CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 765

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 36

celebrada el lunes,

16 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


— Elección de la Secretaría segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000018) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


— Para incrementar las pensiones de viudedad y mejorar su tratamiento fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000507) ... (Página2)


— Sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003226) ... (Página6)


— Relativa a la derogación de la reforma laboral y de apoyoo a los empleados públicos afectados, especialmente a los expedientados por el Ayuntamiento de Estepona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/003244) ... (Página11)


— Sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas discapacitadas en cualquier momento de su vida. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente
161/003330) ... (Página14)


— Relativa a la conversión de las horas extraordinarias en creación de empleo y en la mejora del empleo existente. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003484) ... href='#(Página18)'>(Página18)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


— ELECCIÓN DE LA SECRETARIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000018).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Aprovecho para recordarles que el próximo martes día 24, por la mañana, celebraremos una nueva sesión de la Comisión que tendrá
por objeto la comparecencia de la secretaria de Estado de Empleo. Se lo digo para que lo tengan en consideración a efectos de agenda.


El primer punto es la elección de la secretaria segunda de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social. La persona propuesta, que sustituye a un miembro del Grupo Parlamentario Socialista, es Isabel López i Chamosa. Aunque es una persona
desconocida en la Comisión (Risas). me atrevería a pedir que su nombramiento se ratifique por asentimiento. ¿Algún grupo parlamentario tiene algo que objetar? (Denegaciones). ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).


En ese caso, le doy la enhorabuena. Creo que es mejor tenerla aquí en la Mesa que ahí abajo, porque no nos va…(Risas). Es lo que pienso, pero todo es posible. Es una antigua compañera de Comisión a la que apreciamos mucho y a la que le
pido que ocupe su lugar y que desde este momento sea denominada como secretaria de la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— PARA INCREMENTAR LAS PENSIONES DE VIUDEDAD Y MEJORAR SU TRATAMIENTO FISCAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000507).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. La primera de ellas es para incrementar las pensiones de viudedad y mejorar su tratamiento fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, presentada por el Grupo de Convergència i Unió, que a su vez es autor de la única enmienda presentada.


Quiero recordarles —aunque ya lo saben todos ustedes—, a fin de regular el debate, que para presentar la iniciativa dispondrán de siete minutos, para defender las enmiendas, cinco minutos —daremos ocho minutos al señor Campuzano, aunque
seguro que le sobra tiempo para defender con la habilidad que le caracteriza su proposición no de ley—, y para fijar posición tendrán tres minutos. No obstante, con independencia de lo que dure el debate, en ningún caso votaremos antes de las 18:30
horas.


Para defender la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Presentamos esta proposición no de ley que reabre en el Congreso de los Diputados el debate de la regulación de la pensión de viudedad. La regulación y las cuantías de la pensión de viudedad han sido objeto de
discusión en esta Cámara durante unas cuantas legislaturas, pero ciertamente —si me equivoco, ruego que alguien me corrija— en esta que termina no ha sido objeto de los mismos debates que en las anteriores.


La discusión de la pensión de viudedad siempre ha tenido dos dimensiones. Por un lado, la reforma integral de esta prestación, vistos los cambios a los que ha estado sometida nuestra sociedad y la configuración de la pensión de viudedad en
los términos actuales. Sin lugar a dudas, en los tiempos en los que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no era tan importante como en la actualidad, para millones de mujeres la pensión de viudedad era la principal vía de acceso a
su protección social una vez que dejaban de convivir con su marido; es decir, subsistían con la pensión que había generado su marido. Esta cuestión la hemos planteado en varias ocasiones en el Pacto de Toledo, pero no hemos conseguido
encarrilarla. Por otro lado, la necesidad de mejorar las cuantías para las viudas ya mayores,

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incrementando la base reguladora sobre la que se calcula la pensión de viudedad, para que tengan mayor acceso a esta protección social.


Esta cuestión fue objeto de importantes iniciativas ciudadanas, que incluso llevaron a que en tiempos de la mayoría absoluta del Gobierno popular se aumentase por primera vez la base reguladora de la pensión de viudedad del 45 al 52 %; si
no recuerdo mal, fue en la época en la que el señor Camps era secretario de Estado de la Seguridad Social. Esto representó una mejora sustancial de esta regulación. Fruto de diversas iniciativas parlamentarias presentadas en la pasada legislatura,
en las que se planteaba alcanzar el 60 % de la base reguladora, en la reforma de las pensiones del año 2011 el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista alcanzaron un acuerdo que se reflejó en el proyecto de ley en el que se establecía que
el Gobierno adoptará legalmente las medidas oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 %, cuando en la persona beneficiaria concurran determinados requisitos.
Por tanto, en la Ley 27/2011 se establecía un mandato reglamentario para alcanzar de forma paulatina, en una serie de años, el 60 % de la base reguladora y se incluían algunas limitaciones para ello. Concretamente se decía —es relevante— que los
rendimientos de rentas percibidas diferentes de los arriba señalados no superen en cómputo anual el límite de ingresos que está establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. Se trataba de establecer una cierta
limitación para evitar situaciones que podían ser injustas en función del carácter contributivo de nuestro sistema de pensiones. El 60 % de la base reguladora era un compromiso importante que iba a resolver parte del problema que teníamos en
relación con la pensión de viudedad.


Cuando analizábamos la capacidad del sistema público de pensiones de reducir el riesgo de pobreza entre las personas mayores, antes de la crisis identificábamos uno de los principales colectivos menos protegidos, que era el de las mujeres
mayores que vivían solas y que tenían como principal sustento su pensión de viudedad. Planteábamos esta propuesta para reducir el riesgo de pobreza de este colectivo. Una de las cosas que ha sucedido durante los años de la crisis ha sido que entre
las personas mayores ha disminuido el riesgo de ser pobres, no tanto porque sus pensiones hayan mejorado, sino porque estaban mejor protegidos que aquellas familias en las que todos sus miembros estaban desempleados o en las que el principal
responsable de la economía familiar había perdido su trabajo o no tenía ningún ingreso. Es bueno recordar que justo antes de la crisis, en 2008 o en 2009, el riesgo de pobreza entre las mujeres mayores de sesenta y cinco años estaba alrededor del
30 %, y en los datos del INE de 2013 se reduce hasta el 13,4 %. ¿Quiere decir eso que las mujeres mayores de sesenta y cinco años están mejor que en 2008 o en 2009? Ni mucho menos, porque si uno mira la pensión media de viudedad que cobran más de
millón y medio de personas verá que está en 668 euros al mes; lo que sucede es que las pensiones son un gran protector de las familias porque han garantizado rentas. Esas cifras nos podían hacer pensar que el problema de la pobreza vinculada a
mujeres solas ha desaparecido, y eso no es cierto. Los propios datos del INE nos indican que en el colectivo de mujeres mayores solas el índice de pobreza alcanza el 27 %, que está asociado precisamente a las pensiones de viudedad de baja cuantía.


En la Ley de 2011 introdujimos ese mandato y durante esta legislatura, en las sucesivas leyes de presupuestos, el Gobierno ha ido aplazando su entrada en vigor. Podía haber tenido sentido que en los primeros tiempos de la crisis eso no se
resolviese, pero en un momento en el que el propio Gobierno está hablando de recuperación económica, mi grupo entiende que aquello que la ley comprometió en 2011, que es la mejora de la pensión de viudedad hasta alcanzar el 60 % de la base
reguladora de la pensión del causante, debe empezar a aplicarse. Las viudas también tienen derecho a beneficiarse del inicio de la recuperación económica. Por tanto, esa cuestión que hemos ido aparcando en distintas ocasiones, y que en 2011 por
fin conseguimos incorporar en un mandato legal, debe cumplirse.


En la disposición adicional trigésima, en la que se avanzaba en este objetivo, también resolvíamos otra cuestión —lo habíamos planteado con el Partido Popular en distintas ocasiones—, que era mejorar el trato fiscal de las personas viudas
que compatibilizan su pensión de viudedad con rentas de trabajo. La configuración del IRPF en relación con la pensión de viudedad hace que casi todo lo que las viudas y viudos reciben como pensión deban pagarlo como impuesto y, por tanto, la
protección social que se pretende con dicha pensión no se puede alcanzar. Por ese trato fiscal, las viudas y los viudos activos no se podían beneficiar de la protección de la pensión. Después de muchas discusiones, alcanzamos un acuerdo con el
anterior Gobierno para resolver esa cuestión, que también ha quedado aplazado. Podíamos entenderlo cuando comenzó la legislatura, en tiempos de crisis, pero hoy, cuando el Gobierno habla de recuperación económica, es cuando toca mejorar el trato
fiscal de las viudas y viudos activos. Es un

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mandato de la Ley 27/2011 que se ha ido aplazando en las sucesivas leyes de presupuestos, pero ahora toca dar respuesta de una vez por todas.


Lo que pretende la enmienda que plantea Convergència i Unió es actualizar el contenido de esta iniciativa, porque cuando la planteamos, si no recuerdo mal, solo se había producido el aplazamiento en la Ley de Presupuestos del año 2012, y lo
que queremos es darle un contenido formal respecto a los sucesivos aplazamientos que el Gobierno ha ido introduciendo. Espero que el grupo de la mayoría sea sensible a esta demanda y que activemos por fin esa mejora en la cuantía de la pensión de
viudedad y en el trato fiscal a los viudos y viudas más jóvenes.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).


Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: El problema de la escasa cuantía de las pensiones de viudedad es conocido desde hace tiempo en los ámbitos académico y político; ha sido objeto de frecuentes debates en el pasado y hay numerosos estudios académicos
que lo asocian incluso con el problema de la pobreza, mostrando situaciones, especialmente entre mujeres, en las que pese a cobrar una pensión de viudedad se hallan casi en la pobreza. Por eso, el que la disposición adicional trigésima de Ley
27/2011 contemplase una progresiva mejora de esas pensiones de viudedad en determinadas circunstancias o un mejor tratamiento fiscal supuso el reconocimiento de este problema. Hace algo más de tres años el Gobierno suspendió sine die esas
previsiones de mejora, lo que para mi grupo fue un error, incluso en las circunstancias en las que se adoptó la medida, porque cuando hubo que ajustar el gasto público se hizo en aquellas partidas socialmente más sensibles, haciendo recaer los
costes sociales de la crisis sobre los grupos más débiles de la sociedad. Pero si esto nos pareció criticable hace tres años, más criticable nos parece su mantenimiento tres años después. Por eso, creemos que tiene mucho sentido replantear una
medida que en su momento, en nuestra opinión, ni siquiera debió adoptarse.


Para Unión Progreso y Democracia esta medida debería formar parte de una reforma más amplia. Si recuerdan sus señorías, cuando debatimos la reforma del sistema de pensiones una de nuestras propuestas fue que estas pensiones de viudedad u
orfandad se financiasen por vía presupuestaria como una forma de aumentar los recursos del sistema de Seguridad Social. Pero incluso esta versión parcial que plantea el Grupo de Convergéncia i Unió nos parece una propuesta acertada y la votaremos
favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: La PNL de Convergència i Unió plantea una realidad, que creo que todos podemos coincidir en que es socialmente insostenible, que es la situación concreta especialmente de las mujeres con pensión de viudedad.
Además, nos presenta una propuesta que tiene toda su lógica jurídica y política. A pesar de las mejoras que se produjeron en su momento, y que nos acaba de recordar el señor Campuzano, fruto de un acuerdo de concertación social, la disposición
adicional novena de la Ley 27/2011 incluía un mandato político y legal al Gobierno, con todo lo que ello significa. Es verdad que es habitual que los Gobiernos no cumplan ni los mandatos del Parlamento, pero no deberíamos acostumbrarnos a ello.
Quiero recordar, para poner de manifiesto la característica de la política que ha practicado este Gobierno, que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno del señor Rajoy, concretamente en el Real Decreto-ley 20/2011, fue dejar en
suspenso la aplicación de esa disposición. Es verdad que como consecuencia de la mejora de las bases de cotización de los activos algunas de esas pensiones de viudedad han tenido una determinada mejora, pero en estos momentos nos volvemos a
encontrar con que el deterioro de esas bases de cotización de los activos está provocando que indirectamente también se vean afectadas las personas viudas, mayoritariamente mujeres. Creo que si en su momento no fue un argumento, ahora lo sería
menos, porque la situación económica debería permitir abordar esa cuestión.


