CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 880

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 42 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

19 de agosto de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (Número de expediente 121/000163):


- Del señor secretario de Estado de Empleo (Riesgo Figuerola-Ferreti). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002443), Socialista (números de expediente 212/002373 y 212/002376), Mixto
(número de expediente 212/002318) y Catalán de Convergència i d'Unió (número de expediente 212/002496) ... (Página2)


- De la señora secretaria general de Inmigración y Emigración (Del Corral Téllez). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002445) y Socialista (número de expediente 212/002375) ... href='#(Página19)'>(Página19)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2016. (Número de expediente 121/000163).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (RIESGO FIGUEROLA-FERRETI). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002443), SOCIALISTA (números de expediente 212/002373 y 212/002376), MIXTO
(Número de expediente 212/002318) Y CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I D'UNIÓ (Número de expediente 212/002496).


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la Comisión.


Señor secretario de Estado, lo primero que quiero hacer es felicitarle por su designación y desearle el mayor de los éxitos en pro del empleo para toda nuestra ciudadanía, para todo el país. Queda poco tiempo pero sin duda estamos viviendo
momentos políticos intensos y legislativos densos, como podremos comprobar la semana próxima con un proyecto de ley en esta misma Comisión. Hasta el último momento se está trabajando y yo creo que eso es bueno y que además lo hagamos todos.


Hoy nos tocan, en el trámite del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las comparecencias, que en nuestro caso, como todos ustedes saben, el secretario de Estado de Seguridad Social la hace en sede de la Comisión de Presupuestos
tradicionalmente y el resto de los secretarios de Estado lo hacen aquí, en esta Comisión de Empleo y Seguridad Social. El primer compareciente es don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti y sobre su comparecencia hay cuatro peticiones de los diversos
grupos parlamentarios: el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d' Unió, que espero se incorpore a la Comisión, ya que el señor Campuzano está
ahora interviniendo en la Comisión de Presupuestos con el secretario de Estado de Seguridad Social.


Como ustedes saben, estas comparecencias no son concebidas reglamentariamente como de debate, sino de información. De lo que se trata es de que se provea a los diversos grupos del mayor nivel de información posible en relación con el
presupuesto que ha presentado el Gobierno, las diversas partidas y dotaciones presupuestarias, los programas, el conocimiento de por qué o cómo han evolucionado en el pasado inmediato los que se han venido desarrollando. En esta labor ustedes
formulan las preguntas que les parezcan oportunas, y en aquellas que no esté en disposición el señor secretario de Estado de dar cumplida cuenta verbal en este acto, como ustedes saben, lo hará en cuarenta y ocho horas bajo la forma escrita. Yo
solicito a los portavoces de los grupos que si quedan en el tintero preguntas nos las pasen en papel para que haya constancia en la Mesa y así se traslade al Gobierno y se pueda cumplir con este trámite y este requisito de información.


Sin más, como saben perfectamente -lo digo especialmente por el señor Larreina, que no es habitual en esta Comisión-, el tiempo máximo de intervención por los grupos parlamentarios es de diez minutos y el Gobierno tiene la posibilidad de
intervenir o esperar a dar respuesta a las preguntas que se le deseen formular. Yo le daré la palabra al secretario de Estado por si quiere hacer una exposición previa, que por otro lado es habitual pero en modo alguno es obligatoria. De manera
que lo haremos así. Yo le ruego, si es posible, síntesis, porque nos han otorgado una hora para esta comparecencia antes de la siguiente. Evidentemente, no va a durar una hora, nos va llevar necesariamente más tiempo cumplir adecuadamente con esta
comparecencia.


Señor secretario de Estado de Empleo, si quiere tiene usted la palabra para expresar lo que le parezca oportuno con relación al presupuesto de su departamento para el año 2016.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferreti): Muchas gracias, señor presidente, por los comentarios iniciales de agradecimiento y la felicitación por el nombramiento.


Comparezco, como ha dicho el presidente y como saben, a solicitud de varios grupos parlamentarios para presentar el proyecto de ley de presupuesto generales de la Secretaría de Estado de Empleo para 2016. Aprovecho la ocasión para saludar a
todos ustedes y en especial a aquellos con los que desde que tome posesión como secretario de Estado hace dos meses no he podido aún tener contacto. Me acompañan en la sala la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes
Zatarain; la

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directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero; la secretaria general del Fondo de garantía salarial, Gloria Redondo, y el director del gabinete de la secretaría
de Estado, Beltrán de la Torre, todos ellos también a su disposición. A ellos y a todos ustedes les agradezco la presencia hoy aquí en esta sesión extraordinaria, si se me permite, de este miércoles 19 de agosto.


En primer lugar, quería hacer un análisis de contexto en el que se presentan estos Presupuestos Generales del Estado, para pasar a continuación a presentar los principales elementos que conforman las partidas del mismo y para finalmente,
como no puede ser de otra manera, ponerme a su disposición para responder a sus preguntas u observaciones.


Señoras y señores diputados, voy a hacer ahora este análisis de contexto. Asistimos hoy a una sesión extraordinaria de presentación de los presupuestos para el ejercicio 2016. Antes de adentrarnos en el análisis de los mismos creo que es
esencial hacer dos consideraciones preliminares. La primera de ellas es la constatación de que asistimos a una tramitación anticipada de los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno ha apostado por ofrecer certeza, seguridad y
previsibilidad a los agentes económicos ante la próxima disolución de las Cortes Generales. En definitiva, el Gobierno ha decidido dar estabilidad y generar confianza, elementos ambos esenciales para sostener la recuperación económica y la
recuperación del empleo. Hace cuatro años, en julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno convocaba elecciones generales y daba por finalizada la legislatura de manera anticipada. Ese cierre abrupto de la legislatura evitaba así presentar
precisamente en septiembre de ese año los Presupuestos Generales del Estado para 2012, los presupuestos que necesitaba nuestro país para afrontar la grave crisis económica que atravesaba. Hoy, con la economía aún dañada por el efecto de la grave
crisis económica que se inició hace siete años, pero iniciada ya una vigorosa recuperación del crecimiento económico y del empleo, el Gobierno ha tomado justo la decisión contraria, asumiendo la responsabilidad de presentar ante esta Cámara de
manera extraordinaria unos presupuestos para el año que viene, unos presupuestos adaptados a la realidad, listos para ser ejecutados a partir del 1 de enero de 2016, que permitan mantener unas condiciones óptimas de financiación, que posibiliten
destinar más recursos a gasto social y, en definitiva, que contribuyan a consolidar la recuperación.


Constatado ya este elemento, que en mi opinión, marca la presentación de estos Presupuestos Generales del Estado para 2016, quiero, en segundo lugar, de manera algo más extensa, aludir al contexto económico general y en particular al
contexto del mercado de trabajo en el que se ejecutarán estos presupuestos. Señorías, la situación en la que se encuentra la economía española ahora que presentamos el último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de la legislatura es
muy diferente a la que se enfrentaba al comienzo de la misma. Como todos ustedes saben, nuestra economía se encontraba al borde del rescate en diciembre de 2011, en recesión, y seguía destruyendo empleo tras haber incrementado el número de parados
en 3 millones y medio en toda la legislatura anterior. Hoy, sin embargo, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española, a la responsabilidad de empresas y trabajadores, a las reformas, también sin duda a condicionantes exógenos que se comportan
de manera favorable, la situación es muy diferente. En primer lugar, España ha logrado pasar de la recesión al crecimiento económico, y lo ha hecho con vigor. En estos momentos la economía española lidera el crecimiento económico de la Unión
Europea y crece casi el triple que la zona euro. Nuestra economía afianzó el pasado ejercicio la senda de progresiva recuperación iniciada en la segunda mitad de 2013, favorecida por la normalización de las condiciones financieras, el buen
comportamiento del mercado laboral y la mejora de la confianza. En este contexto, según cifras de la contabilidad nacional trimestral, el PIB en 2014 cerró con un crecimiento medio anual del 1,4%, el doble de la previsión establecida en los
presupuestos. La economía creció así el año pasado por primera vez durante un ejercicio completo tras cinco años consecutivos de caídas continuadas. El avance de contabilidad nacional del segundo trimestre de este año confirma esta aceleración con
un ritmo de crecimiento del 1% intertrimestral y del 3,1% interanual.


En segundo lugar, la situación por la que atraviesa la economía española es muy diferente a la que vivía hace cuatro años porque la mejoría de la evolución de la economía se está trasladando íntegramente al mercado laboral. Según las cifras
de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2015, en ese periodo se crearon 411.800 empleos. En términos desestacionalizados se registró un avance del 1,1%, lo cual supone duplicar el ritmo con respecto al trimestre anterior. Con
respecto al año anterior se crearon 513.000 empleos netos, lo que implica una tasa de variación interanual del 3%, coherente, por cierto, con la previsión de creación de empleo de 2015 y 2016 que contempla el cuatro macroeconómico que abordaremos
más adelante con más detalle. Por su parte, el segundo trimestre de 2015 intensificó de

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manera significativa el ritmo intertrimestral de reducción del paro, registrando una caída del 2,5% con series desestacionalizadas. El total de parados, según la encuesta de población activa, se situaba así en 5.149.000 personas, cifra
inferior en 473.000 personas a la de un año antes, lo que supone una caída interanual del 8,4%. La tasa de paro bajó 1,4 puntos hasta situarse en el 22,4% de la población activa, acumulando una reducción de 2,1 puntos respecto a la de un año antes.
Por lo que respecta a los registros publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como tuve ocasión de informar públicamente el pasado 4 de agosto, el paro registró la mayor reducción anual de la serie histórica el pasado mes de julio
con 375.000 parados menos, registrando así una variación interanual del desempleo del 8,5% y situando el nivel global de parados registrados en el entorno de los 4 millones de personas, 4.046.276. Por su parte, los salarios y costes laborales
mantienen el tono de moderación, si bien los resultados de la mayoría de indicadores salariales correspondientes a 2015 publicados muestran ligeros aumentos, que alcanzan el 0,74% en el caso de los salarios pactados en convenio hasta el pasado mes
de julio; aumentos que hacen compatibles ganancias de competitividad con ganancias de poder adquisitivo gracias al contexto de estabilidad de precios.


Señorías, ante este escenario de recuperación de la economía española en 2015 es sobre el que se asientan las previsiones macroeconómicas que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, en concreto los de la Secretaría de
Estado de Empleo que presentamos hoy. Este escenario cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Unas previsiones que se sustentan en la mejoría de la confianza y del empleo que prevé un crecimiento medio anual del
PIB en volumen del 3,3% en 2015 y del 3% en 2016. El escenario prevé, a su vez, que la recuperación de la economía española siga siendo intensiva en empleo en un entorno de moderación de los costes laborales y de flexibilidad del mercado de
trabajo. Así, se prevé que en el presente ejercicio se creen 602.000 empleos en términos EPA, permitiendo que el número de ocupados a final de año ascienda a 18.171.000, superando así el número de ocupados de finales de 2011. En media anual se
crearán, según estas previsiones, 554.000 empleos en 2015. Por su parte, la tasa de paro se reducirá progresivamente hasta situarse en el 19,7% de la población activa en 2016, muy por debajo del 22,56 con el que comenzó la legislatura.


Señoras y señores diputados, una vez descrito el contexto en el que se encuentra la economía y nuestro mercado laboral, así como las previsiones para 2016 sobre las que se sustentan estas cuentas, paso a informarles de los principales
elementos que configuran el presupuesto de la secretaría de Estado para el próximo año. Los recursos de la secretaría de Estado se destinarán principalmente a la cobertura de dos objetivos. En primer lugar, a apoyar de forma eficaz la creación de
empleo mediante unas políticas activas renovadas y continuar protegiendo a los desempleados sin recursos, mientras pasan por procesos de activación para el empleo. Para ello, la Secretaría de Estado de Empleo va a disponer de 26.375 millones de
euros el próximo ejercicio. La mayor parte de esa dotación, como bien saben, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, con 25.175 millones de euros, ya que es el organismo que sustenta la casi totalidad de las políticas de protección y
activación para el empleo. A ello se añaden 30 millones que gestiona la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas para apoyar políticas de emprendimiento. Para el Fondo de garantía
salarial el presupuesto contempla una dotación de 1.087 millones de euros, un 2,2% más que el presupuesto inicial de 2015, a fin de atender adecuadamente las necesidades derivadas del importante crecimiento que han experimentado en estos años los
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. Para las medidas laborales que gestiona la Dirección General de Empleo, fundamentalmente las ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por procesos de
reestructuración de empresas, el presupuesto destina 47 millones de euros. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo va a contar con 24,90 millones de euros, a fin de continuar
avanzando en esta materia esencial bajo los principios de la nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de abril con el acuerdo de los interlocutores sociales. Estos gastos que les
acabo de enumerar se financiarán básicamente a través de cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, así como de aportaciones del Estado. Así, la previsión para el próximo año es que el Estado aporte al presupuesto de ingresos del Servicio de
Empleo Público Estatal 4.137 millones de euros, recursos que se utilizarán tanto para prestaciones por desempleo, a fin de compensar la insuficiencia de recaudación de las cuotas por este concepto, como para financiar las políticas activas de
empleo, completando en este caso la recaudación de cuotas de formación y fondos que aporte el Fondo social europeo. Desde el Estado se van a aportar también 382 millones de euros para

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prestaciones de garantía salarial, dado que a pesar de que se prevé un crecimiento del 5% de la recaudación de cuotas, ello sigue siendo insuficiente para el pago de las prestaciones.


Una vez detallada la distribución orgánica del presupuesto de la secretaría de Estado para 2016, así como la procedencia de los ingresos, paso a informar de los elementos más representativos del citado presupuesto de acuerdo con los
programas u objetivos que pretenden atender. Quiero empezar abordando el presupuesto destinado a las políticas activas de empleo. Estas actuaciones, como saben, son esenciales para que la recuperación económica se traslade lo máximo posible y lo
más eficazmente al empleo, en especial de las personas más vulnerables. Por ello, el presupuesto para 2016 contempla una dotación para políticas activas de empleo de 5.242 millones de euros, 479 millones de euros más que el presupuesto del año
2015. Esto es un 10,03% más. Si bien es cierto que los recursos destinados a políticas activas de empleo se vieron reducidos al inicio de la legislatura por las necesarias medidas de consolidación fiscal, ahora que hemos mejorado la eficiencia y
el funcionamiento de estas políticas estamos aumentando su dotación. Me refiero, dentro de estas mejoras, como saben sus señorías, al nuevo modelo que hemos implantado y plasmado en la estrategia de activación para el empleo 2014-2016; un modelo
que permite un uso eficiente de los recursos, poniendo el acento en la adecuada identificación de las necesidades y vinculando la distribución de fondos al cumplimiento de objetivos, fruto de un minucioso proceso de evaluación. Así, los recursos
para estas políticas se incrementaron un 7,2% en 2014; un 16,8%, en 2015 y, como les acabo de decir, se incrementan en el presupuesto de 2016 en un 10%. Los 5.242 millones de euros para políticas de activación para 2016 se distribuyen de la
siguiente manera: 1.404 millones de euros para acciones y medidas de fomento de empleo, 2.203 millones para actuaciones de formación profesional para el empleo y 1.635 millones de euros para bonificaciones destinadas para fomentar el empleo
estable. Quiero destacar que, siguiendo la senda de aumento de años anteriores, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de las actuaciones alcanzará el próximo año los 2.187 millones de euros, el 73% del presupuesto destinado a
los programas de empleo y formación. Con esta cifra, la cantidad que se repartirá a las comunidades autónomas mediante aprobación de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se incrementa en 257,8 millones de euros, un 17% respecto a
la del presupuesto de 2015.


