CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 690

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 35

celebrada el martes,

18 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la ratificación de la Carta social revisada y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002369) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Relativa a la necesidad de aumentar las plantillas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debido a los enormes retrasos en resolver los expedientes de empresas en quiebra. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001696) ... (Página5)


- Sobre bonificación en la cotización a la Seguridad Social de los contratos realizados para sustituir a las personas trabajadoras en el ámbito del hogar familiar que se encuentren en procesos de incapacidad temporal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002616) ... (Página9)


- Por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación española al Convenio de Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2006). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/002352) ... (Página11)


- Sobre medidas para evitar que las personas mayores con largas carreras de cotización vean reducida su pensión de jubilación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002790) ... href='#(Página14)'>(Página14)

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- Sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002931) ... href='#(Página17)'>(Página17)


- Sobre la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/003063) ... (Página21)


Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LA CARTA SOCIAL REVISADA Y EL PROTOCOLO ADICIONAL DE RECLAMACIONES COLECTIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002369).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, disculpen la voz, porque me he levantado afónico, y el retraso, que vamos a recuperar, sin duda, con la capacidad de síntesis de todos sus señorías. Se nos ha pedido -y quiero agradecer a
todos los portavoces el esfuerzo que hacen para atender estas peticiones- una modificación en el orden del día de las intervenciones que es la siguiente: en primer lugar, se abordará la proposición no de ley que figura como punto número 3; en
segundo lugar, la proposición no de ley que figura como número 1; en tercer lugar, debatiremos la proposición no de ley número 4; en cuarto lugar, debatiremos la que figura como número 2 y las números 5, 6 y 7 seguirán su orden natural. Esto ha
sido debido a las diversas obligaciones de los distintos grupos parlamentarios y agradezco el esfuerzo que me consta que se ha tenido que hacer. Sin más dilación, recordándoles lo que ya saben, que los grupos titulares de las iniciativas tienen
siete minutos; los enmendantes disponen de cinco minutos y los grupos que quieran fijar posición tienen tres minutos. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra). Señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, quiero solicitar que se espere a la persona que tiene que intervenir que ha hecho el favor de cambiarlo.


El señor PRESIDENTE: Perdón, ha sido un error mío y tiene usted toda la razón. No solo estoy afónico, sino despistado. Esperemos que llegue pronto para que vaya diligentemente la Comisión que, en todo caso, anuncio que no va a procederse
a la votación de las siete iniciativas que tenemos encima de la mesa antes de las doce horas y cuarenta y cinco minutos. Comparece la señora Quintanilla a quien le agradecemos el esfuerzo de venir a debatir esta primera proposición no de ley, que
es la que figura como número 3, ratificación de la Carta Social revisada y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas, cuyo autor es el Grupo de La Izquierda Plural y para su defensa, el señor Coscubiela, dispone de siete minutos.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero agradecer al presidente y a todos los grupos la flexibilidad para que podamos defender ahora esta proposición no de ley. Me comprometo a la reciprocidad oportuna cuando así me sea
requerido. Nuestro grupo ha planteado esta proposición no de ley, que nos parece un elemento clave del debate actual, recordando que la Carta Social Europea es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Lo es, porque es un elemento
central del modelo social europeo, en que los derechos económicos y sociales juegan un papel clave junto a los derechos civiles y a las libertades individuales. Empleo, vivienda, educación, sanidad, no discriminación, protección jurídica y social
adquieren, a través de la Carta Social Europea, el carácter de derechos fundamentales protegidos. Quiero destacar que eso se produce incluso antes de que estos derechos se constitucionalizaran en el marco de la Unión Europea por la Carta
Fundamental de Derechos de la Unión Europea. Estoy convencido de que comparten la idea de que la Carta Social Europea constituye una pieza angular en la construcción política de la Europa social. Desgraciadamente, el franquismo impidió que sus
beneficios llegaran a España en el momento de su aprobación en 1961. Tuvimos que esperar a que la lucha del pueblo trajera la democracia para que un Gobierno firmara este tratado internacional en 1978, diecisiete años después, y dos años más para
que fuera ratificada y entrara en vigor en España, que fue en 1980. La historia de los derechos económicos y sociales en nuestro país es tributaria a la de las luchas sociales

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y de la influencia política y jurídica de este tratado internacional. Basta ver alguna de la jurisprudencia generada al respecto. Por eso, a nuestro parecer resulta inconcebible que España vuelva a repetir esta maldición, la de unos
Gobiernos que llegan tarde y a destiempo a los avances económicos y sociales que suponen esta carta. Entre 1995 y 1996, en diferentes momentos, el Consejo de Europa acordó la aprobación de una Carta Social revisada y también el protocolo adicional
que da paso a aspectos tan importantes como las reclamaciones colectivas de los agentes sociales. Quiero insistir en ese aspecto: reclamaciones colectivas de los agentes sociales. Lamentablemente esta Carta Social revisada, que España firmó en el
año 2000, no ha sido ratificada. Los Gobiernos que se han sucedido hasta este momento no han encontrado momento para hacerlo. Es esta situación incomprensible la que ha llevado a diferentes organizaciones, también a agentes jurídicos,
especialmente a Comisiones Obreras y UGT, a denunciar en los últimos años y reclamar la ratificación de la carta revisada y el protocolo, sin que hasta ahora esto se haya producido. Desgraciadamente el franquismo nos hizo esperar diecinueve años y
parece que los Gobiernos democráticos españoles llevan el mismo tiempo y quieren superar ese récord haciendo esperar sin abordar la ratificación de un instrumento que en estos momentos deviene clave para el mantenimiento en nuestro país del contrato
social europeo. Quiero destacar que son treinta y tres los países europeos, la mayoría de la Unión Europea, que han ratificado este tratado internacional: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Malta,
Holanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Macedonia, Turquía y Ucrania entre ellos. Es una lista bastante importante. También quiero destacar que las cuestiones afectadas por esta Carta Social revisada no son menores, ofrecen más
protección a los trabajadores en materias como la protección jurídica en caso de despido; la tutela de los créditos en caso de insolvencia del empresario; la dignidad en el trabajo; la conciliación de la vida personal y laboral, de la que tanto
se habla y de la que tan poco se hace; la protección de los representantes de los trabajadores; la información y consulta en los despidos colectivos; la protección contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda. Todo esto
está afectado por la Carta Social revisada. Si el contenido de esa carta era importante antes de la crisis, ahora deviene en vital para los ciudadanos españoles. Porque la crisis ha generado más desigualdad, más pobreza, más riesgos de exclusión
social y también porque políticas como la reforma laboral o cambios que se están produciendo en la Ley Concursal, están debilitando los derechos de los trabajadores. Lo que hace un tiempo parecía increíble y es que España necesitara que hubiera una
legislación internacional que hiciera a la vez de protección para todo aquello que la legislación nacional no cubre, en estos momentos se ha convertido en realidad y deviene en clave. Por tanto, la Carta Social Europea en estos momentos es -sería
si se ratificara- una red de protección importantísima.


El Comité Europeo de los Derechos Sociales del Consejo de Europa basándose en la carta ha considerado en algunas ocasiones que España, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, incumple la carta en la medida, por ejemplo, en
que la cuantía de las prestaciones no contributivas para hacer frente a situaciones de necesidad es manifiestamente insuficiente. Esto lo ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa
recomienda, basándose en la carta, que el salario mínimo interprofesional sea como mínimo del 60% del salario medio. En España eso sería algo cercano a los 1.000 euros al mes. Si el Gobierno actual no quiere ratificar la Carta Social Europea es
clarísimamente porque tiene voluntad de no cumplirla o de seguir incumpliéndola. El problema de fondo es que el Gobierno no quiere asumir el riesgo de ser censurado por el Comité Europeo de Derechos Sociales en las reclamaciones colectivas que los
sindicatos españoles, Comisiones Obreras, UGT u otros, pueden remitir a esta instancia del Consejo de Europa. Por todo ello, a La Izquierda Plural le parece imprescindible que esta propuesta pueda ser aprobada. En el caso de que no sea así, al
menos nos gustaría que la explicación justificativa de quien da soporte al Gobierno tuviera la suficiente entidad como para explicar por qué un tratado internacional de esta envergadura, que ofrece protección jurídica a los derechos, es rechazable.
Como me he creído el discurso de que lo primero son las personas y lo más importante es el empleo, después de las palabras sería imprescindible que vinieran los hechos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, no habiendo enmiendas en esta proposición no de ley, tiene la palabra doña María Teresa Rodríguez Barahona.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Para el Grupo Socialista la ratificación de la Carta Social, que es de 1996, y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas, a los que acaba de hacer referencia el promotor de la iniciativa, ya no solo es
fundamental, sino además urgente. En la comprobación del 'Diario

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de Sesiones' de la Comisión se deja cumplida constancia de los argumentos, que ya fueron esgrimidos, y del compromiso que unánimemente adquirieron los grupos de la Cámara el pasado día 26 de febrero para que España ratifique la Carta Social
Europea, pero hoy nos vemos de nuevo en la tesitura de tener que abordar la necesidad urgente -repito- de que nuestro país ratifique el tratado de los derechos sociales por excelencia y hacer una incidencia específica en el protocolo adicional de
reclamaciones colectivas. La verdad es que tras seis años de crisis económica y una política económica profundamente equivocada y contumaz está produciendo en nuestro modelo social un destrozo de consecuencias que tenemos que lograr que no sean
irreparables. La ratificación de la Carta Social es hoy para el Grupo Socialista un factor de reequilibrio de nuestro modelo social frente a los cambios que los estándares sociales que, en materia de trabajo, protección del desempleo, protección a
las personas dependientes, salud, servicios sociales, migrantes, protección contra la exclusión social, las reformas del actual Gobierno del Partido Popular han introducido y que están fracturando ciertamente la cohesión social de nuestro país.


En el seno de esta Comisión -y por su calado- merece un especial comentario el retroceso de los derechos de los trabajadores y la anulación de la capacidad de negociación de los sindicatos para defenderlos, que ha quedado impuesta por la
reforma laboral del Gobierno Rajoy, y que es una vulneración palmaria de la Carta Social. Aún sin estar ratificado por España el protocolo adicional, que es lo que se insta en esta proposición no de ley, es un protocolo que permite a los
interlocutores sociales y a las organizaciones no gubernamentales plantear ante el Comité Europeo de Derechos Sociales quejas de violaciones de la carta de los Estados que la han ratificado. Como sin duda todos sus señorías conocen, los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras presentaron el pasado mes de julio, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, un amplio informe en el que detallaban incumplimientos de la Carta Social Europea por parte del Ejecutivo español tras la aprobación de la
reforma laboral y además -también añade- en su ataque al derecho a la huelga. Un informe en el que ha quedado plasmada esa quiebra profunda de los derechos sociales y que, en opinión de mi grupo, tiene un marcado calado ideológico.


En el último informe sobre España, presentado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, se detectan seis violaciones específicas de la Carta Social en nuestro país. En este caso se trata del informe en relación con los derechos de la
salud.


El señor PRESIDENTE: Señora Barahona, debe ir concluyendo, porque ha transcurrido su tiempo. Si es tan amable, termine ya.


La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la proposición no de ley por dos razones. Una, porque en este momento debemos elevar no solo el compromiso social, sino nuestro compromiso ético con quienes tienen
dificultades. Además a este momento, que es el fundamental para hacerlo, se añade que no podemos seguir retorciendo nuestro modelo de bienestar. Un modo de no hacerlo es ratificando esta Carta Social. En un futuro, que esperamos que sea próximo,
tal vez como ha avanzado el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que en su propuesta de reforma no solamente ratificaría la Carta Social, sino que modificaría la Constitución española introduciendo mecanismos que garanticen el
Estado del bienestar y la protección de los derechos sociales.


El señor PRESIDENTE: Si quieren podemos establecer un sistema de más tiempo de intervención en la Mesa y junta de portavoces, pero si quieren que lleguemos a los horarios, sé que es un esfuerzo, pero si tenemos un determinado tiempo
procuremos ajustarnos al mismo, ya que además hoy hemos empezado tarde. Lo que ustedes quieran se puede plantear en el futuro. ¿Grupos que desean intervenir en esta iniciativa? (Pausa). Don Álvaro Anchuelo, de Unión Progreso y Democracia, tiene
tres minutos para la defensa de su posición.


