CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 747

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 18

celebrada el martes,

17 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Camarero Benítez), para:


— Exponer las líneas políticas del departamento en materia de discapacidad. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001570) ... (Página2)


— Explicar los planes del Gobierno ante la nueva Ley de la Discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000953) ... (Página2)


— Explicar la acción del Gobierno en materia de discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000954) ... (Página2)


— Explicar el Plan de acción de discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001771) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: La sesión de hoy consiste en la comparecencia de la secretaria de Estado, Susana Camarero, solicitada por el propio Gobierno y por el Grupo Parlamentario Socialista. Damos la bienvenida a la secretaria de Estado a
esta que es su casa y que lo ha sido a lo largo de mucho tiempo, y también a su equipo, a Raquel Valle, Rosa María Candela, Ignacio Tremiño, Mercedes Jaraba, Jesús Celada y Ángel Alonso Giménez, que nos acompañan en la mañana de hoy. Sin más,
dándole nuevamente la bienvenida, tiene la palabra la secretaria de Estado, Susana Camarero.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Gracias, presidenta, por permitirme venir, como ha dicho, a mi casa, a este Congreso, donde he estado durante catorce años viviendo intensamente las labores
parlamentarias. Por lo tanto, es un placer y un honor estar en esta Comisión, y también es una gran responsabilidad, no tengo por qué engañarles. Comparezco en esta Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad para sustanciar la misma, como ha
dicho la presidenta, tanto a petición propia como para dar respuesta a las solicitudes del resto de los grupos parlamentarios.


Señorías, la situación de partida al inicio de la legislatura no hacía fácil abordar y aún menos hacer realidad los importantes retos que el Gobierno tenía ante 3,9 millones de españoles y de españolas con discapacidad. Las personas con
discapacidad se enfrentaban al grave riesgo de caer en la invisibilidad. Se habían derogado las medidas estatales de fomento del empleo, las entidades del tercer sector tenían deudas pendientes de pago que dificultaban la viabilidad y continuidad
de muchas de ellas y la dispersión normativa, alejada del enfoque transversal de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, provocaba una profunda inseguridad jurídica. Debíamos, por tanto, coger el testigo y
avanzar, y así lo hemos hecho, gracias al concurso de voluntades de todos, del trabajo hombro con hombro tanto de las personas con discapacidad, por su lucha por mejorar su autonomía personal y desarrollar sus plenas capacidades, como de las
organizaciones de acción social, por su implicación activa, y de las administraciones públicas, por el desarrollo de políticas comprometidas. Para ello hemos impulsado medidas de promoción de empleo —prueba de ello son los datos positivos de empleo
a los que luego haré referencia—, destinando 3.000 millones de euros al pago de facturas pendientes dentro de los mecanismos de pago a proveedores, hemos sistematizado la legislación en materia de discapacidad y, como novedad fundamental, hemos
incorporado como criterio transversal en toda la normativa, señorías, el plus de la discapacidad.


Desde el Gobierno, y guiados por un fuerte compromiso político, hemos desarrollado hasta el día de hoy toda una batería de medidas que se han fundamentado en la igualdad y la plena inclusión, en la promoción del empleo y en la accesibilidad
a los servicios públicos, y para ello hemos utilizado distintos instrumentos. A la aprobación el 3 de diciembre de 2013 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, le ha seguido el Plan de acción
2014-2016 sobre la estrategia de discapacidad. Este plan, basado en el principio de igualdad de oportunidades, recoge el enfoque transversal de la discapacidad en todo tipo de políticas y programas, y destina 3.093 millones de euros a la ejecución
de los cinco ejes fundamentales en los que se organizan las actuaciones: empleo, educación, accesibilidad, dinamización de la economía e igualdad.


En lo que se refiere a este último eje, la igualdad, el plan supone un enorme salto cualitativo en favor de las acciones positivas dirigidas a las mujeres y a las niñas con discapacidad, ya que incorpora por primera vez la perspectiva de
género. El 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres y niñas, y en la práctica sufren una doble discriminación que las hace especialmente vulnerables por un doble motivo, por ser mujeres y por tener una discapacidad, un binomio perfecto
para la marginación y el olvido. Es más, dicha vulnerabilidad se agrava en los casos de sufrir violencia de género; una doble discriminación, insisto, a la que hoy ponemos cifras. Hoy ya podemos saber cuántas mujeres con discapacidad han sido
asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Antes de esta legislatura desconocíamos cuántas mujeres con discapacidad sufrían violencia de género y cuántas de las mujeres que cada año eran asesinadas tenían una discapacidad. Esa doble condición
que las hace estar más indefensas ante los abusos no había sido tenida en cuenta, pero hoy contamos con la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género que hace visibles por primera vez a las mujeres con discapacidad que sufren
esta lacra. Hoy sabemos que casi el 10% de las mujeres asesinadas en el año 2013 en España víctimas de la violencia de género eran mujeres con discapacidad, porcentaje que se eleva hasta el 13% en el año 2012 y que se reduce —estamos contentos por
ello— al 5,66% en el año 2014. En 2014 hubo tres mujeres

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con discapacidad entre las cincuenta y tres víctimas mortales, mientras que en 2013 fueron cinco de las cincuenta y cuatro víctimas, y en 2012 fueron siete de las cincuenta y dos mujeres asesinadas.


Las mujeres con discapacidad están más expuestas a la violencia machista y las razones son claras: porque tienen una mayor dependencia de los agresores, dado que muchas de ellas nunca han podido acceder al mercado laboral y por tanto no son
independientes económicamente; porque tienen miedo a denunciar el abuso y miedo a perder los vínculos afectivos y por tanto los cuidados procedentes de su pareja; porque sufren la discriminación derivada de sus dificultades de aprendizaje y
comunicación, y porque carecen del conocimiento suficiente sobre los servicios e instrumentos que están a su alcance para superar estas situaciones. Por ello, las mujeres con algún tipo de discapacidad están expuestas a sufrir riesgo de violencia
de género de mayor envergadura que el resto de las mujeres, no solo dentro, sino también fuera del hogar. Estas mujeres requieren una atención eficaz y decidida de unos poderes públicos concienciados y comprometidos que conozcan las dificultades a
las que tienen que enfrentarse y pongan los medios para reducir los riesgos; medidas como las que hemos plasmado no solamente en el mencionado plan de acción 2014-2016 sobre la estrategia de discapacidad, sino también en el Plan estratégico de
igualdad de oportunidades y en la estrategia nacional para la erradicación de la violencia sobre la mujer. En todos ellos hemos incorporado la variable de la discapacidad.


Pero no se trata solo de conocer el número de víctimas que sufren violencia de género. Aunque es necesario conocer la magnitud del problema para hacerle frente con eficacia, nuestra labor va mucho más allá. Les estamos ofreciendo
respuestas. Hoy ya hemos hecho accesibles tanto el servicio Atenpro para mujeres con discapacidad visual y auditiva como el teléfono 016 para aquellas que padecen una discapacidad auditiva. Estamos trabajando por conseguir que las campañas de
sensibilización sean accesibles y entendibles por todos y todas. Nos esforzamos en buscar soluciones para paliar las agresiones a mujeres con discapacidad intelectual. Los avances son cada día más grandes y no solo lo digo yo, sino que las propias
entidades del tercer sector están reconociendo esta labor. El Cermi, por ejemplo, ha reconocido explícitamente la labor en favor de las mujeres con discapacidad realizada por el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer dependiente de esta
Secretaría de Estado y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hemos llegado a dos puntos cruciales en los que, si me permiten, me gustaría detenerme: la economía y el empleo. Si hablamos de empleo sabemos que no existe más que
una forma de alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad y viene de la mano del desempeño de un trabajo digno y remunerado. Solo así lograremos su plena autonomía personal y profesional. Por ello, desde el Gobierno hemos retomado
las medidas estatales de fomento del empleo para personas con discapacidad y lo hemos hecho través del Real Decreto-Ley 3/2012, por el que se aprueba la reforma del mercado laboral. De igual modo y pensando en los más jóvenes, la estrategia de
emprendimiento y empleo joven que estamos desarrollando incorpora condiciones más favorables para los jóvenes con alguna discapacidad, tales como la ampliación hasta los treinta y cinco años —pasa de treinta a treinta y cinco años— de las acciones
dirigidas a la contratación de menores. Y no solo eso, la estrategia de empleo joven prevé también la exención del límite máximo de edad para los contratos para la formación y el aprendizaje que incorporen personas con discapacidad.


Avanzamos con paso decidido y en la buena dirección y las cifras nos lo confirman. En 2013 el número de personas con discapacidad que iniciaron alguna actividad empresarial como autónomos creció un 12% respecto al año 2012. En 2014 el
número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad aumentó un 19%, lo que supone 82.977 contratos frente a los 69.648 de 2013. De estos contratos, 59.559 corresponden a centros especiales de empleo y 23.418 a empleo ordinario. Y si
estos datos son alentadores, más lo son las perspectivas que ofrecen las nuevas disposiciones de la reforma fiscal, de entre las que destacan el aumento de los mínimos por discapacidad del contribuyente, lo que permitirá que estas personas noten aún
más la bajada del IRPF; la incorporación de beneficios sociales como nunca antes ha habido, lo que hará que las familias paguen menos impuestos, especialmente aquellas familias que tienen varios hijos o personas con discapacidad, y a las ayudas
para las madres trabajadoras introducidas ya en 2003 se suman nuevas deducciones aplicables a trabajadores por cuenta propia o ajena integrados en una familia numerosa o con un descendiente o ascendiente con discapacidad por el que tengan derecho al
mínimo correspondiente. Les recuerdo que por cada una de ellas se tiene derecho a una deducción acumulable de 1.200 euros al año. A día de hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha recibido más de 90.000 solicitudes para cobrar
por adelantado las nuevas ayudas fiscales a familias con hijos o dependientes con discapacidad.

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Señorías, decía al principio de la exposición que la consecución de la igualdad de oportunidades y plena inclusión de las personas con discapacidad viene de la mano de la acción conjunta de varios actores, entre los que destaca por su papel
esencial la sociedad civil organizada, el tercer sector de acción social. Con el objetivo de caminar hacia el diálogo y la participación permanente entre la Administración General del Estado y las entidades que conforman el tercer sector de acción
social, hemos constituido la comisión para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector. Esta comisión es un valioso instrumento de interlocución entre la Administración General del Estado y el movimiento asociativo que constituye un aliado
indispensable del Gobierno. Esta comisión del diálogo civil es un foro natural de participación del sector solidario en el diseño de las políticas públicas de inclusión social y tiene como objetivo fundamental el conocimiento y la valoración de las
iniciativas legislativas relativas a las entidades del tercer sector.


En España la labor desarrollada por las más de treinta mil entidades sociales supone la suma de pequeños gestos diarios que articulan una gran acción, porque las entidades son capaces de llegar a lugares donde las administraciones no
alcanzamos. Por ello es necesario darles carta de naturaleza a través de una norma con rango de ley que dibuje un marco jurídico adecuado y sobre todo adaptado a las nuevas demandas de los destinatarios finales de su gran labor: las personas con
discapacidad. Así el proyecto de ley del tercer sector establece por primera vez un marco regulatorio común a escala nacional que ampara a las entidades que componen el tercer sector de acción social. Se trata de un texto inédito que las entidades
del tercer sector nos venían reclamando y cumple con la finalidad de configurar un marco legal de reconocimiento de estas entidades como colaboradoras de la Administración General del Estado, definir y reforzar su papel de interlocución con el
Gobierno respecto de las políticas públicas sociales y regular las medidas de fomento, reconociendo como actividad de interés general su promoción, su fomento y desarrollo. Con esta ley, por tanto, se otorga reconocimiento, visibilidad y apoyo a
las entidades que integran este tercer sector de acción social, dotándolas de mayor seguridad jurídica al establecer una definición legal y unos principios regulatorios comunes.


Junto a la ley del tercer sector destaca a su vez la ley del voluntariado, piezas claves de la agenda social del Gobierno. La vocación de voluntariado en España es incuestionable: seis millones de españoles y españolas son voluntarios, lo
que representa un 15% de la población. Por ello, fruto del diálogo con el tercer sector y con las comunidades autónomas, hemos considerado necesario modificar la ley y actualizarla, teniendo en cuenta que han pasado dieciocho años desde que la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, entrara en vigor. Hoy contamos con un nuevo proyecto normativo que tiene como objetivo ofrecer un nuevo marco legal que sea útil y en el que se sientan acogidos todo tipo de organizaciones, cualquiera que
sea su origen, tamaño y ámbito de actuación, y todas las personas voluntarias. Los objetivos que persigue la ley son los siguientes: promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía; fijar el régimen jurídico de las personas
voluntarias, de las entidades de voluntariado y de las personas beneficiarias o destinatarias de las actuaciones solidarias; establecer el marco jurídico de la relación de la Administración General del Estado con las entidades del voluntariado;
describir con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas los ámbitos propios de actuación de las distintas administraciones públicas en este ámbito; establecer los mecanismos de cooperación entre ellas y determinar las funciones
de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Entre las novedades que presenta la ley se sitúa la incorporación de nuevas formas y modalidades de las actividades voluntarias que van más allá del concepto de voluntariado
social, tales como el voluntriado internacional, de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario, on line y de protección civil. Además, se hace referencia en el texto
legal a la participación de los menores de edad como vía para el aprendizaje de la solidaridad y las medidas de accesibilidad para las personas voluntarias con discapacidad, personas mayores y dependientes.


Señorías, no me quiero extender mucho más, pero no me gustaría dejar de señalarles que además de la Ley del tercer sector y de la Ley del voluntariado, fruto de la interlocución con las entidades del tercer sector, hemos aprobado algunas
otras iniciativas, y quiero citar algunas de ellas: el proyecto de real decreto por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, aprobada el 12 de septiembre de 2014,
una demanda histórica del sector, o el reconocimiento por este Gobierno del 14 de junio como el Día nacional de lengua de signos, porque las personas sordas pasan a ocupar el lugar que les corresponde. Por fin sus lenguas son reconocidas y
valoradas en el seno de una sociedad diversa y multicultural. Señorías, termino ya, en estos tres años hemos adquirido un compromiso, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo, trescientos sesenta y cinco días al año durante sus veinticuatro horas
por la plena inclusión de las personas con

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discapacidad para conseguir una sociedad inclusiva en la que el valor de uno sea el de todos. Indudablemente queda mucho por hacer, queda un largo camino por delante, pero la óptica desde donde se mira la discapacidad ya ha cambiado. Para
conseguirlo hemos ahondado en la dimensión humana de las personas con discapacidad con políticas arriesgadas, apostando por medidas que van más allá del carácter puramente asistencial que hasta hace muy poco se le daba a la discapacidad. Los
valores que nos han guiado y guían siempre son la igualdad de oportunidades, la plena inclusión y la accesibilidad universal. Señorías, más allá de los discursos, más allá de las palabras, están las personas, en este caso las personas con
discapacidad, y les puedo asegurar que este Gobierno está y estará con ellas.


Muchas gracias, señorías, por su atención y quedo a su disposicón para cuantas preguntas o aclaraciones deseen formularme. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha solicitado la comparecencia, doña Laura Seara tiene la palabra.


La señora SEARA SOBRADO: Han transcurrido ya tres años desde que el Partido Popular llegó al Gobierno de España, se cumple casi un año desde su llegada a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y le aseguro que repasando
notas para esta comparecencia me he dado cuenta de que nada o poco, muy poco, ha cambido durante este tiempo. Es verdad que han aprobado un plan del que hablaré más adelante —me hubiera gustado que hubiese hablado usted más de este plan que cuenta
con cero euros en los Presupuestos Generales del Estado—, y es verdad que han cumplido un mandato legal, pero también me hubiera gustado que hubiese hablado un poco más de la Ley General de la Discapacidad porque la vendieron, nos la contaron, nos
la explicaron, comparecieron en esta casa para decirnos, su antecesor de hecho lo hizo, que iba a ser una gran ley que marcaría un antes y un después cuando, en definitiva, todos sabemos que ha sido nada más que cumplir con un mandato legal que dejó
aprobado el anterior Gobierno del Partido Socialista, una refundición legislativa, aunque es verdad que la han querido dar una pátina distinta. Yo casi limito estos años a estos dos hechos porque como hechos en materia de discapacidad ha habido muy
pocos, señora Camarero.


