CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 748

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 32

celebrada el martes,

17 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Preguntas:


— De don José María Barreda Fontes y doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración de los resultados de la empresa pública Mayasa en el ejercicio 2013, así como información acerca de la cesión de la
titularidad de la propiedad de la Dehesa de Castilseras al pueblo de Almadén (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055782). (Número de expediente 181/002445) ... (Página2)


— De don Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre evolución numérica del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado en el exterior entre los años 2011 a 2014 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/062654). (Número de expediente 181/002530) ... (Página2)


— De don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


— Obra adjudicada y proyectos redactados por el Gobierno en el capítulo de «gastos diversos», en los Presupuestos Generales del Estado en los años 2012 a 2014 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/063053). (Número
de expediente 181/002549) ... (Página2)


— Evolución de la plantilla de Correos en la provincia de Soria desde el año 2000 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/063088). (Número de expediente 181/002561) ... (Página3)

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Acuerdo sobre celebración de las comparecencias:


— De don Hervé Falciani, para informar, conforme a lo previsto en el artículo 44.4º del Reglamento de la Cámara, en relación con las conductas de entidades financieras y de otras entidades que puedan favorecer comportamientos de evasión
fiscal. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000728) ... (Página3)


— Del señor secretario de Estado de Hacienda (Ferre Navarrete), para informar a la Comisión en relación con las conductas de entidades financieras y otras entidades que puedan favorecer comportamientos de evasión fiscal. A petición del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/002142) ... (Página3)


— Del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montor Romero), para explicar cómo va a actuar el Gobierno ante los datos conocidos de la lista Falciani. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural. (Número de expediente 213/001890) ... (Página3)


Acuerdo sobre celebración de las comparecencias:


— Del señor director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Menéndez Menéndez), para informar:


— Sobre los resultados de las actuaciones de control tributario en 2014. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002148) ... (Página6)


— Acerca del resultado de la labor de prevención y control del fraude tributario y aduanero. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/002147) ... (Página6)


Celebración, en su caso, de las comparecencias votadas favorablemente por la Comisión ... (Página6)


Se abre la sesión a las doce del mediodía.


PREGUNTAS:


— DE DON JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES Y DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MAYASA EN EL EJERCICIO 2013, ASÍ COMO INFORMACIÓN ACERCA DE LA CESIÓN DE LA
TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA DEHESA DE CASTILSERAS AL PUEBLO DE ALMADÉN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055782). (Número de expediente 181/002445.)


— DE DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EVOLUCIÓN NUMÉRICA DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR ENTRE LOS AÑOS 2011 A 2014 (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/062654). (Número de expediente 181/002530.)


— DE DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


— OBRA ADJUDICADA Y PROYECTOS REDACTADOS POR EL GOBIERNO EN EL CAPÍTULO DE «GASTOS DIVERSOS», EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN LOS AÑOS 2012 A 2014 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/063053). (Número
de expediente 181/002549.)

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— EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE CORREOS EN LA PROVINCIA DE SORIA DESDE EL AÑO 2000 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/063088). (Número de expediente 181/002561.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.


Con carácter previo al contenido fundamental de la reunión de hoy, tenemos que resolver algunos aspectos procedimentales. El primero es que les comunico que los puntos 7.º, 8.º, 9.º y 10.º, todos ellos referidos a la contestación de
preguntas escritas que habían sido transformadas en orales, han sido retirados, por lo tanto no tendremos que abordarlos.


ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS:


— DE DON HERVÉ FALCIANI, PARA INFORMAR, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 44.4.º DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA, EN RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE OTRAS ENTIDADES QUE PUEDAN FAVORECER COMPORTAMIENTOS DE EVASIÓN
FISCAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000728.)


— DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (FERRE NAVARRETE), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN EN RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES QUE PUEDAN FAVORECER COMPORTAMIENTOS DE EVASIÓN FISCAL. A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002142.)


— DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (MONTORO ROMERO), PARA EXPLICAR CÓMO VA A ACTUAR EL GOBIERNO ANTE LOS DATOS CONOCIDOS DE LA LISTA FALCIANI. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA
PLURAL. (Número de expediente 213/001890.)


El señor PRESIDENTE: En la reunión de Mesa y portavoces que mantuvimos hace unos días fueron rechazadas por mayoría de la Mesa las solicitudes de comparecencia que figuran como puntos 1.º, 2.º y 3.º La primera del Grupo Parlamentario
Socialista para la comparecencia del señor Falciani, la segunda del Grupo Parlamentario Socialista para la comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda y la tercera era una solicitud del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural para la
comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, todas ellas por motivos análogos que ustedes conocen. Al no haber unanimidad en esta decisión, es necesario que este acuerdo de rechazo de estas comparecencias sea ratificado por
la Comisión. Antes de proceder a la votación vamos a hacer un muy breve turno para todos aquellos grupos que lo deseen, empezando por aquellos que solicitaron las comparecencias que fueron rechazadas y después todos aquellos que quieran tomar
posición. A continuación procederemos a la votación. Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Estas no son las primeras comparecencias que pedimos en relación con la lista Falciani. Desde nuestro punto de vista el Parlamento español, en el caso de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, no puede mirar
para otro lado. De lo que se trata a nivel parlamentario es de investigar cuáles son los mecanismos de evasión y cómo funcionan para poder legislar con conocimiento de causa. Hemos pedido al principio de la legislatura crear una subcomisión para
analizar ese gran fraude internacional, con las comparecencias de directivos de empresas multinacionales, de especialistas nacionales e internacionales, de la academia, de la propia Agencia Tributaria, del fiscal francés que envió y utilizó la
información del señor Falciani, del propio señor Falciani, etcétera; subcomisión como las creadas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y la semana pasada en el Parlamento Europeo. Hasta ahora el grupo mayoritario de la Cámara ha rechazado
esas comparecencias. Por cierto, como sé que ese grupo mayoritario está muy preocupado por el descrédito ciudadano en relación con su amnistía fiscal y como sé que también a mi grupo mayoritario por la denuncia sobre la amnistía fiscal nos tienen
ganas, en términos políticos, y ahora quieren equiparar su repugnante amnistía fiscal (Protestas), la que dio cobertura al señor Bárcenas, con la lista Falciani, solo les voy a dar dos datos. En primer lugar, las decisiones de la lista Falciani
—cuando llegó a España hubo solo un mes para tomar decisiones— fueron

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puramente técnicas, es decir, que se tomaron por los servicios de inspección. Pueden preguntar a la Agencia Tributaria porque eso fue así. (El señor Merino López: ¡Claro!) Ustedes están acostumbrados a presionar y a destituir a los
técnicos de la Agencia Tributaria cuando las cosas no se hacen como quiere el Partido Popular (Protestas), pero no todo el mundo actúa de la misma manera.


Termino, señor presidente. (El señor Merino López: Mejor.) No comparen el trabajo de los que exigieron el 52 % más intereses más sanciones y llevar los expedientes frente a la fiscalía con la amnistía fiscal que suponía el bonito regalo de
solo tener que pagar el 3 % y no perseguir el origen del capital defraudado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que en este turno estamos discutiendo sobre la conveniencia o no de que se celebren determinadas comparecencias. No abramos otros debates.


Señor Garzón, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Estoy doblemente indignado. (El señor López-Amor García: Será por Tania.) Doblemente indignado, en primer lugar, por el rechazo del Grupo Parlamentario Popular a que comparezca una de las personas más relevantes
en términos de lo que ha conseguido, más allá del procedimiento utilizado, porque ha logrado demostrar la hipocresía del sistema político español, del sistema político europeo, del sistema financiero y de los trucos fiscales —a veces corruptos, a
veces legales— que permiten que unos delincuentes de cuello blanco acaben produciendo recortes en sanidad, en educación, en servicios públicos que este Gobierno observa complacientemente. Doblemente indignado porque esta intervención se puede
convertir en indignante para el Partido Popular —y la anterior también indignante para el Partido Popular— o para el Partido Socialista porque los documentos de Hervé Falciani fueron del año 2005 y 2006 y llegaron al Gobierno en 2010. En 2010 había
otro Gobierno que era del Partido Socialista. Esos documentos que se filtraron fueron utilizados entonces con una intencionalidad de trato de favor —y no lo digo yo, lo dice la justicia que está investigando ahora mismo ese trato de favor a ese
Gobierno— sin que se haya llegado a ninguna conclusión relevante. Ahora, gracias no a la justicia, gracias no a los diferentes Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, sino gracias a la filtración y al trabajo esforzado de
periodistas internacionales y españoles que están dedicando su tiempo a investigar y sacar esta información a la luz, estamos conociendo que muchas de estas personas, evasores fiscales y delincuentes de cuello blanco que dicen ser patriotas, están
utilizando los mecanismos de ingeniería jurídica y fiscal para evadir impuestos y, por lo tanto, para producir un mayor ahondamiento en la crisis económica. Y la indignación por lo tanto es suprema. Es suprema porque en esta casa parlamentaria se
supone que velamos por representar a la mayoría social, no a la familia Botín, y renunciar a una comparecencia como puede ser la de Falciani para obtener información sobre un caso extraordinariamente grave como es que miles de españoles estén
utilizando mecanismos ilegales para no pagar los servicios públicos, todos estos diputados que estamos aquí presentes deberíamos apoyar que se obtenga la información para saber qué está ocurriendo. El rechazo es complicidad con los trucos fiscales,
las trampas, y por supuesto el saqueo, de gente como la familia Botín.


El señor PRESIDENTE: Para tomar posición sobre estas comparecencias, en primer lugar tiene la palabra el señor Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo concede extraordinaria importancia al caso Falciani, que es cierto que se conoció hace tiempo, en el año 2010, con un Gobierno anterior; pero también es cierto que nunca se ha aclarado satisfactoriamente.
Es un caso de una extraordinaria gravedad cuando apareció repentinamente información sobre cuentas opacas que afectaban a personalidades muy relevantes y donde existe una sospecha muy fundada de trato de favor porque a estas personas, en vez de
abrírseles una inspección que habría interrumpido el plazo de prescripción, habría imposibilitado una declaración complementaria y habría dado lugar a responsabilidades penales, se les avisó para que regularizasen su información, con una sospecha
evidente de trato de favor.


El caso se ha reactivado por la aparición de noticias en la prensa y el ministro ha anunciado nuevas actuaciones y por lo tanto aunque provenga del pasado, parece justificado que el ministro explique esas actuaciones. También sorprende que
se anuncien nuevas actuaciones porque la lista obraba en poder del ministerio desde hace años. Además hay otras cuestiones, declaraciones del ministro sobre datos fiscales de personas individuales, filtraciones, declaraciones del secretario de
Estado de Hacienda referidas al

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caso Bárcenas prejuzgando que el delito fiscal es solo del arquitecto, que hacen deseable en nuestra opinión que comparezcan estos tres cargos cuya comparecencia se solicita.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Nos encontramos con tres comparecencias que solicitan dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, las del señor Falciani, del
secretario de Estado de Hacienda y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Desde la transparencia que debe iluminar todo este tema para resolver todas las dudas que existen no solo a nivel político sino a nivel administrativo y a nivel ciudadano, creemos que sería positiva la comparecencia de estas tres personas.
Y lo creemos porque qué duda cabe que es necesario dar luz sobre ello. Si realmente se quiere actuar y realmente se quiere dar una respuesta contundente a este tipo de cosas en las cuales yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de
acuerdo, creemos que sería oportuna la comparecencia solicitada. (El señor Saura García pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Para una brevísima cuestión de orden, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente, por una cuestión de orden y quede claro para todas las personas que estamos aquí: la petición de comparecencia del señor Falciani la pide el Grupo Parlamentario Socialista. Exclusivamente
el Grupo Parlamentario Socialista. Y la sometemos a votación. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar esas peticiones de comparecencia porque creemos que ponen de manifiesto que a la oposición no le interesa en absoluto escuchar cuáles son los avances y
los resultados en la lucha contra el fraude que ha obtenido la Agencia Tributaria que, como sabemos, son resultados históricos en la recaudación y en la lucha contra el fraude fiscal. Por tanto descienden a la parte más oscura y menos noble de la
política intentando ensuciar, intentando enredar, intentando hacer ruido político, y lo que menos interesa y lo que menos pide la oposición es que podamos conocer los resultados y los avances de la lucha contra el fraude, que es el objetivo que
debemos tener todos en esta legislatura. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria y el propio Gobierno ha pedido esa comparecencia porque, señores de la oposición, este Gobierno
está obteniendo resultados históricos en la persecución y lucha contra el fraude y contra la elusión fiscal.


En el caso del Partido Socialista, pues sorprende saber el interés que tienen ahora por la lista Falciani porque todos los que estamos aquí sabemos que el Gobierno que recibió esa lista fue precisamente el Gobierno socialista en el año 2010
y todavía estamos esperando explicaciones del Gobierno socialista sobre por qué enviaron a esos contribuyentes una amable carta para regularizar su situación tributaria y no iniciaron procedimientos de inspección, lo cual libró a muchos presuntos
defraudadores de la vía penal y además redujo al mínimo las sanciones que eran aplicables. Todavía estamos esperando esas explicaciones.


Y, por supuesto, la decisión no fue de los funcionarios de la Agencia Tributaria a los que debemos un respeto y un reconocimiento por la labor y la entrega, la dedicación con la que realizan su trabajo cada día. La Agencia Tributaria actúa
con criterios profesionales, con criterios independientes. Y la decisión que tomó el Gobierno socialista en su momento de mandar una carta-invitación en lugar de abrir un procedimiento inspector a los que estaban en esta lista Falciani fue una
decisión política, señor Saura, y no una decisión en absoluto de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Por eso nosotros vamos a votar en contra y sí nos interesa mucho escuchar cuáles han sido esos avances en la lucha contra el fraude.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Sin más, vamos a proceder a una votación conjunta de los tres primeros puntos del orden del día, pues yo creo que las posiciones son comunes en relación con los tres.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS:


— DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (MENÉNDEZ MENÉNDEZ), PARA INFORMAR:


— SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL TRIBUTARIO EN 2014. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002148.)


— ACERCA DEL RESULTADO DE LA LABOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FRAUDE TRIBUTARIO Y ADUANERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/002147.)


El señor PRESIDENTE: En el orden del día, los puntos 4.º y 5.º figuran también como controvertidos aunque en realidad fueron aprobados por unanimidad de la Mesa, por eso no hay debate ninguno, simplemente lo someto a ratificación para que
no haya ningún equívoco. Someto a ratificación de todos los presentes la aceptación de estas comparecencias. (Asentimiento.) Las damos por aprobadas.


Suspendemos durante un minuto la sesión para que pueda incorporarse el director general de la Agencia Tributaria. (Pausa.)


CELEBRACIÓN, EN SU CASO, DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


El señor PRESIDENTE: Celebramos a continuación las comparecencias que figuran como puntos 4.º y 5.º del orden del día. La primera, solicitada por el Gobierno, para que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
informe sobre los resultados de las actuaciones de control tributario en el año 2014, y la solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria informe acerca del resultado de
la labor de prevención y control del fraude tributario y aduanero.


