CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 760

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 33

celebrada el martes,

10 de marzo de 2015

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Escrivá Belmonte), para presentar la memoria anual de actividades, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.8 de la Ley Orgánica 6/2013, de
14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por acuerdo de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. (Número de expediente 212/002182)... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas que, como todos ustedes saben, tiene por objeto celebrar la comparecencia de don José Luis Escrivá Belmonte, presidente de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para presentar la memoria anual de actividades de esta institución, de conformidad con lo previsto en la Ley orgánica 6/2013. El procedimiento que seguiremos es el habitual para las comparecencias;
en primer lugar, intervendrá el compareciente por el tiempo que estime necesario y después intervendrán todos los grupos de mayor a menor, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista y cerrando el grupo mayoritario en la Cámara, el Grupo
Parlamentario Popular.


El señor Escrivá tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (Escrivá Belmonte): Presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que me brindan de comparecer ante ustedes para dar cuenta de los
primeros pasos de la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tengo el honor de presidir. De esta forma, se da cumplimiento al artículo 24.8 de la Ley orgánica de creación de nuestra institución, que establece como
obligatoria mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados como mínimo una vez al año. Interpreto esta comparecencia como un hito central en el proceso de rendición de cuentas de la institución, sin perjuicio de reiterar mi disposición a acudir
a esta o a otras comisiones del Congreso cuando consideren que nuestra opinión pueda contribuir a la formación de criterio en su actividad legislativa. En este sentido, vale la pena recordar que en consonancia con su mandato de velar por el
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en el artículo 135 de la Constitución española, la AIReF realiza un seguimiento continuo de las distintas fases del proceso presupuestario en las
administraciones públicas. Con independencia de que esta actividad se plasme en informes y recomendaciones regulares, la AIReF, como no puede ser de otra forma, está disponible en todo momento para compartir con sus señorías las valoraciones que
vamos realizando del estado de esta estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a diferentes niveles de la Administración.


La comparecencia de hoy ante esta Comisión en clave de rendición de cuentas se sustenta en tres documentos que les han sido remitidos previamente: la memoria anual de actividades del año 2014, el proyecto de plan estratégico 2015-2020 y el
proyecto de plan de actuaciones para este año 2015. A través de estos tres documentos sus señorías y el conjunto de los ciudadanos podrán tener un conocimiento preciso del trabajo desarrollado por nuestra institución en el pasado año, así como de
sus objetivos a corto y medio plazo. Asimismo, tanto el proyecto del plan de actuaciones como el proyecto del plan estratégico están abiertos para poder incorporar las observaciones que realicen sus señorías en el curso de esta comparecencia o, si
lo consideran oportuno, posteriormente. En esta intervención, en primer lugar, describiré concisamente los principales hitos en la puesta en marcha de la institución. Resumiré a continuación la actividad desarrollada hasta la fecha, para concluir
con una reflexión basada en la experiencia de este primer año de los principales retos que debemos afrontar a corto y medio plazo.


Obviamente, 2014 ha sido un año singular al tener el doble reto de poner en marcha la institución y comenzar a realizar los primeros informes. El primer hito importante tras mi nombramiento fue la aprobación el 28 de marzo del estatuto
orgánico que desarrolla la organización y funcionamiento interno de la AIReF después de un proceso en el que tuve la ocasión de informar el proyecto antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Si bien, como puede comprobarse en el
expediente, algunas de mis sugerencias no se trasladaron al estatuto aprobado, creo que es una norma que contiene los elementos suficientes para que la AIReF pueda sustanciar las funciones que le otorga la ley orgánica de su creación. En el
expediente resulta igualmente interesante la lectura del dictamen del Consejo de Estado, pone de manifiesto las dificultades en la tradición administrativa española para entender la naturaleza de una institución como la AIReF, novedosa en distintos
aspectos. La AIReF se organiza con una estructura muy horizontal en tres divisiones: la división de análisis económico, que desarrolla, entre otras, las funciones relativas al seguimiento de la actividad económica y evaluación de las previsiones
macroeconómicas incorporadas a los presupuestos. Por su parte, la división de análisis presupuestario se encarga, entre otras funciones, del análisis y seguimiento del conjunto del ciclo presupuestario. Finalmente, la división
jurídico-institucional lleva a cabo las tareas diarias de gestión de la institución, así como el asesoramiento en temas jurídicos. Desde el primer momento, nos hemos esforzado por construir una cultura interna en la institución muy abierta y
transparente que facilite la colaboración y comunicación continua entre las diferentes unidades.

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La AIReF ha realizado un estudio sobre la plantilla adecuada de la que debe disponer teniendo en cuenta las funciones que le otorga la ley y la experiencia internacional en organismos similares con funciones análogas; para ello la AIReF
contó con la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Dicho estudio concluye unas necesidades de personal de unos sesenta y cinco puestos de trabajo. En julio de 2014 se aprobó una primera relación de treinta y un puestos de trabajo para la
puesta en marcha de la institución, además de los cuatro miembros del comité de dirección. La AIReF espera en un futuro próximo poder seguir completando su plantilla hasta alcanzar la dimensión adecuada para cumplir sus funciones con plenitud. A
lo largo de 2014 la AIReF fue dotándose de recursos humanos. Los miembros del comité de dirección fueron nombrados a propuesta mía por el Consejo de Ministros durante el segundo trimestre de 2014. En septiembre se incorporó la mayor parte del
equipo actual de la AIReF, por tanto puede decirse que es a partir de este momento, a inicios de otoño, cuando la AIReF empieza a ser operativa. El personal tiene un alto grado de especialización en las materias propias de la institución y cuenta
con una amplia experiencia en el sector público. Son, en su mayor parte, funcionarios de carrera de las administraciones públicas; todos ellos se han incorporado a través de las correspondientes convocatorias publicadas en el Boletín Oficial del
Estado y pueden consultarse sus méritos y trayectorias en los curriculums incluidos en nuestra web. En este arranque, y a la espera de completar su plantilla, la AIReF se ha beneficiado del apoyo del Banco de España, que ha cedido sin coste algunos
a cinco expertos en un momento tan importante para nosotros. Quiero agradecer expresamente al gobernador del Banco de España su intervención para que esta cesión haya sido posible. Quiero igualmente aprovechar esta intervención para agradecer el
esfuerzo de la actual plantilla de la AIReF en el desempeño de un trabajo muy exigente en una institución que está recorriendo sus primeros pasos.


Durante estos primeros meses de funcionamiento, una prioridad clara ha sido trabajar para subsanar y sustanciar el compromiso de crear una institución inspirada en los principios de transparencia, rendición de cuentas y profesionalidad.
Para que la AIReF desempeñe adecuadamente su papel no es suficiente su independencia de iure, es necesario que todas sus actuaciones vengan acompañadas de una percepción de objetividad y rigor. En este sentido, nuestros informes y opiniones han
venido en todos los casos precedidos de la publicación de metodologías; en ellas, adoptadas mediante resolución del presidente y publicadas en la web, se adelanta a los destinatarios de los informes y al público en general la aproximación y, cuando
procede, las herramientas analíticas concretas que se van a utilizar en cada uno de nuestros informes y opiniones. Además, antes incluso de su publicación, estas metodologías se han hecho llegar a las administraciones objeto del informe; con ello
he buscado la máxima predictibilidad y objetividad de nuestras actuaciones. Es un ejercicio de rigor y autodisciplina que dota además de transparencia a la actividad de la AIReF. Igualmente, desde que empezó a funcionar nuestro comité de
dirección, sus actas se publican en nuestra web. En la puesta en marcha de la institución, una prioridad fue equiparnos de una web como canal principal de comunicación y de transparencia de nuestras actuaciones; aun todavía provisional, nos
estamos esforzando por que tenga un formato amistoso e interactivo. Próximamente, tendremos una versión más avanzada que incluirá un canal de transparencia específico. Hay dos compromisos que adquirí cuando hace en torno a un año comparecí ante
esta Comisión para ser examinado sobre mi idoneidad para el cargo de presidente de la AIReF, que inciden igualmente en reforzar la percepción de objetividad y rigor técnico de las situaciones de la institución. En primer lugar, he creado un consejo
asesor compuesto por nueve personas de reconocido prestigio profesional que, altruistamente, van a ayudarnos a consolidar la institución y reforzar la calidad técnica de nuestros trabajos. En segundo lugar, estoy ya trabajando activamente con la
OCDE y el Fondo Monetario Internacional en la mejor manera para someter a la AIReF a una evaluación externa a mitad de mi mandato, con objeto de disponer desde instituciones externas y ajenas y con experiencia previa, de la ayuda necesaria para
corregir deficiencias o adoptar buenas prácticas de otras instituciones.


A continuación, pasaré a resumir las actividades de la AIReF en el año 2014. Estas actividades están recogidas con detalle en la memoria que hoy presento a sus señorías, por ello me limitaré a exponerles un breve resumen de su contenido
que, al igual que todos los informes, opiniones y trabajos complementarios elaborados por la AIReF, se han publicado en nuestra web. Nuestra andadura comenzó con la emisión de dos opiniones sobre la conveniencia de mejorar algunos procedimientos
presupuestarios y la necesidad de fijar una senda de ajuste creíble para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los informes, a diferencia de las opiniones preparadas a iniciativa propia de la
institución, son de obligada emisión y tienen varias categorías. Por un lado, están los vinculados a los principales hitos del proceso presupuestario que han de ajustarse a un calendario de emisión establecido

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por la ley. Desde septiembre de 2014 se han realizado todos los informes vinculados al ciclo presupuestario, comenzando con el informe sobre las previsiones macroeconómicas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que la
AIReF avaló como probables. De forma análoga, una vez estuvieron disponibles las líneas principales de los proyectos presupuestarios de las comunidades autónomas, la AIReF también avaló sus previsiones de PIB y empleo, si bien se consideró poco
probable la de dos comunidades autónomas. Respecto del carácter de este aval, me gustaría destacar que se realiza con criterios previamente definidos y públicos sobre la base de un escrupuloso trabajo técnico, cuyos resultados pueden ser replicados
o comprobados por cualquier experto. Ya en octubre, la AIReF publicó su informe sobre las líneas fundamentales y proyectos de presupuesto de las administraciones públicas. No obstante, en la fecha fijada por la normativa, el 15 de octubre, no
contábamos con toda la información necesaria para pronunciarnos sobre determinados aspectos, especialmente en lo que concierne a las administraciones autonómicas y locales, cuyos datos disponibles se referían de manera agregada al conjunto de estos
subsectores. En consecuencia, consideramos necesario publicar un informe complementario sobre el proyecto de presupuesto de las comunidades autónomas cuando dispusimos de la información necesaria para poder analizar la adecuación al objetivo de
estabilidad presupuestaria del presupuesto de cada una de ellas. Este es un ejemplo de algunas de las dificultades que hemos ido afrontando en este primer año de andadura.


