CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 775

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO

Sesión núm. 33

celebrada el miércoles,

25 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Sobre la cobertura del tratamiento de los inmigrantes indocumentados que están infectados por el VIH. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000979) ... href='#(Página2)'>(Página2)


— Para impulsar el desarrollo de la «Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020». Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000530) ... (Página2)


— Sobre la investigación, protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003464) ... (Página5)


— Relativa a la actualización de la Estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002589) ... (Página8)


— Sobre la necesaria participación infantil en la sociedad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002738) ... (Página12)


— Relativa a la implantación de medidas para mejorar las políticas de defensa de los consumidores y usuarios en la sustitución de los contadores de medida en suministros de energía eléctrica por nuevos equipos que permitan la discriminación
horaria y la telegestión. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003377) ... (Página14)

Página 2

— Relativa a la creación de un grupo de coordinación sobre enfermedades raras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003133) ... (Página18)


— Sobre la adopción por parte del Gobierno de una solución para los pequeños ahorradores afectados por el fraude de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003199) ... (Página20)


— Relativa a la autorización de las pequeñas explotaciones ganaderas de aves de corral y lagomorfos para el sacrificio y la comercialización en sus propias instalaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/003324) ... (Página23)


— Relativa a las limitaciones fijadas por el ministerio para el acceso a los nuevos tratamientos para enfermos de hepatitis C y posibilidad de emitir licencias obligatorias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/003401) ... (Página24)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE LA COBERTURA DEL TRATAMIENTO DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS QUE ESTÁN INFECTADOS POR EL VIH. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000979).


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión número 33 de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el orden del día que todos ustedes conocen. Hay una novedad, que es la retirada del punto segundo, una iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a petición del grupo proponente. Asimismo, quiero informarles de que la proposición número 10, presentada por La Izquierda Plural, será debatida en segundo lugar. ¿Hay algún inconveniente por
parte de los distintos portavoces en que esto sea así? (Denegaciones). Anuncio a sus señorías que la votación no será antes de las seis y media.


— PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA «ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA 2012-2020». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000530).


El señor PRESIDENTE: Doy la palabra a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la primera proposición no de ley, para impulsar el desarrollo de la estrategia para la inclusión de la población gitana en España
2012-2020. Doña Lucila Corral, tiene la palabra.


La señora CORRAL RUIZ: Señorías, la población gitana ha sufrido históricamente situaciones muy injustas de desigualdad y discriminación y sigue siendo uno de los grupos sociales más afectados por la exclusión social. Es cierto que en los
últimos años y con mandatos de Gobiernos socialistas se han producido importantes avances, que han contribuido a dignificar la situación social y las condiciones de vida de los gitanos y de las gitanas, con palancas como el desarrollo del Estado de
bienestar, a través de la universalización de los sistemas de educación, de salud, de pensiones no contributivas, a través de la protección al desempleo, los avances del sistema público de servicios sociales y las políticas de vivienda. Los
socialistas siempre hemos defendido que el pueblo gitano ha participado en la creación y desarrollo de la España que hoy conocemos y que, por ello, es necesaria la creación de organismos que canalicen ese reconocimiento. En este sentido, pusimos en
marcha, en 2005, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, como órgano de representación de las diferentes organizaciones gitanas. Igualmente, en 2007, se constituyó la Fundación Instituto de la Cultura Gitana, como fundación pública del Ministerio de
Cultura que favoreciera el conocimiento y el reconocimiento de la cultura gitana como patrimonio común de todos los españoles, que a lo largo de estos años ha desarrollado una labor científica y divulgativa puesta de

Página 3

manifiesto por organismos nacionales e internacionales. También se creó el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico, en cuyo seno trabajan dos organizaciones que
defienden a la comunidad gitana y que tratan de responder jurídicamente a comportamientos racistas como la romofobia y el antigitanismo. En 2010, el Gobierno de España aprobó el I Plan de acción para el desarrollo de la población gitana. En él se
tuvieron en cuenta las iniciativas propuestas por los grupos de trabajo del Consejo estatal y las organizaciones del movimiento asociativo de la población gitana, así como los resultados y conclusiones de los diferentes estudios de investigación
promovidos por la Administración. El 5 de abril de 2011 se marca un hito. La Comisión Europea establece por primera vez un marco común de enfoques, medidas y políticas, que obliga a todos los Estados miembros, en proporción al número de su
población gitana, a establecer sus propias estrategias. En consecuencia, el Consejo de Ministros, el 2 de marzo de 2011, aprobó la estrategia para la inclusión de la población gitana en España, con los acentos en educación, empleo, vivienda y
salud, con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020 y con metas, señorías, metas intermedias a evaluar este año, en 2015. Esta estrategia fue aplaudida en su día por todas las organizaciones gitanas, que veían en ella la hoja de ruta definitiva
para avanzar en la inclusión social del pueblo gitano y reducir así las condiciones de desigualdad que aún se mantienen con el resto de la ciudadanía española y europea. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia).


Señorías, esta PNL fue registrada en esta Cámara en 2012, hace exactamente tres años. Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista estábamos seriamente preocupados porque nos parecía que la escasa dotación presupuestaria comprometía la
eficiencia de esta estrategia, y estábamos preocupados con razón. Dejemos que los datos hablen. Permítanme hacer una comparación: Plan de desarrollo gitano, presupuesto 2011, 1.065.000 euros; Plan de desarrollo gitano, presupuesto 2012, 515.000
euros, lo que supone un recorte del 50 %; Plan de desarrollo gitano, presupuesto 2015, 412.000 euros, lo que supone un recorte todavía peor, un recorte del 61 %, en un momento de muchísima dificultad para la comunidad gitana, especialmente afectada
por la actual crisis económica y por los recortes de las políticas sociales. La comunidad gitana se encuentra en un retroceso a la pobreza, a la privacidad y al sobreendeudamiento. Les recomiendo, señorías, que lean el informe de la Fundación
Secretariado Gitano 2013, que es un informe sobre los efectos de la crisis en la comunidad gitana. Señorías, hay que bajar a la realidad. Como diputada por Madrid, siento vergüenza al reconocer que a 14 kilómetros de aquí hay un poblado conocido
como El Gallinero, distrito Villa de Vallecas, donde hay 298 niños —datos de Save the Children— que malviven, como en Nigeria o Etiopía, entre deposiciones, basuras, ratas, serpientes y una enorme violencia.


Finalizo reconociendo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el inmenso trabajo bien hecho de las organizaciones gitanas. Ellas saben que los miembros de este grupo parlamentario queremos ser sus compañeros y compañeras de viaje.
Aprovecho para felicitar el 8 abril y termino instando al Gobierno a tomar medidas presupuestarias, mediante la aprobación de créditos extraordinarios dirigidos a paliar la grave situación de la población gitana ante la crisis y a que la estrategia
nacional de inclusión de la población gitana pueda alcanzar sus objetivos.


Señora presidenta, tenemos una enmienda del Grupo Popular. He hablado con su representante y podríamos llegar a un acuerdo si aceptan cambiar «continuar implementando» y «seguir dotando», porque ambos términos entrarían en contradicción con
lo que acabo de anunciar.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Heredia, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora HEREDIA MARTÍN: Como todos saben, el próximo 8 de abril los gitanos celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano. Por tanto, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación y de reconocimiento para mi pueblo y para
todas las organizaciones sociales que trabajan diariamente por mejorar las condiciones de vida de la población romaní y que con esa lucha diaria van cambiando el destino de los más de 750 gitanos y gitanas que viven en España.


Antes de entrar en materia, me van a permitir decir unas palabras de crítica, de denuncia, como gitana, contra los programas de televisión que manchan y perjudican la imagen social de la comunidad gitana, programas como el que actualmente se
está emitiendo en Cuatro, llamado los Gipsy Kings, que anteriormente fue Palabra de gitano. Espero que reconsideren este tipo de contenidos televisivos, porque denigra la identidad de los gitanos españoles.

Página 4

Entrando en la iniciativa que hoy debatimos, quiero manifestar que desde el minuto número uno el Ejecutivo del Partido Popular ha trabajado intensamente con la comunidad gitana, que ha sido una prioridad en la agenda social de nuestro
Gobierno, en primer lugar, porque ha impulsado una interlocución y un diálogo constante y directo, no solo a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, sino también con todos los representantes de las organizaciones gitanas, y en segundo lugar,
porque dio máxima prioridad a lo que hoy tratamos, que es la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana, que fue aprobada el 2 de marzo de 2012, cuando llegó al Gobierno. Esta iniciativa, aunque al Partido Socialista le
cueste reconocerlo, promueve muchísimos programas, lleva a cabo más de cien programas en todo el territorio español y ha marcado el rumbo de las políticas sociales a partir de esa fecha, el 2 de marzo de 2012, para acabar con tantas y tantas
desigualdades que afectan a la comunidad gitana en referencia al empleo, a la vivienda, a la salud y, por supuesto, a la educación.


Respecto a la financiación de las medidas de la estrategia, el Grupo Parlamentario Popular considera que es bastante adecuada, así nos lo están diciendo también las propias organizaciones gitanas, y más cuando España ha conseguido la
dedicación del 20 % del Fondo social europeo para el fomento de la inclusión social en nuestro país. La financiación de la estrategia se nutre de diferentes fuentes. En primer lugar, se nutre de las partidas generalistas, que vienen de distintos
ministerios, como el Ministerio de Educación, que destina una partida exclusiva al absentismo escolar, o el Ministerio de Fomento, que destina partidas para acciones transversales que vienen del Plan de vivienda, dotado con 2.311 millones. Entrando
en las partidas específicas, me gustaría destacar los distintos ministerios que están haciendo importantes aportaciones, las asignaciones de los fondos sociales europeos, subvenciones a las iniciativas del movimiento asociativo tan importantes como
la aportación del 0,7 % del IRPF, que en 2013 ascendió a 211 millones de euros, que se incrementaron en 2014, con 220 millones de euros. Además de eso, quiero destacar los convenios que existen entre el Estado y las comunidades autónomas y el Plan
de desarrollo gitano. En relación con este último, quiero recordar que el pasado día 4 de marzo el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia acordaron la distribución de este plan con una
cantidad de 412.000 euros. También se informó —que eso no se ha dicho aquí— de la convocatoria de las subvenciones que anualmente se vienen aprobando por el ministerio, como las destinadas al tercer sector de ámbito estatal, con una cuantía total
para el año 2014 —que ya se ha concedido— de 10,5 millones de euros. Todo esto, como he dicho, está destinado a la población gitana en una parte considerable. También está la cantidad que se va a repartir a partir de 2015, que se ha visto
incrementada en 10,7 millones de euros.


Señorías, nosotros, como ya digo, estamos en continuo contacto con las organizaciones sociales. Es más, hace unas pocas semanas nos reunimos con los representantes de la Fundación del Secretariado Gitano, la entidad de la que se hace
mención en la iniciativa, y tenemos que decir que conocemos muy de cerca el trabajo que viene desarrollando esta entidad, y no solamente lo conocemos de cerca, sino que conocemos sus necesidades y sabemos que su principal preocupación, se lo puedo
asegurar, no es la insuficiencia de los recursos que se dedican a esta estrategia, no, señora Corral, lo que les preocupa, sobre todo en Andalucía, mi tierra, es el más de un millón de euros que se les debe desde 2010 de todas las subvenciones que
se les están concediendo por la Junta de Andalucía. Eso sí que es una vergüenza, como usted decía. Es difícil aguantar un millón de euros de deuda en un momento de crisis, cuando tienes personas que están trabajando para ti y cuando estás
potenciando actividades para sacar a la comunidad gitana de donde, según usted, se encuentra. Desde luego, no me parece bien que hagamos oídos sordos a este tipo de denuncias. Un millón de euros, se lo vuelvo a repetir. Entendemos que las
acciones que está desarrollando el Gobierno de España son fundamentales, porque ante la problemática de las deudas que tienen algunas comunidades, como la de Andalucía, con estas organizaciones, se está impulsando el Plan social de apoyo a las ONG,
que se ha dotado con 3.000 millones de euros para hacer frente al pago de deudas que tienen estas entidades. Esas sí que son medidas importantes. Ya que no son capaces de reconocerlas, por lo menos valórenlas.


Me gustaría pedirles, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que apoyen la enmienda que les hemos planteado. Han intentado hacer una transaccional, pero visto el tono de su intervención, creo que no buscan el acuerdo, lo que intentan es
que el Partido Popular no les apoye para poder criticarnos y dejarnos a un lado. Eso es lo que nos hace alejarnos del objetivo fundamental que tenemos hoy aquí todos y de nuestras responsabilidades como diputados y como representantes de los
ciudadanos. El objetivo final, señora Corral, tiene que ser que estemos unidos, tiene que ser el objetivo que yo, al

Página 5

acercarme al principio de esta Comisión, perseguía, que es dar al pueblo gitano el lugar que se merece en nuestra sociedad. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): ¿Algún grupo quiere fijar posición?


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El Grupo de Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista. El Estado español es referencia en Europa en materia de políticas de apoyo a la población gitana para facilitar su inclusión y
su integración. A menudo, aquellos otros países europeos en los que las situaciones de discriminación y exclusión de la población gitana son muy evidentes encuentran en España referencias de políticas exitosas, que han sido fruto de una continuidad
en el tiempo, con administraciones públicas de distintos colores políticos, que han avanzado en la promoción social, las oportunidades de empleo y la superación de los espacios cerrados en los que estaba encerrada buena parte de la población de
origen gitano. Por tanto, en esta materia, el Estado español podría tener una visión positiva. Además, la articulación del movimiento gitano de manera plural y compleja ha llevado a que estas políticas no sean exclusivamente protagonizadas por las
administraciones públicas, sino que sean cogestionadas, coparticipadas por la sociedad civil. Por tanto, hay que hacer una primera referencia positiva, que es mérito de la población gitana y del conjunto de las fuerzas políticas.