Doy la bienvenida a la Comisión al director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, señor Menéndez. Aunque todos lo conocen, el orden será el habitual para las comparecencias: sin límite de tiempo, tendrá la palabra en
primer lugar el compareciente en nombre del Gobierno y a continuación intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor, cerrando el grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Popular.


Tiene la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Señorías, comparezco ante esta Cámara para informar sobre los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en su labor de lucha contra el
fraude durante el ejercicio 2014. Antes de pasar a analizar con detalle los resultados obtenidos por la agencia en la lucha contra el fraude durante el año 2014, quiero resaltar que las actuaciones de la agencia se refieren a comprobaciones
realizadas sobre periodos impositivos no prescritos que corresponden a ejercicios con bases imponibles agregadas en creciente disminución. Por poner un ejemplo, las bases imponibles de sociedades descendieron en 2010 un 20 % y en 2011 otro 17 %, A
esto hay que añadir que los resultados de la agencia se refieren a cantidades en términos de caja para el Tesoro público, ingresos de las liquidaciones practicadas por la Administración, ingresos de declaraciones extemporáneas o ingresos inducidos
por las actuaciones de la Administración y minoración de devoluciones o rectificación de las mismas. El contexto económico en el que se han obtenido estos resultados se venía caracterizando hasta ahora por serias dificultades de liquidez y por una
gran morosidad de los agentes económicos. De hecho, la tasa de morosidad en entidades financieras, según el Banco de España, es en 2014 del 13 %, el doble que en el 2010. Esto, por contextualizar en qué momento se obtienen estos resultados. La
agencia, asimismo, cierra el 2014 con 1.869 trabajadores menos sobre los 27.613 que tenía en 2011, fruto seguramente de una incorrecta planificación en su día, cuando se podía, de los recursos humanos y, sin duda alguna, de las restricciones que,
lógicamente, por los años tan difíciles que hemos vivido, han sido necesarias respecto a la tasa de

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reposición de la Administración General del Estado. Aun así, como saben, la Agencia Tributaria estaba excepcionada en un 10 % de tasa de reposición, no con el 0 % de carácter general.


En este contexto descrito, las actuaciones de la Agencia Tributaria han supuesto unos resultados en la prevención y lucha contra el fraude de 12.318 millones de euros. Es la cifra récord de la serie histórica y supone, respecto a 2013, un
aumento del 12,5 %. Los resultados anuales de los ejercicios 2012 y 2013, con una recaudación respectivamente de 11.517 y 10.950 millones de euros, marcan una tendencia que se mantiene durante 2014 y que permite obtener una media anual de estos
tres últimos años de más de 11.500 millones de euros. Estos resultados se han duplicado, por ejemplo, con respecto a los que se obtenían hace tan solo ocho años, en el año 2006, cuando los resultados fueron de 6.407 millones de euros. De esta
forma, en estos tres últimos años se han recuperado para las arcas públicas 35.000 millones de euros.


El motivo fundamental por el que se han podido obtener estos excepcionales resultados han sido las políticas adoptadas encaminadas a reforzar las líneas de actuación contra el fraude fiscal. Entre estas líneas de actuación, destacaría
fundamentalmente dos: el refuerzo normativo, con nuevas leyes y modificaciones para ofrecer instrumentos legales más eficaces en la lucha contra el fraude y, en segundo lugar, el refuerzo operativo de las actuaciones de los prácticamente 26.000
funcionarios que desarrollan su actividad profesional en la Agencia Tributaria. En el ámbito del refuerzo normativo, me gustaría destacar la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que dota a la Agencia Tributaria de nuevos instrumentos y fuentes de
información, endurece las sanciones en caso de infracción y refuerza las medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda tributaria. Entre otras medidas, se incluyen la de limitación al uso de dinero en efectivo a 2.500 euros, como saben,
la exclusión del régimen de módulos para aquellos empresarios que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares —incidiendo sobre un posible foco de facturación falsa y de fraude—, la ampliación de supuestos de responsabilidad
tributaria, a lo que luego me referiré, y la prohibición, por ejemplo, de disponer de bienes inmuebles; medidas todas ellas muy potentes. Junto a estas se crea una nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el
extranjero —el modelo 720 al que luego me referiré extensamente— cuya explotación coordinada con la declaración tributaria especial —el modelo 750 de regularización extraordinaria de 2012— permite ensanchar las bases imponibles declaradas y
perseguir el fraude, gracias a la información de la que hasta entonces no se disponía, y que luego explicaré en qué sentido o dirección la está utilizando la Agencia Tributaria. Esta acción para poner a disposición de la Administración tributaria
información sobre las bases imponibles de residentes fiscales existentes en el exterior, se ha completado con la ampliación de la red de convenios y acuerdos bilaterales para el intercambio de información con Mónaco, Chipre, las Islas Caimán,
Jersey, Andorra, etcétera, y con el compromiso de España en las iniciativas internacionales: Comisión Europea, OCDE y Grupo 20, encaminadas a establecer un sistema internacional de intercambio de información tributaria automática y estandarizada.


Quiero destacar también la modificación operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012 dos meses después de la Ley 7/2012 que incluye un tipo agravado de delito fiscal para cuantías mayores de 600.000 euros, elevando la pena y el
plazo de prescripción, es decir, agravando las consecuencias para los delitos fiscales de mayor cuantía y de peores comportamientos por parte de los contribuyentes. Junto a estas modificaciones normativas y, en segundo lugar, está el refuerzo
operativo de las actuaciones de los profesionales de la agencia y el propio compromiso de todos y cada uno de ellos con su tarea. Créanme que prácticamente los 26.000 trabajadores de la Agencia Tributaria tienen muy interiorizada la importancia de
la función social del trabajo que desempeñan. En el marco de fuertes restricciones presupuestarias existentes se ha entendido necesario apostar por la dotación de medios humanos y materiales en la agencia. En 2014, junto a la oferta de empleo
público ordinaria, se aprobó una oferta de empleo público extraordinaria —un hito que pocas veces se produce—, y que ha supuesto para la Agencia Tributaria 238 plazas para el turno libre de todas las escalas y cuerpos y 627 plazas para promoción
interna, habiendo realizado el mayor proceso de promoción interna de la historia de la agencia, permitiendo incluso superar la tasa de reposición que hasta ese momento estaba limitada al 10 %. Asimismo, se han incorporado ya en lo que va de año 244
funcionarios entre el año pasado y este, que proceden de otros órganos de la Administración General del Estado, en concreto de Correos, entre 600 y 700 que está previsto que se incorporen. Con esta iniciativa se busca, por un lado, atender las
constantes necesidades de la lucha contra el fraude y la mejora en la gestión de los tributos y, por otro lado, incrementar la eficacia en la asignación de los recursos humanos disponibles en el conjunto del sector público.

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En materia presupuestaria, y en esta misma línea argumental, me gustaría destacar dos cuestiones. Primera, que la Agencia Tributaria ha disfrutado en los Presupuestos Generales de 2014 del primer incremento de su presupuesto inicial —saben
que el presupuesto está formado fundamentalmente por el presupuesto inicial y por la generación de crédito— desde 2009, y que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 contemplan un incremento en el presupuesto total de la Agencia Tributaria
del 5 %. Por tanto, estas cifras récord de lucha contra el fraude se obtienen en ejercicios no prescritos en donde es más difícil cooperar, las liquidaciones practicadas por la Administración con las bases imponibles de todas las figuras
tributarias en disminución, sociedades, base imponible de IVA, menor actividad comercial, base imponible en impuesto sobre la renta de las personas físicas, menor masa salarial, menor resultado de actividad económica, etcétera, y en una situación en
la que el número de trabajadores de la Agencia Tributaria, consecuencia de las dificultades presupuestarias de estos últimos ejercicios, disminuyó. Quizá cuando aumentaba la recaudación y no había las dificultades presupuestarias no se
incrementaron suficientemente los medios humanos, cuando en su momento a lo mejor se podía haber hecho. Luego demostraré con datos concretos cómo a cada trabajador que se emplea en la Agencia Tributaria lógicamente se le puede sacar un rendimiento
en términos económicos.


Quiero destacar que estos resultados son el fruto del esfuerzo de casi 26.000 trabajadores que tiene la Agencia Tributaria que dedican su profesionalidad, su independencia de criterio y la proporcionalidad en sus actuaciones a la consecución
de este objetivo, que ponemos en valor a la sociedad para mantener entre otras cosas la economía del bienestar. Los funcionarios de la agencia tienen muy interiorizada la importancia, como decía, de la labor social que cumplen y de la forma en que
contribuyen al bienestar social. Los funcionarios de la agencia realizan sus actuaciones con equilibrio y proporcionalidad y, por supuesto, con sometimiento pleno al sistema tributario y a los procedimientos. En principio, nadie debería tener
ningún problema con que se le hiciera alguna actuación de comprobación de su situación tributaria por parte de los funcionarios de la agencia. Lo que los funcionarios de la agencia y lo que la institución esperan cuando alguien tiene un problema o
puede tener un presunto problema con sus temas fiscales, es que colaboren con la Administración, que aporten todos los antecedentes, las informaciones y las documentaciones que sean precisas para aclarar las posibles contingencias en su caso y para
resolver, insisto, dentro de la más estricta legalidad y con los procedimientos, las cuestiones que puedan ser de contingencia.


Centrándome ya en los datos, y haciendo un desglose de los mismos, la cifra récord de los 12.318 millones de euros obtenidos por la agencia se estructura, como ya es habitual, en dos partes. La primera hace referencia a los resultados
directos derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude, lo que llamamos en nuestro indicador de objetivos que está, por supuesto, enviado al Congreso, el indicador 3, y otros ingresos inducidos, el indicador 4.1. Centrémonos en el
indicador 3. Los resultados directos alcanzados por la Agencia Tributaria en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude se sitúan, para este indicador en 11.484 millones de euros, lo que representa un 13,3 % más que en los
del año anterior. En la consecución de este gran resultado en el indicador 3 ha jugado un papel fundamental el Plan de intensificación de actuaciones —que, como saben, publicitamos a principio de año—, que realizamos con un acuerdo firmado con
todas las organizaciones con representación sindical y preveía conseguir un sobrecumplimiento de objetivos del 117 % y, por tanto, añadir a estos resultados en la lucha contra el fraude 1.500 millones. La consecuencia es que se ha conseguido un
sobrecumplimiento del 124,52 % y que se han añadido no 1.500, sino 2.262 millones de euros. Sinceramente, creo que la sociedad tiene que agradecérselo, y mucho, a los 26.000 trabajadores de la Agencia Tributaria que han hecho un esfuerzo
extraordinario este año para conseguir estos resultados.


Hablaba antes de rentabilidades y por cada euro que se ha invertido en este plan especial hemos recuperado 119 euros en términos de caja para el Tesoro público. El indicador 3 se descompone, a su vez, en dos indicadores o subindicadores.
Uno de ellos es los ingresos directos de las actuaciones de control, donde es más difícil o más complicado realizar las liquidaciones, puesto que contemplan, entre otras cosas, los fraudes más complicados y donde, además computamos lo que
conseguimos ingresar de esas liquidaciones practicadas en las condiciones que antes dije. Respecto a estos ingresos directos de las actuaciones de control, ha alcanzado este año la cifra de 8.681 millones, y esto representa un 5,6 % más que el año
anterior. El segundo componente es la minoración de las devoluciones y la rectificación de las autoliquidaciones a devolver. En este caso hemos superado los 2.803 millones de euros que representa respecto al año anterior un 46,6 % de incremento.
Este es el componente más importante de estos 12.300 millones. Otro componente son los ingresos inducidos, el indicador 4.1, que son consecuencia de

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actuaciones generales de control desarrolladas por la agencia, y están integrados por los ingresos de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, realizándose en 2014, 834 millones de euros que representa respecto a la cifra de
2013 un 2,20 % de incremento.


Ahora nos centramos, y visto los componentes más importantes de las cifras que presentamos históricamente, en las actuaciones concretas y, en primer lugar, en las actuaciones del departamento de inspección realizadas sobre los impuestos o
tributos internos, que son aquellas actuaciones que se realizan, de carácter intensivo, sobre contribuyentes concretos y que, entre otras cosas, recogen las formas de fraude más complejo, en 2014 se llevaron a cabo 99.580 actuaciones inspectoras en
términos nominales, lo que supone un crecimiento interanual del 6,8 %. Un contribuyente, como decía antes, nunca debe ver a la Agencia Tributaria como la Inquisición por el mero hecho de que quiera comprobar su situación tributaria. Habría que
recordar al contribuyente, el que sea, que se actúa con absoluta generalidad y que, por ejemplo, el año pasado se han actuado en este tipo de actuaciones sobre 99.580 contribuyentes.


El importe liquidado en Inspección fue de casi 5.000 millones de euros, del que un 35 % se debió a actuaciones realizadas sobre grandes contribuyentes, es decir, contribuyentes que están adscritos a la dependencia central de grandes
contribuyentes. El porcentaje de participación de la dependencia central de grandes contribuyentes en la consecución del objetivo 3 pasa del 42 al 44 %. Quizá de todas estas actuaciones podemos destacar algunas: actuaciones que se han realizado
sobre beneficios fiscales —1.972, que suponen un aumento del 56 % con respecto al año anterior— y sobre profesionales —2.675, que representan un incremento del 35 % sobre el ejercicio anterior—, actuaciones específicas de comprobación e
investigación, las más complejas —5.438, que suponen un incremento del 46 % sobre el ejercicio anterior—, o actuaciones relativas a contribuyentes que tienen relación con sociedades: socio, sociedad, persona física y personas jurídicas —2.346, un
15 % más—. Asimismo, a lo largo de 2014 se han desarrollado un gran número de actuaciones de comprobación sobre diferentes sectores de riesgo de los que vienen previstos en las directrices generales del Plan de control tributario aduanero, que se
complementan con las actividades y tareas de investigación y colaboración con la justicia.