En el informe sobre los proyectos de presupuestos de octubre pasado, la principal conclusión fue que el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2015, cifrada en un déficit del 4,2% del PIB, se valoraba como muy exigente y su cumplimiento
requería una ejecución estricta de los presupuestos de cada uno de los subsectores, de tal forma que se pudieran materializar los márgenes de ahorro que parecían existir en alguno de ellos y compensar las insuficiencias que se apreciaban en otros.
Como factores necesarios se señalaba el cumplimiento del objetivo de déficit del 5,5 del PIB del año 2014, la confirmación del escenario macroeconómico previsto, el cumplimiento de las expectativas de ingresos en el sistema de Seguridad Social y la
materialización de alguno de los márgenes de ahorro que parecían existir en los Presupuestos Generales del Estado. La información disponible de las comunidades autónomas mostraba una incertidumbre considerable sobre el cumplimiento del objetivo de
este déficit. Con la información disponible a día de hoy, el diagnóstico de que el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en 2015 es muy exigente, se mantiene. Durante los cinco meses transcurridos desde octubre hay
nuevos factores con incidencia favorable en el déficit, pero tienden a neutralizarse con otros que van en la dilección contraria. El descenso de los tipos de interés, mayor del previsto, aliviará la carga financiera de la deuda y la economía está
creciendo a ritmos sensiblemente superiores a los previstos cuando se presentó el proyecto de presupuestos de 2015, por lo que debe existir más margen para que se materialice el escenario de ingresos tributarios. Estos efectos tenderán a
compensarse con las medidas de mayor aumento de gasto adoptadas desde octubre vía enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado o a través de varios decretos-leyes, como el que aprobó un nuevo programa de activación para el empleo o el reciente
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En el análisis de las líneas fundamentales de los presupuestos de las comunidades autónomas realizadas en el otoño pasado, la AIReF detectó en siete
de ellas un alto riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit público para 2014. En consecuencia, recomendé, tal y como establece la ley de creación de la AIReF, la activación de las medidas preventivas previstas en la normativa, el
artículo 19 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto habría permitido poner en marcha los mecanismos de corrección sin esperar a la constatación de las posibles desviaciones a lo largo del resto del año y
facilitar el cumplimiento del objetivo del 0,7% del ejercicio de 2015, utilizando de esta forma la vertiente preventiva que acertadamente contempla la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Por otra parte, la AIReF también es responsable de elaborar determinados informes relacionados con la aplicación de los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos de esta ley. Estos informes no tienen carácter periódico y que se
materialicen depende de las circunstancias previstas en la normativa en relación con el cumplimiento de los objetivos previstos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto. Este es el caso de los informes sobre los planes
económico-financieros de las comunidades autónomas que habían incumplido sus objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda en 2014. En julio, con carácter previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la AIReF informó sobre los planes
presentados por siete comunidades autónomas realizando diversas recomendaciones encaminadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad asumidos. Finalmente, solo fue aprobado el plan

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económico-financiero de Aragón, retrasándose el resto hasta el siguiente consejo. Posteriormente, en diciembre volvió a reunirse el consejo y fueron informados nuevamente por la AIReF los planes económico-financieros de estas comunidades y
además también el de Cantabria.


Cada año la AIReF debe evaluar los cálculos —es una nueva función que ha surgido con posterioridad a la AIReF— sobre la determinación del índice de revalorización de las pensiones y, cuando entre en vigor, del factor de sostenibilidad. En
2014, una vez recibidos los datos del Ministerio de Empleo, se emitió una opinión concluyendo que correspondía aplicar el límite mínimo del 0,25 establecido en la ley para el incremento de pensiones contributivas, ya que el resultado de la fórmula
matemática estaba por debajo de la subida mínima fijada por la norma. Además de realizar una amplia explicación del funcionamiento de esta fórmula que afecta a tantos ciudadanos y sus efectos a medio y largo plazo, en la opinión se constata que la
brecha negativa entre ingresos y gastos tiende a cerrarse en el periodo 2014-2020, siempre que se cumpla la exigente senda de ingresos de la Seguridad Social marcada por el Gobierno. Por último, también es preceptivo y periódico el informe del
programa de estabilidad, que presenta la singularidad de abarcar un horizonte temporal de medio plazo. Este informe será emitido por primera vez por la AIReF el próximo mes de abril. Asimismo, próximamente la AIReF elaborará su primer informe
sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, previsto en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


La esencia de la actividad de la AIReF son las recomendaciones y propuestas contenidas en nuestros informes y opiniones. El capítulo 3 de la memoria de 2014 que les hemos entregado realiza un ejercicio cuidadoso de sistematización y
seguimiento de las recomendaciones que hemos ido formulando y en un anejo a la memoria están detalladas todas las recomendaciones propuestas clasificadas según su naturaleza y las administraciones destinatarias y competentes para poner en marcha los
procedimientos para cumplirlas. Se explicitan también las actuaciones a las que, en su caso, han dado lugar. Los informes que la AIReF ha publicado hasta la fecha contienen diversas recomendaciones a las administraciones, quienes tienen la
obligación legal bien de cumplirlas o, en caso de no hacerlo, motivar las razones por las que se aparta de ellas; es lo que se conoce como el principio de cumplir o explicar. De forma análoga, ha emitido propuestas y orientaciones de buenas
prácticas en sus opiniones, sin que en este caso la Administración competente esté sometida a la exigencia de cumplir o explicar. Las recomendaciones incluidas en los informes pueden diferenciarse entre aquellas relacionadas con limitaciones al
alcance derivadas de deficiencias en la disponibilidad de acceso a la información relevante y necesaria que le han impedido a la AIReF pronunciarse sobre el objeto del informe, y aquellas recomendaciones que versan sobre el propio objeto del
informe.


Dentro de la primera categoría de limitaciones al alcance hemos realizado diez recomendaciones encaminadas a superar estas deficiencias. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la imposibilidad de evaluar el cumplimiento de la regla de gasto o
el objetivo de deuda en varios niveles de la Administración. Por otra parte, como resultado de las conclusiones de nuestro análisis la AIReF ha realizado dieciséis recomendaciones sobre el propio objeto del informe, de las cuales once eran
relativas al cumplimiento de estabilidad presupuestaria. De forma análoga, tanto en los informes como en las opiniones, hemos realizado treinta y ocho propuestas y orientaciones de buenas prácticas. La mayor parte son relativas a la mejora en la
transparencia y en los procedimientos presupuestarios. Tras la emisión de las recomendaciones de la AIReF, en general la experiencia ha sido que el diálogo entre nuestra institución y las administraciones competentes ha sido, yo diría, escaso.
Esto es, sin duda, fruto de cierto desconocimiento sobre cómo proceder ante una fórmula ciertamente novedosa en España de relación entre instituciones y la ausencia de una regulación más explícita sobre la forma de plasmar el principio de cumplir o
explicar, más que de una hipotética falta de colaboración por parte de los destinatarios. En consecuencia, la AIReF va a realizar un seguimiento sistemático de las recomendaciones mediante un procedimiento reglado de carácter interno.


Voy a pasar a hablar de los retos de la AIReF y los planes de actuación y estratégicos. Las distintas administraciones públicas españolas han realizado en los últimos años un esfuerzo considerable de consolidación fiscal, que ha tenido que
realizarse además en un contexto económico particularmente adverso. La realidad es, sin embargo, que a pesar de todos estos esfuerzos el nivel de deuda pública española va a evolucionar en los próximos años en el entorno del 100% del producto
interior bruto. Con niveles de deuda tan elevados afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas es una prioridad del país, esto es si cabe más importante ante el cambio que se ha producido durante los últimos años en la estructura de la deuda
externa española. Al comienzo de la crisis, en el año 2008, nuestra deuda externa

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era de alrededor de unos 170 puntos del producto interior bruto. Actualmente sigue oscilando en torno a este nivel, la gran diferencia reside en que en el 2008 el grueso de la deuda externa española era privada y ahora es mayoritariamente
pública. Por ello, la credibilidad de las cuentas públicas españolas es un componente muy importante de la credibilidad exterior del conjunto de la economía española y debe ser resultado de la colaboración de todas las instituciones y debe contar
con el apoyo de la sociedad. El necesario esfuerzo de disciplina presupuestaria para alcanzar unas cuentas públicas saneadas no debe ser incompatible con una política económica dirigida a la disminución del desempleo, que es el principal problema
que tenemos sin duda en la actualidad, porque no obliga a ninguna fórmula de especial austeridad sino a cumplir unos objetivos fiscales sostenibles a largo plazo que hayan sido elegidos por la sociedad al valorar favorablemente sus ventajas. El
reforzamiento de la credibilidad de nuestras finanzas públicas tiene varias dimensiones, una particularmente importante es seguir desarrollando el nuevo marco institucional de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se deriva de
su inclusión en nuestra Carta Magna y de los nuevos compromisos adquiridos por España en este terreno dentro de la Unión Europea.


Permítame en este punto la licencia de subrayar que desde esta perspectiva invertir en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es una forma muy eficiente de invertir en la credibilidad de la economía española y me atrevería a
decir especialmente rentable desde la perspectiva de medio plazo. La AIReF puede contribuir a esta inversión de distintas maneras. En la tarea que tiene asignada de comprobar el realismo y la consistencia de las previsiones de las principales
variables macroeconómicas puede ayudar a los distintos Gobiernos —central y autonómicos— a mejorar el contenido de los presupuestos al reducir sesgos no deseados, en especial en el capítulo de ingresos, que pueden dificultar el cumplimiento de los
objetivos marcados. La evaluación de la AIReF de las previsiones macroeconómicas puede facilitar también la tarea de otros evaluadores en su trabajo de emitir opinión sobre esas prohibiciones de variables de gran incidencia en el desenvolvimiento
de la actividad económica. Por otro lado, cuando se acumulen una serie de circunstancias, la AIReF puede solicitar mediante informe la aplicación de los mecanismos de corrección previstos en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Esto debería ayudar a limitar el número y gravedad de los incumplimientos, a la vez que incentivar a los diferentes agentes implicados para que en sus actuaciones tengan en cuenta los objetivos que compartimos todos los
ciudadanos. También puede servir para anticipar problemas al ampliar el tiempo dispuesto por los distintos parlamentos para tomar las decisiones oportunas. Ellos son los únicos con potestad para decidir la dimensión y el contenido de las políticas
fiscales en el legítimo ejercicio de la representación de la soberanía popular. En general, la AIReF puede realizar un trabajo de anticipación de posibles problemas, reforzado por el hecho de poder emitir opiniones y elaborar estudios sobre temas
que afectan a la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas y de la Seguridad Social. Nuestro trabajo pretende también reforzar los valores de estabilidad y sostenibilidad financiera de las cuentas públicas en la cultura de la sociedad
española, porque las decisiones adoptadas desde el consenso siempre han sido más fáciles de aplicar y obtienen mejores resultados.


Los saldos anuales de las cuentas públicas en la historia reciente reflejan que la sociedad española no está muy acostumbrada a la disciplina fiscal. Por este motivo conviene recordar que disponer de unas cuentas públicas sanas, entendidas
sobre todo como sostenibles a largo plazo, tiene grandes ventajas, entre ellas la de facilitar la aplicación de las políticas fiscales más adecuadas en las distintas fases del ciclo económico, sin sufrir la restricción provocada por la acumulación
de deudas excesivas. La necesidad de estabilización cíclica por la política fiscal resulta si cabe más importante ante la pérdida en el caso español de instrumentos de política monetaria. Así, con independencia del patrón redistributivo escogido,
la sociedad debe elegir positivamente la necesidad de mantener a largo plazo una política sin incurrir en cargas que puedan reducir la capacidad potencial de crecimiento económico o implique una redistribución desequilibrada de los esfuerzos entre
las distintas generaciones.


