CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 679

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Sesión núm. 33

celebrada el miércoles,

29 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000012) ... (Página3)


Preguntas:


Del diputado don Odón Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Actuaciones realizadas en los años 2012 a 2014 para hacer realidad el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, a ubicar en el País Vasco (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/046824). (Número de expediente 181/001922) ... (Página4)


- Creación y organización del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/046825). (Número de expediente 181/001923) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Características del proyecto del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/046826). (Número de expediente 181/001924) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Compromiso presupuestario que asume el Gobierno en el año 2014 para el proyecto de creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/046828).
(Número de expediente 181/001925) ... (Página4)

Página 2

- Papel que le corresponde hacer al Gobierno Vasco en el proyecto de creación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/046829). (Número de
expediente 181/001926) ... (Página4)


- Participación de las asociaciones de víctimas del terrorismo en relación con los contenidos y funcionamiento del futuro Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/046830). (Número de expediente 181/001927) ... (Página4)


- Actuaciones previstas para el año 2014, así como calendario para la puesta en funcionamiento del Centro Nacional para la Memoria de las víctimas del terrorismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/046831). (Número de expediente 181/001928) ... (Página4)


Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:


- Nuevas consejerías o agregadurías creadas desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en países del continente africano de los que proceden mayoritariamente las personas que pretenden acceder ilegalmente a territorio español
(procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048035). (Número de expediente 181/002007) ... (Página8)


- Previsiones acerca del cese del teniente coronel Tejero Díez en su destino, así como del ascenso del mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/052054). (Número de expediente 181/002011) ... href='#(Página8)'>(Página8)


- Conclusiones de la información reservada respecto a los hechos acaecidos con el ataque sufrido por las UIP,s y las lesiones sufridas por varios ciudadanos el 22M (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/051966).
(Número de expediente 181/002009) ... (Página8)


- Razones que justifican que el Gobierno niegue a un parlamentario la información solicitada, así como resoluciones de la Comisión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones (Cecir), producidas con posterioridad a la de fecha 19/12/2007 en
relación con el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/049604). (Número de expediente 181/002008) ... (Página8)


- Previsiones acerca de que el servicio jurídico asuma la representación y defensa de los funcionarios policiales en las acciones que dirija contra ellos Juan Cotino por actuaciones derivadas del legítimo desempeño de sus funciones en los
casos Gürtel y Bárcenas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/052053). (Número de expediente 181/002010) ... (Página8)


Comparecencias:


Del señor secretario de Estado de Seguridad (Martínez Vázquez), para:


- Informar sobre los nuevos retos de la seguridad en relación con la protección de personas y bienes en entornos físicos y virtuales. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002001) ... (Página14)


- Que explique el uso por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid de informes con datos y circunstancias personales y profesionales de abogados/as por razón de las defensas asumidas, sin que conste vinculación con ningún
hecho supuestamente delictivo. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000860) ... (Página14)

Página 3

- Informar de los diversos incidentes acaecidos durante el verano en relación con la inmigración, así como de la situación actual de las relaciones con Marruecos en materia de colaboración en la lucha contra la inmigración clandestina. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000469) ... (Página14)


- Informar sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para combatir y hacer frente al incremento de la llegada de inmigrantes a territorio español, especialmente a Ceuta y Melilla, así como para garantizar un trato digno a los mismos. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001084) ... (Página14)


- Presentar y explicar a la Cámara los datos contenidos en el balance sobre inmigración irregular 2013. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001597) ... (Página15)


- Informar de lo ocurrido en Melilla en relación con los últimos intentos de entrada masiva de inmigrantes, de las propuestas de los responsables del Ministerio del Interior para hacerlos frente, así como de la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001600) ... (Página15)


- Informar sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para hacer frente a las reiteradas y numerosas irrupciones ilegales de grupos de personas en nuestras fronteras, así como las actuaciones para atender de forma humanitaria a
dichas personas, especialmente en la ciudad de Melilla. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001633) ... (Página15)


- Informar sobre el funcionamiento del sector de la seguridad privada de conformidad a lo previsto en el artículo 142 a) del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad privada. A petición del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001399) ... (Página15)


- Informar de los planes del Gobierno respecto a la sustitución de seguridad pública mediante contratación de seguridad privada una vez en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 212/001613) ... (Página15)


- Informar de los resultados de la evaluación del plan piloto de vigilancia perimetral de las prisiones llevado a cabo por empresas privadas de seguridad y su extensión al resto de centros penitenciarios. A petición del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/001998) ... (Página15)


Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000012).


