 millones de euros. Y lo he dicho en la intervención: nuestra prioridad son la asistencia y la protección, a las cuales destinamos el 65 % del presupuesto.


Asimismo, hemos querido reforzar la sensibilización, especialmente el año pasado y este año. Es verdad que en los primeros presupuestos tuvimos que ajustarnos por la situación económica evidente y reducir el gasto en campañas utilizando
otros recursos sin dejar de hacer campañas. Los datos de las encuestas que hemos hecho a la largo de la legislatura nos dicen que el 79 % consideran útiles las campañas, que el 77 % consideran que pueden ayudar a las víctimas y que el 73 % de las
víctimas se reconocen y les ayuda, frente al 50 % de la Unión Europea. Por tanto, hemos intensificado y reforzado, siguiendo también las observaciones del Observatorio de Igualdad, las campañas el año pasado y este.

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Campañas que van dirigidas al público en general, como se hacía anteriormente -una próxima campaña que tendrá lugar en octubre va dirigida al público en general-, pero también las dos últimas campañas las hemos dirigido a las adolescentes.
Nunca antes se había trabajado en la prevención de la violencia de género en adolescentes. Nunca antes un Gobierno había considerado como población de riesgo los adolescentes. Nunca antes un Gobierno había analizado ni había estudiado si los
adolescentes eran una población de riesgo y, por tanto, había que tomar medidas para mejorarlo. Nunca antes los adolescentes habían formado parte de la violencia de género. Por tanto, hemos seguido y vamos a seguir reforzando la sensibilización y,
además, mantenemos todos los servicios que existían anteriormente. He oído hablar en reiteradas ocasiones en los últimos días de recortes presupuestarios, incluso cada vez que ha habido una víctima. Señora Ros, una víctima evidentemente, señorías,
nos produce dolor, nos produce frustración y nos produce angustia, al igual que a ustedes. No somos insensibles, evidentemente, con la situación de la lacra de la violencia de género. Ustedes dicen que se ha recortado el presupuesto de la
violencia de género, y le voy a explicar dónde están sus supuestos recortes.


Hemos ahorrado en el capítulo 2, tal como decía también la señora Maniega, en gastos corrientes, en viajes, en publicaciones, en dietas, en material publicitario: no hacemos ni un abanico ni una bolsa ni una camiseta. Es normal que en la
época en la que estamos no nos dediquemos a gastar ni un euro del contribuyente en esto. Aquí hemos dado un tijeretazo importante: ni publicidad ni autobombo ni viajes promocionales.


Asimismo, hemos ahorrado una cantidad importante en los contratos. En los brazaletes hemos ahorrado 2 millones de euros. Ustedes presupuestaban en el presupuesto de 2011 y en los anteriores como si se pusieran en marcha 3.000 brazaletes,
compraban 3.000 y presupuestaban 3.000; pero en realidad se están gastando una media de 600 brazaletes. ¿Qué hemos hecho nosotros? No vamos a presupuestar por 3.000 brazaletes cuando se gastan 600. Hemos presupuestado por lo que se gasta, y con
ello hemos conseguido un ahorro de 2 millones de euros. Hemos renegociado el contrato -ya se lo dije el año pasado- del 016 y del Atenpro. Además, hemos ajustado el presupuesto a lo ejecutado.


Aquí tengo que volver a explicarles algo, porque ocurre una situación muy similar a lo que pasaba con igualdad de oportunidades. Señorías, el presupuesto de 2011 en esta materia -que es del que ustedes parten- era un presupuesto de 30
millones de euros. Ustedes ejecutaron 27,6 millones de euros, es decir, dejaron de ejecutar 3,26 millones de euros. Nosotros tenemos un presupuesto de 25,22 millones de euros. Si de esos 25 millones calculamos el ahorro de los 2 millones de
brazaletes, el ahorro de la negociación de contratos del 016 y de Atenpro, si calculamos los ahorros en los gastos superfluos que no van dirigidos a las víctimas, al final, señorías, hay más dinero invertido y destinado a las víctimas de violencia
de género. De eso se trata, de saber gestionar, de gestionar adecuadamente y de que el dinero llegue donde tiene que llegar, que es a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. (Aplausos.) Esa es la explicación del presupuesto.
¿Quiere decir que en esta legislatura se ha reducido una sola de las medidas que ustedes tenían en marcha? No. ¿Quiere decir que van peor? No.


En las campañas de sensibilización no solamente mantenemos el presupuesto, que incrementamos sustancialmente el año pasado, de 4,78 millones de euros -ya le he explicado a qué van dirigidas-, sino que hemos multiplicado sus efectos porque
utilizamos los medios tradicionales que ustedes utilizaban -televisiones y radios- y además contamos con otros medios que tienen un impacto inmenso a un coste cero. ¿Con cuáles? Con las noventa y una empresas que se han sumado a la iniciativa
Sociedad Libre de Violencia. Señorías, esas noventa y una empresas suponen ochocientos millones de clientes, novecientos mil trabajadores y si contamos con las empresas como Aena o Renfe, veinticuatro millones de viajeros entre ambas empresas; es
decir, un impacto importante de sensibilización y de concienciación. Con la publicidad en el carrito de la compra de los centros comerciales, con la publicidad en las gasolineras, con los 17.000 carteles que se han repartido en los centros de
salud, con los 500.000 dípticos distribuidos en farmacias, con los 21.000 establecimientos implicados, sin contar con eventos deportivos, con las redes sociales o con las aplicaciones libres. Por lo tanto, además de incorporar a un colectivo que no
estaba incorporado en la sensibilización y la concienciación, como son los adolescentes, utilizamos todas las vías posibles para que el impacto de la sensibilización y la concienciación sea cada vez mayor. Con todo eso hemos conseguido entre todos
-entre todos lo venimos consiguiendo a lo largo de los años- que el 98% de los ciudadanos hoy rechacen la violencia de género. Además, el resultado de esta gestión, señorías, va a mejor. Evidentemente quedan cosas por hacer y mientras haya una
víctima no vamos a darnos por satisfechos ni por tranquilos y vamos a seguir trabajando, pero el resultado es mejor. Le voy a decir la evolución del resultado.

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Hablemos del 016, al que me he referido diciendo que hemos reducido y hemos renovado los contratos. En el primer semestre de 2015, ha habido 35.714 llamadas, han crecido un 10,6%, el mejor dato de la serie histórica. Atenpro, que nos
ahorramos 2 millones de euros, ha mejorado la calidad técnica además de hacerlo accesible, igual que el 016, a mujeres con discapacidad auditiva y visual. Hay más ayudas para la renta activa y de inserción: hoy 34.550, frente a las 29.000 del año
2011. Por fin crecen las denuncias desde 2008, y son datos del Consejo General del Poder Judicial: han crecido un 1,5 % en 2014, trescientas cuarenta y siete denuncias más al día, cinco más que en 2013 y, además, han crecido un 1,2 % las condenas.
Pero también hay más empleo para las mujeres, que es fundamental el empleo y la independencia económica de las mujeres. Crecen un 56 % los contratos, más de 2.800 contratos. En la educación hemos incorporado en primaria, en secundaria y en
bachillerato contenidos de igualdad y de solución pacífica de conflictos. Hemos mejorado la coordinación a través de Biogen y del protocolo de casas de acogida. Hoy hay más sujetos en la ley: están los menores, que nunca estuvieron con ustedes
porque no les consideran víctimas, están las mujeres adolescentes y están las mujeres con discapacidad. Además, ha habido una reducción constante, aunque esto no sea suficiente, de las víctimas de violencia de género.


Además, tenemos mejores leyes: tenemos una Ley de protección a la infancia, que reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia; hemos modificado el Código Penal poniendo la cadena perpetua revisable; hemos creado el
Estatuto de la víctima, que obliga al juez a dictar medidas civiles cuando hay menores -visitas, patria potestad, etcétera- y además mejora el proceso judicial evitando la revictimización; y asimismo hemos conseguido que el asesino no cobre la
pensión de viudedad, o una asistencia jurídica incluso previa a la denuncia.


Me hablan ustedes -lo han comentado varias de sus señorías- del pacto de Estado. Para nosotros, y lo saben perfectamente, la lacra de la violencia de género es una política de Estado. Ustedes reiteradamente vienen a hablar del pacto de
Estado. A mí me gustaría preguntarles qué es para ustedes un pacto de Estado, ¿una declaración de intenciones o un compromiso real de volver al consenso y a la unidad inicial? Ese consenso que tuvimos en 2004, cuando todos los grupos de la Cámara
aprobamos la Ley de violencia de género. Nosotros entonces dijimos sí a una ley que no es la panacea, que no cuenta con niños, que tiene distintas deficiencias, pero que va a ayudar a mejorar esta lacra.


Ojalá que la seriedad, la responsabilidad y el sentido de Estado regresen a un tema, señorías, en el que las víctimas y solo las víctimas son lo importante. Los partidos y los Gobiernos estamos obligados a entendernos para ser más eficaces
y pensar en las víctimas, y nunca deberíamos hacer un uso partidista o electoralista de la violencia de género.


No avanzamos en el acuerdo, señora Ros -con todo el cariño que sabe que le tengo-, con declaraciones como las de su líder, con Pedro Sánchez, a lo largo del verano. Yo sé que don Pedro Sánchez no necesita una lección de economía pero quizá
tendría que sentarse, señora Álvarez, con él alguna tarde y darle una lección de lo que supone la violencia de género porque puede hacer mucho daños a las mujeres. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.-Protestas.) ¡Hombre, si usted, después
de los años que yo llevo trabajando con violencia de género...! (La señora Álvarez Álvarez: Cuando quiera me puedo sentar con usted. Con todo el tiempo que le dan, cuando usted quiera.)


Señorías, ustedes el martes pasado dieron un paso adelante al aprobar una declaración institucional. Ojalá esta sea la línea a seguir; ojalá por ahí vaya el pacto, el acuerdo que predican; ojalá que a partir de ahora las iniciativas que
este Gobierno o que el Grupo Popular traiga a la Cámara que mejoren la lucha contra la violencia de género sean aprobadas, porque por ahora y por desgracia no ha sido así. Mire, no han apoyado ustedes la modificación del Código Penal que incorpora
la prisión permanente revisable, que va a permitir que el presunto asesino de Moraña no pueda salir de la cárcel y no pueda reincidir. (La señora Álvarez Álvarez: Eso no evita los crímenes.) No han apoyado la Ley de infancia, que reconoce a los
menores por primera vez como víctimas de la violencia de género. Supongo que no la han apoyado porque ustedes nunca han querido que los menores sean víctimas. (Protestas.-Una señora diputada: Ya vale. No se puede venir así. No se puede mentir
así.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, por favor.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Señorías, yo me he pasado siete años de oposición... (La señora Álvarez Álvarez: Ya está en la ley.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías.

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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez):...con ustedes en el Gobierno, intentando que los menores sean víctimas directas de la violencia de género. (La señora Álvarez Álvarez: Punto 5 del
artículo 19 de la ley.) Siete años intentando con iniciativas... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, por favor.


Le aviso por primera vez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Me doy por avisada.


El señor PRESIDENTE: Y es la primera vez que lo hago en esta legislatura. Por favor, señorías.


Continúe usted, señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Siete años desde la oposición intentando que los menores sean víctimas directas de la violencia de género. Hemos llegado al Gobierno, hemos computado -que
no se hacía- a huérfanos desde el primer momento. (La señora Álvarez Álvarez: A iniciativa nuestra.) Además, hemos incorporado a través de la Ley de infancia a los menores como víctimas directas de la violencia de género.


Querer consenso es aprobar estas novedades, buenas novedades, para luchar contra la violencia de género; querer consenso es aprobar y apoyar que los asesinos no cobren pensión de viudedad; querer consenso es aprobar los avances del
Estatuto de la víctima, que obliga, insisto, a los jueces a dictar medidas sobre los hijos víctimas de violencia de género.


A mí me gustaría -ojalá que yo no tuviera razón y que la tuvieran ustedes- que hubieran rectificado en sus políticas. (Una señora diputada: ¿Pero esto qué es?) Me gustaría que se hubieran dado cuenta de que no se pueden oponer
sistemáticamente a toda la normativa o a todas las leyes, a medidas que el Gobierno trae al Parlamento para mejorar la violencia de género. Insisto, dieron un paso adelante con la declaración institucional, ojalá continúen por esa senda. A este
Gobierno no le temblará el pulso para llegar a cualquier pacto. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: A ver, por favor, señorías, por favor.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Yo creo, señorías, que solo podremos terminar con la violencia de género desde la unidad, desde el consenso, desde la unión de todas las fuerzas y aparcando
la demagogia y aparcando el oportunismo electoral. Las víctimas nos lo reclaman, las víctimas se merecen esa unidad y ese consenso. Desde luego, el Gobierno va a estar por la unidad, por el consenso y por seguir haciendo todo lo posible y
mejorando -como ustedes decían en la declaración institucional-, redoblando esfuerzos siempre y únicamente pensando en las víctimas. (El señor Sahuquillo García: Menos mal que la hemeroteca lo recoge todo.)


Si me permite, presidente, quiero antes de terminar agradecer, porque están acompañándome esta mañana también, no solamente a sus señorías, sino también a los directores generales por su gran trabajo a lo largo de la legislatura.
(Aplausos.) Perdón, también le doy las gracias al Grupo Popular, que no les he citado y a los tres intervinientes del Grupo Popular por sus observaciones y por su exposición. (La señora Seara Sobrado: Los demás también hemos hecho observaciones.)


El señor PRESIDENTE: Agradecemos la comparecencia de la secretaria de Estado. A continuación haremos una pausa para despedir a la señora secretaria de Estado. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (MORENO PALANQUES). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002481) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/002408).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión con la comparecencia del secretario general de Sanidad y Consumo, al que le damos una vez más la bienvenida. Sin más preámbulos, don Rubén, tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Moreno Palanques): Comparezco de nuevo en esta Comisión de Sanidad y de Servicios Sociales para informarles de las acciones que se

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contemplan en el marco presupuestario de 2016. El presupuesto de la secretaría general asciende a 317 millones de euros, con un incremento de 6,37 millones sobre 2015, eso supone un 2,05 % más. La suma de este presupuesto con el de los
organismos dependientes de la secretaría general alcanza la cifra casi de 370 millones de euros, lo que supone un 1,99 % más.


En primer lugar, voy a referirme a los servicios presupuestarios de la secretaría general y después a sus organismos dependientes. El servicio 04, que es el de la secretaría general, tiene una dotación de 31,23 millones de euros, incluidos
los 802.000 euros del capítulo 1, de gastos de personal. El grueso de la dotación, como saben ustedes, corresponde a las transferencias internas corrientes y de capital a las agencias, a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y a la Tesorería General de Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina. En transferencias internas corrientes a la Aecosan se le
transfieren 24,82 millones de euros. Eso supone una disminución de algo más de 400.000 euros, que no es tal en realidad porque se consignan centralizadamente los contratos de limpieza y seguridad, de acuerdo con la comisión CORA. A la Tesorería
General de la Seguridad Social se le transfieren para la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 2,85 millones de euros, que no sufre variación respecto al año anterior. En transferencias internas de capital, tienen básicamente la
misma dotación y en capítulo 4, transferencias externas corrientes, hay 2,06 millones de euros para la Organización Nacional de Trasplantes. La dotación de este servicio 04 se completa con el capítulo 2, 266.270 euros, y una módica cantidad de
6.000 euros para el capítulo 6, que se mantiene igual a la de 2015. Comparte programa con la Dirección General de Ordenación Profesional, servicio 12, que tiene 5,7 millones de euros, con un ligero incremento en el capítulo 1, dotado con 2,5
millones de euros, y mantiene el capítulo 2 en 3,18 millones de euros.


La partida destinada a oposiciones y pruebas selectivas es la parte más importante, con 1,35 millones de euros, que representa el 42 % del presupuesto, y está destinado fundamentalmente a gastos de preparación de la prueba anual de acceso a
la formación sanitaria especializada, que cuenta ya con treinta y siete años de vida y que ha demostrado ser un instrumento fundamental para garantizar el altísimo nivel de los profesionales. Dentro de esa labor continua que hace el ministerio, la
secretaría general en concreto, de análisis y mejora de este mecanismo, para este año se introducen novedades de gran calado, ya que es un avance, una mejora evidente en la prueba anual de acceso. Ya en esta convocatoria vamos a reducir las cargas
administrativas, facilitando no solo la presentación de solicitudes y el pago de tasas de forma telemática, sino también la elección de plazas. De entrada lo haremos con las especialidades con un menor número de plazas -biología, química,
radiofísica hospitalaria, psicología clínica y farmacia- y posteriormente procederemos a extender a todas las titulaciones este procedimiento.


Hay también algo más de 700.000 euros para estudios y trabajos técnicos, que es un elemento fundamental para la coordinación con las comunidades autónomas en la planificación de los recursos humanos y para el diseño de los procedimientos de
reconocimiento y acreditación masivos, como va a ocurrir de cara a la acreditación de la profesión enfermera, por la indicación de medicamentos y productos sanitarios. Hay otras acciones que hay que desarrollar como son las de troncalidad,
reespecialización troncal y capacitación específica; la de equivalencias de categorías, que a va permitir a los profesionales poder desplazarse con carácter real -porque era muy complicado hacerlo antes cuando no existían esas equivalencias- entre
comunidades autónomas; la puesta en funcionamiento del registro estatal de profesionales sanitarios, que debe estar operativo en el mes de febrero de 2016. Asimismo, vamos a seguir desarrollando los pactos por la sostenibilidad y calidad del
Sistema Nacional de Salud, tanto en el foro de la profesión médica y enfermera como con los profesionales farmacéuticos. Finalmente, se continuará con la tramitación del proyecto de real decreto de unidades de gestión clínica, que creemos realmente
que es una herramienta de gestión de los recursos utilizados en la práctica habitual.


El servicio 07, que corresponde a la Dirección General de Salud Pública, está dotado con 38,34 millones de euros, lo que supone una disminución de 1,72 %. Esto se debe a que ya se han definido claramente las necesidades reales de
financiación de la oficina de la Organización Mundial de la Salud. Se pidió esta información a la OMS precisamente para saber qué cantidad se necesitaba, que es la que ha sido presupuestada.


En el capítulo 2 de gastos corrientes existen 17,4 millones de euros. Tiene la misma dotación que en 2015: 8,5 millones corresponden a actividades mediante convenio, 4,7 millones a estudios y trabajos técnicos y 3 millones para la lucha
contra el sida. Estos créditos tienen como objeto actuaciones mediante convenios y contratos que desarrollan las estrategias de salud como el proyecto de estratificación de la

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población en el marco de la estrategia de abordaje a la cronicidad y el proyecto de gestión de enfermedades crónicas. También con cargo a estas partidas se van a estudiar aspectos medioambientales: el efecto de sustancias químicas y sus
mezclas, la evaluación toxicológica de biocidas y fitosanitarios, la recogida de información del sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones para establecer aquellas medidas destinadas a la prevención, o evitar la progresión de problemas
de salud ocasionados por productos químicos. Se mantiene, por lo tanto, la partida para la lucha contra el sida, a lo que hay que añadir aquello que se dedica en capítulo 4, que veremos a continuación.


En ese capítulo 4, de transferencias externas corrientes, existe una dotación de 10,16 millones. Supone un aumento del 72% frente al presupuesto de 2015, que era de 5,91 millones. Ya les tengo que decir que no es un incremento real, igual
que cuando hay una disminución que no es real, se lo digo respecto al incremento. Eso se debe a una redistribución de partidas que enseguida les diré en qué consiste. Se contempla una partida de 1,71 millones para comunidades autónomas, para la
estrategia de enfermedades raras y prevención de enfermedades. Asimismo estamos elaborando el real decreto del registro estatal de enfermedades raras, que el consejo interterritorial del pasado 29 de julio discutió, y que esperamos podamos poner en
funcionamiento en 2016. Con la puesta en funcionamiento de esta estrategia de enfermedades raras se realizará una evaluación de los indicadores que actualmente se encuentran en diseño.


También se va a implementar la estrategia de salud mental, la estrategia nacional de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la estrategia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la nueva estrategia de seguridad del
paciente. Se realizará la evaluación de la estrategia de abordaje a la cronicidad, y la evaluación y actualización de las estrategias de ictus, diabetes mellitus, enfermedades reumáticas y músculo-esqueléticas y finalmente la actualización de las
de cuidados paliativos y cardiopatía isquémica.


Existen 3,57 millones de euros a transferir a las comunidades autónomas para el plan de desarrollo del Plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Antes se realizaba desde el Instituto de Salud Carlos III, pero entendemos que en aras de una mayor operatividad deberíamos hacerlo desde el ministerio directamente a las comunidades autónomas, para agilizar la gestión. Por eso esta partida que
estaba en el capítulo 7 ha pasado al capítulo 4, y de ahí este incremento tan importante. Caso similar son los 1,3 millones de transferencia a las comunidades autónomas para mejorar el sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
La ubicación en este capítulo 4 permite a las comunidades una gestión más acorde con las necesidades que tienen y que puedan destinarlo no solo a dotación de material inventariable.


La implantación de la salud electrónica es también una de las grandes apuestas estratégicas. Hay que continuar con la implantación de las nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud, no solo por mejorar la atención a los ciudadanos y
a la utilización eficiente de recursos, es que nos va a permitir hacer un enfoque distinto de la gestión del Sistema Nacional de Salud al disponer de mucha más información. Se está trabajando en el desarrollo y la implantación de la receta
electrónica en todas las comunidades autónomas. Lo más importante es que puedan interoperar entre ellas, no solo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, sino también a nivel de la Unión Europea, lo que nos va a permitir retirar los medicamentos
prescritos en cualquier farmacia del país teniendo un acceso electrónico y seguro de dicha prescripción. Sistemas de información en la atención primaria especializada y la adopción de la nueva clasificación internacional son objetivos urgentes que
hemos regulado muy recientemente y que tienen una gran envergadura. Se han dedicado también en este capítulo de transferencias externas 1,7 millones al sida. Concretamente la aportación a la OMS va a ser de 1.850.000 euros por su oficina en
España. Ha sufrido una disminución de 625.000 euros, una vez conocida la cuantía que se le solicitó a la propia OMS. Esta causa es lo que ha motivado la disminución en el presupuesto.


En las transferencias internas corrientes, capítulo 4 también, hay 1.130.000 euros, de los cuales 574.000 euros corresponden a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Carlos III y 556.000 euros a Ingesa para el Plan de calidad
de Ceuta y Melilla.


En inversiones reales, capítulo 6, hay una novedad que son 500.000 euros que van destinados a sanidad exterior, para garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, esencial en situaciones como la
que ha ocurrido con el ébola, en prevención de enfermedades y lesiones del viajero y en servicios de vacunación internacional.


El servicio 09 es el de cartera básica de servicios y farmacia. Este tiene la mayor dotación de toda la secretaría general, casi 242 millones de euros, supone un incremento de 2,98 % respecto a 2015. Se mantiene el presupuesto en los
capítulos 1 y 2 -que es lo que creo que debe hacer la Administración al

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nivel del Estado-, pero aumenta el del capítulo 4, que es el de transferencias corrientes internas. A la ONT le dedica 3,65 millones de euros; al Ingesa casi 218 millones de euros, lo que representa un incremento de 8,64 millones de euros;
a pacientes derivados a otras comunidades autónomas, 4,73 millones de euros, y se ha mantenido el mismo crédito por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago. Esto es importante, porque la asistencia prestada en Ceuta a
terceros obligados al pago percibía en 2014, 3.054.000 euros, eso supone un incremento del 37,43% respecto a los ingresos que tenía Ceuta por este concepto en el año 2011, lo cual significa que ha habido una mejor gestión en cuanto al manejo de
estos fondos. Lo mismo sucede en Melilla, que recibió 4.034.000 euros, lo cual supone un incremento de 15,60% respecto a 2011. Parte del incremento destinado al organismo Ingesa ha sido cubierto con el capítulo 4 de transferencias externas
corrientes, que seguro que es motivo de discusión en la intervención de los portavoces. Son los 2.316.000 euros de la liquidación del Fondo de cohesión sanitaria de años anteriores y que se venía percibiendo desde 2011. A esta explicación conviene
dedicarle un minuto, porque el Fondo de cohesión pasó a ser extrapresupuestario en 2013 y se mantuvo una partida precisamente para liquidar lo que se debía de 2011. Se dividió en cuatro anualidades, por la cantidad que era, y la última fue en 2014.
Por lo tanto, no había necesidad en este presupuesto de mantener esta partida, que correspondía a los pagos de 2011, pero no obstante esos fondos se han dedicado a otra dotación que es la del Ingesa.


En transferencia de capital internas, capítulo 7, a la Organización Nacional de Trasplantes se le dedican 247.000 euros y a Ingesa 10.140.000 euros. En capítulo 4, transferencias externas corrientes, la novedad de este año son 1.750.000
euros del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, el Consejo JAI. Se van a abordar los principales asuntos de la prestación farmacéutica con este presupuesto, como
son: la gestión de los procedimientos administrativos de precio y financiación, especialmente las revisiones de precios, la financiación de medicamentos en situaciones especiales y la de productos sanitarios. Se va a reexaminar el sistema de
precios de referencia. El sistema es clave para mantener los precios de farmacia controlados, pero es cierto que a largo plazo empujan a los medicamentos más antiguos hacia la frontera de la inviabilidad económica. Por tanto, es muy probable que
haya que reevaluar el modelo actual para que no sean expulsados esos medicamentos que llegan a unos precios que realmente no permiten ya ni tan siquiera su producción.


Hay que actualizar el plan estratégico de la hepatitis C. Habrá que dar entrada a los nuevos medicamentos; hay dos que ya se plantean para finales de este año. Habrá que acomodar los precios, obviamente a la baja, permitiendo el acceso a
un mayor número de pacientes. De momento estamos tratando a los 52.000 pacientes que quedaban definidos por las comunidades autónomas con el plan que existe actualmente y con la medicación que tenemos actualmente. También hay que regular las
relaciones con las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, que expresan su interés en la financiación de los nuevos medicamentos. Hay que profundizar en los sistemas de información de la prestación farmacéutica, facilitando las
conexiones entre historia clínica electrónica y las indicaciones financiadas para los medicamentos.


Desde la vertiente de cartera de servicios, las líneas de actuación van a ser continuar asegurando y garantizando el aseguramiento sanitario, acabando con el fraude y el turismo sanitario mal regulado, con actividades y gestión del programa
de reasentamiento y reubicación de refugiados, atendiendo a la asistencia sanitaria transfronteriza, en aplicación de la normativa europea, tanto de la directiva como de los reglamentos de coordinación de seguridad social, en la actualización de la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en el incremento de la actividad de los CSUR, en relación con el desarrollo de las redes de referencia europea y también para abordar áreas como genética molecular, hematología y digestivo y la
redesignación de centros.


En los fondos de compensación del Sistema Nacional de Salud, ambos de naturaleza presupuestaria, hay que pensar que la liquidación de 2015 por actividad del año 2014, en relación con los conceptos considerados en este fondo ha sido de
80.770.000 euros. En prestación farmacéutica, que es algo nuevo, se compensan con 32 millones y en atención primaria, que aún está pendiente de definir en su totalidad, 24.304.000 euros. La liquidación conjunta de todos estos conceptos asciende a
casi 90 millones de euros entre las comunidades autónomas.


Durante el año 2016 se van a incorporar a los fondos de compensación todos los GRD de procesos de hospitalización. Actualmente en el Fondo de cohesión no están los GRD para todos los procesos, únicamente están 200 procesos de los 600 que
están contemplados. También se va a valorar la introducción

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en la compensación de los dietéticos y la necesidad de modificar los sistemas informáticos para incorporar la prestación farmacéutica hospitalaria de dispensación ambulatoria, que no está incluida en los GRD correspondientes. Los limítrofes
también están incorporados per cápita en el Real Decreto del FOGA o Fondo de cohesión, siempre que no haya convenios bilaterales entre comunidades autónomas.


Y finalmente, en materia de reproducción humana asistida se prevé llevar a cabo el desarrollo normativo para cumplir las directivas europeas de células y tejidos, así como garantizar el correcto funcionamiento de los centros y servicios de
reproducción humana asistida, en cuanto a ampliación de la oferta asistencial, el desarrollo del registro de donantes y donaciones y de centros y servicios y la ampliación de la cobertura del registro de actividad.


La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios tiene un presupuesto de algo más de 47 millones de euros, que ha permanecido estable durante los últimos cinco años. La agencia se autofinancia -esto es importante reconocerlo- con
tasas y, por tanto, ha definido un presupuesto equilibrado de ingresos y de gastos y, además, desarrolla una actividad competitiva. Yo creo que es una gran desconocida, la agencia. Aquellos de ustedes que no la conozcan, conviene que acudan a
verla para que les expliquen lo que allí se hace, porque tiene una enorme trascendencia, no solo a nivel nacional por la función que desarrolla, sino a nivel europeo e internacional. La gestión competitiva a nivel europeo -y también la nacional-
les permite una previsión de ingresos anuales de 70 millones de euros. Ustedes saben que, de acuerdo con la comisión CORA, los superávits que tienen esos organismos públicos, entre ellos las agencias estatales, tienen que ser integrados en el
Tesoro. Alguna de estas modificaciones ha generado algún que otro debate en la prensa, y creo que conviene aclararlo también. Se ha planteado como una disminución en el presupuesto de 170 millones de euros para la agencia. Pero en realidad,
analizado como se debe analizar, supone un incremento, es una mejora, por una razón. El año pasado se transfirieron al Tesoro desde la agencia, de remanentes que tenían y de superávits, 230 millones de euros y este año, con los ingresos que se
prevén, teniendo en cuenta la disponibilidad líquida que ya tiene, que son 146 millones y el presupuesto de gastos que tiene la agencia, que es de 47 millones y que permanece estable, deberían transferirse este año al Estado 99 millones más, es
decir, casi 100 millones. Hablando con Hacienda nos han permitido transferir únicamente 60 millones. Con lo cual, la diferencia entre los 230 millones y los 60 millones supone una disminución de 170 millones. Alguien podría pensar que se le ha
rebajado el presupuesto a la agencia. No, en realidad lo que ha hecho ha sido transferir menos al Tesoro de lo que realmente debería haber transferido, y está pensado fundamentalmente para convertir a la agencia en un instrumento todavía más
potente de lo que es a nivel internacional. Yo creo que merece la pena porque de cada euro que se invierte en la agencia se retorna prácticamente el doble. Por lo tanto, conviene hacer ese esfuerzo de potenciación de nuestra agencia que tiene
verdadero liderazgo a nivel de la Unión Europea en temas de fraude -que ahora comentaré algo-, incluso a nivel internacional más allá de la Unión Europea, razón por la que ha sido premiada internacionalmente.


Se mantiene el presupuesto de gastos de personal con 22,78 millones de euros. Al capítulo 2 se le dedican 18,5 millones de euros, supone una reducción del 4,78 %, por una mayor eficiencia en la gestión. De hecho, ha disminuido en
alquileres y gastos de comunidad de edificios donde ellos están ahora, que asciende a 3,3 millones de euros, con una disminución del 12,97 %. Por otro lado, se ha centralizado también, una vez más por la comisión CORA, casi un millón de euros en
seguridad, limpieza y servicios postales. Por ello, por esa mayor eficiencia baja ese capítulo 2. En capítulos 4 y 6 se mantiene la dotación de 1,13 millones y de 3,68 millones de euros.