La forma de llevar a cabo las obligaciones establecidas de la AIReF en este contexto está recogida en el proyecto de Plan estratégico 2015-2020 cuyo borrador se presenta ante esta Cámara. Este Plan estratégico de la AIReF se estructura en
cuatro líneas de actuación que resumen los objetivos de la institución: primero, contribuir a una mayor orientación de la política fiscal hacia la estabilidad presupuestaria; segundo, promover la sostenibilidad financiera de las administraciones
públicas en sus distintos niveles; tercero, mejorar la transparencia y las prácticas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas; y, cuarto, contribuir a que la sociedad española perciba plenamente los beneficios de la sostenibilidad
financiera. Se acompaña de un quinto eje de carácter transversal que es crear una AIReF, una institución

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eficaz y transparente, para que los objetivos anteriores puedan materializarse. El plan estratégico a medio plazo se completa en un plan de actuaciones para el año en curso que también está a su disposición. Ambos pretenden orientar el
trabajo de la AIReF para conseguir una institución que sea útil a la sociedad española, contribuyendo a garantizar unas cuentas públicas sostenibles a largo plazo. Todas las actuaciones previstas para 2015 son necesarias para conseguir los
objetivos fijados, pero me gustaría destacar algunas de ellas.


En el primer eje consideramos prioritario diseñar un marco contable simplificado en el que se integren nuestras estimaciones provisionales y previsiones, a la vez que disponer de modelos fiables para la estimación y provisión de las
magnitudes con incidencia en la estabilidad presupuestaria. En el segundo destacaría la necesidad de dotarlo de un sistema de evaluación y seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con el endeudamiento de las administraciones, en especial de
las territoriales. En el tercero cobra especial importancia la elaboración de una opinión sobre la aplicación de la metodología para el cálculo de la regla del gasto y la propuesta para la coordinación de procedimientos internos conforme al
calendario de compromisos asumidos por España en el ámbito europeo. En el cuarto eje, que busca contribuir a que la sociedad española perciba los beneficios de la sostenibilidad financiera, destacaría el propósito de desarrollar una estrategia
global de comunicación y una mayor presencia de la AIReF en los foros en donde se analice y genere opinión sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para la consecución de estos objetivos la AIReF cuenta con una normativa adecuada que la
dota de dos herramientas principales para desarrollar su trabajo, el acceso a la información y el principio de cumplir o explicar, que le otorga capacidad de interaccionar con las administraciones públicas. Para tener éxito deben concurrir una
serie de condiciones que dependen en primer lugar de nuestro propio esfuerzo, el de la AIReF, pero también de la disponibilidad de información suficiente en algunos casos y del grado de colaboración del resto de las administraciones implicadas en la
definición y gestión de las actuaciones que componen el ciclo presupuestario y en la aplicación efectiva del principio de cumplir o explicar. El desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico, el que nos afecta a la AIReF, la existencia de una
plantilla altamente cualificada y de dimensión suficiente para el desarrollo de las amplias funciones atribuidas a la AIReF, junto a la disponibilidad de la información, unidas al establecimiento de relaciones fluidas con las administraciones
públicas, deben permitir alcanzar los retos asumidos.


En definitiva, la AIReF tiene intención de trabajar para realizar su aportación al objetivo colectivo de invertir en credibilidad para mejorar la estabilidad y confianza de la economía española. Este objetivo permitirá cumplir un reto
propio: ser útil a la sociedad española, una tarea complicada que sin duda necesitará de un periodo más largo que el de mi mandato. En estos tiempos en los que después de sufrir una muy dura crisis los ciudadanos tienden de manera legítima a
analizar con mucho cuidado el uso de los recursos públicos, el equipo humano que dirijo aspira a comenzar a construir una organización dentro del entramado institucional español que sume valor añadido en el despliegue de una política fiscal
sostenible a largo plazo en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Según lo previsto, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: En primer lugar, señor Escrivá, quiero agradecerle en nombre del Grupo Socialista su presencia hoy aquí y también su completa clara y sistemática información que ha aportado a este Congreso de los Diputados. Quiero
que sepa, señor Escrivá, que nuestro grupo solicitó su comparecencia en el debate de los presupuestos para 2015. Son muchas las comparecencias previas a ese debate, viene incluso el gobernador del Banco de España; pero a nuestro juicio también
debería haber venido la autoridad fiscal para hablarnos del escenario macroeconómico, de la consistencia de ingresos y gastos públicos y de la consistencia de ese presupuesto 2015 con el programa de estabilidad. Pedimos en 2014 su comparecencia,
señor Escrivá, de acuerdo con la ley que crea la autoridad fiscal, pero tampoco fue posible porque el partido del Gobierno en ambos casos no lo tuvo a bien. En realidad, el Gobierno no se cree esta institución. Para el Gobierno esta institución es
algo impuesto por el memorándum firmado como consecuencia del rescate, así como por la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento 2011 y el pacto fiscal acordado en 2012.


Señor Escrivá, señorías, el Gobierno aprobó al comienzo de la legislatura la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros dijimos en aquel momento que, siendo necesaria, era una ley que por la dureza de sus objetivos, no se cumpliría en la
senda hasta 2020 y en las reglas fiscales. Ello generaría problemas adicionales de reputación ante los organismos internacionales y ante los agentes privados. Finalmente,

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en un corto plazo de tiempo el proceder del Gobierno nos ha dado la razón. La Ley de Estabilidad Presupuestaria no ha funcionado, ha sido un fiasco no solo por sus resultados, ya que el 97,7% de la deuda pública en relación con el PIB en
2014 está muy lejos del 60% del objetivo de la deuda pública en 2020 que tenía como objetivo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se ha incrementado la deuda pública en lo que llevamos de Ley de Estabilidad Presupuestaria en 290.000 millones de
euros y en este año en 68.000 millones de euros —2014 con 2013—, por no hablar de la deuda de las comunidades autónomas que tenían un objetivo en la ley del 13% para 2020 y van por más del 23% —con la Ley de Estabilidad Presupuestaria la deuda de
las comunidades ha crecido en 9 puntos del PIB— o que España tenga el déficit más grande del mundo, si exceptuamos a Japón, que no es comparable, entre otras cosas por la metodología o el incremento de la deuda más importante del mundo. No se trata
solo de sus incumplimientos, de los que da buena cuenta la Comisión Europea y la autoridad fiscal, sino de sus cambios y modificaciones. En tres años ha habido una docena de modificaciones entre cambios de leyes, reales decretos y órdenes.


Señor Escrivá, le querría hacer algunas preguntas al hilo de su intervención y con relación a lo que ha sucedido en 2014 y los planes para 2015. Ante los incumplimientos, los resultados y las desviaciones para conseguir los objetivos cara a
2020, señor presidente de la autoridad fiscal, ¿no cree que se debería modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para ser fiables y para ganar en reputación? ¿No cree que los presupuestos generales de 2015 incumplen la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en la medida en que el crecimiento real del PIB previsto en esos presupuestos, del 2%, exigiría una reducción del ratio de la deuda pública de 2 puntos porcentuales del PIB nacional? Esa es una demanda expresa de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué le parece que el déficit estructural en 2015 o en 2016 vaya a ser superior al de 2014, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea? ¿Es creíble la evolución del consumo
público previsto en el programa de estabilidad con las medidas que el Gobierno dice que va a tomar en la Administración pública? ¿Qué le parece que se hayan aprobado excepciones en la cláusula del no bailout en la Ley de Estabilidad Presupuestaria?
¿Se han aprobado los planes económico-financieros de un conjunto de comunidades autónomas —lo decía usted, de siete comunidades autónomas— en tiempo y forma? Les recuerdo que esos siete planes económico-financieros de las comunidades autónomas para
2014 se aprobaron en diciembre de 2014. Señor Escrivá, no se cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿pero sucede algo? Los ciudadanos que siguen este tipo de cuestiones y los medios de comunicación se preguntan: si no se cumple la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, ¿sucede algo? ¿Se han tomado medidas preventivas o correctivas? ¿Qué le parece, señor Escrivá, que el 12 de septiembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobase el objetivo de deuda pública para cada una de las
comunidades autónomas de régimen común y ese mismo día el Banco de España publicase los datos de deuda del segundo trimestre de 2014 y, salvo una comunidad autónoma, todas las demás sobrepasasen el objetivo de deuda para 2014? Todavía faltaba un
trecho para acabar 2014. ¿Qué le parece la creación de siete nuevos fondos autonómicos y que escapen al control de la autoridad fiscal?


Ya he dicho que el Grupo Socialista no estuvo de acuerdo con esta Ley de Estabilidad Presupuestaria. El tiempo nos ha dado la razón. Desde nuestro punto de vista, se tendría que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No se está
cumpliendo y los resultados son evidentes —vuelvo a hablar de los 290.000 millones de euros de deuda pública más desde que se aprobó la Ley de Estabilidad—, llevándose por medio además —es un resultado paradójico— parte de la autonomía y de la
corresponsabilidad fiscal, política y presupuestaria de las comunidades autónomas; además, además. Igualmente el Grupo Socialista dijo que la autoridad fiscal —lo recordará usted perfectamente porque fue durante su primera intervención en el
Congreso de los Diputados— para ser verdaderamente independiente no debería depender funcional ni presupuestariamente del Ministerio de Hacienda. Es sencillo de entender. Usted tiene que negociar directamente su presupuesto, el de la autoridad,
con el que tiene que ser controlado. Esto lo entiende todo el mundo. Hay un documento sobre las instituciones fiscales independientes en España y en la unión económica y monetaria que ha publicado recientemente, el mes pasado, el Banco de España.
Señor Escrivá, hay mucho en juego, y usted lo sabe perfectamente. El reloj está funcionando, pasa el tiempo y ahora es fundamental el trabajo que ustedes están desarrollando y el que tendrán que desarrollar. Se lo queremos agradecer formal y
públicamente. El mencionado documento del Banco de España señala además que la independencia también está relacionada con el acceso a la información de la autoridad fiscal y de sus medios, suficientes o no.

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Quiero seguir haciéndole algunas preguntas. ¿Ha tenido algún problema la autoridad fiscal con el acceso a la información relativa a las distintas administraciones públicas de nuestro país? A la última pregunta que deseaba hacerle en
realidad me ha contestado en la primera frase de su intervención. Era: ¿Considera que comparativamente con el resto de instituciones fiscales independientes tiene los medios necesarios para asegurar la independencia? Lo tenía apuntado, pero ha
manifestado usted al principio de su intervención que, comparando, de media tendrían que ser 65 personas y tienen 31. Por tanto, me ha contestado en su primera frase a la última pregunta que le quería hacer.


Gracias por su atención, señor Escrivá.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Señor Escrivá, es la primera memoria que presenta ante esta Comisión del Congreso de los Diputados. Debo decirle, como ha hecho el portavoz socialista, que se trata de una memoria amplia y bien desarrollada,
teniendo en cuenta que en febrero del año pasado fue nombrado usted por el Gobierno y ha dicho que desde principios de otoño estaba operativa. En ese sentido, la autoridad ha desarrollado un trabajo intenso que queda reflejado en la memoria y sin
lugar a dudas en su intervención.


