CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 789

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 35

celebrada el martes,

21 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Menéndez Menéndez), para informar sobre los resultados de las actuaciones de control tributario. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente
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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Como todos ustedes saben, tenemos un único punto en el orden del día de hoy, la comparecencia del director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para informar sobre los resultados de las actuaciones de control tributario, comparecencia solicitada por el interesado, por el propio Gobierno. Vamos a seguir la mecánica habitual de desarrollo para
este tipo de comparecencias. En primer lugar, escucharemos al compareciente y después intervendrán todos los grupos que lo deseen, de mayor a menor, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista y concluyendo con el mayoritario, el Grupo
Popular, por un tiempo de diez minutos. Finalmente, cerrará el compareciente, sin perjuicio de que pueda haber un turno posterior de réplica.


Tiene la palabra el señor Menéndez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para informar sobre los resultados de las actuaciones de control
tributario. El contexto económico muestra una evidente mejoría de la situación económica que ha vuelto a reflejarse en el primer trimestre de este año en la recaudación de impuestos. Según los últimos datos publicados, los ingresos acumulados
hasta febrero han crecido un 3,2% respecto al mismo periodo del año pasado, 939 millones de euros más, en línea con lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Y eso, a pesar de factores que podían haber hecho caer la recaudación, como la
rebaja en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Destaca particularmente el aumento de los ingresos por el impuesto sobre el valor añadido, un 7,2% respecto al año anterior. Estos datos reflejan que la actividad económica sigue
fortaleciéndose y que el aumento del consumo y las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social están siendo lo suficientemente importantes como para incrementar los ingresos por encima de las previsiones. A pesar de estas cifras y de la evolución de
otras variables que evidencian la mejoría económica, las actuaciones de la Agencia Tributaria son llevadas a cabo todavía sobre periodos impositivos no prescritos —es decir, los anteriores— en los cuales las bases imponibles agregadas se encontraban
en disminución y los contribuyentes con serias dificultades financieras. El 17 de febrero comparecí aquí mismo para presentar los mejores resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, 12.318 millones de euros. Esto
supone un 12,5% más que lo alcanzado en el año 2013. Aprovecho esta comparecencia para informar de que, con datos cerrados a 31 de marzo, en este primer trimestre la agencia ha obtenido unos resultados de 2.889 millones de euros, un 13,5% más que
en el primer trimestre del año pasado. Ha sido el mejor trimestre de la serie histórica. Desde el año 2012 se han obtenido en total 37.674 millones de euros en resultados de lucha contra el fraude. Los profesionales de la Agencia Tributaria han
hecho estos años un gran esfuerzo para que el Estado pueda mejorar y sostener su recaudación fiscal, a pesar del contexto de crisis económica. Con estos 37.000 millones que he dicho se podrían pagar las prestaciones por desempleo del último año y
medio, se financiarían las pensiones de jubilación de un semestre, se podrían pagar durante dos años las retribuciones de la Policía y Guardia Civil, se podrían pagar durante más de nueve meses las nóminas de todo el personal que trabaja en
educación y sanidad en todas las administraciones públicas.


El gran mérito de lo logrado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en estos tres últimos años radica en que, en primer lugar, son cantidades obtenidas en términos de caja, actuando en años con serias dificultades de liquidez
por los contribuyentes; en segundo lugar, en que se han logrado con casi 2.000 trabajadores menos de los que había en 2011, en concreto, 1.869, consecuencia de la falta de previsión en el diseño de la política de recursos humanos de etapas
anteriores y que con las dos últimas ofertas de empleo público ya se está empezando a subsanar, y en tercer lugar, se logra con una cantidad creciente de funcionarios dedicados a prestar labores de auxilio judicial y peritaje, en total, a cierre de
2014, 1.409 funcionarios. Sin duda el resultado es debido a varios factores y de forma destacada a la profesionalidad de las personas que trabajan en la agencia, pero también a contar con los medios y las directrices necesarias y a que desde el
Gobierno se ha estimulado e incentivado la labor de los funcionarios, a los que se deja trabajar con el máximo respeto a su autonomía y criterios técnicos y profesionales.


La razón fundamental de que se hayan podido alcanzar los resultados estos últimos años no es que ahora los funcionarios de la agencia sean más inteligentes que antes ni se debe a variables macroeconómicas o explicaciones subjetivas sobre la
evolución de complejos gráficos, se debe simple y llanamente a la decisión firme y clara de luchar contra el fraude mediante la puesta a disposición de la agencia de los

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medios e instrumentos legales necesarios para cumplir con su objetivo. El esfuerzo normativo habido en los últimos años ha aportado instrumentos legales más eficaces y más precisos de los que se disponía con anterioridad, algunos de ellos
tantas veces demandados por los inspectores de Hacienda del Estado, entre los que me encuentro. Me estoy refiriendo concretamente a la Ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, me estoy refiriendo a la Ley Orgánica 7/2012, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la
Seguridad Social, y me estoy refiriendo, por último, al proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes, que ya entra en las Cortes Generales para su tramitación, la modificación de la Ley General Tributaria. La Ley 7/2012
incorpora la limitación al uso de dinero en efectivo, no pudiendo realizarse pagos en efectivo por encima de 2.500 euros, recoge la ampliación de supuestos de responsabilidad tributaria y refuerza las medidas cautelares para garantizar el cobro de
la deuda tributaria; por ejemplo, ahora estas pueden ser acordadas en cualquier momento del procedimiento tributario de comprobación e investigación, incluso en los procesos penales de delito fiscal. Incorpora también la prohibición de disponer de
bienes inmuebles de aquellas sociedades cuyas participaciones o acciones hayan sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un moroso, es decir, antes embargábamos unas acciones, pero el inmueble que era propiedad de esa sociedad podía venderse
tranquilamente. Ahora podemos determinar la prohibición de disponer de ese inmueble, un elemento bastante importante en la lucha contra el fraude demandado hace mucho tiempo, y sobre todo se crea una nueva obligación de informar sobre cuentas
valores y bienes inmuebles situados en el extranjero, el modelo 720.


El análisis de la valiosísima información contenida en este modelo, junto con la información obtenida e incorporada a las bases de datos de la agencia gracias a la declaración tributaria especial, ha permitido el ensanchamiento de las bases
imponibles declaradas y ha posibilitado el diseño de nuevas actuaciones de comprobación. A ellas me referiré con más detalle al final de mi intervención. No obstante, sí me gustaría dar datos actualizados con relación al número de declarantes y
valor del patrimonio declarado en este modelo, actualizando así la información que ya les facilité hace dos meses. En este año 2015 un total de 27.576 declarantes han declarado por primera vez un elemento patrimonial en el exterior por valor de
14.300 millones de euros. Después de tres ejercicios de presentación de la declaración, 2013, 2014 y 2015, más de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor cercano a los 124.500 millones de euros.
Como digo, esto permite ampliar las bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes cuyas declaraciones fiscales no sean congruentes con los activos o rentas que tengan en el exterior, con una información desbordante y de la
que hasta ahora no se disponía. Partiendo de los datos contenidos en las declaraciones del 720 presentadas en 2013, aparecen más de 200 países. Suiza es el país que tiene un mayor importe de patrimonios declarados, con un total de casi 20.000
millones de euros. En su mayoría son activos financieros —14.000 millones— y cuentas bancarias —4.800 millones de euros—. En Andorra, por ejemplo, se declaran 4.000 millones, casi 2.000 de estos 4.000 millones de activos financieros, y en
Gibraltar un total de 260 millones de euros.


El segundo de los instrumentos legales puestos a disposición de la agencia en la Ley Orgánica 7/2012, crea un tipo agravado en el delito contra la Hacienda pública para los supuestos de especial gravedad cuando la cuantía es mayor de 600.000
euros, elevando la pena de cinco a seis años y el plazo de prescripción de cinco a diez años. Establece que la apertura del proceso penal no impide el procedimiento administrativo de liquidación y de cobro.


Y por último, para concluir con la parte referida a los instrumentos legales, creo necesario hacer referencia a la modificación de la Ley General Tributaria. Los objetivos de esta norma se pueden sintetizar en tres: potenciar la lucha
contra el fraude, reforzar la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos, tanto de los obligados tributarios como de la propia Administración tributaria, y reducir la litigiosidad. Entre las medidas propuestas para la tramitación
parlamentaria, sin ánimo de ser exhaustivo, conviene destacar que por primera vez en España, por motivos de interés general y para prevenir el fraude fiscal, se propone autorizar la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y
sanciones pendientes superiores a un millón de euros que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas. Según el proyecto, aquellos que el 31 de julio de 2015 cumplan los requisitos
aparecerán en la primera lista de deudores. Esta medida se acompaña de otro anteproyecto: la Ley orgánica para regular la publicidad parcial de los datos personales de las sentencias condenatorias firmes de delitos contra la Hacienda pública,
insolvencias punibles y contrabando. Por otro lado, como nueva norma antiabuso se propone introducir una nueva infracción tributaria con el fin de profundizar en

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la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto en las normas tributarias. Así, será sancionable la obtención de un
ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración como de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, que hasta ahora no se podían sancionar. Para dotar a la Administración tributaria de un mejor instrumento
contra la economía sumergida se propone mejorar la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar y su aplicabilidad tanto para la determinación de los ingresos,
ventas, como de los gastos, compras. Finalmente, también se regularía el procedimiento para liquidar administrativamente y recaudar deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda pública,
cuestión tremendamente demandada desde hace muchos años por los profesionales que trabajamos en la Agencia tributaria, porque si no mientras denuncias el delito, se consigue una sentencia firme y se exigen las responsabilidades correspondientes ha
pasado mucho más tiempo y estás tratando de mejor condición al que ha cometido un presunto delito fiscal que al que ha cometido una infracción tributaria. Por fin lo tenemos en la Ley orgánica 7 y se va a desarrollar por la Ley General Tributaria.
¡Por fin! Gracias a los legisladores por esta medida.


En relación con los medios presupuestarios puestos a disposición de la lucha contra el fraude y que han posibilitado los resultados, quiero referirme al propio presupuesto de la agencia y al Plan especial de intensificación de actuaciones.
Respecto del presupuesto en años en los que resultó inevitable realizar serios ajustes presupuestarios, se hizo un esfuerzo para que la disminución afectase lo menos posible a la Agencia Tributaria, lo que en la práctica venía a suponer de nuevo un
claro reconocimiento a la importancia de la labor que desempeña. Ya para este año el presupuesto inicial recogido en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 996,64 millones de euros, que, comparado con el de 2014, supone un incremento del
5%. Es la primera vez que se incrementa en términos interanuales desde que se inició el ajuste presupuestario. Por su parte, el presupuesto final asciende a 1.379,75 millones de euros, esto es, 65,7 millones más que el año anterior. En los
resultados del año 2014 ha jugado un papel importante el Plan de intensificación de actuaciones, con el que se pretendía sobrepasar los objetivos entre el 12 y el 17% con respecto al objetivo presupuestario fijado. El plan se cumplió y al cierre de
2014 se incrementó el resultado del indicador 3 en 2.262 millones de euros por encima de lo previsto, es decir, un 24,52%. El plan pretendía conseguir unos resultados por encima de lo presupuestado de 1.500 millones y se han conseguido 2.262 —700
más— gracias a los funcionarios de la Agencia Tributaria. Gracias, funcionarios, por vuestro esfuerzo. De nuevo, otro ejemplo de una apuesta decidida de la agencia en su lucha contra el fraude que sin duda ha dado su fruto. Por ello, este año se
ha aprobado un nuevo plan análogo para el año 2015.


Por último, en relación con los medios humanos, en primer lugar, las sucesivas ofertas de empleo público de estos años han incluido a la Agencia Tributaria entre los sectores y administraciones de carácter prioritario, exceptuándola de la
tasa de reposición del 0% que se había establecido con carácter general para el conjunto de la Administración General del Estado. El Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, aprobó para 2014 una oferta de empleo público extraordinaria y adicional
para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal. Esta apuesta se ha visto consolidada, una vez más, este año 2014, gracias a que entre la oferta de empleo público ordinaria y la extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los
servicios públicos, la Agencia Tributaria dispondrá en total de 484 nuevos efectivos en turno libre y 689 plazas para el turno de promoción interna. Esto supone una tasa de reposición del 100%. Se mantiene la apuesta por la promoción interna ya
iniciada el año pasado mediante la oferta de un número de plazas nunca antes visto. Constituye sin duda un aspecto muy positivo para el conjunto de la organización y un incentivo y una oportunidad para todos los funcionarios que, con un enorme
esfuerzo personal, quieren continuar avanzando en su carrera profesional; eso sí, mediante la concurrencia de procesos selectivos basados en los principios constitucionales de mérito y capacidad. En segundo lugar, quiero señalar también el proceso
iniciado en el año 2014 con la incorporación a la Agencia Tributaria de personal perteneciente a los grupos C1 y C2 de otros organismos y entidades del sector público, siendo esta una medida impulsada en el marco de la Comisión para la Reforma de
las Administraciones Públicas. Ya se han incorporado 244 funcionarios de entre los 600 a 700 previstos. Se busca con ello incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos humanos disponibles en el sector público y reforzar la lucha
contra el fraude y la asistencia y ayuda a los contribuyentes.


En este punto de mi intervención quiero hacer una mención concreta a la colaboración de la Agencia Tributaria con los órganos judiciales. La agencia colabora leal y permanentemente con los órganos

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jurisdiccionales cuando así es requerida para ello. Esta labor de colaboración supone un enorme esfuerzo organizativo, puesto que merma recursos de la agencia para la realización de sus propias competencias. Como he señalado anteriormente,
en 2014 un total de 1.400 nuevos funcionarios, en su mayoría del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo Técnico de Hacienda, han prestado colaboración en funciones de auxilio judicial o de peritaje. Este es un dato del
que siempre he ido dando cuenta en mis diferentes comparecencias, intervenciones públicas o encuentros con la prensa, pero hoy me van a permitir que vaya más allá y explique la variedad de formas y momentos en los que la Agencia Tributaria colabora
con la justicia al margen del propio auxilio judicial y peritaje. Colaboramos en el ámbito de los delitos contra la Hacienda pública y la colaboración se despliega a lo largo de todo el proceso judicial desde antes de iniciarse el mismo hasta la
propia ejecución de la sentencia. Por ejemplo, antes del inicio la Agencia Tributaria puede, gracias a la modificación introducida por la Ley 7/2012, adoptar medidas cautelares al amparo del artículo 81.5 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio
de que se transformen en medidas judiciales una vez incoado el procedimiento penal. Otra actuación anterior al inicio del proceso penal es la presentación de denuncias y querellas sobre la base de un informe detallado por el actuario que ha
realizado la comprobación. Durante la fase instructora el actuario interviene ratificando ante el juez su informe. Posteriormente puede volver a intervenir en el acto de vista oral para ratificarlo y aclarar cuantas dudas pueda plantear el mismo a
las partes o al juez. Durante el proceso penal por delito contra la Hacienda pública, los órganos de recaudación pueden investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito o
delitos denunciados. Una vez formulada la denuncia, la agencia puede adoptar medidas cautelares al amparo del artículo 81.8 de la Ley General Tributaria, que se someterán a juez penal, reforzando el aseguramiento de las posibles responsabilidades
que se declaren en el proceso. Además, en virtud de lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria y en el artículo 305.7 del Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012 —a la que ya me he
referido—, la agencia auxilia a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda pública exigiendo por el procedimiento de apremio la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en
sentencia. Para poder ilustrar con datos lo que acabo de decir, en el año 2014 se han denunciado 391 expedientes por delito contra la Hacienda pública —muchas veces se habla de que son pocos o son muchos, pero son los que se ven, son los que hay—
con unas cuotas defraudadas de 305 millones de euros y se han presentado 109 denuncias por delito de blanqueo de capitales, por un importe de 486 millones de euros.