En relación con el tratamiento fiscal, déjenme que les diga que tengo alguna duda sobre que la solución al trato social de las pensiones de viudedad pase por buscar un específico trato fiscal. Deberíamos ser cuidados al ir adoptando medidas
puntuales, cada una de ellas en forma de parche, en el tratamiento fiscal, porque puede romperse la equidad. Como es evidente que la situación en la que se encuentran las perceptoras de la pensión de viudedad es de una gran fragilidad, nos parece
razonable lo que nos plantea Convergència i Unió, que es buscar mecanismos para no penalizar fiscalmente aún más a esas personas,

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porque en ese mandato genérico hay un cierto margen para ello. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición.


Antes de finalizar, quiero decir a esta Comisión, que posiblemente es la que puede adoptar alguna iniciativa en ese sentido, que debemos ser conscientes de que si hay algún aspecto de la Seguridad Social que continúa sin ser abordado en
profundidad es el de las pensiones de viudedad. Prácticamente está todo tocado, pero estamos con la estructura de 1967, en el mejor de los casos de 1978, y no se han abordado esos los cambios sociales. Desde el punto de vista de la Seguridad
Social es la gran asignatura que tiene pendiente este país y esperemos que en algún momento exista el ambiente social y político que permita abordarlo, porque, además de esa discriminación genérica y profunda de las mujeres que perciben pensiones de
viudedad, se dan situaciones insostenibles. No solo hay un agravio comparativo entre las viudas y otros sectores sociales, porque prácticamente se les lleva a una situación de pobreza, sino que dentro del colectivo de las viudas, tal como está en
estos momentos el tratamiento, hay situaciones que no se aguantan en términos de equidad. A ver si en algún momento entre todos somos capaces de abordar este tema en profundidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Siempre digo que la pensión de viudedad es la más injusta del sistema y la más generosa. Es la más injusta porque permite que especialmente las mujeres mayores de sesenta y cinco años vivan con la pensión mínima
de 620 euros. Uno de los esfuerzos más importante que se hizo durante los años de Gobiernos socialistas fue precisamente subir las pensiones mínimas por encima del IPC para garantizar a la gente una mejoría. Es más, se creó la pensión unipersonal
para poder subir la pensión mínima a las viudas que viven solas. El objetivo era subir lo que le correspondiera de IPC más 20 euros al año. Evidentemente, llegó el Gobierno del Partido Popular y todo esto se suspendió. También digo que la pensión
de viudedad es muy generosa porque resulta que la cobra gente que trabaja y que tiene un buen salario; las pensiones de viudedad las cobran los hombres y las mujeres y es compatible con el trabajo o con cualquier otra cosa. Hay personas que están
trabajando y que siguen cobrando pensión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué sentido tiene que Isabel Pantoja —respeto profundamente a esta mujer— cobre pensión desde que es viuda? Soy de las que pienso que hay que hacer una reconversión
importante de la pensión de viudedad, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay casi 2.400.000 personas que cobran pensión de viudedad, pero solo 260.000 o 270.000 son hombres.


No compartimos la idea de sacar la pensión de viudedad del sistema. Debemos tener en cuenta que es una pensión contributiva, es decir, viene derivada de alguien que ha contribuido. Por tanto, no se la puede sacar del sistema, convertirla
en no contributiva y pagar a todo el mundo igual, puesto que si tenemos que pagar de los impuestos de todos, no podemos pagar a unos más que a otros. ¡Ojo!, que esta es una pensión contributiva y debe seguir siéndolo. A lo mejor dentro de veinte
años lo podemos hacer, porque entonces las mujeres estaremos más incorporadas al mercado de trabajo y tendremos más pensión propia, pero ahora mismo solo el 30 % de las viudas tiene pensión propia además de la de viudedad y el 70 % no tiene ningún
otro ingreso. Nosotros apoyamos esta iniciativa, y lo pusimos en la ley, porque creemos que no se puede tratar igual a una viuda mayor de sesenta y cinco años que no tiene otro ingreso más que este que a otra que está trabajando o que tiene pensión
propia. Por eso hablamos de esta diferenciación, que apoyaremos y esperamos que algún día podamos ver cumplida.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones en esta proposición no de ley, tiene la palabra doña Paz Lago, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora LAGO MARTÍNEZ: Señorías, no es la primera vez que en esta legislatura tratamos el tema que ocupa la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es más, no es la primera vez que este grupo
presenta una iniciativa sobre este tema. Recordemos que con fecha 28 de marzo de 2012 ya presentaron una PNL en Comisión en la cual proponían derogar la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 20/2011, del 30 de diciembre. También cabe
recordar las proposiciones, debatidas en la Comisión, del Grupo Vasco, del Grupo Socialista y del Grupo de La Izquierda Plural, siendo aprobadas las dos primeras con un texto único. En dicho debate, el Grupo Parlamentario Popular manifestó la
imposibilidad de asumir el compromiso de cumplir con la disposición adicional trigésima. Esto, señorías, responde únicamente a un ejercicio de responsabilidad y no a falta de

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sensibilidad hacia el tema, como algunos de ustedes pretenden hacer ver. Todos tenemos familiares y amigos que cobran esa pensión, por lo que conocemos de primera mano de lo que estamos hablando.


Como ha dicho el proponente en su intervención, es necesario aclarar que aunque fue un Gobierno socialista el que dio luz verde a la disposición adicional trigésima, el único que subió la base reguladora de las pensiones del 45 al 52 % fue
el Gobierno del Partido Popular. Desde entonces no se han tocado, aun cuando el contexto económico era mucho más favorable. Como todos sabemos, la disposición adicional trigésima estableció que el Gobierno adoptaría las medidas reglamentarias
oportunas para la aplicación paulatina del 60 % de la base reguladora de la pensión de viudedad cuando la persona beneficiada reuniera determinados requisitos. Además, traslada a la normativa de la Seguridad Social la recomendación número 13 del
Pacto de Toledo en cuanto a la necesidad de la mejora de la acción protectora de la pensión de viudedad en los beneficiarios mayores de sesenta y cinco años que no perciban otra pensión pública. Pero paralelamente a esta hoja de ruta fue necesario,
como saben, que el Gobierno adoptara una serie de medidas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que obedecen a la importante desviación del saldo presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas para el ejercicio de
2011 respecto al objetivo de estabilidad comprometido.


El Grupo Parlamentario Popular entiende que el Gobierno sigue manteniendo su compromiso con el sistema de pensiones, aunque no haya podido poner en funcionamiento la acción que recoge la disposición adicional trigésima. Prueba de ello es
que, a pesar de habernos encontrado una realidad económica muy compleja, gracias a la reforma del Gobierno del Partido Popular nunca se podrán volver a congelar las pensiones. Es cierto que las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado
han ido aplazando la aplicación de lo establecido en dicha disposición adicional, la última, la del pasado mes de diciembre, en virtud de la disposición adicional novena de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015. Estos aplazamientos, señor Campuzano, se han debido a que las circunstancias económicas por las que venía atravesando el país no han permitido la elevación de la protección social en la medida en la que hubiera sido deseable,
teniendo en cuenta que la entrada en vigor de dicha medida lleva aparejado el abono durante toda su duración del correspondiente aumento de la prestación. En consecuencia, el nuevo aplazamiento, que no supresión —reitero, no supresión—, contenido
en la Ley 36/2014, tiene incidencia directa y conexión con la política de contención del gasto de la Seguridad Social.


Finalizo ya. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, después de valorada la enmienda presentada por el grupo proponente, no apoyará la iniciativa, recalcando que se debe a que en este momento no es viable mayor compromiso de
gasto público mediante la puesta en funcionamiento de la medida que estamos tratando.


— SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003226).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, debate de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral.


Para la defensa de la proposición, tiene la palabra doña Teresa Rodríguez Barahona.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: La realidad es que, después de seis años de durísima crisis económica, los datos oficiales nos indican sistemáticamente que en el último año se han creado 433.900 empleos. Como todos los ciudadanos de bien,
nuestro grupo se alegra de cada uno de los empleos que se crean en el país, pero también tenemos que decir que no es posible compartir el entusiasmo que se expresa desde las instancias gubernamentales. Es imposible, porque el mercado laboral
español presenta tres características negativas muy importantes: primero, la ultratemporalidad y los empleos precarios; segundo, salarios de pobreza y, tercero y en consecuencia, bajas pensiones en un horizonte de muy serias dificultades para
nuestro sistema público de pensiones. Estamos asistiendo —lo vemos con claridad— a un cambio de modelo de país, un cambio promovido desde bases ideológicas, que por tanto no es consecuencia de la crisis, sino de la elección de políticas económicas
y legislaciones laborales muy definidas. La degradación de las condiciones laborales, elevada a partir de la reforma laboral de 2012 a problema estructural de nuestro mercado de trabajo, encuentra su máxima expresión en la extralimitación de la
jornada de trabajo, mediante la realización de horas extraordinarias legales e ilegales, y en el trabajo

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a tiempo parcial, fuera de control por la combinación de desregulación, erosión de la negociación colectiva y debilitamiento de la acción sindical, elementos que sitúan a la persona trabajadora al albur de los dictados del empleador; una
extralimitación horaria que además incide en una mayor devaluación salarial, componente inescindible de la pérdida de calidad de nuestro mercado de trabajo. Señorías, el 34 % de las personas que trabajan en España percibe salarios equivalentes al
salario mínimo interprofesional —648 euros al mes— y casi la mitad percibe salarios de poco menos de 900 euros al mes. Los bajos salarios obligan a la persona trabajadora a realizar horas extras, viéndose sumergida en un círculo vicioso de
precariedad laboral de difícil salida y en la cada vez más extendida sensación de absoluta desprotección ante comportamientos ilícitos de parte del empresariado y de verdadera explotación laboral. Fue la reforma laboral de 2012, a la que antes
hacía referencia, la que produjo, entre otros efectos, una desregulación del mercado laboral, provocando la ruptura del equilibrio de las relaciones laborales, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empleador en la fijación de las
condiciones de las mismas, incluidas las salariales, y desarticulando la negociación colectiva, que es fundamental en la determinación del tiempo de trabajo. Esa reforma laboral fue la que permitió la realización de horas extraordinarias en los
contratos a tiempo parcial. Es verdad que posteriormente estas horas extraordinarias quedaron prohibidas en el Real Decreto-ley 16/2013, pero en esta norma se articularon dos vías para prolongar la duración de la jornada laboral —las horas
complementarias pactadas y las horas complementarias voluntarias—, cuyo cúmulo permite que se pueda alcanzar una jornada de hasta el 90 % de la jornada ordinaria. Esta permisividad en la amplitud horaria, unida a la posibilidad de distribución
irregular de la jornada de hasta el 10 % —también modificada en el mismo real decreto-ley— y la mayor discrecionalidad del empresario en la concreción de los tiempos para su realización, pone las bases para la sustitución de un contrato indefinido a
tiempo completo por un contrato parcial fuera de control legal. Nos encontramos por tanto ante un modus operandi cada vez más extendido, por el que la extralimitación de la duración de la jornada se convierte en regla general y el trabajo a tiempo
parcial, por mandato legal, se convierte en tiempo completo, un tiempo que además queda fuera de los estándares generales de la regulación del tiempo de trabajo, relegado a la esfera de los contratos individuales de trabajo y sometido casi en
exclusiva a los dictados del empresario. Bien, las irregularidades que de todo ello se derivan suponen una grave lesión a los derechos sociales y laborales y un fraude a las arcas de la Seguridad Social.