Voy a hacer también una serie de consideraciones previas a unas preguntas, partiendo de la base de que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la consolidación fiscal debe cumplirse. Este es un compromiso que todas las administraciones
públicas deben atender y cumplir; usted, como autoridad vigilante en ese tenido, es quien tiene la responsabilidad de controlarlo. Me sorprende el siguiente tema. Usted ha hecho referencia en su intervención, aparte de que lo recomendaba en
algunos de sus informes —me parece—, a las orientaciones de buenas prácticas; recomendaba mejorar en transparencia, y el informe habla tanto de transparencia en la información como en la fijación de los objetivos de déficit. Señor Escrivá,
ciertamente debe mejorarse esa transparencia en la fijación de los objetivos de déficit, pero además en que se adecuen a lo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé. Sabe usted bien que la disposición transitoria primera de esa ley orgánica
establece que en el periodo transitorio 2012-2020 el déficit deberá reducirse manteniendo la distribución del déficit estructural entre la Administración central y las comunidades autónomas observado en el ejercicio 2011. Por tanto, a lo largo de
ese periodo transitorio el peso de las comunidades autónomas en el déficit estructural conjunto de la Administración central y de las comunidades autónomas debe ser el mismo que el registrado a 1 de enero de 2012, es decir, el que corresponde al
cierre de 2011. Realizando esos cálculos, eso correspondería a un déficit estructural —año 2011— de un 40% de las comunidades autónomas —del Estado no tengo el dato—, me parece recordar que es un 39,46% o algo así. Si nos fijamos en los objetivos
de déficit establecidos en 2013, 2014 y 2015, nunca se cumple esa norma transitoria que prevé, como decía, la disposición transitoria primera de la ley orgánica. En 2013 el límite de déficit para las comunidades autónomas representaba un 20%, en
2014 un 18,2% y para el presente año el objetivo de margen de generación de déficit para las comunidades autónomas es del 17% del total y el de la Administración General del Estado es del 83%. Sabe bien que las corporaciones locales ya no pueden
generar déficit. Por tanto, en ningún caso se ha cumplido lo que prevé esa disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.


El Gobierno ha realizado una distribución no equitativa, desproporcionada, arbitraria e ilegal, contraria a lo que dice la ley, de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas,
que, como decía, además es contraria a la Ley orgánica de estabilidad. Como bien sabe, esto ya ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo por la Generalitat de Catalunya. En este sentido, por lo que a usted le corresponde, ¿no cree
que la mayor transparencia que reclama su organismo o que usted reclamaba hoy en su comparecencia requiere desde el inicio, desde el principio, el cumplimiento estricto de lo que establece la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria para la concreción de los objetivos de déficit? Dicho de otro modo, ¿no cree que el hecho de que se exija a las comunidades autónomas un esfuerzo de reducción del déficit mucho más elevado que el que prevé la disposición transitoria
primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria condiciona el cumplimiento de los objetivos establecidos para las comunidades autónomas? Creo que me puede responder a esas dos preguntas porque entran de lleno en sus competencias, máxime desde la
perspectiva que usted ha reclamado de una mayor transparencia, sobre todo cuando, como le decía, uno de sus informes menciona la transparencia en la fijación de los objetivos de déficit.

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La consolidación fiscal se alcanza por la vía de reconfiguración de los ingresos, por la vía de ajustes o simultáneamente con las dos medidas. Por la de gastos, si hacemos un breve repaso del esfuerzo que han hecho las diferentes
comunidades autónomas a lo largo de estos últimos años de crisis económica, se puede comprobar que mientras estas han reducido el déficit en más de un 50% la Administración General del Estado solamente lo ha realizado del 15% del total. Esto
contrasta además con la contribución en el gasto público de cada nivel de administración; en el caso de las comunidades autónomas es más del 31% del total, que como usted bien sabe incluye educación, sanidad y servicios sociales, y en el de la
Administración General del Estado y la Seguridad Social conjuntamente el 57%. Por tanto, en las comunidades autónomas —en las que más del 70% del gasto va destinado a servicios sociales, educación y sanidad, que representa el 31% del gasto total—
se ha reducido el déficit en más de un 50%, mientras que la Administración General del Estado, cuyo gasto representa el 57% del gasto público total, ha hecho un esfuerzo del 15%. Ya no le quiero decir nada del caso de Cataluña —son los datos que
conozco más—, donde se ha reducido el déficit en el 58% en 2010-2013, que en número absolutos es más de 5.000 millones. En términos de déficit estructural la reducción ha sido de 3,23 puntos del PIB y en términos de PIB el ajuste realizado por
Cataluña es de un 2,58%, ocho veces superior al realizado por la Administración General del Estado.


Como le decía, la consolidación se puede alcanzar también por la vía de ingresos. De hecho, hemos podido comprobar desde el inicio de la legislatura que el Estado ha recompuesto toda su estructura de ingresos con los incrementos fiscales
—por ejemplo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre el valor añadido, en impuestos especiales o en el impuesto sobre sociedades con las diferentes modificaciones que ha realizado—, que han supuesto más de 30.000
millones de euros en este periodo 2012-2014. Por tanto, el Estado tiene capacidad para hacerlo y lo ha hecho, ha recompuesto su estructura de ingresos. Con el actual régimen las comunidades autónomas tienen un margen muchísimo menor para
recomponer esa estructura de ingresos. Sabe bien que además en algunos casos cuando han intentado recomponer sus ingresos en la parte que pueden tampoco se les ha permitido. Recuerdo que recientemente la Comisión Europea ponía de manifiesto su
preocupación por la insuficiencia de los recursos de que disponían las comunidades autónomas, y más partiendo de la base de que la Constitución y la LOFCA prevén esa necesidad de suficiencia de recursos para las comunidades autónomas, para
desarrollar todas aquellas competencias que tienen atribuidas y, como digo, muy especialmente en materias sociales. Además, no es que tengan un margen muy pequeño de recomposición de la estructura de ingresos, sino que el Estado no ha sido leal con
la estructura ordinaria de ingresos de esas comunidades autónomas, y los ejemplos son varios.


Como usted bien sabe, deberíamos tener ya desarrollado y en vigor desde el año pasado un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas —no lo tenemos—; el ministro de Hacienda nos ha dicho que ya hablaremos de ello, pero que
por ahora no tendremos ningún nuevo sistema de financiación. En este sentido, se prefiere financiar extraordinariamente, a través del FLA por ejemplo, que no ordinariamente, como debería ser, y más habiendo superado legalmente el actual sistema de
financiación su recorrido temporal. Tampoco ha existido una participación efectiva de las comunidades autónomas en los incrementos de tributos. Sabe bien que de todos los que se han dado en esa recaudación del Estado de 30.000 millones de euros
algunos de ellos son impuestos en los cuales las comunidades autónomas tienen una participación —según cada impuesto— y que este incremento se resta del Fondo de suficiencia. Por tanto, no hay un nuevo sistema de financiación ni una participación
efectiva de las comunidades autónomas en los incrementos de tributos. Aparte de esto, con los anticipos a cuenta del sistema de financiación no se tiene en consideración el incremento de ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
Nos encontramos con que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 prevén un incremento de la recaudación de impuestos y que los anticipos que se dan a las comunidades autónomas son menores que los de 2013; es bastante sorprendente. Como le
decía, entre 2013 y 2014 se ha incrementado la recaudación un 4,6% y los Presupuestos Generales del Estado prevén un incremento adicional de 5,4 puntos, en cambio para el presente año los anticipos a las comunidades autónomas retroceden un 2,5%; se
incrementan los ingresos pero las entregas a cuenta a las comunidades autónomas disminuyen.


Último punto en este sentido respecto a esa poca lealtad institucional del Estado con las comunidades autónomas en cuanto a la estructura ordinaria de ingresos de las comunidades autónomas: el pago del Fondo de competitividad. Como sabe,
en 2014-2015 no se avanza en el Fondo de competitividad. Es cierto que la ley dice que se pagará dentro de dos años, totalmente cierto; pero las necesidades son

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ahora, no son dentro de dos años. Nos encontramos no tanto con un problema de gasto sino con uno de ingresos, de estructura de ingresos de las comunidades autónomas, aparte de con un incumplimiento del principio de lealtad institucional por
el Estado con las comunidades autónomas por no haber aprobado el nuevo sistema de financiación, por no existir una participación efectiva de las comunidades autónomas en los incrementos de tributos que se han dado en este periodo 2012-2014, porque
los anticipos a cuenta del sistema de financiación no tienen en consideración el incremento de ingresos que prevén los Presupuestos Generales del Estado y porque no se avanza en el pago del Fondo de competitividad. Desde esta perspectiva, señor
Escrivá, desde la de la consolidación de las cuentas públicas de las comunidades autónomas, ¿no considera perjudicial que no se haya aprobado el nuevo sistema de financiación, que las comunidades autónomas no participen efectivamente del incremento
de los impuestos del IRPF, del IVA y de impuestos especiales, o que no se adecuen los anticipos a cuenta de la financiación a la recuperación de los ingresos estatales?


Como usted ve, yo he tratado de hacer un discurso político en ese sentido, sin lugar a dudas. Concuerdo con usted en que las diferentes administraciones públicas, especialmente los entes locales y las comunidades autónomas, han hecho un
gran esfuerzo en consolidación fiscal; desde mi posición, como le he dicho, creo que las comunidades autónomas lo han hecho sobradamente más que el Estado. Nos encontramos además no con un problema de gasto sino de ingresos en la configuración
actual de las comunidades autónomas, añadiendo las deslealtades de las que he hablado y que el Estado está realizando en ellas. Las preguntas que le he formulado, señor Escrivá, no son políticas, sino que entran dentro del campo de su competencia y
espero que sean respondidas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Bienvenido, señor presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y gracias por la completa información que ha remitido antes de su comparecencia en un ejercicio práctico de transparencia y
respeto por esta Comisión que no siempre practican todos los comparecientes. Como sabe, mi grupo, Unión Progreso y Democracia, es partidario de la existencia de su institución —de hecho fuimos los primeros en proponerlo esta legislatura en la
propia Ley de Estabilidad con otro nombre distinto, Consejo Fiscal Independiente— y habríamos sido partidarios, incluso, con más poderes que la que usted preside; con más independencia, incluyendo independencia presupuestaria; con más funciones;
más posibilidad de acceso a la información y con más capacidad de iniciativa. Sin embargo, pese a estas limitaciones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene un papel útil; está desempeñando un papel útil para ayudar a entender
los defectos de diseño de nuestro sistema descentralizado, algo en lo que Unión Progreso y Democracia insiste desde su creación y que, a veces, se ve como crítica del sistema autonómico, cuando intenta ser perfeccionamiento del sistema autonómico.


Estas críticas que realizábamos en solitario hace años se ven corroboradas por sucesivos informes de la Comisión Europea o por los informes que realiza su institución. Por eso, creemos que la autoridad realiza un papel útil; aunque también
creemos que queda mucho por hacer y que buena parte de la utilidad de lo que están haciendo es señalar el camino que falta por recorrer, lo que no deja de ser importante, porque para solucionar los problemas una sociedad primero tiene que ser
consciente de que los tiene. En esa línea, queda mucho por hacer —como se deduce del trabajo de su institución— para mejorar las previsiones macroeconómicas que sustentan los presupuestos de las diferentes administraciones. Las metodologías tienen
que ser más rigurosas, más transparentes, y tenemos que terminar con la práctica de cumplir sobre el papel los objetivos de déficit inflando las previsiones de ingresos. En este contexto en particular, nos preocupa lo que señala su institución
sobre la necesidad de mejorar la forma de calcular las reglas de gasto en las diferentes comunidades autónomas. Queda mucho por recorrer también en la mejora de la información estadística. No solo hay que enviarla en tiempo y forma —cosa que no
siempre se hace—, sino que el formato tiene que ser homogéneo; y lo tiene que ser no por ningún delirio centralista, sino porque estamos hablando de cifras que es necesario comparar, que es necesario agregar, que es necesario analizar. Esas
estadísticas tienen que ser homogéneas y más detalladas. En esta línea, querría señalar la necesidad —que indica también su institución— de que los proyectos de presupuestos autonómicos tengan una estructura más homogénea o que los cuestionarios
sobre las líneas fundamentales de esos proyectos sean más detallados de lo que son hoy en día. En esa línea de mejora de la transparencia es muy importante que, en las comunidades forales con tal devolución de poderes fiscales, esa transparencia
esté acentuada. Por eso, apoyamos la petición que hace su institución de que los acuerdos

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de las comisiones mixtas entre el Estado y las comunidades forales, cuando tengan trascendencia financiera, sean públicos. De hecho, resulta sorprendente tener que hacer esta petición, pero hemos visto recientemente su importancia en el
caso del IVA de Volkswagen en Navarra. Esos acuerdos entre el Estado y las comunidades forales en la Comisión mixta deberían ser públicos siempre, y especialmente si tienen trascendencia financiera.