En segundo lugar, colaboramos en otros procesos judiciales de distinta naturaleza. Por ejemplo, se realizan también por funcionarios de la Agencia Tributaria funciones como las de interventores, arquitectos tasadores, administradores
judiciales, liquidadores o administradores concursales.


En tercer lugar, suministramos información tributaria. Durante el año 2014 se han tramitado 18.209 solicitudes judiciales de información tributaria en papel. Esto supone nada menos que prácticamente 72 informes por cada día laboral. Por
otra parte, gracias al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria en materia de cesión de información tributaria, los órganos jurisdiccionales pueden acceder directamente a
las bases de datos de la Agencia Tributaria mediante conexión telemática a través del denominado punto neutro judicial. Los accesos judiciales a datos de la agencia a través de este sistema superaron el año pasado 8.650.000.


En cuarto lugar, la Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción. La Agencia Tributaria dispone de una Unidad de apoyo a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. Está financiada y dotada con funcionarios
propios de la agencia que, si bien dependen orgánica y funcionalmente de la dirección general de la agencia, llevan a cabo un cometido de apoyo constante a la Fiscalía Anticorrupción mediante la realización de los informes, auditorías y actuaciones
que se les requieren por el fiscal jefe de la Fiscalía especial o por el fiscal general del Estado.


En quinto lugar, la actuación de vigilancia aduanera como Policía judicial. Los funcionarios de vigilancia aduanera del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en su función de Policía judicial, llevan a cabo una labor de
colaboración y apoyo a los juzgados y tribunales, y al ministerio fiscal. En el año 2014 el número de expedientes judicializados derivados de la prestación de funciones de Policía judicial se eleva a 384.


En sexto lugar, las actuaciones de entrada y registro. El año pasado se realizaron 1.822 entradas y registros, lo que supone un incremento del 40,59% respecto a las 1.296 entradas y registros practicadas en el año anterior. En el ámbito
del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, en la Inspección de Hacienda, con apoyo de las unidades de auditoría informática en la práctica totalidad de los casos, en

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el año 2014 se realizaron 1.536 actuaciones de entrada y registro frente a las 969 efectuadas en el año 2013. Esto supone un incremento del 59%. En particular, se han potenciado de una forma muy significativa las entradas realizadas bajo
autorización o control judicial. En 2014 fueron 532, lo que supone un incremento del 158% frente a las 206 efectuadas en 2013. En el ámbito del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Vigilancia Aduanera realizó en 2014, 375 entradas
frente a las 367 realizadas en 2013. Destaca el incremento del 120% de las entradas realizadas por Vigilancia Aduanera en apoyo de los órganos de inspección y de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, al pasar de 40 en 2013 a 88
en 2014.


Por todo lo expuesto, por la cantidad de funcionarios diferentes —miles— que participan en todas estas funciones, por la cantidad de fases y procedimientos distintos en los que interviene, actuando en ciudades y comunidades autónomas de todo
el territorio nacional, escuchar decir que la Agencia Tributaria no colabora, obstruye o perjudica la labor de los juzgados y tribunales y del ministerio fiscal es de una irresponsabilidad tan grande que no deja otra opción más que pensar que se
hace de forma totalmente malintencionada, con el fin de dañar injustificadamente la imagen de esta ejemplar institución. He hecho el análisis de esta cuestión empleando datos claros y precisos que acreditan la extraordinaria labor de todos y cada
uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria, pero en este punto no puedo evitar recordar —y hago aquí un inciso— que en mi comparecencia de hace dos meses algunos hacían referencia a la cantidad de datos que había utilizado en mi exposición.
Pues bien, aprovecho para decir que son los datos elaborados, por supuesto, eso sí, con criterio y con transparencia los que permiten acreditar fehacientemente lo excepcional de la labor desempeñada por esta institución en todo este tiempo. Sí, son
los datos y no los juicios de valor o los discursos sin contenido.


Voy a hablar ahora de las actuaciones de control sobre el modelo 720. Como he señalado al principio de mi intervención, paso ahora a analizar con más detalle la información referida a la declaración informativa de bienes y derechos situados
en el extranjero, modelo 720, que sirve como elemento de control de cruce y contraste básico de la elaboración de los planes de control. Quiero aprovechar para poner un ejemplo de la utilización que la agencia ha hecho de la valiosa información
contenida en el modelo 720 de la que antes no disponíamos. A mediados de 2013, en la campaña de comprobación de renta de 2012, se seleccionaron 550 contribuyentes que no habían declarado las imputaciones inmobiliarias correspondientes a aquellos
inmuebles de mayor valor que, no obstante, sí habían incluido en el modelo 720. De los 550 contribuyentes se practicó liquidación a 121, dando lugar a 400 liquidaciones. El importe de estas liquidaciones ascendió a casi 2 millones de euros. Los
motivos por los que creo debe resaltarse son que fue llevada a cabo sobre contribuyentes con un elevado patrimonio, con carácter general y coordinada en todo el territorio nacional y, una vez más, aprovechando al máximo la información resultante de
los instrumentos legales puestos ahora a disposición de la agencia en los últimos años. Posteriormente, en el año 2014, se procedió al envío de mensajes de aviso en el documento de datos fiscales para recordar a los contribuyentes que habían
declarado bienes en el modelo 720 que debían declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas las rentas procedentes de los mismos. Se ha cumplido, por tanto, con el objetivo de utilizar al máximo la información disponible y, a la
vez, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de forma preventiva antes que tener que proceder a regularizar a «posteriori». Estamos para comprobar, pero también para ayudar a los ciudadanos a cumplir con sus
obligaciones.


Uno de los ejes del Plan de control tributario y aduanero de 2015 gira en torno al modelo 720. Las directrices generales publicados en el BOE el 11 de marzo incluyen la investigación de patrimonios en el exterior. Por una parte, la
investigación de contribuyentes respecto de los que, no habiendo presentado el modelo 720, existan indicios de que están ocultando vienes a la Administración tributaria y, por otra parte, la investigación de contribuyentes respecto de los que,
habiendo presentado el modelo 720, existan indicios que pongan de manifiesto la falta de consistencia de los bienes y derechos incluidos en dicha declaración con el resto de información disponible relativa a su situación tributaria o patrimonial,
así como que hayan incumplido las normas relativas a la correcta presentación del modelo. Tal y como adelanté en mi anterior comparecencia, en virtud de la información contenida en dicho modelo, en este año 2015 se ha procedido a efectuar las
correspondientes selecciones y a enviar información referida a más de 7.000 contribuyentes desde las unidades centrales de análisis a los respectivos servicios territoriales. Estos profundizan en dicha información y determinan su carga o no en plan
para el inicio de actuaciones. Que estemos investigando a 7.000 contribuyentes no quiere decir que vaya a haber contingencias en los 7.000. Tenemos que investigar, y ya veremos en cuántos hay contingencias o no, como es natural.

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Actuaciones de control sobre el modelo 750, la declaración tributaria especial. En relación con las actuaciones desarrolladas con los presentadores de la declaración tributaria especial, el plan de control para 2013 —estamos ya en 2015— ya
señalaba expresamente los siguiente —está publicado en el Boletín Oficial del Estado y enviado a las Cortes Generales—: En el marco de sus planes de control, la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se hayan acogido a procesos de
regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos. De acuerdo con esta previsión, en 2013 comenzaron a realizarse
procesos masivos de análisis de información de acuerdo con una serie de perfiles de riesgo ya detallados en su momento. Puedo actualizar la información facilitada en mi anterior comparecencia señalando que la evaluación de estos perfiles de riesgo
ha permitido cargar 364 expedientes en el plan de inspección. A fecha 13 de abril de 2015 se han finalizado 110 expedientes de comprobación —el 11 febrero, por ejemplo, eran 51—, con un resultado liquidatorio de más de 16 millones de euros. Como
ya dije, las actuaciones de la agencia no se ven limitadas por la presentación de la declaración tributaria especial, que es de naturaleza estrictamente tributaria y que no afecta a la posible apreciación de delitos de cualquier otra naturaleza. Ya
lo he dicho aquí, ya lo he dicho ante los medios y comunicación, ya lo he dicho veinte veces. ¿Cuántas veces más hay que decirlo? En el curso de estas actuaciones se ha detectado, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de
capitales, por lo que de conformidad con el artículo 95 de la Ley General Tributaria se envió al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado con un colectivo integrado por 715 personas para su análisis y
valoración. Dirán que son 705. No, en estos momentos 715. Seguimos investigando, seguimos trabajando. Las instituciones trabajan, y trabajan para el Estado; trabajan para los ciudadanos. Una vez efectuada esta revisión, el Sepblac ha remitido
a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude información de retorno, sobre la que ya está trabajando, para continuar con las actuaciones que, para cada supuesto concreto, correspondan.


Sé que las portadas de los periódicos y los informativos de las emisoras de radio y televisión han creado muchas expectativas en torno a esta comparecencia, pero yo no puedo referirme a ningún contribuyente concreto. Lo único que puedo
hacer son unas consideraciones generales sobre las actuaciones de la agencia que creo conveniente precisar. La agencia vela por el cumplimiento de la legalidad. El debate político o el que se desarrolla en los medios comunicación no tiene que
afectarnos. Somos conscientes de que cada grupo defiende sus intereses, pero nos debemos solo al interés del país, al interés general de los españoles. La agencia está obligada por ley a investigar y cuando aprecia indicios de delito está obligada
a denunciarlos a las autoridades judiciales. No denunciarlos no es una opción. La agencia trata a todos los contribuyentes por igual. Las personas anónimas no tienen ni más ni menos obligaciones, ni más ni menos derechos que las personas
conocidas. La Agencia Tributaria investiga con discreción y sigilo constantemente. Esta confidencialidad está en el ADN de los funcionarios de la agencia. De lo que no puede hacerse responsable la agencia es de los informes emitidos y enviados al
exterior ni de las informaciones publicadas en los medios de comunicación —unas veces más ciertas, otras menos o nada— ni de las declaraciones de los propios contribuyentes ante los medios. La Agencia Tributaria atiende al criterio de
proporcionalidad en todas sus actuaciones, por ejemplo, las 1.822 entradas y registros del año pasado, pero no debe olvidarse que lo prioritario para nosotros es la eficacia en la actuación. Lógicamente, la sorpresa y la inmediatez son elementos
determinantes para esta eficacia en algunos casos. La agencia adapta sus actuaciones a las peculiaridades de cada caso concreto. Por ello, no es extraño contar con elementos singulares, cuando de operaciones singulares se trata, en operaciones sin
precedentes. La Agencia Tributaria colabora con las autoridades judiciales leal y continuamente. Estamos para colaborar con la justicia y la fiscalía, sea en la sede que sea. Mientras yo sea su director la Agencia Tributaria va a seguir
trabajando en la misma línea, con discreción, con imparcialidad, con criterios técnicos, buscando la mayor eficiencia y el interés general. Esa es nuestra razón de ser y, por supuesto, también colaborando con la justicia a conseguir sus fines.
(Rumores.—La señora Madrazo Díaz: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, como habíamos anunciado, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor director de la Agencia Tributaria, señorías, la sociedad hoy está verdaderamente escandalizada ante los hechos que se han conocido estos días relacionados con el señor Rato y la amnistía fiscal. Señor director,
¡vaya papelón que le han hecho representar esta mañana aquí!, al tener que contarnos lo que ya nos había dicho en su última comparecencia o el argumentario del Partido

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Popular, que ya hemos conocido a través de los medios de comunicación este fin de semana. ¡Vaya papelón que le han hecho representar! Además, la comparecencia que ha realizado, su primera intervención, es una falta de respeto a este
Parlamento y a los ciudadanos de nuestro país; es una falta de respeto al Parlamento y a los españoles ante el escándalo y la alarma social de la mayoría de los españoles, señor director de la Agencia Tributaria. Ante esa alarma social el ministro
de Hacienda no quiere dar la cara y le envía a usted. Para hablar claro, usted ha hecho de cortafuegos; le ha enviado como cortafuegos. Con ello lo que ponen de manifiesto es esa falta de respeto al Parlamento y, como digo, a los ciudadanos
españoles. ¡Vaya papelón! Permítame que le diga que ha sido vergonzosa esa comparecencia —la suya— ante este Parlamento y ante los españoles, dados la alarma social y el escándalo causados. Pensándolo bien es mejor que haga de cortafuego que
cuando hizo usted de correa de transmisión del informe de los peritos de la Agencia Tributaria al gabinete del ministro, antes de que lo conociera —como saben ya todos los españoles— el juez Ruz, con el objetivo de realizar un argumentarlo previo
comparando a Cáritas con el Partido Popular. Como digo, no sé qué es peor, si ser cortafuegos o correa de transmisión.


Señor director, no confunda la presión social y política ni el trabajo de los funcionarios de la Agencia Tributaria, analizando algunos expedientes de la amnistía fiscal, porque eso no amnistía políticamente al señor Montoro de su amnistía
fiscal. Tres ideas han quedado claras para el conjunto de los españoles estos últimos días. La primera es que el exvicepresidente económico y exministro de Economía y Hacienda, el señor Rato, ha reconocido al acogerse a la amnistía fiscal que
defraudó a Hacienda. Incluso y muy probablemente defraudó mientras era ministro y vicepresidente. Esa es una idea objetiva que está y que todos los españoles pueden comprobar. (Un señor diputado: Qué poca vergüenza tiene). En segundo lugar,
queda claro el diseño de una amnistía fiscal del Gobierno —y que aprobó— para muchos amigos del Partido Popular —ahora estamos viendo que también para dirigentes del Partido Popular—, para muchos defraudadores e incluso —usted lo sabe bien— para
muchos delincuentes. Es decir, que el Gobierno aprobó en el siglo XXI, cuando nos encontramos ante un nuevo paradigma internacional de la lucha contra los evasores, una ley para que los defraudadores se vayan de rositas y, para colmo, el señor
Montoro colocó al frente de la Agencia Tributaria en ese momento a la jefa de gabinete del señor Rato (Un señor diputado: ¡Uf! ¡Uf!); una segunda evidencia. En tercer lugar, ha quedado claro que la amnistía fiscal era, para todos, para la mayoría
de los españoles, pero ahora estoy convencido de que también era para la mayoría de los militantes y diputados del Partido Popular, repugnante, pero además completamente ineficiente desde el punto de vista recaudatorio, ya que ni siquiera alcanzó el
50% de la recaudación prevista por el Gobierno, aparte de que ha sido profundamente dañina para la democracia, para las instituciones y para la conciencia fiscal que tiene que administrar la agencia que usted dirige. Estoy completamente seguro de
que no va a reconocerlo y que no va a compartir conmigo públicamente las consideraciones que he hecho sobre la amnistía fiscal, por eso esta mañana también trata de confundir presentando la amnistía fiscal y la declaración de bienes y derechos en el
extranjero —el modelo 720 del que habla— como una misma cosa o, al menos, como irremediablemente unidas. Sin embargo, ante su intención de confundir, la mía es aclarar. (El señor Matarí Sáez: ¡Sí!— La señora Madrazo Díaz: ¡Sí, sí!). Señor
director, en primer lugar, se podría haber aprobado el modelo 720, es decir, aquel por el que se tienen que declarar todos los bienes en el extranjero, con todos los efectos positivos que según usted conlleva, sin necesidad de haber aprobado la
amnistía repugnante, injusta, ineficiente y dañina. Es perfectamente posible. Por tanto, siguiendo su lógica, con el modelo 720 y sumando el nuevo paradigma internacional de lucha contra los evasores, la vergonzosa amnistía fiscal fue innecesaria;
amnistía que tuvo un coste social elevadísimo para la democracia y las instituciones Así lo ha puesto usted de manifiesto con el modelo 720, y de acuerdo con las cualidades que señala dicho modelo. En segundo lugar, los bienes y derechos declarados
en el modelo 720 no son en muchos casos bienes y derechos ocultos. Son bienes que frecuentemente han pagado los impuestos correspondientes, así que de afloración nada. Para muchos ciudadanos es una simple obligación de carácter formal adicional,
pero la Agencia Tributaria tiene perfecta información anterior sobre esos bienes, señor director. Por tanto, nuestra obligación es la de aclarar y no la de liar y confundir.