A continuación, paso a detallar las partidas presupuestarias destinadas a políticas activas de empleo de acuerdo con los ejes de actuación. En primer lugar, lo quiero hacer abordando el eje de orientación para el empleo. Los presupuestos
para activación hacen un esfuerzo sustancial en esta materia en 2016, prueba de ello es que la dotación para estas actuaciones se incrementa en 164 millones de euros, un 65%, alcanzando los 415 millones de euros. De esos 164 millones de incremento,
149 se destinarán a las comunidades autónomas para mejorar la atención de desempleados con carácter general. De ellos, el presupuesto para 2016 destinará una nueva partida de 129 millones de euros para financiar un novedoso programa de orientación
de parados de larga duración que se iniciará en 2016 y finalizará en 2018. Un nuevo programa de atención a parados de larga duración, cuya regulación será completada en el marco del diálogo social y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales con las comunidades autónomas y cuya regulación deberá a su vez ser recogida en la orden de distribución de fondos de 2016 y el Plan anual de empleo de 2016. Con este programa se pretende transferir recursos a las comunidades autónomas
para que puedan realizar un diagnóstico individualizado de empleabilidad de los desempleados de larga duración enfocado a aquellos de entre treinta y cincuenta y cinco años, acompañándolo de un diseño, de un itinerario personalizado, así como el
seguimiento del mismo. Este novedoso programa se plantea inicialmente con una duración de dos años, desde mediados de 2016 a mediados de 2018, con una financiación global de 516 millones de euros y con una estimación de potenciales beneficiarios de
1.264.000 personas. Con este plan se prevé proteger a un colectivo que, por ejemplo, no se beneficia de las ventajas contempladas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o, por ejemplo, tampoco de los subsidios para mayores de cincuenta y cinco
años. Se estima que el programa se aplique a partir de junio de 2016 porque, de experiencias anteriores, la puesta en práctica de este tipo de refuerzos en las comunidades autónomas lleva un tiempo. Además, en esa fecha se habrán podido analizar
los resultados del programa de activación para el empleo. Este programa responde al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno el 29 de julio de 2014 con los interlocutores sociales de mejorar las actuaciones en materia de orientación para
el empleo y avanzar en la modernización de los servicios de empleo público. De la misma manera, este programa se enmarca igualmente en el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo de la Unión Europea ha dado a España en el marco del
programa nacional de reformas, en concreto las recomendaciones para 2014 y 2015. La de 2014 recomendaba

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acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz y la de 2015 recomendaba tomar medidas para aumentar la calidad y la eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la
búsqueda de empleo. Finalmente, en este eje de orientación al que me refería inicialmente y en el que insertamos este nuevo programa de orientación, el presupuesto para el 2016 contempla adicionalmente 50 millones de euros para la actualización de
los beneficiarios del programa de activación para el empleo.


Una vez abordado el eje de actuación de orientación, paso, en segundo lugar, a informarles sobre la dotación presupuestaria destinada a la formación profesional para el empleo. Los recursos destinados a formación para el empleo experimentan
un aumento del 5,8%, 120 millones de euros, alcanzando los 2.203 millones. Con estos recursos se pretende financiar suficientemente las iniciativas del nuevo sistema de formación profesional para el empleo que aprobó esta Comisión en recientes
fechas con una amplia mayoría y que culmina la reforma que hemos venido realizando desde 2012. El nuevo modelo es una de las piezas clave para mejorar la productividad y la competitividad de nuestro sistema económico. Así, para la formación de
desempleados se destinan 841 millones de euros, un 11,9% más que en 2015, incluyendo en ellos la financiación de un programa específico de formación para jóvenes que será cofinanciado por la iniciativa de empleo juvenil. Por lo que respecta a la
formación de ocupados, el presupuesto de 2016 destina 610 millones de euros, 5 millones de euros más que el presupuesto del año anterior, para bonificaciones a empresas que proporcionen formación a sus trabajadores. A ello se añaden 387 millones de
euros para planes de empresas y sectores y otros 261 millones para formación en alternancia con empleo. Un tercer bloque de medidas para el fomento del empleo son las bonificaciones a la contratación que, con 1.635 millones de euros, crecen en el
presupuesto de 2016 un 9% y pretenden en su mayor parte favorecer el empleo estable. En ellas se incluyen los incentivos previstos en el sistema de garantía juvenil para la contratación de jóvenes, ampliados ahora por el aumento, como saben, de la
edad de aplicación desde los veinticinco hasta los veintinueve años. Por otra parte, el presupuesto para 2016 contempla una partida de 301 millones de euros, esto es, un 15% más, dedicada a incentivar la contratación, la creación de empleo y el
mantenimiento de puestos de trabajo de los colectivos que tienen mayor dificultad de inserción laboral, por ejemplo personas con discapacidad, personas en situación de exclusión social, personas con especiales responsabilidades familiares, víctimas
del terrorismo o de violencia de género. Por su parte, el presupuesto contempla 219 millones de euros para el programa de recualificación profesional de personas que agotan su protección por desempleo, el conocido como Prepara, programa que, como
saben, acaba de prorrogar durante seis meses más el Gobierno y al que se ha dado continuidad mientras se mantenga la tasa de desempleo por encima del 20%. También en el marco de las políticas activas de empleo, el presupuesto contempla una partida
de 100 millones de euros para modernización de los servicios públicos de empleo que ya se incluyeron en el presupuesto para 2015 y serán completados con los que aporten las comunidades autónomas para esta finalidad. Con ello, seguiremos abordando
los necesarios desarrollos informáticos, financiaremos la base de datos común del portal único de empleo y adaptaremos, en definitiva, los servicios que se prestan a la nueva cartera común de servicios ya aprobada. Para financiar todas estas
políticas activas de empleo, el Estado va a aportar 2.723 millones de euros, que se añaden a los 1.900 millones que se espera recaudar por cuotas de formación y a los 483 millones que aportará el Fondo social europeo.


Señorías, una vez detalladas las principales partidas destinadas a políticas activas de empleo, paso ahora a informarles de la evolución de los créditos destinados a prestaciones en materia de empleo. Como saben, los Presupuestos Generales
del Estado para 2016 contemplan una partida de 19.522 millones de euros para prestaciones por desempleo. Esta dotación supone una disminución del 23% respecto a la dotación inicial de 2015. Sin embargo, si tenemos en cuenta las previsiones de
liquidación de cierre de 2015 del gasto en prestaciones por desempleo, el porcentaje de disminución del crédito previsto en el presupuesto para 2016 es del 9%, en línea con la reducción actual del desempleo observada tanto en el paro registrado como
en la encuesta de población activa. El paro registrado se reduce hoy un 8,5%, en línea con la reducción de la dotación para 2016 de la prestación por desempleo. El Gobierno, para paliar el impacto de las personas que hayan agotado su derecho a
cobrar prestaciones por desempleo, destinará, como he dicho antes, un 10% más de fondos para la realización de servicios y programas de políticas activas de empleo, políticas entre las que se incluyen programas específicos para fomentar la inserción
laboral de personas en situaciones de especial dificultad, como el programa de activación para el empleo, y el nuevo programa de orientación a desempleados de larga duración que les he presentado y detallado anteriormente. Por su parte, se
incrementa la financiación de la renta

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activa de inserción en 23 millones de euros, un 3,7%, alcanzando los 670 millones de euros. A su vez, el presupuesto contempla 350 millones de euros para las ayudas de acompañamiento del programa de activación para el empleo que ha estado
vigente ya este año y que les he mencionado con anterioridad. Como saben, este programa fue uno de los compromisos adquiridos también por el presidente del Gobierno en la reunión del 29 de julio de 2014 con los interlocutores sociales, y fruto de
ese acuerdo se aprobó en diciembre de 2014 la regulación del mismo, se aplicó durante el año pasado y se aplicará también durante el próximo. Este programa vino a reforzar las políticas de protección social de forma que las personas con más
dificultades para encontrar empleo y que no dispongan de un nivel de renta suficiente para mantenerse, puedan ser beneficiarios de un conjunto integrado de actuaciones que tienen un doble objetivo: conseguir una inserción laboral a través de las
acciones de tutorización que acompañan al programa, a la vez que reciben una renta económica de acompañamiento. En términos generales, se prevé que el sistema de protección por desempleo cubra una media mensual de 2.149.315 beneficiarios en el año
2016. A todo lo anterior se añaden las ayudas del Prepara que, como saben, tienen la forma de subvenciones y no forman parte, por tanto, del sistema de protección por desempleo. El mapa de protección social para los más desfavorecidos se completa,
además, con las rentas de inserción que conceden las comunidades autónomas y que por ello no se integran en las prestaciones en materia de empleo que les acabo de detallar. Para financiar las prestaciones por desempleo se prevén unos ingresos por
cuotas de 18.411 millones de euros, un 6% más que en el presupuesto de 2015, y ello se completa con 1.111 millones de euros que aportará el Estado para esta finalidad. Se han previsto también en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
17,4 millones de euros para cubrir las prestaciones del sistema de cese de actividad de los trabajadores autónomos, si bien esta cantidad es solo una pequeña parte del presupuesto del sistema porque, como saben, son las mutuas de accidentes de
trabajo las que soportan la mayor parte del gasto de esta prestación.


Señoras y señores diputados, una vez analizado el presupuesto para políticas activas y pasivas de empleo, paso ahora a informarles sobre el presupuesto en materia de garantía salarial. En materia de protección social, la Secretaría de
Estado de Empleo tiene también entre sus cometidos, como saben, el abono de las prestaciones de garantía salarial, mediante el pago de los salarios e indemnizaciones que las empresas no pueden satisfacer por encontrarse en una situación de
insolvencia o procedimiento concursal. Ello, igualmente, se gestiona a través del Fondo de garantía salarial que se nutre de las aportaciones que realizan las empresas mediante cotizaciones por este concepto. Desde que comenzó la crisis, el fondo
ha experimentado anualmente un crecimiento exponencial en el número de solicitudes presentadas por los trabajadores, de forma que en 2011 este Gobierno se encontró con un serio problema consecuencia del considerable volumen de expedientes sin
resolver. En estos años se ha hecho un gran esfuerzo por estabilizar la situación, de forma que ya en este año el número de expedientes que se encuentran pendientes de resolución están en una situación razonable respecto a los tiempos normales de
tramitación, a diferencia de los largos períodos de espera que había al inicio de la legislatura. Además, a final de 2014 se hizo una modificación presupuestaria que permitió abonar las prestaciones atrasadas e iniciar el nuevo año sin el lastre
que se había venido acumulando. Para el año 2016 se contempla, en esta materia, un presupuesto de 1.087 millones de euros, con 23 millones de euros más, un 2,2% más que en el presupuesto de 2015. Así, en el presupuesto del Fogasa crecen no solo
los recursos destinados a prestaciones, un 2,1%, sino también los gastos de personal, que crecen un 12,6% debido a la necesidad de reforzar la plantilla del organismo y agilizar, con ello, lo más posible la tramitación de expedientes. Ello se va a
financiar con 493,5 millones de euros de recaudación de cuotas, un 5% más que la previsión de 2015 debido a la mejora de la situación económica, y con 382 millones de euros que aportará el Estado; un 27,4% más que este año. El resto corresponde a
otros recursos de los que dispone el organismo, fundamentalmente reintegros de cantidades abonadas a trabajadores y remanente de tesorería.


Señorías, a continuación paso a referirme al presupuesto para el fomento del emprendimiento, a través del apoyo a iniciativas de trabajo autónomo y de fórmulas de economía social. Es una línea de actuación que se ha querido incentivar
especialmente a lo largo de la presente legislatura. Aunque la financiación del apoyo público en esta materia se canaliza esencialmente a través de otros ministerios, desde el Ministerio de Empleo contribuimos a promover estas fórmulas de trabajo,
tanto a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo como del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. En este ámbito, la citada dirección general aporta 24,7 millones de euros para ayudas al trabajo autónomo y al empleo en
cooperativas; ayudas que son gestionadas, en su mayor parte, por las comunidades autónomas. A ello se une una dotación de 3,4 millones de euros para apoyar actuaciones de difusión y

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promoción de estas fórmulas de actividad por parte de diferentes instituciones. Se incluye en esta partida un millón de euros para subvencionar proyectos de asociaciones e instituciones en el marco del sistema de garantía juvenil. Por
último, en este apartado quiero hacer mención del trabajo que se está realizando para promover la responsabilidad social por parte de las empresas y que ha dado como resultado la aprobación de la estrategia española de responsabilidad social de las
empresas en octubre de 2014; un instrumento sin duda importante para apoyar la realización de prácticas responsables por parte de las empresas y las instituciones públicas, que contribuyan a mejorar la competitividad del país y a consolidar una
economía más productiva, sostenible e integradora. En el ámbito de la administración de las relaciones laborales se incluyen 47 millones de euros para apoyar a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, ya sea para ayudas
extraordinarias, ya sea para ayudas previas a la jubilación con 40 millones de euros, unas ayudas que corresponden a compromisos ya adquiridos. Se contribuye también a financiar la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje con
algo más de un millón de euros. Por último, en el marco de la prevención de riesgos laborales, objetivo de primer orden para este Gobierno como política para el fomento de empleo de calidad, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo va a disponer de 24,9 millones de euros para continuar realizando su labor de investigación y asistencia técnica, fundamentalmente dirigida pequeñas y medianas empresas. Ya disponemos de la nueva estrategia española de seguridad y salud en
el trabajo 2014-2020, que fue aprobada por el Gobierno el pasado 24 de abril y que supone la definición de un marco de referencia común con objetivos consensuados con interlocutores sociales y comunidades autónomas y con actuaciones ordenadas de
forma coherente y eficiente. En su elaboración se han implicado la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales, y su aplicación se llevará a cabo también mediante colaboración y trabajo de todos ellos.


Señorías, termino ya. Les he tratado de informar lo mejor que he sabido de las principales partidas del presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo para 2016, pero en mi intervención he querido también analizar el contexto en el que se
presentan estas cuentas, así como el contexto en el que se van a ejecutar. Lo he hecho no solo porque es lógico hacerlo, sino porque creo que es bueno hacerlo. Creo que es práctico porque contribuye a generar confianza, y creo que es de justicia
hacerlo porque reconoce a los españoles el mérito de lo que están consiguiendo. La economía española sigue aún afectada por la profunda crisis que se inició ya hace más de siete años, pero ha iniciado un vigoroso proceso de recuperación. España ha
recuperado más de 1.100.000 empleos perdidos por la crisis. Hemos pasado de provocar la mitad de parados generados en Europa a crear la mitad de nuevos empleos generados en la zona euro. Según la OCDE, España será el país desarrollado donde más
crecerá el empleo en 2016. Esto, señorías, no es mérito exclusivo de nadie, es mérito de toda la sociedad. De hecho, es fruto del esfuerzo de muchos; de miles de trabajadores que han acordado modificar sus condiciones de trabajo para que sus
compañeros mantuvieran su empleo, de miles de empresarios que han apostado por crear y mantener empleo en un contexto de gran incertidumbre e inestabilidad, o de miles de familias que han salido adelante en condiciones muy difíciles. Sin duda,
queda mucho camino por recorrer. Millones de personas buscan un empleo y no lo encuentran; más de cuatro, según los servicios de empleo público de las comunidades autónomas. Pero hemos avanzado mucho y recordarlo y reconocerlo, además de
práctico, es de justicia porque es mérito de toda la sociedad. En este contexto, señorías, se presentan los Presupuestos Generales del Estado para 2016 con la ambición de seguir dando estabilidad y confianza, con la intención de seguir
contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo profesional de los trabajadores y, por supuesto, con el compromiso de no dejar a nadie atrás en la recuperación.


Sin más, quedo a su disposición para cuantas cuestiones me quieran plantear. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor secretario de Estado, por su amplia información.


A continuación, pasamos a los grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista. Don Rafael Simancas, tiene la palabra.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor secretario de Estado, bienvenido y muchas gracias, porque le corresponde a esta Comisión darle a usted la bienvenida y agradecerle su presencia y no a la inversa. Usted viene aquí en nombre del Gobierno a
presentar un proyecto que nosotros, en representación de los ciudadanos, analizaremos, enmendaremos y aprobaremos o no. Por lo tanto, bienvenido y gracias, señor secretario de Estado.


Más que una información, ha hecho usted una valoración intensa en cuanto a la situación de la economía y el empleo en nuestro país, además de su proyecto de presupuestos. Ha hablado usted en

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términos extraordinariamente complacientes: recuperación vigorosa, creación intensiva de empleo, priorización del gasto social. A nuestro juicio, tanta complacencia no se corresponde con la realidad, señor secretario de Estado. A nuestro
juicio, incluso diremos que estos presupuestos ignoran el primer problema que tiene la sociedad española, que es el desempleo y la precarización de nuestro mercado de trabajo, y dan la espalda a los parados y a los trabajadores precarios de este
país. Esa es nuestra valoración. Valoración por valoración, señor secretario de Estado. Con más de 5.100.000 parados en este país, con más de 3.700.000 parados sin protección pública, con más de un millón de parados sin protección pública y con
cargas familiares, reconocer, como ha reconocido usted aquí, una reducción en el presupuesto de protección social al desempleo del 23% respecto al año pasado, no solo es criticable y censurable, sino que, a nuestro juicio, es vergonzoso, permítame
que se lo diga, señor secretario de Estado. ¿Esto es priorizar el gasto social? A nuestro juicio, no, señor secretario de Estado.