Ahora bien, si aterrizamos en la realidad de los números y en eso que mi grupo parlamentario conoce mejor, que es cómo ha afectado la política de recortes del Gobierno central a los programas que en Cataluña se desarrollan en relación con la
población gitana, debemos ser críticos. Quiero recordar a la portavoz del Grupo Popular que en 2010 el Estado transfirió a la Generalitat 75.000 euros para estas políticas y en 2011, 72.000. A partir de 2012, la transferencia de recursos cayó a
los 8.000 y a los 5.000 euros al año. A la Administración competente en el desarrollo de la estrategia gitana se le transfirieron 5.000 euros para 2014 y 6.000 euros para 2015. Por tanto, cuando el Grupo Socialista plantea en su iniciativa que la
estrategia se dote de recursos, está planteando que al menos volvamos a las cifras que se transfirieron a las comunidades autónomas en 2011 y 2012, porque la consecuencia de las decisiones del Gobierno ha sido la caída brutal de esos recursos, que,
por otra parte, son siempre insuficientes. La portavoz del Grupo Popular ha incorporado en su defensa distintas partidas. Quizás si dan transparencia a esa información podamos saber en qué se están gastando, pero en aquello que transfieren a
través de los programas que articulan las políticas en el territorio en esta materia el recorte ha sido evidente. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Socialista, que nos parece absolutamente coherente y necesaria. En esta
legislatura, el Gobierno de Cataluña habrá recibido cerca de 90.000 euros menos de los que debería haber recibido para el desarrollo de estas políticas.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Para fijar posición sobre esta iniciativa, tiene la palabra el señor Llamazares, por el Grupo de La Izquierda Plural.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo telegráficamente, para anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a la iniciativa del Grupo Socialista en relación con el Plan de inclusión de la población gitana. En nuestra opinión,
necesita mayor dotación, porque, como se ha dicho antes, se ha visto afectado por las políticas de recortes. En ese sentido, respaldaremos esta iniciativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señora Corral, al final de la sesión, si han llegado a un acuerdo, nos lo pasa a la Mesa para tomar nota del mismo.


— SOBRE LA INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LOS INTOXICADOS DE AZSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003464).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Tal como ha anunciado el presidente con anterioridad, pasamos ahora a debatir la iniciativa que figura en el orden del día con el número 10. Es una proposición de La Izquierda Plural, sobre la
investigación, protección y calidad de vida de los intoxicados de AZSA. Para su defensa, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: No sé si recuerdan las señoras y los señores diputados que hace dos años se produjo en España el mayor accidente por mercurio del siglo XX en Europa. Ese accidente

Página 6

produjo 50 intoxicados filiados, porque probablemente en la empresa matriz haya más afectados. Dos años después, mi grupo parlamentario cree que es necesario que el Congreso de los Diputados abra a los afectados algún horizonte. Voy a
hacer una comparación quizás abusiva, voy a compararlo con el síndrome tóxico. Después de producirse el síndrome tóxico en nuestro país, las distintas administraciones, tras hablar del bichito y de otras cosas lindas, acordaron una serie de medidas
en una materia en la que había nuevos medios de investigación, pero en la que se había producido una intoxicación en buena parte desconocida. Acordaron medidas para el tratamiento de las consecuencias de la intoxicación, acordaron líneas de
investigación y pusieron en marcha una oficina que tenía aspectos de protección social. De eso se trata en esta iniciativa parlamentaria. Es una iniciativa que consideramos imprescindible tal como se están sucediendo los acontecimientos y tal como
se está deteriorando la situación de salud de estos trabajadores intoxicados. Como digo, después de dos años, un tercio de estos trabajadores padecen ya consecuencias que podríamos denominar intoxicación crónica y degenerativa por mercurio. Lo que
inicialmente era una intoxicación aguda, con manifestaciones cutáneas, de gingivoestomatitis u otro tipo de enfermedades leves, se ha transformado en una enfermedad grave, con síntomas psiquiátricos —uno de los pacientes que conozco, que tiene
cuarenta años, sale de su casa y no sabe volver— y neurológicos, ya que parte de estos pacientes, que son soldadores, han perdido ángulo de visión, han perdido una parte importante del campo visual. También hay graves síntomas de carácter ocular, y
las investigaciones que se están realizando en alguno de los institutos oftalmológicos apuntan no solo a lesiones en la retina, sino a lesiones centrales.


En nuestra opinión, todos estos síntomas hacen necesario que se utilicen los medios del siglo XXI, porque hasta ahora las intoxicaciones por mercurio se daban en los siglos XIX y XX y los medios técnicos eran del siglo XX. Ahora, como digo,
tenemos los medios del siglo XXI y podemos investigar estos casos, sobre todo para paliar las consecuencias más graves para la salud que afectan a un tercio de esos trabajadores. Para ello, es preciso combinar la investigación con liberar unos
fármacos de tratamiento compasivo que podamos aplicar incluso sin totales garantías de investigación, lo que se llama el fast track. Queremos que se comiencen a utilizar esos fármacos, porque los síntomas son gravísimos, incluso asumiendo riesgos.
Creemos que es necesario liberar esos fármacos de uso compasivo y dárselos a estos trabajadores que padecen las graves consecuencias de su intoxicación.


En nuestra proposición no de ley no pedimos, refiriéndome concretamente al INSS, que se levante la mano, sino que no se cierre aún más el puño: que a una persona a la que le falta campo visual no se le dé el alta para que trabaje de
soldador, porque es una irresponsabilidad, además de una falta absoluta de sensibilidad; que no se den altas generalizadas porque se cumple un año de su baja; que no se sea burócrata, que se respete un poco a la gente y que se sea sensible.
También planteamos medidas de protección social, porque hasta ahora, de 50 afectados solo se han conseguido dos declaraciones de invalidez, y eso porque han recurrido a los tribunales, porque si fuera por el INSS no la tendrían. Creo que eso es
intolerable, porque lo que les ha ocurrido en parte es responsabilidad de la empresa, pero es que tampoco ha funcionado la vigilancia que deben efectuar las administraciones públicas. Por tanto, pedimos que se acentúen las medidas de protección
para los trabajadores.


Todos los que estamos aquí decimos que somos partidos representantes de los trabajadores. Se trata de demostrarlo. En este caso, felizmente hemos llegado a una transaccional, y espero que todos los grupos la vean con sensibilidad. Creemos
que este es un buen mensaje para los trabajadores. Seguramente no es el que ellos querrían, pero por lo menos es una esperanza.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Me alegro de hayan llegado a esa transaccional.


Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Carmen Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor Llamazares, permítame que le exprese mi perplejidad. Usted acaba de hacer un juicio, cuando menos arriesgado, sobre la profesionalidad de algunos médicos. (El señor Llamazares Trigo: Se lo he dicho a
ellos). Me gustaría que reflexionara sobre lo que ha dicho, porque ha puesto en tela de juicio la actuación de profesionales sanitarios. Siendo usted médico, creo que debería replanteárselo.


Como usted ha dicho, hemos llegado a un acuerdo. Usted conoce, además de primerísima mano, el compromiso del Gobierno y del Grupo Popular con los afectados por intoxicación laboral por mercurio de Asturiana de Zinc, las medidas que las
distintas administraciones están adoptando y han adoptado para mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de los afectados, así como para prevenir accidentes

Página 7

futuros, y sabe que estas personas están siendo atendidas. Creemos que es de justicia impulsar la investigación con los medios más eficaces, y también seguir facilitando a todos los intoxicados que lo necesiten los medicamentos más
adecuados, incluso, si fuera conveniente, los de uso compasivo. Estamos de acuerdo en que, por supuesto, es de justicia, y además es necesario, que se realicen estudios de vigilancia de la población afectada, intensificando los esfuerzos para la
rehabilitación, las prestaciones y los apoyos sociales necesarios a los trabajadores afectados, muy especialmente a las personas que hayan sufrido consecuencias incapacitantes. Nos preocupa la salud de los afectados tanto como a usted, porque
además son vecinos de la comarca de Avilés, lo que hace que sintamos el problema todavía más de cerca, porque los conocemos y recordamos el accidente; por tanto, si cabe, tenemos una sensibilidad aún mayor hacia ellos. Sabemos que es importante
llegar a acuerdos que proporcionen a todos los intoxicados la esperanza de que va a mejorar su bienestar, su calidad de vida.


Es de justicia que todas estas personas y sus familias se vean respaldadas por el Ministerio de Sanidad, por el Grupo Parlamentario Popular y por las distintas administraciones, porque, señorías, a los afectados no les importa quién ostente
las competencias, sino recibir una buena atención sanitaria y social. Pero en sede parlamentaria estamos obligados a actuar con rigor y conviene que nos dirijamos a los organismos y a las administraciones competentes. El Instituto de Salud Carlos
III no es un centro europeo de referencia en intoxicación por mercurio, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el área de toxicología ambiental del Centro Nacional de Salud Ambiental como laboratorio de referencia para la medida de
mercurio en el pelo. Si se determinara, podría colaborar haciendo estudios y midiendo los niveles de exposición para detectar la intoxicación, pero también para establecer si las medidas terapéuticas han sido eficaces para reducir dicha exposición.
Por otra parte, es competencia del Gobierno del Principado de Asturias garantizar el derecho a la atención sanitaria y prestar los servicios no solo a los pacientes de esta intoxicación, sino de cualquier otra, así como asegurar la rehabilitación.
En todo caso, insisto, a los afectados no les debe preocupar a quien corresponde la competencia, sino recibir la asistencia. Por eso, desde aquí instamos a que se haga con la mayor calidad que nuestro Sistema Nacional de Salud pueda proporcionar.


Finalmente, cabe alegrarse de que desde el momento en que se produjo el accidente hasta la actualidad se hayan realizado cuatro operaciones similares sin que se haya producido ningún tipo de incidente. La prevención es fundamental para
garantizar que no se vuelva a producir otro accidente de este tipo. Estamos muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo porque, señorías, es de justicia para con los afectados y sus familias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Si los diputados que representan a los electores de Asturias, que conocen muchísimo mejor que Convergència i Unió la problemática que ha afectado a los trabajadores de esta empresa después del accidente, han
sido capaces de ponerse de acuerdo en una transacción, mi grupo anuncia su voto favorable.


No conocemos a fondo el problema, simplemente queremos trasladar a la Comisión que además de la capacidad de acuerdo en este caso concreto, es necesario que ante una intoxicación química como la que se ha producido se garanticen todas las
medidas de rehabilitación, se investigue a fondo lo que ha sucedido y se tomen medidas para prevenir que no vuelva a producirse un incidente de estas características, no solo en la empresa AZSA de Asturias, sino en cualquier otra.


Apoyamos el acuerdo de los diputados asturianos.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María Luisa Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Por supuesto, vamos a apoyar la iniciativa, pero no sin antes fijar la posición de este grupo parlamentario. Ciertamente nos parece una proposición no de ley bienintencionada, por cuanto persigue la mejora en la
investigación y en la identificación de riesgos laborales, pero consideramos que está poco centrada en lo que realmente se necesita y en quiénes son los responsables de esta actuación.


Quiero empezar diciendo que la finalidad de esta iniciativa que nos trae el Grupo de La Izquierda Plural, con la transaccional acordada con el Grupo Popular, es la intervención de la Administración General

Página 8

del Estado a través del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Honestamente espero que la resolución que salga de aquí tenga más eficacia que las demandas de intervención realizadas
por el Gobierno de Asturias, puesto que una vez diagnosticado este caso es comunicado al Centro Nacional de Epidemiología, dependiente, que yo sepa, del Ministerio de Sanidad. También se ha recabado la participación del Instituto de Salud Carlos
III, siendo precisamente el que ha decidido dónde se colocaban los medidores…(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señorías, por favor, les ruego silencio.


La señora CARCEDO ROCES: …para identificar las cifras de mercurio.


En mi opinión, hay otra cuestión que no está centrada, y lo digo para conocimiento de sus señorías y a efectos del «Diario de Sesiones» de la Cámara. Este es un accidente laboral. La empresa tiene su responsabilidad —por cierto, fue
sancionada por la Inspección de Trabajo por no adoptar medidas preventivas—, pero en este caso la vigilancia de la salud laboral corresponde a una mutua privada. De esta Cámara acaba de salir una ley, promovida por el Gobierno del Partido Popular,
que da más competencias a las mutuas privadas… (Rumores). Señora presidenta, con este ruido de fondo no puedo intervenir.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Por favor, les ruego que guarden silencio, porque es muy difícil entender a quien está en el uso de la palabra.


La señora CARCEDO ROCES: Digo que la ley da a las mutuas más competencias sobre la salud de los trabajadores y extiende su responsabilidad más allá del centro de trabajo. Aquí existe una responsabilidad en la prevención y en el tratamiento
de una enfermedad profesional. Tengo que decir que el Principado de Asturias lleva dos años actuando activamente en la identificación y el tratamiento de estos trabajadores asturianos, empezando por el diagnóstico, que se hace en el hospital San
Agustín de Avilés y en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, continuando con los estudios epidemiológicos desde la Consejería de Sanidad, y promoviendo un acuerdo entre el Servicio Asturiano de Salud y la mutua para que los
trabajadores sean atendidos en el centro puntero de la sanidad asturiana, que es el Hospital Universitario Central de Asturias. También se han preocupado de que en este acuerdo no existiese ningún límite para estos trabajadores ni en tratamiento ni
en diagnóstico.


Esta es una historia de largo recorrido, y creo que la iniciativa está desenfocada porque no se puede decir que las administraciones no cumplieron con sus responsabilidades. Tengo que reivindicar aquí la actitud, mucho más allá de sus
responsabilidades y de sus competencias, del Principado de Asturias e insistir en que tanto el tratamiento como la rehabilitación son competencia de la mutua. También quiero decir que lamento muchísimo que se hayan dado más competencias, más allá
incluso del ámbito laboral, a las mutuas, porque, como se demuestra en este caso fehacientemente, no tienen capacidad técnica ni profesional ni tienen la vocación de servicio al interés general que tiene el servicio sanitario público.


— RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002589).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Ya está en la Mesa la transaccional presentada a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 10.