En cuanto a recortes presupuestarios, tuvimos un debate presupuestario corto, porque los debates presupuestarios en Comisión son cortos, tenemos poco tiempo para explicarnos los diputados y las diputadas y ustedes tampoco tienen demasiado,
pero en aquel momento se lo dije con claridad: las restricciones presupuestarias han socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la inclusión real de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las
demás. Especialmente preocupantes —se lo dijimos— son los recortes en fomento del empleo y programas de formación para un colectivo cuya tasa de desempleo se estima en más del 30%, porque usted da esas cifras. Hace muy poco una persona con una
gran discapacidad visitó el Congreso de los Diputados —me consta que visitó a varios grupos—, una persona sordociega que no es capaz de encontrar trabajo; tiene una discapacidad severa en cuanto a su capacidad de oír y una discapaciad severa
también en cuanto a su capacidad de ver, pero tiene otras muchísimas capacidades que permitirían que esta persona pudiera trabajar en sitios más allá de un centro especial de empleo dos o tres horas al día. Hay un problema serio de inserción
laboral de los grandes dependientes en este momento en España. A mí me hubiera gustado que los recortes no vinieran de la mano del ámbito de fomento y formación en el empleo. Los recortes en los presupuestos destinados a la educación saben también
que tienen una repercusión especial en la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema general de enseñanza, especialmente en los niños con autismo. Tratamos esta cuestión en el Pleno de la Cámara con una proposición no de ley que trajo su
partido, el Partido Popular, la debatimos, la enmendamos y se aprobó unánimemente por todos los grupos de la Cámara. Quiero saber qué van a hacer ustedes a este respecto porque es verdad que se planteó la necesidad de un plan de autismo, pero la
cuestión de la educación se puso encima de la mesa una y otra vez por parte de todos los portavoces y a día de hoy no tenemos ninguna respuesta al respecto por parte del Gobierno. Los recortes en el sistema de atención a la dependencia afectan de
manera dramática a un elevadísimo porcentaje de personas con discapacidad.


Respecto a los servicios sociales, de las partidas relacionadas con la protección a las personas con discapcidad que había en 2011 algunas han desaparecido, otras han sufrido importantes recortes y a mí me parece especialmente preocupante lo
que ha pasado con el Plan de discapacidad. La partida destinada a este plan de acción para las personas con discapacidad que tuvo lugar en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 no fue repuesta en 2013, no fue repuesta en 2014 y tampoco
figura — se lo dije— en

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los presupuestos de 2015. Usted me dijo, señora Camarero, que era porque el plan era trasversal y, por tanto, no tenía una cuantía destinada al desarrollo del mismo. A ver si de tanta trasversalidad las acciones acaban siendo
transparentes. Además, esto choca con lo dicho por la anterior ministra, la señora Mato, cuando presentó este plan después de un Consejo de Ministros y anunció a bombo y platillo que contaría con un presupuesto superior a los 3.000 millones de
euros, casi nada, señora Camarero, y ni un céntimo consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el desarrollo de dicho plan. Yo lo he dicho muchas veces en esta Cámara y lo voy a volver a repetir, porque no lo ha dicho ninguna
organización sospechosa de nada, todo lo contrario, lo ha dicho el Consejo de Europa en un informe que se hizo público en 2013 y que elaboró el comisario de Derechos Humanos tras visitar nuestro país. En ese informe se critica durísimamente los
recortes hechos por su Gobierno, especialmente por el ministerio del que usted forma parte; habla del terrible impacto que suponen estos recortes, especialmente en las personas con discapacidad. Esto es un poco el punto de partida. Si nos
centramos en la atención a la dependencia tendremos que decir que es una ley que se estaba implantando según lo previsto en su propio calendario con un resultado satisfactorio. Es verdad que hubo mucho debate, que hubo algunos cuestionamientos, que
había cosas que podrían mejorarse, pero se estaba implantando bien, según lo previsto, y el resultado era satisfactorio para sus beneficiarios —así lo dicen todas las encuestas que se hicieron a los beneficiarios de la Ley de la Dependencia—,
generaba empleo y además había retornos económicos. Llegaron ustedes al Gobierno y en poco tiempo se retrocedió todo lo avanzado; las medidas del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, así como
los diferentes Presupuestos Generales del Estado han supuesto en la práctica el desmantelamiento del sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Bajo el amparo del discurso de la sostenibilidad, están dejando
morir de inanición este sistema. Aquí se equivocan porque, además, han confundido sostenibilidad con rentabilidad. Quizá el problema es que su análisis está viciado por una percepción que desde el inicio han tenido netamente empresarial, pero,
señora Camarero, los servicios públicos no son negocios y los derechos de las personas mucho menos. Han olvidado que la atención a la dependencia ha sido una fuente de generación de empleo, de ingresos y de riqueza nada desdeñable. Quiero destacar
el impacto que la ley tuvo como generador de empleo estable de calidad y no deslocalizable. A ello había que añadir los retornos directos a las arcas públicas, vía IRPF, IVA y Seguridad Social. Por tanto, señora Camarero, quien ha puesto en riesgo
el sistema no es la ley ni los derechos que en ella se consagraban y se consagran. Hablo casi en pasado porque algunos ya no son derechos consagrados. Han sido las decisiones de su Gobierno las que han hecho que el sistema sea ineficaz,
ineficiente e inviable.


Yo pregunté a su Gobierno, estando usted ya de secretaria de Estado, por el impacto que han tenido en el sector de la discapacidad las sucesivas modificaciones del calendario para retrasar la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema.
Pregunté por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado en el sistema. Pregunté por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 13% de la
aportación de la Administración del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección en el sistema nacional de dependencia. Pregunté también por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 15% de la
prestación económica por cuidados en el entorno familiar en el sistema de dependencia. Pregunté por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la revisión de la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de
los cuidadores no profesionales, que pasa a tener carácter voluntario y sus cotizaciones pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor. Señora Camarero, pregunté por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la aplicación de un
plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar dentro del sistema. Y pregunté, señora Caramarero, por el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la introducción de un
régimen de incompatibilidades de las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia. La respuesta que me ha dado su ministerio es la misma para todas estas preguntas. Primero me han dicho que son las comunidades autónomas las competentes en la
gestión del sistema, que el proceso de valoración de las personas solicitantes de la Ley de Dependencia se lleva a cabo por servicios profesionales de estas comunidades autónomas bajo el mismo instrumento de valoración. Y después de contarme todas
la perversidades en esas respuestas de la propia Ley de Dependencia, una ley que votaron pero con la que nunca se sintieron cómodos, finalizan su respuesta hablándome de las medidas que ayudarán a mejorar estas prestaciones. ¿Usted cree que todo
esto por lo que he preguntado y que ha tenido un impacto muy negativo en la vida de las personas con discapacidad y las medidas que ustedes han puesto después han mejorado la calidad de vida, han mejorado el funcionamiento de ley? ¿Usted

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cree de verdad que me pueden decir esto en una respuesta parlamentaria? Usted ha hablado varias veces en su comparecencia del Cermi, conoce, por tanto, la iniciativa legislativa popular en la que el Cermi está trabajando con el fin de que
se establezcan criterios claros, justos y únicos en el copago de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia. En esa iniciativa legislativa popular pretenden establecer un máximo del 60% del coste del servicio, que se tengan en cuenta las
cargas familiares. Hablan de dejar exentas del copago para servicios a quienes tengan una renta inferior a 1.331 euros. En julio de 2012, nada más llegar ustedes, lanzaron el copago en el Real Decreto de julio de 2012, y hoy copagan rentas de poco
más de 500 euros. Si todo va tan bien, señora Camarero, como usted ha dicho, ¿por qué no devuelven a estas personas sus derechos? Mi pregunta es si van a hacer algo al respecto, si piensan regular que el copago sea igual para todos, para cualquier
persona con discapacidad en cualquier lugar, que es de lo que se trata.


Ha hablado usted de empleo. Yo creo, al igual que usted, que el empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad. Es un instrumento clave y necesario para luchar contra la pobreza y la
exclusión social y es fundamental apoyar la labor de los centros especiales de empleo. El Gobierno anterior adoptó una medida consistente en ampliar la subvención del coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad del 50 al 75% del salario mínimo para los colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral. Esta medida finalizó el 31 de diciembre de 2011 y su Gobierno ha estado dando largas a este respecto. Se supone que está
pensando si la repone o no. A día de hoy no lo sabemos. Los recortes en políticas activas, se lo he dicho antes, han perjudicado especialmente a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, y entre ellos está el de las personas con
discapacidad. El colectivo, usted lo sabe bien, reclama el cumplimiento de los porcentajes de reserva de empleo para personas con discapacidad establecidos tanto para el sector público como para el privado. A este respecto también hice una
pregunta y, más allá de contarme las bondades de la estrategia 2020 que España ha suscrito, poca información más me pudo dar al respecto.


Voy al área de sanidad, para ir un poco rápido. Le voy a decir a usted lo que le dije al señor Moreno, que me dijo que no lo sabía. Se lo voy a volver a repetir. El ahorro previsto por el Gobierno en su decreto sanitario es pequeño si se
compara con el golpe que sufrirá el colectivo de las personas con discapacidad. En contra de lo afirmado por el Gobierno, de lo dicho por la señora Mato en respuesta a una pregunta que le formulé en una sesión de control al Gobierno, las personas
con discapacidad están afectadas por el copago farmacéutico. ¡Vaya si están afectadas! No están exentas las personas con discapacidad del copago farmacéutico. Dejen de decir una mentira. Tan solo, lo sabe usted, están exentas las personas con
discapacidad en los supuestos contemplados en una normativa específica. Por ello, cuanto se tenga derecho a la prestación farmacéutica por otro título, esta se prestará en las condiciones de dicho título, es decir, si se es pensionista, será con
arreglo a las condiciones de los pensionistas, y si se trata de una persona que está en la cartilla de un familiar, pagará según las condiciones aplicables a este. Las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones de la Seguridad Social
tienen reconocida la asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, por su condición de pensionistas, por ello, señora Camarero, no están exentas de copago. La excepción que ustedes convirtieron en regla para lanzar esta máxima allá por donde
iban, incluida esta Comisión, incluido el Congreso de los Diputados, serían los perceptores de pensiones no contributivas que entán entre los supuestos de la exención y estos son muy pocos, señora Camarero, usted lo sabe. Las personas con
discapacidad que están incluidas en la tarjeta sanitaria de un familiar son beneficiarias de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, en las condiciones aplicables al titular, y tampoco están exentas de copago. El resto de personas con
discapacidad que por aplicación de la Lismi gozarían de prestación farmacéutica gratuita —esta es la excepción— y que estarían exentas de copago es absolutamente residual. Por otro lado, entendemos que la prestación ortoprotésica en ningún caso
debe ser considerada como prestación suplementaria sometida a copago dado que estos productos de apoyo son esenciales para una mínima autonomía personal. Nos preocupa también la situación en la que quedan las personas con enfermedades crónicas, que
creemos que deberían quedar exoneradas de cualquier aportación en relación con los medicamentos que se les prescriban como consecuencia de esa cronicidad.


Para ir terminando, quiero hablarle del convenio de accesibilidad, que saben ustedes que en el año 2012 desapareció. Era un convenio en materia de accesibilidad universal firmado por el Imserso y la Fundación ONCE que tenía una trayectoria
de más de veinte años y que ayudó enormemente a la mejora de la accesibilidad en los municipios españoles. Pregúntele a sus alcaldes. No tiene que preguntarle a los míos, a mis alcaldes y alcadesas, pregúntele a los de su partido cómo les sentó de
bien la anulación de

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este convenio. Creo que es importante. Dijeron que lo iban a solucionar, que lo iban a mirar. Me llegaron varias respuestas en este sentido, pero, a día de hoy, insisto, todavía no sabemos nada. Si tiene algo que decirme al respecto, se
lo agradecería. Respecto a la ley, señora Camarero, es verdad que se habló mucho de ella. Yo se lo dije. Numerosos dirigentes de su partido, empezando por la ministra y siguiendo por su antecesor, afirmaron que la aprobación de esta ley
incorporaría protección sin precedentes a las personas con discapacidad. Detrás de esta frase hay todo un conjunto de incorrecciones y de manipulaciones. La ley de adaptación normativa a la convención, en su disposición final segunda, otorgaba el
plazo de un año desde la entrada en vigor de la propia ley para la elaboración y aprobación del texto refundido de la Lismi, la Liondau, la Ley de infracciones y sanciones. Su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, amplió este plazo hasta el 31
de diciembre de 2013 a través de una enmienda al proyecto de ley. Se trataba de una prórroga de habilitación, que es verdad que el Gobierno puede hacer. La autorización para refundir los textos legales supone que el Gobierno no pueda alterar el
sentido de las leyes, que fue lo que ustedes hicieron. Decían que iban a cambiar la ley, que iba a haber importantes novedades, pero finalmente no fue más que una refundición legislativa, señora Camarero; una ley que está armonizando el sentido de
las leyes que se han refundido. Es un trabajo meramente técnico.


La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya finalizando. Ha pasado en mucho el tiempo pactado.


La señora SEARA SOBRADO: Voy terminando.


Es un trabajo meramente técnico, señora Camarero. Por ello, con respecto a esta aprobación, estoy esperando que algún responsable del Gobierno o de su partido reconozca lo que el Partido Socialista dijo desde el minuto uno. Esta ley ni
pasó por tramitación parlamentaria, no la pudimos debatir ni los diputados ni las diputadas; no pasó por esta Comisión ni por ninguna otra del Congreso porque fue una cuestión técnica.


Por último —ya sí, señora presidenta, gracias—, le quiero hablar del artículo 12 de la convención, le quiero hablar de la capacidad jurídica. Es un asunto que preocupa enormemente al sector de la discapacidad. Nosotros hemos hablado al
respecto en muchas ocasiones. Incluso en esta Cámara se aprobó una iniciativa traída también por el Partido Popular que todos votamos a favor, que era cumplir lo que ya había que cumplir, el artículo establecido en la propia convención. Nos
pareció un brindis al sol, pero si aquello era un impulso, adelante con él. Este fue un debate que se inició nada más empezar esta legislatura, pero estamos a menos de un año de que se termine y seguimos exactamente igual. Por cierto, hay 80.000
personas en este momento en nuestro país que no pueden votar y saben que las organizaciones de la discapacidad están reclamando, con el apoyo de muchos de nosotros y de nosotras, que recuperen ese derecho, que es básico, inherente a las personas en
una democracia. Es un tema que nos parece fundamental.


Por último, Ley del Jurado, señora Camarero, y Ley de Propiedad Horizontal. Han venido las dos leyes a la Cámara y se han debatido en el Pleno del Congreso. Tuvieron ustedes la oportunidad de votar a favor de las dos para que se empezaran
a tramitar y no fue hace poco, sino hace bastante tiempo. Hubiéramos tenido toda esta legislatura para trabajar. Sus portavoces se subieron a la tribuna a decir que no hacía falta modificar la Ley del Jurado porque se modificaría por parte del
Ministerio de Justicia. Simplemente era una disculpa para no votar a favor del proyecto de ley que los socialistas presentábamos. Después llegó la Ley de Propiedad Horizontal con las modificaciones que había que hacer en este sentido, que es una
de las grandes reclamaciones del sector de la discapacidad, y volvieron a decir lo mismo y volvieron a votar en contra. Señora Camarero, quedan menos de diez meses de legislatura y mucho nos tememos que no se va a modificar de nuevo esta ley.
Estas son algunas de las cuestiones que yo le quería plantear. Me hubiera gustado tener más tiempo; he intentado ser concreta pero, señora Camarero, discursos triunfales los justos; en una materia como esta, discursos triunfalistas los justos,
porque ni viven mejor ni están mejor ni tienen más empleo ni ese empleo es de mayor calidad ni tienen mayor autonomía. Y hay una cosa que yo añadiría a todo esto, y es que hoy las personas con discapacidad tienen menos derechos que hace tres años y
su vida es más difícil.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Álvaro Sanz.

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El señor SANZ REMÓN: Gracias, señora Camarero, por comparecer ante esta Comisión. La verdad es que no sé muy bien cómo enfocar, después de oír su intervención, la mía, porque más allá de hablar de la ley del tercer sector, la ley del
voluntariado y de alguna cuestión de corte profundamente triunfalista no ha abordado lo que para nosotros debería haber sido el eje fundamental de su intervención, que no deja de ser otra cosa que analizar, en honor a la verdad, señora Camarero,
cuál es la situación actual, primero, de los servicios sociales en general, que es por donde empezaré, y luego las políticas de atención a la discapacidad, concretamente alguna de ellas cuyo estado quiero citar para ejemplificar que más allá de
discursos y de poesía y buenas intenciones la realidad es otra y a esa realidad es a la que debería atender su departamento.


