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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 715, de 09/12/2014
cve: DSCD-10-CO-715
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 715
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 30
celebrada el martes,
9 de diciembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre previsiones acerca de negociar la firma de un contrato programa de transporte público con la ciudad de Valencia (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita 184/050267). (Número de expediente 181/002014) ... (Página3)
De los diputados don Joaquín Francisco Puig Ferrer y don Antoni Such Botella, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Garantías de que las facturas abonadas con cargo al Plan de pagos a proveedores por la Generalitat Valenciana corresponden a servicios efectivamente prestados y contratados a través de los procedimientos administrativos legalmente
establecidos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055580). (Número de expediente 181/002072) ... (Página5)
- Verificación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del cumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana de la normativa reguladora del Plan de pgos a poveedores y del Fondo de liquidez autonómica (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055581). (Número de expediente 181/002073) ... (Página5)
- Remisión por la Generalitat Valenciana al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de algún informe de la Intervención de la Generalitat que justifique que las facturas abonadas con cargo al Plan de pagos a proveedores que
cumplen los requisitos establecidos en la normativa (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055582). (Número de expediente 181/002074) ... (Página6)
- Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca de si la Generalitat ha cumplido escrupulosamente lo establecido en la normativa del Plan de pagos a proveedores y del Fondo de liquidez autonómica (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055583). (Número de expediente 181/002075) ... (Página6)
- Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca del abono de facturas al Banco de Valencia y a Bancaja con cargo al Plan de pagos a proveedores (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055584).
(Número de expediente 181/002076) ... (Página6)
- Opinión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acerca del abono de facturas por un importe de 1,3 millones de euros a clubes de fútbol y basket con cargo al Plan de pagos a proveedores (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita 184/055585). (Número de expediente 181/002077) ... (Página6)
- Cuantía en la que se han alterado las cifras de déficit de la Comunitat Valenciana a raíz de la investigación abierta por la Comisión Europea sobre las cifras inicialmente comunicadas por la Administración valenciana (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055586). (Número de expediente 181/002078) ... (Página9)
- De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) respecto a los proyectos Daredo y Deputrans de la Diputación Provincial
de Ourense (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/055650). (Número de expediente 181/002146) ... (Página12)
- De las diputadas doña María Soledad Pérez Domínguez y doña Leire Iglesias Santiago, y del diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cobro por la Agencia Tributaria de Extremadura del IVA de los derechos
de pago único de la PAC que son transferidos a otros agricultores (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/056058). (Número de expediente 181/002231) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Relativa al impuesto sobre las transacciones financieras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002461) ... (Página15)
- Sobre la reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el conjunto de administraciones en 2014 a las que ha renunciado el Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002803) ... (Página19)
- Relativa a la inclusión, como objeto de desgravación del denominado 'mínimo personal y familiar', de quienes ostenten la patria potestad de menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003239) ...
(Página24)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE NEGOCIAR LA FIRMA DE UN CONTRATO PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LA CIUDAD DE VALENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050267). (Número de expediente 181/002014).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Haré dos comentarios previos, uno de ellos a efectos de ordenar el debate. Dado que la Comisión coincide con algunas otras, no votaremos antes de las dos menos cuarto. También recuerdo a los portavoces que al término de la sesión tendremos
una breve reunión de Mesa y portavoces.
Vamos a dejar pendiente para una futura Comisión la contestación a la pregunta que figura como primer punto del orden del día. Realizaremos conjuntamente las preguntas números 3, 4, 5, 6, 7 y 8, referidas a los distintos aspectos de la
ejecución del Plan de pagos a proveedores en la Comunidad Valenciana. El resto se tramitará según figura en el orden del día.
Para formular la pregunta que figura con el número 2 en el orden del día, referida al contrato programa de transporte público para la ciudad de Valencia, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Señor Beteta, gracias por venir a responder a distintas preguntas que formulamos por escrito y que, desgraciadamente, el ministro no ha tenido a bien contestar. Creo que la calidad democrática pasa por la
transparencia y por respetar el derecho de la oposición a la fiscalización.
Señor Beteta, ¿los ciudadanos de Valencia y de su área metropolitana tienen el mismo derecho que los de Sevilla, Madrid o Barcelona a contar con un transporte metropolitano eficaz, seguro y moderno? Con sus actuaciones y con sus acciones
presupuestarias -porque la respuesta solo puede ser sí-, su Gobierno no respeta ese derecho constitucional de igualdad. Según el último informe publicado por el Observatorio de movilidad metropolitana en el año 2012, Madrid recibió para el bus
urbano un 48 % de subvención sobre costes, para urbanos e interurbanos, un 63 %, y para el metro un 49 %; Barcelona recibió, a su vez, un 52 %, un 69 % y un 41 % por los mismos conceptos; Sevilla recibió un 48 %, un 41 %, incluso un 205 % para el
metro; Mallorca recibió un 48 % para el urbano, un 23 % para urbanos e interurbanos y un 79 % para el metro. Sin embargo, Valencia, tercera ciudad de España, con más de un millón de habitantes en el área metropolitana, tiene un porcentaje de
subvención sobre estos costes del 0 %. En ese mismo periodo, Madrid obtuvo subvenciones por valor de 234 millones de euros para el bus urbano y 358 millones para otros buses urbanos e interurbanos, y a Barcelona llegaron 147 y 118 millones de euros
respectivamente. En el lado opuesto, a Valencia solo llegaron unas subvenciones por estos últimos conceptos de 400.000 y 800.000 euros respectivamente.
Como sabe perfectamente, el INE publica cada mes una estadística de transporte de viajeros con datos de las seis grandes áreas que disponen de transporte metropolitano. En los datos publicados en 2014 sobre el transporte público de Valencia
aparece una anotación que indica: No permitida su publicación. ¿Tiene el Gobierno alguna explicación sobre esta cuestión? La comparación en el trato no resiste ningún contraste de datos objetivos. A la señora Barberá le pasa en el transporte lo
mismo que al señor Fabra con la financiación autonómica, en Valencia dicen una cosa y en Madrid hacen lo contrario. En Valencia todos los grupos han votado a favor de reclamar un trato justo para financiar el transporte metropolitano y ni la
alcaldesa hace nada ni ustedes atienden una reclamación tan justa y tan objetiva. Además, aquí los diputados del Grupo Popular votan en contra de las enmiendas que presentamos otros grupos, entre ellos el nuestro, para mejorar esta situación.
Señor secretario de Estado, el Gobierno de Rajoy ha convertido Valencia en la única ciudad española sin ayuda del Estado para su transporte metropolitano; es más, ni siquiera se lo plantean. La alcaldesa dijo en abril que tomaría las riendas de la
negociación con el señor Montoro; pues bien, recientemente su Gobierno, en una respuesta, esta sí, por escrito dice que no le consta ningún contacto para encontrar una solución a este problema.
Ahora le volvemos a preguntar: ¿Tiene el Gobierno alguna intención de acabar con la marginación de Valencia y aprobar, por fin, un plan de transporte metropolitano?
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a la pregunta, en nombre del Gobierno tiene la palabra el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Evidentemente, lo que el Gobierno tiene que hacer es ejecutar los presupuestos que se aprueban por las Cortes Generales, y, como ustedes conocen bien, los
presupuestos para el próximo ejercicio están en este momento en tramitación en el Senado. En consecuencia, si en dicha tramitación en el Senado las Cortes Generales estiman dotar las correspondientes partidas, no hay el más mínimo inconveniente,
sino todo lo contrario, en llevar a cabo y formalizar las pertinentes actuaciones para la promoción del transporte metropolitano, tanto en Valencia como en su área metropolitana.
Me permitirá su señoría, ya que hace un relato de los hechos, que, a efectos de conocimiento general de la Cámara, complemente la información que ha dado. Como sabe bien, hubo un contrato de transporte formalizado entre la Administración
General del Estado, la Generalitat Valenciana y la entidad de los ferrocarriles de transporte, que estuvo vigente en el programa 1999-2001. Este contrato programa regularizó también las aportaciones de la Administración General del Estado en el
periodo 1995-1998. Una vez concluida la vigencia de ese contrato, tras la creación de la entidad de transporte metropolitano de Valencia, cuyas competencias en materia de transporte de viajeros son de la Agencia Valenciana de Movilidad, el
ayuntamiento se dirigió a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para solicitar el incremento de las dotaciones presupuestarias destinadas a la empresa municipal, dependiente de la corporación local, y se pensó englobar en un solo acto la
financiación de las dos entidades, la relativa a los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y la de la Empresa Municipal de Autobuses de Valencia, de forma que el Ayuntamiento de Valencia salía del fondo de financiación de los servicios de
transporte colectivo urbano.
En los Presupuestos Generales del Estado de los años 2002 a 2010 han venido figurando, como usted seguramente bien conoce, consignaciones presupuestarias destinadas a la financiación del transporte regular de viajeros de Valencia por
distintos importes que yo le voy a enumerar. En el año 2002 se consignaron 13.703.000 euros y se pagaron 13.703.000 euros; en el año 2003 se consignaron 13.977.000 euros y se pagó cero; en el año 2004 se consignaron 37.760.000 euros y se pagó
cero; en el año 2005 se consignaron 37.760.000 euros y se pagó cero; en el año 2006 se consignaron 35.873.000 euros y se pagó cero; en el año 2007 se consignaron 36.440.000 euros y se pagó cero; en el año 2008 se consignaron 37.453.000 y se pagó
cero; en el año 2009 se consignaron 38.052.000 euros y se pagó cero; en el año 2010 se consignaron 38.052.000 euros y se pagó cero. En consecuencia, señoría, de todas las dotaciones presupuestarias recogidas en el cuadro -sobra decir quién tenía
la responsabilidad de ejecutar los Presupuestos Generales del Estado en ese periodo, porque usted lo conoce muy bien- únicamente fue pagada la prevista para el año 2002 por un importe de 13.703,08 euros. El resto de los ejercicios no se libraron.
¿Por qué? Porque la Administración General del Estado, dirigida por su partido, no fue capaz de llegar a formalizar un contrato programa con la Generalitat Valencia con objeto de poder cofinanciar las necesidades con cargo a los presupuestos. No
obstante, en abril del año 2009, en una reunión celebrada a petición de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Generalitat Valenciana para analizar las dificultades existentes para la firma del contrato programa, se señaló la
posibilidad de flexibilizar los requisitos de financiación con cargo a los presupuestos de la Generalitat, siempre que se cubrieran las pérdidas de ferrocarriles de la Generalitat. Con el fin de retomar las negociaciones de un nuevo contrato
programa, en noviembre del año 2011 se mantuvo una reunión con representantes de la Agencia Valenciana de Movilidad, de ferrocarriles de la Generalitat y de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, en la que la autoridad de movilidad
valenciana se comprometió a remitir una información para un posible contrato programa con una duración de cuatro años. Entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 la autoridad valenciana remite distinta información, que resulta notoriamente
insuficiente en relación con la solicitada, que es la misma que se está exigiendo tanto a Madrid como a Barcelona, para formalizar las actuaciones, pero esa es una responsabilidad que atañe a quien no remite la información. A nosotros nos hubiera
gustado que la hubieran remitido para poder estudiarla.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2013, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, así como el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, mantuvieron contactos con la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, donde se les informó de que en esta situación era imposible otorgar financiación presupuestaria adicional, evidentemente para no caer en lo mismo que en los anteriores presupuestos, es decir, se consigna una cantidad, no se reúnen las
condiciones para poder abonarla y el resultado es ejecución presupuestaria cero. Con fecha 24 de junio de 2013, más recientemente, la consellera
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, envió un escrito dirigido al Ministerio de Hacienda en el que se solicitaban los correspondientes acuerdos. Por tanto -con ello voy concluyendo-, desde la
finalización del contrato programa 1999-2001, la Administración General del Estado libró recursos exclusivamente al Ayuntamiento de Valencia con cargo al Fondo de financiación del servicio de transporte colectivo, salvo en el año 2002, por los
gastos de ejercicios anteriores más lo correspondiente al Ayuntamiento de Valencia, que estaban entre los 6,7 y los 6,9 millones de euros anuales.
En este momento no hay consignación presupuestaria para 2015, salvo que en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que ahora mismo se está llevando a cabo en el Senado se adopte una disposición financiera al efecto, En ese
caso, si se cumplen los requisitos técnicos, como hacen Madrid o Barcelona, y teniendo crédito suficiente podríamos financiar, cosa que en otra época, como usted sabe, no sucedió así.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Quiero constatar que el Gobierno no lo ha situado en los presupuestos, que se mantiene una posición de discriminación objetiva hacia la Comunidad Valenciana, y que, al parecer, hay un problema gravísimo de comunicación
entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, o entre el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Los que están padeciendo esta situación son los ciudadanos.
Efectivamente, las Cortes Generales tienen la capacidad de aprobar finalmente el presupuesto, pero ustedes han adoptado una posición, y con la mayoría absoluta que tiene su partido objetivamente va a pasar lo que va a pasar. Su voluntad
política ha sido no resolver este problema. En cualquier caso, respecto al pasado, está claro que, como usted ha reconocido, el Gobierno de España durante todos esos años puso consignación presupuestaria, y que solo la incapacidad demostrada por el
Gobierno autonómico hizo que finalmente no se pudiera validar y pagar ese presupuesto. En cualquier caso, quedó claro dónde estaba la voluntad política, y ahora también ha quedado claro dónde está.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Beteta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Hay muchas formas de hacer el presupuesto, y una de ellas es poner una consignación presupuestaria con unos requisitos imposibles, porque esto deviene en que el
gasto no se puede efectuar. Cuando alguien dice que tiene voluntad política y resulta que está ocho años consecutivos sin formalizarlo, parece que la voluntad política era la de no ejecutar el presupuesto. Eso es lo que han hecho y las pruebas
están ahí. No se pudo materializar porque los requisitos, como puso de manifiesto la consellera, son los que son y, en consecuencia, el gasto no se llevó a cabo y formó parte de los remanentes presupuestarios de este ejercicio.