Pasamos a la iniciativa relativa a la actualización de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Antes de dar la palabra a don Manuel Ibáñez, que será quien defienda esta iniciativa, quiero anunciarles que volvemos a modificar el orden del día —quiero confirmar que todos ustedes tienen conocimiento de ello— y la PNL número 8, del Grupo
Parlamentario Socialista, la debatiremos entre las números 4 y 5. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).


Tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBÁÑEZ GIMENO: Como bien saben ustedes, las enfermedades mentales son un problema de salud pública de primer orden, con una gran repercusión sobre la morbi-mortalidad de los ciudadanos, la calidad de vida de los pacientes y sus
familiares y el uso de los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud. Según el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Cibersam,

Página 9

adscrito al Instituto de Salud Carlos III y, en consecuencia, a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y al Ministerio de Economía y Competitividad, los trastornos mentales suponen la causa más frecuente de
enfermedad en la Unión Europea, por delante incluso de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Además, su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos es superior al generado por enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis o las
patologías respiratorias.


De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad mental; además, un tercio de los años vividos con discapacidad pueden atribuirse a trastornos psiquiátricos. Las enfermedades
mentales suponen el 40 % de las patologías crónicas, y se espera que en 2020 la depresión sea la principal causa de enfermedad en el mundo desarrollado. En el ámbito nacional, el estudio europeo de la epidemiología de los trastornos mentales
establece que el 19,5 % de los españoles ha padecido algún trastorno mental en su vida. En el mismo sentido, y según el Cibersam, el 9 % de la población española padece actualmente algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental, y entre el
19 y el 26 % lo parecerá a lo largo de su existencia. Se estima que las enfermedades mentales consumen hasta el 20 % del gasto sanitario en los países desarrollados, una proporción que, según las previsiones, evolucionará al alza en los próximos
años. En España, las enfermedades mentales representan en torno al 5 % del coste sanitario, lo que se suma al hecho de que son la segunda causa de baja laboral por incapacidad temporal y permanente en nuestro país. En este contexto, el Ministerio
de Sanidad asumió a finales de 2004 el compromiso de elaborar una estrategia nacional con la que coordinar el desarrollo de planes y programas de promoción de la salud mental, prevención de patologías mentales y mejora de los medios de diagnóstico,
tratamiento, investigación y rehabilitación, así como ofrecer una asistencia integral y continuada.


Fruto del trabajo desarrollado por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las asociaciones de profesionales sanitarios y de afectados, y partiendo de la Declaración y del Plan de acción de Helsinki en salud
mental, ambos auspiciados por la Oficina Regional Europea de la OMS y suscritos por España en 2005, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad, en diciembre de 2006, la estrategia en salud mental del Sistema
Nacional de Salud. Dos años después, el comité de seguimiento y evaluación de la estrategia valoró el grado de cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, planteando la necesidad de que las propias autonomías aunasen y unificasen esfuerzos
e intervenciones, así como sus sistemas de información para mejorar la evaluación de la estrategia, especialmente en lo relacionado con la morbilidad atendida, los recursos humanos, los datos sobre farmacia y los dispositivos de salud mental
existentes. Partiendo de la citada evaluación, cuyo informe fue aprobado por el consejo interterritorial celebrado en octubre de 2009, se planteó una actualización de la estrategia con cinco líneas estratégicas: promoción de la salud mental;
prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental; atención a los trastornos mentales; coordinación institucional e interinstitucional; formación del personal sanitario e investigación en
salud mental, así como nueve objetivos generales a desarrollar hasta el año 2013. En estos momentos, señorías, la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 se encuentra en un nuevo proceso de evaluación y actualización.
Hay que recordar que en el contexto del proceso de actualización se decidió la creación de quince grupos de trabajo que elaborarían una serie de documentos con los que facilitar a las comunidades autónomas la implementación de forma más efectiva de
aquellas cuestiones que los comités consideraron más prioritarias. Estos grupos son: abordaje y prevención del suicidio; la lucha contra el estigma y la discriminación en la enfermedad mental; patología dual; enfermería y salud mental; salud
mental y catástrofes; detección del trastorno de déficit de atención en hiperactividad en atención primaria; cronicidad y salud mental; trastorno límite de la personalidad; trastorno de la conducta alimentaria; adicciones emergentes; el menor
infractor; modelo y abordaje del alcoholismo; gestión asistencial del autismo; coordinación entre atención primaria y salud mental; y tratamientos biológicos no farmacológicos, que quedó en suspenso.


Respecto a la evaluación, en el momento actual está prácticamente concluido el informe que será presentado a los comités de estrategia el día 25 de marzo. Por tanto, con las conclusiones de la evaluación y de los catorce documentos de
trabajo, así como con la revisión de las novedades en el campo científico, técnico y normativo, junto a un informe de situación que actualice los datos epidemiológicos y los cambios y novedades habidos, tanto en la forma de organizar la atención
como en los tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos a fin de adaptar la estrategia dichos cambios, se pretende elaborar la propuesta de actualización en el segundo trimestre del año.

Página 10

Partiendo de lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, y teniendo en cuenta las acciones emprendidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el ámbito de la salud mental desde el comienzo de la X Legislatura, como las medidas en la materia contempladas en el Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016, así como las buenas prácticas y las experiencias de éxito de las
comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud partiendo de
la evaluación del cumplimiento de la propia estrategia entre 2009 y 2013, así como a diseñar y desarrollar, en coordinación con las comunidades autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de afectados, las
medidas necesarias para promover un abordaje sociosanitario integral de las patologías mentales. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas.


Para la defensa de la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición, no porque estemos en desacuerdo con la iniciativa, ya que de hecho mantenemos el texto que han presentado, puesto nos parece
adecuado, sino porque nos parece que la redacción quedaba incompleta. Pensamos que todos los planes estratégicos del Sistema Nacional de Salud deberían llevar incorporadas unas partidas para ayudar a las comunidades autónomas, que son las que los
tienen que desarrollar y poner en marcha.


Esta estrategia de salud —nos parece muy bien que se evalúe su cumplimiento entre 2009 y 2013— debe actualizarse. En la enmienda decimos: Todo ello, sin perjuicio de las competencias que en este ámbito corresponden a las comunidades
autónomas y teniendo en cuenta y valorizando estos planes —muchas de ellas ya los han actualizado— y protocolos sobre salud mental ya en funcionamiento o en proceso de implantación. Quiero hacer constar que en julio de 2014 en Cataluña se presentó
el documento de actuaciones prioritarias del Plan integral de atención a las personas con trastorno mental y de apoyo a sus familias para el periodo 2014-2016, que precisamente fue fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Generalitat, las
entidades proveedoras de servicios, los profesionales y las asociaciones de familias de las personas con problemas de trastorno mental y adicciones. Las aportaciones más relevantes de este documento, en lo que se centraban los esfuerzos —no voy a
explicar aquí el documento, porque está a disposición de todos los que estén interesados—, son: la mejora de la atención y la calidad de vida de estas personas con problemas de salud mental y de sus familias; la modificación, que es una vieja
reivindicación de estas personas, del modelo de vivienda social para adaptarlo a las necesidades específicas de este colectivo; y la ampliación de las actuaciones en la prevención, detección y tratamiento en los niños y adolescentes.


Quiero decir al Grupo Popular que tengan en cuenta y pongan en valor actuaciones como las realizadas en Cataluña, que acabo de enumerar, que probablemente en otras comunidades autónomas también estén en marcha. También quisiéramos que
ayuden a la financiación de todos estos planes que comportan un gasto importante para las comunidades.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallego.


La señora GALLEGO ARRIOLA: La presentación de esta iniciativa por parte del Grupo Popular, desde la exposición de motivos, leída por el portavoz en toda su extensión, hasta el texto de la proposición, es la constatación de un absoluto
fracaso del Gobierno del Partido Popular en la política sobre salud mental y del abandono de los enfermos mentales y de sus familias. Un claro indicio de esta falta de interés es que esta propuesta está fechada en marzo de 2014, y un año después se
debate sin que se haya modificado nada en la iniciativa, lo que quiere decir que nada se ha movido desde que se registró. Su exposición de motivos es un resumen de lo que hizo el anterior Gobierno socialista en materia de salud mental: la
aprobación de la estrategia de salud mental por unanimidad en diciembre de 2006; la evaluación de dicha estrategia en el año 2009 para posteriormente actualizarla hasta el año 2013. Correspondía, por tanto, hacer una nueva evaluación, que a fecha
de hoy todavía no está presentada, aunque hoy nos enteramos de que será pronto. En mayo de 2013, el Grupo Socialista ya pedía una nueva evaluación y a

Página 11

lo largo de 2014 hemos estado preguntando por la misma, porque consideramos que es necesaria. Se nos contesta en diciembre de 2014 que dicha evaluación se está llevando a cabo. Son muchas las iniciativas que el Grupo Socialista ha
presentado en este tiempo con el ánimo de priorizar e impulsar la salud mental en un ambiente hostil y con un Gobierno que, con los recortes que ha hecho, ha provocado que los enfermos mentales y sus familias retrotraigan su situación a la de los
años ochenta. Eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las asociaciones con las que nosotros nos reunimos. Tenían ustedes todo, tenían la mayoría absoluta para tomar decisiones en la buena dirección. No en la dirección a la que nos dicen que
nos llevan. Tenían a la sociedad y a los grupos políticos dispuestos a apoyar esas buenas políticas en el ámbito de la salud mental, pero no lo han aprovechado. Sin embargo, se han dedicado a dilapidar la herencia que les han dejado. Hoy en día
el sistema sanitario está teniendo muchísimas dificultades para poder responder a los problemas de salud en este ámbito. No hay más que oír a los afectados y a sus familias. Porque el deterioro es un claro ejemplo de cómo afectan a las personas la
mala política de un Gobierno y a estos ciudadanos en especial les ha afectado profundamente la política de recortes, tanto en el sistema sanitario como en el ámbito social.


Resumo la situación de estos enfermos, porque la red asistencial se ha desmantelado. Han quedado únicamente las unidades hospitalarias, los enfermos no tienen el soporte adecuado para hacer una vida normal. Hay menos recursos humanos. Se
ha despedido al personal eventual de las unidades de salud mental. Hay menos camas y se han reducido subvenciones a las asociaciones. Además de esto, a los enfermos se les rebaja el grado en la valoración de la dependencia y se les disminuye
considerablemente las prestaciones. Hay muchísimas familias que no pueden afrontar el copago en centros de día o en centros ocupacionales. Hay casos reales de prestaciones que han pasado de 330 euros, que les permitía ir a un centro, a 0 euros.
Si estamos hablando del copago, estamos hablando de fármacos caros, de tratamiento crónico. Si hablamos del transporte urgente, ídem de lienzo. Estas son las acciones emprendidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además
en un cortísimo espacio de tiempo, en menos de dos años lo han hecho todo. Por esto, a nosotros no nos vale con que a estas alturas del partido presenten una iniciativa para instar a su Gobierno a que actualice una estrategia de salud mental y
quedar bien con palabras como diseñar o desarrollar. Porque eso no es lo que están esperando los enfermos ni las familias ni el sector sanitario ni las organizaciones sociales implicados. Esperan, de una vez por todas, que se les tenga en cuenta,
que puedan mejorar su vida y que comprueben que la política realmente sirve para mejorar la vida de las personas y no para complicársela más. Estamos hablando de más de 700.000 personas y sus familias.


El Grupo Socialista ha planteado una enmienda de sustitución, que esperamos que se apruebe y así poder restituir en parte el daño causado. La enmienda sería la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el
plazo más breve posible —y en todo caso dentro del primer semestre del 2015—, la evaluación de la estrategia de salud mental 2009-2013, así como a elaborar una nueva estrategia 2015-2020 bajo los principios de universalidad, eficiencia, solidaridad
e integración en coordinación con las comunidades autónomas, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Además dicha estrategia deberá insertarse en un sistema sanitario en el que todos los bienes y servicios
sanitarios tengan carácter público para revitalizar la salud mental con un enfoque multidimensional, una respuesta multiprofesional, una orientación asistencial comunitaria con la debida continuidad de cuidados, con la necesaria atención y con el
apoyo en el ámbito domiciliario. Además con prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización y dando un papel imprescindible a las intervenciones psicológicas y psicosociales y al trabajo de prevención. Por supuesto, deberá dotarse
de los recursos necesarios para hacerla realidad en el horizonte 2015-2020 y contemplar las necesidades de recursos humanos, su adecuada capacitación, la participación de la sociedad, de los pacientes y de la investigación.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, doña Caridad tiene la palabra.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Algunas veces una escucha rumores —me van a permitir decir, diputados del Grupo Parlamentario Popular, que prefieran no escuchar, porque así se evitan tener que posicionarse con la mayor objetividad— y esos rumores
la llevan algunas veces a no ser tan objetiva como una pretendía ser. Estamos de acuerdo con la propuesta por la que se le solicita al Gobierno una determinada actuación. Es imposible no estar de acuerdo con ello. No habría nadie que no pudiera
estarlo. Podrá tener matices, pero es difícil. Ahora, con todo ello, hay aquí una serie de cuestiones que no tocan,

Página 12

al menos la primera que he oído sin escuchar rumores, porque plantean una cuestión muy genérica del tema al final de la propuesta concreta. Muy genérica, profundizan poco en una situación que, como muy bien ha descrito a lo largo de toda su
intervención, es seria y preocupante; y va a ser más seria y más preocupante si no se toman las medidas pertinentes. También saben ustedes que es muy difícil tomar medidas pertinentes si no existen los recursos necesarios para que ellas se puedan
tomar. Si no existen, es muy complicado llegar a tomar esas medidas pertinentes. Estaríamos de nuevo teniendo un bonito papel, pero muy pocos resultados al respecto. No conozco otras comunidades autónomas, pero sí conozco la situación en la
Comunidad de Madrid y les invito a ustedes, a todo el que quiera, a que vayan por cualquier centro de los pocos que quedan de salud mental y vean en la situación de precariedad en la que se encuentran para poder atender a los pacientes que tienen, a
todos aquellos que llegan al centro: falta de recursos económicos, falta de personal, falta de todo. Es muy complicado creerse —permítame que lo diga con el máximo respeto— que ustedes van a llevar hacia delante una propuesta que puede parecernos
muy interesante si no hay detrás los recursos económicos que la puedan sostener y desarrollar; muy complicado. Nuestra postura va a ser abstención.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): ¿Señor diputado, nos puede comunicar si va a aceptar alguna de las enmiendas que le han presentado los grupos parlamentarios?