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior convocada para el día de hoy, una sesión que, como tuvimos oportunidad de ver en la reunión de Mesa y portavoces es densa y en la que se irán agrupando las
distintas materias, tal y como iré indicando a lo largo de cada uno de los puntos del orden del día.


En primer lugar, corresponde la elección de vacantes en la Mesa de la Comisión. Existe una vacante en la Vicepresidencia segunda consecuencia de la renuncia que nos ha trasladado don Antonio Hernando. Quiero aprovechar este momento para
reconocer, si así lo entiende la Comisión, el trabajo y el buen hacer de don Antonio Hernando a lo largo del tiempo que ha desempeñado el cargo. Yo no he coincidido mucho tiempo con él porque soy relativamente nuevo en la Presidencia, pero me
constan y al menos así he

Página 4

pulsado el sentir de determinados miembros de la Comisión, estas cualidades de las que yo quería, si lo tiene a bien la Comisión, dejar constancia en el 'Diario de Sesiones'. ¿Puede constar el reconocimiento en el 'Diario de Sesiones'?
(Asentimiento). Muy bien, muchas gracias.


Procedemos a la elección del vicepresidente. Hay un único candidato, al menos es lo que ha llegado a la Presidencia, que es don Julio Villarrubia Mediavilla. Apelo al precedente y a la tradición en esta Comisión de la elección por
aclamación. No obstante, por si algún miembro de la Comisión lo plantea, tenemos la urna. ¿Queda elegido por asentimiento? (Asentimiento). Muchas gracias.


Señor Villarrubia, le ruego ocupe su lugar en la Mesa. (Aplausos).


PREGUNTAS:


DEL DIPUTADO DON ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS AÑOS 2012 A 2014 PARA HACER REALIDAD EL CENTRO NACIONAL PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, A UBICAR EN EL PAÍS VASCO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/046824). (Número de expediente 181/001922).


- CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046825). (Número de expediente 181/001923).


- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046826). (Número de expediente 181/001924).


- COMPROMISO PRESUPUESTARIO QUE ASUME EL GOBIERNO EN EL AÑO 2014 PARA EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046828).
(Número de expediente 181/001925).


- PAPEL QUE LE CORRESPONDE HACER AL GOBIERNO VASCO EN EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046829). (Número de
expediente 181/001926).


- PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS Y FUNCIONAMIENTO DEL FUTURO CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/046830). (Número de expediente 181/001927).


- ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2014, ASÍ COMO CALENDARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/046831). (Número de expediente 181/001928).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión de la Comisión.


Damos la bienvenida a don Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad para, en primer lugar dar respuesta a varias preguntas orales que vienen reconvertidas de preguntas formuladas por escrito. En primer lugar, y en un bloque
agrupadas, así lo hemos acordado y el diputado don Odón Elorza que las formula está de acuerdo, vamos a tratar las preguntas que figuran en el orden del día con los números 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º y 8.º, todas relacionadas con un mismo asunto,
que es el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo a ubicar en el País Vasco.


Tiene la palabra, por el tiempo que necesite, dentro de la generosidad que debemos tener por esta acumulación de preguntas, el señor diputado para formular las preguntas como crea oportuno. Señor Elorza.

Página 5

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Socialista, preocupado realmente ante el discurrir del tiempo y más en concreto después de dos años y medio aproximadamente sin que se actuara ni se tomaran decisiones que pusieran en marcha todo
el proceso conducente a la creación del llamado Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ante el parón, en definitiva, de este objetivo compartido por todos los demócratas, con objetivos enunciados, como sabe muy bien el secretario de Estado,
en la Ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, la Ley de reconocimiento y protección del año 2011, elevamos una serie de preguntas escritas, también algunas otras, en el año 2013, que no obtuvieron respuesta.


Déjeme, señor secretario de Estado, que antes de formular las preguntas haga una consideración en nombre del Grupo Socialista, una consideración que seguro que todos compartimos, y es una afirmación sobre el papel de la memoria y por tanto
también de este Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, de todo tipo de terrorismos. Me quiero referir no solamente a España sino en particular a Euskadi para significar que frente a quienes quisieran pasar página, frente a
los que hasta hace poco se esforzaron por socializar el miedo y el sufrimiento, además de justificar el terrorismo, en respuesta a quienes ahora pudieran intentar socializar el olvido y blanquear la memoria, un centro memorial debe ser un
instrumento muy importante para defender la memoria de lo realmente ocurrido y defender los derechos humanos, para construir un relato de lo sucedido y una memoria colectiva de bases compartidas, para reparar y reconocer a las víctimas de todo tipo
de terrorismo en España, que encarnan los valores democráticos y éticos y para construir la convivencia en libertad y el respeto al pluralismo.