No hay problema de comunicación. Le puedo garantizar que he hablado sobre esta cuestión con el conseller Moragues y con la alcaldesa de Valencia y hemos recibido información. Nuestra voluntad es avanzar en la solución. Esperamos poder
tener los créditos presupuestarios para poderlo llevar a cabo o, en su caso, sobrantes de partidas a lo largo de la ejecución presupuestaria. En este momento le puedo decir que nuestra voluntad es que una ciudad tan importante como Valencia pueda
tener apoyo, al igual que otros territorios, en materia de transporte, porque nosotros sí creemos en el principio de igualdad.
DE LOS DIPUTADOS DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER Y DON ANTONI SUCH BOTELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- GARANTÍAS DE QUE LAS FACTURAS ABONADAS CON CARGO AL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES POR LA GENERALITAT VALENCIANA CORRESPONDEN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y CONTRATADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEGALMENTE
ESTABLECIDOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055580). (Número de expediente 181/002072).
- VERIFICACIÓN POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN DE PAGOS A POVEEDORES Y DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055581). (Número de expediente 181/002073).
- REMISIÓN POR LA GENERALITAT VALENCIANA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ALGÚN INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE LA GENERALITAT QUE JUSTIFIQUE QUE LAS FACTURAS ABONADAS CON CARGO AL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES CUMPLEN
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055582). (Número de expediente 181/002074).
- OPINIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACERCA DE SI LA GENERALITAT HA CUMPLIDO ESCRUPULOSAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DEL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES Y DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055583). (Número de expediente 181/002075).
- OPINIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACERCA DEL ABONO DE FACTURAS AL BANCO DE VALENCIA Y A BANCAJA CON CARGO AL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055584).
(Número de expediente 181/002076).
- OPINIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ACERCA DEL ABONO DE FACTURAS POR UN IMPORTE DE 1,3 MILLONES DE EUROS A CLUBES DE FÚTBOL Y BASKET CON CARGO AL PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA 184/055585). (Número de expediente 181/002077).
El señor PRESIDENTE: Para formular conjuntamente las preguntas que figuran en el orden del día con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todas ellas referidas al Plan de pagos a proveedores, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Según las cifras, la Generalitat Valenciana es la segunda comunidad que más tarda en pagar a los proveedores, 74,42 días, muy por encima del plazo máximo legal de 30 días. Pero lo que es más alarmante es que es la que
mayor deuda arrastra, al margen de los bancos, incluidos los proveedores, 4.279,5 millones, estando incluso por encima de Cataluña. Todo ello después de haber recibido desde el año 2012, a través del Plan de pagos a proveedores, 7.572 millones y
otros 10.000 millones del FLA para vencimientos de deudas, pero también, en menor medida, para liquidar facturas. Pues ni así. El Consell de la Comunidad Valenciana arrastra una bola de deuda no financiera que supera a la de Cataluña, 4.193
millones de euros, teniendo Cataluña el doble de PIB y de presupuesto. Son unas magnitudes que en estos momentos demuestran la inviabilidad de la Generalitat Valenciana si no se modifica el sistema de financiación y si no se cambian dos cosas
básicas: la gestión y los gestores de la comunidad autónoma.
La negativa del señor Montoro, injusta, irresponsable e ilegal, de no modificar el sistema de financiación, obliga a la Comunidad Valenciana a endeudarse sin límite. Lo que en otras comunidades se recibe a través del modelo de financiación
a nosotros se nos presta. Parece, además, que esa medicina no da los resultados esperados, como ha certificado en estos días la autoridad fiscal independiente en un informe que, por cierto, no sé si el Gobierno comparte. Aprovechando su presencia,
me gustaría que me dijera qué medidas se van a tomar, sabiendo que algunas comunidades autónomas no van a cumplir el objetivo de déficit, entre ellas, la Valenciana.
Señorías, la Generalitat tarda en pagar pero ordena muy bien -entre comillas- a quién paga antes. Las prioridades del consell del PP valenciano no son las urgencias de los valencianos y las valencianas. Como saben, una consecuencia no
deseada de la Generalitat es que para poder enchufarse a la morfina financiera del FLA y del pago a proveedores tenían que sacar facturas de los cajones. Así llegó el escándalo. Por la respuesta dada al portavoz socialista de las Cortes
valencianas nos enteramos de que los primeros gastos que se habían efectuado, entre otros, eran: 32 millones de euros para el aeropuerto sin aviones de Castellón; 1.300.000 euros a distintos clubes de fútbol; 512.200 euros a una empresa de la
trama Gürtel; 600.000 euros al entrenador personal del señor Aznar, etcétera. Después de que todas estas facturas salieran a la luz, la Generalitat dejó de responder, por lo que no sabemos exactamente a quién están pagando con el dinero que se les
suministra. Estos sí que fueron los primeros en cobrar. Pasaron a un segundo plano los dependientes y se deben más de 250 millones de euros de ayudas a la
vivienda, etcétera. Las preguntas que hicimos hace bastantes meses se referían a los controles que hace el ministerio para verificar que el dinero que prestan a las comunidades autónomas se utiliza de acuerdo con la normativa establecida.
Por no saber, no sabemos si hay un informe de la Intervención de la Generalitat o si hay un informe encargado por el ministerio para comprobar la veracidad de las facturas.
Vayamos un poco más allá. A usted, que tiene una larga carrera como gestor de presupuestos, que tiene experiencia, además, en una comunidad autónoma, le pregunto: ¿Le parece razonable que se abonen antes las facturas relacionadas con la
Fórmula 1, el aeropuerto de Castellón o el entrenador de Aznar, que las de los dependientes? Por cierto, le sigo preguntando qué van a hacer tras el informe de la autoridad fiscal independiente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): La Administración General del Estado diseñó dos facilidades financieras con el objetivo de apoyar al conjunto de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales que son: el Plan de proveedores y el Fondo de liquidez autonómica. Son 100.000 millones de euros que permitieron que las distintas administraciones territoriales pagaran las deudas atrasadas y, al mismo tiempo, que pudieran cubrir a través
del FLA no solo la financiación de los vencimientos que tienen, sino también los déficit del ejercicio, habida cuenta de que las comunidades que están dentro del FLA tienen problemas para acudir a los mercados, con el objetivo de satisfacer la
necesidad financiera de pagar a los proveedores, ya que dicho déficit tiene que transformarse en deuda para poder pagar.
No es libérrima la decisión que tienen que tomar las comunidades autónomas en cuanto a materia de pago, está regulado a través de una resolución de 13 de abril de 2012 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica Local, por la cual se
publica el acuerdo del 6 de marzo de 2012 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí se establece, al igual que dentro de la normativa reguladora del Fondo de liquidez autonómica los conceptos que pueden ser pagados y, en consecuencia, las
comunidades autónomas como las corporaciones locales tienen que atenerse a lo que está dispuesto ahí para poder ser abonado. El mecanismo es el siguiente: necesariamente tiene que haber una certificación del interventor general de la comunidad
autónoma o del ayuntamiento en cuestión que indique que los pagos que se proponen son adecuados a la normativa prevista. En consecuencia, se atienen al orden de prelación que indica la normativa prevista. Las comunidades autónomas remitían al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esa relación certificada por el interventor general en la que figuraban las obligaciones reconocidas y desde ese momento nosotros fiscalizamos las actuaciones que ya ha inspeccionado la intervención
general, es decir, verificamos el cumplimiento de la normativa que ya ha tenido que hacer el interventor general de la comunidad. ¿Por qué? Porque respetamos el Estado de derecho, el Estado autonómico y las certificaciones de la intervención
general de la comunidad autónoma, las verificamos, las comprobamos y las analizamos sin llevar a cabo una actuación duplicada. Hay una auditoría en la que se analizan los datos, como usted bien conoce, y de ahí se sacan las correspondientes
consecuencias. La técnica de gestión es exactamente la misma en relación con Valencia que pueda haber con Andalucía, con Cataluña o con el resto de las comunidades autónomas sujetas al Fondo de liquidez autonómica. Por tanto, igual método de
funcionar que es el adecuado en el Estado de derecho.
También se interesaba usted en alguna de las preguntas escritas por la circunstancia de que se habían abonado facturas al Banco de Valencia y Bancaja con cargo al Fondo de proveedores. Efectivamente, cuando un contratista, que es un
proveedor de los servicios, ha transmitido el derecho de cobro a una entidad financiera, lógicamente la entidad financiera tiene que cobrar, porque tiene la misma posición jurídica que el contratista que ha prestado el servicio a la comunidad. Esos
pagos se llevan a cabo en la condición de cesionario y así es como figura exacta y estrictamente en la normativa que lo regula. Por ello, el apoyo financiero a comunidades como pueden ser Valencia o Cataluña permiten que las farmacias estén
surtidas, que los centros concertados reciban la pertinente financiación en materia sanitaria, que los proveedores de servicios de la Administración cobren en todas las comunidades autónomas, porque el aval del Estado hace que se pueda llevar a cabo
unas operaciones financieras que, en otros casos, dado el rating que tienen determinadas comunidades, les sería imposible llevar a cabo y además sería más barato. Eso sin tener en cuenta el apoyo último acordado por el Gobierno de la nación de la
rebaja de tipos al 1 % lo cual supone sin duda un apoyo financiero extraordinario equivalente a una subvención a dichas comunidades autónomas que por mor de su situación tienen que estar dentro del Fondo de liquidez autonómica y que ven mejorada su
capacidad de gasto en relación con el conjunto de su presupuesto, tal
y como se explicó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Razón por la cual no se llevaron a cabo las aprobaciones de los planes de ajuste de las comunidades autónomas, entre ellas de la Comunidad Valenciana. Cuando habla del
informe de Airef, aunque como bien sabe podría no contestar, puesto que no es una pregunta planteada, no tengo ningún inconveniente en decirle que en este mes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se llevará a cabo el estudio,
votación y, en su caso, aprobación de los planes de ajuste remitidos y que, en este momento, están siendo objeto de negociación con todas las comunidades autónomas que tienen que llevar a cabo la pertinente actuación, así como distintas medidas ya
anunciadas por el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que van a tener que ver con un fortalecimiento de los gastos en sanidad. De modo y manera que haya un tope de gasto sanitario garantizando la incorporación de la última o más
puntera medicina que pueda existir sin que haya desviación al alza que ha habido en otros momentos, así como una formulación que permita que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo una renovación de todo el instrumental que tiene que ver con
la más eficiente prestación de la salud y que no le costará crédito presupuestario alguno a las comunidades autónomas. Va a haber un auténtico plan de choque de la sanidad que se verá dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que no
costará un céntimo de euro adicional a ninguna comunidad autónoma, ya que forma parte de las negociaciones que el Gobierno de España está en este momento alcanzando. Ya las ha alcanzado con Farmaindustria y con Fenin, que son dos grandes
instituciones que agrupan a proveedores de medicamentos o de equipos sanitarios. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se explicará por parte del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas con el objetivo de que voluntariamente, como
no puede ser de otra manera, estamos en un Estado autonómico, se puedan adherir a estos mecanismos que, sin duda, les va a permitir que tanto en Valencia como en el resto de comunidades autónomas, estén incluidas en el FLA o no, puedan llevar a cabo
esa mejora en su gasto en materia sanitaria que, como saben ustedes, por los datos de liquidación de presupuesto es el gasto más expansivo dentro del gasto autonómico, lo viene siendo desde hace muchos años, y, en buena medida, es responsable de la
situación de déficit que tienen las comunidades. Hemos llevado a cabo una articulación de dos mecanismos que van a atajar de modo radical esta circunstancia y garantizar al mismo tiempo los últimos y mejores medicamentos y aparatos para que haya
una mejor sanidad en España, que ya es fantástica, pero sin duda alguna la sanidad pública a partir de los acuerdos que se formalizarán y que entrarán en funcionamiento a primeros del próximo ejercicio 2015 traerán consigo esta circunstancia que
necesitan y requieren todos los ciudadanos, porque es uno de los servicios esenciales del Estado del bienestar y que merecen este apoyo. Sin perjuicio todo ello, también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha avanzado que se
informará a las distintas comunidades autónomas de distintas operaciones financieras tendentes a la mutualización de la deuda de las cuales tendrán como consecuencia una mejora de los tipos de interés y una mejora de los vencimientos de la misma, lo
que supondrá también que haya una situación presupuestaria mejor para el año 2015. Sin olvidar que las Cortes Generales hasta este momento -falta el trámite en el Senado- tienen aprobada una mejora en la financiación autonómica de nuestras
comunidades autónomas. No ocurrió lo mismo en este ejercicio. Con la conjunción de todos estos temas, muchos de ellos de imposible conocimiento por parte del Airef, porque todavía no han sido aprobados por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, una vez que están incorporados dentro de los planes de ajuste permitirán esa reducción del gasto y acercarse a ese cumplimiento del objetivo presupuestario sin que haya una minoración en la calidad de los servicios que se van a prestar a
los ciudadanos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor Beteta, por su información. En primer lugar, ¿le parece razonable que con el Fondo de liquidez autonómica se hayan pagado 1,3 millones de euros a los clubes de fútbol? A esto no me ha
contestado. En segundo lugar, ya que ha aceptado un debate, que es razonable en términos democráticos, ¿va a exigir más ajustes a las comunidades autónomas señaladas por el informe por la superación del objetivo del déficit? En tercer lugar, si
tuviéramos algunas comunidades autónomas -y en concreto la Valenciana- la financiación que le corresponde para la prestación de los servicios públicos esenciales ni el FLA ni el Fondo de proveedores hubieran sido necesarios, hubieran sido necesarios
en esa parte que tiene que ver con la pésima gestión del Gobierno autonómico. Por lo demás, no se hubiera tenido que acceder a estos fondos. Respecto al aumento de este presupuesto de la financiación autonómica, si estamos hablando del 1 %,
realmente es francamente insuficiente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): En mi opinión la gestión del Gobierno de la Generalitat Valenciana es, no solo correcta, sino brillante con las circunstancias que está teniendo en este momento.