Permítanme que destaque —no puedo hacer referencia a todo porque no tendríamos tiempo— seis de las actuaciones que se recogen en las directrices del Plan de control que tienen trascendencia. En primer lugar, las actuaciones para verificar
el efectivo cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, introducida por la Ley 7/2012. En 2014 se han iniciado 4.764 expedientes de análisis de denuncias de incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo, lo que supone un incremento
del 51,28 % respecto al año anterior. Con respecto a los eventuales procedimientos sancionadores que pudieran derivarse de dichos expedientes o de otras actuaciones de control de la Agencia Tributaria, se iniciaron 961 expedientes, lo que implica
casi un 50 % más que en 2013. Recuerdo que esta norma, la limitación del pago en efectivo, no existía hasta la Ley 7/2012, que insisto en que es una ley tremendamente potente en la lucha contra el fraude. El control, en segundo lugar —dije que iba
a destacar seis actuaciones—, de la economía digital. El análisis del comportamiento tributario de los nuevos sectores de riesgo relacionados con la utilización intensa de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha permitido
desarrollar la tecnología para la captura automatizada de información comercial existente en Internet. En tercer lugar, el software de doble uso. Estas actuaciones van dirigidas directamente a lo que llamamos habitualmente economía sumergida.
Especial relevancia han adquirido las actuaciones relativas al software de doble uso que se instala en cajas registradoras o en los ordenadores desde donde se lleva la gestión y la contabilidad, con el fin de ocultar la realidad económica de
ingresos y gastos que se desarrollan en una actividad económica concreta. Buenos ejemplos de lo anterior han sido las tres operaciones que han trascendido a la opinión pública: Lechazo y Pasta Fresca, sobre sendos grupos de restauración, y la
operación Scarpe sobre el sector textil y de calzado, que utilizan aplicaciones informáticas para modificar la facturación, eliminar operaciones o alterar el contenido de las diferentes partidas de su operación económica. Destacaría que se han
inspeccionado los sistemas informáticos de cuarenta y seis contribuyentes, detectándose bases ocultas por un importe cercano a los 15 millones de euros. Para el desarrollo de estas actuaciones ha sido fundamental el apoyo de personal especializado
en técnicas de auditoría informática, cuyas actuaciones se han incrementado significativamente respecto a 2013 en un 59 %.


La cuarta línea de actuación, que también va dirigida directamente contra la economía sumergida, es el plan de visitas que realizan los funcionarios de la Agencia Tributaria. De entre las experiencias en la lucha contra el fraude y contra
la economía sumergida, cabe hacer referencia a estas actuaciones presenciales de la Inspección de los tributos, dirigidas al control in situ de obligaciones formales y registrales, con el objeto de detectar irregularidades que pudieran poner de
manifiesto rentas no declaradas

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y otras manifestaciones de economía sumergida. A 31 de diciembre de 2014 se han finalizado 21.705 actuaciones presenciales de verificación formal. En 2014 se han incrementado, por ejemplo, en un 11,30 % las visitas realizadas en el marco
del control de alquileres no declarados, hasta alcanzar las 7.410. Estas son visitas presenciales de la Inspección o de los órganos de gestión a los domicilios, con indicios de estas arrendados, sin que se declaren los rendimientos
correspondientes.


Para obtener una visión de conjunto de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha desde el año 2012, en que se puso en marcha un Plan especial de visitas, me gustaría destacar que, por ejemplo, se han hecho 2.572 actuaciones para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para practicar la deducción por vivienda habitual, y se ha detectado un nivel de riesgo del 65,40 % de las visitas practicadas; que se han practicado 2.567 visitas a comunidades de propietarios para
detectar irregularidades en el funcionamiento de la comunidad o en la facturación de sus proveedores, habiéndose apreciado riesgo en un 39,58 % de los casos, prácticamente el 40 %; que se han realizado actuaciones específicas de visitas
presenciales, obteniendo información y recabando requisitos formales en 145 casos dirigidos a detectar extranjeros, que comunican a la autoridad fiscal de su país de origen el traslado de su residencia fiscal a España, pero que en España podrían
estar tributando como no residentes o estaban tributando como no residentes. En este caso, se ha detectado un nivel de riesgo del 66,90 % de los casos. Y finalmente, por no ser muy exhaustivo, hubo 2.125 visitas dirigidas a la detención de
arrendamientos vacacionales no declarados. El nivel de riesgo en estos casos se sitúa en el 34,49 %.


La quinta línea de actuación —dije que iba a destacar seis— se refiere al control de la fiscalidad internacional, que tiene como finalidad evitar el aprovechamiento de la normativa tributaria para erosionar las bases imponibles de entidades
que deben tributar en España. Por ejemplo, la utilización abusiva de determinados regímenes especiales, operaciones realizadas con paraísos fiscales que puedan vulnerar las limitaciones establecidas en la normativa vigente o la comprobación de la
documentación especial que se exige en este tipo de operaciones, todo ello sin olvidar, por supuesto, las actuaciones de comprobación sobre profesionales, artistas o deportistas no residentes.


La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, creada recientemente en esta legislatura, ha participado durante el año 2014 en un total de 65 actuaciones de comprobación del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, actuaciones
en las que se han realizado ajustes en bases imponibles por un importe superior a 1.300 millones de euros. Esto sin perjuicio de otras actividades de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de gran relevancia cuantitativa en los resultados
de la agencia, como pueden ser bases imponibles gestionadas en acuerdos previos de valoración, de acuerdo a la normativa vigente, de 9.000 millones de euros, lo que facilita el comercio, la actividad económica y la seguridad jurídica a los
operadores.


Finalmente, la sexta línea de actuación: el control en la correcta tributación de profesionales, que analiza el uso abusivo de estructuras societarias interpuestas, la aplicación de gastos no vinculados a la actividad económica que se
desarrolla y la detección de ingresos por la presencia de signos externos de riqueza incompatibles con las rentas que han sido declaradas. El año 2014 ha supuesto, como dijimos antes, un incremento en el número de actuaciones en términos nominales
del 35 %. La Agencia Tributaria no solo realiza controles extensivos dentro del Área de Inspección, sino también en otras áreas, como en la de aduanas, en la de gestión o —quizá es una tarea más desconocida, pero muy importante— en la lucha contra
el fraude en fase de recaudación. Desde el punto de vista del comercio exterior, impuestos especiales, en 2014 se han desarrollado 4.273 actuaciones nominales frente a las 4.093 de 2013. Esto representa un incremento interanual del 4,4 %.


Aprovecho para decir en relación con todos estos incrementos interanuales respecto de 2013 que, si seguimos la serie histórica hacia atrás, las actuaciones nominales siempre han aumentado año tras año; luego tiene un mérito, una relevancia
especial. En cuanto a las actuaciones de control extensivo sobre tributos internos y, por supuesto, sobre contribuyentes que estén sometidos al régimen de módulos, podemos destacar que se han realizado 1.512.000 actuaciones nominales de carácter
extensivo sobre tributos internos y módulos frente al 1.428.000 del año anterior, lo que supone un 5,9 % de incremento. En este apartado destaca el control sobre las declaraciones de IVA y de impuestos sobre sociedades, que crecieron respecto al
año anterior en un 12 % y en un 8 % respectivamente. Destaco fundamentalmente este 12 % de incremento sobre el IVA porque, lógicamente, es un impuesto en el que es importante incidir en las actuaciones de control. Se incrementan también las fichas
de información relevante que envían los órganos de gestión a los órganos de inspección, es decir, cuando en estos controles extensivos se aprecie que hay información o contingencias que son más de los controles intensivos que realiza la Inspección,
se

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les envía estas fichas de información relevante, que se han elevado en 2014 respecto a las realizadas en 2013 en un 11 %.


En el ámbito de recaudación tiene mucha importancia, precisamente, la Ley 7/2012, de la que antes he hablado. Voy a destacar cinto tipos de actuaciones. Los acuerdos de adopción de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales
han crecido un 14,2 %, pasando de 3.173 a 3.624. Del total de medidas cautelares acordadas en el año 2014, las establecidas como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley 7/2012 han sumado 1.762; es decir, 1.762 medidas cautelares
para asegurar el cobro de las contingencias fiscales, que no se podrían haber adoptado si no se hubiera modificado la normativa en la Ley 7/2012. Lo más notable es el crecimiento del importe de la deuda afectada, que ha pasado a 1.049 millones de
euros frente a los 437 que teníamos en el año 2013. Esto significa una mayor garantía del cobro de estas deudas en el futuro.


La segunda cuestión que quería destacar —dije que iban a ser cinco— es aquella referida a los acuerdos de derivación de responsabilidad, que han aumentado exponencialmente hasta alcanzar la cifra de 15.374, lo que en la práctica supone
triplicar el número de derivaciones que se realizan en el año 2011. Dentro de este importe global, quiero hacer referencia a los siguientes supuestos introducidos por la Ley 7/2012: la ampliación de la responsabilidad de los sucesores de
sociedades que vayan a ser objeto de liquidación, alcanzando la misma a las percepciones patrimoniales recibidas con anterioridad a la liquidación formal. Se han realizado 119 expedientes, casi seis veces más que en el año 2013, con un importe
total de 29 millones de euros. Asimismo, la creación de un nuevo supuesto por la Ley 7/2012 de responsabilidad subsidiaria para aquellos administradores de sociedades que presenten de modo reiterado declaraciones por retenciones o tributos
repercutidos sin proceder al ingreso de la deuda tributaria y entendiendo que esta conducta es fraudulenta. Se han ultimado 63 expedientes por importe de 3 millones de euros. Esto lógicamente es una medida potente que se aplica con la debida
prudencia y que irá creciendo con el tiempo, puesto que será introducido por la Ley 7/2012 y se aplica fundamentalmente a los periodos posteriores.


Las actuaciones de investigación patrimonial —la tercera línea de las cinco que dije—, que facilita la detención de posibles insolvencias ficticias, también se ha multiplicado, pasando a 17.522 y aumentando un 81,5 % más respecto al año
anterior. Esto supone que se han hecho cuatro veces más actuaciones de investigación patrimonial que en el año 2012, que eran algo más de 4.000. La cuarta línea es la de los acuerdos de prohibición de disponer de los inmuebles de aquellas
sociedades cuyas participaciones o acciones hayan sido mayoritariamente embargadas, que es también una modificación importantísima de la Ley 7/2012. ¿Por qué? Porque antes con unas acciones embargadas tranquilamente se podía transmitir los
inmuebles pertenecientes a la sociedad cuando había contingencias con la Agencia Tributaria. Esto hoy no es posible gracias a esta medida. En concreto, estos acuerdos de indisposición o de prohibición de disponer de los inmuebles han crecido en un
40,59 %. Hemos adoptado 284 medidas de indisposición en el año 2014 frente a las 202 del año 2013. La quinta línea es la personación de los órganos de recaudación para realizar embargos, captar información y detectar insolvencias presuntas, que
han aumentado un 25 %. Estas personaciones son similares a las actuaciones de personación —antes me hacía referencia a ellas— en el área de inspección y en el área de gestión, que en definitiva van a atacar directamente la economía sumergida.


Me gustaría hacer unas referencias antes de terminar, en primer lugar, al Plan de control tributario y aduanero para el año 2015. Las directrices se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado, pero quiero destacar ya algunos
aspectos, y los adelanto. En 2015 se va a avanzar en el diseño de actuaciones conjuntas de control entre los órganos de gestión tributaria y de inspección financiera y tributaria. Además serán prioritarias las actuaciones de comprobación llevadas
a cabo con el apoyo de personal especializado en técnicas de auditoría informática. Es importantísimo —lo hemos dicho ya desde hace tiempo, dos o tres años, en la Agencia Tributaria— ser intensivos en la utilización de las nuevas tecnologías y ser
capaces de utilizar en nuestras actuaciones de control el apoyo de los expertos en auditoría informática para ser capaces de entrar en el engranaje y en la información que tienen los ordenadores y que no se aporta a la Agencia Tributaria.


En el ámbito de la economía digital destacaría la captación de la información de Internet para efectuar una ordenación y sistematización de la misma, a efectos de su posterior incorporación a las bases de datos de la Agencia y el despliegue
de herramientas para la obtención de información de las empresas en las páginas web y redes sociales. Asimismo, el desarrollo de sistemas de detección de fraude basados en las técnicas de análisis de redes sociales. Como tercera nota destacada de
las directrices del Plan de

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control tributario y aduanero para 2015, me gustaría destacar que en el ámbito de las empresas enfocadas al ocio y en general del sector turístico, se llevarán a cabo, por una parte, actuaciones en el control de la facturación de dinero en
efectivo que se puedan realizar a través de las terminales de punto de venta y, por otra parte, actuaciones enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas en negocios particulares de alojamiento a turistas, en especial, negocios
particulares de alojamiento a turistas a través de la red, que aparte de suponer un posible nicho de fraude lógicamente perjudican o generan competencia desleal a quienes realizando estas actividades legalmente no solo están dados de alta y están
regulados, sino que además pagan sus impuestos.


Como cuarta línea de actuación me gustaría destacar la información nueva que tenemos, y que antes no había, en los ordenadores de la Agencia Tributaria como consecuencia de la declaración informativa de bienes y derechos situados en el
extranjero, el conocido por modelo 720. La información que tiene este modelo sirve como elemento de cruce y contraste en la elaboración de los planes de control. En 2015, y en virtud de la información contenida en dicho modelo, se va a proceder a
efectuar las correspondientes comprobaciones; en concreto, ya se han enviado desde las unidades centrales de planificación y de análisis de la información del departamento de inspección a las respectivas unidades de análisis de los servicios
territoriales, para que en su caso sigan pormenorizando el análisis de los contribuyentes que sean preseleccionados y determinen o no su carga en el plan y realicen las actuaciones. ¿De cuántos contribuyentes estamos hablando? En este primer envío
estamos hablando de 7.073 contribuyentes. Se trata de contribuyentes que no han presentado el modelo 720, y de los que tenemos indicios por la propia declaración tributaria especial presentada en su día por el contribuyente o por otras fuentes
varias de información, de que tenían que haberlo presentado y no lo han hecho. Se trata también de presentadores del modelo 720 fuera de plazo y de presentadores del modelo 720 en el año 2014, respecto a bienes y derechos que en principio pensamos
que ya tenían a 31 diciembre del año 2012, con lo cual deberían haberlo presentado en 2013 y no lo hicieron.


De la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, me gustaría destacar y recordarles que, como todos saben, en el año 2013 se presentaron 134.310 declaraciones, que representan un valor del patrimonio declarado
por bienes y derechos en el exterior de 88.865 millones de euros, información que antes no se tenía en las bases de la Agencia Tributaria. Hay que pensar que lógicamente bienes en el exterior se pueden tener por muchísimos motivos, pero lo primero
que habría que decir es que para tener bienes en el exterior hay que tener bienes. No es cierto aquello que se dice de que no se hacen actuaciones respecto a quienes en principio parece que tienen más nivel económico, realizan mayores actividades
económicas o generan mayores ingresos; yo niego la mayor, pero es que además este tipo de medidas, como esta que contiene la Ley 7/2012, precisamente van dirigidas a obtener esa información de quienes más posibilidades patrimoniales y económicas
tiene. En el año 2014 solo había que presentar el modelo 720 respecto a lo ya declarado en el año 2013, cuando hubiera una variación importante en la valoración del patrimonio. A pesar de eso, nos encontramos con que se presentan declaraciones de
32.125 contribuyentes que declaran un bien o derecho por primera vez, y esto representa 20.615 millones de euros. Nos encontramos con 28.803 declaraciones de contribuyentes que presentan un bien o derecho ya declarado por un importe de 70.040
millones de euros y con que hay 29.460 contribuyentes en los que, de alguna forma, hay un bien o derecho extinguido o revocado, que representan 15.855 millones de euros. No sé si somos conscientes de la magnitud de esta información, de los
contrastes y la actuación que la agencia está ya realizando sobre estos contribuyentes, de estas labores de comprobación que hay que realizar sobre este modelo, y de la cantidad de información que se tiene por un procedimiento legal regulado en la
Ley 7/2012, que es muy eficaz en la lucha contra el fraude.