El desarrollo de las razones que sustentan la presentación de esta proposición no de ley por parte de mi grupo desbordan el tiempo del que reglamentariamente disponemos. Entendemos que son razones fundamentales, pero, por economía de los
tiempos de trabajo de esta Comisión, no me voy a extender mucho en ellas y voy a pasar a resumir la parte resolutiva de la proposición. En ella planteamos que se actúe urgentemente y con carácter prioritario, entre otras medidas, en una doble
dirección: primero, promoviendo un plan específico para frenar los daños derivados de las reformas acometidas en el ámbito sociolaboral en el año 2012, con un plan de acciones específicas para combatir los excesos de jornada y reforzar de forma
efectiva y real la vigilancia y el cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, algo que en este momento no se está haciendo, y segundo, abordando, en diálogo con los interlocutores sociales, que para nosotros es algo esencial, una nueva
regulación del trabajo a tiempo parcial que sea homologable a la existente en otros países europeos y que corrija la situación creada por la desregulación efectuada por la Ley 3/2013 y su desarrollo posterior. Estos son los objetivos de la
proposición no de ley, para cuya aprobación solicito, en nombre de mi grupo, el apoyo de los grupos parlamentarios, objetivos que —insisto— están muy determinados en el texto de la misma.


En todo caso, antes de acabar, si me lo permite el señor presidente, quiero hacer una última consideración y una especial petición al Grupo Popular. El alcalde de mi ciudad lleva unos meses embarcado en una febril campaña para acabar con lo
que él califica de fraude a las ayudas sociales. La campaña se inició con una denuncia pública del propio alcalde, señalando a los miembros de dos comunidades de inmigrantes —marroquíes y argelinos específicamente— como perceptores de dichas ayudas
en permanente situación fraudulenta. Ante la polémica política surgida, la denuncia se cambió por la constitución de una plataforma ciudadana para la recogida de firmas solicitando el cambio de condiciones para percibir dichas ayudas, lo que
supondría no tanto la mejora de su control —ya que existen los mecanismos oportunos y solo hay que activarlos adecuadamente— como un verdadero recorte en las ayudas sociales a las personas en situaciones más difíciles. En la recogida de firmas
populares participan con su apoyo explícito el alcalde y los miembros de su partido, con la consiguiente cobertura gráfica en los medios locales. Mi ciudad es Vitoria, su alcalde es don Javier Maroto, del Partido Popular, y el presidente del
Partido Popular de Álava, que apoya sin fisuras esta iniciativa, es el también diputado de esta Cámara

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y ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Alfonso Alonso. Pues bien, hoy, el Grupo Socialista, que tiene el apoyo de millones de votantes, presenta una proposición no de ley que es una magnífica oportunidad para que el Grupo
Popular la apoye sin necesidad de recoger firmas por las calles y demuestre ese entusiasmo en su lucha contra el fraude —fraude a gran escala naturalmente— a las arcas de la Seguridad Social, sobre el que ustedes sí que tienen competencia, porque
hay que decir que las ayudas sobre las que se están pidiendo firmas son competencia del Gobierno vasco. Es también una gran oportunidad para cambiar de normativa y esto es lo más importante. Su recogida de firmas pide un cambio de normativa. Pues
bien, es una gran oportunidad para que demuestren…


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo. Ya ha excedido su tiempo.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Sí, señor presidente.


Es una gran oportunidad para que demuestren su voluntad de atender la demanda de cambio en sus leyes laborales. Hay una gran demanda social, que está en el origen de que cientos de miles de hombres y mujeres, ahora trabajando, y millones de
parados, que están a la expectativa de empleo, tengan que aceptar, por esas leyes, trabajos precarios de ínfima calidad. Por fin estamos saliendo de la crisis, pero es nuestra responsabilidad que no sea a costa de los trabajadores y trabajadoras.


El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda pendiente. ¿Grupos que desean intervenir? Por UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: A menudo, en la vida de las personas, en la vida de las sociedades, se cometen errores imprevisibles y se adoptan decisiones con consecuencias imprevistas, pero no es este el caso que nos ocupa. Quisiera recordar
que mi grupo y la mayoría de los grupos de la oposición, cuando se debatió la reforma laboral y se debatieron las leyes que la han ido desarrollando, avisamos de lo que sucedería con el contrato a tiempo parcial, y no hacía falta una gran capacidad
de previsión para hacer esos pronósticos. Si uno crea un contrato a tiempo parcial que puede tener una jornada similar o prácticamente similar al contrato a tiempo concreto, con horas complementarias o como se quieran llamar; si uno crea un
contrato a tiempo parcial que permite unos menores costes salariales y de cotización a la Seguridad Social; si uno crea un contrato a tiempo parcial con más libertad de distribución horaria, ¿qué cabe esperar? Lo que ha sucedido, esto es, que se
sustituya contratación a tiempo completo por este tipo de contratación a tiempo parcial, que permite trabajar más o menos las mismas horas, con mano de obra más barata y una distribución mucho más flexible de la jornada laboral. Esto se nos quiere
justificar hablando de que en otros países el contrato a tiempo parcial tiene mucho éxito, pero es que las diferencias con otros países son fundamentales, porque tiene mucho éxito precisamente como forma de conciliar la vida familiar y laboral o
como forma de conciliar el trabajo con los estudios. Sin embargo, tal como se ha diseñado en nuestro país, lo que hace es dificultar esa conciliación, al ser tantas horas y distribuidas de manera tan desigual. En otros países, como se usan para
conciliar, los trabajadores y trabajadoras que tienen estos contratos los tienen de forma deseada, mientras que nuestros contratos a tiempo parcial se caracterizan porque un alto porcentaje de los trabajadores y trabajadoras que los tienen los
tienen de forma indeseada. A esto, que es un error de diseño de la legislación, se suma que ni siquiera se cumple la legislación. Hay abusos que hacen que se trabajen más horas de las permitidas legalmente e incluso en ocasiones sin ni siquiera
cobrar por ellas. Por eso, para solucionar este tipo de cuestiones, es necesaria una actuación múltiple en la línea de reformas legales, reformas que hagan que los contratos señalen claramente el horario o limiten el número de horas
complementarias. Nosotros, como saben, querríamos una reforma mucho más a fondo del mercado de trabajo, basada en el contrato indefinido único. Hay que actuar también para evitar los abusos de la legalidad, con más inspección y un mejor diseño de
las sanciones, incluso habría que plantear esto en un contexto más amplio, en la implantación de horarios racionales en nuestro país similares a los de otros países de la Unión Europea. Buena parte de estas cuestiones se recogen en la proposición
no de ley del Grupo Socialista y por eso la votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por diferentes razones. Evidentemente, existe una coincidencia en la identificación del
problema y en su diagnóstico. Además, se presenta con el

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ambicioso objetivo de crear un plan para acabar con la explotación laboral, que sin duda es una de las lacras que se da en estos momentos en nuestro país y que no es un castigo divino, que no es una plaga bíblica, sino que tiene mucho que
ver con opciones económicas, laborales y de política legislativa adoptadas en el último período y, muy especialmente, con la reforma laboral del año 2012. Además, como no se les habrá escapado a ustedes, una gran parte de las propuestas formuladas
en esta proposición no de ley por el Grupo Socialista coincide plenamente con otras presentadas por nuestro grupo de manera simultánea; alguna de ellas, como la que hace referencia a la nueva regulación del contrato a tiempo parcial, ha sido ya
debatida en el Pleno de la Cámara y, desgraciadamente, rechazada por el voto del Partido Popular. Es un planteamiento que consideramos imprescindible. La tendencia hacia una estrategia basada en la precariedad no nació de la reforma laboral de
2012, es anterior, pero esa reforma laboral la incentivó de manera profunda, y la utilización del contrato a tiempo parcial se ha convertido en una verdadera autopista de precarización, con nuevas formas que tienen que ver con un proceso de
alargamiento de la jornada irregular e ilegal, que en muchas ocasiones se ha convertido en la forma habitual de funcionamiento en algunos sectores productivos. Algo parecido sucede con el tratamiento de la prestación por desempleo contributivo en
relación con los contratos a tiempo parcial, donde se produce una clara injusticia. En ese sentido, vuelvo a recordar que eso tampoco cae del cielo, que es la consecuencia de una situación provocada por el Real Decreto-ley 20/2012, que nuestro
grupo ha intentado paliar con otra proposición no de ley que desgraciadamente también obtuvo el rechazo del Pleno de la Cámara.


No puedo dejar de poner de manifiesto en este debate algo curioso. Lo digo porque, ya que parece que estamos en un momento en el que el propio Gobierno insiste mucho en que se trata de revertir las consecuencias negativas de determinadas
decisiones, que tuvieron sin duda un efecto brutal en términos de justicia social, especialmente para las personas paradas, quiero recordar que hay 2 millones de personas sin ningún tipo de prestación y las que la reciben lo hacen en escasa cuantía,
entre ellas las que derivan del contrato a tiempo parcial. Quiero recordar que en aquel nefasto verano de 2012 se produjo un acontecimiento que debe ser único en la historia de la humanidad, y es que los ciudadanos de mi país, en este caso los
españoles, a cambio de poner nuestros impuestos al servicio del rescate de los bancos, recibimos como contrapartida el recorte en las prestaciones de desempleo, porque en esos términos se estableció el memorándum: Ustedes ponen dinero para salvar a
los bancos y nosotros les ofrecemos a cambio recortes en sus derechos establecidos hasta ahora. Por tanto, somos plenamente coincidentes con la iniciativa del Grupo Socialista.


La tercera razón, lo digo con toda sinceridad, es que el hecho de que exista esa coincidencia con los planteamientos, mirando hacia el futuro, nos puede permitir establecer un camino por el cual pueda transitar una futura reversión de esas
reformas, porque me temo que antes de las próximas elecciones generales no va a ser posible revertirlas. Habiendo un plan contra la explotación laboral presentado por el Grupo Socialista, existen expectativas de que en ese camino nos podamos
encontrar en un futuro, previo pronunciamiento de los ciudadanos con su voto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano, por Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, la cuestión de la regulación del trabajo a tiempo parcial ha sido objeto de sucesivas idas y venidas en los últimos años, en un contexto en el que la apuesta compartida por un amplio espectro
parlamentario era la necesidad de equiparar la tasa de tiempo parcial en nuestro mercado de trabajo. Esa era parte de la pretensión de las últimas reformas introducidas en la regulación del tiempo parcial, en el contexto de la necesaria
recuperación del mercado de trabajo, a través de la facilitación de determinadas formas de contratación. Además, es bueno recordar que los cambios introducidos en el tiempo parcial en el Estatuto de los Trabajadores se produjeron en paralelo a las
sentencias europeas que obligaron a mejorar la protección social del tiempo parcial a efectos de pensión, intentando mejorar el otro aspecto crítico del tiempo parcial en España, que era la insuficiente protección social que garantizaba a los
trabajadores que tenían largas carreras en esa fórmula contractual.


Años después de la puesta en marcha de la nueva regulación, están apareciendo dos tipos de críticas. Por un lado, se están produciendo abusos en las condiciones que establecía el nuevo tipo de tiempo parcial en el nuevo contrato de trabajo,
abusos que están preocupando a la propia Inspección de Trabajo y que nos deberían llevar necesariamente a actuaciones específicas de la inspección para combatirlos y, al mismo tiempo, a reforzar los medios que esta tiene para hacerlo. Es probable
que esa regulación que se introdujo para flexibilizar el tiempo parcial hoy necesite una revisión crítica. Quizás el problema no sea exclusivamente el abuso que se puede producir por parte de las empresas, sino que una regulación tan

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flexible como la que se ha introducido permita esos abusos, y todo ello, señorías, en un contexto de ausencia de políticas ambiciosas vinculadas a los servicios a las familias, que es seguramente una de debilidades de nuestro tiempo parcial
frente al tiempo parcial en nuestro entorno europeo. Aquellos países en los que el tiempo parcial está más desarrollado son países en los que los servicios a las familias les permiten compatibilizar de una manera adecuada el trabajo con las
responsabilidades del ámbito familiar. Una regulación muy flexible sin esa política de conciliación, sin esos servicios de racionalización, lleva a lo que hoy nos indican las estadísticas, y es que buena parte de las personas que están en tiempo
parcial no lo hacen porque quieren, sino porque no tienen más remedio.