Ha conseguido una reducción del 50 % del déficit público, que tenía, y, en consecuencia, un esfuerzo tan grande en materia de gestión es difícil verlo en otras comunidades autónomas con excepción de Castilla-La Mancha, que también ha obtenido
importantísimos esfuerzos en materia de reducción del déficit público. Distinta es la situación del déficit con la que se encuentra la comunidad con el nivel de gestión que tiene su Gobierno, que este caso le puedo asegurar que ha hecho esfuerzos
muy importantes y significativos para atajar este hecho y estas circunstancias.
Cuando se pagan determinadas facturas lo que el Gobierno de la nación mira es: ¿Se ajusta a lo que indica la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está concretado en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
asuntos económicos o el acuerdo de la secretaría general de coordinación autonómica y local que después se concreta? ¿Sí o no? Sí, forma parte de lo que es financiable. ¿Por qué forma parte de lo que es financiable? Porque es un proveedor de
servicios y como ello tiene derecho a cobrar. La priorización no le corresponde al Gobierno de España, sino que le corresponde velar por la legalidad del pago que se hace y es legal.
¿A quién corresponde establecer un juicio de valor sobre la priorización? Al Parlamento denominado Cortes Valencianas. Ahí es donde tienen que hacerlo. Como usted comprenderá no estoy sujeto al control parlamentario de las Cortes
Valencianas, usted no es diputado de las Cortes Valencianas y en consecuencia ni usted puede someter a juicio de valor el trabajo de las Cortes Valencianas ni yo juzgarlo tampoco, porque sería ir contra el Estado de derecho y contra la Constitución.
Usted respeta el estatuto de autonomía de su comunidad y yo el de su comunidad y el de todas las comunidades autónomas. Me permitirá que lo que es únicamente susceptible de control de oportunidad -su pregunta es control de oportunidad- le
corresponde al Parlamento de Valencia, denominado Cortes Valencianas, y que lo que corresponde a las Cortes Generales y a este ministerio es el control de legalidad. Le puedo garantizar que se han verificado los gastos que están ya certificados por
la Intervención General de la Comunidad Valenciana, que es el control de legalidad que me corresponde hacer y que corresponde ver a las Cortes Generales, el resto es alterar el Estado de derecho. Señoría, intentar suplantar desde las Cortes
Generales la labor, que debe ser insuficiente, que lleva a cabo su grupo parlamentario en cuanto al control del Gobierno de la Generalitat Valenciana es un camino equivocado. (Aplausos).
- CUANTÍA EN LA QUE SE HAN ALTERADO LAS CIFRAS DEL DÉFICIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA A RAÍZ DE LA INVESTIGACIÓN ABIERTA POR LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LAS CIFRAS INICIALMENTE COMUNICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VALENCIANA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055586). (Número de expediente 181/002078).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura como número 9 del orden del día, referida a la valoración del déficit de la Comunidad Valenciana, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Lejos de mí, señor Beteta, intentar suplantar a nadie. No intente usted suplantar tampoco los esfuerzos, porque los esfuerzos no son del Gobierno valenciano sino de los valencianos que ahora tenemos un 14 % menos de
renta per cápita en relación con la media nacional de cuando ustedes empezaron a gobernar. Esos son los que están haciendo esfuerzos. Como sabe, el pasado mes de julio la Comisión Europea anunciaba que abría una investigación a la Comunidad
Valenciana por manipulación estadística. La sanción podría ascender a 2.000 millones de euros, además de suponer una revisión de los datos de déficit y deuda que afectarían a los compromisos adquiridos por España en el pacto de estabilidad. La
existencia de gasto no contabilizado, de gasto oculto, ha sido una práctica sistemática de la Generalitat Valenciana estos últimos veinte años. Los ha denunciado reiteradamente la oposición en las Cortes Valencianas, pero sobre todo lo fundamental
es que lo ha constatado la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Para que todo el mundo lo entienda, había gastos que no se anotaban en ningún sitio, había facturas que quedaban en el limbo, al margen de cualquier registro. Además
esta fue una práctica que se inició bastante antes de la crisis. En 2007 empezaron a aparecer a la luz gastos ocultos del trienio 2002-2004 por 847 millones de euros; en 2008,
145 millones de euros; en 2009, 766 millones de euros y cuando estalla finalmente la crisis la situación se hace absolutamente insostenible. En la caja B empiezan a acumularse centenares de millones de facturas sin pagar. Tres años
después, en 2012, cuando la Generalitat se ve obligada a aflorar las facturas para pagarlas con cargo a los préstamos del Estado, el volumen era tal que afecta incluso como se ve a las cifras del déficit de España.
Señorías, la única forma de reparar este daño sobre la imagen de España y la maltrecha imagen de la Generalitat Valenciana es investigar lo sucedido, establecer mecanismos para que nunca vuelva a pasar y asumir las responsabilidades
correspondientes. Está en juego la credibilidad de nuestras estadísticas y, en esa posición, el silencio del señor ministro no es la respuesta adecuada. El señor Montoro no quiso comparecer cuando se lo pedimos en julio, no ha querido responder
por escrito y estamos escuchando sus explicaciones, que esperamos que nos dé. No solamente no se dan explicaciones, sino que en los medios de comunicación leemos que pretenden que no se investigue lo sucedido, acudiendo al Tribunal de Justicia para
que se anule dicha investigación.
Yo sé -y usted sabe perfectamente- que quien ha engañado sistemáticamente ha sido el Gobierno valenciano, pero el silencio que mantienen y su cuota de investigación hacen surgir dudas razonables sobre la complicidad de su Gobierno. ¿Quién
descubrió la manipulación? ¿Cuándo se descubrió? ¿Han abierto algún tipo de investigación? ¿Puede garantizar el ministerio que esa práctica de ocultación de facturas ya no se produce? ¿Cuál es el impacto de la revisión de esas cifras en el
déficit de la Comunidad Valenciana? Son estas preguntas, pendientes de responder y que son fundamentales para devolver la credibilidad de nuestras estadísticas y espero que ahora usted nos las clarifique.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): La Comunidad Valenciana está en una franca recuperación de su producto interior bruto. Esto está afectando al turismo, que es interior, y el conjunto de la crisis
económica que ha sufrido nuestro país ha hecho que en numerosas instalaciones no hayan tenido el nivel de ocupación que en otros momentos se ha dado. Igualmente usted conoce el boom de la construcción que hubo en su comunidad, no solo me refiero a
la construcción directa, sino también a otros elementos adicionales, como cerámica y demás propios de su región, que obviamente se vieron paralizados. En consecuencia, la recuperación económica que estamos viviendo en estos momentos y que incluso
se está produciendo, de forma tibia, en el sector de la construcción traerá -y está trayendo ya- importantes mejoras en la recaudación del impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto adelantado sobre la recuperación económica, que
posteriormente vendrá una importante recuperación de empleo. Le recomiendo que crea más en su comunidad autónoma, porque su Gobierno está trabajando mucho y bien junto con el Gobierno de España para sacarla adelante.
En relación con el punto primero -y sustancial- de su pregunta, la notificación de los datos de déficit y deuda pública de España a la Comisión y a Eurostat se realiza en el marco del Reglamento CE/479/2009, del Consejo, de 25 de mayo de
2009. En él se regula la aplicación del protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. Es un documento anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del conjunto de la normativa relacionada. Conforme al artículo
3 del citado reglamento, los Estados miembros tienen que notificar a Eurostat los datos de déficit público y los de deuda pública dos veces al año. La primera provisional antes del 1 de abril de cada año y la segunda, con más datos concretos, antes
del 1 de octubre. Además el artículo 6 señala que los Estados miembros informarán a la Comisión, a través de Eurostat, en cuanto dispongan de ella de cualquier revisión importante de las cifras reales o de previsiones de déficit y deuda que ya
hayan comunicado anteriormente. A finales de marzo del año 2012 España notificó a la Comisión Europea, vía Eurostat, los datos de déficit público del año anterior, del año 2011, y anteriores que estaban elaborados conforme a la información que
previamente nos habían remitido las comunidades autónomas. A finales de abril de 2012, con posterioridad a la notificación a la Comisión y a Eurostat, la Intervención General de la Administración del Estado recibió una información actualizada
relativa a las cifras de la Comunidad Valenciana. Esta comunicación implicaba una revisión al alza de las cifras de déficit de los años anteriores. Esta revisión supuso un aumento del déficit en la Comunidad Valenciana de 1.999 millones de euros,
de los cuales 1.030 correspondían a gastos devengados en el ejercicio 2010 y anteriores. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento CE/479/2009, esta revisión fue comunicada a Eurostat y a la Comisión Europea a principios de mayo del año 2012. Como
consecuencia de dicha emisión de datos que se hizo por parte del Gobierno de España a Eurostat, esta realizó distintas visitas a España para esclarecer cuáles eran las causas que provocaron las mismas y estas están siendo
estudiadas por dicha institución europea. Tenemos que aclarar, concretar y reafirmar lo siguiente: ¿Por parte de quién se ha realizado la revisión de las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana? De las autoridades estadísticas
españolas, es decir, el INE, la IGAE y el Banco de España. Se ha realizado por propia iniciativa de quién, de las autoridades estadísticas españolas: el INE, la IGAE y el Banco de España. Como consecuencia de qué, de una nueva información
disponible que nos ha venido por parte de la Generalitat Valenciana, de su intervención. En ningún caso ha sido provocado por una solicitud de Eurostat. Le puedo garantizar que del proceso que lleve a cabo Eurostat del análisis de las cuentas en
ningún caso va a implicar una nueva revisión de los datos. Los datos son los que son. Están vistos, estudiados y analizados y se atienen a la cifra que antes les indiqué con esos plazos. Un global de 1.999 millones de euros, de los cuales 1.030
corresponden a los devengados en el ejercicio 2010 y anteriores. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Yo creo profundamente en mi tierra, porque me va mi vida en ello. Vivo allí, mi familia vive allí, por lo que cuanto mejor le vaya a mi comunidad, mejor nos va a ir a todos y a mí personalmente. Pocas bromas con este
asunto. Esta comunidad, que en estos momentos lidera, según el informe Foessa, la exclusión social con el 31 %, necesitaría la complicidad de verdad del Gobierno de España cambiando el sistema de financiación, entre otras cosas. Para que no
estemos por debajo en tantos indicadores de carácter social necesitaríamos un apoyo decidido del Gobierno que en estos momentos no tenemos. Me parece muy bien que las estadísticas españolas funcionen. No estoy poniendo en cuestión esto en ningún
momento. Lo que pongo en cuestión es simplemente el sistema que ha facilitado esto y que ustedes están realmente comprometidos para que no vuelva a pasar y se asuman las responsabilidades políticas de quien ha hecho esto, que es fundamental.
Finalmente, agradezco la amabilidad del presidente en todo este debate que hemos podido tener, ya que usted está representando aquí al señor Montoro, que no ha tenido a bien contestar por escrito estas preguntas, que no tiene a bien recibir
a los empresarios valencianos que hace meses que le han pedido una reunión, transmítale nuestra profunda indignación, de la sociedad valenciana, por el desprecio que supone no querer ni recibir a sus representantes empresariales. Estoy convencido
de que los valencianos sabrán tomar buena nota de su soberbia y su falta de respeto institucional. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Encantado le transmitiré al ministro sus palabras, que sin duda podré leerlo en el 'Diario de Sesiones', pero al mismo tiempo le digo que quien se ha reunido con
la patronal valenciana he sido yo. He tenido reunión con la Fundación Conexus en Madrid, justamente el día del debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y como estaban decenas de empresarios valencianos, incluidos todos los
representantes de la patronal, no me dejarán mentir. Hemos tenido esa comunicación. Como comprenderá, soy secretario de Estado de Administraciones Públicas y tengo alguna responsabilidad en relación con los problemas de la Generalitat Valenciana,
como me he trasladado en numerosas ocasiones por mi afinidad especial a la millor terreta del món, que es Alicante, hace que tenga una preocupación singular porque haya un desarrollo dentro de esa comunidad, de esa provincia y de esa ciudad. Eso
forma parte del trabajo y de una complicidad personal que no niego en este caso en absoluto. El Gobierno se ha dotado de una panoplia de instrumentos, que derivan del concepto de estabilidad presupuestaria. Concepto de estabilidad presupuestaria
que ustedes junto con el Partido Popular lo introdujeron entre todos en la Constitución española, del cual ustedes abjuran. Ahora dicen qué instrumentos quieren que nos dotemos. Si ustedes quieren que desaparezca el concepto de estabilidad
presupuestaria, caen en una absoluta y flagrante contradicción entre unas cuestiones y otras, porque sin ese concepto de estabilidad presupuestaria no hay concepto de pago a proveedores ni esa obligación de transparencia que tenemos, va todo unido.