El señor IBÁÑEZ GIMENO: No.


La señora TARRUELLA TOMÀS: ¿La primera parte tampoco? Entonces cambio el voto.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señorías, discúlpenme, cuando finalice la Comisión el presidente a la hora de la votación volverá a preguntar en cada una de las iniciativas que hubiera enmienda por si se hubiera producido algún
cambio en las negociaciones entre ustedes.


— SOBRE LA NECESARIA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA SOCIEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002738).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Vamos a continuar con la sesión. Pasamos al punto 4 del orden del día, proposición no de ley sobre la necesaria participación infantil en la sociedad. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de dicha iniciativa tiene la palabra doña Marta Torrado.


La señora TORRADO DE CASTRO: Señoras y señores diputados, la participación infantil es uno de los principios fundamentales en los que se basa la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado adoptado por la Asamblea General de Naciones
Unidas, el 20 de noviembre de 1989. Teniendo en cuenta que el 6 de diciembre de 1990 España ratificó dicho tratado y, en consecuencia, con el marco legal que ofrece nuestra Constitución, tanto la Unión Europea como España han impulsado medidas a
favor de los derechos de la infancia. También en el ámbito europeo destacan instrumentos como la Agenda de la Unión Europea en pro de los derechos del niño de 2011; la estrategia sobre los derechos del niño del Consejo de Europa o la reciente
recomendación: Invertir en la infancia, romper el ciclo de las desventajas. En nuestro país, el Gobierno ha aprobado recientemente el II Plan nacional de estrategia de la infancia y la adolescencia y el Plan nacional de acción para la inclusión
social. De este modo, el derecho a la infancia a participar en la sociedad civil y muy especialmente en los asuntos que les afectan de acuerdo a su edad y a su madurez está siendo recogido cada vez más por un mayor número de administraciones y
actores sociales. Aquí quiero destacar especialmente la extraordinaria labor que están realizando a favor de la participación infantil tanto los ayuntamientos como las diferentes comunidades autónomas, porque todas estas medidas persiguen
garantizar el principio del interés superior del menor y comparten el objetivo de garantizar la participación activa de los niños y las niñas en actividades tanto recreativas, como deportivas, como culturales, reconociendo así la importancia de la
influencia que todas estas actividades ejercen en su propio bienestar y en su desarrollo futuro. La Convención de los Derechos del Niño postula a niñas, a niños y a adolescentes como protagonistas de su propia vida para que participen en todas las
decisiones que a ellos les conciernen. Se trata del derecho a expresar su opinión y que sean escuchados, tanto en un procedimiento judicial o administrativo, como en todos los ámbitos donde estén involucrados: familia, escuela y comunidad en
general. Tenemos mucho que agradecer en este campo a la extraordinaria labor que realizan todas las entidades del tercer sector. Así por ejemplo, Unicef asegura que cuando los niños

Página 13

y adolescentes participan están aprendiendo a tomar decisiones sobre su vida, sienten más confianza en sí mismos, se fortalece su autoestima y su autonomía, reconocen que sus opiniones son valiosas para el resto y que pueden hacer
contribuciones a la sociedad. Además fortalecen su sentimiento de pertenencia y responsabilidad. Pueden expresarse, pedir ayuda y estar más preparados para situaciones de riesgo. Desarrollan también su capacidad para generar cambios y promueven
—algo que es importantísimo en edades tan tempranas— la cultura democrática, porque aprenden a escuchar diferentes puntos de vista, pensar opciones y compartir la toma de decisiones. También, según la organización Save the Children, las niñas,
niños y adolescentes formados en ciudadanía y ejerciendo sus derechos en ambientes más democráticos serán ciudadanos que defienden sus derechos y cumplen sus responsabilidades y contribuyen a hacer de nuestros países sociedades más democráticas. La
participación infantil permite a todos los niños y adolescentes colaborar, aportar y cooperar en el progreso común y fortalece también su relación con los adultos al tratarse de un proceso de aprendizaje mutuo, tanto para los niños, como también
para nosotros los adultos. No son muchos los espacios y mecanismos de participación que el mundo adulto ofrece para desarrollar este derecho. Probablemente debido a la desconfianza que genera algo que puede considerarse una delegación de poder.
Sin embargo, la necesidad de considerar a las niñas y a los niños como sujetos activos de nuestra sociedad es cada vez más grande, reconociéndoles como agentes sociales y como titulares de sus propios derechos. Aún así, aquí en España,
recientemente, se han aprobado normas en las comunidades autónomas en las que aparece el derecho a la participación infantil de manera específica, pero aún existiendo esta regulación, su efectiva aplicación es muy diversa y desigual. Por ese motivo
y siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los organismos internacionales y conscientes de que la participación infantil es una herramienta imprescindible para asegurar el futuro desarrollo de los niños y de las niñas en general, es necesario
que todos, pero especialmente los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, multipliquen los esfuerzos para la aplicación efectiva de este derecho. Estoy segura que esta proposición no de ley será un punto de partida, un inicio, por eso es una
propuesta de líneas generales para así intentar llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos, de los que quiero destacar su sensibilidad y su implicación con todos los temas relacionados con la infancia. Por todo ello, desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos presentado esta iniciativa en la que instamos al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a participar en la sociedad civil, muy especialmente en todos los
asuntos que les afectan, de acuerdo con su edad y con su madurez. De esta forma, para que esta relación con el mundo se desarrolle de una manera crítica, reflexiva y comprometida. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Esta iniciativa no ha sido objeto de enmienda por parte de ningún grupo. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa). Por La Izquierda Plural, doña Caridad García tiene la palabra.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Intervengo brevemente, señora presidenta. De nuevo, como comentaba con la iniciativa anterior, la exposición de motivos mueve a la aprobación de la misma y vamos a votarla favorablemente, pero no puedo evitar
decirles algunas cosas. Ponen algo que organizaciones internacionales, como muy bien ha dicho, han traído reiteradamente a este Parlamento. Nos parece bien que por fin se recoja por el grupo que tiene la posibilidad de trasladarlo y que sea
aprobado. Dicen: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a niñas y niños a participar y muy especialmente en todos los asuntos que les afectan de acuerdo a su edad y madurez
—lógico y natural—, de manera que su relación con el mundo se desarrolle de una manera crítica, reflexiva y comprometida. Anteriormente, en la exposición de motivos, habla de los niños como sujetos sociales y la necesidad de aprender directamente,
en el ámbito que les compete, aspectos de la misma sociedad. Para ello una de las cosas que hicieron al principio para colaborar a ello —y con esto acabo mi intervención— fue eliminar una asignatura que motivaba en esa dirección. Vamos a aprobar
esto, pero entiendan que a veces se contradicen de manera espectacular.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Luis Carlos Sahuquillo.


El señor SAUQUILLO GARCÍA: Como no puede ser de otra manera, mi grupo comparte el objetivo de esta iniciativa: establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de los niños y niñas a participar en la sociedad civil y muy
especialmente en todos los asuntos que les afectan de acuerdo a

Página 14

su edad y madurez, de manera que su relación con el mundo se desarrolle de una manera crítica, reflexiva y comprometida. Tal y como expresa en la exposición de motivos la PNL del Grupo Popular se trata de desarrollar la Convención de la
Organización de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño. Un instrumento internacional ratificado por España el 6 de diciembre de 1990, que se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, la
dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño, todos dirigidos a reconocer a los niños y a las niñas como agentes sociales y como titulares activos de
sus propios derechos. Por ello, nuestro voto será favorable. Sin embargo, mi grupo no puede limitarse a votar a favor y transmitir con ello que la situación de la infancia en nuestro país es tan buena que la única y principal inquietud de este
Parlamento tiene que ver con sus derechos de participación. Desgraciadamente no es así y sería un ejercicio de irresponsabilidad tramitar esta proposición no de ley dándole la espalda a la dolorosa realidad.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿hay que garantizar el derecho de los niños y niñas a participar en la sociedad civil? Sí. Antes esos niños y niñas tienen que comer y el acceso a una adecuada alimentación no está garantizada en
nuestro país por más que esta cuestión le de pie a bromear a algún dirigente de su partido. Tomen alguna medida contundente, eficaz, rápida, porque en España 2.800.000 niños, el 33,8 % de la población menor de edad, están en situación y en riesgo
de pobreza. Es la segunda tasa más alta por detrás de Rumanía y por delante de Bulgaria y Grecia. ¿Hay que garantizar el derecho de los niños y niñas a participar en la sociedad civil? Sí, pero antes esos niños y niñas tienen que tener acceso en
condiciones de igualdad a una educación de calidad. Según los datos de Eurostat, España es uno de los países donde más se transmite de una generación a otra el bajo nivel educativo. La Administración General del Estado dotó al programa de
cobertura de libros de texto en 2011 —fíjese lo que les digo— 98,2 millones de euros. En este año 2015, con un Gobierno del Partido Popular, tan solo 1,4 millones de euros, un recorte del 98,53 %. Que hay que garantizar el derecho de los niños y
niñas a participar en la sociedad civil, sí. Pero antes esos niños y niñas tienen que tener acceso a un sistema sanitario que no ponga trabas en función de la situación administrativa de sus padres ni imponga injustos copagos que impidan su acceso
a los medicamentos que necesitan.


Señorías, España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil. No lo digo solo yo, lo dice el informe Pobreza infantil y
exclusión social en Europa de Save the Children de abril de 2014. El Consejo de Europa, en un informe elaborado por su comisario de Derechos Humanos en octubre de 2013, criticó duramente los recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales
que se estaban produciendo en España, tras afirmar que las medidas de austeridad tienen un impacto particularmente negativo en los derechos humanos de los niños y de las personas con discapacidad. Señaló que las autoridades españolas —se refería al
Gobierno del Partido Popular— deben hacer más para asegurar que los derechos humanos de los grupos más vulnerables se respeten. No podemos ser complacientes con la situación de la infancia en nuestro país, ni nosotros como parlamentarios ni el
Gobierno, como responsable de unas políticas que han supuesto un importante retroceso en protección social, podemos hacerlo. Fomentemos la participación de los niños, sí, pero no olvidemos que hay que garantizar que tengan cubiertas sus necesidades
básicas. (Aplausos).


— RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE LOS CONTADORES DE MEDIDA EN SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR NUEVOS EQUIPOS QUE PERMITAN LA DISCRIMINACIÓN
HORARIA Y LA TELEGESTIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003377).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Debatido este punto del orden del día, volvemos al orden general, tal y como habíamos acordado. Vamos a debatir a continuación la iniciativa que está en el orden del día con el número 8, relativa
a la implantación de medidas para mejorar las políticas de defensa de los consumidores y usuarios en la sustitución de los contadores de medida, en suministros de energía eléctrica por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la
telegestión. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la diputada doña Pilar Grande.

Página 15

La señora GRANDE PESQUERO: Con esta iniciativa el Grupo Socialista pretende que se aproveche el cambio de los contadores con potencia hasta 15 kilowatios, que las compañías eléctricas están obligadas a realizar antes del 31 de diciembre del
año 2018 para mejorar las políticas de defensa de los consumidores. En particular, por las posibilidades que el nuevo mecanismo inteligente que se está colocando ofrece para promover la sostenibilidad en el consumo y también —y no menos importante—
para adaptar la normativa en materia de manipulación de contadores a las características de los nuevos equipos, que deben permitir la discriminación horaria del consumo para mejorar la eficiencia, promover el ahorro y garantizar el acceso inmediato
a información y a la gestión a distancia como nos viene vendiendo el Gobierno. Para que esto sea posible, la normativa vigente debería permitir que aquellos consumidores que así lo deseen puedan instalar los nuevos equipos de medida dentro de sus
propios domicilios, ya que en la mayor parte de los casos las compañías están sustituyendo los medidores en el mismo lugar donde se encuentran ahora, generalmente en zonas comunes de difícil acceso para el usuario. Muchos de nosotros ni siquiera
hemos ido en nuestra vida al cuarto de contadores de nuestra comunidad. Sin embargo, la ley dice que somos los responsables de su custodia. Es más, de hecho las eléctricas ni siquiera permiten al titular del contrato acceder a sus datos de consumo
de manera telemática aunque sea bajo solicitud expresa. A pesar de que ellas sí conocen la información real sin necesidad de mandar además ningún operario a leer el nuevo contador lo que además le supone por cierto un ahorro de costes importante.
No tiene ningún sentido que la información del consumo en tiempo real no pueda estar a disposición del usuario para que pueda hacer una gestión eficiente de su consumo de electricidad, que es un objetivo clave en una política energética responsable
y, como además señalan las directivas de la Unión Europea que hablan de estos temas, cuando además, desde el punto de vista tecnológico, no solamente es posible este control por el usuario, sino además es que es fácil y muy barato. Es más, según
han denunciado las asociaciones de consumidores, las compañías están cobrando por contadores inteligentes de unas determinadas características, mientras que realmente los que están instalando no cumplen esos requisitos obligatorios de integración en
el sistema. Estos de integración del sistema son los que nos deberían permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo. Incluso desde una
sencilla aplicación desde nuestro móvil nos permitiría adoptar medidas por parte de los consumidores para conseguir, no solo un gasto más eficiente, sino también una reducción en la factura. Si ahora la tarifa es por horas, sabemos cuál es más
barata, con los electrodomésticos inteligentes desde nuestro propio móvil podemos enchufar nuestros aparatos para gastar menos, para ser más eficientes energéticamente por el bien del país y de la factura electrónica. Pues no, la realidad es que
están cobrando una cuota de alquiler mensual por estos nuevos contadores, un 50 % más cara a cada usuario. Si hablamos que hasta finales del año pasado han sustituido 9,5 millones de contadores, podemos deducir con una multiplicación que las
eléctricas están facturando una cifra superior a los 37 millones de euros de más por el alquiler de estos contadores de gestión telemática, que no ofrecen ninguna ventaja al consumidor y todas las ventajas van, como siempre, para las compañías
eléctricas.


