CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 688

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 48

celebrada el martes,

18 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Para la creación de una ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001650) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Relativa al etiquetado de mieles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003176) ... (Página7)


- Sobre medidas de apoyo a la financiación e internacionalización de la industria de transformación de pescado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002465) ... href='#(Página11)'>(Página11)


- Sobre medidas para impulsar la rápida rehabilitación del Passeig Marítim del Molinet, en L'Estartit (Girona). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002476) ... href='#(Página13)'>(Página13)


- Relativa a censar y gestionar las poblaciones de lobos de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002614) ... (Página16)


- Sobre la plaga del picudo rojo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002843) ... (Página19)


- Sobre el 'xeito'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003121) ... (Página24)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- PARA LA CREACIÓN DE UNA LEY BÁSICA ESTATAL DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001650).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comienza la sesión número 48 de la Comisión de Agricultura, cuyo orden del día está a disposición de sus señorías, sobre el debate y votación de las proposiciones no de ley acordadas en la
Mesa correspondiente. Si no hay inconveniente por parte del resto de los grupos, el Grupo Parlamentario Socialista solicita una alteración en el orden del día. En esta Comisión es habitual que se acepten las alteraciones en el orden del día que
solicita cada grupo parlamentario. En este caso el Grupo Parlamentario Socialista solicita que el punto 7.º, proposición no de ley relativa al etiquetado de mieles, pase a ser el punto 1.º ¿Algún grupo tiene inconveniente?


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En principio, no tenemos ningún inconveniente, pero el portavoz que lleva el punto 2.º no está aquí. Estoy yo porque llevo el punto 1.º


El señor PRESIDENTE: Entonces discutiremos el punto 7.º en segundo lugar. ¿Está bien? (Asentimiento.) El resto del orden del día se mantiene. La hora de votación no será antes de la una y media.


Pasamos al debate de la proposición no de ley para la creación de una ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la
palabra su portavoz, don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: La propuesta que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural trae a esta Comisión fundamentalmente tiene el objetivo de coordinar las actuaciones y la regulación de la actividad de los cuerpos y los colectivos de
agentes forestales y medioambientales. Entre otras funciones, tienen la de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y medioambiental, según lo que recoge la Ley de Montes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el resto del
ordenamiento jurídico de aplicación. Quiero decir en este punto que la propuesta que planteamos parte del pleno respeto al ámbito competencial y al desarrollo legislativo que las comunidades hacen de la materia, pero entendemos que es necesario
regular y homogeneizar la actividad de esas más de 6.000 trabajadores y trabajadoras -aunque ahora hay menos debido a los recortes- que, como funcionarios públicos que son, garantizan las labores de vigilancia y protección y requieren de un marco
normativo general. Este debe regular, por un lado, la homogeneización para superar la inseguridad que genera la disparidad actual, debe regular también las funciones de estos profesionales más allá de las labores como agentes de autoridad -que
también, como diremos a continuación- y su participación en cuantos órganos consultivos existan. Además, debe proponer la creación estatal de una comisión de coordinación entre los diferentes cuerpos de agentes forestales con carácter no
vinculante. Por otro lado, además de regular, debe garantizar cuestiones fundamentales. Una cuestión fundamental de esta propuesta es que tanto la gestión como el ejercicio de sus funciones deben depender directamente de lo público... (Rumores.)
Es complicado intervenir así.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, un momento.


Ruego a sus señorías que se mantengan en silencio porque es difícil seguir la intervención del portavoz de La Izquierda Plural, incluso para las taquígrafas.


El señor SANZ REMÓN: Esta sala tiene, además, una acústica muy mala.


Como les decía, debe garantizar la independencia y la gestión desde lo público de este servicio, que -les recuerdo- es un servicio de mantenimiento y guarda de los bienes jurídicos de carácter forestal y ambiental; y también debe garantizar
la independencia funcionarial de este cuerpo de agentes de la autoridad para que puedan desarrollar debidamente su función, una función imprescindible. Para ello proponemos las cuestiones que están recogidas en la proposición no de ley, pero
queremos desarrollar algunas de ellas.


Debe desarrollar y concretar el catálogo de funciones en lo que respecta a la inspección, custodia, policía y vigilancia del bien jurídico a proteger. (Rumores.) Es decir, debe garantizar, primero, los medios

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oportunos para que puedan desarrollar de forma correcta su labor. Una cuestión fundamental que hay que señalar aquí es el tema de los vehículos y su señalización luminosa... (Continúan los rumores.) No se puede, es muy complicado hablar
así.


El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, guarden silencio.


Prosiga, por favor.


El señor SANZ REMÓN: Gracias.


Así como la asistencia jurídica para el ejercicio de las funciones que desarrollan. Anuncio ya que vamos aceptar la enmienda propuesta por doña Olaia, del Bloque Nacionalista Galego, porque la actual propuesta de reforma de la Ley de Montes
contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando establece que la instrucción que los funcionarios del Poder Judicial hagan con respecto a un potencial delito se eleve a no sé qué órgano para que ese órgano lo pase a los cauces oportunos, cuando
son ellos directamente los que tienen en un momento determinado que hacer esa función. Por lo tanto, vamos a aceptar la propuesta de doña Olaia porque nos parece más que pertinente en esta materia, garantizando así la función de inspección,
custodia policial y vigilancia que tiene este cuerpo de agentes de la autoridad.


Hay más funciones que también queremos dejar encima de la mesa y que esta ley debería regular, por ejemplo, aquellas técnicas ambientales y de apoyo a la gestión técnica de los espacios a conservar. Estamos hablando de la conservación de la
flora y fauna, de la gestión forestal, de la prevención de plagas, del seguimiento e inventariado de flora y fauna, de la cartografía y de otras muchas cosas más que tienen que ver con esta materia, y también aquellas que tienen que ver con
cuestiones educativas y de información y orientación a la ciudadanía. No solo desarrollan labores de policía ambiental, sino también funciones muy importantes -sobre todo en determinadas zonas del ámbito rural español- en materia de pedagogía,
educación, orientación e información. Otra cuestión que nos parece fundamental también es la necesidad de establecer protocolos de coordinación y desarrollar y detallar muy claramente cuáles son las funciones de los agentes forestales en materia de
prevención de incendios. Ahora mismo, en trece de las diecisiete comunidades autónomas los agentes forestales, medioambientales o como se les llame en cada una de las comunidades, incluso desarrollan labores de coordinación de la extinción de
incendios. Por lo tanto, es necesario abordar este asunto de forma profunda y es necesario establecer el catálogo de funciones que aborden estas cuatro cuestiones: labores de coordinación en materia de prevención de incendios, labores
informativas, educativas y de orientación, técnicas ambientales y de apoyo a la gestión técnica y aquellas que tienen que ver con la función de policía ambiental.


Para resumir, porque no me quiero extender más, quisiera decir que es necesaria también la implicación de las unidades de delitos ambientales; es necesario profundizar en la inclusión en las unidades del 112, como figura en la propuesta.
En conclusión, los cinco ejes que inspiran esta propuesta son los siguientes. Garantizar un marco normativo que blinde la gestión pública y directa de este servicio, que ponga de relieve las condiciones laborales en las que se encuentran los
trabajadores y las trabajadoras que ahora mismo desempeñan esta labor, aclarando sus funciones y que van a permanecer los agentes de autoridad ambiental, frente a la propuesta de la Ley de Montes, que rebaja esa capacidad que tienen para trabajar
con independencia; que van a contar con los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones y que van a establecerse los espacios de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas para mejorar, que es lo que nos interesa a todas y a
todos, la gestión de estos espacios forestales y medioambientales.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Mixto, para cuya defensa tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quisiera manifestar nuestro apoyo a la iniciativa presentada por La Izquierda Plural y aprovechar la misma, señor presidente, para presentar como enmienda una propuesta de proposición no de ley
con respecto a los agentes medioambientales o a lo que ahora venía funcionando como autoridad judicial en materia medioambiental. Señorías, lo hacemos así por las dificultades que tiene el Grupo Mixto de incorporar proposiciones no de ley a esta
Comisión. En consecuencia, aprovechamos la que presenta La Izquierda Plural para presentar como enmienda esta cuestión, manifestando nuestro agradecimiento al proponente, que ha declarado su disposición a aceptarlo como enmienda.

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Señorías, presentamos esta enmienda y la proposición no de ley que en su momento registramos en esta Comisión porque en el borrador del proyecto de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha hecho pública a través de su página web, observamos que una de las modificaciones que el Gobierno pretende llevar a cabo está relacionada con el papel de los agentes forestales y medioambientales como
Policía judicial. Al artículo 58 de la mencionada Ley 43/2003 se le añade un nuevo punto 5, o se hace la propuesta de añadir un nuevo punto, en el que se establece, tal como se indica en la exposición de motivos, que los agentes forestales y
medioambientales mantienen todas sus prerrogativas como agentes de la autoridad y como agentes de Policía judicial en sentido genérico, pero para evitar disfunciones se dispone que en este último sentido actuarán también encuadrados en la estructura
administrativa en que estén incardinados en cada caso, estableciéndose los cauces adecuados para que se garantice la remisión a la autoridad judicial o al ministerio fiscal de las diligencias que practiquen en virtud de su condición de Policía
judicial. Esto es lo que se contempla en ese borrador que el ministerio tiene en su página web con respecto a este tema.


Como ya se ha dicho, esta cuestión contraviene el precepto que se dispone en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que después de reconocer en su artículo 283.6 a los agentes forestales y medioambientales como Policía judicial, en el 284
establece que, cuando los funcionarios de Policía judicial tuvieran conocimiento de un delito público o fueran requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán inmediatamente a la autoridad
judicial o al representante del ministerio fiscal. Como se indica en un dictamen de la fiscalía, la guardería forestal es, pues, una policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como un servicio
especializado, cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como agentes de la autoridad, auxiliares de jueces, tribunales y ministerio fiscal, sin dependencia o sujeción a otros cuerpos o fuerzas de seguridad.


A la vista de los antecedentes expuestos, la propuesta de modificación que pretende el Gobierno, más que evitar disfunciones, como en el texto se indica, pareciera que busca imponer intromisiones burocráticas y administrativas. Ni desde el
colectivo de guardas forestales y medioambientales ni desde la fiscalía, como se desprende de su dictamen, se puede entender que el Gobierno considere correcto que sea la estructura administrativa en la que están encuadrados estos agentes forestales
la que reciba la comunicación de las denuncias que puedan hacer estos y que deba ser ella la que establezca los cauces adecuados para garantizar la remisión a la autoridad judicial o al ministerio fiscal de aquellos supuestos en los que,
aparentemente, los hechos pudieran ser delictivos. Es evidente, señorías, que la modificación que pretende el Gobierno no solo es una intromisión burocrática sino una clara desautorización de los guardas forestales, que han de someter sus
propuestas sancionadoras a la Administración para que esta evalúe y decida si los hechos pueden ser delictivos o no.


Por tanto, presentamos esta enmienda y, como he dicho, agradecemos al grupo proponente que la haya aceptado.


El señor PRESIDENTE: Entendemos que el grupo proponente, como ya ha anunciado, acepta la enmienda presentada por el Grupo Mixto. ¿Resto de grupos que deseen fijar su posición respecto a este asunto? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, el
señor Cantó. Le recuerdo que tiene un tiempo máximo de tres minutos.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quisiera agradecer la propuesta que nos trae hoy aquí La Izquierda Plural. En España hay un abandono y un desconocimiento del papel que llevan a cabo los conocidos como guardas, ya sean forestales, rurales,
fluviales, etcétera. Son personas que habitualmente están infradotadas de medios, son poco apreciadas en la función que realizan y poco respetados en el ejercicio de su autoridad. Actualmente, hay destrozos en nuestro medio ambiente en zonas
especialmente importantes, micológicamente hablando, y en otras zonas han vuelto a aparecer auténticos cuatreros. Hay problema de robos con allanamiento en extensas áreas del territorio nacional que están provocando miedo en agricultores. El tema
de la seguridad en las zonas rurales nos parece muy serio y ya es hora de que se tomen medidas. Además, tiene unas consecuencias muy variadas, entre ellas también las medioambientales, en las que parece además enfatizar esta propuesta que se nos
presenta aquí hoy. Nos preocupa todo lo relativo a la seguridad en el campo para que no haya litigios por lindes ni por derechos de explotación; para que se respeten caminos y sendas rurales; para que no se dispersen trampas, cebos, lazos, ni se
arrojen envases de pesticidas; para que la gente sienta que sus propiedades, sus bienes, sus aparejos, sus explotaciones forestales, ganaderas o de cualquier tipo están a salvo. Hubiésemos querido la típica ley integral, que fuera desde la
Comisaría de Aguas hasta el Seprona, pero quizá es un intento

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imposible por ambicioso. En este caso, quizá lo bueno sea enemigo de lo mejor, porque hasta ahora lo que vemos es que hay desidia en algunos aspectos, desidia que, lamentablemente, tiene ya décadas de vejez. Nos parece especialmente
interesante la alusión a los itinerarios de formación.


Por todo ello, y dejando a un lado las diferencias de matiz, apoyaremos esta propuesta que nos trae La Izquierda Plural.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Quisiera mostrar nuestras dudas ante la petición de La Izquierda Plural de crear una ley básica que regule todos los aspectos que el portavoz ha comentado. Podemos estar de acuerdo con la mayoría de objetivos
que él ha enunciado, pero esto se puede hacer sin una ley básica. En Cataluña, con la mancomunidad hasta 1923, después con la guardia forestal del Estado, que fue traspasada en 1980 a la Generalitat y con la creación en 1986 del Cos d´agents
rurals, con capacidad de control sobre el terreno, funciones en materia de policía y guarda y que ha ido con el paso del tiempo aumentando sus funciones, llegamos a la Ley 17/2003, de 4 de julio, del Cos d´agents rurals, donde queda definido todo el
ámbito de profesionalización, funciones y aspectos que cubre este cuerpo de agentes rurales en Cataluña. No se piense en absoluto que este cuerpo de agentes esté abandonado en Cataluña o que la gente lo desconozca. Al contrario, desde el mundo
local y medioambiental sus funciones son variadas, desde la vigilancia hasta la colaboración en la gestión, control y concienciación de la ciudadanía, aspectos en los que coincidimos con el portavoz de La Izquierda Plural. Además, en Cataluña se
está desarrollando un marco legislativo y concretamente se aprobó en 2007 su reglamento. Por tanto, creemos que en la ciudadanía también está aumentando el sentido de corresponsabilidad, sostenibilidad y educación ambiental de todos los ciudadanos
y que no es necesario en absoluto ninguna ley básica porque queda demostrado que sin una ley básica se puede trabajar y conseguir esos objetivos. Por tanto, no centrándonos en el aspecto general, sino en el de crear una ley básica, nosotros vamos a
votar en contra.


Con respecto a la enmienda que se ha incorporado del BNG, sabemos que desde las comunidades autónomas se está trabajando en este sentido. Dudar de que la Administración pueda regular las demandas de los agentes rurales pero no dudar de que
un agente rural pueda hacer una demanda de la que no sea corresponsable creemos que es injusto. En todo caso, habrá que buscar un sistema donde cualquier incidencia o cualquier ataque al medio ambiente no pueda ser limitado en su proceso judicial,
pero habrá que vigilar que una sola persona sea la responsable de iniciar algún expediente porque también tiene sus peligros. En ese sentido, no entendemos que se pueda incorporar tal y como lo plantea el BNG, pero es un asunto que durante el
proceso de la ley tendremos que debatir para buscar un equilibrio entre las dos posiciones.