No me gustaría terminar sin decir algo a lo que ya me he referido de alguna forma en otra ocasión, y es que la declaración tributaria especial, el modelo 750 que es tan importante, junto a este modelo 720 y la información que tenemos,
permitía, mediante el pago de una cantidad, resolver las contingencias fiscales que se pudieran tener con la Agencia Tributaria, pero nada más. La declaración tributaria especial —la propia Dirección General de Tributos lo dijo— no es una
autoliquidación ni una declaración que se fuera a comprobar en sí misma. Pero es verdad que se dijo —y es una cuestión, por otra parte, obvia— que lo que no puede amparar una declaración tributaria especial como esta, es cualquier ilícito de otra
consideración. Por tanto, lo que hemos hecho con la declaración tributaria especial —aparte, lógicamente, de explotar en las labores de control la información que tenemos— es, en primer lugar, estudiar qué posibles contingencias podría haber, desde
el punto de vista de la presentación de la declaración, que nos

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pareciesen extrañas, para aclarar si esas declaraciones tributarias especiales que se habían presentado estaban bien y eran correctas o no.


En concreto, analizamos seis riesgos distintos. En primer lugar, los riesgos de carácter censal. Saben que la Agencia Tributaria española, la Administración tributaria española, desde siempre, es una de las administraciones que mas
información y mejor organizada tiene de los contribuyentes, a través del NIF, y por tanto del censo, y de las labores constantes que hace de actualización del censo. Esto ya es histórico y es uno de los puntos fuertes de la Agencia Tributaria
española. Desde el punto de vista de esos riesgos censales, se analizaron aquellos declarantes de la DTE —del modelo 750— que constaban como fallecidos en la base de datos de la agencia. Se analizaron aquellos declarantes dados de alta en la base
de datos de la agencia desde abril de 2012 que pudieran encubrir regularizaciones formales con ocultación del verdadero titular. Se analizaron declarantes que han regularizado bienes a nombre de menores de edad o incapacitados para asegurarnos,
lógicamente, que la declaración es correcta. Se han analizado declarantes acogidos a regímenes especiales cuando los bienes no se corresponden con las características o el volumen de operaciones de la entidad. Junto a este riesgo censal hay otros
cinco riesgos más: presentadores de la declaración tributaria especial, con importes regularizados elevados, que no realizan actividad económica y que, por tanto, no integran rendimientos de actividad económica en su declaración del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Tercer riesgo, presentadores de la declaración tributaria especial que realizan actividad económica, regularizando un importe desproporcionado respecto de los rendimientos de actividad económica reflejados en su
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuarto riesgo, presentadores de la declaración tributaria especial que no hayan declarado impuesto directo en los últimos ejercicios; extraño ¿no? Quinto riesgo, presentadores de
declaración tributaria especial que consten como ilocalizables de facto en la base de datos de la agencia. Sexto riesgo, presentadores de la declaración tributaria especial relacionados con otros presentadores que pudieran ser el origen de los
rendimientos no declarados a través de vínculos societarios.


La evaluación de estos perfiles de riesgo ha permitido iniciar 357 expedientes de comprobación referidos a 300 contribuyentes. A fecha 11 de febrero de 2015 se han finalizado 51 expedientes de comprobación, con un resultado liquidatorio de
más de 12 millones de euros. Las actuaciones de la agencia no se ven limitadas por la presentación de la DTE, que es de naturaleza estrictamente tributaria, y no afecta a la posible apreciación de otros ilícitos, de otros delitos, de cualquier
naturaleza. Tanto es así que, una vez hecho este primer análisis y estas actuaciones que ya estén en vigor respecto a estos 300 contribuyentes de los que he hablado, lo siguiente que estamos haciendo es analizar la información que tenemos como
consecuencia del 750, viendo la posibilidad de que existan otros ilícitos para, en su caso, trasladar la información a los órganos administrativos y jurisdiccionales correspondientes. Estamos empezando por analizar los indicios, en base de la
información que tenemos, de que algunos declaradores presentadores de la declaración tributaria especial pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de prevención del blanqueo de capitales para que se
contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar. En concreto, tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya formación pasaremos al Sepblac. Asimismo, una vez que se contraste con las
actuaciones que se pudieran estar haciendo por el Sepblac o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, analizará individualmente a cada uno de
los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos que, desde luego está clarísimo —es de sentido común y siempre se dijo—, la declaración tributaria especial no ampara.


Me gustaría finalizar, en primer lugar, agradeciéndoles la paciencia que han tenido por escucharme en este tipo de ponencias, que son prolijas en números y a veces complicadas de seguir, y poniendo en valor el trabajo realizado por los
prácticamente 26.000 funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración tributaria. La sociedad española debería estar orgullosa de la Administración tributaria que tienen, y yo estoy convencido de que los funcionarios de la agencia están muy
satisfechos de aportar este valor a la sociedad en unos momentos tan difíciles.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el orden previsto, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida al director de la agencia en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Bien es verdad que es la primera comparecencia en la Comisión de Hacienda para hablar del fraude
fiscal cuando está terminando la legislatura y nos gustaría

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poder disponer de elementos que vamos a poner encima de la mesa para poder contrastar información, opinión y conclusiones con el director de la agencia.


La lucha contra el fraude es un elemento crucial en la sociedad del siglo XXI, en nuestra sociedad, y no sólo para garantizar la cohesión social, sino también para la competitividad de la economía española y, por tanto, del crecimiento
económico. La Agencia Tributaria es la institución que tiene la sociedad española para luchar contra el fraude fiscal; una institución que está al servicio de la sociedad y no de los partidos políticos que, en cada momento, sustentan al Gobierno.
Por ello, pierde legitimidad y también eficacia cuando se pone al servicio de un partido político. Los datos tributarios obtenidos para garantizar el deber constitucional de contribuir a los gastos públicos pierden su razón de ser si se utilizan
con fines partidistas. La discreción no es solo una obligación legal, sino también una garantía de eficacia, y esa línea de discreción se ha roto, a nuestro juicio, con el Partido Popular en el Gobierno. Señor director, cuando se utilizan las
instituciones en beneficio de un partido político se va contra las propias instituciones, porque se rompe la razón de ser de las mismas, ya no sirven al objetivo para el que fueron creadas y al servicio de la sociedad. Esto supone un desprecio a
los ciudadanos.


El Grupo Socialista, con el objetivo de mejorar la conciencia fiscal de los españoles, venimos reclamando que se hagan públicas las listas de los defraudadores de nuestro país, de todos, no sólo de aquellos que al Gobierno, por diferentes
razones, le conviene airear en un momento dado; la lista de todos los defraudadores de la amnistía fiscal y de toda la lista Falciani. Se nos dice por parte del Gobierno que hay que cambiar la ley tributaria, pero un día sí y otro también
descubrimos cómo se filtran nombres de defraudadores, nombres de contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal, por ejemplo; se filtran actas, diligencias, acuerdos de ampliación de plazo de actuaciones inspectoras siempre, siempre, qué
casualidad, a conveniencia del partido en el Gobierno. Es más, el ministro alardea, presume, de que dispone de información de determinados contribuyentes, y todo ello —o en gran parte— se filtra a conveniencia del partido del Gobierno. En el caso
Cemex, el ministro dijo que se abriría una investigación. Suponemos que se hizo, aunque no se ha informado a esta Cámara del resultado, y yo me pregunto: ¿en los demás casos conocidos por la opinión pública se ha abierto una investigación? Si no
se ha abierto la investigación, ¿por qué no? Señor director, quiero que me conteste con un sí o un no y, como estamos en sede parlamentaria, que nos diga toda la verdad. ¿Usted ha entregado o contado alguna información de algún expediente al
ministro de hacienda? ¿Usted le ha entregado o contado información de algún expediente al secretario de Estado o al gabinete del ministro? ¿Usted o alguien que usted sepa ha filtrado alguna información de carácter tributario? Si no lo sabe, señor
director, ¿se ha abierto alguna investigación en el seno de la Agencia Tributaria, porque hay instrumentos para ello? ¿En qué casos se ha abierto esa investigación? En un país moderno como el nuestro se deben investigar este tipo de
comportamientos porque los mismos suponen una pérdida de credibilidad de la institución que usted dirige, y se tiene que realizar sea a quien sea, también al ministro de Hacienda si fuera el caso, porque como le decía anteriormente, el ministro de
Hacienda ni puede contar esa información ni puede siquiera disponer de ella. Nosotros venimos diciendo que la relación de defraudadores y los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal queremos conocerla en su totalidad, no una parte, no
unos cuantos, no uno ni dos, no a conveniencia del Gobierno, toda la información —si para ello hay que cambiar la ley, cambiemos la ley—, repito, toda la información, no una parte a conveniencia del Gobierno.


Sobre los datos que hoy ha dado en relación con el fraude fiscal, estaríamos felices de que hubieran tenido el éxito que usted pregona. No le quepa duda de que los éxitos en la lucha contra el fraude son los éxitos de todos los grupos de
esta Cámara —también del Grupo Socialista—, porque son los éxitos de los solidarios contra los evasores. Pero permítame que le pregunte cómo se desglosa cifra a cifra. ¿Por qué esa información no ha llegado a los grupos de la Cámara antes de esta
comparecencia? Estamos acostumbrados a que hagan trucos con los números. Cuando presentan los datos de la amnistía siempre se olvidan de dar la cifra —ridícula por otra parte— que obtuvieron a cambio de dañar de manera irresponsable la conciencia
fiscal de muchos ciudadanos cumplidores. En cambio, continúan citando la cifra de bienes y derechos declarados en el extranjero, como si ello fuera el éxito en la lucha contra el fraude e intentando confundir esa cifra con la recaudación. Señor
director, conozco a muchos ciudadanos con bienes y derechos en el extranjero que incluían dichos bienes y derechos en su declaración del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, que no ocultaban nada, luego no estamos hablando de aflorar nuevas
bases. Pero en su ánimo ha estado el de confundir, casi siempre para poner los números con fines partidistas. Por ello, perdóneme que le diga con pena que el Grupo Parlamentario Socialista no va a dar ninguna credibilidad a estos números hasta no
conocer el desglose partida a partida. ¿Por qué? Porque

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todos sabemos que la base de actuación del control tributario ha sido cambiada con el tiempo, y usted lo sabe perfectamente. Díganos, ¿han incluido nuevos conceptos modificando la base y haciendo imposible comparar con años anteriores, con
el objetivo —como decía anteriormente— de aparentar que los números son mejores? Mucho me temo —porque la experiencia está ahí— que se haya modificado nuevamente, porque en años anteriores se ha modificado esa base, lo que hacía imposible poder
comprar. ¿Por qué —como le decía también anteriormente— no han suministrado previamente la información a los grupos parlamentarios? ¿Por qué no se han incluido en los informes los del último año de que dispongan del Tribunal de Cuentas sobre la
lucha contra el fraude? Vendría muy bien comparar los datos que usted da con los datos que ha dado el Tribunal de Cuentas en relación con esos mismos números.


La lucha contra el fraude fiscal exige dos grandes estrategias: ir construyendo una mayor conciencia fiscal y más medios humanos y materiales. A nuestro juicio, lo hemos repetido en muchas ocasiones, la conciencia fiscal ha estado y está
bajo mínimos; han hecho mucho daño la amnistía fiscal, los sucesivos escándalos en la Agencia Tributaria, los ceses no explicados de manera reiterada —y hemos pedido comparecencias por ello— y la utilización de la institución como si fuera una
institución de partido. En cuanto a los medios, la plantilla se ha reducido en 1.800 efectivos en esta legislatura, y es muy grave. Pero en 2020, si no se pone remedio, se habrá reducido en 7.000 efectivos, cuando ya estamos a la cola de los
países de nuestro entorno. En los últimos años con el último Gobierno crecía a razón de unos 100 inspectores y 400 técnicos. Ahora se han reducido en 1.800 y como digo en 2020 probablemente, si no se toman las medidas, habrá una reducción de 7.000
efectivos, un cuarto de la plantilla. Las denuncias en los juzgados por delito fiscal en el año 2013 fueron 578, produciéndose una disminución con respecto, por ejemplo, a 2011 y 2010 respectivamente de 1.014 y 938. Además, en octubre de 2014 solo
había 150 personas en prisión por delito fiscal y la previsión, a mi juicio, es que no se incrementará de manera significativa este número con los cambios en el Código Penal, de tal manera que esos cambios implican que quien paga la deuda se libra
de la cárcel. La Agencia Tributaria, a nuestro juicio, tiene que acometer importantes reformas en su estructura organizativa: más medios humanos, más independencia respecto del Gobierno, más peso a la profesionalidad en la toma de decisiones, es
necesario un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria. Señor director, ¿dónde está la promesa que el ministro de Hacienda realizó en diciembre de 2013 al conjunto de fuerzas políticas, al conjunto de grupos parlamentarios del Congreso, para elaborar
el estatuto de la Agencia Tributaria? ¿Dónde está esa promesa? Porque en aquel momento había una apretura, entre comillas, política por parte del Gobierno y se planteó por el ministro un pacto para reorientar, mejorar y hacer cambios dentro de la
Agencia Tributaria. ¿Dónde está aquella promesa? ¿La va a traer el Gobierno antes de que acabe la legislatura?


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Creo que debo empezar mi intervención dando la bienvenida al director de la agencia, es la primera vez que comparece en esta Comisión y es importante, aunque esté acabando casi la legislatura, su comparecencia en
este sentido. Ha venido a explicarnos un poco los datos de recaudación por control tributario. Hasta este momento el único dato de que disponíamos sobre recaudación por control tributario era el anuncio del ministro de hace unos pocos días —la
semana pasada, me parece recordar—, datos que usted también nos ha explicado y que situaban la cifra recaudada el año pasado en unos 12.300 millones de euros, que el ministro calificaba como un récord histórico. No disponemos de datos oficiales
publicados relativos a la recaudación por control tributario del año pasado y nos habría gustado tenerlos en mano, porque además los últimos datos de recaudación publicados en la página web de la Agencia Tributaria son de noviembre del año pasado y,
según el calendario de difusión de informes mensuales —que también aparece en la página web de la Agencia Tributaria—, el de diciembre de 2013, no se prevé publicarlo hasta el 31 de marzo de este año y el anual, hasta el 30 de julio también del
presente año. Por tanto, esos datos que nos ha dado bienvenidos sean, pero creo que tener en mano algún documento relativo a ello es importante. Sorprende en este sentido, en relación con el calendario de publicaciones que le decía, que es el que
se dispone en la red de la Agencia Tributaria.