Apoyamos también —y señalamos— la necesidad de progresar en la mejora de los procedimientos presupuestarios. Los presupuestos de un año tienen que compararse con la ejecución del año anterior, no con el proyecto del año anterior. Es
necesario extender la filosofía de que sean presupuestos plurianuales en todos los niveles de gobierno. Apoyamos —por lo tanto, señalamos— la necesidad de seguir avanzando en algo tan sorprendente como la aplicación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que se aplique de forma transparente y automática, no de forma discrecional, en el caso de las medidas correctoras y también en el caso de las medidas preventivas, algo que para UPyD es especialmente importante porque en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria —que la parte preventiva era demasiado floja— no estaba suficientemente desarrollada. No entendemos por qué la AIReF tiene que recordar al ministerio que cumpla la Ley de Estabilidad; debería cumplirla por sí solo.


Además de estas reflexiones generales, quería hacer especial hincapié en tres cuestiones concretas. La primera tiene que ver con que en la Ley de Estabilidad —como también señala su institución— hay un objetivo de deuda pública para el año
2020 del 60% del PIB; y hoy, cinco años antes, estamos cerca del 100% del PIB. No parece creíble que en cinco años se pueda rebajar la deuda pública 40 puntos del PIB, 400.000 millones de euros; habría que rebajar 8 puntos cada año en un país que
todavía tiene un déficit público importante. Señalamos la importancia de corregir esto y adecuar esas previsiones legales a la realidad.


La segunda cuestión —que también usted lo ha señalado— es la relativa a la revalorización de las pensiones. La revalorización ha sido mínima, un 0,25%, lo cual afecta a millones de pensionistas, y es difícil entender que no haya
transparencia detrás de esa decisión. Sería lógico conocer qué datos se han utilizado para realizar ese cálculo, qué supuestos subyacentes se han utilizado para tomar esa decisión, e incluso, qué escenarios alternativos se han contemplado.
Hablando de previsiones, normalmente, es preciso contemplar diferentes escenarios, aunque sea con diferente grado de probabilidad. De nuevo sorprende tener que hacer esta petición o que su institución tenga que hacerla al ministerio
correspondiente. Lo normal sería que ellos lo hiciesen motu proprio, sobre todo un Gobierno que tanto ha hablado de transparencia y que, de momento, tan poco la ha practicado.


La tercera cuestión es que el año 2015 es un año especialmente importante, porque es un año con múltiples citas electorales; entre ellas, también las elecciones autonómicas. Esto acentúa el riesgo de incumplimiento de los objetivos de
déficit de las diferentes administraciones, en particular las autonómicas. Esto se puede ver en el informe de desequilibrios macroeconómicos de la Comisión Europea, donde hay una previsión de aumento del déficit estructural. La sorpresa de Unión
Progreso y Democracia es que el Ministerio de Hacienda, en vez de intentar prevenir este riesgo, parece que lo acentúa, porque ha tomado decisiones —como los préstamos a tipo de interés cero— que premian a los más incumplidores y que incentivan el
incremento de gasto antes de las citas electorales; o ha tomado decisiones, como la que discutiremos este jueves en el Pleno, de reformar a peor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aumentando la discrecionalidad y aumentando el oscurantismo. Nos
da la sensación de que el ministro de Hacienda utiliza la Ley de Estabilidad como una amenaza en negociaciones a puerta cerrada, en vez de cumplirla de forma estricta y de forma automática.


Por todo eso, le pregunto cómo evalúa usted el grado de colaboración de las diferentes administraciones, autónomas y locales, pero también del Ministerio de Hacienda en el desempeño de sus funciones; qué grado de cumplimiento hay de sus
recomendaciones y qué grado de explicación hay cuando no se cumplen. Quiero preguntarle si considera que su institución cuenta con medios suficientes para desempeñar su tarea; y también le pregunto qué vías cree que serían las adecuadas para
reforzar la independencia de su institución, en particular en el ámbito presupuestario. Creemos que las diferentes administraciones tienen que apoyar la tarea de la AIReF y también nosotros, Congreso de los Diputados, en esta Comisión o en la
Comisión de Presupuestos. Por eso, vimos con buenos ojos —y apoyamos en su momento— la propuesta del Grupo Socialista de que si en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado que se realiza en Comisión comparecen el gobernador del Banco
de España y otras autoridades, que comparezca también usted como presidente de la AIReF.

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En conclusión, su institución es útil, está realizando un papel positivo, pero que queda mucho por hacer, y que esa parte positiva de su tarea ha tenido fundamentalmente que ver con eso hasta ahora. Señalar lo mucho que queda por hacer en
el ámbito de las diferentes administraciones para mejorar nuestros procedimientos presupuestarios.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, quiero agradecer la exposición del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y darle la bienvenida en mi nombre, y en el del Grupo Parlamentario Popular, a esta Comisión de
Hacienda, ya que por primera vez usted nos expone la memoria anual de actividades del año 2014 de la institución a la que representa. Este ha sido un año singular para la institución, puesto que, como el mismo presidente ha expuesto, prácticamente
hasta septiembre no tenía cubierta su plantilla al completo, al mínimo de posibilidades para llevar a cabo esa importante tarea que tiene encomendada.


El Grupo Parlamentario Popular quiere situar un poco el debate que se ha producido aquí, señalando que el camino que nos ha traído hasta aquí ha sido largo y difícil. Han sido necesarios los sacrificios de todos, de los ciudadanos y de las
administraciones públicas, pero hemos cumplido nuestro objetivo porque es un hecho que estamos empezando a crecer y que estamos empezando a crear empleo. Hemos sido capaces de superar una de las peores crisis de la historia, y de la historia
democrática y, además, lo hemos hecho garantizando el Estado del bienestar, que era uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno. Hoy la prima de riesgo está por debajo de los 100 puntos, el tipo de interés del bono a diez años es del 1,3% y
creemos que seremos capaces de crear en dos años un millón de puestos de trabajo y de hacer crecer nuestra economía por encima del 2,4% en 2015. Por tanto, todo esto no ha sido una casualidad. No debemos olvidar que la salida de la crisis ha sido
sobre todo un éxito de la sociedad española, pero también tienen mucho que ver las reformas emprendidas por el Gobierno desde el primer minuto en que asumió la responsabilidad de gobernar. En el Grupo Parlamentario Popular creemos —y el Gobierno
también— en la estabilidad presupuestaria; creemos que no podemos gastar por encima de lo que tenemos, y además creemos que esta estabilidad presupuestaria es la garantía de la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar en el futuro. Esa firme
convicción en el principio de estabilidad nos llevó al principio de la legislatura a aprobar una ley orgánica de la que hoy se ha hablado aquí, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que fue un paso fundamental para que España
iniciara nuevamente la senda de la recuperación económica y de la creación de empleo. El Gobierno puso los cimientos para que España pudiera recuperar confianza, una palabra de la que también ha hablado el presidente del autoridad fiscal;
confianza frente a los mercados y frente a nuestros socios europeos. Ese es un objetivo que se ha conseguido, y además todas las administraciones públicas deben estar comprometidas en ese objetivo y deben estar identificadas con este porque, como
hemos dicho muchas veces, las autonomías y los ayuntamientos también son España y también son Estado.


Por eso, en esa ley se incorporaban actuaciones preventivas de alerta temprana y de corrección automática de las desviaciones que se pudieran producir en los objetivos de estabilidad, así como mecanismos sancionadores para aquellas
administraciones incumplidoras. En este compromiso que tiene el Gobierno con la estabilidad presupuestaria juega un papel fundamental el organismo que usted preside, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque al final es una
herramienta al servicio de todos, al servicio de las administraciones públicas y, sobre todo, al servicio de la sociedad española, ya que es una herramienta fundamental para hacer cumplir el principio de estabilidad presupuestaria y el compromiso de
toda la sociedad española con esa consolidación fiscal que es necesaria para garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Tiene usted una tarea fundamental no solo para estas Cortes, no solo para el Gobierno, sino también una tarea
fundamental para toda la sociedad española y, en este año singular, ya está demostrando esos primeros resultados importantes para convertirse en una herramienta fundamental para el control del déficit público.


Señorías, en ese objetivo de consolidación fiscal España, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, ha dado en estos tres años pasos de gigante. Todavía no tenemos el cierre definitivo de 2014, pero en el tercer trimestre los
datos de déficit público de las distintas administraciones eran muy positivos. Había, es cierto, mayores déficits de las comunidades autónomas, que se compensaron con un importantísimo superávit de las entidades locales y con un buen comportamiento
también de la Seguridad Social. El objetivo de déficit de España en 2014 era, como saben sus señorías, del 5,5% del

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PIB y, a finales del tercer trimestre de 2014, que son los últimos datos que conocemos, el conjunto de las administraciones públicas había conseguido reducir su déficit un 13,7%. Por tanto, creemos que se cumplirán esos objetivos de déficit
público comprometidos.


La implantación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a hacer más creíbles, sin duda, nuestras cuentas públicas y va a contribuir a reforzar más la credibilidad de España, como ha dicho el presidente de la autoridad
fiscal, y sobre todo la confianza de los mercados financieros en nuestra economía. Además, entendemos que la autoridad fiscal en esta memoria de actividades valida las cuentas de las comunidades autónomas —es cierto que con algunos toques de
atención a algunas de ellas— y también valida algo que es muy importante para nosotros y que también lo ha mencionado el presidente: el índice de revalorización de las pensiones. Lo importante es resaltar que en ningún caso, con la nueva Ley de
Revalorización de las Pensiones, el incremento anual podrá ser inferior al 0,25% ni superior al IPC más el 0,50%, y esto es algo en lo que cree firmemente el Gobierno del Partido Popular, que se marcó al llegar al Gobierno unas líneas rojas que
nunca ha traspasado: un compromiso con las pensiones, que deben tener garantizada una revalorización por ley de forma que no pierdan poder adquisitivo, y eso lo está cumpliendo. Al contrario de lo que hicieron otros Gobiernos, como el del Partido
Socialista, que congeló las pensiones, se ha aplicado un mínimo de revalorización del 0,25%, que con la bajada de la inflación ha supuesto que los pensionistas hayan ganado poder adquisitivo. Y esto también lo resalta la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, que certifica que para 2015 el cálculo estricto de la fórmula del índice de revalorización estaría por debajo del 0,25% que se ha aplicado, y eso se recoge también en esta memoria.


Voy terminando. No quiero sustraerme a algunas de las palabras que han dicho los portavoces de los grupos de la oposición, porque decía el portavoz socialista que el Gobierno no cree en esta institución. Primero, el Gobierno del Partido
Popular ha sido el que ha puesto en marcha esta institución, así que es difícilmente sostenible que sea el Gobierno del Partido Popular quien no cree en esta institución. Han sido ustedes los que han denominado a esta institución como chiringuito
gubernamental. Ha sido el Partido Socialista el que habló en estos términos de esta institución, porque en el fondo ustedes votaron en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la única razón para ello es que no creen en la estabilidad
presupuestaria. Tienen una política que consiste únicamente en gastar y gastar y en no pagar las facturas, y por eso nos dejaron la peor herencia económica de la democracia, con más de 5 millones de personas en el paro y un déficit descomunal de
nuestras cuentas públicas. Por tanto, ni creen en la estabilidad presupuestaria ni por supuesto creen en la institución encargada de velar por esa estabilidad presupuestaria.