El señor PRESIDENTE: Doña María Pilar Alegría.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Debatimos hoy una PNL de Izquierda Unida para la creación de una ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales. Lo primero que querría decir a este respecto es que mi partido, el Partido
Socialista, ha demostrado siempre una preocupación por el medio ambiente y por el personal que desarrolla una extraordinaria labor por cuidar y gestionar nuestro medio para que las generaciones futuras puedan disfrutar del mismo en unas condiciones
parecidas y, si es posible, mejores a los que las generaciones actuales lo podemos disfrutar. Bien es verdad que para que esta riqueza medioambiental de nuestro país se mantenga, las administraciones públicas han de dotarse del personal necesario
para poder cumplir esa misión, así como establecer los cauces idóneos de coordinación entre los profesionales de las diferentes administraciones con competencia en la materia, entre ellos, los agentes forestales. Agentes que, les recuerdo, tal como
dice mi compañero José Luis Aceves, son los únicos que peinan todo el territorio. Como saben sus señorías, hoy en día, cuando hablamos de los agentes forestales, no debemos olvidar que nos referimos a unos 6.000 trabajadores y trabajadoras en todo
el país, sumando los que prestan servicio en la Administración autonómica y los que lo realizan en la Administración local.


Como recordarán sus señorías, en la década de los ochenta se inició un proceso de transferencia de competencias ambientales del Estado a las diversas comunidades autónomas y las distintas comunidades autónomas comenzaron a legislar de la más
diversa y variada forma: unas veces como funcionarios estrictamente forestales y otras pasando a integrar una policía ambiental más amplia, como ocurrió con la Ley Territorial 8/1989. Actualmente los agentes forestales, agentes medioambientales,
agentes de medio

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ambiente, agentes del medio natural y agentes rurales constituyen una policía de naturaleza mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función operan como servicio especializado en la averiguación y denuncia de los
delitos contra el medio ambiente de nuestro país y cuyos miembros actúan a todos los efectos como agentes de la autoridad, auxiliares de jueces, tribunales y ministerio fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado q), de la Ley
43/2003, de Montes. Ese cambio legislativo, propiciado por el Gobierno socialista en el año 2006, viene a reafirmar el compromiso firme de mi partido en la mejor regulación posible de este colectivo, aunque quedan cuestiones por rematar para que
sea de una forma plena. En tal sentido, se pone de manifiesto la necesidad de establecimiento por parte del Estado de un mínimo común denominador normativo regulador del régimen básico de los agentes forestales, a partir del cual las comunidades
autónomas puedan establecer las peculiaridades propias para la defensa de sus legítimos intereses asumidos estatutariamente y de modificar la legislación exclusiva del Estado a efectos de reconocer las especificidades propias de los agentes
forestales.


Para ello, mi grupo entiende que sería fundamental que el Gobierno por una vez fuera consciente de esta situación y en su próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente incorporara como punto del orden del día la creación de un grupo de
trabajo para analizar la normativa actual que regula, bajo una pluralidad de denominaciones corporativas, a los agentes forestales y sus competencias y estatuto, así como a la formación común, organización y su presencia en determinados órganos
consultivos de las administraciones y proponer las reformas legales oportunas de las diferentes administraciones que, atendiendo a la función que cumplen, tanto en las distintas comunidades autónomas como en algunos municipios, proponga una
regulación para las diversas administraciones que les dote de unas competencias.


Para abordar todas estas cuestiones, además de poder analizar todas las demandas más que justificadas de este personal, mi partido ha presentado una proposición no de ley hace unos meses que se debatirá en este Parlamento, pero en la
Comisión de Interior del Congreso, con el objetivo de consensuar con los grupos una postura común que de una vez por todas solucione las reivindicaciones de sindicatos y asociaciones profesionales en este sentido. No obstante, viendo que esta
proposición plantea cuestiones que en su mayoría compartimos y que el objetivo de la misma es avanzar en alguna de las cuestiones a las que me he referido en mi intervención, el voto de mi grupo será también positivo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.


El señor TORRES HERRERA: Nuevamente se vuelve a traer a esta Comisión una PNL como la que ya fue presentada por UPyD y debatida el pasado 12 de junio de 2013. También, como es lógico, tras oír a los distintos portavoces, los argumentos no
difieren de los utilizados en el debate anterior. Señorías, como ya comenté en aquella ocasión, es un tema que profesionalmente me toca muy de cerca. Conozco perfectamente el papel tan importante que desempeñan los agentes forestales y/o
medioambientales. Y digo y/o porque en muchas comunidades autónomas, como la mía, el cuerpo de agentes forestales ha sido integrado en el cuerpo de agentes de medio ambiente, a través de una ley aprobada por el Parlamento de Canarias. El artículo
283 de la Ley de Enjuiciamiento criminal establece que constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas
autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes -apartado 6.º- los guardas de montes, campos... -puntos suspensivos-.


Como saben ustedes, señorías, la Ley de Montes define al agente forestal como aquel funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las administraciones públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con
independencia de la denominación corporativa específica, tiene asignada entre otras funciones las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de Policía judicial en sentido genérico. Además, en el artículo 6, apartado
q), de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se define a los agentes forestales como agentes de la autoridad pertenecientes a las administraciones públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación
corporativa específica, pueden tener encomendada, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y las de policías judiciales en sentido genérico, tal y como establece el apartado 6.º del artículo 283
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, la citada Ley de Montes en su artículo 58 establece lo siguiente: Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán desempeñar, entre otras, las funciones de extensión, policía
y guardería forestal. Los profesionales que realicen estas funciones contarán con la formación específica que les capacite para su correcto desarrollo. Asimismo, los funcionarios que desempeñen funciones de Policía administrativa forestal por

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atribución legal o por delegación tienen la condición de agentes de la autoridad y los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las
pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Los agentes forestales y medioambientales, en el ejercicio de sus competencias, actuarán de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Los agentes forestales son, por tanto, agentes de la autoridad que desempeñan, entre otras, funciones de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal, así como funciones de Policía judicial. Por ello, no resulta
necesario integrar a los agentes forestales como funcionarios dotados del carácter de agentes de la autoridad, tal y como se solicita en esta PNL, ya que la legislación actual ya les confiere ese carácter.


En cuanto a los aspectos de organización y funcionamiento de la guardería forestal, es evidente que las competencias en esta materia están en manos de las comunidades autónomas, nos guste más o nos guste menos, señorías, y por ello no nos
podemos meter, porque estaríamos planteando un conflicto de competencias con ellas. Por otra parte, saben ustedes, señorías, que todas las comunidades autónomas tienen establecidos sus planes de incendios forestales, conocidos normalmente como
Infoca. Estos planes están incluidos los respectivos planes territoriales en la Comisión Nacional de Protección Civil, por lo que, en caso de emergencia, ante cualquier incidente están perfectamente organizados. Aspectos como la integración en el
112 suponen simplemente una manera de atender y distribuir las emergencias. Nada más.


Por lo que se refiere a la representación de los agentes forestales en algunos organismos consultivos, conviene señalar que el Consejo Asesor de Medio Ambiente, CAMA, no tiene representación profesional alguna sino solamente sindical.
Actualmente están representados UGT, Comisiones Obreras y USO. El resto son consejos autonómicos y, por tanto, competencia...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Torres. Se ha terminado su tiempo.


El señor TORRES HERRERA: Voy acabando.


Digo que su composición y funcionamiento es competencia de las comunidades autónomas.


En relación con la creación de una unidad de investigación de delitos ambientales adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente, hay que señalar que la investigación de delitos ambientales ya se encuentra contemplada entre las funciones de la
Fiscalía de Medio Ambiente, correspondiendo también a las comunidades autónomas su organización y funcionamiento. No obstante, en materia de incendios forestales muchas comunidades autónomas, como la mía, han creado un cuerpo específico de agentes
de medio ambiente para la investigación de causas por incendios forestales, sin que esto suponga menoscabo de aquellas otras funciones que tienen atribuidas. Por todo ello, no podemos apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural, por lo que votaremos en contra de la misma.


- RELATIVA AL ETIQUETADO DE MIELES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003176).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del punto que estaba señalado como el número 7.º del orden del día, relativo a la proposición no de ley sobre el etiquetado de mieles. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y para su defensa tiene la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Me complace traer a la Comisión de Agricultura una reivindicación que han formulado y que están exponiendo estos días los representantes del sector productor de miel en España, los apicultores españoles de todas las
comunidades autónomas y los consumidores de miel españoles, que reclaman una reglamentación más justa que evite los resquicios para una competencia desleal entre mieles originarias de España -de excelente calidad- y mieles producidas en otros países
terceros de la Unión Europea, que en algunos casos han sido recolectadas sin cumplir los estándares de calidad que se exigen en la Unión Europea.


Quiero hacer una breve reflexión en relación con la importancia que tiene este sector, que no es un sector más de la economía, es un sector importantísimo. España tiene 2,5 millones de colmenas, 25.000 apicultores, de los cuales en torno al
20% son agricultores profesionales. En definitiva, España tiene el sector apícola más importante de la Unión Europea, y si son importantes sus cifras económicas, que dan una producción de miel de 34.000 toneladas, lo más importante es que España es
el país de la Unión Europea que produce las mieles de más calidad. Si las mieles europeas tienen prestigio, lo tienen gracias al esfuerzo de los apicultores por producir las mieles de la máxima calidad. Es un sector que tiene un

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indudable valor desde el punto de vista medioambiental, tiene un incalculable valor por su contribución a la polinización de cultivos y, por tanto, mal haríamos si no apoyáramos una reivindicación que está siendo planteada por todas las
organizaciones del sector en toda España, en todas las comunidades autónomas, y que no es solo una reivindicación de los productores sino que es también una exigencia de los consumidores.


El sector de la apicultura tiene muchos problemas por delante, se enfrenta a muchos problemas, el problema de la utilización de pesticidas, en algunos casos sin control; el de la aparición de algunas enfermedades que están causando
estragos, como la Varroasis o la proliferación de la avispa asiática, que deberían ser objeto de algún trabajo por parte de esta Comisión en otro momento. En el caso que hoy nos ocupa hemos traído una proposición no de ley que tiene que ver con la
comercialización de la miel y con la modificación de la normativa para la comercialización de mieles en la Unión Europea, la modificación de la Directiva europea que regula esta materia y la consecuente adaptación del Real Decreto que regula las
normas de calidad de las mieles.


¿Qué es lo que traemos a la Comisión, señores disputados? Una proposición no de ley que, de alguna manera, dé derecho a los consumidores a conocer el país de origen de las mieles y que dé absoluta transparencia a este enorme mercado de las
mieles que se producen y comercializan en el mercado europeo. ¿Cuál es el problema que tiene la legislación europea? La legislación europea y la trasposición de la misma al ordenamiento español establece que las mieles mencionen en su etiqueta el
país o países de origen donde la miel haya sido recolectada, pero el mismo artículo establece -tanto a nivel europeo como español- que, en el caso de mezclas, si las mieles son originarias de más de un Estado miembro o tercer país, dicha mención
podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: mezcla de mieles originarias de la Unión Europea, mezcla de mieles no originarias de la Unión Europea o mezcla de mieles originarias y no originarias de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere
decir? Quiere decir que cualquier envasador español o europeo que libre al mercado mieles podría envasar una miel con el 80, el 90 o hasta el 99% de origen extracomunitario, y por lo tanto con un porcentaje escasísimo de miel española, y utilizar
el buen nombre de las mieles españolas para estar librando al comercio una miel que no responde a los estándares de calidad de nuestras mieles. Esto es precisamente lo que trata de cerrar esta iniciativa y la propuesta que en este momento están
haciendo productores y consumidores europeos. Lo que se está proponiendo es que el real decreto que tiene que aprobar el Gobierno de España -de hecho sabemos que el Gobierno de España está ocupado en este momento en la elaboración de ese real
decreto porque ya se ha distribuido a los distintos agentes una propuesta de real decreto, es decir que no es un tema de futuro sino que ya hay encima de la mesa un borrador- establezca como requisito detallar en la etiqueta el país de origen de la
miel, y todo ello para garantizar al consumidor el derecho, que creo que tienen, de conocer y decidir libremente sobre los productos que están adquiriendo, que puede ser una miel española o una miel producida en otros países y que podría tener un
precio de menor calidad.


En definitiva, este no es un tema para estudiar y aprovecho para contestar, si me deja -no sé cómo voy de tiempo, señor presidente-, la enmienda que nos plantea el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Todavía tiene tiempo.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Este no es un tema de estudio, es un tema que ya está estudiado, es un tema de decidir a quién tratamos de proteger en la norma, si a productores y consumidores o a envasadores que aprovechen los resquicios que tienen
la legislación europea y la española para obtener un beneficio a costa del prestigio de las mieles españolas. Esto es lo que vamos a votar, si estamos con los productores y los consumidores o si estamos con los envasadores; es más, envasadores que
seguramente no son españoles sino, a lo mejor, alemanes, holandeses o finlandeses, que están librando mieles en todo el mercado europeo. Por eso le digo al Partido Popular que no podemos aceptar su enmienda. Este no es un tema para darle una larga
cambiada y crear una comisión que lo estudie; no, este es un tema en el que hay que optar y decidir si apoyamos a la producción española o si apoyamos a envasadores de otros países que puedan aprovecharse del prestigio de nuestras mieles.


Creemos que este es un tema urgente, que le vendría bien al Gobierno de España -que lógicamente tendrá presiones de un sector comercial potente en España y en Europa- una resolución del Parlamento español fijando posición a favor de la
producción y de los consumidores. Por tanto, señores diputados, vamos a mantener nuestra proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno a que en la modificación del Real Decreto 1049/2003, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a
la miel, que actualmente está en preparación, se establezca la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen

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del producto. Por tanto, ya me adelanto, no podremos aceptar la enmienda de sustitución que nos ha planteado el Grupo Popular porque difumina la propuesta y dejaría las manos libres a cualquier decisión que pueda tomarse en esta materia.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra doña Olga Iglesias.


La señora IGLESIAS FONTAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda presentada al respecto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. No puedo decir que esperamos llegar a un
entendimiento con el grupo proponente porque ya nos han dicho que no aceptan esta enmienda. Mi duda es si aceptarían alguna. Creo entender que no, si no podemos hablarlo a lo largo de esta Comisión. ¿Por qué creo que nuestra enmienda mejora la
enmienda del Grupo Socialista? Es una mejora técnica porque complementa el texto de la PNL original y, además, es una mejora sustancial, ya que introducimos el diálogo necesario e imprescindible con el sector de la miel, que es, al fin y al cabo,
quien debe marcar la pauta sobre el análisis y la conveniencia de la obligatoriedad de indicar la etiqueta del país o países de origen del producto. El objetivo de la normativa comunitaria es mantener la unidad de mercado. Por eso, todos los
Estados miembros, a excepción de Italia, han decidido respetar la redacción original de la directiva. Si lo que se pretende es beneficiar a la miel española, los apicultores españoles pueden y deben ponerla en valor, ya que la normativa les permite
resaltarlo en la etiqueta cuando toda la miel embasada es de origen España. De esta forma, el consumidor tiene toda la información necesaria y ello sin ir en detrimento de la competitividad del resto de operadores y de la industria española.
Remarco, industria española. Que la miel española es de una excelente calidad lo demuestra el alto número de exportaciones a países nórdicos o de Centroeuropa, así como el alto importe que alcanza, por lo cual a veces resulta complicado encontrar
miel española en el mercado español. Es decir, somos los españoles los que más dificultad tenemos para encontrar miel de origen cien por cien español.