El señor ANCHUELO CREGO: No será necesario tanto tiempo, señor presidente. Intervengo muy brevemente, solo para explicar que mi grupo votará favorablemente a esta proposición no de ley en la línea que venimos manteniendo de favorecer el
cumplimiento por España de los estándares internacionales propios de los países más avanzados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su brevedad. A continuación don Carles Campuzano, de Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo también con brevedad para anunciar el voto favorable de Convergència i Unió a esta iniciativa del señor Coscubiela. Creo recordar que de las primeras iniciativas

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que Convergència i Unió planteó en esta legislatura en esta Comisión fue precisamente esa ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996. A posteriori otros grupos parlamentarios han instado en esa misma dirección. Hoy que el
señor Coscubiela hace referencia explícita a este protocolo de reclamaciones colectivas debemos de votar a favor. Simplemente quiero recordar que la Carta Social y el conjunto de instrumentos que giran alrededor de ella forman parte esencial del
modelo social europeo, que todos estamos comprometidos a mantener, a desarrollar, a perfeccionar y, en definitiva, a promover. Instamos de nuevo a que el Gobierno se comprometa con este modelo social europeo y con sus instrumentos.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones de grupos, por tres minutos, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Tomo la palabra, como saben ustedes, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señor Coscubiela, en primer lugar, quiero decirle que en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de España
indiscutiblemente quieren ratificar esta Carta Social Europea. Me extraña mucho que la señora Rodríguez Barahona ahora hable de la ratificación de la carta cuando las objeciones que plantea en estos momentos el Gobierno del Partido Popular y este
grupo parlamentario son las mismas que planteaba el Gobierno socialista en su día.


Señor Coscubiela, durante todo este tiempo hemos trabajado para ratificar esta carta y tenemos los informes favorables de los distintos ministerios del Gobierno de España para que lo sea. Sin embargo, usted sabe que, con independencia de la
posición, que es la misma dentro del Grupo Parlamentario Popular, los distintos puntos que establece la carta en su articulado, como el artículo 6.2, como el 8.2 y el 24, así como el sistema de reclamaciones colectivas, tenemos un problema de
interpretación con el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sabe perfectamente que hay países que en estos momentos han establecido una excepción con respecto a la Carta Social Europea en el articulado que le acabo de nombrar como han sido Austria,
Bélgica y Suecia. Asimismo, tenemos en estos momentos la negociación con el Comité Europeo de Derechos Sociales para establecer claramente las objeciones que desde el ámbito legislativo está planteando España. ¿Por qué razón en estos momentos
estamos de nuevo pidiendo en sede parlamentaria la ratificación de la Carta Social Europea? La están pidiendo ustedes porque en estos momentos sigue trabajando el Gobierno para que sea ratificada esta carta. Tengo que manifestarles, para no agotar
mi tiempo, que el Grupo Parlamentario Popular -y ante el posible texto alternativo que se está trabajando con el Comité Europeo de Derechos Sociales- va a votar en contra de esta iniciativa. Porque entendemos que hay que dejar al Gobierno que
trabaje con tranquilidad para que esta Carta Social Europea sea ratificada por nuestro Gobierno, porque ese es su interés.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por su capacidad de resumir y debatir este punto.


- RELATIVA A LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS PLANTILLAS DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) DEBIDO A LOS ENORMES RETRASOS EN RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE EMPRESAS EN QUIEBRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001696).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 1 del orden del día, para su defensa, por el Grupo Mixto, doña Olaia tiene la palabra.


- RELATIVA A LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS PLANTILLAS DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) DEBIDO A LOS ENORMES RETRASOS EN RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE EMPRESAS EN QUIEBRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001696).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que figura como primero en el orden del día. Para su defensa, tiene la palabra doña Olaia Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, como ustedes saben, el Fondo de garantía salarial, Fogasa, tiene entre sus funciones garantizar que los trabajadores de empresas en quiebra cobren la parte de sus salarios e indemnizaciones adeudados.
Sin embargo y según nos consta, en Galicia se acumula un retraso medio en dichos pagos de casi un año, que incluso llega a alcanzar los dos años en algunos casos. Estamos hablando, señorías, de una situación que se daba en Galicia -supongo que
también en

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el resto del Estado español- en mayo del año 2013. Como ponen de manifiesto algunos representantes sindicales, si a esos retrasos se les suma la tramitación judicial previa de quiebras, despidos o reclamaciones de cantidades, algunos
trabajadores y trabajadoras se pueden ver en el trance de esperar casi tres años desde que son despedidos hasta que cobran lo que se les adeuda. Los propios responsables del Fogasa en algunas provincias de Galicia ponen de manifiesto que acumulan
miles de expedientes y que les resulta prácticamente imposible acudir a todas las vistas judiciales en las que el fondo debe acreditar si una empresa es insolvente y si debe asumir la parte de deuda de las empresas con sus trabajadores. Confiesan,
señorías, que solo asisten a los juicios importantes, que cifran en torno al 10%. En esa fecha, abril de 2013, el Ministerio de Empleo indicaba que existían en Galicia 10.711 expedientes pendientes de tramitar y que las demoras afectaban a más o
menos 15.000 trabajadores y trabajadoras. En el último año la situación no ha mejorado sino todo lo contrario, ha empeorado, de tal manera que el Fondo de garantía salarial, un año después, a 31 de marzo, acumulaba más de 13.814 expedientes sin
tramitar -estoy hablando de Galicia-, que afectaban a 20.997 trabajadores, es decir, 3.000 expedientes más que el año anterior y 5.000 trabajadores más afectados. En el conjunto del Estado, en esa misma fecha, se contabilizaban 201.673 expedientes
pendientes y 306.542 afectados. Esto se agravó aún más. Según los datos que tengo, en este caso de la provincia de Pontevedra, el tiempo de retraso para pagar está en estos momentos en dieciséis meses, pero el problema es mayor, porque en las
circunstancias actuales las personas a las que se les aprueba el expediente y libran el pago de la deuda solo cobran el 40% de la misma, quedando el 60% pendiente de una nueva tramitación y, por tanto, de la apertura de un nuevo expediente, por lo
que hay que esperar dieciséis meses más. Por todo ello, además de la mejora de personal que es necesaria en el Fogasa, también es necesario incrementar las partidas presupuestarias para este organismo, dado que en los presupuestos del año 2015 se
redujeron en un 25%. Otro tema que para nosotros no es baladí es que en estos momentos hay una empresa, Tragsatec, que está tramitando expedientes que debería tramitar el Fogasa. Entendemos que los expedientes que tenga esta empresa para su
tramitación deberían ser devueltos al Fogasa, porque es prácticamente imposible conseguir información sobre cómo están evolucionando.


Solamente les daré un dato que desde nuestro punto de vista es relevante en relación con la realidad del Fogasa. En el año 2008 este organismo contaba con 393 trabajadores, cuando tenía 59.109 expedientes; en el año 2012, los expedientes
eran 212.167 y los trabajadores eran igualmente 395. En estos momentos, señorías, estamos en los mismos números de personal.


Por todo ello defendemos esta iniciativa. Hemos llegado a un acuerdo con los grupos parlamentarios enmendantes, Socialista y UPyD. Si les parece, puedo leerles cómo quedaría la transacción si es que finalmente los grupos la aceptan.
Quedaría en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar las plantillas del Fogasa, a fin de tramitar adecuadamente los expedientes de empresas en quiebra que acumulan enormes retrasos debido a la falta de
medios, así como a incrementar los fondos económicos destinados a este organismo, para realizar cuanto antes los pagos correspondientes a los trabajadores afectados.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que nos aporte por escrito la enmienda transaccional que ofrece a los dos grupos enmendantes.


En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de UPyD y, en su caso, aceptar la propuesta formulada por la autora de la iniciativa, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Nos alegra la presentación de esta iniciativa, porque coincide con una preocupación de mi grupo y entiendo que también, a raíz de debates anteriores sobre esta cuestión que hemos celebrado en el Pleno y en esta
misma Comisión, de otros grupos.


A menudo hemos señalado la importancia de las funciones del Fogasa, esto es, que los trabajadores de empresas en quiebra cobren sus salarios e indemnizaciones. Debido a la crisis, se ha producido en él un auténtico cuello de botella, de
forma que se han acumulado numerosos expedientes y hay unos retrasos inadmisibles, evidentemente por falta de medios. Por eso no entendemos que no se doten esos medios; ocurre incluso lo contrario, se reducen todavía más. La última ocasión en la
que tuvimos la oportunidad de manifestarnos sobre esta cuestión fue en el debate de los Presupuestos Generales del Estado, en los que, si no me falla la memoria, los fondos del Fogasa se reducían en un 23%. Creemos que la política adecuada es la
contraria, es decir, dotar a esta institución de los recursos que necesita.


La única objeción que teníamos a la proposición no de ley del BNG era que focalizaba el problema en Galicia, cuando era un problema que afectaba a toda España, un problema común. Ese fue el sentido de

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nuestra enmienda. La diputada proponente nos ha explicado que acepta la enmienda que proponemos y además plantea añadir una frase que enfatiza esa necesidad de dotar al Fogasa de medios no solo humanos sino también materiales. Por tanto,
aceptamos la enmienda transaccional y la apoyaremos.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra don Manuel de la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Efectivamente, estamos ante un tema que no es nuevo en esta Comisión ni en esta Cámara. Desde el inicio de la legislatura, distintos grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista, han promovido iniciativas
dirigidas a que el Gobierno mejore sustancialmente los medios del Fogasa para hacer frente a las obligaciones que tiene asumidas, obligaciones que no derivan solo de una directiva europea, que impone la existencia de un sistema de cobertura para el
pago de los atrasos salariales y de las indemnizaciones a los trabajadores en caso de insolvencia de las empresas que les han despedido, sino también de un modelo de derecho del trabajo de carácter tuitivo, protector de quienes están en situación de
sumisión, dependencia o inferioridad en la relación de trabajo, que son objeto de despido y que en muchos casos -como los que el Fogasa tiene que afrontar- no perciben sus atrasos ni su indemnización. El problema es que estos trabajadores se han
encontrado con que en estos tres últimos años, uno, se han recortado las prestaciones por desempleo, porque van al paro; dos, se han recortado las prestaciones del Fogasa, pues antes el módulo era tres veces el salario mínimo y ahora se ha rebajado
a dos veces el salario mínimo, y tres, desde el año 2012 y sobre todo desde 2013 el retraso en el pago de las prestaciones del Fogasa es muy grande. En Madrid, mi circunscripción, está entre un año y medio y dos años desde que se solicita, lo cual
es un retraso verdaderamente injustificado e inasumible. En la memoria del Fondo de garantía salarial de 2013 se señalaba que a finales de ese año había pendientes 208.854 expedientes, que afectaban aproximadamente a 300.000 trabajadores. Ante la
presión de los sindicatos e incluso de los trabajadores, que se concentraban en las oficinas del Fogasa, y de las propuestas de resolución de esta Comisión, el Gobierno puso en marcha lo que llamó el Plan Greta, esto es, la subcontratación a través
de Tragsatec de 150.000 expedientes, con el compromiso de que a 31 de octubre pasado estuvieran liquidados. Esto se ha cumplido solo en parte. A día de hoy aproximadamente 60.000 expedientes, más de un tercio, siguen sin abonarse, a la espera de
un crédito extraordinario de 900 millones de euros, que todavía no ha sido aprobado, para que el Fogasa pueda hacer frente a esos pagos. Al mismo tiempo, el Gobierno contrató 48 trabajadores interinos nuevos.


¿Qué pasa con el futuro? La estimación del Fogasa es que a finales de este año va a haber unos 180.000 expedientes todavía sin resolver, los 130.000 que están entrando este año más los 59.000 que se pensaba que no iban a estar resueltos del
cupo anterior; son 180.000 expedientes, unos 250.000 trabajadores. El Fogasa dice que, como poco, se tardará en pagar en 22 provincias al menos un año, un año que ya está pasando. Además -lo ha señalado el señor Anchuelo-, el presupuesto para el
año 2015 se ha recortado un 22% sobre el presupuesto inicial de 2014, pero en términos reales, si se aprueba este crédito extraordinario de 900 millones, se recorta en la mitad respecto a 2014. Ante esta situación, a pesar del plan Greta, vamos a
apoyar la iniciativa que ha presentado el Bloque Nacionalista Gallego. Nos parece imprescindible que el Gobierno amplíe la plantilla de interinos. En la última reunión del consejo rector del Fogasa, la secretaria de Estado manifestó que podrían
ser necesarios 50 interinos más y que iba a intentar gestionar un crédito extraordinario con Hacienda. Si el propio Gobierno cree que hay que meter 900 millones este año, más los que harán falta el año que viene, y que además se necesitan 50
interinos más, la iniciativa del Bloque más la enmienda que hemos presentado los grupos y la transacción que ha asumido la proponente deberían llevar a que esta Comisión aprobara por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno pusiera
en marcha estos nuevos medios presupuestarios y de personal, para que los trabajadores que acudan al Fogasa como última instancia para cobrar sus indemnizaciones y sus atrasos no sufran un periodo tan extremadamente largo para cobrar las cantidades
a las que tienen derecho.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Igual que sucedía en la anterior iniciativa, la cuestión que nos plantea la señora Fernández no es nueva. El mal funcionamiento del Fogasa ha sido objeto de preocupación para todos los grupos parlamentarios,
que han presentado distintas iniciativas orientadas precisamente a