Señora Camarero, la situación de partida es clara. Los servicios sociales en general en este país han sufrido desde 2011 a 2013 un profundo proceso de deterioro; no lo decimos nosotros, lo dice el índice de desarrollo de los servicios
sociales —un estudio riguroso—, que determina y pone de manifiesto una profunda incongruencia. Es decir, a pesar de que se está avanzando en textos legales tanto en el ámbito competencial de las comunidades autónomas —usted nos ha citado algún
plan, alguna ley nueva—, como en el ámbito de la Adminsitración General del Estado, lo que sí es cierto es que hoy es mucho más precaria la atención, hoy es mucho más importante la desatención y hoy el Estado y todas las administraciones que lo
componen incumplen las leyes de las que se ha dotado para garantizar esos derechos subjetivos de nueva generación. Tampoco ha hablado de dinero, señora Camarero, y es fundamental que para hablar de políticas, más allá de intenciones, se hable de
dinero y de dotación presupuestaria. Desde 2011 a 2014 el Estado ha recortado un 34% en estas materias; las comunidades autónomas un 10,5%, y las entidades locales, pilar fundamental para la atención temprana y para los servicios de proximidad,
más de un 20%. Esto no es gratis, esto viene derivado de su acción normativa, es decir, de sus leyes de restricción del gasto público, de su ley de reforma de las competencias del marco competencial en el ámbito de la Administración local —esa ley
antiayuntamientos— y todo esto se sustancia en un 0,19% del producto interior bruto en el ámbito de estas políticas. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que al igual que se han detallado aquí una serie de cuestiones —yo me voy a centrar exclusivamente en
la dependencia— las políticas que deberían haber servido para garantizar esos derechos subjetivos y catálogos que los concretaran normativamente han quedado realmente colapsadas. El caso de la dependencia es flagrante, señora Camarero. Hoy tenemos
82.935 personas menos que en junio de 2011 en grado tres; hoy, en grado dos, tenemos 30.000 personas menos —me refiero a expedientes activos— que en 2012. Le quiero preguntar sobre una circular —este mes no se han publicado estadísticas por
primera vez en ocho años; este documento que tengo es de fecha 2 de febrero— en la que se solicita a las comunidades autónomas que incorporen datos de personas atendidas al margen del sistema, incluso que planteen no depurar los fallecimientos para
engrosar el número de beneficiarios. Es cierto, señora Camarero, que desciende paulatinamente la lista de espera, pero no porque se incremente el número de atendidos sino porque uno de cada cinco con derecho fallece y, por tanto, evidentemente, la
lista baja. Son 30.000 prestaciones por cuidados familiares menos desde esa fecha que le he dicho antes. Hablaba usted de dinero, de economía, de empleo; este caso concreto, lo digo porque es importante, es un buen ejemplo, más del 40% de los
retornos se invierten en estas políticas. Estamos hablando de que con 1.000 millones, 440 de retorno directo, 100 de retorno inducido, 30.000 puestos de trabajo y 120.000 prestacioens más. He usado esta por no detallar otras políticas que entiendo
que también le competen a usted. Ante esta situación, usted nos viene a hablar de voluntariado y de ley del tercer sector. Me parecen muy importantes las dos cosas, pero no es serio que abordando una materia tan compleja como es la de la
dependencia, tan importante en un momento de debilidad estructural como este, no analice, por ejemplo, el colapso que está viviendo, como le he detallado, la Ley de Dependencia, por el cual le pregunto, y si en un momento determinado va a hacer caso
de la ILP que está promoviendo Cermi precisamente para modificar y evitar ese copago que está acabando con los afectados. No ha hablado de la ley general de derechos de las personas con discapacidad ni tampoco del plan de acción 2014-2016 como se
debiera. Nos gustaría preguntarle si un plan justifica o no hacer una nueva política, si tiene alguna partida económica dispuesta para que esto se desarrolle, si se ha puesto en contacto y ha trabajado debidamente, habida cuenta del ámbito
competencial, con las comunidades autónomas.


Estamos a final de la legislatura, señora Camarero, y si un plan es un nuevo programa político quizá no es muy serio venir a presentarlo a poquitos meses de unas elecciones generales. Me gustaría hacerle más preguntas pero considero que con
estas es suficiente y en cualquier caso si luego tengo oportunidad continuaré mi intervención.

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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco, como el resto de mis colegas, a la señora Camarero su comparecencia y le doy la bienvenida a esta Comisión.


Es evidente que la materia que suscita hoy la comparecencia es muy amplia, como lo es un enfoque que pretenda ser transversal en esta materia. De entrada su primera intervención, a nuestro entender, ha dejado de abordar aspectos
sustanciales de las políticas de atención a la discapacidad, sobre los que nuestro grupo va a interesarse esta mañana. Pretendo dar valor a esa afirmación que ha hecho la propia señora Camarero de que esta es una política transversal. Si queremos
que la transversalidad no sea una simple expresión retórica, quien ostenta la responsabilidad de coordinar las políticas del Gobierno en materia de discapacidad hoy en esta Comisión debe también responder, lógicamente, a cuestiones que se escapan
directamente del ámbito del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, porque, si no, poca transversalidad va a tener la política del Gobierno.


En este sentido, primera cuestión —que sé que ha abordado en su comparecencia pero olvidando algunas cuestiones relevantes—, empleo. Ciertamente las cifras de crecimiento del empleo de personas con discapacidad son positivas en sí mismas,
pero no deben hacernos olvidar la foto global, que es una altísima tasa de desempleo en el colectivo de personas con discapacidad, muy superior a la media, y sobre todo una tasa de actividad bajísima; son muy pocas las personas con discapacidad que
están trabajando o que están buscando empleo. Estamos en los límites de aquello que es comparable con nuestro entorno europeo. Ahí, señora Camarero, aparecen al menos tres cuestiones muy claras. En cuanto a la primera, en 2012, y fruto de unas
enmiendas introducidas por Convergència i Unió en la reforma del mercado de trabajo, se mandató al Gobierno a que en el plazo de un año debería presentar a la Cámara un proyecto de ley que ordenase un nuevo sistema de política de empleo para las
personas con discapacidad; se hablaba de un nuevo modelo de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Estamos en 2015, nos quedan meses de legislatura y nadie sabe nada de ese compromiso legislativo, que se incorporó en esa reforma en
2012 y que pretendía precisamente dar un salto hacia delante en las políticas de empleo para las personas con discapacidad. En esa misma línea aparecía, como una cuestión sustancial en este ámbito, hacer compatibles las pensiones no contributivas
con el empleo remunerado. En esto, fruto también de iniciativas legislativas de Convergència i Unió en la anterior legislatura, habíamos dado un paso hacia delante con mucha timidez; requería dar uno nuevo para ampliar la posibilidad de
compatibilizar la protección social con el empleo en la línea de no hacer dependiente de la ayuda a la persona con discapacidad sino facilitando su autonomía a través del empleo. No se ha avanzado en esa materia. En una proposición de ley que
debatimos en la Cámara a iniciativa de Convergència i Unió; el Grupo Popular, en el rechazo a esa iniciativa, justificó que el Gobierno estaba estudiando esta cuestión. Tampoco me ha parecido escuchar nada sobre ello en su intervención.
Finalmente, y esencial, hoy las políticas activas de empleo son gestionadas por las comunidades autónomas con recursos transferidos desde el Ministerio de Empleo por la conferencia sectorial. En el caso de Cataluña los recursos que el Estado
transfiere para financiar las políticas de apoyo al mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo y el conjunto de instrumentos de inserción en el mercado ordinario para las personas con discapacidad son claramente insuficientes. Con
los recursos que la conferencia sectorial transfiere al Gobierno catalán es imposible que las cerca de 20.000 personas empleadas en los centros especiales de empleo reciban las subvenciones que el marco estatal les garantiza. De eso, señora
Camarero, ustedes deberían de ocuparse y preocuparse porque, si no, es imposible que los Gobiernos autonómicos puedan garantizar el empleo en estos centros de empleo protegido.


Segundo paquete, la Ley de la Dependencia, a la que, como habrá observado, el resto de los portavoces ha hecho referencia. Debemos ser críticos sobre el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia. Cerca del 40% de las personas
reconocidas como beneficiarias del sistema hoy están sin ningún tipo de prestación ni servicio. Según el Observatorio de la dependencia más de 100.000 personas han fallecido en la lista de espera, y eso está vinculado a la retirada por el Estado de
la financiación en la Ley de la Dependencia. Ustedes nunca han llegado —el Gobierno español, tanto del PSOE como del PP— a cumplir con la aspiración de que esta fuese una política cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas, pero hoy
estamos en un punto en el que no tan solo dentro del gasto público el 80% corresponda a las comunidades autónomas y el 20% a la Administración General del Estado, sino que incluso los copagos de los ciudadanos están aportando más recursos que la

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financiación del propio Estado. Por tanto, señora Camarero, las consecuencias de la retirada del Estado en la financiación de la Ley de la Dependencia son esas listas de espera, esa no cobertura de la dependencia, elemento de preocupación.


En cuanto a la política de familia y de apoyo a las familias con hijos con discapacidad, además de lucha contra la pobreza infantil, señora Camarero, existe una demanda, que Convergència i Unió ha manifestado, y que plantea también el sector
de la discapacidad: configurar una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, en línea con nuestro entorno. Deseamos que esa prestación deje de ser simplemente para las familias extremadamente pobres y avancemos hacia una protección de
carácter universal. Sobre eso usted tampoco nos ha dado hoy ningún tipo de pista.


Finalmente, usted nos habla de dos proyectos de ley que vamos a discutir en las próximas semanas, la ley del tercer sector y la ley del voluntariado; tendremos tiempo de ello. Ya le anuncio que ni un proyecto de ley ni otro —singularmente
el de la ley del tercer sector— abordan los problemas que tiene planteado dicho sector; ni abordan el problema de una ley general de subvenciones que ahoga la capacidad de funcionar del tercer sector; ni abordan los problemas vinculados a la
fiscalidad del tercer sector; ni abordan las cuestiones de facilitar el acceso a la condición de utilidad pública para que asociaciones sin ánimo de lucro puedan beneficiarse de los beneficios fiscales que existen en la legislación española; ni
abordan el desarrollo de las cláusulas sociales para favorecer la actividad del tercer sector, etcétera. Es una ley bien intencionada pero que difícilmente va a resolver los problemas reales de las entidades del tercer sector.


Señora presidenta, para finalizar, haré seis preguntas muy concretas; simplemente las enuncio, pero me gustaría que la señora Camarero las respondiese porque en su intervención no han aparecido. Primera, ¿tiene en agenda el Gobierno
reformar la Ley de Régimen Electoral para evitar que las personas con discapacidad pierdan su derecho al voto? Segunda, ¿tiene previsto el Gobierno impulsar la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la plena accesibilidad de
las personas con discapacidad? Tercero, ¿tiene previsto el Gobierno mejorar la prestación ortoprotésica del sistema de salud, compromiso en algún momento adquirido con el sector de la discapacidad? Cuarta, ¿está en agenda la modificación del
baremo de la discapacidad? Quinta —con ella termino, señora presidenta—, el estudio al que el Congreso mandató al Gobierno hace ya unos cuantos años, a petición de mi compañera la señora Tarruella, para valorar el sobrecoste de la vida de una
persona con discapacidad, comprometido en esta Cámara, exigido en diversas ocasiones a distintos Gobiernos, ¿por fin este lo va a hacer público? A través del sector de la discapacidad nos consta que algún estudio existe, especialmente en lo que
afecta a las personas con síndrome de Down. Hay que entender que la vida cotidiana de una familia con hijos con discapacidad es mucho más costosa que la de una familia sin esa realidad.


Esas cifras que el municipio de Barcelona hace unos cuantos años hizo públicas ponen en evidencia la necesidad de políticas firmes de apoyo a las familias con discapacidad. Hacer públicos los estudios que se tengan puede ser muy útil cuando
estamos reclamando estas políticas específicas.


Señora Camarero, nos gustaría que nos diese respuesta a estas cuestiones.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Camarero, la saludo de nuevo con agrado, como sabe que hago siempre que comparece. Comprendo, señora presidenta, que no es un uso parlamentario muy regular intervenir sin haber escuchado a la compareciente.
Lo que pasa es que la compareciente y yo nos conocemos hace tantos años que uno puede intuir con un cierto nivel de aproximación razonable lo que ha venido a comentar aquí; dicho lo cual, obviamente mis reflexiones serán más genéricas que lo que
hubiera resultado de una confrontación dialéctica tras escuchar su exposición, pero no menos preocupadas en relación con la atención al sector de la discapacidad en su conjunto.


La señora Camarero ha citado uno de los problemas graves, que es la decadencia de los centros especiales de los discapacitados, no solo la reducción de la financiación o del compromiso presupuestario de las administraciones públicas
concernidas con estos centros especiales o protegidos sino incluso —esto es algo ajeno a los requerimientos del Gobierno— la decadencia de la oferta de profesionales que realizan trabajos en ellos. Desde esa perspectiva, también echo de menos —no
sé si lo ha dicho usted, pero sí el señor Campuzano— un plan de reactivación de estos centros especiales como instrumentos fundamentales de creación de empleo, junto a las exigencias más perentorias y más coercitivas del cumplimiento de acceso de
los discapacitados a la Administración pública mediante los requerimientos de la Lismi y sus reformas posteriores, permanentemente incumplidos. Esa es una cuestión secular sobre la cual también me quiero interesar, sin perjuicio de añadir que está
deficitariamente atendida, incumpliendo

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incluso los requerimientos establecidos en el artículo 41 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos del Estado a atender cualquier situación de necesidad de forma suficiente, o las posibilidades que se han ido esbozando
legislativa y normativamente, como la compatibilidad de la remuneración que se pueda obtener con pensiones no contributivas y algunas otras que han sido citadas por el señor Campuzano recientemente.


En relación con la dependencia las cosas van mal, señora Camarero. Yo tenía grandes esperanzas cuando usted accedió a la secretaría de Estado de que las cosas podrían mejorar, pero no lo están haciendo. Estamos en situaciones dramáticas;
ni siquiera están calificados todavía los grandes dependientes, ni siquiera el primer grado, en este régimen de tracto sucesivo de ir reconociendo a los discapacitados este llamado derecho de ciudadanía. Yo nunca entendí muy bien de qué estábamos
hablando cuando se hablaba de derechos de la ciudadanía. Fue un discurso muy recurrente con el Grupo Socialista cuando aprobó que los derechos de la ciudadanía constitucionalmente no existían, que era una nueva creación, aunque está adquiriendo
cierta consolidación en el derecho comparado. Existen derechos fundamentales, existen derechos de naturaleza ordinaria, pero se aprobó la ley y los derechos existen; y están siendo incumplidos por la desafección presupuestaria, por la abdicación
presupuestaria de las aportaciones que corresponden a la Administración General del Estado. Le pido, por favor, que ustedes corrijan este problema. En este momento en Euskadi son las diputaciones forales las que están financiando prácticamente la
totalidad de los recursos presupuestarios para la atención a los dependientes ya calificados. Lo que se comentaba aquí sobre la reducción de las listas por razones —vamos a decirlo así para no incurrir en lo macabro— vegetativas, es algo que debe
ser objeto de la debida consideración por la Administración.


Por otra parte —ya sé que se ha mencionado, me lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista—, quiero hablar de problemas que hacen referencia a la Ley de Edificación y a la Ley de Propiedad Horizontal, en un conflicto que se está suscitando
fundamentalmente relacionado con las obras obligatorias de accesibilidad y de remoción de obstáculos arquitectónicos. Comerciantes o personas que habitan en las primeras plantas se encuentran con la sorpresa de que muchas veces estas obras de
accesibilidad se convierten en verdaderas obras suntuarias o de ornato, de reconfiguración nueva del portal entero, a las que con legitimidad pueden negarse eficientemente a contribuir en virtud de las cuotas de aportación que les correspondan. Yo
no sé hasta qué punto son conscientes de esto —nosotros vamos a presentar una proposición no de ley para resolver esta cuestión—, de que las obras de accesibilidad son obras de accesibilidad, relativas fundamentalmente a dos instrumentos: los
ascensores y las plataformas de acceso en las escaleras del edificio, pero no otras. Sin embargo, nos estamos encontrando con una conflictividad que puede llegar a los tribunales de justicia; se está sobrecargando el requerimiento legal de la Ley
de Propiedad Horizontal, que ya debe ser reformada por estas y otras razones.


Por último, en cuanto a los planes de lucha contra la pobreza —los que están aprobados y los que están anunciados—, evidentemente es un fracaso de país convivir con 3 millones de niños que tienen la condición técnica de pobres según la
definición de Eurostat. Es un fracaso de país, es un fracaso de Estado, es un fracaso que afecta a las instituciones públicas y quizás a todos los representantes políticos en su conjunto; es un fracaso con el cual no se puede convivir. Le pedimos
una actitud particularmente beligerante, aunque solo sea con esta causa para cumplir los requerimientos constitucionales que antes le he citado; léase el mandato del artículo 41 de la Constitución y elaboren de verdad un plan contra la pobreza
infantil, sin perjuicio de que tampoco sería irrelevante elaborar unos planes eficientes contra la pobreza con carácter general. Según Cáritas convivimos con 7 millones de pobres en el Estado español. Este es otro fracaso de país, señora Camarero.


Espero que mis reflexiones hechas en virtud de la mera intuición parlamentaria no hayan sido muy desviadas de lo que la señora Camarero ha comentado en su primera intervención sino que se hayan ajustado al temario. Desde esa perspectiva,
espero con mucha atención sus respuestas. Sabe la señora Camarero que tengo una gran opinión de su capacidad política, lo que pasa es que eso también hay que demostrarlo permanentemente.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: En primer lugar, señora secretaria de Estado, bienvenida a esta Comisión, le agradezco especialmente su exposición. Yo sé que las cosas según desde el punto de vista desde el que se miren se ven de una manera o de
otra. Hay veces que se hiperbolizan según lo que interese; si interesa apoyar se pone mucho entusiasmo y si interesa criticar se pone también mucho entusiasmo en la crítica.

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Aunque, lógicamente no puedo sustraerme a ser el representante del Grupo Popular, voy a intentar sustraerme un poco de la crítica o del entusiasmo a favor o en contra de algunas cosas de las que se han dicho.