El argumento del Gobierno, además, para justificar estas reducciones en el presupuesto en materia de empleo es falaz. Dicen ustedes que bajan el presupuesto en materia de empleo porque el problema del empleo en nuestro país se está
reduciendo. ¿Por qué, señor secretario de Estado, aducen ustedes este argumento? ¿Tenemos menos paro ahora que en el año 2011? No es verdad, señor secretario de Estado. Si compara usted el segundo trimestre EPA 2015 con el segundo trimestre EPA
2011, que es la comparación válida, señor secretario de Estado, segundo trimestre con segundo trimestre -no nos hagamos trampas-, tenemos 300.000 parados más ahora, 635.000 parados más sin protección pública que en el segundo trimestre del año 2015.
¿Dónde está la fiesta, señor secretario de Estado? ¿Dónde está la justificación para reducir un 23% el presupuesto en materia de protección social a parados, para reducir 15.100 millones de euros el presupuesto de empleo respecto al año 2011, un
38% menos? ¿Dónde está la fiesta que justifica esta reducción en los presupuestos de ayuda a nuestros parados y a nuestros trabajadores precarios? En ningún sitio, señor secretario de Estado. Menos complacencia, por favor.


Dos grandes capítulos, efectivamente, políticas pasivas y políticas activas. Políticas pasivas, 5.000 millones de euros menos que en 2015, 12.700 millones menos que en 2011 para prestaciones a parados, un 39,4% menos. ¿Tenemos menos
parados? No. ¿Tenemos menos parados sin prestación pública? No. La cobertura la han dejado ustedes en paro registrado en 54%, en paro EPA en el 29%, es decir, siete de cada diez parados EPA de este país no tienen ayuda pública, ¿y están ustedes
reduciendo 5.000 millones respecto al año pasado, 12.700 millones respecto al año 2011? ¿Esa es su respuesta al gravísimo problema social que tiene este país con sus parados sin protección pública? A nuestro juicio, este presupuesto no está para
celebraciones ni para complacencias. Además, el mecanismo es perverso, señor secretario de Estado. En 2014 presupuestan ustedes 30.000 millones en políticas pasivas, prestaciones, y ahorran ustedes 5.000 en el presupuesto de 2014, pero no porque
haya menos parados o porque los parados tengan menos necesidades, sino porque endurecen ustedes los requisitos para acceder a las prestaciones. Se ahorran ustedes 5.000 millones. ¿Y qué hacen en 2015? Presupuestan lo que gastaron en 2014.
Dijeron: como nos hemos ahorrado 5.000, de 30.000 pasamos a 25.000; y en el año 2015 vuelven ustedes a ahorrarse 5.000 millones de euros. Esa es la previsión, y como se van a ahorrar ustedes otros 5.000, no porque haya menos parados ni menos
necesidades en los parados, sino porque endurecen ustedes nuevamente los requisitos de acceso a las prestaciones, para el año que viene dicen 20.000; es decir, de 30.000 a 25.000, de 25.000 a 20.000, y así ¿hasta dónde vamos a llegar, señor
secretario de Estado? Ya estamos por debajo del 29% en la tasa de protección a parados EPA. ¿Hasta dónde quieren ustedes llegar, al 20, al 15, al 10, al 5? ¿A dónde quieren ustedes llegar? ¿Cuántos parados quieren dejar ustedes sin protección
pública en este país? Dice que cada vez se gastan menos; claro, y a este ritmo no se gastarán ustedes nada. Si en vez de dar ustedes prestaciones a los parados se las cobran, incluso ahorrarán, pero esta no es la cuestión, señor secretario de
Estado. No podemos ahorrar en esto, y desde luego no podemos ahorrar en esto diciendo a la vez que estamos priorizando el gasto social. Esto es incompatible.


¿Qué pasa con el programa de activación para el empleo, señor secretario de Estado? El presidente del Gobierno nos habló en esta casa de un objetivo de 450.000 beneficiarios, la señora ministra nos habló de un stock de inicio en el programa
de activación para el empleo de entre 270.000 y 300.000 beneficiarios. Ya ha pasado más de la mitad del periodo de ejecución del programa. ¿En cuántos estamos, en 50.000, en 60.000? ¿Dónde está el stock de inicio? ¿Dónde están los 450.000?
¿También se están ahorrando ustedes aquí dinero y nos van a decir el año que viene que van a gastar menos porque ahorran dinero? No hay menos parados, no hay menos necesidad; hay un endurecimiento deliberado y absolutamente intolerable en el
acceso a esta prestación. Les obligan ustedes a haber recibido antes el Prepara, la RAI,

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el Prodi. Señor secretario de Estado, ¿qué pasa con el stock de inicio de 300.000 beneficiarios del programa de activación para el empleo que ustedes vendieron en un acto en La Moncloa con alharacas, con el telediario en directo? ¿Dónde
están los 300.000? 50.000, ¿quién asume la responsabilidad sobre esto? ¿Dónde están sus previsiones al respecto? ¿Cuántos beneficiarios va a haber en realidad, señor secretario de Estado?


En cuanto a las políticas activas de empleo, es verdad que son muy importantes, facilitan el acceso al empleo y mejoran la empleabilidad. Entre 2011 y 2016 se han ahorrado ustedes cerca de 2.400 millones de euros, una caída del 31%. Y me
dice usted: Es que respecto al año pasado hemos subido un poco. Sí, y respecto al anterior también, un 9% en los dos últimos ejercicios, pero el balance global es de 2.400 millones de euros menos. ¿Este país se puede permitir gastar cada vez
menos en políticas activas? ¿Es que tenemos cada vez menos problemas de empleo? ¿Es que no tenemos problemas de empleo? ¿2.400 millones de euros menos que en 2011? ¿Por qué? Eso tiene consecuencias prácticas, señor secretario de Estado. Vamos
a hablar de algo práctico, de orientadores en los servicios públicos de empleo. Europa nos dice que hace falta al menos un orientador por cada 600 parados. Con sus presupuestos para 2016 aquí andamos en un orientador por cada 1.312 desempleados.
¿Así se pueden hacer políticas activas de empleo? Ha hablado usted de eficiencia, de modernización en los servicios públicos de empleo. ¿Dónde está la eficiencia y la modernización si tenemos un orientador para cada 1.312 parados? Aquí no hay
eficiencia ni modernización; todo lo contrario, señor secretario de Estado. Además, es curioso el planteamiento que hacen ustedes en relación con el reparto de recursos entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Sin incentivos, es
decir, sin las bonificaciones, la evolución del presupuesto en políticas activas entre 2011 y 2016 arroja una disminución en los recursos que maneja directamente el Gobierno del 9,9%. Sin embargo, en los recursos que manejan las comunidades
autónomas, que son las competentes al respecto, la disminución de recursos ha sido del 41,6%. Como consecuencia, el año próximo, si se aprueban estos presupuestos y se ejecutan, que está por ver, la gestión del Gobierno de España del presupuesto de
políticas activas pasará del 37 al 48% y, sin embargo, las comunidades autónomas poco más del 50%. Y de verdad que le habla un diputado que es bastante jacobino, y si ustedes hicieran las cosas bien yo hasta podría felicitarles, pero es que no las
hacen ustedes bien y se lo acabo de demostrar en relación con los orientadores.


Señor secretario de Estado, se ha atrevido usted incluso a hablar de la calidad en el empleo y de los salarios. ¿De verdad que hacía falta, señor secretario de Estado? ¿Hacía falta decir que están subiendo los salarios en este país? Me
recuerda usted al director general del Instituto de la Juventud hace unos días. No le vamos a pedir que elijan ustedes directores generales capaces, pero por lo menos que vivan en este planeta. ¿Cómo se puede decir que el empleo de los jóvenes es
cada vez mejor? O ¿como se puede decir, como acaba de hacer usted ahora, que los salarios en este país están evolucionando positivamente? ¿De verdad hace falta ofender a los ciudadanos que están firmando contratos cada vez más precarios mes tras
mes en este país? Yo creo que no, secretario de Estado. Tenemos más parados que en el segundo trimestre de 2015, tenemos peor calidad en las contrataciones, tenemos más contratos a tiempo parcial involuntario y tenemos peores salarios sobre todo
en las nuevas contrataciones. Piense usted en las horas habituales trabajadas por asalariado: 561 millones de horas semanales en 2011 y 522 millones de horas semanales en 2015. No hay más empleo, hay un reparto en términos de precariedad del
empleo. Piense usted en la recaudación de la Seguridad Social. En el acumulado de enero a junio 2011-2015, la disminución ha sido del 4,3%. Señor secretario de Estado, no hay mejor empleo ni mejor salario, hay una precarización del empleo, y
cuanto antes lo reconozcan ustedes, antes estaremos en condiciones de resolver los problemas.


El recorte en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el periodo 2012-2016 ha sido de 41.336 millones de euros: políticas pasivas 27.000, políticas activas 14.000. Esto no es priorizar el gasto social en materia de empleo.
La medida de la sensibilidad social del Gobierno se establece en función de la aportación del Estado a los presupuestos del SEPE, más allá de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Señor secretario de Estado, entre 2011 y 2016 la
aportación del Estado a los servicios públicos de empleo ha disminuido un 77%. Esa es la medida de su sensibilidad en términos de empleo. Ha hablado usted de Fogasa. Los datos de la realidad, señor secretario de Estado, son que están en una media
de más de dieciséis meses de espera. Tampoco está el asunto de Fogasa para grandes celebraciones. No sé si han analizado ustedes -y con esto sí que termino- las consecuencias de sus políticas en materia de bonificaciones y de reducciones sobre el
presupuesto de la Seguridad Social que se está tratando en otra Comisión; a nuestro juicio es muy preocupante. Ese 6% que se inventan ustedes

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de incremento en las cotizaciones no se compadece con la realidad ni con las políticas que ustedes están poniendo en marcha, ni muchísimo menos. Por lo tanto, señor secretario de Estado, le reitero alguna de las preguntas que le he
planteado: ¿qué cobertura al desempleo piensan ustedes establecer el año próximo? ¿Adónde quieren llegar? Estamos ya por debajo del 30% en paro EPA. ¿Cuántos orientadores, qué ratio de orientadores por desempleo piensan ustedes establecer? ¿Qué
previsiones tienen ustedes de beneficiarios reales en el programa de activación para el empleo? ¿Qué va a pasar con el programa de garantía juvenil? ¿Cuál va a ser su política de bonificación o de reducciones en cotización a la Seguridad Social y
su incidencia o consecuencia sobre los presupuestos de la Seguridad Social?


Valoración por valoración, termino como empecé: señor secretario de Estado, estos son unos presupuestos que dan la espalda al primer problema del país y que dan la espalda a sus protagonistas, los parados y los trabajadores precarios de
España. Por eso, merecen una enmienda de devolución, que es lo que tendrá usted encima de la mesa por parte de este grupo parlamentario. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Rafael Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Yo también quiero agradecer la presencia del secretario de Estado.


Según le estaba oyendo, pensaba que tiene un papel complicado, porque al final está defendiendo algo que tiene muy poco que ver con la realidad, al menos con la realidad que nosotros vemos. Usted incluso ha empezado subrayando el hecho de
la responsabilidad del Gobierno al presentar un presupuesto antes de acabar la legislatura, un presupuesto presentado deprisa y corriendo. Además, creo que tiene una cierta finalidad fraudulenta, porque ustedes saben que la realidad social y
política del Estado ahora mismo no es la misma que cuando ustedes llegaron. Vistas las últimas elecciones y las previsiones para las próximas, ustedes saben que esta mayoría absoluta que ustedes tienen ya no va a existir; con lo cual, ustedes van
a aprobar un presupuesto que no va a recoger la voluntad general de la sociedad del Estado español. Desde este punto de vista, creo que detrás de ese supuesto esfuerzo de responsabilidad hay un cierto juego sucio, un juego fraudulento, de intentar
saltarse a la torera la realidad social y política que ahora mismo no se corresponde con la que existía cuando ustedes llegaron al Gobierno.


Si descendemos al detalle de los presupuestos de este departamento, que es un departamento que debería ser importante porque al final trata sobre uno de los principales problemas que tiene ahora mismo el Estado encima de la mesa, que tiene
la gente de la calle, las cifras de paro son inasumibles -por mucho que se vayan reduciendo siguen siendo inasumibles-, incluso las previsiones que hacen distintos organismos para dentro de dos, tres, cuatro o cinco años siguen siendo inasumibles y,
sin embargo, el presupuesto de este departamento sigue disminuyendo. Yo creo que ese es un elemento muy preocupante. La tasa de cobertura del desempleo desde el año 2011 a mayo de 2015 ha bajado del 70% al 50%, y eso al final afecta a la gente de
la calle. Yo creo que es un problema importante. Al mismo tiempo, si analizamos el promedio que recibe cada persona en paro, es un 30% inferior. Eso afecta a muchas personas y al conjunto de la economía, entre otras cosas afecta indirectamente al
consumo interno, que es uno de los temas importantes para salir de la crisis y para el desarrollo económico. En esta situación ustedes plantean reducir la partida correspondiente al pago del desempleo en 5.500 millones de euros, es decir,
prácticamente un 22%. Creo que este es un elemento que contrasta con la realidad, es decir, las cifras del presupuesto contrastan con la realidad de la calle, sobre todo si tenemos en cuenta otro elemento también muy preocupante para nosotros.
Usted dice que está creciendo la economía, y es cierto, pero al mismo tiempo también está creciendo la desigualdad, está creciendo el número de parados de larga duración, está creciendo el número de parados sin ningún tipo de prestación y se está
incrementando de una forma muy importante la temporalidad en el empleo. Ustedes tienen las cifras mejores y más directas que nosotros y saben perfectamente que la mayoría de los nuevos contratos tienen una duración muy pequeña, algunos incluso de
días. Creo que ese es un elemento preocupante, un elemento que falsifica la realidad a través de las cifras estadísticas, porque efectivamente aumenta el número de empleos, pero aumenta con una temporalidad mínima en muchos casos y con una rotación
tremenda, es decir, que no permite la estabilidad en el empleo. Al final lo que estamos viendo es que crece el número de personas con mayores niveles de pobreza, está creciendo la desigualdad, y al mismo tiempo, por otro lado -aunque no sea
responsabilidad de su departamento-, se está incrementando el número de personas con mayor riqueza, con mayores fondos y con menor responsabilidad fiscal a la hora de cotizar. Creo que ese es un elemento importante. Nosotros pensamos que ese
recorte global que desde 2011 se ha practicado en las políticas activas de

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empleo y prestaciones por desempleo, que alcanza los 40.000 millones de euros, coincide precisamente -no sé si es casualidad- con la cuantía de lo que ha costado el rescate bancario. Es decir, lo que se da a unos se está negando a otras
personas que lo están pasando mal. Asimismo, las partidas de desempleo se han recortado en 5.500 millones de euros. Al final, estamos viendo que estos presupuestos no dan respuesta a las necesidades que ahora mismo tiene la sociedad del Estado
español y sobre todo las necesidades que tienen la mayoría de las personas que están en desempleo. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia).


Usted ha hecho alarde del incremento en un 10% de las llamadas políticas activas de empleo. Yo creo que detrás de esas cifras se esconde una realidad muy distinta. Esa partida por valor de 5.215 millones de euros sigue siendo hoy en día,
por ejemplo, un 30% inferior a los 7.714 millones de euros que tenía esa misma partida en el año 2011, y la situación no ha mejorado. Este es también un elemento preocupante. Al final, se sigue con los vicios del pasado y se está dedicando parte
de estas partidas a financiar agencias privadas de colocación, subvenciones y bonificaciones a empresas que, insisto, no están dando como resultado un incremento real del empleo de calidad, del empleo estable, del empleo sostenible. Por lo tanto,
nosotros pensamos que tendría que haber hecho un esfuerzo mucho mayor, sobre todo en el sector más débil de la sociedad, que está creciendo de forma importante y que, como decía antes, es ese número creciente de parados de larga duración que no
están recibiendo ningún tipo de prestación. Esto debería ser abordado desde los servicios públicos de empleo para fomentar el empleo de calidad y dar salida a esas personas al mercado de trabajo. Mientras eso no sea posible -porque en muchos casos
va a ser muy difícil por cuestiones de edad, formación, etcétera-, deberíamos al menos cubrir las necesidades mínimas para que pudieran tener una prestación por desempleo, una serie de prestaciones que les permitan vivir con dignidad. Nosotros
echamos en falta esa preocupación y esa concreción en los presupuestos destinada a esas personas que, como decía antes, son las que están sufriendo ahora mismo la crisis de una forma importante. Por eso también le adelanto que nuestro grupo va a
pedir la devolución del conjunto de los presupuestos del Gobierno, entre otras cosas porque son unos presupuestos que dan la espalda a la realidad social, son unos presupuestos que al final están al servicio de las personas que menos han sufrido la
crisis, que menos han sufrido ahora las consecuencias de la misma, mientras que dan la espalda a esas personas que han sufrido la crisis económica y que desgraciadamente siguen sufriendo sus consecuencias.