Ustedes con un doble discurso -como suelen hacer- de carácter general quieren decir una cosa y la contraria. Cuando conviene dicen no quiero estabilidad presupuestaria, pero por otro lado que se tomen medidas serias impidiendo el andamiaje legal
que tomen las medidas. Este Gobierno está comprometido con la estabilidad presupuestaria, va a cumplir con el objetivo del déficit del año 2014, como lo hicimos en el año 2013, va a cumplir con el objetivo del año 2015 y va a trabajar, junto con
las comunidades autónomas, para que se cumplan los objetivos de déficit y que estén enmarcados y que vayan caminando en la senda
de la reducción del déficit público en aquellas que están muy alejadas, tomando las medidas pertinentes en este sentido. Desde luego, con el andamiaje legal que tenemos en este momento no pueden producirse en ningún caso sorpresas que
requieran una actualización de las cifras que se envían, porque el control que el ministro Montoro ha impuesto al conjunto de las comunidades autónomas en mecanismos como el Fondo de liquidez autonómica o el Fondo de pago a proveedores lo hacen
imposible. Otra cosa es lo que pasaba en años anteriores, cuando la falta de control y conocimiento hacía que determinadas cuentas no estuvieran anotadas en los libros en el momento procesal oportuno. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INVESTIGACIÓN ABIERTA POR LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF) RESPECTO A LOS PROYECTOS DAREDO Y DEPUTRANS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE OURENSE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/055650). (Número de expediente 181/002146).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 10 del orden del día, referida a la investigación abierta por la OLAF respecto a determinados proyectos de la Diputación Provincial de Orense. Para su formulación, tiene la palabra la
señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Señor secretario de Estado, es la primera vez que debato con usted, pero durante esta legislatura este grupo parlamentario ha formulado diversas preguntas sobre esta cuestión, he de decir que con escaso éxito;
incluso preguntamos en la sesión de control al señor Montoro, que admitió que había elevado el caso al fiscal general del Estado. Sabe usted que estamos hablando de un caso vergonzoso. Me estoy refiriendo a la investigación y a las conclusiones de
la OLAF respecto a los proyectos Daredo y Deputrans de la Diputación Provincial de Ourense, cofinanciados, como usted sabe, con fondos europeos. Usted calificó hace muy poco tiempo esta diputación de modélica, de ejemplar e incluso habló de campo
de pruebas por lo bien que gestionaba los fondos públicos. Esta investigación de la OLAF se puso en marcha bajo la presidencia del señor Baltar y la vicepresidencia de don Rogelio Martínez, que es el actual delegado de la Xunta de Galicia en
Ourense, el actual delegado del señor Feijóo en la provincia. El 20 de mayo, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local me respondió textualmente que el 8 de agosto de 2013 entró en la Dirección General de Fondos Comunitarios el
informe final sobre esta investigación de la OLAF. En ese informe la OLAF recomendaba proceder a la descertificación de la totalidad de las cantidades declaradas por la diputación. Esta fue la razón por la que el 6 de septiembre de 2013 la
Dirección General de Fondos Comunitarios inició el expediente de reintegro para la recuperación de la ayuda Feder recibida por la Diputación de Ourense, en torno a 10 millones de euros, señor secretario de Estado. Primero el 3 de octubre y después
el 27 de febrero de 2014, la diputación envió alegaciones al respecto, y el 20 de mayo estaban pendientes de resolución por la dirección general. El 23 de abril el abogado del Estado remitió informe sobre uno de los temas planteados en las
alegaciones que le hace la propia Diputación de Ourense, esto es, si habría que dejar en suspenso la vía administrativa a expensas del resultado de la posible vía penal, porque este caso está siendo investigado por la vía administrativa y también
por la penal. En función de este informe y de las alegaciones, la propia secretaria general de Coordinación Autonómica y Local me dijo en Comisión que la Dirección General de Fondos Comunitarios, en breve espacio de tiempo, emitiría resolución.
Esto fue, como le estoy diciendo, en el mes de mayo, y hasta hoy, señor Beteta. El Gobierno también dijo en esa respuesta a las preguntas del Grupo Socialista que desconocía la situación en la que estaba el caso en la Fiscalía. No sé si ahora
usted tiene alguna información. Lo que quiere el Grupo Parlamentario Socialista es que se arroje luz de una vez por todas sobre este caso horrendo, sobre un caso en el que -insisto- se está hablando de devolver 10 millones de euros que se habían
traspasado desde los fondos europeos a la Diputación Provincial de Ourense debido a un mal uso de los fondos públicos. No es la primera ni la segunda ni la tercera vez, usted lo sabe bien, aunque hable de diputación ejemplar, aunque hable de campo
de pruebas en la Diputación Provincial de Ourense. Antes de hacer este tipo de aseveraciones, debería informarse más sobre cómo funciona la Diputación Provincial de Ourense y sobre los casos que tienen abiertos en este momento no solo su presidente
y su expresidente, sino también su exvicepresidente y actual delegado de la Xunta de Galicia en Ourense.
Las preguntas que le formulamos después de todo este tiempo son muy sencillas. La primera: ¿En qué sentido se van a resolver las alegaciones de la Diputación Provincial de Ourense respecto al posible suspenso de la vía administrativa a
expensas del posible resultado de la vía penal? No es un tema menor,
ustedes lo saben bien, y tienen que resolverlo. La segunda: ¿Ha emitido la Dirección General de Fondos Comunitarios resolución sobre este asunto? La tercera: ¿Cree el Gobierno que se deberían depurar responsabilidades en este caso o más
bien va a optar por dilatar o paralizar el procedimiento?, porque esa es la sensación que tienen no solo el Grupo Socialista sino la inmensa mayoría de los ciudadanos de mi provincia. Otra pregunta, y ya término: ¿Qué entiende el Gobierno por
emitir una resolución en breve plazo?, porque breve plazo fue la expresión que utilizó la secretaria general en el mes de mayo, pero estamos en el mes de diciembre y todavía no tenemos constancia de que esa resolución se haya emitido. Por último,
señor Beteta, me gustaría saber -insisto-, ya que el Gobierno adelantó en la fecha de la formulación de la pregunta en el Congreso que no tenía noticias sobre la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía, si usted tiene más información
que nosotros, es decir, si tiene alguna información respecto a cómo va en este momento la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre este caso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señora diputada, efectivamente he tenido el honor de leer en el 'Diario de Sesiones' la formulación de la pregunta que planteó en este mismo sentido el 27 de
noviembre al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que ya le contaba cuál era la situación. Lógicamente a lo largo del tiempo ha ido avanzando, por lo que le voy a dar cuenta de cómo está el expediente en este momento.
Como usted sabe bien, la OLAF, en su informe sobre la investigación abierta respecto a los proyectos Daredo y Deputrans, efectuó unas recomendaciones y la Dirección General de Fondos Comunitarios dictó un acuerdo de inicio de reintegro. Ese
acuerdo se notificó en fecha 16 de septiembre del año 2013. En dicho acuerdo se solicitó la descertificación de la totalidad de las cantidades correspondientes a Feder, certificadas por la Diputación de Ourense en ambos proyectos, que ascendían a
8.873.109,03 euros en el proyecto Daredo y a 1.249.944 euros en el proyecto Deputrans. Pues bien, dicho acuerdo fue remitido -estamos en un Estado de derecho- a la Diputación de Orense para la presentación de eventuales alegaciones y ha concluido
con la emisión, con fecha 30 de junio de 2014, de una resolución por parte de la Dirección General de Fondos Comunitarios. En esa resolución de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por la cual usted se interesaba, se desestiman las
alegaciones presentadas por la Diputación Provincial de Orense y se acuerda el reintegro de la cantidad de 10.123.053,03 euros. Con posterioridad, el 1 de septiembre del año 2014, la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense remite a la
Dirección General de Fondos Comunitarios la solicitud de dicha diputación de aplazamiento y compensación de la deuda. Atendiendo a tal solicitud, con fecha 16 de septiembre de este año, la Dirección General de Fondos Comunitarios envió una carta a
la Diputación de Orense proponiendo la compensación de parte de los 10.123.053,03 euros con pagos de subvenciones Feder, de los cuales la Diputación de Orense es beneficiaria y que no le han sido abonados, por un importe de 4.924.599 euros; es
decir, la diputación tendría todavía que reintegrar la cantidad de 5.198.454,03 euros. El 20 de octubre de este año se recibió un escrito de aceptación por parte de la Diputación Provincial de Ourense, pero entre medias, el día 17 de septiembre, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite el procedimiento contencioso-administrativo por el cual la Diputación de Orense impugnaba la resolución de acuerdo de reintegro de la Dirección General de Fondos Comunitarios y, a través de
ese escrito, que se recibe en el Tribunal Superior de Justicia, se solicita la suspensión cautelar del acto impugnado. El 4 de noviembre, señorías, se recibe una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende la ejecución. En
consecuencia, al haberse suspendido la ejecución por parte del tribunal, estamos a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida. Por tanto, ha habido celeridad y tramitación administrativa; ha habido una resolución por parte
de la Dirección General de Fondos Comunitarios; en un Estado de derecho, la diputación ha recurrido en una instancia administrativa, hasta llegar a un acuerdo de compensación parcial con cantidades pendientes de abono por parte de la Diputación de
Orense y, días después, la justicia ha indicado que debe paralizarse y suspenderse la tramitación del expediente. En ese sentido, entendemos que este ministerio, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, ha dado cumplimiento a los
requerimientos de la OLAF, que están paralizados por orden judicial. En consecuencia, es al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que le corresponde resolver sobre esta materia. En la vía penal, señoría, no tengo ninguna información que
darle. Es un órgano que no depende de nosotros y estamos sujetos, como todo el mundo, a su ritmo y a sus actuaciones, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho con división de poderes como este en el que nos encontramos.
El señor PRESIDENTE: Señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Gracias, señor Beteta, por su información. Lo decía en mi intervención y además es la misma conclusión que se extrae de las preguntas que le formulo y de la exposición de motivos de la iniciativa: Sin duda alguna,
ustedes han estado jugando a pasarse la pelota, a dilatar el proceso. Esa es la sensación que tiene el Grupo Socialista. En un contencioso como este es bastante sencillo pasarse la pelota alegación tras alegación, dilatando los tiempos hasta que
la resolución de paralización -insisto- temporal acalle lo que ya no es un rumor, lo que sabe todo el mundo, lo que sabe toda mi provincia, lo que saben probablemente todo el Partido Popular y todo el Gobierno, y es que en la Diputación Provincial
de Ourense, señor Beteta, se cometió fraude con fondos europeos. Fíjese, no es la primera vez. Don Rogelio Martínez, el vicepresidente que gestionó estos dos proyectos, Daredo y Deputrans, ha sido condenado por malversación de fondos públicos en
su época de alcalde y presidente de un grupo de acción y desarrollo de fondos europeos en su comarca. Fíjese, ha sido condenado y vuelve a estar imputado por este caso. Ustedes siguen tapando esta porquería -permítame la expresión, señor
presidente, porque todos entendemos a qué me estoy refiriendo con ella- para que aquí no pase nada, para ver si escurrimos el bulto y si esta vergüenza que todos y todas conocemos se puede paralizar de alguna forma. Esto está en los tribunales,
usted lo sabe bien; está en la vía administrativa, pero también en la vía penal. Solo le pregunto si considera que aquí hay responsabilidades políticas, señor Beteta. Sea usted secretario de Estado. Usted es un hombre político; es un técnico y
es un político. Usted es un secretario de Estado y forma parte del Gobierno, con mayúsculas, y tiene que tener la capacidad suficiente para decirme si aquí hay responsabilidades políticas o no las hay. Nosotros entendemos que las hay y vamos a
seguir trabajando en todos los ámbitos, en el político, pero también en el judicial, para esclarecer este caso vergonzante, porque -insisto- en la Diputación Provincial de Ourense, señor Beteta, llueve sobre mojado. Es inaudito que el señor
Martínez continúe siendo delegado de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense; es inaudito. No sé qué pasaría si esto afectase a otro partido, no sé qué pasaría si esto ocurriera en otras zonas de este país, lo que sí le digo es lo que
ocurre en mi provincia. Les pido que arrojen luz, que dejen de pasarse la patata unos a otros y que dejen de ser cómplices con una diputación que -insisto-, señor Beteta, no es ejemplo de nada, como usted dijo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Beteta Barreda): Señoría, evidentemente soy político. Estoy afiliado al Partido Popular desde el lejano 1979, por lo que algún año llevo ya en esto, pero no estoy en una tertulia,
estoy aquí compareciendo como secretario de Estado. Por ello, tengo que verter mis opiniones no como afiliado del Partido Popular sino como secretario de Estado de Administraciones Públicas y debo atenerme a la ley. Usted ha dado unas opiniones,
en uso de sus privilegios parlamentarios, que rozan, a mi juicio, la dignidad de las personas, ya que las cuestiones a las que se ha referido están todavía en tramitación. Habla de rumores. Rumores hay también en otras provincias. Si uno va desde
Despeñaperros hacia abajo puede escuchar todos los rumores que quiera, señoría. (Aplausos). ¿Qué quiere que le diga? ¿Hay una sentencia? No; luego, me callo. Puedo tener mi opinión, pero me callo, porque me atengo a la ley y no a los rumores.