En la exposición ha quedado clara la vocación y la voluntad de este Gobierno; queda clara sobre todo una cosa, que es la tesis que yo he mantenido siempre, que en los temas sociales, la sensibilidad, la solidaridad, la atención a las
personas más vulnerables no es patrimonio de ningún partido ni de ningún Gobierno. En el fondo todo el mundo tiene una vocación de mejorar la situación de este tipo de personas. Por tanto, yo les concedo el beneficio de la duda a todos los
Gobiernos que ha habido, pero por supuesto y en especial al que está en la actualidad, al que sustenta este grupo parlamentario, y que a mi juicio está haciendo una labor mejor que el que señalan las críticas que ha recibido aquí. Es lógico, porque
el partidismo hace que no se quieran ver ciertas cosas, pero hay diferencia entre que no se vean o se minimicen y que no se atengan a la realidad. En la exposición que usted ha hecho he visto que ha habido una evolución favorable, pero esos
argumentos del desmantelamiento y de recortes hay que matizarlos un poco porque no se corresponde con la realidad. Yo la conocí a usted como parlamentaria. Sé de su sensibilidad porque ha trabajado en estos temas, domina el asunto; confiaba en
usted y no he perdido esa confianza porque veo que desde el ministerio se están llevando a cabo políticas, que muchas veces hemos comentado, de una manera pausada, porque las cosas no pueden ser de hoy para mañana ni de una manera tan drástica.
Creo que están en el buen camino y están consiguiéndose mejoras sobre todo en cuanto a formalidad, a sensatez y a poner las bases para que cuando se crezca se haga sobre cimientos fijos y no sobre unos que puedan tambalearse. En este sentido he
visto reconocimientos concretos, como los que usted ha citado, por ejemplo, el de la tarjeta de aparcamiento —efectivamente, era una demanda del sector porque había un desbarajuste incluso en su concesión y utilización—; este es un tema que se ha
debatido aquí, en Comisión, así como fijar un día especial de la lengua de signos. Todas estas son demandas que corresponden al sector que, si quiere, son secundarias, pero son símbolos de que se está queriendo avanzar y mejorar la situación.


Se ha hecho una crítica de que los derechos de las personas con discapacidad se han visto mermados en estos tres años. Cuando el Gobierno del Partido Popular se hace cargo de la responsabilidad de gobernar lo primero que se encuentra es una
deuda con el tercer sector de 3.000 millones de euros, que lógicamente estaba colapsando el funcionamiento de todo el tercer sector, y no solo de la discapacidad. Por lo tanto, si lo primero a lo que se dedica el Gobierno es a pagar ese dinero,
esas deudas, para poder construir a partir de ahí —esas deudas no están beneficiando de inmediato al sector—, en el fondo se está estableciendo una base sólida sobre la que construir una buena atención y dar una respuesta adecuada a la problemática
que queda pendiente. Este sería el punto de vista en el que quizá difiere un partido de otro o una formación de otra. Igual ocurre en cuanto al empleo. No creo que el empleo esté en una situación tan caótica como se ha pintado. No lo veo así,
cuando según los datos —oficiales y asépticos, no partidistas— me consta que el empleo de las personas con discapacidad ha aumentado —usted me corregirá si me equivoco— cerca de un 20% en el último año. Por cierto, me gustaría que me diese más
detalles del asunto porque creo necesario ponerlo de relieve. Todos estamos de acuerdo aquí —lo hemos comentado en muchas ocasiones— en que el cauce idóneo para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad para mejorar ese estado de vida
y ser ciudadanos en igualdad de condiciones de primer nivel, como el resto de los ciudadanos, es mediante la consecución de empleo. El empleo cierra el círculo de la rehabilitación e inclusión de las personas en la sociedad. Si se consigue que
cada vez haya más personas con discapacidad trabajando, se logrará que paulatinamente haya menos marginados. En general esto vale para todo el mundo, pero en el caso de las personas con discapacidad es especialmente válido porque la dificultad de
acceso es mayor.


En ese sentido, los datos que veo son positivos. ¿Qué no estamos en el mejor de los mundos? Naturalmente que no, pero tampoco es cierto que todos los problemas han empezado hace tres años. Parece que hasta entonces vivíamos en el país de
las maravillas, que todos los problemas han empezado hace tres años y que queremos solucionarlos todos en una legislatura, cuando llevamos… La evolución del ser humano es muy larga y no voy a entrar en detalles. Hay que ver las cosas de una manera
objetiva, como decía al inicio de mi intervención. Parece que estábamos destruyendo esos derechos, pero no. Estamos afianzándolos, consolidándolos; asegurándonos de que se puedan pagar y que están sobre base sólida para tener un empleo en el
futuro. Creo que es algo digno de tener cuenta.


Usted ha hablado del plan de acción del que, por cierto, me pareció entender que la representante del Grupo Socialista decía que no estaba dotado económicamente. (La señora Seara Sobrado: Pero en

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presupuestos nada). Me parece que son más de 3.000 millones con los que se ha dotado el Plan de acción de la estrategia de discapacidad. Además me gustaría saber, dado que estamos hablando de la importancia que tiene el empleo, de esa
cantidad de dinero cuánto va destinado a empleo, porque creo debe ser una gran suma, puesto que es lo que más ayuda —insisto— a la inclusión de las personas con discapacidad. Ha habido una reforma fiscal que creo que ha sido muy beneficiosa para
las familias con personas con discapacidad a su cargo o que tengan personas dependientes. Esta reforma fiscal hay que ponerla en valor también; no es que no se pueda criticar todo. No todo es malo; todo lo mío es bueno y todo lo tuyo es malo no
es adecuado. Así no estamos construyendo sino tratando de destruir; no es el camino. Que no estamos en el mejor de los mundos soy yo el primero que lo digo. ¿Qué no se ha hecho mucho más? Naturalmente que no. Se ha hecho lo que se ha podido
con arreglo a las disponibilidades. No tiremos todo por tierra.


Sobre dependencia también se han dado unos datos. En este apartado todos tenemos culpas en algunos aspectos, y no unos lo hacen todo bien y otros mal. Yo estaba en este Parlamento cuando se aprobó la Ley de Dependencia y recuerdo que el
primer compromiso del Gobierno socialista fue dotarla con 1.000 millones de euros, pero fueron 50. (La señora Seara Sobrado: ¿De dónde ha sacado eso?— Rumores). Con ese lastre que empieza, lógicamente… Este es un hecho contrastable, no es que
sea una improvisación mía. El Gobierno del PSOE en 2011 redujo en los presupuestos 236 millones de euros. Incluso me voy a remitir al informe del Tribunal de Cuentas que corroboró una mala gestión en dependencia. Por cierto, en ese mismo informe
se dijo que en los Presupuestos Generales del Estado se financió correctamente lo que corresponde al Estado de 2013, con 3.689 millones —69 más que el año anterior~_. Unos no lo hacen todo bien y los demás todo mal; es la forma de verlo. Vamos
mejorando y consiguiendo cuotas más altas de bienestar; no son las que queremos o necesitamos, ni las que todos estamos deseando tener, pero vamos por el buen camino. Hay más dependientes incorporados como beneficiarios; son 281.000 más los
dependientes que se han incorporado en lo que va de legislatura. Insisto en que queda todavía mucho. Sé que hay una lista de espera de 167.000 dependientes, pero se ha rebajado en un 45%. Vamos mejorando. Hay que reconocer que cada cual tiene su
función en esta Comisión, en este Parlamento, pero hay que ser un poquito más objetivos. La atención a las personas con discapacidad no puede calificarse de desastrosa; hay fallos, sí, pero tanto el Gobierno como el grupo parlamentario somos los
primeros en reconocerlo y en ver que se puede hacer más. Insisto, se está trabajando.


Se han citado aspectos en los que me consta que hay vocación y voluntad por parte del Gobierno, empezando por la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en la que se ha recogido una mejora sustancial, en la que hemos colaborado todos los
grupos, pero todavía hay demanda por parte del sector y pretendemos que se lleve a cabo. Me consta que hay negociaciones para mejorar esa situación. En el fondo todos queremos seguir; no hemos dicho: ¡Basta, hasta aquí, ya no queremos más! No,
no, queremos que se mejore. Respecto al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, representantes del sector de distintos ámbitos todavía no están de acuerdo en la solución porque no es fácil. Me consta por conversaciones de responsables del
Cermi con el propio ministro del ramo, del ministro de Justicia, señor Catalá, que hay una vocación de seguir avanzando y mejorando. Por tanto, no tengo esa visión tan catastrofista que han planteado mis compañeros de otros grupos. ¿Se podía haber
hecho más? Probablemente. ¿Qué queda mucho por hacer? Naturalmente, pero yo tengo que valorar la actuación del Gobierno y creo que vamos por el buen camino. Prueba de ello es que se conceda al Cermi —no al Gobierno, no a los partidos, sino a
España y a todos los españoles— el Premio Roosvelt, que es poco menos que… (Rumores). Estoy diciendo a todos los españoles. Esto significa que no vamos por el mal camino. Es un mérito de todos los españoles que han colaborado. Estas cosas van
por un camino adecuado. Insisto, creo que se está tratando dignamente la situación, se está mejorando, si bien no a la velocidad que quisiéramos; no estamos en el país de las maravillas, pero vamos por el buen camino.


No me queda más que agradecerle su comparecencia y su exposición. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra la secretaria de Estado, doña Susana Camarero.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Quiero darles las gracias a todos los que han intervenido en esta Comisión y decirles que voy a contestar al máximo de sus preguntas. Espero no dejarme
demasiadas sin respuesta sobre las cuestiones que me han planteado.

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En mi comparecencia inicial —tiene una parte inicial y luego esta, de desarrollo— no he pretendido bajo ningún concepto ser triunfalista. Les he hecho una exposición de lo que se ha hecho desde la última comparecencia de mi antecesor, del
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juanma Moreno, en diciembre de 2013. En esa comparecencia, se fijaron especialmente en la Ley General de Discapacidad y, por lo tanto, no voy a reproducir sus argumentos. Creo que de entonces
ahora hemos evolucionado en varios aspectos fundamentales y he querido destacar algunos de ellos, como el empleo o el diálogo con el tercer sector —del que prácticamente ninguna de sus señorías me ha hablado, entiendo que porque ustedes reconocen
igual que yo que es un diálogo magnífico y que hay un entendimiento estupendo con el tercer sector y, por lo tanto, no han tenido que ponerlo encima de la mesa~_. Creo que es importante cómo se ha evolucionado en materia de empleo y entraré en los
datos en mi intervención y también en las mejoras en la legislación: la visibilización, la transversalidad. Luego les voy a citar a sus señorías una serie de normas en las que hoy se tiene la variable de la discapacidad. He dicho que creo que uno
de los logros más importantes para el sector es esa visibilización también en la ley, que hayamos conseguido —y lo ha hecho este Gobierno, no es cuestión de poner medallas, es cuestión de contarlo donde procede, que es en la Comisión de
Discapacidad— que en toda la legislación, en toda la normativa se tenga que tener la perspectiva de la discapacidad, creo que es un buen avance. Les aseguro que cada cuestión, cada norma, cada proyecto de ley o anteproyecto de ley que va al Consejo
de Ministros pasa por el filtro de esta secretaría de Estado, pasa por el filtro de mi director general de Discapacidad, Ignacio Tremiño, que hoy nos acompaña. Por lo tanto, eso es una buena señal de que las cosas se están haciendo como toca,
porque las personas con discapacidad se lo merecen, las personas con discapacidad están presentes permanentemente en este Gobierno. He hablado poco de la dependencia, hablo mucho de la dependencia cuando voy a la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales y aquí he hablado menos —aunque ahora les voy a contestar a todos ustedes, por supuesto— porque solo el 15% de las personas dependientes son personas con discapacidad —es mucho—, por lo tanto, siempre centro mis intervenciones y mis
comparecencias —y lo saben los portavoces, que son también portavoces de esa Comisión— en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales los temas de dependencia.


Voy a intentar ir contestando según me han hecho las preguntas. Señora Seara, usted me ha pintado un panorama excesivamente negro sobre la discapacidad, excesivamente negro y exagerado cuando se trata de una persona que ha sido miembro del
Gobierno anterior. Creo que en esta política de discapacidad, en las políticas de violencia de género y en todas aquellas políticas que afectan a las personas de una forma especial deberíamos tener más sensibilidad, más coherencia e intentar
trabajar más de la mano. Entiendo que ustedes tengan discrepancias, que tengamos puntos de vista distintos y que cada uno juega su papel y ustedes como miembros de la oposición tienen que plantear al Gobierno qué cuestiones quieren que se mejoren y
en qué cuestiones no están de acuerdo, pero creo que exagerar —sobre todo viniendo de quien ha formado parte de un Gobierno que ha dejado este país sumido en una crisis económica y social brutal, un país lleno de deudas y por desgracia, como se ha
oído durante la intervención del señor Vañó, también en este sector— no es bueno, me gustaría que todos fuésemos un poco más coherentes, un poco más prudentes y que hiciésemos menos demagogia cuando hablamos de las personas más vulnerables, de las
personas que más nos necesitan.


Puesto que usted ha hecho referencia y ha comentado lo negro que ve el panorama, le voy a contar cómo estaba el panorama a finales de 2011, cuando usted era secretaria de Estado de Igualdad (Rumores), cuando el Partido Socialista estaba en
el Gobierno, si quiere que se lo diga más claro. El 3 de diciembre de 2011, que, como sabe usted perfectamente, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Cermi, que es el movimiento asociativo más importante de personas con
discapacidad, lamentaba —y le estoy citando literalmente— los recortes sociales producidos por el Gobierno del Partido Socialista durante los últimos tres o cuatro años anteriores. Se han venido produciendo —decía el Cermi— en los últimos tres o
cuatro años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de los servicios y dispositivos de apoyo y atención directos a hombres y mujeres con discapacidad y sus familiares,
sobre todo los gestionados por las estructuras del tercer sector. Estos recortes pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de mujeres y hombres con
discapacidad y sus familias. Señora Seara, el último día que celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no me dijeron estas cosas, se lo tengo que reconocer, no me lo dijeron. (La señora Seara Sobrado: ¿A mí me lo dice?).
Entiendo que queda mucho por hacer, estamos trabajando —insisto, como decía en mi primera intervención— en la buena dirección y creo que hay que fijarse unos objetivos

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concretos y luchar por conseguir esos objetivos. Insisto, nuestros objetivos son el empleo, aumentar la accesibilidad de las personas con discapacidad, su reconocimiento, su visibilización, centrarnos en las mujeres con discapacidad —que
sufren una doble victimización, de la que nadie tampoco me ha comentado nada en esta Comisión— y trabajar porque las personas con discapacidad tengan más servicios, más recursos y más posibilidades de futuro.


Señora Seara, me hablaba usted de los recortes. Según el Cermi, en 2011 los recortes eran suyos. Creo que los recortes y la pérdida de derechos se tienen cuando la gente no puede trabajar, se tienen cuando aumenta la pobreza y cuando
aumentan las desigualdades. (Rumores). Es verdad que nosotros hemos hecho ajustes incluso presupuestarios especialmente en los dos primeros años de legislatura por la situación que nos hemos encontrado. La situación encontrada y la crisis
obligaron a ajustarnos el cinturón, pero hemos procurado que esos ajustes no afectaran al servicio de las personas con discapacidad y a las entidades. Señorías, hemos recortado un 80% del gasto corriente porque en época de crisis no se puede gastar
como gastaban ustedes. Hemos recortado, y el director general que me acompaña se ha apretado el cinturón en un 80% del gasto corriente. De ahí, hemos conseguido que estos recortes no afectasen especialmente a las personas con discapacidad y a sus
entidades. Hemos maximizado la gestión y minimizado el impacto para que nadie se quede sin sus prestaciones. Le tengo que asegurar que es verdad que las entidades del tercer sector de acción social son muy reivindicativas. Las entidades siempre
nos piden más, pero ninguna entidad se ha quejado de cómo está trabajando este Gobierno o de lo que ha hecho este Gobierno en relación con los presupuestos. Lo han entendido, se han ajustado el cinturón y cada vez que hemos podido estamos
incrementando las ayudas, como hemos hecho en este presupuesto para 2015. Además, hemos pagado las deudas que nos hemos encontrado —lo ha dicho el señor Vañó—, 3.000 millones de euros en deudas a las entidades del tercer sector gracias al Plan de
pago a proveedores. Si no hubiésemos pagado esos 3.000 millones de euros, seguramente muchas de las entidades del tercer sector hoy no estarían en funcionamiento. Por lo tanto, nos hemos preocupado de pagar las deudas, nos hemos preocupado de
apretarnos el cinturón y hemos conseguido incrementar cuando hemos podido, en este caso en los últimos presupuestos para 2015, un 2,5% las subvenciones a las entidades del tercer sector, un 5% en las subvenciones nominativas a la Confederación
Nacional de Sordos de España o 500.000 euros al Real Patronato de Discapacidad. Señora Seara, con todo el cariño, no son ustedes un buen ejemplo de buen gobierno (Rumores), por lo tanto, no seremos nosotros a la hora de gobernar los que nos miremos
en su espejo.