Sin más, termino agradeciéndole su comparecencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Tiene la palabra el señor Campuzano por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero disculparme con el secretario de Estado. Tenía que asistir a otra comparecencia, pero hemos podido hacer una primera lectura del presupuesto que nos puede permitir trasladarle algunas preocupaciones.
Estoy seguro que de la lectura que podamos hacer de su primera intervención, algunas de las cuestiones que nos pueden preocupar quizás hayan tenido ya respuesta.


Siendo este el último presupuesto que presenta el Gobierno en esta legislatura, más allá de la anomalía que supone que lo estemos tramitando este mes de agosto, nos permite que nuestra mirada en el presupuesto no solo se centre
exclusivamente en las cifras que contienen este año, sino que podamos hacer un cierto balance de la legislatura en aquello que depende más estrictamente del Gobierno, que son las decisiones del ámbito presupuestario. En este sentido hay un dato que
a mi grupo le preocupa y es que hoy, agosto de 2015, con el mismo número de parados que en verano de 2011, más de cuatro millones de personas desempleadas, el gasto en las políticas de prestaciones es un 39% inferior y el gasto en las políticas
activas de empleo un 32% inferior. A mismo número de parados que en 2011 gastamos cerca de un 40% menos en prestaciones por desempleo en la cobertura a las situaciones de necesidad derivadas de la falta de trabajo y un 32% menos en el conjunto de
las políticas de reciclaje, de reinserción, de orientación, de reincorporación al mercado de trabajo. Eso sí depende del Gobierno. La evolución del mercado de trabajo, la evolución del empleo tiene que ver con decisiones que toma el Gobierno, pero
sobre todo con decisiones que toman los empresarios, las empresas que deciden contratar a más trabajadores. En lo que depende estrictamente del Gobierno, esta habrá sido una legislatura en la que la política de empleo, desde el punto de vista
presupuestario, ha sido abandonada. Lo más grave es precisamente que esto sucede en un momento en que, por un lado, la tasa de cobertura del seguro del desempleo está disminuyendo. Hoy tenemos 25 puntos menos

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que teníamos en 2010. Además, eso afecta especialmente a los trabajadores con más años sin encontrar empleo. Más de un millón de personas llevan más de cuatro años desempleados. Estamos hablando de personas que llevan desempleadas desde
verano de 2011, y en ese colectivo es donde se produce esa concentración de la falta de cobertura de la prestación por desempleo. Además, en ese colectivo existen los desempleados de mayor edad más cercanos a su edad de jubilación con la
consecuencia de que ese desempleo de larga duración y esa ausencia de cobertura de prestación social va a llevarles, si no les damos respuesta, a que, a pesar de que tienen carreras largas de jubilación, las pensiones que terminen cobrando sean
especialmente bajas. Frente a esa realidad las medidas que el Gobierno ha ido tomando son claramente insuficientes: menos recursos hoy en prestaciones por desempleo que en 2011, con el mismo número de desempleados; incremento del desempleo de muy
larga duración, de desempleados de más de cuatro años sin trabajo; e incremento del número de personas sin empleo, sin cobertura social mayores de cincuenta y cinco años. En relación con las políticas activas de empleo, ese 32% menos que tuvimos
en 2011 se contrapone con esa realidad de personas muy a menudo con niveles de cualificación baja o que habían trabajado en sectores muy vinculados a la construcción que difícilmente van a volver a emplearse en esos mismos sectores y que exigiría
una política presupuestaria del Gobierno en las políticas de empleo más realista, sólida, más comprometida. Esa es la crítica fundamental a la política presupuestaria del Gobierno en el ámbito del empleo. Como mi grupo no puede compartirlo, pedirá
en los próximos días la devolución del presupuesto.


Segunda cuestión. Para el conjunto del presupuesto -también en el área de empleo- la falta de credibilidad es evidente. El año pasado en el presupuesto anterior ya se contempló una reducción de la reducción por el desempleo de cerca de
5.500 millones de euros, que finalmente se concretó en una reducción de unos 2.000 millones de euros, si no recuerdo mal. De nuevo, el Gobierno introduce una previsión de reducción del gasto en desempleo que vamos a ver si finalmente se produce.
Es poco creíble que en cifras de esta magnitud, diferencias de más de 2.500 millones de euros, -el debate ha sido parecido con el señor Burgos en la Comisión de Presupuestos- contraste tanto que en el conjunto de la protección social el Gobierno,
para equilibrar el déficit del Estado, opte por cifras que no son reales. Es otra razón para rechazar estos presupuestos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Finalmente, le quiero plantear dos cuestiones concretas. Qué previsiones tiene el Gobierno con relación al salario mínimo interprofesional para 2016. Una de las cuestiones que ha aterrizado, no solo en España sino en el conjunto de los
países avanzados, es el aumento de las desigualdades, y las respuestas pueden ser muy distintas. Parece que la idea de reducir la desigualdad por la vía del aumento de los salarios mínimos puede ser buena. Además, después de haber superado una
fase de recuperación económica en la que la mejora de la competitividad de la economía española ha ido vinculada a la devaluación salarial, sabemos que ese modelo ya no da más de sí y que hemos de ser capaces de invertir en formación -de ahí la
importancia de las políticas activas de empleo- pero también en mejorar la remuneración de los asalariados. ¿Tiene previsto el Gobierno producir un aumento del salario mínimo interprofesional a finales de este año para atajar las desigualdades,
desde el punto de vista de la mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores? Segunda cuestión. Nuestra tasa de temporalidad continúa creciendo. Si no recuerdo mal estamos alrededor del 25% de temporalidad. Es evidente que en otros
momentos nuestro mercado de trabajo ha tenido tasas de temporalidad superiores a este 25%, pero la tendencia es ir creciendo. La sensación es ir avanzando de nuevo hacia una realidad que nos aleja de las medias europeas. Frente al problema de una
temporalidad excesiva en nuestro mercado de trabajo, ¿tiene propuestas el Gobierno en lo que le resta de legislatura para hacer frente a esta situación? Convegència i Unió ha planteado en distintas ocasiones -así está registrado en la Cámara- una
propuesta para activar, de nuevo, la posibilidad de la puesta en marcha del denominado Fondo austriaco -el establecimiento de un sistema que permita capitalizar las aportaciones para la indemnización por despido-. Esta sería una medida estructural
que nos permitiría, junto con una simplificación del marco contractual y una redefinición de las cotizaciones por desempleo, abordar un problema que parece que, a pesar de las últimas reformas aprobadas, no hemos terminado de resolver, que es una
excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo. Sobre estas dos cuestiones, subida del salario mínimo interprofesional y reducción de la temporalidad, nos gustaría saber qué medidas tiene planteadas el secretario de Estado para promoverlas en
el marco de este presupuesto que estamos discutiendo.

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El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones de los peticiones de la comparecencia tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Álvarez-Arenas Cisneros.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor secretario de Estado, bienvenido a esta Comisión. Enhorabuena por su nombramiento, ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Su experiencia, tanto en el grupo parlamentario como posteriormente
dentro del ministerio, es un aval para la responsabilidad que ha asumido y en la que desde luego el Grupo Parlamentario Popular confía. Le felicita por ello.


Son sus primeros presupuestos, pero yo creo que tiene usted la suerte de poder comparecer en un momento en que para el Grupo Parlamentario Popular estos presupuestos suponen una continuidad en la senda de la esperanza; no de la
autocomplacencia sino de la esperanza. Es algo que los españoles se merecían después de unos años de una durísima recesión y de una pérdida de confianza que se ha visto modificada justamente por un gobierno responsable, un gobierno que ha pedido
esfuerzo a los españoles, dándoles a cambio unas reformas que nos han colocado en esa senda de la esperanza, de la credibilidad y de la confianza. Esto llega a su colofón con este ejercicio de responsabilidad que supone presentar unos presupuestos
en un periodo un poco adelantado a lo que es habitual, para continuar, insisto, en esa senda que ha constituido este Gobierno de estabilidad y de confianza, pensando siempre en los intereses generales de los españoles y no en cuestiones partidistas.


Este presupuesto -lo digan o no lo digan, las cifras lo ratifican- tiene un claro contenido social: el 55,3% va a gasto social, un 2,7% más que en 2011. Hay un incremento, señorías, del 2,9% en el presupuesto de pensiones porque en este
momento nos situamos ya en un entorno de 9,3 millones de pensionistas que tienen garantizado el cobro de sus pensiones y su incremento en un 0,25% como menos, sin que este Gobierno haya tenido que hacer algo que solamente ha hecho el anterior
Gobierno socialista, como es congelar las pensiones cuando había fondo de reserva para no haberlo hecho. Además los pensionistas saben que ganan poder adquisitivo porque el control de la inflación les está permitiendo tener esas pequeñas ganancias
en su calidad de vida.


Yo creo que España, señorías -desde el Grupo Parlamentario Popular lo entendemos así- es un referente en este momento. Lo dicen todos los organismos internacionales, y nosotros no es que nos felicitemos sino simplemente volvemos a situarnos
en esa senda de responsabilidad de saber que se están haciendo las cosas bien y que en este momento somos ese referente tanto en crecimiento como en creación de empleo. Lo avalan todos los organismos internacionales y, como muy bien acaba de
decirlo el propio secretario de Estado, en materia de empleo se nos concede ser el país que más empleo va a crear en el ámbito de la OCDE. Además, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es un presupuesto que está avalado
por el cumplimiento de presupuestos anteriores. Ese es el mejor termómetro para medir si un presupuesto -es algo, como su palabra indica, que se está presuponiendo- va a tener o no una cierta credibilidad. Pues miren, todos los presupuestos que ha
traído este Gobierno se han visto cumplidos siempre al alza en sus cifras macroeconómicas de crecimiento de la economía y de crecimiento del empleo. Otras cifras también son incuestionables: 376.083 parados menos que al comienzo de la legislatura.
Esto es algo que no es cuestionable porque son datos absolutamente contrastados. Hay datos en materia de empleo que yo creo que es importante establecer. En julio ha habido -lo ha dicho también el secretario de Estado- una bajada, el mayor
descenso histórico, del paro con 375.000 personas; a esto le sumamos que ya en 2014 y 2015 va a haber prácticamente un millón menos de personas en el paro, aparte de la previsión para el 2015 de otras 500.000 personas. Hay una previsión en 2016 de
que el empleo crezca a un ritmo del 3% y que la tasa de paro baje de ese mítico 20%. ¿Esto es algo que nos llene de satisfacción? No, nos llena de ratificación de que lo que se está haciendo va por el buen camino. Justamente cuando se hacían
otras cosas las cifras iban al contrario; es decir, había más paro, más paro, más paro, más destrucción de empresas y, por lo tanto, íbamos en la senda absolutamente divergente a lo que España necesitaba. Creo que los datos corroboran que eso es
así. La EPA del segundo trimestre es también absolutamente clara: ha habido 411.800 empleos más creados, lo que ha supuesto 4.500 empleos al día. ¿Que podrían ser más? ¿Que deseamos que sean más? ¿Que tendrán que ser más? Sin lugar a dudas,
pero eso es algo que está ahí y que no se puede negar.


Hemos hablado, señorías, de algo importante como son las políticas activas de empleo. Hablar del nivel de eficiencia de las políticas activas de empleo, como ha hecho el señor secretario de Estado, es un ejercicio de responsabilidad, porque
aquí hemos oído cosas y ya las hemos rebatido infinidad de veces. No sé si hay 2.400 millones menos; los hay porque ha habido un ejercicio de responsabilidad y de

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consolidación fiscal y de reestructuración de unas políticas que no estaban yendo en la senda adecuada porque a más presupuesto, más parados. Esa es una ecuación que necesitaba una modificación absoluta, señor Simancas. Esa ha sido una
tónica que en la pasada legislatura he podido comprobar en esta Cámara: había más presupuesto para políticas activas y había más parados. Luego, algo se estaba haciendo mal. Se ha introducido un elemento de eficiencia con una modificación para
conseguir unos objetivos y una evaluación de estas políticas activas y, a la vez, en el momento en que se ha estabilizado la vía presupuestaria, la consolidación fiscal, se están incrementando esas partidas, pero dentro de esa tónica de ejecución
con eficiencia que es lo que se estaba reclamando.


Claro, si ustedes preguntan a las comunidades autónomas... Hombre, yo creo que el señor Simancas podría preguntar, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en Andalucía, donde se dejan sin ejecutar la inmensa mayoría de las partidas de
políticas activas de empleo; o dónde van aquellas que se ejecutan, el gasto en formación por ejemplo. Yo creo que eso sería un ejercicio de responsabilidad que deberían hacerse en el Grupo Parlamentario Socialista antes de venir aquí a decir cosas
que ni son ciertas y que además distan mucho de lo que supone una eficiencia en materia presupuestaria.


Yo quiero destacar desde el Grupo Parlamentario Popular el nuevo programa que nos ha anunciado el secretario de Estado dentro de las políticas activas dirigido a parados de larga duración que están en esa franja entre treinta y cuarenta y
cinco años y que por lo tanto no estaban dentro ni de lo que es la garantía juvenil -que ya se amplió hasta los veintinueve años- ni de lo que es el Plan de activación para el empleo. Por lo tanto entendemos que este programa es muy, muy
importante, tiene un marcado y claro carácter social; complementaría la percepción, por el paso del tiempo y por la naturaleza de los desempleados y de las prestaciones por desempleo y de los subsidios, para personas que han traspasado ese umbral.
Es necesario acudir, por la vía de las políticas activas, a su recuperación para la empleabilidad, como ha pasado con el Plan de activación para el empleo para mayores de cuarenta y cinco años, con unos perfiles muy concretos, como decía el señor
Simancas, pero que ahora se va a ver completado con esta nueva franja entre treinta y cuarenta y cinco años para parados de larga duración. Esto, según la manera de pensar del Grupo Parlamentario Popular, es absolutamente imprescindible y muy
interesante.


Han hablado ustedes, señorías, del Fogasa. Claro, hay que recordar cómo nos encontramos el Fogasa -como tantas otras cosas, entre ellas la Seguridad Social, etcétera-. (Rumores). Recuerdo que aquí hemos debatido que el Fogasa estaba
bloqueado. Ha habido que hacer una contratación a través de un servicio externo para poder llegar a estabilizar la situación que tenía el Fogasa. Se han incrementado los gastos de personal para tener más personal dedicado al Fogasa; han ido
personas en comisión de servicio para atender las necesidades del Fogasa. En este momento no hay una media de más de dieciséis meses, pese a lo que ha dicho el señor De la Rocha que dijera el señor Simancas (Rumores.-Un señor diputado: Te han
pillado). Los datos del Fogasa demuestran en este momento que en febrero de 2015 había diecisiete provincias que tenían más de 90 días para liquidar sus pagos; eso se ha reducido a once provincias que en este momento están por encima de esos 90
días que marca la ley, pero el resto no. Creo que vamos también en la buena dirección porque once son menos que diecisiete; luego si en febrero había diecisiete y ahora estamos en once, quiere decir que vamos en una línea positiva de trabajo
dentro del Fogasa, que ya se atiende lo que entra de forma regular y que además se está cancelando lo que había anteriormente. Creo que es también muy importante hablar, porque aquí se ha dicho, de lo que supone la calidad en el empleo. Es
evidente que hay mucho que hacer, y el Gobierno está trabajando en esa línea de la calidad por el empleo, pero hay unos datos que son incuestionables. En 2011 los contratos indefinidos caían al 29,5 y en 2015 crecen al 14,4. Vuelvo a decir lo
mismo: caer no es lo mismo que crecer. No es lo mismo que esos contratos indefinidos caigan al 29% que crezcan al 14%, en tasas anuales. Concretamente en julio, los contratos indefinidos a tiempo completo -hablemos de calidad en el empleo- crecen
en un 17,7. ¿Que deberían crecer más? Sí. A eso van dirigidas las políticas y todas las medidas que trae el Gobierno. ¿Qué es lo que nos avala? Que lo hecho con los presupuestos anteriores va en la buena dirección, algo que pretendemos que el
Gobierno continúe haciendo, y para ello vamos a apoyar este proyecto de presupuestos.