¿Y qué me dice la ley? Que tengo que desarrollar con eficacia lo que la OLAF ha indicado, y hemos trabajado con eficacia. Hemos resuelto el expediente administrativo hasta el punto de llegar a tener una compensación de parte de la deuda por la
propia Diputación de Orense, es decir, hemos culminado totalmente. Mientras tanto, estamos en un Estado de derecho y han resuelto los tribunales de justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado el expediente y lo está
analizando en este momento. Más celeridad no puede haber. Complicidad, cero. Este Gobierno está empeñado en esclarecer la realidad; este Gobierno está absolutamente empeñado en que, si existe una responsabilidad en materia de gestión, el
responsable, ya sea del PP o del PSOE o de cualquier otro partido, dé cuentas a la justicia, porque el dinero no es ni del PP ni del PSOE ni de ningún otro partido, es de los españoles y, como es de los españoles, este Gobierno está empeñado en que
sea gastado con eficiencia o que quien haya utilizado torticeramente el puesto que tiene en representación de los ciudadanos lo devuelva. Por eso, señorías, niego y rechazo con toda radicalidad la acusación de complicidad que se hace al Gobierno de
España en esta circunstancia. Estamos haciendo todo lo que la ley indica. Hemos llegado al final de la tramitación del expediente administrativo y estamos pendientes de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Complicidad, cero.
Estamos ejecutando la ley. Estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, un dinero que se recauda por la vía
de los impuestos, que nos cuesta mucho pagar a todos y que se nos tiene que devolver en servicios. Vamos a exigir la responsabilidad pertinente a todo aquel que no cumpla con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión
de los fondos públicos. (Aplausos).
- DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ Y DOÑA LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, Y DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE COBRO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA DE EXTREMADURA DEL IVA DE LOS DERECHOS
DE PAGO ÚNICO DE LA PAC QUE SON TRANSFERIDOS A OTROS AGRICULTORES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/056058). (Número de expediente 181/002231).
El señor PRESIDENTE: La pregunta que figura como número 11 en el orden del día, referida al cobro por la Agencia Tributaria de Extremadura del IVA de los derechos de pago único de la PAC, ha sido contestada por escrito después de su
transformación en oral, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista, si no me equivoco, ha renunciado a su formulación. Se da por contestada.
Suspendemos la sesión por unos instantes, para despedir al secretario de Estado. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002461).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, con el debate y votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, para defender la proposición no de ley que figura con el número 12 en el orden del día, relativa al impuesto sobre
transacciones financieras, tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Para defender esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, relativa el impuesto sobre las transacciones financieras, voy a empezar con una pregunta: ¿Está España en
condiciones de renunciar a pelear, en el grupo de los once países que participan en el mecanismo de cooperación reforzada, por un impuesto no restrictivo sobre el capital especulativo? Pues bien, mi grupo cree que no. Deberíamos ser uno de los
países que abanderase el ITF, conocido popularmente como la tasa Robin Hood, y deberíamos abanderarlo desde el punto de vista más ambicioso, es decir, que se aplicase tanto a acciones, como a productos derivados y bonos, lo que permitiría que fuera
no solo una herramienta real de regularización del sector financiero, sino también un instrumento de recaudación, con una capacidad aproximada de obtener unos 4.000 millones de euros al año para nuestro país y unos 30.000 millones de euros en los
once países que están en la cooperación reforzada en estos momentos. Así lo ha expresado el Grupo Parlamentario Socialista en otra proposición no de ley que presentó en la Comisión de Cooperación Internacional y en una pregunta al ministro de
Economía en el Pleno del Congreso de los Diputados, a la que el ministro De Guindos, al día siguiente de la reunión del Ecofin de mayo, contestó que el Gobierno español había defendido el impuesto, gravando especialmente las derivadas sobre las
acciones, de manera a mi entender poco clara y poco convincente, escudándose en dificultades técnicas. Pues bien, hoy está reunido de nuevo el Ecofin, con una agenda larga e importante, en la que figuran el nuevo Fondo europeo para las inversiones
estratégicas, los 315.000 millones de euros adicionales de inversión, la aplicación de medidas para combatir la evasión fiscal y la ingeniería tributaria por parte de las multinacionales y, por último, el tema que nos ocupa en esta Comisión, es
decir, los progresos para poner en marcha el ITF. En este sentido, manifiesto mi preocupación por que se retrase de nuevo el calendario, porque en principio el objetivo era que se pusiera en marcha el 1 de enero de 2015 y esto desgraciadamente ya
no va a ser posible. Como país, no podemos permitirnos el lujo de no pelear hasta la extenuación por esos ingresos que podemos conseguir del sistema financiero. Un impuesto sobre las transacciones financieras que incluyese el mayor número posible
de productos financieros serviría no solo de mecanismo para desincentivar la especulación financiera, que tan fuertemente ha afectado a nuestro país, sino también como un instrumento de recaudación para luchar contra la pobreza y la desigualdad
dentro y fuera de nuestro país, como demanda gran parte de la sociedad civil europea; más de mil organizaciones constituyen la plataforma en favor de este impuesto y muchas de ellas son españolas. Las noticias que tenemos son que,
inexplicablemente, tres países del sur, entre los que está España, siguen intentando limitar el alcance de este impuesto, para que solo grave acciones y deje fuera los bonos y los productos derivados. Las supuestas dificultades técnicas para la
aplicación no
pueden esconder una falta de coraje político e incluso de independencia política. Es la voluntad política la que tiene que actuar en la elusión impositiva y eso es lo que pedimos al Gobierno de España y a los miembros del Ecofin. Estamos
llenos de razones, máxime en un día como hoy, en el que la OCDE nos dice que España es el país en el que la brecha de desigualdad ha crecido más. El incremento de la pobreza nos indica que las familias con menos ingresos se quedan atrás y esto
tiene solo una posibilidad correctora: la lucha eficaz contra la evasión fiscal y el refuerzo del papel de los tributos sobre la riqueza y la propiedad, incluyendo la transferencia de activos. Lo dice la OCDE, que en el mismo informe continúa
diciendo que las políticas redistributivas no reducen el crecimiento económico, en el peor de los casos son neutrales, y termina afirmando que concentrarse exclusivamente en el crecimiento -como venimos oyendo estos días que plantea el señor Rajoy-
y asumir que sus beneficios se filtraran automáticamente a los diferentes segmentos de la población puede debilitar ese crecimiento a largo plazo en la medida en que la desigualdad aumente.
En definitiva, esta proposición no de ley insta a hacer política con valentía y sin miedo, para que el capital especulativo, que tanto tiene que ver con las causas del actual incremento de la pobreza y la desigualdad, contribuya de una vez,
a través de los impuestos, como el resto de la actividad económica, a amortiguar los efectos de la crisis y a fortalecer los instrumentos públicos que implementan la igualdad y luchan contra la pobreza. Por eso no podemos comprender que el Gobierno
de España no se ponga a la cabeza de la defensa de estas políticas, porque al margen de la ideología está la defensa de los intereses de nuestro país en la situación concreta que tenemos en estos momentos. Si no defiende el interés general de los
españoles frente a los movimientos especulativos del sistema financiero, la pregunta que nos hacemos es qué intereses defiende el Gobierno y por qué. Por eso hago un llamamiento a los grupos de la Cámara y especialmente al Grupo Popular para que se
sumen a esta causa impositiva y aprueben esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La idea de crear un impuesto sobre las transacciones financieras, originada en el economista Tobin, se ha venido debatiendo desde hace algún tiempo en las instituciones europeas. La Comisión, en septiembre del año
2011, hizo una propuesta de directiva; el Parlamento Europeo emitió un dictamen en mayo de 2012 aún más ambicioso que la propuesta inicial de la Comisión, y ante la falta de unanimidad de los Estados miembros, once países, entre ellos España, han
recurrido al procedimiento de cooperación reforzada para poner en marcha esta tasa a las transacciones financieras.
Las razones que avalan la creación de un impuesto de este tipo son muy numerosas: en primer lugar, armonizar los impuestos, porque en algunos países, como Italia, Francia e incluso el Reino Unido, hay diferentes versiones de esta tasa en
funcionamiento; en segundo lugar, desincentivar la especulación, la volatilidad de los mercados financieros, porque esta especulación se basa en operaciones muy frecuentes y por tanto se vería afectada por un impuesto que, aunque pequeño, grava
numerosas operaciones, a veces intradía; en tercer lugar, tiene un claro efecto recaudatorio -la Comisión estima en 30 o 35.000 millones al año la posible recaudación; en el caso de España estaríamos hablando de unos 5.000 millones- y, por último,
es una tasa que cae sobre el sector financiero, por lo que ayudaría a recuperar parte de las ayudas que ha recibido y a mejorar su estabilidad en el futuro desincentivando la especulación. Por todos estos motivos, Unión Progreso y Democracia apoya
la idea de la tasa a las transacciones financieras. Lo hicimos en nuestro programa electoral, lo han hecho nuestros compañeros en el Parlamento Europeo en los sucesivos debates y lo hemos hecho también en las últimas propuestas de reforma fiscal,
eso sí, señalando que debe ser un impuesto con un ámbito geográfico lo más amplio posible para evitar los fenómenos de deslocalización.
La propuesta de la Comisión incluía entre sus detalles un tipo del 0,1 % para bonos y acciones y del 0,01 % para derivados, es decir, incluía claramente los derivados. La propuesta del Parlamento Europeo era incluso más amplia. Por eso
sorprende la noticia sobre el cambio de postura del Gobierno español, que no quiere apoyar ni siquiera la más restrictiva de estas propuestas, que era la de la Comisión, y parece que defiende un impuesto centrado en las acciones pero que excluya los
derivados financieros. Por eso, Unión Progreso y Democracia formuló hace unos días una pregunta por escrito para interesarse por el motivo de este cambio de postura, porque es difícil de entender. Desde luego, no lo apoyamos en absoluto. Nos
parece que es estar por debajo de las propuestas menos ambiciosas realizadas por las instituciones europeas, por debajo de la propuesta de la Comisión. Lamentamos también este cambio de postura por el retraso que añadirá a un impuesto que ya se ha
retrasado demasiado, puesto que estaba
pensado para entrar en vigor el 31 de diciembre de 2014, y todos estos cambios de postura indudablemente alargarán el proceso negociador.
Estos son los motivos que nos van a llevar a votar favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Simplemente quiero añadir, puesto que hemos tenido este debate en otras ocasiones, que mi grupo votará a favor de esta proposición no de ley, porque compartimos el fondo de la misma, que expresa la necesidad de
aplicar un nuevo impuesto a las transacciones financieras en el ámbito europeo, especialmente por motivos que tienen una larga historia. Hay que recordar que este impuesto se conoce habitualmente como tasa Tobin, cuando realmente Tobin es un
economista bastante moderado, a nuestro juicio, lo que expresa que es una necesidad histórica. También hay que recordar que la asociación Attac fue fundada en 1998, en un momento en el que en España se vivía el inicio de la burbuja inmobiliaria y
estas cuestiones se dejaban absolutamente de lado. Pues bien, en ese momento, a nivel internacional ya se reclamaba un impuesto a las transacciones financieras. Desgraciadamente, la crisis económica ha puesto de relieve todas las imperfecciones
del diseño institucional de la Unión Europea, dentro de las que se sitúa claramente la relación entre el sistema productivo y el sistema financiero, y, a nuestro entender, este impuesto a las transacciones financieras viene a corregir una parte,
aunque no el todo. Insistimos en que no es una panacea, ni mucho menos, pero sí es un instrumento útil porque se trata de una herramienta recaudatoria, aunque pensamos que es mucho más útil para la desincentivación de la especulación, porque sirve
para reducir el margen de ganancia del sistema financiero y, por tanto, generará una serie de incentivos diferentes de los que a día de hoy están llevando a los capitales a moverse hacia los espacios de la especulación en los mercados financieros,
especialmente en los más complejos, como son los derivados, y poder canalizar ese flujo de capitales hacia elementos más importantes para la economía productiva. El fin de un impuesto sobre transacciones financieras debería ser no solo el afán
recaudatorio para poder suplir la falta de un buen diseño del sistema fiscal, sino servir para realizar una nueva arquitectura institucional en el marco de la Unión Europea.
Como hemos defendido esto históricamente y creemos que ahora ha quedado como una propuesta verdaderamente moderada, pensamos que es necesario aplicar esta tasa. Sorprende que el Gobierno del Partido Popular haya renunciado a aplicar, de
forma mínimamente estricta, dentro de los parámetros de la Comisión Europea, que no son los del Grupo de La Izquierda Plural, un instrumento que resulta moderado y beneficioso para las economías de la periferia de Europa; parece que obedece más a
los intereses financieros del propio país que a los de la mayoría de la sociedad. La ciudadanía necesita una economía productiva que esté al servicio de la gente y no un sistema financiero que esté parasitando al sistema productivo y al Estado.
Esta es una herramienta que puede contribuir -no lo resolverá, pero puede contribuir- a detener ese proceso de parasitismo que están realizando el sistema financiero y las grandes fortunas vinculadas a él sobre la economía productiva y sobre la
democracia.
Por estas razones, mi grupo votará a favor.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Quiero resaltar la oportunidad de la iniciativa que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Socialista, ya que el Ecofin de hoy debía tomar la decisión sobre el diseño definitivo del impuesto sobre transacciones
financieras, pero la señora Monteserín nos ha dicho que parece que se va a alargar un poco más. Que once Gobiernos europeos de distintas orientaciones ideológicas y políticas apuesten por la puesta en marcha de la tasa nos parece muy positivo. Y
no es menor que una propuesta que durante muchos años se ha situado en el campo de la doctrina académica ahora pueda convertirse en realidad. Es importante y me parece que debemos alegrarnos por ello; creo que el Grupo Parlamentario Socialista
también lo hace.