Al portavoz de CiU se lo hemos dicho muchas veces, pero sabemos que el esfuerzo tiene que ser de todos, todas las administraciones tienen que estar comprometidas con la estabilidad presupuestaria. Hablaba de lealtad institucional, pero la
primera lealtad es con los ciudadanos. Si ustedes, su Gobierno en Cataluña, se dedicarán más a resolver los problemas de los ciudadanos, quizás esta autonomía sería mejor. Sabe perfectamente que este Gobierno ha puesto mecanismos de liquidez muy
importantes para ayudar a las comunidades autónomas, en particular a Cataluña, a pagar sus facturas, a sus médicos, a sus profesores y el Estado del bienestar.


El discurso del portavoz de UPyD ha sido constructivo, en línea con lo que ya hicieron con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Agradecemos ese discurso porque aquí estamos todos para mejorar, para avanzar y para proponer fórmulas que nos
permitan hacer una sociedad y unas cuentas públicas más creíbles.


Por último, me dirigiré al presidente de la autoridad fiscal. Después de escuchar las intervenciones, para este grupo parlamentario hay tres cuestiones fundamentales a las que me gustaría que me contestara el señor Escrivá. En primer
lugar, quisiera saber si cree que esta Ley de Estabilidad Presupuestaria era necesaria, si ha funcionado o qué cosas se pueden mejorar en ella de cara al futuro. En segundo lugar, con la experiencia de este corto primer año, que todavía no llega a
ser un año completo, ¿considera el presidente de la autoridad independiente que esta institución será en el futuro una herramienta fundamental para cumplir esos objetivos de estabilidad presupuestaria? En tercer lugar, con ese ánimo de mejora
continua que debemos perseguir todos los políticos al servicio de la sociedad española, me gustaría saber cuáles han sido las principales deficiencias que su institución ha detectado a lo largo de esta corta andadura en la aplicación de esta Ley de
Estabilidad Presupuestaria. Finalmente, le agradecemos de nuevo sus explicaciones. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Han sido muchas las consideraciones planteadas y también las preguntas formuladas. Para atenderlas tiene la palabra el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.


El señor PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (Escrivá Belmonte): Quiero dar las gracias a sus señorías por las observaciones realizadas y las preguntas planteadas. Algunas se repiten y, por tanto, las voy a
agrupar por temas, intentando cubrir todos aquellos que me han planteado. Puedo empezar hablando de los que tienen que ver con la AIReF y después de los que están relacionados con la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el desenvolvimiento de la
política presupuestaria.


Me gustaría decir desde el principio que esta es una institución singular en España, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es singular, primero, porque es presidencialista, es decir, las decisiones las tomo yo, y, como no hay un
consejo, esto a veces genera problemas de rendición de cuentas o de entendimiento del proceso de toma de decisiones. Es una institución que tiene que mantener un diálogo con las administraciones que debe ser público, y esto, hasta dónde yo sé, no
tiene precedentes y debe ser explicado. Además, tiene que supervisar a entidades que normalmente no han sido supervisadas, que no tienen experiencia de ser supervisadas. Todo esto es nuevo y, por lo tanto, me estoy tomando las cosas con
tranquilidad, porque entiendo que hay un proceso de aprendizaje y de eliminación de fricciones que va a ir mejorando con el tiempo y, si uno mira el año transcurrido, tiendo a ser optimista sobre cómo vamos consolidando la institución y entablando
esa relación con las demás instituciones, que no siempre es fácil. También tengo que decir que entiendo que la relación de un supervisor con un supervisado, por llamarlo de alguna forma, siempre tiene que tener algún nivel de fricción. Esto ocurre
en todas las dimensiones de las relaciones institucionales, y desde el principio hay que entender que esto va a ser así. Si no fuera así, algo no estaría funcionando bien.


Vamos ahora a abarcar los asuntos más concretos que me han ido planteando. En cuanto a la información, la Ley de la AIReF regula razonablemente bien los temas de acceso a la información de la institución. Ahora, lo que tiene que ocurrir es
que en la conducta regular de las distintas administraciones se manifiesten unos comportamientos que nos lleven a que la ley se sustancie, digámoslo así. Yo no quiero generalizar. Globalmente estoy razonablemente satisfecho. Esto no tiene que ver
con transparencia —después hablaremos de transparencia—, porque la AIReF tiene acceso a información que no es pública. Mucha de la información que manejamos nosotros al mismo tiempo debería ser pública, pero si no lo es también nos viene bien
porque al menos nosotros tenemos un grado de información mayor para hacer nuestros detalles. Esto a veces es un problema. Es verdad que hay cosas que no deben ser públicas, al menos en un determinado momento, y que es conveniente que nosotros
sepamos. Nosotros hemos llevado una política en la cual, si tenemos acceso a información no pública, la gestionamos cuidadosamente y, en nuestros informes, tratamos de que se sustenten nuestras decisiones sin explicitar cosas que no se conocen. Yo
creo que esto está funcionando bien y no estamos teniendo muchos problemas.


Quiero ser un poco más preciso. Estoy favorablemente sorprendido de la información no pública a la que estamos teniendo acceso por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen una situación presupuestaria complicada
y, a pesar de ello y de que nosotros hemos tenido que hacer informes en los que se visualizan esas dificultades, hemos percibido una lealtad institucional considerable y hemos tenido en general —no se puede llevar esto a todos los ámbitos— una
actitud muy abierta para proporcionarnos información para que entendamos los problemas que tienen, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Estoy repasando instituciones, porque al final hemos tenido que hablar con todos. En el caso
de la Seguridad Social —después hablamos del tema de la transparencia—, en términos de la información a la que hemos tenido acceso para el IRP, la AIReF ha tenido acceso a toda la información que era necesaria de cómo ha hecho los cálculos internos
la Seguridad Social y ello nos ha permitido hacer un informe que tiene muy pocas recomendaciones o limitaciones de alcance sobre nuestro propio trabajo. Nosotros hemos podido replicar los cálculos de la Seguridad Social adecuadamente, hemos visto
las proyecciones que ha hecho a medio plazo y las hemos juzgado, y nuestro informe juzga cada una de esas proyecciones y establece las cautelas que ha pensado que es conveniente realizar.


Por lo que se refiere a la interacción con los ayuntamientos, apenas hemos tenido todavía; aunque la ley exige una evaluación individualizada del riesgo de incumplimiento de los ayuntamientos, no tenemos recursos para hacerlo. —Espero que
lo comprendan—. Quizá en el futuro podamos sustanciar esa parte

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de la ley, pero por el momento no hemos tenido una interacción suficiente con los ayuntamientos como para hacer un juicio de cuál es su actitud de colaboración.


En el ámbito de la Administración Central hemos tenido una colaboración —yo diría— más que suficiente. Me gustaría destacar de nuevo, por ejemplo, una colaboración en términos de acceso a la información y de conocimiento de las metodologías
particularmente interesante con la Agencia Tributaria. Donde hemos tenido, quizá sorprendentemente, menos suerte ha sido con algunos otros entes independientes. Eso lo resumo en una cuestión concreta. La Ley de la AIReF establece la creación del
Comité de cuentas nacionales —no recuerdo exactamente el nombre—, que está constituido por el Instituto Nacional de Estadística, la Intervención General del Estado, y el Banco de España, y establece que ese comité tiene que informar a la AIReF de
los acuerdos que van teniendo sobre la metodología de la construcción de las cuentas públicas. A día de hoy —yo les he enviado una carta a los presidentes de estas instituciones— no sabemos nada de ese comité, no hemos recibido ninguna información,
y se la hemos requerido varias veces; es decir, no todo es luz o relumbre. Aquí hemos tenido problemas, y nos sorprende, porque como nosotros somos independientes también creemos que las entidades independientes tienen que tener una actitud de
transparencia extrema.


España tiene un nivel de información estadística, por ejemplo en las cuentas públicas, excepcionalmente bueno, y ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos años de difusión de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda
y la IGAE. Ha sido reconocido por los organismos internacionales. En cambio, donde hay todavía déficit —lo hemos reflejado en nuestras opiniones— es en la difusión de las metodologías para hacer cálculos de elementos concretos de esas cuentas. Yo
estoy convencido de que son impecables, pero en un país que tiene el cien por cien de deuda pública y que tenemos estos problemas hay que intentar hacer ver a estas instituciones que tienen que ser mucho más explícitas respecto a cómo calculan los
datos estadísticos en general y los públicos en particular. Y para eso en la ley de la AIReF se creó ese comité que funcionaba informalmente, para que los resultados de ese trabajo que hacen conjuntamente la Intervención General del Estado, el INE
y el Banco de España en todo lo que tiene que ver con las cuentas públicas, esas metodologías, esas decisiones sobre operaciones concretas, sobre clasificaciones, sobre sectorizaciones, las conozcamos todos; por lo menos, que las conozca la AIReF,
que no las conoce. Esto, por ejemplo, es algo que a mí, tengo que reconocerlo, me ha sorprendido. También me ha sorprendido extraordinaria y favorablemente el nivel de colaboración que he encontrado en gran parte de las administraciones públicas.
Esto con respecto al acceso la información.


La verdad es que la AIReF tiene instrumentos que todavía no hemos utilizado, que utilizaríamos si siguiéramos teniendo problemas por ejemplo en el frente que acabo de decir, y algunos de esos instrumentos les afectan a ustedes. Porque si
reiteradamente alguna institución incumple el deber de colaboración con la AIReF, mi obligación es informar y ponerlo en conocimiento de sus señorías por un canal reglado. Yo todavía no lo he hecho, seguramente no lo voy a hacer para casi nadie,
porque la cosa está yendo muy bien, pero hay excepciones.


El tema de los recursos y de la independencia es un problema común a todos los AIReF de este mundo. He hablado con mis colegas de muchos países y el cómo tener independencia, capacidad de autorregulación y de utilización de recursos no es
un tema de fácil solución, y yo lo extendería no solamente a lo que son consejos fiscales o autoridades fiscales independientes —en el mundo se les suele llamar consejos fiscales— sino a las agencias reguladoras independientes en temas que no son
fiscales; quizás los únicos que tienen una situación muy cómoda en España y en el mundo son los bancos centrales, y esto es así porque los bancos centrales son bancos y generan una gran cantidad de ingresos propios y después el señoreaje, que es el
grueso de lo que ganan, lo pasan a su accionista que es el Tesoro. En ese sentido los bancos centrales tienen una situación privilegiada respecto a las demás agencias. Este es un problema común y recurrente de las agencias independientes en España
y en el mundo, y no es fácil dar con la clave. Y sí, es un problema pero no es un problema mío, es un problema que sufren muchos, fuera y aquí. Es bueno que haya amplitud de miras y se invierta en la AIReF, que es invertir muy poco, miren ustedes
de qué recursos estamos hablando y de qué personas; invertir un poquito en la AIReF en temas de prima de riesgo, por ejemplo, puede realmente ser muy, muy rentable, como decía en mi intervención. Yo espero que haya amplitud de miras para que los
planes que tenemos sobre cuál debe ser el tamaño adecuado de esta institución, que como decía no es muy grande, como el presupuesto que tiene que ver con ello, se vayan materializando. Tengo esperanzas de que esto ocurra; tampoco podemos tener
todo el personal desde el primer día; creo que hemos tenido el número de personas que podíamos gestionar al principio. En la Administración esto se llama relación de puestos de trabajo, y yo voy a presentar una

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nueva relación de puestos de trabajo próximamente. Espero que se apruebe y que lleguemos al número que he planteado en un tiempo razonable; sinceramente, es un número austero, muy escueto. Somos una institución extraordinariamente plana,
con apenas estructura, con lo cual no vamos a necesitar muchos recursos, pero sí que necesitaríamos recursos adicionales respecto a lo que estamos haciendo ahora en dos temas fundamentales: el seguimiento individualizado y el tratar de anticipar
riesgos de incumplimiento a todos los niveles de la Administración. Esto significa muchos agentes, probablemente no lo podamos hacer para todos los ayuntamientos, pero sí deberíamos hacerlo para los grandes o para los que tienen un comportamiento
sistemático de incumplimiento. Las diecisiete comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas son diecinueve. Todo eso nos está costando mucho hacerlo con los recursos existentes y en el caso de los ayuntamientos no lo podemos hacer.