Aquí ya se han anunciado algunas devoluciones del proyecto de presupuesto. Al señor Simancas, que ha hablado de complacencia, le repito que complacencia ninguna. Quienes daban la espalda a los parados fueron los que generaron 3,5 millones
de parados en una legislatura -esos sí daban la espalda a los parados-, los que dejaron las arcas públicas en la bancarrota y los que nos pusieron en el precipicio en el que se están viendo otros -ya se lo dijeron ayer. No hablen ustedes de fiestas
-nosotros no hablamos nunca de fiestas-. Ustedes siempre hablan con un nivel de demagogia que coloca a los ciudadanos -ya

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se lo dijeron ayer también- en una senda muy peligrosa, pues les hacen promesas que no solo no se pueden cumplir sino que nos llevan a una situación de sufrimiento, dolorosa. Por tanto, piensen ustedes muy bien en esa devolución de los
presupuestos que quieren, porque si todos los presupuestos que ustedes han devuelto y las enmiendas presentadas se hubieran materializado el resultado estaría entre un 27 y un 29% de parados. Hay países que conocen esas sendas de crecimiento por la
demagogia de unos presupuestos absolutamente irresponsables que van en la línea contraria a las políticas que se están realizando para salir de la crisis en todos los países. Por tanto, ya es difícil que los ciudadanos se crean los motivos de sus
enmiendas a la devolución. Vuelvan ustedes a la senda de la moderación, vuelvan ustedes, señores socialistas y señor Campuzano -lamento su anuncio de enmienda de devolución de estos presupuestos-, a una senda de moderación y de responsabilidad,
modifiquen partidas que sean necesarias pero no hablen en esos tonos de demagogia que solo llevan a la ruina a muchos países, al dolor y al sufrimiento de los ciudadanos; aspectos que en España ya están absolutamente despejados después de cuatro
años de Gobierno del Partido Popular. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado para responder a las cuestiones que le han formulado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Riesgo Figuerola-Ferreti): Muchas gracias a todos los portavoces que han intervenido.


Haré una breve reflexión general sobre mi intervención inicial y luego trataré de abordar los asuntos que, de manera generalizada, han ido mencionando cada uno de los portavoces que han intervenido. Como habrán notado, en mi intervención he
tratado de hacer inicialmente un diagnóstico del contexto en el que se presentan estos presupuestos y, en segundo lugar, he presentado las principales líneas del presupuesto de la secretaría de Estado para 2012. En el diagnóstico del contexto he
hecho dos consideraciones. La primera ha sido la constatación de un hecho, no una valoración: presentar datos ciertos de la evolución de la economía nacional. Si alguien considera, en concreto el portavoz del Grupo Socialista, que no se
corresponden con la realidad, debe decir si considera no ciertos los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y los registros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo único que se ha hecho en el diagnóstico del
contexto es constatar un hecho cierto, basado en los datos publicados. Que se han recuperado un millón doscientos mil empleos desde el punto de nivel mínimo de afiliación es un hecho cierto. Que hoy uno de cada dos empleos creados en la zona euro
se crean en España es un hecho cierto. Que el año que viene España será el líder de los países desarrollados en creación de empleo es un hecho cierto en cuanto a previsiones de OCDE. No es una valoración de quien les está hablando, es una
constatación de un hecho cierto. He hecho una valoración al respecto, y es la de que ese hecho cierto que es la recuperación, que he mencionado como vigorosa -si que crezca el PIB al 3% y el empleo al 3,5% no es una recuperación vigorosa, me
gustaría que lo explicara; yo considero que sí es vigorosa-, de la economía nacional es mérito y fruto del esfuerzo de toda la sociedad: de los trabajadores, de los empresarios, de los diferentes Gobiernos en sus ámbitos de Administración. Esa es
una valoración que he hecho yo y sobre la que podemos debatir; pero sobre los datos no voy a debatir, porque son datos ciertos que publica la encuesta de población activa, que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.


En segundo lugar, respecto a esa valoración adicional a la constatación de los hechos ciertos que he realizado, he dicho que el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en particular el de la Secretaría de Estado de Empleo,
ayuda a consolidar la recuperación del empleo y de la economía. Me baso, básicamente, en tres elementos. Son unos presupuestos que apuestan por la confianza, porque se pretende tener unos presupuestos listos para su ejecución el 1 de enero de
2016. Eso aporta confianza a los agentes económicos, y la confianza es un elemento básico para generar crecimiento económico y empleo. En segundo lugar, creo que en general es muy bueno hacer reflexiones de contexto. No debemos olvidar la
situación de la que partía la economía española -no ya en 2011, que es el hito que marcamos habitualmente; es debatible si el segundo trimestre o el cuarto, pero los datos que ha dado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular son ciertos-, pero
el número de parados registrados se ha reducido en 376.000 en lo que va de legislatura, desde diciembre de 2011, y no creo que sea objeto de debate si eso es un dato positivo o no lo es, por lo menos viniendo de un portavoz del Grupo Socialista,
cuando gobernando su partido se incrementó el desempleo en 3,5 millones. Sinceramente, no creo que sea objeto de debate. Dicho esto, vuelvo a lo que estaba comentando. El presupuesto aporta confianza porque el objetivo es que haya un presupuesto
aplicándose desde el 1 de enero de 2016 y porque consolida el

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proceso de estabilidad presupuestaria, proceso que yo mismo he dicho que es necesario. En 2009 llegó a haber un déficit del 11,13% en el conjunto de administraciones del Estado. Por cierto, hablando de previsiones, el objetivo cuando se
presentó ese presupuesto era del 1,9%, y al final fue del 11,13%; eso no da estabilidad ni genera confianza. Este presupuesto vuelve y avanza por la senda de consolidación fiscal, sobre la que se basa la confianza en que la economía va a crecer.
Por eso, he valorado que este presupuesto aportaría recuperación económica y empleo. Adicionalmente he considerado que este presupuesto sirve para este objetivo, porque refuerza las políticas activas de empleo, con el incremento del 10%, en
particular, con esta nueva aportación a un plan especial de orientación a parados de larga duración de entre treinta y cincuenta y cinco años, así como medidas que se complementarán con la implementación del programa de activación para el empleo y
la prórroga del Plan Prepara. Ese ha sido el inicio de mi intervención: una constatación de un hecho y una valoración. Después he pasado a detallar lo principal del presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo para 2016.


Paso a abordar los elementos comunes que han mencionado los diferentes portavoces que han intervenido. El primero ha sido la evolución de la protección por desempleo. Comparan la protección por desempleo en 2016 y cómo ha estado en
situaciones y en años anteriores. El presupuesto para 2016 contempla una reducción del gasto en prestaciones por desempleo del 9% respecto a la previsión de ejecución de gasto en prestaciones en 2015. Hoy en día el paro registrado y el paro según
la encuesta de población activa se está reduciendo en esa misma cuantía, en el entorno del 9%. Así, la reducción del crédito para prestaciones por desempleo para el presupuesto de 2016 va en línea de la reducción del desempleo ya hoy y prevista
para el año que viene. Respecto a la tasa de cobertura, quiero mencionar simplemente que el pasado 4 de julio informé sobre la evolución de la tasa de cobertura en junio que subió un punto respecto al pasado mes de mayo. Obviamente, en cuanto a la
evolución del gasto en prestaciones por desempleo, si fuera necesario destinar más recursos para sufragarlas siempre habrá financiación necesaria, si no está incluida en el proyecto de ley de presupuestos, vía suplemento de crédito. Las
prestaciones por desempleo se pagarán siempre. Siempre que haya necesidad para financiar esas prestaciones por desempleo habrá financiación necesaria. Para aquellas personas que, de acuerdo con la regulación vigente sin cambio -como no hay- en
materia de regulación de prestaciones contributivas, agoten el periodo establecido de disfrute de la prestación el Gobierno ya ha venido tomando medidas adicionales, como la prórroga del Plan Prepara, la aprobación del Plan de activación
extraordinario que combina una renta y unas autorizaciones y hoy presenta esta nueva dotación para orientación de parados de larga duración dotada con 129 millones de euros.


Al respecto del programa de activación para el empleo, simplemente, quiero recordar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que este programa, acordado en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales, efectivamente fue
presentado en el palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales. No me atrevería a decir que aquello fue un acto con alharaca, sinceramente. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social respetamos mucho a los
interlocutores sociales. Si acordamos presentar un acuerdo en el palacio de La Moncloa le damos toda la institucionalidad posible al acto; no pretendía ser más que eso, representar que el diálogo social da sus frutos. Creo que estaremos de
acuerdo todos en que da sus frutos y que es bueno así reconocerlo. Vinculado con la protección de parados y la evolución de los parados de larga duración, simplemente quiero mencionar que el 65% de la reducción de desempleados del último año
corresponde a parados de larga duración, 307.000 de 473.000, y hoy hay más de 500.000 afiliados mayores de cuarenta y cinco años más que al comienzo de la legislatura. Dicho esto, el Gobierno va a seguir sin duda apoyando a los parados que se
quedan sin cobertura a través de las medidas que les he mencionado con anterioridad.


A lo largo de las intervenciones de los portavoces se han abordado también otros asuntos fuera del ámbito del presupuesto -lo retomaré después-, el debate sobre el empleo de calidad y los salarios, incluso un portavoz, el señor Campuzano, me
preguntaba sobre la fijación del salario mínimo interprofesional. Comprenderá que le diga que esa decisión se toma en el mes de diciembre en diálogo con los interlocutores sociales, de acuerdo con los criterios que establece el Estatuto de los
Trabajadores, y así se hará. De hecho, dentro de esos criterios que se pretenden observar y que establece el Estatuto de los Trabajadores, que hay que observar cara a la fijación del salario mínimo interprofesional, está la evolución de la economía
general. En la observación de la economía general me viene a la mente que, de acuerdo con la estadística que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el incremento medio pactado acumulado hasta julio de los salarios en convenio colectivo
se sitúa en el entorno del 0,7%. Eso es otro hecho, señor Simancas. Es un incremento, cierto. Si es moderado o no, no lo voy a valorar, pero

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es un incremento; usted parece haberlo puesto en duda. Dicho esto, recuerdo que los salarios no los fija el Gobierno -más allá del salario interprofesional en diálogo con los interlocutores sociales- sino los interlocutores sociales. De
hecho, saben que al Gobierno le gusta aprovechar para reconocer la responsabilidad -de hecho estaba en el objeto de mi reflexión inicial- de los interlocutores sociales a la hora de fijar salarios a lo largo de esta salida de la crisis; en primer
lugar, en el segundo acuerdo para el crecimiento y la negociación colectiva de enero de 2012, así como en el acuerdo que han renovado recientemente. El Gobierno no fija salarios pero constata la responsabilidad de los interlocutores sociales a la
hora de fijarlos.


Ahora que hablamos de salarios aprovecho para constatar otro hecho. En 2014, de acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de Estadística, los salarios ganaron por primera vez poder adquisitivo. Eso se combinó con la creación de
450.000 empleos. No se ganaba poder adquisitivo en los salarios con anterioridad a 2014 desde 2009, con la diferencia de que entonces se destruyeron 1.200.000 empleos. El objetivo en materia de salarios del Gobierno es combinar las ganancias de
competitividad, con las de poder adquisitivo y con las de empleo. El Gobierno considera que ganar poder adquisitivo como en 2009 en 4 puntos destruyendo 1.200.000 empleos no es un objetivo de política económica.


Respecto a otro asunto que se ha abordado reiteradamente por los distintos portavoces, como la temporalidad y la precariedad, el Gobierno reconoce que se ha avanzado mucho en general en la mejora del mercado laboral pero que quedan aún
muchos retos por atender, incluido el de la durabilidad, sin duda. Mientras hacemos esa reflexión constatamos otro hecho, que la contratación indefinida crece -y a tiempo completo- acumulando un 17% en lo que va de año. Uno puede considerar que
está bien un crecimiento de cierto vigor, y no era esta la situación que se encontró el Gobierno cuando comenzó a gobernar, cuando la tasa de evolución interanual de la contratación indefinida estaba en torno a una reducción del 20%. Por darles un
dato reciente, en julio de 2015 se firmaron 123.000 contratos indefinidos en España. En julio de 2011 -digo julio por situarlo en el mismo mes para evaluar la estacionalidad- se firmaron 89.911. Esto es, en el último mes del que tenemos detalle se
firmaron un 40% más de contratos indefinidos en nuestro país de los que se firmaron en julio de 2011, cuando en esta sala habitualmente no se escuchaban críticas sobre la temporalidad del mercado laboral. La reflexión final respecto a la
temporalidad -reconociendo que queda mucho por hacer- es que hoy, como saben, 75 de cada 100 trabajadores asalariados en nuestro país tiene un contrato indefinido, lo cual es más que al comienzo de la legislatura y bastante más que cuando la
economía crecía vigorosamente.


Respecto al empleo juvenil -otro elemento en el que sin duda no podemos estar satisfechos con una tasa de desempleo en torno al 50%- el Gobierno ha tomado medidas desde el primer momento con la estrategia emprendimiento y empleo joven, de la
que se benefician hoy más de 430.000 jóvenes; ha tomado medidas implementando el sistema nacional de garantía juvenil, en el que ya están inscritas más de 85.000 personas, y seguirá adoptando las medidas necesarias para reducir el nivel de
desempleo juvenil. Dicho esto, hoy hay 267.000 parados menores de treinta años menos que al comienzo de la legislatura; la anterior acabó con un saldo de 2 millones de empleos destruidos de trabajadores menores de treinta años. Luego, somos
conscientes de que queda mucho por hacer pero consideramos que se ha avanzado. Con una tasa de paro juvenil en torno al 50% sin duda el Gobierno no está satisfecho y cree que hay mucho por hacer.


Respecto al gasto en políticas activas de empleo, simplemente quiero recordar que entre 2007 y 2011 se destinaron cerca de 30.000 millones de euros a las mismas y el desempleo se incrementó en torno a 3 millones de personas. El Gobierno en
esta legislatura ha tratado de -trata de hacerlo también en este presupuesto- apostar por la eficiencia del gasto. No se trata de gastar más sino de gastar mejor, y a las pruebas me remito. Los recursos destinados en general a las políticas
activas de empleo, la forma en que se destinaban anteriormente, no han sido eficaces. El presupuesto para las políticas activas de empleo, como he dicho, aumentará un 10% en 2016. En 2015 ha aumentado un 16% y en 2014 un 7,2%. Ha comenzado a
aumentar, en primer lugar, cuando el proceso de consolidación presupuestaria necesario lo ha permitido y, en segundo lugar, cuando teníamos el sistema reordenado hacia la eficiencia, coordinando los objetivos y evaluando la implementación de las
medidas. Tengo entendido que algunos grupos parlamentarios consideran -ahora vamos a abordar el asunto de las bonificaciones, si les parece- que las bonificaciones a contratación pueden ser susceptibles de eliminación. No es ni mucho menos la
opinión del Gobierno. Es cierto que el montante global de las políticas activas de empleo, como dije en mi intervención inicial, se ha reducido desde 2011 hasta 2014. Si se elimina la partida de bonificaciones y la

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partida de subvenciones a la contratación temporal de empleo público, prácticamente el presupuesto de políticas activas de empleo de hoy y de 2011 es exactamente el mismo.


Con respecto a las bonificaciones, en 2012 se hizo una evaluación de su efectividad y en su día se procedió a un proceso de racionalización. Hoy se centran en la contratación de colectivos especialmente sensibles, tales como personas con
discapacidad, personas en riesgo de exclusión, personas mayores de cuarenta y cinco años y determinadas figuras de contratación de jóvenes. De hecho, el Gobierno está satisfecho con que estas bonificaciones sirvieran en 2014, por ejemplo, para la
contratación de 18.000 mujeres, para 99.000 contratos de maternidad, para la contratación de 82.000 personas discapacitadas y para la contratación de 12.000 personas mayores de cuarenta y cinco años.


En cuanto al Fogasa, cuestión que ha sido abordada por la portavoz del Grupo Popular, simplemente quiero ilustrar con datos la situación de colapso en la que se encontraba cuando comenzó la legislatura. En la anterior legislatura se
registraron casi 4 millones de despidos entre 2007 y 2011. En ese proceso, en el año anterior, en 2006, se redujo la cotización, con la cual se financia el Fogasa, del 0,4% al 0,2%, reduciendo a la mitad aproximadamente los ingresos. De tal forma,
en los ingresos del Fogasa había cotizaciones en 2006 por importe de 700 millones de euros, en 2007 por importe de 488 millones, casi la mitad, y en 2011 por importe de 465 millones. Para que se haga una idea, ese proceso de reducción de ingresos
junto con el incremento de solicitudes de demandas de garantía salarial ha provocado que los gastos hayan pasado, por ejemplo, en 2006 de 311 a 1.400 millones de euros. Ante esta situación, el Gobierno adoptó varias medidas, un plan de actuación
que a nuestro entender está dando resultados, sobre todo a la vista de la situación en la que nos encontrábamos. Hoy la bolsa de expedientes pendientes de pago del Fogasa se sitúa en torno a 41.000 mientras que en diciembre de 2011 se situaba en
82.000. Según me confirman desde el Fondo de garantía salarial, hoy en ninguna provincia española hay un plazo de resolución de expedientes superior o de dieciséis meses.