Podemos entrar en las críticas sobre que la apuesta queda lejos de las expectativas que se tenían, tanto en relación con el número de operaciones que van a quedar afectada o no por este impuesto, como por los tipos que se vayan a aplicar, o
en la crítica sobre su insuficiencia, hecha por aquellos que entienden que una tasa de estas características va a suponer dificultades en el funcionamiento de la economía en general, como riesgos de desplazamiento de los sectores económicos
vinculados a la economía financiera
de los países que vayan a aplicarla, o incluso dificultades para los pequeños inversores que puedan verse más perjudicados por este tipo de impuesto, pero mi grupo valora muy positivamente la futura aprobación de la tasa de transacciones
europeas, porque pone de manifiesto dos cosas importantes. En primer lugar, que el sector financiero tiene responsabilidades y debe coadyuvar en la resolución de las consecuencias de la crisis económica. En segundo lugar, que hay un núcleo
importante de Estados miembros de la Unión Europea que están dispuestos a contribuir en la construcción de un modelo fiscal común, más allá del propio impuesto europeo, que es el impuesto sobre el valor añadido.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista reclama una mayor ambición en el ámbito objetivo, y lo podemos compartir. Ha sido un tema reiteradamente debatido, por ejemplo, en la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo, a la que pertenecemos la señora Monteserín y yo, a través de la presentación de varias iniciativas. Hablando de estas iniciativas que han sido debatidas y votadas en la Comisión de Cooperación, nos hubiera gustado que
se incluyera en esta proposición no de ley el destino de los recursos que se obtengan por la aplicación de la tasa, y siempre hemos hablado de la lucha contra la pobreza, tanto en España como en el exterior, y de la lucha contra el cambio climático.
Por ello, me permito formular, si cabe, una enmienda in voce con estos dos puntos relacionados con el destino de todos aquellos recursos que se obtengan por la aplicación de la tasa.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer una aclaración. Al ser el lunes día festivo, ha habido muy poco plazo para la presentación de las enmiendas y, por tanto, vamos a admitir las enmiendas in voce. Antes de las votaciones, preguntaré a los
titulares de las iniciativas si las aceptan o no. Digo esto para dar mayor flexibilidad al trámite.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Después de escuchar las intervenciones de los distintos portavoces, la verdad es que creo que los objetivos son comunes y compartidos. Por eso nos causa bastante sorpresa la insistencia del Grupo Socialista de
presentar una iniciativa que realmente, como ha dicho su portavoz, no es novedosa en esta Cámara. Esto nos hace sospechar que el Grupo Socialista únicamente persigue hacer planteamientos fiscales de venta fácil y rápida, como últimamente nos tienen
acostumbrados, porque ya el pasado 6 mayo fue debatida y rechazada en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo una propuesta similar. En aquella Comisión quedó claro que el Gobierno del Partido Popular ha manifestado reiteradamente su
apoyo a la implantación de una tasa de estas características en la Unión Europea. Creo que con esto contesto a la pregunta que hacía la portavoz del Grupo Socialista. No entendemos su insistencia porque el Gobierno de España ya está trabajando con
una determinación inequívoca en la implantación de esta tasa.
Todos ustedes saben los riesgos que conlleva la implantación de un impuesto de estas características de manera unilateral, porque podría acarrear consecuencias contrarias a los propios intereses de España. Por si acaso, recuerdo a los
distintos portavoces que con la implantación unilateral de esta tasa existe un riesgo de deslocalización de nuestros recursos financieros y de nuestros ahorros, lo que evidentemente supondría una pérdida de eficiencia en el funcionamiento de
nuestros mercados financieros. Además, estamos hablando de cosas muy serias, como, por ejemplo, de someter a gravamen el ahorro de los españoles. Por tanto, es necesario ir con prudencia, valorar los costes y los riesgos asociados e ir implantando
este impuesto de manera gradual y, a ser posible, en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Señorías, me gustaría hacer un repaso de la posición del Gobierno de España en relación con este impuesto, porque parece que algunos de los portavoces no lo recuerdan muy bien o no se han enterado. En los últimos meses el Gobierno del
Partido Popular viene desarrollando esfuerzos para alcanzar un acuerdo que conduzca a una mayor integración europea fiscal y financiera -también, señora Monteserín, en la lucha contra la evasión fiscal en el ámbito internacional-, lo que comprende,
por supuesto, una mayor armonización fiscal, en particular para el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras. España, en consecuencia, está trabajando muy activamente en los distintos foros internacionales con el fin de que
se cree este impuesto.
Sé que ha habido problemas con la directiva para implantar este impuesto en todos los países de la Unión Europea, porque algunos son reacios, como pueden ser Reino Unido o Dinamarca. Ante la evidencia de no poder alcanzar la unanimidad en
esta materia, España, junto con otros países, como se ha dicho aquí, propuso avanzar en un procedimiento de cooperación reforzada, que es en lo que se está trabajando. Finalmente, el 14 de febrero de 2013 la Comisión Europea presentó una nueva
propuesta de impuesto
sobre transacciones financieras en el marco de la cooperación reforzada en la que participan estos once Estados miembros, entre los que está España. Como digo, España participa en ese procedimiento de cooperación reforzada teniendo en
consideración la necesidad de minimizar esos riesgos de los que hablábamos de deslocalización del ahorro o de aumento de los costes de financiación, que, repito, sería una consecuencia negativa de la implantación unilateral en nuestro país de este
impuesto sobre transacciones financieras y que afectaría a la financiación de nuestras empresas. Actualmente, la configuración de este tributo es objeto de debate en el seno de ese procedimiento que hemos citado y una de las cuestiones que se
plantea es el ámbito objetivo de aplicación de este impuesto, es decir, qué instrumentos financieros y que transacciones van a ser gravadas. Por tanto, no hay ningún cambio de postura, pero sí prudencia y gradualidad para su implantación. El
Gobierno de España estima que la valoración inicial sobre el establecimiento de este impuesto ha sido favorable, pero también que su implantación óptima debería ser en los veintiocho Estados miembros para no generar disfunciones en el mercado
interior.
Señorías, este es un tema importante, de calado, y la implantación a la ligera de este impuesto podría traer consecuencias muy negativas para España. No se pueden hacer planteamientos simplistas y demagógicos buscando titulares en el
periódico. Debemos ser conscientes de que en un mundo cada vez más globalizado España no puede ser una isla y tiene que actuar de manera coordinada con el resto de países de la Unión Europea, porque actuar de forma unilateral tendría consecuencias
imprevisibles para nuestra competitividad y para la de nuestras empresas.
Al Grupo Parlamentario Popular le encantaría trabajar con ustedes, y siempre tendremos la puerta abierta, en propuestas serias y rigurosas para mejorar nuestro sistema fiscal, para hacerlo más justo y más equitativo, para avanzar en la
recuperación económica y a la creación de empleo. Siempre nos van a encontrar dispuestos a hablar si van en esa dirección, porque todos compartimos el mismo objetivo, pero el Grupo Parlamentario Popular nunca va a apoyar propuestas que no tienen un
mínimo de contenido y de credibilidad, y esta iniciativa creemos que es una de ellas.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, me gustaría intervenir porque se ha presentado una enmienda in voce.
El señor PRESIDENTE: Preguntaré si se acepta antes de las votaciones. Vayan trabajando entre los grupos y antes de votar dejaremos claro cuál es el texto que se somete a votación.
- SOBRE LA REASIGNACIÓN DE LAS TRES DÉCIMAS DEL OBJETIVO DE DÉFICIT CONCEDIDO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES EN 2014 A LAS QUE HA RENUNCIADO EL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/002803).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, formulada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre reasignación de las tres décimas del objetivo de déficit concedido por la Comisión Europea para el
conjunto de administraciones en 2014.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: El Grupo Parlamentario Catalán, por segunda vez en esta Cámara -anteriormente se hizo en el Pleno-, trae a debate esta iniciativa.
El pasado 30 abril, el Gobierno del Estado presentó y remitió a la Unión Europea la actualización del Plan de estabilidad 2014-2017. En esta revisión el Gobierno reducía tres décimas el objetivo de déficit previsto para el conjunto de las
administraciones públicas para el año 2014. Podemos decir que esta revisión fue unilateral, porque el año anterior se había pactado con la Unión Europea un objetivo de déficit de hasta el 5,8 %; es decir, el Gobierno se impone un déficit menor que
el permitido por la Comisión Europea. Las tres décimas son absorbidas, eso sí, hay que reconocerlo, por la Administración central y por la Seguridad Social. Ante esta situación, mi grupo cree necesario reclamar pragmatismo, racionalidad y
objetividad para que todas las comunidades autónomas dispongan de aquellos recursos, que hasta la fecha no tienen, que les permitan prestar sus servicios y mantener el Estado del bienestar en todas aquellas prestaciones que son competencia exclusiva
de estas administraciones públicas, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Este es el objetivo de la iniciativa que hoy formulamos ante esta Comisión.
Debo decirles, además, que no deja de sorprenderme la capacidad del Estado para asumir ese recorte de tres décimas en su objetivo de déficit. Alguien podría entender que ese recorte pone de manifiesto que la Administración del Estado tiene
margen para asumir mayores limitaciones en su déficit, y así es. Si hacemos un breve repaso del esfuerzo que han hecho las diferentes comunidades autónomas a lo largo de estos últimos años de crisis económica, se puede comprobar que mientras estas
han reducido el déficit en más de un 50 %, la Administración central solamente ha realizado un esfuerzo del 5 %, con lo cual la situación financiera para estas administraciones es difícilmente sostenible. Esta insostenible situación financiera de
las comunidades autónomas deviene del injusto reparto del déficit y, además, va en contra de lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que en su disposición transitoria primera establece que en
el periodo transitorio 2012-2020 el déficit deberá reducirse manteniendo la distribución del déficit estructural entre la Administración central y las comunidades autónomas observada en el ejercicio 2011. Por tanto, a lo largo de este periodo
transitorio el peso de las comunidades autónomas en el déficit estructural conjunto de la Administración central y de las comunidades autónomas debe ser el mismo que el registrado a día 1 de enero de 2012, es decir, el que corresponde al cierre del
año 2011. Realizando los cálculos oportunos, el déficit estructural de las comunidades autónomas en el año 2011, es decir, a 1 de enero de 2012, fue el 39,46 % del déficit estructural conjunto de todas las administraciones. Si comprobamos el
reparto del déficit máximo del conjunto de las administraciones públicas en los años 2013 y 2014, vemos que esa ratio de reparto del año 2011 que prevé la Ley de estabilidad presupuestaria no se ha cumplido. En el año 2013 el límite de déficit
global para todas las administraciones públicas se fijó en el 6,5 % del PIB; la previsión de la Ley de estabilidad debería haber supuesto que el límite máximo de déficit en las comunidades autónomas se tendría que haber establecido en el 2,5 % del
PIB, pero el límite que estableció el Gobierno ese año para las comunidades autónomas fue del 1,3 % del PIB, que representa un 20 % del déficit total. Finalmente fue del 1,3 % cuando lo que establece la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria es
el 2,5 %. Eso sí, el Estado se reservó el 5,2 % del PIB de límite del déficit, cifra que supone el 80 % del déficit total de las administraciones públicas. Esos datos se han repetido en el año actual. Si el déficit total de las administraciones
públicas debía ser del 5,5 %, el Estado se reserva hasta el 4,5 % del PIB, que es un 81,8 % de esa cifra del 5,5 %, y para el conjunto de las comunidades autónomas deja el 1 %, que representa el 18,2 % del déficit total. Por tanto, en el año 2014
también se incumple. Señorías, el Gobierno ha realizado una distribución no equitativa, desproporcionada y arbitraria de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, que además es
contraria a la Ley Orgánica de estabilidad.
En definitiva, renunciamos a tres décimas del déficit permitido a España para este año por la Comisión Europea que representan unos 3.000 millones de euros, cuando las comunidades autónomas, que son las administraciones públicas responsables
de las políticas sociales, son las que están realizando el esfuerzo más importante de consolidación fiscal. Con la actual estructura de ingresos -además de que debería existir el nuevo sistema de financiación, que es otro nuevo incumplimiento del
Gobierno-, esas tres décimas a las que hemos renunciado permitirían aligerar la presión sobre las comunidades autónomas para mejorar el sostenimiento del Estado del bienestar, para incorporar una serie de medidas orientadas al impulso del
crecimiento y a la creación de empleo, a la vez que a través de esos recursos se podría intentar reducir las desigualdades y conseguir el mantenimiento de las prestaciones de los servicios básicos a los que los ciudadanos tienen derecho y que son
competencia de las comunidades autónomas.
Esta es la situación que mi grupo quiere poner de manifiesto con esta proposición no de ley y que reclama cambiar. Aún estamos a tiempo para hacerlo. Por tanto, insto a todos los grupos de la Cámara, especialmente al Grupo Parlamentario
Popular, a que den apoyo a la iniciativa formulada por Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Se solicita en esta proposición no de ley que las tres décimas de déficit que ha reducido la Administración central por debajo del objetivo puedan ser utilizadas por las comunidades autónomas. Sinceramente, es una
solicitud muy difícil de comprender. Imaginemos que esto se plantease al revés. Imaginemos que la Comunidad Autónoma de Cataluña -cosa que es difícil imaginar- lograse un déficit por debajo del objetivo y alguien trajese aquí una proposición no de
ley planteando que el Estado u otras comunidades autónomas pudiesen gastar lo que ha ahorrado Cataluña. Seguramente los parlamentarios de CiU, con razón, pondrían el grito en el cielo diciendo: Esto es una
provocación. El esfuerzo que nosotros hemos hecho no se lo pueden gastar otros. Bien, es lo mismo, pero al revés. Igual de injusto es el caso imaginario que el que ellos nos plantean.