Con posterioridad a la aprobación de la Ley de la AIReF ha habido otra ley que tiene que ver con la opinión que tenemos que emitir sobre el IRP y el factor de sostenibilidad en el futuro, incluso en la Ley de mutuas también podemos estar
nosotros, cosas que no estaban previstas cuando se hizo nuestra ley y cuando se hicieron los cálculos de tamaño y que requieren un tipo de formación de la gente algo distinta de la que teníamos pensada originariamente. Necesitamos gente
especializada en demografía, en predicciones a largo plazo, en mercado de trabajo, y la verdad es que en la nueva IRP que plantearé este año pediremos gente con ese perfil. Pero no se preocupen, esto no va a ser una institución de tamaño. Además,
el consejo asesor que he creado es un consejo que no cobra. Hay por ahí instituciones independientes que tienen consejos de hasta quince personas a tiempo completo. En este caso realmente soy yo, el comité de dirección que me asiste y muy pocas
personas, y no vamos a ser una carga. Además lo tenemos particularmente interiorizado, dada la función que desarrollamos. Esto es lo que puedo decir sobre los recursos, que vamos a ir viendo. Mis expectativas son que las cosas se vayan arreglando
progresivamente y que los presupuestos que vaya presentando se aprueben. Tengo esta esperanza y no tengo por qué pensar que vaya a ser de una forma distinta.


Con esto cubro todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la institución, que va a ir avanzando poco a poco. Empezar de cero y crear una institución es una experiencia interesante, y creo que en dos años más deberíamos estar ya en
una situación de rodaje. A mitad del mandato de seis años deberíamos estar en una situación de rodaje suficiente. Hay que ir construyendo poco a poco, y espero que los recursos adicionales que vayamos necesitando se nos vayan proporcionando.


Lo relacionado con la Ley de Estabilidad es un tema complejo y nosotros hemos emitido nuestras opiniones. La Ley de Estabilidad se aprueba en abril de 2012 y en los meses siguientes es cuando se visualiza con mayor agudeza la intensidad de
la crisis financiera y la crisis bancaria, es decir justo unos meses después de la aprobación de la Ley de Estabilidad. Eso hace que aumente el nivel de deuda considerablemente, en parte por el rescate del sistema bancario —que en el objetivo de
déficit tiene un tratamiento especial, pero aparece en la deuda— y en parte —y a esto se le ha prestado menos atención— porque la enorme restricción de liquidez a la que estuvo sometida la economía española llevó a la enajenación de activos por
parte, por ejemplo, del Banco de España o la Seguridad Social y eso en la forma de cálculo llevó a un aumento de deuda. Luego de esos 30 puntos en que aumenta la deuda solo una parte tiene que ver con los déficits en que se incurrió, el grueso
tiene que ver con la propia crisis. La verdad es que en una situación de excepcionalidad como la que se planteaba una opción posible que está en la Ley de Estabilidad, que tiene sus válvulas de escape ante las reglas, es haber ignorado las sendas
previstas en las disposiciones transitorias tan exigentes planteadas en el año 2012. La Ley de Estabilidad permitía esa posibilidad y es una opción que no se utilizó pero que está ahí. En ese sentido la ley anticipaba que podíamos haber tenido una
situación de ese tipo.


Tenemos la dificultad de que —y esto tiene que ver con una de las preguntas planteadas—, por un lado, la Ley de Estabilidad tiene una serie de sendas y disposiciones sobre las trayectorias de déficit de las distintas administraciones, pero,
al estar sometida España a un procedimiento de déficit excesivo, las reglas que rigen son las que se establecen en Bruselas. La Ley de Estabilidad se puede aplicar en plenitud y es vigente cuando un país no está sometido a un procedimiento de
déficit excesivo, como está España todavía. Esto complica las cosas, el calendario, por lo que habría que desenredar esa madeja y sería bueno —es algo sobre lo que queremos emitir una opinión— combinar los calendarios y los objetivos del marco
europeo de estabilidad y las sendas transitorias con las propias sendas de la Ley de Estabilidad. Cualquier ley puede ser reformada pero la Ley de Estabilidad abre una ventana de oportunidad en el año 2015 para ser reformada, especialmente en lo
referente a las sendas transitorias hacia 2020. Nosotros ya dijimos en una de las primeras opiniones que era conveniente utilizar esta ventana para hacer sendas

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de convergencia de la deuda al objetivo constitucional del 60% que sean realistas. En este momento esa senda de llegar al 60% en 2020 no es una senda realista por las razones que he explicado antes. Cuando las reglas no son cumplibles en
ningún caso dejan de ser eficaces. Las reglas tienen que ser estrictas pero al mismo tiempo tienen que ser razonables y las trayectorias de cumplimiento tienen que estar bien trazadas. Eso es lo que hay que hacer y creo que se puede hacer. El año
2015 es el año en el que en principio estaba previsto hacer esas reformas, que no son complicadas; yo haría unos cálculos y unas trayectorias. Me parece que es algo que hay que hacer y ya lo hemos dicho en algunas de nuestras opiniones. De paso,
es bueno dar una vuelta a la Ley de Estabilidad por si hubiera que tocarla en algunas cosas. Es una ley que valoro muy positivamente, una ley que cuando se emitió dio credibilidad a las cuentas públicas españolas, pero ahora el reto es
sustanciarla; es decir, que los desarrollos normativos que se derivan de ella y las actuaciones de las distintas administraciones en el cumplimiento de los procedimientos que ahí están establecidos en medidas correctivas, etcétera, que todo eso se
haga de una forma razonable y consistente. Ahí hay un reto importante sin duda y, eventualmente, hay algunos aspectos de la ley que se podrían modificar. Nada es sacrosanto y del mismo modo que hay algunos aspectos en las disposiciones
transitorias sobre las sendas y trayectorias, hay algunos elementos que se pueden cambiar. Ha habido nuevos elementos, como los fondos de apoyo a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que no están dentro de la Ley de Estabilidad y se
podría hacer un esfuerzo para encajarlo dentro del marco de estabilidad. Creo que sería una buena idea. Dicho esto, me parece que las medidas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, sobre todo en los momentos más agudos en los que la
restricción de liquidez sobre la economía española y el racionamiento de crédito eran agudos, han sido extraordinariamente eficaces e importantes para desatascar esa restricción de liquidez tan agregada. Por tanto, eran medidas que tenían un
carácter de urgencia y de inmediatez importantes. Una vez que eso ha ocurrido hay que intentar encajarlas dentro del marco general y el marco general es la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de abril de 2012. Ese debe
ser el marco sobre el que tienen que pivotar las distintas piezas y tiene que ser todo consistente. Hay que hacer un esfuerzo legislativo, que no es fácil pero que es importante.


Quizá es el momento de hablar de transparencia. En España hay que recorrer todavía mucho camino en esa dirección, y estoy hablando concretamente del tema de las cuentas públicas y de los procedimientos que tienen que ver con la disciplina
presupuestaria. Decía anteriormente que los organismos que producen las cuentas públicas tienen que dar más información sobre cómo lo hacen y que sus metodologías y decisiones tienen que estar disponibles para todos, eso es importante. Hay una
inercia en la Administración y ante una situación como la que se ha planteado, de mucho ajuste y mucha tensión de gasto-ingreso entre las distintas administraciones, esa distribución vertical y horizontal de los objetivos de déficit debe ir
acompañada de una explicación y de unas metodologías más explícitas. Sería bueno, pero no es un tema fácil, y tampoco es fácil en su aproximación en términos estructurales. En ese sentido, en este momento hay una orden ministerial —y contesto en
parte a su pregunta— que tiene que traspasar algunos cálculos sobre parámetros centrales del déficit estructural que ha realizado la Comisión Europea. El Ministerio de Economía tiene un borrador y la ley dice que ese borrador lo tenemos que
informar nosotros y, como siempre ocurre con la autoridad fiscal, en nuestra web está nuestra opinión, que puede ser consultada. Por cierto, esto genera una cosa ciertamente curiosa, y es que como nosotros tenemos que publicar todo porque lo dice
la ley —y porque además nos hemos imbuido de esa cultura desde el primer momento—, tendemos a poner en nuestra web comentarios sobre temas que no están disponibles. Esta situación nos genera cierta incomodidad y a veces cierta dificultad, ocurre en
este caso y, por ejemplo, ocurre también con los planes económicos y financieros, que son aquellos que tienen que realizar las comunidades autónomas incumplidoras. Cuando esos planes se entregan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tienen
que llevar el informe de la AIReF con recomendaciones. Lo que la ley establece es que nuestro informe tiene que estar publicado en cuanto lo emitamos, se mande a la comunidad autónoma y a la entidad tuteladora, que es el Ministerio de Hacienda.
Sucedería de forma análoga si estuviésemos hablando de un ayuntamiento con la comunidad autónoma si esta fuera la tuteladora. Nosotros colgamos en nuestra web el informe y hablamos de cosas cuando el informe aún no se conoce; el informe solamente
se conoce y es público cuando lo aprueba el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es un proceso interno que en el pasado era de negociación o de diálogo entre la entidad tuteladora, el Ministerio de Hacienda, y la Administración incumplidora;
ahora, hemos aparecido nosotros que tenemos acceso a toda la información y la ley nos exige que digamos. Si, por ejemplo, una comunidad nos está diciendo que está en un proceso de privatización —aspecto relevante desde el punto de vista del
cumplimiento o no del

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objetivo de ese año—, nosotros le solicitamos información sobre cómo va exactamente el proceso y si nos llegara a enseñar información sensible sobre ese proceso de privatización obviamente no podríamos divulgarla. Ahí es donde hemos tenido
que buscar un modus operandi que sea razonable y que nos ha llevado a hacer una recomendación en el sentido de decir si pensamos o no que esa privatización se materializará ese año o tiene verosimilitud pero sin dar muchos detalles de por qué.
Realmente es preferible que la autoridad independiente pueda hacer un análisis independiente, muy objetivo y distanciado al respecto, a no tenerlo. Hubo quienes nos recomendaron que renunciásemos a opinar. No hemos optado por esa vía; hemos
optado por la vía de utilizar toda la información de que disponemos y llevarlo a cabo. Hay cosas que no hemos podido hacer, es verdad: No hemos podido evaluar reglas de gasto porque no estaban todos los datos; el reparto de objetivos de deuda
entre las distintas comunidades autónomas efectivamente se produce de una forma extemporánea, y yo creo que todo lo relativo a calendarios hay que revisarlo. Mi sensación sobre todo esto es que ha habido que reaccionar muy rápidamente. Hace una
década España tenía una situación fiscal razonablemente cómoda y esto no era un problema. Todos estos problemas de calendario, de interacción entre administraciones no generaban realmente un problema y se podía ser razonablemente laxo. Ha habido
que improvisar todo esto y ahora desde la Airef vemos, como observadores externos, que todo esto está bastante enredado, que al final los calendarios casan regular y que cuando tiene que estar algo todavía lo otro no ha llegado. Y Bruselas está por
medio; a veces no es fácil, porque ellos tienen otro calendario que a su vez vincula a España. Esto me ha costado entenderlo y darme cuenta de que al final, cuando se tiene que hacer algo, no están algunos elementos previos. Pero es muy
importante porque, como han dicho algunas de sus señorías, lo que ocurre es que se retrasa el proceso de fijación de objetivos relevantes para algunos niveles de la Administración y se fijan objetivos muy tarde, y a la hora de evaluar los riesgos de
incumplimiento todavía no están los elementos… Con los presupuestos pasa lo mismo: está el presupuesto del Estado y hay que presentar a la Airef y a Bruselas unas líneas de presupuesto del conjunto de las administraciones públicas cuando en las
comunidades autónomas, en algunos casos, ni siquiera han empezado el proceso en sus parlamentos. Tenemos previsto para el año 2015, entre otras cosas, contar todo esto con cierto detalle porque alguien tiene que relatarlo y no es fácil; alguien
tiene que relatar todas estas inconsistencias y estas dificultades que tienen que llevar —yo creo— a revisar la Ley de Estabilidad desde el punto de vista de calendarios, pero también las formas de actuar en los procedimientos de distintas
administraciones. Eso es algo que está pendiente y que genera dificultades de distinto género.