En el año 2016, además de continuar con las actividades básicas de la agencia, se van a desarrollar líneas de trabajo para dar mayores garantías de accesibilidad a los medicamentos a los pacientes, un plan que promueva el correcto
abastecimiento de medicamentos al mercado y vigilar la seguridad de los medicamentos, no solo el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, sino también apoyándose en las bases de datos que permita la investigación fármaco epidemiológica. Como he
dicho, progresará en la lucha contra los medicamentos falsificados tanto a nivel nacional como europeo e internacional no europeo poniendo en marcha la tercera estrategia de lucha contra los medicamentos falsificados para el periodo 2016-2019,
continuará con las inspecciones nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento de las normas de correcta fabricación y también en la colaboración y cohesión -antes ha habido alguna pregunta hecha a la subsecretaria en este sentido- y
en términos de equidad, como son los informes de posicionamiento terapéutico. Creo que esa ha sido y es una referencia imprescindible en todo el Sistema Nacional de Salud y es coordinado por la agencia. Para todo ello se precisan laboratorios
oficiales de control que cuenten con medios suficientes, por lo que vamos a acometer en 2016 el plan

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estratégico de laboratorios que adecue la capacidad analítica de estos laboratorios de la agencia no solo a las necesidades de la misma sino a las características del mercado.


Otro aspecto de gran importancia -de la que yo creo que todos ustedes son conscientes, pero conviene hacerlo visible siempre que tengamos oportunidad- es precisamente el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, un plan que empezó en
2014, en el que han trabajado seis ministerios, todas las comunidades autónomas, 61 sociedades científicas y organizaciones profesionales y más de 190 expertos, y, si bien el plan trabaja sobre la existencia de laboratorios que ya han probado su
eficacia, que ya han sido validadas, le hemos dedicado 372.000 euros más procedentes de la disposición adicional sexta, porque nos va a servir para el desarrollo de sistemas comunes de información e interfaces que unan los datos de consumo con
resistencias y diversos actos de divulgación del plan.


En materia de innovación e investigación, la agencia va a trabajar en la identificación a nivel nacional y europeo de medidas que promuevan y reconozcan la innovación y potencien la investigación, y todo ello se llevará a cabo a través de la
oficina de apoyo a la investigación con la que cuenta la agencia. También es de especial interés la puesta en funcionamiento del Real Decreto de ensayos clínicos en el último trimestre de este año, que verá su desarrollo en 2016. Aparte, como
digo, va a seguir trabajando para mantener su posición de liderazgo a nivel europeo, tanto en la Comisión Europea como en la Red de Agencias Europeas, como en la Agencia Europea del Medicamento.


La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene un presupuesto de 28,85 millones de euros, con un incremento de 1,06 %, en términos absolutos más de 300.000 euros. En promoción, protección de los derechos de los
consumidores y usuarios goza de 13,05 millones, un incremento de 1,8%, y en seguridad alimentaria y nutrición, de 15,81 millones de euros, lo que supone un ligero incremento. El objetivo básico de la agencia es la protección del consumidor, y, como
parte débil que este es, intentar equilibrar su posición dentro del mercado, y para ello se mantienen los presupuestos -para el fomento del asociacionismo del consumo, el mantenimiento de los procedimientos y para la protección eficaz de los
derechos de los consumidores-, con ese incremento que he señalado.


En el capítulo 4, de transferencias corrientes, protección y promoción de los derechos de los consumidores, va a haber ayudas y subvenciones para el fomento de las asociaciones de consumidores, 3,08 millones, lo que supone un incremento
respecto al año pasado de 1,08 %, y se mantienen las cantidades de 31.830 euros, una de ellas para el Consejo de Consumidores y Usuarios para la formación de posgraduados especialistas, y otra cantidad igual para la colaboración en la actividad del
Centro de Investigación y Control de la Calidad. Somos conscientes de la relevancia que tiene el mecanismo extrajudicial de solución de conflictos, y, por lo tanto, realizamos el apoyo al sistema arbitral de consumo con dos partidas, con más de
400.000 euros cada una de ellas, destinadas a las juntas arbitrales adscritas a las administraciones, tanto autonómicas como locales.


En capítulo 2, de gastos corrientes, hay 2,05 millones de euros. Supone una disminución de un 13%, pero una vez más no es real. Significa la centralización en el Minhap de los contratos de seguridad y limpieza y los ajustes en los premios
Consumópolis, que pasan al capítulo 4, al consignarse como subvención. El capítulo 2 incorpora una partida de más de 300.000 euros para el Centro Europeo del Consumidor y de 155.000 euros para el Observatorio de Internet, en el marco de la
estrategia del mercado único digital, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2015. En el programa de seguridad alimentaria y nutrición hay 4,13 millones, con un incremento del 2,66 %, que está destinado fundamentalmente a los estudios y
trabajos técnicos que son necesarios para el funcionamiento de la agencia y Ecosan, y, muy especialmente, en el ámbito de los tres laboratorios, la estrategia NAOS y la evaluación de riesgos. El mantenimiento de equipos y material fungible para los
tres centros es importante: 1,3 millones de euros para el Centro Nacional de Alimentación, el Centro de Investigación y Control de Calidad y del Laboratorio de Biotoxinas Marinas.


Lo mismo sucede en el capítulo 6, de inversiones reales, que asciende a 1,9 millones de euros: 1,1 para seguridad alimentaria y nutrición y algo más de 800.000 euros para la protección y promoción de los derechos de los consumidores y
usuarios. Eso supone un importante incremento del 22 % y del 163 % respectivamente, destinado fundamentalmente a nuevo aparataje, nuevos equipos de laboratorio y a obras tanto en el Centro de Investigación de Control y Calidad como en el Centro
Nacional de Alimentación. La Organización Nacional de Trasplantes recibe 4,06 millones de euros, lo que supone un incremento también de 2,87 %, y, en términos absolutos, más de 113.000 euros. Recibe subvenciones para el fomento de la donación y
trasplante de órganos y tejidos, consignadas, como ya hemos visto, en los 2,06 millones de euros en el Servicio 04, de la secretaría general. También se prevé la incorporación de nuevos servicios

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horizontales tecnológicos, tanto capítulo 2, como capítulo 4, y por esa razón crecen más de un 10 % y un 8% respectivamente. Saben que a finales de 2012 se inició el Plan Nacional de Médula Ósea. A principios de 2015 hemos conseguido ya
170.000 donantes y durante este año alcanzaremos los 200.000 donantes -que se habían planteado para el año 2016-, con un año de antelación. También destinamos fondos de la disposición adicional sexta, 830.000 euros, para la información a donantes y
tipajes de la mitad del total de donantes. A todo ello hay que añadir la colaboración en la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud, del desarrollo del Observatorio Mundial de la Donación y Trasplantes y del liderazgo de
Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes.


Y, finalmente, dentro de los organismos que dependen de la secretaría, para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el presupuesto es de 234 millones de euros y supone un 3,12% más; en términos absolutos, 7 millones de euros más. Es
uno de los mayores crecimientos presupuestarios que ha tenido Ingesa desde que se creó, con un compromiso real con las ciudades de Ceuta y Melilla, que, como ustedes saben, tienen una situación particularmente especial. Yo he hablado con los grupos
parlamentarios, especialmente con el Grupo Socialista, porque creo que es una preocupación compartida. No es una cuestión exclusivamente de gestión del ministerio, es una cuestión de carácter nacional, porque representa una frontera con todo un
continente y una frontera de la Unión Europea. Y cada vez más nos estamos dando cuenta de que los países frontera, España entre ellos, tienen que hacer un sobresfuerzo, precisamente, por un lado, para ayudar a quienes intentan mejorar su vida
trasladándose al entorno europeo, pero, por otro lado, también poniendo algo de racionalidad. Y España eso lo ha resuelto, a mi modo de ver, relativamente bien si lo comparamos con el resto de países europeos. No es motivo de mi comparecencia,
pero tengo que decirles que España lleva mucho tiempo trabajando a nivel diplomático en los países de África precisamente para generar allí áreas donde la gente pueda buscar su propio trabajo, de modo que no tenga la necesidad de trasladarse a otras
zonas del continente; eso junto con las relaciones que tenemos obviamente con países frontera como Marruecos. Pero, lamentablemente, eso ha llevado a la presión migratoria. Algunos casos son por absoluta necesidad de tipo político: guerras,
conflictos, etcétera, pero en otros casos son migraciones de tipo económico y son aprovechadas por las mafias para intentar movilizar a la gente. Como han visto que a través del Mediterráneo occidental no pueden hacerlo, han desviado las rutas
hacia el Mediterráneo central. Y es el problema que fundamentalmente -aparte de situaciones como la de Siria- estamos teniendo a nivel de Mediterráneo central, sobre Grecia, Malta, Italia, etcétera. Esa es la situación. Con todo y con eso,
nosotros tenemos nuestras infraestructuras sanitarias en Melilla, que hay que atender.


El valor añadido que tiene el incremento de esos 7 millones de euros en el presupuesto es que está destinado a personal, a gastos corrientes o a prestación farmacéutica y conciertos. Y quienes hemos tenido la capacidad de poder gestionar la
asistencia sanitaria a nivel autonómico o a nivel nacional sabemos llegados estos momentos del año que hay una enorme tentación de decir: hagamos una gran inversión, un gran presupuesto en inversión para decir que son presupuestos muy inversores,
pero después llega el mes de febrero o marzo, se hace una congelación de las partidas y se dedican a lo que se tenían que haber dedicado inicialmente, que es capítulo 1 y capítulo 2. Eso es lo que hemos intentado poner en funcionamiento este año en
el Ingesa, es decir, hemos intentando incrementar aquellos capítulos que son necesarios en la gestión de lo que tiene encomendado en Ceuta y Melilla. Ese gran esfuerzo presupuestario va a permitir al Ingesa hacer frente a la situación geográfica de
ambas ciudades -a las que ya me he referido-, a la presión asistencial por la población del país vecino, especialmente en urgencias y partos -la verdad es que, cuando hablas con ellos te das cuenta de situaciones que son verdaderamente dramáticas-,
a la población inmigrante irregular, que obviamente cuando entra en nuestro país en caso de enfermedad necesita hacer uso de los servicios sanitarios públicos de Ingesa, y al incremento poblacional. En los últimos cuatro años la población de Ceuta,
su tarjeta sanitaria, ha crecido en un 8,74% y la de Melilla en un 13,54%. Eso supone mucha más presión a la hora de atender a la población que tiene encomendada la gestión de la asistencia sanitaria en estas dos ciudades. En personal, capítulo 1,
tiene 127 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,31 %, es decir, casi 3 millones de euros, que va a permitir el mantenimiento de la plantilla, que se incrementó en los años 2014 y 2015 en 13 efectivos y permitió, entre otras acciones,
poner en marcha las unidades de cuidados paliativos en atención primaria en Melilla y las guardias de presencia física en Pediatría, Cirugía General y Traumatología, que llevaban años reclamándose en estas ciudades. Este incremento en capítulo 1
también permitirá un nuevo crecimiento de plantilla para el año 2016 en 13 efectivos más en atención especializada y atención primaria. En gastos corrientes tienen 57,81 millones de euros, con un crecimiento de 4,74 %, 2,61 millones

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en términos absolutos, para incrementar su capacidad de resolución y conseguir una disminución de la derivación a la península desde estas ciudades, también principalmente para farmacia hospitalaria y productos sanitarios.


En capítulo 4 hay 38,55 millones de euros, supone un crecimiento de un 7,38 %, la mayor parte destinada a gasto farmacéutico, debido al aumento de las tarjetas sanitarias, al incremento de las personas mayores de 65 años y al incremento de
la actividad asistencial. También se ha incrementado la partida de prestaciones complementarias por desplazamientos a la península, ortoprótesis y sillas de ruedas.


En capítulo 6, inversiones reales, hay 10,14 millones de euros. Este es un tema que seguro que vamos a contemplar en la intervención de los portavoces. Supone una disminución de un millón de euros en inversión, fundamentalmente debido al
hospital de Melilla, a la situación de la obra, pero también va a permitir modernizar las infraestructuras sanitarias de Melilla: por ejemplo, la reforma integral del centro de salud de Polavieja, la reforma de urgencias del hospital comarcal;
seguir con el plan de mejora tecnológica, al que en estos años de legislatura se han dedicado más de dos millones de euros, como, por ejemplo, en la adquisición de un nuevo TAC; y en Ceuta va a permitir la reforma y ampliación del centro de salud
de El Tarajal, la reforma del centro de salud Lafont, así como proceder a arreglos que son necesarios. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Ceuta, que fue construido hace seis años, necesita un plan de inversiones, debido a su situación. Fue
construido solo hace seis años. El presupuesto de licitación fueron 50 millones, y, en realidad, costó al final 100 millones de euros, y hay que invertir ya en él. Probablemente algo no acabó de hacerse especialmente bien, pero nuestra obligación,
obviamente, es atenderlo. También me referiré a la inversión en el Centro Nacional de Dosimetría, que hay que cambiarlo de ubicación, porque lleva más de 12 años en barracones. Estamos pendientes de la aprobación por el actual Gobierno de la
Comunidad Valenciana -ya lo intentamos con el anterior- para poder trasladarlo a una ubicación en una parte del antiguo hospital La Fe, de Valencia.


El nuevo hospital de Melilla lleva parado más de dos años y medio, y lleva parado no por la voluntad de este Gobierno, sino por las demandas judiciales. La última ha sido de abril de 2015, por el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid, que ha anulado la adjudicación de la dirección facultativa que se realizó en 2009. Fue consecuencia de los criterios que se utilizaron y lo cierto es que el Ingesa ha sido condenado por aquella
actuación a tener que retrotraer las actuaciones de nuevo a designar una nueva dirección facultativa. Es obvio que sin dirección facultativa la Ley de Contratos del Estado no permite seguir con la obra. Es una de las muchas sentencias que han
limitado la posibilidad de avanzar con esta obra. De todas formas, seguimos trabajando por los intereses de los melillenses resolviendo los problemas que allí tienen planteados, que son muchos, y esperamos poder dar solución a la mayor brevedad, en
cuanto nos dejen los juzgados, y poder continuar con la construcción del nuevo hospital de Melilla.


En todo caso, quisiera concluir este apartado -ya es prácticamente el final- diciendo que el crecimiento global presupuestario para 2016 supone un 3,12 %. Si no tenemos en cuenta las inversiones, que obviamente son cíclicas, supone un
incremento del 3,77 %, 8 millones de euros, que es uno de los mayores crecimientos de la vida del Ingesa.


No quisiera acabar sin hacer referencia a la disposición adicional sexta, que es otra fuente importante de ingresos que tienen que hacer aquellas personas jurídicas o físicas que se dediquen en España a la fabricación, importación u oferta
al Sistema Nacional de Salud de medicamentos o productos sanitarios que estén financiados y que se dispensen en oficinas de farmacia. La propia ley determina, la adicional sexta del texto refundido, a qué se tiene que dedicar esta cantidad,
cantidad que -insisto- tiene que ingresar la industria farmacéutica en las arcas del Estado, y dice que tiene que dedicarse a la investigación biomédica, que va, de hecho, al Carlos III, y, por otro lado, a políticas de cohesión sanitaria, programas
de formación de facultativos y de educación a la población para el uso racional de medicamentos, según la distribución que establezca el ministerio, previo informe del Consejo interterritorial.


En la actualidad, de los tres cuatrimestres -antes eran simultáneos o alternativos-, esta vez por la necesidades que tenía Mineco, los dos primeros van destinados a investigación biomédica, y, por lo tanto, se ingresan en el Instituto de
Salud Carlos III. Son aproximadamente 80 millones de euros, una cantidad muy sustancial. Los otros 40 millones -varía según el consumo farmacéutico-, en el último cuatrimestre, son dedicados a políticas de cohesión y de educación sanitaria para el
uso racional de los medicamentos, y, por lo tanto, lo gestiona la secretaría general. Concretamente, en el último cuatrimestre de 2013 -que es lo que hemos recibido-, son 40,40 millones de euros, y, por volumen de ventas, previsiblemente será lo
mismo y se certificará lo mismo en 2014. De esos algo más de 40 millones de euros, 21,69 son

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transferidos a las comunidades autónomas, según los criterios que el Consejo interterritorial aprobó en enero de 2015. De ellos, 830.000 euros son para el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, como he dicho, y 20 millones de euros son
para otros programas de cohesión, como para la mejora de la atención farmacéutica, especialmente pacientes crónicos y polimedicados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, receta electrónica, sistemas de información para apoyar la
prescripción y el nomenclátor maestro, nuevo desarrollo de medidas de fármacovigilancia, mejora del sistema de información sanitaria en el ámbito de las comunidades autónomas y formación continuada en el uso racional del medicamento. Los restantes
18,7 millones de euros son gestionados por la secretaría general: 592.000 euros son destinados a la Agencia Española del Medicamento -como he dicho antes-, a farmacovigilancia y al plan de resistencia a antibióticos, 300.000 euros al Ingesa para
plataformas de compras centralizadas, 4,5 millones al Instituto de Salud Carlos III para investigación independiente y 13,3 millones son gestionados por la secretaría general para políticas de cohesión sanitaria, uso racional del medicamento y
medidas de participación de pacientes.


Estos son los presupuestos de la secretaría general. A quien ha estado en esta casa previamente, en esta misma secretaria general, le pueden parecer unos presupuestos modestos, 370 millones en el mejor de los casos. Estos presupuestos
llegaron a ser de 35.000 millones de euros, porque las transferencias a las comunidades autónomas se realizaban desde el Estado. La importancia que tiene el Ministerio de Sanidad -es un alegato- y la secretaría general en materia de sanidad, que es
la parte que tiene encomendada dentro del ministerio esa relación con las comunidades autónomas, yo creo que no viene definida por los presupuestos. Probablemente, si tuviéramos que fijarnos en la cantidad de los presupuestos, podríamos darle una
importancia menor de la que realmente tiene. Como ustedes saben perfectamente, la función del ministerio, en general, y de la secretaría, en particular, en materia de atención sanitaria y salud pública es fundamental y cada vez lo va a ser más.
Las comunidades autónomas cada vez son más conscientes, después del paso inicial de las transferencias, de que realmente necesitamos trabajar todos juntos en cohesión y dar al paciente lo que realmente necesita y a lo que tiene derecho, porque al
fin y al cabo se paga con sus impuestos, y es la mejor asistencia sanitaria posible, en idénticas condiciones en todo el país. Y, por lo tanto esa es la función que tiene el Ministerio de Sanidad.


He leído esta mañana en algún titular -y acabo enseguida, señor presidente- algo respecto a la funcionalidad del Tribunal Constitucional dicho por parte de algún grupo político que no está representado en esta Cámara. Francamente, son los
organismos y las instituciones del Estado -entra ellas, por supuesto, el Tribunal Constitucional, y en este caso el Ministerio de Sanidad, o el Ministerio de Educación, etcétera- las que permiten dar coherencia y sentido a lo que es un país, un país
como el nuestro. Por lo tanto, desde aquí yo les agradezco no solamente su atención, sino también el hecho de sentirnos todos nosotros comprometidos, porque es esta casa, esta Cámara la que puede garantizar precisamente esa cohesión y dar sentido a
un país como es el nuestro.


El señor PRESIDENTE: Intervienen los distintos grupos parlamentarios. El que haya pedido la comparecencia diez minutos, el que no la haya pedido cinco minutos. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Bienvenido, señor Moreno, de nuevo a esta que ha sido su casa durante mucho tiempo, y sabe que se lo digo de corazón.


Nuestro grupo opina -y espero que así se respete, como una opinión- que este debate no debería haberse producido. Nosotros entendemos que no les correspondía a ustedes presentar un proyecto de ley de presupuestos, que previsiblemente no
ejecutarán; que ejecutará otro grupo político o no, pero, desde luego, otro Gobierno. Simplemente, creo que quieren dejar todo atado y bien atado, aunque sus argumentos puedan ser otros.


Comparto lo último que ha dicho, comparto completamente su defensa del Ministerio de Sanidad, pero los presupuestos son muy importantes. Lo que no aparece en los presupuestos, difícil ejecución tiene. Aun así, hay parte del presupuesto que
no se ejecuta. Presumen de un incremento de un 3,6 %, llegando a los 4.000 millones de euros, pero aún está lejos de esos 4.250 millones a los que se llegaron en 2011, con el anterior Gobiernos socialista. Mucho han recortado durante estos años, a
veces de forma necesaria, a veces no tanto, pero, desde luego, hace falta un mayor incremento de presupuesto para subsanar el daño que se ha hecho al Sistema Nacional de Salud. Si todo va bien, como ustedes dicen, ¿por qué a la sanidad no le va un
poco mejor? Porque parece que solo le va bien al Ministerio de

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Defensa, y, desde luego, estamos aquí para defender que le vaya mejor a la sanidad y a los aspectos de salud de todos los españoles.


Reconocen en su proyecto que lo que pretenden es -y abro comillas- consolidar las políticas sanitarias que han iniciado en esta legislatura -cierro comillas-, que, en definitiva, ha sido una política de desmantelamiento del sistema público
de salud y de ese sistema universal que sí teníamos. Y, además, textualmente, dicen que quieren -vuelvo a abrir comillas- culminar las reformas y consolidar la aplicación del Real Decreto 16/2012 -y ahí las cierro y no volveré a utilizar las
comillas-, decreto que todos los grupos coincidimos que ha sido el mayor ataque al Sistema Nacional de Salud. Por estas intenciones que ustedes reconocen por escrito, porque están en el libro amarillo -como he dicho, textualmente, y según el
contenido de este presupuesto, debo decirle que es decepcionante que ustedes sigan dando continuidad a las barbaridades que ya inició la anterior ministra. Y le digo que es decepcionante que no sean capaces de reconocer los errores cometidos, que
además se van agravando. Y, sinceramente, le tengo que decir que parecía que algo mejor lo harían, pero las dudas las sigo teniendo.


Su escollo está fundamentalmente en todo un éxito que han consolidado en este país, y son 900.000 usuarios expulsados del sistema. Les llaman la atención desde organismos internacionales y ni se han inmutado y además lo siguen negando, pero
la realidad es esa. Anuncian que lo van a solucionar, pero no lo desarrollan. Fue un anuncio del ministro que se quedó ahí, en la nebulosa. Su solución simplemente ha sido trasladar el problema a las comunidades autónomas, pero ya algunas
comunidades autónomas socialistas van manifestando su intención de poner solución a este escollo. No sé cuál va a ser su solución, ni siquiera si van a buscar alguna, pero que atención primaria atienda a los ciudadanos excluidos y que se les dé una
tarjeta sanitaria diferente, ¿esa puede ser la solución? Entenderá que no lo compartimos. La responsabilidad de los profesionales ya está demostrada, porque les están atendiendo, pero quieren hacerlo con garantía asistenciales y quieren hacerlo
sobre todo para todos los ciudadanos por igual.


Y otro logro que ya han conseguido, y lo digo con auténtica tristeza: ya han eliminado definitivamente el Fondo de cohesión sanitaria. Se lo hemos ido recordando en los trámites de todos los proyectos de presupuestos. Usted ha dado una
explicación. Es verdad que en la anterior legislatura llegó a tener 99 millones de euros ampliables y ustedes protestaban; con toda razón, pero protestaban. En el presupuesto de 2015, por ese resto que quedaba por compensar de 22,6 millones de
euros, se dejó la partida y este año hablan de créditos desconsolidados, una forma muy fina de decir que se han cargado algo radicalmente. Creo que les debería parecer un despropósito. Nosotros teníamos la esperanza de que lo retomaran, porque se
lo dijimos y se lo volvemos a repetir: han creado un problema donde no lo había. Ahora hay una gran inseguridad, totalmente innecesaria, para los ciudadanos que se desplazan de comunidad autónoma, porque no es que vayan a tener, es que están
teniendo dificultades para ser atendidos; y no solo cuando se viaja, sino también los que precisan atención en las unidades de referencia nacional. Habrá leído la información que ha hecho pública la Federación Española de Enfermedades Raras, que
manifiesta su más absoluta disconformidad con esta medida.


¿Y qué va a pasar con la viabilidad de los centros de referencia? No sé si se lo han planteado, pero es que los centros de referencia ya desaparecen completamente en este presupuesto. No han leído las opiniones de la federación estatal.
Esto les preocupa, porque ya están teniendo problemas graves y esa decisión aumenta las dificultades para ser atendidos y para recibir sus tratamientos fuera de su comunidad de origen. Nosotros vamos a volver a presentar una enmienda frente a esta
decisión, y ustedes, el Grupo Popular, aunque no tengo ninguna bola de cristal, supongo que votará en contra, y creo que es lamentable. Porque, lógicamente, le tengo que preguntar: ¿Cómo van a solucionar la garantía que debe dar el ministerio a la
equidad entre los territorios en este aspecto? ¿Qué garantía ofrece el ministerio a los centros y unidades de referencia nacional? Desde luego, si no tienen apoyo por parte del ministerio y, sobre todo, si no les da ese auge que necesitan,
difícilmente se podrán mantener.


Ya no sé si preguntarle o no por el Fondo de Garantía Asistencial, porque se ha anunciado, no sabemos dónde está -debe estar en el limbo-, pero ya no sé si también es un fondo extrapresupuestario o tendrá un crédito desconsolidado o no
tendrá crédito. Por tanto, no sabemos cómo se queda, pero tengo la obligación de preguntarle por él.


Quisiera comentarle algunas partidas más. Las estrategias de salud se mantienen con 3,4 millones de euros, una cantidad para todas las estrategias. Usted habla de nuevas estrategias, que compartimos, pero muy poco corresponde a cada una de
ellas. Esto es como las caperuzas de Sancho, a muy poquito se puede tocar en cada una de ellas.

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Valoro su registro de enfermedades raras, pero estas y otras muchas estrategias van a tener muy poco apoyo por parte del ministerio.


Acerca de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, tenía alguna pregunta, pero lo ha aclarado en su intervención.


En cuanto a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, también ha explicado parte. Tiene algo menos de presupuesto, pero también lo tengo que hilar con el gasto farmacéutico, que no ha disminuido. No sé si tienen previsto
desarrollar la central de compras, no sé si incluso han pensado en posibles subastas de medicamentos, al modelo de Andalucía. ¡Con lo que hemos tenido que oír de las subastas andaluzas, señor Moreno, con lo que hemos tenido que oír! Quizás hagan
como con la compra de medicamentos para la hepatitis C. Se ha hecho un plan y han trasladado el problema a las comunidades autónomas, pero yo creo que el problema de la hepatitis C se debería responder de forma un poco más generosa por parte del
ministerio. Claro que, si no tienen que financiar nada de los medicamentos para los tratamientos de hepatitis C, con 52.000 euros evidentemente la partida presupuestaria ya es holgada y hasta les puede sobrar. Como ha mencionado que la agencia
tiene superávit -y ha desglosado usted a dónde va a ir destinado-, me gustaría que pensaran que parte del mismo pudiera destinarse también para apoyar a las comunidades autónomas en los tratamientos de la hepatitis.


En cuanto al mutualismo administrativo, efectivamente, sube un 3,5% y en el ejercicio pasado también subió 30 millones. Pero ¿a quién beneficia? Está beneficiando nada más y nada menos que a las entidades de seguro libre -a las que respeto
muchísimo-, pero es a las únicas que beneficia, a las entidades con las que se concierta. Usted sabrá que la calidad asistencial ha bajado considerablemente, que los profesionales cobran cada vez menos por acto médico y por acto de enfermería y que
las coberturas de las prestaciones también han sufrido a la baja. Entonces, verdaderamente, no encontramos para qué es esta subida, no encontramos ninguna justificación.


El mismo comentario puedo hacer para las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que suben este año un 3,5 %. No sé qué argumento tiene esta subida, porque siguen debilitando el sistema público y reforzando este
sistema paralelo. No entendemos esta subida, cuando lo que se está haciendo es debilitar que la atención primaria tome decisiones sobre sus beneficiarios. Las mutuas son las que van a empezar a tomar decisiones y, desde luego, quitan relevancia a
las decisiones de los profesionales de atención primaria.


El programa de investigación sanitaria, el 465-A, sigue anulado de los presupuestos. Dijeron que se podría recuperar cuando mejorara la situación económica, pero, desde luego, para 2016 no está. Y sí nos gustaría que, por lo menos, pudiera
incluir una partida para investigación sanitaria, que desapareció.


La Organización Nacional de Trasplantes no sale perjudicada, pero queremos también, lógicamente, manifestar nuestro reconocimiento a su labor y a su prestigio pese a esta congelación del presupuesto.


Yo le pediría que no renuncie a conseguir algo que los ciudadanos nos piden que hagamos en esta intervención en la que hablamos de presupuestos, y en nombre de los ciudadanos quiero aprovechar mi intervención para decírselo: por favor, no
renuncien a negociar con el Ministerio de Hacienda esa revisión del IVA superreducido para alimentos sin gluten, no solamente para el pan. Sé que eso puede resultar fuera del contexto de este debate de presupuestos, pero tengo la obligación de
decírselo ya que está usted hoy aquí. Son muchos los ciudadanos que nos piden que se lo hagamos llegar y la verdad es que no veía mejor ocasión que esta.


En cuanto a políticas de consumo, el programa 492, voy a utilizar una frase que, porque no está aquí mi compañera Pilar Grande y por unificar la intervención, me ha pedido que le traslade: esto es como las familias numerosas, en las que el
hermano pequeño nunca estrena; pues eso es lo que le pasa a consumo en este ministerio. Los presupuestos son casi calcados a los del año pasado y no hay nada nuevo sobre la protección a los consumidores a pesar de esa pírrica subida de 33.000
euros. En la parte de los objetivos nos describe un momento significativo en las reclamaciones de los consumidores a las juntas arbitrales -lo ha nombrado usted- y hablan de las dificultades de las administraciones para hacer frente a un alto
volumen de recursos materiales y humanos escasos. Cuantifican que incluso que en solo tres de ellas hay 300.000 solicitudes y 200.000 procedimientos, al incluir las reclamaciones como las del sector financiero. Y nos vamos a las transferencias
corrientes y vemos que ponen exactamente la misma cantidad, tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales. Resumiendo, hacen un diagnóstico muy correcto, pero miran para otro lado a la hora de aplicar el tratamiento, y es que
allá se las apañen las comunidades y los ayuntamientos, a su suerte. Y la pregunta, lógicamente, es obvia: ¿Me

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puede decir si estoy equivocada en este análisis? A lo mejor hay alguna partida que se me escapa, pero es lo único que he encontrado.


Quiero terminar felicitándole por el plan de resistencias. Creo que ha sido un acierto y así hay que reconocerlo. No voy a profundizar en el tema de Melilla, únicamente deseamos que se vaya resolviendo. Pero, como les decía al principio,
estos son unos presupuestos fuera de lugar, en los que en sanidad y consumo creemos que el presupuesto es insuficiente, y además ponen de manifiesto el abandono del ministerio a las comunidades autónomas y a los ciudadanos. No rectifican los
copagos. Nos hubiera gustado que, si va bien, se rectificaran en los copagos. Pero no corrigen la exclusión sanitaria y no garantizan un sistema de salud cohesionado, universal y accesible. Lo mejor que podrían hacer sería renunciar a la
tramitación de estos presupuestos. Evidentemente, no lo harán, pero debo decirle -para concluir- que es injusto que quieran imponer un presupuesto que consideramos aberrante. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella, tiene la palabra.


La señora TARRUELLA TOMÁS: No había pedido la comparecencia del secretario general. Por eso, le quiero agradecer doblemente que, aunque solo sea por unos pocos minutos, pueda hacer una manifestación aquí sobre unas cuestiones en las que
tengo un poco de duda y de algunas que nos parece que se tendrían que modificar.