De cualquier forma, es difícil entender la obsesión del grupo proponente por aumentar el objetivo de déficit tres décimas más, porque año tras año, tras año, desde 2008, la comunidad autónoma que ellos gobiernan ha venido rebasando
ampliamente esos objetivos de déficit, y la última vez, si nadie lo evita, será este mismo año, según los informes de la Airef. Eso sí, todos estos incumplimientos se han producido impunemente, sin ninguna consecuencia, ya que el Gobierno central
ha adoptado una actitud verdaderamente cristiana, una y otra vez, poniendo la otra mejilla, y ha respondido los incumplimientos con rescate, tras rescate, tras rescate, hasta totalizar unas ayudas por valor de 32.000 millones de euros, entre el
Fondo de proveedores, el Fondo de liquidez autonómica y la rebaja de las condiciones financieras. Estas ayudas no han ido ligadas, como UPyD ha insistido una y otra vez, a la mínima condicionalidad, pese a que la Ley de estabilidad presupuestaria
permite imponer esas condiciones y pese a que la propia Comisión Europea expresaba en sus recomendaciones su extrañeza por que no se utilizasen las posibilidades que da esa Ley de estabilidad presupuestaria con las comunidades incumplidoras.
Hay margen para el ahorro, y no estamos hablando de empeorar la sanidad ni la educación, sino de embajadas en el extranjero y de estructuras pseudoestatales que no solo no se reducen sino que se siguen construyendo, y el último ejemplo lo
tenemos con el aumento presupuestario de la Agencia Tributaria. La última ocurrencia presupuestaria tiene que ver con los presupuestos de 2015 que ha enviado la Generalitat al Parlamento autonómico, en los que se incluyen ingresos por valor de más
de 2.000 millones de euros que la Generalitat ha decidido unilateralmente que debe suministrarle el Gobierno central. No deja de ser una práctica novedosa para cuadrar las cuentas que si se acepta de forma general indudablemente facilitará que
desaparezcan los déficit de todas las comunidades autónomas rápidamente.
Esta proposición no de ley va en esa línea que solo se puede racionalizar como creación de falsos agravios. Por tanto, votaremos rotundamente en contra.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Como ha dicho el proponente, este mismo debate lo tuvimos en el Pleno precisamente el día 24 de junio, que es una fiesta muy tradicional en Cataluña, aparte de ser el santo de los que nos llamamos Juan. En aquella
ocasión ya fijamos nuestra posición diciendo que votaríamos favorablemente, y no por tensiones entre catalanes y no catalanes, sino por razones de adopción de un modelo fiscal en ingresos y en gastos con el que en absoluto estamos de acuerdo.
En los últimos informes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha venido reiterando la tensión que existe entre la ejecución del presupuesto de gastos de las comunidades autónomas y los ingresos, que tienen mucha menos
sensibilidad y actúan con retraso respecto de la recuperación cíclica de la economía española. Eso lo hemos dicho en más de una ocasión y lo reiteramos. Es evidente que en un Estado descentralizado, en el que las comunidades autónomas tienen la
competencia en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, hacer gravitar el mayor esfuerzo para la contención del déficit público en esas administraciones es una opción política, es decidir, simple y
llanamente, que lo que se quiere hacer es recortar en educación, en sanidad y en servicios sociales; ni más ni menos.
Aquí no hay una tensión entre una parte del territorio español y el resto, sino que hay una discrepancia profunda en cuanto al modelo de los ingresos y de los gastos. Eso es, ni más ni menos, porque esa descentralización política de las
competencias no ha ido acompañada de una coordinación adecuada entre los diversos poderes políticos. Tenemos un Estado descentralizado en el que los mecanismos de coordinación en las decisiones todavía tienen un componente muy importante de
centralización. Seguramente sería más razonable que decisiones como la fijación del objetivo de déficit para cada uno de los subsistemas de la Administración Pública se pudieran tomar con mecanismos de tipo federal y no como lo está haciendo en
estos momentos el Gobierno de España, de manera unilateral y centralizada. Eso lo sufrimos todos los ciudadanos de a pie, vivamos en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura o en cualquier otra parte del territorio. La sanidad y la educación se
están resintiendo y la que lo siente y lo sufre es la mayoría de la población, que no solamente ha visto recortados sus ingresos con la devaluación salarial, sino que también ve cada vez más difícil que sus hijos puedan hacer una carrera
universitaria o que su salud sea atendida adecuadamente, pese al enorme esfuerzo que están haciendo los profesionales de la sanidad y de la educación.
Vamos a apoyar esta medida, no sin antes recordar que las cuentas de la Generalitat, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, al cierre del año 2014, aun con la ayuda que se está planteando tendrán un serio déficit, y se
está hablando ya de una previsión de más del 2 %. Las cuentas para el año 2015, que en este momento están en trámite parlamentario, tienen el mismo problema, puesto que están previstos unos ingresos que saben que no se van a concretar y que
descuadran esos presupuestos. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la contabilidad creativa del actual Gobierno de la Generalitat para intentar que le cuadren las cuentas, y otra cosa es -que es lo que vamos a votar favorablemente- no estar de
acuerdo con un modelo que está llevando a las comunidades autónomas y a la ciudadanía a una situación muy complicada, porque la fijación de ese déficit tan duro para ellas está comportando serios recortes en servicios públicos. Con esta situación
no estamos de acuerdo en absoluto.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Abad.
El señor ABAD PÉREZ: No pensaba comenzar mi intervención así, pero dada la intervención del portavoz del Grupo Socialista, tengo que decirle que cada comunidad autónoma hace con sus presupuestos lo que le parece más oportuno y todo el mundo
es absolutamente autónomo para llevarlos a donde quiere. Hay comunidades autónomas que están haciendo las cosas bien y en materia de sanidad, servicios sociales y educación son punteras y están tratando perfectamente a sus ciudadanos y hay otras,
como por ejemplo la que nos ocupa, que es la de Cataluña, en la que acaban de presentar sus presupuestos de la Generalitat y destinan a salud el 1,5 % de sus presupuestos; a educación el 6,9 % y a acción exterior el 19 %, porque van a abrir una
embajada en Roma y otra en Viena, o destinan a las delegaciones, 34 oficinas por el mundo, el 35 %. Marcan sus prioridades según lo que pretenden hacer. Si el Estado del bienestar les preocupa, deberían haber hecho sus números de manera diferente.
Pero no es mi competencia, sino de cada comunidad autónoma. Yo, como algunos de mis compañeros de comunidades autónomas, afortunadamente estamos haciendo las cosas de manera diferente y nuestros ciudadanos lo entienden perfectamente en donde se
hacen las cosas bien y en donde se está actuando de manera demagógica. Días pasados otro grupo de esta Cámara lo llevaba a Pleno y pretendía reformar el artículo 135 de la Constitución para cambiar el concepto de estabilidad presupuestaria y
utilizaban exactamente el mismo argumento, el ataque al Estado del bienestar. Hoy traen ustedes esta proposición y de nuevo vuelven a insistir en que es un ataque al Estado del bienestar. Esta es la excusa, porque como acabo de demostrarles cuando
alguien tiene posibilidad de gastar, no lo gasta en el estado de bienestar, lo gasta en lo que le parece, pero no en el Estado del bienestar.
El principio de estabilidad presupuestaria y otra serie de medidas, como la reforma laboral que este Gobierno ha llevado a cabo, pero sobre todo la de no gastar más de lo que se ingresa, están creando empleo y manteniendo, sobre todo en este
país, el Estado del bienestar, no se les olvide. La estabilidad presupuestaria no es una cuestión caprichosa de este Gobierno. Los graves desequilibrios estructurales que nos encontramos en el 2011 -y una vez más hay que recordarlo- un déficit del
9 % del producto interior bruto, un déficit exterior cercano al 10 % y un sobreendeudamiento de las familias y empresas nos habían dejado en una situación de especial vulnerabilidad como se vio en el verano del 2012. Datos objetivos, fecha julio
del 2012, el bono español estaba a 7,62 % y la prima de riesgo a 639 puntos. Dato de diciembre, de ayer, del día 5 del año 2014, el bono español al 1,83 %, un 76 % menos, y la prima riesgo a 105 puntos, un 83,4 % menos. Este ahorro que se ha
producido debido a la estabilidad presupuestaria, entre otras cosas, a la reforma laboral y a la creación de empleo ha permitido un ahorro en dinero, en intereses, que ha ido directamente a crear estado de bienestar, que ha ido directamente a los
ciudadanos. La corrección de estos desequilibrios ha sido imprescindible para generar las condiciones necesarias para recuperar el crecimiento y la creación de empleo. Les parezca a ustedes bien o no, pero ha sido así. Para ello el Gobierno ha
dedicado los dos primeros años a poner en marcha una gran batería de medidas reformadoras tendentes a corregirlos. La falta de responsabilidad fiscal, el gasto descontrolado, el derroche sabemos a lo que condujo: 3,5 millones de parados. No hay
nada más insolidario que la pérdida de empleo y tener empleo es la mejor garantía del Estado de bienestar.
Señores de Convergència i Unió, hablan de sorprenderse de esta medida de reducir las tres décimas del déficit por parte del Gobierno central de forma voluntaria y unilateral. Saben que este Gobierno ha atendido, de las comunidades
autónomas, entre otras también de la suya, un buen número de millones de euros pendientes de pago a proveedores y directamente también del FLA. Por ejemplo, gastos en farmacia que ustedes no habían pagado. Pues nada menos que casi 140.000 millones
de euros, 136.789 millones,
con el 70 % se atendió sanidad, educación, servicios sociales, creo que era Estado del bienestar. Por ejemplo, a ustedes, en Cataluña, se les ha atendido en Fondo de proveedores, entre el 2012, 2013 y 2014, 7.300 millones de euros o también
en el Fondo autonómico, en el 2014, tienen destinados 7.258, de los que hasta agosto se les ha entregado 5.774. Han presentado ustedes -lo acabo de decir en el comienzo de mi intervención- los presupuestos y destinan un 35 % a la partida de
embajadas en el exterior y un 1,5 a la de sanidad, por ejemplo. Pero -repito- esta es una competencia exclusivamente suya y pueden hacer con ello lo que les parezca. Por el contrario, el Gobierno central en una gestión racional, cuidadosa y
responsable ha llevado a cabo cinco trimestres consecutivos creciendo (Risas), acumulando tasa interanual del 1,3 y creación de empleo después de tres años de destrucción masiva. (Una señora diputada: Es verdad). Señores del Grupo Socialista, las
cifras son las que son y están ahí escritas. A ustedes les hacen gracia, porque les hubiera gustado que hubiéramos seguido generando paro, pero no ha sido así. (Aplausos). Afortunadamente para los que están trabajando y los que tienen empleo no
creo que les cause risa, porque esto es lo que está consiguiendo este Gobierno. Sin perjuicio del reconocimiento del Gobierno a la contribución de las administraciones territoriales en el proceso de consolidación fiscal en España también es
importante señalar que el Estado ha tenido que asumir desde el ejercicio 2012 la carga financiera que ha supuesto la creación de estos mecanismos que les acabo de mencionar al financiar y dar liquidez a las comunidades autónomas y ayuntamientos y ha
tenido que atender también los pagos a proveedores que le acabo de indicar. Esto ha exigido, por ejemplo, reducir el gasto a los niveles de la Administración pública para pasar del 9,1, en el 2011, al objetivo del 2,8 en el 2016. Esto hay que
conseguirlo. Aún así, en el Gobierno central, con todos los medios a su alcance, ha querido no dejar a las comunidades autónomas sin poder prestar los servicios básicos de sus ciudadanos, competencias que aunque las tengan cedidas no puede dejar a
sus ciudadanos abandonados. La idea prevé que algunas comunidades autónomas van a incumplir sus objetivos y para estos casos la Ley de estabilidad presupuestaria y la de sostenibilidad financiera establece que hay que adoptar medidas preventivas,
definir un plan económico-financiero, con medidas correctivas y viables para que puedan atajarse estas desviaciones. Nosotros pensamos que no es justo dejar mayor laxitud a unas comunidades autónomas en relación con las que sí han hecho bien la
gestión ajustada a los objetivos. No me quiero olvidar de los ayuntamientos que están siendo el más claro ejemplo de hacer las cosas debidamente y ajustando al máximo sus ingresos y gastos. Están siendo los más firmes cumplidores de las cifras del
déficit. Por otra parte, el Estado presentó en la Comisión Europea el pasado 30 de abril un programa de estabilidad presupuestaria que refleja la estrategia fiscal para el periodo 2014-2017 y contiene el escenario de objetivos de estabilidad
presupuestaria previstos para este ejercicio y para los siguientes, tanto para el conjunto de las administraciones públicas como para cada uno los subsectores. A este respecto quiero destacar -y se lo digo al señor Picó- que en el 2014 se ha
previsto una reducción de tres décimas en el objetivo de estabilidad presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas respecto al objetivo aprobado inicialmente para el ejercicio en el Consejo de Ministros del 28 junio 2013. Así, de
un déficit conjunto del 5,8 del PIB nacional se pasa a uno del 5,5. Hay que resaltar el esfuerzo adicional en lo que les he indicado.
Tengo que finalizar. El esfuerzo que ha hecho el Gobierno central con las comunidades autónomas queda reflejado en lo que aquí les acabó de indicar. No quiero terminar sin decirle a Convergència i Unió que hace pocos días, en la Comisión
de Economía, apoyamos una proposición no de ley en la que decíamos que diéramos el dinero precisamente a las familias y a las empresas. Eso es lo que queremos hacer y lo apoyábamos y les dábamos a ustedes la razón. Si las comunidades autónomas
gastan más, menos dinero va a llegar a las empresas y a las familias. Por eso creo que es correcto el objetivo del déficit que se ha fijado y cómo se están planteando las cosas desde el Gobierno central. No vamos a apoyar su proposición no de ley.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Como saben, en el debate de las PNL no hay réplica. Por tanto, a los únicos efectos de hacer alguna precisión, tiene la palabra el señor Picó por un minuto.