Por estas razones, mi grupo difícilmente puede apoyar en sus términos la propuesta del Grupo Socialista, porque el debate exigiría entrar mucho más a fondo en las cuestiones. Vamos a abstenernos, pero somos partidarios de proceder a un
análisis a fondo de los cambios normativos, de los impactos que han tenido y de la necesidad de introducir ajustes en los mismos.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Quiero comenzar mi intervención diciendo que esta proposición no de ley que nos traen a la Comisión esta tarde fue debatida con idéntico contenido y rechazada en la sesión plenaria del pasado 16 de diciembre. Por
tanto, ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Popular no la va a apoyar. Voy a tratar de resumir en el tiempo que tengo las razones por las que no la vamos a apoyar, porque son muchas cuestiones las que ustedes han planteado en esta iniciativa.


En primer lugar, nos hablan del incremento claro de horas extraordinarias que, según ustedes, se está produciendo en los contratos a tiempo parcial, de fraude a la Seguridad Social y de irregularidades en el uso de las mismas y nos piden que
figure en el contrato de trabajo el horario del trabajador. Señora Barahona, usted lo ha dicho, el Real Decreto-ley 16/2013 prohibió las horas extraordinarias en este tipo de contratos y son las horas complementarias las únicas que están
permitidas. Además, algo muy importante que nadie ha mencionado aquí esta tarde es que estas horas complementarias son voluntarias, hay que pactarlas previamente y, en todo caso, nunca podrán superar el 30 % de la jornada contratada. Ese mismo
real decreto modificó el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, artículo que establece con absoluta claridad todo lo que debe figurar en el contrato de trabajo —el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año
contratadas y su modo de distribución según lo previsto en convenio colectivo— y recoge unos mecanismos de control muy importantes del tiempo de trabajo; luego, en caso de que se produjera un incumplimiento de la norma, como ustedes están
insinuando en la iniciativa, el camino a seguir no sería otro sino acudir a la Inspección de Trabajo o a los tribunales, porque la normativa en este sentido es muy clara.


Tampoco entiendo cómo pueden hablar de fraude a la Seguridad Social y de que se están dejando de ingresar las cotizaciones sociales devengadas por su realización. Señora Barahona, léase la Ley General de la Seguridad Social, que en su
disposición adicional séptima establece claramente que las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias. Todas las horas trabajadas reciben el mismo tratamiento por lo que a
cotización a la Seguridad Social se refiere; luego, por favor, no hablen de fraude ni de irregularidades en ese sentido, porque no es cierto.


En cuanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nos piden que se incrementen sus actuaciones y sus medios materiales y humanos. Señoría, la Inspección de Trabajo está realizando amplios esfuerzos con carácter permanente para el
control de esta materia, en concreto para la contratación a tiempo parcial, y los datos lo confirman: 13.280 son las actuaciones llevadas a cabo desde enero a noviembre de 2014, un 110 % más que en todo 2013, luego la inspección sí que está
actuando y, como le decía, está realizando amplios esfuerzos. En cuanto al incremento de medios materiales y humanos, es algo que también se está haciendo. Ha habido incorporaciones de inspectores y subinspectores en el 2013 y en el 2014 y también
se verá reforzada la plantilla a lo largo de 2015, lo que sin duda permitirá mejorar los índices de eficacia de todas sus campañas.


Señora Barahona, no me queda más tiempo. Le pediría que todos remásemos en la misma dirección. Este Gobierno está trabajando muy duro y está consiguiendo sacar a España de una situación muy complicada con la ayuda y los sacrificios de toda
la sociedad. La recuperación económica es una realidad. Es verdad que nos queda mucho trabajo por realizar. Queda mucho por hacer hasta que la recuperación llegue hasta esos más de 4 millones de personas que son las que peor lo están pasando en
este momento.

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Por ellas es por quienes tenemos que seguir trabajando todos nosotros, pero desde el consenso, señora Barahona, sumando esfuerzos y, como le decía, remando todos en la misma dirección. (Aplausos).


— RELATIVA A LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y DE APOYOO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AFECTADOS, ESPECIALMENTE A LOS EXPEDIENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/003244).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la reforma laboral y de apoyo a los empleados públicos afectados, especialmente a los
expedientados por el Ayuntamiento de Estepona. Para su defensa va a intervenir el señor Torres Mora. Tiene la palabra.


El señor TORRES MORA: Lord Palmerston, un primer ministro y parlamentario británico, solía decir: He oído muchos discursos que me han hecho cambiar de opinión, pero ninguno me ha hecho cambiar de voto. Señorías, aunque soy un ferviente
defensor de la democracia deliberativa, no soy ingenuo. Sin embargo, los 176 trabajadores municipales despedidos por el Ayuntamiento de Estepona merecen que intentemos con todas nuestras fuerzas que ustedes cambien de opinión y de voto, igual que
lo merecen todos los trabajadores que han sido despedidos por otros ayuntamientos y administraciones públicas, como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno el 10 de febrero de 2012.


Apenas llevaban un mes y medio gobernando cuando aprobaron el Real Decreto 3/2012, en el que por primera vez en nuestra historia una norma legal permitía el despido colectivo en las administraciones públicas. Tanto apresuramiento dio lugar
a una ley que, amén de injusta, resultó ser confusa. Además de generar inseguridad laboral entre los trabajadores en las administraciones públicas, la reforma ha generado inseguridad jurídica. La ley ha sido usada para amparar despidos colectivos,
cuya verdadera intención estaba lejos de la necesidad objetiva, pero cerca de la arbitrariedad. De hecho, resulta inexplicable que la reforma de 2012 prohibiera a las administraciones públicas mecanismos de ajuste de plantillas, como la suspensión
temporal o la reducción de jornada, y solo permitiese los expediente de extinción de empleo, es decir, la única salida que deja la ley a la Administración pública es el despido puro y duro. Esto es inexplicable, salvo que la ley fuera pensada para
lo que está siendo usada, es decir, para desmantelar los servicios públicos y entregarlos al negocio privado. ¿Saben lo que les digo? Que no es descabellado pensar que hicieran tan temprana ley con ese objetivo. Al fin y al cabo llegaron al
Gobierno pletóricos de entusiasmo y de ideología, ideología entendida en el sentido marxista, en el de falsa conciencia de la realidad. Todavía recuerdo cuando anunciaron, en la reforma de las administraciones públicas, que iban a reducir el 30 %
de los concejales para abaratar la Administración. Luego descubrieron que el 80 % de los concejales no cobraban. Tardaron un año, pero rectificaron, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas dijo textualmente: «¿Por qué nos vamos a
privar de esos miles de españoles que quieren trabajar gratis por sus ayuntamientos?» Eso es lo propio del pensamiento ideológico, que con frecuencia te hace ir con gran convicción en contra de tus intereses objetivos. Afortunadamente, en este
caso se dieron cuenta de lo que convenía de verdad y dejaron la ideología a un lado y a los concejales en su sitio. Lástima que con los trabajadores públicos se apresuraran tanto, porque de haberlo pensado un poco más podrían haberlos dejado en sus
empleos. A estas alturas ya hay suficientes datos para saber que la privatización de los servicios públicos no los hace mejores ni más baratos; perjudica a los ciudadanos, que además pagan el beneficio industrial a las empresas privadas que los
gestionan; perjudica a los trabajadores, que tienen peores condiciones de trabajo, y perjudica a la democracia, y no es un prejuicio de izquierdas. Lo peor de todo es que, a medida que más servicios públicos son subcontratados al sector privado,
el Estado va perdiendo destreza en hacer cosas que antes hacía bastante bien, de modo que cada vez más los gobernantes tienen que pagar a consultoras para que les enseñen a hacer cosas que antes sabían hacer. Dice el sociólogo británico Colin
Crouch: «El Gobierno se convierte así en una especie de necio institucional cuyos desinformados movimientos son anticipados por los agentes privados.» No es de extrañar que la gente vea en el desempeño de los gobernantes democráticos una mezcla de
electoralismo barato y de incapacidad para dar verdaderos servicios. Da igual el color político, al final son las empresas concesionarias las que de un modo u otro terminan redactando los pliegos de los concursos de obras y servicios. Ya ven, de
los polvos de la privatización vienen los lodos de la desafección política. Dicen que el ideograma chino que corresponde a la palabra crisis es el mismo que corresponde a la palabra oportunidad, pero lo que no dicen es para quién es la oportunidad
y, a la vista del incremento de las desigualdades sociales a lo largo

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de la crisis, parece evidente para todos que la oportunidad ha sido para quienes tienen riqueza y poder; en Estepona, desde luego, ha sido una gran oportunidad de negocio para algunos empresarios, pero no para los trabajadores municipales.
En el caso de Estepona, se han privatizado la brigada de infraestructuras, el servicio de limpieza de los edificios públicos, el mantenimiento de parques y jardines, la brigada de playas, los cementerios municipales, el saneamiento, la plaza de
toros, las escuelas deportivas municipales, los parques públicos y hasta la campaña de socorrismo de las playas en verano, incluso es posible que el socorrista que te salve te diga: Ha sido gentileza de El Corte Inglés; un sueño para un
neoliberal, sin duda, pero una pesadilla para los trabajadores municipales y sus familias.


Para que la ideología no les nuble los ojos, les diré que después de tres años su ley no ha servido para mejorar la situación del empleo sino para empeorarla. Acabo, señor presidente. Tres años después de la ley, hay 584.000 empleos menos
que en diciembre de 2011 y 174.000 parados más. Lo ven, la ley no ha creado más empleo; la ley facilitó y abarató los despidos y, después de tres años, ahora crece el empleo gracias a que tira el consumo, no a la ley. En fin, también en lo
referente a los trabajadores públicos su reforma laboral es un error que conviene reparar cuanto antes; otro aspecto negativo que añadir al balance de una ley que ha cambiado el modelo de relaciones laborales en nuestro país, provocando una fuerte
precarización del empleo y una importante rebaja de los salarios. Al cabo de tres años es evidente que lo que ha hecho la reforma más que crear empleo neto es repartir el existente. Eso sí, más precario y más barato. En lugar de crear empleo han
degradado el que había. No es para decirlo en esta intervención, pero la realidad de Estepona, que es la de todo nuestro país, haría cambiar la opinión y el voto de Lord Palmerston. Por eso le pedimos que apoyen nuestra proposición no de ley.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Tiene la palabra el señor Anchuelo por UPyD.


El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo comparte alguno de los planteamientos de esta proposición no de ley. Hemos debatido anteriormente los defectos de la reforma laboral del actual Gobierno o en otros debates hemos señalado que no apoyamos la
privatización interesada y, a menudo, ideológica de servicios públicos que tienen más sentido dentro del propio sector público. Dicho todo esto, hay diferencias de fondo fundamentales de mi grupo y el grupo proponente que no puedo dejar de señalar.
Nosotros criticamos la reforma laboral del actual Gobierno, pero el Grupo Socialista una y otra vez nos plantea que hay que derogarla para volver a una situación previa que presenta como idílica y no lo era en absoluto. UPyD es partidario de otra
reforma, de una reforma distinta de la que ha hecho el Gobierno. No tenemos duda de la necesidad de reformar el mercado de trabajo y ahí están las cifras del final de la legislatura anterior para demostrarlo. Otra diferencia importante es que,
leyendo la exposición de motivos de esta proposición no de ley, da la sensación de que para el Grupo Socialista la situación presupuestaria de la Administración pública no tiene demasiada importancia y que el ajuste del empleo público no puede tener
lugar nunca y bajo ninguna circunstancia. Esto es algo que tampoco compartimos.