El secretario general sabe de nuestra preocupación, porque hemos preguntado y hemos presentado diferentes iniciativas, respecto del Fondo de cohesión sanitaria y del FOGA. Nosotros sabemos que ya es extrapresupuestario desde el año 2013 y
que se mantenía una partida para los de los años anteriores, pero es que en estos años precisamente, desde 2013 hasta ahora, no ha funcionado bien. Hemos visto que no había equidad entre comunidades autónomas. La compañera del Grupo Socialista
nombraba ahora a la Federación de Enfermedades Raras. Es cierto, lo hemos recibido todos, han hecho diferentes comunicados donde muestran su gran preocupación por la atención y en los desplazamientos entre comunidades. Usted sabe que todas las
comunidades autónomas tienen ya en sanidad problemas de financiación, todas son deficitarias. A pesar de que hubiese aparecido un fondo desde el ministerio con el que se las ayudaba, ahora tienen que facturar entre ellas, aunque lo gestione el
ministerio, siendo que una comunidad autónoma tiene que pagar a otras, y, cuando ya son insuficientes las dotaciones que tienen, se dificultan muchísimo todas estas tramitaciones.


El FOGA usted sabe también que ha empezado a funcionar ahora, hace poco, pero que funciona parcialmente. Se han abonado las facturas de farmacia de algunas comunidades autónomas, pero no de todas, porque hay algunas comunidades autónomas,
evidentemente las que han de pagar más, que han retrasado mucho ese pago, porque dicen que tienen dificultades, que les faltan datos y que no acaban de llegar. En realidad, no se han puesto en marcha otros gastos importantes que se generan entre
comunidades autónomas, como son los de atención primaria, atención hospitalaria y el transporte sanitario. De todo esto no se ha puesto en marcha todavía nada, ni se ha facturado nada. Entonces, después de estos años, cuando vemos que el Fondo de
cohesión, en lo poco que se iba manteniendo, desaparece y ya todo es extrapresupuestario, porque va a tener un funcionamiento como el FOGA, y que el Fondo de Garantía Asistencial tampoco va funcionando -hay algunas partidas que sí, pero son muy
deficitarias-, nuestra preocupación por garantizar esta equidad y estos movimientos entre comunidades autónomas es relevante.


Hay otros aspectos que también nos preocupan. Como tengo muy poquito tiempo y quiero ceñirme a la generosidad del presidente, voy a hacer solo unos pequeños comentarios.


Creo que es el Gobierno, aunque cada ministerio tiene que cuidarse de lo suyo, quien tiene que velar por la equidad. Recientemente hemos aprobado leyes en el Congreso que nos parecen positivas y que nuestro grupo parlamentario, tanto
Convergència como Unió, ha apoyado. En este aspecto, me refiero a la del Registro Civil. Hemos apoyado, nos parece positivo que desde los hospitales se puedan registrar los nacimientos y los fallecimientos. Pero eso comporta un gasto para las
comunidades autónomas y para estos registros. En Cataluña, según el estudio que se ha hecho del coste que va a implicar para esta comunidad -y eso mismo se puede extrapolar a otras, a todas-, son 3 millones, para los nuevos sistemas informáticos,
el personal, porque poner todo esto en marcha va a costar ese dinero. ¿Quién lo va a pagar, Sanidad, Justicia? Las comunidades autónomas van a tener otro gasto más que añadir a todos los demás que tienen, siendo deficitarias como son.


Asimismo, el tema que la compañera comentaba hace unos momentos, porque sabe que también es nuestra preocupación y que presentamos enmiendas continuamente, que es el IVA de los productos

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sanitarios, porque ese IVA de más que tienen que pagar las comunidades autónomas -ya sabemos que es un mandato europeo-, que se queda la Hacienda central para repartir, tendría que compensarse a las comunidades autónomas. Y después también
pedir ese IVA superreducido para toda la alimentación específica que tienen que tomar pacientes por diferentes enfermedades y señalar que deberían revisarse algunos temas referentes a enfermedades específicas, como un acceso gratuito o reducido a
algunos medicamentos.


Veo que se me ha acabo el tiempo y quiero ceñirme a ello. Muchísimas gracias y ya continuaremos con el debate en otras ocasiones. Y me he olvidado: bienvenido una vez más a esta su comisión.


El señor PRESIDENTE: Señora Angulo, tiene la palabra.


La señora ANGULO ROMERO: Nosotros también le damos la bienvenida al señor secretario general y agradecemos la precisión con la que ha explicado las cifras del presupuesto en su departamento.


Nos encontramos, efectivamente, en el final de la legislatura más difícil de nuestro país y lo hacemos aprobando los quintos presupuestos del Gobierno del Partido Popular, y eso es lo que yo quiero poner en primer lugar en valor, porque lo
que se vuelve a demostrar con ello es la responsabilidad de un Gobierno que ha devuelto la confianza en nuestro país, y tanto dentro como fuera de nuestra fronteras. Entiendo que el Partido Socialista se vea obligado repetidamente a buscar excusas
para atacar también que presentemos los presupuestos, y lo entiendo porque no pueden encontrar ustedes otra fórmula para justificar que cuando las cosas estaban muy feas cobardemente salieron corriendo para no tener que decir a Europa el verdadero
déficit público que estaban ocultando ni a los españoles la situación de ruina en la que los dejaban. (Aplausos.) Y por ello entiendo que intenten ocultar esa deslealtad que tuvieron con los españoles, y con ella los buenos resultados de la gestión
del Partido Popular. Porque, efectivamente, en estos cuatro años de Gobierno lo que ha conseguido el Partido Popular ha sido sanear nuestras maltrechas cuentas, situarnos en el camino de la estabilidad y del crecimiento como la mejor manera de
crear empleo y obtener los recursos necesarios para garantizar el Estado del bienestar, sin olvidar nunca que resultaba prioritario prestar el máximo apoyo a los sectores más afectados por la crisis. Por eso, estos presupuestos vuelven a mostrar el
compromiso del Gobierno con nuestro Estado del bienestar, porque son unos presupuestos eminentemente sociales, que desmontan los manidos argumentos que ustedes vienen repitiendo desde el inicio de la legislatura, sin variar ni una coma, a pesar del
cambio que nuestra situación ha sufrido. Ustedes siguen aferrados a los cuatro topicazos que hoy los hechos les desmontan. Porque, mire, solo el gasto social directo de estos presupuestos supera los 188.000 millones de euros, un 2,7 % más que los
últimos presupuestos socialistas.


Pero no debemos olvidar el gasto social indirecto, aquel que suponen las transferencias y aportaciones a las administraciones territoriales y que en su gran mayoría van a sanidad, servicios sociales y educación, que elevan el porcentaje de
estos presupuestos destinados a gasto social al 70%, un 16,5%, 250.000 millones más que el último presupuesto socialista. Esto no ha sido fácil, pero el Gobierno ha mantenido en estos tiempos de crisis el presupuesto de sanidad, que ahora, y
siguiendo la senda del crecimiento que ya inició el año pasado, vuelve a aumentar, hasta alcanzar los 4.000 millones de euros. Con este presupuesto se afianza la apuesta del Gobierno por reforzar la universalidad, la equidad, la cohesión y la
eficiencia, por modernizar nuestro sistema, por ampliar la cartera de servicios y mejorar la estrategia para hacer frente a la cronicidad, que es uno de los grandes retos del sistema. Pero les recuerdo que este presupuesto -y de ello hacía mención
también el secretario general-, no es el presupuesto sanitario completo del país, porque las competencias están transferidas y el peso mayor lo tienen las comunidades autónomas y ellas son las que deciden en cuánto y en qué. Señorías, este próximo
año 2016, gracias a esta buena gestión del Gobierno y a la recuperación económica, el Gobierno les va a transferir casi 8.000 millones de euros más de la liquidación de la financiación, y se van a ahorrar las comunidades casi otros 2.000 millones de
euros en pagar intereses de la deuda. Veremos cómo se materializa esa mejora económica en los presupuestos de las comunidades autónomas. Espero que algunas que gobiernan ustedes y ostentan el dudoso honor de ser las que menos recursos destinan a
sanidad por habitante, muy por debajo de la media española, sean sensibles a las necesidades sanitarias de sus habitantes y mejoren esa situación.


Y esta mejora del presupuesto de sanidad se refleja también en las cuentas de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, que efectivamente crecen en más de 6.000 millones de euros. Pero no me gustaría hablar solo de porcentajes y cifras,
porque hablar de presupuestos es mucho más, es hacerlo de cómo gestionar los recursos y de cómo ser eficientes para optimizar al máximo los impuestos que

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pagan los españoles. Cuando ustedes hablan de cifras también deberían hablar del contexto económico en que se elaboran los presupuestos, que no ha sido muy favorable precisamente para este Gobierno, y de la diferencia abismal que hay, por
un lado, entre presupuestar y gastar y, por otro lado, entre gastar y pagar lo gastado. Porque si algo nos han dejado claro los gobiernos socialistas es que son doctores cum laude en presupuestar y no ejecutar y luego en no pagar lo poco que se
ejecutaba, y eso sí que es un verdadero recorte social.


Por eso, no me quiero entretener mucho, pero una oye reiteradamente en esta Comisión lo de los recortes sociales y le causa perplejidad que venga de quienes dejaron a millones de familias sin trabajo, y con ello sin ingresos y con ello sin
la posibilidad de hacer frente a sus necesidades básicas, como la alimentación o la vivienda, y quienes fueron los autores del mayor recorte de toda nuestra democracia, el que supuso la congelación de las pensiones, el recorte del sueldo a los
funcionarios o el dejar a 3,5 millones de españoles sin trabajo.


Por eso, como yo creo que en su fuero interno ustedes deben seguir avergonzados y sintiendo culpa por el desamparo en el que dejaron a millones de familias españolas, siguen recurriendo a eso, para ocultar que la cuestión ha cambiado y que
el balance de esta legislatura no puede ser más positivo, incluso también en sanidad. Porque estos presupuestos de Sanidad reflejan la diferencia entre 2011 y 2015 o ya 2016. Porque frente a un sistema nacional de salud endeudado en más de 16.000
millones de euros y que no pagaba a sus proveedores, estos presupuestos reflejan que hoy hay un Gobierno que paga las facturas y que, por lo tanto, no pone en peligro el abastecimiento de medicamentos y productos sanitarios en nuestros hospitales o
centros de salud, que eso sí que es recortar. Frente a un sistema que no era equitativo ni estaba cohesionado ni era universal, porque dejaba a cientos de miles de españoles sin cobertura, y que permitía el descontrol y el fraude, se han llevado a
cabo las reformas que han permitido no solo asegurar la sostenibilidad del sistema, sino también desarrollarlo y modernizarlo, y, efectivamente, acometiendo cambios estructurales que se tuvieron que haber tomado incluso en tiempos de bonanza
económica. Porque eso es hablar de presupuestos, no solo hablar de porcentajes y de cifras.


Pero mucho me temo, oyéndolos a ustedes, que no han aprendido la lección, y, al hilo de lo que hablaban de la universalidad y bajo la percha de este debate presupuestario, siguen manteniendo ese mismo discurso demagógico y partidista de
falta de universalidad. Con la conformación de esos nuevos gobiernos autonómicos que ahora tienen ustedes, que muchos se han conformado en contra de la voluntad de los ciudadanos en las urnas, tras alianzas en los despachos, vuelven ustedes a
utilizar la sanidad como arma política y no les importa volver a propiciar estas situaciones de fraude y de turismo sanitario que puso en peligro el sistema. Y solo con esos fines partidistas, no tienen ustedes reparo en utilizar ese poder, no
obtenido en las urnas, sino en los despachos, para atacar al Gobierno de España con este tema.


Señorías, nos vemos otra vez en la obligación de insistir en que España es el país que mayor cobertura sanitaria ofrece a las personas en situación irregular. Además, esas personas serán atendidas desde la atención primaria y de ahí podrán
ser derivadas a la especializada, como el resto de los ciudadanos, pero sin poner en peligro las cuentas de la sanidad, no permitiendo que puedan exportar ese derecho a otro país y que otra vez hayan de ser los españoles los que con sus impuestos
tengan que pagar la asistencia sanitaria de personas que a lo mejor tienen recursos para pagársela, que es lo que ustedes van a volver a propiciar desde esos gobiernos autonómicos. Por eso, desde aquí les pido que transmitan un poquito de rigor.
Por cierto, al hilo de esta cuestión y como es una falta de sensibilidad la que este Gobierno tiene con estas personas, me gustaría poner en valor la nueva partida incorporada al presupuesto de 1,75 millones de euros para programas de reasentamiento
y reubicación de refugiados en nuestro país.


Y ahora, porque no creo que tenga mucho más tiempo, sin detenerme en las cifras que ha explicado el secretario general, me gustaría destacar que estos presupuestos permitirán seguir trabajando en la mejora de la atención sanitaria a los
ciudadanos en materia de prestaciones, cartera de servicios y farmacia, medidas como el calendario común de vacunación infantil -uno de los más completos de nuestro entorno- o el acceso equitativo de todos los ciudadanos a los medicamentos incluidos
en las innovaciones terapéuticas. Porque sí, señorías, los avances introducidos, como decía antes, no solo son dinero, sino también formas de gestionar. Los avances introducidos en la gestión con la plataforma de compras, el desarrollo de nuevas
fórmulas de financiación o las políticas de ahorro farmacéutico, que ya superan los 5.000 millones de euros en tres años, van a permitir seguir incorporando medicamentos innovadores a nuestro sistema, como ya se han incorporado en estos tres años
más de 140; o en la resolución de situaciones como la de los enfermos de hepatitis C, por la que no tenemos más remedio que volver a felicitar al Gobierno y al señor secretario general, y la de aquellos

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ciudadanos ingresados en instituciones penitenciarias, para los que desde el Ministerio del Interior se van a destinar 20 millones de euros.


En lo relativo a ordenación profesional destacamos también el mantenimiento de un presupuesto que va a permitir seguir avanzando en cuestiones muy importantes que estaban pendientes de resolver desde hace mucho tiempo y que solo el Gobierno
del Partido Popular ha abordado: la troncalidad, el registro estatal de profesionales sanitarios, las unidades de gestión clínica, la indicación de medicamentos por parte de enfermería, o, algo muy importante, que yo creo que debemos poner en
valor, que es la tasa de reposición del 100% de nuestros profesionales sanitarios frente a ese 10% en que la dejó fijada el Partido Socialista, que eso sí que es también un verdadero recorte en sanidad.


No puedo extenderme, porque veo que se me ha acabo el tiempo, en otras partidas, que ya tendremos ocasión de debatir en la tramitación parlamentaria, pero quiero insistir en que nuestra situación hoy no tiene nada que ver con la del inicio
de legislatura, y queremos poner en valor que se ha hecho más con muchísimo menos. Por eso, a pesar de la situación catastrófica que ustedes pintan de nuestra sanidad y de los riesgos para la salud de los españoles, somos precisamente los que
disfrutamos de la mayor esperanza de vida de toda Europa. Por eso, les pido que también en este debate de los presupuestos dejen de hablar mal de nuestra sanidad, dejen de meter miedo a nuestros pacientes y a nuestros pensionistas, porque su
sanidad está garantizada. (Rumores.) Desde luego, nosotros vamos a seguir defendiendo un sistema sanitario público. Pero, sobre todo, más allá de las cifras, con lo que me quiero quedar es con el espíritu que ha transmitido el secretario general
sobre la importancia de la sanidad, sobre la importancia del papel del Ministerio de Sanidad, y, sobre todo, con la sensibilidad que ha demostrado con la ayuda a los que más lo necesitan, que, como digo, no se refleja a lo mejor en cifras pero sí en
una actitud y en una forma de gobernar. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.


El señor SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Moreno Palanques): En primer lugar, les agradezco a todos el tono de las intervenciones. Esta es la parte que a mí me gusta, porque, desde luego, la del presupuesto tal cual es un tostón
-perdonen si lo digo-, no por nada, sino porque todos tenemos la oportunidad de ver los libros y ver las partidas, cómo suben, cómo bajan.


Los presupuestos son muy importantes, señora Martín, muy importantes. Son tan importantes que hay que hacerlos en esta legislatura. En la anterior no pudimos y entonces hubo que hacer dos debates en el mismo año, recuerdan ustedes, en
2012. Yo creo que la legislatura acaba cuando acaba, previsiblemente a finales o a mediados de diciembre, y, por lo tanto, es responsabilidad de este Gobierno traer estos presupuestos. Que luego se puedan hacer modificaciones si es otro Gobierno o
es el nuestro, el que sea, es una cuestión que ya depende del Gobierno que sea elegido, según la voluntad popular. Pero creo que era una responsabilidad hacerlo y así se ha hecho. La portavoz del Partido Popular ya se ha referido al presupuesto de
2011 por la comparación que han hecho con el final de legislatura, con el de 2016.


Se ha dicho anteriormente, en varias comparecencias, y se ha dicho ahora también, que aparte de presupuestar hay que ejecutar. Entonces, había partidas, al menos en lo que a la secretaría general le compete, que sí estaban pintadas en el
presupuesto, pero luego estaba la limitación para hacer uso de ellas. Y eso ocurrió en 2011, ocurrió en años anteriores y también es verdad que ocurrió en 2012. Hay que ser honestos en esto. No todo lo que se pinta en el presupuesto se puede
ejecutar después. Por tanto, las comparaciones hay que hacerlas sobre cuestiones consolidadas.


Dice que el Ministerio de Defensa tiene más dinero que nosotros, yo siempre he dicho que el Ministerio de Defensa es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad es el ministerio de la guerra. (La señora Martín González: No he dicho
que tenga más, sino que subía más que este ministerio.) Nuestro ministerio, como ministerio de la guerra que es, debería tener mucho más dinero que Defensa, claro está. Pero afortunadamente esa guerra ha desaparecido, sinceramente lo creo. Hay
mucho más sentido de la colaboración entre las administraciones autonómicas y el Estado en materia sanitaria, afortunadamente para todos. Y yo creo que hay que seguir en esa línea, gobierne quien gobierne.


La universalidad: hemos debatido esto hasta la saciedad. Sabemos cuáles son las condiciones que introdujo el real decreto, y yo creía que sabíamos por qué se introdujo el real decreto. Muchas veces cuando lo comentamos me da la impresión
de que no hay mucha gente que sea consciente de por qué se introdujo el real decreto. Me refiero al Real Decreto-ley 16/2012. Me da la impresión de que quienes tienen ahora nuevas responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas tampoco
saben exactamente por qué se introdujo el Real Decreto-ley 16/2012. Con eso hay que tener mucho cuidado,

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por las consecuencias que tiene. Ya dijimos desde el ministerio, el ministro anunció (en eso estamos, y hubiera ido al anterior consejo interterritorial, si no fuera porque somos responsables y cuando planteamos una cuestión intentamos
llevarla a un consejo interterritorial bien conformado) que el real decreto vino a solventar un problema que teníamos planteado a nivel de Unión Europea, que era doble. Por un lado, el turismo sanitario no regulado -porque ahora está regulado, por
varias razones, por la legislación europea y por la legislación nacional-, que suponía el estar pagando una asistencia sanitaria que no nos correspondía. De verdad, no hay sistema que aguante esos 1.000 millones de euros. Si tuviéramos mucho más
dinero, probablemente podríamos asumir las responsabilidad de asistencia sanitaria de cualquier país europeo, de cualquier país a nivel mundial, pero la verdad, como ya ha dicho la portavoz de Unió, eso no puede sostenerse y esa es una realidad.
Esta es una de las razones por las que se introdujo el real decreto, cumpliendo además con unas reglas de funcionamiento que tenemos a nivel de Unión Europea, como son, entre otros, los reglamentos de Seguridad Social. Por otro lado, había un
problema añadido sobre ese y es que para evitar precisamente esos 1.000 millones hubo alguna comunidad autónoma, entre ellas la mía, Comunidad Valenciana, y la Comunidad de Andalucía -para que quede en el registro, por si alguno tiene alguna duda-
que se negaron a dar tarjetas a determinados ciudadanos europeos. Eso supuso a nivel de Comisión Europea un dictamen motivado. A mí me da la impresión de que hay algunos consejeros hoy que no saben en qué consiste eso, ni dónde estuvimos en 2011.
Esa es la impresión que me da, a juzgar por la normativa que están desarrollando. Ese dictamen motivado era el paso previo a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y si hubiéramos sido condenados -a punto estuvimos de serlo- hubiera
significado que cada día de incumplimiento, desde el momento en que se ejecuta esa sentencia, España tendría que pagar una multa millonaria, cada día. Además, habría una paralización de todos los fondos europeos, con todos los fondos que estamos
recibiendo de la Unión Europea. A ver quién asume que por la decisión que haya tomado alguna comunidad autónoma España se queda sin los fondos europeos. No sé si la gente es consciente de eso, pero esa era la realidad en 2011 y 2012.


Finalmente, hubo una asunción del dictamen motivado. ¿Eso qué significa? Lo que alguna comunidad ya asumido -me ha dado la impresión- como propio, olvidándose de todo esto y es que con independencia de la normativa, ya sea nacional o
internacional, cualquier ciudadano que pase por aquí y esté tres meses empadronado se le da una tarjeta otra vez. Antes se nos iba a condenar porque no quisimos dársela a los europeos y sí a quien venía de Senegal; ahora ya hay alguna comunidad en
la que incluso se le puede dar a un europeo. Pero es que aunque explícitamente no lo pongan así en su norma -entiéndase decreto ley, entiéndase una orden, entiéndase una instrucción de un director general de una comunidad autónoma-, si no está bien
hecha, van a verse obligados a eso por una razón: porque en nuestro país tenemos una ley que no existe en otros países, que es la Ley de Extranjería. La Ley de Extranjería, en su artículo 1.3 -lo digo para que la gente tome nota, se lea la
intervención o se asesore; yo ya he dicho que les ayudaremos desde el ministerio en lo que necesiten-, establece a nivel de mejor derecho para cualquier ciudadano europeo el derecho que tenga el Estado miembro. Si tú a un senegalés o a uno de
Guinea Conakry -porque creo que hay que intentar ayudarles- le reconoces ese derecho, no se lo vas a poder negar a un alemán -ese es el problema que tenemos- después de estar tres meses aquí. Algunos ya han dicho que de sea de tres meses porque los
primeros tres meses son turistas, después como ya no les vale la tarjeta sanitaria porque tienen que declarar ser residentes, y algunos no podrán hacerlo, pues, oye, miel sobre hojuelas. Uno declara que no tiene recursos y, por tanto, le tienen que
dar la tarjeta de esa comunidad. Decretos-leyes de alguna comunidad, órdenes de alguna comunidad e instrucciones de algún director general de prestaciones de las comunidades van a tener que ser revisados. A mí ya no me importa tanto la
constitucionalidad del hecho, aunque obviamente estaríamos obligados como Estado a revisar ese concepto, me importan mucho más las consecuencias que pueda tener sobre este país y sobre esa comunidad en concreto y sobre ese consejero en concreto.
Porque, claro, la responsabilidad patrimonial se va trasladando del Estado a las comunidades autónomas, etcétera. El tema no es menor. ¿Por qué nosotros pusimos o intentamos poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas? Porque en función de
la legislación, después del Real Decreto-ley 16/2012, hubo gente a la que no se le reconocía el derecho por el mero empadronamiento. No son esos 800.000 que usted dice, ahí hubo gente que después quedó excluida porque a lo mejor había algún papel
que no estaba bien justificado y 247.000 volvieron a tener esa tarjeta sanitaria. El resto, algunos ni tan siquiera se han acercado a ver qué pasa con lo suyo. Es decir, hubo mucha gente que para bien o para mal abandonó este país por el momento
de crisis en el que estamos. Por tanto, hay mucha gente que tenía tarjeta antes

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del real decreto-ley y que hoy no tiene, pero porque tampoco está en España. No se puede decir ni que todos son gente excluida, ni se puede decir -como también se ha dicho alguna vez en esta Cámara- que son todo el mundo, porque hay gente
que ya no está en nuestro país.


Por tanto, esa definición de la persona que está en situación irregular en nuestro país va a venir de la mano del acuerdo, al que nosotros habíamos llegado con todas las comunidades autónomas antes de las últimas elecciones. Supongo que
después de la toma del relevo, las comunidades autónomas podrán estar de acuerdo con esas bases, algunas de las cuales, por cierto, han intentando ser copiadas literalmente en su normativa. Está bien, porque al final era un acuerdo que pretendía
dar la mejor asistencia sanitaria al único ciudadano que puede encontrarse a partir del Real Decreto-ley 16/2012, en una situación en la que puede necesitar algo más que la atención urgente. Porque los menores -no hace falta recordarlo-, las
embarazadas, las víctimas de trata, etcétera, son 185.000, que son tratados como cualquier ciudadano de este país: 244 millones al año que nos toca asumir, por darles esa asistencia. Los otros que son adultos que tenían derecho a la asistencia en
urgencias en el hospital, entendimos que era mejor poderles dar esa asistencia directamente empezando en la atención primaria, y de la primaria, si el médico lo reconocía como tal, que pudiera ir a la asistencia especializada, farmacia incluida, y
con una serie de parámetros para poner a todo el mundo de acuerdo.


En eso hubo acuerdo. ¿Por qué no se llevó al último consejo interterritorial? Porque había que discutirlo también con Empleo y había que discutirlo con Interior. Yo hice una pregunta en el consejo interterritorial al respecto. Esos
pacientes iban a ser reconocidos en un código que se llama 85, en donde hoy casi no figura ninguno registrado porque las comunidades autónomas no registran a nadie, pero cuando empiece a funcionar esto, que funcionará, van a quedar registrados en el
código 85. ¿Ese listado de ciudadanos que están en situación irregular en este país tiene que ser comunicado por la Administración sanitaria a la Administración de Interior para ser expulsados? Es una pregunta que no sé si los consejeros se han
hecho. La ley hay que cumplirla, está claro. Yo no me refiero ya al real decreto-ley, sino a la Ley de Extranjería o cualquier otra normativa que haya que cumplir. Por tanto, esa era una cuestión importante. El arraigo que genera un documento u
otro, ¿cuál era? Ya lo hablamos con Empleo, no parecía que añadiera mucho más al tema de arraigo. Por eso no se llevó y por eso se pretende llevar al siguiente.


Yo espero que haya en este tema un acuerdo. Lo que sí digo es que aquello que no sea por ese acuerdo, que está muy bien estudiado y que en última instancia lo único que pretende es dar la mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos
que, por hache o por be, están en este país residiendo, independientemente de su situación administrativa, se tiene que hacer bien. Porque si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas para este país.


Hablaban del real decreto-ley. En la última reunión que tuvimos del consejo interterritorial vinieron varios consejeros, la mayoría obviamente del Partido Socialista, pidiendo básicamente que se derogara el real decreto-ley. El real
decreto-ley, obviamente, por este Gobierno no se va derogar, está claro. Pero es que además, ¿por qué se va a derogar una norma que ha permitido evitar el turismo sanitario de forma no regulada?; ¿por qué se va a derogar una norma que nos ha
permitido ahorrar 2.000 millones de euros?, que por cierto, no se lo queda el ministro de Hacienda, sino que se lo quedan las consejerías de Sanidad de este país para poder dar más prestación; ¿por qué se va a derogar un real decreto-ley que nos
situó en un consumo farmacéutico en la media de la Unión Europea?; ¿o por qué se va a derogar un real decreto-ley que garantizó asistencia a aquellos ciudadanos que habían perdido su trabajo y que ya no tenían el derecho a la asistencia sanitaria,
y mucho menos a la prestación farmacéutica gratuita?; ¿por qué se va a derogar eso? De verdad, yo no lo entiendo.


¿Es perfecto? Miren, si yo les dijera que es perfecto y que no es mejorable estaría cometiendo un pecado de soberbia, y desde luego no lo voy a hacer. Hemos reconocido algunas cuestiones que son mejorables. Por ejemplo, el ministro dijo
que el copago hospitalario probablemente fue hecho en el mejor sentido de la equidad, pero no vemos que sea útil para el sistema, razón por la que se iba y se va a retirar. ¿Cómo se va a retirar? Vía una enmienda a una ley antes de que acabe esta
legislatura y otras enmiendas, dentro de un acuerdo con la industria farmacéutica, que van a ir modificando estas cuestiones. Claro que es mejorable, todo es mejorable, si no, las leyes permanecerían con carácter inmutable el resto de la existencia
de todos los que estamos aquí, y eso sabemos que no ocurre.


Desde que estoy aquí y era portavoz de Sanidad, siempre hemos hablado del Fondo de cohesión, especialmente usted, señora Martín, y yo porque era parte de nuestro deber de cada legislatura. Me doy cuenta de que no es solo a usted a quien no
logro convencer, ni explicárselo, porque allá donde vamos hay que explicarlo una y otra vez. Yo voy a intentar explicarlo de nuevo, no por nada, es por si nos

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encontramos en la próxima legislatura en esta cámara -Dios lo quiera- para que no haya que volverlo a explicar. Uno se coge la intervención y se lo lee básicamente. El Fondo de cohesión -ahí sí que me van a permitir un punto de soberbia-
lo creé yo, por voluntad de intentar generar esa cohesión entre las comunidades autónomas. Eso fue en el año 2001 cuando se creó la Ley de financiación de las comunidades autónomas. Después hubo un real decreto que fue desarrollado por la
siguiente ministra que vino, que se aprobó en 2002. Y finalmente ustedes en 2006 vinieron a hacer algo parecido, arrastrando la ley de 2001. En 2001 yo pedí primero a las comunidades autónomas lo que yo creía que tenía lógica porque una comunidad
autónoma recibe el dinero para tratar a sus ciudadanos. La señora Tarruella dice que siempre son deficitarios. Bien, no sé si reconocerlo, pero en el próximo modelo de financiación algo que habrá que hacer. Desde luego ya lo pido desde aquí a mi
comunidad, aunque yo ahora hable en nombre del Estado. Algo habrá que hacer porque evidentemente los recursos son los que son y hay que redistribuirlos, a mi modo de ver, de una forma distinta.


Pero lo cierto es que a ti te dan ese dinero para gestionar. Cuando ese paciente de Castilla-La Mancha -su comunidad-, o de Valencia o de Madrid, o de donde sea, se va a Roma y lo tratan allí, esa comunidad genera un debe con ese Estado.
Bueno, lo hace España, pero España te lo quita a ti. Por tanto, nadie discute que un ciudadano valenciano que se va a Roma, es asumido por la Comunidad Valenciana; nadie lo discute. Sin embargo, en aquel momento sí que se me discutía que si un
ciudadano catalán iba a Valencia, no quería asumirlo la Comunidad de Cataluña... (Rumores.) ¡Hombre!, tiene mucho que ver, porque los recursos son los recursos para tratar a tu población, sea aquí o en Constantinopla, lo mismo da. ¿Qué es lo que
hicimos, entonces? Cojamos un fondo presupuestario y metámoslo ahí, 60 millones de euros. Luego ustedes dicen que lo subieron a 99 millones de euros. Sí, es cierto, pero cuidado, porque el Fondo de cohesión, para que lo entendamos todos, se nutre
de una cosa que se llama el gasto real internacional. Hay dos gastos por turista: uno es la cuota global, que son los ciudadanos que nos visitan, por turistas, y otro, son los ciudadanos extranjeros que viven en nuestras costas fundamentalmente.
Son dos conceptos distintos. En total son 520 millones de euros, eso recibe este país por esas cuotas.


Por cierto, ya avanzo, más vale que las comunidades autónomas facturen esto, porque si no lo facturan no lo reciben, ni lo recibe el país ni lo recibe la comunidad. Les voy a dar algunas cifras: el País Vasco factura 1.300.000 euros, o
sea, se van muchos vascos fuera y no parece que vengan muchos europeos al País Vasco; Madrid, 7.900.000 euros; Cataluña, 30 millones, casi 31 millones de euros; Andalucía, 124 millones de euros; la Comunidad Valenciana, 179 millones de euros.
Yo entiendo que haya muchos europeos que vayan a vivir a las costas valencianas o a la Costa del Sol y tal, pero de verdad que hay que hacer un esfuerzo importante porque aquí hay comunidades que no están facturando, y si no estás facturando no
alimentas el banco en lo que se ha convertido el Fondo de cohesión y el FOGA, que es extrapresupuestario. ¿Por qué decía eso? Porque el Fondo de cohesión ya incluía parte de este fondo, el fondo concretamente de gasto real, es decir, los
ciudadanos extranjeros, europeos, que están viviendo en este país. Por lo tanto, no nos hagamos trampas. Es decir, parte del Fondo de cohesión ya estaba alimentado como hoy estaba -antes presupuestariamente, ahora extrapresupuestariamente- en la
misma cantidad.