Volvamos a la evaluación de los datos. Si cogemos los datos que hoy nos han manifestado y que el ministro también nos dio, si bien la cifra es la mayor conseguida, eso es cierto, también es cierto que si se compara con el año 2013 el
incremento es importante. Es muy importante, pero debe recordarse que la recaudación por control tributario en 2013 bajó respecto a la del año 2012. En 2013 fueron unos 10.950 millones —corríjame si me equivoco— y en el año 2012 fueron 11.517.
Por tanto, si comparamos 2014

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con 2013 la brecha es más grande, pero respecto a 2012 no lo es tanto. Es cierto que se incrementa en 2014, pero no tanto como nos hubiera gustado. Esos datos además, señor director general, los referidos por el ministro y por usted, deben
ponerse en relación con las cifras de economía sumergida. Usted conocerá que en los últimos años diversos informes de instituciones privadas han manifestado que uno de los graves problemas de la economía española es el elevado fraude fiscal
existente. En el año 2012 un análisis realizado sobre fraude por la consultora i2 Integrity estimó que el fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, es decir, alrededor del 23 % del PIB. Datos más recientes
publicados, por ejemplo, por el último informe elaborado por La Caixa, de septiembre de 2013, basado en las estimaciones realizadas por el señor Schneider, estimaban que la economía sumergida en España equivaldría al 18,6 % del PIB en 2013. Estos
datos superan considerablemente el registro de nuestros homólogos europeos, donde el fraude y la economía sumergida se estima que equivalen al 13 % en Alemania, por ejemplo, o al 10 % en Francia y el Reino Unido. Además, cabe destacar que en este
último informe al que me refería el impacto por la recaudación del fraude y de la economía sumergida sería apreciable para nuestras arcas públicas, ya que acarrearía un aumento de la recaudación final —decía ese informe— de unos 60.000 o 80.000
millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cifras muy importantes. En el caso del sistema tributario español las memorias de la Agencia Tributaria suelen informar sobre el número de actuaciones realizadas, inspecciones, actas levantadas o
importe de las recaudaciones —hoy también nos ha dado estos datos—. En cambio, en ningún caso las memorias hacen referencia a indicadores objetivos que permitan cuantificar el principal objetivo de la agencia, que es la recaudación del fraude
fiscal. Cuantificar la recaudación del fraude fiscal exige previamente haber cuantificado su magnitud y tener capacidad para poder analizar su evolución, es decir, poder conocer si de un año al siguiente, si de un lustro al siguiente, el fraude
aumenta o disminuye en relación con el PIB. Esta información la desconocemos oficialmente para la economía española, como decía, en base a fuentes oficiales.


Señor director general, luchar contra el fraude fiscal es siempre una obligación, y creo que usted la asume sin lugar a dudas, pero lo es de manera especial en un momento de grandes tensiones presupuestarias como el que vivimos. No puede
recortarse el gasto y poner en peligro el Estado del bienestar sin antes combatir el fraude fiscal. No pueden incrementarse más los impuestos a quienes ya pagan mientras se toleran niveles de fraude y de economía sumergida que puedan representar,
como decían esos informes de instituciones privadas, porcentajes del PIB del orden del 20 %. En este contexto, desde nuestra perspectiva, el papel que debe realizar la Agencia Tributaria debe ser doble y debe poner un empeño especial en ello.
Primero, creemos que debe reorientarse la actividad de la Agencia Tributaria con relación al fraude en el siguiente sentido: se debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones de quienes ya pagan sus tributos y concentrar sus actuaciones en
quienes no pagan en base a modelos de buenas prácticas que se siguen en otros países europeos y avaladas además por la propia Comisión Europea. La efectividad de la Agencia Tributaria no depende del número de inspecciones efectuadas o del número de
actas levantadas, sino de los resultados efectivos en reducción de fraude y afloración de economía sumergida. Por tanto, primera perspectiva en ese sentido: reorientar la actividad de la agencia con relación al fraude.


Segunda —creo que también es importante con relación a lo que ya le estaba diciendo—, creemos que ustedes podrían elaborar un informe periódico oficial que permita estimar la magnitud, mapa y características del fraude fiscal. Como decía,
no existen datos oficiales sobre la economía sumergida en España, y aquí es donde la Agencia Tributaria podría incidir con indicadores que permitan estimar anualmente el volumen de la economía sumergida y de las pérdidas de recaudación que se
derivan de su existencia. Por tanto, creo que los datos que usted nos ha explicado han sido positivos, pero si los ponemos en relación con la economía sumergida, de la cual no tenemos datos oficiales, creo que su papel es importante en un doble
sentido: primero, en la reorientación de la actividad de la Agencia Tributaria con relación al fraude —persigan a aquellos que no declaran, faciliten a aquellos que declaran—, y segundo, ustedes podrían elaborar un informe periódico oficial que
permita estimar esa magnitud de la economía y del fraude fiscal en España.


Con relación a los casos de posible evasión fiscal que la semana pasada aparecieron en medios informativos, no le voy a pedir que nos dé su opinión o haga valoraciones, sean políticas o no, sobre este tema. No creo que nos responda en este
sentido y lo comprendo; el ministro es el que debe asumir las preguntas y darnos las respuestas oportunas. Un periodista catalán, Lluís Foix, se refería la semana pasada a que la hoja de ruta para la transparencia fiscal global es larga y tiene
muchos tramos intransitables,

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pero la novedad es que ya no es tan fácil esconder el dinero. Dice: las sociedades están más desnudas, más interconectadas, más sujetas a que se sepa todo. Estoy de acuerdo con ello. A nivel de consenso internacional, por ejemplo, el año
pasado ochenta países firmaron un acuerdo, el CRS, impulsado por la OCDE, que constituyó un paso decisivo para intercambiar información sobre los diferentes Estados. Creo que debe continuarse trabajando en ese sentido en el plano internacional, en
el intercambio de información. Por su cargo, a usted no le compete, como decía, adoptar decisiones políticas o tomar medidas políticas, pero sí le compete ejecutar la ley. En relación con este tema, lo que deberíamos reclamarle por parte de mi
grupo parlamentario —y mi grupo se lo reclama— es que haga cumplir la ley, que utilice todos los instrumentos y medios legales que la ley pone a su alcance, que lo haga con la máxima diligencia y contundencia y que lo haga con la máxima
transparencia. Eso es lo que le compete a usted como director de la Agencia Tributaria. Hágalo contundentemente, haga cumplir la ley y hágalo con la máxima transparencia.


Me gustaría hacer unos últimos comentarios. Usted se refería a la necesidad del refuerzo operativo de los medios personales de la Agencia Tributaria y a las cifras sobre la eficiencia de sus trabajadores y los datos de recaudación por
empleado, que ciertamente son muy elevados. He podido leer esta mañana en un medio de comunicación que también los ponía de manifiesto, y realmente son buenos datos. A pesar de esos efectivos nuevos a los que usted se refería, a las posibles
futuras incorporaciones que habrá en la Agencia Tributaria, ¿no cree que se está llegando a un punto en el cual podemos pasar de la alta eficiencia —según esos datos— a una ineficiencia por una escasa incorporación de nuevo personal a la Agencia
Tributaria? Creo que sería importante que nos pudiera responder. ¿Son suficientes esas nuevas incorporaciones a las que usted se refería para mantener esa alta eficiencia de la Agencia Tributaria?


Paso al segundo punto al que me quería referir. Usted hablaba del esfuerzo normativo —la segunda pata a la que se refería— en materia de lucha contra el fraude. Sabe usted bien que a finales del pasado año aprobamos las tres leyes del
paquete de la reforma fiscal: la modificación del IRPF, la modificación del IVA y la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. Desde la perspectiva de la lucha contra el fraude fiscal y de los instrumentos de lucha contra el fraude fiscal por parte
de la Agencia Tributaria, nos gustaría que hiciera una valoración de los instrumentos que se han incorporado con esa nueva reforma fiscal, con esas tres leyes, y nos dijera si cree que debiera avanzarse más en ese sentido.


Para finalizar, señor director general de la agencia, insisto: contundencia en la aplicación de la ley, sin lugar a dudas. Yo creo que la Agencia Tributaria tiene un papel a realizar en esa cuantificación, la estimación de la magnitud del
fraude fiscal, y sobre todo actúe de acuerdo con la ley, porque creemos que la ley le da suficientes instrumentos para atajar todos los casos de fraude fiscal.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia, aunque nuestro grupo ha ido constatando que, con este tipo de comparecencias, al final hay una cierta perversión y lo que debería ser una comparecencia de
naturaleza política acaba pareciéndose más a una rueda de prensa en la que nosotros hacemos preguntas como periodistas. No me refiero a esta comparecencia, sino al tipo de comparecencias en el que al final acaba derivando este formato. Eso es
verdaderamente preocupante, porque al final es usted un cargo político, nosotros somos también cargos políticos y el debate tiene que ser político y no especialmente estadístico. Los datos tienen que acompañar siempre una dirección política, un
enfoque político, porque los datos por sí mismos no tienen por qué ilustrar necesariamente. Los que somos economistas aprendimos en las facultades, y enseñamos incluso en las facultades, que las estadísticas pueden ser torturadas hasta que
confiesen lo que nosotros queremos. Creemos más interesante que este tipo de comparecencias sean adecuadas para manifestar el enfoque en la dirección política de algo tan importante como es el Ministerio de Hacienda y sus respectivos órganos. En
ese sentido, voy a hacer unas cuantas preguntas muy concretas que voy a leer, porque usted tiene la información necesaria aquí mismo para poder responderlas y en otros casos su opinión política como secretario de Estado, no como mero funcionario del
Estado, sino como un cargo político. La primera pregunta es cuánto suponen para usted los 12.300 millones de euros de los resultados de la lucha contra el fraude respecto a la estimación del total. Queremos saber en términos relativos cuánto es en
cuanto a la estimación que tiene el Gobierno respecto a esa tasa de economía sumergida. Hay que recordar que se citan esos 12.300 millones de euros recuperados, pero en Grecia, que es una economía cuatro veces más pequeña, aunque con una tasa de
economía sumergida mayor, se ha recaudado una cantidad muy

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parecida: 12.300 millones. Llama la atención que en una economía cuatro veces más pequeña se haya recaudado exactamente igual que en una economía como la nuestra, en la que el potencial en términos absolutos es muchísimo más amplio. En
segundo lugar, como han mencionado otros portavoces, los empleados de la Agencia Tributaria han ido reduciéndose de forma sistemática. La pregunta política es si cree que se debe aumentar la plantilla progresivamente para que llegue a alcanzar la
media de la OCDE. También si cree que se deben aumentar las competencias a los 6.500 técnicos de Hacienda y desplazar a los 750 inspectores en puestos técnicos al control de evasión de las multinacionales y las grandes fortunas. Como sabe, los
técnicos de Hacienda manifiestan una y otra vez que la mayor parte del fraude fiscal proviene de estos sujetos, de las multinacionales y de las grandes fortunas. Entiendo que la mayor parte de la actividad debería concentrarse en esos espacios
porque si no se da una paradoja, se lo digo como andaluz, y es que en determinados campos de Andalucía vemos cómo el Estado pone mucho énfasis en perseguir a gente que está cobrando 300 o 400 euros, y que además de esa remuneración busca otras
fórmulas para llegar a fin de mes, ve cómo el Estado es tan fiero con la gente más desprotegida, mientras que paralelamente tenemos noticias como las del fraude fiscal de las grandes multinacionales, de las grandes fortunas, tanto del fraude fiscal
como de la elusión fiscal, que por el hecho de ser legal no deja de ser menos preocupante. ¿A qué se debe el estancamiento en el número de delitos fiscales denunciados en 2014? ¿Qué opinión tiene de que se produzca ese estancamiento?


También le quería preguntar sobre el caso de Aizoon, si considera que fue un acierto el peritaje de funcionarios de la agencia que determinaron que en tres facturas concretas recibidas por Aizoon de empresas instrumentales y que el fiscal
del caso califica como falsas, sean oportunamente deducibles para evitar el delito fiscal que planeaba sobre Aizoon. Pregunta también política. Una pregunta respecto a la comparecencia no realizada, desgraciadamente, antes de la suya, tiene que
ver con los últimos acontecimientos y denuncias que hemos hecho varios grupos sobre el carácter instrumental y partidista que está haciendo el Ministerio de Hacienda respecto a los instrumentos del Estado, es decir, con la información. La pregunta
es muy directa. Le voy a preguntar si el Ministerio de Hacienda y concretamente el ministro de Hacienda tiene acceso a la base de datos de contribuyentes de la Agencia Tributaria. Es una pregunta muy concreta. Queremos saber también respecto a
esta comparecencia no realizada de Falciani si la Agencia Tributaria conserva documentos sobre las reuniones y decisiones que le llevaron a ofrecer una segunda oportunidad a los titulares aparecidos en la lista Falciani en el año 2010, con el
gobierno del Partido Socialista. Se tomaron decisiones que ahora están siendo investigadas por la justicia sobre el trato de favor a determinados titulares, en vez de abrir una investigación de oficio; esas decisiones se tuvieron que tomar en la
Agencia Tributaria y quizá tengan un registro. Queremos una respuesta a esta pregunta. Me gustaría saber cuál es su opinión política sobre esa investigación porque son dos funcionarios los que están siendo investigados por ese posible trato de
favor que se les dio en 2010 a los titulares de esas cuentas.