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agilizar los pagos a los trabajadores cubiertos por las garantías del Fogasa. Como recordaba ahora el señor De la Rocha, el Gobierno puso en marcha una política, que también fue objeto de cierta polémica, para solventar esas situaciones.
Sin embargo, la señora Fernández vuelve a evidenciar, en este caso en su demarcación electoral, que el problema continúa existiendo. Por tanto, Convergència i Unió, como no puede ser de otra manera, va a apoyar esta iniciativa, esperando que lo que
durante muchos años fue un buen instrumento de protección de los trabajadores vuelva a serlo y que el Gobierno tome las medidas para que el Fogasa tenga el músculo administrativo que le permita gestionar estos recursos imprescindibles para miles de
familias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, como ya se ha dicho aquí, este es un tema recurrente, que hemos debatido varias veces en esta Comisión; la última concretamente en el mes de febrero de este mismo año. No voy a reiterar los
argumentos que entonces utilizamos, simplemente voy a recordar de dónde veníamos. Existía una bolsa de expedientes atrasados, sin resolver; la mayoría de ellos no tenían ni siquiera un número de identificación de expediente. El caos era absoluto
y no era solo un caos de personal. En los años 2008, 2009, 2010 y 2011 nadie hizo nada por superar esa situación, por crear plazas de las que ahora se reclaman o por solucionar el problema de los recursos humanos, ni siquiera por mejorar el sistema
operativo que tenía el Fogasa cuando ya en plena crisis acumulaba un incremento de expedientes de entorno al 400%. En este momento la crisis tiene otra cara y los expedientes son menores, pero me voy a referir simplemente a lo que aquí parece que
se ha dicho, que es que no se ha hecho nada. No, señorías. El Fogasa, estableció desde el primer momento de la legislatura un plan de viabilidad con unas medidas de choque, medidas coyunturales y medidas estructurales. Aquí se dicho algo que
quiero dejar claro, se ha dicho que se ha hecho una subcontratación. Se ha hecho una encomienda de gestión -que es una figura jurídico-administrativa perfectamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y que no significa una externalización
ni una subcontratación- a la sociedad estatal Tragsatec, una empresa pública, con trabajadores que están en una empresa pública. Ese contrato, que empezó a funcionar el 1 de noviembre de 2013 y que finalizará el 31 de diciembre, ha solucionado el
problema de atasco que existía, porque se ha dedicado a eso -solamente han visto los expedientes que estaban en esa bolsa a la que me he referido- y en paralelo se ha reorganizado el Fogasa con 158 interinos en 2013 y 100 interinos en 2014, con una
reestructuración, con aprobación de Función pública y del Ministerio de Hacienda, para excluir de los procesos de amortización las vacantes del Fogasa y para hacer un nuevo concurso para sustituir todas las jubilaciones que se están produciendo, es
decir, para solventar los problemas de recursos humanos de una manera permanente, además de facilitar los intercambios dentro del propio Fogasa: puestos intercambiables para poder atender a las necesidades que tiene y comisiones de servicio que se
han solicitado para ir a ese organismo. Además, se ha elaborado un nuevo manual de procedimiento, porque el problema del Fogasa no era solamente que no tuviera gente, sino que esos expedientes estaban ahí porque no había una organización interna,
un sistema que solucionara la descoordinación en cuanto a métodos de gestión que se detectaba en la tramitación de expedientes, pues en unas provincias y en otras eran completamente diferentes. Asimismo, se ha firmado un convenio específico con la
Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, porque los recursos tienen que ir destinados a aquellos que los necesitan, que son los trabajadores que proceden de empresas que no tienen recursos para financiar sus despidos, porque a las que son
solventes no se les va a financiar, los van a pagar ellas, como hemos debatido en esta Cámara. Por tanto, la inspección va a colaborar también para atender las demandas de los propios trabajadores.


Señorías, está encomienda de gestión que tenía Tragsatec, que ha terminado con la bolsa -quedan algunos flecos, en función de que empresas tengan que presentar algún expediente, que serán solucionados en este mes, antes de que finalice el
año- ha costado 3.200.000 euros. La propuesta de incremento directo de personal en el Fogasa para solucionar una cuestión coyuntural -porque la estructural se va a solucionar con estas medidas y la coyuntura de la crisis está remitiendo- costaba 11
millones de euros. Señorías, la situación es completamente diferente y por tanto no podemos aceptar esta iniciativa. Con estas medidas el Fogasa ha visto reestructurados de fondo y de forma todos sus problemas, por lo que no podemos apoyarla.
(Aplausos).

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- SOBRE BONIFICACIÓN EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS REALIZADOS PARA SUSTITUIR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EL ÁMBITO DEL HOGAR FAMILIAR QUE SE ENCUENTREN EN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002616).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que figura como cuarto en el orden del día, sobre bonificación en la cotización a la Seguridad Social de los contratos realizados para sustituir a las personas trabajadoras en el ámbito del hogar
familiar que se encuentren en procesos de incapacidad temporal. Para su defensa, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender esta proposición no de ley.


Señorías, en el proceso de convergencia e integración de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, y siguiendo las
previsiones legales de la Ley General de la Seguridad Social y las recomendaciones del Pacto de Toledo, se procedió a la integración en el régimen general de la Seguridad Social del anterior régimen especial de empleados del hogar. El objetivo,
entre otros, era la mejora de la protección de las personas incluidas en el mismo. Esta integración supuso también la aprobación de un nuevo marco de las condiciones laborales de estas personas. Se hizo través del Decreto 1620/2011, de 14 de
noviembre. Ahí se reguló la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.


Esta integración se ha desarrollado a través de un sistema especial, con el fin de adecuar las obligaciones y los derechos de la Seguridad Social a las características de la prestación de servicios en el hogar familiar, procurando un
equilibrio entre la mejora de la protección social de los trabajadores y las cargas que tendrían que asumir los titulares del hogar en su condición de empleadores. La aplicación de este proceso ha supuesto un importante crecimiento del número de
personas que prestando servicios en el hogar familiar, lo hacen de forma regular y se encuentran afiliadas y cotizando a la Seguridad Social. Los datos que conocimos en la última reunión de la Comisión del Pacto de Toledo nos dicen que ha habido un
incremento sustancial, que prácticamente se ha duplicado el número de personas que están en esta situación, es decir, cotizando y afiliadas a la Seguridad Social. Se hablaba incluso de más de un 43% de crecimiento con respecto al número de personas
afiliadas al anterior régimen especial. Esto demuestra, señorías, lo acertado de la medida, aun teniendo en cuenta la coyuntura que vivimos, es decir, la crisis económica, cuya incidencia es evidente en los hogares y en las posibilidades de
contratación de una persona para realizar servicios en el hogar familiar.


Ahora bien, hay una situación sobre la que hay que reflexionar y tomar decisiones. Por una parte, hay que posibilitar nuevas afiliaciones, y por otra, hay que facilitar a las personas, a las familias en este caso, la contratación de los
trabajadores que les son necesarios. Es el caso de aquellos supuestos de incapacidad temporal de la persona que presta los servicios, tesitura en la que el empleador, es decir, la familia que contrata, además de la obligación de pago de la
prestación de la Seguridad Social durante un breve espacio de tiempo de una persona, tiene también la obligación de cotizar por la persona de baja. Si debe contratar a otra persona, porque sigue necesitando los servicios -algo que es casi seguro en
el caso de dependientes, menores, enfermos crónicos o personas de edad avanzada-, la carga económica se duplica, porque tiene que cotizar por la persona que se encuentra de baja y tiene que hacer frente a las obligaciones salariales y de Seguridad
Social de la nueva persona contratada para sustituirla. Señorías, esta situación es difícilmente asumible por la mayoría de las familias que se encuentran en estas circunstancias. Como decía, es algo que no estaba previsto. Cuando hay una nueva
norma, siempre puede haber una laguna como esta, que debe tener una respuesta por parte del Gobierno. Por eso, para reducir la carga que esto supone y en línea con lo que se viene aplicando en los casos de sustitución de trabajadoras de baja por
maternidad, proponemos en esta iniciativa que el titular del hogar familiar no vea duplicada su aportación por el hecho de contratar a una nueva persona para sustituir a la que se encuentra de baja por un proceso de incapacidad temporal. Esta
casuística no estaba contemplada en la norma, pero tiene que ser regulada, con el fin de promover la contratación y la afiliación a la Seguridad Social de aquellas personas que son necesarias en el ámbito del hogar. Para estos casos descritos, esta
iniciativa propone que se inste al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que contemple que, en los procesos de incapacidad temporal de las personas trabajadoras incluidas en el sistema del régimen general de empleados del hogar, cuando el titular
del hogar familiar contrate a otra persona para que sustituya a la

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que se encuentra de baja, la cotización de esta última, a cargo del titular del hogar familiar, sea objeto de una bonificación de 100%. Esta bonificación operaría desde la fecha de la contratación de la persona que sustituye hasta el
momento en que finalice el período de sustitución y se produzca la reincorporación de la persona empleada del hogar familiar sustituida o esta sea declarada en situación de incapacidad permanente.


Señorías, es evidente que las circunstancias descritas requieren la modificación propuesta, evitando así situaciones no deseadas -creo que todos ustedes saben a las que me refiero- tanto para el trabajador como para el conjunto de la
sociedad. El grupo mayoritario, el Grupo Popular, nos ha dicho que no van a votar favorablemente la iniciativa. Algo así me sospechaba al no haber ninguna enmienda. Lo lamento profundamente, porque es una iniciativa buena para el conjunto de la
afiliación y, por tanto, de los datos de la Seguridad Social. Lo lamento sobre todo por las familias que viven esta situación. No son muchas, pero les está afectando una situación que en su momento no se planteó. No se preveía que una persona con
una edad menor y con un buen estado de salud, que se contrataba para cuidar a personas mayores o a enfermos crónicos, cayese también enferma, pero tiene derecho a hacerlo. Cualquier argumento dilata en el tiempo una solución que podría ponerse ya
en marcha. En cualquier caso, no se va a aprobar, pero espero que el Gobierno, el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social, sobre todo esta última, estén estudiando esta situación y estén pensando en una solución, sea o no una iniciativa del
Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas, como se acaba de expresar en la intervención. Por tanto, pasamos a fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo estuvo a favor de las medidas de regularización y afloramiento de los empleados del hogar, entre otras cuestiones por la mayor protección que se iba a otorgar a estos trabajadores, y nuestra valoración del
proceso también es positiva, aunque consideramos que todavía no ha terminado. Sin embargo, deberíamos ser cuidadosos para no dificultar excesivamente la situación de los empleadores -al fin y al cabo son empleadores muy especiales, porque no son
empresas, son hogares-, porque si se les dificultan las cosas excesivamente puede haber dos escenarios y ninguno es favorable: que haya familias que decidan prescindir de esos empleos -y no está nuestro país para que eso ocurra- o que se dificulte
el proceso de regularización y afloramiento que aún debe continuar. El caso que nos plantea el Grupo Socialista en su proposición no de ley nos parece un buen ejemplo de esas dificultades innecesarias. Es un ejemplo de doble cotización, en el que
una familia cuyo empleado del hogar está de baja sigue cotizando por él, como debe ser, y además cotiza por el empleado que le sustituye. Nos parece acertada la propuesta de introducir una bonificación en este segundo empleo y votaremos
favorablemente la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, el Grupo Socialista nos plantea una iniciativa muy concreta, fruto del proceso de integración en el régimen general de la Seguridad Social de los empleados del hogar. Fue un régimen que
mereció el apoyo del conjunto de la Cámara en la pasada legislatura. Posteriormente, el actual Gobierno lo modificó. Todos compartíamos la necesidad de regularizar la situación de estas personas que trabajaban en el seno del hogar. Al mismo
tiempo, todos compartíamos la preocupación por descargar en las familias responsabilidades que a menudo eran más propias de empresas, siempre con una discusión sobre si la medida permitía que todas aquellas personas que estaban trabajando en el
hogar regularizaran su situación y con una discusión sobre si el vaso estaba medio lleno o medio vacío. Este cerca de medio millón de personas indica que muchas han normalizado su situación laboral y social. Sin embargo, las cifras que ha manejado
el Instituto Nacional de Estadística en relación con el empleo sumergido en esta materia nos recuerdan que hay muchas más personas que continúan sin ser regularizadas... En este sentido, nos parece fundamental cualquier esfuerzo que se haga a la
hora de facilitar que las familias puedan asumir los costes fiscales y sociales asociados a la contratación de las personas que les ayuden en su hogar. Por esa razón, ante el problema concreto que apuntaba la señora Rumí, con esa doble cotización
de las familias en el supuesto de la baja de su trabajador o trabajadora, nos parece acertado, pero creemos, señorías, -se lo digo a la señora Rumí con todo el cariño del mundo-, que hubiese sido interesante que esa cuestión la hubiese contemplado
el Gobierno en su momento, ya que esta medida se aprobó en la etapa del Gobierno socialista. Por otro lado,

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tenemos la convicción de que, no solo en el ámbito del servicio a los hogares sino en el de los servicios a las personas y a las familias, existe un enorme yacimiento de empleo que exige regulaciones que hagan fácil que las familias puedan
comprar estos servicios en el mercado formal y que los costes asociados a la contratación en dicho mercado se acerquen a los de lo que supone contratarlos en la economía sumergida. En los últimos años, Bélgica, Francia y Alemania han tomado medidas
en esa dirección que han permitido que emerja empleo, crear empleo nuevo y crear empresas que ofrecen ese tipo de servicios. En el Estado español esta cuestión continúa pendiente.