También hay que tener en cuenta que la mera indicación de los países de origen de la miel envasada no significa de por sí una mayor calidad de la miel, ni tampoco nos proporciona una herramienta para luchar contra el fraude ni la mejora de
las condiciones laborales o de las condiciones de producción. Al margen de que se acepte o no nuestra enmienda -parece ser que no se acepta esta ni ninguna otra- (El señor Alonso Núñez: Si solo hay esta), quiero decirle al grupo proponente que el
Ministerio de Agricultura ya está trabajando con las asociaciones y organizaciones para evaluar con seriedad la conveniencia de esta obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen de la miel, analizando el impacto que tendría
sobre la totalidad del sector. El hecho de que España sea el primer país productor de miel de la Unión Europea y el duodécimo del mundo no se hace sin que los tres ejes que conforman el sector estén adecuadamente coordinados y quizás para
enfrentarnos a los retos del futuro debería de conformarse una interprofesional de la miel que en la práctica ya existe. Repito, no debemos de legislar de espaldas al sector. Por eso, aún estamos a tiempo. Les reiteramos que apoyen nuestra
enmienda. Entenderemos que si no la apoyan solo por haber introducido una mínima oración es que no quieren llegar a un acuerdo con nosotros. Aun así, estamos abiertos al diálogo hasta que finalice la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los grupos que deseen fijar posición. Tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyaremos la propuesta que nos trae el Grupo Socialista por varias razones. Ya hemos defendido a menudo en la Comisión de Agricultura la importancia que tiene vigilar cuáles son las importaciones de otros
productos que vienen de países de fuera, entre otras cosas porque si no no les hacemos ningún favor, y hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de calidad, sanitarias también laborales en las que han sido elaborados esos productos que
pueden venir, hablando de estas mieles, de China, o hablando del tomate, por ejemplo, de África. Si no conseguimos balancear un poco las condiciones en las que estamos dispuestos a aceptar que vengan productos de fuera, no hacemos ningún favor a
esos países y tampoco se lo estamos haciendo a nuestros productores, que sí que deben pasar por unos controles muy estrictos para poder realizar su trabajo. En cuanto al tema de la miel, estamos completamente de acuerdo. Es muy positivo porque
además de esa manera se la dará algún tipo de valor añadido. Es muy positivo llegar a niveles de trazabilidad parecidos a los que ya tienen otros productos, por tanto todo nuestro apoyo.

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Me gustaría plantear una cosa más. Nos preocupa especialmente el tema de las abejas y hemos hecho preguntas parlamentarias al respecto. Ya que estamos hablando de la miel hay que volver a llamar la atención sobre el grave problema que
están sufriendo las productoras de ese bien tan especial. Hicimos preguntas al Gobierno porque mostramos nuestra preocupación sobre cuáles eran las actuaciones que se iban a llevar a cabo. Nos tememos que no son las que nosotros quisiéramos en
cuanto a la monitorización de este problema y los cambios que se deben efectuar para que se vigile el tema de los neonicotinoides, la avispa asiática, los ácaros o los hongos, todos ellos un poco responsables de la desaparición de las abejas de una
forma importante en nuestro país pero también en el resto de Europa. Hay varias especies, creo que son tres, de abejorros que han desaparecido por completo de Europa. Las abejas están siendo muy amenazadas por estos problemas y creemos que hemos
de ponernos manos a la obra porque es un problema muy grave que no solo afectará a la miel de la que estamos hablando, sino a la polinización de muchas especies sin las cuales la vida no sería posible. Por tanto, queremos mostrar nuestro apoyo por
este problema de trazabilidad. Es evidente que se debiera poder etiquetar para indicar no solo el país de donde viene la miel que estamos comprando, sino el municipio, la localidad o el agricultor que la produce. Esto otorgaría un valor añadido a
nuestro producto que lo haría mucho mejor en cuanto a la competitividad con el resto de países.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Quiero anunciar el apoyo a la redacción de la propuesta en sus términos y hacer alguna reflexión. Sobre esta cuestión ya le preguntamos al secretario de Estado cuando compareció -por cierto, no nos ha contestado
todavía-, si el Gobierno pretendía o no reglamentar a favor de la trazabilidad, si lo miramos desde la perspectiva del consumidor, y de la producción, si lo miramos desde la perspectiva del apicultor. Lo preguntamos en el marco de un bloque general
de cuestiones que para nosotros son el motivo de por qué ahora mismo estamos atendiendo a situaciones de este tipo como la desregularización en el ámbito de la alimentación y cómo aquí se confunden cosas. Se confunde el sector con la industria o
las envasadoras. Es decir, forma parte de un sector, pero estamos hablando de la producción de alimentos, en la que hay dos sujetos fundamentales, el que se los come y el que los produce. En este caso concreto, una responsabilidad para con los dos
en el ámbito del Estado español, para nuestros productores y productoras de miel, para nuestros apicultores y apicultoras y para nuestros consumidores, es decir, para el conjunto de la ciudadanía del Estado. No puede saldarse esto, una vez más, con
el tema de la competitividad, entendiendo la competitividad desde la perspectiva de la falta de transparencia, la falta de trazabilidad, la falta de explicitar en qué condiciones de calidad y seguridad alimentaria se han producido nuestros alimentos
y, sobre todo, y para acabar, a costa, otra vez más, de los productores y de las productoras, de los apicultores y de las apicultoras. Por lo tanto, necesitan referentes claros en el ámbito político, señores del Gobierno, para garantizar que se
vela por que en el ámbito de la cadena alimentaria los paganos no seamos los de siempre, los que producen y los que consumimos y entre medias esté, al final, el que determina, propicia, hace y redacta las leyes que después, en este caso el Gobierno
del Partido Popular, trae a este Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Intervengo para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa porque entendemos que es una garantía para el consumidor y también para el sector apícola europeo, que cumple con todos los requisitos de seguridad
alimentaria; siempre hemos reivindicado el principio de reciprocidad, que todos compitamos en igualdad de condiciones, también en seguridad alimentaria. No siempre el principio de reciprocidad está garantizado en los productos apícolas y en otros
provenientes de terceros países. Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista. (El señor Alonso Núñez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso.


El señor ALONSO NUÑEZ: Señor presidente, simplemente quería reiterar que no tengo nada más que una enmienda de sustitución del Grupo Popular. No he recibido ninguna otra propuesta alternativa. Lo digo al hilo de la intervención de la
portavoz. Por tanto, nuestra posición es no aceptar la enmienda conforme ha sido planteada.

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- SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE PESCADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002465).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la proposición no de ley sobre medidas de apoyo a la financiación e internacionalización de la industria de transformación de pescado. Ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su defensa tiene la palabra don Javier Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Señorías, en primer lugar, presento esta iniciativa en nombre de los cuatro diputados cántabros, José María Alonso, María Jesús Susinos y Ana María Madrazo, que también me ayudaron a elaborarla. Asimismo, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular quiero agradecer a Joaquín, el portavoz de Pesca, toda su ayuda y apoyo en su realización.


Tras el registro de la iniciativa sobre las medidas de apoyo a la financiación e internacionalización de la industria de transformación del pescado, el pasado mes de mayo la Unión Europea aprobó el Reglamento 508/2014, relativo al Fondo
europeo marítimo y de pesca. En fechas posteriores, según prevé el propio reglamento, la Comisión Europea aprobó el reparto de la asignación del fondo por cada Estado miembro. Tras este reparto la conclusión fue que España recibirá 1.161 millones
de euros para el periodo 2014-2020, produciéndose una satisfacción generalizada entre todas las partes: por el sector extractivo, por los acuicultores, comercializadores y transformadores e indudablemente por el propio Ministerio de Agricultura y
lógicamente también por este Grupo Parlamentario Popular, que es el grupo al que represento. Hubo una buena negociación por parte de los responsables del ministerio, lo que condujo a disponer de un 20,2% del total de la cuantía disponible de este
fondo, que es equivalente al peso real que tiene el sector pesquero español dentro de la Unión Europea. Es significativo que a pesar de las restricciones económicas que todos conocemos por parte de la Unión Europea y que igualmente el reparto había
que realizarlo entre más Estados miembros que en el periodo 2007-2013, en este periodo 2014-2020 España va a recibir 30 millones de euros más del Fondo europeo de pesca, lo que significa un 2,7%; de ahí que quiera resaltar las buenas negociaciones
realizadas por el ministerio después de la presentación de esta iniciativa. La asignación de este importe permitirá financiar el nuevo programa operativo que el Ministerio de Agricultura está elaborando con las comunidades autónomas.


Durante todo el proceso negociador las propuestas españolas fueron bien entendidas tanto por la Comisión como por los Estados miembros con intereses equivalentes a los españoles y la transformación de los productos de la pesca quedaron
incorporados en el reglamento entre las medidas financiables. Así se refleja con aspectos que abarcan desde la contribución al ahorro energético y reducción del impacto en el medio ambiente, la mejora en la seguridad, la salud y las condiciones de
trabajo, ayudas a la transformación de capturas de pescado que no pueden destinarse al consumo humano, utilización de los subproductos obtenidos de las actividades principales de transformación, el desarrollo de nuevos y mejores productos, de nuevos
servicios y nuevos procesos, etcétera. Nuestro interés, el del Gobierno, y espero también que el de todos los grupos que están representados en esta Cámara, es que la financiación a favor del sector transformador sea efectiva en la línea de
incrementar su competitividad. Igualmente, y dentro de esta iniciativa, proponemos que se apoye a las empresas, principalmente a las pymes, dentro del sector transformador a la hora de la internacionalización, de cara a sacar sus productos al
exterior y venderlos, ya que las grandes compañías lo tienen más fácil, tienen sus propios departamentos y sus propias áreas para realizar esas labores. Por tanto, creemos que es necesario apoyar también en esta labor y en esta acción de cara a
vender en el exterior principalmente a las pymes y de ahí que pidamos su apoyo. Dentro de estas industrias me gustaría destacar la del atún en conserva de fabricación gallega, vasca o andaluza y, por supuesto, también el producto gourmet ligado a
algunas poblaciones cántabras, que es la anchoa. La Secretaría General de Pesca Marítima está elaborando en este momento lo que será el programa a presentar a la Comisión Europea. Consideramos que para garantizar el futuro y contribución a muchas
poblaciones muy vinculadas al sector transformador de la pesca, el programa español debe recoger nuestra propuesta en los términos considerados y que este sea una integración de las propuestas de las diferentes comunidades autónomas con industrias
conserveras. Para finalizar, señor presidente, quiero recordar que las industrias de transformación de los productos de la pesca son un elemento dinamizador y generador de la actividad económica en todas aquellas zonas dependientes de la pesca.
Este sector tiene una gran influencia o una influencia directísima en la vida de sus poblaciones, y vuelvo a resaltar como ejemplo la industria de la anchoa en localidades como puede ser mi Comunidad Autónoma de Cantabria.

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El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la diputada Gallego Arriola.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Esta iniciativa del Grupo Popular ha sido presentada en febrero de 2014 y en el momento actual ya conocemos todo lo que ha explicado el portavoz del Grupo Popular y, por tanto, la exposición de motivos se ha
quedado desfasada. La verdad es que existe y ha existido muy poco interés y muy poca información sobre este tema y sobre la negociación que el Gobierno español ha desarrollado en Europa, salvo una nota escueta que ha elaborado el ministerio. Por
eso, la semana pasada el Grupo Socialista ha presentado una batería de preguntas al respecto sobre cómo se van a gestionar los fondos, qué criterios se van a seguir en las diferentes ayudas para cumplir con los objetivos de la propia reforma.
También es verdad que antes de programar este fondo habrá que saber cómo se ha gestionado y ejecutado el anterior, porque lo único que sabemos es que el ministerio está muy contento porque le han concedido 30 millones de euros más -lo cual nos
alegra a todos-, pero desconocemos qué ayudas han existido para los diferentes sectores de la pesca, de la acuicultura, de las industrias transformadoras, del desarrollo sostenible de zonas dependientes de pesca, porque es posible incluso que aun
existan recursos económicos que no se hayan implementado, que no hayan sido asignados e incluso es posible que todavía no hayan llegado en condiciones las ayudas correspondientes al periodo 2007-2013. Por lo tanto, el Gobierno debería estar
realmente satisfecho si esas ayudas ya se hubieran plasmado y desarrollado en proyectos concretos. No lo sabemos y por eso lo hemos preguntado y es uno de los motivos de nuestra enmienda.


En cuanto a los sectores de la industria transformadora, que es verdad que constituyen la parte esencial de la cadena al transformar el pescado crudo en alimento, somos conscientes de que esta industria confiere un gran valor añadido, un
gran empleo, además de las actividades puramente extractivas. Aproximadamente existen unos 80.000 trabajadores, sobre todo mujeres, pero es un colectivo que está sufriendo la deslocalización total o parcial, no la internacionalización, sino la
deslocalización de las actividades. No hay un proceso de crecimiento y extensión, sino que se está trasladando la mayor parte de la producción a nuevas plantas y están deslocalizando las plantas de los lugares donde real y tradicionalmente estaban
realizando su actividad. Lo estoy viviendo en Santoña, en mi localidad, que es la primera productora de anchoas yo diría casi de Europa dentro de la zona cantábrica. Las industrias allí están haciendo un gran esfuerzo. El 90% de los trabajadores
son mujeres, pero son mujeres fijas discontinuas, con muchísima inestabilidad. Son empresas pequeñas y la media de trabajo de estas mujeres es de tres meses al año, incluso en las que tienen más suerte es de nueve meses al año. ¿Por qué digo esto?
Porque como no sabemos cómo ha negociado nuestro Gobierno en Bruselas el reglamento que regula el nuevo fondo, había un informe del Comité Económico y Social Europeo en el que lamentaba que la dimensión social considerada en todas las fases del
sector de la pesca y de la acuicultura no estuviera presente en las propuestas de medidas concretas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y estima que debiera impulsarse esa participación, y el Gobierno español debiera haber hecho un
esfuerzo para luchar por la dimensión social en ese nuevo reglamento. Por tanto, creemos que se ha perdido esa oportunidad. Observamos que en la iniciativa del partido que sustenta al Gobierno se insta a que el nuevo fondo europeo se ocupe de las
industrias y a que se mejore la competitividad de la industria, pero me da miedo cuando el Partido Popular habla de competitividad porque lo podemos asociar a empleo precario y a bajos salarios. No obstante, el Partido Popular se ha olvidado de la
dimensión social y también de hacer propuestas concretas para mejorar esas condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de estas industrias.