El día 2 de septiembre de 2014 se decía en esta Comisión de Hacienda lo siguiente: Pero a nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos que se
han conocido en España. Me refiero a la noticia, a la publicación, a la difusión de que el expresidente de la Generalitat don Jordi Pujol ha tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar (Un señor diputado: ¡Ah!¡Ah!) y que no
pagó impuestos por este dinero durante más de treinta años —incluida toda su etapa frente al Gobierno de Cataluña—, lo que ha provocado

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la consiguiente alarma social —subrayo— y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Son palabras de su jefe, del señor Montoro, hace unos meses en la Comisión de
Hacienda. ¿En el caso de Pujol había alarma social y en el caso del señor Rato no hay alarma social, señor director? ¡Qué dos varas de medir distintas tienen el Gobierno y el señor Montoro! Ahora no le conviene al señor Montoro venir aquí a decir
que el señor Rato se acogió a la amnistía fiscal, porque vino a decir aquí que el señor Pujol no se acogió a la amnistía fiscal; no le interesaba. Luego descubrimos a través de los medios de comunicación que algunos de los hijos del señor Pujol se
acogieron a la amnistía fiscal. Le vino bien decir hace unos años que el señor Bárcenas no se había acogido a la amnistía fiscal, y vino aquí a decirlo. Luego descubrimos que a través de una sociedad interpuesta se había acogido a la amnistía
fiscal. Hoy sería reconocer que el señor Rato se ha acogido a ese instrumento injusto, indecente e innecesario, como he demostrado anteriormente, porque con el modelo 720 y con el trabajo de los funcionarios de la Agencia Tributaria no es, en
absoluto, necesaria la amnistía fiscal, solo para hacer un regalo a unos cuantos. Para eso sí: para hacerles un regalo a unos cuantos. Por tanto, el señor Montoro, que no quiere reconocer públicamente que su jefe se acogió a la amnistía fiscal,
tiene que dimitir. El señor Montoro tiene que dimitir porque ha puesto en juego a las instituciones democráticas de nuestro país, y eso es muy grave; tiene que dimitir porque ha pretendido con su ley beneficiar a gente indigna; tiene que dimitir
porque quiere ocultar a la sociedad la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal —ya hay instrumentos para conocerla—, ya sea modificando la Ley General Tributaria —que ha entrado en este Parlamento durante esta semana—, ya sea aceptando
una comisión de investigación, lo dice la propia Ley General Tributaria. El último servicio que pueden hacer Montoro y su equipo a la sociedad española es publicar la lista y marcharse. (Un señor diputado: Pues sí).


Señor director, no solamente aprobaron la amnistía por un módico 3% para los defraudadores, sin ningún tipo de ventaja —porque la agencia ya tiene buena información y porque dice usted que su ley de lucha contra el fraude es excelente—, no;
es que además se comprometieron a no investigar los capitales regularizados, sobre todo en los últimos meses porque habían presupuestado 2.000 millones de euros de recaudación, pero en el último mes solo recaudaron 60 o 100 millones. Faltaba un mes
para noviembre de 2012 y ustedes decían a los medios de comunicación que la recaudación solo era de 60 o 100 millones y, además, dijeron a los contribuyentes que no iban a mirar el origen de esos capitales. Ahí están los hechos, la orden
ministerial por la que se permitió regularizar dinero en efectivo. Señorías, el efectivo no es rastreable ni se puede conocer cuándo ni dónde se ha obtenido —repito, hubo una orden ministerial para desarrollar la amnistía fiscal—. Ahí esta la
comunicación del 24 de mayo de 2012 de Iñigo Fernández de Mesa, entonces secretario general del Tesoro, hoy secretario de Estado de Economía, que no tuvo empacho en aquel momento en escribir lo siguiente: No resultará preceptiva ninguna
comunicación al Sepblac cuando respondan únicamente a eventuales infracciones tributarias que deban reputarse, regularizadas de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, que es el real decreto de la amnistía
fiscal. La dirección política de la Agencia Tributaria no consintió incluir a los 30.000 acogidos a la amnistía fiscal en ninguno de los planes anuales. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda lo vino reclamando en todo momento y no
se incluyeron nunca los amnistiados por la amnistía fiscal. Como he dicho anteriormente, la directora de la Agencia Tributaria —que se negó a investigar en aquel entonces— además fue jefa de gabinete de Rato. Con eso digo bastantes cosas. Luego
han sido la presión social y política así como los empleados de la Agencia Tributaria los que han conseguido que se analicen algunos expedientes de la amnistía fiscal, porque no podían mirar para otro lado. La Dirección de la Agencia Tributaria no
ha tenido más remedio que analizarlos, ante las consecuencias jurídicas que para dicha dirección hubiera tenido no haber mirado esos expedientes. Como expresaba en días pasados un periodista, señor Menéndez, estos lodos de hoy vienen de aquellos
barros. Los barros los crearon ustedes con la amnistía fiscal, por eso pedimos responsabilidades políticas; ahora solo queremos salir del lodo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Permítame, presidente, expresar las condolencias por parte de mi grupo parlamentario por la tragedia ocurrida en el Mediterráneo, con la muerte de más de 700 personas. También quiero expresar mis condolencias a los
familiares, profesores y alumnos del Instituto Joan Fuster.

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Señor Menéndez, bienvenido a la Comisión. Como usted ha recordado reiteradamente en su intervención, hace escasamente dos meses compareció ante esta Comisión para informar sobre los resultados de las actuaciones de control tributario en
2014. Nos alegramos de que vuelva a comparecer ante esta Comisión para —leo literalmente la convocatoria del orden del día— informar sobre el resultado de las actuaciones de control tributario, cuyo título es el mismo o muy parecido al de su
anterior comparecencia.


Señor Menéndez, quien debería comparecer hoy ante esta Comisión no es usted, sino el ministro de Hacienda, el señor Montoro, para darnos las explicaciones oportunas sobre el caso Rato, y eso no ha sido así. Es sorprendente que cuando se
abrió otro caso compareció el ministro, y cuando se abre el caso Rato comparece el director general de la Agencia Tributaria; creemos que no es de recibo. Si debemos tratar a todos los ciudadanos por igual, la respuesta del Gobierno debe ser la
misma, y en estos momentos no es así. Por ello, mi grupo parlamentario presentará esta mañana ante el Registro de la Cámara una solicitud de comparecencia del ministro Montoro ante esta Comisión para que dé las oportunas explicaciones sobre lo que
está pasando y lo que ha pasado. Señorías, Convergència i Unió quiere manifestar, como ha hecho siempre con cualquier caso que se halla en sede judicial, su respeto a la presunción de inocencia y exige que se proceda a una investigación rápida y
profunda, lo más eficaz posible, para disipar esas cuestiones que son de interés para todos los ciudadanos.


En su comparecencia de hace dos meses, señor director, le reclamé que en su actuación hiciera cumplir la ley, que utilizara todos los instrumentos y medios legales que la ley pone a su alcance y disposición, y que lo hiciera con la máxima
diligencia, contundencia y transparencia. Le decía en aquel momento que eso es lo que le compete a usted como director general de la Agencia Tributaria. En su comparecencia en esta Comisión el pasado mes de febrero usted ya puso de manifiesto que
envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, al Sepblac, los 705 expedientes —hoy nos hablaba de 715— para contrastarlos con la información de que disponen. ¿Entendemos que en el caso Rato nos encontramos en esa situación o, por el
contrario, con actuaciones diferentes? Nos gustaría saberlo, señor director. También se ha puesto de manifiesto que la Agencia Tributaria dirigió a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que este órgano rechazó por estar mal planteada, por ello,
finalmente, se envió a la Fiscalía de Madrid, que inició el procedimiento. Nos surgen algunas dudas: ¿Por qué motivos la Fiscalía Anticorrupción rechazó la denuncia? ¿Por qué motivos se planteó a la Fiscalía de Madrid y no, tras una
rectificación, se volvió a plantear a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Hubo rectificación de la denuncia para su presentación ante la Fiscalía de Madrid? La manera de proceder en este caso nos genera muchas dudas en términos formales. No voy a entrar
en el fondo del asunto, pero me pregunto si esta operación se ha querido plantear en términos mediáticos. Solo hace falta ver las imágenes de los últimos días para preguntárselo. Si es así, creemos que esta forma de hacer las cosas no es la
correcta.


Le decía que el ministro Montoro debe comparece en esta Comisión —debería haber comparecido hoy en esta Comisión— sin histrionismos, sin juicios de valor —a los que usted se refería—, sin teatralidades, como vimos hace meses en esta Comisión
en septiembre del año pasado. La posición de Convergència i Unió en el mes de septiembre y ahora es, y va a ser, la misma. Ya en aquella comparecencia mi grupo parlamentario dijo que compartía algunas de las cosas que se habían dicho aquel día.
Le leeré algunas frases como: Hay quienes tenemos un plus de responsabilidad, que no se entienda ese plus solo cuando ocupamos cargos públicos, sino también cuando los dejamos de ocupar; o, por ejemplo: El escándalo se convierte en perplejidad e
indignación cuando el fraude afecta a un dirigente político; o: Estamos hablando, por tanto, de un comportamiento ético y político reprobable hasta un grado que pocos podíamos imaginar. Lo compartíamos y lo compartimos ahora, pero actualmente
esas afirmaciones del ministro Montoro en el mes de septiembre en esta Comisión toman más sentido que nunca. Como decía, ni aquel día ni ahora me atrevería a afirmar lo que también se dijo en aquella ocasión, como: Es normal que los ciudadanos se
pregunten si los herederos políticos no estarán contaminados por esta presunta herencia; o, por ejemplo: Confío en que los ciudadanos catalanes —se decía en aquel momento—, que tienen razones para sentirse engañados, sabrán valorar lo que ha
pasado. No voy a hacerlo. No compartí esas afirmaciones el mes de septiembre del año pasado ni las comparto ahora; radicalmente, ni antes ni ahora, pero es legítimo preguntarse si el ministro volvería actualmente a repetir esas afirmaciones en
los mismos términos.


Para Convergència i Unió, como decía el señor Macias en la comparecencia de septiembre literalmente, algunos somos más iguales que otros; es decir, algunos tenemos más obligaciones que otros, pero todos. Cuando esto es en casa del vecino
ser exigente cuesta muy barato, incluso uno se puede colocar una

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medallita, pero hay que serlo en todos los casos, porque esto puede pasar y porque además —ya se ha señalado aquí— entonces no tendremos credibilidad ante los ciudadanos. Hasta aquí la cita de la intervención del señor Macias en el mes de
septiembre en esta misma Comisión. Repito, la posición de Convergència i Unió es la misma en cualquiera de los dos casos, afecte a quien afecte: nuestro máximo respeto a la presunción de inocencia, hemos de llegar al fondo del asunto con la máxima
diligencia y en defensa de los intereses comunes y, sobre todo, hemos de dejar a los órganos judiciales que hagan su trabajo.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Me va a permitir, señor Menéndez, que no sea políticamente correcto con usted y que no le agradezca su comparecencia, porque entre otras cosas es su obligación. (El señor Matarí Sáez: Qué desagradable eres.)
Quien en todo caso le tiene que agradecer que usted comparezca es el señor Montoro, que es al que usted lava la cara hoy con su comparecencia escondiendo la suya. Quiero destacar en estos momentos lo que ya han dicho otros portavoces. El señor
Montoro debe dar explicaciones, primero porque es el ministro de Hacienda y segundo porque creo que su comportamiento hasta ahora justifica que se las pidamos. Debe dar explicaciones sobre si conocía, antes de aprobar la amnistía fiscal, si iba a
beneficiar a muchos y destacados dirigentes del Partido Popular, algunos de ellos sus jefes y sus compañeros de gabinete; debe dar explicaciones de cuándo ha tenido conocimiento de los beneficiarios de esa amnistía fiscal. El señor Montoro, que en
sus comparecencias en la Cámara se atreve permanentemente a amenazar a partidos, periodistas, medios de comunicación y actores con una actitud, como mínimo, prepotente, debería hoy comparecer aquí. El señor Montoro ha hecho ostentación en muchas
ocasiones de disponer de información de la Agencia Tributaria y la ha utilizado como piedra arrojadiza contra todo aquel que se atrevía a hablar libremente, incluso los diputados. Por tanto, creo que lo mínimo que podría hacer hoy el señor Montoro
es comparecer aquí. Parece que se le ha acabado la chulería con la que nos ha tratado a los ciudadanos de este país y al conjunto de la Cámara en sus anteriores comparecencias.


Esta no es la comparecencia del señor Montoro ni del señor Rato, aunque sin duda tienen su protagonismo. Ha decidido usted venir aquí para dar cuenta de los efectos de esa amnistía fiscal, de su capacidad recaudatoria y de qué ha sucedido.
De entrada, por favor, no vuelva usted a utilizar como escudo protector a los profesionales de la Agencia Tributaria. Lo hemos dicho todos los grupos de esta Cámara: nuestro reconocimiento a esos profesionales que trabajan con condiciones y medios
insuficientes, porque no se les facilitan, es cierto, no solo por su Gobierno, sino en general por todos los Gobiernos que ha tenido este país. Trabajan en condiciones de menos medios, y usted lo sabe. Nos ha dicho aquello de la herencia recibida
—¡no faltaba más!—, pero se ha olvidado usted decir, por ejemplo, que durante su Gobierno han congelado y reducido los efectivos de la Agencia Tributaria. Se le ha olvidado de decir que incluso en 2015, con la tasa de reposición del 50% y con la
oferta extraordinaria de empleo para la Agencia Tributaria, los puestos de trabajo que se van a crear están por debajo de los que se van a amortizar. Es decir, que vamos a terminar el año con menos puestos de trabajo de los que teníamos, la mitad
de los efectivos que tiene Alemania, y eso tiene algo que ver con la eficiencia de la Agencia Tributaria. Lo mínimo que le podemos pedir es que no utilice usted y no manipule más a los empleados de la Agencia Tributaria.


Quiero insistir en algunas cuestiones que nos parecen obvias. Más allá del conflicto legítimo que se pueda suscitar entre partidos, hay un problema global de este país que no se aborda y que es grave, que está carcomiendo el Estado social:
que España tiene unos ingresos fiscales de 8 puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea. Eso quiere decir 80.000 millones de euros menos de ingresos. Sin duda eso no se hace en un plisplás, cuesta mucho. Usted hoy nos ha dicho lo que
se podría hacer con todo aquello que según ustedes ha hecho emerger la Agencia Tributaria. Imagínese lo que se podría hacer si de verdad se afrontara una política tributaria como Dios manda.


Nuestra fiscalidad no solo es insuficiente, es cadavérica, es tremendamente injusta. No sé cómo ha seleccionado usted los datos que nos ha dado. Nos da datos de recaudación globales y nos da los datos de recaudación del IVA, pero por
ejemplo nos podría haber dado los datos de recaudación global para que una vez más los ciudadanos sepan que la distribución del esfuerzo fiscal continúa siendo tan injusta o más que nunca, donde salarios e IVA soportan la inmensa mayoría del peso en
detrimento de la tributación sobre el capital o sobre sociedades, que continúa siendo un gran coladero. Desde ese punto de vista, usted nos da datos también sobre el gran elemento de lucha contra la morosidad, bienvenido sea. Señor

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director general, señor Menéndez, ¿cuándo nos va a dar usted el global de la morosidad pendiente? Se lo ha reclamado todo el mundo. Gestha hace poco ha emitido un comunicado denunciando que usted no facilita esos datos, los últimos de que
se dispone indican de 49.304 millones acumulados. Denlos ustedes y así podremos analizar más.