En cualquier caso, sea bienvenida la iniciativa de la señora Rumí que, lógicamente, va a encontrar nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señorías del Grupo Socialista, señora Rumi... (La señora Rumí Ibáñez: Rumí, por favor). Perdón, señora Rumí. Con el mismo cariño con el que se ha dirigido a ustedes el señor Campuzano, permítanme que les diga que
quién les ha visto y quién les ve. Presentan hoy propuestas en clara contradicción con lo que mantenían hace apenas tres años. Es cierto que entonces eran Gobierno y hoy no, pero la coherencia política, si se tiene, no se pierde con el paso del
tiempo ni con el cambio de posición política. Hagamos memoria. El 21 de junio del año 2011 se debatió en esta Cámara una proposición no de ley, presentada por Unión Progreso y Democracia, que instaba al Gobierno a impulsar la bonificación del 45%
de la cuota de cotización del entonces régimen especial de empleados del hogar para las familias en las que al menos uno de sus integrantes fuera una persona con discapacidad o tuviera a su cargo un ascendiente dependiente. Comparemos, señorías.
Una bonificación del 45%, no del 100% como se pretende ahora, para la contratación inicial, no para su sustitución, como se pretende ahora, y únicamente para quien tuviera personas discapacitadas o dependientes a su cargo, no para la totalidad de
los empleadores en caso de incapacidad temporal de la empleada del hogar.


La propuesta de entonces era mucho más limitada y ajustada que la que hoy debatimos y sus señorías darán por hecho que el Grupo Socialista la apoyó. Pues no. La apoyaron el Grupo Mixto, el Popular y el Catalán; el Grupo Socialista votó en
contra. Tildaron el discurso de la señora Díez, que fue quien la defendió en nombre de UPyD, de demagógico, populista y de cara a la galería, y defendieron que, si quería tener rigor, la propuesta debería ir precedida de los estudios que
determinaran a cuántas personas afectaba y cuánto coste implicaba. Yo no calificaré su proposición de hoy de demagógica, populista y de cara a la galería, porque ya lo hicieron ustedes con la de Unión Progreso y Democracia -y eso que aquella, a
nuestro juicio, sí tenía sentido, a diferencia de la actual, por un simple criterio de justicia social-, pero sí les pediré que recuperen el rigor perdido en sus propuestas. Si hoy solicitan una bonificación similar a la que existe, solo hay un
supuesto parecido al que ustedes pretenden -por cierto, no es el de maternidad, que es el que citan en su PNL, porque la maternidad no es una incapacidad temporal, y lo hemos repetido muchas veces en esta Comisión-, que es el de las personas con
discapacidades empleadas que sustituyen a su vez a personas con discapacidad en situación de incapacidad temporal, con el fin de proteger especialmente a las personas con discapacidad, que suelen tener más periodos de incapacidad temporal que las
que están absolutamente sanas.


De prosperar esta mayor protección que pretenden de las relaciones laborales del colectivo de trabajadores de empleados del hogar solo se disminuirá el coste para los empleadores. Por eso el Grupo Parlamentario Popular cree que lo sensato y
riguroso sería la retirada de su proposición no de ley y que, en su caso, se procediera a elaborar los estudios acerca de las posibilidades de establecer este tipo de verificaciones, a cuántos afecta y cuánto cuesta, exactamente como decían ustedes
en el año 2011. Si no es así, votaremos en contra de la propuesta del Grupo Socialista por falta de rigor en su elaboración y de coherencia en su presentación, que si alguna vez la tuvieron -yo no digo que no-, con el mantenimiento hoy de esta
proposición no de ley demuestran bien a las claras que la han perdido.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADAPTAR LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA AL CONVENIO DE TRABAJO MARÍTIMO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (2006). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 161/002352).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación al punto que figura como segundo en el orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación española al convenio...

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(Rumores). Por favor, estoy interviniendo. Si quieren, pueden hablar tranquilamente fuera de la sala y dialogar lo que les parezca oportuno.


Como decía, vamos a debatir, a continuación, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación española al Convenio de trabajo marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, presentada por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a defender esta proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar todas aquellas medidas necesarias para adaptar la legislación española a las obligaciones que contiene el Convenio de trabajo marítimo,
2006, número 186, de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio entró en vigor en agosto de 2013, después de que hubiesen concluido los procesos de ratificación necesarios. El pasado mes de agosto lo habían ratificado ya más de 64
Estados, que representaban más del 80% de la flota mundial. Este es un convenio fundamental en el sector del mar, tanto en el transporte de contenedores como en el de pasajeros, aglutina las normas mínimas internacionales, tanto para garantizar el
trabajo decente de los trabajadores del mar como para promover la competitividad y el transporte eficiente, y es fruto del diálogo tripartito que se produce en el marco de la OIT entre representantes de las empresas, de los trabajadores y de los
Gobiernos.


Decía que no es una norma menor de carácter internacional no solo por la importancia que tiene el transporte marítimo en el comercio mundial y en el contexto de la globalización económica, sino también por el hecho de que en los últimos
tiempos este sector había vivido un proceso importante de desregulación, con presencia de buques que tenían enormes deficiencias, tanto en sus estructuras como en el trato a los trabajadores, y que estaban amparados en banderas de conveniencia, lo
que llevaba a una competencia en el ámbito del transporte marítimo que terminaba perjudicando tanto a trabajadores como a aquellas empresas que actuaban de manera correcta y según las correspondientes normas. Por tanto, había un problema de dumping
social que afectaba a derechos fundamentales de los trabajadores del mar.


Todo esto, insisto, condujo a regular estas condiciones mínimas a través de un convenio de la OIT. El listado de cuestiones que aborda el convenio no son menores: edad mínima de trabajo, características de los acuerdos laborales, horas de
descanso, pagos de salarios, vacaciones anuales, la repatriación al término del contrato -cuestión que en este sector, como pueden suponer, es fundamental-, la atención médica, el uso de los servicios privados autorizados de contratación y
colocación, cuestiones de alojamiento, de alimentación y el servicio de comidas, protección de la salud y prevención de accidentes -que también es muy importante en este tipo de actividades- y los procedimientos de tramitación de las quejas de los
marineros. Son cuestiones que tienen gran trascendencia.


El convenio que hoy está en vigor, porque España ha concluido todos los procesos para que fuese así, a nuestro entender exige que el Gobierno tome medidas adicionales para permitir la aplicación de esta normativa, y algunos Estados europeos
lo han hecho en el marco de directivas europeas que abordan esta cuestión. Las obligaciones de los Estados en cuanto a la aplicación del Convenio marítimo tienen que ver especialmente con las facultades y competencias de control que se atribuyen a
esos Estados cuando un barco amarra en un puerto sometido a la soberanía del Estado español, lo que obliga a la Administración General del Estado a tomar medidas para permitir que puedan aplicarse los compromisos que asume España en relación con el
convenio. Por tanto, a nuestro entender es necesario que el Gobierno adopte aquellas medidas que den al convenio plena vigencia. En los últimos tiempos existen algunas contradicciones en la aplicación de dicho convenio, especialmente en lo que se
refiere a las funciones que deberían atribuirse a la Inspección de Trabajo en esta materia, porque insisto en que estamos hablando de un convenio que afecta al ámbito de las relaciones laborales, en el marco de la OIT, y en el que la Inspección de
Trabajo tiene unas especiales obligaciones para dar cumplimiento a lo que en él se prevé.


Espero que la proposición no de ley cuente con el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno, porque lo que mandatamos al Gobierno simplemente es que el convenio número 186 que España ha ratificado cuente con todos los medios para poder
desplegarse. Es evidente que la ubicación geográfica de España, la existencia de puertos como los de Barcelona, Valencia, Algeciras, Bilbao o Vigo, da una especial trascendencia a esta convención. Además -termino ya, señor presidente-, el sector
marítimo es importante en la generación de empleo, en la existencia de un tejido empresarial autóctono y, por tanto, exige unas normas internacionales que garanticen empleo decente y condiciones de competitividad y eficiencia para aquellos que
cumplen con las leyes.

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El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Socialista ha pedido la palabra el señor Segura. Simplemente quiero indicarle, porque no es habitual en la Comisión, que este turno es de tres minutos.


Tiene la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: Ciento ochenta segundos dan para mucho, sobre todo para poner de manifiesto la incoherencia de algunos grupos parlamentarios.


Con la mayor consideración y respeto hacia el Grupo Parlamentario Catalán, particularmente hacia el ponente que ha defendido la proposición no de ley, tengo que decir que hubiese deseado que lo hubiesen hecho cuando se produjo la tramitación
del proyecto de ley de navegación marítima que se aprobó con competencia legislativa plena en la Comisión de Justicia de esta Cámara. Se trata de un proyecto de ley, que tengo en mis manos, que consta de 524 artículos y 75 disposiciones
transitorias y finales y cuya tramitación en las Cortes Generales llevó doce años. El Grupo Parlamentario de CiU se centró fundamentalmente en tocar los aspectos vinculados al Libro III del Código de Comercio, pero no tocó aspectos de índole
laboral. No me consta que apoyara las dos importantísimas enmiendas que en materia laboral presentó el Grupo Parlamentario Socialista, junto con un paquete de 140 enmiendas planteadas al proyecto de ley de navegación marítima. La enmienda número
126 -doy la referencia bibliográfica a efectos de su lectura-, en la página 72 del Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 2014, en el que está el conjunto de enmiendas de todos los grupos parlamentarios, que se refiere al Convenio
internacional sobre trabajo marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, tiene un contenido jurídico y laboralmente denso -de lo que nos sentimos orgullosos- y una exposición de motivos sobre el cuarto pilar, alrededor del que se
sustenta dicha enmienda.


Hay una segunda enmienda, la número 270, en la que nosotros pedíamos lo siguiente. En relación con la entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 MLC, que es el acrónimo representativo de la terminología inglesa, decimos:
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley -la ley entró en vigor el 25 de junio de 2014, luego los seis meses siguientes serían a final de año, y por eso lo proponíamos- y a fin de garantizar el derecho de toda la gente
de mar a un empleo decente, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de trasposición del reglamento y, al menos, de las disposiciones de la parte A del código del Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006 -nos referimos al
código del Convenio de trabajo marítimo articulado de manera indisociable en el contexto internacional de los convenios, Marpol 73/78, Solas 74/78, STCW 78/95, de la Organización Marítima Internacional; se trata de nomenclaturas propias del trabajo
en la mar-. Dicho convenio, que entró en vigor en España el 20 de agosto de 2013, exige para su debida aplicación el rango de ley para determinadas cláusulas obligatorias, permitiendo en otras una mayor flexibilidad, aunque obligando en estos casos
a consultar previamente con las organizaciones representativas de armadores y de gente del mar.


En las dos enmiendas proponíamos encargar al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley. Decíamos que en el plazo de seis meses después de la entrada en vigor del proyecto de ley el Gobierno inexorablemente tenía que remitir a las Cortes
Generales la normativa obligada para la dignificación de la labor de los trabajadores en la mar.


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, debe concluir.


El señor SEGURA CLAVELL: Ahora, el Grupo Parlamentario de CiU plantea que sea dentro de los tres meses próximos. Bienvenidos, estamos encantados, sumen. No lo hicieron en la tramitación del proyecto de ley y me alegra mucho que se hayan
inspirado intelectual y sociológicamente en los planteamientos de nuestras dos enmiendas. Señor Campuzano, a aprender, que es un buen asunto. (La señora López i Chamosa: Sus conocimientos nos desbordan). Si me dejan más tiempo ya verán lo que es
desbordar.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que mantengan el debido respeto a la Comisión. No se trata de que cada uno grite lo que le parezca. No sé si en otras comisiones será de otra forma, pero en esta no.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: El profesor Segura, compañero y amigo, me exonera de todo tipo de argumentación dada la facundia y prolijidad de sus explicaciones. Mi grupo parlamentario presentó estas enmiendas y la iniciativa del Grupo
Parlamentario de CiU es anterior. En todo caso, lo que es evidente es

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que las enmiendas son concordantes con el pedimento de la proposición de Convergencia. Por esta razón, no hay ningún motivo para refutarla ni poseer reservas mentales.