Nuestras enmiendas, por tanto, van en ese sentido: primero, evaluar las ayudas del Fondo europeo de pesca para poder tener criterios a la hora de repartir de forma adecuada las diferentes partidas; es necesario conocer esa evaluación y esa
gestión. Pero, desde luego, lo más importante para el Partido Socialista es que dentro de estas medidas de apoyo a las industrias de transformación que se piden existan ayudas para promover las ayudas socioeconómicas, es decir, políticas activas de
empleo, ayudas a las paradas temporales y ayudas a la jubilación, y que estas ayudas se negocien con la máxima participación de los actores institucionales, económicos y sociales. Por eso, desde el Grupo Socialista creemos que ahora es más
importante que nunca la protección y la mejora de las condiciones de las y los trabajadores, y estas mejoras sociales también van a contribuir a que las industrias transformadoras de pescado españolas sean competitivas, que contribuyan a la marca
España no solo en el privilegio de degustar un buen producto como la anchoa, sino también por la protección de sus trabajadores alejándonos

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de este modelo oriental. Es una enmienda de sustitución que creemos que es más ambiciosa que la que presenta el Grupo Popular, que va más allá, y pensamos que se puede aprobar perfectamente y que sería un ejemplo que España luchara en
Europa por mejorar estas condiciones y por eso solicitamos la aprobación de esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre esta iniciativa? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos la iniciativa, haciendo unas pequeñas reservas que tienen que ver con que uno espera que esto no se convierta en unos cuantos cortes de cintas inaugurales en lonjas, plantas industriales, puertos y
ciudades sin una visión clara de lo que realmente necesita el sector. Nosotros creemos que en este sector necesitamos tamaño para ganar en viabilidad y competitividad, para crear puestos de trabajo estables y que cese la precarización de empleo y
para generar rentas crecientes a nuestros pueblos pescadores. Por tanto, consideramos positivamente la propuesta si incluye un condicionamiento de las ayudas del fondo marítimo a planes de crecimiento serios que incluyan medidas como fusión,
adquisición o absorción de otras compañías, creación de consorcios, entrada en cooperativas, recapitalización, búsqueda de inversores, internacionalización, en fin, cosas que fundamenten ante un examinador profesional la verosimilitud de los planes
de incremento de tamaño de estas empresas. La evidencia empírica -y así ha sido también en el sector lácteo nórdico- como la literatura microeconómica, que sobre este tipo de incentivos creo que ya es bastante extensiva y abrumadora, dice -hablando
también en el caso de España-: donde uno a uno somos tan productivos pero, debido a nuestro encuadramiento en empresas de tamaño mini, somos economía improductiva - nos parece importante-, poco competitiva en amplios sectores industriales. Esta
evidencia, repito, debe ser incorporada a la acción política; desde luego, debe pesar desde ya más que la vieja costumbre subsidiadora de los partidos viejos. Por esta razón apoyamos la propuesta que se nos trae hoy aquí.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra para fijar posición el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Simplemente quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa. En principio, todo lo que se plantea en la iniciativa es totalmente asumible. Todo lo que pueda favorecer a la industria de transformación de la pesca
es bienvenido para poder tener una industria conservera competitiva y con productos de calidad. Por otro lado, es importante contar con la opinión del sector y, lógicamente, con las comunidades autónomas en la implantación de la industria de
transformación. Para terminar, como industria que se integra en el sector alimentario, tiene un gran potencial también, como se ha dicho ya, en la internacionalización. Por tanto, apoyamos esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea fijar su posición? (Pausa). Entonces, a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda presentada, tiene la palabra don Javier Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Hay algún punto que podemos valorar pero, en todo caso, hablaré con la compañera del Grupo Socialista para intentar presentar una transaccional, porque en sus términos no la podemos aprobar.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En todo caso, les ruego que si llegan a algún acuerdo lo facilite a la Mesa cuanto antes.


- SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA RÁPIDA REHABILITACIÓN DEL PASSEIG MARÍTIM DEL MOLINET, EN L'ESTARTIT (GIRONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002476).


El señor PRESIDENTE: Para debatir la proposición no de ley sobre medidas para impulsar la rápida rehabilitación del passeig marítim del Molinet, en L'Estartit, Girona, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, su
portavoz, don Carles Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señorías, voy a hacer un poco de historia. En noviembre del 2001, hace trece años, el paseo marítimo del Molinet, en L'Estartit, municipio de Torroella de Montgrí, en la Costa Brava, se cerró al uso público de
peatones y vehículos por existir peligro de desprendimientos.

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Dicho paseo se encuentra justo debajo del Molinet, una de las estribaciones del Montgrí. Las características geológicas de este macizo hace que se produzcan episodios de deslizamiento y desprendimiento de rocas. En ese sector del Molinet y
el Cap de la Barra, el macizo calcáreo está muy fracturado, con lo que se generan desprendimientos de bloques que caen directamente sobre el paseo marítimo. En octubre de 1994 se registraron unas precipitaciones pluviales de 600 milímetros que
generaron un importante derrumbe que terminó provocando el derribo de un hotel y dos viviendas y cuyos efectos hoy día aún están presentes. En 1995 el ayuntamiento, la Generalitat y la diputación construyeron grandes muros de hormigón para
consolidar la parte del macizo ocupado por viviendas. La otra parte del macizo afectada por el deslizamiento de 1994, situada más al norte y sin construir, ha debido esperar hasta finales del 2013 para empezar las obras de consolidación.
Precisamente es en esta zona donde se encuentra el tramo del paseo marítimo que en noviembre el 2001 se cerró tanto al paso de peatones como de vehículos. Este paseo marítimo también se ha visto afectado por los envites del mar. En diciembre de
2008, un fuerte temporal provocó un derrumbe parcial del muro de contención del paseo, hecho que puso de manifiesto la necesidad de su rehabilitación. El antiguo Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elaboró el proyecto para la
rehabilitación del paseo marítimo del Molinet en el año 2010, con un coste de 2,7 millones de euros. En el mismo proyecto se argumenta que no se puede empezar a rehabilitar el paseo hasta que no se haya estabilizado el tramo del Cap de la Barra,
correspondiente a la zona del paseo que está cerrada al uso público. El pasado mes de diciembre se iniciaron las obras de consolidación cuya finalización está prevista para la Semana Santa de este año. Estas obras están financiadas por el
Ayuntament de Torroella de Montgrí y el Feder. Aparte de los beneficios inherentes que pueda disfrutar cualquier vecino o turista con la rehabilitación de un paseo marítimo, en el caso del passeig marítim del Molinet hay que destacar que se
recuperará uno de los mejores miradores naturales de las Illes Medes, paraje natural bien conocido, y los espectaculares acantilados de la costa del Montgrí.


Señorías, más que hablar de infraestructuras o medio ambiente estamos hablando de un tema muy importante, estamos hablando de turismo. El turismo es una realidad absolutamente transversal y que representa un 10% del PIB español, el 12% del
PIB catalán y llega a ser el 19% del PIB de Girona, Costa Brava. Alguien podría entender que estamos reclamando la ejecución del paseo del Molinet de l'Estartit con una cierta banalidad, porque es un gasto para embellecer un municipio. Sí, pero
no; estamos hablando de una inversión -no gasto- para favorecer al sector que más capacidad tiene para generar puestos de trabajo y riqueza económica y social. A los municipios de los destinos turísticos costeros en general la Ley de Costas les
obliga a mantener la gestión de las playas, salvamento, balizamiento, limpieza y vigilancia. Cumplimos cada año pagando a treinta días, según marca la normativa y la legalidad. Pedimos al Estado que cumpla con la misma prontitud y diligencia con
sus responsabilidades invirtiendo -repito, no gastando- lo más rápido posible para recuperar la Costa Brava y para que el Estado español recupere la fuente de riqueza que significa este paseo marítimo.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz doña Concepción Veray.


La señora VERAY CAMA: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar, como decía el presidente, una enmienda a esta proposición no de ley de Convergència i Unió. Ya le he dicho al señor Pàramo antes de
entrar que lo mejor sería que se retirase esta proposición no de ley, porque desde que se presentó al día de hoy se ha avanzado mucho en lo que supone para Torroella de Montgrí i l'Estartit la rehabilitación del passeig del Molinet. Al no querer
retirarla Convergència i Unió, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que pone las cosas en su sitio y establece qué es lo que se tiene que hacer en este momento para seguir avanzando paso a paso en la rehabilitación del paseo del
Molinet. En este sentido, como dice la enmienda, que se cierre el expediente administrativo, porque en estos momentos es lo que está pendiente de cerrar, y una vez cerrado, se procederá al siguiente paso, que es la licitación, y después al
siguiente paso, que es el inicio de las obras. Las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -no se me enfade, señor Pàramo- empiezan a cansar un poco, porque siempre piden las cosas sin tener en cuenta los pasos
que la obra pública -como es la rehabilitación de un paseo marítimo- tiene que cumplir. Las obras públicas no se pueden empezar de la noche a la mañana. Para empezar unas obras hay que tener un proyecto y licitarlo; luego se tiene que adjudicar
la obra y después empezarla. No se puede empezar una obra si no está licitada, si no está adjudicada o si el proyecto no está cerrado, como en este caso.

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¿Por qué no está cerrado el proyecto? El señor Pàramo nos explicaba que este es un proyecto que se aprobó en el año 2010, pero cuando salió a información pública en el año 2011 contó con alegaciones del propio Gobierno de la Generalitat de
Catalunya, que avisó de que este es un proyecto que afectaba a la Red Natura 2000 del parque de las Illes Medes -como el señor Pàramo ha citado en su intervención- y que, por tanto, se tenía que revisar. El Gobierno del Partido Popular cuando ganó
las elecciones en el año 2011 puso como prioridad tirar para adelante y desencallar la rehabilitación del paseo del Molinet. Lo primero que hizo fue dialogar y negociar con la Generalitat de Catalunya para llegar a un acuerdo y encontrar la mejor
solución para evitar interferir en la Red Natura 2000 y tener un conflicto medioambiental, porque estamos hablando de medio ambiente, señor Pàramo; también de turismo, pero sobre todo de temas medioambientales. En este sentido se ha trabajado
durante todo este tiempo y se llegó a la conclusión de que, como en estos momentos el tramo que afecta a la Red Natura 2000 ya está pavimentado y arreglado, se quita este pequeño tramo del proyecto y se basa el proyecto en el resto de la
rehabilitación del paseo del Molinet. Una condición sine qua non para sacar adelante la rehabilitación, como ha dicho el señor Pàramo y figura en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, era que se consolidará la montaña por parte
del ayuntamiento, porque sin esta consolidación no se podía rehabilitar. Esta consolidación ha terminado en este año 2014 y, a partir de este momento, el Partido Popular empieza a agilizar otra vez los trámites para que salga adelante la
rehabilitación. Hace solo diez días, en el Consejo de Ministros del 7 de noviembre en el que se aprobaron los compromisos de gasto para las actuaciones en costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la finalidad de poder
iniciar en el presente ejercicio la tramitación de diversos expedientes de contratación de obras en los que la anualidad de 2015 representa un alto porcentaje, dentro de estas actuaciones -concretamente seis en toda España- figura ya Girona,
Torroella de Montgrí, paseo marítimo del Molinet. Estamos hablando de un acuerdo de Consejo de Ministros del 7 del noviembre, es decir, hace once días. Este acuerdo del Consejo de Ministros, junto a lo que he explicado en mi intervención y a que
en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 -como ya anuncié públicamente- para las comarcas de Girona, dentro de una de las partidas genéricas, consta que se va a utilizar el dinero para sacar adelante estas obras en el paseo marítimo del
Molinet, demuestran que es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular sacarlo adelante y poner las cosas en su sitio.


Ya termino, presidente. Como intervengo la primera porque he presentado una enmienda, quiero hacer una referencia a lo que ya sé que va a decir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Le pido ya que no practique el cinismo que
practica actualmente en las proposiciones no de ley de otros grupos cuando dice que se tiene que hacer todo y muy rápido. Como ha dicho el señor Pàramo, este es un tema que viene de 2008 y, por lo tanto, si alguien olvidó a las comarcas de Girona
durante ocho años -sobre todo, los últimos cuatro años- fue el Partido Socialista y el señor Zapatero, porque este es un tema que hoy ya no tendríamos que debatir porque tendría que estar hecho.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Intervengo, en primer lugar, para decir que nos parece oportuna la iniciativa que nos propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Sin acritud le voy a decir a la señora Veray que el debate
parlamentario está para que los distintos grupos parlamentarios podamos fijar posición sobre las diferentes iniciativas, sin perjuicio de que el Gobierno en sus trámites administrativos o en sus decisiones políticas tenga sus timing o tome sus
decisiones que para nada tienen que empañar que haya un debate parlamentario y la fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios. Para eso están las comisiones parlamentarias y, por tanto, no entendemos esta nueva técnica que usted
expone de pedir a los grupos que retiren las iniciativas. Me parece que no es adecuado en la práctica parlamentaria -debo decírselo- y me ha extrañado que lo haga.


Me parece oportuna esta iniciativa que, además, es de un lugar muy querido para mí relacionado con mi infancia. Tal y como expresa la exposición de motivos y como ha dicho el señor Pàramo, se trata de un paseo marítimo que desde hace trece
años, desde 2001, está en desuso a consecuencia de los desprendimientos. Hay que reconocer el avance que ha significado el que recientemente se haya podido realizar la consolidación del Cap de la Barra, que es la montaña que está justo encima del
paseo del Molinet, que provocaba estos desprendimientos y que deterioró este paseo marítimo. Es cierto que hay ya un proyecto de 2010, un proyecto costoso, y vamos a reconocer que el Gobierno tiene que fijar cuáles son las inversiones prioritarias,
pero entenderá, señora Veray, que, como diputados de la demarcación, nos

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parezca que es una actuación muy necesaria y que además va en la línea que también expresaba el señor Pàramo de embellecimiento y potenciación del sector turístico de nuestra Costa Brava. Debo decirles, y ustedes lo saben, que actuaciones
como los paseos marítimos y los caminos de ronda, que a veces no son tan costosas en inversiones, son muy reconocidas en el territorio y tienen un efecto de potenciación de nuestras costas; en este caso, nuestra Costa Brava en el Empordà, que es
sin duda uno de los de los principales potenciales de nuestra demarcación. Por tanto, nos parece que la iniciativa trae razón. Además, señora Veray, el grupo proponente tendrá la posibilidad de aceptar o no aceptar la enmienda. Más allá de las
dificultades presupuestarias, más allá de las dificultades técnicas, es de recibo fijar una fecha prudente; no sé si la fecha que establece la iniciativa de Convergència i Unió, pero tiene que ser en el tiempo más breve posible, que los ciudadanos
de Torroella de Montgrí i l´Estartit sepan que es una actuación que se va a realizar en un plazo breve y que no va a quedar, como ha quedado, por cierto, en la Ley de Presupuestos, en el absoluto olvido. Como usted sabe, tanto el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió como nuestro grupo parlamentario han propuesto diferentes enmiendas para que se dotara presupuestariamente este paseo marítimo y han sido rechazadas, como todas las enmiendas que hemos presentado para intentar
mejorar los presupuestos en interés de todos, conocedores también de las dificultades del presupuesto y de los ingresos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A los efectos de si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Carles Páramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señoras y señores diputados, compañeros o colegas de la demarcación de Girona, aceptamos esta enmienda porque el mensaje que queremos mandar a nuestro territorio no es el de confrontación, sino el de que los
grupos que tenemos representación en Girona estamos de acuerdo en que, de una vez por todas, se ejecute el passeig del Molinet, en l´Estartit, Torroella de Montgrí, Costa Brava.


- RELATIVA A CENSAR Y GESTIONAR LAS POBLACIONES DE LOBOS DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002614).


El señor PRESIDENTE: Debate de la iniciativa prevista para el día de hoy relativa a censar y gestionar las poblaciones de lobos de España, para cuya defensa tiene la palabra don Leopoldo Barreda.


El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Tomo la palabra en defensa de esta proposición no de ley, que es fruto del impulso y del trabajo de mi compañero Esteban González Pons, al que estoy seguro de que le hubiera gustado intervenir hoy en este
turno.