En resumen, te cambian el contador con la excusa de que tienes una información a tiempo real, que vas a poder discriminar horario de consumo para ahorrar y la verdad es que te ponen un aparato a cuya información no puedes acceder, te cobran
más por su alquiler y encima los que tienen toda tu información al momento y se ahorran en personal son las compañías eléctricas. De verdad que a veces uno piensa que este Gobierno siempre piensa en el beneficio de unos pocos frente a los de la
mayoría. Por eso, con esta iniciativa les pedimos al Gobierno y al ministro, José Manuel Soria, que pongan los medios para terminar con los abusos de las eléctricas respecto a los contadores eléctricos. Por ello, a industria concretamente le
solicitamos que facilite la posibilidad de instalar los contadores en el interior del domicilio de la gente que técnicamente sea posible y que lo solicite, ya que con este cambio se resolverían de inmediato algunos problemas prácticos denunciados de
manera persistentes y recurrente por las asociaciones de consumidores y usuarios, como por ejemplo las refacturaciones del suministro de elevado importe, por supuesto fraude, en la manipulación del contador que se imputan al titular del suministro
con un alto grado de indefensión por parte del usuario. Es que el ciudadano no tiene forma de probar su falta de responsabilidad y la empresa no tiene la obligación de acreditar el fraude, sino que únicamente tiene que aportar una fotografía del
contador sin que el titular tenga que estar presente cuando se tome esa fotografía ni haga falta que se identifique claramente la identificación del contador o lo que se llama el CUPS del aparato, que es como el DNI del aparato. Además las
eléctricas tienen desde el 2014 un incentivo económico por la detección de fraudes, lo que puede animar a la presentación de más denuncias. Así la refacturación consiste en sobreestimar a razón de seis horas diarias de utilización de la potencia

Página 16

contratada el consumo de un año completo, lo que supone una fuerte penalización al consumidor si se tiene en cuenta que el promedio horario es de dos horas de luz. Es como si todos somos usuarios de la electricidad y ustedes un buen día
abren el buzón y encuentran una factura de la eléctrica a la que le tengan contratada que le dicen que les deben la facturación de seis horas diarias de luz durante un año, porque ustedes han manipulado el contador. Tú lo ves y dices: ¡Caramba!
¿Dónde está mi contador si no sé dónde está mi contador de luz y además no puedo acceder a él? Tú intentas probarle a la eléctrica que tú no has manipulado nada. No, pues tienes que probarle a la eléctrica que tú no has manipulado y ellos no
tienen que probar que tú sí has manipulado. Es decir, la carga de la prueba está sobre el usuario. Eso está pasando diariamente y además en familias que ya tienen problemas para pagar la electricidad y que están, muchas de ellas, en situación de
pobreza energética. Por tanto, pedimos al Gobierno que esto se cambie y que además se exija a las suministradoras mayor diligencia en el control de las posibles manipulaciones de los nuevos contadores, adaptando las consecuencias económicas a las
posibilidades que ofrecen estos aparatos de conocer inmediatamente el fraude, porque se supone que se detecta telemáticamente sobre la marcha, evitando así la refacturación de un año según los consumos estimados. Asimismo —voy terminando, señora
presidenta—, pedimos al Gobierno que modifique la normativa necesaria para que la verificación de los fraudes o manipulaciones deba realizarse, en los casos en los que sea posible, en presencia del titular del contrato. Este gigantesco programa de
renovación del parque de contadores puede costarnos a los consumidores alrededor de 1.000 millones de euros y estamos de acuerdo en que se renueven, pero no en cómo se está haciendo. Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
reconoce que se está haciendo mal. Este cambio debe ser un beneficio para los ciudadanos y para nuestro país. Queremos evitar que sirva para ahorrar costes a las eléctricas y, por tanto, para aumentar el grado de indignación de los ciudadanos, que
una vez más se sienten estafados e indefensos. Señorías, si los legisladores no ponemos los medios para defender y proteger a los ciudadanos frente a las grandes corporaciones económicas que abusan en las prestaciones de los servicios básicos, no
nos extrañemos de que en estas épocas electorales, cuando les pidamos su apoyo para defenderlos, nos den la espalda estrepitosamente. Por eso, esta tarde tenemos una buena oportunidad para decir a los ciudadanos, en tanto que consumidores, que
estamos de su lado frente a los potenciales abusadores y no al contrario y, para ello, empezamos pidiendo a los grupos su voto favorable a esta iniciativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Esta iniciativa no ha sido objeto de enmiendas. Para fijar posición, tiene la palabra la señora Ciuró, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora CIURÓ I BULDÓ: Mi grupo está completamente de acuerdo con lo que se plantea. Entendemos que esta iniciativa está bien trabajada y es necesaria. Apunta dos líneas muy importantes. En primer lugar, pretende la optimización de los
beneficios que hoy en día aportan las tecnologías, ayudando a las familias a conocer cuál es su nivel de consumo eléctrico, para que lo puedan adecuar a su realidad económica, y mejorando la gestión del servicio de la luz y el abastecimiento del
hogar. En segundo lugar, pretende fomentar el consumo responsable y la gestión del consumo sostenible. Estas dos líneas de la iniciativa han sido perfectamente explicadas. Además, creo que el Gobierno no tiene otra solución que encaminar los
pasos de este reemplazo de contadores en el sentido que ha explicado la diputada del grupo proponente de la iniciativa.


Hay otra cuestión no menos importante, que es evitar los fraudes. Estamos ante una materia extremadamente sensible. El déficit tarifario afecta a las familias de forma desorbitada y esto nos hace poco competitivos, porque lastra la
economía de las familias e impide su recuperación económica. Cualquier medida dirigida a evitar fraudes y a optimizar el consumo debería ser, como mínimo, tomada en consideración por parte de este Gobierno. Por lo que se refiere a la manipulación
de los contadores, estamos ante una materia muy sensible. Como ha comentado la diputada que ha defendido la iniciativa, se produce la barbaridad de la inversión de la carga de la prueba, pretendiendo que sea el consumidor el que pruebe algo que no
ha hecho. Esto es lo que en el argot se llama probatio diabolica. En una materia tan sensible como esta, cualquier medida encaminada a evitar posibles fraudes por manipulación debería establecer, haciendo bueno el principio general de derecho de
que quien alega debe probar, que la compañía que alega tenga que justificar por todos los medios cómo ha llegado a la conclusión de que la persona consumidora ha manipulado ese contador. Debería ser obligación de las compañías probar lo que alegan,
porque además del coste económico existe el coste de tiempo y el esfuerzo para probar algo

Página 17

que no se ha hecho es extremadamente difícil. Por tanto, el Grupo Socialista tendrá nuestro apoyo en esta proposición no de ley e instamos al Gobierno para que actúe en consecuencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Macarena Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha establecido que todos los contadores tradicionales de energía eléctrica deben ser cambiados por un modelo electrónico, que permita la discriminación horaria y
que tenga capacidad para la telegestión, que no es otra cosa que la posibilidad de lectura de contadores y cambio de condiciones de contrato sin la necesidad de personarse en el domicilio. La legislación que regula el cambio de contadores data del
año 2007, concretamente la orden ministerial que en su disposición adicional primera sobre el plan de sustitución de equipos de medida estipula lo siguiente: Todos los contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia
contratada de hasta 15 kilovatios deberán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la telegestión antes del 31 de diciembre del año 2018. El tamaño del nuevo contador no varía y por tanto se puede instalar en el
mismo lugar en el que se encuentra su equipo actual. Creo que es importante recordar que, como norma general, los contadores deben ser accesibles, no solo para permitir la fácil lectura, sino también el mantenimiento del aparato y, por supuesto,
para garantizar la seguridad de la instalación, y así se expresa en la instrucción técnica complementaria. Si se accediese, como ustedes sugieren, a situar los equipos de telegestión dentro de los domicilios, el propietario podría impedir el acceso
de la compañía eléctrica, porque conviene recordar que sus técnicos y sus inspectores en ningún momento tienen carácter de autoridad pública, y así debe seguir siendo.


Por otra parte y de acuerdo con el reglamento electrónico de baja tensión, en el caso de edificios con más de dieciséis suministros es obligatoria la centralización de contadores en un recinto especialmente habilitado para ello y con
condiciones de seguridad específicas en cuanto a accesibilidad, ubicación, finalidad, resistencia al fuego, etcétera. En cuanto a las medidas para impulsar la reducción del fraude, quiero señalar que se encuentra en tramitación el proyecto de real
decreto por el que se regulan la actividad de comercialización y las condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica, en las que se aborda el fraude y la manipulación de equipos a los que hacía referencia. Por tanto, quedaría
completamente cubierta esa duda que a algunos les ha surgido. Este control del fraude debe ser en ambas direcciones, es decir, tanto el que pudiera cometer la suministradora como el del consumidor.


Me gustaría recordar también, sin menoscabar por ello las buenas intenciones de la PNL —que no pongo en duda, aunque es engañosa al mismo tiempo—, que el precio de la electricidad en España subió un 70 % en el periodo del año 2004 a 2011,
curiosamente, coincidiendo con el Gobierno socialista; hoy su grupo parlamentario propone esta iniciativa que no fue capaz de proponer cuando tenían la mayoría más absoluta. Los costes regulados eran entonces un 40 % superiores a los de los países
de nuestro entorno y se incrementaron en más de un 200 % desde el año 2005, destacando particularmente el crecimiento de más del 760 % de las primas a las renovables durante este periodo. También quiero recordar que con el anterior sistema de
subastas de la electricidad se favorecía la especulación con el precio de la electricidad, calculando que esta especulación supuso al consumidor un sobrecoste de 1.600 millones de euros, que salieron de los bolsillos de todos los consumidores.
¡Lástima que no se acordarán de ellos entonces!


Señorías, el Gobierno, con el nuevo cambio tarifario en la energía eléctrica, posibilita pasar de tener precios por subastas trimestrales a tener precios para cada hora. Esto significa que un consumidor con un contador inteligente podrá
pagar según su consumo cada hora y según el precio de la electricidad en esas horas. Para ello solo tiene que solicitar, si se quiere acoger a este tipo de tarifa, la instalación de un contador inteligente, sin necesidad de que la comercializadora
lo sustituya cuando le corresponda, atendiendo a la orden ministerial que acabo de citar. El Gobierno del Partido Popular —ustedes lo saben bien, pero conviene que lo recordemos— recibió el sistema eléctrico al borde de la más absoluta quiebra, con
un déficit de tarifa de más de 30.000 millones de euros, que se dice pronto. De no haber tomado ninguna medida, ello habría supuesto 10.000 millones de euros de déficit anuales y entonces sí que habría que haber subido la tarifa más de un 40 %,
como dicen algunos. En 2014, señorías, por primera vez las compañías eléctricas devolvieron más de 400 millones de euros a los pequeños consumidores y esto ha pasado con un Gobierno del Partido Popular.


No quiero terminar sin destacar —estamos en la Comisión, entre otras cosas, de Política Social— que mientras los Gobiernos socialistas, en el momento más duro de la crisis, subieron el recibo, este Gobierno,

Página 18

en su compromiso social con los más vulnerables, cumple una vez más mediante un bono social que supone un descuento del 25 %. (Aplausos).


— RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE COORDINACIÓN SOBRE ENFERMEDADES RARAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003133).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Continuando con el orden del día previsto inicialmente, pasamos a la iniciativa que figura con el número 5, relativa a la creación de un grupo de coordinación sobre enfermedades raras. Su autor
es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Gracia Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Las enfermedades raras o poco frecuentes son enfermedades de carácter crónico y discapacitante, que presentan una prevalencia tan baja que requieren unos esfuerzos combinados y especiales, dirigidos a prevenir la
enfermedad, la mortalidad temprana o la reducción de la calidad de vida de las personas que las padecen y de sus familias. Durante los Gobiernos socialistas se hicieron grandes esfuerzos para generar información exacta y adaptada para las familias
y los pacientes. Fruto de este esfuerzo fue la publicación de la guía Enfermedades raras. Un enfoque práctico. Asimismo, se siguieron apoyando los centros de investigación, tan necesarios para seguir avanzando en el conocimiento de estas
enfermedades, y se inauguró el Centro de referencia estatal de enfermedades raras.