Sabemos que la memoria es un elemento esencial para conseguir la deslegitimación ética, social y política de cualquier tipo de terrorismo, y es necesaria también esa memoria para reforzar los principios y valores de un Estado de derecho como
garante de nuestras libertades. Sabemos también que en este caso en concreto esta iniciativa del centro surge de la Fundación Fernando Buesa en el año 2010, que trae esa iniciativa al Congreso y que como consecuencia, dentro de lo que es la Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, se incluye en su artículo 57 precisamente el compromiso, la obligación legal de construir un centro nacional para la memoria. Eso es así y la
primera medida que se tomó -seguro que usted lo sabe- fue el 24 de enero de 2012, un protocolo que se firma por el Gobierno de España con el Gobierno vasco para poner en marcha las bases, para generar un real patronato, dar pie o paso al real
decreto, etcétera, pasos, pasos, pasos que luego precisamente a partir de esa fecha y con el cambio de Gobierno en Euskadi del Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco, esos pasos no tienen continuidad hasta hace escasamente -no sé si me
equivoco- un mes, cuando se procede a crear un comité de expertos, nombrado de una manera participativa, y también se procede hace muy pocos días, coincidiendo con el tercer aniversario del final de la derrota de ETA, a la firma de un protocolo
entre el señor ministro y el alcalde de Vitoria, visita que, por cierto, no es aprovechada para entrar en contacto con el Gobierno vasco.


Las preguntas están formuladas en el orden del día pero con alguna matización las voy a repetir. Primera, la situación de la creación y organización del centro memorial. ¿Funciona el real patronato y cuándo va a ponerse en marcha el
consorcio de gestión? Segunda, ¿cuáles serían de las características básicas del proyecto más allá de la espera de todo el proceso que determine el trabajo con los expertos y otras entidades? Tercera, actuaciones realizadas en los años 2012, 2013
y 2014 hasta la actualidad. Cuarta, ¿cuáles son los compromisos presupuestarios para la creación e impulso del proyecto? Quinta, ¿cuál va a ser el papel -cuestión importante- que corresponde jugar al Gobierno vasco, porque así está recogido en la
ley, el papel del Gobierno vasco que ha de ser de colaboración entre ambas instituciones para el buen fin de este centro memorial? Debe haber un diálogo y un consenso importante y no lo contrario, como ha podido ocurrir hasta hace bien poco. Y
última cuestión, que al Grupo Parlamentario Socialista le parece importante, ¿cómo se garantiza la participación de todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, de todas ellas, su participación no solamente cuando estén ya definidos los
objetivos sino para el funcionamiento diario del centro memorial ya en marcha, la participación ciudadana de los colectivos, de los representantes de las víctimas, de todos ellos, sin discriminación, para que se alcancen los objetivos?


Una consideración final -y acabo-. En primer lugar, es muy importante para nosotros que este centro memorial se fundamente en el diálogo entre todas las partes, que sea un instrumento operativo, eficaz, para la defensa de la memoria, la
reparación, los derechos humanos, el Estado de derecho, para que no se olvide, para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado en España, por lo menos en Euskadi, con el fenómeno terrorista. Luego hay otros fenómenos terroristas conocidos, como el
11M en particular al que me gustaría referirme, pero no hay tiempo. En segundo lugar, tampoco olvide, por favor, la búsqueda

Página 6

del consenso y la participación real con los movimientos de las víctimas en toda España. En tercer lugar, la colaboración con el Gobierno vasco; significamos la importancia de la comisión de expertos, que nos parece que está bien
configurada, que está trabajando bien de inicio en lo básico, con buenas personas, con buena trayectoria, con capacidad en esta materia y esperemos que alcance los objetivos. Por último reiteramos: real patronato y consorcio para que todo esto sea
una realidad lo antes posible. Podríamos de alguna manera desconfiar del Gobierno por su comportamiento en algunas cuestiones, final del terrorismo, tras el trabajo del anterior Gobierno de España; podríamos desconfiar también del Gobierno
respecto de otros que no son memoriales de víctimas sino que realmente son auténticos desatinos que habría que transformar, como, salvando las distancias, es el Valle de los Caídos, que es un auténtico ataque a la convivencia. Sin embargo,
confiamos en que en este caso seguro que ustedes no cometen ningún error y en que caminaremos todos los partidos democráticos de la mano.