El señor PICÓ I AZANZA: Se lo agradezco, porque no deja de sorprender a este diputado que en cualquier caso la iniciativa formulada iba a favor de todas las comunidades autónomas y los discursos de los diferentes portavoces se han centrado
en Cataluña, cosa que agradezco. Hablando de Cataluña -y no he dado ningún dato en mi intervención-, la reducción del déficit en el periodo 2010-2013 por parte de la Generalitat de Catalunya es de un 58 %, que representa unos 5.240 millones de
euros. Si descontamos los efectos del ciclo económico y los intereses de la deuda, el ajuste en Cataluña es de 7.327 millones;
cosa que representa una reducción media anual del déficit del 1,08 % del PIB, superior al 0,8 % exigido por la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y al 0,5 % recomendado por la Unión Europea. Hablamos de presupuestos, hablamos de
incumplimiento, por ejemplo, del pago de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una deuda correspondiente al año 2008 de 759 millones de euros firmada por el Estado y por la Generalitat de Catalunya, que aún no se
ha satisfecho desde el año 2008 o, por ejemplo, por qué no hablar que el conjunto de las comunidades autónomas no han participado en el aumento de la recaudación por el incremento de impuestos desde el año 2012, que quiero recordar que se
presupuestó que fueran del 2012 al 2014 de 40.000 millones de euros, de los cuales las comunidades autónomas no han percibido nada.
- RELATIVA A LA INCLUSIÓN, COMO OBJETO DE DESGRAVACIÓN DEL DENOMINADO 'MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR', DE QUIENES OSTENTEN LA PATRIA POTESTAD DE MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003239).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura como número 14, relativa a la inclusión, como objeto de desgravación del denominado mínimo personal y familiar, de quienes ostenten la patria potestad de menores. Para
defenderla tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Me alegro mucho de la intervención anterior, porque como todo va tan bien entiendo que el grupo que sustenta al Gobierno va a ser muy receptivo a la propuesta que le traemos, que no implica nada más y nada menos
que ampliar la sensibilidad social en términos tributarios. Vamos a hacer la prueba del nueve con esta proposición. Señorías, les traemos una proposición que pretende llevar a la legislación española en materia de IRPF nada más y nada menos que el
sentido común. Esto parece especialmente oportuno después de los crímenes que ayer nos colocaron en 42 menores huérfanos, víctimas de la violencia de género. (Rumores). Les ruego que me atiendan, porque esta proposición va de sus vidas y de sus
derechos. Cómo es posible que la Agencia Tributaria permita desgravar por hijo y permita aplicar el mínimo personal y familiar a contribuyentes que tienen a un menor en tutela o acogimiento y nieguen ese beneficio a quienes asumen la patria
potestad de una menor de tres años cuya madre ha sido asesinada por su otro progenitor. En respuesta a un contribuyente que tiene otorgada judicialmente la patria potestad -y tengo aquí la instrucción judicial- sobre la hija de su hermana
asesinada, la agencia no considera que tenga derecho a desgravar cuando la ley permite hacerlo a quien tenga la tutela o el acogimiento. Esto es sencillamente absurdo, señorías. La rigidez interpretativa de la Agencia Tributaria atenta contra el
sentido común y contra toda lógica jurídica. Porque otorgar la patria potestad es hacer un reconocimiento jurídico superior a la tutela o el acogimiento. La patria potestad conlleva derechos y deberes que llevan aparejada la protección integral,
desarrollo y cuidado de los hijos e incluye la capacidad de decidir y representarlos a ellos, sus bienes y sus intereses. ¿Las desgravaciones fiscales de mínimo personal y familiar qué es lo que pretenden? Pretenden eliminar presión fiscal sobre
ingresos que están destinados a los gastos derivados de esa responsabilidad que conlleva el ejercicio de la patria potestad. Cuando la ley trata de hacer extensiva esa desgravación a la guarda o custodia, entiende que esa figura jurídica implica
también cuidado y responsabilidades que merecen ser protegidas en términos de alivio fiscal. Ahora permítanme que les relate un caso concreto, pero no único; y esto es importante. Una menor cuya madre fue asesinada en su presencia por su otro
progenitor. Un caso similar al acaecido ayer mismo en la ciudad de Paterna. El juez otorga la patria potestad a un hermano de la fallecida que asume la responsabilidad de los cuidados de la niña y adquiere las mismas responsabilidades que si fuese
hija suya. Yo les pregunto: Quien tiene judicialmente asignadas y asuma las mismas responsabilidades que los progenitores, ¿no debe de tener los mismos derechos fiscales? La patria potestad es la responsabilidad máxima para con un menor y esta va
acompañada de derechos. El tío de la menor huérfana realiza consulta a la Agencia Tributaria en el momento de hacer la declaración de la renta para poder aplicarse los beneficios fiscales que otorga la Ley 35/2006, del impuesto sobre la renta de
personas físicas. El informe -que les muestro- deniega el beneficio sobre la base de una lectura literal de la ley que conlleva, como les decía anteriormente, una rigidez interpretativa que lleva a una situación jurídicamente absurda e
impositivamente injusta.
Señorías, venimos identificando situaciones injustas y corrigiéndolas. Identificamos, por ejemplo, el hecho de que quien cometía los asesinatos estaba heredando e incluimos estas situaciones en la indignidad sucesoria. Hemos identificado
otras, como el hecho de que los huérfanos no pudieran añadir a
su pensión de orfandad la de viudedad generada por la madre y lo hemos corregido. Igual que en esos casos, es nuestra obligación identificar disfunciones que generan injusticias y corregirlas. Los socialistas les venimos presentando una
importante batería de medidas que pretenden extender derechos a los hijos de las mujeres asesinadas y hasta el momento el Gobierno no se ha hecho eco de la situación en que quedan esos menores. No podemos permitir que quienes asumen el cuidado de
los huérfanos de la violencia de género no se subroguen de los derechos que asistían a los menores con anterioridad a los hechos luctuosos. El Estado tiene que garantizar los mismos derechos que a cualquier otro menor y la interpretación de la
Agencia Tributaria está mermando recursos a la familia que está asumiendo el cuidado de estos menores.
Señorías, el Grupo Socialista les ha presentado ya enmiendas que pretendían corregir este margen interpretativo de la ley que priva de derechos a determinados menores huérfanos. En la tramitación parlamentaria de la norma que regula el
impuesto sobre la renta de personas físicas ustedes rechazaron esa enmienda. Estamos a tiempo de que se incluya como objeto de desgravación del denominado mínimo personal y familiar también a quienes ostentan la patria potestad de los menores.
Creo que el ejemplo que les he puesto es lo suficientemente gráfico para evidenciar que la casuística nos enfrenta a una modificación necesaria y lo es por lógica jurídica, por justicia y, si me permiten, por decencia y coherencia política. Es un
desatino castigar fiscalmente a quienes asumen de manera sobrevenida la responsabilidad y el cuidado de un menor que pierde a su madre como consecuencia de un terrorismo que todos estamos siendo incapaces de afrontar. El Estado tiene
responsabilidades con estos menores y quienes hoy asumen las labores de Gobierno tienen la responsabilidad de hacerlas efectivas. Les pedimos que voten a favor de esta proposición y enmienden su texto, porque está en el Senado y estamos a tiempo
para hacer posible que quien gobierna no termine siendo cómplice de quien pretendió, con su dolor, generar más dolor y añadir y dañar una vida. Nuestra responsabilidad como legisladores es proteger y apoyar y no, como en este caso, añadir al dolor
injusticia tributaria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo simplemente para manifestar que vamos a apoyar la PNL.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
La señora PUYUELO DEL VAL: Señorías, realmente esperaba escuchar su intervención señora Álvarez para que me aclarara el sentido de su petitum, pues en la exposición de motivos de su proposición no de ley parece concluir que existen casos en
los que la Agencia Tributaria excluye la aplicación del mínimo personal y familiar a quienes ostentan la patria potestad de menores sin ser padres, como si estos casos pudieran darse en nuestro ordenamiento. Usted dice textualmente en su
proposición que son los tribunales de Justicia los que pueden conceder la patria potestad a terceros, de manera provisional o definitiva. Le voy a enmendar, porque esto no es así. Nuestro Código Civil, en su artículo 154, establece que la patria
potestad corresponde al padre y a la madre. Se define como la relación existente entre los progenitores y los hijos y que lleva aparejada y conjunta una serie de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad no
emancipados y su protección. El origen de este derecho se encuentra en la propia relación paternofilial de forma independiente a la existencia de matrimonio entre los progenitores. Es decir, la patria potestad solo pueden tenerla los padres y se
extingue por las causas que la ley determina en el artículo 169 del Código Civil: muerte o declaración de fallecimiento de los padres o el menor; emancipación y adopción del hijo. Aunque también puede privarse de ella de forma total o parcial,
como indica el artículo 170, al padre o a la madre por sentencia fundada en incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. El artículo 222 del Código Civil establece quiénes estarán sujetos a tutela y
dice: los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad, es decir, los casos en los que los padres de los menores hayan fallecido o se les haya declarado fallecidos o hayan sido privados de la patria potestad. Es el caso del que usted
está hablando. Los incapacitados por la sentencia de incapacitación que lo haya establecido, los sujetos a patria potestad prorrogada y los menores que se hallan en situación de desamparo. Se considera legalmente situación de desamparo la que se
produce de hecho a causa del incumplimiento o del inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecido por las leyes para la asistencia moral y material de los menores. Esta conducta de los respectivos titulares conlleva la privación de la
patria potestad sobre el menor. Dicha
privación deberá ser declarada por el juez y supondrá que el menor pasará a estar sometido a tutela, según las normas ordinarias, y si esta tutela ordinaria no llegara a constituirse, será de aplicación lo previsto en el artículo 239 del
Código Civil, según el cual la tutela de los menores desamparados corresponde por ley a la entidad pública a la que en cada territorio esté encomendada la protección de menores. En resumen, señora Álvarez, la situación normal será esquemáticamente
la siguiente: menor sometido a patria potestad, en su defecto menor sometido a tutela de un tercero -tutela ordinaria-, en caso de que el menor esté desamparado tutela administrativa. En nuestro ordenamiento no existe la posibilidad de que la
patria potestad de un menor o incapaz la ostente nadie que no sean sus padres naturales o adoptivos. En el artículo 58 de la Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre patrimonio se precisa el mínimo por descendientes y explica que el mínimo lo será por cada uno de ellos menor de 25 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, siempre que conviva
con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros y seguidamente se cuantifica el mínimo por descendiente. Continúa diciendo la norma que a estos efectos se asimilarán a los descendientes a aquellas
personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. Reitero, la ley posibilita la desgravación del mínimo por descendiente al contribuyente con hijos menores de 25
años o incapaces, al que tiene un menor bajo tutela y al que tiene un menor en acogimiento en los términos previstos en la legislación civil aplicable. Por tanto, señora Álvarez, ¿a qué casos se refiere? ¿En qué casos la ley no contempla la
desgravación por descendiente? (La señora Álvarez Álvarez: Se lo estoy contando). Consideramos que la norma contempla todos los supuestos, la interpretación le corresponde a la Dirección General de los Tributos y la aplicación práctica la hace la
Agencia Tributaria. Usted, señora Álvarez, se está refiriendo a un caso concreto en el que según nos dice usted una decisión judicial les otorga la patria potestad a los tíos de una menor. Desde el ámbito parlamentario no podemos entrar a resolver
cuestiones particulares ni considero que desde el ámbito tributario debamos resolver cuestiones que se plantean en el derecho de familia. Por todo lo que he dicho, nuestro voto será en contra. (Aplausos).
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Por una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Una cuestión de orden.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Por una cuestión de orden para poder adjuntar a la Mesa, con su permiso, la sentencia judicial en la que se otorga la patria potestad al tío, como he referido. No es un caso exclusivo, como he mencionado en mi
intervención, pero esto pone en evidencia la patria potestad -repito, la patria potestad- al tío. La diputada lo conoce porque se lo he leído telefónicamente esta mañana. Me parece importante dejar claro que el ordenamiento jurídico español sí
recoge esa figura como queda demostrado en esta sentencia judicial que voy a pasar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: La Mesa distribuirá ese documento a los grupos para que lo puedan analizar a partir de ahora. Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, tenemos que aclarar, en relación con la primera proposición no de ley,
que es la referida al impuesto sobre transacciones financieras, si se acepta o no la enmienda planteada in voce por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SAURA GARCÍA: Sí la aceptamos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que nos hagan llegar a la Mesa la literalidad del texto o que nos la lean en voz alta.
El señor PICÓ I AZANZA: No la hemos hecho, pero era incluir a continuación del texto formulado por el Grupo Parlamentario Socialista, que el destino de los recursos que se recauden por esa tasa a la lucha contra la pobreza, tanto en España
como en el exterior, y a la lucha contra el cambio climático.
El señor PRESIDENTE: Leo el texto inicial de la PNL para saber exactamente lo que votamos. El texto de la proposición era: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y defender ante la Unión Europea la aplicación inmediata
del impuesto sobre transacciones financieras, tributo que gravará no solo la compraventa de acciones, sino también otro tipo de operaciones financieras como los derivados.
Añadiríamos una segunda frase que diría: El importe de la recaudación de dicho impuesto será destinado a la lucha contra el cambio climático y a la lucha contra la pobreza. En estos términos procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en sus términos la segunda proposición no de ley, que es la referida a la resignación de las tres décimas del objetivo de déficit de 2014.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la número 14, relativa a la inclusión, como objeto de desgravación del denominado mínimo personal y familiar, de quienes ostenten la patria potestad de menores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Recuerdo a los portavoces que ahora tenemos una reunión de la Mesa. Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.