Continúo. Me dice —entiendo el papel de todo el mundo, pero creo que hay que ser un poco más riguroso— que nada o poco ha cambiado en esta legislatura. ¿De verdad usted cree que nada o poco ha cambiado en esta legislatura? (La señora
Seara Sobrado: Para mal, muchísimo). Sinceramente, me parece que los eslóganes…


La señora PRESIDENTA: Señoría, luego tendrá un turno para contestar. Les ruego silencio y que dejen escuchar a la secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Hay que tener un poquito de cuidado y de responsabilidad con los eslóganes en una Comisión parlamentaria donde negro sobre blando queda luego transcrito en
el «Diario de Sesiones».


Respecto a los recortes de los presupuestos, ya le he contestado. Me ha puesto usted el ejemplo de una persona sordociega que no ha encontrado trabajo, y ya lo siento. Pero por desgracia en este país por culpa de la crisis más profunda que
hemos vivido en los últimos años, y quizá por no haber reaccionado a tiempo el Gobierno anterior, mucha gente no encuentra empleo, no solamente personas con discapacidad, sino que hay muchos hombres y mujeres en este país que no encuentran trabajo.
Por eso hemos hecho una reforma laboral muy criticada y muy contestada por todo el mundo, sin embargo, una reforma laboral que ha conseguido que durante seis trimestres consecutivos estemos creciendo y creando empleo, una reforma laboral que ha
conseguido que se hayan creado más de 400.000 empleos durante el último año y que va a conseguir, según todas las previsiones, que sean muchos más los empleos que se creen durante este año 2015. Es una reforma laboral y unas medidas de acción
positiva que además han llevado a que también se esté creando empleo entre las personas con discapacidad, y ahora iré a los datos de empleo.


El empleo da independencia, da autonomía y es fundamental para la inclusión social de las personas con discapacidad. Se lo he dicho al principio: cuando este Gobierno llegó, recuperó la normativa reguladora de las medidas de fomento de
empleo que habían hecho desaparecer ustedes, el Gobierno anterior. Ha

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mantenido todas las bonificaciones para contratar personas con discapacidad; según el SEPE se invierten más de 550 millones al año en estas bonificaciones. Se han reforzado las medidas de acción positiva para acceder al empleo público; le
recuerdo que hay una reserva del 7% de plazas de formación sanitaria del MIR; en el año 2014 se reservaron 533 plazas, 234 personas con discapacidad superaron las pruebas y hoy están en ese proceso, y además se han flexibilizado los horarios. Por
tanto, estamos trabajando también desde el empleo para las personas con discapacidad, y los datos así lo avalan.


Tengo los datos de empleo de los últimos años: de 2007 a 2009, el empleo para personas con discapacidad estaba por debajo de los 60.000 empleos; en los años 2010, 2011 y 2012 se llegó a en torno a 61.000 empleos; como decía, en el año
2012 subieron de 60.000 a 61.000, en el año 2013 suben a 69.648, y en el año 2014, hay 82.977 empleos para personas con discapacidad, según los datos del SEPE. El aumento en 2014 del número total de contratos suscritos con trabajadores con
discapacidad es del 19,1% tanto en centros especiales de empleo —por los que me han preguntado—, donde ha aumentado un 20% el empleo: 59.559 frente a los 49.600 de 2013, como en empleo ordinario, con un aumento del 16,9%. Esa importante tendencia
de crecimiento constante que se está produciendo año tras año nos lleva a que si comparamos los datos de 2014 respecto de 2012, el incremento pasa del 20% al 30% de personas con discapacidad que han sido contratadas en un centro especial de empleo y
a cerca del 18% respecto al empleo ordinario. Además, en el empleo público se han reservado por turno libre 65 plazas frente a las 21 de 2013, de ellas, hay 15 reservadas a personas con discapacidad intelectual. En la convocatoria de promoción
interna en 2014 se convocaron 108 plazas frente a las 54 de 2013, reservándose 31 para discapacidad intelectual; asimismo, sube la reserva del 7% para formación sanitaria especializada, como ya les he comentado. Por tanto, los datos de empleo,
señorías, no nos hacen predecir ni nos hacen asegurar que las personas con discapacidad están peor que lo estaban hace unos años, nos dicen que más del 20% en el último año, y el 30% si comparamos los últimos dos años, de personas que no tenían
empleo lo tienen; por lo tanto, los datos están diciendo lo que yo decía en la primera intervención: vamos mejor que íbamos. ¿Que queda mucho por hacer? Evidentemente. ¿Que si todo el mundo está sufriendo una crisis y hay una elevada tasa de
desempleo las personas con discapacidad tienen una tasa más elevada? Evidentemente. ¿Que tienen menos acceso al mercado laboral que las personas sin discapacidad? Evidentemente, para eso estamos trabajando, para mejorar el acceso y la permanencia
en el empleo de las personas con discapacidad, como no podía ser de otra manera.


Me han hablado varias de sus señorías del Plan de acción en materia de discapacidad. Ese plan de acción es un plan dotado con 3.093 millones de euros, ya se lo contesté a la señora Seara en la comparecencia de Presupuestos, pero se lo
vuelvo a decir. Primero, quiero poner en evidencia que es un plan transversal, que es evidente que las políticas de discapacidad —y quien no lo quiera entender así se está equivocando— son políticas transversales que afectan a todos y cada uno de
los departamentos del Gobierno, no solamente en materia legislativa, sino también en la aplicación de cada una de las políticas. Es un plan trianual, por tanto, está en tres ejercicios presupuestarios y afecta a todos los ministerios, es un plan
que está presupuestado en todos los ministerios. El plan tiene una asignación presupuestaria, en el propio plan está explicado el reparto del presupuesto, por lo que solamente tienen que ir al plan para conocer dónde está cada una de las partidas.
Además, es un plan que quiero poner en valor porque el Cermi lo ha aplaudido públicamente, es la primera vez que se planifican las políticas de discapacidad a medio y largo plazo y no como hasta 2011, cuando se proponían políticas cortoplacistas de
carácter anual, por tanto, es un buen plan del que nos sentimos orgullosos y vamos a implementarlo en su totalidad.


Como me han hablado de dependencia todos los grupos, si no les importa, contestaré a todos conjuntamente en esta parte de la intervención. Me hablaba usted, señora Seara, de hacer morir de inanición al sistema. El Sistema de Dependencia,
mal que les pese, es un sistema que está más vivo que nunca. Ustedes han mantenido una cantinela desde el principio de la legislatura diciendo que nos queríamos cargar el sistema, que este sistema iba a morir durante la legislatura (Rumores), que
queríamos dejar inasistidos a los dependientes y el tiempo ha demostrado que no es cierto, que las modificaciones, los cambios que se han hecho en el Sistema de Dependencia lo que están permitiendo es que el Sistema de Dependencia hoy sea más vivo,
hoy sea más justo y sea más solidario. (La señora Seara Sobrado: ¡Qué barbaridad!).


El sistema de atención a la dependencia estaba absolutamente colapsado, funcionaba de manera desordenada, desigual y poco transparente cuando llegamos al Gobierno. Había 305.000 personas en lista de espera y le puedo decir también lo que
decían entonces algunos medios de comunicación, entre ellos El País, que el 1 de noviembre de 2011 publicó: La Ley de Dependencia está paralizada. Previamente,

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en mayo de 2011 este mismo periódico publicó un reportaje titulado: No solo falta dinero para la dependencia, falta control. Las mejoras en el sistema de la dependencia impulsadas por este Gobierno de acuerdo siempre con las comunidades
autónomas, que les recuerdo que son las que gestionan el Sistema de Dependencia (La señora Fernández Moya: Y las que ponen el dinero), han configurado un sistema más justo, más solidario, que garantiza la calidad y la sostenibilidad en el sistema,
manteniendo intactos los derechos y el baremo de valoración que el Gobierno anterior había puesto en marcha. Se amplía el catálogo de servicios y de prestaciones y se da prioridad a los grandes dependientes y a la creación de empleo.


Cuando nosotros llegamos, había diecisiete modelos, había dispersión normativa, había 300.000 dependientes en lista de espera, había dependientes fallecidos que contaban en el sistema, no como ahora y no sé de dónde se ha sacado la circular
el señor Sanz, pero desde luego no es una circular nuestra, y el Sistema de Dependencia estaba en una situación inviable; dejaron ustedes el Sistema de Dependencia al borde del abismo, enfermo, y nosotros lo hemos tenido que recuperar. Hoy hay
723.313 personas beneficiarias con prestación efectiva, llevan incorporándose, desde enero de 2012, 281.000 y la lista de espera se ha reducido en un 45,13% hasta alcanzar unas cifras con los niveles más bajos desde que se aprueba la ley. Es decir,
treinta y nueve de los actuales beneficiarios con prestación efectiva se han incorporado durante esta legislatura y los servicios profesionales, tal como establece la ley —porque algún portavoz me ha hablado de que reducíamos los servicios
familiares, pero es que la ley prevé que tienen que ser servicios profesionales los que atiendan a las personas con dependencia y así lo estamos cumpliendo desde este Gobierno—, decía que los servicios profesionales han aumentado 3,86 puntos y las
afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado la cifra de 353.429 altas de profesionales y 15.300 nuevas afiliaciones. Además, nosotros no hacemos como otros, nosotros pagamos la Seguridad Social y no dejamos una deuda de 1.034 millones de euros
a los pagos de la Seguridad Social como dejó el Gobierno anterior. Ojalá este Gobierno no hubiese tenido que hacer frente a esa deuda de más de mil millones porque esos millones los hubiésemos invertido —se lo aseguro— en más servicios y en más
prestaciones para las personas con dependencia.


Decía alguna de sus señorías, el señor Campuzano y el señor Olabarría, que el Gobierno no cumple con su obligación de pagar la parte que le corresponde del Sistema de Dependencia. Lo he explicado muchas veces y lo he podido explicar en sede
parlamentaria cuando he tenido oportunidad de comparecer y explicar el Sistema de Dependencia. Ustedes saben que en la financiación de la dependencia el 50% le corresponde a las comunidades autónomas y el 50% le corresponde al Gobierno del Estado.
En cuanto a cómo está el sistema, señor Campuzano, usted y yo hemos tenido alguna conversación al respecto y estoy de acuerdo con usted en que el sistema está mal planificado, que la financiación de la dependencia está mal planificada y que algún
día nos tendremos que sentar a planificarla mejor y a ver cómo podemos mejorar el sistema de financiación de la dependencia para que llegue donde tiene que llegar. Del 50% que le corresponde al Gobierno, la mitad se financia a través de los
Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno por cada uno de los dependientes que las comunidades autónomas bareman e incluyen en el sistema les paga a las comunidades autónomas ese 50% a través de un fondo finalista y el 50% restante de la parte
que le corresponde al Gobierno se financia a través de la Lofca, a través de la Ley de financiación de las comunidades autónomas. Ese 50% no es finalista y cada una de las comunidades autónomas elige si lo invierten en dependencia o no lo destinan
a dependencia. Los dos informes conocidos del Tribunal de Cuentas lo que nos han dicho, lo que ha reconocido el tribunal es que la parte que corresponde de financiación al Gobierno está bien realizada, es decir, que el Gobierno cumple con su
obligación, que el Gobierno paga el 50% de lo que le corresponde por dependencia. Por tanto, no voy a entrar en quién y qué está fallando, porque probablemente lo que esté fallando es el sistema y lo que está fallando es que necesitamos ver de qué
manera toda la parte que al Gobierno le corresponde dar para la financiación de la dependencia sea todo finalista. En eso estoy de acuerdo con el señor Campuzano, porque, si no, al final no llega donde tiene que llegar.


No sé por qué algunos hablan —lo ha dicho el señor Vañó— de que este Gobierno reduce el presupuesto a la dependencia cuando fue en 2011 cuando se redujo 234 millones el presupuesto a la dependencia, cuando más personas con dependencia
estaban entrando. Lo que pasaba en el Gobierno anterior, y así lo dijo también el Tribunal de Cuentas, es que había no solo una falta de financiación, sino también una falta de control respecto al Sistema de Dependencia. Me parece que hay que
hablar con rigor y no con elucubraciones, y desde luego no hablando de datos que ofrecen otros, que no son los datos oficiales ni los datos publicados por el Imserso. Según los datos oficiales, según los datos de los que

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disponemos, según los datos del Imserso, se siguen, insisto, incorporando beneficiarios al sistema, 283.000 en tres años. De los 740.000 beneficiarios con prestación, personas que tienen derecho y están siendo hoy atendidas —creo que lo he
dicho, pero lo repito— el 39% se han incorporado en estos últimos tres años. Antes había una lista de espera de 300.000 dependientes: el 71% eran atendidos y el 29% estaban en lista de espera. Hoy el 84% están atendidos y el 16% de los
dependientes con derecho a prestación están en lista de espera. Por tanto, hemos reducido considerablemente la lista de espera. Estos datos del Imserso, que son los datos que facilitan al Imserso las comunidades autónomas, que son los datos
oficiales y contrastados, siguen indicando que se atiende un 12% más de dependientes reconocidos de los que se atendían en 2011.


Me han preguntado también por el copago. El propio Tribunal de Cuentas, señor Sanz, dice que no se puede saber cuál es la aportación del beneficiario a partir de los datos de las comunidades autónomas, porque no hay equidad en las
comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene un sistema diferente y, por tanto, no podemos establecer cuál es el copago real que pagan los beneficiarios en cada una de las comunidades autónomas. Lo que sí nos dicen el propio Tribunal de
Cuentas y los cálculos que se han establecido es que varía por comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que le reconozco —y no quiero sacarle los colores aquí a ninguna comunidad autónoma— en las que se paga mucho más, y los cálculos
dicen que la aportación del usuario del Sistema de Dependencia está entre el 25% y 26% en las comunidades autónomas, mientras que la propia Ley de Dependencia en su libro blanco reconocía que las aportaciones serían de alrededor del 30%. No creo
razonable y no me parece lógico, señorías, que digan que las comunidades autónomas —insisto en que son las responsables de la gestión de la dependencia— están dejando morir a los dependientes sin prestación, primero, porque no es cierto, porque las
comunidades están haciendo una labor importantísima de apoyo a los dependientes y porque el 77% de los beneficiarios con prestación tienen más de sesenta y cinco años y el 55% de los beneficiarios con prestación tienen más de ochenta años. Por
tanto, de las bajas que existen, por desgracia, el 78% ya tenían la prestación, pero están en esos ámbitos de edad.


Respecto al copago, que es un tema que en las últimas semanas está más de actualidad, quiero comentarles algunas cuestiones, porque no es un tema nuevo. La Ley de Dependencia, aprobada la legislatura pasada con el apoyo, entre otros, de
este grupo parlamentario, establece un modelo de financiación en el que participan las administraciones públicas y las personas beneficiarias, es decir, la propia Ley de Dependencia aprobada por su Gobierno, señora Seara, establece el copago en la
dependencia, igual que establece el copago en los servicios sociales. Es cierto, señora Seara, y si no, estúdiese la ley. (La señora Seara Sobrado: Yo me la he estudiado, estúdiesela usted). Yo me la he estudiado y por eso se lo estoy contando.
(La señora Seara Sobrado: No, estúdiesela usted antes de decir las tonterías que ha dicho esta mañana.—Protestas).


La señora PRESIDENTA: Señora Seara, estamos en un foro parlamentario. (El señor Vañó Ferre: Seara, por favor.—La señora Seara Sobrado: Yo he estado callada, Paco Vañó.—Protestas). Señora Seara, le he dicho que luego le iba a dar un
turno de respuesta, pero le ruego, por favor, que se calle y escuche a la secretaria de Estado. La secretaria de Estado ha escuchado su intervención sin hacer ningún tipo de manifestación. Por tanto, le ruego que usted también mantenga las formas.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Insisto y sigo. La Ley de Dependencia establecía este sistema de financiación: una parte la pagaban las comunidades autónomas y la otra parte —igual que
en el resto de los servicios sociales, y los servicios sociales llevan muchos años en funcionamiento— la pagan las personas beneficiarias. Es un modelo que pretendía la sostenibilidad, la estabilidad y la suficiencia en el tiempo. Esta propia ley
establece que es el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia —un órgano donde están representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y la Administración
local— el que fija los criterios mínimos de participación de las personas beneficiarias en la prestación según el tipo, el coste del servicio y la capacidad económica de la persona. Por tanto, la ley decía que era el consejo territorial y no una
ley al uso, como se pretende a través de esta iniciativa, la que fijase la capacidad económica. El consejo territorial establece la capacidad económica atendiendo a la renta y al patrimonio del beneficiario y adopta los criterios de participación.
En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, de 10 de julio de 2012, se aprueban los criterios y los contenidos para determinar la capacidad económica personal de los beneficiarios y
los de participación económica del beneficiario en el coste de la prestación del

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Sistema de Dependencia. Se regula en el consejo territorial, porque así lo establece la ley, y primero, se establece por unanimidad o por consenso de las comunidades autónomas allí representadas; y segundo, no se establecen nuevos
criterios, se establecen los criterios en vigor desde el año 2008. En el año 2012 se establecen y se recogen en el consejo territorial los mismos criterios que estaban en vigor desde 2008, con tres cuestiones que me parece importante destacar:
primero, que el coste total de la aportación del beneficiario es el 90% del total del servicio; segundo, que nadie —eso sigue pasando hoy— quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos; y tercero, que la capacidad
económica mínima para la aportación viene referenciada en la cuantía mensual del indicador público de renta de efectos múltiples, en el Iprem. Se llegó a ese acuerdo en el consejo territorial, insisto, con la participación de todas las comunidades
autónomas y dando cumplimiento a lo que solicitaba y pedía la Ley de Dependencia.