Respecto de algunos temas que han planteado, a mí no me gusta utilizar el término —que se ha utilizado— de bailout o no, que entiendo relacionado con los fondos de liquidez para las autonomías. No es el término que yo utilizaría.
Básicamente aquí lo que se ha producido es, primero, una situación de falta de acceso a los mercados de gran parte de las administraciones. Alguien tenía que intermediar y lo ha hecho el Estado central, que es quien seguía teniendo acceso al
mercado. Eso era inevitable, sinceramente lo creo. También creo que es verdad que, llegados a un momento en el que las cosas están más asentadas, hay que ver y reflexionar sobre cómo esos mecanismos se van sistematizando e integrando en el marco
general de estabilidad presupuestaria y de interacción entre unas administraciones y otras. Pero no hay un bailout, en el sentido de que este se produce cuando la deuda la soporta quien la tiene; y eso sigue siendo así. Lo que se ha producido es
una intermediación en la financiación. Por otra parte —y me parece que es así, sobre todo de un año a esta parte—, se ha producido una rebaja de los tipos de interés como resultado de la enorme reducción de la prima de riesgo de España y también de
la reducción de los tipos de interés benchmark del Banco Central Europeo y del bund alemán. Como resultado de estos dos factores, España tiene una situación desde el punto de vista de la carga financiera que es mucho mejor de lo que estaba
presupuestado en el 2013 para el 2014 —4.000 millones, o lo que se pueda estimar— y en el 2015, que es una magnitud similar. Lo que está haciendo el Estado es traspasar parte de ese beneficio, resultado de sus mejores condiciones de emisión, a las
comunidades autónomas y en menor medida a los ayuntamientos. Tiene ese elemento de traspasar una parte significativa de la mejora; si termina traspasando 2.500 millones de un beneficio de 4.000, ha pasado una parte significativa de esa mejora.
Está pendiente saber cuál va a ser el sistema de emisión de deuda, de acceso a los mercados y de financiación de su déficit o de gestión de la deuda, de sus pasivos, del conjunto de las administraciones públicas, y singularmente de las comunidades,
en una situación normalizada. De nuevo creo que esto puede ameritar iniciativas legislativas y una reflexión en profundidad, y eso debería hacerse en el contexto de una reforma del sistema de financiación autonómico que está pendiente. Dentro de
la reforma del sistema de financiación, que fundamentalmente tiene que ver con el reparto de ingresos entre las distintas

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administraciones, incluiría una reflexión sobre cómo queremos que sea el sistema de gestión de los pasivos entre las distintas administraciones. Con esto contesto a casi todo lo que tiene que ver con Ley de Estabilidad, fondos autonómicos,
deuda pública y crisis financiera.


Alguien me ha preguntado sobre el consumo público. Es verdad que en los últimos tres años el consumo público está siendo algo superior a lo que se prevé en el cuadro macroeconómico y es posible que ocurra lo mismo en el año 2015; vamos a
verlo. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que los crecimientos del producto están más o menos en línea con los objetivos, y los objetivos de déficit público se están cumpliendo: ocurrió en el año 2013 y en el año 2014 el objetivo del 5,5 es tres
décimas más exigente que el objetivo original, que era del 5,8. La pregunta es: ¿Cómo es que si el consumo público está siendo más elevado de lo que se prevé, el objetivo de déficit está siendo al final mejor de lo previsto? Lo que está pasando
—depende de los años— es que si bien en la parte que tiene que ver con el consumo público se va un poquito más holgado a los presupuestos, no ocurre así fundamentalmente con lo que tiene que ver con las comunidades autónomas y con la tensión en el
gasto en sanidad. Es claro que en sanidad hay una tensión en el gasto que, en general, hace que a las comunidades autónomas les resulte muy difícil cumplir con sus objetivos presupuestarios y provoca que termine habiendo un cierto desbordamiento de
gasto en sanidad y en menor medida en educación. Por eso en los presupuestos de las comunidades autónomas tiende a haber una desviación en esas partidas, porque la financiación no es suficiente para cubrir esos gastos, y por eso el consumo público
tiende a desviarse en los últimos años. Al mismo tiempo, se cumple con el objetivo de déficit porque por el lado de los ingresos termina habiendo resultados algo mejores o hay ahorros en otros niveles de la Administración. El ahorro más
significativo lo estamos viendo en el subsector de ayuntamientos, que probablemente este año termine con un superávit en torno a medio punto del PIB, similar al del año pasado. Por cierto, creo que esto es algo meritorio. Estamos hablando del año
2014 —unos meses antes de unas elecciones muy reñidas—, donde los ayuntamientos van a tener agregadamente un superávit significativo. Creo que esto es así porque ciertamente la cultura del principio de sostenibilidad ha arraigado en los
ayuntamientos. Es una obviedad decirlo pero los resultados son esos. Yo veo que por el lado de los ingresos las reformas que se hicieron en el impuesto de bienes inmuebles y la capacidad de gestión que tienen los ayuntamientos les ha dado cierta
holgura, pero la regla de gasto que se aplica con bastante rigor en los ayuntamientos españoles genera una disciplina de gasto suficiente. Y algunos elementos, como el papel que han asumido los interventores en los ayuntamientos tras alguna reforma
normativa que se ha producido, sin duda ayudan a la disciplina del subsector; eso hace que al final una cosa tienda a compensarse con la otra. Y asimismo, efectivamente, los intereses de la deuda están generando ciertas holguras.


No sé si hablar algo de la Seguridad Social, ya que se ha planteado. De la Seguridad Social —y eso nos lleva otra vez al tema de la transparencia—, nosotros tuvimos toda la información; es decir, que desde el punto de vista interno de la
Airef, la Seguridad Social nos proporciona todos los elementos para poder hacer los cálculos del impuesto a la hora de computar las pensiones. Sería útil divulgar exactamente lo que sale del cálculo de la fórmula, con independencia de que hay el
compromiso de mantener siempre un incremento positivo de las pensiones, con un mínimo del 0,25. Sería útil acompañar la información, el cálculo que sale de aplicar la fórmula que se aprobó en la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del
índice de revalorización de las pensiones, y nosotros hemos ayudado a que eso sea así. En nuestra página web hay una hoja de cálculo, donde introduciendo ciertos supuestos sobre determinados elementos uno puede ver lo que sale de aplicar la
fórmula. Hemos invitado a quien quiera a que lo pueda calcular; como esto no es un cálculo cerrado, hay que hacer previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social a cinco años, se pueden introducir las proyecciones que a nosotros nos ha
proporcionado la Seguridad Social y que hemos publicado en nuestro informe. Luego nuestro informe y la forma en la que se ha presentado en la página web de la Airef contiene los elementos suficientes para que cualquiera pueda saber cuál es la
evolución a medio plazo de la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, al menos en un horizonte de cinco o seis años. Estamos empezando y hemos invitado a la Seguridad Social a que nos acompañe en ese proceso de poner encima de la mesa más
elementos sobre cómo evaluar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.


Con esto me da la sensación de que he contestado a todo lo que yo puedo contestar; es decir, hay cosas —y aquí sí me gustaría hacer una reflexión— sobre las que yo no debo opinar, y me explico. La Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal tiene unas competencias muy tasadas y dentro de esas competencias tiene incluso instrumentos para ejercer presión sobre las administraciones para que modifiquen su conducta o para que orienten sus actuaciones en determinada dirección, y eso
tiene que

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ver básicamente con el saldo de ingresos y gastos, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad presupuestaria. Todo lo que tiene que ver con la composición de ese déficit en términos de ingresos y gastos es algo en lo que
nosotros tenemos que ser muy comedidos a la hora de opinar. No está en nuestro mandato y no debería estarlo porque responde a decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en este lugar y a la relación que tiene el Parlamento además con los
Gobiernos elegidos. Hay países, como los países nórdicos, que alcanzan la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria con niveles de gasto público muy altos —ingresos públicos y gastos públicos altos—, y es sostenible, y hay
economías, en países anglosajones por ejemplo —el Reino Unido sería un buen ejemplo, aunque no está muy bien ahora—, que llegan a esa situación con un nivel de ingresos y gastos muy inferior. Esa es una decisión democrática y sobre eso nosotros
solamente podemos opinar a la hora de valorar medidas. Cuando a nosotros nos presentan medidas concretas sobre cómo se va a alcanzar determinado objetivo, bien sea por la vía del gasto, bien sea por la vía de los ingresos, tenemos que valorar si
esas medidas son realistas y se van a poder materializar en los horizontes establecidos pero no podemos introducir juicios de valor sobre la elección de las medidas. Del mismo modo, no podemos opinar sobre el sistema de financiación autonómica a no
ser que nos lo pidan y explico ahora por qué. Cómo se distribuyen o reparten los ingresos entre distintas administraciones es algo que también sale del ámbito de nuestra actuación y tiene que ver con el ámbito de decisión democrática. Otra cosa
distinta es que nos pidan opinión al respecto. La Ley de la Airef permite, aparte de nuestros informes y de las opiniones que emitamos en nuestra responsabilidad, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno o una comunidad autónoma
nos puedan pedir estudios sobre temas concretos. En ese caso, nosotros haremos un estudio objetivo, pero no sabemos lo que el propietario del estudio hará con él, si lo publicará o no, y ahí salimos del principio de que tenemos que publicar todo
nosotros. En ese momento podemos dar una opinión, pero no tenemos capacidad de iniciativa sobre ese tema y eso está relacionado con algunas de las cosas que se han planteado aquí. Mientras tanto, mi decisión ha sido ser extraordinariamente
prudente en todo lo que tiene que ver con esos ámbitos para poder ejercer con plenitud mis competencias en los ámbitos donde yo creo que está claramente sustanciada nuestra actuación. Esa es la forma en la que creo que tenemos que operar nosotros y
la que permitirá que la institución vaya consolidándose con el tiempo y siendo útil a la sociedad, que es al final de lo que se trata.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.


Creo que han sido completísimas la exposición y las respuestas, lo cual le agradezco en nombre de la Comisión y aparte creo que contribuye decisivamente a la consolidación de esta importante institución.


Sin más, levantamos la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.


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