Creo que he abordado todos los asuntos que han planteado los portavoces. Estoy en disposición de contestar lo que haga falta aquí o bien por escrito, pero la secretaria general de Inmigración y Emigración lleva una hora presenciando el
debate. Lo dejo a la consideración del presidente de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: En principio, si algún grupo tiene cualquier pregunta en el tintero, le rogamos, como solemos hacer habitualmente, que nos dé traslado por escrito y se lo trasladamos al ministerio, que en un plazo de cuarenta y ocho
horas debe responder. Así, pues, le agradecemos su comparecencia, señor secretario de Estado, y la de los altos cargos que le han acompañado.


Pasamos a interrumpir la sesión un momento para poder celebrar la siguiente comparecencia. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (DEL CORRAL TÉLLEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002445) Y SOCIALISTA (Número de expediente 212/002375).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda comparecencia de esta Comisión, no sin antes advertir a los señores diputados y diputadas de la misma que están ahora presentes, sobre todo a aquellos a los que afecte directamente, que al concluir
la misma tenemos la ponencia de constitución del análisis del proyecto de ley de la Seguridad Social de los trabajadores del mar y que el próximo día 25 a las nueve y media tendremos la Comisión con el debate del proyecto de ley correspondiente a
esta materia, que no será objeto de votación antes de las once de la mañana, lo que digo a efectos de su agenda y de su calendario.


Dicho esto, comparece una vez más -es un motivo de satisfacción y de darle la bienvenida- doña Marina del Corral, que es la secretaria general de Inmigración y Emigración, a efectos de informar con relación a la petición de dos
comparecencias que se han formulado tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para exponer el programa de su departamento.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias, presidente.


Comparezco en esta Cámara para presentarles el proyecto de presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para 2016. Como los anteriores proyectos de presupuestos que he presentado en esta Cámara, este proyecto es el
resultado de conjugar las políticas de ajuste presupuestario, que continúan hoy siendo necesarias para alcanzar el objetivo de déficit, con la firme voluntad del Gobierno de

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garantizar las necesidades básicas de los emigrantes españoles en sus países de residencia o en su retorno a España; de mantener la actuación humanitaria a favor de inmigrantes vulnerables y de solicitantes y beneficiarios de protección
internacional, asilo o refugio, atendiendo a nuestros compromisos internacionales; y de promover la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad.


Por otra parte, señorías, dentro de la Unión Europea España ha mantenido un papel muy activo en la definición de la política migratoria común y en particular en la elaboración de la agenda europea de migraciones. Esta labor ha tenido
especial trascendencia en los últimos doce meses por el incremento excepcional de la presión migratoria que sufre la frontera sur de Europa y el incremento de solicitantes de protección internacional, asilo o refugio que llegan a la Unión Europea
huyendo de zonas de conflicto. Hemos hecho valer ante nuestros socios europeos y ante las instituciones comunitarias que nuestra responsabilidad y solidaridad con la Unión Europea como frontera sur, única frontera terrestre con África, es constante
y se construye cada día a través de la cooperación que llevamos a cabo desde hace muchos años con los países de origen y de tránsito y de nuestra visión omnicomprensiva de los flujos migratorios, que incide especialmente en actuar en origen, junto a
las autoridades de dichos países, en la solución de las causas profundas de los flujos migratorios de carácter irregular.


No en vano en materia migratoria y de integración España es un modelo de buenas prácticas entre los otros países miembros de la Unión Europea. España es considerado un país solidario y responsable en materia migratoria. La mayor
demostración de ello es cómo nuestra sociedad ha mantenido una actitud serena y tolerante ante el reto de la integración en un contexto económico complejo, pero los esfuerzos y la inversión de recursos públicos no se quedan en una acción protectora.
La acción pública también debe incidir sobre la realidad social para estimular aquellas iniciativas, objetivos y proyectos que revisten una especial utilidad o interés público. Para nosotros esas condiciones concurren, entre otras, en la mejora de
la empleabilidad de las personas, tanto de los españoles que salen al exterior como de los inmigrantes que se encuentran en nuestro país, pues el desempeño de un puesto de trabajo o el emprendimiento de una actividad económica resultan vitales cara
a la integración en la sociedad. También es prioritaria la transferencia de conocimiento de nuestros principios y libertades democráticos mediante acciones concretas, como el fomento de la igualdad de trato y no discriminación por origen y el
desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre el respeto a la diversidad cultural.


Resulta básico incidir sobre las áreas en las que concurre mayor concentración de inmigrantes en actuaciones de educación, de mediación social o fomento de la participación, favoreciendo la autonomía de las personas migrantes en su proyecto
de vida y poniendo a su disposición los recursos necesarios para su integración. En el fomento de objetivos de enorme trascendencia e interés público, como los descritos, encontramos la base de los programas de subvención previstos en el proyecto
de presupuesto que hoy les presento y ocupan, como les decía, una parte fundamental en la política de migraciones. Este ha sido y es nuestro plan de acción desde que a principios de 2012 comenzamos la andadura en la Secretaría General de
Inmigración y Emigración en esta legislatura. Por ello podría decir que el de 2016 es un presupuesto de continuidad respecto al de 2015 y refleja el mantenimiento sustancial de políticas, si bien con un incremento de cuantías, como veremos.


En concreto, nuestro proyecto de presupuesto es de 185.194.580 euros. Es decir, la dotación inicial de la secretaría general se incrementa un 32,4% con respecto al presupuesto de 2015, 45,30 millones de euros más. Este aumento en la
dotación se destina básicamente a redimensionar y reforzar la capacidad de acogida de personas inmigrantes en los centros de migraciones; la atención humanitaria que se presta a los inmigrantes más vulnerables llegados a nuestras costas; y nuestro
sistema de protección internacional, asilo y refugio, habida cuenta del incremento de solicitantes. Dejando al margen la dotación de 3,04 cuatro millones de euros correspondientes a gastos de personal directamente dependiente de la secretaría
general, centraré esta presentación en los dos programas básicos del presupuesto de la secretaría.


Las actuaciones relacionadas con la emigración, programa 231.B, cuentan con una dotación para 2016 de 69,46 millones de euros. El ajuste de 1,10 millones de euros o del 1,4% respecto de 2015 que sufre esta partida obedece a la caída de
perceptores de las prestaciones que se financian con cargo a este programa, unas 4.000 personas menos, ya sea por causas naturales o porque los beneficiarios han alcanzado en sus países de residencia un nivel de renta equivalente a la cuantía de la
pensión no contributiva en España, que, como saben, es el límite, por lo que no afecta en absoluto al nivel de protección social dispensada. Se destinan 55,90 millones de euros al pago de las prestaciones por razón de necesidad para los españoles
residentes en el exterior que tengan más de sesenta y cinco años o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en una situación de necesidad por carecer

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de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En esta aplicación se incluye la prestación económica por ancianidad, por incapacidad y la de asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando estos carezcan de la
cobertura de esta contingencia o sea insuficiente. Se prevé una cuantía de 1,7 millones de euros para financiar las pensiones de ancianidad de los españoles que retornen a España desde cualquier país donde esté implantada la prestación por razón de
necesidad, siempre que acrediten insuficiencia de recursos y hasta que tengan derecho a una pensión no contributiva del sistema español de Seguridad Social. Como en años anteriores, este subconcepto tiene el carácter de crédito ampliable, con el
fin de garantizar la cobertura de esta prestación aun cuando se produjera un incremento imprevisto de personas mayores retornadas. Se asigna un crédito de 7,73 millones de euros para atender las prestaciones de los españoles desplazados al
extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil. Se produce un ajuste en la cuantía de 200.000 euros acorde con la reducción del número de beneficiarios, que ha caído en 214 personas. En la línea de anteriores ejercicios
el proyecto de presupuestos para 2016 incorpora la actualización de la cuantía económica de la prestación, que se fija en un máximo anual de 7.183,29 euros, lo que representa un incremento del 0,25%. Para atender de manera inmediata situaciones de
extraordinaria necesidad se destinan 600.000 euros a financiar una subvención de concesión directa para emigrantes necesitados en el momento del retorno a España. Asimismo, se asignan 475.000 euros para ayudas en el exterior dirigidas a hacer
frente a contingencias puntuales padecidas por los emigrantes. Por lo que se refiere a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se destina una partida de 470.000 euros para ayudas a proyectos e iniciativas dirigidos a los españoles en
el exterior y retornados y ayudas para centros e instituciones sin ánimo de lucro que desarrollan una labor sociocultural, sanitaria o asistencial a favor de los españoles del exterior. Por último, cabe señalar que se incluye una partida de 200.000
euros destinada a restablecer sinergias con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en aquellos países donde la presencia de población española así lo hace aconsejable, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos españoles
residentes en el exterior a la educación universitaria española. Se recupera así un crédito que fue suspendido en el año 2012.


Por su parte, el programa de inmigración 231.H cuenta con una dotación de 112,70 millones de euros para 2016. Este programa experimenta un incremento del 69,8% respecto a 2015, concretamente 46,31 millones de euros. Si nos referimos
exclusivamente a políticas netas -capítulos 4 y 7- el incremento es del 107,2%, es decir, 44,36 millones de euros más. Se mantiene el crédito destinado a la protección de los menores extranjeros no acompañados con una cuantía de 3,45 millones de
euros. La dotación para la atención humanitaria a inmigrantes es de 11,14 millones de euros, aumentando así un 9,2%. Cabe recordar que esta partida se incrementó en el presupuesto de 2015 en un 65,7%. Con cargo a este crédito se concede una
subvención directa a las organizaciones no gubernamentales que atienden a personas inmigrantes llegadas a las costas españolas y a Ceuta y Melilla, que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su deterioro físico y por la carencia de apoyos
sociales, familiares y económicos. Mantiene el mismo nivel de crédito que en 2015 con 1,98 millones de euros la subvención nominativa a Cruz Roja Española para la atención humanitaria urgente a los inmigrantes a su llegada a nuestras costas.


Señorías, quisiera destacar dentro del programa 231.H el significativo incremento de la dotación destinada al refuerzo y redimensionamiento de nuestro sistema de protección internacional y a la puesta en marcha del programa de reasentamiento
y reubicación de refugiados, aprobado recientemente en el contexto de la Agenda europea de migraciones, cuyo presupuesto asciende para el próximo ejercicio a 53,08 millones de euros, lo que supone un aumento del 449,9%, es decir, 43,42 millones de
euros más que en 2015. Es la partida que más aumenta de todo el presupuesto de esta secretaría general -que no la más grande, que continúa siendo la de pensiones en el exterior-, lo que va a permitir cumplir con los compromisos internacionales de
nuestro país, abordando un necesario redimensionamiento -como he señalado anteriormente- de nuestro sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional en atención al número creciente de solicitantes de asilo
y refugiados llegados a nuestro país, como consecuencia de la extensión de la inestabilidad en zonas de conflicto, especialmente Oriente Medio. Es muy probable que a finales de 2015 se supere la cifra de 12.000 solicitantes de asilo en España, sin
contar los posibles solicitantes que lleguen por aplicación del Reglamento de Dublín. Para 2016 se prevé que continúe esta tendencia alcista. Además, el acuerdo adoptado en el marco de la Agenda europea de migraciones para, por una parte, la
distribución o reubicación entre el resto de los Estados miembros de hasta 40.000 solicitantes de asilo en clara necesidad de protección internacional llegados a Grecia e Italia, países cuyos sistemas de protección

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internacional se hayan desbordados a causa de la excepcional presión migratoria que sufren y, por otra parte, el reasentamiento de personas procedentes de campos de refugiados ubicados fuera de la Unión Europea, en países adyacentes a zonas
del conflicto del norte de África y Oriente Medio, va a suponer para España la acogida de otras 2.749 personas en el plazo de dos años, de los cuales 1.300 serán reubicados y 1.449 reasentados. Asimismo, se prevé, al igual que en 2015, una dotación
de 100.000 euros para atender a la subvención nominativa a favor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para la realización de los programas destinados a solicitantes y beneficiarios de protección internacional desarrollados
por el alto comisionado.


Cabe destacar, igualmente, el incremento de los recursos del capítulo 2 en un 10,7%, que se destinan fundamentalmente a sufragar los gastos corrientes y de funcionamiento de los dos centros de estancia temporal e inmigrantes, CETI, y de los
cuatro centros de acogida a refugiados, CAR, mejorando su capacidad de atención y acogida. Me parece oportuno recordar en este punto que se ha conseguido que los gastos de los servicios de acogida que se prestan en los centros de estancia temporal
de inmigrantes sean considerados cofinanciables por el nuevo Fondo de asilo, migración e integración, FAMI, consolidando los recursos destinados a los centros, lo que resulta especialmente importante en los momentos de mayor afluencia de
inmigrantes. Como complemento a los servicios desarrollados por los centros de ayuda a los refugiados, se prevé una cuantía de 900.000 euros para ayudas a los residentes de dichos centros, con el fin de cubrir casos personales de transporte,
formación o aprendizaje del idioma. Con una dotación de 13,8 millones de euros se subvencionan las actuaciones de asociaciones y organizaciones no gubernamentales en régimen de concurrencia competitiva en el área de integración de los inmigrantes y
solicitantes de protección internacional. Con estas ayudas se prevé financiar las siguientes actuaciones: programas que favorecen la integración de las personas inmigrantes transmitiendo el conocimiento y respeto de los valores democráticos y
constitucionales y de los derechos humanos; programas de intervención integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante; programas que impulsan acciones dirigidas a acoger e integrar a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional; programas de retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen en sus tres modalidades: de retorno productivo, de atención social y las ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación
contributiva por desempleo, APRE. Asimismo, dentro de este programa figura la ordenación de flujos migratorios laborales, cuyo presupuesto asciende a 705.600 euros. La mayor parte de estos programas están cofinanciados por el Fondo de asilo,
migración e integración, FAMI, que da continuidad para el periodo 2014-2020 a las actuaciones desarrolladas por los antiguos fondos Solid: Fondo europeo para la integración de nacionales de terceros países, Fondo europeo para los refugiados y Fondo
de retorno. También se incluyen aquellas subvenciones que están cofinanciadas por el Fondo social europeo que en el marco 2014-2020 financia el nuevo programa operativo de inclusión social y economía social -Poises-, cuyo fin es reforzar la
cohesión económica y social apoyando el fomento del empleo, la inversión en cualificaciones, educación y aprendizaje permanente, la lucha contra la pobreza y el refuerzo en la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración pública. Se
prevé en 2016 una generación de 27 millones de euros procedentes de fondos europeos. En consecuencia, la cuantía total para el área de inmigración ascendería a 139,70 millones de euros, cifra que no contempla la cofinanciación de la Unión Europea
en materia de reubicación, que sería de 6.000 euros por persona efectivamente reubicada, y de reasentamiento, que sería de 10.000 euros por persona igualmente ya en nuestro país, cuando se produzca de manera efectiva, como he dicho. Sumados estos
ingresos adicionales, el presupuesto total disponible de la secretaría general en 2016 podría alcanzar la cifra de 212,19 millones de euros.


Señorías, estos son los principales contenidos del proyecto de presupuestos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para 2016. Quedo a su disposición para responder a las preguntas o aclaraciones que estimen oportunas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria general, por su intervención. A continuación, tienen la palabra los grupos que han solicitado su comparecencia. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya intervención
tiene la palabra don Rufino Selva que, como sabe, dispone de un máximo de diez minutos. Si posteriormente a la intervención de la secretaria general hubiera alguna cuestión que quedara en el tintero, ruego nos la hagan llegar a la Mesa para que les
sea contestada verbalmente o bien por escrito.

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El señor SELVA GUERRERO: Como no puede ser de otra forma, quisiera iniciar mi intervención agradeciendo la comparecencia de la secretaria general de Inmigración y Emigración. Gracias por la exposición de los datos. Del mismo modo, no
podemos dejar de afirmar en esta Comisión y en esta comparecencia que este presupuesto obedece únicamente a la necesidad, yo diría incluso desesperación electoral del Partido Popular, sabedor de que no gobernará en la próxima legislatura, para
tratar de seguir imponiendo su política económica en el futuro a los españoles. Hubiéramos preferido un adelanto de las elecciones a un adelanto de los Presupuestos Generales del Estado.