El Gobierno está comprometido —así contesto también a algunas de sus señorías— a que la Ley de Dependencia finalice su implantación total en julio de 2015. Esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, sería sensato que a
partir de que la ley entre en vigor en su totalidad —es decir, a partir de julio de 2015— se haga un análisis y se vea cómo funciona la ley, qué mecanismos van bien, qué instrumentos van peor y cómo podemos modificarla, en consenso siempre con las
comunidades autónomas. Tenemos que ser sensatos, porque son las comunidades autónomas las responsables de la aplicación y gestión de esta ley. Este Gobierno está de acuerdo en estudiar la ley y el Sistema de Dependencia y ver qué cosas necesitan
mejorarse. Para eso nos van a tener siempre a su lado las entidades y, por supuesto, los grupos parlamentarios.


Me decía también la señora Seara que no mintamos respecto al copago farmacéutico. Yo no he hablado del copago farmacéutico, pero sabemos perfectamente que tienen derecho a la excepcionalidad del copago farmacéutico los perceptores de
pensiones no contributivas y también las personas con discapacidad según la normativa específica, es decir, los artículos 8 y 9 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En el Gobierno tenemos
clarísimo quién está y quién no está exento del copago farmacéutico. Tengo que decir que antes de la reforma no todas las personas con discapacidad estaban exentas. Hoy, las personas con pensiones no contributivas son 199.000 y las personas
incorporadas por la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social son 8.250. Es decir, esta exención residual —usted ha utilizado la palabra residual— afecta a más de 207.000 personas en España. No me parece tan
residual que 207.000 personas en España que antes pagaban medicamentos ahora no los paguen. Pasaba lo mismo con los pensionistas. Antes pagaban el 40% y hoy están pagando por renta; por tanto, es un sistema más solidario, más justo y más
igualitario. Y pasaba con los parados de larga duración; antes pagaban el 40% y hoy están exentos. Además, el Sistema Nacional de Salud tenía cuando llegamos una deuda de 16.000 millones de euros. Hoy está garantizado el Sistema Nacional de
Salud gracias a haber hecho efectivo el pago de los 16.000 millones de euros de deuda. Por tanto, señora Seara, es verdad que hay una diferencia sustancial entre antes y ahora, entre ustedes y nosotros. Respecto a las prestaciones ortoprotésicas,
están igual que antes, aunque es verdad que nos hemos comprometido a mejorarlas y sobre todo a hacer un catálogo de prestaciones para que el médico recete la prestación adecuada y cada persona con discapacidad sepa qué prestación tiene que percibir
y no perciba otra y luego tenga que hacer frente a distintos gastos.


Me hablaba también de educación. Para nosotros la educación es una preocupación; tanto que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación por la política transversal que les he ido relatando a lo largo de mi intervención.
Aunque todavía queda camino por hacer —en esto como en todo—, hoy hemos conseguido que más del 80% de los estudiantes con discapacidad estén integrados en escuelas ordinarias. Es el porcentaje más alto de la Unión Europea; es decir, de todos los
países de nuestro entorno, somos el país en el que más personas con discapacidad están integradas en la escuela. Es evidente que queremos que sea el cien por cien; se ha evolucionado durante los últimos años y estamos trabajando para que el cien
por cien de las personas con discapacidad estén integradas en escuelas ordinarias. También les indico que el 1% de los estudiantes universitarios tienen una discapacidad. Por tanto, seguimos impulsando la educación y la formación porque es vital
para el acceso al empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad.


La señora Seara me decía al principio que no se había hecho nada durante esta legislatura para las personas con discapacidad —siento ser tan pesada y extenderme tanto en la contestación, pero voy a intentar no dejarme demasiadas cosas en el
tintero—. Más allá de lo que ya les he relatado sobre empleo, formación, educación o reforma fiscal, le voy a citar algunas de las normas aprobadas en 2013 y 2014 que

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tienen en cuenta la variable de la discapacidad. Les puede parecer un tema menor, pero yo considero importante que en todas estas normativas estén visibilizadas estas personas, que la discapacidad esté presente. El Real Decreto-ley 3/2012,
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que recupera la plena vigencia de la normativa estatal reguladora de las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad frente a lo que preveían las normas
aprobadas en el año 2011. Las asociaciones de personas con discapacidad evidentemente manifestaron su apoyo a esta medida. También el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a
efectos de la asistencia sanitaria en España, que concede la condición de asegurado a las personas con discapacidad que no disfruten de ningún otro seguro médico de carácter público conforme a lo previsto en la Ley de integración social de las
personas con discapacidad. El Real Decreto por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad; el Real Decreto-ley por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de
asistencia jurídica gratuita, en el que se establece por primera vez que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita y por tanto supone un avance; el Real Decreto-ley de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, basado en los jóvenes, para que estos tengan posibilidad de acceder al mercado laboral, que fija un aumento de los treinta a los treinta y cinco años cuando se trata de jóvenes con discapacidad.
El Real Decreto por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral —creo que alguien me ha comentado algo sobre esto— no solamente está en vigor, sino
que, como verá, tiene una dotación presupuestaria a través del Real Patronato sobre Discapacidad de más de un millón de euros. La Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social
mantuvo que la suspensión de los lanzamientos afectará también a las personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, especialmente a familias que tienen algún miembro con discapacidad. La Ley de medidas de flexibilización y
fomento del mercado de alquiler de viviendas tiene una consideración especial para las personas con discapacidad. La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que permite ocupar suelo público para instalar ascensores y eliminar las
barreras en edificios, también tiene en cuenta la variable de la discapacidad. Y leyes de 2014, como la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, también tienen en cuenta la discapacidad: el Real Decreto
por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, donde se incluye la lengua de signos como asignatura de libre configuración autonómica; la Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, la Ley de Telecomunicaciones, el Real Decreto de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, el Real Decreto por el que se regula el PIVE, el Real Decreto-ley del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, todos estos que estoy leyendo son reales decretos en los que se tiene en cuenta la variable de la discapacidad. Entiendo que para algo servirán estas normas. Cito también el Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, el que regula la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios o el que establece el título de técnico superior de mediación comunicativa y se fijan las enseñanzas mínimas; la Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996 y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Aquí me detengo porque es un empeño del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Es una ley muy demandada por el sector, porque había mucha dispersión normativa y no
podían utilizarse las mismas tarjetas en todo el territorio nacional. Por fin hemos dado cumplimiento y satisfacción al sector con esta ley.


Además hemos hecho otras actuaciones. ¿Insuficientes? Seguro. ¿Hay que hacer más? Seguro, pero no quiero dejar de contarles otras actuaciones que hemos hecho para mejorar al menos un poquito la vida a las personas con discapacidad. Como
les he dicho antes, hemos mantenido todas las bonificaciones para fomentar la contratación de personas con discapacidad. En empleo público hemos mantenido el cupo del 7% en las plazas de formación sanitaria; le he dado los datos. Hemos hecho un
Plan integral de atención para menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla. Hemos mejorado la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos con la plataforma de videointerpretación. Hemos
aprobado el Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas. Hemos puesto en marcha el foro de cultura inclusiva, etcétera.


He dicho antes, cuando hablaba de mujer y violencia de género, que es importante saber cuántas víctimas de violencia de género tienen una discapacidad, porque si no conocemos los datos no podemos

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actuar, pero también es importante hacer accesibles los instrumentos. Hemos hecho accesibles dos instrumentos que me parecen fundamentales: la plataforma de videointerpretación SVIsual, que mejora la accesibilidad al 016 y que está dando
magnífico resultado —les invito a ver cómo funciona porque es muy importante lo que están haciendo— y también el Atenpro. Además, hemos mantenido el IVA superreducido de vehículos de transporte y hemos continuado con los Premios Reina Sofía del
Real Patronato sobre Discapacidad.


Me preguntaban también, y lo han hecho varios de ustedes, sobre la reforma de la Ley Electoral. El pasado 23 de octubre, en este Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley en la que participó y votó favorablemente el
Grupo Parlamentario Popular, proposición en la que se comprometieron a realizar un informe sobre la situación. Estamos trabajando con los ministerios de Justicia e Interior, porque queremos que esto salga adelante y que las personas con
discapacidad mental que tienen hoy una incapacidad puedan, según cumplimiento de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ejercer su derecho al voto. Insisto en que estamos trabajando en ello. Me preguntaban
también por la Ley de Propiedad Horizontal. Fomento está trabajando en una nueva ley. Estamos trabajando —y aquí también contesto a varios de los portavoces que me han hecho esta pregunta— en una nueva ley con el sector y también con Fomento, ley
que va a ver la luz dentro de muy poco. Hay un compromiso firme no solo del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino también de la ministra de Fomento, que en distintas ocasiones se ha comprometido a que esta ley sea modificada, una
de las últimas ocasiones en el Real Patronato de Discapacidad. Por tanto, les adelanto que estamos trabajando y que, por la información que tengo, muy pronto vamos a tener una anticipación de esta reforma por parte del propio Ministerio de Fomento.
Respecto al convenio de accesibilidad, por el que me preguntaba la señora Seara, quisiera decirle que está vigente, como le he dicho anteriormente, y que además está presupuestado en el Real Patronato de Discapacidad con un millón de euros
aproximadamente.


Paso a contestar al señor Sanz. Algunas de las respuestas que he dado a la señora Seara también sirven para contestar a preguntas y a cuestiones que usted me planteaba. Desde luego, no pretendo ser triunfalista. Creo que cuando hablamos
de personas que tienen una brecha tan grande, de personas con discapacidad que tienen tanta diferencia y tantas dificultades para la inclusión, nunca se puede utilizar un tono triunfalista. He intentado objetivamente contar, igual que en esta
réplica, qué estamos haciendo. Creo que estamos mejor que hace unos años; cuando se habla de personas con discapacidad se evoluciona progresivamente. Han evolucionado otros Gobiernos y está evolucionando este Gobierno, a pesar de las dificultades
económicas con las que nos hemos encontrado. La discapacidad está permanentemente en la agenda política de este Gobierno, no solo porque tenemos un director general de Discapacidad que es una persona con discapacidad, igual que el portavoz de esta
Comisión, que apuesta por tener un tercer sector —un sector reivindicativo, con el que trabajamos de la mano y que permanentemente nos está exigiendo mejorar la situación—, sino porque hay un compromiso real de este Gobierno por mejorar la situación
de las personas con discapacidad. Es verdad que hemos pasado como país una crisis muy importante, la más profunda que ha sufrido España en toda su etapa democrática, pero este Gobierno, a pesar de las críticas, a pesar de lo que se ha dicho, ha
garantizado el Estado del bienestar y ha garantizado los servicios sociales. Y no he hablado de dinero porque no es una comparecencia de Presupuestos; en la comparecencia de Presupuestos expliqué con detalle dónde iba cada una de las partidas y
aquí he intentado hacer una exposición más global de qué es lo que estamos haciendo en materia de discapacidad.


Me hablaba de la dependencia. Creo que le he ido contestando. Sinceramente, no conozco la circular; le aseguro que no va a salir una circular de este ministerio ni de esta secretaría de Estado donde se diga a nadie que incorpore a las
personas fallecidas. Cuando llegamos, en esa regularización del Sistema de Dependencia ya hicimos que se sacasen de los datos las personas que estaban mal contabilizadas, y entre ellas había personas fallecidas que estaban en el sistema. Por
tanto, los números limpios. Abogamos por los números limpios y queremos que los números que nos ofrecen las comunidades autónomas, que son las que nos los dan, estén perfectamente claros. Los datos de los que yo le hablo son los datos del Imserso.
Es verdad que otros han hablado de otros datos, pero como no son datos oficiales ni tengo idea de dónde los sacan, porque nunca lo explican, le hablo, le garantizo y me responsabilizo de los datos que me aporta el Imserso. Le he contestado al tema
de los fallecimientos y de las listas de espera. Insisto en que creo que las comunidades autónomas hacen una labor fundamental. Las comunidades autónomas son las que dicen cuántos dependientes entran en el sistema, las que los bareman y las que
determinan quién está dentro y fuera del sistema, y no creo que sea responsable decir que las comunidades autónomas

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están haciendo mal su trabajo. Yo pongo en valor el trabajo —insisto— que hacen las comunidades autónomas. En cuanto a los cuidadores familiares, nosotros estamos cumpliendo la ley, señor Sanz. La ley marcaba que eran cuidadores
profesionales los que se tenían que dedicar a la dependencia y, por tanto, estamos creando empleo de cuidadores profesionales, que son los que tienen que hacer frente en su mayoría al cuidado de las personas con dependencia. Y lo que hacemos es,
sobre todo, pagar la Seguridad Social, y no como hacían otros, que dejaron mil millones de euros en deudas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. En cuanto al copago ya he contestado, y también lo he hecho respecto al presupuesto del
plan de acción.


Señor Campuzano, sabe usted más que yo de esta cuestión. Lleva muchos años trabajando en cuestiones de servicios sociales, de discapacidad, de dependencia, por tanto no le voy a explicar a usted cómo funciona esto. La política de
discapacidad es, evidentemente, una política transversal. Yo le puedo contar cuál es mi gestión del día a día, porque lo conozco más, pero en cuanto al Ministerio Empleo no tengo el conocimiento que pueden tener la secretaria de Estado de Empleo o
el secretario de Estado de Seguridad Social. Es evidente que no dispongo de ese conocimiento; por tanto, voy a contestar de lo que sé. De lo otro, intento enterarme e intento estar al tanto de las cuestiones que afectan a mis competencias. Es
verdad que hay una alta tasa de desempleo y una baja tasa de actividad, pero le he dado las cifras de mejora. Espero que con las políticas que se ponen en marcha y con la ayuda de todos consigamos que esta tasa de desempleo de las personas con
discapacidad vaya reduciéndose y que la baja tasa de actividad cada vez crezca más, igual que la tasa de actividad para personas con discapacidad, que vaya cada vez a más. No conozco el modelo de inclusión laboral y no sé si se está trabajando en
ello. Lo siento; intentaré enterarme para poderle contestar a esta cuestión. Respecto a los centros especiales de empleo, le he dado los datos que nos han pasado de Empleo. Eso sí que lo he podido preguntar, pero de lo otro no me he informado y,
por tanto, no le contesto porque lo desconozco. Le he informado del crecimiento del número de empleos en los centros especiales de empleo. Usted me dice —y se lo dijo a Moreno, mi antecesor, cuando vino a comparecer— que es insuficiente el dinero
que tiene el Gobierno catalán en los centros especiales de empleo. Le voy a contestar lo mismo que le contestó mi antecesor, porque creo que no puedo contestarle otra cosa. Los Gobiernos autonómicos al final tienen que priorizar el gasto. Los
Gobiernos autonómicos tienen que saber dónde quieren destinar sus recursos, dónde quieren destinar sus recursos de servicios sociales, dónde quieren destinar sus recursos de dependencia, dónde quieren destinar sus recursos para las personas con
discapacidad. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, en este caso de la suya, destinar más recursos a los centros especiales de empleo. No voy a entrar en más porque sabe usted
perfectamente que no es mi competencia. Es competencia territorial, y yo no entro en competencias territoriales.


Me ha hablado de la financiación de la Ley de Dependencia. Usted conoce nuestro compromiso, así como el mío personal, con la Ley de Dependencia. Yo no quiero que la Ley de Dependencia se elimine; creo en el Sistema de Dependencia. Sin
embargo, la Ley de Dependencia nació con muchas deficiencias, nació económicamente infravalorada. Hubo muchos problemas iniciales que se están intentando corregir, pero no es fácil corregir una situación de partida con tantas lagunas y con tantas
equivocaciones. Por tanto, nosotros estamos intentando garantizar el sistema, pero es verdad que venía muy malito y que llegó a esta legislatura con muchos déficits y con muchos problemas. Estamos intentando mejorarlo, estamos intentando cumplir
con el sistema y, como le decía anteriormente, estamos financiando la cantidad que nos corresponde como Estado. Lo decimos nosotros como Gobierno y lo dice el Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de la dependencia. Vamos a seguir
trabajando por que la Ley de Dependencia se implante; en el mes de julio se va a implantar en su totalidad y las comunidades autónomas tendrán que introducir al resto de los dependientes que hoy no están en el sistema y nosotros abonaremos la parte
que nos corresponda como Gobierno. Sería importante —lo he dicho antes, pero no era el turno de contestación a su señoría— que revisemos el sistema y veamos qué podemos mejorar. Si hablamos de copago, creo hay que revisar el sistema; pero si
hablamos de financiación, es fundamental revisar el sistema. No tenemos ningún problema en hacer un análisis del mismo y mejorar todo aquello que sea posible.