Simplemente quiero pedir al grupo mayoritario que soporta al Gobierno que atienda a lo que son requerimientos no disponibles, tampoco para el legislador.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré brevemente, porque es una situación similar a la de la primera proposición no de ley. En la línea que viene manteniendo mi grupo de favorecer que la legislación española refleje las mejores prácticas
internacionales, en particular los convenios de la OIT, votaremos favorablemente la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Ildefonso Pastor.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a adaptar la legislación española al
Convenio del trabajo marítimo de la OIT, concretamente a que en tres meses se impulsen y adopten las disposiciones necesarias para cumplir con las prescripciones obligatorias contenidas en dicho convenio. Les anticipo que no votaremos
favorablemente la iniciativa porque entendemos que la misma carece de contenido práctico alguno. El convenio, como ustedes conocen, se encuentra en vigor desde el 20 agosto de 2013. Tal y como señala el artículo 96.1 de la Constitución española,
los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Por tanto, el tratado se integra en el ordenamiento interno mediante su publicación oficial, que en
este caso tuvo lugar el 22 de enero de 2013, no requiriendo un acto normativo interno que trasponga el contenido del tratado.


Dicho esto, yo podría dar por concluida mi intervención y por justificado el voto negativo de mi grupo, sin embargo, entendemos que conviene recordar que el Convenio sobre trabajo marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, como
ha señalado el proponente, establece un conjunto de disposiciones que fijan las condiciones mínimas para el trabajo de la gente del mar a bordo de buques, así como las condiciones de empleo, tiempo de trabajo y descanso, alojamiento, instalaciones
de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda, protección a la salud, atención médica, bienestar y protección social. Al tratarse de condiciones mínimas, los países firmantes pueden fijar condiciones que superen con mucho a las obligaciones
impuestas por el convenio. Este último es el caso de España, que fija condiciones que exceden con mucho los mínimos establecidos por el convenio y no requieren ni han requerido adaptaciones normativas, más allá de las referidas a la distribución
competencial de los distintos ministerios afectados. En este sentido, como el proponente perfectamente conoce, el ministerio afecta a las competencias, por un lado, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina,
ambos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y, por otro lado, a la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.


Para finalizar diré que en enero de 2014 España respondió a la consulta de la Organización Internacional del Trabajo sobre la aplicación del convenio, en relación a cuestiones como las prácticas de control a los buques extranjeros como
Estado rector del puerto, una cuestión que ha mencionado el ponente, que en este caso recae sobre la Dirección General de la Marina Mercante, así como otras cuestiones de legislación nacional, de distribución competencial y de cumplimiento de los
requisitos del convenio por parte de la normativa española, encontrándose las disposiciones del convenio plenamente incorporadas en los requisitos nacionales.


Por todo ello entendemos justificada la posición de nuestro grupo y el voto negativo a la iniciativa.


- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR QUE LAS PERSONAS MAYORES CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN VEAN REDUCIDA SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002790).


El señor PRESIDENTE: Entramos a debatir el punto quinto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre medidas para evitar que las personas mayores con largas carreras de cotización vean reducida su pensión de jubilación, que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Simancas.

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El señor SIMANCAS SIMANCAS: Esta iniciativa tiene un propósito tan constructivo y tan razonable como es el de adoptar medidas para evitar que las personas mayores con largas carreras de cotización vean reducida indebidamente su pensión de
jubilación. Se trata de intentar mitigar, corregir lo que consideramos la extrema crueldad con la que Gobierno está tratando a los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años que tienen la desgracia de caer en el desempleo. En primera instancia,
el Gobierno acabó con las barreras que los Gobiernos socialistas establecieron para dificultar su despido. Por ejemplo, facilitaron el despido colectivo para mayores de cincuenta años en empresas con beneficios; ahora basta con que dentro de la
empresa haya más trabajadores mayores de cincuenta años que despedidos para que el empresario, con beneficios, insisto, se ahorre cualquier pago al Tesoro público. Eliminaron también las bonificaciones para contratar a mayores de cincuenta y dos
años y para mantener el empleo de los mayores de sesenta años. Así, de un plumazo, abrieron la espita para el despido de centenares de miles de trabajadores que son los más vulnerables y con más dificultades para volver a encontrar trabajo. No fue
una buena idea. Pero es que después de facilitar su despido, el Gobierno les redujo drásticamente las prestaciones por desempleo y, además, en muchos casos les condenó a acabar percibiendo pensiones de miseria. Suprimieron los subsidios por
desempleo para mayores de cuarenta y cinco años, así, directamente; elevaron hasta los cincuenta y cinco años la edad de acceso para el subsidio que antes se percibía desde los cincuenta y dos; dispusieron también que este último subsidio solo se
pudiera cobrar hasta llegar a la edad mínima de jubilación, cuando antes se prorrogaba hasta la jubilación ordinaria. Estas medidas han venido reduciendo de una manera progresiva las bases de cotización para el cálculo de la futura jubilación.


Pero el Gobierno no se conformó con estas medidas crueles -insisto, crueles-, también redujo un 25% la cotización que la entidad gestora abonaba para los perceptores de aquel subsidio y suprimió la bonificación del 35% en la aportación del
trabajador; todo ello después de endurecer los requisitos de carencia de rentas para asegurarse de que se reducía, a su vez, de manera significativa el número de perceptores. Para rematar la faena, la reforma laboral estableció la integración de
las lagunas de cotización con la base mínima, sin tener en cuenta lo cotizado a lo largo de la vida laboral y anticipando, como decíamos, unas pensiones de miseria.


A nuestro juicio, estas decisiones contravienen claramente los principios de contributividad, de proporcionalidad y de equidad que han de regir nuestro sistema de la Seguridad Social; pero, sobre todo, son decisiones injustas, porque tienen
como consecuencia directa el mayor empobrecimiento de aquellos sectores de la población que más duramente han sufrido los embates de la crisis. Primero se les condena al paro, reduciendo, insisto, las barreras que se habían establecido previamente
para evitar el desempleo de las personas mayores; después se les limitan las prestaciones al mínimo; y finalmente se le recortan las bases de cotización para que cobren pensiones de miseria. Esta no es una mala política, esta es una política
cruel y queremos corregir esta situación.


Por estas razones, el Grupo Socialista somete a votación de la Comisión de Empleo de este Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a enviar urgentemente al Pacto de Toledo un acuerdo para que los trabajadores con largas
carreras de cotización no vean reducida indebidamente su pensión de jubilación, bien como consecuencia de una merma en sus cotizaciones por expulsión del mercado de trabajo, bien por las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno que reducen de
manera práctica estas bases de cotización. Insisto en que se trata de una medida con un propósito absolutamente constructivo y razonable que espero que cuente con el apoyo mayoritario de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Simancas, estoy de acuerdo con la iniciativa que plantea y con su remisión al Pacto de Toledo. Lo que no sabemos muy bien es dónde se encuentra en estos momentos el Pacto de Toledo, ni siquiera
-parafraseando la canción- a qué dedica su tiempo libre, porque el tiempo ocupado materialmente no existe ya. Pero, en fin, es un optimista desiderátum la regeneración del Pacto de Toledo para acometer reformas de pensiones que son las que, como
usted bien ha denunciado, ya no garantizan que no solo las largas carreras de seguro cumplan los requerimientos del real decreto legislativo de 1994 que regulaba nuestro sistema de pensiones, sus reformas posteriores, las reformas paramétricas
posteriores, las reformas de estabilización posteriores, etcétera, sino ni siquiera el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución que garantiza pensiones desde una perspectiva, no dicha explícitamente pero sí reinterpretada por la
jurisprudencia constitucional, de contributividad, dándole un

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carácter contributivo que debería suponer que largas carreras de seguro generaran mayor cuantía de pensión. Eso ya no es así desde el año 2013, cuando aparecieron elementos como la desindexación y la desvinculación del IPC de los
crecimientos de las pensiones, sobre todo para los pensionistas que todavía no lo son, pero que quizá lo seamos algún día -sobre lo cual le tengo que reconocer que tengo una fe declinante- y a los que se nos aplica un coeficiente imaginario reductor
cada cinco años vinculado a las expectativas de vida, que no se sabe muy bien en qué consiste, pero que lo vamos a saber cuando nos jubilemos. La reducción de este coeficiente que se aplica cada cinco años deja de poseer carácter imaginario y se
convierte en real, reduciendo la prestación que nos corresponda en virtud de nuestra contributividad entre un 15 y un 20%.


Desde esa perspectiva, creo que es muy oportuno que el Pacto de Toledo estudie las cuestiones planteadas por el grupo proponente.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: El grupo proponente nos plantea una cuestión que hemos debatido a menudo en diferentes iniciativas legislativas, en el Pleno, en diferentes PNL, que es la situación en España de los trabajadores de más edad a los
que las distintas políticas del actual Gobierno les van cerrando todas las puertas. En la reforma laboral se facilitó su despido. Una vez despedidos se les ha reducido la protección, eliminando el subsidio de mayores de 45 años, elevando el
subsidio de 52 hasta los 55 y dificultando el acceso y también tienen más complicada la jubilación anticipada porque se ha aumentado esa edad en dos años, incluso en el caso de jubilaciones anticipadas involuntarias. Se les van cerrando todas las
puertas: empleo, protección, jubilación anticipada. Como señala el señor Simancas esto, en efecto, tiene consecuencias sobre su pensión futura, porque hayan tenido lagunas de cotización o periodos de menor cotización y esto afectará a la cuantía
de sus pensiones futuras.


La principal objeción que tenemos a esta proposición no de ley es que plantea muy bien el problema, pero no vemos en concreto qué solución específica propone a nada de todo esto. Es más bien una expresión de un buen deseo de que esto se
solucione de alguna manera o una forma de llamar la atención sobre el problema. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia). Echamos en falta más concreción, pero, como compartimos ese buen deseo y esa necesidad de llamar la
atención sobre la situación de estos trabajadores, la apoyaremos.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a apoyar también esta iniciativa del Grupo Socialista. La literalidad de la proposición no de ley es suficientemente amplia en los términos que se formulan que difícilmente puede ser rechazada,
pero sobre todo en la exposición de motivos y en la propia explicación que ha hecho el señor Simancas se relatan los cambios que se han introducido en los últimos años por el actual Gobierno y que, a nuestro entender, perjudican a los trabajadores
de mayor edad. He de recordar también que de las primeras iniciativas que mi grupo planteó, en este caso en el Pleno, fue una interpelación al Gobierno planteando el desarrollo de la estrategia aprobada en la anterior legislatura para facilitar el
empleo de los trabajadores de más edad. Estos mismos días hemos de recordar que el Consejo Económico y Social ha presentado un amplio informe sobre los problemas que afectan a este colectivo. Un colectivo que está siendo especialmente castigado
por la crisis. Un colectivo de trabajadores que a menudo padece también de déficits de formación o al menos que la formación adquirida, a lo largo de su vida laboral, no está adaptada a los requerimientos de los nuevos sectores en los que podrían
ser ocupados. Trabajadores que a menudo padecen el problema de que las empresas a partir de cierta edad los consideran incontratables. En nuestra práctica cotidiana el factor edad está siendo un factor de discriminación, tanto para hombres y
mujeres mayores de cincuenta años y frente a esa realidad, trabajadores maduros con largas carreras laborales y con situaciones de inadecuación formativa no encuentran ni una política pública de apoyo a su reincorporación al mercado de trabajo ni
tampoco una política que les proteja en términos de la pensión que está construyendo después de una larga carrera laboral en la perspectiva de su jubilación. Además con algunas medidas que el Gobierno ha impulsado en esta legislatura, que nos
parecen especialmente nocivas, como fue la desaparición de las bonificaciones al mantenimiento de empleo de trabajadores de mayor edad. Aquella era la única bonificación que reconocía a aquellas empresas que hacía tiempo que tenían trabajadores
empleados una reducción de sus costes sociales

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para mantener esos empleos. Era la única bonificación que reconocía el esfuerzo de una empresa para mantener en el empleo durante un largo periodo de tiempo a un trabajador. No se reconocía la nueva contratación, sino que se apoyaba el
mantenimiento del empleo de precisamente a quienes si pierden el empleo tienen más dificultades para volver a encontrarlo. Como apuntaba el señor Anchuelo, la propuesta que votaremos no entra en estos detalles, pero esta es la cuestión:
necesitamos una política distinta a la que ha hecho el actual Gobierno para facilitar el empleo de los trabajadores de más edad que a menudo tienen cargas familiares, que tienen menos espacio vital para reinventarse y que a menudo son castigados por
un mercado de trabajo que discrimina en función de la edad.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bravo.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: En primer lugar, quiero señalar que este grupo parlamentario va a apoyar la labor que el Gobierno del Partido Popular está desarrollando para tomar medidas para mantener las pensiones de estos trabajadores y para que
estas personas no pierdan ninguno de sus derechos adquiridos a lo largo de sus carreras de cotización. Compartimos también el análisis que se ha hecho desde los grupos anteriores respecto a que son un grupo en este momento muy castigado por la
situación actual y además, en muchos casos, con escasa formación y con dificultades ciertamente para acceder al empleo, lo que no compartimos es que el Gobierno no esté haciendo nada ni no esté tomando medidas. Al contrario, el Gobierno es muy
conocedor de esta situación. Es un apartado, insisto, que nos preocupa profundamente porque ahí hay grandes bolsas de hombres y mujeres que han aportado mucho al sistema y a la historia de este país, y, por ello, el Gobierno va a seguir apostando
por ellos y desarrollando políticas para su mejora. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Conocedores también de que algunas de las últimas medidas pueden repercutir de alguna forma negativa, por ello el Gobierno está impulsando para paliar
ese impacto que para algunos de estos trabajadores tendrían por ejemplo la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión y con la finalidad de lograr una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones efectuadas por el
interesado a lo largo de toda su vida laboral y la cuantía de la prestación. En la Ley 27/2011 ya se introduce una disposición transitoria en cuyos apartados 2, 3 y 4, solamente leeré uno de ellos puesto que todos los que estamos aquí conocemos
perfectamente esa ley y la hemos trabajado en el marco del Pacto de Toledo. En estos apartados se intenta trabajar para que estos trabajadores no sufran eso que se está diciendo. Con esta previsión normativa, apartados 2, 3 y 4 de la citada ley,
se dota a este sistema de pensiones de una mayor equidad en el procedimiento de cálculo de la prestación, al reforzar el principio de proporcionalidad entre las cotizaciones y la cuantía de la prestación, a la vez que se neutraliza el impacto
negativo que la modificación del cómputo de la base reguladora puede tener en aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis, ven extinguida su relación laboral en una edad próxima a la jubilación. Por ello, votaremos en contra sin dejar
de trabajar para que el Gobierno apueste por estos trabajadores, por los que se van a jubilar y por los que se puedan reinsertar de nuevo al mercado laboral, que sería lo aceptable y lo deseable para todos. (Aplausos).


- SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE COEFICIENTES REDUCTORES EN LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS POLICÍAS LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002931).


El señor PRESIDENTE: Concluido el punto, pasamos al que figura como número 6 en el orden del día, relativo a la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales, cuyo autor es UPyD y para su defensa
tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Permítanme que comience recordando algunos antecedentes legislativos, aunque sus señorías los conocerán ya, para rememorar que nuestra legislación contempla y permite establecer coeficientes reductores que faciliten
la jubilación antes de la edad legal en determinados colectivos. La Ley 40/2007 introdujo esta posibilidad en nuestro país para aquellas actividades de naturaleza especialmente peligrosa. En este caso, la naturaleza especialmente peligrosa
contempla coeficientes reductores que permitan reducir la edad de jubilación de esos trabajadores. La Ley 27/2011, en la misma línea, establece que el Gobierno ha de promulgar normas sobre la aprobación de estos coeficientes reductores en los
distintos ámbitos y el Real Decreto 1698/2011 regula el procedimiento general para restablecer estos coeficientes. Por tanto, en nuestro país existe la posibilidad de que cuando una profesión tenga características especiales, como la peligrosidad,
se reduzca excepcionalmente la

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edad de jubilación. La pregunta que nos deberíamos plantear en realidad no es si esto es posible, sino si la profesión concreta sobre la que llamamos la atención, que son los policías locales, cumplen esas condiciones, esa situación de
excepcionalidad. Hay diferentes argumentos a favor de esta postura. El primer argumento tiene que ver casi con la intuición. Parece efectivamente que las actividades de policía se pueden encuadrar entre las especialmente peligrosas y arriesgadas,
al margen de estudios académicos que lo avalen, es algo casi intuitivo. También es intuitivo que requieren unas condiciones físicas especiales para el desarrollo de su labor que no siempre se mantienen hasta la edad de jubilación legal. Este es un
primer argumento importante, la simple intuición. Un segundo argumento tiene que ver con la legislación comparada. Diversos países de nuestro entorno lo ven así, como Alemania, Bélgica, Reino Unido, en la mayor parte de los países de nuestro
entorno los policía locales se jubilan en edades anteriores a la edad de jubilación legal establecida en nuestro país. Un tercer argumento es que existe un precedente incluso en nuestro propio país, en los Presupuestos Generales del Estado del año
2010 se establecieron unos coeficientes reductores para la policía autónoma vasca reconociendo, en ese caso, la naturaleza de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable. Hay toda una batería de argumentos a favor, desde la
intuición a la legislación comparada europea, a precedentes en nuestra propia legislación.


¿Qué argumentos pueden alegarse en contra? El más claro, como siempre que se plantean este tipo de iniciativas, es el costo. ¿Nos podemos permitir esto? Querría recordar, para contrarrestar este argumento, que nuestra propia Ley 40/2007,
en la disposición adicional segunda, se establece que al establecer coeficientes reductores en la edad de jubilación, esto no puede en ningún caso afectar al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, porque tiene que conllevar ajustes en la
cotización. Esas mayores cotizaciones deberían compensar el mayor coste y así lo aceptan y plantean los colectivos de policías locales que promueven esta iniciativa. Aún así, se puede insistir en que es costoso, demagógico y populista. Querría
recordar que el propio Partido Popular en diversas instituciones ha planteado iniciativas similares a la que aquí trae Unión Progreso y Democracia, no hace muchos años, en los años 2013 y 2014, recientemente. Por poner simplemente algunos ejemplos,
en la Junta General del Principado de Asturias o en el Ayuntamiento de Palencia. Esperamos, por coherencia, que lo mismo que ha hecho en esas instituciones defienda aquí.


Un último argumento en contra, anticipándome a comentarios posibles de otros grupos, es y por qué los policías locales y no otros, por qué no otros policías o colectivos. Simplemente porque la legislación pide que lo apliquemos a casos
especiales y este lo es. Esto no quiere decir que no estemos abiertos a la posibilidad de plantear iniciativas similares para otras profesiones o contemplar, si se desea por el Partido Popular, ampliar esta propuesta, aceptar propuestas de
ampliación. Nos parece un caso justificado y por la propia naturaleza de lo que estamos tratando, estamos hablando de situaciones excepcionales y por tanto específicas. Por eso nuestra proposición no de ley insta al Gobierno a reconocer la
profesión de policía local como profesión arriesgada y a aplicarle en consecuencia los coeficientes reductores en la edad de jubilación que nuestra legislación contempla para estos casos, sin que en ningún caso esto pueda ni deba afectar al
equilibrio financiero de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Anchuelo, la reivindicación que hacen los policías locales y los autonómicos, especialmente los Mossos d'Esquadra es justa y razonable que lo hagan y nosotros compartimos esa posición y creemos que tienen
que seguir negociando para alcanzar un acuerdo con el secretario de Estado para que posteriormente se convierta en un decreto que les permita acceder a esos coeficientes reductores. Lo que me parece oportunista es la presentación de esta PNL.
Porque este grupo se ha reunido con los policías locales, con diversas asociaciones, lo ha hecho mi compañera, doña Patricia Blanquer, lo ha hecho mi compañero Antonio Hurtado, que además me ha traído una propuesta de iniciativa igual que la suya, y
le he dicho: No podemos presentar esto, porque estos policías ya tienen el artículo 161.bis por el que se establece lo que tienen que hacer para acceder a esos coeficientes. Es más, ya están reuniéndose con la secretaria de Estado para llegar a
alcanzar acuerdos en este tema. Por tanto, ¿a nosotros qué nos cabe? Apoyarles y asesorarles. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen no es el coste de la medida en sí, es el coste de las personas que tienen más de 35 años en
este momento y que ya no tienen tiempo para hacer eso que el señor Anchuelo decía que es el coeficiente, ese poco más que tendrán que pagar a la Seguridad Social. ¿Quién paga el coste de todos aquellos que estén en la edad cercana a la jubilación?
¿Los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y

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Provincias? Ese es el problema, porque la Seguridad Social cuando negocia estos coeficientes hace capital-coste y eso es lo que la Seguridad Social exige.


¿Hay soluciones? Sí, variadas. Puede hacerse capital-coste o podemos buscar fórmulas para que se pague. Hay que decirles lo que les hemos dicho el Grupo Socialista, que han de negociar los sindicatos con la secretaría de Estado, que es lo
que dice el artículo 161 y que, a partir de esas negociaciones, se elabore un decreto igual que se hizo con la Ertzaintza, como bien decía el señor Anchuelo. Nosotros apoyamos esta reivindicación de los policías. Estamos de acuerdo, también para
los Mossos d'Esquadra, pero es que en las negociaciones hay un coste y el problema es quién lo paga. Toda nuestra solidaridad y apoyo a las medidas para que se alcance un acuerdo y se pueda elaborar un decreto de coeficientes reductores para los
policías, porque realmente se han ganado ese derecho con el trabajo que hacen cada día en nuestras ciudades. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Emilio Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Votaremos favorablemente la iniciativa del señor Anchuelo, señor presidente, no sin algunas reservas mentales. Ha incorporado una novedad metodológica a esta Comisión. Primero ha relatado los aspectos que
fundamentan su proposición no de ley y luego de forma cautelar nos ha refutado los que pueden ser contradictorios. Siempre es bueno innovar en estas materias, aunque a veces la innovación se basa más en procedimientos o capacidades paranormales que
en la propia realidad de los hechos. Señor Anchuelo, no ha recurrido a lo paranormal, porque ha indicado lo que puede ser objeto de refutación con carácter más obvio y razonable.


La denominación de coeficientes reductores es engañosa. Estamos hablando de anticipación de la jubilación que es otra cosa y que identifica mejor el pedimento y la proposición presentada por el señor Anchuelo, que lleva aparejada como una
de sus consecuencias la aplicación de coeficientes reductores. Esto en el ámbito policial es terriblemente complejo. Primero, no todos los cuerpos policiales se jubilan a la misma edad. No en todos los cuerpos policiales existe la denominada
segunda actividad, que en algunos casos es segunda y tercera actividad. La Ertzaintza, a la que se han referido recurrentemente algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, se jubila a los 60 años sin segunda actividad. Los
Mossos reivindican también una posibilidad de estas características. En el ámbito de la policía municipal, lo que falta precisamente, porque estas previsiones son normativas en función de la Ley de Policía de Euskadi y del real decreto que ha sido
citado anteriormente en función de las leyes reguladoras de los derechos y deberes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía y de las leyes que regulan la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero falta en el ámbito
municipal una ley de policía municipal de carácter general que atienda a los requerimientos o reivindicaciones de naturaleza laboral que resulten justas. Esta puede ser justa. Aquí encuentro alguna dificultad de ubicación normativa en lo que
pretende el señor Anchuelo. Tendríamos que elaborar una norma ad hoc para los policías municipales, una norma ad hoc para los policías municipales de aquellos municipios que puedan contribuir a la financiación de estos coeficientes reductores, una
norma ad hoc de aquellos policías municipales que participen de la reivindicación, que me consta que no son las de todos los municipios del Estado español y una norma que tendríamos que pensar dónde la incardinamos. Habría que buscar una ley
paraguas o una ley marco o algunas de estas que con tanta prolijidad, con tanta frecuencia y con tan depurada técnica legislativa estamos tan acostumbrados a realizar en esta benemérita institución. Es razonable lo que pretende el señor Anchuelo.
Evidentemente hay que reconocer un derecho, que es un derecho que tienen reconocido los trabajadores in genere, con carácter general. Discrepo de la argumentación de la señora López i Chamosa indicando que hay unos problemas de desequilibrios
financieros que no son tales en tanto en cuanto precisamente lo que los coeficientes reductores compensan son los déficits de cotización. Además se calculan considerando los déficits de cotización previstos y los reales. Este motivo económico
argumentado por el Grupo Socialista no me parece el más convincente y sí quizás, a pesar de que vamos a votar favorablemente, algunos de los que he propuesto.