A pesar de todos los esfuerzos y todas las medidas recogidas en la estrategia de enfermedades raras, aprobada en junio de 2009, en la que se recogían las líneas estratégicas —información, prevención, detección precoz, atención sanitaria,
terapia, atención sociosanitaria, investigación, formación— y aunque la estrategia se haya actualizado, al menos en el papel, somos conscientes de la complejidad de los problemas a los que todas las personas afectadas se tienen que enfrentar y de
que es imprescindible proponer y acordar más soluciones al respecto, como las que en varias ocasiones ha propuesto mi grupo, en esta Comisión o en el Pleno —por ejemplo, excluir copagos o dotar de recursos a las comunidades para atender a estas
personas— y siempre han sido rechazadas por el Partido Popular. Entre todos los agentes implicados seguro que se pueden proponer iniciativas factibles para mejorar la situación de tantas personas que padecen estas enfermedades, aportándoles
esperanza en un futuro mejor, claro, siempre que el Gobierno no solo las acepte, sino que también las lleve a cabo, que es como se demuestra un compromiso con estas personas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Entre los actores, además de los que ya están incluidos en los comités de la estrategia nacional o en la Red nacional para la investigación, consideramos importante contar con la participación reglada de otras asociaciones y organismos que
ahora no tienen participación, por ejemplo, la Asociación de Psicólogos Clínicos, la Asociación de Farmacia Hospitalaria, la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos o los representantes de educación, con lo importante que es este ámbito para
los niños que tienen enfermedades raras. Hace unos días se aprobó por unanimidad una moción en el Senado en la que se instaba al Gobierno a realizar actuaciones en distintos ámbitos: la formación de profesionales, la investigación, el
fortalecimiento de centros, servicios y unidades de referencia, la implementación de modelos de asistencia integral para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes o el impulso del acceso equitativo a medicamentos
huérfanos entre otras medidas. Para hacer un seguimiento de estas propuestas y avanzar en su aplicación, los grupos se comprometían a realizar un seguimiento y evaluación permanente ante el Gobierno. Al leer esta iniciativa consensuada, creí que
ya estaba todo, pero no es así. Con esta iniciativa que hoy presentamos se complementa, porque lo que queremos es que a pesar de este consenso esto no se quede, como otras veces, en nada y que de verdad los acuerdos se lleven a la práctica. Todas
estas actuaciones acordadas tienen que ser elaboradas desde su inicio, implantadas y evaluadas por representantes de todas las personas implicadas: pacientes, familiares, profesionales de servicios sanitarios y educativos, investigadores,
representantes de las consejerías de cada una de las comunidades autónomas, asociaciones de medicamentos, etcétera. En algunos objetivos de esta estrategia nacional se recogen recomendaciones para crear mecanismos de coordinación en el nivel
autonómico y en el nivel nacional. En realidad se trata de ayudar a implementar de verdad la estrategia nacional de enfermedades raras y sobre todo de hacer su seguimiento, complementando la labor de los distintos comités para que estén
representadas todas las personas que

Página 19

tienen que llevarla a cabo. Por eso, nuestro grupo ha presentado esta iniciativa, para crear un grupo de trabajo, un grupo en el que se pueda hacer un seguimiento de esta iniciativa.


Se han presentado enmiendas por parte del Grupo de Convergència i Unió y también por el Grupo Popular. Estamos revisando una propuesta de transaccional de la que antes de la votación informaremos a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Señor Tarruella, tiene la palabra para defender la enmienda de su grupo.


La señora TARRUELLA TOMÀS: He comunicado a la Mesa hace unos minutos que hemos retirado nuestra enmienda debido a un error. Era una copia de la enmienda sobre competencias y financiación que hemos discutido antes, pero ahora no
correspondía. En todo caso, ya que me ha dado la palabra, si le parece, señor presidente, puedo fijar posición y así después no tendré que volver a hablar.


Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista porque pide algo muy simple, pero muy importante, que es la creación de un grupo de trabajo, en colaboración con todas las comunidades
autónomas y con todos los actores implicados en el problema de las enfermedades minoritarias. Creemos que es muy importante que eso se haga así. Nosotros tenemos preparada una iniciativa, que registraremos un día de estos, sobre enfermedades
minoritarias, referida a los permisos laborales de los familiares de las personas, sobre todo niños, que padecen enfermedades raras —quizás sería un buen tema para trabajar en este grupo de trabajo—, para que puedan acompañarlas a los servicios de
rehabilitación, porque es un tema en el que existen muchísimos problemas y quejas de muchas de estas familias. Por esta razón, vamos a apoyar la creación de este grupo de trabajo y de coordinación en relación con estas enfermedades poco frecuentes.


El señor PRESIDENTE: Hay una segunda enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Doña María Jesús, tiene usted la palabra.


La señora SUSINOS TARRERO: Esta tarde nos traen a esta Comisión una iniciativa muy importante relacionada con las enfermedades raras, iniciativa que nos permite mostrar nuestro total apoyo y compromiso con todas las personas que padecen
alguna de estas enfermedades. Enfermedades raras o poco frecuentes, según la Unión Europea, son aquellas patologías con muy baja incidencia en la población; afectan a una persona por cada 2.000. Señorías, más de 3 millones de personas en nuestro
país padecen alguna de las 7.000 enfermedades catalogadas como raras o poco frecuentes; afectan a un 7 % de la población mundial. Estamos hablando de muchísimas personas y debemos mostrar nuestra máxima sensibilidad. Además, son los niños los que
representan el porcentaje más alto de los pacientes con estas enfermedades; dos de cada tres casos se manifiestan antes de que el paciente haya cumplido los tres años de vida y el 35 % de los fallecimientos de niños antes de un año son consecuencia
de una enfermedad poco frecuente. Por eso, señorías, como no puede ser de otra manera, para el Gobierno es una prioridad la atención de estas personas. Por ello, el presupuesto destinado a la estrategia de enfermedades raras y otras estrategias de
salud, en el año 2015, se ha multiplicado por 5,6, pasando desde los 300.000 euros a 1,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 466 %; luego, máxima sensibilidad y máxima prioridad. Como les decía, estamos hablando de muchísimas
personas, más de 3 millones en España. Por ello, señora Fernández, el Grupo Parlamentario Popular es consciente de la importancia que tienen todas las medidas y todos los acuerdos que podamos adoptar en este sentido. Es fundamental que todos los
grupos parlamentarios intentemos llegar a acuerdos.


Señora Fernández, en el texto de su proposición no de ley, como usted nos ha dicho, instan al Gobierno a crear un grupo de coordinación sobre enfermedades raras. Como usted sabe, este grupo ya existe. Es el comité de seguimiento y
evaluación de esta estrategia, comité formado por el comité técnico y el comité institucional. El comité técnico está integrado por representantes de asociaciones de pacientes y de sociedades científicas y el comité institucional reúne
representantes designados por las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Como el resto de las estrategias en salud, además de las diferentes direcciones y subdirecciones del Ministerio de Sanidad, participa el Instituto de Salud Carlos
III. Por tanto, en este comité, señora Fernández, participan todos los agentes implicados en la atención a las enfermedades raras y sirve como foro de discusión permanente. En este sentido, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, una enmienda en la que instamos al Gobierno a impulsar el Comité de seguimiento y evaluación de la estrategia de enfermedades raras, mediante su comité técnico y su comité institucional, como un foro
de debate y

Página 20

plataforma de coordinación, con el objetivo de mejorar la atención integral de las personas con enfermedades raras en España. Asimismo, se valorará la incorporación en este comité de otros colectivos vinculados a la materia objeto de
debate. Señora Fernández, el Grupo Parlamentario Popular espera que acepte nuestra enmienda, porque, como le decía, todos los acuerdos que podamos adoptar siempre redundarán en beneficio de los pacientes, que son a los que nos debemos en última
instancia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. Doña Caridad.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Intervendré brevemente, señor presidente.


Quiero anunciar nuestro voto favorable, como no puede ser de otra manera, dados los argumentos que han utilizado todos los que han intervenido antes que esta portavoz. Sería para nosotros, como para todas y todos los que estamos aquí, muy
importante que se pudiera llegar a acuerdos y sería aún más importante que no pusiéramos límites ni condiciones a esos acuerdos.


El señor PRESIDENTE: Doña Gracia, ¿va a aceptar alguna enmienda?


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Estamos valorando la transaccional. Se lo comunicaremos a la Mesa y a la proponente.


El señor PRESIDENTE: Pues trabajen con agilidad, porque a las seis y media votamos.


— SOBRE LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE UNA SOLUCIÓN PARA LOS PEQUEÑOS AHORRADORES AFECTADOS POR EL FRAUDE DE FÓRUM FILATÉLICO S.A., AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. Y ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003199).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de ley sobre la adopción por parte del Gobierno de una solución para los pequeños ahorradores afectados por el fraude de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes
Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En su nombre, tiene la palabra la señora Ciuró.


La señora CIURÓ I BULDÓ: Quiero empezar mi intervención diciendo que esta no es la primera vez que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, presenta una iniciativa en defensa de los afectados por la estafa de Afinsa, Fórum Filatélico,
etcétera. Recordarán sus señorías que esto comenzó el 9 de mayo de 2006, cuando se desarrolló una importante operación policial, dirigida por la Audiencia Nacional, tras una investigación de la Agencia Tributaria, contra dos sociedades relacionadas
con la inversión en filatelia, Fórum Filatélico y Afinsa. El día 17 de mayo del mismo año, mi grupo parlamentario presentó una iniciativa, que en aquel entonces ya pedía que se adoptasen con urgencia medidas específicas para propiciar la
recuperación del ahorro por parte de los afectados. También pedíamos que se corrigiera el vacío legal de la normativa vigente, con el objeto de incrementar la protección al consumidor. En su día no tuvimos mucho éxito, pero sí tuvimos quórum y ese
quórum fue recogido por el entonces presidente del partido de la oposición, que dijo que donde no llegaban las decisiones adoptadas por los órganos judiciales, los poderes públicos tenían la obligación de atender a los afectados. En su día, el
señor Rajoy Brey, hoy presidente del Gobierno, decía que promoverían la constitución de un fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados a los inversores de activos tangibles junto con otras medidas, porque era un partido fiable,
responsable y coherente. Sin duda alguna lo era, no ponemos esto en tela de juicio, pero lo cierto es que también se vio la necesidad de adoptar algún tipo de medida para proteger a los consumidores de activos tangibles cuando los órganos de
control del Estado fallaban en su función controladora de las inversiones, en este caso, en bienes tangibles. Desde entonces, ¿qué estamos haciendo, señorías? Estamos estudiando la fórmula. Llevamos ocho años estudiando. Hace ocho años del
escándalo que afectó a alrededor de 475.000 familias; 475.000 familias que llevan ocho años sin sus ahorros. ¿De qué perfil de personas estamos hablando? Ustedes lo saben perfectamente, de pequeños inversores —la mayoría son inversiones
inferiores a 50.000 euros—, de gente mayor, de gente ya fallecida que no ha podido recuperar sus ahorros, de gente que lleva ocho años esperando a que los poderes públicos le den una respuesta, esperando justicia. Son personas que después de ocho
años se han visto doblemente victimizadas por el Estado de derecho; un Estado de derecho que no les protege y cuyos controladores financieros no controlan debidamente las inversiones en bienes tangibles; un Estado de derecho que,

Página 21

debido a las demoras de la justicia, a las dilaciones de todo proceso judicial —problema para el que tampoco se han puesto mayores recursos durante todos estos años—, no ha tenido la suficiente diligencia para abordar este macrojuicio y dar
respuesta a los inversores para que recuperen sus ahorros. Mientras tanto, ven cómo el proceso va avanzando, cómo se dictan sentencias y se condena a los administradores de Afinsa por la quiebra, cómo el juez obliga a tres administradores a
restituir el agujero de 1.825 millones, pero saben que nadie podrá resarcir esos 1.825 millones, porque las personas condenadas son insolventes. En definitiva, ven que la justicia les da la razón, pero siguen sin tener sus ahorros en casa y siguen
viendo que no hay respuesta por parte de los poderes públicos, sobre los cuales se predica la obligación de dar respuesta a los afectados, más cuando son doblemente víctimas del Estado de derecho.


Con nuestra iniciativa, señorías del Grupo Popular, señorías presentes en esta Comisión, pretendemos presentar una propuesta que ha nacido de las asociaciones de consumidores y usuarios, concretamente de Adicae, que ha sido ratificada por
muchos ayuntamientos y muchos parlamentos. El Parlament de Catalunya también ha dado el visto bueno a esta proposición. Propone como solución que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) quien se coloque en la posición de los acreedores en el
proceso, quien avance el capital ahorrado a las familias afectadas y quien corra con el riesgo de la demora del proceso, que es riesgo de demora y no riesgo de insolvencia, porque hay patrimonio que cubre la eventual devolución de cantidades que sin
duda alguna tendrá lugar. Hemos presentado una propuesta que nace de una iniciativa de las asociaciones de consumidores, pero hay varias. Además, en esta propuesta hemos intentado recoger el sentimiento de los consumidores, porque el ICO ya fue
parte en su momento para dar una solución. Quiero recordar que facilitó créditos sin interés, que hoy en día ya han vencido, pensando que este préstamo vencería más tarde que la resolución del proceso, pero esto no ha sido así. El préstamo a
interés cero ha vencido y las familias han tenido que devolver el capital prestado mientras siguen viendo que sus ahorros no están disponibles por culpa de las dilaciones del procedimiento judicial. Esa es una solución, pero hay otras. Los propios
afectados están dispuestos a sentarse a hablar para pactar algún plazo e incluso algunas quitas, porque esperan verse resarcidos a corto plazo y recuperar sus ahorros, que perdieron como consecuencia de esta estafa piramidal de la que fueron
víctimas. Estamos de acuerdo, señorías, en que todo el mundo tiene que asumir el riesgo de sus inversiones, pero también creemos que cuando los poderes públicos fallan en su función controladora, tienen que ser ellos quienes den respuesta a las
familias afectadas. Apelamos a la responsabilidad del grupo que da apoyo al Gobierno. Nos parece que han presentado la enmienda por el hecho de presentarla y que no se diga que no han presentado ninguna, porque eso de seguir evaluando nos suena,
con todos los respetos, a pitorreo, señorías. Por eso, ya que la enmienda no se la vamos a aceptar, les pedimos el compromiso de una reunión al más alto nivel. Me estoy refiriendo a una reunión con el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, don Alfonso Alonso, para que atienda a una representación de las víctimas de la estafa piramidal y les diga cómo se pueden empezar a poner los puentes para encontrar una solución antes de que finalice esta legislatura, que está tocando a
su fin. Como les he dicho, no aceptamos la enmienda del Grupo Popular. Entendemos que la ha presentado desde el cariño, pero «seguir estudiando» no nos parece suficiente. Por eso les instamos a que nos den día y hora para hablar con el ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en una reunión con las partes afectadas por este procedimiento.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Araújo.


El señor ARAÚJO GIL: Quiero decir a la representante de Convergència i Unió que es importante que se coordinen dentro de su grupo. Yo sé que la relación entre Convergència y Unió es complicada, pero entre su propio grupo… (La señora Ciuró
i Buldó: No vayas por ahí). Le voy a decir por qué. Hace muy poco tiempo, el 19 de noviembre de 2014, todos los grupos políticos decidimos en la Comisión de Economía aprobar una resolución que decía lo siguiente. En primer lugar, valorar la
situación actual de los afectados por la actividad de las empresas Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespart, que les llevó, tras intervención judicial realizada en mayo de 2006, a la pérdida de sus inversiones. En
segundo lugar, valorar la procedencia de adquirir o financiar total o parcialmente la deuda con los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos judiciales. Repito que ese fue un acuerdo adoptado por
unanimidad en la Comisión de Economía, competente en este tema, y no como este foro en el que se está planteando hoy.