Me hablaba de familia y de pobreza infantil. Sabe que la familia va en el ADN de este Gobierno, que estamos trabajando desde el principio de la legislatura para mejorar la situación de las familias, de la infancia y evidentemente la pobreza
infantil. Hemos hecho una agenda social que es una agenda complicada, una agenda muy comprometida con las familias. Hemos hecho ya planes a lo largo de la legislatura —un plan de inclusión, el Plan estratégico de igualdad de oportunidades,
etcétera—,

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determinados planes donde por primera vez en la historia hablábamos de pobreza infantil e intentábamos poner medios y remedios. Nunca antes se había hablado de pobreza infantil. La pobreza en España crece —ahí están los datos oficiales—
entre los años 2008 y 2011; desde 2012 la pobreza se ha estancado. Pero es cierto que muchas familias están sufriendo, y mucho, la pobreza en nuestro país. Es cierto que una situación de pobreza mantenida en el tiempo, de crisis mantenida en el
tiempo ha hecho que haya que actuar sobre esas familias. El año pasado en los Presupuestos Generales del Estado creamos una dotación específica para la pobreza; insuficiente evidentemente, pero creamos una dotación. Este año hemos duplicado la
dotación destinada a familias y a pobreza, hemos trabajado por que el IRPF, que este año ha llegado a 220 millones de euros, vaya destinado en su totalidad a pobreza y a las familias más vulnerables. Y en esos términos vamos a seguir trabajando
para la convocatoria del próximo año. También hemos trabajado desde el punto de vista legislativo y en próximos días llevaremos al Consejo de Ministros, y por tanto vendrá a esta Cámara, la ley de infancia, donde ponemos los derechos del menor en
el punto de mira de todas nuestras políticas. Asimismo estamos trabajando en un Plan integral de familias y en distintas leyes dirigidas a las familias. En este plan integral es donde está recogida la pregunta que me hacía. Permítame que no le
vaya a desvelar cómo va a quedar el Plan integral de familias hasta que no terminemos de elaborarlo. Es un plan complejo, estamos trabajando de la mano de las entidades y, por supuesto, estamos peleando —como no podía de ser otra manera— con los
ministerios económicos. Ya sabe que en el Gobierno, y sobre todo en un ministerio como este, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en una secretaría de Estado como la mía, nos toca pelear mucho por cada una de las actuaciones
que hacemos. Estamos intentando que sea un plan lo más beneficioso posible para las familias y que sobre todo vaya destinado, igual que hicimos con la reforma fiscal, a las familias más necesitadas, a las familias más vulnerables.


Me hablaba de la ley del tercer sector. Es una ley importante, es la primera vez que se regula el tercer sector de acción social, ya que hay otros terceros sectores que no están regulados, como bien sabe. La hemos llamado ley del tercer
sector de acción social para definir de qué estamos hablando. Es una ley inédita, es la primera vez, es una ley que reclamaba el sector y es una ley en la que ha trabajado el sector con nosotros. Por decirlo con más verdad, el sector ha hecho la
ley y nosotros como Gobierno hemos querido dar ese empujón a esta ley que nos reclamaban. Les hemos dado participación, han trabajado en la redacción y hemos oído evidentemente también sus críticas. El sector está contento con esta ley. Es una
ley, no es un plan y, por tanto, no necesita llevar un presupuesto concreto, como llevan los planes de acción. También les digo que esta ley va a venir muy pronto a esta Cámara, al Congreso. Por ello, les invito a que todas las mejoras que puedan
hacer de la ley las hagan. Saben ustedes que el Gobierno tiene algunas limitaciones que ustedes, como grupos parlamentarios, no tienen. Por tanto, les invito a mejorar esta ley, que da más visibilidad al sector y establece un marco jurídico más
apropiado.


Me pregunta por el derecho a voto. Le he contestado que estamos trabajando en ello. Espero que con los ministerios de Interior y de Justicia lleguemos a buen puerto respecto a las personas con discapacidad que no pueden hoy votar. En
cuanto a la Ley de Propiedad Horizontal, estamos trabajando en ella y además pronto podrán conocer el resultado de esta modificación. Respecto a las prestaciones ortoprotésicas se está trabajando con el sector. Sabe que el Cermi y algunas otras
asociaciones están reivindicando de forma importante la mejora de las prestaciones. No ha habido ningún cambio respecto a la situación anterior, pero estamos mejorándola y sobre todo hemos hecho un catálogo de prestaciones que también va a ver
pronto en la ley. ¿Por qué? Porque se planteaba, y así nos lo cuentan desde el Ministerio de Sanidad, que el médico que recetaba no siempre especificaba exactamente cuál era la prótesis y luego el usuario tenía dificultades a la hora de elegir.
Hemos hecho un catálogo para que se mejore la prestación y los usuarios de las prótesis sepan exactamente qué les está recetando el médico y no tengan problema a la hora de su compra. El baremo de la dependencia se mantiene. No lo hemos modificado
en esta legislatura, es el mismo baremo que existía en la legislatura pasada. Como le he dicho, vamos a estudiar qué ha pasado y vamos a trabajar en qué mejoras podemos hacer. Estoy absolutamente de acuerdo en mejorar todo aquello que se pueda
mejorar.


El señor Olabarría ha tenido que dejarnos, pero le agradezco sus palabras y sobre todo que me haya leído el pensamiento y que sepa exactamente lo que he dicho sin escucharme. (Risas). Muchos años de trabajo parlamentario en común llevan a
esa posibilidad. Hablaba de la decadencia de los centros especiales. Ya les he comentado que no se ha reducido el presupuesto a los centros especiales de empleo desde 2012. Los centros están haciendo un buen trabajo, se está incrementado el
empleo de personas con discapacidad en esos centros. Por tanto, vamos a seguir insistiendo en que mejore, por

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supuesto, la situación de los centros. También me ha preguntado por la Ley de Propiedad Horizontal, que ya he contestado a todos ustedes, y por la Ley de Dependencia. Él me decía que no está mejorando, pero esa es su apreciación. Yo no
voy a discutir las apreciaciones de cada uno de ustedes; yo vengo con los datos, les cuento los datos y como Gobierno le digo que estamos trabajando por mejorar un sistema en el que creemos. Solo quiero que confíen en que creemos en el sistema,
creemos en la ley y lo que tenemos que hacer, como en todo, es mejorar lo que la práctica, la experiencia nos demuestran que hay que mejorar.


Me hablaba de los planes de pobreza y decía que eran fracasos de país. Sobre todo es un dolor, y especialmente para quienes tenemos responsabilidad de Gobierno, ver determinadas situaciones que están sufriendo determinadas familias.
Estamos trabajando por mejorar; ya le he contado de dónde viene la pobreza, hoy parece —esperemos— que está mantenida. La actitud de esta secretaria de Estado, así como la de todo el Gobierno, no solo es beligerante —se lo digo al señor Olabarría
para cuando me lea— sino comprometida en luchar contra la pobreza, en trabajar por los más vulnerables, por los que más nos necesitan. Hicimos un plan de pobreza infantil, como les he comentado antes, y estamos trabajando y creando empleo, que es
fundamental para poder mantener los servicios sociales, para poder dar prestaciones y sobre todo para que las familias salgan de esa situación. Hay que trabajar para crear empleo y que las familias salgan de esta situación pero además, en paralelo,
estamos trabajando desde el punto de vista sectorial con una agenda social comprometida dirigida a las familias, a los menores, a los que más nos necesitan.


Señor Vañó, muchísimas gracias por sus palabras y por su trabajo también. El señor Vañó no solamente viene a esta Comisión a decir que el Gobierno lo ha hecho bien, sino que impulsa la acción del Gobierno, igual que todas sus señorías
—quiero decírselo—, a través de reivindicaciones continuas y constantes. Por tanto, quiero agradecer no solo sus palabras sino su trabajo del día a día. Me ha hablado de empleo y he hecho una relación de todo lo que hemos hecho. En cuanto a la
reforma fiscal, no voy a insistir en ello, pero creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en esta reforma, que se ha fijado especialmente en las personas más vulnerables y, entre ellas, en las familias con personas con discapacidad o con
dependientes a su cargo, o en familias numerosas, que son las que más sufren, las que más dificultades tienen. También me ha preguntado por la Ley de Propiedad Horizontal, de lo que he dado respuesta a todas sus señorías.


No sé, señora presidenta, si voy a tener la oportunidad de volver a contestar a los grupos, pero en cualquier caso agradezco a todos su participación, sus palabras y que hayan escuchado esta exposición tan larga de réplica. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Ha sido una intervención suficientemente amplia. Habíamos pactado que no hubiera réplica o dúplica, pero, a la vista de que lo han solicitado sus señorías, les ruego, puesto que la intervención de la señora secretaria
de Estado ha sido muy concreta —creo que ha respondido prácticamente a todo lo que se le ha preguntado—, que se ciñan, por favor, a las alusiones concretas para que la señora secretaria responda o aclare de forma muy breve. Para eso sus señorías
tienen dos o tres minutos.


Tres portavoces han pedido la palabra. Creía que había sido muy concreta la exposición, pero parece que han quedado dudas. En primer lugar, la señora Seara, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Le pido a su señoría que
no intervenga más de tres minutos.


La señora SEARA SOBRADO: Me referiré a algunas cuestiones. Quien pintó un paisaje catastrófico por la desigualdad fue el Consejo de Europa, no este grupo. Yo trasladé el informe del Consejo de Europa, que no es sospechoso de ser demasiado
rojo, señora Camarero; no se preocupe. Usted conoce bien el Consejo de Europa. El que hizo ese informe catastrófico sobre la discapacidad fue el Consejo de Europa.


Segundo, tendrán ustedes mucho diálogo, pero el primer Gobierno que ha sacado al sector de la discapacidad a la calle ha sido el suyo. Bajo el lema: SOS discapacidad, miles de personas salieron hace dos años a la calle por primera vez en
la historia de este país y bajo un mismo paraguas.


Tercero, el lema del Cermi en el año 2014, ya con usted de secretaria de Estado, era: No al copago confiscatorio que expulsa a las personas con discapacidad y a sus familias de la protección de los derechos sociales. Este fue el lema del
Cermi el 3 de diciembre del año 2014, el Día internacional de las personas con discapacidad. Fue muy claro el mensaje. Estas cosas se las digo por todo lo que usted me ha dicho a mí, porque en su comparecencia me ha recordado más a una persona que
todavía piensa que está sentada en este escaño y no en esa mesa, y creo que en algunas cosas se ha excedido. Por eso, como

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usted me ha dicho todo esto, yo le estoy recordando solo el lema del Cermi del último Día internacional de la discapacidad. Uno de los pilares que ha tocado ha sido el diálogo con el tercer sector. No sé si usted escucha, pero hay una
iniciativa legislativa popular impulsada por el Cermi para que se establezcan criterios claros y justos en el copago. Me interesa saber qué va a hacer el Gobierno a este respecto. Sí, me ha contestado, pero diciendo que se va a trabajar, que están
mirando, es decir, como contesta el Gobierno algunas veces cuando no sabe qué decir. Si puede ser un poco más exhaustiva en este tema, mejor; si no, no se preocupe, que lo preguntaremos más veces. Señor Vañó, hay 3.000 millones de euros
presupuestados para un plan y se dedica cero patatero en los Presupuestos Generales del Estado para el mismo. Cuando yo digo que no hay presupuesto es que no está presupuestado, porque se me puede ocurrir venir aquí y decir que contamos con 8.000
millones de euros —¡fíjese!— para hacer un parque infantil. Puedo decir semejante barbaridad, pero, claro, el problema es cuando llega el ejercicio presupuestario y no aparece ni un céntimo consignado a ese plan.


Cuarto, respecto al copago farmacéutico, me referiré a algo que dijo la señora Mato; lo que yo le he trasladado a usted lo dijo la señora Mato. Se ha reído usted de mí porque he dicho residual. Lo he dicho porque es residual, porque es
solo el 5% de las personas con discapacidad. Estas 200.000 personas de las que me ha hablado conforman el 5% de los 3,8 millones de personas reconocidas con discapacidad en nuestro país. Por lo tanto, solo el 5% de las personas con discapacidad
están exentas del copago farmacéutico. Un 5% es una cifra residual cuando estamos hablando de 3,8 millones de personas, ¿verdad? Es otro pequeño detalle.


Por último, señora presidenta, me quiero referir a la dependencia, porque me parece importante. Discrepo de tantas cosas que se han puesto sobre la mesa y que usted ha contado pero solo le voy a dar dos datos.


La señora PRESIDENTA: Pero rápido, señoría.


La señora SEARA SOBRADO: Uno, el sistema estatal aportaba al Sistema de Dependencia en el año 2009 el 40%; en el año 2013 aporta el 19%. Señora Camarero, el copago se ha duplicado y las comunidades autónomas han pasado de aportar el 50% a
aportar el 62%. Por lo tanto, esas cuentas que usted ha hecho en su comparecencia me parecen un ejercicio de trilerismo, por no reconocer la verdad, nada apropiado para una persona con una responsabilidad tan alta como la que tiene usted en una
Comisión parlamentaria. No se puede mentir. Han decidido cargarse la Ley de Dependencia y lo están haciendo francamente bien. Vengan aquí y reconózcanlo, pero no para dar la vuelta a las cifras y a las listas de espera porque están mintiendo a
muchas personas en este país. Es mentira. Hablemos de esto cuando quiera, pero ahora no porque, efectivamente, no tengo tiempo. Le he dado estas tres cifras porque son lo suficientemente descriptivas como para echar por tierra algunas de las
cosas que ha dicho. Del 60% al 19%, señora Camarero, es lo que ha bajado la aportación que ha hecho su Gobierno a la Ley de Dependencia.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Haré una intervención muy breve para hacer alguna consideración o aclaración.


En ningún caso le he hablado de las comunidades autónomas ni he cargado tintas contra ellas. Precisamente —y recojo parte de la intervención que acabamos de escuchar— 63 euros de cada 100 lo ponen las comunidades autónomas; 18
—aproximadamente y de media porque también hay un problema de dispersión, de diferenciación entre sistemas, etcétera, pero hay medias y las medias dicen eso—, la Administración General del Estado y, alrededor de 19 —por encima de la aportación que
está haciendo el Estado—, las familias y los usuarios. No he estado hablando de las comunidades autónomas, sino de su responsabilidad, de la responsabilidad del Estado como garante de un derecho subjetivo, y concretamente de la Ley de Dependencia.


No voy a entrar en más debate porque está claro que hablamos dos idiomas distintos y vivimos en dos mundos diferentes, pero sí le diré varias cosas respecto a alguna cuestión que ha comentado. Lo que le he dicho respecto del mensaje del
Imserso a las comunidades autónomas —lo tengo aquí y luego se lo pasaré; de hecho, también lo tiene el ministro porque se le ha hecho llegar— es que se están intentando incluir en el nivel 1 porque usted ha dicho que este año se cierra la ley y
habrá que hacer una valoración. Se lo leo textualmente: En todo caso, actualmente es posible que, por parte de las comunidades autónomas y en base al nivel de protección adicional establecido en el artículo de la Ley de Dependencia, se vengan

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reconociendo las prestaciones del sistema a personas que hayan sido valoradas con un grado 1; si en su comunidad autónoma tienen beneficiarios que cumplen esa casuística y mientras se diseña el sistema de información para que se pueda
incorporar la información relativa a estas personas, si lo estiman oportuno, pueden remitírnosla y así incorporar la misma a efectos estadísticos. Le vuelvo a hacer una pregunta que le he hecho al principio de mi intervención: ¿Para cuándo las
cifras de los últimos meses? ¿Para cuándo las cifras de diciembre? No están. Por primera vez en ocho años se ha interrumpido la publicación, el año en que están convocadas las elecciones, el año en que hay que valorar el sistema y el año en que
esas cifras son imprescindibles. Esa es mi pregunta. Esto lo firma el propio equipo técnico del sistema de información, del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que es el mismo del que se extractan las cifras —y con esto le
contesto a lo anterior-…


La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que finalice.


El señor SANZ REMÓN: …que he utilizado para decir que este año hay 9.274 atendidos menos que el anterior. Son las cifras del propio sistema y del Imserso, recogidas del XIV Dictamen del Observatorio para la dependencia. Lo hacen
profesionales y, evidentemente, cuando extractan cifras de la información del sistema del propio ministerio, de su secretaría, las doy credibilidad porque para mí la tienen. (Muestra un documento).


La señor PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Uno puede tener la tentación de resumir la comparecencia de esta mañana en mucho ruido para pocas cosas, en el sentido de que las expectativas eran más altas y al final las cosas concretas con las que vamos a
finalizar la Comisión son relativamente pocas. Pero de su respuesta a mis preguntas yo recojo el guante de la necesidad de proceder a revisar la financiación del Sistema de atención a la dependencia, de los problemas de las listas de espera, de los
problemas de la insuficiencia de las prestaciones o de los servicios que están vinculados a la financiación contemplada en la ley. Mi grupo rechazó esta ley, entre otras cosas, porque afirmábamos que el sistema que la ley configuraba en materia de
financiación iba a ser insuficiente e iba a ahogar a las comunidades autónomas. Por desgracia, esa intuición que tuvimos se cumplió y ya en la pasada legislatura propusimos en el Pleno de la Cámara una revisión de estas cuestiones. He de decir que
entonces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista rechazaron aquella moción que defendió Convergència i Unió. Ojalá a finales de la pasada legislatura hubiésemos abordado la revisión de la financiación del Sistema de atención a la
dependencia, entre otras cosas, porque nos lleva a esa discusión un poco absurda de que ustedes dicen que el Tribunal de Cuentas nos da la razón: hay más dinero vía financiación general, las consejerías de bienestar social de todas las comunidades
autónomas ponen el 80% del gasto, el 20% la Administración General del Estado. Esa discusión tenemos que superarla sabiendo que hay que poner más recursos para financiar la dependencia y difícilmente eso lo puede hacer hoy ninguna de las
comunidades autónomas. Hay que ir, por tanto, a una revisión de este sistema de financiación, hacerlo transparente, hacerlo útil y darle perspectiva de tiempo. Insisto, mi grupo está abierto a discutir con el resto de grupos de la Cámara esa
revisión.