En otro nivel de debate, si esto está pasando aquí, no sé si va de lodos o de barros pero sí va de polvos. Son los polvos de un sector económico en este país —no lo olvidemos—, no sea que con polémicas entre partidos políticos se olvide que
los grandes defraudadores fiscales son las empresas de este país, no todas por supuesto. ¿Quiénes? Las que pueden. El pobre autónomo, no, ese al que ustedes dedican el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria, no, sino el 20% al que ustedes
dedican los efectivos, es decir las grandes corporaciones, sí. Si se actuara en las grandes corporaciones se podría tener una eficiencia recaudatoria importante. En ese sentido, déjeme que le diga que lo que ustedes han hecho desgraciadamente se
podría calificar con «a buenas horas mangas verdes» o «hacer del vicio virtud», porque mira que han tenido ustedes tiempo para abordar como partido —no usted como director general— un modelo de Agencia Tributaria y un modelo de eficiencia en la
recaudación y de persecución del fraude. No. Lo que hicieron en 2003 con la Ley General Tributaria fue blindar a los defraudadores y a los evasores: no se podrá saber quiénes son; se les dará un elemento más de impunidad en el artículo 95 de la
Ley General Tributaria. Hay dos maneras de perseguir el fraude y las diferentes formas de evasión de los impuestos. Una es poniendo medios, persiguiendo a los evasores y dando transparencia a la información para reprobar socialmente a esas
personas que cometen uno de los fraudes administrativos más graves contra los ciudadanos, que es incumplir sus obligaciones. Y la otra, la que usted ha hecho. Les amnistía, los protege no dando información y permite sin duda que se puedan
continuar cometiendo las mismas irregularidades.


La reprobación moral es imprescindible y eso requiere transparencia, por supuesto con garantías; morosos consolidados y defraudadores condenados por delito firme, sin duda. Sin saltarse la presunción de inocencia en ningún momento y sin
cometer ninguna injusticia personal, pero cuando esos datos estén consolidados tienen que aparecer ante la opinión pública. Usted no los quiere plantear ni en relación con la amnistía fiscal ni en general en relación con toda la morosidad y el
fraude y se parapeta en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que por supuesto existe, pero es el artículo que ustedes aprobaron y que por cierto se ha mantenido vivo hasta este momento. Voy a ser prudente porque no me interesa desviar la
atención, pero muchos Gobiernos han tenido la oportunidad de modificar ese artículo 95 de la Ley General Tributaria y no lo han hecho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, desgraciadamente, si en algún aspecto hay cierta indistinción política en este
país es en el de la política fiscal. Rebajar impuestos es de izquierdas, hay que dar oportunidades a las empresas, no hay que molestar mucho a nuestro entorno económico, «business friendly», cosas de estas que terminan confundiendo actitud
emprendedora con defraudación fiscal.


Vamos a mirar hacia delante, señor Menéndez, vamos a ver. Como parece que ustedes han decidido que ahora sí, le digo eso de ¡a buenas horas mangas verdes! Como parece que no pueden evitar el tsunami de indignación social que se produce al
conocer que tienen importantes dirigentes del Partido Popular que han reconocido que se han beneficiado de esa amnistía fiscal y que han hecho emerger dinero que sacaron de manera oscura de este país —ahora sí—, nos dicen ustedes que esa
información, los listados del artículo 95 bis que proponen, los primeros datos van a ser los que tengan acumulados hasta julio de 2015, si no he leído mal, y que la primera lista se va a publicar no antes de final de año. ¡Ah, muy bien! ¿Y los
ciudadanos van a votar sin tener esos datos? No, por Dios, de ninguna de las maneras, los ciudadanos cuando voten tienen derecho, sean cuales sean las elecciones en las que voten, a conocer si están votando a un evasor o a un defraudador fiscal.
En estos días que se habla tanto de honorabilidad, los ciudadanos tienen derecho a saber si están votando a alguien que les pide sacrificios extremos, que les recorta derechos, que les coloca en situaciones de pobreza mientras está evadiendo
impuestos y los está colocando en Suiza o en Andorra, y eso sí, alardeando de patriotismo. Sobre esto —parece que supieran los de Convèrgencia y Unió que lo iba a decir— las banderas son cambiantes, pero los paraísos los mismos. La patria cambia,
pero el paraíso continúa siendo el mismo.


Les planteo a todos los grupos de la Cámara una propuesta que hemos formulado hoy como grupo y que está en el registro, pero no nos la queremos apropiar, la queremos compartir con todos ustedes. Si de verdad, de verdad, de verdad todos
queremos que se conozcan los datos de morosos y de defraudadores, tenemos una solución. He presentado en nombre de mi grupo, La Izquierda Plural, una proposición de ley que tiene exactamente el mismo contenido que el del Proyecto de Ley presentado
por el Gobierno, para

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evitar discusiones con el Gobierno que, como tiene la mayoría en la Cámara, tiene que estar de acuerdo con lo que yo propongo para que avance. Tiene exactamente el mismo contenido para que así no haya coartadas, pero con una diferencia, y
es que separando eso del conjunto de la Ley General Tributaria, que sin duda requiere calma y tranquilidad, esa proposición de ley se pueda tramitar por urgencia en lectura única y tenerla aprobada en tiempo útil para que puedan ser publicados esos
datos y conocidos por la ciudadanía antes de votar. Si se quiere de verdad pasar de la oscuridad a la trasparencia, se puede, lo que pasa es que me temo que no se quiere. Me temo que no se quiere, porque la historia de este país es una historia en
la que desgraciadamente el Partido Popular y el Partido Socialista cuando han estado gobernando, siempre, siempre, siempre con la implicación de Convergència i Unió, han practicado una política fiscal en la que desgraciadamente no se ha ido a los
problemas de fondo, y es la profunda injusticia que provoca la insuficiencia del sistema fiscal, que no permite hacer frente a los gastos sociales necesarios y la profunda injusticia que supone que sean los salarios y el consumo los que soporten el
peso fundamental. Volviendo a mirar hacia delante, eso está hecho ya, no tiene solución —o sí, los ciudadanos lo dirán—, pero ahora tenemos una oportunidad. Si ustedes quieren, si los grupos de la Cámara quieren, eso lo podemos situar en la Junta
de Portavoces de la semana que viene y ser tramitado en el Pleno siguiente. Ahí cada uno se va a retratar y se verá si el problema es de legalidad o el problema es que los evasores son sus evasores, que los defraudadores son sus defraudadores y que
sus paraísos fiscales son sus paraísos fiscales, y que por lo tanto no hay ninguna voluntad, como hasta ahora, de resolverlo.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Señor director, usted ha perpetrado hoy ante esta Comisión un ejercicio de ficción, que solo puede tener el sentido de confundir a la opinión pública y a los diputados que la representamos. Ha venido a presentar
unas semanas después los datos de recaudación que ya nos había presentado. Es evidente que ese no es el verdadero motivo de su comparecencia. Es evidente que usted está aquí como escudo del ministro de Hacienda y que es el ministro de Hacienda
quien debería estar, como ha estado en casos similares en el pasado. Por eso mi grupo ha presentado una petición de comparecencia ante la Comisión de Justicia para que comparezca allí el ministro de Hacienda junto con la fiscal general del Estado
para poder escuchar sus explicaciones sobre lo sucedido recientemente. Y lo sucedido recientemente —no nos andemos con eufemismos que a nadie engañan— es lo que ha ocurrido en torno al que podemos denominar caso Rato. No voy a recordar unos hechos
ya por todos conocidos, pero sí un par de cuestiones que considero importantes cuando todo el mundo se rasga hoy las vestiduras por el escándalo del caso Rato. Hoy todo el mundo hace leña del árbol caído, con justicia. Quiero recordar que si no
fuese por el caso que Unión Progreso y Democracia abrió en la Audiencia Nacional, el caso Bankia, hoy el señor Rato estaría disfrutando pacíficamente del usufructo y de las rentas de sus diferentes consejos de administración. Si hoy está teniendo
que dar cuentas ante la justicia es por la existencia de ese caso en la Audiencia Nacional. Por cierto, hace unos meses mi compañero Andrés Herzog pidió medidas cautelares para el señor Rato y no se aprobaron. Hubo una crítica de otros grupos y de
algunos medios de comunicación sobre que esto se debía únicamente al afán de notoriedad y la fiscalía se opuso a la aplicación de esas medidas cautelares. Si el señor Rato tiene que hacer frente a una fianza, los motivos son los que acabo de
señalar también. ¿Y por qué UPyD recurrió a la Audiencia Nacional, señorías? Entre otras cosas porque nuestra institución, el Congreso de los Diputados, no dio la respuesta necesaria en este caso. Quiero recordar que al inicio de la legislatura
se celebró una comparecencia del señor Rato en Comisión y tengo que manifestar que es una suerte para muchas personas lo poco que se lee en España el «Diario de Sesiones» porque en ese «Diario de Sesiones» hay intervenciones que resisten mejor y
otras peor el paso del tiempo. Las intervenciones de mi grupo son de las pocas que resisten bien el paso del tiempo.


Por encima de los detalles concretos de una persona, el señor Rato, hay cuestiones de política general, que son las que aquí nos ocupan, y algunas tienen que ver directamente con la institución que usted dirige: la Agencia Tributaria. Una
gran cuestión política es el caso del hundimiento y saqueo de las cajas de ahorro. No me referiré a ella —se ha debatido mal y corresponde a la Comisión de Economía—, pero sí a una cuestión colateral que tiene que ver con la Agencia Tributaria, y
es que en el caso de las tarjetas black distintos imputados declararon que utilizaban esa tarjeta con el visto bueno de la Agencia Tributaria

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y usted en su anterior comparecencia no dio una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Por eso se la vuelvo a plantear.


La cuestión política central que entra de lleno en lo que hoy nos ocupa es la amnistía fiscal. Es un tema recurrente, uno de los temas centrales de la legislatura y de la Comisión de Hacienda, y por eso es oportuno que ahora que la
legislatura va llegando a su fin este también vaya llegando a su desembocadura, a sus consecuencias naturales. Unión Progreso y Democracia, el resto de grupos de la oposición, los inspectores de Hacienda, señalamos una serie de cuestiones al inicio
de la amnistía fiscal: que era un error económico —efectivamente, la recaudación fue relativamente pequeña—, que deterioraba la conciencia fiscal de los españoles, que era una injusticia subir los impuestos a quienes pagaban y que los defraudadores
pagasen un 3%, pero también señalamos otra serie de cuestiones muy vinculadas a lo que hoy estamos debatiendo. Dijimos que si era un error, mayor error era permitir regularizar efectivo, que por naturaleza no es rastreable, y que eso iba a
facilitar el blanqueo de capitales —de nuevo ahí está el «Diario de Sesiones»— y en consecuencia la amnistía fiscal iba a favorecer objetivamente, independientemente de que fuese o no su intención, asuntos de corrupción y asuntos de corrupción
política, como no podía ser de otra manera. Efectivamente, el paso del tiempo da y quita razones y en la amnistía fiscal han ido apareciendo nombres concretos: el señor Bárcenas, el señor Pujol, el señor Rato. Ahora muchos se llevan las manos a
la cabeza, pero lo que está sucediendo no era imprevisible. Lo que está sucediendo fue advertido, entre otros, por mi grupo cuando se puso en marcha la amnistía fiscal y lo que estamos viendo son las consecuencias naturales y previsibles de unas
medidas políticas que se tomaron hace unos años. No es una sorpresa, no es mala suerte; son las consecuencias naturales de los errores que se señalaron cuando la amnistía fiscal se puso en marcha. Y de ahí deriva una serie de preguntas.


En primer lugar, señor director, ¿cómo valora usted a día de hoy la amnistía fiscal? ¿Sigue pensando que es un acierto? Deduzco de su intervención que sí. En segundo lugar, ¿por qué se investiga a estos 705 o 715 defraudadores de la lista
corta y no a todos ellos, a los aproximadamente 31.500 que se acogieron a la amnistía? Usted ha dicho que se ha hecho, pero creo que ha jugado un poco con la terminología. Nos ha dicho que se ha comprobado si cumplían los requisitos formales, pero
los inspectores señalaban que estaba en el Plan de control tributario estudiar el origen de los fondos, no el cumplimiento formal de los requisitos. Otra pregunta. ¿Qué une a esos 705 o 715 defraudadores de la lista corta? ¿Cuál es el criterio
que ellos cumplen y los demás no cumplen? Según los medios de comunicación, son personas expuestas políticamente, cargos públicos. Usted nunca ha llegado a confirmar esto. ¿Qué une a esos 705 o 715 defraudadores de la lista corta? ¿Qué les
diferencia de los demás? Otra cuestión. ¿Por qué de esa lista de más de 700 personas solo una persona ha visto cómo su expediente se llevaba a la fiscalía? ¿Es su delito el único? ¿Es el más grave? ¿Por qué de esa lista de más de 700 el único
expediente enviado hasta ahora a la fiscalía ha sido uno en concreto? Una última cuestión. ¿Por qué la Agencia Tributaria llevó el caso a la Fiscalía de Madrid en vez de a la Fiscalía Anticorrupción, cuando era notorio que existía un caso en la
Audiencia Nacional y, por tanto, de forma natural era la Fiscalía Anticorrupción la que debería haberse hecho cargo del caso? ¿Tuvo eso algo que ver con objetivos mediáticos o de política espectáculo o hay alguna razón más de fondo?


Este caso también entra de lleno en cuestiones de transparencia y derecho a la información y plantea conflictos importantes. Por un lado, está el secreto fiscal, el derecho de cada contribuyente a que sus datos sean confidenciales, pero hay
otros derechos que tenemos que tener en cuenta, especialmente si nos referimos a cargos públicos. Supongo que coincidirá conmigo en que el hecho de que un cargo público defraude a Hacienda tiene una gravedad añadida a que lo haga cualquier otra
persona. Es especialmente importante por la ejemplaridad que se debe pedir a un cargo público, por las dudas sobre el origen de los fondos que se estaban defraudando —si se han obtenido de sus ingresos públicos o de otras fuentes— y, como señalaba
un interviniente anterior, porque dentro de poco hay elecciones. En unas semanas hay elecciones autonómicas y en unos meses elecciones generales. ¿No tienen los ciudadanos también derecho a la información para saber que los candidatos a los que
están votando no son defraudadores, especialmente si han sido cargos públicos? Es un conflicto de derechos. No hay un derecho absoluto al secreto fiscal; hay otros derechos importantes que en este caso entran claramente en conflicto con el
derecho al secreto tributario. Creemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de los defraudadores fiscales, especialmente si son cargos públicos y más aún si son personas que se presentan como candidatos a las elecciones
generales.

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Una última cuestión. A menudo en sus intervenciones, igual que hay políticos que se envuelven en banderas, usted se envuelve en la institución que preside y cualquier crítica que hacemos los diputados la traslada como una crítica a los
funcionarios y empleados de la Agencia Tributaria. Es un truco un tanto desgastado a estas alturas. Ni mi grupo ni otros que han intervenido estamos criticando a los inspectores, empleados o profesionales, sino que estamos criticando a la
dirección política de la Agencia Tributaria. Le señalo, como en ocasiones anteriores, la necesidad de reforzar su independencia con un estatuto pendiente que el señor Montoro se comprometió hace ya bastantes meses a traer a la Cámara y que sigue en
el limbo de las promesas incumplidas.