El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas formuladas, tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Señorías, efectivamente es el artículo 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y de protección integral a las víctimas del terrorismo, que usted ha citado,
el que establece un clarísimo mandato, un mandato en virtud del cual el Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que
encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de
las Víctimas del Terrorismo tendrá su sede -dice este mismo precepto- en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia un mandato legal claro que el Gobierno, como es evidente, tiene que cumplir y ejecutar, un precepto que no solamente
establece, insisto, este mandato legal de crear el centro memorial sino que además prevé exactamente cuáles deben ser los fines del mismo, que ha de tener carácter nacional y cuya sede debe ubicarse en el País Vasco. Pues bien, la creación y la
puesta en marcha del Centro Memorial de las Víctimas, como es evidente, representa un proyecto ambicioso y también estratégico en estos momentos para todos los españoles, y precisamente por eso ha sido y es una prioridad en los trabajos del
Ministerio del Interior en estos momentos de derrota del terrorismo de ETA, por dos razones fundamentales, primera, porque este centro de la memoria será la pieza básica en la construcción de eso que decimos tantas veces y que desde luego tiene la
máxima importancia, que es la construcción del relato de lo verdaderamente ocurrido durante tantos años de asesinatos, durante tantos años de crímenes, un relato sin adulteraciones y sin manipulaciones; segunda, no solo por ese tributo al relato,
sino también porque el centro memorial constituye un centro de homenaje, un centro de recuerdo permanente a quienes sufrieron los efectos del terrorismo.


El centro memorial nace, como su señoría ha indicado, para preservar la memoria de aquellos que han perdido su vida, que han perdido su libertad, que han perdido su integridad a causa de la violencia terrorista en cualquiera de sus
manifestaciones y asimismo, dado que la historia del terrorismo en España, es evidente, ha estado marcada durante décadas por la organización terrorista ETA, es importante en este momento construir el verdadero relato que debe perdurar en el tiempo
y que refleje la existencia de una organización terrorista que ha pretendido imponer sus fines políticos a una sociedad que de manera absolutamente mayoritaria los rechazaba.


Se ha adoptado ya la decisión de que el centro se ubique en la ciudad de Vitoria, para lo cual el ministro del Interior y el alcalde de Vitoria-Gasteiz han mantenido reuniones al efecto con la finalidad de localizar un emplazamiento que
reuniese las condiciones adecuadas, habiendo sido elegida, como es conocido, la antigua sede de la sucursal del Banco de España. El ministro del Interior es firme partidario -lo ha manifestado siempre que ha tenido ocasión, tanto en sede
parlamentaria como a la opinión pública- de la necesidad de trabajar en consenso con otras instituciones, con otras fuerzas políticas para la puesta en marcha de este centro de la memoria y de manera muy particular con el Gobierno vasco y también,
como su señoría sabe, con el Partido Socialista.


Asimismo el Gobierno cuenta para la ejecución de este proyecto -como no podía ser de otra manera- con la participación y con la implicación decisiva de las propias víctimas del terrorismo y de las asociaciones y fundaciones que defienden sus
derechos. No podría ser de otra forma y siempre ha sido así en cualquier actuación que tenga que ver con el reconocimiento y con la protección de las víctimas del terrorismo, no digamos ya si de lo que estamos hablando es de preservar el relato
frente a posibles adulteraciones o

Página 7

manipulaciones. Por tanto, y en el marco de esta búsqueda del máximo consenso político y social, el Gobierno, el Ministerio del Interior, ha trabajado precisamente con la intención de que el diseño del centro finalice en 2014 para que se
pueda poner en marcha en el año 2015. Recientemente se han dado algunos pasos importantes al respecto, como ha sido la creación, el pasado 3 de octubre, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de una comisión de expertos con el encargo de
elaborar un informe sobre la definición del centro memorial en un plazo de tres meses. Se pretende con ello, señoría, disponer de un asesoramiento objetivo, plural, cualificado, integrador y multidisciplinar, que en todo caso servirá de complemento
a las ya referidas aportaciones de las víctimas del terrorismo, de las asociaciones y fundaciones de las mismas y, en consecuencia, hará que el proyecto pueda definirse con la necesaria objetividad, el necesario rigor y la necesaria pluralidad.