Hay una segunda cuestión, que efectivamente a usted no le compete, le compete al Ministerio de Empleo, pero me gustaría trasladarle la preocupación que tiene Convergència i Unió y que creo que tienen el resto de los Gobiernos autonómicos de
cualquier pelaje político. El Estado, por regulación del Estado, garantiza que cualquier empleo en un centro especial de empleo tiene una subvención equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional y la Conferencia Sectorial de Empleo
transfiere a las comunidades autónomas recursos para dar cumplimiento a esa previsión de la regulación del Estado. Lo que sucede es que aquello que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para garantizar esos puestos de trabajo en los
centros especiales de empleo es insuficiente; hay más puestos de trabajo que los que el Estado financia a través de la conferencia sectorial. Usted dice: pongan más dinero. Yo le digo que ya ponemos más dinero los Gobiernos autonómicos, al menos
el Gobierno catalán ya pone más dinero, pero lo hace para dar cumplimiento a una regulación que no es suya, a una regulación que hace el Estado y que le obliga a financiar. Eso es insostenible. Por tanto, puestos, señora Camarero, a revisar el
sistema, hay que revisar este sistema de la financiación del empleo protegido. Si el Estado regula que debe ser el 50% para cada puesto de trabajo, el Estado debe transferir para ese 50%. Si el Estado no quiere transferir

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para ese 50%, dé libertad a las comunidades autónomas para que administren esos recursos. Ahí hay otra discusión de fondo que no es nada menor.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Con toda cordialidad, por alusiones. No quiero suplantar a la señora secretaria de Estado, que es la compareciente, pero creo que ha quedado bien claro que al hablar usted, señora Seara, de 3.000 millones ha dicho que
es transversal. Afortunadamente, las políticas son transversales y una de las cosas que ha hecho muy bien el plan de acción es poner a un responsable en cada ministerio, lo que quiere decir que cada ministerio trabaja por la discapacidad y cada
ministerio tiene sus presupuestos específicos para cuestiones que afectan favorablemente a la discapacidad. Por lo tanto, en primer lugar, no hay una partida de 3.000 millones en un epígrafe determinado, sino repartido entre los ministerios. En
segundo lugar, insisto, so pena de reincidir en lo que ya ha dicho la señora Camarero, usted se ha apoyado en un informe del Consejo de Europa. La Comisión de Discapacidad acaba de estar visitando Bruselas y hemos visto el nivel que hay con
relación al nuestro. Creo que llegamos todos a la conclusión de que, afortunadamente, en España hemos evolucionado más que en el Consejo de Europa. Desgraciadamente, no estamos en el mejor lugar, pero estamos mejor comparado con lo que hemos
visto. Hemos estado allí tres días y lo hemos podido comprobar. Hubo una manifestación y se salió a la calle para decir que todo lo malo en discapacidad se había hecho en el poco tiempo que llevaba gobernando el PP. (La señora Seara Sobrado: Yo
no he dicho eso). No creo que en tan poco tiempo nos diese tiempo a hacer tanto daño. Creo que había acumulado un malhumor que salió en ese momento.


En cuanto a las cuestiones que creo que hay que resaltar, como he dicho al principio y trato de volver a decir ahora, con todas las carencias, con todas las diferencias, hay una para mí importantísima, y lo digo como representante del
Partido Popular pero también como persona con discapacidad, y es el establecimiento del diálogo con el sector de la discapacidad, con los representantes cualificados del sector de la discapacidad. Ha sido una de las mejores cosas que ha podido
hacer este Gobierno porque no ha hecho nada que les afecte sin contar con ellos; ha asumido su frase: nada para los discapacitados sin los discapacitados. Está de acuerdo con ellos, en sintonía y trabajando en conjunto para conseguir los
objetivos. ¿Que todavía quedan más cosas? ¿Que naturalmente quieren eliminar el copago? Lo sé, lo entiendo y estoy de acuerdo en que se trata de beneficiar a los que más lo necesitan, pero también es cierto, acuérdese, que en el Libro Blanco de
la dependencia se preveía un copago del 30%, al que no llega ni por asomo. Por lo tanto, ha habido más empleo, ha habido más consolidación de la financiación de los servicios sociales, una consolidación firme y ha habido más bienestar fiscal,
laboral y no discriminación. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar la comparecencia de hoy, tiene la palabra la secretaria de Estado, señora Camarero, para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Camarero Benítez): Voy a intentar contestar e insistir en algunos de los aspectos que he planteado en mi larga exposición anterior.


Señora Seara, siento sinceramente que les duela tanto que les recordemos su pasado. No he intentado que usted se enfadase, simplemente he contado objetivamente cómo estaba la situación cuando nosotros llegamos al Gobierno. Siento que usted
tenga la piel tan fina y que les moleste tanto que se lo tenga que recordar. Ha utilizado usted un término que hacía tiempo que no oía: ¿rojo? Yo, desde luego, no hablo en esos términos, no acostumbro a hacer separaciones entre colores. Ha
hablado usted del Cermi. Yo le he contado y le he leído literalmente lo que el Cermi decía el Día de la discapacidad en 2011. Es verdad que hoy el Cermi está trabajando en una iniciativa legislativa popular de no al copago. Primero, como Gobierno
respetamos absolutamente lo que está haciendo el Cermi respecto a esta iniciativa; segundo, seguimos manteniendo un diálogo constante con el tercer sector, un diálogo que va desde la cooperación a la colaboración y la lealtad mutua. Un diálogo, un
consenso y un trabajo común, como ha dicho el señor Vañó. No hay un plan, no hay una ley, no hay una norma que apruebe este Gobierno que no se trabaje con el sector. Hemos pagado sus deudas para permitirle su viabilidad y su continuidad; les
hemos reconocido como colaboradores de la Administración y hemos creado una mesa de diálogo civil, que es un instrumento de colaboración que está funcionando de maravilla en la que la plataforma del tercer sector está representada trabajando de la
mano de este Gobierno para mejorar la situación de los más vulnerables

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y también de las personas con discapacidad. Por lo tanto, diálogo continuo, constante, como decía el señor Vañó en su intervención, y respeto absoluto a las decisiones y al trabajo que hace el Cermi.


He contestado cuál era la opinión del Gobierno, es más he explicado qué quiere decir y qué pretende la iniciativa. Pretende hacer una reforma legislativa a una ley que mandata que el copago se establezca en Conferencia sectorial de
servicios sociales y atención a la dependencia, que es como se ha hecho, y esta iniciativa dice que ahora se hace por ley. Es una iniciativa que —como ustedes saben, porque son parlamentarios— es una iniciativa legislativa popular. Cermi está
recogiendo firmas y cuando llegue a la cantidad que establece la ley, la presentará en el Congreso, y a partir de ahí hablaremos de la iniciativa en concreto. Yo le he puesto de manifiesto, creo que extensamente, cuál es la postura del Gobierno.
Además, se lo ha dicho el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al Cermi, se lo hemos manifestado al Cermi. No vamos a hacer una modificación del copago en este momento, vamos a trabajar —como le decía al señor Campuzano— para ver cómo
mejoramos todo lo que tiene que ver con la financiación del Sistema de Dependencia, también teniendo en cuenta la capacidad del dependiente y lo que paga cada uno de los dependientes, que es algo que viene de 2008, no viene de esta legislatura.


Me dice, señora Seara, que hubo una manifestación de las personas con discapacidad. Tiene usted razón, en 2012 hubo una manifestación de las personas con discapacidad en la que manifestaban lo mismo que en el Día de la discapacidad, en
diciembre de 2011 —porque fue a primeros de 2012—, que era visibilizar los recortes del Gobierno anterior. Por eso se quejaban, porque no había habido tiempo para quejarse de nada con respecto a este Gobierno. Le digo que las quejas que pueda
tener el sector con este Gobierno no sé dónde están, pero sé que este Gobierno trabaja de la mano y las cuestiones que nos tienen que plantear nos las plantean permanentemente en la mesa del diálogo civil. Las entidades del tercer sector nos ayudan
a hacer mejor nuestro trabajo y a conseguir más derechos y más beneficios para las personas con discapacidad.


Insiste en el plan de acción y le ha contestado al señor Vañó. El plan de acción tiene un desarrollo presupuestario en el propio plan de acción y una parte importante de este plan, puesto que es una política transversal, está en el
Ministerio de Empleo. Léase los presupuestos y encontrará dónde están los presupuestos destinados a la ejecución de este plan de acción. Insiste también en el copago farmacéutico. Yo nunca he hablado del copago más que en los términos que
establece la propia ley y sí que le tengo que decir que están exentas más personas con discapacidad que antes, y además están exentos los parados de larga duración. La exención y el pago para las personas que tienen una pensión está en función de
la renta y, por tanto, es bastante más igualitario, más razonable y más solidario que como estaba antes. Creo que hay determinadas cuestiones donde es mejor no incidir.


Sistema de Dependencia. Me habla usted de trilerismo. Yo no me dedico a hacer descalificaciones, no acostumbro. Puedo ser muy extensa en mis intervenciones; intento serlo para poder contestar con razonamientos, con debate y con
argumentos; no acostumbro —no es mi estilo— a contestar con insultos ni con descalificaciones. Lo he explicado antes y creo que entenderán, si conocen cómo va la financiación del Sistema de Dependencia, que es así. Este Gobierno paga el 50% de
los dependientes que se introducen en el sistema. Lo ha dicho el Tribunal de Cuentas —para no decir que lo hemos dicho nosotros— que son los que fiscalizan y lo que establece es que hay una parte, que es el 50% de la parte que nos corresponde, que
va directamente a través de Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, el crédito para este año ha sido de 1.177 millones de euros, 1,53 millones más que el año pasado. Es decir, cada año aumentamos el dinero destinado a los presupuestos para
los dependientes. Nos hemos comprometido a que cada uno de los dependientes de grado uno —dependientes moderados— que entren en el sistema a partir de julio contarán con el presupuesto por parte de este Gobierno y es verdad que la parte que va a
través de las comunidades autónomas debe ser mejorada porque es donde puede haber alguna disfunción.


En los Presupuestos Generales del Estado destinamos un 61% a los mayores y a la dependencia; el Gobierno anterior un 56%. Ese es nuestro compromiso con la dependencia y con los mayores. El Gobierno anterior, señora Seara, hizo una ley de
la dependencia —lo ha reconocido también el señor Campuzano— que estaba mal planificada y mal calculada económicamente. Por lo tanto, estamos teniendo que corregir muchas cuestiones para que la dependencia, lejos de morir, siga viva y siga más viva
que nunca. Hemos introducido 281.600 nuevos beneficiarios —lo digo a ver si de tanto oírlo ya les convenzo— y hemos reducido la lista de espera un 45%, algo en lo que no hay discusión porque son números, son cifras que son imposibles de discutir.


Señor Sanz, usted me dice que no ha hablado de las comunidades autónomas. Si la gestión de la dependencia —yo ya le he contado la parte de la financiación y cómo este Gobierno asume su compromiso

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y paga la parte de la dependencia que le corresponde— la tienen las comunidades autónomas, si son las comunidades autónomas las que valoran y deciden qué dependientes entran en el sistema, si hay un fallo no es mío, no es de este Gobierno.
Yo sé que usted no ha citado a la comunidad autónoma, pero sin quererlo está achacando y acusando a las comunidades autónomas de un mal servicio porque yo le insisto, aunque ustedes no estén de acuerdo, que este Gobierno, que este ministerio, que
esta secretaria de Estado paga la parte de la dependencia que le corresponde. Volvemos a lo mismo, las cifras que da el Imserso —las cifras siempre se publican, no entiendo eso de que no están publicadas— siempre están en la página web, estarán en
la pagina web como siempre. Las cifras son oficiales y las subimos a la página web para que sean conocidas por todo el mundo; las estamos diciendo por activa y por pasiva, se las hemos contado a todo el mundo. La semana pasada hubo una rueda de
prensa de los gerentes en la que dieron unas cifras a las que inmediatamente salió a contestar el director general para contrarrestarlas con las cifras oficiales. Por lo tanto, es absurdo que nosotros guardemos ninguna cifra de dependencia porque
—insisto— no son nuestras cifras, son las cifras que nos aportan las comunidades autónomas que saben los dependientes que están en el sistema y cuántos dependientes existen en cada una de las comunidades autónomas.


Señor Campuzano, por el cariño que le tengo siento de verdad no haber podido resolver sus expectativas y haberle dejado sin contentar. Es verdad que ya lo hemos hablado —tampoco le estoy adelantado nada—, podemos revisar el sistema y sería
bueno revisarlo. Vamos a trabajar en esto. Ustedes, como grupo parlamentario, no quisieron votar a favor de de la ley de dependencia porque ya intuían que las previsiones económicas que hacía la propia ley no correspondían con lo que se preveía
que iba a suceder. Y en esta ocasión el tiempo les ha dado la razón. Había una insuficiencia económica, y no solamente una insuficiencia económica en la previsión sino una mala estructura en la financiación. Eso es lo que está llevando a que
varíen los números, a que yo cuente cómo pagamos nosotros y luego lleguen las comunidades autónomas y cuenten otras cuestiones que ustedes han puesto encima de la mesa. Si conseguimos entre todos sacar el mejor sistema para la financiación de la
dependencia, sin aportar más dinero, conseguiremos que vaya donde tiene que ir, que es a la prestación de los servicios de los dependientes. El Estado —yo lo sigo manteniendo— ha mantenido el presupuesto, y yo entiendo lo que me está diciendo de
los centros especiales de empleo y su postura y la defensa que hace del Gobierno de Cataluña, pero esta legislatura se ha mantenido el presupuesto de los centros especiales de empleo. También le tengo que decir que, ya que utilizamos tanto el
nombre de Cermi, según el Cermi de Cataluña, el Cocarmi, la Generalitat no pone su parte en los centros especiales de empleo. No voy a entrar, como le decía antes, en competencias territoriales y que cada uno determine en qué prioriza los gastos.


Señor Vañó, gracias por sus amables palabras y por estar, como digo siempre, trabajando al lado de la discapacidad. Señorías, sinceramente, queda mucho por hacer. En materia de discapacidad, por desgracia, señor Vañó, siempre va a quedar
por hacer; es muy difícil la accesibilidad total, la inclusión total, pero vamos avanzando. Yo lo he dicho antes y creo que hay que reconocerlo: no ha avanzado solamente estos tres años, creo que es un avance paulatino y progresivo de todos los
Gobiernos. Lo que sí he mantenido es que a pesar de la crisis económica que hemos vivido, no hemos dejado de trabajar por las personas con discapacidad. Hemos intentado que avancen en empleo, cosa difícil en situación de crisis; que tengan más
accesibilidad; que tengan visibilidad; que las reivindicaciones del tercer sector se puedan cumplir. Por tanto, hemos trabajado y estamos trabajando durante la legislatura para mejorar la vida —no sé si la calidad, pero sí la vida— de las
personas con discapacidad. Al principio de legislatura hemos hecho un compendio de las leyes, evitando una dispersión normativa; hemos pagado las deudas al tercer sector; hemos avanzado en la legislación. Les he contado toda la legislación donde
ya aparece la variable de la discapacidad que, insisto, a mí me parece importante. Hemos contentado o cumplido algunas demandas de las entidades y también de las familias de personas con discapacidad; estamos mejorando las medidas de fomento del
empleo, que van dando resultado. Hay más empleo aunque queda mucho camino por hacer, sin duda. El plan de acción se va desarrollando, por ejemplo —no hemos incidido en él—, con el real decreto de tarjetas de aparcamiento, que es una demanda social
histórica del tercer sector y uno de los objetivos de ese plan de acción que estamos poniendo en marcha. Las personas con discapacidad tienen más derechos, como la asistencia jurídica gratuita; hay más participación, más coordinación y más
colaboración con el tercer sector por medio de esa mesa; además se ha apoyado a las familias y a las personas con discapacidad mediante la reforma fiscal.


Sin querer ser excesivamente o nada autocomplaciente, el compromiso de este Gobierno es, con toda humildad y sencillez, no bajar la guardia, seguir trabajando para que la brecha entre las personas con

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discapacidad y aquellas sin discapacidad cada vez se reduzca, vaya a menos; pero reconocemos que creemos que hemos encontrado la línea, que estamos trabajando en el camino adecuado y que las personas con discapacidad han sido, son y
seguirán siendo nuestra prioridad como acción de gobierno. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, agradecemos su comparecencia como secretaria de Estado en esta Comisión.


Ahora despediremos a la señora Camarero junto a su equipo. Les pido a los portavoces que esperen mientras les despedimos para celebrar reunión de Mesa y portavoces, que será muy rápida.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.