Respecto al caso concreto de Estepona que se plantea voy a reproducir los argumentos de mis compañeros de allí que conocen mejor la situación y ellos se oponen a ese ERE. Señalan la arbitrariedad con la que se ha realizado, que no hay un
modelo final de Administración en Estepona que explique los cambios que allí se hacen y de hecho el Supremo ha anulado recientemente ese ERE, según informaciones periodísticas. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia). Señala
unas cuestiones importantes y es cómo Estepona y cómo los trabajadores que sufren el ERE han llegado a esa situación y cómo el nombramiento de cargos políticos y cargos de confianza, los altos sueldos que ha habido en el ayuntamiento durante largos
periodos de tiempo, la creación de empresas públicas innecesarias, con Gobiernos municipales de diferentes colores, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, que hoy presenta esta iniciativa como defensor de esos trabajadores, tiene
mucho que ver con lo sucedido. Este tipo de cuestiones van a ser lo que nos va a llevar a abstenernos en la votación de esta proposición no de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: La Izquierda Plural va a dar su voto favorable a esta proposición no de ley tan brillantemente defendida por el amigo Torres Mora, fundamentalmente porque coincidimos con ella. Déjenme destacar que no es casual
que hoy estén protagonizando los debates de esta Comisión lo que podríamos llamar los efectos colaterales de la reforma laboral, que esté apareciendo cada vez con

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más evidencia cuál era la agenda oculta de esa reforma laboral, que nunca se explicó en la exposición de motivos ni en su presentación en el debate del Decreto 3/2012, pero en cambio está detrás de su filosofía. Nuestra solidaridad con los
trabajadores del Ayuntamiento de Estepona, pero por encima de eso y del compromiso que ha recibido el aval de los tribunales con la declaración de nulidad de un despido que, para más INRI, se hizo sin respetar las garantías procedimentales
adecuadas. Es más importante poner de manifiesto la profunda irracionalidad de la reforma laboral en lo que hace referencia al tratamiento de los despidos económicos en las administraciones públicas. Voy a aclarar al menos dos cosas. En primer
lugar, recuerden que la reforma laboral tenía, según la ministra y el Partido Popular, como objetivo impedir que los ajustes laborales se hicieran por la vía del despido y facilitar mecanismos alternativos que pasaban desde una flexibilidad absoluta
hasta todo tipo de ajustes excluyendo el despido. Curiosamente, en el momento en el que se regulan los despidos económicos en las administraciones públicas se impide que se puedan aplicar otros mecanismos de ajuste que no sean el del despido. Es
decir, digo una cosa y hago exactamente la contraria. En segundo lugar, otra de las barbaridades y aberraciones del tratamiento legal de los despidos económicos en las administraciones públicas tiene que ver con la peculiar posición en la que se
han situado esas administraciones públicas como juez y parte en muchas ocasiones para dilucidar exactamente si se dan causas económicas o no. Porque en la medida que en el ámbito de las administraciones públicas, a diferencia de lo que sucede en
las empresas privadas, la pérdida de ingresos, el desequilibrio económico en muchas ocasiones no es externo, sino que tiene que ver con decisiones adoptadas por los propios representantes políticos, lo que se está produciendo en estos momentos en
algún caso concreto es alguna Administración pública que ha reducido los ingresos de algún organismo autónomo y sobre la base de ello ha presentado un expediente de regulación de empleo con despido de esos trabajadores del organismo autónomo. En
definitiva, una aberración.


Por último, ya sé que no se puede generalizar y que sería absolutamente injusto, pero empieza a ser preocupante que detrás de algunos planteamientos de mejora y eficiencia de la Administración pública, que se presentan como privatización,
haya grandes oportunidades de negocio de quienes privatizan. La privatización presentada como eficiencia y como oportunidad cuando en definitiva es el negocio de quienes la proponen. Esto es lo que desgraciadamente está pasando con esta reforma
laboral y por eso revertir esa reforma laboral es importante. Si me permite mi amigo don Álvaro Anchuelo, en este caso, no es volver a la nada, es volver a una regulación que era mucho más eficiente que era la que estaba antes del Decreto-ley
3/2012.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, volvemos a un discurso reiterado y conocido como es el de la derogación de la reforma laboral que ha defendido esta tarde el señor Torres Mora. En esta proposición no de ley que habla de derogar
la reforma laboral, que ataca aquello que, por otra parte, el propio Grupo Socialista aprobó, que es el principio de estabilidad presupuestaria en su artículo 135 de la Constitución, que ahora reniegan de él, pero que aprobaron en su momento.
Hablan además de inseguridad jurídica de la reforma laboral. Después de decir que la reforma laboral es sin duda uno de los instrumentos que está permitiendo la recuperación, la salida de la crisis y, desde luego, que ha demostrado cómo con un
crecimiento de nuestro PIB inferior en algún momento al 1 % se ha empezado a crear empleo. Este último año por primera vez se han creado 400.000 nuevos empleos y se ha reducido el paro en más de 300.000 personas. Señorías seguimos sin entender los
argumentos que se establecen en esta proposición no de ley. Hablan de inseguridad jurídica de la reforma. Señorías, al contrario, la reforma laboral refuerza la seguridad jurídica aplicando con claridad el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores al sector público y a sus propias peculiaridades. Ustedes mismos en su exposición de motivos dicen que aclara que la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y preexistente debe darse durante tres trimestres consecutivos, con lo cual
está dejando muy claro en el sector público cuáles son esos elementos. Después de decir que lo aclaran, ustedes mismos dicen que la norma es ambigua. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No puede ser lo mismo y lo contrario, pero ya nos
tienen bastante acostumbrados. Señorías, precisamente antes de la reforma laboral, hasta 2012, muchos entes locales, porque esto no es nuevo, aplicaron despidos a su personal laboral. Por cierto, cuando hablamos de despidos en las administraciones
públicas es muy importante decir que estamos hablando de personal laboral, nunca de un personal funcionariado. Estos despidos dieron lugar a pronunciamientos judiciales divergentes, que ahí sí que se generaba una enorme inseguridad jurídica.
Además el marco jurídico de la disposición adicional segunda,

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de la Ley 13/2012, que regula el procedimiento de despido colectivo en las administraciones públicas, se ve complementado con las normas específicas de procedimiento del despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas
previsto en el artículo 2, del Título III, del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contrato y reducción de jornada. Estas especialidades se refieren tanto a los requisitos del despido colectivo, la unidad del
cómputo de despidos, desarrollo del concepto de insuficiencia presupuestaria dentro de las causas económicas, desarrollo del concepto claramente, y al procedimiento en sí mismo. Es decir, la comunicación de la apertura del periodo de consultas al
órgano competente en materia de función pública, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas; documentación específica a aportar; memoria explicativa de la relación de las causas con la estabilidad
presupuestaria y criterios tenidos en cuenta en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia relativa al personal laboral fijo, que nos parece bastante razonable —aquí se ha hablado algunos de los casos por los que se han producido
algunos ERE a los que después me referiré—, por el ente, organismos o entidad pública o cuando lo acuerde el órgano competente en materia de función pública, en la Administración General del Estado o comunidades autónomas; comunicación de la
decisión del despido colectivo al órgano competente en materia de gasto para que emita un informe y elaboración del Plan de recolocación externa por los servicios públicos de empleo. Todos estos son requisitos tasados y claramente establecidos para
alcanzar mayor seguridad jurídica y mayor claridad y transparencia en estos despidos colectivos. Todo esto además sometido al control, como no puede ser de otra manera, de la ley reguladora de la jurisdicción de lo social.


Señorías, hoy he oído cosas que me han dejado un poco sorprendida. He oído hablar del ERE de Estepona, ha dicho que se rechaza ese ERE de Estepona. Es un ERE perfectamente regulado. Ha habido una sentencia a favor del ERE en el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, un recurso posterior al Tribunal Supremo y este no lo ha anulado, sino que ha pedido que se repita el juicio, porque por causas de procedimiento falta una prueba por presentar. Es un tema que está subiúdice y
ustedes se pronuncian fervorosamente sobre el asunto. Sin embargo, no les oigo decir nada sobre la situación que se produce en la Junta de Andalucía, donde por cierto gobierna La Izquierda Plural y debería estar pidiendo aquí esa solidaridad que ha
manifestado verbalmente con los trabajadores de Estepona, con los de los Alpes, agentes locales de empleo, sobre los que sí existe una sentencia firme —firme—, que obliga a la señora Díaz a readmitirlos y que se declara en rebeldía y no cumple, y no
les he oído ni una sola palabra. No cumple una sentencia firme. (La señora López i Chamosa: ¡Que mal!, ¡que mal!)


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, le ruego que concluya.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Voy a terminar, señor presidente, porque el tema daría para bastante. Parece que unos trabajadores son de una clase y otros de otra. No, señorías, esos trabajadores tienen una sentencia y ustedes han
criticado la actitud de una empresa privada como es Coca-Cola, pero, insisto, no les he oído decir absolutamente nada de la señora Díaz. Sean coherentes. Usan la reforma laboral para despedir a sus trabajadores en Ferraz, más de 180 y la utilizan.
Llega Andalucía y no cumple ni siquiera las sentencias firmes de los tribunales que les obligan a readmitir.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, ha duplicado su tiempo.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Ya sabemos —y lo saben todos los españoles— que con ustedes volveríamos al paro, a la inseguridad, a la desconfianza, al desprestigio de España y a la ruina que en definitiva son sus señas de identidad.
(Aplausos).


— SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN CUALQUIER MOMENTO DE SU VIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente
161/003330).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 5 del orden del día, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas
discapacitadas en cualquier momento de su vida. No se ha presentado ninguna enmienda. Intervendrá el autor de la iniciativa y posteriormente los grupos parlamentarios que deseen fijar posición. Señor Anchuelo, tiene la palabra.

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El señor ANCHUELO CREGO: Dada la frialdad y la dificultad de los textos legales, permítame comenzar por un ejemplo humano. Imaginemos cada uno de nosotros que tuviésemos un hijo o una hija con una discapacidad grave. Seguramente nosotros
como padres ante esa situación estaríamos preocupados por cómo quedaría ese hijo o esa hija una vez que los padres ya no están en el mundo para seguirles ayudando y estaríamos dispuestos a ahorrar en la medida de nuestras posibilidades para dejar a
ese hijo o hija en la mejor situación cuando nosotros no estuviéramos allí para ayudarles. Esto plantea una dificultad en nuestro país. Si ese hijo o hija no ha podido trabajar y no ha cotizado los padres no saben si cuando ellos mueran el hijo va
a tener derecho a una pensión de orfandad vitalicia. Pueden ahorrar menos pensando que van a tener derecho a la pensión y encontrarse los hijos o quienes los atiendan que tienen insuficiencia de medios o pueden ahorrar haciendo sacrificios de más
por haber contado al final con esa pensión. Por eso muchos padres en esta situación, seguro que les habrán llegado emails sobre esta cuestión, plantean algo que parece lógico y es: no nos podría la Seguridad Social dar una información o valoración
previa al menos en el caso de incapacidades irreversibles, de forma que aunque el derecho al cobro se produzca tras el fallecimiento de los padres, los padres tengan una guía a qué atenerse una vez que se produzca esa situación. Incluso si se
considera que lo irreversible no tiene por qué serlo y puede haber una mejora. No se puede hacer esa valoración previa, aunque esté sujeta a una posterior ratificación en el momento del fallecimiento de los padres. Este es el sentido de la
proposición no de ley y lo que hemos intentado recoger de la mejor manera posible en nuestra proposición. Aunque no ha habido enmiendas hasta ahora estamos abiertos a cualquier enmienda in voce que mejore este planteamiento. Explicando de manera
formal lo que he hecho informalmente. La Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 175, dice que tendrán derecho a una pensión de orfandad los hijos incapacitados para el trabajo. El Real Decreto 1647/1997 asimila ese estar incapacitado
para el trabajo a la condición de incapacidad absoluta o gran invalidez, en este caso con una pensión vitalicia. Pero existen dos clases de situaciones. Si esos hijos o hijas han trabajado y cotizado previamente se puede reconocer su incapacidad
permanente en cualquier momento de su vida. Si por el contrario no han trabajado nunca, el reconocimiento se produce tras el fallecimiento de los padres. No existe una información previa que dé la posibilidad de planificar. Nuestra proposición no
de ley plantea que las personas con hijos discapacitados que no hayan podido trabajar nunca en situaciones de incapacidad claramente irreversibles puedan solicitar en cualquier momento de su vida una valoración de la Seguridad Social, sobre el
reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, para tener derecho a una pensión de orfandad vitalicia en el futuro, cuando se produzca el fallecimiento de los progenitores.