Igualmente, el día 20 de octubre el ministro del Interior y el alcalde de Vitoria-Gasteiz firmaron un protocolo de actuaciones en relación con el centro memorial de las víctimas del terrorismo que supone un nuevo paso en el objetivo del
Gobierno de crear este centro destinado a preservar y a difundir, como hemos dicho, los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, un protocolo firmado en la sede del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que recoge que,
además del antiguo edificio del Banco de España mencionado, también el espacio exterior adyacente a este inmueble será lugar para el recuerdo, para el homenaje a las víctimas del terrorismo convirtiéndose así en espacio de la memoria. Con este fin
se ha consignado en el presupuesto para el ejercicio 2015 un crédito total de 3,88 millones de euros; 1,15 millones de euros para la puesta en marcha del centro, lógicamente en el capítulo 4 del presupuesto, y 2,7 millones de euros en el capítulo
6, de inversiones, para la rehabilitación de su sede en Vitoria.


Finalmente, a la vista de lo expuesto debe señalarse que el Gobierno ha asumido la resolución en materia de víctimas del terrorismo aprobada por el Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre el estado de la Nación, en la que le
instaba, entre otras cuestiones, a la construcción de un relato basado en la verdad, en el que las víctimas se sintiesen apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas, y para ello -se decía en aquella
resolución aprobada por el Pleno de esta Cámara- una de las herramientas será el impulso del Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, previsto en la Ley 29/2011, que es precisamente el mandato legal al que hice mención al
inicio de mi exposición, y culmino precisamente dando cuenta del cumplimiento de otro mandato de esta Cámara, como es esa resolución aprobada por el Pleno como consecuencia del debate sobre el estado de la Nación.


El señor PRESIDENTE: Señor Elorza, ¿desea hacer uso del turno de réplica? (Asentimiento). Tiene la palabra.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Muy brevemente porque hay dos cuestiones que me gustaría significar que no han sido -entendemos- respondidas por el secretario de Estado. Una, reitero, nos parece importante, sabiendo que el terrorismo ha sido
variado y ha afectado a toda España, el papel que debe jugar el Gobierno vasco. Relacionada con esta cuestión, otra pregunta que tampoco ha sido respondida -ya sé que es un tema difícil quizá de responder- se refiere a que es verdad que ha habido
una laguna, un tiempo muerto de dos años y medio en el cual no se ha avanzado en un objetivo compartido, en algo que tiene su importancia; se han perdido dos años y medio en algo en lo que había un acuerdo sustancial y un protocolo además firmado
en su día con el Gobierno vasco, estuviera quien estuviera en el Gobierno vasco o en el Gobierno de España.


Por último, ha hecho usted referencia al terrorismo de ETA. No se trata de establecer comparaciones cualitativas ni cuantitativas. El terrorismo de ETA, sustancial, bestial, se ha padecido y se sigue padeciendo por las víctimas, por las
familias, pero confiamos en que no se olvide, como he dicho repetidamente, la existencia de otro tipo de terrorismos de diferente origen, el terrorismo yihadista -me interesa mucho señalarlo por lo que en su día sucedió con la investigación o la
información sobre el momento de aquel atentado terrible y lo que se pueda producir a futuro; sé que están trabajando ustedes con grupos de investigación muy a fondo-, y también hubo un terrorismo -no quiero calificarlo ni adjetivarlo-, el
terrorismo del GAL, de lo que es preciso que dejemos constancia en el acta, sin querer para nada ponerlo al mismo nivel ni hacer ningún juego de equilibrios respecto del terrorismo de ETA.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