Me parece que los señores de CiU han olvidado esta postura, y por eso hemos presentado una enmienda en la que se pone de manifiesto la voluntad de este Grupo Parlamentario de instar al Gobierno

Página 22

a continuar trabajando en busca de una solución. La solución, señoría, es muy complicada y muy difícil, porque todos sabemos qué situación judicial tienen. Lo que ha recuperado Fórum Filatélico no llega al 21 %; Afinsa está sobre el 5 %;
los señores de Arte y Naturaleza todavía están pendientes en su concurso de acreedores de una resolución judicial y de la aportación de las cantidades que puedan recuperar, con grandísimas dificultades. Quiero que tengan claro que el Grupo
Parlamentario Popular siempre ha estado con los afectados, siempre ha estado trabajando por los afectados. La solución no es fácil. No voy a entrar en responsabilidades políticas porque eso no resuelve nada a los afectados, solo quiero hablar de
futuro y de nuestra responsabilidad como diputados que ahora conocemos la situación en la que están viviendo estos afectados, que son casi 500.000 familias. Mi obligación es proponer —y no por pitorreo— una resolución que obligue al Gobierno a
seguir trabajando para buscar una solución correcta al tema.


Señor presidente, perdone si me he excedido en el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Ha tenido usted una gran capacidad de síntesis. Lo ha hecho muy bien.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Soledad Pérez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Como ha dicho la proponente de esta PNL, una vez más nos encontramos en la Cámara y en esta Comisión con una iniciativa para dar solución a los pequeños ahorradores afectados por el conocido caso de estafa de
Fórum y Afinsa; iniciativa que vamos a apoyar, señora Ciuró, porque seguimos pensando que es necesario proteger a los pequeños ahorradores ante una situación complicada que se ha visto agravada por estos años de crisis económica y social.


Efectivamente, como señalaba el diputado del Grupo Popular, señor Araújo, el pasado mes de noviembre en la Comisión de Economía se aprobaba por todos los grupos una transaccional presentada a una proposición no de ley para que el Gobierno
analizara la situación de este casi medio millón de afectados, sin que hasta la fecha hayan concluido nada. Quiero recordarles que ya llevan casi seis meses analizando y estudiando, y hoy de nuevo nos pide el Grupo Popular seguir analizando.
Señorías, a ustedes se les acaba el tiempo de Gobierno, pero también, lo que es peor, a muchos de los afectados.


El mes que viene hace ya nueve años que tuvo lugar esta estafa, un tiempo excesivo que nadie podía prever entonces y que espero que finalice pronto. El tiempo ha pasado, las circunstancias han cambiado y han modificado las posiciones de los
propios afectados y de los grupos parlamentarios. No es necesario que yo me extienda aquí en un montón de explicaciones que ya han dado otros grupos, pero sí me gustaría señalar algunos hechos que son importantes en este cambio de posición y en la
situación en la que hoy nos encontramos. El Tribunal Supremo ya ha fijado posición, señalando que en este caso de estafa no hay responsabilidad del Estado. Esto es muy importante, porque ha modificado la posición de los propios afectados, que hoy
se sitúan en otro tipo de reclamación. Cuando surgió este tema, el Gobierno socialista, ante la petición que se hizo desde este propio Parlamento, articuló de manera inmediata una serie de respuestas dando subvenciones por valor de 2 millones de
euros dirigidas a las asociaciones de consumidores para el asesoramiento y apoyo a los afectados; puso en marcha una ventanilla única en la Audiencia Nacional para que se agilizaran las denuncias; impulsó las solicitudes de pensionistas para el
acceso al complemento a mínimos en las pensiones de aquellos afectados que hubieran modificado su situación económica; además, se comprometió a facilitar parte de los ahorros a las familias, como ha dicho la señora Ciuró, y así lo hicimos aprobando
una línea de anticipos de hasta 500 millones de euros para los afectados, con objeto de ayudarles a superar de manera transitoria, hasta que finalizara el procedimiento judicial, su difícil situación económica. Señorías, estos créditos eran sin
comisión y a interés cero. Ante la dilación del proceso, esos créditos fueron prorrogados por el Gobierno actual, pero a un interés superior al 3,5 % y con comisión, lo que suponía un coste para los afectados, por lo que un buen número de ellos
desistieron de prorrogar los anticipos, lo que dejó desprotegidos a muchos de ellos; todo ello, cuando ustedes, como bien ha recordado la señora Ciuró, en palabras de su propio grupo y del hoy presidente del Gobierno, mostraban tanta preocupación
por esas personas. Nosotros cumplimos con nuestro compromiso. Hoy la situación es bien distinta y necesita otras respuestas. Quienes gobiernan deben actuar y el tiempo se eterniza.


En noviembre del año pasado, mi grupo registró en la Comisión de Economía —usted debe conocerlo bien— una iniciativa que en su literalidad prácticamente coincide con el punto número 2 de la que ha presentado Convergència i Unió. Creemos que
ya hay que terminar de estudiar y que es hora de dar respuestas. También coincidimos en el punto 1, ya que creemos que con ello se van a poder facilitar las actuaciones judiciales que deban realizar los afectados y las asociaciones que los
representan.

Página 23

Finalmente, después de tanto tiempo —se cumplen nueve años dentro de un mes— deseamos una rápida solución y una agilización del procedimiento judicial. Por todo ello, como he dicho anteriormente, nuestro voto será favorable.


— RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE AVES DE CORRAL Y LAGOMORFOS PARA EL SACRIFICIO Y LA COMERCIALIZACIÓN EN SUS PROPIAS INSTALACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/003324).


El señor PRESIDENTE: Se votará en sus propios términos esta proposición.


Proposición no de ley relativa a la autorización de las pequeñas explotaciones ganaderas de aves de corral y lagomorfos para el sacrificio y la comercialización en sus propias instalaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO RUIZ: Señorías la propuesta que hoy traemos a debate es de gran importancia para el futuro de una parte del campo español, y por ello es una vieja reivindicación de este sector. El objetivo último de la propuesta es ser más
competitivos, crear riqueza y empleo en el sector agrícola.


En el ámbito nacional, la Asociación Profesional de la Avicultura Alternativa, AviAlter, y varios Gobiernos autonómicos, como los de Galicia y Cantabria, han sido los pioneros en presentar la petición de modificar la legislación española
para poder llevar a cabo el sacrificio de aves de corral y lagomorfos en las propias explotaciones. Es una reivindicación que va en la línea de la propuesta de resolución que aprobó el Parlamento Europeo, por amplia mayoría de los miembros de la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas. La propuesta hace referencia a las pequeñas explotaciones agrícolas como modelo de agricultura social, que no solo cumplen una labor productiva,
sino que desempeñan funciones culturales y medioambientales en lo que respecta a la naturaleza y al paisaje. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo acordó preservar tradiciones, biodiversidad y productos regionales, concretando
condiciones favorables y respetuosas con el medio ambiente y el bienestar animal, procurando, al mismo tiempo, evitar la despoblación del medio rural, especialmente en regiones de montaña —como es todo el norte de España—, comunidades desfavorecidas
y zonas ultraperiféricas, cuestión muy importante y demandada, como las Islas Baleares y las islas Canarias, en el caso de España.


La propuesta insta a que se incremente la venta directa, especialmente en los mercados locales y regionales, y solicita a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión que se cree una plataforma de intercambio de buenas prácticas
sobre el modo de regular la transformación llevada a cabo por estas pequeñas explotaciones. Es precisamente en este ámbito en el que las pequeñas explotaciones españolas de aves de corral y lagomorfos requieren cambios en la legislación nacional,
desde el respeto a las disposiciones comunitarias en materia de higiene, producción y comercialización, y acatando el reglamento europeo relativo a la protección de los animales en el momento del sacrificio. Quiero incidir en que, por supuesto,
todo esto es respetando el paquete de higiene y la legislación europea de seguridad alimentaria que debemos cumplir. Todo ello tiene el objetivo de favorecer su viabilidad, su competitividad y su subsistencia. Además, existe una creciente demanda
del consumidor, que busca alimentos artesanales de calidad, asociados al territorio. Poder sacrificar en la propia instalación supone una reducción en las distancias del transporte —en la Comunidad de Cantabria no hay ningún matadero de aves y hay
que llevar a sacrificar a Burgos—, lo que contribuye a la disminución de emisiones de CO2 y elimina el estrés de los animales en la carga, descarga y transporte a los mataderos, muchas veces a grandes distancias, lo que hace mejorar la calidad
nutricional de la carne.


Esta iniciativa es plenamente compatible con la política del Gobierno de Rajoy de reducción de trabas administrativas a la labor de los emprendedores que en época de crisis vuelven al campo, lo que se traduce en generación de empleo y
riqueza, y de fomento de los canales cortos de distribución alimentaria, como vía para mejorar los ingresos de los productores primarios, contribuyendo como estrategia adicional a evitar el desperdicio de alimentos. En consecuencia, y teniendo muy
presente que se trata de una actividad ya permitida en países europeos como Reino Unido y Francia, así como en Estados Unidos, que se caracteriza por las grandes producciones, es capital para nuestro país aprobar dicha reforma y situarnos en
igualdad de oportunidades con nuestros vecinos europeos.

Página 24

Antes de finalizar, quiero dejar claro que en la proposición no de ley se insta al Gobierno a recabar la opinión de las comunidades autónomas y de los sectores afectados, porque son las comunidades las que tienen la competencia y disponen de
unas direcciones de salud pública y de unos servicios de salud alimentaria con un gran equipo de inspectores sanitarios. También contamos con centros de análisis, con laboratorios alimentarios que garantizan la seguridad alimentaria. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Quiero anunciar que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, ya que no vemos ningún inconveniente en que se empiece a trabajar con las comunidades autónomas para la autorización de esta venta directa
desde las explotaciones de pequeñas cantidades de aves de corral y lagomorfos. Esta es una práctica que ya existe, está regulada en muchos países de Europa, y que está prevista en los reglamentos de higiene comunitarios. Eso sí, quiero matizar que
esta autorización tendrá que basarse en una regulación de las condiciones en las que se podrá permitir esta venta, sobre todo para decidir en qué casos se puede autorizar y los requisitos de higiene aplicables. Además, habrá que saber qué
organización tendrá que controlar la gestión de estas autorizaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Margarita Pérez.


La señora PÉREZ HERRAIZ: El Grupo Socialista está de acuerdo con esta proposición no de ley y, por tanto, la apoyaremos. En septiembre del año pasado nosotros registramos otra con la misma finalidad. También en el mismo mes, a propuesta
del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, se aprobó por unanimidad una iniciativa similar.


La prohibición de mataderos en las explotaciones para venta directa o en los mercados próximos que rige en España no existe en otros países como Francia e Italia; es decir, la normativa europea lo permite. Consideramos que es posible
compaginar las garantías sanitarias necesarias con otras formas de comercialización que pueden contribuir a la sostenibilidad económica de muchas pequeñas y medianas explotaciones. Los productores están teniendo muchas dificultades por los acuerdos
de las grandes cadenas de distribución y por cómo utilizan algunos productos como reclamo, bajando tanto los precios que hacen inviable su producción. Facilitar estos nuevos mercados puede contribuir a mantener esas explotaciones repartidas por el
territorio que, en concreto en Galicia, son fundamentales para mantener la actividad económica y la población en muchas zonas que se están quedando prácticamente despobladas. El problema demográfico de España es mucho más grave en Galicia,
especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, como también lo es el abandono de amplias zonas del territorio. Por tanto, hay que promover todas las iniciativas posibles para dinamizar el sector primario y así poder mantener actividad y vida en
todo el territorio. Estamos seguros de que esto puede ser compatible con las garantías sanitarias necesarias.


— RELATIVA A LAS LIMITACIONES FIJADAS POR EL MINISTERIO PARA EL ACCESO A LOS NUEVOS TRATAMIENTOS PARA ENFERMOS DE HEPATITIS C Y POSIBILIDAD DE EMITIR LICENCIAS OBLIGATORIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/003401).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de debatir el punto noveno y último del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a las limitaciones fijadas por el ministerio para el acceso a los nuevos tratamientos para enfermos de
hepatitis C y la posibilidad de emitir licencias obligatorias, quiero recordar a los portavoces que intentaremos votar, como ya es habitual, con cierta puntualidad, a partir de las seis y media.


Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Quiero disculparme por no haber asistido antes a la Comisión, pero es que estaba en la de Industria.


Señorías, desde que en enero de 2014, hace poco más de un año, la Agencia Europea del Medicamento autorizara el sofosbuvir hasta la fecha, en el Estado español han muerto más de 4.000 personas por hepatitis C. En todo este tiempo, la
insensibilidad, la desidia y los continuos engaños del ministerio provocaron que miles de afectados se echasen a las calles y diesen a conocer al resto de la población que

Página 25

ellos eran y siguen siendo uno de los ejemplos más dolorosos de las consecuencias del desmantelamiento de la sanidad pública llevado a cabo por este Gobierno, que solo en el año 2014 —calificado por el ministro Montoro como el de la
recuperación económica— dio un hachazo a los presupuestos de Sanidad de un 35,6 %, por encima del 22,6 % de 2013. Fue precisamente la intensa movilización social la que evidenció como nunca que los recortes matan de verdad y la que obligó al
ministerio a inventarse la elaboración de un nuevo Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que presentó a finales del pasado mes de febrero. Un plan que las asociaciones de afectados calificaron como humo y que según el propio ministro
atenderá en tres años a 52.000 personas con una afección F2, F3 y F4, con un coste de 727 millones de euros, para lo no que se habilitará una partida específica, tal y como habían solicitado varias comunidades autónomas. Hablan de 52.000 personas
en tres años, cuando la plataforma estatal de afectados cifra en 170.000 las personas reconocidas por los hepatólogos que no tienen la medicación necesaria para su curación, y cuando la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha cifrado la
necesidad de tratamientos urgentes en un mínimo de 30.000 solo para este año 2015.