Hablamos del lobo, que en Europa ha pasado de ser el gran proscrito a convertirse en el símbolo de la capacidad de recuperación de las especies y del éxito de los esfuerzos de conservación en nuestro continente. Hoy el lobo vuelve a estar
presente en la práctica totalidad de los Estados de la Europa continental, y en concreto en Escocia, Gran Bretaña, se plantean formalmente su reintroducción. En los tres últimos años se ha confirmado el regreso del lobo a Bélgica, Dinamarca y
recientemente a Holanda, y tanto este último país, donde el lobo desapareció en el siglo XIX, como Dinamarca, donde fue exterminado hace doscientos años, tienen ya en marcha planes de recuperación y manejo para anticiparse a la propia dinámica de la
especie. Es una especie que presenta poblaciones todavía pequeñas, pero en rápida progresión, en Francia o Alemania, que desde Italia ha alcanzado los Alpes suizos y austriacos, e incluso la vertiente española de los Pirineos en Cataluña, tras
cruzar las regiones mediterráneas francesas. En España tenemos la fortuna de no haber perdido nunca al lobo, que es el mejor indicador de la transformación de las actitudes de la población respecto a la fauna salvaje y del compromiso tanto de
ciudadanos como de administraciones en la conservación de una especie fundamental de nuestros ecosistemas. También en España y Portugal el lobo ha recuperado parte del territorio perdido y ha incrementado su número de ejemplares a lo largo de las
tres últimas décadas. El objetivo, conforme a la estrategia nacional para la conservación y gestión de la especie, es que esa dinámica permita la consolidación de las poblaciones al sur del Duero, así como recuperar la continuidad territorial con
la población relicta de Sierra Morena, población, por cierto, que requiere toda la atención de administraciones y ONG para garantizar su supervivencia, hoy seriamente amenazada por intereses que están lejos del interés general, que está representado
por los esfuerzos de conservación. Como todos ustedes conocen, el principal problema de conservación del lobo en el conjunto de su área de distribución es el conflicto generado por la depredación

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sobre el ganado doméstico. Junto con el furtivismo, este impacto sobre la ganadería extensiva representa el mayor obstáculo para la conservación y fomento de la especie. Creemos que lograr mejorar esa compatibilidad debe ser objetivo de
todos, lejos del sensacionalismo o la sensiblería de algunos reportajes, lejos de la insensibilidad de quienes no toman en cuenta el esfuerzo que hacen los ganaderos y, por supuesto, desterradas para siempre las políticas de exterminio del pasado.


Nuestra estrategia nacional del lobo prevé la actualización de los datos del censo de la especie, al menos cada diez años. Es sabido que la dinámica de sus poblaciones está sometida a grandes oscilaciones, sobre todo en ámbitos locales y en
zonas con baja densidad de ejemplares, y que el impacto humano, a menudo al margen de la legalidad, tiene mucho que ver en esas oscilaciones. Un censo actualizado es un instrumento fundamental para la conservación del lobo en España, un instrumento
para conocer la densidad y la dinámica de las poblaciones, un instrumento que permite anticipar conflictos, adoptar medidas para evitar daños y adaptar técnicas ganaderas en las áreas en las que se prevé la expansión de la especie. Es el
instrumento que permite evitar cifras especulativas o abultadas sin base científica en cuanto al número de ejemplares, lo que también perjudica la conservación, y es también el instrumento que, unificando técnicas y coordinando trabajos, evita, al
contar con datos homogéneos, distorsiones que afecten a los trabajos de conservación y gestión del lobo en España. El grupo de trabajo de coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas ha hecho una importante tarea para lograr
acuerdos en los aspectos metodológicos del censo, y los expertos que habitualmente trabajan sobre el lobo en las diferentes comunidades autónomas tienen sin duda un papel clave en la aplicación efectiva de esa metodología homogénea y en la
coordinación técnica de ese censo. Parece evidente que, siendo las comunidades autónomas la autoridad competente de gestión, su implicación activa en el nuevo censo nacional deba considerarse positiva y garantía para el reconocimiento de los datos
y para su aplicación en el futuro. Los datos del nuevo censo nacional servirán también para la aplicación sobre el terreno de técnicas innovadoras en la prevención de daños basadas en la experiencia de otros países europeos y también de Estados
Unidos, técnicas que deben permitir distinguir e identificar los daños causados por el lobo de los ocasionados por otras especies, particularmente por perros asilvestrados; técnicas que deben permitir un manejo más eficiente del ganado y de las
explotaciones incorporando medidas de prevención de daños, y técnicas que deben ponerse en práctica, como es lógico, en coordinación con las líneas de cobertura de los seguros o con las indemnizaciones de las administraciones públicas. En esta
línea se trabaja ya desde las administraciones para evitar ataques o minimizar los efectos sobre la producción ganadera. Existen ya ensayos piloto en coordinación con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, con organizaciones agrarias como Asaja o
con comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León o Madrid, que recientemente, por boca de sus responsables políticos, ha dado la bienvenida al lobo a su territorio. Para todo ello, es decir, para la conservación activa del lobo en España a
partir de datos contrastados y sobre bases homogéneas y reconocidas por todos, el nuevo censo nacional es un instrumento fundamental.


En relación con la enmienda presentada por el Partido Socialista, sabemos que el lobo tiene un papel clave en nuestros ecosistemas, sobre todo en el control de las poblaciones de ungulados; sabemos que puede ser fuente de riqueza y
actividad económica en el medio rural -desde hace unos meses está en marcha el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad-; sabemos que quedan atavismos por desterrar y que siempre habrá que hacer mayores esfuerzos en la mejora de la
gestión, en la prevención, en la agilización de las indemnizaciones o en la cobertura de los seguros. Debo decirles que apreciamos en su enmienda dificultades competenciales y, sobre todo, de financiación, pero aunque hoy no lleguemos a un acuerdo
más amplio, creo que todos debemos hacer aportaciones e impulsar iniciativas en este ámbito. En todo caso, estamos convencidos de que desarrollando la vigente estrategia nacional y un instrumento clave como es el censo de la especie, el lobo
seguirá siendo el símbolo de los esfuerzos de conservación en España. Por ello, solicitamos el respaldo de los grupos para esta proposición no de ley. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la diputada doña Mar Rominguera.


La señora ROMINGUERA SALAZAR: Consideramos que esta proposición que nos trae el Grupo Parlamentario Popular no es ambiciosa. Consideramos que es insuficiente. Muestran un repentino interés por preservar la convivencia del lobo con el
resto de especies, cuando hasta ahora no han hecho absolutamente nada para cumplir con la primera exigencia que nuestros ganaderos vienen reclamando a

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las distintas administraciones, una exigencia que debería ser la premisa de cualquier Gobierno: proteger a sus habitantes. Esto, lamentablemente, no se ha producido en aquellas comarcas donde habita el lobo. No se ha protegido al
ganadero. Es preocupante que muchos de nuestros ganaderos en Galicia, en Asturias, en Cantabria y sobre todo en Castilla y León acudan cada mañana a atender al ganado con el temor de encontrarse con un nuevo ataque del lobo. No exageramos, por
tanto, cuando decimos que no se ha protegido al ganadero. No se ha favorecido esta convivencia, hasta el punto de que son muchos los ganaderos que la estiman imposible dada la dejadez de la Administración y manifiestan sentirse desprotegidos. Las
indemnizaciones en caso de ataques tardan mucho en llegar, hasta seis meses en algunos casos, y además son escasas. En Zamora, un ganadero me comentaba hace poco que por cada ternero atacado recibe 150 euros, frente a los 500 euros que podría
llegar a valer ese ternero en el mercado. Por tanto, insistimos en que no debería existir esa dualidad lobo-ganadero sino que debería hacerse compatible la convivencia entre ambos con políticas de discriminación positiva. Sin embargo, esto es lo
que no vemos en su propuesta.


Estas son políticas que pasan también, por supuesto, por disponer de un censo actualizado del lobo ibérico, pero -insisto- estimamos que es una proposición insuficiente, poco ambiciosa e incompleta. El Partido Popular siempre llega tarde y
mal; que a estas alturas vengan a decirnos que este tema del lobo es controvertido por la ausencia de datos contrastados, que ahora se planteen que hacen falta estudios pormenorizados sobre el lobo en España para una mejor coordinación de los
planes de conservación de las comunidades autónomas, da muestras de dejadez, porque hasta ahora no han hecho nada y de pronto les entró la prisa. Bienvenida sea esa prisa si de verdad van a hacer algo en un asunto tan controvertido, como dicen
ustedes, y que yo diría preocupante. Porque muestra de esa falta de rigor y de interés sobre el lobo ibérico y la necesidad de que conviva con el resto de especies -sobre todo con el hombre- es que han venido actuando al tuntún, sin oír a los
ganaderos. Fíjense, este Gobierno quiso hacer cazable al lobo al sur del Duero sin tener exactamente censada la población de lobos. Por eso les digo que llegan tarde; por eso y porque no solo no han protegido al ganadero, sino que no han sabido
potenciar al lobo como elemento turístico al no ser capaces de continuar proyectos, como los que ya abordó el anterior Gobierno, que invirtió cerca de 4 millones de euros en la zona de la sierra de La Culebra -con una alta población de lobos, como
saben- para la creación de un centro del lobo, concretamente en Robledo, en Sanabria. Pues bien, el centro no se ha podido inaugurar aún porque faltan 700.000 euros que los Gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, no
han aportado. No ha existido hasta ahora un trabajo de seguimiento pormenorizado, se desconocen cuáles son las batidas y hay falta de control en las zonas de dispersión. Les estoy hablando de Sanabria, en Castilla y León, pero este asunto es
extensivo al resto de la geografía española con población de lobo. Por eso decimos que han desoído a quienes más saben de esto, a los ganaderos y a los habitantes de las comarcas que tienen una mayor población de este animal. Ahora bien, teniendo
en cuenta que España posee la mayor población de lobos de Europa occidental -entre 2.000 y 2.500 censados-, teniendo en cuenta que queda mucho por hacer en este campo y teniendo sobre todo en cuenta que la principal obligación de todo Gobierno es
proteger a quien vive en su territorio, en este caso sí hay que actualizar el censo del lobo ibérico, para la conservación de la especie y para una gestión eficiente de la misma que redunde sobre todo -en eso queremos hacer hincapié- en el ganadero
que padece estos ataques.


Señorías, esta actualización del censo debe servir para que los ganaderos se sientan más protegidos por la Administración, para que reciban una respuesta inmediata de la misma para que en la medida de lo posible se eviten los ataques y, en
el caso de que se produzcan, las indemnizaciones sean inmediatas y suficientes para paliar el daño económico que producen al sector, además de promocionar al lobo como impulso de la actividad turística. De ahí el contenido de nuestra enmienda. Si
ustedes la rechazan, estarán demostrando, como les decía al principio, el poco interés que tienen por este asunto. Su propuesta, limitándose solo a actualizar el censo del lobo ibérico, resultaría del todo punto insuficiente y no la podríamos votar
a favor.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Uno tiene dudas sobre si apoyar o no la propuesta que nos trae hoy el Partido Popular, por el histórico del Partido Popular. Sin ir más lejos, mañana tendremos que hablar de una enmienda que viene del
Senado y que en teoría -en teoría no, estamos seguros- vuelve a abrir la posibilidad de la caza en los parques nacionales. Uno tiende a pensar que a veces se confunden

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los verbos y teme que el verbo gestionar población -como de la del lobo, de la que estamos hablando hoy- pueda significar que se permite la caza. En ese sentido yo quisiera manifestar un par de cosas. Comprendo las dificultades por las que
pasan algunos ganaderos al convivir -sería iluso no citarlo- con un población de lobos que empieza a crecer, afortunadamente. Entiendo que lo que debiéramos hacer desde aquí es legislar la forma de compensar a esos ganaderos y no volver a poner en
peligro la existencia del lobo, que mucho ha costado y que debemos garantizar, lejos de volver a proponer medidas ambiguas que permitan una caza que volvería a poner en peligro esta población. Si lo que ustedes quieren es huir de propuestas, como
ha dicho usted, sentimentalistas o sensacionalistas lo único que tienen que hacer es ser un poquito más concretos. Con que hubiesen dicho, por ejemplo, que se desea prohibir la caza del lobo en toda España, siendo solo autorizada en circunstancias
excepcionales, para lugares específicos y por razones científicas de control de población de la especie que estuvieran claramente y suficientemente motivadas, por ejemplo en el caso de una epidemia o por necesidad de abatimiento de un ejemplar por
motivos de seguridad contrastados, estaríamos hablando de otra cosa. Además debieran dejar bien claro que esa cacería, en esos supuestos muy especiales, no debiera ser objeto de actividad privada o comercial sino ejecutada por la Guardería Rural o
por el Seprona. En ese caso no tendríamos ningún problema y apoyaríamos completamente la propuesta que traen hoy aquí.


De paso, me gustaría mencionar otro problema que nosotros vemos y no sabemos muy bien cómo solucionar. Ya saben ustedes que en muchas ocasiones nosotros deseamos que estas competencias vuelvan al Estado, para que tengamos una herramienta
que permita hacer un trabajo homogéneo. Yo me pregunto cómo piensan hacer ustedes con los lobos, que no entienden de fronteras y que podrán pasar de comunidad autónoma en comunidad autónoma en determinados lugares de nuestro país, sin saber si en
una u otra -porque es obvio que ellos no pueden saberlo- son o no objetivos de los cazadores que a lo mejor ustedes pretenden legalizar con una propuesta como esta. La falta de concreción y la falta de confianza, por su histórico, no por otra cosa
-esta semana hablaremos de esa enmienda que tanto nos preocupa y que tanto preocupa también, hay que recordarlo, a los directores de los parques nacionales, que han sido unánimes en su rechazo-, hará que nos abstengamos en una propuesta como esta, a
la que le falta concreción.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Intervengo brevemente para anunciar también nuestra abstención. Un censo es evidentemente lo mínimo que se puede hacer con este tema. En estos momentos reconocen que no saben cuántos hay, pero sí se autoriza la caza
en determinadas zonas; en estos momentos se plantea hacer un censo sabiendo que hay problemas, pero no se regula cuál va a ser la convivencia entre ganaderos y la población del lobo. Entonces, esto es lo mínimo que pueden hacer y como es lo mínimo
que pueden hacer, háganlo y cuando planteen una propuesta un poquito más ambiciosa entraremos a valorar si la votamos a favor o no. En cualquier caso, quería referirme a una cuestión de orden, habida cuenta de su intervención. Hablaba usted de la
importancia de las competencias, del papel de las comunidades autónomas en esta materia. Pues introdúzcanlo de forma concreta en la propuesta porque no aparece por ningún lado e introduzcan también el papel -que también se ha reconocido aquí- de
las ONG, de las organizaciones conservacionistas, en lo que respecta al mantenimiento del lobo.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún grupo más sobre esta iniciativa? (Denegaciones).


Por el Grupo del Partido Popular tiene la palabra el señor Barreda, a afectos de aceptar o no la enmienda.


El señor BARREDA DE LOS RÍOS: He dicho que no podemos aceptar la enmienda por discrepancias en los temas de financiación y de competencias, no por discrepancias de fondo con las propuestas que ahí se contienen. Por tanto, someteremos a
votación el texto original.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


- SOBRE LA PLAGA DEL PICUDO ROJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002843).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre la plaga del picudo rojo. Su autor es el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra el señor Baldoví.