Con eso quiero decir que a veces las comunidades nos dicen que se lo han gastado todo, y resulta que hay muchos vascos que están yendo a Castilla-La Mancha, a Madrid o a Cataluña, etcétera. Yo en esa compensación o neteo que tengo a final
de año necesito pagarle a Cataluña. Si no tienes dinero del fondo europeo, pues eres doblemente negativo; es decir, ni recibes dinero por los europeos, ni recibes dinero por otros ciudadanos españoles que van al País Vasco a veranear, que pasan
por allí, o que son turistas. Por tanto, hay comunidades -ese es el problema, pero no de ahora, de siempre- que son doblemente negativas en ese sentido: exportan mucho ciudadano en términos sanitarios, pero reciben poco, o facturan poco a
extranjeros. Eso es lo que habrá que corregir. Dice que nos van a quitar el fondo, el Feder. No es cierto, el fondo es extrapresupuestario desde 2013. Como he dicho ya y he explicado, lo que ha desaparecido es lo que se estaba pagando de 2011.


Pero analizo algún tema más. Desde que lo creamos en mi etapa, no cubría toda la atención hospitalizada, no la cubría; de 600 GRD, cubría 200. Además, para que diera cabida a los de más complejidad, dijimos que en lugar de pagarlo al cien
por cien, lo íbamos vamos a pagar al 80 % y así arrastramos. Nunca se pagó todos los desplazamientos que había entre comunidades autónomas, nunca. Solo lo más complejos al 80 % y los 200 GRD, que son más complejos. ¿Qué es lo que hemos hecho
desde entonces -y aquí está el director general- con la última regulación de FOGA, que es extrapresupuestaria, lo mismo que el Fondo de cohesión? Se está incluyendo absolutamente todo:

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significa atención especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria, los CSUR, farmacia, atención primaria y los pacientes limítrofes, muy importante en algunas comunidades como la suya. Alguien puede estar más cerca del hospital de la
Comunidad Valenciana que de su propio hospital, uno puede estar más cerca de Madrid que de Toledo. ¿Por qué tiene que ir a Toledo, si la gente en veinte minutos viene aquí a Madrid? No hagamos en Toledo una macroestructura, sino utilicemos el
sistema como sistema nacional que es. Eso es lo que hay que compensar entre comunidades.


¿Cuánto se ha dedicado -por si alguno tiene algún problema con Feder- a Feder, concretamente al tratamiento de estos pacientes, de los CSUR? Pues una cantidad cada vez mayor, una cantidad considerablemente mayor; al menos durante esta
legislatura hemos pasado de los 2 millones a los 29 millones, o sea, una cantidad sustancial. Por lo tanto, no solo no desaparece el Fondo de cohesión, sino que el fondo del que contamos es el de atención a turistas extranjeros en las dos
vertientes, que son 520 millones de euros, y la compensación entre comunidades a día de hoy es de 89 millones de euros entre comunidades, neteado ya todo, lo que tenemos que trasladar. Acabo con eso, señor presidente, esta parte.


¿Qué es lo que debería existir? Pues las comunidades deberían tener un fondo de maniobra, que no tienen, porque lo que tienen, dicen que ya les cuesta. Farmacia también está incluido, por cierto, señora Tarruella, antes no. (La señora
Tarruella Tomàs hace gestos afirmativos.) Algunas cantidades son muy sustanciales, creo que Madrid dedica 7 millones a lo que sería facturación de extranjeros y, sin embargo, tiene 15 millones en gasto farmacéutico de gente que venimos aquí, entre
ellos todos los diputados que no somos de Madrid. Quiero decir, ¿qué debería tener cada comunidad autónoma? Un fondo de maniobra, es decir, no gastarse lo que sus ciudadanos se van a gastar en otras comunidades o en otros países europeos. Como no
lo tiene, por eso hemos tirado del dinero que viene de la Unión Europea. Si tú no facturas a la Unión Europea, no tienes dinero para pagar eso.


¿Puede hacer un fondo Hacienda? Si no lo hace Hacienda de la Comunidad Valenciana, lo puede hacer la Hacienda estatal. Ese asunto habrá que discutirlo en el próximo modelo de financiación, precisamente para que las comunidades que no
llegan paguen lo que deben a otras comunidades. Yo no sé si las comunidades quieren que se les retenga parte del dinero para pagar esto y cuando la compensación se haga se pueda pagar a los demás. Probablemente no, porque necesitarán todo el
dinero, después ya pagará alguien... Ese es el principal problema.


La financiación de la hepatitis C: parece que todo el mundo está contento, menos en esta casa. Se ha dicho de todo, que esto es papel mojado y que tú invitas y yo pago. Todos los pacientes reconocen que el plan está bien planteado. En lo
que va de año se están tratando casi 20.000 pacientes, que son muchos pacientes, además con resultados extraordinarios. Otros países europeos realmente nos envidian cómo hemos planteado este tema, por dos razones, no solamente desde el punto de
vista clínico y científico, por el plan estratégico que han manejado los clínicos, sino también por la negociación que hemos hecho con los laboratorios farmacéuticos, que ha permitido que nos costara 2.330 millones menos, de 3.050 millones a 727
millones de euros a pagar en tres años. Los presupuestos de las comunidades autónomas sí que pueden aceptar eso; el paciente no puede esperar tres años, pero los presupuestos sí. Eso lo pueden aceptar. Lo que ocurre es que en aquel momento
Hacienda dijo que quería colaborar y hacerlo más fácil todavía y, por tanto, introdujeron los mecanismos para pagar esto vía fondo de liquidación autonómica y vía facilidad financiera, según cada comunidad dónde estuviera.


Cuando tú les dices eso a los consejeros de Sanidad ellos responden que no lo entienden, que no hay plan, que no se les dice cómo hay que pagarlo. Yo lo entiendo. Los consejeros de Sanidad no entienden mucho de esto, pero los consejeros de
Hacienda saben perfectamente de qué estamos hablando y los interventores saben perfectamente de qué estamos hablando, porque con cargo al Fondo de liquidación autonómica y facilidad financiera están pagando todos los días facturas. Desde Hacienda
ya se ha hablado con los interventores y, por supuesto, ese mecanismo ha empezado a funcionar ya. ¿Que el consejero de Sanidad se entere o no de cómo va la película? Pues no lo sé, se lo podemos explicar, pero realmente los consejeros de Hacienda
sí que lo saben. Con todo y con eso, no sería necesario ese sistema. Este mecanismo financiero te da mucho más margen de maniobra desde el punto de vista presupuestario en un momento en el que, saliendo como salimos de la crisis, a lo mejor
todavía hay gente que necesita determinados recursos; pero son mecanismos financieros, no son mecanismos que realmente necesitarían utilizar.


La subastas de medicamentos: yo no puedo compartir su opinión. Yo entiendo que usted está en la posición de tener que defender la subasta de medicamentos. Lo que aparece en el borrador del real

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decreto -el nuevo mecanismo ya estaba ahí de todas formas- que es el régimen de precios seleccionados, no tiene nada que ver con esto, es que no tiene nada que ver. Una subasta supone sacar un precio, el menor y excluir a todo el mundo
durante los próximos dos años. Por tanto, los ciudadanos, y concretamente en Andalucía, no tienen derecho al acceso a todos los medicamentos que están aprobados a nivel nacional, como el resto de ciudadanos españoles y para colmo algo que a mí me
parece muy grave, y si no es así, me corrige, y no es la primera vez que ocurre: alguien gana ese concurso, esa subasta, excluye a todos los demás, vende todo su stock y su producción, y a mitad de carrera dice que se ha quedado sin medicamento.
Se produce el desabastecimiento. ¿Y qué hace el Gobierno autonómico? Pues acude a los medicamentos que hay en toda España, que es el restante. A mí me parece que habría que meter una penalización ahí, en el supuesto de que esto fuera
constitucional, porque si uno se compromete a proveer de un medicamento en los próximos dos años y a mitad de carrera te bajas del caballo y no sigues proveyendo, pues evidentemente creo que es un fraude. Sinceramente creo que lo es. Vendes todo
tu stock y luego ya correrá el siguiente. Creo que eso no es correcto, en el supuesto de que fuera constitucional. Sin embargo, el régimen de precios seleccionados supone garantizar un marco jurídico en una situación excepcional de necesidad
económica y necesidad sanitaria. Se pone un precio, que puede ser 10 % o 20 % sobre los precios que hay de mercado, y los laboratorios, si quieren entran, si no quieren no entran, pero no se excluye a nadie. O sea, no tiene nada que ver una cosa
con otra, y desde luego no es sistemático.


Si hiciéramos lo que ha propuesto su portavoz con carácter general -que creo que sigue siendo portavoz, el señor Martínez Olmos- a nivel de todo el Estado, imagínese el escenario: una subasta en donde uno excluye a todos los laboratorios
farmacéuticos excepto uno; los otros dicen que muy bien, que hasta dentro de dos años ya no vuelven y se marchan de este país. Quizás usted haya obtenido un mejor precio, no lo sé, en ese medicamento en concreto, pero usted tiene durante dos años
a todos los laboratorios que fabrican ese medicamento fuera de este país. Algunos dicen que ya no les interesa volver a vender en España, automáticamente se queda solo ese laboratorio y, por tanto, va a subir el precio. Además ese mecanismo
excluye a los ciudadanos, en este caso andaluces, del derecho que tienen a tener cualquier otro medicamento que está aprobado a nivel nacional.


Déjeme que me refiera a un informe que remitió una directora suya -me refiero del Partido Socialista, mientras el Gobierno estaba en manos del Partido Socialista- a la alta inspección informando sobre las subastas de medicamentos. Fue la
Directora General de Farmacia en diciembre de 2011, creo que el Gobierno prácticamente ya se había ido, pero ella debía de seguir allí. Básicamente pone a caldo a las subastas andaluzas, y es su propio Gobierno. Es verdad que estas cosas se
dirimen en el Tribunal Constitucional, pero que su propio Gobierno considere que el régimen de subastas en Andalucía es anticonstitucional, dice mucho de la situación en la que nos encontramos.


Hay algunas cuestiones más, me permitirán que concluya ya, porque hay todavía varios comparecientes. He hablado de las juntas arbitrales. ¿Podían tener más o menos? ¡Hombre!, casi un millón de euros es una cifra considerable. Les he
hablado ya de los copagos. La exclusión sanitaria, hemos entrado también en ese tema. A la investigación sanitaria dedicamos 80 millones de euros, es verdad que de la adicional sexta. Ya lo digo yo aquí, aunque podría callarme, pero yo creo que
el Instituto de Salud Carlos III tiene que estar en el Ministerio de Sanidad. Por tanto, la investigación sanitaria tiene que seguir dependiendo, si quieren, de una institución que gestione las ayudas a la investigación. Ahí se puede hacer como
hace el CDTI. Es decir, le hago una encomienda para que usted haga la convocatoria, pero obviamente el Instituto de Salud Carlos III debe estar, a mi modo de ver, en el Ministerio de Sanidad.


Creo que he respondido básicamente a todas esas cuestiones que había planteado usted. Tomo nota de lo del IVA superreducido, al igual que lo del IVA en los productos sanitarios. De hecho se planteó en alguna ocasión que con los ingresos
que pudieran obtenerse se pudiera establecer algún tipo de mecanismo para, por ejemplo, abordar el tema de la alta tecnología, para que de una forma u otra que pudiera revertir en el sistema sanitario.


Finalmente, señora Tarruella, el Registro Civil de nacimientos y defunciones: yo creo que es bueno. Yo he estado en algunas reuniones con Justicia. Usted lo que plantea es quién lo paga, ¿no? (Asentimiento.) Los de Justicia, comparado
con lo que Sanidad ha avanzado en tecnología de la información, pues van intentando mejorar las cosas. Yo creo que este es uno de los puntos de mejora. Obviamente, ¿cómo se financia eso? Pues fundamentalmente habrá que verlo con el Ministerio de
Justicia. En lo que nosotros podamos contribuir haremos nuestra aportación, a veces puede ser un ordenador, una impresora o una conexión a Internet, o algo parecido, pero el entrenamiento de esas personas lo va a hacer Justicia. Lo importante es
que a principios del año que viene tienen que estar en

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funcionamiento muchas de estas cosas. Por eso, ya se les ha pedido a las comunidades autónomas que no pueden retrasarse en este tema.


Concluyo, señor presidente. Perdonen la hora, yo creo que había temas que eran importantes porque estaban en los medios, están en los debates. Quisiera agradecerles a todos ustedes las intervenciones que han tenido, a todos, a todos los
portavoces. Me alegro mucho de verles, y de verles además tan bien, tan combativos, lo digo por las intervenciones anteriores. Yo creo que la Cámara es el lugar idóneo para hacerlo, pero eso sí, también por parte del Gobierno, como comprenderán,
intentaremos poner un punto de mesura y equilibrio a muchas afirmaciones que quizás por falta de información o por la dinámica parlamentaria que tenemos, a veces, se salen más allá de lo que deberían ser. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer una pausa para despedir al secretario general de Sanidad, antes de iniciar la siguiente comparecencia. (Pausa.-El señor vicepresidente, Román Jasanada, ocupa la Presidencia.)


- DE LA SEÑORA DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (HERNÁNDEZ OLIVER). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002483) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/002403).


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Señorías, vamos a reanudar la sesión con la comparecencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Como en anteriores comparecencias, esta ha sido solicitada por el Grupo Popular y
el Grupo Parlamentario Socialista.


Sin tiempo definido, tiene la palabra la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Hernández Oliver): Señorías, comparezco ante ustedes para exponer el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género previsto en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio presupuestario.


Antes de comenzar, y como no podría ser de otra manera, quisiera recordar a todas las víctimas mortales y también a las víctimas no mortales que han sufrido la violencia de género a lo largo del presente año, y también a todas las personas
comprometidas en el trabajo por erradicar la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.


Querría también resaltar que esta legislatura se ha definido -creo- por el compromiso de España, del Gobierno y de nuestra sociedad con esta causa, la de construir una sociedad libre de cualquier forma de violencia sobre la mujer. El
presupuesto que ahora les detallo es muestra de ese compromiso, pues muestra por segundo año consecutivo, como ya adelantó la secretaria de Estado, un incremento sustancial del 6,3%, que sumado al que ya se produjo el año pasado, de un 6,83 %, llega
a 13 puntos por encima de lo anterior en los últimos dos años.


Me gustaría precisar además que, por una parte, junto al presupuesto de la delegación el resto de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado aplican también un presupuesto a estas actuaciones que asciende a más
de 300 millones de euros anualmente, y por otra parte, que también las comunidades autónomas tienen competencias en esta materia, sobre todo en el ámbito asistencial. Hasta ahora desconocíamos el importe total del presupuesto dedicado por ellas al
trabajo para erradicar la violencia sobre las mujeres, y a lo largo de la presente legislatura, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y en cumplimiento de las exigencias de los organismos internacionales se ha buscado obtener una foto
total de cuánto se gasta en las comunidades autónomas también para combatir esta lacra social. En el periodo 2005-2014 hemos contrastado con ellas, a través de la información que nos han remitido, que se han empleado 982.014.391 euros que dan
cuenta de la magnitud y la total implicación de todas las administraciones públicas en esta lucha.


Pasando ahora al presupuesto de la delegación, este asciende a un total de 25.228.180 euros. El incremento del mismo, como les decía, es de 1,5 millones con respecto al año pasado, por lo tanto un 6,3 %, que unido al incremento del año
anterior supone un 13 % de incremento. La distribución del crédito se produce entre las siguientes partidas fundamentales. En primer lugar, querría indicar que el 65 % del crédito se destina a los servicios que prestan directamente las
administraciones a las mujeres que han padecido o padecen violencia de género, el servicio 016, Atenpro, los brazaletes para garantizar las órdenes de alejamiento, las ayudas del artículo 27 y las transferencias para la asistencia social integral a
las mujeres y sus hijos e hijas.

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Estos servicios se han visto acompañados, y me gustaría resaltarlo, de numerosas medidas de carácter legislativo: el Real Decreto-ley 3/2005, por el que se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita con independencia de los
recursos económicos de la víctima; la ley orgánica que reforma el Código Penal, estableciendo, como conocen ustedes, nuevos tipos penales enormemente necesarios; la Ley Orgánica 4/2015 que aprueba el Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito; la
Ley Orgánica 7/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, enormemente importante en lo que se refiere al régimen de formación de jueces, magistrados, y sobre todo al régimen de distribución competencial para los juzgados de
violencia sobre la mujer; la Ley orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, importantísima en materia de trata y en materia de menores víctimas de violencia de género; el Real Decreto-ley 9/2015, de
medidas urgentes para reducir la carga tributaria sobre el IRPF, con lo que refleja de exenciones para las ayudas a las víctimas de violencia de género e inembargabilidad de las ayudas económicas de las mismas; la Ley 23/2014, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea; la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, enormemente importante también por lo que a los impedimentos para contraer matrimonio respecta, y la ampliación de las causas de indignidad
sucesoria a las personas que han cometido delitos relacionados con la violencia de género. Por lo tanto, todas estas normas novedosas en nuestro ordenamiento jurídico se unen a esa dotación de ese 65% de nuestro presupuesto dedicado directamente a
la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.


Por otra parte, me gustaría indicar también que a este aumento y a este presupuesto se sumaría también el que se viene produciendo en las ayudas concedidas a entidades especializadas con cargo al impuesto sobre la renta de personas físicas,
destinado a fines sociales, que ha aumentado progresivamente los años 2013 y 2014; en este último año, 6.519.000 euros a 66 programas de 47 entidades, esperando importes iguales o superiores en este último año.


Se incrementan en el presupuesto sobre el que trabajamos en este momento las transferencias a las comunidades autónomas para el apoyo en el ejercicio de su competencia -hay que recordar que la competencia es autonómica- en materia de
asistencia social integral: pasan de 4 millones de euros de crédito a 5 millones de euros de crédito, por lo tanto un 25 % más. Estamos en cantidades absolutamente idénticas a las del año 2011. Como veremos después, se suma a esos 5 millones de
euros un millón de euros más destinado a la puesta en marcha de actuaciones de coordinación y planes personalizados. Esta transferencia a comunidades autónomas, en el ejercicio último se dedicó a proyectos relacionados con servicios de acogida,
atención psicológica, formación de profesionales, acompañamiento, atención psicológica a menores y a profesionales en servicios de acogida. Me parece importante resaltar que se añadió como criterio, además aceptado unánimemente por todas las
comunidades autónomas, el elemento de la dispersión poblacional en el reparto, es decir, el carácter rural de muchos de los territorios de España, con el objetivo de atender a las mujeres del ámbito rural y a las mujeres mayores, uno de los ejes
específicos en el plan actual en vigor, la estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, y uno de los grupos de mujeres que requieren aún más apoyo para romper el silencio típico que rodea los malos tratos.


Además de esos 5 millones de euros, por otro lado, para 2016 se mantiene la dotación de un millón de euros para la puesta en marcha de los planes personalizados y la mejora de la coordinación en las comunidades autónomas. Saben que desde el
primer momento en esta legislatura se hizo muchísimo hincapié en la necesidad de coordinación de los recursos, de los servicios, de la información, sabiendo y siendo muchas veces conscientes de que los resultados o los indicadores de esos resultados
de la coordinación son difíciles de medir, pero siendo también muy conscientes de que es imprescindible que esa coordinación se produzca. Me gustaría indicarles brevemente que esas partidas presupuestarias que antes no existían comenzaron con una
serie de actuaciones en el año 2012, como la aprobación en la Conferencia Sectorial de Igualdad de la propuesta común para la mejora de la coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de planes personalizados; después esa necesidad
imprescindible de coordinación se reflejó en la estrategia nacional, aprobada también, como saben ustedes, en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Igualdad; más adelante se unió a estos documentos la instrucción conjunta sobre funcionamiento de
las unidades de violencia sobre la mujer, que regula de manera pormenorizada sus funciones. He de decir también que las unidades se han consolidado enormemente en esta legislatura en cuanto a sus funciones, en cuanto a su formación, en cuanto al
trasvase de información. Hay que destacar competencias nuevas, como todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el trabajo en materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, o el seguimiento de los programas subvencionados

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en los distintos territorios. Y quiero aprovechar también para felicitar a las personas responsables de estos puestos en cada uno de los territorios por el trabajo que están realizando.


Además, y dentro de esas actuaciones de coordinación, como saben, se ha puesto en marcha el trabajo para interconectar los sistemas policiales de valoración del riesgo con los sistemas asistenciales de las comunidades autónomas, en relación
con las órdenes de protección. Ya han firmado convenios Castilla y León, Andalucía -que fue la primera comunidad autónoma en hacerlo-, Valencia, Madrid, Cantabria, La Rioja y Extremadura. Y se constató en la Conferencia Sectorial de este mismo año
que diez comunidades autónomas ya han iniciado esa aproximación al Ministerio del Interior para lograr esa interconexión entre lo policial y lo asistencial. Además, 215 policías locales o municipales fueron incorporadas al sistema Biogen. Y ya
desde el punto de vista económico, el destino en el año 2014 de más de un millón de euros del Espacio Económico Europeo, los llamados 'fondos noruegos' que ustedes ya conocen, para financiar seis proyectos de coordinación en comunidades autónomas
que se presentaron a un concurso. Finalmente, las comunidades autónomas adjudicatarias fueron Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Castilla y León, realmente con unos programas y unos proyectos dignos de
reconocimiento.


Quisiera además señalar, dentro de esa actividad de coordinación, el protocolo de derivación entre los centros de acogida de las comunidades autónomas, que en lo que conocemos hasta las fechas actuales ha tenido un total de derivaciones
solicitadas de veinte mujeres. Se sigue trabajando en los criterios de admisión. Además hubo un repertorio actualizado de estos centros y de la normativa existente para tener el mapa general, y además la aprobación, también en Conferencia
Sectorial por unanimidad, de las pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.


En 2015 los presupuestos de la delegación mantuvieron y crearon una partida nueva de un millón de euros para dar continuidad a estos programas en todas las comunidades autónomas, con el fin de mejorar la coordinación entre profesionales,
establecer sistemas de información a nivel autonómico y, en su caso, su paralela o posterior conexión con los sistemas de información estatales, poniendo verdaderamente en red todos los recursos evitando revictimizaciones traspasando información.


Además de ese 65% del presupuesto dedicado a la asistencia directa de las transferencias a las comunidades autónomas, de 5 millones para asistencia social integral y de un millón para los planes personalizados y las propuestas de
coordinación, como ven ustedes en el presupuesto las ayudas del artículo 27, para mujeres en situación de especial dificultad para la empleabilidad, pasan a ajustar su importe a lo que se viene anualmente ejecutando de forma real: de un millón de
euros se pasa a 1,7 millones de euros. En los años 2012, 2013 y 2014 se han ido concediendo respectivamente 464, 482 y 579 ayudas de este artículo 27. Vemos una tendencia creciente desde el año 2006 hasta el año 2014. En el año 2014 se
concedieron, por lo tanto, un 20,1 % más de ayudas que en el año 2013. Por tanto, no han dejado de crecer estas ayudas.


Es importante, no obstante, destacar que se estudia en los grupos de trabajo creados con las comunidades autónomas, y también en relación con la reflexión sobre la Ley Orgánica 1/2004, sobre la redacción del precepto contenido en el artículo
27 de la ley orgánica, con el fin de hacer más eficaces estas ayudas, tal y como todas las administraciones vemos que sería oportuno. Se han introducido mejoras también en la gestión de estas ayudas, la creación de una herramienta informática en la
propia delegación para la gestión de estas ayudas -por cierto, a coste cero, como tantas otras cosas-, con el fin de comprobar las ayudas concedidas en el pasado para ver si se pueden conceder nuevas solicitudes, los datos relativos a estas ayudas,
la actualización de la información continuamente y los informes de datos sobre las mismas. Además -se lo anticipaba antes, pero me reitero aquí-, como saben, estas ayudas son de las que quedan incluidas dentro del ámbito de ese real decreto-ley
sobre el IRPF al que antes hacía referencia en relación con la exención e inembargabilidad de las mismas.


Nos vamos ya a la parte de la contratación, que saben ustedes que es otro de los pilares del presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En cuanto a los contratos de los tres servicios -brazaletes, Atenpro y el
teléfono 016- no hay novedades respecto al ejercicio anterior, salvo la previsión de iniciar las nuevas licitaciones cuando correspondan. Me gustaría, sin embargo, dar cuenta del impacto de estos servicios y la consolidación de mejoras a lo largo
de la presente legislatura. Me atrevería a decir que son más eficientes porque hay más prestaciones. Atenpro, presupuestado con 3,6 millones de euros, como el año pasado, en función, como ya les expliqué en esta cámara, del coste real del
servicio, mantiene sus mejoras: un único prestador, la mejora de los terminales, el

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perfeccionamiento técnico para la captación de frecuencias, avances para entender a las mujeres con discapacidades auditivas o visuales. Permítanme aquí que haga un paréntesis, al igual que antes en relación con la mujer rural. Las mujeres
con discapacidad tienen que estar siempre presentes, todavía lo tienen mucho más difícil que el resto de las mujeres. En cuanto a los datos concretos, 10.485 usuarias al último dato que tenemos, a 30 de junio, frente a 10.125 usuarias el año
pasado, un 4% más; por lo tanto es un servicio en crecimiento. Me gustaría indicar también que en 2010 estaban dadas de alta en el servicio de Atenpro 8.830 mujeres; en 2011, 9.939. Ahora estamos hablando, como les decía, de 10.485 usuarias, en
este momento, con lo cual el incremento es sustancial.


En segundo lugar, el segundo contrato, los brazaletes para garantizar las órdenes de alejamiento, que se presupuestan con 3,9 millones de euros, por ser el montante máximo al que asciende el precio del servicio. Saben que son desde el año
2013, y eso también es una novedad, aplicables para garantizar las penas de prohibición y no solamente las medidas cautelares. Pero además, hay un nuevo modelo de informe unificado con todas las alarmas que diariamente genera cada pareja de
dispositivos, se incluye un cargador nuevo de batería para vehículos y se hacen cuestionarios de satisfacción continuamente. Ahora bien, quizás la mejora más relevante, el 16 de junio de 2015, es la de aprobar la propuesta de protocolo de actuación
en el ámbito penitenciario, de manera que las actuaciones de instalación y desinstalación de dispositivos del sistema se puedan adaptar a las circunstancias del ámbito penitenciario. Es una serie de pautas generales de actuaciones y de
comunicación, con el fin de garantizar que los usuarios porten los dispositivos del sistema cuando disfrutan de un permiso penitenciario o cuando han sido excarcelados. Lo pidieron además reiteradamente las propias mujeres víctimas de violencia de
género de forma personal, a las que también aquí quiero dar las gracias por la contribución que hacen contando casos concretos de sus experiencias concretas. Actualmente hay 739 dispositivos activos frente a los 680 de hace un año. Durante el año
2014 se realizaron un 10,4 % más de instalaciones; en 2011 había 681; en 2010, 333; y, como les digo, en la actualidad hay 739 dispositivos. No obstante, desde la delegación y desde el ministerio creemos que es una cifra que habría que conseguir
aumentar, desde luego con la concienciación del ámbito judicial.


El tercer servicio, el teléfono 016, se presupuesta con 963.500 euros. El 016 ha visto cómo sus prestaciones aumentan a lo largo de la legislatura, fruto de las sucesivas mejoras introducidas en las licitaciones: nueva herramienta para la
tipificación más rápida de llamadas, descuelgues automáticos, una operadora más en el departamento de información general, un plan de calidad, refuerzo en la atención de idiomas -por ejemplo, el dialecto tamazight para Ceuta y Melilla desde el 1 de
abril de este mismo año, que venía siendo otra de las peticiones reiteradas de estas dos ciudades con estatuto de autonomía-, y sobre todo también la utilización de una plataforma de viodeointerpretación para las mujeres con discapacidad auditiva,
nuevamente con el fin de acercarles todos los servicios.


La información en relación con las llamadas nos dice también que se ha producido un incremento sustancial de llamadas. En el primer semestre de este año se han recibido 35.714, la cifra más alta hasta un mes de junio después del año 2008,
que fue el de su puesta en marcha, y supone un 10,6 % más que las llamadas registradas en la misma fecha del año anterior y un 10,7% más que la media anual de llamadas hasta el mes de junio del periodo 2008-2014.


Nos vamos a las subvenciones dirigidas a entidades especializadas en la asistencia a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Tras incrementarse en un 25 % el presupuesto de 2015, hasta 2 millones de euros, el presupuesto para
2016 mantiene este importe. Igual que en otras materias, como la mutilación genital femenina, progresivamente la violencia sexual, en la que es imprescindible seguir trabajando y abrir la concienciación, la visibilización y asistencia en otras
formas de violencia sobre la mujer se refleja por primera vez en la estrategia nacional 2013-2016 y en el Reglamento de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con las comunidades autónomas. De conformidad con la información facilitada por las
organizaciones subvencionadas, en 2014 se atendió a 299 mujeres que ya contaban con la identificación formal, pero además se realizaron 67.736 contactos con mujeres en situación de riesgo a través de los distintos dispositivos de acercamiento y
asistencia que tienen estas entidades. Destaca el elevado número de contactos con mujeres que se encuentran en pisos y en locales, hasta 27.266. Además, en materia de trata, estas subvenciones irán acompañadas de los trabajos para la publicación
de un nuevo plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y que cuenta con el consenso de todo el sector.


En cuanto al presupuesto destinado a campañas de sensibilización, se mantienen los 4,76 millones de euros. La apuesta es decidida, con más de 3,31 millones de euros añadidos a esta partida en el presupuesto

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de 2015, que subió entonces un 227 %. La secretaria de Estado ya ha hecho referencia a algunos datos que ponen de manifiesto la importancia de estas campañas y también a las voces alzadas en la Conferencia Sectorial de Igualdad y el
observatorio pidiendo toda la actuación o la actividad de sensibilización que fuera posible. Las campañas de este año 2015 están siendo, si cabe, especialmente ambiciosas, por una parte, porque se ha contado con un presupuesto, como les decía,
elevado, y, en segundo lugar, porque han optado por lanzar mensajes específicos dirigidos a colectivos más vulnerables en la salida y la detección de la violencia de género. Nos hemos dado cuenta también con los distintos estudios y la
macroencuesta de violencia sobre la mujer de que cuando hablamos con las mujeres o queremos apoyarlas en la detección es imprescindible hablar de frase concretas. Como nos vayamos a mensajes muy genéricos, las potenciales víctimas no se encuentran
identificadas. Por eso habrán visto que se habla de si tienes miedo, te controla el móvil, te aísla de tus amistades, es decir, hay que ir a mensajes muy concretos. El mensaje de control que pudimos ver en la macroencuesta es siempre el del
elemento miedo. Si te hace sentir miedo, ahí hay violencia de género. Y, por otra parte, como les decía, están dirigidas a grupos específicos, con un destinatario específico, en este caso la juventud y, en concreto, las chicas más jóvenes. Los
resultados de esta campaña han sido realmente muy buenos. La valoración global ha sido muy alta, tanto de las chicas y de los chicos adolescentes, como de los padres. Destacan las madres como el colectivo que mejor valora la campaña. En este año
2015 seguimos en la elaboración de otras campañas: por un lado, una nueva campaña que verá la luz en el mes de octubre, esta vez dirigida a la población general y a la necesidad de que toda la población se implique en la erradicación de la
violencia sobre las mujeres, y, por otra parte, también en materia de trata con fines de explotación sexual.