Termino con dos preguntas muy concretas. No quiero poner infinitas preguntas, pero sí son preguntas que se pueden responder, aunque debido al formato de esta comparecencia puede esquivarlas, pero aquí está la fiscalización, y yo entiendo
que su función es responderlas, no evadirlas y evitarlas. Estas dos preguntas tienen que ver también con el caso Falciani. ¿Va a iniciar otra investigación a las divisiones de fiscalidad internacional de los grandes despachos que hayan podido
asesorar a los evasores de las cuentas opacas de este banco y aquellas multinacionales que operan en España? ¿Va a ordenar que se investigue el origen de los fondos de la amnistía fiscal? Son preguntas de carácter político que insisto en la
posibilidad técnica de responderlas, solo espero que además de esa posibilidad técnica exista también voluntad política.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: También deseo comenzar dando la bienvenida a esta Comisión al director general de la Agencia Tributaria, agradeciéndole la información que nos ha proporcionado en su primera intervención. El motivo principal de
esta comparecencia es valorar los resultados de recaudación en la lucha contra el fraude, y tengo que comenzar diciendo que nuestro grupo se alegra de cualquier éxito en la lucha contra el fraude. Es una lacra social que dificulta el mantenimiento
del Estado del bienestar en nuestro país y que supone un agravio comparativo para los que no defraudan y una competencia desleal en el caso de ser empresas. Mi grupo también es consciente de la alta calidad técnica de los funcionarios de la
agencia, del excelente trabajo que realizan y de la modernidad de la propia agencia. Dicho esto, aquí

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se nos traen unas cifras que hay que matizar y que a los diputados, como han señalado otros intervinientes, nos resulta difícil valorar porque nos basamos en una simple rueda de prensa del ministro y en una nota de prensa, no en una
información detallada que hayamos podido analizar. Eso nos preocupa porque en estas cifras globales a veces se mezclan conceptos muy distintos que llevarían a matizar esas cifras. Por ejemplo, hay recaudación que proviene de declaraciones
complementarias voluntarias, o en este año 2014 se ha introducido como nuevo concepto las migraciones de impugnación de autoliquidaciones. Es una recaudación que seguramente no toda ella tiene que ver directamente con la actuación de la Agencia
Tributaria en la lucha contra el fraude, aunque suponga recaudación. Damos las cifras por buenas porque no podemos hacer otra cosa con la información solicitada, pero nos gustaría haber tenido la oportunidad de analizar estas cuestiones en cuanto
esta recaudación verdaderamente proviene de actuaciones directas de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Una segunda matización es que parte de este aumento de la recaudación tiene que ver con cambios internacionales que dificultan
el secreto fiscal, actuaciones de la OCDE, de la Comisión Europea de las que nos alegramos y que apoyamos pero que son difíciles de atribuir a decisiones políticas del Gobierno español. Pero sobre todo, como también han señalado intervinientes
anteriores, para ver si estas cifras son un éxito o un fracaso hay que ponerlas en el contexto del volumen total del fraude que se está persiguiendo. En nuestro país, todas las estimaciones de la economía sumergida coinciden en que está en torno al
22 % del PIB, lo que significaría que se están defraudando 7 u 8 puntos del PIB, 70.000 u 80.000 millones de euros. Al contrario que otros partidos, somos conscientes de que el fraude es difícil erradicarlo al cien por cien, pero reducirlo a la
mitad, ponerlo en niveles europeos, supondría recaudar 35.000 o 40.000 millones. Puesto en ese contexto, este éxito que se nos presenta, en todo caso, es un éxito muy parcial que está ligado, como venimos diciendo desde el inicio de la legislatura
y en la legislatura anterior, a la falta de voluntad política, a la falta de medios en la lucha contra el fraude, porque en esta legislatura la tasa de reposición ha sido del 10 % durante años, es decir, del menos 90 %; de cada 10 puestos que se
perdían solo uno se reponía. En los Presupuestos Generales del Estado también se han recortado recurrentemente los recursos de la Agencia Tributaria; la convocatoria extraordinaria que se hizo solo ha compensado eso en parte y en ella se nos habla
de promociones internas. Pero las promociones internas no son nuevos recursos, son personas que ya estaban en la agencia y que cambian de puesto. Por eso la pregunta que nos hacemos es cuánto se podría recaudar si nuestro país tuviese un volumen
de recursos destinado a la lucha contra el fraude como los países de nuestro entorno. Francia tiene 117.000 efectivos luchando contra el fraude frente a los 26.000 españoles; Holanda, una economía más pequeña que la nuestra, 29.000, algo más que
nosotros. Esto es lo que permite poner en contexto estas cifras, no cuánto se recauda sino en relación con el volumen que se está persiguiendo.


Es difícil no relacionar esta cuestión con la amnistía fiscal que se promulgó por el Gobierno durante esta legislatura, que deteriora, como cualquier amnistía fiscal, la conciencia fiscal de los contribuyentes. Estos defraudadores, a los
que se les permitió regularizar su situación, tributaron alrededor del 3 % de las bases afloradas; esas bases afloradas de 40.000 millones a veces se presentan casi como si fuese dinero recaudado, pero son patrimonio de los defraudadores que ha
salido a la luz; para que sean bases afloradas tienen que dar lugar a obligaciones tributarias. Yo le querría hacer la pregunta de cuánto se recauda de forma recurrente gracias a esas bases afloradas, porque siempre se nos habla de la cantidad
aflorada, pero habría que preguntarse qué recaudación se está logrando de forma recurrente gracias a esas bases afloradas, porque si no dan lugar a obligaciones tributarias, es una información de cuánto patrimonio oculto tenían unos defraudadores a
los que se les ha permitido regularizar su situación pagando el 3 %. Esa es una primera pregunta, si nos puede informar de la recaudación recurrente a que dan lugar esas bases afloradas. Esa amnistía nos preocupó especialmente porque interfería o
se interconectaba con casos de corrupción y también de corrupción política; en el caso Pujol y en el caso Bárcenas una y otra vez ha aparecido recurrentemente la amnistía fiscal, que permitía aflorar dinero en efectivo si se ingresaba en una
cuenta, dinero difícil de rastrear. Por eso también insistimos, desde que se promulgó esa amnistía, en que nos parecía importante investigar el origen de esos fondos para evitar el blanqueo, evitar la corrupción de cualquier tipo, y en que era
necesario un plan de actuación sistemático. Vemos, por su información, que por fin la Agencia Tributaria está revisando alguno de estos casos; nos alegra que por fin se haga algo, pero creemos que se está haciendo tarde —hace tiempo que lo venimos
pidiendo— y se está haciendo de forma muy limitada; en nuestra opinión, habría que fiscalizar todos y cada uno de los casos, no de forma selectiva, e informar al Congreso del resultado de esa fiscalización.

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Hay una serie de cuestiones que están relacionadas con actuaciones de la Agencia Tributaria en diferentes casos con connotaciones judiciales. Soy consciente de que es un tema delicado, son temas judiciales, pero también son temas con un
gran eco público y, como decía el señor Garzón, aquí estamos como representantes políticos realizando una función de control y tenemos la obligación de hacernos eco de esas cuestiones de tanta relevancia social. Hay actuaciones de la Agencia
Tributaria relacionadas con el caso Falciani, del que hablábamos al inicio de esa Comisión. Es cierto que es un tema que viene del año 2010, pero al salir en medios de comunicación la lista publicada se ha hablado de que va a haber nuevas
actuaciones. Creemos que hay cuestiones sin aclarar de por qué en su momento se avisó a estas personas en vez de abrirles directamente una inspección. Querríamos saber si se van a abrir ahora nuevas actuaciones y por qué se hace cuando salen
nuevos datos en los periódicos cuando estas listas obraban íntegras en poder del ministerio desde hace años. La agencia también ha intervenido en un caso de gran relevancia política y social, el caso Bárcenas. Aquí tengo que decir que a mi grupo
le sorprende la doctrina fiscal que ha partido de la Agencia Tributaria en este caso judicial, porque ha establecido la doctrina de que las donaciones ilegales que provenían de contratistas públicos en una caja B que se usaban para fines poco claros
podían beneficiarse de exenciones fiscales, podían beneficiarse de beneficios fiscales, que va contra la mínima intuición lógica, y permitió en ese caso eludir el delito fiscal, existiendo un informe vinculante de la Dirección General de Tributos,
solicitado por UPyD, que dice lo contrario, que solo si son legales y solo si se prueba que se han utilizado para fines del partido podían beneficiarse de exenciones fiscales. Está el caso Bankia también. Esta mañana algunos imputados declaraban
que el uso de tarjetas black tenía el visto bueno o estaba permitido por la Agencia Tributaria. No es que demos gran verosimilitud a sus declaraciones, pero la opinión pública seguro que está interesada en conocer qué puede tener esto de cierto.


Una última cuestión, pero no menos importante, es la filtración de datos fiscales. Realmente esto es algo repetido que nos resulta intolerable, algo repetido y propio de un país distinto a España, un país de la Unión Europea. A veces, como
en el caso Bárcenas, no se pueden dar datos porque son confidenciales, y en otros, como el caso Pujol o el caso Monedero, se pueden dar datos no se sabe por qué. A veces el ministro ha llegado a realizar insinuaciones en sede parlamentaria
referidas a medios de comunicación, a portavoces de otros partidos, y la gran pregunta es por qué el ministro puede tener esta información y cómo le llega, además del uso inapropiado que hace de ella. Es una práctica deplorable que nunca
condenaremos lo suficiente y el antídoto contra esta práctica sería la transparencia. Si hay defraudadores ¿por qué no publicar sus listas? Creemos incluso que la lista de no residentes fiscales debería ser pública, que los ciudadanos de un país
tienen derecho a saber cuáles son los conciudadanos que están a su lado que no contribuyen a las cargas fiscales del país, pero utilizar la información de manera selectiva con fines políticos nos parece intolerable, pone en cuestión la independencia
de la Agencia Tributaria y por eso creemos también, como han señalado otros grupos, que es necesario un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce y garantice su independencia. El ministro hizo un compromiso público que yo recuerdo bien
porque lo hizo en el Pleno a una pregunta oral mía precisamente; ha pasado mucho tiempo desde entonces y nos preguntamos por qué se ha incumplido ese compromiso cuando parece conveniente y necesario que ese nuevo estatuto nazca.


El señor PRESIDENTE: En último lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida una vez más a la Comisión de Hacienda al director de la Agencia Tributaria, al señor Menéndez, y felicitarle y darle la enhorabuena a usted y a toda la organización que
dirige, a esos casi 26.000 trabajadores, por los resultados históricos que nos ha explicado que se han obtenido en la recaudación de las actuaciones de control que lleva a cabo la Agencia Tributaria.


Quisiera decir, en primer lugar, que se han hecho aquí acusaciones muy graves y que parece que la campaña electoral, desgraciadamente, ha entrado en esta Comisión de Hacienda, porque, por las intervenciones que han hecho algunos de los
portavoces, parece que no interesa perseguir el fraude, no interesa escuchar cuáles son los avances para perseguir y acosar a los defraudadores, porque el objetivo al final no es el fraude ni son los defraudadores, el objetivo parece ser desgastar
al Gobierno, hacer insinuaciones y sembrar dudas sobre la actuación del ministro de Hacienda, y no los defraudadores, que debería ser el objetivo común que tuviéramos en esta Comisión. Por eso no les interesan las explicaciones que ha venido a
darnos la persona que mejor conoce —el director de la Agencia Tributaria— los avances

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históricos que se han dado en esta legislatura en esa materia. Y con respecto a las insinuaciones que se hacen del ministro, a mí me gustaría que alguien pusiera un solo ejemplo de una declaración del ministro en la que haya acusado a
alguien de haber cometido fraude. Es imposible que la encuentren porque no existe. El ministro de Hacienda y la Agencia Tributaria nunca amenazan a nadie, solo deben sentirse amenazados los defraudadores, nadie más. La Agencia Tributaria actúa de
oficio allá donde tiene que actuar, por supuesto respetando la ley y los procedimientos y con la máxima independencia y la máxima profesionalidad. Por tanto, vuelvo a resaltar que, gracias a esa eficiente actuación de la agencia y gracias también a
los nuevos instrumentos normativos y a la nueva información que gracias a esos nuevos instrumentos normativos se ha incorporado a nuestra normativa tributaria, la Agencia Tributaria ha conseguido, como nos ha dicho el director de la agencia, unos
resultados históricos, porque se han dado pasos de gigante también en la eficiencia y eficacia de la actuación de la Agencia Tributaria. Pasos de gigante en las herramientas normativas y pasos de gigante en la disponibilidad de información a
disposición del personal de la Agencia Tributaria para que no exista ningún lugar en el mundo donde los defraudadores puedan ocultarse.


Hay un pasado y un presente en la Agencia Tributaria. Hay un pasado que corresponde a los gobiernos del Partido Socialista, donde la recaudación tributaria caía en picado, poniendo en peligro la sostenibilidad del Estado del bienestar, y
hay un presente, que es el Gobierno del Partido Popular, que se traduce en una mayor recaudación tributaria —porque estamos recuperando recaudación—, en unos mejores resultados en la persecución y en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal y
en unas mejores herramientas y mayor información para prevenir y luchar contra ese fraude y esa elusión y evasión fiscal. Detrás de esos brillantes resultados hay un esfuerzo de todos, del conjunto de la sociedad española, pero también, como ya he
resaltado, un trabajo profesional, independiente y con mucha dedicación de los casi 26.000 empleados que tiene la Agencia Tributaria. Eso lo tenemos que reconocer todos los grupos que estamos aquí presentes, y sobre todo lo tiene que reconocer y
valorar la sociedad española. La mayor recaudación está ahí y el Grupo Parlamentario Popular cree que la política fiscal ha sido una pieza clave en la recuperación económica de España, porque al final de esta legislatura habremos recuperado un
tercio de la recaudación que se perdió con el Gobierno socialista. Además, lo habremos hecho con una reforma fiscal que va a bajar los impuestos a todos los españoles, lo que va a impulsar el crecimiento y el empleo. Esos ingresos tributarios se
están reflejando, como decía, en la recuperación, en el crecimiento de la economía española y la creación de empleo. Los datos de las declaraciones y la recaudación que se está obteniendo de pymes y autónomos son elocuentes: hay un mayor número de
declarantes y, por tanto, se ha detenido la senda de destrucción de empleos y de autónomos que se dio a lo largo de esta dura crisis económica. Además, en la lucha contra el fraude, la buena gestión al frente de la Agencia Tributaria ha permitido
recaudar más de 12.300 millones de euros como consecuencia de estas actuaciones de control tributario. Esto es un éxito, como decía, de toda la sociedad española porque esa recaudación tributaria es la que mantiene los servicios públicos
fundamentales, la que mantiene nuestra educación, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales.


Si quieren les recuerdo las cifras, pero ya ha hablado de ellas el director de la Agencia Tributaria. Por ponerles un ejemplo de las épocas de bonanza económica, las actuaciones de control de la Agencia Tributaria en el año 2007 alcanzaban
unos resultados de 7.400 millones y en el año 2014 que acabamos de cerrar alcanzan un resultado de 12.318 millones de euros. Eso evidencia claramente una intensificación de la lucha contra el fraude que casi duplica los valores del periodo
2004-2007, época de bonanza económica, con mayores bases imponibles y mayor actividad económica.


Señorías, especialmente señores socialistas, todavía estamos esperando explicaciones —ya lo he comentado antes— de quién dio la orden bajo el mandato socialista cuando en el año 2010 el Gobierno socialista tuvo conocimiento de la lista
Falciani, que contenía información de un elevado número de españoles, más de 2.000, con cuentas, con fondos ocultos en la entidad HSBC de Suiza. De hecho, yo hice en aquel momento diversas preguntas parlamentarias para que nos aclarasen qué se
había hecho, cuál había sido la actuación de la Agencia Tributaria. Ustedes pretenden atribuir esa decisión a los funcionarios de la Agencia Tributaria de una manera torticera, pero esa decisión no la tomaron los funcionarios de la Agencia
Tributaria, sino que fue una decisión política que no tuvo nada que ver con los funcionarios. A causa de esa decisión, de esas dos mil y pico personas que figuraban en la Lista Falciani, se enviaron cartas, amables cartas, invitando a esos
contribuyentes que tenían oculto su dinero en esta entidad en Suiza, a 650 potenciales defraudadores, a regularizar su situación. Como consecuencia de estas acciones se ingresaron 260 millones de euros, librándose, con ese cumplimiento y esa
regularización

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voluntaria, de la vía penal y reduciendo al mínimo el cobro de sanciones. Hay que tener muy poca vergüenza, señor Saura, para hablar aquí de amnistía fiscal inmoral y del modelo especial de regularización que ha legislado el Gobierno del
Partido Popular con luz y taquígrafos en este Parlamento y publicado en el Boletín Oficial del Estado, conociendo quiénes son esas personas que han hecho esa declaración tributaria especial y cuáles son los bienes declarados por las mismas. Como ha
comentado el director de la Agencia Tributaria, es una herramienta para seguir investigando acerca de esas personas que tenían depositado su dinero fuera de España. Lo que ustedes hicieron en el año 2010, señor Saura, fue una amnistía fiscal
encubierta. Eso es lo que hicieron los mismos que ahora están hablando y que critican la regularización fiscal del Gobierno del Partido Popular.