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El señor BALDOVÍ RODA: Hemos presentado esta PNL para la lucha contra el picudo rojo, una plaga que está asolando los palmerales y que amenaza con cambiar el paisaje de muchos pueblos y ciudades, especialmente del sur de Alicante, ante la
indiferencia de las administraciones autonómica y estatal. Un ejemplo es que en los Presupuestos Generales del Estado para prevención de plagas se destina un total de 750.000 euros, a mi modo de entender muy poco. Datos a tener en cuenta: el
Palmerar d'Elx fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y es el más grande de Europa, y además el Palmeral de Orihuela es el segundo más grande del continente. La Generalitat Valenciana, que tiene las competencias en
agricultura, ha delegado en los municipios, que no cuentan con la financiación correspondiente, la lucha contra el picudo; es decir, que una plaga que necesita una respuesta global se trata de formas diferentes según un lugar u otro. Así, mientras
en algunos municipios hay una fuerte implicación, en otros no se hace absolutamente nada. Por no hablar del dinero que los municipios están dedicando a combatir esta plaga y que sería muy útil para otras finalidades. Una muestra del desinterés de
la Administración lo tenemos en que existe un patronato del Palmerar d'Elx que depende la Generalitat Valenciana y que no ha convocado una sola reunión desde el año 2006, aunque tendría que hacerlo al menos una vez al año, como marca la ley del
palmeral. Ahora parece que tiene previsto reunirse el próximo día 24 ante las fuertes críticas de las organizaciones y de la oposición.


A principios de 2014 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente firmó un convenio con el Ayuntamiento de Elx y la Generalitat sobre la lucha contra el picudo. ¿Cuánto dinero tiene previsto aportar el Gobierno? A la vista de lo que
destinan los Presupuestos Generales del Estado, seguramente será poco y escaso. La idea básica debería ser la de establecer una estrategia de lucha que incluyera toda el área afectada por la plaga en las diferentes comunidades autónomas y que
coordinara a todas las administraciones implicadas -ayuntamientos, diputaciones, Administración autonómica y Administración estatal- y a todos los agentes afectados -particulares y empresas-; una estrategia de lucha clara que combine las diferentes
alternativas de lucha química y lucha biológica; una estrategia que contemplara medidas de choque para detener el avance de la plaga y medidas de lucha a largo plazo para su control y erradicación. Y todo ello con la incentivación de la
investigación para la búsqueda de soluciones y la prohibición de la importación de palmeras de los países donde está presente la plaga. Esta estrategia de lucha debería poner a disposición de los ayuntamientos los medios humanos, materiales y
económicos necesarios para elaborar planes de acción precisos, establecidos en consenso con todos los sectores implicados en el mundo de la palmera y evaluados de manera regular y periódica por estos planes de acción, que deberán ser persistentes en
el tiempo e incluir la formación del personal que los ha de aplicar, tanto en el ámbito público como en el privado. Estos planes de acción deberían establecer también los parámetros necesarios para orientar y coordinar la tala de palmeras
afectadas, con el fin de que esta se realice de manera eficiente, especialmente en todos los aspectos referentes al transporte y trituración, además de planificar el uso de la parte no triturada así como el uso de la parte triturada y la
disponibilidad de trituradoras suficientes. Todos estos y muchos otros aspectos aparentemente menores deberían quedar especificados y regulados en los planes de acción para que fueran eficientes y alcanzaran el objetivo deseado. La aplicación de
una estrategia como esta requiere tener todos los ejemplares de palmera referenciados mediante un sistema de información geográfica, SIG, como ya tiene la ciudad de Elx, que podría ser el municipio piloto para su aplicación, por la extensión del
palmeral y por la experiencia tanto de las personas como de las empresas.


Lo que pedimos en esta proposición no de ley -y concluyo- es simple: implicación, investigación y recursos económicos. Por eso no tenemos inconveniente en incorporar la enmienda que se nos hace, porque en la lucha contra el picudo todos
somos necesarios y hace falta sumar todas las voluntades. Espero que el Partido Popular vote afirmativamente esta proposición no de ley y dote -y aún estamos a tiempo- en los Presupuestos Generales del Estado más recursos para la lucha contra esta
plaga que amenaza con acabar con todas las palmeras. Los ciudadanos de Elx, de Orihuela, los ciudadanos valencianos, no entenderían el voto en contra del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra don Federico Buyolo.


El señor BUYOLO GARCÍA: Antes de nada quería anunciar al proponente nuestra intención de votar a favor de esta proposición no de ley sobre la plaga del picudo rojo, que nos parece muy pertinente y necesaria, y además quiero darle las
gracias por la incorporación de la enmienda que hemos presentado.

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El palmeral del Mediterráneo está sufriendo la devastación por culpa de la entrada en nuestro país de una plaga que no existía en España. Por cierto, si nos fijamos en la experiencia de Israel, que necesitó veinticinco años para acabar con
esta plaga, deberíamos tomarnos muy en serio este problema. Nuestros palmerales están en riesgo y el picudo rojo no entiende de organización territorial del Estado ni de competencias de las administraciones, así que todos estamos obligados a poner
lo mejor de nosotros para acabar con esta dura plaga. No solo vale decir lo buenos que somos sino que hay que hacer más. Quiero recordar que la plaga ha afectado a palmerales no solo de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, sino que
todo el arco mediterráneo se ha visto afectado; encontramos casos en Andalucía, Murcia y Cataluña, un problema grave que debemos atajar cuanto antes.


Las primeras soluciones que se tomaron cuando apareció la plaga en nuestro país fue la eliminación de las palmeras afectadas. No se planteó la recuperación, sino la eliminación de las mismas sin más miramiento. Pero esa, que puede ser una
solución en determinados casos, no puede ser la solución para el Palmeral de Elche; nuestro palmeral es Patrimonio de la Humanidad, está en peligro y debemos poner todos medios necesarios para parar esta devastadora plaga. Los ciudadanos de Elche
vemos con miedo que la lucha contra el picudo rojo no está poniendo todos los medios necesarios, ni tan siquiera se está actuando de manera coordinada, y les pongo un ejemplo. Hemos pedido en Las Cortes Valencianas la firma de un convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche para la actuación integral de lucha contra el picudo y sin embargo sigue sin producirse ese convenio y seguimos actuando cada uno como buenamente sabemos o podemos.
Sinceramente, no me parece seria esta forma de actuar ante un problema tan grave.


Permítanme que, como ilicitano que soy, les explique la importancia del Palmeral de Elche, que es Patrimonio de la Humanidad, y la amenaza que supone la plaga del picudo rojo. El Palmeral de Elche es una creación del hombre con el fin de
aprovechar los pocos recursos hídricos existentes en la zona. Hay que recordar que Elche está situado en una zona de secano. El palmeral ilicitano es un ejemplo de la cultura del oasis, una gestión eficiente de la poca agua existente. Tres
características lo hacen singular e irrepetible. Una, su durabilidad Se ha mantenido desde la época islámica hasta hoy con la misma estructura, tanto de plantación de palmeras como de sistema de regadío de los huertos. Dos, su valor; primero como
bien agrícola, hoy como bien cultural, histórico y turístico. Nuestro palmeral supone un ejemplo irrepetible de una amplia variedad de fenotipos, lo que le otorga además un valor biológico importantísimo. Y tres, su carácter comunitario: cuidado,
mantenido y querido durante siglos por las distintas generaciones de ilicitanos e ilicitanas, que han entendido que el palmeral es parte indisoluble de nuestra cultura.


El 30 de noviembre del año 2000, la Unesco otorgó al Palmeral de Elche la máxima distinción, Patrimonio de la Humanidad, tal como ha comentado el señor Baldoví. Pero no fue fácil llegar hasta aquí, desde 2005, con la elaboración del Plan
general de ordenación urbana de Elche, se actuó para defender y preservar el Palmeral de Elche, que estaba amenazado con la expansión urbanística de la ciudad. El Ayuntamiento de Elche estableció una estrategia de adquisición de huertos de palmeras
dentro del palmeral histórico para preservar un bien que había permanecido entre nosotros desde siglos atrás. Un año después el pleno del ayuntamiento aprueba iniciar los trámites para conseguir la declaración del palmeral como Patrimonio de la
Humanidad. Pero no solo era una voluntad política, sino que la ciudadanía, a través del I Plan estratégico de la ciudad de Elche, Futurelx, en 1997, determinó y asumió el palmeral como un elemento cultural a patrimonializar. El 30 de noviembre se
concretó definitivamente por parte de la Unesco esta distinción, fundamentalmente por dos cuestiones: uno, por representar el palmeral un notable ejemplo de transferencia de características paisajísticas y culturales de un continente a otro,
específicamente del norte de África a nuestro territorio, y, dos, por el excepcional uso de la tierra y su particular sistema de irrigación, aún en funcionamiento, y porque el huerto de palmeras, siendo característico, como he dicho, del norte de
África, fue traído a Europa durante la ocupación islámica y aún sobrevive en la actualidad.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.


Señores diputados, señora Seara, les ruego que se mantengan en silencio. Es muy difícil oír, esta sala tiene malas condiciones acústicas y no es posible seguir la intervención de su compañero. Pueden salir un momento de la sala.


Señor diputado, puede seguir.

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El señor BUYOLO GARCÍA: Como les decía, los riesgos en relación con el palmeral ilicitano han sido muchos y variados, desde la tala de ejemplares para la construcción de viviendas en los años setenta o la adquisición por parte de la
burguesía ilicitana de huertos para construir sus viviendas particulares en un entorno paradisíaco patrimonio de todos hasta plagas como la cochinilla roja o la paysiandisia, que pusieron en peligro el mantenimiento de nuestro bien más preciado.
Por eso, el Ayuntamiento de Elche, con el alcalde socialista Diego Macía a la cabeza, puso en marcha un Plan integral de protección, ampliación y mejora de nuestro bien cultural. Actuaciones como el cheque verde para el riego y mantenimiento de los
huertos que no eran propiedad del ayuntamiento, las sanciones por el arranque de palmeras, el mantenimiento de los huertos propios, la plantación de palmeras en las calles de la ciudad como elementos de unión entre los distintos huertos existentes,
la creación y recuperación de huertos desaparecidos y, sobre todo, la creación de un centro de investigación de la palmera, la Estación Phoenix. Este centro de investigación trabajó durante muchos años, hasta que el actual Gobierno de la ciudad,
del Partido Popular, lo cerró, y permitió no solo crear palmeras in vitro, sino que además sirvió para encontrar soluciones fitosanitarias a las plagas que afectaban a nuestro palmeral. El ejemplo más palpable fue la cochinilla roja; gracias al
trabajo de la Estación Phoenix se pudo parar esta plaga, que hoy en día ya no es un problema para nuestro patrimonio.


Concluyo, señor presidente. La plaga del picudo rojo es muy agresiva para nuestro palmeral. El Palmeral de Elche es un ejemplo irrepetible, que ha sido reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. La Estación Phoenix,
mientras funcionaba como centro de investigación de la palmera, ha sido un elemento que ha permitido afrontar con éxito las plagas y retos que han afectado al palmeral ilicitano. La Estación Phoenix como centro de investigación y la ciudad de Elche
como palmeral histórico Patrimonio de la Humanidad pueden ejercer un liderazgo fundamental para la investigación de la palmera que ayude a todos los territorios. Por todo ello, hemos incluido esta enmienda con el fin de que todos trabajemos juntos
para encontrar las mejores soluciones para nuestro palmeral, y en especial para nuestro patrimonio mundial, el Palmeral de Elche.


El señor PRESIDENTE: Resto de grupos que deseen fijar su posición sobre este asunto. (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Agradezco al señor Baldoví la propuesta que trae, pero quiero manifestar mi escepticismo. El diputado que les habla a principios de esta legislatura se reunió en Elche con todos los afectados y yo vi varios
problemas que me parecen muy complicados de solucionar, entre otras cosas porque yo lo intenté. Estuve reunido con una mujer que es una joya, que se llama Pilar Mateo, que ha descubierto una solución que está en nuestras manos desde hace ya un par
de años. Consiguió microencapsular un principio activo en una pintura que conseguiría que, en vez de tener que estar, como se hace ahora en todos los viveros de nuestra geografía, dando ese producto una vez al mes a las palmeras, podríamos hacerlo
simplemente una vez al año. Y voy a contar una anécdota porque me parece interesante y explica mi escepticismo. Me puse en contacto con el señor Cañete y el ministerio no hizo nada al respecto. Me puse en contacto con la consellera que entonces
llevaba estos temas en la Comunidad Valenciana y tampoco hicieron nada al respecto. Me parece dramático que cuando ya teníamos una solución ninguno de esos dos Gobiernos hiciera nada para ponerla en práctica, en un asunto que no solo se
circunscribe, no es lo que han dicho mis compañeros, a Elche, sino que si uno recorre la geografía española es dramático, es penoso ver la inmensa cantidad de palmeras absolutamente descabezadas, y estamos hablando de algunos ejemplares que tienen
una edad muy importante y cuya pérdida es realmente dramática. En la zona de Elche los propios viveros afectados me explicaban que tienen una problemática muy complicada de solucionar, y hay que recordar además no solo que las palmeras tienen un
valor medioambiental, sino que el sector de los viveros -a mí me sorprendió y por eso lo digo- movía más dinero, por ejemplo, en la zona de Alicante, que el sector del turrón. Es decir, estamos hablando de un sector muy importante que debía
acometer un gasto increíble para pelear contra esta plaga mientras el ayuntamiento de Elche era incapaz o no le interesaba desinfectar las palmeras que estaban en la rotonda, al lado de estos viveros, y, por lo tanto, convertían en estéril y en
gasto inútil todo ese esfuerzo que acometían estos viveristas. Me parece fundamental recordar que mientras el Gobierno del Partido Popular -porque estamos en Elche hablaré de la Comunidad Valenciana y porque estamos en el Congreso hablaré a nivel
nacional- vaya más despacio que el picudo, no vamos a poder a hacer nada para solucionar algo que me parece dramático. Repito, apoyaremos la propuesta del señor Baldoví.

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El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Poco más se puede añadir a lo que ya han dicho los diversos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero mi grupo parlamentario quisiera recordar que esta plaga llegó a España en medio de toda la
vorágine de la especulación del ladrillo. Fue un momento en el que las empresas constructoras se dedicaron a importar palmeras sin las suficientes garantías de no traer ninguna plaga y, desgraciadamente, en aquel momento llegó la plaga. También en
aquel momento la Generalitat Valenciana impulsó algunas medidas. Todavía se podía pedir algo de dinero prestado a los bancos y a las entidades internacionales para que la Generalitat pusiese en marcha la lucha contra el picudo rojo, esa plaga que
llegó con la especulación urbanística. Pero llegó la crisis y la Generalitat quebró; si ha sobrevivido es gracias a las transferencias del Estado. Ahora la Generalitat Valenciana no tiene dinero y sin recursos públicos para luchar contra esta
plaga el picudo se extenderá inexorablemente por la geografía española, como ya lo está haciendo. No hay forma de pararlo si no hay intervención pública. Y así como hay ámbitos magníficos y maravillosos en los cuales la población de palmeras está
muy concentrada y requiere unas actuaciones específicas para esa concentración de palmeras, en el ámbito valenciano en general y en otras zonas de España la palmera está dispersa en ámbitos diversos y con ejemplares, como comentaba el señor Cantó,
de muchísimos años. Lamentablemente, se están perdiendo de forma inexorable porque no hay ayuda, no hay una apuesta decidida desde los poderes públicos. Por eso, es importante traer hoy esta proposición no de ley al Congreso de los Diputados
porque la Generalitat Valenciana no puede afrontar esto, no tiene capacidad de poner este tema en marcha si el Estado no se compromete mediante fondos a ayudar para que la Generalitat pueda hacerlo. Por eso vamos a apoyar esta moción y por eso nos
alegramos de que este tema se debata en la Comisión de Agricultura.