Durante estos años anteriores, aún con menor crédito cuando así era, la concienciación ha aumentado en prácticamente todos los ámbitos, conscientes de que por encima de todo la labor es decirlo y sumar por todas partes. Se han mantenido y
reutilizado campañas, se ha lanzado el mensaje de salida de la violencia de género -como saben, demandado por las propias víctimas de violencia de género-, se ha difundido información en el ámbito sanitario, con la colaboración del ámbito de la
farmacia, en el ámbito deportivo, cultural, de los medios de comunicación, de las organizaciones de mujeres con discapacidad, de las nuevas tecnologías, a través del sector empresarial. La Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de
Género reúne o hace de altavoz hacia sus clientes, más de 800 millones de clientes, hacia el personal en plantilla, 900.000 personas, y con superficies como 1.000 supermercados, 2.000 estaciones de servicios, 200 establecimientos hoteleros y 6.000
restaurantes. Todo eso llega a las personas.


En cuanto a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, los datos que nos arroja la iniciativa hablan de que hasta final de 2014 se habían firmado 1.924 contratos y en el primer semestre de este año 339 contratos más.
La inserción laboral ha sido también a lo largo de la legislatura una prioridad. Los resultados que se recogen en los boletines estadísticos mensuales dan cuenta de ello. Pero me gustaría resaltar que se ha impulsado el seguimiento y evaluación
del programa de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de violencia de género. El real decreto ya existía, estaba aprobado en la legislatura anterior, pero la comisión de seguimiento no se reunía, y, sin embargo, era imprescindible saber
qué se estaba haciendo en ese ámbito. Pues bien, se ha reunido ya en los sucesivos años y se ha elaborado el informe de aplicación de este programa de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de violencia de género. En segundo lugar, de
acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal, se ha clarificado la documentación que permite acreditar la situación de violencia de género a efectos de percibir la renta activa de inserción. También esta RAI presenta datos importantes de
incremento: en 2014, 34.550 mujeres, un 6 % más que en 2013. Por lo tanto, vemos igualmente cómo nos encontramos con una curva ascendente en este ámbito.


Creemos que toda esta actividad sensibilizadora va dando resultados. Por una parte, como les decía, las campañas de esta primavera dedicadas a la población joven han producido un aumento de llamadas al teléfono 016, hasta el 15,6 % en
abril, y en el mes de mayo han seguido creciendo hasta 7.754 llamadas, el mes que más ha habido en la historia. Además, el número de denuncias por violencia de género ha subido por primera vez desde el año 2008. Los datos del consejo hablan de que
en el año 2014 se presentaron 126.742 denuncias, por lo tanto, un 1,5 % más que en el año anterior; 347 denuncias al día, 5 denuncias más que en el año 2013.


En cuanto al convenio de sensibilización con la Federación Española de Municipios y Provincias, otro de los puntos del presupuesto para el año 2016, también con esa labor de concienciación que se realiza con las entidades locales,
conscientes de que son también las más cercanas a las potenciales víctimas, se pasa de 50.000 euros a 80.000 euros. Lo más importante es que a través de este convenio se abre un

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aula para la formación en el ámbito local sobre violencia de género, que se dedica fundamentalmente a policías locales y a profesionales del mundo rural. Con estos 80.000 euros, frente a los 50.000 del año anterior y los 20.000 del año
anterior, se produce un incremento progresivo a lo largo del presupuesto. La principal novedad para el año 2015 es que se introducirán también módulos y cursos para la formación en materia de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Aunque son imprescindibles en violencia de género también, vemos que el desconocimiento en materia de trata es muy amplio.


Todos estos resultados no hubieran sido posibles, como saben, sin la actividad de estudio, realización de encuestas y análisis científicos de la delegación. La apuesta por el conocimiento a lo largo de estos cuatro años ha sido una de las
líneas fundamentales de trabajo, con la elaboración de los distintos estudios sobre juventud, inhibición de la denuncia, mutilación genital femenina, así como las encuestas sobre percepción de violencia de género en población general y en población
joven, la macroencuesta que antes había mencionado y los recientes premios a las tesis doctorales en materia de violencia de género que se han puesto en marcha, y serán objeto de publicación las tesis ganadoras de los premios. Además, como saben
ustedes, se había trabajado en la anterior legislatura en la creación de un portal estadístico, que, sin embargo, nunca vio la luz. Este año hemos podido ponerlo en marcha, con el objetivo de que la transparencia sobre los datos y la posibilidad de
su manejo por parte de sus señorías fueran adecuadas, a fin de lograr también a través de los datos la máxima concienciación en este ámbito.


Para concluir, con carácter general, querría decirles que se sigue un estricto control en otras partidas secundarias, como dietas y trabajos técnicos. Se continúa, como a lo largo de los años anteriores, utilizando medios propios en la
ejecución de trabajos de imprenta, publicaciones, acciones de difusión, intensificando las publicaciones online, los boletines estadísticos, las noticias a través de la web, así como el impulso en la utilización de espacios virtuales, compartidos
con las comunidades autónomas a través de una aplicación que se creó para esa relación de las unidades de violencia sobre la mujer y que se ha extendido también a las comunidades autónomas y a grupos de trabajo específicos. Querría desde aquí
también mostrar el agradecimiento a todas las personas que trabajan en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por esa asunción de funciones extra.


Por tanto y como conclusiones, me gustaría destacar en primer lugar la intangibilidad absoluta y la mejora de los servicios asistenciales; en segundo lugar, el apoyo y refuerzo a las comunidades autónomas en sus competencias de asistencia
social integral en una cuantía mayor a la del presupuesto de 2011, al que se han referido en muchas ocasiones; la priorización de las víctimas de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; el mantenimiento de una partida para
continuar con la puesta en marcha de los planes personalizados y las actuaciones de coordinación, partidas inexistentes con carácter previo a estos dos años; una mejora en la gestión contractual, adaptando el importe real gastado al importe
presupuestado, y, sobre todo, las prestaciones de los servicios para las mujeres; la utilización de los fondos propios de la institución y del ministerio; la puesta en marcha de herramientas novedosas -les hablaba de las tecnológicas- para llegar
hasta donde antes no se llegaba, y no solamente las tecnológicas sino las de los nuevos agentes que pueden compartir compromiso y compartir actuaciones; la suma de todos estos fondos a los de otros departamentos y las comunidades autónomas; y,
finalmente, a medida que mejora la situación económica, el aumento en un 6,3 % del presupuesto dedicado a estos fines en la delegación, como muestra del compromiso al que me refería al inicio de mi intervención. Esperemos que todo ello sirva para
seguir perfeccionando el sistema y para aumentar tanto el compromiso de la sociedad como, sobre todo, la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país, y, como decimos siempre desde la delegación, no solamente en nuestro
país, sino, en general, en el mundo, conscientes de que el trabajo de España, por más que nos quede por hacer, sigue siendo pionero desde el punto de vista internacional. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular. A continuación, durante diez minutos, tiene la palabra la diputada doña Ángeles
Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Me gustaría que observara que no está usted donde debe, que es en la Comisión de Igualdad, pero el Partido Popular hasta en lo simbólico está dando bofetadas por tierra, mar y aire a las políticas entre hombres y
mujeres, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.


Dicho esto, también le tengo que agradecer el tono, porque llevamos una muy mala mañana, y el Grupo Popular ha estado muy inquieto a lo largo de todas las comparecencias. Entiendo que, cuando tienen conocimiento de lo que auguran las
encuestas electorales, se pongan muy nerviosos y anden

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diciendo lo que me atrevería a decir que son tonterías con la intención de meter no sé qué miedos. Quizás sería bueno que supieran que a lo único que tienen miedo los ciudadanos en este país es a que siga en el Gobierno quien mete la
corrupción en sus despachos o a mantener Gobiernos que atentan contra las libertades y abocan a la pobreza a cientos y miles de ciudadanos. Y dicho esto, tengo también que hacerle otro agradecimiento, y es que ese tono ha significado que ha dado
usted a esta comparecencia desde luego más seriedad que la demostrada por la señora Camarero, que se ha puesto el mono de campaña esta mañana y ha venido aquí a hacer demagogia, a mentir y a traer cifras que no son exactamente correctas.


Se nos ha pedido rigor. Ha habido muchas solicitudes de rigor a lo largo de las comparecencias de las diputadas del Partido Popular, y yo también se lo voy a pedir a usted, porque me ha sorprendido que recurra a dar una cifra que ya había
dado la señora Camarero y que hace referencia al importe que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior incluyen en sus partidas; lo ha dado usted al principio. Sería bueno que los ciudadanos sepan que en esa cifra que ustedes están
dando está incluida la atención psicológica, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo. Por tanto, mientras ustedes en sus presupuestos no desglosen qué es lo que va a víctimas de violencia de género y qué es lo que va a otro tipo de víctimas, no
utilicen, por favor, cifras globales, porque están ustedes engañando a la ciudadanía. (La señora González Vázquez: Lo pagan las comunidades autónomas.)


Dicho esto, continuamos, porque esta es una comparecencia de presupuestos, a pesar de que usted ha hecho una comparecencia fundamentalmente centrada en gestión. Por tanto, aquí, en los números, es donde se encuentra la clave económica de la
estrategia que ustedes están dispuestos a llevar a cabo. Son también los últimos presupuestos de esta legislatura y son, por tanto, el broche de cierre de la misma. Y voy a confesarle que esperábamos otra cosa, porque el dato es que la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género tiene un recorte del 17 %, un 17 % menos de presupuesto que la delegación del Gobierno en el año 2011. Esto es incontestable, y este es el resumen de estos presupuestos. Creíamos que esa cacareada bonanza
económica a la que la señora Camarero ha denominado nuevo rumbo económico les iba a llevar a ustedes como mínimo a equiparar estos últimos presupuestos a los presupuestos socialistas de 2011. Ustedes vienen aquí anunciando un aumento de 6,3 % en la
partida presupuestaria destinada a actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, un aumento -hay que señalar- sobre un recorte salvaje previo. Su departamento, con 23 millones de euros para el próximo ejercicio, está muy lejos
de los más de 30 millones de 2011. Se jactan de un incremento que se centra, según ustedes, en los programas de asistencia social y ayudas para mujeres víctimas de este tipo de violencia, pero ese incremento no existe, señora Hernández. Yo le
animo a que cotejemos juntas los presupuestos con la ejecución de nuestros últimos presupuestos. Puesto que hemos estado hablando de ejecuciones, señora delegada del Gobierno, en el año 2011 el Gobierno del Partido Socialista presupuestó en ese
programa 4.285.000 millones y ejecutó 5 millones. Las cifras que ha dado la señora Camarero en esta Comisión hoy son muy cuestionables y yo estaré encantada en sentarme con ella, con testigos, para que seamos capaces de cotejar esos presupuestos
cuando ella quiera. Ejecución, 5 millones. Por tanto, no existe esa subida que usted nos está diciendo.


Me alegro mucho de que no haya hecho referencia a la partida presupuestaria que tanto cacarearon el año pasado de los 1.500 millones de la estrategia nacional, porque esa es una cifra que usted sabe que dieron a boleo, y que, como ustedes
mismos reconocieron, incorporaba el presupuesto de las comunidades autónomas, y eso es hacerse trampas al solitario. No introduzcan ustedes aquí los presupuestos de las comunidades autónomas para hacer propaganda en la calle de que ustedes están
haciendo unas aportaciones económicas que ustedes no hacen. Ustedes han manifestado en diferentes notas de prensa que el objetivo de este aumento trampa consiste en reforzar los proyectos asistenciales para las mujeres víctimas de malos tratos, así
como a sus hijos. Sin embargo, se han limitado a equiparar esa partida con el presupuesto ejecutado en 2011. Su memoria de indicadores presupuestarios no muestra ninguna medida adicional para memores y las partidas presupuestarias tampoco dan
cobertura a las necesidades y derechos que se supone que su nueva ley reconoce. Nuestras enmiendas les van a proponer a ustedes un aumento de esas partidas para satisfacer esas necesidades. Si ustedes no las aceptan, el mensaje que van a mandar a
la sociedad será que reconocen solamente derechos declarativos pero que no podrán sustanciarse por falta de recursos para hacerlos efectivos. Y en este momento quiero mandar un mensaje para volver a desmentir a la señora Camarero. No es verdad que
los menores no estuvieran recogidos en la ley de violencia. Punto 5 del artículo 19, abro comillas y cito: 'Tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad
o

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guarda y custodia de las persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales...', y describe toda la batería de derechos sociales reconocidos a los menores en la Ley de Violencia. No se puede mentir, dígale usted a la señora Camarero
que no se puede mentir. Por tanto, no es nueva, señora delegada, la incorporación de los menores.


Su Ley de Infancia se limita a indicar que garantizarán su protección, atención especializada y recuperación. Pero es ahora, señora Hernández, en los presupuestos, donde se sustancian las intenciones. ¿Y qué dicen sus presupuestos en esta
materia? Pues no incorporan ni un euro más para la asistencia social a menores expuestos a violencia de género. Incorporan más dinero con relación a sus presupuestos anteriores, pero no con relación a los presupuestos de 2011, del Gobierno
socialista. ¿Qué programas nuevos van a desarrollar tras la modificación de la ley? ¿Dónde están las partidas presupuestarias que vienen a satisfacer esas supuestas mejoras? Sencillamente, no existen ni en el presupuesto ni en los indicadores.


Una partida que tiene un importante aumento -y lo han manifestado a lo largo de la mañana- es la de las ayudas sociales a mujeres del artículo 27. Esa subida, que podría entenderse por personas que sean poco expertas en esta materia como
algo positivo, es, sin embargo, muy mal augurio. Porque usted sabe que la partida no atiende a programas específicos de atención, sino que da satisfacción a la obligación que tiene el Estado de otorgar un pago equivalente al de seis meses de
subsidio por desempleo a víctimas sin recursos. Es un apoyo al que obliga la ley para garantizar a las mujeres sin ingresos propios que cuenten con recursos suficientes para salir de la relación violenta. Ese es el objetivo de esa partida
presupuestaria. Por tanto, el aumento de esa partida se realiza sobre un más que previsible aumento de la precariedad del conjunto de las mujeres, esto es así. Ese incremento muestra a más mujeres en situación de carencia o falta de medios y
recursos necesarios para salir de la violencia. Ese es su éxito económico.


Desde 2011 su presupuesto ha duplicado el gasto en funcionarios. Se hicieron reajustes. Me gustaría que valore cómo está en estos momentos en esta materia la delegación del Gobierno. Y los gastos corrientes en materia de suministros y
otros han pasado nada más y nada menos que de 400.000 euros a más de 1.100.000 euros. Me gustaría que también nos lo valorase.


Pero lo más preocupante es la filosofía de estos presupuestos, que condenan definitivamente la prevención al ostracismo. Y eso es la persistencia en el error. Su llegada al Gobierno supuso un recorte brutal a las partidas presupuestarias
para la sensibilización y la concienciación. Y es con prevención como se evitan los crímenes, no con prisión permanente revisable. No confundan ustedes a los ciudadanos: es previniendo, no con castigos, que muchas veces consiguen el efecto
contrario. En sus presupuestos no cabe el impulso a la formación y la especialización que esta delegación debería liderar, y la sensibilización y la concienciación continúan bajo mínimos. Ustedes no invierten en prevención, pero quieren invertir
en castigos. Este es el principal problema que tenemos. Nosotros preferimos evitar el delito, y usted sabe que la represión penal es insuficiente para prevenir la violencia contra las mujeres. Por tanto, mucho cuidado con los mensajes que estamos
mandando, y especialmente los que ha mandado la señora Camarero aquí esta mañana.


Su mejoría de objetivos reduce las campañas a dos. Y yo le pregunto: ¿Por qué menos campañas cuando la situación lo que demanda es más insistencia y más contundencia?


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Señora Álvarez, vaya concluyendo, ya ha superado su tiempo.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sí, voy terminando. Y le voy a hacer una pregunta que ustedes no me contestan y llevo dos años haciéndosela por escrito. Dennos ya de una vez el listado de partidas presupuestarias que entregan ustedes a los
medios de comunicación. Porque cuando tuvimos acceso a un plan de medios, lo que vimos es que ustedes distribuían las campañas de publicidad dando dinero a periódicos que tienen 200.000 lectores; el doble, el triple y cuatro veces más que a
periódicos que tienen más de un millón de lectores. Y esto atenderá a otros criterios, pero no al de eficacia para prevenir la violencia.


Voy terminando, señor presidente, y le agradezco la paciencia. Para nosotros estos son unos presupuestos desalentadores, que se van a ver además agravados con el estrangulamiento de esos mínimos presupuestarios que han asignado ustedes a
las organizaciones no gubernamentales, que, como usted sabe, son prestadoras de servicios que en muchas ocasiones palian la falta de acción del Gobierno.

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Puede hacer usted la lectura que considere oportuna, pero saben que sus presupuestos no aportan nada para generar confianza, y ese es un mal camino.


Termino ya, de verdad, señorías. La delegación del Gobierno la recibieron ustedes con un 17% más de presupuesto de como la dejan ahora. Esto es incontestable, y este es el resumen de estos presupuestos.


Hay una cosa que me parece gravísima, y sé que el presidente, puesto que es un asunto delicado, me va a permitir treinta segundos. En abril de 2014 se reunieron tres ministros para impulsar medidas urgentes contra la violencia. Entre ellas
estaba la modificación del protocolo de detección de riesgo. Ha pasado mucho más de un año, todavía no se ha modificado. ¿Qué sentido de la urgencia tienen ustedes? Hay cosas que no pueden esperar, y hay crímenes que nos ponen en evidencia, como
el del año pasado de Málaga y Almería, porque hay errores en la aplicación de los protocolos que no permiten ni un minuto más de demora en su modificación. Les ruego por favor que atiendan las demandas que les hacemos, que dejen de rechazar en esta
Cámara hasta 50 propuestas que hemos hecho de protección a menores, de protección a mujeres, que ustedes las... -iba a decir una palabra un poco desagradable-, pero las escupen, sí, las escupen permanentemente. Ese no es el camino para trabajar en
esta materia. Les estamos tendiendo la mano. Ustedes son el Gobierno, reúnan, de verdad -no como hicieron hace unos meses, para hacer un paripé-, a los grupos políticos, y seamos capaces de acordar los mínimos que den respeto, decencia y medios a
la lucha contra la violencia hacia las mujeres. (Aplausos.)


Señor presidente, quiero presentar a la Mesa una batería de preguntas para la delegación.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Sí, hágalas llegar a la Mesa, por favor.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González.


La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señora delegada del Gobierno, bienvenida una vez más a esta cámara para presentar el presupuesto que su delegación destinará en 2016 a la lucha contra este gravísimo problema social que nos golpea durante este
verano con toda la crudeza con casos que han horrorizado a la opinión pública española y que muestran con toda claridad la terrible situación a la que se enfrentan muchas mujeres, demasiadas mujeres, en nuestro país.


Que no están solas y que de esa situación se puede salir ha sido el lema que durante toda la legislatura ha defendido el ministerio, la secretaria de Estado y su delegación, con una constancia y un rigor admirables. Que la violencia contra
las mujeres es un problema secular enraizado en lo más profundo de nuestros fundamentos como sociedad, lo sabemos; que por ello es un problema de muy difícil solución, lo sabemos también; que cada caso supone un fracaso, creo que lo sentimos todos
los españoles y españolas, y particularmente, quienes trabajamos en esta materia. Y por ello querría comenzar mi intervención en nombre de nuestro grupo parlamentario enviando un cariñoso abrazo a todas las familias que se han visto golpeadas por
este mal, muy particularmente a los niños y niñas que se han quedado huérfanos, y también, señora delegada, a usted y a todas las personas que, como en la delegación que usted preside, trabajan incesantemente por atajar esta epidemia sin fin.


La comparecencia de hoy se enmarca dentro de la defensa de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y por ello ha ido usted desgranando las acciones más importantes que se financian desde la delegación objetivo de la
comparecencia. Y a esos detalles voy a intentarme ceñirme, no sin antes establecer una premisa previa, en la que hemos coincidido todos los grupos parlamentarios en el Pleno del martes pasado, y por esa razón quiero traerla a colación aquí.
Durante estos últimos quince años hemos sido capaces de identificar políticamente un grave problema, de definirlo, de establecer múltiples medidas para atajarlo, para prevenirlo, para curarlo. Hemos creado leyes, las hemos mejorado, hemos dotado
presupuestos para llevarlas a efecto, pero lo cierto es que a la hora de ser eficaces seguimos teniendo una dificultad importante en esta batalla, puesto que tal y como se ha puesto de manifiesto en los estudios realizados desde la delegación
durante su coordinación, el 86,7 % de las mujeres que han sufrido en España violencia de género por parte de su pareja o su expareja han acudido a algún servicio de ayuda o han contado a alguien su situación, pero tan solo un 28,6 % de ellas han
denunciado la situación ante la Policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los juzgados, y nuestra capacidad de actuación sobre ese 58,1 % que desconocemos es limitada; por ello, nuestra solicitud de colaboración que hacíamos pública el martes
pasado a la sociedad en su conjunto para que, en línea con lo que todas las administraciones vienen demandando, podamos ser más eficaces, más contundentes en nuestra respuesta, en nuestro apoyo y en nuestro rechazo.


Afortunadamente -usted acaba de mencionarlo hace un momento-, por primera vez desde 2008 -y creo que es importante destacar este dato y también atender a las fechas-, las denuncias han

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crecido de nuevo. La reflexión sobre las razones que nos dan las mujeres para explicar por qué no denuncian nos orienta sobre hacia dónde continuar orientando nuestras políticas, y creo que usted a través de la presentación del presupuesto
que acaba de hacer lo ha visto muy claramente desde la delegación. Casi la mitad no dan suficiente importancia a la violencia que sufren, un 40,6 %; un importantísimo 26% tiene miedo a las represalias del maltratador, además de la vergüenza que
implica reconocer que han sido maltratadas en un 21 % de los casos; en muchos de ellos se mezclan varias de estas explicaciones para justificar su decisión de no denunciar. Y este parece ser el camino que las propias mujeres nos indican, como
usted misma ha dicho, que debemos seguir para ser más eficaces.


Y quería resaltar y recalcar aquí, aunque realmente no era mi intención hacer un inciso en esto porque ya la hora es tardía, puesto que no ha sido la portavoz de Igualdad, sino portavoces anteriores quienes han hecho mención a esta cuestión,
que no existe una correlación entre presupuesto destinado a la violencia de género y número de casos denunciados, y mucho menos con respecto al número de asesinatos, como se ha atrevido a sugerir alguna de las portavoces anteriores del Grupo
Socialista. Y tengo que recordar en esta Comisión -aunque no lo pretendía, pero también quiero decirlo- que llevamos cuatro años de reducción continuada del número de víctimas mortales y que incluso este verano de 2015, tan cruel y tan terrible,
manejamos la cifra más baja de asesinatos. Y quisiera recordarles también a las diferentes portavoces del Grupo Parlamentario Socialista que han tomado la palabra durante esta mañana que fue el año 2008, cuando era ministra de Igualdad la señora
Aído, el año más negro y doloroso de todos los vividos en España desde que contabilizamos esta triste estadística, y fue además el verano en el que se contabilizaron un mayor número de asesinatos. (Rumores.)


Volviendo al objeto de su comparecencia, utilizada por el Grupo Parlamentario Socialista para hacer propaganda electoralista con el dolor de mujeres y familias, como nos tienen acostumbrados una y mil veces, me parece fundamental destacar de
su presentación que la delegación ha tenido en cuenta las medidas que las propias mujeres identifican como las más eficaces en su situación y que se destinan casi cerca de 5 millones de euros en 2016 a campañas de sensibilización, junto a 3 millones
más, a los que podemos añadir, yo diría, aunque usted no lo hace en su valoración del presupuesto, el presupuesto destinado al 016, casi un millón de euros más, puesto que es otra herramienta de información y de sensibilización, en muchos casos la
más importante. Las campañas que se han puesto en marcha hasta ahora han llegado a lugares extremadamente visibles, donde antes no se encontraban, desde los carritos de carteros y carteras en todos los pueblos de España, a los manteles de papel de
grandes cadenas de restauración -usted ha mencionado 6.000 restaurantes en toda España repartidos por todas las ciudades del país-, las farmacias o ese listado de gran cantidad de empresas por una sociedad libre de violencia de género, con un total
de 89 empresas adheridas, 89 empresas cuyos centros de trabajos son más de 10.000.


Viene usted, señora delegada, al igual que lo ha hecho también la secretaria de Estado anteriormente, con buenas perspectivas económicas hacia el año próximo. Como ha dicho usted, hay un incremento de 6,3% en el presupuesto de la delegación
en relación al año 2015, al que, como usted también ha dicho, y lo ha dicho muy bien porque no lo ha sumado, y lo ha dicho muy claramente puesto que ha comentado que se ha hecho un esfuerzo enorme en investigación desde la delegación del Gobierno
para conocer cuál era el presupuesto de las comunidades autónomas y de las administraciones locales en materia de violencia de género, y ese presupuesto nunca ha sido mencionado por la delegada del Gobierno como propio del Estado, sino de las
comunidades autónomas y de las administraciones locales; entonces, en relación a ese presupuesto de la delegación en 2015, al que, como usted ha dicho, hay que añadir el presupuesto del resto de los ministerios y también el de las comunidades
autónomas, hay un claro avance con respecto a este año. Además, queremos resaltar además el hecho de que de ese aumento presupuestario se vayan a ver beneficiadas fundamentalmente las comunidades autónomas a través del Fondo destinado a la
asistencia social integral, que pasa a tener una cuantía de 5 millones de euros, la misma que tenía, señora Álvarez, en 2009, antes de la grave crisis económica que hemos tenido que sufrir en estos años pasados, aunque ya no le voy a recordar quién
ha sido el responsable fundamental de las consecuencias que hemos tenido que sufrir en estos cuatro años de Gobierno. (Rumores.)


Señora Álvarez, parece que usted no se entera o hay que recordárselo. Tenemos que decirle que sobre determinadas cosas que ha dicho usted o no se entera o quiere confundirnos. Esos 5 millones se recuperan ahora y son los mismos 5 millones
que se repartían para la asistencia social integral que tienen que realizar las comunidades autónomas con respecto a las víctimas; por tanto, se recuperan en este año. Pero, a mayores, en el presupuesto de la delegación hay un millón más, hay una
partida de un millón de

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euros destinada a la implantación de planes personalizados. Por lo tanto, por lo que yo sé desde que tengo uso de razón, 6 millones son más que 5 millones. Y 5 millones eran los destinados en el año 2009, en el año 2010 y en el año 2011.
Y 6 millones son los que se destinan en las partidas destinadas a las comunidades autónomas. (Rumores.)


Querría decir que ese millón es para la implantación de planes personalizados, un tema particularmente complejo debido al número de actores y operadores que intervienen una vez que se conoce un caso de violencia de género pero en el que
tenemos que seguir avanzando para mitigar el sufrimiento que supone la peregrinación de dependencia en dependencia, que sabemos perfectamente que ocurre en muchos de los casos. Por ello, señora delegada, nuestra enhorabuena por continuar trabajando
en una labor tan difícil como el establecimiento de planes personalizados para las víctimas.


También quería recordarle a la señora Álvarez algo que me ha llamado muchísimo la atención, que no es que desconozca, que es que la asistencia psicológica a las víctimas se realiza desde las comunidades autónomas, no desde el Gobierno
central. Por lo tanto, su referencia al desglose necesario en el presupuesto me pregunto a qué se puede referir. La asistencia... (Rumores.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por favor, intenten no interrumpir a quien está interviniendo en este momento y así el debate transcurrirá por cauces más lógicos y normales. Tiene la palabra su señoría.


La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La Ley Orgánica 1/2004 estableció que ese estatuto de protección integral para las víctimas, en el que se incluiría la asistencia psicológica, debía ser realizado desde las comunidades autónomas. Algunas
comunidades autónomas utilizan ese presupuesto, ese fondo para el pago de la asistencia psicológica y otras no, pero, evidentemente, es una competencia de las comunidades autónomas.


Desde el comienzo de la legislatura nuestro grupo parlamentario ha considerado absolutamente imprescindible y necesario el trabajo de coordinación, racionalización y mejora de la eficacia y de la eficiencia que se ha llevado a cabo desde la
delegación en relación a la atención prestada a las víctimas, que han estado siempre en el centro de la actuación del ministerio. Pues bien, hoy nos alegramos especialmente de dos o tres cosas que usted nos ha mencionado en su intervención y que
querría resaltar, señor presidente, con su permiso, especialmente, los datos que nos ha proporcionado en relación a la tarea imprescindible de interconexión del sistema VioGén con los puntos de coordinación de las órdenes de protección y el hecho de
que diez comunidades autónomas hayan comenzado ya las tareas de intercomunicación de sus respectivos sistemas de información y de que siete las hayan implantado ya. Enhorabuena, es una antigua reivindicación de las comunidades autónomas, ya que una
buena asistencia integral tiene que darse teniendo conocimiento necesariamente y en tiempo real del grado de peligrosidad de la situación que vive la víctima y del estado en el que se encuentra el maltratador: si está en prisión, si está en
libertad provisional, si ha incumplido o no la medida de alejamiento. De la misma manera, nos parece una gran noticia que 215 municipios cuenten ya con sus policías locales colaborando en la protección de las víctimas a través nuevamente de la
adhesión al sistema VioGén. Quiero recordar aquí que estas peticiones, tanto una como la otra, se hizo en repetidas ocasiones por parte de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Igualdad al Ministerio de Igualdad y al Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, sin ninguna respuesta por su parte en ningún momento, cuando era evidente que resultaba absolutamente imprescindible para las comunidades autonómicas contar con esta intercomunicación sobre los datos.


Y otra cuestión fundamental que me gustaría destacar y que querría recordarle también a la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, porque me ha llamado muchísimo la atención, señora Álvarez, es que una vez más demuestre usted su
ignorancia con respecto a la ley orgánica en su artículo 27. Este artículo no obliga al Estado a otorgar ninguna ayuda de pago único a las mujeres sin recursos, sino a las mujeres de las que se presupone su no empleabilidad, es decir,
fundamentalmente, mujeres que tienen una edad avanzada o que por su nivel de formación precisan de esa ayuda. Pero en ningún caso hablamos de vulnerabilidad, puesto que para eso existe, por ejemplo, el apoyo de la RAI o el apoyo de ayudas
autonómicas que existen en muchas comunidades autónomas.


Finalmente -para ir terminando ya-, me gustaría destacar de su intervención la referencia al Real Decreto-ley 9/2015, de Medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF, que exime de tributación y
hace inembargables las ayudas, tanto estatales como autonómicas, que reciben las víctimas de violencia de género por esta condición, lo cual resuelve también un problema

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que muchísimas comunidades autónomas habían reclamado en repetidas ocasiones al Gobierno central, donde residen estas competencias, para evitar que las víctimas se viesen mal paradas fiscalmente por el hecho de recibir ayudas vinculadas a su
situación y a su condición de víctimas.


Finalmente, señora delegada, ya Winston Churchill dijo que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a la opinión y el criterio de los demás, que, a mayores, representan a la mayoría. Esta simple elección, el respeto a la
opinión mayoritaria de los demás, parece no haber sido entendida por algunos, a juzgar por lo ocurrido en esta Comisión esta mañana durante algunas intervenciones. (Rumores.)