El único argumento que se me ocurre en contra de esta propuesta es el concepto de irreversibilidad. A menudo estas discapacidades no solo no mejoran, sino que empeoran con el paso del tiempo. Pero podía mejorar o haber algún avance en el
tiempo que mejorase esa situación. Propongo dos enmiendas in voce, por separado o conjuntas. Una es añadir al final de nuestra propuesta donde decimos que el derecho a la prestación de orfandad no se aplica hasta el fallecimiento del causante.
Añadiendo: y la ratificación de ese reconocimiento previo. De modo que si ha habido un reconocimiento previo y una mejora, en el momento de fallecimiento se tenga que ratificar esa valoración. La segunda enmienda in voce, que no es incompatible
con la primera: instar al Gobierno a que valore la posibilidad de hacer todo esto. Sería importante terminar esta iniciativa dando a los expertos de la Seguridad Social la posibilidad de plantearse estas cuestiones. Porque da la sensación de que
un exceso de rigidez burocrática hace que algunas situaciones humanas que se podrían solucionar no se solventen. Estoy seguro que esa no es la voluntad de ninguno de los de aquí ni de los técnicos de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Usted ha formulado dos enmiendas in voce que en principio están sometidas a la asunción por parte de los grupos parlamentarios, que me da la sensación que no le van a poner ningún obstáculo. Los grupos presentes tienen
que dar su conformidad a tales iniciativas. La ha mejorado o supone un agravamiento, no sé si su enmienda in voce inicial va por ahí o no, porque puede ocurrir que si se llevara a cabo su iniciativa no se reconociera un grado de discapacitación a
un minusválido. Sin embargo, al cabo del tiempo cuando fallecen los padres —imagino que esto no es solo desde el punto de vista positivo—, puede ocurrir que el alcance de esa revaluación que usted plantea sea bilateral, no unilateral.


El señor ANCHUELO CREGO: En el caso de empeoramiento, en el caso del fallecimiento de los padres funcionaría el sistema.

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El señor PRESIDENTE: Sea más o a menos, porque puede haberse negado inicialmente a abrir y se le puede dar después. ¿Estamos de acuerdo?


El señor ANCHUELO CREGO: Sí, sí.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa). Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero comenzar agradeciéndole al señor Anchuelo y a UPyD que nos traigan una proposición no de ley de esta naturaleza. Acostumbrados a discutir de cosas tan sesudas nos plantean un problema micro en términos
legislativos, pero macro en términos humanos. En ocasiones las leyes bien diseñadas a nivel general no son capaces, es lógico, de prever todo tipo de situaciones y la que se nos plantea en esta proposición no de ley es una situación real y en
algunas ocasiones dramática. Se trata de padres con hijos que se encuentran en situación de gran incapacidad para el trabajo y, como consecuencia de eso, tienen reconocida por la legislación de la Seguridad Social una pensión de orfandad vitalicia,
sea cual sea la edad, como consecuencia de esa situación de invalidez. La legislación en estos momentos tiene lógica, porque lo que plantea es que esa valoración de la incapacidad se haga en el momento en que se produzca el hecho causante que es la
muerte de los causahabientes, de los padres. Posiblemente el legislador no ha tenido en cuenta una realidad y es que debiendo producirse en el caso del fallecimiento del padre causahabiente, se trata de situaciones francamente complicadas en las
que en muchas ocasiones estas grandes incapacidades generan una situación de grave angustia por los padres que en estos momentos están pensando clarísimamente qué va a pasar con sus hijos y qué situación se va a producir cuando ellos no existan,
porque en definitiva se les está planteando que el futuro de sus hijos dependa de una decisión que se va a tomar cuando ellos ya no existan, cuando hayan fallecido. Deberíamos abordar esa realidad con el objetivo claro de poder hacer un ajuste en
la legislación actual y no se me ocurre nada que impida hacerlo. Porque la propuesta tiene todo su sentido. Es un derecho de los padres instar a un reconocimiento previo de la incapacidad absoluta o de gran invalidez antes de su defunción, que no
va a tener efectos jurídicos hasta el momento de su fallecimiento y que, por supuesto, puede ser objeto de tratamiento por la Seguridad Social en cualquier momento. No veo dificultades tampoco desde un punto de vista de costes de Seguridad Social.
Desde esta perspectiva creo que deberíamos hacer todos el esfuerzo para que sea cual sea la fórmula en que se apruebe se pudiera aprobar una proposición de esta naturaleza que, insisto, va orientada a resolver un problema humano, que se prevé como
consecuencia de una no previsión legal y para eso estamos aquí y deberíamos intentar resolverlo. El Grupo de La Izquierda Plural va a dar su voto favorable al planteamiento original y a cualquier enmienda que se plantee. No veo el color o es que
está apagado.


El señor PRESIDENTE: Es que se ha pasado hace rato y lo he parado.


El señor COSCUBIELA CONESA: Imposible. Como no sea que lo haya agotado la señora Álvarez-Arenas.


El señor PRESIDENTE: Como vamos a llegar a la primavera, estamos siendo flexibles. A continuación don Carles Campuzano, por Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La cuestión de fondo que nos plantea el señor Anchuelo, que es generar certidumbres en aquellas familias que tienen un hijo con una alta discapacidad ante la perspectiva de su fallecimiento, es plenamente
compartida por Convergència i Unió. En cualquier conversación con las familias que se encuentren en esa situación y especialmente cuando los padres empiezan a ser mayores, esta es una de las cuestiones que les preocupa. No sé si la solución
concreta a esa preocupación es exactamente la que nos plantea el señor Anchuelo —no lo sé—, pero en cualquier caso en la medida en que pone de manifiesto un problema que hoy no le damos respuesta, mi grupo va a votar favorablemente a la proposición
no de ley, tanto al texto que conocemos como a las enmiendas que se han formulado. Tenemos la sensación de que quizás esta cuestión de fondo necesitaría más respuestas que las que estrictamente se plantean en esta iniciativa. Por ejemplo, hace ya
más de una década larga se aprobó y está vigente una ley que reconoce la existencia de un patrimonio jurídico protegido a efectos de cubrir las necesidades de los hijos con discapacidad de las familias. Al final, la normativa, que también nació con
el apoyo del propio sector de la discapacidad por distintas razones —ahora no es el momento de esbozarlas—, tampoco ha tenido el desarrollo suficiente para proteger y tranquilizar a esas familias. Incluso uno puede

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conocer algunas iniciativas de la sociedad civil muy interesantes, por ejemplo, la Asociación Ampans en la comarca del baixes en el centro de Cataluña, donde se producen acuerdos entre esa asociación y los padres de las personas con
discapacidad de asunción de responsabilidades de esa asociación en orden a la tutela de sus hijos con discapacidad y la puesta a disposición de esas entidades del patrimonio familiar. El problema existe y existen respuestas legislativas que quizá
no han funcionado y respuestas de la sociedad civil que intentan ser efectivas. En cualquier caso, en la medida en que usted plantea una propuesta a la que no vemos coste económico, vamos a darle el apoyo favorable sin ningún tipo de dudas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel de la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Mi grupo también va a apoyar la proposición no de ley que ha formulado UPyD y el señor Anchuelo en su nombre. Además va a apoyar las enmiendas in voce que acaba de exponer que sobre todo la primera clarifica, con
los matices que ha expuesto un buen laboralista, como es el presidente. Es verdad que estamos ante un problema humano más que jurídico y, desde luego, no ante una cuestión económica o prestacional, porque la prestación se percibiría después del
fallecimiento de los padres. Pero es un paso más en un proceso que sin duda es muy importante de mejora de la calidad de vida y de la seguridad, no solo física, sino también psicológica de las personas con discapacidad, de sus padres, de sus
familiares, de sus tutores, para saber que están protegidos en sus necesidades básicas no solo en el presente, sino también en el futuro. En los últimos años se ha avanzado algo en la línea de la mejora de las pensiones de orfandad. Con carácter
general, la elevación de la edad de dieciocho a veintidós años que se hizo con un Gobierno socialista, pero también en el año 2010 —quiero recordar— en relación con los huérfanos, con las personas que percibían prestación de orfandad y que tenían
discapacidades severas, se aprobó la posibilidad de compatibilizar la pensión de orfandad con otro tipo de pensiones derivadas de trabajos o actividades laborales en centros especiales de empleo o similares. Son procesos permanentes de mejora que,
sin duda, conviene hacer y mi grupo, desde luego, lo va a aprobar.


Con esta iniciativa además se recoge una petición que ha formulado el Cermi. El Cermi se niega a ser quien permanentemente nos ausculta acerca de los problemas, de las insuficiencias, de las necesidades de las personas con discapacidad. A
mi grupo le parece bien la posibilidad de reconocer en cualquier momento la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas que tienen una incapacidad irreversible, entendiendo que el concepto irreversible puede ser en algunos casos
médicamente infalible y en otros falible y que puede evolucionar. Estamos de acuerdo, ya lo he dicho al principio, en que, producido el fallecimiento de los padres o tutores, se pueda revisar esa situación para confirmarla o, en su caso, ajustarla.


Solo me queda decir, dado el tono del debate, que animamos al grupo que apoya al Gobierno a que se sume a esta iniciativa y no haga lo que viene siendo habitual, que es hacer de frontón y rechazarla.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Concha Bravo.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor Anchuelo, le agradecemos la iniciativa que nos trae. Créanos que compartimos su sentimiento y su preocupación. Ya ha visto que el señor presidente conoce el tema, casi ha hecho el debate. Creo que él debía
haber llevado el debate, porque no solo lo conoce, sino que lo vive con pasión. Crea también que a este grupo parlamentario le parece un tema ciertamente importante, porque hay que ponerse en la piel de esos padres que tienen un hijo incapacitado.
Este grupo parlamentario es muy sensible a esa realidad, y también lo somos ante esa situación de incertidumbre. Ese padre que ha cotizado sabe que por ley su hijo va a tener derecho a esa pensión, pero también entendemos que quiera más. Aquí, por
ejemplo, no hemos hablado de la situación de incertidumbre de esos chicos discapacitados que viven muchos años y que solamente comprenden las familias que tienen un hijo así. En este grupo parlamentario hemos hablado, hemos debatido y hemos
planteado al Gobierno cómo podríamos solucionar esto. Evidentemente, ese chico discapacitado —también lo menciona su exposición de motivos— que sea menor de veintiún años o esté incapacitado para el trabajo por ley va a tener derecho a la pensión
de orfandad en régimen de igualdad al fallecer el causante de la pensión, que es la situación que usted nos ha traído hoy aquí. Esta competencia para evaluar la incapacidad para el trabajo a efectos del reconocimiento de la condición de
beneficiario del derecho a la prestación depende del equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, conocido normalmente como INSS. Es evidente que para tener derecho a cualquier prestación —eso lo sabemos
todos los que

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estamos aquí, porque de una forma o de otra conocemos el sistema de la Seguridad Social— es preciso reunir los requisitos que se establecen normativamente para cada una de ellas. Dichos requisitos han de reunirse, además, en el momento del
hecho causante, es decir, cuando se produce la situación que da lugar al estado de necesidad protegido por la correspondiente prestación de la Seguridad Social. No digo nada nuevo, porque ustedes ya lo han dicho.


No cabe duda de que la petición que hace usted a través de los padres —el Cermi también la ha hecho— es muy legítima, porque a los padres de un niño discapacitado pretende darles tranquilidad sobre su futuro y su seguridad económica cuando
ellos falten. Sin embargo, esto puede volverse en contra y generar inseguridad jurídica, porque la incapacidad para todo trabajo ha de concurrir en el momento del hecho causante, que en este caso es el fallecimiento del sujeto causante. En esa
fecha, la situación clínica del menor o discapacitado y——sus posibilidades y capacidades laborales pueden haber variado aun cuando se trate de una situación considerada como irreversible. Téngase en cuenta que el carácter irreversible —creo que
aquí está el eje central— va referido siempre a la patología desencadenante de la discapacidad, pero las capacidades motrices, sociales y laborales del discapacitado pueden mejorar con el tiempo, fruto de procesos constantes de rehabilitación y de
reeducación, y más en estos momentos en los que la ciencia, y todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos, físicos y motrices, está avanzando constantemente. Creemos que este es un tema —voy terminando, señor presidente— que hay que estudiar
profundamente para evitar posibles errores y problemas.