El señor PRESIDENTE: Don Carles Campuzano, de Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Vaya por delante el apoyo de Convergència i Unió a esta iniciativa que ha defendido el señor Anchuelo. Igual que el resto de los grupos en los últimos años hemos tenido ocasión de mantener reuniones de trabajo
con asociaciones que representan a los policías locales, que nos han planteado esta demandada de reconocimiento de una edad de jubilación distinta, reconociendo

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las condiciones de trabajo en las que están operando. En el imaginario en relación con la cuestión de la edad de jubilación de los policías locales figuran también el tratamiento que tienen algunos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
que han visto reconocida esa edad de jubilación diferenciada. No así el caso de la policía local, no el caso de los Mossos d'Esquadra en el caso de nuestro país, Cataluña. En cualquier caso, esta medida más allá del apoyo que hoy Convergència i
Unió va a manifestar en la correspondiente votación, interpela también a la parte empresarial de este sector. En las reuniones que mi grupo ha mantenido con las asociaciones de policías locales siempre les ha insistido que esa reivindicación que en
términos de los derechos de los trabajadores nos parece adecuada y justa, debe de ir acompañada de un acuerdo con los municipios, que son la patronal que representa a estos trabajadores. Un apoyo evidente, claro y explícito de la FEMP facilitaría
buscar una solución que permitiese resolver algunas de las dificultades que puede tener todo este asunto. Si desde el punto de vista de los municipios se exige un rejuvenecimiento de las plantillas. Se reconocen los límites que suponen las
segundas actividades, etcétera, estoy seguro que la FEMP podría encontrar maneras, a través de un acuerdo con el Ministerio de Empleo, para articular esta jubilación anticipada para estos policías locales. En cualquier caso, mi sensación está un
punto verde. Bienvenida sea la iniciativa del señor Anchuelo en la medida que reabre la discusión y le da la oportunidad al grupo de la mayoría, al Grupo Popular, a ofrecer algún tipo de respuesta a una demanda legítima que han expresado los
policías locales.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ana Belén Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: La defensa de un colectivo como nuestra policía local está por encima de cualquier interés partidista, que tengan el reconocimiento que su profesión se merece y que necesitan ese reconocimiento de todos los grupos
parlamentarios, el mismo que tienen a día de hoy las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una cuestión de justicia que los policías locales tenga también el mismo derecho a la aplicación de coeficientes reductores, a la hora de su edad de
jubilación, como tienen el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señorías, los tiempos han cambiado y hoy los policías locales no se encargan solo de ordenar el tráfico, sino que realizan una encomiable labor de seguridad hasta dar su
vida. Recientemente una policía municipal de Madrid, Carmen Muñoz, de 62 años, fallecía en un atraco en Madrid en el año 2012. Estamos hablando de más de 70.000 hombres y mujeres que cada día hacen una entrega y una vocación de servicio encomiable
hacia los demás. Teniendo en cuenta la normativa vigente en la materia, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ya ha iniciado los trabajos tendentes a la elaboración del preceptivo estudio sobre siniestralidad en este colectivo.
Por eso, en estos momentos la Seguridad Social, con fecha del 26 de junio del 2014, diez días antes de registrarse esta iniciativa, estableció con los ayuntamientos un canal seguro de transmisión de información que en la actualidad 120 ayuntamientos
ya han remitido la información solicitada, es decir, sobre 14.654 policías locales para comenzar a elaborar esos informes preceptivos que establece el Real Decreto 1698/2011 a fin de poder establecer una legislación y un real decreto sobre los
coeficientes reductores. Hoy me sorprende que Convergència i Unió vote a favor, porque en el Pleno del año 2009 votaba en contra conjuntamente con el Grupo Socialista a una iniciativa que presentaba el Grupo Popular. El Partido Popular no ha
cambiado de criterio. Es más, el Partido Popular, tan pronto llega al Gobierno, se reúne con las asociaciones, con los colectivos y hace bandera de todo lo que ellos pedían en la oposición y el Gobierno está trabajando con la creación de esta
plataforma que todos los ayuntamientos están remitiendo ya los datos de los policías locales y lo va a poner en marcha. Tengo que reiterar lógicamente el agradecimiento de mi partido a los policías locales, a los sindicatos de policía locales -hoy
mismo por la mañana hablé con el sindicato de policías y bomberos de Madrid y con la Asociación de Policías Municipal de Madrid-, a todos los que están trabajando ayuntamientos, comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, a la FEMP, a todos los
que llevan desde el mes de julio para que esto sea una realidad y, por supuesto, al Gobierno de España, al secretario de Estado de la Seguridad Social por su total predisposición desde el primer momento para que los policías locales de todo el
territorio nacional tengan derecho a los coeficientes reductores. Ahora sí, señorías, a la demagogia y a la guinda del pastel, como pretende hoy UPyD llevarse la guinda del pastel, no. La guinda del pastel -y como inspector de policía les puedo
decir que se lo merecen- es para los policías locales, los que llevan desde el año 2009 luchando para que estos coeficientes sean una realidad. Lo ha dicho la portavoz López i Chamosa, que no coincido en muchas cosas con ella, pero ella habló de
esto. Ellos son los que se merecen lo que hoy el Gobierno está aplicando y ya está dando pasos y lo saben. Es más, hoy a las asociaciones les sorprendía

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que viniera esta iniciativa. Con lo cual, de verdad si alguien se merece ponerle la guinda al pastel y decir lo hemos conseguido han sido los policías locales, las asociaciones, la plataforma nacional, los ayuntamientos, todos que han
creído en ellos y han dado el respaldo a las iniciativas y no usted. Usted no puede hoy venir a poner la guinda a este pastel, porque no se lo merece. Será el secretario de Estado de la Seguridad Social y las asociaciones a los que debemos de
aplaudir desde el Congreso de los Diputados. (Aplausos).


- SOBRE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2014-2016. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/003063).


El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el punto 7 del orden del día. (Rumores). Señorías, si los murmullos son más bajos será más fácil hablar. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre la estrategia española de
activación para el empleo del periodo 2014-2016. Tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a defender solo los fundamentos que justifican la proposición que mi grupo presenta y no me atrevo, por la traumática experiencia anterior, a hacer una refutación de lo que pueden ser argumentos en contra. Nos
referimos a la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y queremos poner de relieve una de sus atrofias más características, señor presidente, que no hace referencia a las medidas en concreto, sobre las que también podríamos hacer
críticas y manifestar reservas, sino a la vulneración de las competencias autonómicas o a la degradación, mejor dicho -degradación es la palabra, señor Presidente-, de las competencias autonómicas de aquellas comunidades autónomas que las tienen en
materia de empleo y de ejecución de las políticas activas de empleo.


Este plan cuenta con 422 actuaciones nada menos; seis ejes de actuación concreta, que hacen referencia a orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema
Nacional de Empleo, que son aplicables en sus propios términos a todo el Estado español, ignorando que el Estado español está configurado en forma de comunidades autónomas en virtud de la previsión del artículo 2 de la Constitución -observe, señor
presidente, la ubicación sistemática del artículo 2 de la Constitución en el preámbulo de la misma, luego es un principio inspirador del ordenamiento jurídico en su conjunto y que consagra el denominado principio dispositivo- y en otros preceptos de
la misma, como el 137, en relación con la configuración del proceso autonómico, y el 143, en relación con la generación de las autonomías, también basadas en el principio dispositivo, principio dispositivo que quiere decir que las competencias
autonómicas no están sujetas a ninguna pretensión de uniformización por parte de la normativa estatal, salvo en aquellos casos en los que la normativa estatal esté configurada en forma de competencia exclusiva del Estado. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Se ruega silencio, por favor, para poder escuchar al orador adecuadamente.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No es el caso, porque la normativa estatal no es una competencia del Estado. Del Estado puede ser la competencia legislativa, pero las comunidades autónomas poseen competencias ejecutivas para ejecutar la
legislación laboral del Estado -las políticas de empleo son una subespecie de legislación laboral del Estado- y todas ellas poseen competencias en materia de ejecución de políticas activas de empleo, que son las que se configuran en esta estrategia
de empleo del Gobierno español 2014-2016, en forma de 422 actuaciones que de manera uniforme, sin atención a las singularidades que afectan a las comunidades autónomas -singularidades de carácter industrial o de carácter económico, de carácter
incluso convencional, debido a los sistemas de negociación colectiva y a las características de los interlocutores de unas y otras-, legitiman actuaciones diferenciadas por parte de las comunidades autónomas. Se vulnera el artículo 2 de la
Constitución, señor presidente. Esto no es ninguna bagatela. Se vulnera el principio dispositivo en tanto en cuanto el mecanismo que se ha asumido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social consiste en lo siguiente. El Estado no transfiere
créditos para la financiación de estas competencias en materia de promoción del empleo, sino que estos presupuestos los tienen que adelantar las comunidades autónomas, ejecutando estos planes que ha aprobado el Estado y no otros alternativos, que
luego son objeto de una suerte de examen o de homologación por parte de la Administración del Estado. Solo en los supuestos en los que este examen u homologación por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se supere -cosa nunca vista en
el Estado autonómico desde

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1978, desde que existe la historia autonómica del Estado español-, la comunidad autónoma podrá resarcirse de los compromisos presupuestarios asumidos y de la bondad o de la eficiencia en el cumplimiento del plan. Esto vulnera no el
principio dispositivo, sino la circunstancia por todos conocida de que las competencias autonómicas lo son en sus propios términos, lo son con plenitud, y no están sujetas a ninguna suerte de homologación por parte de ningún examinador que
pertenezca la Administración General del Estado. No están subordinadas, no están controladas, no son dependientes de las competencias del Estado. Desde esta perspectiva, no solo se vulneran los preceptos indicados, los preceptos constitucionales,
sino también otros preceptos estatutarios, como la competencia de Euskadi en materia de ejecución de la legislación laboral del Estado -artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Gernika y los homónimos de los demás estatutos de autonomía-, la
competencia de Euskadi y de los demás estatutos de autonomía en materia de promoción de la actividad económica que les resulta propia, competencia de carácter exclusivo de Euskadi y de las demás comunidades autónomas, y las competencias de ejecución
de las políticas activas de empleo que Euskadi ejerce desde el 1 de enero del año 2011. Desde esta perspectiva, la subordinación de las competencias autonómicas a las competencias estatales supone una vulneración del principio dispositivo en el que
se basa el hecho autonómico, la configuración autonómica del Estado, y de los demás preceptos de la Constitución indicados; supone una vulneración de los preceptos estatutarios -he citado solo los de Euskadi, pero también los equivalentes u
homónimos de las comunidades autónomas-; supone, en definitiva, una vulneración del principio inspirador en el que se basa la configuración de las nacionalidades y de las comunidades autónomas, que es nada menos que la artículo 2 de la
Constitución, que es objeto de glosas tan frecuentes en los tiempos tan atribulados que corren en esta materia.


Señor presidente, si uno ya no puede confiar en los requerimientos de la Constitución en relación con la pura configuración autonómica del Estado basada en el bloque de constitucionalidad, es decir, en la Constitución y en los estatutos de
autonomía, no puede sorprender a nadie que estos instrumentos políticos se pueden considerar como políticamente amortizados y que en el imaginario y en los pedimentos de todos los partidos políticos salvo de uno, el que usted con tanta dignidad
representa, ya estemos pensando en otra fórmula de regular la configuración territorial-institucional del Estado. Desde esa perspectiva, no ayuda en nada que se establezcan sistemas competenciales subordinados y sujetos además a examen o control
por parte de la Administración General del Estado. Esto no se ha visto nunca, esto carece de precedentes. El empleo y la lucha contra el desempleo, que es la lacra más importante contra la que debemos luchar, no se merece una configuración de esta
naturaleza, desde el respeto de las competencias de unos y de otros, del Estado y de las comunidades autónomas. Desde esa perspectiva, quiero hacer una invocación, y con esto acabo señor presidente. A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Socialista que vamos a aceptar en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que pende sobre esta proposición no de ley, cuyo autor ya ha anunciado que la acepta, tiene la palabra doña María José Rodríguez Ramírez. Tiene cinco minutos a tal fin.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Intervengo muy brevemente para motivar nuestra enmienda y fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que básicamente coincide con la planteada en esta iniciativa por el Grupo Vasco, aunque hemos
querido ir un poco más allá.


Efectivamente, el desprecio a la realidad autonómica y a la distribución competencial entre Administración central y comunidades viene siendo una constante en el quehacer del Gobierno, no solo en lo que afecta a las políticas relacionadas
con el empleo, sino en toda su acción, aunque si cabe y por la magnitud del problema del desempleo en nuestro país... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor. No se puede escuchar a la diputada interviniente.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Aunque si cabe y por la magnitud del problema del desempleo en nuestro país, este comportamiento reviste mayor gravedad, puesto que resta eficacia a la acción de los Gobiernos autonómicos y resta por tanto
efectividad a la lucha contra el desempleo, que debiera ser en realidad y de manera incuestionable la prioridad de este Gobierno.