Le pediría, por favor, que en su segunda intervención contestara a las preguntas concretas que le he realizado. No es habitual que ni usted ni otros cargos públicos lo hagan, pero no soy yo quien le está formulando estas preguntas. Son
preguntas para las que la sociedad espera una respuesta y ese es el verdadero objetivo de su comparecencia, no recordarnos unos datos de recaudación que ya presentó hace unas semanas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor Menéndez, pensaba sinceramente agradecer su presencia aun forzada por la opinión pública y por los ciudadanos hoy aquí, así como sus explicaciones, pero no se las puedo agradecer porque nada nos ha aclarado y
de casi nada nos ha informado de lo que esperábamos en esta Comisión y de lo que esperaban los ciudadanos. Comparto la idea de otros grupos parlamentarios de que quien tendría que haber comparecido hoy es el señor ministro, pero lo ha hecho usted y
yo creo que el ministro ya lo hará. La opinión pública, la presión de los ciudadanos, la demanda social para conocer lo que está ocurriendo en la Agencia Tributaria con motivo de la corrupción política, de la amnistía fiscal, etcétera, es lo que le
ha traído a usted hoy aquí; es también lo que en nuestra opinión traerá más adelante al señor Montoro y es posible que si las cosas no mejoran —que no da la sensación de que lo vayan a hacer— incluso quién sabe si no vendrá el presidente del
Gobierno.


Señor Menéndez, los ciudadanos y los grupos parlamentarios tenemos derecho y necesidad de conocer la verdad y toda la verdad del asunto y usted tiene la obligación de contarla. En cambio usted ha venido hoy aquí y se ha dedicado —si me
permite decírselo— al autobombo, se ha venido arriba —como dicen los modernos—, nos ha echado la bronca diciendo que ustedes en la agencia sí defienden los intereses generales, como si nosotros nos dedicáramos a los intereses particulares —aunque
los ciudadanos tengan la opinión contraria en este caso—, y no nos ha explicado nada o casi nada de lo que los ciudadanos esperaban que hoy nos dijera usted. Se ha defendido atacando, señor Menéndez, y creemos que eso es realmente un error.
Sabemos que hay cosas, como los nombres de los que defraudan y blanquean dinero, de los que delinquen en definitiva y estafan a Hacienda, que hoy no pueden conocerse en detalle por la legislación vigente, pero este es el Legislativo, aquí podemos
cambiarlo y debemos hacerlo. Creo que esto lo comparte la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara, pero nada debe impedir que usted nos cuente los hechos, lo que está ocurriendo en la Agencia Tributaria con motivo de estos temas y lo que la
Agencia Tributaria está haciendo al respecto.


Nos ha inundado de datos pero no nos ha informado, señor Menéndez. Llevamos unos cuantos años —demasiados a mi entender— que día sí, día también, desayunamos con un nuevo caso de corrupción o con nuevos datos relevantes sobre tal o cual
caso de corrupción ya conocido. La lista es interminable: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Matas, infanta Cristina, Correa, etcétera, y ahora el mismísimo exvicepresidente económico, el exgerente del Fondo Monetario Internacional, el exvicepresidente de
Caja Madrid y de Bankia, señor Rato. No se trata de que haya estallado un escándalo puntual de corrupción, de ocultación al fisco, de blanqueo de capitales, lo que está ocurriendo es que cada día afloran nuevos casos de corrupción que ya de forma
individual deberían ser motivo de escándalo de considerables dimensiones. En cualquier país democrático occidental tan solo uno de los casos que hoy conocemos en el Estado español habría sido motivo de asunción de responsabilidades políticas, y más
de un Gobierno, o al menos algún ministro, habría abandonado sus responsabilidades. Pero aquí no, da la sensación de que aquí los ciudadanos nos hemos acostumbrado a vivir con la corrupción, entre la mierda de la corrupción. Por ello no es
suficiente que comparezca hoy usted aquí, que cumpla con el trámite y adiós muy buenas. La crisis económica ha hecho mella en los ciudadanos, los ha mandado al paro. Hay más del 50% de los jóvenes en paro; la tasa de paro global es mayor al 20%,
sin olvidarnos de los salarios basura, de la precarización, de los desahucios, de la pobreza infantil, de la pobreza energética y de un largo etcétera. Los ciudadanos

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inmersos en esta difícil situación han puesto incluso dinero —que además seguirán pagando sus hijos y nietos— para salvar entidades financieras, unas entidades gestionadas por personas que han robado, defraudado y que encima aún nos quieren
dar lecciones de ciudadanía. Los ciudadanos decimos ya vale, hasta aquí hemos llegado, y los que nos han robado, los que no han pagado los impuestos, los que han blanqueado capitales, deben pagar por ello, no se pueden ir de rositas, deben
responder con sus bienes y, si corresponde, con su libertad.


En plena crisis y hartazgo social, el Gobierno decidió conceder una amnistía a muchos que entendemos que son delincuentes, a muchos defraudadores. El resultado es que más de 30.000 personas, pagando apenas un 3%, se han puesto al día con
Hacienda. En lugar de haber abonado en su día el 56% de lo ocultado, lo han limpiado al coste ridículo del 3%. Señor Menéndez, esto no es ético ni es presentable. Usted nos decía antes que han recaudado 37.000 millones por la lucha contra el
fraude, pero si les hubieran cobrado a los que han regularizado su situación con la amnistía lo que tendrían que haber pagado, hubieran tenido 20.000 millones más para cumplir con el déficit, para no tener tantos recortes sociales y para andar mucho
más holgados.


Esta ha sido, evidentemente, una operación para que los amigos o los sinvergüenzas eviten ir a prisión en el futuro. De esta lista, 705 han sido remitidos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía, para que averigüe si ha habido delito monetario por parte que esas personas, y nos hemos enterado porque una de esas personas es don Rodrigo Rato y porque la fiscalía y aduanas están
investigándole tras haberle detenido por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El nombre del señor Rato ha salido en los medios y, por ende, usted, o al menos es lo que yo pensaba, comparece aquí, pero no nos ha dicho absolutamente
nada. Si usted no nos dice nada, nos enteraremos por la prensa, porque la prensa se entera de todo, señor Menéndez. No parece serio que esto ocurra en la Cámara, ya que da a conocer el nivel democrático de este país. Detállenos lo que conocen de
las actividades fiscales ilícitas del señor Rato, aunque sea lo que se diga en la prensa. Díganos usted, y que no tengamos que leerlo en los medios de comunicación, la cuantía defraudada, blanqueada, dónde estaba el dinero, en qué inversiones. Si
no nos lo dice, insisto en que tendremos que leerlo en la prensa estos días. Además, si no nos lo dice, no entiendo qué estamos haciendo aquí.


Por otra parte, me gustaría que nos explicara también en detalle los datos derivados de la amnistía fiscal, y si no puede dar nombres concretos de momento, al menos dénos cifras relevantes: la cuantía máxima aflorada; la cuantía mínima;
el importe medio; la distribución por personas físicas, jurídicas, por tipos de impuestos, etcétera.


Nos interesa también su experta y cualificada opinión en relación con la posibilidad de conocer o no los nombres de las personas, tanto de las amnistiadas como las remitidas al Sepblac, y qué cambios legislativos —algunos se han apuntado
aquí— serían necesarios, en su opinión, para conocer los nombres de estos defraudadores.


Señor presidente, señor director, esta es la semana de la gran corrupción en el Congreso. Al igual que El Corte Inglés tiene su semana fantástica, esta es la semana de la fantástica corrupción. Aprovechamos la ocasión y las rebajas para
explicar a los ciudadanos la realidad de una corrupción que apesta. Rebajas las va a haber. Según los datos metroscópicos conocidos, el Partido Popular en las Cortes Valencianas va a reducirse a la mitad, un 50%; creo que es un buen descuento
electoral. No nos vale que digan que la ley se aplica a todos por igual, porque no es verdad. No nos vale que el Gobierno ofrezca en bandeja la cabeza del señor Rato para tratar de minimizar el negativo impacto electoral que estos temas van a
tener, sin duda, en las filas del Partido Popular. Por mucho que el Gobierno del PP y el Partido Popular quieran ahora situarse a la cabeza de la manifestación por la transparencia y la lucha contra la corrupción, los enormes montones de basura y
de corrupción no les legitiman para ello; no tienen la credibilidad, y si, encima, los ciudadanos observan que no informan adecuadamente, la credibilidad será aún menor. Como decía un líder histórico de mi partido, el Partido Nacionalista Vasco,
el señor Ajuriaguerra: los conversos, a la cola. Den explicaciones, pero no pretendan darnos lecciones.


También hemos conocido los escándalos, señor Menéndez, del Partido Popular en Castilla y León en el tema de los parques eólicos: altos cargos de la Junta y sus amigos se han forrado concediendo licencias para la explotación de parques
eólicos —no sé si de forma ilegal, pero sí de forma poco legítima—, derivando recursos privados, por ejemplo de Iberdrola, a sus propios bolsillos. Es una auténtica trama organizada. Un ejemplo son los 47,1 millones de euros que Iberdrola pagó a
un alto cargo que apenas invirtió 24.400 euros. ¡Qué riesgo y vaya rentabilidad! Es una corrupción más del Partido Popular. Además,

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por lo que he podido saber, esta no es una práctica aislada. Se han producido casos similares en otras comunidades autónomas con el tema de las licencias para construir parques eólicos. ¿Qué nos puede decir de este asunto? ¿Lo está
investigando la Agencia Tributaria? ¿Qué conclusiones han sacado? Parece que hay un informe, según hemos podido saber, también por la prensa, de noventa y cuatro folios en poder de la agencia que usted dirige sobre esta cuestión. ¿Nos puede
desvelar algo?


El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Yo sí que voy a empezar agradeciendo la presencia del director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, porque indudable y humanamente es una comparecencia dura; realmente, en términos
judiciales, estamos en la comparecencia en rebeldía del señor Montoro, que es quien tenía que estar aquí dando la cara, asumiendo su responsabilidad como ministro, su responsabilidad política y su responsabilidad frente a la ciudadanía representada
por los diputados y las diputadas de esta Cámara. Ese es el elemento fundamental, porque usted nos ha dado una serie de datos que parece que estábamos en Dinamarca; unos datos preciosos, un mundo feliz. Mire usted, los datos no van en esa línea.
Pero es que, además, estamos hablando de responsabilidades políticas. Hay una situación política grave. ¿Qué está haciendo este Gobierno para plantar cara a la corrupción estructural que existe en el Estado español? Este portavoz de Amaiur, ya al
comienzo de esta legislatura, exigió al señor Montoro el establecimiento de un plan de lucha contra el fraude fiscal, y ese plan no ha venido por ningún sitio; tienen medidas sueltas, concretas pero, desde luego, no efectivas. Los datos son
tumbativos; los datos de Eurostat, por ejemplo, nos dicen que lo que supone, sobre el producto interior bruto, la recaudación del IVA dentro de la Unión Europea sitúan al Estado español en la última fila, en el último puesto. Los datos de la
recaudación del impuesto sobre sociedades, fundamentalmente de las grandes empresas, sobre el producto interior bruto sitúan al Estado español en los cinco últimos puestos de esa lista; mientras que la recaudación del IRPF —la del ciudadano de a
pie— lo sitúa en el puesto once de la Unión Europea. Con lo cual, eso ya nos da una radiografía, una fotografía muy clara de lo que supone la situación fiscal en el Estado español y la situación de injusticia que se está perpetuando a lo largo de
esta legislatura. No me vale lo de la herencia, porque podrían haberlo corregido. Es decir, se perpetúa a lo largo del tiempo porque no hay medidas efectivas para combatir esa gran injusticia. Ante otra pregunta también mía en esta Comisión o en
la Comisión de Economía, no lo recuerdo, el señor Montoro, ante mi denuncia de que las grandes empresas no estaban contribuyendo, dijo que tenía razón y que cuando ustedes llegaron el tipo efectivo de las grandes empresas era el 3%, y que esperaba
que a diciembre de este año pasado llegase al 8% o al 9%. No sé si ha llegado al 8% o al 9%, porque no han vuelto a dar datos, pero lo que eso muestra a las claras es que mientras las grandes empresas están tributando del 8% para abajo sobre sus
beneficios, un milenarista tributa al 12%. Eso es una muestra de una corrupción social tremenda, de una corrupción política tremenda, de no hacer frente a una injusticia social tremenda. Este es un elemento que hay que subrayar y, en sus datos,
usted no ha descendido a ese detalle.


Hay un dato —el portavoz de La Izquierda Plural también lo ha señalado— que es también muy clarificador: el número de inspectores fiscales por cada 10.000 habitantes. El Estado español está entre la mitad y la tercera parte de los que hay,
por ejemplo, en el Estado alemán o en el Estado francés. Eso no se ha modificado a lo largo de toda la legislatura y es un elemento fundamental para combatir el fraude; es decir, el número de personas que se dedican a combatirlo realmente en la
calle, en el día a día. Usted puede decir que los profesionales de la Agencia Tributaria son fenomenales, y yo lo puedo ratificar perfectamente. De hecho, yo creo que nadie en esta sala pone en cuestión la profesionalidad, pero a esos
profesionales hay que dotarles de medios, hay que procurar que su labor sea efectiva y que haya el número de profesionales necesarios para combatir el fraude fiscal. Pero el problema es que el fraude fiscal es de unos pocos ciudadanos, la parte de
arriba de la sociedad, a la que este Gobierno le presta especial atención. Siempre está pendiente de sus necesidades, de sus demandas, de sus angustias y, sin embargo, no está pendiente de la mayor parte de la sociedad, que es la que sufre la
crisis económica, la que sufre los problemas de los recortes sociales, los que no tienen dinero para ir a la sanidad privada, los que no tienen dinero para ir a la educación privada. Esos están olvidados en el día a día. La radiografía de la
actuación del Gobierno en materia de fraude fiscal es una radiografía de lo que es la actuación de este Gobierno. Es decir, un Gobierno muy ágil a la hora de dar respuesta a las grandes empresas, a los grandes capitales y tremendamente lento a la
hora de dar respuesta a las angustias de la gente de a pie,

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de las pequeñas y medianas empresas, de la economía social, de la economía de proximidad. A eso es a lo que tiene que dar respuesta el señor ministro y no usted, porque es una cuestión de planteamiento político de fondo. Este Gobierno no
está a la altura de las circunstancias de lo que exige la sociedad y de lo que exige la situación política actual.