Entremos en materia, ya que debemos analizar los datos referidos a inmigración y emigración y, sobre todo, pongamos rostro humano a las cifras que lo componen. En cuanto a emigración, debemos significar que, pese a la dificultad para
establecer datos concretos estadísticos, debido a que son cada vez más los españoles que no se inscriben en nuestros consulados temerosos de seguir perdiendo derechos en su retorno a España, la población española residente en el extranjero aumentó
un 6,1% durante el año 2014 y el número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó los 2.183.000, a fecha 1 de enero del año 2015, según los datos del padrón de españoles residentes en el extranjero. Hay que decir
también que estos datos en el año 2011 eran de 1,7 millones, por lo cual entendemos que el aumento sigue siendo considerable. Sin entrar en analizar las causas de esta tendencia alcista en el número de españoles emigrantes, puesto que sería
bastante prolijo y objeto de un mayor debate en otro ámbito, la realidad es que, paradójicamente, las acciones presupuestadas en 2016 a favor de los emigrantes, descritas en el programa 231.B, se reducen un 1,4%, como usted ha comentado. Y si ya es
significativo este más de un millón de euros de recorte en un año, creemos que es más inaceptable la tendencia iniciada por el Gobierno del Partido Popular que desde el año 2011 ha ido reduciendo en más de 50 millones las acciones destinadas a este
fin que, como les decía al principio y por darle un componente humano a las cifras, supone una pérdida en la garantía de atención y del nivel de protección de los españoles residentes en el exterior. No intenten justificar solo esta reducción, como
ha afirmado, con la para ustedes obvia disminución de beneficiarios, ya que no aumentan ni un euro los gastos de personal ni las transferencias de capital a centros e instituciones sociales, benéficas, culturales y educativas y, además, reducen los
gastos corrientes en bienes y servicios y, dentro de las transferencias corrientes, también disminuyen programas como los destinados a las familias e instituciones sin fines de lucro. Con este panorama, ¿han pensado ustedes cómo se sienten los
españoles que por distintos motivos residen o emigran al exterior? Supongo que ustedes, como nosotros, pondrán nombres y apellidos a estas personas, personas que nos trasladan la auténtica desprotección y sensación de soledad con la que se
encuentran respecto a las acciones que plantea este Gobierno, en las que en la mayoría de los casos el único amparo que reciben es su propia capacidad para sortear el día a día y su tenaz voluntad de encontrar un mejor futuro. Esa desorientación y
sensación de futuro incierto es la misma que ustedes proyectan en este presupuesto. Por ello, el pasado 9 de julio registré una pregunta escrita, hoy todavía pendiente de respuesta, para que expusieran las previsiones que tienen sobre la necesaria
realización de un programa que fomente o facilite el retorno de españoles, especialmente de jóvenes, sobre el que espero que hoy den alguna explicación.


En cuanto a inmigración se refiere, nos congratulamos -hay que decirlo- del incremento presupuestado en el programa de acciones a favor de inmigrantes, dotado con 112,7 millones de euros, que representa un significativo aumento del 69,8%,
pero también hay que incidir en las necesidades reales y que partíamos de unos presupuestos muy limitados para hacer frente a la coyuntura actual, sobre todo en lo referido a integración, protección y acogida. De este modo, entendemos como positivo
el aumento -no nos duele decirlo-, pero también entendemos que se debe a las directrices marcadas por los distintos organismos internacionales y europeos, a los que usted también se ha referido, sobre los cuales decimos que deben seguir apostando
por encaminar esfuerzos conjuntos entre los Estados para establecer estrategias de cooperación comunes en asuntos de inmigración. Por ello, hemos obtenido un incremento de 15 millones de euros financiados por el sistema de protección internacional
para la acogida e integración de refugiados y asilados ante el importante ascenso previsto de solicitudes y también se entienden así los 28,95 millones de euros previstos en el programa de reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de
protección internacional; una decisión que es vinculante desde el Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Además, dentro de la asignación financiera para España en el periodo 2014-2020 en el área de acción social, el
85% está financiado por el Fondo social europeo.

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Otra cuestión que nos preocupa es su intento de normalizar la sobreocupación de los CETI. Pese al aumento presupuestario, sobre estos CETI, especialmente los de Ceuta y Melilla, sobre todo tras sus reiteradas afirmaciones en las que dicen
que la mejora de la gestión de los centros ha permitido que con los mismos recursos se atienda a un mayor número de personas -hoy ha afirmado usted que se consolidan los recursos en estos centros-, le pregunto si de verdad lo creen y les pido que
nos explique cómo con esta racionalización de gastos consideran ustedes que se está dando un mejor servicio, con la saturación y el hacinamiento existente y la previsión de aumento descrita en la memoria. De este modo, seguimos pensando que ustedes
actúan a remolque de las necesidades, totalmente desbordados por los acontecimientos, donde su única altura de miras, con la que en ocasiones han calificado el trato que debían tener los asuntos de la inmigración, lo refleja la altura de las vallas
y concertinas que hoy todavía evidencian una vergüenza internacional y ante lo que todos -repito, todos- debemos actuar con mayor sentido humanitario y menos demagogia. Quisiera también que entre todos reflexionemos sobre el conjunto de actuaciones
en relación con la inmigración y que tengamos en cuenta que muchos de ellos han variado el principal fin con el que intentaban lograr un proyecto de vida más esperanzador en otro país distinto al suyo para cambiarlo por el simple deseo de entregarse
a las autoridades del país que los recibe. De igual modo -y por último- ponemos un especial énfasis en la recuperación de los programas de integración social de los inmigrantes, sobre todo en su vertiente juvenil, por las distintas actuaciones y
actividades de aprendizaje en los espacios de tiempo libre de los niños y niñas inmigrantes.


Para finalizar, quisiera trasladarle cinco cuestiones concretas que espero tengan la adecuada respuesta. La primera de ellas es sobre una cuestión prioritaria, la atención humanitaria a inmigrantes llegados a las costas del Mediterráneo.
En este sentido, le preguntamos si consideran que este exiguo incremento que ustedes han propuesto del 9,2% por este concepto es suficiente para atender las necesidades y las previsiones que tendremos en el futuro. ¿Está el Gobierno en condiciones
de asegurar la acogida a través de las organizaciones sectoriales y el circuito posterior? Quisiéramos decirle también, como ya hemos expuesto, que creemos que estos presupuestos constatan su poco interés por la cohesión social y la convivencia en
barrios y ciudades al no incluir una partida para la integración social de los inmigrantes y el apoyo al aprendizaje de los niños en sus espacios de tiempo libre, por lo que le pregunto cómo piensan solventar esta cuestión y qué medidas plantean.
Queremos conocer también las medidas concretas que han previsto para atender la creciente demanda y solicitudes de asilo de la Unión Europea, que usted ha explicado, especialmente para hacer frente a las derivadas de Grecia e Italia desde las zonas
de conflicto. Por último, le reiteramos lo expuesto anteriormente en cuanto a los jóvenes emigrantes preguntando qué planes tienen previsto realizar y qué medidas contemplan para facilitar su retorno, así como la mejora de la información, ayudas y
protección.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para concluir, la petición de comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Popular la va a sustentar don Ildefonso Pastor.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Ante todo, quiero darle la bienvenida en mi nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular a la secretaria general de Inmigración y Emigración y, una vez más, mostrarle nuestro agradecimiento por su intervención,
que nuevamente ha sido muy clarificadora, muy bien ordenada, y eso facilita mucho el trabajo de los portavoces de los distintos grupos.


Se comentaba que este es el quinto presupuesto que se debate en esta legislatura, y es cierto, es el quinto. El primero lo debatimos en un momento extemporáneo, porque hubo un gobierno que hizo una dejación clamorosa de sus funciones y
prefirió precisamente no asumir el coste electoral de las medidas que había que adoptar, dada la situación económica en la que iba a dejar el país. Una situación que, por cierto, conocía perfectamente, aunque mintió de forma reiterada hasta días
antes de la celebración de las elecciones, cuando la entonces ministra de Economía -quiero recordar- afirmaba que el déficit iba a ser del 6%, que es el que estaba comprometido, y que posteriormente se demostró muy superior, el 9%, por si acaso
ustedes no lo recuerdan. Esto es algo que, en este caso, quizá sí podría ser tachado de electoralismo por la no asunción de responsabilidades; yo no presento el presupuesto y, por lo tanto, no asumo los costes que ello me puede conllevar. Pero
hay una notable diferencia, y es que, aunque es cierto que este quinto presupuesto también lo debatimos en un momento que no es el habitual para el debate de los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo se debate para que el próximo Gobierno
-sea el que sea, aunque yo espero que sea el de mi propio grupo político, obviamente- pueda tener unas cuentas públicas adaptadas a la condición real y a las necesidades de la economía española. Si se diera el caso, en mi opinión poco probable, de
que fuera otro el que tuviera que hacerse cargo del Gobierno

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-y absolutamente irreal que fueran ustedes-, en ese caso ustedes podrían modificar el presupuesto, pero ya tendrían unas cuentas públicas, no tendrían que empezar desde cero; no tendría que paralizarse la Administración española, y eso,
señorías, es un ejemplo de responsabilidad. Sensu contrario, lo suyo es un ejemplo de profunda irresponsabilidad. Entre estos dos presupuestos, el que aprobamos porque ustedes no lo hicieron y el que vamos a aprobar para que el próximo Gobierno
pueda disponer de unas cuentas razonablemente preparadas, se han producido otros tres proyectos legislativos de Presupuestos Generales del Estado, que hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara y que se han adaptado a unos tiempos
extraordinariamente difíciles; unos tiempos en los que ha habido que asumir importantes sacrificios -también en el departamento de inmigración y emigración-, de los cuales, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, se han conseguido mantener las
políticas públicas y las prestaciones básicas y, sobre todo, algo que es extraordinariamente importante, se ha sacado al país adelante. Es más, se le ha sacado adelante del pozo en el que ustedes lo habían dejado.


Todo este camino es el que nos lleva a las cuentas que esta semana empezamos a tramitar en esta casa; unas cuentas que, en opinión de este portavoz, demuestran que todo el esfuerzo realizado a lo largo de esta legislatura ha merecido la
pena, y que esa receta que suma rigor fiscal y reformas es la receta correcta, es la receta que ha demostrado dar resultados para conseguir, en primer lugar, crecimiento económico, que es un requisito sine qua non sobre todo para la consecución de
empleo, que es el principal problema que tiene este país, aumentar con ello los ingresos públicos y poder mantener el gasto social y, al mismo tiempo, a ser posible, hacerlo cumpliendo con los compromisos de consolidación que vinculan a nuestro país
con nuestros socios europeos. El presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración es precisamente eso, un presupuesto de gasto social; un presupuesto en el que la gran mayoría del importe se destina a cubrir prestaciones y a dar
apoyo a las personas más vulnerables, que es una prueba de la solidaridad de los contribuyentes españoles, que se ha podido mantener en los tiempos más duros y más difíciles de la crisis económica y que, ahora que las cosas van mejor, aumenta en los
términos que ha expresado la secretaria general de Inmigración y Emigración. El presupuesto sube un 32,4%, lo que supone un aumento de 45 millones de euros y, especialmente -aunque ya lo ha mencionado la secretaría, a mi me apetece recalcarlo- ha
aumentado en lo que se refiere a la atención a los inmigrantes en los centros de acogida, así como en el refuerzo del sistema de protección internacional para solicitantes de asilo y refugiados, lamentablemente, por las circunstancias
extraordinarias que se suceden en nuestra vecindad inmediata o no tan inmediata. Esto explica, en gran parte, el incremento que se produce en el programa dirigido a la inmigración, que aumenta -como se ha señalado- en casi un 70%.


Hay varias partidas sobre las que me gustaría llamar la atención, aunque puedan haber sido ya mencionadas. La partida dirigida a la atención humanitaria, que crece en más de un 9% y que viene de crecer en el año anterior en más de 65%; el
programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, aprobados recientemente -como se ha señalado- en el marco de la Agenda europea de emigraciones, con 53 millones de euros; el incremento de más del 10% destinado a sufragar gastos corrientes y
de funcionamiento de los dos centros de estancia temporal de inmigrantes y de los cuatro centros de atención a los refugiados, para mejorar su capacidad ante unas necesidades que lamentablemente son crecientes, y el mantenimiento del resto de las
partidas, que no disminuyen y que permite que se mantenga un importante esfuerzo presupuestario en relación con nuestra política de inmigración e integración. Sí, escuchan bien, de integración. En este aspecto, por ejemplo, destaca una partida de
más de 13 millones de euros para subvenciones de concurrencia competitiva de las organizaciones no gubernamentales, para llevar a cabo programas y medidas de integración de inmigrantes. Por lo que se refiere a la partida de emigración, es cierto -y
yo creo que hay que resaltarlo- que se mantiene el esfuerzo presupuestario que se ha realizado durante estos últimos años con una muy leve bajada y que, además, se explica de una forma muy razonable porque disminuye el número de solicitantes, bien
por la mejora de la situación económica en los países donde estas personas residen o bien por el movimiento natural de las poblaciones o de los colectivos a los que se dirigen. Evidentemente, año a año, lamentablemente, hay menos niños de la
guerra, pero esto es algo sobre lo que el Gobierno poco puede hacer. Por todo ello, la valoración que nuestro grupo parlamentario hace de estos presupuestos, y concretamente de los presupuestos de la secretaría general, es una valoración positiva.
Entendemos que se produce un incremento importante de las partidas y que, gracias a los esfuerzos realizados durante estos cuatro años, se ha podido sostener e incluso aumentar el gasto social, garantizando el cumplimiento de los objetivos de
déficit -aquellos que

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ustedes sencillamente desconocen cómo cumplir- y contribuyendo con ello a la posibilidad de tener unas cuentas saneadas, que es el primer requisito para poder mantener los servicios públicos.


Para acabar, me gustaría lanzar un par de cuestiones a la secretaria general. En primer lugar, la de los jóvenes y la de la nueva emigración que se está produciendo, que es una cuestión que también ha mencionado el portavoz del Grupo
Socialista, que ha atraído mucho la atención de los medios durante estos años y también, como es evidente, de los grupos políticos, sobre las que se han dado cifras de lo más diversas, algunas absolutamente incorrectas y en muchas ocasiones
sesgadas, pero que sin duda es un tema que preocupa a la sociedad. En este sentido, si es posible, me gustaría que nos resumiera la labor desarrollada por su secretaría en relación con los españoles en el exterior. Esta es una cuestión por la que
ya he tenido la ocasión de preguntarle en alguna otra comparecencia sobre presupuestos, en relación con las líneas de subvenciones que su departamento tenía dirigidas a este colectivo. Por último, quiero pedirle que profundice en los temas de
protección internacional, que son aquellos en los que, de una forma más sustancial, se incrementa el presupuesto y que responden, obviamente, a una situación dramática que se produce en nuestra vecindad, más o menos inmediata, y ante la cual desde
hace mucho tiempo tanto el Gobierno como esta casa han reclamado insistentemente una mayor implicación de las autoridades europeas, entendiendo que este no es un problema que afecte única y exclusivamente a aquellos países que sufren de una manera
más directa la presión inmigratoria, sino que tiene que ser una política de la Unión Europea. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la secretaria general de Inmigración y Emigración para dar respuesta a las cuestiones que le han suscitado.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias a los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Voy a empezar, quizá, por las preguntas del Grupo Socialista. La primera de ellas
hacía referencia a la suficiencia de las partidas destinadas a la ayuda humanitaria. Lo ha comentado igualmente el portavoz del Grupo Popular. Es verdad que se incrementa -lo he citado durante mi intervención- la dotación para la atención
humanitaria a inmigrantes en un 9,2%, en concreto es de 11,14 millones de euros. EL 9,2% equivale a 937.520 euros más, pero, como muy bien ha señalado el portavoz del Grupo Popular, es verdad que viene de un incremento importante que ya previmos en
el ejercicio pasado de un 65,7%, que es mucho. Y sí, nos parece suficiente; de hecho, la principal fuente de la inmigración que llega a nuestras costas a través de pateras solicitando ayuda humanitaria, ha disminuido este año. Es verdad que el
año pasado tuvimos un repunte importante en agosto, así que me voy a callar porque todavía puede pasar y siempre puede pasar. Pero no solo se destina específicamente esta partida a ayuda humanitaria, hay más partidas en general que se destinan a
ayuda humanitaria para los inmigrantes, por ejemplo, la asistencia en las playas, la subvención directa que se da a Cruz Roja.