La falta de respeto a las competencias que tienen las comunidades no es solo un problema legal o formal, lo cual ya de por sí es grave en la actuación de un Gobierno, sino de fondo, pues como han señalado distintas instituciones y
organizaciones internacionales -la OCDE, el FMI o la OIT en su último

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informe- el camino a seguir en la lucha contra el desempleo pasa necesariamente por la coordinación, por una mayor colaboración que suponga la suma de fuerzas. Pero el Gobierno no solo no suma sino que resta y resta hasta el punto de
destinar, en una lógica inversa, menos recursos a políticas activas cuando precisamente mayor es el drama del desempleo en nuestro país. Hoy, señorías, hay más paro que cuando ustedes llegaron al Gobierno, porque lejos de revertir o simplemente
contener las cifras de 2011 han agravado el problema, destinando nada más ni nada menos que un 36% menos a políticas activas que entonces; más de 3.000 millones menos este año y 12.000 millones en los cuatro años de Gobierno. Esto es lo que
ustedes llaman prioridad. Pero no estamos solo ante un problema cuantitativo. Este desprecio a la capacidad de los Gobiernos autonómicos se cifra además en la forma en la que se produce el reparto entre comunidades autónomas, con absoluta falta de
transparencia en los criterios y desde la imposición en la distribución de unos objetivos que no tienen correlación entre las necesidades y los recursos que se destinan a las comunidades autónomas, como ya se ha dicho aquí. Cuando no se actúa con
transparencia es porque no se está en condiciones de explicar los criterios de actuación. En el caso de algunas comunidades, como Andalucía, existe una estrategia clara de asfixia y discriminación general, también en lo que se refiere a los fondos
para políticas activas de empleo, un 57% de recorte desde que llegaron al Gobierno, a lo que hay que añadir una usurpación de fondos que proceden del Programa operativo de estabilidad y empleo del Fondo social europeo. Sin embargo, frente a tanta
opacidad, señorías, hemos de reconocer a este Gobierno la claridad y hasta descaro, podríamos decir, que ha habido en la concesión de 140 millones de euros a las agencias privadas de colocación, incluyendo en tan generosa dotación la correspondiente
partida para perseguir a quienes cobren indebidamente una prestación. Todo esto nos podía salir gratis, porque para eso están los servicios públicos de empleo, claro que los servicios públicos de empleo cada vez están para menos al ritmo que los
van ustedes debilitando, en lugar de apostar por su fortalecimiento y modernización, como recomiendan todas las instancias que analizan el panorama de las políticas activas de empleo en nuestro país. Son unos servicios públicos que no solo no están
en condiciones de ofrecer ese servicio público de calidad en materia de orientación o intermediación, sino que además están perdiendo la confianza de las personas que los necesitan, pero que cada vez con más frecuencia desisten de acudir a ellos.
Es un deterioro que se alienta y se consiente por el Gobierno, que de paso, de manera intencionada o no, consigue una reducción ficticia en el registro del desempleo. Este, señorías, es también un caso flagrante de dirección contraria a la que
nuestro país necesita y a la que el Grupo Socialista se opone y así lo recogemos en nuestra enmienda. La desviación de recursos públicos hacia las agencias privadas de colocación, además de un claro ejercicio de privatización de estos servicios, es
un ejemplo de su debilitamiento y, por tanto, un ejemplo claro de injerencia en el ámbito de las autonomías que tienen competencias en la gestión de los servicios públicos de empleo. A las agencias no las evaluamos; sus recursos se multiplican por
siete desde el año 2007, pero no se las evalúa.


Otra forma de desprecio a las comunidades autónomas es alegar falta de ejecución en los presupuestos. Por ejemplo, este año el reparto de las políticas activas se hace en la conferencia sectorial del 23 de abril. El reparto no se aprueba
por el Consejo de Ministros hasta el 5 de septiembre, pero hasta el 10 de noviembre no se ha publicado la orden del ministerio autorizando el pago a las comunidades autónomas, por lo que a poco más de un mes de finalizar el año las comunidades
autónomas no habían recibido ni un céntimo para políticas activas. Ahí también se ven, señorías, las prioridades. Esta forma de actuar se prueba también, además de en la estrategia de activación para el empleo, en otros ejemplos, como la garantía
juvenil, donde el Estado, no siendo competente en políticas activas, se reserva la gestión del 50% de los fondos que aplicará a bonificaciones a la contratación, de probada ineficacia, aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2015 no reflejan
con claridad las cuantías previstas ni detallan otros programas de formación y empleabilidad para los que se carece de competencias, todo ello sin la necesaria transparencia para poder evaluar finalmente su ejecución. En definitiva, se extiende al
ámbito...


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, debe ir concluyendo.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: En definitiva, se extiende al ámbito del Ministerio de Empleo en materia de políticas activas.


Estamos de acuerdo con el contenido de esta proposición no de ley y denunciamos el vaciamiento de las competencias autonómicas. Por todo ello, votaremos favorablemente esta proposición, agradeciendo que se recoja la enmienda que hemos
presentado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.

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El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo esta mañana por séptima vez y le confieso que lo hago por sentido de la responsabilidad y por respeto a los ciudadanos que nos han puesto aquí y nos pagan el sueldo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.


El señor ANCHUELO CREGO: Después de escuchar la anterior intervención de la portavoz del Grupo Popular, tengo serias dudas sobre el sentido de nuestra presencia aquí y de ningún otro grupo de la oposición. Hoy nos ha enseñado
explícitamente algo que yo ya intuía, y es que si un grupo de la oposición presenta algo con lo que el Partido Popular no está de acuerdo es duramente atacado, pero si presenta algo con lo que está de acuerdo, también es duramente atacado, porque la
guinda la ponen ellos. Bien, pues si la guinda la ponen ellos, algún día nos tendrán que explicar qué sentido otorgan al trabajo de los grupos de la oposición.


Entrando en la proposición no de ley del señor Olabarría, del Grupo Vasco, como seguramente que no le sorprende, no compartimos en absoluto su iniciativa. Es cierto que hay competencias transferidas a las comunidades autónomas, pero también
es cierto que hay un servicio público de empleo estatal que mantiene sus propias competencias, entre las cuales está precisamente elaborar la estrategia española de activación para el empleo, de la que estamos hablando, o los planes anuales de
políticas de empleo. Por tanto, está plenamente en su ámbito de competencias, eso sí, tal como se hace, en colaboración con las comunidades autónomas. También tiene competencias en el caso de programas que desbordan el ámbito de una comunidad
autónoma o de programas que con carácter excepcional afectan a todo el territorio. No compartimos esta filosofía de que el servicio público de empleo estatal ha desaparecido o está vacío de contenido, puesto que, como la realidad demuestra, no es
así. Tampoco compartimos la filosofía de que ante cualquier reforma nunca sea posible hacer nada sin invadir una competencia autonómica. Creemos que eso tiene que ver más bien con una interpretación exagerada de esa delimitación competencial y por
tanto votaremos en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En la pasada legislatura tuvimos ocasión de compartir con el señor Olabarría una intensa negociación con el Gobierno socialista, en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo que entonces se
produjo y de la elaboración de la estrategia de empleo, en concreto de las modificaciones de la Ley de Empleo. Fue una discusión positiva, porque hasta esa fecha, la característica de las políticas de empleo era dejar muy poco margen de actuación a
las comunidades autónomas en una materia en la que todos los estatutos de autonomía les reconocían plenas competencias ejecutivas. Los programas que desarrollaban las comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo, financiados a
través de la conferencia sectorial, eran regulados hasta el mínimo detalle por el Servicio Público de Empleo Estatal, no dejando ningún tipo de desarrollo de esa plena competencia ejecutiva de la que gozaban las comunidades autónomas, con la
ineficacia que suponía. En la pasada legislatura se avanzó en una mayor libertad de gestión de estos recursos, que quedó reflejada tanto en la Ley de Empleo como en la estrategia de empleo y en los subsiguientes planes de empleo que se aprobaron.
Con el cambio de Gobierno vivimos un retroceso en esta materia. Las modificaciones introducidas en la Ley de Empleo y en la estrategia de empleo aprobadas por el actual Gobierno no han supuesto estrictamente volver a la situación previa al año
2010-2011 -por suerte, no hemos retrocedido tanto-, pero sí, a través de nuevos mecanismos estamos...


El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Por suerte, no hemos retrocedido tanto, pero, a través de nuevos mecanismos, estamos de nuevo en un proceso de recentralización de estas políticas. Ayer mismo se publicó, como siempre tarde, el decreto de
distribución de los recursos de la conferencia sectorial para 2014 y el propio Gobierno, en la exposición de motivos de los programas de las políticas activas de empleo, habla de instrumentos jurídicos pensados para programas establecidos
centralizadamente. Es un error que las políticas activas de empleo sean diseñadas desde el SEPE. Son ineficaces, alejadas del tejido empresarial y de la mayoría de las empresas. Desde este punto de vista, vamos a apoyar la iniciativa del señor
Olabarría, como no puede ser de otra manera.

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El señor PRESIDENTE: Para concluir con este debate, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Déjenme comenzar recordando que fue en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales donde las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal acordaron una nueva metodología,
unos nuevos objetivos, instrumentos e indicadores para posibilitar el Plan anual de política de empleo para 2013. La clave del cambio al nuevo modelo de políticas activas de empleo ha estado en pasar de un modelo de financiación y gestión
articulado en torno a programas establecidos centralizadamente a un nuevo marco, acorde con las competencias de las comunidades autónomas en políticas activas y basado en la evaluación. Fue el pasado 5 de septiembre cuando se aprobó la nueva
estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, estrategia que, como ya se ha dicho aquí, se articula en torno a seis ejes, ejes previamente consensuados entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas y que
cuenta con unos objetivos estratégicos y estructurales. Señorías, cada comunidad prioriza lo que considera conveniente para conseguir el objetivo final y así poder ser eficiente con el gasto. Para ello, tal y como establece la estrategia, cada
objetivo tendrá un indicador, que medirá al final de cada año si se han cumplido los objetivos, y su cumplimiento será el que condicione el reparto de los fondos destinados a las políticas activas de empleo. Señorías, esta nueva estrategia
permitirá la transparencia y la anticipación en la propuesta de los programas por parte de todas las comunidades autónomas y, de forma más flexible, permitirá proponer las medidas que consideren más convenientes para cumplir los objetivos
predeterminados y se podrán priorizar en función de su importancia.


Señor Olabarría, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar su proposición no de ley, porque aun cuando la aprobación de la estrategia, como ya se ha dicho aquí, corresponde al Gobierno en el ejercicio de sus competencias, la estrategia
ha sido el resultado de un estrecho trabajo conjunto con las comunidades autónomas y ha sido sometida a informe de la Conferencia Sectorial De Empleo Y Asuntos Laborales, del consejo general del Sistema Nacional De Empleo, integrado por el Servicio
Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, del Consejo de Fomento de la Economía Social y de las organizaciones más
representativas del trabajo autónomo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las siete iniciativas... (La señora Vázquez Blanco pide la palabra).


Sí.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Un minuto. Solo para dar unas fechas. No quiero que se vaya con mal sabor de boca el diputado de UPyD.


El señor PRESIDENTE: No reabra el debate. Haga la aclaración que estime precisa, porque el señor Anchuelo se merece que usted se lo aclare.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: No quiero dejar que quede mal la labor del diputado de UPyD ni la de ningún grupo -todas las asociaciones se han reunido con todos los grupos-, solo quiero hacer una aclaración de cara al día de mañana, por si
alguien lee un 'Diario de Sesiones' y ve que el 26 de junio de 2014 la secretaría de Estado ya establece una línea de trabajo con los ayuntamientos y el 14 de julio de 2014 se presenta esta iniciativa. Si el 26 de junio ya se ha puesto en marcha,
no podemos aprobar esto. El otro día, en la ponencia de seguridad ciudadana, un gran profesor en temas jurídicos que tenemos aquí, el señor Olabarría, con muy buen criterio, vio una cosa que nadie veía. En la exposición de motivos había una
alusión a que la reforma del Código Penal nos obligaba a reformar parte de las sanciones. Él, con muy buen criterio, nos dijo: Si todavía no se ha reformado. Si el día de mañana alguien lee esto, dirá: Estos diputados ni leían las cosas que
aprobaban. Con el mismo criterio no podemos aprobar hoy esto que ya se ha hecho.


El señor PRESIDENTE: Qué vista tiene el señor Olabarría, que en tantos años y en tantas legislaturas ha tenido a bien manifestar cosas de las que los demás no nos habíamos dado cuenta. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).


Si quiere hacer alguna apostilla, hágala brevemente, por favor.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quiero dar las gracias a la portavoz del Grupo Popular por la deferencia que ha tenido, que no por merecida es menos inusual en esta Cámara. (Risas.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene usted toda la razón. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra).


El señor Anchuelo quiere hacer una última precisión.


El señor ANCHUELO CREGO: Agradezco la aclaración a la portavoz del Grupo Popular, pero no comparto en absoluto su postura. No me parece fuera de lugar que instemos al Gobierno a que ponga en práctica algo que no se ha puesto en práctica
todavía. Me parecería fuera de lugar si esto que proponemos ya hubiese sucedido, cosa que no es cierta.


El señor PRESIDENTE: No voy a discutir si tiene la razón o no, pero si siempre estuviéramos todos de acuerdo probablemente no habría partidos políticos. Esto ocurre porque unas veces unos vemos las cosas de una manera y otros de otra.
Gracias por sus intervenciones y sobre todo por el tono que han tenido en este cierre del debate.


Pasamos a las votaciones. Seguiremos la numeración que figura en el orden del día. Comenzamos con el punto número 1. Se ha presentado una enmienda transaccional, ofrecida a UPyD y al Grupo Socialista. El letrado va a proceder a su
lectura.


El señor LETRADO: Con la venia del presidente. El texto resultante sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar las plantillas del Fogasa, a fin de tramitar adecuadamente los expedientes de empresas en quiebra que
acumulan enormes retrasos debido a la falta de medios, así como a incrementar los fondos económicos destinados a este organismo para realizar cuanto antes los pagos correspondientes a los trabajadores afectados.


El señor PRESIDENTE: En estos términos, procedemos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura como número 2. Su autor es el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley número 3. Se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición que figura en el número 4 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición que figura en el orden del día con el número 5. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la que figura en el punto sexto del orden del día. Su autor es el Grupo Parlamentario de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Por último, votamos la proposición que figura en el punto séptimo del orden del día. Su autor es el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.