Usted nos ha dado algunos datos, pero tendría que haber dado datos más concretos. Por ejemplo, de esos 715 expedientes ¿cuántos corresponden a cargos públicos o excargos públicos? Puede dar los datos, no tiene por qué decir los nombres.
Por ejemplo, nos puede dar los porcentajes: tal porcentaje corresponde a excargos públicos de los partidos del Gobierno y tal otro corresponde a los partidos de la oposición; la distribución de esos cargos por comunidades autónomas, ya que también
nos daría una visión real de cuál es la situación del fraude en el Estado español. Ustedes han huido de dar los datos, han dado unos datos genéricos —como decía antes— de «Alicia en el País de las Maravillas», pero que no responden a la realidad
del Estado español, a esa realidad terriblemente injusta de esa corrupción estructural del Estado español. Creo que se pueden hacer las cosas de forma diferente, y de hecho se están haciendo de forma diferente. Hoy mismo, por ejemplo, la diputada
de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que es una Hacienda propia equivalente a la Hacienda estatal, está compareciendo en el Parlamento Europeo precisamente explicando el impuesto sobre la riqueza y los efectos beneficiosos que han
supuesto sobre la recaudación en Gipuzkoa y sobre esa disminución de las desigualdades sociales. Allí también se está actuando en contra del fraude fiscal de forma efectiva, incrementándose de forma proporcional, mucho mayor que la del Estado, la
recaudación a la hora de combatir el fraude fiscal. Es decir, las cosas se pueden hacer de forma diferente, como se están haciendo en ámbitos muy cercanos a la Hacienda estatal. Por eso, creo que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno
enviarle a usted aquí a hacer un papel duro ante una situación difícil, porque lo que tiene que hacer el Gobierno es afrontar sus responsabilidades políticas. Tiene que decir qué está haciendo, qué va a hacer o qué no va a hacer para combatir el
fraude fiscal, si estas informaciones también las están contrastando, por ejemplo, con las haciendas forales. Supongo que detrás de esa amnistía fiscal puede haber gente que pueda tener una doble residencia, en territorio común y en territorio
foral. Esa es otra forma también de combatir el fraude, es decir, intercambiar información. Todo eso es lo que querríamos haber oído del Gobierno y del señor ministro que, tal como decía al comienzo de esta intervención, ha comparecido en rebeldía
ante esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor director, le agradezco su comparecencia y le felicito por los resultados de la lucha contra el fraude que nos ha proporcionado, así como por la calidad de la información aportada, porque pienso que disponer
de una información adecuada es la base de cualquier razonamiento para formarse un juicio sobre una situación. Me parece adecuado que para hablar de la Agencia Tributaria comparezca en esta Comisión precisamente el director de la Agencia Tributaria.
Pienso que un buen parlamentario no necesita insultar, más bien entiendo lo contrario, que un buen parlamentario no debe insultar. Un buen parlamentario sí debe estudiar, trabajar, demostrar, convencer con argumentos técnicos, económicos, jurídicos
y también políticos, por qué no. Pero desde luego, lo que nunca se puede garantizar o acreditar conforme al criterio humano es que haya fraude porque se haya hecho una regularización fiscal excepcional. Es decir, el fraude existe mucho antes de la
declaración tributaria especial; el fraude estaba insertado en la realidad económica de España y hay muchos intervinientes de muchos grupos que han tenido y tienen responsabilidades si no a nivel central sí a nivel autonómico o local en esta
materia, y creo que todos debemos recapacitar sobre esta cuestión, porque ahora en España el fraude se detecta, se persigue y se castiga. En un tiempo récord se le ha dado la vuelta a la situación: hemos pasado de una caída de ingresos públicos de
cerca de 70.000 millones, especialmente en el impuesto sobre sociedades, que pasó de 40.000 a 16.000 millones, y en particular a los grandes contribuyentes. Nos ha comentado el director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que la
recuperación de los ingresos tributarios es superior a la recuperación económica. Esto demuestra que están aflorando bases imponibles y que la lucha contra el fraude es eficaz precisamente donde más lo siente el ciudadano, en que la Hacienda
pública recupere el dinero defraudado, que probablemente es lo que más nos interesa en esta materia porque garantiza la financiación de los servicios públicos sociales y permite rebajar la factura al contribuyente cumplidor. Por tanto, que hayamos
dado la vuelta a la situación en un tiempo récord se debe al refuerzo normativo. Ya se ha comentado aquí: Ley Antifraude de diciembre de 2012, reforma del Código Penal, y ahora tenemos una nueva oportunidad con la reforma de la Ley General
Tributaria. El señor

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Coscubiela ha dicho acertadamente que está de acuerdo con el fondo, y nos parece bien que nos copie en ese sentido (El señor Coscubiela Conesa hace signos negativos); es positivo y aceptamos que se incorpore a la reforma de la Ley General
Tributaria.


Quiero destacar dos aspectos fundamentales de esta reforma porque se ha aludido a ello en las intervenciones y parece que existe una inquietud que quiero trasladar al director de la agencia. Uno es la reforma de la estimación indirecta,
porque permite luchar mejor contra la economía sumergida, y otra la que se refiere a la nueva infracción derivada del conflicto en aplicación de la norma, porque permite luchar contra la planificación fiscal agresiva. Estamos en contra de la
ingeniería fiscal, de las estructuras artificiosas y del abuso de la norma. Son dos iniciativas que la Organización de Inspectores de Hacienda también ha dicho que van en la buena dirección y espero que el resto de los grupos parlamentarios se
apoyen en ellas. Pero este refuerzo normativo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la profesionalidad del personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que tienen muy en conciencia la labor social de la función que realizan.
Conozco muy bien la pasta de la que están hechos estos funcionarios, que han sido seleccionados por mérito y capacidad, y no tienen necesidad de rendir pleitesía en ningún caso, y comprendo perfectamente que el director de la agencia esté orgulloso
del trabajo que realizan los funcionarios que prestan sus servicios en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


La agencia tiene como misión la aplicación efectiva del sistema tributario y para asegurar esta aplicación efectiva del sistema tributario español estatal y aduanero, tiene como característica fundamental unas actuaciones de previsión y
control, que tienen un carácter programado y planificado. Estas actuaciones están contenidas en un plan anual de control tributario y aduanero que se publica, y, por tanto, no pueden estar dirigidas aleatoriamente ni las puede decidir
unilateralmente ninguna persona. No voy a insistir en los medios proporcionados, porque los ha definido con mucha claridad en su comparecencia —ha dado datos muy exactos—, pero sí me voy a referir a la declaración tributaria especial. Ha dejado
claro en su intervención que no se trata de una amnistía vergonzante que permita blanquear conductas que exoneren responsabilidades penales ilícitas, cuestión que han dejado clara los hechos, los resultados de las actuaciones, que es lo más
importante. Se puede entender incluso que cuando se publica una norma alguien, por desconocimiento o porque todavía no la ha estudiado en profundidad, pueda mantener algunas consideraciones, pero negar la evidencia de los resultados de su
aplicación me parece que no exagero si digo que es querer mentir. La declaración tributaria especial nace en un momento excepcional, en un momento en que se ha querido dar transparencia a unos fondos ocultos. Si no se hubiera hecho, esos fondos
seguirían ahora mismo ocultos y seguirían prescribiendo, como había sucedido hace cuatro, cinco y seis años. No parece que sea excesivamente interesante no haberlo hecho. Además, esta regularización tributaria excepcional se ha hecho con los
estándares exigidos a nivel internacional por la OCDE. Ya se ha hablado de la mayor dureza de las normas tributarias, de la Ley Antifraude, de la reforma del Código Penal. El propio decreto-ley tapa los dos agujeros que hacían que los grandes
contribuyentes no tributaran: uno, no tener límite en la deducción de los gastos financieros y, dos, la libertad de amortización sin mantener el empleo. Además no hemos sido ni siquiera originales, todos los países de nuestro entorno lo han hecho,
con distintos regímenes políticos: Reino Unido en 2010, Francia en 2009, Alemania en 2003, Estados Unidos, Canadá y Australia. En definitiva, es un tipo de regularización que se ha hecho en múltiples países y con Gobiernos de distinto color
político.


Creo también —y esto es muy importante— que a los funcionarios se les ha dado seguridad jurídica, un apoyo legal. Los funcionarios tienen que cumplir la ley y esta Cámara ha asumido el coste político. En otros casos se han hecho mini
regularizaciones, mini sanciones, cambios de procedimiento sin apoyo legal, lo cual ha tenido consecuencias muy negativas para los funcionarios. Además, en nuestro país también se han hecho otras regularizaciones, pero opacas, con títulos AFRO. No
se podía solicitar quién se había acogido porque no se sabía. Todo lo que ha comentado, todo lo que hasta aquí se ha referido a la declaración tributaria especial se lo agradecemos porque responde a la realidad de una actuación y de unos
resultados. Creo que lo que no vale es insinuar, interpretar de una manera «sui generis», enredar y tratar de hacer ver lo que no es. Señorías, la actuación de la Agencia Tributaria hay que valorarla por los resultados, no valen la palabrería ni
los discursos y, según el último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales, los funcionarios de la Agencia Estatal son buenos técnicos, imparciales en el desempeño de su labor y correctos en el trato personal. Espero que este dato que le
proporciono sobre el Instituto de Estudios Fiscales no sirva para que se ponga en tela de juicio la labor de sus profesionales. También hay que valorarla por los resultados de la lucha contra el fraude, que ya se han comentado, y que han batido
récords en el año 2014 y los vuelven a batir en el primer trimestre de 2015. La Agencia Tributaria desempeña

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un papel fundamental en el objetivo que tiene el Gobierno de España, que no es otro que la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y para ello ha puesto en marcha numerosas medidas. No me da tiempo a comentarlas
todas, pero sí quiero poner énfasis —por la relación que tiene con los temas que estamos tratando— en la creación de una oficina de gestión y recuperación de activos, porque precisamente se quiere que vuelva a la sociedad el mayor rendimiento
posible y contribuir a resarcir a esta sociedad de las consecuencias de los delitos. Por tanto, creo que nunca ha habido un Gobierno que haya puesto tantas medidas para que el fraude se detecte, se persiga y se castigue, como dije al principio de
mi intervención, porque tenemos jueces y fiscales, Policía, Guardia Civil y una Administración Tributaria, de la cual forma parte la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que actúan con independencia, con rigor y con profesionalidad.


Por último, quiero resaltar que la aportación que puede hacer el Grupo Parlamentario Popular, y la ha hecho, es apoyar reformas que vayan destinadas a cambiar nuestro marco regulatorio para que el incumplimiento se persiga mejor, se detecte
antes y se castigue con más dureza. Y a la Agencia Tributaria lo que le corresponde es utilizar adecuadamente los medios y las herramientas legales que se le ponen a su alcance para hacerlo con eficacia y contundencia, como ha demostrado en la
información que nos ha proporcionado y como nunca antes hasta ahora se había realizado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las cuestiones planteadas y hacer las consideraciones que estime oportunas, tiene la palabra el compareciente.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Es imposible que conteste a todo lo que me han manifestado, porque estaríamos aquí hasta las ocho de la tarde, salvo que no quieran comer.
Pero voy a procurar, en la medida de lo posible, contestar a lo que me han expuesto y agradecería que me escucharan.


Señor Saura, dice usted que esta comparecencia es una falta de respeto. Estoy orgullosísimo de comparecer aquí como director de la Agencia Tributaria. Yo no me parapeto detrás de los funcionarios. Para empezar, soy un funcionario de la
Agencia Tributaria desde su creación; estoy orgullosísimo de la labor que realizan. Lo digo públicamente y no me empacho, y se lo digo a ellos todas las veces que puedo, pero no me parapeto detrás de nadie. Hay una labor que se realiza y que debe
ser agradecida por todos, y lógicamente, en primer lugar, por quien es el director de la agencia —vamos evolucionando, somos 25.000 o 26.000 y lógicamente hay de todo—, y esos agradecimientos se agradecen a su vez por parte de los funcionarios. A
mi, desde luego, cuando me dirigen, si hago las cosas bien, me gusta que me lo agradezcan. No es una falta de respeto, por supuesto que no. Todos ustedes han hablado de muchos juicios de valor; lo respeto, pero no tiene nada que ver conmigo. No
es el foro en el que pueda pronunciarme sobre juicios de valor; no sería correcto por mi parte hablar de ellos, pero sí de aquellas cuestiones que me parecen técnicas y que afectan a la lucha contra el fraude.


Señor Saura, no me gusta hablar de estos temas, pero como usted me los saca… A la declaración tributaria especial se han acogido más o menos 29.000 contribuyentes, y digo yo que habrá de todo. Dice que no he dado datos ni información, pero
¿qué información hay que dar? En un colectivo de 29.000 personas habrá de todo, digo yo. Demoniza la declaración tributaria especial. Como bien ha dicho desde el Partido Popular la señora Asian, que, entre otras cosas, es inspectora de Hacienda y
debe de conocer estos temas, las organizaciones internacionales recomiendan este tipo de regularizaciones en momentos puntuales, y los momentos eran muy difíciles. Con la declaración tributaria especial, en unos momentos muy difíciles, han aflorado
40.000 millones en bienes y derechos; estamos hablando de 2012. ¿Es que ustedes no luchaban contra el fraude en los ocho años anteriores? Porque ¿dónde estaban ustedes y esos 40.000 millones? No se me ocurriría decir esto bajo ningún concepto.
La única diferencia es que ahora tenemos instrumentos que nos ayudan, instrumentos como este, que hacen aflorar muchos bienes; instrumentos como el 720 o el Plan de intensificación de actuaciones, que tienen los funcionarios y que están en la
obligación de utilizarlos adecuadamente. Eso es lo que sucede ahora.


Señor Picó, ha hablado —como han hecho todos— del ministro, pero yo no soy el ministro de Hacienda, sino el director de la agencia; trabajo para la Agencia Tributaria, para el Estado y, por lo tanto, todos los funcionarios de la agencia
trabajamos para todos los ciudadanos. No trabajamos para ningún partido político en cuestión ni para ningún medio de comunicación; trabajamos para los ciudadanos, y lo hacemos con objetividad, generalidad y proporcionalidad. Me habla usted de
temas mediáticos, de temas de la nueva Fiscalía Anticorrupción. Como lo han planteado varias veces, le recuerdo el artículo diecinueve de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Las competencias

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de la Fiscalía Anticorrupción son: La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias a que se refiere el artículo cinco de esta ley e intervendrá directamente en procesos penales, en ambos casos
siempre que se trata de supuestos de especial trascendencia apreciada por el fiscal general del Estado en relación con…, y a continuación vienen enumerados todos los delitos. Es la fiscal general del Estado quien decide en cada momento adónde tiene
que ir una denuncia presentada ante la fiscalía. Efectivamente, nosotros hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, y también han hablado de alguna denuncia presentada en la Fiscalía de Valladolid. Es el procedimiento habitual;
luego, la fiscal general del Estado decide adónde tiene que ir en cada caso una denuncia. No corresponde, por tanto, al denunciante decidir si un asunto debe asumirlo o no la Fiscalía Anticorrupción. Es la ley, nosotros aplicamos la ley, y porque
aplicamos la ley y estoy constreñido por la ley, el artículo 95 de la Ley General Tributaria me impide hablar de procedimientos y de contribuyentes concretos. Lo he reiterado cincuenta veces y aquí he dado datos de todo tipo, pero parece que no me
escuchan o no les interesa escucharme. Como la ley me impide hablar, no voy a hablar de ningún contribuyente concreto. De la Agencia Tributaria nunca salen informaciones concretas sobre contribuyentes concretos.


Por otro lado, me dicen que vengo aquí después de dos meses —lo digo con carácter general, porque me lo han dicho varios de ustedes— para repetir los mismos datos que hace dos meses. Pues una de dos, o no me han escuchado ahora o no me
escucharon hace dos meses, porque las comparecencias en lo que he dicho tienen bastante poco que ver. Hay algunas cosas coincidentes, pero la mayoría no lo son.


Señor Coscubiela, usted me ha hablado también del escudo protector. No. Yo no me escudo en nadie, no necesito escudarme en nadie, y menos en los funcionarios de la agencia. Les tengo mucho cariño a todos, eso sí, como ellos me lo tienen a
mí, aunque habrá de todo, entre 25.000 habrá de todo. Usted ha mencionado Gestha. Desde el punto de vista de representación sindical, Gestha representa el 19 y pico por ciento de la agencia. Este mes habrá elecciones sindicales y no sé
exactamente en que se quedará. El otro 80% también tendría algo que decir y está bastante callado, es bastante discreto, bastante respetuoso con la institución y con el trabajo que se realiza dentro de la casa.


Señor Anchuelo, que si las tarjetas «black», que si ejercicio de función… Se ha dicho algo que me gustaría matizar: que la Agencia Tributaria ha ratificado que las tarjetas «black» estaban bien utilizadas. No me consta bajo ningún concepto
y no lo ha hecho. Lo digo por si no ha quedado claro. ¿Que el 750 facilita el blanqueo de capitales? Lo he dicho antes, lo he dicho veinticinco mil veces, el 750 cubre de contingencias fiscales. Ya hubo un debate cuando se aprobó la norma en el
Parlamento y en la sociedad: ¿y si hay otros delitos conexos, si hay blanqueo de capitales? Y se dijo: no, no y no. Con la información que tenemos, si apreciamos indicios de delito, me imagino que no me estarán ustedes sugiriendo que no actuemos
ni hagamos las investigaciones pertinentes y en su caso las denuncias, sea quien sea y corresponda a quien sea. Digo yo que no me estarán pidiendo eso. Por supuesto que si hay indicios de blanqueo o de cualquier otro delito seguiremos
investigando. Ahora ha dicho usted 715; es que no paramos de trabajar para los ciudadanos, para la sociedad y para coadyuvar a las cifras de reconducción del déficit público que tanto han ayudado a la reconducción de la situación económica. Me
dicen ustedes que tengo que hablar de no sé qué contribuyente. Ya les digo que lo siento, pero no es mi función ni me corresponde e incumpliría la norma.