Para finalizar, me gustaría transmitir a esos padres tranquilidad y confianza en nuestro sistema de Seguridad Social. Creo que todos somos conscientes de que nuestro sistema de Seguridad Social —que hemos organizado y preparado entre todos—
es equilibrado, justo y solidario. Quiero decir a los padres que se sientan seguros de que cuando fallezcan, sus hijos, aunque no la hayan generado, recibirán una pensión.


Está claro que vamos a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Ya que he sido aludido dos veces, haré una mínima consideración. Me quedo con sus palabras de que es un tema complejo jurídica y técnicamente, y también con la disposición futura de todos para intentar estudiar una
salida razonable a esta cuestión.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Con todo mi respeto le diré que usted es el presidente que modera, pero no quien debe interpretar las palabras de un grupo parlamentario, las comparta o no.


El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, como casi siempre en lo que dice, cuando tiene razón tiene razón.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor presidente, ¿puedo intervenir un segundo? No voy a abrir el debate.


El señor PRESIDENTE: Puede intervenir.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Usted ha expresado perfectamente lo que nosotros queríamos decir. (Rumores). Lo digo solo por ratificarlo. No cerramos la puerta, aunque vayamos a votar en contra en este momento…


El señor PRESIDENTE: No discutamos. Mi estimado compañero el señor De la Rocha ha hecho una alusión a mi persona y creía que no se iba a enfadar usted por esto. No ha tenido más trascendencia. Además, tengo la esperanza de que lo que he
dicho sea así. Como usted me ha citado, soy aludido y tengo derecho a decir, por alusiones, lo que me parece.


— RELATIVA A LA CONVERSIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EN CREACIÓN DE EMPLEO Y EN LA MEJORA DEL EMPLEO EXISTENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003484).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley sustanciada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Obras son amores y no buenas razones. Tienes razón, pero vas a la cárcel. No va por nadie, lo digo sencillamente para dejarlo en el ambiente.

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Mi grupo plantea de nuevo el incremento de las horas extraordinarias —que nos parece que es uno de los efectos más perversos de la reforma laboral votada por el Partido Popular y Convergència i Unió—, incluso de las que no son abonadas por
las empresas. Esto es insostenible, porque habiendo 4,5 millones de personas en paro se producen 5,4 millones de horas extra a la semana. Quiero comenzar diciendo que las horas extra no nacen como consecuencia de la reforma laboral del año 2012,
pero hay una cosa bastante evidente, y es que esa reforma las ha incentivado de manera perversa. Desgraciadamente, el tejido empresarial de este país tiene tendencia al abuso de las horas extra. Las razones son profundas: unas son económicas,
otras tienen que ver con nuestro tejido económico y productivo, principalmente con la especialización en algunos sectores de servicios, y otras con el carácter micro de las empresas y con el uso de las horas extra como factor de flexibilidad. Pero
además de esos factores, algunos de naturaleza antropológica, que marcan una tendencia natural a la hora extra en nuestro país, se dan circunstancias en las que la legislación propicia o dificulta la realización de las horas extra.


Quiero decir que soy consciente de que no es fácil abordar este problema legislativamente. La prueba es que hasta ahora el legislador lo ha aprobado casi todo, ha aprobado penalizar las horas extra con una mayor cotización y con un mayor
coste y reducir el coste de esas horas extra, pero desgraciadamente su excesiva utilización forma parte de una especie de maldición que, insisto, no es tal, sino que tiene mucho que ver con una tendencia al uso abusivo. Incluso en algunos momentos
se ha planteado que la proliferación de las horas extra obedecía a que la relación laboral en nuestro país era especialmente rígida y se ha entrado en la flexibilización de la jornada de trabajo, en fórmulas de cómputo anual, en acuerdos y convenios
colectivos que plantean el cómputo plurianual de la jornada de trabajo para permitir, repito, flexibilidad de jornada sin tener que hacer horas extra, pero eso se da en empresas medias y grandes que tienen ciertas estrategias y no en otro tipo de
empresas. Esa es la realidad con la que nos topamos, y lo he querido decir aquí para que nadie me pueda acusar de maniqueísmo en el sentido de que las horas extra existían antes de la reforma laboral. Pero, por favor, acepten una cosa evidente, y
es que cuando se comparan los datos de horas extra del primer trimestre de 2012 con los actuales se ve un crecimiento exponencial y al mismo tiempo se ve que se da en sus dos magnitudes: en el conjunto de las horas extra y en el conjunto de las
horas extra realizadas y no abonadas. Algo tendrá que ver con la reforma laboral.


El señor Campuzano planteaba, de manera prudente, la necesidad de abordarlo. Yo agradezco sus palabras, porque siendo, como es, corresponsable con su voto de esa legislación, creo que mantiene un planteamiento mucho más riguroso que el de
la portavoz del Grupo Popular en el anterior debate. Podemos discutir sobre soluciones, pero no neguemos la realidad. Plantear que las horas extra son voluntarias es no saber qué está pasando en estos momentos en los centros de trabajo. Sí son
voluntarias las complementarias, incluso las horas extra, pero esa es la realidad de la ley; en la práctica, prueben ustedes a ir a una empresa pequeña y decir que no hacen horas extra, verán el tiempo que tardan en dejar de trabajar en la
plantilla de esa empresa. No hace falta que sean empresas pequeñas, salgan fuera de aquí y pregunten a los trabajadores de los medios de comunicación a ver si ejercen el derecho de cobrar las horas extra o no. ¿Saben cómo funciona el sector
financiero de este país? Se les obliga a trabajar por las tardes fuera de horario y su retribución y su promoción profesional están basadas fundamentalmente en si aceptan o no la prolongación ilegal de la jornada, con lo que, además, se está
castigando especialmente a las mujeres. Podemos hacer lo que sea, pero no podemos negar la realidad, y la realidad es que es insostenible. El hecho de que se realicen 5,4 millones de horas extra a la semana en un país que tiene 4,5 millones de
parados en busca de empleo, manifiesta una situación que no debería ser objeto de una iniciativa de La Izquierda Plural, sino casi de un pacto de Estado para abordarla.


¿Por qué decimos que el tiempo parcial está propiciando ese tipo de situaciones? Porque nos lo dice todo el mundo que conoce las relaciones laborales. Nos lo dicen los sindicatos y los inspectores de trabajo, que nos comentan que además de
que reciben consignas de no intervenir en esta cuestión…(Rumores). Sí, sí, perdón. Solo el 1,4 % de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en el último año han ido orientadas no a perseguir parados, sino a vincular y a controlar el
cumplimiento de la ley en materia de jornada de trabajo. Repito, solo el 1,4 % de las actuaciones. Además, la retribución que reciben los inspectores de trabajo no premia precisamente este comportamiento, sino otros. Pero es que la jornada a
tiempo parcial lo propicia porque es la voluntad del legislador. Uno de los objetivos ocultos de esa reforma laboral era hacer del reparto insolidario del trabajo una estrategia de crecimiento estadístico del empleo sin que el crecimiento, en
términos de empleo equivalente a tiempo real, sea efectivo, porque no lo es. Eso lo conoce todo el mundo. Por eso me permito pedir al Grupo Popular que debatamos en profundidad sobre esa cuestión. Ya sé que ni les voy a convencer ni voy a cambiar
su voto, pero permítanme

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que insista en que la proposición no de ley que hoy les presentamos está muy medida y es muy mesurada. No se trata de una revocación general de la reforma laboral, sino que planteamos tres tipos de medidas. Unas, de carácter legislativo,
modificando el tratamiento de las horas extra, modificando su retribución y modificando también el contrato a tiempo parcial. ¿Qué dicen los inspectores de trabajo? Que si en el contrato a tiempo parcial no es obligatorio poner el horario, no la
jornada, sino el horario, cuando van a hacer la inspección por la mañana les dicen que ese es su horario, y cuando van a hacer la inspección por la tarde, esos mismos trabajadores les vuelven a decir que también ese es su horario, lo que les
imposibilita el control. Planteamos una cosa tan sencilla como que en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social se penalice cada infracción de horas extra como tal…


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le ruego que vaya concluyendo. No digo que concluya, sino que vaya concluyendo. En train de, como dicen los franceses. Ya sé que el tema tiene importancia, pero simplemente le informo de que ha
superado el tiempo previsto. No le voy a retirar la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Decía que hemos planteado proposiciones que van en la línea del cambio legislativo y de establecer otras prioridades en la Inspección de Trabajo para que el cumplimiento de la realidad en materia de contrato de trabajo, de jornada y de
horario sea una de las prioridades de la Inspección de Trabajo, y también mecanismos para incentivar el cambio de horas extraordinarias por creación de empleo o por sustitución de contrato a tiempo parcial en tiempo completo.


No sé por qué tengo la impresión de que ese planteamiento no va a servir de mucho, pero les voy a hacer una declaración de principios, también al presidente. No van a conseguir ustedes que no continúe planteando aquello que considero que es
imprescindible para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿De acuerdo, señor presidente? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco mucho sus explicaciones y las respeto, como no puede ser de otra manera, pero si usted estuviera aquí sabría que uno tiene una responsabilidad, tengo la que tengo. Usted ha intervenido ocho minutos y
cuarenta y seis segundos y le he dicho que no le iba a retirar la palabra, consciente de la importancia de la iniciativa que plantea. Tengo que dirigir y ordenar el debate y estoy sometido a lo que hemos acordado todos, no solo yo, en la reunión de
Mesa y portavoces. Me debo a eso. Entiendo que a veces el tiempo es corto y a veces es largo.


El señor COSCUBIELA CONESA: Intente arbitrar sin parecer Guruceta, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: No hombre, aunque Guruceta es del País Vasco y no me iba mal. Podría tener una afinidad con el señor Guruceta, pero no vamos a hablar de goles sufridos en este caso por el Real Madrid.


Agradezco su intervención. Creo que debe considerar que generalmente somos flexibles, pero los tiempos son los que son y cada uno interpreta las cosas como le parece oportuno.


A esta proposición no se han presentado enmiendas. Por tanto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario de UPyD, el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: El señor Coscubiela, en nombre de La Izquierda Plural, nos trae una proposición no de ley muy trabajada y con propuestas muy numerosas. Por falta de tiempo no me voy a extender en la parte que compartimos, que es
la más amplia, porque es muy similar a la que hemos debatido en la primera proposición no de ley del Grupo Socialista, sino que me voy a centrar en la parte en la que discrepamos para explicar por qué no vamos a votar favorablemente su PNL sino que
nos vamos a abstener.


Nuestra discrepancia fundamental tiene que ver con el punto concreto del tratamiento que plantea para las horas extraordinarias. Creemos que se trata de un cambio un intervencionista, draconiano, que en la práctica imposibilitaría las horas
extra, porque propone reducir por imperativo legal su número, aumentar la compensación y aumentar las cotizaciones. Lo que critica mi grupo es el abuso, la mala utilización de las horas extra, pero no somos partidarios de su desaparición de facto
poniendo unas condiciones muy difíciles de cumplir.


Por estas razones, valorando positivamente buena parte de la proposición no de ley, nos abstendremos en el conjunto de la votación.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En su intervención, el señor Coscubiela reconocía —y le agradecemos que lo haga— que la cuestión que plantea no es de fácil solución, y menos en el ámbito legislativo. En nuestra regulación laboral nos movemos
siempre en unos puntos de tensión. Por un lado está la necesidad de introducir medidas que permitan a las empresas poder actuar según las necesidades de los mercados y de la competencia y que eviten el cierre de empresas, a veces vinculado a las
regulaciones que existen en nuestra normativa. En este sentido, es bueno recordar que buena parte del empleo perdido está vinculado a la destrucción de empresas, no exclusiva ni principalmente a la pérdida de empleo en empresas que siguen
existiendo, sino al cierre de empresas, con la consiguiente desaparición de todos los empleos vinculados a ellas. El otro punto de tensión es una regulación más flexible del mercado de trabajo, que a menudo encuentra en un tejido empresarial muy
débil, y con una cultura empresarial no todo lo sofisticada que conviene en los tiempos que vivimos, una vía no digo para abusar, pero sí para crear condiciones que no permiten el desarrollo de un empleo óptimo y de calidad. Ir contra esos
equilibrios no es fácil, ni mucho menos.