Creo que hay que mandar mensajes claros a la sociedad española. Lo primero que hay que decir es que el fraude fiscal no es algo generalizado, es lo primero que hay que decir, porque no está generalizado ni en la política ni en la empresa ni
en el deporte ni en ningún otro ámbito de la sociedad, pero allá donde esté, este Gobierno va a actuar porque ha sido su prioridad desde el principio de la legislatura. Para ello ha adoptado importantísimas medidas, como ha comentado el director de
la Agencia Tributaria. Por ejemplo, la declaración tributaria especial, el modelo 750, o la propia regularización tributaria que se ha hecho, como decía, con luz y taquígrafos, con transparencia total, que permite, como ha dicho el director de la
Agencia Tributaria, que hayan aflorado a través del modelo 720 más de 88.000 millones de euros, que son una potente herramienta de investigación para los propios funcionarios de la Agencia Tributaria. Como ha explicado, se está utilizando esa
información para contrastar las declaraciones que se presentan de IRPF o las declaraciones que se presentan por otros impuestos con las declaraciones presentadas. Yo me pregunto, ¿si ustedes actuaban de una manera tan eficaz contra el fraude fiscal
—el Gobierno socialista parece ser que actuaba con mucha eficacia contra esas grandes fortunas—, por qué no tomaron decisiones de este tipo en el ámbito político? Como comprenderá usted, los que hacen esta declaración, este modelo 720, no son
personas con bajo poder adquisitivo, sino personas con alto poder adquisitivo, ¿Por qué no regularon que esas personas estuvieran obligadas a declarar esos bienes y derechos depositados en el extranjero, como sí ha hecho el Gobierno del Partido
Popular? Además, en el ámbito internacional, también ha Agencia Tributaria ha dado pasos de gigante para el intercambio de información tributaria de manera automática, tanto en el seno de los organismos internacionales, de la OCDE o la Unión
Europea, como con la firma de convenios de doble imposición internacional con cláusulas de intercambio de información. Por tanto, vuelvo a decir que con este Gobierno es mucho más difícil que los defraudadores puedan esconderse en cualquier rincón
del mundo para tener un trato fiscal más favorable o para no tributar por sus bienes o por sus derechos.


Asimismo, ya que también se refieren a la transparencia, este Gobierno se dispone a efectuar una modificación, una reforma de la Ley General Tributaria, para que toda la sociedad española, todos los españoles, podamos conocer quienes son los
contribuyentes que adeudan a la Hacienda pública más de un millón de euros. Es decir, no se va a publicar aquel pobre empresario que está haciendo esfuerzos tremendos, aquel autónomo que tiene un comercio y que está pagando a duras penas sus
obligaciones fiscales y se les va a exponer a la vergüenza pública, pero sí aquellas personas con alto poder adquisitivo que tienen deudas con Hacienda que superan el millón euros y que la sociedad española tiene derecho a conocer quiénes son.
Nosotros pensamos que esa es una manera de concienciar a la sociedad de que el fraude no está generalizado y de que tenemos derecho a conocer los datos de aquellas personas con alto poder adquisitivo que no contribuyen a la Hacienda pública.
También vamos a hacer esa modificación normativa. El ministro ya ha anunciado que en breve vendrá a este Parlamento esa reforma de la Ley General Tributaria. ¡Hombre!, que nos den lecciones aquellos que en ocho años de Gobierno no hicieron
absolutamente nada para publicar los nombres de esos defraudadores desde luego no nos parece de recibo.


Por último, todo esto, como he dicho, no sería posible sin el esfuerzo y el trabajo profesional e independiente de los funcionarios de la Agencia Tributaria y también del esfuerzo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular por dotar a la
Agencia Tributaria de los medios materiales y humanos suficientes para poder mejorar su eficacia. Tanto en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 como para 2015 se incrementa, con un esfuerzo importante en época de restricción
presupuestaria, la dotación para la Agencia Tributaria. Además, como se ha dicho aquí, quedó exceptuada de la tasa de reposición del 10 %. No solo eso, sino que se hizo una oferta de empleo público extraordinaria que permitió que en 2014 se
ofertaran 865 nuevas plazas, lo cual supone un esfuerzo importante de dotación de medios personales para poner en manifiesto que la prioridad en la lucha contra el fraude es absolutamente esencial para este

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Gobierno. Finalmente, la Agencia Tributaria también estableció un plan de intensificación de actuaciones, pactado con los sindicatos, que suponía incentivos para el personal si se alcanzaban determinados objetivos. Toda esta lucha contra
el fraude fiscal se ha visto acompañada por una eficacia y una eficiencia en el uso de los medios a disposición de la Agencia Tributaria que también baten cualquier récord histórico; hace que ahora mismo la Hacienda pública ingrese un euro en la
lucha contra el fraude por cada 11 céntimos que se invierten, lo cual la convierten en la hacienda pública más eficiente y más eficaz prácticamente del mundo.


El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya, señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy terminando.


El trabajo, por tanto, es de todos, es conjunto, es de la sociedad pero sobre todo es una acción complementada por el Gobierno de España con las medidas normativas y con el buen hacer de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Por tanto,
señor Menéndez, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos darle todo nuestro apoyo. Queremos felicitarle, a usted y a toda la organización que dirige, porque sabemos que están realizando una labor que es muy compleja y que es muy difícil pero
muy importante para toda la sociedad española. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Como han sido muchas las consideraciones formuladas y preguntas planteadas, para contestar a todas ellas tiene la palabra el director general de la Agencia.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Señorías, intervengo por segunda vez y voy a intentar contestar a todo lo que me han preguntado. ¿Dan ustedes comida? (Risas.) Porque con la
cantidad de preguntas que me han hecho… Trataré de contestar a todos.


La Agencia Tributaria, señor Saura, no está politizada. Ni lo está ni yo lo permitiría; esto ya lo he dicho públicamente, pero aprovecho para añadir que ni lo está ni lo permitiría el Gobierno ni el partido en el Gobierno, ni lo está ni lo
permitiría el principal partido de la oposición, porque dada su disposición parece como si todo fuese una cuestión política. No, no está politizada y actúa con muchísima profesionalidad, con muchísima seriedad y con muchísima independencia. Habla
usted de la lista de defraudadores. Pues se lo agradezco porque ya cuando yo era director de recaudación, en 2003, hicimos un viaje de trabajo a Estocolmo para comprobar una lista de deudores que existía en la Administración sueca y que funcionaba
muy bien. Aquello se quedó aparcado y no se volvió a impulsar en años sucesivos. Parece que ahora se quiere aprobar una lista de deudores, y creo que es un buen instrumento de lucha contra el fraude. Efectivamente, es una información que los
ciudadanos tienen derecho a conocer: quiénes pagan los impuestos en plazo y quiénes no. Es una información que tiene que contar con las suficientes garantías procesales y con una norma y una ley que lo regule. Quisiera que me dijera qué dato,
informe o antecedente de la Agencia Tributaria está filtrado, porque no conozco ninguno. Aprovecho para decir a todas sus señorías —insisto con muchísimo cariño pero también con muchísima firmeza— que sobre comentarios, informaciones más o menos
veraces en medios de comunicación ni opino, ni cuento con ellas, ni son mi objeto de trabajo. Cuando hay una filtración de la agencia —si es que la hay— por supuesto que se actúa con muchísima seriedad. Tenemos un servicio de auditoría interna
propio que trabaja con muchísima eficacia, seriedad y discreción.


No hablo de contribuyentes concretos pero usted ha mencionado el tema Cemex. No he hablado jamás públicamente de este tema. Usted mismo lo asociaba a un puesto de libre designación con una decisión que se suponía que se iba a condicionar.
Luego vi en algún medio de comunicación que la decisión no se condicionó y se tomó, sin embargo no he visto disculpas por ninguna parte respecto a este tema. Con las instituciones hay que ser riguroso, exigente por supuesto y controlar todo lo que
haya que controlar, pero también serio y riguroso. Los puestos de libre designación son de libre designación, simplemente se van cambiando sin ningún problema. Un funcionario que ocupa un puesto de libre designación y dimite, es cesado o cambia
voluntariamente —yo mismo he tenido procesos en puestos de concurso y libre designación— no es ningún drama personal, nadie se va a la calle. Se vuelve a otro puesto de trabajo en el que afortunadamente se sigue desempeñando un trabajo y con un
sueldo en consonancia con las funciones que cumple en cada caso. Es una crítica que se oye muchas veces en los medios de comunicación —aprovecho para repetirlo, porque ya lo señalé en su día—; no es que me vea en la necesidad o no de hacer cambios
en los puestos de libre designación, es que creo que es mi deber

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como responsable rodearme de las personas que me parecen más adecuadas para sacar los proyectos adelante. Señor Saura, en función de los resultados obtenidos y de la eficacia parece que —perfecto no soy— voy orientado en algunos cambios.


Hablan de las cifras y las ponen en cuestión. Las cifras están controladas por el servicio de auditoría interna, por el Tribunal de Cuentas, por el propio Congreso y por la Intervención General de la Administración del Estado. Si quiere
establecemos un nuevo control. Aprovecho para contestar a todos a los que han hablado de este tema. El plan de objetivos se manda aquí como todos los años, como se va a mandar este año las cifras cerradas o el plan de control en los plazos que se
establecen legalmente, en concreto para los resultados de 2014 teníamos de plazo hasta finales de febrero, plazo que no ha caducado. Me pregunta: ¿Por qué comparece usted ahora? Porque me lo han pedido. Comparezco encantado para dar todas las
explicaciones que tenga que dar —¡solo faltaba!—. Señor Saura, dice que conoce mucha gente que en el modelo 720 lo declaraba todo. ¿Por qué lo sabe? ¿Ha hecho una comprobación usted sobre esos contribuyentes? El 720 es una información nueva que
nace de la Ley 7/2012 y que es muy potente como instrumento de lucha contra el fraude. Me imagino que estaremos contentos toda la sociedad española de que se aporten estos instrumentos. Llevo muchos años en la Administración tributaria, y quitando
la época de la transición —porque hubo muchos cambios de muchos tipos, en primer lugar el sistema tributario— no conozco —no me atrevo a aseverarlo no vaya a ser que mi memoria me falle— ninguna norma tributaria que en una sola norma contenga tantas
medidas y tan potentes en la lucha contra el fraude; no la conozco, es posible que la haya pero no la recuerdo.


Hablan de las denuncias por delito fiscal y no solo el señor Saura sino también otros diputados. Denunciamos por delito fiscal aquello que hay, y ya veremos. No es que hayan decaído. Aprovecho para decirles que este año tenemos el
porcentaje más alto de toda la historia de sentencias favorables en delitos denunciados ante los tribunales. Denunciamos los que hay; lógicamente, si había menos actividad económica en los años que estamos comprobando la había también en todos los
niveles y en todo tipo de actividades, incluso en las que fueran delictivas. Es algo que me parece de sentido común.


Hablamos, señor Saura, de los efectivos, del personal y de los medios. Aprovecho también para contestar algo a lo que se han referido varios de ustedes, haciendo así extensiva la respuesta. Por supuesto que los medios son importantes.
Hemos hecho esfuerzos, en las circunstancias en las que estábamos, para dotar de medios de todo tipo (presupuestarios y humanos) a la Agencia Tributaria. Sinceramente, no creo que la lucha contra el fraude sea simplemente una cuestión de medios y
de números en cuanto al personal que se dedica a ello; por supuesto, cuantos más seamos mejor, pero me imagino que no querremos un modelo en el que veinte millones de ciudadanos españoles se dediquen a realizar actuaciones de control sobre los
otros veinte millones. Desde mi perspectiva y en mi modesta opinión, tenemos que ser muy eficaces y eficientes; desde luego, lo estamos siendo, puesto que siendo menos conseguimos unos mejores resultados. No es verdad que la plantilla de la
Agencia Tributaria hubiera aumentado, señor Saura —le puedo proporcionar los datos cuando quiera—. Estuvo estable en los veintisiete mil y pico trabajadores, bajó y se volvió a recuperar a esos niveles cuando no había problemas presupuestarios y
cuando la recaudación crecía. En cualquier caso, no creo que sea un tema solo de medios —aprovecho para contestar, y ya lo encajo aquí, al señor Garzón—; no creo que la solución al fraude sea convertir de forma automática a determinados
funcionarios en una categoría superior. Los procesos de promoción interna —en la Agencia Tributaria los hay y muy serios; este año hemos tenido uno muy importante— deben basarse en los esfuerzos personales, en los méritos y en las capacidades
demostradas ante los tribunales por los funcionarios. En cualquier caso, señor Saura, muchísimas gracias por sus observaciones y sus reflexiones, porque siempre hay que escuchar y tratar de sacar la visión positiva de lo que uno escucha.


Señor Picó, ha hablado usted también de los medios y de las filtraciones. Insisto, dígame qué dato, qué informe, qué antecedente de la Agencia Tributaria está filtrado a los medios de comunicación desde la Agencia Tributaria o desde el
Ministerio de Hacienda. Otra cosa es que en un sumario, en un tribunal, haya no sé qué informe de peritaje y alguien lo cuente, eso no tiene nada que ver ni con la Agencia Tributaria ni con el Ministerio de Hacienda. Dígame qué dato, informe o
antecedente y entonces actuaríamos. Me habla del número de actuaciones, de los resultados, de los estudios sobre el fraude… Hay una posición histórica de la Agencia Tributaria que yo asumo, y me parece la correcta. Nosotros no hacemos estudios
sobre la economía sumergida, sobre el fraude; que los hagan las universidades, que los hagan los institutos, que los hagan los profesionales, que los hagan las organizaciones o quien lo estime oportuno. No hacemos estudios; eso es lo que hace la
mayor parte de las administraciones

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tributarias occidentales. Si usted va al IRS americano o a los ingleses o a los franceses, le van a decir que el fraude tributario es esto, que son los resultados de la lucha contra el fraude de ese ejercicio. Dígame dónde hay algo que no
esté haciendo, porque voy a por ello. Por cierto, aprovecho para recordar que el artículo 114 de la Ley General Tributaria admite la denuncia pública, que puede ser anónima, como forma de iniciación de procedimientos. Por tanto, la información a
la Agencia Tributaria, como pueden comprender, le puede llegar de muchas formas, incluso por denuncia, que puede ser anónima. Díganos en qué foco, en qué centro, en qué actividad o en qué acto concreto no estamos actuando —con información
consistente, lógicamente— porque por supuesto actuaremos.