Gracias, señora delegada, por su intervención, un ejemplo tanto de respeto a esta comisión como de democracia, respeto a los miembros de esta Cámara y además a todas las mujeres de nuestro país. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra la delegada del Gobierno para Violencia de Género, señora Hernández Oliver.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Hernández Oliver): Muchas gracias, señorías, señora Álvarez, señora González, por su tono, por las propuestas constructivas y por lo que hay de reconocimiento del trabajo duro
realizado en la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


Señora Álvarez, agradeciéndole, como le digo, sus palabras, me gustaría decirle que siento esa desolación en la que se encuentra inmersa por lo que va más allá de la desolación que compartimos por el problema de la violencia sobre la mujer.
Creo que algunas de sus críticas, me atrevería a decir que sus críticas, no son tan rigurosas como usted apuntaba, y que podrían haberse hecho desde la delegación y desde el ministerio también muchas críticas a muchas de las actuaciones llevadas a
cabo en tiempos anteriores. Sin embargo, creo que estos cuatro años han sido un ejemplo sobre todo de trabajo y de mirar hacia delante. Y créame que razones para criticar hacia atrás también hay. Pero no da tiempo a hacer todo, sino que lo que
hay que hacer es trabajar y mirar hacia adelante. (Aplausos.-La señora Álvarez Álvarez: ¡Seguro!) Y creo que se refleja en algunas de las cuestiones que le he comentado lo que sí se ha realizado y que en este presupuesto de 2016 -ahora hablaremos
más de él- se ven algunas cuestiones que permiten hablar de las diferencias entre 2011 y 2016 con rigor.


Agradezco siempre y agradecemos siempre sus reflexiones y sus críticas y todo el carácter constructivo que tienen en tantas ocasiones. Sí que le tendría que decir que no le puedo aceptar la acusación de falta de rigor ni en mi intervención
ni tampoco en la de la secretaria de Estado. Estaba presente y no he escuchado ninguna cifra que no fuera correcta desde los datos que ostenta la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Creo que en ni ninguna etapa anterior ha habido
un grado de rigor, transparencia, difusión de datos, pulcritud y apertura como ha habido en esta legislatura. Y le animo a decirme si en algún aspecto algo de lo que se haya dicho a lo largo de todo este tiempo no ha sido verdad, porque creo que no
pueden encontrar ninguna cuestión mal dicha, ninguna información que fuera falsa. Y, sobre todo, me parece que el trabajo realizado para dar transparencia y difusión a la información existente, a los datos, a los indicadores dista mucho de lo que
se había hecho en otras etapas.


Mencionaba usted el tema de los menores, que es uno de los aspectos en los que esta mañana la secretaria de Estado había hecho hincapié. Todas las actuaciones relacionadas con los menores se han contemplado de manera transversal desde esta
delegación y desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Más allá de una actuación concreta, de una partida concreta, me parece que, aunque ahora desglosemos algunas cuestiones, la gran aportación de esta legislatura al tema de
la violencia de género y sus consecuencias sobre los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género es que están siempre presentes en todo lo que se haga. Si se aprueba un convenio para la derivación entre casas de acogida de
distintos territorios, hay unos preceptos dedicados a menores; si existen propuestas de intervención especializada, hay un capítulo dedicado a menores; si se contempla cualquier plan de actuación, siempre aparece como algo que va de suyo en
nuestra reflexión.


Segunda gran aportación de este periodo: yo creo que la recogida de los menores en las estadísticas, que empezó así, era enormemente importante. Sabemos, además desde hace mucho tiempo que lo que no se recoge no existe y que lo que no se
cuenta no existe. Ahora hablamos siempre de los niños y de las niñas que se quedan huérfanos y también de los menores que asesinan sus padres para dañar a sus madres. Antes no estaban en las estadísticas, y eso tiene su importancia, y antes no
estaban recogidos en el artículo 1 de la ley, y ahora también están. Eso, más allá de las actuaciones concretas, que ahora

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las mencionaré también, tiene la enorme importancia, y usted lo sabe -y esa importancia creo que es de lo más relevante de la Ley Orgánica 1/2004-, de que visibiliza, pone de relieve, habla de algo que hasta ahora estaba mucho más
silenciado, que son las consecuencias de la violencia de género sobre los menores, y eso es verdad. Todo lo que sea poner negro sobre blanco estas cuestiones, darlas publicidad, darlas visibilidad, contarlo y también recogerlo en las normas habla
de lo que está sucediendo.


¿Medidas concretas? Yo creo que siempre habría que seguir tomando más medidas. Esto se lo acepto, porque creo que hay que ser normativamente ambiciosos y socialmente ambiciosos, pero las medidas importantes se han tomado. Las medidas
procesales del estatuto de la víctima son muy serias y muy importantes. Las medidas en relación con la formación en esta materia en el ámbito judicial dedicado a menores y al ámbito civil son muy importantes. Antes los equipos psicosociales no
estaban formados en violencia de género. Desde la Ley de Protección a la Infancia, sí, hay una mención específica que dice que tienen estar formados los equipos psicosociales. (La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Se aprobó ayer. No está, estará.) ¿Y qué?
Precisamente, a partir de ahora van a estar, porque no estaban, y usted sabe, como yo, el problema que existía y que existe en relación con los informes de los equipos psicosociales, que no ven la violencia de género porque no se la conocen. Eso es
importantísimo y eso desde ayer sí está. Antes no estaba y hace diez años tampoco. Por eso le digo que reconozco y me parecen muy bien las críticas fundadas y las críticas constructivas, pero es que ya ni lo que se hace está bien. Y esto en
cuanto a formación, porque yo creo que un grandísimo problema, y eso lo ha mencionado usted aunque también le conteste específicamente, el tema de la formación. Vamos estando más formados en nuestro país, pero falta, falta mucho.


Las pensiones de orfandad y viudedad es otra cuestión que también está pendiente, otra cuestión que se recoge en la Ley de Protección de la Infancia y se trata de una medida muy concreta, y, sobre todo, se extiende el ámbito de los menores
no solamente a los hijos y las hijas, sino también a los menores que se encuentran en situación de acogida, de guardia -ya sabe usted- y al ámbito de la protección. Si un órgano judicial habla sobre una mujer, debe hablar obligatoriamente sobre un
menor. Y no lo hacían, hasta ahora no lo hacían. (La señora Álvarez Álvarez: ¿Quién lo propuso?)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Un momento, señora delegada.


Por favor, les pido que no interrumpan. Han tenido oportunidad durante 14 minutos los dos grupos parlamentarios de exponer lo que han querido. Les pido respeto al Gobierno, en este caso respeto a la delegada del Gobierno.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Hernández Oliver): Señora Álvarez, yo no sé si lo propuso usted, lo propuso la delegación, lo propuso el ministerio o lo propusimos todos juntos, es que no me acuerdo. Sé que
esto era algo que todas las personas conscientes de este tema veíamos que era importante, y es que había un silencio en las resoluciones judiciales sobre los menores gravísimo. Entonces, más allá, que de verdad no me acuerdo, sé que en la
delegación lo trabajamos y lo propusimos en el Ministerio de Justicia, o en la Dirección General de Servicios de Atención a la Familia. Y hasta ahora no pasaba eso y ahora ya sí pasa o va a empezar a pasar, que los órganos judiciales se pronuncian
expresamente, y me parece de una importancia extraordinaria. Eso, primero, porque no se pronunciaban, y, en segundo lugar, si no suspenden visitas, estancias, como se llama ahora, patria potestad y demás, que por lo menos aseguren; me gustaría que
se suspendiera, pero que por lo menos que aseguren a esos menores. Esas reformas, me parecen de un calado muy importante. Si la crítica que me plantea usted es que se han hecho ayer, yo le podría plantear la crítica de por qué no se han hecho
antes de ayer. Pero es que me dedico para mirar para adelante, que es lo que le decía al principio. (La señora González Vázquez: ¡Muy bien!)


En cuanto a créditos, el de las comunidades autónomas se desconocía, no lo sabíamos. Está aquí una representante de su grupo que también ha ocupado esta responsabilidad en una comunidad autónoma y con la que hemos trabajado. Los organismos
internacionales nos preguntaban qué estábamos gastando e incluso su grupo muchas veces contestaba con el presupuesto de la delegación. Casi me daba vergüenza, porque la delegación tiene una obligación sobre todo de coordinación, de estadística, de
prevención, que es bien difícil y que no lleva tanto dinero pero lleva mucho trabajo, como ustedes bien saben, pero el montante importante del presupuesto para trabajar en violencia de género no era de la delegación. Y no se habían hecho las sumas.
Y ahora sí se conoce el presupuesto unido de todas las comunidades autónomas y además lo suyo es que se actualice en las distintas conferencias sectoriales.

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Con respecto a las ayudas del artículo 27, hemos tratado de gestionarlas mejor; en segundo lugar, hemos aumentado la dotación, para no tener que acudir a mecanismos de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y demás; y, en tercer
lugar, también de común acuerdo con las autoridades administrativas de las comunidades autónomas, que son las que las conceden o no, hemos considerado si tenemos que mejorar la redacción del precepto, porque, al final, como decía la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular y como sabe usted perfectamente, se queda reducida a un pequeño grupo de mujeres, de modo que el sentido originario de la norma no está siendo realmente cumplido y es realmente eficaz. Es difícil esta reforma del
artículo 27, con lo cual hemos abierto un grupo de reflexión y se recogerán en el informe todas aquellas cuestiones que deben ser objeto de revisión, y más pronto que tarde, ya.


Con respecto a los gastos de funcionarios, creo que lo habrá explicado la subsecretaria, porque es quien lleva el control de esa partida. En lo que a la delegación respecta, lo que le puedo decir es que el importe de reuniones, viajes y
asistencias técnicas se ha disminuido absolutamente y que no se contrata apenas ninguna asistencia técnica. Todo el trabajo se hace desde la propia delegación.


Dice usted que la prevención ha sido condenada al ostracismo, y ahí vuelvo a lo de las críticas infundadas. Usted puede decirnos que pongamos más dinero, bien; además, todo el crédito que exista, bienvenido sea. O nos puede decir que se
encuentran con un problema con el artículo 416 o que hay que reformar el artículo 27, y es verdad. Pero que la prevención en esta legislatura ha sido condenada al ostracismo no es verdad, señora Álvarez. Las campañas se han mantenido y se han
realizado, se han hecho actuaciones de sensibilización y de prevención nuevas, sí. Luego hablaremos de números, pero es que además los resultados lo dicen. Hay más llamadas al 016, se han incrementado las llamadas de población joven, nos damos
cuenta de que el grado de conocimiento de las normas va aumentando, que las valoraciones de las campañas van arrojando resultados favorables. Por tanto, eso de que la prevención ha sido condenada al ostracismo creo que es una falsedad y no lo puedo
compartir. También observo lo que se ha hecho en otras etapas, que me parece muy bien, porque además considero que la prevención ha de tener una ligazón en el tiempo. Es decir, en un primer momento había que decir qué eran los malos tratos y que
la ley existía, luego había que condenar y rechazar al maltratador, luego hablar de las primeras señales del maltrato, luego nos fuimos al mensaje de la salida de la violencia de género, después al de toda la población joven, ahora nos vamos al de
la implicación de toda la sociedad. ¿Y dónde está eso de que se ha condenado al ostracismo a la prevención, si no hemos parado de hacer actuaciones? En definitiva, señoría, no lo comparto y además me parece que no es una crítica rigurosa.


En cuanto a formación y especialización, les he hablado de la formación en el ámbito local, de cómo se recoge en la legislación, siempre en todos los planes, también en el Plan de convivencia y seguridad escolar. Comparto que es
imprescindible seguir formando, porque todas las personas que conocen y que están especializadas en la materia de alguna manera pueden detectar mejor y pueden actuar mejor.


No sé qué organizaciones no gubernamentales le habrán dicho eso de que tienen menos recursos provenientes de este ministerio y de la delegación, porque no es verdad. No es verdad porque las subvenciones con cargo al impuesto sobre la renta
de las personas físicas han ido aumentando. El reparto siempre ha sido muy similar, intentando cada vez más hacer frente también a la realidad del mundo rural o a la realidad del mundo de las mujeres con discapacidad, y el trabajo con las
organizaciones no gubernamentales, que es permanente, como usted sabe seguro de primera mano, no me ha puesto eso de relieve, con lo cual no comparto tampoco la crítica en relación con las organizaciones no gubernamentales.


En cuanto al protocolo de valoración de riesgo, por lo que nos dice el Ministerio del Interior, es cierto que su actualización está siendo más compleja de lo que se pensó en un primer momento, porque hay que someterlo a muchos test, a muchos
mecanismos de prueba, a muchos proyectos piloto y a muchos informes de la universidad -de la Autónoma en este caso- antes de poderlo lanzar de modo general, pero también sé que los trabajos van avanzados y creo que este otoño podrá existir ese
protocolo de valoración del riesgo.


Ha hecho usted mención de algo que trabajamos en esta Comisión, que es el examen de las mujeres, sobre todo, el verano pasado, cuando tuvimos los casos de mujeres víctimas mortales que habían interpuesto denuncia. Hicimos un estudio de qué
había pasado en tantos casos y creo que tras todos ellos se han ido desarrollando medidas. Por ejemplo, vimos que se trataba del problema, que conocemos y que ha vuelto a poner de relieve el estudio sobre la inhibición a la denuncia, de falta de
autodetección de las mujeres y de falta de movimiento de esas mujeres. Por eso, toda la información que damos es para autodetectar y por eso ese mensaje que le decía al principio de intentar acercarnos cada vez más a comportamientos concretos para
hacerlo fácilmente reconocible.

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Sobre las competencias de los juzgados, la ley ya está aprobada y las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer han cambiado, y eso también era importante. Tendrían que seguir cambiando más. Por ejemplo, los daños a las
cosas también podrían ser objeto de conocimiento por estos juzgados de violencia sobre la mujer. Pero todos los delitos contra el honor, la propia imagen, la intimidad, o, sobre todo, los temas relativos a quebrantamientos, que son y fueron el año
pasado constantes, ya están en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual eso también es de ahora.


Con respecto a los tipos penales, me parece que la revisión que se ha hecho del Código Penal amplía sustancialmente y mejora el régimen en materia de violencia de género.


La asistencia jurídica gratuita estaba ya prevista y ahora va la reforma relacionada con la anticipación de esa asistencia jurídica gratuita. ¿Con qué fin? Como hemos hablado muchas veces, para que las denuncias sean completas. Salvo que
sea una situación de mucha emergencia, la situación de una mujer que llega de manera improvisada, sin formar, sin asesorarse bien, al final va a conducir a un archivo, a un sobreseimiento, a una retirada o a una no declaración, y con eso no hacemos
nada. Así pues, eso también está en marcha.


Y todas las actuaciones de coordinación que mencionaba al principio, que probablemente comprendo que no se pongan muy en valor por parte de sus señorías porque son muy difusas, son imprescindibles. Son un trabajo, como siempre hemos dicho,
muy oscuro y muy tedioso, pero enormemente importante, porque aquí intervienen muchos agentes.


Sintetizando, le preguntaría directamente si realmente cree que no hay compromiso viendo estos tres aspectos: primero, qué se hacía en 2011 que no se haga en 2015 o 2016. Lo único que veo que sí se hacía en 2011 eran los programas de
reeducación a maltratadores, por un millón de euros, aunque no me quiero meter en la gestión de esos programas ni en el resultado que dieron ni en la justificación de los mismos. Probablemente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
entonces ocupaba una posición en el ámbito del Poder Ejecutivo de su comunidad autónoma, lo conoce mejor. No funcionaron y además fueron de una complejidad tremenda por lo que se refiere a la gestión. Bien, ese millón de euros lo quitamos.
También hubo una serie de subvenciones nominativas. Saben que la práctica de las subvenciones nominativas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es algo que hay que coger con pinzas, y, sin embargo, hubo una serie de subvenciones
nominativas que financiaron la creación de algunos centros, de los cuales algunos se encuentran en construcción y otros no están acabando de funcionar. Veo que hay la misma asistencia social integral y que además hay un millón más de euros para la
propuesta de coordinación y los planes personalizados. Creo que está mejor gastado porque los contratos de la delegación se han reducido en cuanto a su coste, pero se han aumentado en cuanto a sus prestaciones: los 2 millones de la Federación
Española de Municipios y Provincias y de Atenpro, de los que hablamos el año pasado; los 200.000 euros del 016; los 600.000 euros de los brazaletes.


A eso le sumamos un millón de euros del programa de reeducación de maltratadores, y en aquel caso, en el último presupuesto, 200.000 euros para subvenciones de carácter nominativo; reducimos en dietas y en esas campañas que dice usted que
no se hacen, pero que yo digo que sí se hacen. Hemos visto que las tres últimas campañas de la etapa anterior costaron, en cuanto a la creatividad, no estoy hablando de los planes de medios, 530.000 euros, 617.000 euros y 395.000 euros. La campaña
de las chavalas jóvenes de este año y de diciembre del año pasado fue un procedimiento negociado, 60.000 euros; la del año pasado, aún menor, de 18.000 euros; la anterior, gratis. (La señora Álvarez Álvarez: Gratis no, ya se había pagado antes.)
Gratis, sí. La campaña 'Lo que le haces a ella, me haces a mí' -que no le gustó a su señoría- es una compaña gratuita. La siguiente costó menos, 18.000 euros.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Perdón, no entren en diálogo. (La señora Álvarez Álvarez: Perdón, señor presidente, como se está dirigiendo a mí...)


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Hernández Oliver): Yo le estoy diciendo cuál es la diferencia entre 2011 y 2015. Y le digo: un millón de euros para maltratadores, así como toda esta ristra de datos que le he
dicho, porque he estado haciendo la cuenta aquí mientras escuchaba esta mañana a la secretaria de Estado: 2 millones de euros la Federación Española de Municipios y Provincias -que ahora se presta mejor, más y por el coste real-; 200.000 euros del
016; 600.000 euros de brazaletes; 200.000 euros de subvenciones; la disminución de las dietas y un menor coste en creatividad de la campaña. ¡Hombre!, no es que me crea que la campaña que yo haya podido hacer sea la campaña más bonita del mundo,
porque también me gustaban las anteriores, pero me parece una buena campaña y ha dado resultado. (Rumores.) Aquí pone 530.000 euros, 617.000 euros y 395.000

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euros, mientras la otra eran 60.000 euros. Con lo cual creo que no solamente es cuánto crédito se destina, sino cómo se gasta ese crédito, cómo de eficaz es el gasto de ese crédito y qué prestaciones está dando. No puedo decirle, de
verdad, con honorabilidad en el cargo, que se está haciendo menos de lo que se hacía en 2011, porque no es verdad. Salvo los programas de reeducación de maltratadores, que miedo me da acercarme a esos programas porque no sé sinceramente si han
servido o no han servido, más bien creo que no. Honestamente y sumando las cifras, ¿dónde está la diferencia entre 2011 y ahora? Yo creo que está a favor de ahora.


En segundo lugar, el presupuesto es muy importante, ¿pero qué pasa con las normas? En la legislatura anterior se acometió una reforma que para mí fue muy importante y para usted seguro que también lo fue, al igual que para muchas de las
señorías aquí presentes que lo conocen bien, la reforma del Código Penal en materia de trata, con la creación del título específico sobre la trata de seres humanos. ¿Y qué pasa con las demás reformas? Algunas de las reformas normativas de esta
legislativa, que le he mencionado al principio, a mí me parecen de una importancia relevante: la regulación de la asistencia jurídica gratuita, los cambios en el Código Penal, el Estatuto de la víctima, las modificaciones competenciales y de
formación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de infancia y adolescencia, la modificación de la exención y la inembargabilidad de las ayudas económicas en el IRPF, que eso no estaba antes, y ahora sí. Antes pagabas por esas ayudas y
podían ser embargadas, y ahora no; antes no se pronunciaba el juez sobre los hijos, y ahora sí se pronuncia; antes los juzgados no eran competentes en los quebrantamientos, y ahora sí; antes no se consideraba vulnerables a estas víctimas, a estos
menores, y ahora sí; antes las mujeres con determinada capacidad pagaban por la asistencia jurídica, y ahora si no lo necesitan, no pagan. Como por ejemplo, las causas de indignidad sucesoria, es que antes se podía suceder, y ahora si eres autor
de un delito de violencia de género, no sucedes a la causante. Esas son reformas que también acompañan el crédito. Aparte de la reforma del Código Penal de 2010 y la del real decreto de inserción laboral de 2008, que habla de la inserción
sociolaboral de mujeres -que, por cierto, luego se dicta el real decreto pero no se convoca la comisión de seguimiento-, los convenios con las empresas no se firmaban. Cuando llegué yo a la delegación había once, y ahora no sé si son noventa y dos.
Es que eso sirve. Yo no le digo que solo eso sirva, le digo que sumando todo, las cosas acaban sirviendo.


Las unidades de violencia sobre la mujer, sí, se crearon en 2007, pero no sabían ni lo que tenían que hacer, y son magníficas. Es verdad, es verdad, señora Álvarez. (La señora Álvarez Álvarez: Será las que contrataron ustedes, quitando
las que ya se lo habían aprendido.) No, no, las funciones estaban muy poco claras, señora Álvarez. Eso lo dicen las unidades de antes, las de ahora y las que han mantenido su puesto a lo largo de la legislatura. (La señora Álvarez Álvarez: No,
no, no.) Sí, sí, sí. Es más, hasta el punto de que tienen que seguirlas definiendo. O sea, que yo sí me imputo en lo que sí que habría que seguir haciendo. Las unidades estaban mucho más desdibujadas que ahora, eso es así. Con lo cual, yo creo
que aparte de lo presupuestario está también lo normativo. Hemos dicho muchas veces que el artículo 3 de la ley estaba sin cumplir, por ejemplo.


En tercer lugar, datos: por más que a mí me sigue pareciendo que esto es algo que no nos pude congratular nunca, no veo que ninguno de los indicadores que tenemos -que tendríamos que tener más- sea peor que en 2011. (La señora Álvarez
Álvarez: Las órdenes de protección tampoco.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por favor, señora Álvarez, no entren en diálogo. Le he pedido ya en dos ocasiones que respete a la delegada del Gobierno. (Rumores.) Y les pido, para terminar bien esta comparecencia, que guarden
silencio los diputados.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Hernández Oliver): Las ayudas del artículo 27: 579 ayudas y 430 ayudas; el servicio Atenpro, 10.485 usuarias y 9.939 usuarias; los brazaletes, 739 dispositivos y 755
dispositivos; las llamadas, el máximo histórico; las denuncias han subido, poquito, pero han subido por primera vez; los indicadores de víctimas mortales, desgraciadísimos, pero van en una tendencia decreciente. Esos indicadores hablan de
números concretos, y eso no nos lo inventamos, eso es lo que nos van dando los distintos departamentos ministeriales, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Con lo cual, sinceramente y sin perjuicio de lo que nos falta por recorrer,
mirándome a los ojos, dígame que detrás de esos créditos, de esas prestaciones, de esas normas y de esos datos no hay compromiso, porque no estoy de acuerdo.


A la señora González le doy las gracias por sus reflexiones, y le pido que también con el trabajo parlamentario nos sigan ayudando a acometer las distintas actuaciones que ustedes puedan detectar como necesarias. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a la compareciente y dar la bienvenida al nuevo compareciente. (Pausa.)


- DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (BABÍN VICH). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002482) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/002406).


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Damos la bienvenida a don Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que comparece para dar la explicación del presupuesto general para el año 2016 en lo
concerniente a su delegación. Es una comparecencia que han solicitado el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra don Francisco de Asís Babín.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babín Vich): Es para mí un honor comparecer de nuevo en esta Comisión para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, en lo
referente a los créditos asignados a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, como ya ha expuesto el señor presidente.


Como a lo largo del día han comparecido ante esta Comisión los titulares de otros órganos del ministerio, encabezados por la secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Susana Camarero, y también la subsecretaria de
Sanidad y Consumo, creo que ya ha quedado perfectamente claro el marco general en el que se inscriben los presupuestos del departamento en general, de la secretaría de Estado en particular, y siempre para el ejercicio 2016, por lo que me permitirán
sus señorías que me centre directamente, y más a estas horas, si me permiten el pequeño paréntesis, en los aspectos presupuestarios específicos de la delegación que me honro en representar en esta comparecencia.


En el caso de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, toda la legislatura -y así será de nuevo en 2016- se ha caracterizado por la estabilidad de los créditos establecidos en el año 2012, a los que hemos tratado de
añadir una gestión más eficiente de los mismos, que creo muy sinceramente que hemos logrado. Comenzamos con un presupuesto para 2012 en un momento doblemente delicado, en primer lugar, porque todos sabemos las circunstancias en las que nos
encontrábamos, circunstancias que bien podemos calificar de excepcionales. Como consecuencia de ello el presupuesto se redujo en 2012 respecto del de 2011, si bien es cierto que esta tendencia de reducción ya venía de la legislatura anterior, pues
los presupuestos de la delegación contaron en 2011 con 6 y con 4 millones menos de euros de los que dispuso respectivamente en 2009 y 2010. En otras palabras, esa reducción no empezó con la llegada al Gobierno del Partido Popular. En segundo
lugar, también hay otro hándicap porque esos presupuestos, como sus señorías recuerdan perfectamente y aquí ya se ha recordado a lo largo del día, tuvieron que realizarse iniciada la legislatura, ya dentro del propio año 2012, con la consiguiente
dificultad posterior para la ejecución dentro del mismo ejercicio.


Pues bien, tras ese ejercicio excepcional de 2012, el esfuerzo se centró en optimizar el uso del dinero público lo máximo posible y en encaminar la delegación hacia los nuevos retos que se nos presentaban en el ámbito de todas las conductas
adictivas, no solo de las drogodependencias, como había ocurrido hasta la fecha. Con la aprobación por consenso, que menciono simplemente a título de marco referencial, en el año 2013 del Plan de acción 2013-2016, que complementa y finaliza la
estrategia nacional sobre drogas 2009-2016, el plan se constituyó en la columna vertebral de todas nuestras actuaciones, y los presupuestos asignados a esta delegación han tenido en cuenta la priorización de aquellas acciones más necesarias para
mantener los objetivos que en cada uno de sus ejes conforman tanto la estrategia como el mencionado plan de acción.


Las treinta y seis acciones que constituyen el plan en curso -como recordarán sus señorías, puesto que esto se expuso antes de su aprobación en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio sobre el problema de las drogas- fueron todas
ellas previamente analizadas y consideradas factibles y con objetivos alcanzables durante el periodo de vigencia, es decir, hasta diciembre de 2016, poniendo especial empeño en conseguir la máxima eficiencia, identificar las sinergias existentes
entre las distintas acciones y establecer mecanismos de coordinación e interrelación para rentabilizarlas al máximo.


Pues bien, bajo estas premisas, a fecha de hoy, de los cien productos definidos como resultado del trabajo de los veintiocho grupos de trabajo que están desarrollando el plan de acción en el ámbito de la reducción de la demanda, de esos cien
productos, veintiuno ya se han finalizado y otros cuarenta y cuatro

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están en proceso de ejecución. De hecho, en la reunión de la Comisión Interautonómica de Drogas del pasado de abril ya se presentaron, debatieron y aprobaron diez de estos veintiún productos finalizados, que les detallo a efectos de que
sepan en qué temas hemos priorizado las actuaciones. Son el proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones; el e-room que conforma la plataforma de coordinación ínter e intrasectorial
Gobierno-comunidades autónomas para el desarrollo del plan de acción; la guía para familias dentro del proyecto coordinado de prevención familiar universal; el programa de agente tutor dentro del proyecto de desarrollo de programas de prevención
comunitaria multicomponente en el ámbito local; el informe Evidencia en intervención breve dentro del proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario; el código y
decálogo de buenas prácticas del programa Servicio Responsable en el marco del Plan de prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero; el mapa de situación de los recursos asistenciales, incluido en el proyecto de mejora de
procesos y procedimientos de asistencia en drogodependencias y adicciones; el nuevo cuestionario para el profesorado, que ya se ha incluido en la nueva encuesta Estudes; el documento de consenso sobre criterios de acreditación de programas de
reducción de la demanda; así como la propia evaluación intermedia del Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016. Todo ello, como digo, ya aprobado por el conjunto de las comunidades autónomas.


El Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 es igualmente la base sobre la que se asientan las previsiones de gasto para 2016, que como ya he dicho será el último año de vigencia, tanto de este plan cuatrienal como de la estrategia aprobada en
2009. En esta línea de continuidad, sin prescindir del abordaje de algunos nuevos retos, nos encontramos con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en lo que concierne al programa presupuestario de la delegación para el año 2016, de
prácticamente la misma cuantía que el aprobado en 2015. Por ser más exactos, frente al montante total presupuestado para el año 2016, de 14.692.440 euros, frente a los 14.681.320 euros, o si quieren, en otras palabras, un incremento del 1 %. Como
ya ha señalado la secretaria de Estado esta mañana, este incremento tiene su origen en dos circunstancias muy puntuales, casi no merece la pena ni hacer mención. Pero, en todo caso, sí quiero destacar una de ellas, que es el aumento de 17.080 euros
en el capítulo 1, al estar prevista la incorporación con cargo a la oferta pública de empleo de este año 2015 de un nuevo efectivo imprescindible para el Observatorio Español sobre Drogas, de cara al abordaje de las nuevas estadísticas que hemos
comprometido como resultado de la aplicación a la política estatal de las recomendaciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas.


Por otra parte, hay una pequeña disminución, que menciono simplemente por ser exhaustivo, de 5.960 euros en el capítulo 2, que no es más que la consecuencia de la entrada en vigor en 2015 del contrato centralizado de limpieza en el que se
encuentra incluida la delegación, que nos evita tener que presupuestar esa misma cantidad, como se hizo en 2015, y que entonces tenía como objetivo hacer frente al pago de la última mensualidad de diciembre de 2014 del contrato descentralizado
anterior.


Esas son las variaciones desde el punto de vista de las dotaciones de las distintas partidas presupuestarias en origen. En todo caso -y yo sé que esto es reiterativo, pero me entenderán sus señorías por la singularidad de la gestión
presupuestaria de la delegación-, un año más tenemos que mencionar, como hemos venido haciendo en ejercicios anteriores, dentro de esa singularidad, el dinero procedente del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, ya que supone de facto que con la incorporación en el marco de cada ejercicio presupuestario de las cantidades que se vienen generando, se triplica el presupuesto que gestionará la delegación, como lo demuestra el hecho, que lo
manifiesto como referencia, de que en este año 2015 el Fondo de bienes decomisados ha distribuido 28.605.307 euros, frente a los 14.681.320 euros que ya mencioné que son la dotación inicial de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, frente
a esos 14.681.320, al final del ejercicio habremos gestionado un presupuesto total de 43.286.627 euros.


No está de más, en línea con este mismo comentario, que recuerde a sus señorías que precisamente para permitir dicha incorporación existen ya en el proyecto de presupuestos que hoy se está debatiendo determinadas partidas presupuestarias que
tienen una mínima consignación de 3.000 euros y que son precisamente todas aquellas a las que luego va destinado el dinero del fondo, en el momento en el que se pretende hacer operativo. De este modo, al disponer de ellas ya abiertas con esa
consignación inicial, el procedimiento de gestión es más rápido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Por eso mantengo que gracias a los presupuestos directos y al aporte del fondo la delegación contará con los ingresos necesarios para permitir desarrollar de manera efectiva sus cometidos e impulsar el plan

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de acción hasta su finalización en diciembre de 2016. En este punto conviene recordar que, como sus señorías conocen, la misión encomendada a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas consiste, expresada de modo
genérico, en la coordinación de acciones del Plan Nacional sobre Drogas. La delegación es un centro directivo del departamento y aunque la filosofía del plan diga que el plan somos todos, de lo que se trata, evidentemente, no es de suplantar la
acción de todos los actores que en el Estado, tanto a nivel de entidades públicas, administraciones y demás como de entidades de carácter privado, y me estoy refiriendo fundamentalmente a organizaciones no gubernamentales y similares, vienen
colaborando en el desarrollo de este plan, sino precisamente en hacer viable el cumplimiento de la estrategia y del plan de acción.