Otra pregunta que me ha realizado se refiere a la saturación en los centros de estancia temporal de inmigrantes. Es cierto que el CETI de Melilla tiene una capacidad nominal de 480 personas y, sin embargo, lleva ya meses y meses presentando
una sobreocupación que se ha agravado especialmente en el último año. De hecho, el dato a 14 de agosto de 2015 es de 1.264 personas, que dista mucho de la punta que ha tenido y que ha superado incluso en alguna ocasión las 2.000 personas. Está
principalmente motivado por el importante volumen de familias de origen sirio que están llegando a través de la frontera con Marruecos. Un total de 723 personas de esas 1.264 que he señalado son de origen sirio, y de ellos 288 son menores. Todos
ellos han venido tras huir de la situación de conflicto de su país y llegan a la Unión Europea a través de nuestra frontera con Marruecos. La segunda nacionalidad con mayor presencia en el CETI de Melilla es la palestina, con 121 personas acogidas
de las cuales 36 son menores. Insisto, son datos del 14 de agosto de 2015, pero solo en el 2014 llegaron al CETI de Melilla, insisto, 5.540 personas, el 53% de ellas de origen sirio. A este incremento de las cifras se añade un cambio en el perfil
de las personas que llegan, porque ahora son familias en lugar de individuos, normalmente varones que llegaban saltando la valla de Melilla. El incremento de las cifras ha supuesto además que los espacios que estaban previstos para zonas comunes se
hayan tenido que habilitar como dormitorios, justo en un momento en el que ha habido un cambio en el perfil de personas -he hablado antes de los menores que venían con estas familias- que requerían esos espacios. Todo esto lo digo para anticiparle
que estamos trabajando y que hemos puesto en marcha toda una serie de actuaciones y de trabajos, un programa de reformas en las instalaciones que ya se crearon en el año 2015 y que precisamente por esa sobresaturación habían sufrido un deterioro
importante, todo, insisto, para adaptarlas al nuevo escenario y mejorar las condiciones

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de habitabilidad del centro. En concreto, hemos tomado medidas financiadas de manera especial con un fondo de emergencia por la Unión Europea. Hemos destinado aproximadamente 5 millones de euros a incremento de personal; provisión de
mobiliario y enseres tales como literas, colchones, almohadas, útiles de cocina, etcétera; reformas en las instalaciones, ampliación de sanitarios, cambios en todo el sistema de agua, de calefacción, etcétera; mejoras en los módulos de alojamiento
existentes e instalación de otros nuevos, aumentado la capacidad de acogida. Por el momento, hasta hoy, hemos incrementado la capacidad en 180 personas, y cuando terminen todos los trabajos que estamos llevando a cabo tendremos 500 plazas más de
alojamiento en el CETI de Melilla. Además de ello, hemos incrementado el ritmo de traslado de las personas que están en el CETI a la Península, sobre todo considerando que muchos de ellos son sirios y solicitantes de asilo.


El CETI de Ceuta, con una capacidad nominal de 512 personas, también a fecha 14 de agosto, acoge a 631 personas. Evidentemente, el problema es menor si lo comparamos con el CETI de Melilla, pero también es verdad que el tiempo no pasa en
balde y por eso también hemos hecho obras de refuerzo de la infraestructura y afianzamiento de la cimentación, que estaba sufriendo un deterioro importante, así como de otras instalaciones, provisión de mobiliario, instalaciones de agua, etcétera.
Recuerdo, como he dicho antes, que hemos obtenido algo muy importante, y es que el nuevo Fondo de asilo, migración e integración, el FAMI, que sustituye a los fondos Solid, va a poder cofinanciar todos estos gastos de mantenimiento de
infraestructuras de los centros de estancia temporal de inmigrantes. Como ya he dicho, este año hemos invertido 5 millones de euros del Fondo de emergencia total aprobado para España. A solicitud de España se aprobó un fondo de emergencia de 10
millones que hemos repartido entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, lo hemos aplicado en su integridad a estas reformas. También se han incrementado en el presupuesto las partidas destinadas a
financiar los centros de migraciones en general, no solo los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla, sino también los centros de ayuda a los refugiados, y esto se ha hecho a través de un incremento de unos 2 millones de euros, si no
recuerdo mal.


Me han pedido que profundizara en la Agenda europea de migraciones y todos los acuerdos que se han adoptado y este incremento importantísimo que he comentado destinado al redimensionamiento y fortalecimiento de nuestro sistema de acogida de
solicitantes de protección internacional y su integración. Como saben, España ha participado activamente en los debates del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros de Interior sobre la Agenda europea de migraciones, y dentro de ella, sobre las
decisiones en materia de reubicación y reasentamiento de personas en clara necesidad de protección internacional. En dichos debates el Gobierno de España ha recordado que somos un país solidario y responsable en materia migratoria. La mayor
demostración de ello es, como también he dicho, que nuestra sociedad ha mantenido una actitud serena y tolerante ante el reto de la integración en un contexto económico complejo. Hemos hecho valer ante nuestros socios europeos y ante las
instituciones comunitarias que nuestra responsabilidad y solidaridad con la Unión es constante y se construye cada día a través de la cooperación que llevamos a cabo desde hace muchos años con los países de origen y tránsito y nuestra visión
omnicomprensiva de los flujos migratorios, que incide especialmente en actuar en origen junto a las autoridades de dichos países en la solución de las causas profundas de los flujos migratorios de carácter irregular. No en vano, en materia
migratoria y de integración España es un modelo de buenas prácticas ante los otros países miembros de la Unión Europea. La posición de España en estos debates ha sido muy distinta en función de si se hablaba de reubicación y de reasentamiento.


En cuanto a la reubicación, España ha insistido en que repartir a las personas que llegan a otros países miembros de la Unión no soluciona los problemas de esos países -en este caso ni de Grecia ni de Italia-, ni sirve para aliviar la
presión migratoria de esos países, sino al contrario, producen y están produciendo un efecto llamada de personas que normalmente vendrían a nuestro territorio, a Europa, buscando un futuro mejor como migración económica. Por ejemplo, según los
últimos datos de Eurostat, aparece como la principal nacionalidad solicitante de asilo en Italia la senegalesa, cuando normalmente el senegalés no es un solicitante de asilo. En lo que respecta al reasentamiento, España ha valorado la medida de una
manera muy positiva. El reasentamiento implica que, en una demostración de solidaridad con esos países que están desbordados, nos traemos a nuestro territorio solicitantes de asilo o refugiados desde campos de refugiados que normalmente están en
países adyacentes a zonas de conflicto. Además, en comparación con la reubicación, tiene la peculiaridad de que se rompe la cadena de las personas solicitantes de asilo que han podido llegar a los territorios -en este caso a Italia y a Grecia- en
estas barcazas que estamos viendo conducidas por mafias que trafican con ellos y se aprovechan de ellos.

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Mientras que con la reubicación no se rompe esa cadena con las mafias, con el reasentamiento en principio esa cadena queda rota. De hecho, España es uno de los quince países de la Unión Europea que tiene un programa de reasentamiento
formal; ocupaba el noveno puesto en el año 2014 con su programa nacional de reasentamiento que viene renovando anualmente desde el año 2010. Con todo ello, quiero decirles que de cualquier modo, España sí se ha mostrado solidaria con los países
que están sufriendo mayor presión migratoria en estos momentos -Italia y Grecia-, y a solicitud de la Comisión vamos a reubicar un total de 1.300 personas y a reasentar un total de 1.449 personas, todo ello a la vez que atendemos el incremento de
las solicitudes de asilo en nuestro país. En tres años se ha multiplicado por cuatro el número de peticiones de asilo y se prevé que en el año 2015 la cifra de solicitantes de asilo en España se eleve a más de 12.000. Además, debemos seguir
prestando atención humanitaria a las personas que llegan a nuestras costas en situación de vulnerabilidad y continuar con nuestros esfuerzos de cooperación con los países de origen y de tránsito para prevenir esa inmigración irregular promovida por
las mafias. En cuanto al programa específico de reubicación y reasentamiento, la Unión Europea está todavía concretando los instrumentos jurídicos sobre los cuales se articularán estos procesos de reubicación y reasentamiento, que probablemente
queden determinados en septiembre, pero ya podemos adelantar que las llegadas de personas reasentadas y reubicadas se organizarán a lo largo de veinticuatro meses y que, por lo que respecta al presupuesto de esta secretaría general, se destinarán
57,4 millones de euros a un programa intensivo de acogida e integración para estas personas a través de la financiación de plazas de acogida gestionadas por distintas ONG. Habrán visto que en el presupuesto se crea una partida específica para la
ejecución de este programa con 28,5 millones de euros, que es aproximadamente algo más de la mitad de esta cuantía total. Por esa razón creemos que estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y demostrando nuestra solidaridad con
todos los países de la Unión Europea; insisto, además de los esfuerzos que España realiza como frontera sur, única frontera terrestre con África. Además de esta partida, que está contemplada específicamente en nuestro presupuesto -en el proyecto
que les he presentado-, existen otras partidas previstas para la acogida de personas que llegan por sus propios medios a España, y ya les he citado que se espera una llegada de más de 12.000 en este año. No sé si merece la pena que les detalle
cuáles son esas partidas, seguro que las conocen. Sí quiero citarles que en la reubicación y en el reasentamiento -es mi obligación citarlo porque si no la Comisión se enfada conmigo- tendremos una cofinanciación europea por persona reubicada o
reasentada; en el caso de la reubicación será de 6.000 euros por persona y en el caso del reasentamiento será de 10.000 euros por persona. Con esto creo que he concluido con todas las preguntas que me habían hecho de inmigración.


En cuanto a la emigración, qué planes tenemos para realizar con los emigrantes españoles en el exterior. Usted en su exposición -que se la agradezco, porque se ve que se ha estudiado muy bien los presupuestos, señor Selva- ha mencionado
algo que me sorprende, y es que los jóvenes o en general los españoles que han incrementado esa cifra de residentes en el exterior no acuden a los consulados por temor a perder sus derechos, y la verdad es que no sé qué derechos se pueden perder.
Es curioso, porque cuando se trata de una persona que tiene la nacionalidad española, que la ha adquirido mientras estaba como inmigrante en España y se ha nacionalizado por residencia como español, si regresa a su país acude inmediatamente al
consulado y no tiene ningún problema en inscribirse. Desde luego, la política del Gobierno es animar a todos los que residan en el exterior a acudir al consulado y registrarse, porque ocurre al contrario, la forma de garantizar sus derechos es
estando inscritos en el consulado. Ciertamente, solo podemos fijarnos en los datos que hay en el registro. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, España viene teniendo un saldo migratorio negativo desde el año 2010. En el caso de
la población española, el saldo negativo se remonta al año 2008; lo subrayo porque lo considero importante desde un punto de vista sociológico. Asimismo, considero importante destacar que en el caso de los jóvenes con edades comprendidas entre
quince y veintinueve años, desde el año 2008 hasta el año 2014 el saldo negativo es de 36.632 personas, es decir, desde el año 2008 hasta el año 2014 entre las edades de quince y veintinueve años se han ido a vivir fuera alrededor de 36.000 personas
más de las que han venido de fuera a vivir a nuestro país. Como ha citado usted, según los datos del padrón, el 1 de enero de 2015 residían en el extranjero más de 2 millones, pero de esos 2 millones la cifra de españoles residentes en el exterior
y nacidos en España es de 733.387. Dicha preponderancia de la cifra de españoles en el exterior y nacidos fuera de España debe ser tenida en cuenta en el análisis de los movimientos migratorios desde un punto de vista estrictamente sociológico y
evidentemente no de derechos, pues todos son ciudadanos nacionales españoles, pero es importante porque están directamente relacionados con la concesión de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles por vía de la Ley de Memoria Histórica

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-he de decirles que se recibieron 500.000 solicitudes de nacionalidad española por esta vía, de las cuales ya se han concedido casi 400.000, si no recuerdo mal- y la salida de España de personas que llegaron como emigrantes, como he señalado
antes, y que han regresado a su país de origen tras haber accedido a la nacionalidad española. A todos afecta la situación económica por igual y de ahí el flujo de salidas que venimos observando de carácter negativo.


Volviendo a lo que me preguntaban ambos sobre qué planes teníamos con los emigrantes españoles nuevos o que han salido de nuestro país en los últimos años, es difícil resumir esta labor porque es un poco amplia, pero voy a tratar de ceñirme
a lo que es presupuestario. A lo largo de la presente legislatura, con datos de los ejercicios 2012 a 2014 ya cerrados, hemos destinado a ayudas a emigrantes, a personas en el exterior y subvenciones 213.191.513 euros. Los beneficiarios totales se
elevan a 185.634 perceptores individuales y 1.829 asociaciones, centros y entidades. Hemos realizados 109 acciones dentro de las ayudas, subvenciones y programas descritos. Con ello hemos garantizado en un ejercicio conjunto de responsabilidad
presupuestaria y de consolidación del sistema de protección para las personas en situación de vulnerabilidad el conjunto de medidas de ayudas y subvenciones previstas para los españoles residentes en otros países, garantizando, en todo caso, el
mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones adaptadas a los parámetros socioeconómicos de los países en que se abonan. Pero es que no nos hemos quedado en mantener el nivel de atención para los españoles en el exterior en situación de
vulnerabilidad y para las asociaciones y centros creados por nuestros ciudadanos fuera, sino que hemos hecho visible a un colectivo ignorado por el Gobierno anterior, y son los jóvenes españoles que desde hace ya muchos años -he citado antes que el
saldo era negativo desde 2008- van a otros países a estudiar o trabajar, y lo hemos hecho sin grandes alardes. No voy a comparar con actitudes de otros grupos, sino trabajando y previendo medidas específicas destinadas a ellos. Tanto el programa
de subvenciones a favor de los jóvenes en el exterior como otras medidas de carácter no subvencional, como son la creación del portal de movilidad internacional y su aplicación para tablets o el impulso de los acuerdos bilaterales de movilidad de
jóvenes. La disminución del número de beneficiarios en algunas prestaciones para emigrantes por el movimiento natural de la población, prestación por razón de necesidad en casos de ancianidad o niños de la guerra, nos ha permitido no solo
incrementar otras prestaciones, como las ayudas extraordinarias a emigrantes y a retornados, sino también dotar, año a año, el programa de subvenciones a favor de jóvenes en el exterior, programa de jóvenes al que se destinó una cuantía de 1.847.750
euros en el ejercicio 2013 y de 4.447.000 en 2014. En 2015, el programa ha sido convocado con una dotación total de 4.550.000 euros, encontrándose en estos momentos en fase de valoración de los proyectos presentados que esperemos se termine pronto.
Con ello financiamos lo siguiente: Actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes, información, orientación profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y emprendimiento; programas de formación, prácticas en empresas de
especialización profesional y de emprendimiento que permitan la incorporación en el mercado laboral del país de residencia; programas de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia y programas que faciliten el retorno -y esta ha
sido una pregunta específica del señor Selva-, así como la participación en proyectos emprendedores en España, programas que faciliten el retorno y proyectos emprendedores de españoles que están fuera y que quieran regresar a España para emprender
en nuestro país.


Como en ejercicios anteriores, entendemos que en el año 2016 la forma de hacer más operativo este programa de subvenciones es a partir de la formación de un marco presupuestario como el que hoy les presento, que permite dar una respuesta más
ágil a las necesidades que surjan y, al mismo tiempo, facilitan la precisión en su ejecución. Nuestro absoluto compromiso con nuestros ciudadanos allá donde estén tienen un reflejo añadido en el proyecto de presupuesto que hoy les he presentado,
con el restablecimiento de sinergias con la UNED allí donde hemos considerado que la presencia de españoles que quieren continuar una formación universitaria española lo aconseja. Esta colaboración con la UNED tuvimos que suspenderla en el año 2012
y hoy hemos podido recuperarla en el presupuesto, porque nuestro compromiso con los ciudadanos es firme y es tangible, tanto cuando hay que realizar un ejercicio de contención presupuestaria en el marco de políticas dirigidas a la recuperación de la
senda de crecimiento económico, como cuando la mejora de las condiciones permitan volver a dotar partidas que nunca desaparecieron del todo de nuestros objetivos.


Creo que he contestado en general a todo. Quizá no he mencionado que no hemos previsto ninguna partida específica para espacios de convivencia de inmigrantes. De hecho, tal como usted lo ha definido, podría encajar perfectamente en
cualquiera de los programas que las organizaciones no gubernamentales

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presentan a la Secretaría General de Inmigración a través de la convocatoria general de subvenciones, y sería perfectamente admitido como proyecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general, por su comparecencia y explicaciones. Gracias a todos ustedes.


Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.