Señor Azpiazu, usted habla de corrupción, corrupción y corrupción. Aquí se mezcla todo. En primer lugar, en la Agencia Tributaria nos dedicamos a la asistencia y ayuda. Tenemos servicios muy consolidados en el tiempo, por ejemplo con el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, y queremos ampliarlo por ejemplo al IVA con el proyecto que tenemos de suministro inmediato de información, que, como bien saben ustedes, empieza a funcionar el 1 de enero de 2017. En segundo lugar,
nos dedicamos a la represión del fraude fiscal. Cuando en nuestras actuaciones podemos tener indicios de otros delitos, de corrupción o de cualquier otro, damos la información correspondiente —depende, esto no es siempre igual— a la fiscalía, una
denuncia directamente al juzgado, a la Policía, a la Guardia Civil o al Sepblac, depende, y entre todos hacemos que las instituciones funcionen. Ya que me lo plantean y me sacan aquí el tema del paro, ¿sabe lo que le digo? Con absoluto respeto y
cariño, es una auténtica satisfacción trabajar en la Agencia Tributaria y poner en valor el buen funcionamiento de todas las administraciones, no solo de la Agencia Tributaria —y espero no olvidarme de nadie— sino también de la Policía, la Guardia
Civil, los juzgados, la fiscalía, el Sepblac, todas, para que en estos temas que escandalizan tanto se vea que, por lo menos ahora, se está trabajando. Me piden también muchas explicaciones por cosas del pasado. Llevo como director de la Agencia
Tributaria un año y medio, pregúntenme por el año y medio y analícenme todo lo que hago o dejo de hacer, ¡solo faltaba! Pensando precisamente en todas esas

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personas que están paradas, que están sufriendo un drama personal y que a lo mejor están faltos de esperanza, les digo que confíen en las instituciones porque las instituciones funcionan cuando se les da el apoyo y los medios necesarios.
Eso es lo que les digo.


El señor Larreina me dice que esto parece Dinamarca. Son nuestros datos, son los datos; si no le gustan, lo respeto pero son los datos. Somos una administración tributaria envidiada. Usted ha hablado de Francia. Somos más eficaces que
nadie. ¿Por qué? Por muchos motivos que si quiere se los explico pero estaría aquí toda la tarde. Por la apuesta decidida desde hace muchísimos años, la cantidad de información que tenemos de los contribuyentes, lo bien que lo tenemos organizado
a través del NIF y lo bien que actualizamos el censo, cosa que otras sociedades occidentales —sin ir más lejos, Francia— no tienen y vienen a vernos y nos envidian. Somos muy eficientes, no se trata de que seamos 5.000 y que haya 20 millones de
españoles vigilando por la mañana y por la tarde lo que hacen los otros 20 millones de ciudadanos, por lo menos no quiero ese modelo. Quizá habría que destacar cómo es posible que siendo 2.000 menos con respecto a 2011 —ya hemos dicho que ha habido
restricciones presupuestarias porque ha habido que superar una situación muy difícil con esfuerzo por parte de todos— presentemos mejores resultados. Eso es eficiencia y eso es eficacia, y no creo que el fraude sea exclusivamente —he dicho que se
están haciendo esfuerzos con la oferta de empleo público para mejorarlo— cuestión de medios personales, aunque lógicamente cuantos más seamos también será mejor, ¡ojo! si se emplean adecuadamente los medios. Ahora estamos siendo más eficaces y más
eficientes que nunca.


Creo que no me queda nadie por contestar más que la señora Asian. Y también quiero dar las gracias al señor Larreina por el aspecto humano de agradecerme que comparezca, porque no tienen nada que ver las discrepancias en las ideas o en
cuestiones técnicas como pueden ser estas con la relación humana o personal, igual que les agradezco a todos su paciencia por escucharme. Señora Asian, de todo lo que ha dicho coincido en tantas cosas… ¿Por qué coincido en tantas cosas? Porque ha
hablado de una serie de medidas técnicas normativas que ayudan a la dificilísima labor que tenemos que hacer en la Agencia Tributaria e importantísima labor que hacemos para la sociedad. Actuamos con generalidad, actuamos sobre todos los
contribuyentes, no hacemos distingos de ningún tipo ni de tiempos, actuamos cuando entendemos que tenemos que actuar y lo hacemos —usted conoce la casa y eso puede que la ayude a entender esto que parece ser que otros no quieren entender o escuchar—
con vocación de servicio y con la concepción de lo importante que es nuestra labor, y yo diría que con un exceso de celo, siendo conscientes de que cualquier error que cometamos en nuestras actuaciones tiene mucha repercusión social y perjudica
mucho la imagen de una institución tan importante como la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria no es importante por mí sino por sus funcionarios y no entiendan esto como que me estoy parapetando detrás de los funcionarios porque no me tengo
que parapetar detrás de nadie, afortunadamente duermo muy tranquilo. La Agencia Tributaria española es una de las administraciones tributarias más reconocida a nivel mundial. Algún día me gustaría que también los españoles la reconocieran, porque
les recuerdo que ustedes son los representantes de los españoles. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Como habíamos previsto, habrá un breve segundo turno para los portavoces que así lo deseen.


En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Señor director, le decía, y lo reitero después de su intervención, que para nosotros ha sido decepcionante su presencia hoy aquí, porque la sociedad española está asistiendo a muchos escándalos, pero este último es de
proporciones importantes, mayúsculas, y lo que quiere la sociedad española hoy aquí, en el Parlamento, es una respuesta clara por parte del Gobierno, sobre todo cuando el Gobierno la puede dar, porque el señor Montoro lo ha puesto de manifiesto, ya
que ha hablado de personas concretas y de la amnistía fiscal. El argumento del señor Montoro es que estas personas han dicho públicamente que se han acogido a la amnistía fiscal, es decir, que es posible hacerlo y el señor Montoro lo ha hecho en
otras ocasiones. Además de ser decepcionante porque no hay una explicación pública en este momento ante este escándalo, lo es porque el señor Montoro y el Gobierno utilizan don varas de medir distintas. Por eso, con todos los respetos personales y
profesionales que le tengo, quiero decirle que si la situación política anterior a esta comparecencia era grave y necesitaba una explicación política, después de su comparecencia la situación política ante los españoles es no ya igual, sino peor. A
quien haya diseñado esta comparecencia le digo que, desde el punto de vista de la opinión pública, el Gobierno sale peor parado. Si quien diseñó esto pensó que sería un cortafuegos, no ha sido así porque la situación política del Gobierno ante los
españoles por este asunto es peor. Eso es lo que le he dicho en

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mi primera intervención y le vuelvo a reiterar lo mismo, porque su segunda intervención no ha salido de esos lugares comunes.


Usted habla de los funcionarios, pero esa es la vieja vía de utilizar a los funcionarios para parapetarse políticamente detrás de los mismos, y vuelvo a utilizar el mismo argumento, porque los funcionarios no aprobaron la amnistía fiscal.
Estoy plenamente convencido de que usted como profesional y tal como funciona la Agencia Tributaria, hoy, vistos los resultados, no puede estar de acuerdo con la amnistía fiscal. Los funcionarios no han escrito el informe de la Dirección General de
Tributos de 27 de junio de 2012, que dice lo siguiente —entre comillas—: Se considera que no resulta procedente la comprobación aislada de las declaraciones tributarias especiales. Esta es una decisión política. No están detrás los 26.000
funcionarios de la Agencia Tributaria; esto está escrito por la Dirección General de Tributos. Hablan de las organizaciones internacionales, de la OCDE y del Banco Mundial, y lo que dicen es que los inconvenientes de las amnistías fiscales son
superiores a las ventajas y que desde el punto de vista recaudatorio no compensan, que el daño que se hace a las instituciones y a la conciencia fiscal es mucho mayor que lo que se recauda, que es lo que ha sucedido en nuestro país. Lo que yo le
decía esta mañana es que en el nuevo contexto internacional de la OCDE de lucha contra la evasión internacional y además con la posibilidad de hacer leyes en nuestro Parlamento —ustedes han traído el 720—, esa amnistía fiscal es innecesaria. Además
del daño que hace a las instituciones, desde el punto de vista recaudatorio y del afloramiento de bases imponibles no tiene ningún sentido. Es más, los funcionarios, con los medios necesarios, podrían perfectamente haber recaudado esos 1.200
millones de euros. Eso es lo que ha dicho la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, que con más medios y más recursos se podían haber recaudado los 1.200 millones de euros. Los 1.200 millones de euros son una cantidad importante,
pero no en términos porcentuales con relación al presupuesto de ingresos, que puede estar rondando los 300.000 millones de euros en el conjunto de la Administración central, incluida la Seguridad Social. Es más, esta organización dice que las
amnistías fiscales van unidas siempre al blanqueo de capitales, al dinero procedente de actividades ilícitas y a la corrupción. Esto es lo que dice la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.


Termino ya, señor presidente. Con todo el respeto profesional y personal, le quiero decir que su presencia hoy aquí ha sido decepcionante y que esto, lejos de resolver un problema político, lo agrava. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Voy a intervenir brevemente, como nos ha pedido.


He repasado su comparecencia del día 17 de febrero de 2015 y, más allá de alguna actualización de datos más recientes, a fecha de febrero o marzo, poca cosa más nos ha explicado hoy aquí. Espero, al igual que muchos grupos parlamentarios,
que comparezca en esta Comisión el señor ministro porque mi grupo parlamentario solicitará su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Voy a intervenir brevemente.


Señor Menéndez, escuchándole a usted se hacen evidentes las razones que ha tenido el Gobierno del Partido Popular para optar por la no comparecencia del señor Montoro. Es lógico, los grupos de la oposición pedimos responsabilidades
políticas al Gobierno, el Gobierno no comparece, le hace comparecer a usted y usted, lógicamente, se limita al ámbito de sus responsabilidades, a defender la dignidad, la profesionalidad y todos los atributos de los profesionales de la Agencia
Tributaria, que nadie ha puesto en duda, incluso los suyos, y no se puede hablar de las responsabilidades del Gobierno, que es de lo que se trata. Eso es lo que ha pretendido el señor Montoro no viniendo hoy aquí. Y nosotros vamos a exigir, como
otros grupos, porque es nuestra función de control del Gobierno, que el señor Montoro comparezca para dar la cara, como ha hecho en otras ocasiones.


Segunda cuestión. Ni mi grupo, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa: La Izquierda Plural, ni yo somos sospechosos de distinguir a los defraudadores fiscales en función de la bandera que ostentan o la patria de la que
alardean porque, en definitiva, un defraudador es un defraudador sea un empresario, un profesional o alguien que representa, y no le pido que me lo reconozca usted —no es nadie para hacerlo—, pero sí a los miembros del Partido Popular. Los
criterios del señor Montoro son bastante, bastante flexibles, por no decir muy utilitaristas o muy manipuladores. No tiene ningún

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inconveniente en hablar del defraudador fiscal, el señor Pujol, aprovechar esa circunstancia para utilizarla como instrumento político y, en cambio, considera que debe estar callado y silencioso cuando se trata del señor Rato. Y encima dice
que él y su Gobierno tienen la virtud de tratar a todo el mundo por igual, que todos los defraudadores son iguales. Que yo sepa, ni los diputados de esta Cámara ni los ciudadanos nos hemos dado un golpe en la cabeza; no hemos perdido nuestro
conocimiento y no se nos puede pretender engañar de una manera tan burda. El señor Montoro es un adalid, ha sido quien durante esta legislatura ha utilizado su cargo político como elemento partidario al servicio de su estrategia, con claros
criterios de arbitrariedad en su comportamiento. No se lo digo a usted, es que se lo diré al señor Montoro si comparece o cuando comparezca, que espero que sea pronto.


Por último, creo que no me ha entendido la portavoz del Grupo Popular ni su grupo. No he dicho que esté de acuerdo con la Ley General Tributaria, entre otras cosas, porque el proyecto se tiene que formalizar. Lo que he manifestado, para
intentar poner de manifiesto si su voluntad de transparencia es real, sincera o es otra patada hacia delante, otro bluf, es que mi grupo está dispuesto a no discutir de momento la redacción del artículo 95 bis que ustedes han incorporado. No vamos
a discutir si el límite de la morosidad que tiene que hacerse pública en los listados es un millón de euros, menos o más. Ya tendremos oportunidad de discutirlo, así como los otros temas que aparecen en su proyecto de ley. De momento, les
proponemos una vía para esos datos de que se disponen hasta el momento. Estoy convencido de que el señor director de la Agencia Tributaria los tiene preparados para, en el momento en que haya una ley que le autorice, hacerlos públicos al día
siguiente en mandato de esa ley; estoy convencidísimo, dada la eficiencia de la Agencia Tributaria. Les proponemos un mecanismo para que lo que ustedes han dicho que se haga a final de año lo hagamos ahora. Acordemos todos los grupos de la
Cámara, sin prejuzgar el futuro de la redacción de la Ley General Tributaria, una proposición de ley sobre el artículo 95 bis y, como se ha hecho cuando ha interesado al Gobierno —por ejemplo, en la derogación de la Ley de Justicia Universal— o
cuando ha interesado al Gobierno y a otro grupo de la Cámara en la reforma del Código Penal para sostener la llamada lucha antiyihadista, presentémosla y que se debate la semana que viene, si se considera oportuno. Hay procedimientos para hacerlo.
Me ha faltado que la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular diga si acepta o no esa propuesta que le hemos hecho. Es la prueba del algodón. Si ustedes son sinceros en su propuesta de transparencia, creo que no tienen muchos argumentos
para rechazarla. Les estamos proponiendo su redacción, pero con una diferencia: no cuando hayan pasado las elecciones, sino ahora, antes de que voten los ciudadanos para que sepan a quién votan.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Señor director, si lo que usted ha entendido de mi intervención anterior es que le pido que no investigue y que no exija responsabilidades, me explicado muy mal o me ha entendido usted ciertamente muy mal. No voy a
debatir conmigo mismo sobre lo que no he dicho. Voy a recordar algunas de las cosas que sí he dicho y a las que usted no me ha contestado. De todas las preguntas anteriores que no me ha contestado, voy a concretar tres que considero especialmente
importantes. Dentro de pocas semanas hay elecciones autonómicas y locales, y dentro de pocos meses hay elecciones generales. Si hay candidatos en esas elecciones que son defraudadores o incluso que son defraudadores y han blanqueado capitales,
¿los ciudadanos van a tener esa información o para usted el secreto fiscal está por encima de esas consideraciones? Creo que es una pregunta relevante y no le estoy preguntando por individuos. Es una pregunta muy relevante. Segunda cuestión. De
un colectivo de 29.000 personas usted ha seleccionado a poco más de 700. ¿Qué criterio es el que une a esas personas? Según los medios y otros cargos, son personas expuestas políticamente, antiguos cargos públicos. Usted nunca lo ha confirmado.
No le pido nombres, sino el criterio objetivo que ha utilizado la agencia para, de un colectivo de 29.000, seleccionar a poco más de 700. Tercera y última pregunta. De ese colectivo de poco más de 700, usted —su institución— ha seleccionado a una
persona concreta para empezar por ella. Mi pregunta es, de nuevo, qué criterio se ha seguido para empezar por ese señor. Son preguntas pertinentes.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor Menéndez, usted ha comparecido aquí porque ha saltado el escándalo del señor Rato. En el momento en que surgió el caso del señor Rato fue cuando nos enteramos de que iba a comparecer hoy por la mañana el
director de la Agencia Tributaria. Hemos estado pendientes hasta el último momento para saber a qué hora y ajustar los vuelos, con lo cual entendíamos que el motivo

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de su comparecencia era la situación, el comportamiento o la información que existía en torno al señor Rato. Y usted de Rato no ha dicho ni una palabra. Aparte de las explicaciones técnicas —que están bien—, hay también una serie de
explicaciones políticas que alguien tendrá que dar. Seguramente no es usted y, por eso, tendrá que comparecer el señor Montoro, porque esta es una cuestión política de primera magnitud.