Esto es muy importante porque a la hora de interpretar los créditos asignados a la delegación es precisamente ese impulso, esa posibilidad de impulso, lo que hay que buscar. Pero en modo alguno representan el total del esfuerzo, ni técnico
ni económico, que realiza la Administración General del Estado ni el conjunto de administraciones, organizaciones sociales y demás agentes integrados en la estrategia, ya sea para el control de la oferta de drogas o para la reducción de la demanda,
mediante actividades de prevención, asistencia, reinserción, investigación y docencia.


A título anecdótico, simplemente comentaré cómo en las comparecencias celebradas ayer en otra Comisión ya se daba cuenta del incremento hasta un 300 % del crédito destinado a la realización de controles de alcohol y drogas en el ámbito de la
seguridad vial, por poner un ejemplo de las muchas partidas que se dotan con finalidades en este caso eminentemente preventivas y educativas. Y todo ello en coherencia además con el hecho de que, como sus señorías conocen perfectamente, las
prestaciones básicas desde el punto de vista asistencial forman parte de la cartera de servicios que gestionan las comunidades autónomas en el marco del Sistema Nacional de Salud.


Por todo ello, en 2016 continuaremos priorizando los conceptos que facilitan esa acción de coordinación e impulso como actividad propia de la delegación, es decir, el apoyo a las organizaciones no gubernamentales, dentro de los objetivos
marcados por la estrategia del plan de acción, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, y sobre todo -y me parece muy importante significarlo- el mantenimiento de la función estadística pública de la Red de alerta temprana y la
obtención de indicadores y la realización de estudios y proyectos de investigación.


Precisamente con esta función de observatorio, que es a la que se refiere el marco, o a lo que me estoy queriendo referir con la función estadística pública en términos generales, el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios está
dotado en la partida 22706 con 1.130.580 euros para el mantenimiento de los recursos que permitan continuar con la labor de la ejecución de dicha función estadística pública, y con ello disponer de información objetiva, efectiva, fiable, de calidad
y comparable sobre la evolución del fenómeno de las adicciones en nuestro país, como base para la formulación de políticas basadas en datos contrastados.


Además a ellos habrá que añadir la parte que el Fondo de bienes decomisados aportará, y cuya cuantía definitiva podremos fijar en el transcurso del primer trimestre de 2016, si bien me permito decir, dada la evolución de los ingresos en el
fondo durante este año, que en ningún caso será inferior a la cuantía destinada a esta función en 2015, que ha sido de 600.000 euros, destinados todos ellos a la realización de encuestas y trabajos técnicos relacionados.


En este punto he de comentar que, dentro de las actuaciones que estamos llevando a cabo para afrontar los nuevos retos, el Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías está ampliando su rango de análisis a las adicciones sin
sustancia, haciéndonos, como decía antes, eco de las recomendaciones emanadas de la ponencia que tuvo lugar en esta legislatura en el marco de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Precisamente, se han incluido los módulos sobre uso y abuso de
tecnologías de la información y la comunicación y otras conductas relacionadas -así como sobre uso y abuso de la oferta de juego, especialmente online, que se han incorporado ya y de los cuales podremos empezar a dar resultados a finales de este
año- a los estudios que de modo habitual e históricamente se venían desarrollando por parte de este observatorio.


Este apoyo decidido a la mejora del conocimiento también se refleja en el capítulo 4, en las transferencias corrientes a comunidades autónomas, en el concepto 454 que, como reza en la propia sistemática de denominación de partidas
presupuestarias, es para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas, y en virtud del cual las comunidades autónomas recibirán 1.033.290 euros con los que, además del suministro de información sobre los
indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad de sus respectivos ámbitos territoriales, ayudaremos a vigilar a través

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del Sistema Español de Alerta Temprana el fenómeno de las drogas emergentes, que aun siendo minoritarias en su consumo, como siempre he mantenido, sin embargo es obvio que supone una seria amenaza para la salud por sus muchas veces
imprevisibles efectos en las personas expuestas.


Por completar el capítulo 4, he de manifestar que a la anteriormente mencionada cuantía para el concepto 454 también se le añaden otros conceptos: el concepto 451, para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la estrategia
nacional sobre drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas, dotado con 3.270.160 euros; el concepto 452, para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el
marco de la estrategia nacional sobre drogas 2009-2016, dotado con 3.962.630 euros; y el concepto 456, para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales, dotado con
1.253.320 euros.


Estos cuatro conceptos totalizan una cantidad de 9.519.400 euros, a la que habrá que sumar la partida que se disponga en el concepto 458 para actividades de las comunidades y ciudades autónomas en aplicación de la Ley 17/2003, del Fondo de
bienes decomisados. De forma meramente orientativa, para que sus señorías se hagan idea, les diré que este concepto 458 ha sido dotado este año 2015 con 8.700.000 euros, y que durante la legislatura ha sido sucesivamente ampliado desde 2011, que
era de 7.660.000 euros, con un incremento global hasta 2015 de un 14 %.


Asimismo están incluidas en el capítulo 4 las transferencias a organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas, el concepto
481, que se mantienen para el año 2016 con un importe inicial de 996.490 euros. Además de estas subvenciones, que a partir de 2013 ampliaron su rango de actuación al conjunto de todas las adicciones en general, se prevé, como otros años, como este
mismo año, la generación de una convocatoria específica con dinero procedente del Fondo de bienes decomisados a través del concepto 482, programas desarrollados por ONG de ámbito estatal financiados a través del fondo creado por la Ley 17/2003, que
de nuevo a título informativo comentaré que este año ha sido dotado con una cuantía de 3.200.000 euros. Por lo que la suma de ambas fuentes -Presupuestos Generales del Estado y Fondo de bienes decomisados-, en lo que supone transferencias al tercer
sector de acción social desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, supone que en 2015 se ha destinado a las organizaciones no gubernamentales un 15,56% más de presupuesto que el referencial de 2012, el primer presupuesto de
esta legislatura. Esto muestra realmente, creo, la relevancia que la delegación concede al tercer sector de acción social.


Por último, también en este capítulo 4, existen otros dos conceptos: el 462, a corporaciones locales, en aplicación de la misma Ley 17/2003; y el 483, a la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de programas
sobre drogodependencias financiados a través del propio fondo, que en un principio se presupuestan, como sus señorías habrán observado y como ya he explicado, con una cantidad de 3.000 euros cada una, y que cuando el Consejo de Ministros a
principios de 2016 apruebe los criterios para la distribución de créditos del fondo, y posteriormente la mesa de coordinación de adjudicaciones del propio fondo lo reparta, dispondrán de unas cuantías que estimamos que serán parecidas a las que han
dispuesto en 2015, es decir, de unos 4,5 millones de euros para la convocatoria de ayudas a corporaciones locales, destinados a cabildos, consejos insulares, capitales de provincia y de comunidad autónoma y ciudades de más de 100.000 habitantes, y
otros 345.000 euros para la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas de prevención en todo el ámbito local, puesto que aquí se incluye también a las diputaciones y a los municipios de menos de 100.000
habitantes.


En total, contando lo dispuesto en este proyecto de presupuestos para 2016 y en lo que previsiblemente estará disponible del fondo, en el capítulo 4, en transferencias corrientes a las distintas administraciones públicas y organizaciones no
gubernamentales, dispondremos de más de 35 millones de euros para la reducción de la demanda, sin contar el crédito del fondo destinado a control de la oferta, que rondará -estimamos- los 8 millones de euros, cuando menos. Una cifra destinada, por
tanto, a reforzar a las entidades, tanto públicas como privadas, que están sin duda en la vanguardia de la lucha contra las adicciones, continuando así con una línea que se ha mantenido y que, como hemos visto, en algunos aspectos se ha incrementado
durante toda la legislatura, lo que sin duda era necesario en el escenario económico en el que nos encontrábamos y que, como se ha reconocido públicamente por la representación del tercer sector, ha contribuido de manera esencial para que se pudiera
continuar realizando una intervención, sin duda de mucha calidad, en todos sus ámbitos.

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Finalmente, y dentro del capítulo 4, se encuentra abierta una partida para programas de cooperación internacional, en aplicación de la Ley 17/2003, a la que el fondo ha dotado este ejercicio con 150.000 euros, un 50% más que el año anterior,
y que ha sido destinada en su totalidad a la realización de proyectos de cooperación propuestos por la Organización de Naciones Unidas para la droga y el delito, lo que consideramos fundamental, y más en el periodo de las negociaciones previas de la
sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas que se celebrará en el año 2016.


Estas contribuciones, que son muy valoradas por los Gobiernos de los países donde se desarrollan dichos proyectos, contribuyen sin duda a mantener el alto grado de reconocimiento que tiene España por sus políticas frente a las adicciones
desde hace más de treinta años en el contexto internacional y siempre con la defensa de un enfoque equilibrado en el tratamiento simultáneo de las necesidades del drogodependiente por su condición de paciente, de enfermo, y en la lucha sin cuartel,
de otra parte, contra las redes del narcotráfico.


En esta línea de cooperación esperamos además que la propuesta de España a la Comisión Europea para el desarrollo del proyecto Copolad II sea elegida, y que con ello dispongamos de 10 millones de euros suplementarios en los próximos cuatro
años para que, bajo el liderazgo de España, se siga fortaleciendo la cooperación con América Latina y el Caribe en esta materia. Para ello, una vez que el proyecto Copolad finalizó definitivamente en junio de este año, elaboramos, junto con la
Fiiapp, una concienzuda propuesta con la participación, por supuesto, de los países beneficiarios que fue remitida a Bruselas el 30 de julio pasado y que se está evaluando, y sobre la cual esperamos conocer el fallo de la Comisión Europea antes de
que finalice el presente ejercicio. Ni que decir tiene, señorías, que en cuanto la Comisión Europea se haya pronunciado lo comunicaremos convenientemente. No obstante, y aunque no lo tenía en el discurso, quiero decir explícitamente que soy muy
optimista respecto a este proyecto que hemos enviado.


Por último, quiero mencionar dentro del capítulo 7, transferencias de capital, el concepto 781, que se encuentra dotado con 609.790 euros para financiar proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas
especializadas en investigación, y siempre en materia de drogodependencias. El importe es el mismo que el dispuesto en los años anteriores, al que se le deberá añadir de nuevo la cuantía procedente del Fondo de bienes decomisados que en su momento
se determine. A modo referencial, como en el resto de partidas, les diré que en 2015 esta aportación suplementaria del fondo para promover la investigación en el ámbito de las adicciones ha sido de 450.000 euros, que sirven para garantizar los
pagos de segundas y terceras anualidades de los proyectos de investigación previamente aprobados y que sean, lógicamente, de esa duración.


Señorías, concluyo mi intervención con la esperanza de haber transmitido no solo números. Yo comprendo que nuestra situación es un poco peculiar por la doble financiación que suponen presupuestos y fondo, pero sí espero haber acertado en
transmitirles un compromiso con la ejecución de la estrategia, con la ejecución del plan de acción, con un modelo de gestión centrado en facilitar el impulso y la coordinación de actividades en un marco de eficiencia. Y todo ello con el fin, qué
duda cabe, de combatir el problema desde la prevención, pero también desde los efectos de las adicciones, y consecuentemente en mantener la esencia que dio lugar hace ahora justo treinta años, y es un buen momento para recordarlo, a la creación del
Plan Nacional sobre Drogas.


Muchas gracias por su atención, muchas gracias, señor presidente, y me pongo a disposición de sus señorías, como no puede ser de otra manera, para cualquier cuestión que deseen plantear. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: A continuación el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la señora Gallego.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Quiero agradecer, como siempre, la presencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y su disposición a informar de forma profusa de las acciones del departamento que dirige. Un departamento
que, a juicio del PSOE, tiene una importancia vital porque aborda un problema grave de salud pública, como son las adicciones, y es la razón por la que siempre solicitamos esta comparecencia.


Pero la verdad es que yo tengo que discrepar del delegado del Gobierno en cuanto a su situación optimista en cuanto al presupuesto. Para nosotros, el resumen de este presupuesto que hoy nos presenta, el presupuesto de ahora, lo que está
escrito y las prioridades de este Gobierno, es desolador. Como es desolador observar presupuesto tras presupuesto desde el inicio de la legislatura cómo se ha ido desmantelando el plan a través de los presupuestos. Pero no solo en cuestión
presupuestaria, como

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hablaba el señor delegado del Gobierno, sino también cómo se ha desmantelado la filosofía del plan -es verdad que hoy hace treinta años de esa filosofía- y cómo se ha ido desmantelando el objeto para el que fue creado. Desgraciadamente lo
estamos viendo en este último presupuesto del Gobierno del Partido Popular, en el que creemos que para el Partido Popular el Plan Nacional sobre Drogas importa poco. Y vamos a recordar a este Gobierno como al Gobierno que rompió una premisa
fundamental en el Plan Nacional sobre Drogas, que es, uno, el consenso, y otro, el que el Plan Nacional sobre Drogas fuera un referente internacional que debiera mantenerse, que debiera reforzarse y que debiera dotarse.


Ni se ha mantenido, poco, ni se ha reforzado, ni se ha dotado suficientemente como un instrumento fundamental en la lucha contra la droga. Y hoy, tras cuatro años, vemos que se ha perdido liderazgo, tanto nacional y en la coordinación con
las diferentes comunidades autónomas como internacional. También ha ido perdiendo ese consenso que fue el origen -fue como surgió- del resurgimiento del plan nacional, de tal forma que ni siquiera se nombra el Plan Nacional sobre Drogas en el libro
amarillo de presentación de los presupuestos. Yo he estado buscando a ver si encontraba algo referido al Plan Nacional sobre Drogas, y en el proyecto de presupuestos no hay nada, no hay ni una mención. (El señor vicepresidente, Román Jasanada,
ocupa la Presidencia.)


Se habla mucho de consenso, pero realmente la evaluación que podemos hacer a lo largo de estos cuatro años es que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas ni ninguna de las propuestas que ha presentado el Partido Socialista. ¡Hombre!, yo
creo que algo habremos hecho bien o algo bueno habremos propuesto para que se hubiera aceptado alguna. Sin embargo, no se ha aceptado ninguna enmienda presupuestaria, y desde luego ninguna iniciativa socialista.


Si hablamos exclusivamente de la cuestión presupuestaria y hablamos de números, nos encontramos con un descenso desde 2011 que ha sido brutal. Es verdad que el delegado ha dicho que en 2011 ya se habían reducido las cifras, no nos
encontrábamos con nada nuevo. Es verdad, en el Gobierno socialista en 2011 el presupuesto era de unos 18 millones de euros, pero es que el Partido Popular no se ha detenido en rebajar hasta 18 millones de euros, sino que ha ido descendiendo
paulatinamente en 2012, en 2013, en 2014, bueno, hubo ahí alguna subida. Al final nos encontramos con un presupuesto para 2016, que es el que al final va a quedar como cifra muy desoladora y que es el presupuesto que ahora estamos mirando.


En definitiva, supone más de un 43 % de recorte, que se dice pronto, y recortes mantenidos. Pero es que además nos encontramos con un 50 % de recorte en las transferencias a las comunidades autónomas, esas a las que se está diciendo que
tienen que hacer planes regionales de drogas, que el Plan Nacional sobre Drogas es lo que coordina, pero es que resulta que luego las comunidades autónomas se encuentran con un 50 % menos. O las comunidades autónomas se encuentran con un 60 % menos
de presupuesto para todos aquellos gastos que origina la estrategia nacional sobre drogas, y es de la que estamos hablando continuamente, 2009-2016. Es una estrategia que, como bien dice en la memoria explicativa del programa, intentaba dar
respuesta con una visión integradora a los diferentes problemas derivados del consumo y tráfico de drogas. Eso es lo que dice la estrategia.


Y yo le pregunto si usted cree que realmente se está dando respuesta a esta estrategia y a estos recortes tan importantes del 60 %. Pero es que también llama poderosamente la atención la disminución de hasta un 40% en el presupuesto de los
programas de prevención, sobre todo de los programas de prevención. Estamos hablando de que es importantísima la prevención. Llama muchísimo la atención porque cualquier comparecencia, cualquier artículo, cualquier investigación, cualquier
comunicación sobre drogas incide en la prevención como premisa fundamental y para nosotros, desde luego este presupuesto no atiende la prevención. Sin embargo, no atiende la prevención ni mucho menos ahora en un tema tan importante y tan grave como
es el consumo de alcohol en menores, pero es que además ni hay siquiera una partida específica para este grave problema que se está dando en los jóvenes. Esperábamos que después de cuatro años pudiera haber algo innovador en este presupuesto. Pues
no, no hay ninguna partida específica. Además, tenemos que recordar que es la droga legal más consumida en España. Por cierto, hablando del consumo de alcohol en menores, no sabemos dónde ha quedado esa ley de prevención del consumo de alcohol que
prometieron. No se volvió a hablar más de ella. No observamos en el presupuesto algo que refleje la realidad cambiante en cuanto a la exposición y a la evolución en la oferta de las drogas.


Otra pregunta: ¿usted cree de verdad que este presupuesto va a coordinar las políticas encaminadas al más alto grado de protección en el acceso de los adolescentes a las sustancias de alto poder adictivo? ¿Se refleja en este presupuesto
algo? No lo vemos reflejado. ¿Vemos reflejado un presupuesto

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real para la prevención tanto en el consumo del alcohol como en el cannabis o el tabaco? Tampoco lo vemos reflejado.


Nos vamos a fijar en otra partida, en los presupuestos dedicados a los programas de rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales, que también han sufrido un descenso del 43 %, y lo que es más grave, aquellos
programas en las cárceles, novedosos, que funcionaban y que daban buenos resultados, se están diluyendo. Me refiero al problema de la UTE de Villabona, que ha sido muy discutido también a lo largo de esta legislatura, que incluso ha necesitado la
intervención y las recomendaciones muy claras de la Defensora del Pueblo, en el sentido de reprogramar todo lo que se había desmantelado. No se ha reprogramado y se ha desmantelado.


Ha estado nombrando también a las ONG y a las entidades del tercer sector. Al igual que usted, también nosotros conocemos de primera mano la labor que están llevando esas ONG sin ánimo de lucro, y que están alertando del aumento de la
demanda y que nos están pidiendo ayuda. No sé si a ustedes les dicen una cosa y a nosotros nos dicen otra. A nosotros nos están contando y nos están diciendo continuamente la necesidad de ayuda, la falta de recursos a los que se están viendo
abocados para atender esta demanda. Además es una demanda con muy poca visibilidad, porque sabemos que el perfil del consumidor de drogas en esta época no es el mismo que en el año 1985. Yo creo que además lo que no se ha logrado en esta
legislatura ha sido visibilizar este problema de salud pública, como es el de las drogas, porque precisamente ha cambiado muchísimo el perfil del consumidor, pues quien está notando de verdad la falta de los recursos y los sucesivos recortes, además
de los propios afectados, además de las ONG, son las familias, las familias de este país, que son muchas y además son de cualquier contexto económico y social. El descenso ha sido de un 40 % a lo largo de toda esta legislatura. Pero además todos
estos recortes se unen también, puesto que es un tema transversal, a todos los recortes que se están haciendo en sanidad y servicios sociales, algo fundamental para sostener la red de las personas adictas y esto hace que se multiplique por tres el
problema.


En otras intervenciones, y en esta también, ya me esperaba que el señor delegado hablara de la mejoría de la gestión del Fondo de bienes decomisados. Es verdad que seguro que es así y que ha mejorado la gestión, pero nosotros decimos que la
política de drogas tampoco puede depender exclusivamente de una buena o una mala gestión del fondo, que puede ser cambiante, que puede ser dependiente cada año de las diferentes cantidades que pueda ofrecer ese fondo. El fondo es una ayuda, pero lo
importante es la prioridad política que se manifiesta en el presupuesto en el programa de drogas, en lo que está plasmado aquí, no en lo que vamos a hacer ni en lo que va a haber en el fondo, ni en lo que se ha hecho, sino en lo que está plasmado,
en la sensibilidad política. Y eso no lo vemos.


Por cierto, hablando del fondo, a una pregunta que hice hace tiempo preguntando sobre el fondo me dijeron que se tenía previsto regular o renovar sus instrumentos normativos. Quisiera que me respondiera si puede qué es lo que está pasando
con el fondo, si tienen previsto renovar esos instrumentos, de qué se trata esta renovación, si me asegura que el fondo va a seguir igual, También se lo pregunté en otra ocasión, pero nos preocupa que el fondo pueda ser desviado hacia otras
acciones, y nos preocupa que el fondo no sea gestionado directamente por el Plan Nacional sobre Drogas. Tenía otra pregunta sobre la previsión en cifras sobre el fondo, pero me ha contestado que en el primer trimestre de 2016 lo sabremos. Si lo
saben, si me puede contestar, me lo contesta.


Con respecto a la coordinación, también ha hablado del Consejo Asesor de Drogodependencias. No sabemos cómo está en este momento el Consejo Asesor de Drogodependencias; lo único que sabemos es que se suprimió la coordinación
interministerial, que creíamos que era fundamental para coordinar toda la política de drogas. Pero en este momento la última noticia que tengo es de abril de 2015, pero parece ser que se ha pasado toda la legislatura y que se va a acabar y este
Consejo Asesor de Drogodependencias no ha visto la luz.


En cuanto a la ejecución presupuestaria de 2015, le pediría el estado de ejecución actual de las diferentes partidas. No hace falta que me lo diga ahora, sino que me lo dé por escrito, partida por partida a fecha de ahora, cómo está la
evolución.


En resumen, ya me queda poco tiempo o no me queda nada, en el Partido Socialista estamos en desacuerdo total con la presentación de este presupuesto. Para nosotros confirma algo que nos entristece, que es la irrelevancia y la poca
importancia que el Gobierno le ha dado al tema de las adicciones, por mucho que nos pueda gustar el delegado sobre el Plan Nacional sobre Drogas. (El señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, señor Babín Vich: Muchas
gracias.) Sin embargo, el Gobierno ha dado muy poca importancia al tema de las adicciones, parece ser que se le ha dado mucha

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más importancia a otros temas represivos. El Gobierno se ha escorado, es una escora que nos está preocupando, porque se le ha dado más importancia a temas represivos en cuanto a las leyes que a los temas preventivos. Nosotros insistimos en
que el tema preventivo para nosotros es fundamental; insistimos en que hay que reforzar el Plan Nacional sobre Drogas; insistimos en el papel tan importante que tiene la delegación del plan. Pero para ello se necesita una dotación presupuestaria
adecuada, y esta dotación que nos presenta no existe. Vemos que no existe y que incluso nos tememos que pueda desaparecer si seguimos así.


Vamos a presentar enmiendas, la verdad es que ya no tenemos ninguna ilusión en que nos acepten las enmiendas. Están bien fundadas, pensamos que están bien fundadas, pero creemos que lo quieren dejar ya todo bien atado y que van a ser
inflexibles. Es una pena. Nos sorprendería y nos agradaría mucho que nos aceptaran alguna.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Concluya, por favor.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Sin más, le agradezco de nuevo su presencia, y es lo que tenemos que decir, creemos que queda poco ya para cambiar esta línea.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villanova.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno, señor Babín, por su comparecencia una vez más aquí, por sus explicaciones dadas, que han sido bastante clarificadoras.


La verdad es que estoy más o menos en la misma línea escuchando a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Gallego, una buena portavoz, pero que se desvía de la mejor manera posible para los fines electorales que busca el Partido
Socialista, aunque no puede convencer a nadie. No puede convencer a nadie porque la política del Partido Socialista es muy diferente a la del Partido Popular. Se ha demostrado en un país donde en 2011 hubo una reducción de 80.000 millones de
ingresos y el Partido Socialista se dedicó a gastar más dinero, a hacer más aeropuertos, a hacer más cárceles... (Rumores.) Sí, hay dieciséis centros penitenciarios cerrados, etcétera. En vez de gastar menos, gastaba más. (La señora Gallego
Arriola: En aeropuertos vacíos.)


A pesar de todo eso que usted precisamente defiende o los presupuestos que defendía el Grupo Socialista cuando gobernaba en España, tengo que decir que la reducción la empezaron a hacer ustedes. A mí me parece que en el año 2009 ustedes ya
redujeron 6 millones. Bien es cierto que si hubieran seguido nuestra filosofía, habrían tenido que reducir más porque se podía ahorrar más. Se ha hecho más con menos dinero, y eso lo puede corroborar el delegado del Gobierno más adelante. Me
acuerdo de memoria de la reducción en el alquiler, por ejemplo, de la sede, que era de un millón de euros, pero además, si analizamos cómo se han reducido los gastos corrientes, comprobamos que se han reducido considerablemente porque hemos
utilizado una central de compras para la contratación de bienes y servicios, y el ahorro ha sido muy importante.


Por lo tanto, mientras el Partido Socialista estuvo gobernando, tanto que predican, de 25 millones bajaron a 18 millones. Es verdad que nosotros lo hemos bajado, pero no en la parte que lógicamente podíamos criticar, por ejemplo, las
transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Nosotros podemos demostrar que casi toda la suma del dinero -que ha aumentado, por cierto, gracias a la buena gestión del fondo-, prácticamente casi todas las transferencias que
están en el presupuesto van dirigidas a las ONG, a las corporaciones locales, incluida la FEMP, y también a las comunidades autónomas.


Por ejemplo, las comunidades: hay una partida de 9.519.000 euros que corresponde a cuatro conceptos, el 451, el 452, el 454 y el 456; suma 9.519.400 euros. Añadiéndole la parte del dinero del fondo, que este año 2015, como bien ha
explicado el delegado, ascendía a 8.700.000 euros, estamos hablando de casi 18 millones de euros destinados a las comunidades autónomas. Lo mismo ha sucedido con las ONG, que hay una partida de 996.000 euros y que para este año, del fondo se han
destinado 3.200.000 euros. Con lo cual, en esta legislatura hemos crecido en transferencias a las ONG, que ustedes saben perfectamente que con la crisis y la recesión que este país ha sufrido han tenido una reducción bastante importante de ingresos
privados. Sin embargo, desde el ámbito público lo hemos aumentado en un 15,56%, lo hemos hecho nosotros, y eso hay que reconocerlo. Pero también a las comunidades autónomas, los ingresos de las transferencias han aumentado un 14 % desde 2012 a
2015.

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En fin, que bien es cierto que el Partido Socialista recortó 6 millones en 2009 y 4 millones en 2010, pero parece que ustedes son los que nos acusan a nosotros de recortadores. Sin embargo, nosotros hemos hecho recortes o, mejor dicho,
ajustes porque era posible llevarlos a cabo, siempre que no pusieran en peligro lo que conviene, que es llevar a cabo y ejecutar el Plan Nacional sobre Drogas, que es la columna vertebral de la política que aplica este Gobierno, y creo que los
Gobiernos anteriores. El Plan Nacional sobre Drogas es la Biblia para el delegado del Gobierno, o para la delegada del Gobierno que hubiera entonces en aquel momento. Esa es la Biblia y la estamos llevando a rajatabla.


El propio delegado dice que hay treinta y seis acciones del plan que se garantiza que se van a aplicar y se van a llevar a cabo. Con el dinero que hay, que hay casi 15 millones de euros sin contar con el fondo, que este año 2015 ha
transferido casi 29 millones de euros, estamos hablando de más de 43 millones de euros del total que hay destinado, que de alguna manera representa la política del Gobierno en cuanto a lo que es la coordinación. Parece que es que el Gobierno no
invierte en el Plan Nacional sobre Drogas y no invierte en las políticas preventivas, cuando sabemos todos perfectamente que para la reducción de la oferta y la demanda tenemos una partida. Concretamente para la oferta la partida es de 8 millones
de euros, que está ahí y ahora se ha aumentado para la persecución de aquellos que de alguna manera irresponsablemente conducen un vehículo y ponen en peligro la vida suya y la vida de los demás. Hemos aumentado un 300 % la dotación presupuestaria
para perseguir eso, y está dando muy buenos resultados, porque prácticamente el 47 % de los accidentes graves han sido provocados porque han consumido estupefacientes y han consumido drogas. Se está haciendo una buena labor, y ahí el Gobierno ha
puesto toda la carne en el asador.


Si a mí el delegado del Gobierno me dice que las treinta y seis acciones que quedan del plan se van a ejecutar y se van a ejecutar con total seguridad, a mí me da mucha confianza que este presupuesto que es el que hay y que es el que
necesita la delegación. Está claro que las reducciones que se han producido han sido por una eficiencia mejor del gasto, cosa que en la genética del Partido Socialista no está; sin embargo, en la genética del Partido Popular sí está la buena
gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, este presupuesto es un presupuesto caracterizado por la estabilidad de créditos de esta legislatura, periodo 2012-2016.


Lógicamente, hablan ustedes de consenso, que parece que hemos roto el consenso. Mire usted, el Plan de acción 2013-2016, creo que se aprobó en el año 2013 por consenso de todos. Por lo tanto, no hemos abandonado el consenso. No sé a qué
viene eso, que esto es un presupuesto desolador, que el presupuesto ha ido desmantelando el plan, cuando se demuestra que no es así, que hemos aumentado con los recursos de los decomisos y de lo que es el fondo. Esa buena gestión del fondo nutre, y
desde luego provoca un ahorro del dinero público. Podría ir destinado a otras cosas, sin embargo, va destinado a este fin porque el Gobierno así lo ha querido.


Además hay partidas de 3.000 euros abiertas, por si hay que aumentar, o por si hay que inyectar dinero, que puede venir también procedente de otras partidas del presupuesto del Estado, no tiene por qué ser todo del fondo; pero si viéramos
que el fondo corre peligro el Gobierno tiene previsto poder inyectar y poder aumentar y modificar las partidas que fueran necesarias. Por lo tanto, el Partido Popular garantiza que esto al final se va a cumplir y que se va a cumplir con total
seguridad.


Pero además, como toda la política del Partido Popular es una política transversal, pues aquí lógicamente están implicados Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, hasta las Fuerzas Armadas; en investigación y docencia hay
dinero y se garantizan los proyectos que hayan sido aceptados, están garantizados por dos años más; también afecta lógicamente a la prestación básica de la cartera de los servicios del Sistema Nacional de Salud, que también habría que computar como
parte importantísima del gasto para atender a los que padecen esa enfermedad de la drogodependencia.


Ustedes han hablado de recortes del 40 %, pero era porque tampoco gestionaban bien el dinero. Es mi opinión y es la opinión que el Partido Popular puede dar al ver el análisis, porque me he preocupado de hacerlo. Es decir, nosotros no nos
basamos en una suposición. Ustedes ahora critican lo del alcohol. Yo soy alcalde de mi pueblo y en la vida aprobé un botellódromo. Sin embargo, el Partido Socialista presentó en un pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre hace ya unos pocos
años, aparte de otras consideraciones, aprobar un botellódromo. Vaya usted a Granada y verá el problema que hay allí, gordísimo. El problema del alcohol es gravísimo y es un problema que tenemos que atajar y tenemos que resolver entre todos, desde
luego, desde el consenso, desde la unidad. Pero está claro que ustedes tienen otras formas. Ustedes critican ahora esto, pero antes se les ocurrió que hubiera un botellódromo para que los jóvenes hicieran botellón. Sin embargo, nosotros nunca
hemos aceptado esas tesis y al final los

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resultados nos demuestran que teníamos que evitar facilitar el acceso al alcohol a los jóvenes. Por tanto, nosotros nos basamos en la información que recabamos de estadísticas y para eso tenemos precisamente la Red de Alerta Temprana y el
observatorio. Vamos a destinar más de un millón de euros a conocer esa información, que también pondríamos en manos de Europa y de la ONU; una información objetiva, fiable, de calidad, comparable, lógicamente buscando siempre que la formulación de
políticas esté basada en datos contrastados, y no en suposiciones o en ocurrencias, porque eso al final lleva a cometer errores que pueden ser bastante letales para nuestra juventud.