El señor PRESIDENTE: Por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Marc Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. En Cataluña ya hace tiempo que estamos tomando medidas en relación con este tema. Una muestra del interés que tenemos en nuestro grupo es que hemos presentado a los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 unas enmiendas pidiendo una partida presupuestaria de 300.000 euros para la lucha contra plagas. Se presentan iniciativas, pero se tienen que presentar también enmiendas que las recojan; esperamos que se
pueda aprobar esta iniciativa a la que nuestro grupo da todo el apoyo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Macarena Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En primer lugar, quiero manifestar que no salgo de mi asombro. Es increíble escuchar a quienes han gobernado desde el comienzo de la democracia en el municipio de Elche, del que estamos hablando. Parece que
es ahora cuando se plantea por primera vez en la historia el problema del picudo rojo. Pues no. Es verdad que en el Ayuntamiento de Elche han gobernado tanto el Partido Socialista como Compromís, en alguna ocasión con Izquierda Unida, pero también
es cierto que no se hizo absolutamente nada, y lo digo, desgraciadamente, cargada de razón. La primera vez que se pone en marcha un plan para erradicar la plaga del picudo rojo lo hace el Gobierno del Partido Popular, que inicia su mandato en el
año 2011. Hasta entonces, solo les voy a contar un pequeño detalle. Se está diciendo que la consellería no disponía de dinero ni de efectivos para poder luchar contra esta plaga. La Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana
facilitaba gratis a todos los ayuntamientos que estuvieran sufriendo en ese momento la plaga del picudo rojo un desinfectante denominado Imidacloprid. Cuando el Gobierno del Partido Popular llega al ayuntamiento lo primero que se encuentra en los
almacenes de los parques y jardines son esas botellas de ese insecticida caducadas, ya que ni siquiera se habían empleado para la lucha contra el picudo rojo. Es más, en alguna de las ocasiones que se han utilizado -algunas, para cubrir el
expediente y poder decir ante los medios de comunicación que se estaba luchando- ni tan siquiera se comunicaba a la población. Por tanto se incurría en una falta grave porque la normativa deja bien claro que debe de avisarse a la población y además
vallar el recinto en el que se está aplicando ese insecticida. Eso es lo que desgraciadamente, y no solo en la población de Elche sino también en otros municipios, ha venido sufriendo la Comunidad Valenciana. Ese plan se ha aprobado y hay que
decir que con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas, si bien no está Compromís a pesar de que se arroga la facultad de

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representar a todos los ilicitanos y a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pero ya no está en el ayuntamiento de Elche, probablemente entre otras cosas por su nefasta actuación en la lucha contra el picudo rojo. Pues bien,
dentro de esa campaña de lucha se realiza la inspección de las palmeras en la vía pública, censo del palmeral histórico -que no constaba hasta la fecha-, ayudas a la eliminación de ejemplares afectados por picudo rojo e información ciudadana, como
campañas de concienciación escolar, campaña de concienciación publicitaria para las plagas del picudo, formación -no solamente a los técnicos del ayuntamiento sino a todo aquel que tuviera que tratar en parques y jardines-, vigilancia y eliminación
de ejemplares afectados -donde se tenga que destruir una palmera se planta otra-, tratamientos fitosanitarios y biológicos. Lo digo porque la emamectina -cuyo uso está autorizado temporalmente- no se puede generalizar, como se está pidiendo en la
iniciativa, y usted lo sabe bien porque en este momento se está siguiendo un programa piloto en Elche, al igual que el hongo. Es una estrategia aislada y no sirve en este momento generalizarla porque no sabemos todavía el resultado; una vez que lo
conozcamos, se podrá poner en marcha en otros lugares de España. La consellería desde 2004 -y ustedes han dicho que no ha gastado nada- ha invertido ya 24 millones de euros. Si ustedes dicen que eso no es presupuesto alguno... No sé, tenemos
pautas de medir muy diferentes. Decían que no se estaba colaborando con los ayuntamientos; 128 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana tienen planes específicos en la lucha contra el picudo rojo en colaboración con la Generalitat valenciana. Se
ha presentado por parte de la universidad de Alicante el proyecto Life en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y con la consellería, que en el último año, por aquello que se ha dicho sobre que no se reunía la consellería con la comisión técnica
del patronato, se ha reunido en ocho ocasiones. En cuanto a la pintura, la diferencia es que Pilar Mateo, a la que conozco francamente bien porque ha sido entre otras cosas directora general en la Generalitat Valenciana, está trabajando en una
pintura -y por cierto se ha firmado un convenio del Ayuntamiento de Elche con la universidad de Alicante, otro con la Universidad Miguel Hernández y otro con las empresas que están trabajando en la investigación- porque lo que sí tiene sentido es
que los trabajos que se están desarrollando en las universidades para atajar el picudo rojo sean con los que se esté trabajando desde el ayuntamiento y no sosteniendo una estación, como propone a estas alturas el Grupo Socialista, la estación Fénix
que, entre otras cosas y al margen del dineral que costó, no llegó absolutamente a ninguna conclusión, ni conocemos los estudios que realizó para atajar el picudo rojo. Sobre eso, absolutamente nada; es más, han hablado de dos palmeras in vitro
que se pudieron investigar en su momento, dándose los resultados en cuanto a la palmera, pero no se estudió si ese dátil que estaba infectado por el picudo rojo era comestible o no. Por tanto, de comienzo a fin, la puesta en marcha de la estación
Fénix fue un absoluto desastre, por lo que desde luego no vamos a mantener y sostener aquello en lo que los socialistas estaban tan interesados. Desde luego, las conclusiones no se conocieron. (Rumores). No, no se conocieron; no, no hay ninguna
conclusión respecto de la lucha contra el picudo rojo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento y se mantengan en silencio. Le recuerdo, señora diputada, que ha sobrepasado ampliamente su tiempo.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino ya, presidente.


Concluyo diciendo que desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como deberían saber los que presentan la iniciativa, siempre, siempre se ha colaborado con cualquiera de los programas que presentan las comunidades
autónomas y al ministerio le corresponde el 50% del presupuesto de esas iniciativas. (Aplausos.-Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les ruego se mantengan en silencio porque si no, no vamos a poder desarrollar con tranquilidad los debates.


- SOBRE EL 'XEITO'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003121).


El señor PRESIDENTE: Punto número 6.º, proposición no del ley sobre el xeito. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Hablamos hoy del xeito, que es una de las artes pesqueras gallegas más tradicionales. No obstante, fíjense, uno de los expertos más reconocidos en pesca en nuestro país, el profesor investigador Uxío Labarta lo
define como el más humilde proletario y gallego de las artes de pesca. Sin duda el xeito no supone ningún impacto medioambiental, es un arte ancestral que no agrede el ecosistema, es un arte responsable y respetuoso. Fíjense, para que conozcan las
dimensiones de este

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arte, la plataforma Pesca de Galicia cifra en 428 los barcos que disponen de xeitos en su Permex, en su permiso de explotación, aunque hay datos que apuntan a que la medida afecta a más de 500 embarcaciones de la ría de Vigo, de la ría de
Pontevedra y la ría de Arousa, y es en la localidad de Rianxo, localidad xeiteira por excelencia, donde hay más de 10 barcos xeiteiros.


¿Por qué hablamos esta mañana del xeito en esta Comisión? Porque la Unión Europea prevé o preveía el exterminio total de este arte de pesca ya que se incluía al xeito en la prohibición total de las artes de malla a la deriva que entrará en
vigor el próximo 1 de enero de 2015. Pero desde la presentación de esta PNL han ocurrido novedades. Hay que seguir trabajando y presionando para dar información a Bruselas, cosa que el Gobierno del Partido Popular no hizo, tal y como reconoció por
carta la Comisión Europea al eurodiputado José Blanco. En esa carta, la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos, Lowri Evans, en nombre de la ex comisaria María Damanaki, sostiene -fíjense- que la inclusión del xeito entre las artes de pesca
objeto de prohibición se debió a la falta de información sobre el impacto del xeito aportada por las partes interesadas durante el proceso de consultas previas a la propuesta. Ustedes, su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, no hicieron
alegaciones en tiempo y forma, como tampoco las hizo la Xunta de Galicia. La propia Lowri Evans, insisto, directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión, señala que a pesar de la consulta realizada, no todas las partes interesadas
pudieron aportar esta información sobre el uso de las redes de deriva y su impacto sobre especies protegidas y que fue precisamente esto lo que impidió a la Comisión tener una imagen real de la situación, incluida el xeito y otras artes de Galicia.
Por lo tanto, entendemos que hubo una dejación clara de funciones por parte de la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España. En esa misma carta, Evans traslada al Grupo Socialista Europeo que en este tiempo ha recabado información tanto de
autoridades públicas como de entidades privadas para lograr una visión más exhaustiva de la situación. Deben saber también que la propia ponente del informe sobre la propuesta de prohibición de redes de deriva y la inmensa mayoría de la Comisión de
Pesca de la Eurocámara se ha posicionado en contra de la propuesta realizada por la anterior comisaria de pesca para prohibir totalmente las redes de deriva y han censurado de manera explícita la inclusión del xeito dentro de esa medida; de hecho
el nuevo comisario, Karmenu Vella, se mostró sensible y receptivo a su exclusión de la prohibición en una reunión con el propio eurodiputado Blanco mantenida el pasado 22 de octubre en Estrasburgo.


Señorías, parece que este tema está encauzado, aparte de otras gestiones que tuvo que hacer, si no serían unos irresponsables, el propio Gobierno de España. Pero tanto el Gobierno de España y también la Xunta deben estar de comparsa jugando
al despiste porque a día de hoy la pelota está en su tejado. Es el Gobierno el que está intentado tapar con este tema lo que de verdad sucede, y lo que sucede es que la flota del xeito lleva dos meses parada porque el Gobierno de España decretó el
cierre de la pesquería de la sardina al cerco y la flota del xeito también ha tenido que parar, les han hecho parar. Los trabajadores y trabajadoras del xeito no pueden pescar a día de hoy porque la Secretaría General de Pesca del Magrama cerró la
pesquería de la sardina con carácter general. Mañana mismo -fíjense, mañana mismo- podrían estar trabajando si el Gobierno, en la circular de cierre, añadiese una disposición final donde excluyera del cierre a la flota tradicional que opera en
aguas interiores de las rías y que utilizan artes como el xeito -otras más, pero sobre todo el xeito-.


Otra cuestión tiene que ver con el plan de gestión de la sardina. Este plan, que se publicó en el mes de agosto en el 'BOE', dice textualmente que la única flota autorizada para pescar esta especie es la flota del cerco -lo dice
textualmente- y, por tanto, de no corregirse este plan que tiene una vigencia de tres años y de aplicarse textualmente este plan, el xeito no podría pescar sardina al menos en los tres próximos años, aunque se resolviera, como parece que se
resolverá, la cuestión europea. Un plan de gestión que debería además incorporar todas las modalidades que pescan sardina, el xeito y el racú - el racú es un barco y también un arte de pesca, se llaman igual el barco que el arte de pesca-.
Fíjense, más datos y más daño al xeito: en el proyecto de la orden de ayudas por paralización de actividad tras el cierre de la sardina, los pescadores del xeito vuelven a quedar excluidos. Una orden solo para el cerco. Es un profundo error que
vuelve a excluir a esta flota ya de por sí castigada. Por tanto, señorías, estamos hablando de dos temas diferenciados: uno que tiene que ver con Bruselas, con la política comunitaria, y que parece que en este momento está encauzado -yo he dado
algunos datos y seguramente otros grupos parlamentarios podrían ilustrarnos con más información sobre el trabajo que se ha hecho, de manera conjunta además, por los representantes españoles en la Comisión de Pesca- y el otro, un punto que se debate
también hoy aquí -que tiene que ver con el Gobierno de España-, que es el que a día de hoy está preocupando profundamente al sector que, insisto, lleva dos meses parado, sin trabajar, y dos

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meses sin ingresos, sin cobrar un céntimo. El asunto está claro: el Gobierno de la Xunta y el Gobierno de España, ambos del PP, llevan intentando tapar una incompetencia clara durante dos meses cargando todo el saco a Bruselas donde
curiosamente el problema empieza a encauzarse. Lo cierto es que aquí no solo no se arregla sino que cada medida que se toma lo empeora. Tampoco se hace -yo decía antes lo del plan de gestión- un plan de gestión inclusivo con otras modalidades ni
se incluye al xeito en la orden de ayudas. Lo excluyen por todos lados y, mientras, como dije antes, siguen sin trabajar y sin cobrar. Hablamos, señorías, para que se hagan una idea, de más de mil familias afectadas; mil familias afectadas en la
costa gallega por estas decisiones absolutamente brutales. Desde el 20 de septiembre están de brazos cruzados sin trabajar y sin cobrar un céntimo y la responsabilidad de esta situación es del secretario general de Pesca. Hablan de Bruselas -voy
terminando, presidente- pero llevan dos meses en casa no por Bruselas sino por Madrid. Para que quede claro, la propuesta de Bruselas, en caso remoto de no modificarse, solo les prohibiría pescar desde enero y ellos, insisto, llevan sin poder
pescar desde el 20 de septiembre; no solo sin poder pescar sino sin recibir un céntimo. Si la propuesta de Bruselas entraría en vigor, en caso de que saliera adelante -esperemos que no- a partir del 1 de enero, ¿por qué llevan desde el 20 de
septiembre sin cobrar y sin pescar? Por una decisión tomada por el Gobierno de España. Por tanto, estamos de acuerdo en que la medida europea es completamente desproporcionada, hablamos de un arte de pesca selectiva, ya que el 97,8% de lo que
pesca es sardina, que prácticamente saben que no produce descartes y que está muy alejada de las utilizadas por otras embarcaciones con carácter más industrial, que utilizan artes de malla a la deriva de varios kilómetros y que ponen en peligro
especies protegidas, aunque no es el caso en absoluto del xeito.


No quiero terminar, señor presidente, sin hacer una alusión al debate que hubo en esta Comisión cuando se discutieron los presupuestos. En el debate de presupuestos, en la sección de pesca, donde vino a debatir el secretario general de
Pesca, a preguntas que formuló esta diputada que participó en ese debate, don Andrés Hermida, secretario de Pesca y máximo responsable de la pesca en nuestro país, me dijo textualmente, textualmente, que estos barcos tienen otras artes a las que
dedicarse -tienen otras artes a las que dedicarse- y ni un ápice de ganas de resolver el problema, más bien absoluta desidia y una inmensa indolencia. Una respuesta impropia del máximo responsable de la pesca en nuestro país. No obstante, espero
las explicaciones del Grupo Popular porque, insisto, de verdad les prometo que nada le gustaría más al Grupo Socialista que hoy de esta Comisión saliera un acuerdo unánime para resolver el problema del xeito, pero también es verdad que no nos vale
un brindis al sol y, tal y como les he dicho en mi exposición, creo que queda meridianamente claro que el problema hoy está en el tejado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una es el Grupo Parlamentario Mixto que imagino defenderá doña Olaia Fernández Davila, quien tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy a explicar por qué hemos presentado estas dos enmiendas a la proposición no de ley de la señora Seara, del Grupo Socialista. En primer lugar, porque estando completamente de acuerdo con defender ante las
autoridades europeas de pesca que se excluya de la prohibición determinadas artes, como el xeito y el racú, que ya diferencia la proposición no de ley de otras artes, también estamos de acuerdo en la necesidad de tener que resolver el problema que
genera la Orden ministerial 1512/2014.