Tampoco nos ha respondido en relación con el fraude eólico, que es un tema nuevo —nuevo en los medios de comunicación, porque supongo que en la Agencia Tributaria será un tema viejo— en el que nos gustaría que trabajaran a fondo. No
dudamos, desde luego, de la calidad y profesionalidad de los trabajadores de la agencia. Usted se ha encargado hoy de alabarles y ponerles por las nubes. Está bien, que estén donde usted les ponga. Ahora bien, anímeles a que luchen contra el
fraude. Tienen una auténtica veta. Con la cantidad de corrupción, elusión, evasión y fraude que tenemos, hay una veta enorme para trabajar en este campo. A ver si trabajando mucho y bien por parte de la Agencia Tributaria llegamos a los niveles
de fraude medios europeos, lo que me imagino que debe ser un objetivo de su agencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, una precisión, porque afecta al funcionamiento de esta Comisión. Si se ha enterado usted esta mañana es porque no acudió ayer a la reunión de Mesa y portavoces a la que estaba convocado, que es donde se
fijó esta comparecencia.


El señor Larreina, si lo desea, tiene la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Si hace falta estar aquí hasta las diez de la noche dando los datos, se está. De todas formas, también tiene otra vía para hacerlo. Puede hacer llegar a través del presidente de la Comisión a todos sus
miembros las respuestas y los datos que le hemos requerido. Sería importante y una muestra de compromiso con la transparencia.


Luego hay un tema que me ha llamado profundamente la atención, cuando usted dice que la agencia es supereficiente. Si supereficiente es que el porcentaje de recaudación del IVA ponga al Estado español a la cola de la Unión Europea, no me
cuadra, los datos no demuestran eso; tampoco es una muestra de eficiencia que la recaudación de las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades esté en el puesto 22.º, 23.º o 24..º Yo creo que ustedes podrán hablar de eficiencia cuando la
recaudación del impuesto sobre el valor añadido y sobre sociedades estén, por ejemplo, entre los doce primeros puestos de la Unión Europea; entonces habrá eficiencia. También habrá eficiencia en la labor del Gobierno si el paro pasa a lo que se
denomina paro técnico en un plazo razonable; mientras tanto, este Gobierno no puede hablar de eficiencia, desgraciadamente. No me alegro de hacer esta crítica porque el hecho de que el Gobierno lo haga mal va en detrimento del conjunto de la
sociedad y del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, nadie se debe alegrar de esa situación. Tiene que haber un mayor compromiso de lucha contra el fraude fiscal, que es una de las muestras más graves de corrupción política, esa desigualdad
creciente. Desgraciadamente, hace rato que este Gobierno no sabe, no responde a la hora de dar medidas concretas para combatir la corrupción en todos sus ámbitos en el conjunto del Estado español.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Quiero comenzar mi intervención diciendo que me congratula que haya esa sensibilidad que todos los grupos muestran en su interés por la lucha contra el fraude; sensibilidad que espero que no solo exista cuando se
está en la oposición sino que se pueda acreditar con actuaciones, con hechos, con normas cuando se está en labores de Gobierno.


Se ha hablado de que la sociedad está escandalizada y que la sociedad quiere una explicación política. Pues bien, si me lo permiten, voy a hacer una reflexión política. Puesto que han existido unos fondos ocultos durante tanto tiempo y
aquí se ha dicho por todos los grupos políticos que la labor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria no se pone en duda, que los funcionarios, excelentes profesionales, han desarrollado su labor siempre de la misma manera desde su
creación en 1992 y antes, cuando no era agencia, los órganos de la Administración tributaria, ¿cuál es la explicación política? Yo creo que la explicación política es que no se les ha dotado a los funcionarios de las herramientas legales y
normativas suficientes para que hagan su labor con mayor eficacia y que esos 40.000 millones que han aparecido en esta regularización excepcional o los 160.000 millones que aparecen por primera vez en declaraciones de bienes en el extranjero, que
antes no se hacían, no habrían estado ocultos. Creo que tenemos que hacer una reflexión a este respecto, porque habría sido mejor que se hubieran introducido antes las medidas que ahora se han adoptado en aras de endurecer sanciones, de adoptar
medidas cautelares, de prohibir

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la circulación de dinero en efectivo por encima de los 2.500 euros, ya que han sido eficaces. Por eso, solicito que cuando la Ley General Tributaria venga a esta Cámara con medidas eficaces en este sentido, sean aprobadas por todos los
grupos que hoy estamos aquí reunidos. Asimismo quiero decirle —ya que me ha hecho una precisión— que yo había entendido que no discutir de momento significaba aceptar de momento, pero lo comprendo. Dado lo novedoso de la expresión de momento en
esta Cámara, lo aplazamos y cuando exista el debate de la norma, ya veremos exactamente qué quiere decir de momento.


En definitiva, y para finalizar mi intervención, frente a esta sensibilidad contra el fraude, que celebro y me parece muy adecuada, quiero lanzar un mensaje de funcionamiento correcto de las instituciones, porque el contribuyente cumplidor,
quien paga sus impuestos, quien está cumpliendo no solo sus obligaciones con los impuestos sino todas sus obligaciones, necesita tener la tranquilidad —que debe tenerla porque así se está acreditando— de que nuestras instituciones funcionan y que el
Estado de derecho funciona y es igual para todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Menéndez, tiene la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Señor Saura, le voy a empezar a coger afecto personal, pero me dice usted unas cosas… Me dice que hace falta una explicación pública. Una
explicación pública, ¿de qué? Por cierto, usted hace referencia a algún informe y a algún escrito de la DGT, de la Dirección General de Tributos. Los que inscribe en la Dirección General de Tributos son todos funcionarios, con ese concepto de
funcionarios que tenemos. La Dirección General de Tributos ha dicho —y nosotros, la Agencia Tributaria, somos el órgano que aplica el sistema tributario— que la DTE ampara las contingencias fiscales, y punto. Ya lo dije antes, y lo dije veinte
veces: No cualquier otro ilícito que se pueda descubrir, como consecuencia de la DTE o no. ¿De acuerdo? No lo ampara, que es lo que ha dicho. Lo cual, por otra parte, me parece de bastante sentido común. Dice usted que hace falta una
explicación pública. La explicación pública es la que estoy dando. Otra cosa es —y usted dice que le decepciono, que lo puedo comprender— que a usted no le guste la explicación pública que estoy dando. La explicación pública que estoy dando es
que la Agencia Tributaria es la mejor dotada de apoyo en la lucha contra el fraude. Y he dicho tres cosas: todas las modificaciones normativas —no me haga repetirlas otra vez, porque son prolijas—, dentro de una situación de tanta dificultad desde
el punto de vista presupuestario, restricciones en el presupuesto y restricciones en la oferta de empleo público. El mundo perfecto no existe, sino que hay que verlo dentro de la coyuntura, de las circunstancias de cada caso. Nos hemos olvidado de
los duros que han sido para todos los españoles estos últimos años y de que ha habido que ajustarse por todas partes. Lo que ha hecho la agencia es ser más eficiente que nunca. Y aprovecho ahora para contestar a la argumentación de la eficiencia,
aunque luego quiero decir otra cosa, señor Saura. La eficiencia consiste en, con los recursos que se tienen, ser lo más eficientes posible, obtener el mejor resultado. Ese es el concepto de eficiencia. Eficacia es obtener objetivos concretos o
logros concretos. Somos eficientes, y mucho. Me parece bien que lo discuta, por supuesto, está en su pleno derecho, pero yo estoy contento de que la Agencia Tributaria sea eficiente, pero no como director —a veces parezco de Bilbao, nací crecido—,
no necesito ponerme medallas, sino que lo digo por los funcionarios de la agencia, que son muy eficientes, y eso es una gran satisfacción.


Señor Saura, me dice cada cosa… Me dice que la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha estado opinando no sé qué y no sé cuánto respecto a todos estos temas. Señor Saura, hace diez días nos hemos dado cuenta de que
el expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Ramsés, va a ir en las listas del PSOE para la alcaldía de Madrid, por cierto, a resolver por lo visto los problemas del Ayuntamiento de Madrid desde A Coruña, lo
cual es una cosa curiosa. Si este señor, que, por lo visto, se ha ido a sus filas, dice estas cosas —al que respeto, porque lo conozco y tengo mucha relación personal con él— pero… (El señor Coscubiela Conesa: Señor director general, sabe muchas
cosas). Y no lo sé yo, esto es público. Lo ha dicho él a los medios de comunicación, no lo he dicho yo, perdone.


También aprovecho para decirle que nuestra función es muy difícil. Lo es ahora, cuando ustedes gobernaban y lo va a seguir siendo, porque es muy fácil esconder el dinero y es muy difícil perseguirlo, teniendo en cuenta que tenemos que
perseguirlo con los procedimientos y todas las garantías procesales correspondientes. Es muy difícil, y hacemos todo lo que podemos por perseguirlo. Pero ahora en la Ley General Tributaria hay algunas medidas del proyecto de BEPS de la OCDE.
Espero que las apoyen y las voten positivamente en el Congreso, porque van en el sentido y en la dirección que usted dice. En el

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fondo, seguro que estaríamos de acuerdo en muchísimas cosas, de las que son técnicas porque en las otras no entro.


Señor Picó, dice usted que dije lo mismo que hace dos meses, y no se lo voy a discutir. Desde luego, de auxilio judicial y colaboración con la justicia he dado cantidad de datos y de información, de la Ley General Tributaria he hablado
ahora y no hablé hace unos meses, y los datos, lógicamente, van modificándose con el tiempo. Usted lo ve así, pero creo que no he dicho exactamente lo mismo ni con la misma intención.


El señor Anchuelo me hizo tres preguntas concretas y muy concisas. Con respecto al tema de las elecciones, cuando veo indicios de delito, de la forma que sea —bueno, yo no, la Agencia Tributaria, yo no hago los expedientes—, la Agencia
Tributaria lo que hace es denunciarlo, tanto si son delitos penales como otros delitos, ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes para que bien se siga la investigación o, si la investigación ya está y los hechos son claros, se pongan
en conocimiento del juez para que decida. Aprovecho para decir que cuando hacemos entradas y registros —todas esas que he dicho que hacemos a lo largo del año, a veces son con autorización administrativa, pero otras son con autorización judicial—,
lógicamente, las hacemos con autorización judicial, bajo la dirección del juez y del juzgado y con la presencia del secretario judicial correspondiente. Eso para situarnos también en los procedimientos.


En segundo lugar, me habla usted de cómo elegir los 29.705, cómo no… Me va a permitir que sobre la forma en la que trabajamos seamos muy prudentes. Ya no es que lo diga el artículo 95, es que creo que es de sentido común. Trabajamos con
una serie de parámetros que pueden ir cambiando con el tiempo; en principio vamos construyendo perfiles que nos hacen pensar —insisto, esto es igual que lo de los 7.000 que dije en el 720— que puede haber indicios. ¡Es que estamos investigando!
¡No saquen conclusiones precipitadas! Los procedimientos existen y la presunción de inocencia para todos también existe o, al menos, debería existir. Esperemos que las investigaciones que sean, en su caso, terminen.


Sobre el 750 me habla usted sobre una persona concreta… ¿Quién ha dicho que para esa persona concreta, de la que yo no voy a hablar y de la que ustedes están hablando sin parar, lo que haya hecho la Agencia Tributaria tiene que ver con una
DTE? ¿Quién lo dicho? Bueno, ustedes sin parar y los medios de comunicación. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo va a tener que ver con una DTE? ¿Cómo voy a estar investigando una contingencia fiscal que tenga que ver con una DTE? Eso es imposible.
Bueno, imposible no; sería una pérdida de recursos, porque lo que estuviera recogido en una posible DTE no tiene ya contingencias fiscales. Luego lo que estamos investigando no tiene que ver con la DTE. Lo que hemos denunciado ante la fiscalía de
cualquier caso en el que haya contingencias fiscales, lógicamente, no puede estar contemplado en una DTE. Esto no hace falta que venga a aquí a decirlo. Esto es de sentido común.


El señor Azpiazu vuelve a hablar de Rato y del fraude eólico, y añade usted que nos lo trabajemos bien. Oiga, ¿usted sabe lo que hemos hecho con respecto a esto? Porque, por lo visto, lo sabe. Dice usted que no pone en tela de juicio la
labor de los funcionarios, ¿y les dice que no se lo han trabajado bien? (Rumores). Lo dijo, lo he anotado; a lo mejor fue un exceso, no importa nada, lo comprendo, es coloquial. Se lo han trabajado muy bien, muy bien, y hay una denuncia
presentada hace bastante tiempo. Por cierto, no sé por qué salió ayer en los medios de comunicación, porque hace ya bastante tiempo que hay una denuncia presentada por la Agencia Tributaria. Por eso surge este caso, por una denuncia de la Agencia
Tributaria. ¿Ante quién? Hombre, no aquí ni ante los medios comunicación, sino ante quien hay que plantearla. Los procedimientos hay que seguirlos, las garantías hay que respetarlas. Son los procedimientos judiciales y administrativos; en este
caso, una denuncia presentada ante la fiscalía.


El señor Coscubiela hablaba de la eficiencia, ¿no?; ah, sí, de los datos. Sí, sí, pero tengo que reconocer una cosa. Me ha hecho mucha gracia cuando usted dice: Usted dispondrá de los datos. Mire, yo dispongo de todos los datos que hay
en la agencia, y son la repera, la repera patatera. (Rumores). Deseo añadir que la información es importante pero saber organizarla y utilizarla también lo es (Risas); pero, por supuesto, dispongo de todos. También tengo la obligación de cumplir
la ley, la norma y el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Respecto a la eficiencia le reitero que eso es la eficiencia. Somos eficientes, somos una administración muy valorada a nivel internacional, colaboramos muchísimo a través del CIAT y
de IOTA. Fuera nos respetan muchísimo como Administración tributaria, y eso es un orgullo para los españoles. Yo trato de trasladarles que deben estar orgullos de eso porque creo que merece la pena.


No me parapeto detrás de ningún funcionario ni utilizo a los funcionarios, solo faltaba. No me considero legitimado para utilizar a los funcionarios porque somos casi 26.000, por tanto, habrá de todo; habrá gente

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que coincida conmigo o no en la orientación que se hace de la lucha contra el fraude. Entre los funcionarios también puede haber discrepancias y diferencias, pues claro; eso es sano, siempre que se haga con lealtad a las instituciones. Lo
que vengo a decir aquí es que las instituciones funcionan; que detrás de todos esos temas hay mucho trabajo, muy serio y hecho con mucho rigor; que es posible que con la cantidad de actos administrativos que dictamos a lo largo del año —no los
tengo cuantificados, aunque he pedido que me hagan una aproximación, porque lógicamente no estamos computando actos administrativos—, con la cantidad de funcionarios que somos, 26.000 personas y con 440 edificios abiertos, con la cantidad de
procedimientos en los que intervenimos —dictamos una cantidad tremenda de actos administrativos—, sería un milagro que no nos confundiéramos en alguno. Sería un milagro porque somos seres humanos. El índice de calidad con carácter general que
tiene la Agencia Tributaria es elevadísimo. ¿Que no somos perfectos? Hombre, es que si fuéramos perfectos no seríamos terrenales, seríamos otra cosa rarísima. En cualquier caso, yo siempre he sido muy obsesivo con esto desde que soy director de
la agencia. Tengamos lo que tengamos que hacer, con quien tengamos que hacerlo, lo hacemos sin condicionarnos por nada. Así lo hacemos y sentimos el apoyo para poder hacerlo, que es muy importante; pero tenemos que ser también exquisitos en los
aspectos formales, en la presunción de inocencia y en tratar a los contribuyentes con la corrección debida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.