Por lo tanto, no hay problemas de consenso. Yo diría que, si lo analiza, señora Gallego, verá que cuando usted se incorporó a esta Comisión fue precisamente cuando se puso en peligro el consenso que siempre hemos tenido en ella. Recuerdo
que al delegado del Gobierno le hice llegar catorce o quince veces modificaciones del borrador inicial, que estaba prácticamente consensuado y aceptado por todo el mundo. Al final, lo conseguimos, pero usted precisamente fue entonces como el chino
que siempre está dando. (La señora Gallego Arriola: Si quiere, asentimos y ya está. Siempre con el rodillo.) Rodillo, no; simplemente digo lo que sucedió. Nosotros aceptamos muchas de las propuestas que usted hizo cuando ya prácticamente estaba
casi todo aceptado. Se trataba de una ponencia de estudio y, por cierto, el Gobierno lo ha tenido en cuenta para que se incluya una partida importante.


Creemos que la coordinación con las comunidades autónomas está garantizada en este país. Han mejorado las relaciones de coordinación. Puede que haya alguna comunidad que quiera inventarse algo nuevo, por ejemplo, esto de los clubes
cannábicos, pero, desde luego, el Gobierno tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer y que hay que aplicar la ley en todos sus aspectos.


En cuanto a la ley del alcohol, habrá que hacer modificaciones o no, ya se verá. Estamos ya a final de la legislatura y no nos va a dar tiempo a hacer esta ley, una ley que ustedes también empezaron y no terminaron. Es difícil, es
complicada, requiere mucho consenso y hay que escuchar a todo el mundo. Yo creo que en la próxima legislatura se podrá conseguir.


La imagen de España en el mundo es muy positiva. El pasado día 30 de julio se presentaron unas propuestas a la Unión Europea y estamos convencidos de que van a ser aceptadas. España es un referente a nivel mundial. A esta Comisión -usted
lo sabe- han venido autoridades internacionales, han venido de la oficina de la ONU, han venido desde Viena, desde Estados Unidos. En fin, usted lo sabe perfectamente, es un referente cómo funciona España en este tema después de treinta años. Y el
logro es de todos y tenemos que seguir en esa línea, y ahí vamos a continuar.


No voy a entrar en la UTE de Villabona, sobre la que se ha debatido catorce veces, y otros asuntos, como el tema del cannabis.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Concluya, por favor.


El señor VILLANOVA RUEDA: El cannabis está ahí. Ustedes liberaron las drogas de alguna manera, aunque sean blandas. Hace muchísimos años ustedes querían que el porro fuera de consumo generalizado y han ido modificando la norma a la vista
de los resultados; lógicamente, basándose en la evidencia científica y en los datos, que es como hay que hacer las cosas, porque si no lo que hacemos es poner en peligro la salud de los ciudadanos, y, desde luego, nosotros, el Partido Popular, no
lo vamos a permitir, y menos con los jóvenes, como está sucediendo con muchos adolescentes.


Quiero hacer tres preguntas. Iba a hacer muchas más, tenía ocho preparadas, pero el delegado del Gobierno ya me ha contestado.


En el año 2016 termina ya la estrategia nacional por la que hemos estado funcionando y trabajando durante todos estos años. Entre sus objetivos figura el inicio de la preparación de la siguiente estrategia 2017-2024. ¿Puede avanzarnos los
términos en que está previsto abordar dicha planificación? Eso es lo que toca, esta estrategia, este plan de acción termina en 2016. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno, en qué está trabajando, en qué línea se va a mover?


Por otro lado, puesto que soy alcalde, ¿puede decirnos si está previsto a corto plazo que a los municipios que no pueden acceder a las convocatorias de ayudas para las corporaciones locales -por ejemplo, municipios como el mío, que tiene
40.000 habitantes, no 100.000, cuando la comunidad autónoma tampoco nos trata muy bien, la Comunidad Autónoma de Andalucía- se les va a seguir ayudando y si va a aumentar algo la partida destinada para los municipios más pequeños?


Usted ha mencionado casi de pasada que espera incorporar un nuevo recurso en 2016 al Observatorio Español sobre Drogas y me gustaría saber por qué esa posición y cuál está siendo actualmente el papel de España en la generación de información
útil para nuestro país y la Unión Europea. Antes he mencionado

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la presentación del 31 de julio, parece que hay buenas expectativas acerca de que vamos a obtener una respuesta positiva a nuestras propuestas, pero me gustaría saber algo más.


Muchas gracias y disculpe la señora Gallego si le he dicho algo que no le ha gustado. (La señora Gallego Arriola pide la palabra.)


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): ¿Sí, señora Gallego?


La señora GALLEGO ARRIOLA: Señor presidente, solicitaría que se quitara del acta la frase que ha dicho el portavoz del Partido Popular acerca de que los socialistas queríamos que se liberara el porro.


El señor VILLANOVA RUEDA: A lo mejor me he confundido con los comunistas, no lo sé.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): ¿Lo acepta el portavoz del Grupo Popular? (Asentimiento.)


Tiene la palabra el señor Babín.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Babín Vich): Voy a ver si a las 17:05 soy capaz de ser sintético. Perdonen, pero no se lo garantizo; lo voy a intentar, eso sí.


En primer lugar, quiero agradecer el marco y el tono de las intervenciones, lo digo muy sinceramente. Creo que tenemos muchísimo más en común en el mensaje, aunque tengamos que significar a veces diferencias, pero muchísimo más en común que
en el posible disenso o en la posible discrepancia. Y esto no lo digo -y perdón por el paréntesis- porque en algún momento me haya parecido que la portavoz del Grupo Socialista diferenciara entre delegado y proyecto. Delegado y proyecto son lo
mismo a los efectos de esta comparecencia, aunque agradezco el comentario, si lo he entendido bien, sobre cierto reconocimiento al esfuerzo. Vamos a decirlo desde esa perspectiva, si me lo permite, y no le voy añadir ningún otro calificativo.


Pero, señoría, empezando por el orden de intervención, tengo que reconocer que en la suya ha habido algunas cosas que me han sorprendido; otras no, otras -honestamente- las esperaba. Yo ya sabía que daba igual la consignación, las cifras
que hubiera tenido el presupuesto; sabía perfectamente que a su señoría no le iban a gustar. Es lo que toca, se asume y ya está. Pero me ha dolido -fíjese la palabra que uso- que usted me haya acusado de romper el consenso. Eso me ha dolido en
lo personal, porque si se ha roto algún consenso en esta legislatura será que usted lo acabe de romper, porque, desde luego, a mí no me consta que haya habido ocasión, momento o circunstancia en la que, por decirlo de manera gráfica, nos hayamos
tirado los trastos a la cabeza y hayamos decidido que dejamos de empujar esto de la mano, como hemos hecho todos en los últimos treinta años porque creemos en ello y porque creemos que es francamente necesario. Así ha empezado usted, diciendo que
les importan estas políticas, que son de una importancia vital, que estamos ante un problema de salud pública. Sabe señoría que opinamos exactamente lo mismo. Entonces, yo me quedo preocupado por saber en qué hemos roto el consenso. Si se refería
su señoría exclusivamente a que no le gustan las cifras que yo he traído aquí, vale, me relajo, discrepancia esperable. Ahora bien, si se refiere a otra cosa, de verdad que me quedo muy muy preocupado. Yo quiero pensar que no es así, que
efectivamente todas y cada una de las veces que tengamos oportunidad de colaborar desde nuestras respectivas posiciones en la identificación de objetivos comunes y del modo de alcanzarlos vamos a seguir compartiendo la inmensa mayor parte del
planteamiento, si no el global, acerca de cuál es el lugar en el que queremos estar y creo que también de por dónde tenemos que ir.


No hago ningún ejercicio de adivinación, pero, viendo las preguntas que nos plantean, es presumible por dónde pueden ir también estas intervenciones y lo de la pérdida de la condición de referente internacional también me lo esperaba.
Sinceramente, creo que no es así, en absoluto. No solo creo que no es así, sino que intento ser honesto y darle a cada uno lo suyo, y la penúltima delegada del Gobierno socialista -para ser explícito, Carmen Moya- tuvo una iniciativa magnífica para
este país, que fue empeñarse en que la Comisión Europea nos otorgara el liderazgo de un proyecto que se llama Copolad y que nos referencia como líderes frente a toda Latinoamérica -en aquel momento Latinoamérica, no el Caribe, por problemas de la
Comisión Europea, no por problemas del proyecto-. Carmen Moya tuvo esa iniciativa, la peleó, la luchó y consiguió que se adjudicara el proyecto. Pero el proyecto lo hemos gestionado nosotros, nos ha tocado. Igual que reconozco esa parte,
reconózcasenos que nos ha correspondido gestionarlo en su desarrollo, por ley natural, por el hecho de las anualidades en las que se desarrollaba. Pues bien, señoría, la evaluación de la gestión de ese proyecto por parte de todos los países
beneficiarios

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ha hecho que este proyecto haya sido elegido por la Comisión Europea como referente a nivel mundial de cómo se tiene que desarrollar un proyecto. Y nos coloca, sin ninguna duda prácticamente - y subrayo prácticamente por si los hados me
traicionan-, como referentes para ser los líderes de Copolad II, un proyecto en el que, por solo dar un dato, hemos tenido que pedir a la Comisión Europea que nos permitiera hacer un consorcio más amplio que el que las propias bases estipulaban.
¿Por qué? Porque todos los países latinoamericanos quieren estar con España en ese proyecto. Pero no tenemos liderazgo.


No sé, señoría, yo creo que hay que decir cosas, hay que atacar por determinados sitios y comprendo efectivamente que se hagan estas manifestaciones, pero, sinceramente, no responden en absoluto a la realidad. Me duele un poco más porque su
señoría lo ha preguntado primero por escrito y le hemos dado información para aburrir, exhaustiva, y, no obstante, como hay que encontrar algún argumento, lo volvemos a manifestar. De todos modos, insisto en que lo que más me preocupa es lo de la
ruptura del consenso. Yo espero que haya sido simplemente una forma de manifestarse, no una manifestación de voluntad de romper el consenso de treinta años en ese sentido. El resto de la intervención es la misma intervención de lo que su señoría y
yo debatimos hace diez meses, hace veintidós meses y creo que hace treinta y seis meses; creo que su señoría ya estaba en ese momento como portavoz. Fíjese, tan es cierto esto que estoy diciendo que me ha vuelto usted a preguntar por reformas de
la ley del fondo cuando ya estaban incorporadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015. Es decir, es que eso yo ya lo expliqué el año pasado y efectivamente esa ley se aprobó y esas reformas se han introducido y son ya ejecutivas,
aunque haya que hacer más reformas, y luego le comentaré en qué sentido creo que hay que seguir haciendo reformas, obviamente ya en el marco de la próxima legislatura.


¿Instrumentos normativos? Pues sí, ya he explicado en comparecencia, y además de presupuestos, qué modificaciones normativas introducíamos en la ley, y el mero hecho de la aprobación del proyecto que las contenía da como resultado el que
esas modificaciones ya estén en vigor. ¿Sabe lo que está ocurriendo con eso, señoría? Que ya no tenemos la obligación, como teníamos antes, por poner un ejemplo, de que cualquier bien que nos asignara un juez lo tuviéramos que integrar, aunque
luego costara más dinero deshacerse de él por imposibilidad de encontrarle un valor de mercado y algún beneficio que pudiéramos obtener. Es decir, aunque sea en el sentido negativo, aunque sea por menor gasto de gestión, estamos rentabilizando los
bienes del fondo. Y ya ha habido ocasiones en aplicación de la nueva normativa en que hemos comunicado a los juzgados que se rechazaba la integración en el fondo de tal o cual bien que se nos había atribuido por sentencia precisamente por no
corresponder su incorporación al fin último que el fondo persigue, que es la posibilidad de distribuir mayores réditos entre aquellos que son beneficiarios de las políticas de drogas.


Entonces, dentro de ese repetir, volvemos a insistir en lo que ya se habló en relación a las reducciones con respecto a 2011. Porque, señoría, no hemos reducido paulatinamente; no, hemos reducido de una vez, vamos a decirlo a las claras.
Redujimos en 2012, porque en 2013, 2014 y 2015 el presupuesto ha sido el mismo. No es una reducción paulatina, no, se redujo una vez, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Efectivamente, ustedes lo habían reducido y nosotros
llegamos y lo volvimos a reducir, si bien es cierto -y no voy a reiterar algunas de las intervenciones que aquí ya se han producido- que yo también podría hablar de niveles de ejecución. Su señoría me ha preguntado sobre la ejecución de este año.
Evidentemente, la de este año no la he traído, por una razón obvia, y es porque, por ejemplo, a primeros de septiembre aparecerán las convocatorias de subvenciones de corporaciones locales y de proyectos de investigación, si no antes, probablemente
incluso la semana que viene, y eso hace que una partida que ahora mismo está gastada al cero por ciento pase a estar comprometida al cien por cien. Por supuesto, le mandaremos esos datos sin ningún problema. Sí le voy a decir algo que creí que me
iba a preguntar porque me lo ha preguntado otros años y sobre lo que lógicamente sí traía el dato: la ejecución del presupuesto de la delegación del año 2014, es decir, del último ejercicio, ha sido del 99,4%. Le puedo garantizar -si quiere entro
en detalle, aunque, si no, no reproducimos los debates anteriores- que no se parece en nada -por más, evidentemente- a la ejecución del último año en que ustedes gobernaban respecto de los créditos asignados a la delegación del Gobierno.
Simplemente diré eso, no se parece en nada, taxativamente lo digo, para bien. Porque además cuando debatimos sobre si hemos disminuido o no hemos disminuido las cantidades que se transfieren a las comunidades autónomas, que sí que ustedes las
disminuyeron y que nosotros las hemos vuelto a disminuir una vez en el año 2012 -ya lo he dicho-, volvemos de nuevo a los mensajes generales: ¿Creen que con esto las comunidades autónomas van a hacer prevención? Señoría, no es para eso, no es para
hacer asistencia. Es para la implementación de las acciones que implica el desarrollo de la estrategia nacional sobre drogas, que no es hacer prevención, que

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no es hacer asistencia. No nos equivoquemos. Creo que es sin ánimo de querer equivocarse -lo digo sinceramente-, pero no nos equivoquemos, porque una cosa es impulsar la coordinación de la prevención, por ejemplo, elaborando mapas de
riesgo, por ejemplo, trabajando los criterios en virtud de los cuales los programas de prevención se han mostrado más eficientes o menos eficientes, y otra cosa es ir a los centros educativos a hacer programas -por cierto, programas mantenidos en el
tiempo, no charlitas que no valen para nada, lo que es responsabilidad de las comunidades autónomas- o prestar asistencia a personas que tienen un problema de adicción, que es responsabilidad de las comunidades autónomas. No me pregunte su señoría
si con esto vamos a hacer, porque no es para eso; lo tienen que hacer con sus recursos. Si no, nos ocurren cosas como la siguiente, y es que yo he tenido en algún momento, entre comillas, que soportar alegatos de algunas comunidades autónomas que
han dicho explícitamente que han tenido que reducir el presupuesto porque no se lo han reducido desde la delegación en las transferencias que se las había hecho. Yo tengo aquí dos comunidades autónomas -si su señoría me lo permite, no voy a decir
cuáles son- y, por ejemplo, una de ellas en el año 2013 con respecto al 2011 recibió 340.000 euros menos desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Me refiero a Presupuestos Generales del Estado, no al Fondo de bienes
decomisados. Disminuyó su presupuesto asistencial, el de su correspondiente responsabilidad, según lo que publica de presupuestos ejecutados esa misma comunidad autónoma, de 4.435.000 euros a 759.000; 3.700.000 euros de diferencia. Y esa
comunidad dice públicamente en los medios de comunicación que ha reducido el presupuesto porque hemos reducido la transferencia desde la delegación de Gobierno, que además no es para financiar esa función. Vamos a ver si realmente atribuimos a cada
uno lo que es lo suyo. Sí, nosotros redujimos el presupuesto en el año 2012, porque era necesario para contribuir a los objetivos de cumplimiento de déficit. A partir de ahí no se ha reducido ni un euro más. Es más, con las aportaciones del fondo
determinadas partidas no han dejado de aumentar desde el año 2012, como ya he intentado señalar anteriormente. Señoría, usted me dice que pensaban que en el presupuesto iban a encontrar otras programas. A ver, señoría, lo intento explicar de otra
manera, porque es que a veces es un poco desesperante, porque uno cree que se explica y luego se da cuenta de que no, de que debe de ser que no nos explicamos.


Señoría, nosotros impulsamos una serie de programas cuya concreción en el marco de la estrategia del plan nacional depende de terceros. Me explico: yo no puedo predefinir qué me van a pedir las organizaciones no gubernamentales para
desarrollar, yo no puedo predefinir qué programas me van a presentar las comunidades autónomas para ser financiados. Yo parto de una premisa: si esos programas están alineados en objetivos con aquellos que nos hemos dado entre todos en el marco de
la estrategia y del plan de acción, son válidos, son oportunos y habrá que evaluarlos técnicamente, y si son viables, financiarlos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos de antemano pintar cantidades específicas para cometidos
específicos, salvo que fuera una cantidad tan simbólica que realmente no dejaría de ser un brindis al sol. Porque lo que ocurre es que a nosotros nos demandan, nosotros evaluamos técnicamente y nosotros financiamos.


Por darle algún dato: me comentaba usted sobre prevención del consumo de alcohol. Simplemente para hacernos una idea, en el plan de acción hay siete acciones relacionadas con la prevención del consumo, en relación con los menores en
situación de vulnerabilidad, en relación con la prevención familiar universal, con el análisis y mejora de la normativa, con la prevención comunitaria en el ámbito laboral, con la detección e intervención precoz con menores, con la prevención en el
sector hostelero y con la seguridad vial y el consumo.


Pues señoría, en el marco de las distintas convocatorias y programas que financiamos, en el año 2013 a estos fines del plan de acción hemos destinado 9.815.008 euros; en el año 2014, 9.542.695 euros; y en el año 2015, donde solo están
algunas convocatorias resueltas, porque otras todavía están por resolver, ya llevamos asignados para esta finalidad 10.081.816 euros. Es decir, en esos tres ejercicios de la legislatura, hay cerca de 30 millones de euros destinados a los programas
de prevención del consumo de alcohol. Por tanto, no me pida usted que haga lo que no puedo hacer, que es arrogarme la capacidad de decidir yo lo que los demás me tienen que pedir. Pero que evidentemente lo estamos financiando y estamos dedicando
los recursos necesarios para ello, está tan claro como los datos que le acabo de dar.


Y en la misma línea -ya lo ha dicho el diputado portavoz del Grupo Parlamentario Popular y no voy a insistir en ello- no me meta usted en el mismo saco de la rehabilitación y reinserción de los problemas jurídico-penales, que financiamos en
el marco de la estrategia, a la UTE de Villabona, que depende de

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Instituciones Penitenciarias, cuyo presupuesto no va a encontrar usted en el presupuesto de la delegación. Y lo sabe de sobra, pero de todos modos lo dice.


Señoría, en definitiva, esto es como un déjà-vu. Al final, y creo sinceramente que será así, con lo que me quedo es con que hemos aprobado un plan de acción por consenso, que sus señorías -y en eso desde luego yo no tengo ninguna
responsabilidad, aunque me congratulo de ello- han aprobado un informe de la ponencia con una sola abstención y con el apoyo de todos los grupos. Por cierto, gracias por la puntualización. No está aquí presente, pero, señorías, me preocupa, se lo
digo por si tienen oportunidad de comentarlo en el ámbito de la Comisión mixta, que otros grupos que hoy no han estado aquí en esta comparecencia aprueben ese dictamen de la ponencia y luego nos presenten PNL que dicen exactamente todo lo contrario;
porque, señoría, respecto a las suyas nunca hemos dicho no; a lo mejor alguna vez sí. No, no, discúlpeme, me corrijo a mí mismo: claro que habrá habido ocasiones que hayamos dicho que no. Pero otras veces, muchas, lo que hemos propuesto es que
se fuera a un texto transaccional. ¿Por qué? Porque yo tengo una máxima, que no es por mí, es por la gente que trabaja en el ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, no de la delegación, sino de todo el plan nacional. Cuando sus señorías nos
presentan una propuesta para empezar a hacer, si es que a veces se lleva haciendo tanto tiempo que ni siquiera lo empezamos nosotros, lo empezaron ustedes. Entonces, reconozcamos lo que está hecho, aunque digamos que hay que hacer más, que hay que
hacerlo mejor o que hay que hacerlo más eficiente. Pero por respeto a quienes llevan muchos años haciéndolo, sinceramente me muestro pocas veces a favor de aceptar una proposición que insta a hacer lo que ya se está haciendo. Eso nos ha ocurrido
con bastante frecuencia en relación a las proposiciones del Grupo Parlamentario Socialista. Al menos es mi opinión, y lo digo con todo el respeto, y por supuesto también desde el respeto a la iniciativa que sus señorías tienen reconocida, faltaría
más. Mi misión ahí no es otra que informar.


No voy a extenderme mucho más, porque creo que la hora ya aconseja que vayamos terminando, pero sinceramente -si su señoría me lo permite le invito otro día a tomar un café y me lo comenta relajadamente-, ¿en qué, en materia de drogas, hemos
incrementado la represión? Usted ha dicho que hemos ido hacia temas represivos. ¿En qué hemos incrementado la represión que a usted verdaderamente le parezca que no es una medida acertada? No hay réplica y contrarréplica, con lo cual, si su
señoría me lo admite, yo de mil amores la invito a un café y lo hablamos, porque no soy en absoluto consciente de a qué se refiere. Si se refiere a que un informe de la delegación del Gobierno hecho en etapa socialista dice que los programas de
exención de multas por consumo en la vía pública aplicados a mayores de edad no sirven absolutamente para nada, como manifiesta la inmensa mayor parte de quienes fueron encuestados a instancias de la delegación del Gobierno dirigida por el Gobierno
socialista, si usted se refiere a que hemos quitado esa posible exención, se lo digo, sí, señoría, la hemos quitado. Era un choteo, que me perdone la Presidencia y que me perdonen los taquígrafos por la palabra que acabo de usar. Ahora, en menores
hay que extremar hasta la última oportunidad. Y eso hemos hecho: diferenciar, diferenciar. No sé si se refería exactamente a eso.


Hay dos cuestiones que sí me parecen importantes, porque realmente hemos puesto mucho empeño en ello. Consejo asesor: el proyecto de real decreto por el que se desarrolla -porque le recuerdo, señoría, que el consejo está creado en la ley-,
estamos esperando simplemente la respuesta del Consejo de Estado para llevarlo a Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y posteriormente a Consejo de Ministros. Por tanto, yo estimo que quedará aprobado y constituido en esta
legislatura. Respecto al proyecto de ley de alcohol en el marco de la estrategia y del plan, señoría, lo llevamos muy bien, porque hemos conseguido algo que no se había conseguido hasta esta fecha -iba a decir algo que no diré- y es que ahora
tenemos un consenso por escrito de todos los sectores de interés con relación a las bases que tiene que contemplar ese proyecto. Es obvio, señoría, que ya no estamos en tiempo para incorporar ese proyecto al debate legislativo, pero es obvio que
con ese consenso estamos en las mejores condiciones para que a lo largo de 2016, si los ciudadanos con su voto lo permiten, podamos llevar ese anteproyecto al debate parlamentario con la base de ese consenso y cumplir dentro del desarrollo de la
estrategia y del plan de acción, hasta diciembre de 2016, con el objetivo fijado. ¡Ojalá! Y digo más, y a lo mejor es un atrevimiento por mi parte, ojalá lo pueda impulsar, y si no, ojalá quien me suceda en el puesto parta de esa ventajosísima
posición para hacer lo que realmente es muy necesario hacer. Coincidimos, señoría, totalmente en ello.


Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo primero de todo, he de decirle que no puedo estar más de acuerdo con su señoría en muchas de las cosas que ha comentado, y que yo mismo he utilizado para la respuesta a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Sus referencias a la visita de don Yuri

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Fedotov, secretario ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, y lo que dijo delante de los parlamentarios de la Comisión -creo recordar que el día que se estrenaba como portavoz la hoy portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista- respecto de las políticas de drogas de España y el reconocimiento que él hizo de manera notable en sede parlamentaria a las políticas de España, pues ya explica, junto lo que yo he comentado de Copolad y muchas otras cosas
que no desarrollaré por falta de tiempo, el predicamento que a nivel internacional tiene el Plan Nacional sobre Drogas y el papel, lógico, que la delegación juega para que eso sea así. Igual que su señoría se ha referido a Villabona y otra serie de
cosas y yo ya no lo reitero, simplemente quiero manifestar que lo comparto, como no puede ser de otra manera, absoluta y plenamente.


Voy a aprovechar el último minuto, señoría, para contestarle brevemente a las tres preguntas que usted me ha planteado. La primera, me pregunta su señoría cuál puede ser el mecanismo para preparar la nueva estrategia nacional. Yo quiero
pensar que vamos a seguir en el consenso. Señoría, con el segundo plan de acción cuatrienal de la estrategia hemos ensayado una metodología que yo creo que está rindiendo un resultado magnífico, que es la de la corresponsabilización tanto en la
elaboración como en la posterior ejecución. Los grupos de trabajo que están funcionando con referencia en la delegación, pero en todo caso muchas veces liderados por comunidades autónomas o sociedades científicas y demás, están rindiendo a un
altísimo nivel. Lo hemos visto antes por la lista de productos que ya tenemos aprobados y que ya están concluidos. Por tanto, bajo ningún concepto me plantearía otra cosa que no fuera la de mantener, incluso incrementar en la medida de lo posible,
el alto grado de implicación que ya provocamos para poder decir, como hemos dicho en distintos foros, que este plan de acción ha sido el plan más coparticipado de toda la historia del Plan Nacional sobre Drogas. Pero además tenemos que incorporar
otra cosa, y esa sí que surge de la experiencia y de la visualización de cómo se ha ido desarrollando la estrategia y el plan a lo largo de esta legislatura, y es imprescindible que lo hagamos. Me refiero a la normalización y normativización de
algunas cosas que hoy son aparentes consensos, pero muy débiles.


Por ejemplo, he dicho y mantengo -no significa ni muchísimo menos que esté rectificando- que el sistema de alerta temprana para la detección de nuevas drogas está funcionando muy bien; lo hemos puesto en marcha en 2012 y está funcionando
muy bien. Nos han felicitado desde el contexto internacional por cómo está funcionando y cómo estamos contribuyendo a la información que circula en todo el ámbito de la Unión Europea, muchas veces determinante para salvar vidas. Pero hay una cosa
que me preocupa, y siento que no haya ningún representante aquí de los grupos parlamentarios catalanes, porque también veníamos obteniendo una información muy cumplida durante muchísimos años, por ejemplo, sobre mortalidad, sobre urgencias, y de
repente Cataluña ha manifestado una imposibilidad de seguir notificando esos indicadores, por un planteamiento de los propios profesionales que dudan de si se está respetando o no la ley de protección de datos, lo cual no puede ser más que una
auténtica excusa, cuando no se transmiten datos personales en esa información. Es tan obvio, es tan obvio que hay que decirlo, y hay que decirlo con fortaleza. Por tanto, tenemos que avanzar en cosas que hay que hacer, porque los sistemas de
notificación de que disponemos, que son una joya, tienen que pasar a formar parte de un sistema normativizado y normalizado de vigilancia en materia de drogas.


Luego hay otro grandísimo reto para el nuevo plan, para la nueva estrategia. Precisamente respecto de las nuevas sustancias, sus señorías saben, porque además ha sido un tema que se ha planteado en alguna ocasión en la Comisión mixta, que
el Gobierno de España manifestó su posicionamiento a favor de la propuesta de la Comisión Europea de generar un reglamento sobre nuevas sustancias que permitiera acometer el problema con inmovilizaciones rápidas de toda aquella sustancia que
supusiera un riesgo para la salud. Pues tenemos que manifestar que, casi cuatro años después, ese reglamento no camina porque los distintos países de la Unión Europea no hemos sido -me atribuiré la parte de culpa que me corresponda- capaces de
ponernos de acuerdo en el cómo. Esto no puede esperar más. Y esto unido a que tenemos una ley de estupefacientes del año 1967, yo creo que justifica por sí mismo que el primer objetivo de la nueva estrategia tenga que ser una revisión de la
legislación sobre drogas en el Estado español y la normalización dentro de ella, con sus correspondientes desarrollos reglamentarios, de los sistemas de detección, alerta y epidemiológicos que sirvan para la toma de decisiones en cuanto a las
políticas de drogas.


¿Corporaciones locales? Sí, el día 31 de agosto, según esperamos, puesto que así nos lo ha notificado la Federación Española de Municipios y Provincias, se hará pública una convocatoria para municipios -por cierto de más de 20.000
habitantes, con lo cual es obvio que Alhaurín de la Torre, con 40.000, estará

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incorporado-, en la que hemos destinado dentro del convenio con la FEMP la mayor cantidad de ninguna de las líneas de subvención que en ocasiones anteriores se ha utilizado para programas de prevención, con un límite máximo de 220.000 euros.
Por tanto, antes de que finalice el año esa convocatoria ha de estar resuelta y ese dinero transferido a los ayuntamientos para desarrollar políticas de prevención.


Por último, creo recordar que me hizo usted una tercera pregunta sobre la estrategia sobre corporaciones locales. Me preguntó que por qué habíamos elegido el observatorio para incorporar un nuevo profesional. Primero, su señoría sabe que
este Gobierno -es lógico que así sea- está siendo muy restrictivo respecto de cualquier aumento de plantilla y demás, pero precisamente el incorporar dentro del observatorio el seguimiento de la situación con relación a los temas de ludopatía, con
relación a los temas derivados del uso de las nuevas tecnologías siguiendo las recomendaciones, y además el convertirlo en el punto central sobre el que pivota toda la Red de alerta temprana española en materia de nuevas drogas, de nuevas
sustancias, obligaba necesariamente a un refuerzo a ese nivel, si queremos seguir cumpliendo con el altísimo nivel de calidad y también de autoexigencia con el que estamos funcionando en estos temas. Por eso se ofreció la oportunidad dentro de la
OPE 2015, y no tuvimos ninguna duda en que ese tenía que ser el lugar, si bien también es cierto que quiero manifestar que en este momento la plantilla de la delegación está prácticamente al 100 %, cosa que no había ocurrido desde hace varios años.
Entre una cosa y otra podemos estar satisfechos y seguir manteniendo los altos niveles de compromiso que este Gobierno, que el ministro, la secretaria de Estado y, como no podía ser de otro modo, este delegado del Gobierno quieren para el desarrollo
de la estrategia y del plan de acción.


Señorías, no insisto más, ya me conocen, podría estar horas, pero no insisto más porque creo que he podido manifestar de manera bastante nítida, y espero que comprensible, mis respuestas y apreciaciones a los comentarios de los distintos
portavoces. Así que muchas gracias por sus intervenciones y muchas gracias, presidente, por permitirme extender todo este tiempo mi intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Gracias a usted, señor Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Era la última comparecencia de esta larga Comisión, ocho horas y cuarenta minutos. Doy las gracias a los
miembros del Grupo Socialista y del Grupo Popular que han estado presentes en todas las comparecencias, y por supuesto al señor letrado, que no se ha movido en todo el día de su asiento, y también a los taquígrafos que nos han asistido.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.