Señorías, como dijo la señora Seara, se ha llevado el debate a la Unión Europea por grupos distintos del que apoya al Gobierno del Estado español, es decir, los populares; afortunadamente han sido grupos como el Bloque Nacionalista Galego,
gracias a otros diputados en el Parlamento Europeo, los que han trasladado el debate sobre la necesidad de que el xeito no sea incluido en la prohibición de determinadas artes. El Gobierno no quiso llevar a Bruselas la posición correspondiente en
relación con el asunto, pero gracias a que lo han llevado otros diputados se ha podido llegar a acuerdos, que en principio nos esperanzan en relación con que no se incluyan artes como el xeito y el racú en esas prohibiciones. Sin embargo, como esto
no está definitivamente resuelto y como hasta ahora el Gobierno no ha manifestado vocación de defender el asunto, compartimos la propuesta que hace la señora Seara con relación a la intensificación de las gestiones ante la Unión Europea. Nosotros
le proponíamos que, además del xeito, se definiera también el racú, porque en Galicia tiene mucha importancia.


Hay otra cuestión que nos preocupa, y es la prohibición que se hace, además de las artes tradicionales de xeito y de racú, de la prohibición de la pesquería de la sardina desde septiembre pasado. A través de la Orden 1512/2014, como digo,
se establece un plan de gestión para la sardina de las aguas ibéricas

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dentro de dos divisiones CIEM. Es una orden que modifica la orden del año pasado, del 1 de julio, por la que se contemplaba un plan de gestión para buques de los censos de caladero nacional del Cantábrico y noroeste. Según dicha orden,
señorías, la Administración portuguesa y la española acuerdan el cierre de la pesquería, que justifican sobre la base de las informaciones disponibles sobre el agotamiento de las capturas acordadas por parte de ambos Estados. En conclusión, la
pesquería de la sardina se ha clausurado con fecha del 20 de septiembre. Es una medida muy perjudicial para los pescadores que utilizan artes tradicionales y que tiene escasísima incidencia sobre los bancos de sardina. En concreto, esta decisión
ha causado un gran malestar entre los marineros que usan el arte del xeito y del racú, de las que estamos hablando, que son habituales entre diversas comarcas pesqueras de Galicia, concretamente en las Rías Baixas y O Barbanza. Téngase presente que
este tipo de artes es propio de pequeñas embarcaciones con muy poca capacidad de pesca, que pescan cerca de las rías y cuyas descargas no acostumbran a superar las cuatro cajas de sardinas o xoubas por barco. No se trata de una pesca expansiva
puesto que no capturan toneladas de dicha especie.


Si lo traducimos a cifras -ya lo ha dicho la señora Seara-, hablamos de 428 embarcaciones del xeito y de una docena de racús que se concentran especialmente en los puertos de las Rías Baixas destacando las 116 embarcaciones de Rianxo. Los
pescadores de xeito piden que el Gobierno haga una excepción y no compute en los TAC, una demanda compartida por otros sectores pesqueros que corroboran el nulo impacto que este tipo de arte tiene sobre la sardina. Se considera injusto que se les
aplique las mismas restricciones que se han impuesto, por ejemplo, a la flota de cerco y a los barcos portugueses. El problema descrito se une a otro más, procedente de la propuesta del reglamento de la Comisión Europea que ya hemos dicho y que
hace que el sector pesquero de Galicia que utiliza las artes del xeito y del racú se vea completamente imposibilitado de poder continuar con su actividad económica. Y como ha dicho la señora Seara, son más de mil familias de acuerdo con las
embarcaciones que estaban en activo antes de que el 20 de septiembre se cerrara la pesquería.


Nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, pero nos gustaría que dicho grupo aceptara nuestra enmienda, fundamentalmente aquella dedicada a excluir a las artes tradicionales de pesca de xeito y de
racú de la prohibición de la pesca de la sardina dictada por el ministerio el 31 de julio mediante la orden a la que hemos referencia.


El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Nada nos gustaría más también a nosotros que de aquí saliera un respaldo a las gestiones que está llevando desde hace meses el Gobierno de España en colaboración con el sector pesquero y en colaboración con el Gobierno
gallego ante las instancias comunitarias. Un respaldo a esos pescadores a los que citaba la proponente de esta proposición no de ley. Lo que pasa es que cuesta creer que también busquen ese respaldo y busquen ese apoyo institucional después de
escuchar todo lo que se ha dicho, donde en lugar de decir que se han mezclado churras con merinas, ya que hablamos de la pesca, diremos que se han mezclado sardinas con caballas. Es que aquí no se puede hablar de un arte de cerco por un lado y de
un arte como el xeito por otro, mezclar todo y luego decir que si arreglamos la orden ministerial que regula un arte estamos arreglando el otro. Vamos a ser serios y vamos a compartir si es posible lo importante de esta iniciativa.


Todos estamos de acuerdo con el fondo de esta propuesta que nos presentado ustedes aquí. Lo que ha motivado nuestra enmienda son las discrepancias en algunos aspectos que no podemos pasar por alto. Aspectos que van desde la propia
exposición de motivos, donde se falsean cifras, se habla de que hay más de 500 embarcaciones cuando exactamente hay 428 barcos según el registro de pesca de Galicia, ¡es que si hay uno más, ese barco está ilegal! No se puede decir aquí alegremente
que hay 500 embarcaciones en la Ría de Vigo o en Pontevedra, hay que decir las que hay, no hay más, y en la exposición de motivos están citando esas inexactitudes. Se habla de que va a quedar prohibido definitivamente el próximo 1 de enero del
2015, cuando -muy probablemente- antes del mes de febrero o marzo esto no se lleve adelante por los procesos de codecisión, que son complejos. Pero esto es, digamos, lo accesorio.


Lo importante es lo que ustedes plantean y nosotros enmendamos: cómo decir en este momento que se inste al Gobierno a que inste la defensa de un sector, la defensa de una modalidad de unas artes de pesca, cuando desde el minuto uno, señora
Seara, se lo tengo que rebatir tajantemente, no dejo que se genere aquí la más mínima duda sobre la ineficacia ni del Gobierno de España ni de la Xunta ni del sector pesquero. (Rumores). Todos, desde el minuto uno, desde que se conoce en el mes de
mayo este reglamento -la propuesta de reglamento- comenzaron las gestiones no solamente de España sino de

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otros Estados miembros, y así el 4 de septiembre fueron varios Estados miembros -entre ellos España- los que en el Consejo de Ministros, o mejor dicho, en los grupos de trabajo previos al Consejo de Ministros de Pesca, se negaron a esta
prohibición, a que quedara prohibido el xeito dentro de las modalidades de enmalle a la deriva. Posteriormente a esta negativa, fue la Comisión la que requirió nueva documentación. Digo yo que si se requiere nueva documentación es que previamente
ya se había aportado alguna, lo que corrobora lo que le estaba diciendo: que desde el primer momento se defendió y se remitió amplia documentación. A mayores, hace muy pocos días -la semana pasada- la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente se reunía con el nuevo comisario de Pesca, el señor Vella y el objeto fundamental de aquella entrevista fue solicitar esto, específicamente lo que ahora estamos debatiendo aquí: que se excluya la modalidad del xeito de las artes de pesca
de malla a la deriva y, por lo tanto, que no se prohíba la utilización de este arte. A mayor abundamiento, el presidente de la Xunta de Galicia hace aproximadamente una semana se ha dirigido por carta al nuevo comisario de Pesca pidiéndole también
una entrevista para tratar específicamente este tema. Por lo tanto, por favor, ahórrense esas acusaciones de culpabilidad a un Gobierno y a otro, sobre todo cuando esas acusaciones provienen de aquellos que generaron la desconfianza hacia nuestro
Gobierno y hacia nuestro país por incumplir las normas anteriormente al permitir la sobrepesca, por las sanciones que nos impusieron, y ahora pretenden decirnos cómo hay que hacer las cosas en esta materia. Vuelvo otra vez a lo importante, no
podemos admitir esa redacción inicial y hemos planteado en la enmienda ese texto alternativo al punto 1 que acabo de defender.


Con respecto al punto 2, lo mismo, se está planteando por su parte algo completamente ambiguo. Se está hablando de establecer de forma inmediata las medidas de diversificación de las actividades pesqueras, compensatorias, etcétera. Eso es
como no decir nada. Es mucho más concreta la redacción que les estamos proponiendo en este momento: que en el programa operativo, que se está debatiendo y cerrando en las próximas semanas y que será el que nutra las ayudas del Fondo europeo y
marítimo de la pesca, se incluyan medidas específicas que contribuyan a la diversificación pesquera de la flota artesanal. Si quieren -y esto es motivo de mi cosecha-, dado que les veo preocupados y desconfiados de las gestiones que se están
haciendo, se puede hacer referencia -y lo hago in voce- a que se reitere la petición de que se establezca para el próximo año una reserva específica para este tipo de artes dentro de las capturas máximas previstas para España, dentro de los TAC que
se aprobarán en el Consejo de Ministros del 15 de diciembre, de manera que puedan desarrollar la actividad durante todo el año. Con todo, si fuéramos capaces de incluir este tipo de redacción al que me he referido, esta propuesta que les hemos
hecho no solo en nuestra enmienda sino ahora de forma verbal, sí conseguiríamos no dar un mitin cada uno de los grupos parlamentarios -de eso sabemos todos lo que sabemos- sino que saldría un respaldo unánime de esta Comisión a los pescadores que en
este momento quieren ver a sus políticos defendiendo sus intereses en el Parlamento español y en el Parlamento Europeo, al que se están trasladando desde el minuto uno todas las propuestas y todas las gestiones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Seré muy breve.


Aquí estamos hablando de otro ejemplo de la nula capacidad de influencia que tiene el Gobierno en una institución como la Unión Europea. (Protestas). Porque en sectores en los que somos líderes a nivel europeo, como la agricultura...
(Protestas). Esto también me habla de la poca exigencia que tienen ustedes con su Gobierno. Desde luego, yo querría un Gobierno que ejerciera otro tipo de influencia en la Unión Europea respecto a temas tan importantes como la pesca o como la
agricultura, repito, en los que somos en muchos aspectos líderes. (Protestas). Si me dejan hablar, explicaré las razones por las que...


El señor PRESIDENTE: Señores diputados, les ruego que escuchen con respeto la intervención del compañero en uso de la palabra. (Pausa).


Señor Cantó, puede seguir.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Me gustaría poner el acento de forma breve en cuál es la razón por la que vamos a apoyar esta propuesta. No es este tipo de pesca artesanal la que pone en peligro los recursos de nuestros mares, no lo es,
es obvio. La pesca artesanal no lo es, es otro tipo de pesca mucho más extractiva e industrial -y no parece que haya tanta voluntad para ponerle freno- la que hace que estén en peligro los recursos de nuestros mares. Además, hay que recordar que
esta pesca artesanal es la que proporciona mayor número de puestos de trabajo. Por estas razones, nosotros vamos a apoyar una propuesta como la que nos trae hoy el Grupo Socialista.

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El señor PRESIDENTE: Don Carles Pàramo.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Tengo que decir que asistir a estas sesiones deprime, parece que estamos asistiendo a un partido de pimpón o de tenis, un toma y daca hasta el infinito. No es edificante el discurso. Si nos referimos al mundo de
la pesca, tiene razón lo que dice la señora Seara, tiene razón la señora Fernández y tiene razón lo que dice el señor García Díez. Todos tienen razón a la hora de señalar que se va acumulando una falta de sensibilidad por parte de los diferentes
gobiernos -es igual el PP que el PSOE, se van sucediendo- sobre aquellas cosas pequeñas que realmente importan, como en este caso los pescadores pequeños -estamos en el mundo de la pesca-. Demasiadas veces hemos reclamado una sensibilidad especial
para, por ejemplo, el arrastre en la costa mediterránea, aquel que es de marea diaria y que no afecta, como bien ha dicho el señor Cantó, de manera incisiva en la sostenibilidad de nuestra pesca. Parece como si los gobiernos estuvieran más
pendientes de las grandes empresas transformadoras, de las grandes empresas pesqueras, que no de aquello de lo que vive en realidad nuestro ciudadano, ya sea en la costa andaluza, sea en la costa balear, en Canarias o en Galicia, como es el caso.
Por tanto, nuestro grupo huyendo de esta acritud, va a dar un voto de confianza a la propuesta sobre todo si atiende a lo que ha propuesto la señora Fernández respecto a la sensibilidad hacia los problemas diarios y verdaderos de nuestros
pescadores.


El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Seara, tiene la palabra simplemente para que nos pueda aclarar la cuestión de las enmiendas.


La señora SEARA SOBRADO: Nosotros no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular.


Aceptamos las enmiendas del BNG. Entonces en nuestra iniciativa el punto 1 quedaría como está, al que añadiríamos después de pesca artesanal, como el racú, no hay ningún problema, lo he dicho en mi intervención, y el punto 2 sería el
nuestro. Y habría un punto 3, que sería la otra enmienda de adición del BNG. Entiendo, señora Fernández Davila, que son enmiendas de adición las dos. (Asentimiento). Por lo tanto, quedaría la enmienda de adición del BNG a nuestro punto 1 -como
el racú-, el punto 2 como está y el punto 3 sería la enmienda del BNG.


El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir por un minuto la sesión para ordenar las votaciones. (Pausa).


Pasamos a las correspondientes votaciones.


En primer lugar, votaremos la proposición no de ley para la creación de una ley básica estatal de agentes forestales y medioambientales, que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural a la que se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Mixto que ha aceptado el grupo proponente. Por tanto, votamos la iniciativa más la enmienda que se ha aceptado presentada por el Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a la votación de la proposición no de ley sobre medidas de apoyo a la financiación e internacionalización de la industria de transformación de pescado. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y ha sido objeto de una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, sometemos a votación esta transaccional.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Vamos a someter a votación ahora la proposición no de ley sobre medidas para impulsar la rápida rehabilitación del passeig marítim del Molinet, en l'Estartit (Girona), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que
ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que queda incorporada a la iniciativa.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Vamos a someter ahora a votación la proposición no de ley relativa a censar y gestionar las poblaciones de lobos de España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que no ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre la plaga del picudo rojo. La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha aceptado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre el xeito, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y, a su vez como dueño de la iniciativa, acepta que
se voten sus puntos por separado, tal y como ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular. Además, propone una modificación del texto inicial -tendríamos que entenderlo como una transaccional, aunque solo sea una frase- y le ruego a la dueña de la
iniciativa que la lea para que todos los diputados tengan conocimiento.


La señora SEARA SOBRADO: La leo muy rápidamente, presidente.


Quedaría así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, -en vez de defender- continuar defendiendo ante las autoridades comunitarias la continuidad del xeito y otras modalidades de pesca artesanal, como el racú, para lograr un
tratamiento diferenciado como artes respetuosas con el medio ambiente y para que sean excluidas de la propuesta de prohibición de las artes de pesca de enmalle de deriva con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2015; dos, establecer de
forma inmediata las medidas compensatorias precisas para minimizar el impacto económico que supone para esta flota la prohibición de pesca de sardina desde el 18 de septiembre; y, tres, excluir a las artes tradicionales de pesca de xeito y de racú
de la prohibición de pescar sardina, una prohibición dictada por el ministerio mediante la Orden 1512/2014, de 31 de julio, que establece un plan de gestión para la sardina de las aguas ibéricas.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la iniciativa, tal como la he leído la señora diputada. (Varios señores diputados: No, por puntos.)


Sometemos a votación, tal y como lo ha leído, el punto 1 de la iniciativa.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Sometemos a votación el punto número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Vamos a someter a votación el punto número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Finalmente, vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa al etiquetado de mieles. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, que no ha sido aceptada por el grupo proponente.
Por tanto, votamos en sus términos la iniciativa del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.