Desde este punto de vista, compartimos, como hemos dicho anteriormente en el debate de otra iniciativa, la necesidad de volver a estudiar la regulación del tiempo parcial y de que el Gobierno y la Inspección de Trabajo realicen una política
activa para combatir los abusos en esta materia, incluida la utilización excesiva de las horas extra. En la exposición de motivos y en su intervención, el señor Coscubiela hace referencia a que ante un desempleo masivo como el que tenemos, y cuando
aspiramos a la plena ocupación, no tiene sentido que nos quedemos tranquilos ante ese incremento tan extraordinario de las horas extraordinarias —valga la redundancia~_.


Compartiendo esas preocupaciones, mi grupo plantea al señor Coscubiela la posibilidad de votar su iniciativa por separado; es decir, votar por una parte lo que él define como medidas de carácter legislativo, que serían los puntos primero y
segundo de su iniciativa, donde Convergència i Unió se abstendría, y, por otra, el resto de la iniciativa, que la votaríamos a favor.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Vamos a votar a favor de esta iniciativa de La Izquierda Plural porque estamos de acuerdo en lo fundamental, es decir, en la denuncia de las consecuencias de la reforma laboral del año 2012 y en la propuesta de
lucha contra la explotación y la pobreza laboral, que han crecido exponencialmente a raíz de la misma. La Izquierda Plural habla de campaña y nosotros hablamos en nuestra iniciativa de plan. Insisto en que estamos de acuerdo en lo más importante.


La reforma laboral del año 2012 llamaba a proteger el empleo a base, paradójicamente, de facilitar el despido; llamaba a la estabilidad del empleo a base, paradójicamente también, de fomentar la contratación inestable; llamaba a mejorar la
competitividad de las empresas a base de empeorar el sistema de derechos laborales. ¿Qué ha ocurrido tres años después? Lo que preveíamos y explicitábamos los grupos de la oposición y lo que preveía —estoy convencido— el Gobierno pero no
explicitaba: que facilitando el despido ha habido más despidos, no menos. Hoy tenemos menos empleo, menos afiliaciones a la Seguridad Social y más paro que en el año 2012. Fomentando los contratos inestables no se favorecía la estabilidad en los
empleos, sino todo lo contrario, hay una contratación más inestable y más precaria. Por eso ahora 92 de cada 100 contratos son temporales, el 33 % a tiempo parcial, una media en el año 2014 de 54 días por contrato y la cuarta parte por debajo de
una semana. No hay más estabilidad, sino más inestabilidad. El recorte de derechos laborales no ha conducido a más flexibilidad y más competitividad en las empresas, sino a más explotación, más pobreza laboral y a la quiebra en las relaciones de
poder dentro de las empresas. Esto es lo que ha ocurrido, que es lo que sabíamos los grupos de la oposición que iba a ocurrir y lo que sabía el Gobierno que iba a ocurrir, aunque no lo explicitara.


Dos de los rasgos predominantes del mercado de trabajo en España tras la reforma laboral tienen que ver con las horas extraordinarias, que se trabajan, pero no se reconocen ni se pagan, y con los falsos contratos a tiempo parcial, que se
firman por dos, por tres o por cuatro horas, cuando se trabaja a jornada más que completa. La portavoz del grupo mayoritario nos ha dicho: Denúnciese. No habrá tanta explotación cuando no se denuncia. Esta explicación denota no solo falta de
conocimiento, sino también falta de sensibilidad y de empatía. Quien se aguanta trabajando horas extraordinarias que no se reconocen y no se pagan o quien se aguanta con un falso contrato a tiempo parcial no lo hace por masoquismo, sino

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porque no tiene más remedio, porque sabe que quejarse y denunciar equivale al despido. Esta es la realidad actual del mercado laboral en España, especialmente después de la reforma laboral. Está bastante mal no resolverlo, pero está peor
no reconocerlo. Efectivamente, la legislación de la contratación a tiempo parcial en este país permite horas complementarias, horas pactadas, horas voluntarias. Esto es lo que dice la ley, pero yo le hablo de la realidad. La realidad que conocen
todos aquellos ciudadanos que nos escuchan, muchos trabajadores con contratos a tiempo parcial, es que la mayor parte de las horas que trabajan son involuntarias, no voluntarias ni pactadas; son horas que el empleador les obliga a trabajar y que
muchas veces no se reconocen y no se pagan. Esto no se denuncia, como le comentaba con anterioridad, porque hacerlo equivale al despido. Esto es lo que llamamos explotación laboral y es lo que la iniciativa que La Izquierda Plural presenta ahora y
la que ha presentado hace unos minutos el Grupo Socialista intentan combatir. Esto es una realidad que existe en este país, no es una invención de estos diputados de la oposición, que es preciso combatir.


Es verdad que hay laxitud en la Inspección de Trabajo. Se dice: Denúnciese a la Inspección de Trabajo. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un anteproyecto interesante, pero el problema no está, señores de la mayoría que apoya al
Gobierno, en la estructura o en la regulación de la Inspección de Trabajo, sino en el propósito y en los recursos. ¿A qué se dedica la Inspección de Trabajo en este país? Fundamentalmente a perseguir el pequeño fraude de los trabajadores en lugar
del gran fraude de los empleadores, del gran fraude que hay tras estas horas extraordinarias que se trabajan pero no se reconocen y no se pagan, del gran fraude que existe detrás de estos falsos contratos a tiempo parcial. Esto no lo digo yo, no lo
dice este grupo que está en la oposición o quien presenta esta iniciativa, sino que la Unión Progresista de Inspectores en su escrito del 28 de noviembre dice que el 1,4 % de las actuaciones persigue las horas extraordinarias irregulares, los
contratos a tiempo parcial falsos, y el 78 % de las actuaciones intenta perseguir a los trabajadores que compatibilizan, de mala manera, es verdad, de manera exigua un subsidio con una chapucilla o un trabajo irregular. Bienvenido sea el nuevo
marco regulatorio, pero, por favor, revisen los propósitos y los objetivos de la Inspección de Trabajo y los recursos que se ponen a disposición de esos loables propósitos.


Coincidimos con la mayor parte de las iniciativas que presenta La Izquierda Plural. Hace unos minutos, mi compañera planteaba algunas parecidas que nos gustan más, pero que tienen el mismo propósito. Por tanto, vamos a votar a favor de
esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, y con ello el debate de las proposiciones no de ley, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Juan Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: La verdad es que no es la primera vez, tal como se ha manifestado, que La Izquierda Plural presenta este tema en la actual legislatura. El principal motivo es que no aceptan las iniciativas promovidas por el
Gobierno en relación con el fraude laboral y a la Seguridad Social y la duración de la jornada laboral que, como sabemos, está dando unos resultados muy positivos. Entre las medidas adoptadas debemos destacar el plan de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social, Ley 13/2012 de 26 de diciembre, o el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de mejora de la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, que introduce medidas de mayor flexibilidad
en la gestión del tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial. También se introducen medidas para permitir un mejor control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar el fraude.


La señora ministra, en su comparecencia para informar, entre otros asuntos, sobre las nuevas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, indicó que el nuevo régimen jurídico del contrato a tiempo parcial prohíbe la realización de horas
extraordinarias. La ampliación de jornada en el contrato de trabajo a tiempo parcial puede efectuarse a través de las horas complementarias. Ahora bien, en los contratos de trabajo a tiempo parcial se prevé que se podrán realizar horas
complementarias cuando la jornada ordinaria establecida no sea inferior a diez horas semanales de promedio, en cómputo anual.


Por otra parte, debemos tener en cuenta que se ha controlado el fraude, obligando a registrar día a día y mes a mes la totalidad de las horas complementarias para facilitar la labor de la Inspección de Trabajo. Con la modificación de la
contratación a tiempo parcial llevada a cabo por el Gobierno se garantizan e incrementan los derechos sociales de las personas que están trabajando a tiempo parcial y se ponen los mecanismos para que la inspección pueda comprobar exactamente los
horarios de trabajo, obligando de forma taxativa a que la plantilla del horario esté perfectamente comunicada, de tal forma que se evite el fraude y el inspector pueda saber exactamente el horario de esta persona. La Inspección de Trabajo controla
si se cumplen las obligaciones y si se dan las garantías que corresponden a los

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trabajadores. Para ello, entre otras medidas, existe un buzón de denuncias que abrimos en el mes de agosto.


Entre sus propuestas está la reducción de horas extraordinarias. Como saben, actualmente no pueden ser superiores a 80 al año, las que se establecieron en el Real Decreto-ley 1/1986, es decir, en ningún caso se han incrementado. Respecto a
la retribución, proponen volver al pasado del 175 %, que sí ha sido modificado, por lo que mediante convenio colectivo o contrato individual se puede optar por abonar las horas extraordinarias en cuantía que se especifica que en ningún caso podrá
ser inferior al valor de la hora ordinaria o por compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. La finalidad de evitar una mayor retribución de estas horas extraordinarias es que opere como estímulo para su realización, lo que
produciría un efecto opuesto al que nos proponen.


En referencia a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, están debidamente compensadas las distintas materias cuya vigilancia se le atribuye. Por ello, los distintos planes integrados de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social vienen recogiendo de forma equilibrada, con el resto de materias de control, la jornada y las horas extraordinarias. Así, con carácter estable, se planifican anualmente campañas dentro del programa relativo al tiempo de
trabajo. De este modo, por parte de la inspección se hacen amplios esfuerzos con carácter permanente para el control de esta materia. Prueba de ello es que si bien los objetivos pactados con las comunidades autónomas para el año 2014 en relación
con el tiempo de trabajo ascendían a 4.115 órdenes de servicio, al finalizar el mismo y según datos provisionales se han realizado más de 7.196. Según datos provisionales, las actuaciones en materia de tiempo de trabajo en 2014 han sido 17.710, que
constataron la comisión de 2.278 infracciones, para las que se propusieron sanciones por importe de más de 2.700.000 euros.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular no dará su apoyo a esta iniciativa. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Como saben los portavoces, finalizada la votación tenemos reunión de Mesa y portavoces. Al resto de los comisionados les recuerdo que el día 24, por la mañana, como es natural, porque es martes, comparece la secretaria
de Estado de Empleo. La hora se concretará en la reunión de Mesa y portavoces dentro de unos minutos.


Pasamos a las votaciones de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos el punto segundo del orden del día: Proposición no de ley para incrementar las pensiones de viudedad y mejorar su tratamiento fiscal. Se vota con la
autoenmienda formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), autor de la iniciativa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición que figura con el número 3 en el orden del día, presentada por el Grupo Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la derogación de la reforma laboral y de apoyo a los empleados públicos afectados especialmente por los expedientes del Ayuntamiento de Estepona.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de las personas discapacitadas en cualquier momento de su vida. Esta
iniciativa ha sido objeto de unas enmiendas in voce del grupo autor, que, para conocimiento de la Cámara y para su buen proceder a la hora de votar, van a ser leídas por el señor letrado.


El señor LETRADO: El texto resultante sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que valore la posibilidad de hacer posible el reconocimiento en cualquier momento de su vida de la incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez de las personas discapacitadas incapacitadas

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para el trabajo en situaciones de discapacidad claramente irreversibles, aunque el derecho a la prestación de la pensión de orfandad no se aplique hasta el fallecimiento del causante y además la ratificación de ese reconocimiento previo.


El señor PRESIDENTE: Este es el tenor literal del texto que se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la última proposición no de ley debatida, relativa a la conversión de las horas extraordinarias en creación de empleo y mejora del empleo existente, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco minutos de la tarde.