Me dice que debemos dedicar más recursos o que podemos orientar la actuación hacia la persecución del fraude además de hacia la asistencia y ayuda para los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones. Estoy
absolutamente de acuerdo con usted, señor Picó, y es lo que hacemos. Aprovecho para decirlo aquí, pero es extensible a la mayor parte de las intervenciones de sus señorías: no es solo, insisto, una cuestión de medios, hay que ser eficientes y
eficaces en su utilización. Además hay que ser avanzados, como siempre ha sido la Administración tributaria española, que es una Administración tributaria de referencia. Alguien ha hablado —no me acuerdo ahora de quién— de la Administración
francesa y decía que eran ciento y pico mil. Bueno, ¿son más eficientes? ¿Saben ustedes que cuando viene personal de la Administración francesa a vernos —tenemos muchas relaciones, no solo las transfronterizas sino también institucionales— quedan
maravillados de algunas cuestiones, como, por ejemplo —lo que dije antes—, la cantidad de información que tenemos y lo bien organizada que está a través del NIF y lo cuidado que tenemos el censo? Están maravillados porque ellos tienen en su
normativa —un país como Francia, que es tan avanzado— muchas limitaciones desde el punto de vista de la protección de los datos para poder tener acceso a la información que nosotros tenemos y para organizarla tan bien como nosotros la tenemos. Es
importante que seamos eficaces. Somos una de las administraciones tributarias —no ahora, no este año, de siempre, de siempre— más eficientes y más eficaces del mundo desarrollado. Creo que lo importante es ser intensivos en la utilización de las
nuevas tecnologías porque para algo están, para facilitarnos la vida y también para facilitarnos la relación con la Administración tributaria, para esa asistencia y ayuda a quienes quieran cumplir con sus obligaciones, así como para realizar
actuaciones de control.


Hemos dicho ya que tenemos un proyecto que se llama el SII (suministro inmediato de información) que a partir del 1 de enero de 2017 nos va a permitir tener en tiempo real la información de la facturación. ¿Se dan cuenta de lo que va a
suponer esto, que podamos llevar en sede electrónica de la Agencia Tributaria los libros de registros? ¿Que no haya que presentar, por ejemplo, los modelos —que son tan inconvenientes porque son obligaciones formales para los contribuyentes— como
el 390, el 340, el 347? ¿Que se puedan hacer esos contrastes del 347 no solo por la Administración tributaria sino por los propios contribuyentes on line, en tiempo, en sede electrónica de la Agencia Tributaria? ¿Que se puedan anticipar todas las
labores de control que se tengan que hacer por ejemplo para realizar las devoluciones cuando sea oportuno y, por tanto, mejorar el tiempo que se tarda en realizar las devoluciones a los contribuyentes cuando tienen derecho, previos los controles de
las que no tienen derecho? ¿Saben lo importante que es para los contribuyentes, precisamente para proteger la actividad económica como generadora de empleo, que las actuaciones de control se puedan acercar mucho más en tiempo a los hechos, a cuando
suceden? Es un avance y una línea de actuación que en mi modesta opinión es muy positiva para la Agencia Tributaria, para la Administración tributaria española y también para los contribuyentes.


El señor Garzón me habla de opiniones políticas, opiniones políticas, opiniones políticas. Se lo respeto, tengo mucho respeto por su señoría. Yo soy el director de la Agencia Tributaria, tengo una responsabilidad y todas las mañanas me
levanto con la intención de cumplir con mi responsabilidad de la forma más objetiva, más independiente y con más criterio posible. Desde luego no quiero que usted piense que no le voy a contestar a lo que me ha preguntado para que no piense por
ejemplo que trato de evadirme. No trato de evadir ninguna respuesta, otra cosa es, obviamente, que mis opiniones y mis respuestas no coincidan con lo que pueda opinar usted o lo que le pueda gustar. Voy a contestar a todas, creo que las he
apuntado. Habla de Grecia y de la economía sumergida. Le repito todo lo que he dicho antes respecto a los estudios de economía sumergida; por cierto, aprovecho para decir que organismos internacionales tan importantes en temas fiscales como la
OCDE los critican, entre otras cosas porque habrá que ver la metodología. ¿Se puede utilizar la misma metodología para calcular la economía sumergida en Estados Unidos, en España, en Grecia, en Sudáfrica y en India por ejemplo? Usted me habla de
Grecia, ¿es comparable en Grecia? Dice: es que recaudan tanto. Yo no sé lo que recaudan en Grecia pero a lo mejor también es más fácil de

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recaudar porque hay más economía sumergida, no lo sé. Desde luego España es un país muy estructurado, la Agencia Tributaria tiene muchísima información de los contribuyentes y las actuaciones que se hacen son muy selectivas y aquellas que
son más complejas de realizar.


Habla de la plantilla de la agencia. Repito lo que ya dije respecto a lo que opino de los medios: no es tanto un tema de medios como de eficiencia y eficacia en su utilización, y en cualquier caso ahí está la evolución de la plantilla que
ha tenido la agencia. Se han hecho esfuerzos cuando se ha podido. Seguramente este año —no quiero anticiparme— la tasa de reposición de la agencia va a estar muy por encima del 10 % —creo que va a estar en el cien por cien— con estos procesos de
promoción interna. Claro que son importantes los procesos de promoción interna, porque es una forma de que los funcionarios se impliquen en la organización de la Administración y vean posibilidades de prosperar personal y profesionalmente. No solo
están los procesos de promoción interna. Hemos dicho que hemos traído trabajadores de fuera, de otras administraciones, en concreto de una empresa como Correos precisamente para ser más eficientes en la utilización de todo en el ámbito de la
Administración de ese personal. Yo no estoy cerrado a procesos futuros en este sentido, porque es evidente que cuanta más gente venga, será bueno.


Grandes fortunas. Ya he dicho muchas veces, señor Garzón, que hay una dependencia central de grandes contribuyentes. En concreto, ya que habla usted de las grandes fortunas o de las grandes empresas, el Ibex 35, el periodo medio de
rotación de la comprobación de esos contribuyentes es de dos años; cada dos años se les comprueba todo. No creo que haya ningún contribuyente ni en la Administración de España ni de ningún sitio al que se le compruebe con tanta asiduidad todas sus
obligaciones fiscales. Por cierto, hay prácticamente novecientos funcionarios destinados al control de los grandes contribuyentes y de las grandes empresas.


Al estancamiento de los delitos ya he contestado antes.


Ha hablado de algún peritaje. Yo no voy a hablar de ningún contribuyente en concreto, pero, de ese peritaje u otros que ha hecho la Agencia Tributaria, normalmente al final cuando se dicta un auto o una sentencia en los tribunales se suele
aplicar los criterios de los peritos o de los funcionarios de la agencia en auxilio judicial. Por cierto, tenemos 1.300, prácticamente el 5 % de nuestra plantilla, otro valor que añadimos a la sociedad. Suele ser así porque además somos muy
demandados. Debe ser que nos demandan porque esos 26.000 funcionarios —no yo, ellos— lo hacen con bastante criterio, profesionalidad y certeza. En cualquier caso, respecto a eso que ha dicho usted, de momento en vía judicial lo único que se ha
hecho es confirmar absolutamente todos los criterios del peritaje. Hablemos de la lista Falciani; yo del pasado no voy a hablar, pero es que la lista Falciani no es nada al lado de lo que estamos hablando, no es nada al lado de la información que
tenemos con el 720 o la que hemos obtenido con el 750, no es nada. Aparece ahora, pero lógicamente esto se sabe en la Administración desde 2010.


A nivel internacional, ¿por dónde van los tiros en el intercambio de información? Estamos intentando conseguir un intercambio automático de información de cuestiones financieras y no financieras, pero empezamos por las financieras, incluso
con los territorios que han sido paraísos fiscales o que pueden ser paraísos fiscales y aspiramos a que dejen de serlo. Ustedes tienen el Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE, convenio multilateral que se ha
firmado en Viena y que se supone que ha sido firmado por más de sesenta países y más jurisdicciones de las que decimos de baja tributación o que no tienen intercambio de información automática de carácter financiero.


En el Foro Global, en el intercambio de información en la reunión de Berlín del 28 y 29 de octubre de 2014 se establece ya la vía de evolución y el intercambio de información con nuevos estándares en el intercambio de información automática
de carácter financiero. Tenemos el acuerdo Fatca firmado con España, con Francia, con Alemania, con Italia y con Reino Unido en esta legislatura también para el intercambio de información de carácter financiero, dividendos, intereses, ganancias de
capital, seguros y saldos bancarios. Esta es la dirección en la que se va a ir. Tenemos firmados ciento un convenios de doble imposición y diecisiete acuerdos de intercambio de información, de los cuales en la última legislatura se han firmado
veintidós convenios de doble imposición y seis acuerdos de intercambio de información. Esta es la dirección correcta, pero es que esto no se hace de la noche a la mañana ni es tan fácil, aunque vamos en la dirección correcta. Es ahí a donde
tenemos que ir, a procedimientos, a normas que amparen y que regulen el intercambio de información; ante otras aventuras, yo prefiero que sea el procedimiento, la norma y la ley porque así entiendo la democracia.


Me dicen que si vamos a iniciar investigaciones —de cuestiones del pasado no quiero hablar— sobre el origen de los fondos de la amnistía fiscal. Ya le he dicho lo que estamos haciendo con la amnistía fiscal

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y con el 720. Espero haber contestado todas sus preguntas, so pena de haberles aburrido, pero no quería dejar ninguna sin responder.


Señor Anchuelo, también tengo mucha simpatía por usted, pero me habla usted mucho de prensa y poco de datos. Insisto, prefiero circunscribirme a las cuestiones que conozco. Me habló de Francia y ya le he contestado. Habla de Bankia,
etcétera, y de estos temas concretos no voy a hablar ni de los peritajes ni de las noticias de la prensa. La prensa intenta obtener información de donde puede, la interpreta a veces correctamente y otras no y, en cualquier caso, es un valor dentro
de la democracia, pero le digo que nosotros ni hablamos de expedientes concretos ni hemos filtrado ningún expediente ni en sede judicial ni en sede administrativa.


Por fin, señora Madrazo, sinceramente, quiero hacer hincapié en una cosa. Ha dicho usted que hay una reforma tributaria que se acaba de aprobar en la que se van a bajar los impuestos a todos los españoles y se va a ser especialmente
sensible con las rentas bajas, con los discapacitados y con las familias numerosas. Se puede ser así, entre otras cosas, porque se han reconducido las cuentas públicas y, entre otras cosas, porque la Agencia Tributaria respecto a esos datos que
dicen de la economía sumergida ha aportado en estos tres últimos ejercicios 35.000 millones de euros. Les recuerdo que el impacto de las reformas son 9.000 millones de euros. Por tanto, quiero ponerlo en valor, pero no por mí, que no lo necesito,
sino por los 26.000 funcionarios de la Agencia que han hecho este año una labor impecable.


Muchas gracias por el agradecimiento en su nombre. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, muy brevemente.


El señor ANCHUELO CREGO: Muy brevemente solo para no dejar la impresión de que he hablado solo de prensa. Le he preguntado, por ejemplo, por qué no revisa todos los casos de la amnistía fiscal y no solo uno selectivamente. Le he
preguntado cuánto se recauda de forma recurrente por esas bases afloradas, que sabemos que son 40.000, pero cuánto se recauda, y le he preguntado si considera necesario un nuevo estatuto para la Agencia Tributaria, entre otras cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Menéndez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Perdón, ¿qué ha sido lo primero que me ha preguntado?


El señor ANCHUELO CREGO: Que por qué no revisan todos los expedientes de la amnistía fiscal.


El señor PRESIDENTE: Señor Menéndez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Porque lo ha dicho la Dirección General de Tributos y en un Estado de derecho hay que respetar las normas y las instituciones. La norma está
aprobada; la Dirección General de Tributos dijo que no es una liquidación tributaria, una autoliquidación y, por tanto, que no puede ser objeto de comprobación. Si se cambia la norma o se cambia el criterio, por supuesto que lo haríamos, pero
¡ojo!, a ver si nos estamos confundiendo: la declaración tributaria especial corrige las posibles incorrecciones que hubiera desde el punto de vista fiscal. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en eso? Otra cosa es que otros delitos, como ya he
dicho, u otra información la vaya a dar, que la voy a dar.


Perdone, ¿qué es lo segundo que me ha preguntado?


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: La segunda es que se nos habla a menudo de la cantidad aflorada.


El señor PRESIDENTE: Señor director.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): ¿Y la tercera cuestión?


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.

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El señor ANCHUELO CREGO: Si cree que es necesario o conveniente un nuevo estatuto para la agencia.


El señor PRESIDENTE: Señor director.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Menéndez Menéndez): Respecto a la segunda le voy a decir que los informes de recaudación —por cierto, se me ha olvidado contestar al señor Picó— se van cerrando y
se van publicando. Hay un calendario que es público y conocido y muchas veces conviene cerrarlo, porque le recuerdo que la mayor parte de la recaudación viene de las entidades de crédito, luego hay que cuadrar los datos y hacerlo todo bien. Por
tanto, no es por otro motivo, sino porque tiene un calendario. En esos datos de recaudación, los que están publicados ahora y los que van a venir, lo que se ve es una evolución de la recaudación que va por encima del crecimiento del PIB, de la
inflación, que es prácticamente cero, o de cualquier índice que puedan tener de actividad económica, luego algo está pasando con la recaudación. Usted me dice que se lo mida, pero yo ya le he dicho que nosotros no hacemos estudios ni sobre la
economía sumergida ni sobre el efecto que pueden haber tenido el 720 o el 750 en la recaudación, pero de que el 720 o el 750 han tenido efecto en la recaudación y que la actuación de la Agencia Tributaria indirectamente tiene efecto en la
recaudación, yo personalmente no tengo duda. Sin embargo, no lo voy a cuantificar porque entonces pierdo el tiempo que tengo que dedicar a otras cuestiones, aunque por supuesto estoy dispuesto a que lo estudie cualquiera.


En cuanto al estatuto, es una cuestión importante, siempre lo ha sido para la Agencia Tributaria desde su creación, pero es una cuestión que debe hacerse por consenso. Lo que no sé si en estos momentos todos estarían dispuestos a consensuar
un estatuto para la Agencia Tributaria. Aprovecho para decir que lógicamente a mí no me afectará, pero que se nombre al director de la agencia por el Congreso no me parece que sea una garantía de independencia, al revés, aunque esa es una cuestión
opinable. Desde luego sería aconsejable que una cosa tan importante se hiciera por consenso. En cualquier caso, por mí estoy encantado, pero me está preguntando cosas que me exceden. Son ustedes los que tienen que hacerlo. Háganlo, por favor,
porque la Agencia Tributaria y los funcionarios se lo van a agradecer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Levantamos la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.