Señorías del Grupo Popular, para este viaje no hacían falta estas alforjas, ni comité de expertos ni nuevos criterios. Este plan sigue siendo a todas luces insuficiente. Sobre todo, lo que va seguir marcando la pauta de acceso a la
medicación no va a ser el plan, sino precisamente esa financiación que tampoco es suficiente. Hoy en día las personas afectadas siguen alarmadas, continúan comprobando que su situación no se incluye dentro de los criterios de elegibilidad que se
aplican o que la solicitud cursada por sus hepatólogos, una vez determinado que cumplen los requisitos establecidos por el ministerio, es rechazada o no contestada. Conclusión, el acceso a los fármacos sigue sin responder a criterios exclusivamente
médicos, porque siempre están supeditados a los economicistas. Les pondré un ejemplo muy breve. Un trasplantado en febrero de 2005 solicita tratamiento con sofosbuvir por uso compasivo en enero de 2014 y se le autoriza en febrero de ese mismo año.
Es trasplantado por segunda vez en el verano de 2014, mientras seguía esperando el tratamiento. Realiza nueva solicitud en febrero de este año, y hoy sigue sin tratamiento. Ejemplos como este evidencian, efectivamente, la actitud real y la falta
de voluntad del Gobierno para solucionar este problema.


Creemos que la falta de financiación permanente que garantice la medicación necesaria seguirá marcando la pauta. Si el Gobierno no emprende otras acciones que detengan la política especulativa de las farmacéuticas, el acceso universal a los
fármacos de nueva generación seguirá siendo una quimera. Para nosotros es imprescindible que el Gobierno utilice los mecanismos legales a su alcance, que hoy están en la Ley de Patentes —en la vigente y en la que está en tramitación—, cuyo artículo
90 permitía precisamente la emisión de licencias obligatorias. Esto se ha hechos otros países por cuestión de interés público y de prioridad sanitaria. A estas alturas, entendemos que el ministerio no puede seguir obedeciendo a las multinacionales
farmacéuticas y debe optar precisamente por esas otras vías que le permite la legislación vigente.


En cuanto a las enmiendas, vamos a aceptar la propuesta por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, ya que propone crear un fondo específico y nosotros hemos hablado aquí de la necesidad de tener dotaciones presupuestarias específicas a
distribuir entre las comunidades autónomas, puesto que estas tienen competencias en materia sanitaria, pero les falta capacidad económica. Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Popular, nos resulta inaceptable, porque propone sustituir toda
nuestra iniciativa por un texto cuya aprobación ya anunció el Gobierno, que es atender los casos F2, F3 y F4. Ya les he puesto un ejemplo de que en la realidad no se está llevando a cabo. Por eso mantenemos nuestra proposición en sus términos,
aceptando la enmienda del Grupo Catalán.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Quiero empezar agradeciendo que el grupo proponente nos acepte la enmienda. Esto no es nuevo en esta Comisión. Desde el primer día que hablamos de hepatitis C, tanto aquí como en el Pleno, saben que mi grupo
parlamentario viene reivindicando que todas las innovaciones que entren en el Sistema Nacional de Salud tendrían que incluir una línea de financiación para las comunidades autónomas, que son en realidad las que las gestionan, las que las compran y
las que las tienen que pagar. Creemos que esto es coherente con lo que hemos mantenido a lo largo de la legislatura, es decir, que se cree este fondo específico para la financiación del tratamiento de la hepatitis C. Nuestra enmienda habla de la
financiación de las innovaciones farmacológicas, que en este caso sería para la hepatitis C, pero también otras innovaciones farmacológicas que se incluyeran en la cartera de servicios tendrían que ir acompañadas de financiación.

Página 26

El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella, gracias por su capacidad de síntesis que esta Presidencia valora en sus justos términos.


Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: Señorías, una vez más abordamos el tema de la hepatitis C, que es una cuestión de enorme importancia, pero escuchando la intervención de la proponente parece que no se ha avanzado nada. Nada más lejos de la
realidad, porque sabe usted, señora Pérez, que lo que solicitan los dos primeros puntos de su petitum es algo que ya sido perfectamente resuelto por el Ministerio de Sanidad con la elaboración del plan estratégico. Por cierto, se trata de un plan
elaborado por un magnífico equipo de expertos siguiendo únicamente criterios científicos, por lo que me sorprende que usted lo denoste, como ha hecho hoy aquí, puesto que todos los expertos nacionales e internacionales han reconocido la bonanza del
mismo. Por tanto, le pediría mayor respeto para los profesionales, que seguramente sabrán de este tema más que usted y yo (Aplausos). Además, este plan no se centra solo en los tratamientos, cuestión muy importante, sino que habla de detección
precoz, de prevención y de investigación, algo de lo que curiosamente ustedes nunca hablan. Este es un plan para conseguir el principio del fin de la enfermedad, y eso, no sé por qué, insisto, es algo de lo que ustedes nunca hablan, probablemente
porque si lo hicieran tendrían que reconocer sus bondades. Este plan se encuentra pendiente de aprobación por las comunidades autónomas, precisamente en el Consejo interterritorial que se celebrará mañana. Por eso, presentamos nuestra enmienda,
porque pedimos que ese plan sea tratado.


Incurre usted en cierta contradicción, porque en su propuesta pide que sean tratados los pacientes en fibrosis de grado F3 y F4 y nosotros vamos más allá, porque estamos diciendo que también van a ser tratados inmediatamente los de grado F2.
Además decimos que con independencia del grado se va a tratar a mujeres en edad fértil con deseo de embarazo y a pacientes con elevado grado de transmisión de la infección, y que esas personas van a recibir el tratamiento en un plazo máximo de tres
semanas. Usted se opone a eso. Realmente no entiendo cuál es la intención de su PNL. Con este plan se trata de garantizar en términos de equidad que todos puedan recibir los tratamientos. A todo esto se une el hecho de que el Ministerio de
Sanidad, el Gobierno de España, ha incorporado al sistema sanitario público todo el arsenal terapéutico que ha ido apareciendo. Le recuerdo que el próximo 1 de abril se incorporarán otras tres nuevas combinaciones que parece que son más avanzadas,
Harvoni, Vikerax y Exviera, por lo que a lo mejor empieza a no tener sentido centrar toda la atención en un único medicamento como están haciendo ustedes. Igualmente el Gobierno de España, el ministerio, ha resuelto el tema de la financiación del
medicamento gracias a la negociación llevada a cabo con la industria y a los ahorros generados con las medidas puestas en marcha. Esto va a permitir que las comunidades no tengan problema para atender a esas 52.000 personas, porque han sido las
propias comunidades autónomas las que han dicho que están en estos grados. Vuelvo a repetir que usted juega aquí con unas cifras y desconozco de dónde las ha sacado, puesto que los datos que actualmente tiene el ministerio de las personas que se
están tratando son los que han facilitado las comunidades autónomas; digo yo que alguna fiabilidad tendrán, porque son de todos los signos políticos. Por tanto, no hace falta establecer un fondo específico. Aún así, el Gobierno ha puesto a
disposición de las comunidades autónomas, a través del Ministerio de Hacienda, un mecanismo para acceder a la financiación en caso de que alguna lo necesitara, sin necesidad de acudir a una medida tan extraordinaria, a la que ahora me sorprende que
se sumen algunos grupos parlamentarios, como la de emitir una licencia obligatoria, por cierto, para un solo medicamento, cuestión que creo que, además de no tener soporte jurídico, conllevaría más retraso en su dispensación a los paciente, lo que
podría suponer mayores perjuicios. Todo esto cuando, insisto, la aparición de nuevas fórmulas puede hacer cambiar la situación.


No tiene razón de ser que siga intentando transmitir a la sociedad, especialmente a los afectados, un mensaje tan absolutamente negativo, cuando lo cierto es que el Gobierno de España ha dado la mejor de las soluciones posibles en un plazo
récord de tres meses, a pesar de que es un problema que se conoce en nuestro país desde hace más de veinticinco años y de que nadie había hecho nada. Como digo —termino, señor presidente—, no sé qué objetivo se persigue con ese mensaje. Usted pide
que se cambien los criterios científicos que en su día se aprobaron, y ya se ha hecho; pide que se trate a los pacientes en grados F3 y F4, y yo le digo que más, que F2 y grupos de riesgo. ¿Por qué se sigue negando esa realidad y se trata de
trasladar otro mensaje? Le pedimos que acepte nuestra enmienda, porque si este plan se aprueba definitivamente mañana podrá comenzar a aplicarse y los únicos beneficiados serán los pacientes. (Aplausos).

Página 27

El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Siento no compartir la tranquilidad del Grupo Parlamentario Popular con respecto a esta materia, pero sí comparto la intranquilidad con los pacientes, con los países miembros de la Unión Europea y con el propio
Parlamento de Estados Unidos, que ha dicho que por su precio estos fármacos son una amenaza para el sistema de salud; sistema que es mucho menor que el nuestro y que, por tanto, tiene menores requisitos.


Es posible reconocer el avance que ha supuesto la estrategia integral en relación con las dos estrategias anteriores —llevamos tres, señorías, una estrategia terapéutica, otra estrategia y ahora la integral— con criterios clínicos, pero al
mismo tiempo reconocer sus riesgos. El principal riesgo, el talón de Aquiles de la estrategia nacional en materia de lucha contra le hepatitis C es el crédito Montoro. Este es el talón de Aquilles. Parece que ustedes desconectan el crédito
Montoro del anuncio de intervención de la sanidad de las comunidades autónomas y, sobre todo, del gasto farmacéutico de las comunidades autónomas. Es un tema serio. En todo caso, no me voy muy lejos de esta casa. Hay personas en esta casa, en
esta, donde estamos hoy, con F4, cirrosis, a los cuales se les niega el tratamiento con los nuevos fármacos. No me hablen de historias. Si hubiera espíritu y voluntad de cumplir la estrategia integral, estas personas ya hubieran sido tratadas.
Tendrían un plazo de tratamiento ya. Sin embargo, no es así. Le digo lo mismo en instituciones penitenciarias, donde tenemos la competencia exclusiva, tampoco. Tenemos un problema y no solamente se soluciona diciendo que nuestro Gobierno es muy
inteligente, que ha negociado muy bien y que ha engañado a las farmacéuticas mejor que Francia, que Alemania y que los Estados Unidos, no me lo creo. Además de valorar positivamente la estrategia hay que tener un poco de humildad y saber que en
esta materia nos estamos jugando el futuro del sistema de salud tal y como lo conocemos, porque estos precios son inasumibles. Vamos a tener que utilizar otros procedimientos. Entre ellos, probablemente, lo que se ha dicho de la licencia
obligatoria, lo que acabamos de aprobar en el Congreso, la compra conjunta en el marco de la Unión Europea. Utilicemos esos procedimientos y seamos un poco más humildes.


El señor PRESIDENTE: Finaliza el turno de fijación el señor Martínez Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Quiero anunciar que vamos a apoyar la iniciativa que presenta el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Mixto y quiero señalar que la aceptación de la enmienda de Convergència i Unió por los proponentes enriquece y
centra perfectamente la situación. Esta va a ser una cuestión en la que la historia del futuro de la sanidad española va a estar marcada por lo que se ha venido haciendo en esta materia y hay que dejar claramente fijadas las posiciones. El
Gobierno en esta materia está acertando cuando rectifica. El problema es que se ha perdido un tiempo precioso que perjudica y ha perjudicado a los pacientes. El Plan estratégico que se va a aprobar mañana de manera definitiva tiene carencias,
aunque está bien una parte importante de lo que plantea, pero quiero señalarle las carencias, porque también incumple lo que en su momento comprometió el ministro en esta sede en concreto con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene que incorporar
a las sociedades científicas de atención primaria y a las sociedades científicas de salud pública, porque hay una parte importante de la tarea que hay que hacer en la lucha frente a esta enfermedad que va vinculada al trabajo de atención primaria y
a la estrategia de prevención y de detección precoz. En segundo lugar, porque además el impacto económico que puede tener la aplicación de este plan si uno se fija en las propias cifras que dan los autores del plan puede variar enormemente.
Incluso con el préstamo que el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a hacer a las comunidades autónomas, que no es una buena solución, puede ser mucho mayor el coste. El problema es que cualquier observador ajeno al plan no puede llegar a la
conclusión que llega el Gobierno de que va a tener un impacto de 727 millones, porque no hay ni un dato que lo argumente. Uno tiene que creerse lo que dice el ministerio. Me lo voy a creer, pero es opaco. No se sabe qué precio se ha pactado para
los fármacos. Cuando decía que el tiempo demuestra que las rectificaciones es cuando acierta el Gobierno demuestra que el precio de los fármacos, cuando se fijó hace pocos meses, era excesivo y probablemente con otro planteamiento podría haber sido
menor. En cualquier caso, señor presidente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero vamos a pensar en que los pacientes tengan derecho a los tratamientos según se establece en el plan de manera inmediata. Quiero subrayar que en lo que tiene
que ver con las competencias de la Administración General del Estado, es urgente que a los pacientes que están en instituciones penitenciarias se les aplique este plan desde el punto de vista asistencial en toda su dimensión.

Página 28

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate vamos a proceder a la votación. ¿Están los grupos preparados para votar? (Asentimiento). Procedemos a la votación. Si les parece bien a los distintos portavoces, por no leer los títulos lo
haremos por los números. Punto número 1, autor Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 3 del orden del día. Se vota la enmienda transaccional entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 13; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos a continuación el punto número 4 del orden del día. En sus propios términos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Punto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la enmienda transaccional entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Punto 6 del orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto número 7, del Grupo Parlamentario Popular. En sus propios términos.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Votamos el punto número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto número 9 del orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto, que incorpora la enmienda de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Por último, votamos el punto número 10 del orden del día, cuyo autor es el Grupo de La Izquierda Plural. Votamos una enmienda transaccional pactada con el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.