Página 8

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Espero que de mis palabras no se haya deducido que yo quería decir que el Gobierno vasco no estaría implicado en todas las decisiones que se vayan adoptando en relación con el
centro de la memoria; ciertamente lo estuvo desde el primer momento, como su señoría ha dicho, con ocasión de ese protocolo que se firmó y lo ha estado en todo momento. Es indudable que el Gobierno vasco estará en las distintas estructuras
organizativas que puedan crearse o que se crearán a medida que se vayan dando los sucesivos pasos para poner en marcha el centro de la memoria, que estará indudablemente representado, pero también lo es, porque sus propias palabras permiten
deducirlo, que estamos hablando de un centro de la memoria en honor y reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo. Usted ha hecho referencia precisamente al terrorismo de signo yihadista, del cual también hay, lamentablemente, muchas
víctimas en España, y eso hace que ciertamente el mandato, absolutamente justificado y en todo caso mandato legal, de que la sede del centro de la memoria esté en el País Vasco ha de ser compatible, por supuesto, con la correspondiente presencia y
participación del Gobierno vasco, pero también con que otras víctimas que hayan tenido su origen en el terrorismo yihadista y en otras partes del territorio nacional estén, lógicamente, representadas y a las cuales el centro de la memoria sirva,
como es indudable, como homenaje. Por tanto, precisamente para conjugar todos esos equilibrios el Gobierno vasco estará representado; también lo estarán otras sensibilidades, otros partidos políticos, como es natural, y también lo estarán todas
las víctimas del terrorismo, lo cual hace que el Gobierno vasco esté lógicamente representado en su debida dimensión. Es un centro que tiene su sede en el País Vasco, pero tiene creo que un carácter mucho más ambicioso que representar los terribles
atentados de ETA sucedidos en el País Vasco; va mucho más allá y, en consecuencia, tiene que haber otros representantes institucionales, y eso es lo que se pretende en un equilibrio que ha de ser plural y que yo he pretendido trasladar así en mi
respuesta. Siento si no lo he dejado claro, pero desde luego dejo claro en esta intervención que por supuesto que se tendrá en cuenta al Gobierno vasco y por supuesto que se tendrá en cuenta y se tiene en cuenta a las víctimas de todos los
terrorismos y en particular del terrorismo yihadista.


DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:


- NUEVAS CONSEJERÍAS O AGREGADURÍAS CREADAS DESDE LA LLEGADA AL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR EN PAÍSES DEL CONTINENTE AFRICANO DE LOS QUE PROCEDEN MAYORITARIAMENTE LAS PERSONAS QUE PRETENDEN ACCEDER ILEGALMENTE A TERRITORIO ESPAÑOL
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048035). (Número de expediente 181/002007).


- PREVISIONES ACERCA DEL CESE DEL TENIENTE CORONEL TEJERO DÍEZ EN SU DESTINO, ASÍ COMO DEL ASCENSO DEL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/052054). (Número de expediente 181/002011).


- CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RESPECTO A LOS HECHOS ACAECIDOS CON EL ATAQUE SUFRIDO POR LAS UIP Y LAS LESIONES SUFRIDAS POR VARIOS CIUDADANOS EL 22M (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/051966).
(Número de expediente 181/002009).


- RAZONES QUE JUSTIFICAN QUE EL GOBIERNO NIEGUE A UN PARLAMENTARIO LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES (CECIR), PRODUCIDAS CON POSTERIORIDAD A LA DE FECHA 19/12/2007 EN
RELACIÓN CON EL CATÁLOGO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/049604). (Número de expediente 181/002008).


- PREVISIONES ACERCA DE QUE EL SERVICIO JURÍDICO ASUMA LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES EN LAS ACCIONES QUE DIRIJA CONTRA ELLOS JUAN COTINO POR ACTUACIONES DERIVADAS DEL LEGÍTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LOS
CASOS GÜRTEL Y BÁRCENAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/052053). (Número de expediente 181/002010).

Página 9

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a ver las cinco preguntas que formula el señor Trevín. Han sido agrupadas según acuerdo de Mesa y con el diputado que las formula, en la forma que iré indicando a lo largo del desarrollo del orden
del día. En primer lugar vamos a ver la referente a nuevas consejerías o agregadurías creadas desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en países del continente africano de los que proceden mayoritariamente las personas que pretenden acceder
ilegalmente al territorio español. Señor Trevín, tiene la palabra.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Doy por establecida la pregunta para que pueda intervenir el señor secretario de Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): El Ministerio del Interior está representado, señor Trevín, en veintiocho países del continente africano a través de las embajadas de España, representación que se hace efectiva
a través de dos niveles: consejeros y agregados de Interior. Actualmente se encuentran desplegados tres consejeros y veintidós agregados, de los cuales seis pertenecen a la Guardia Civil y dieciséis al Cuerpo Nacional de Policía. Por otro lado
hay que señalar que mediante la multiacreditación se ha extendido la representación de consejerías y agregadurías a nuevos países en el continente africano. Más concretamente, a finales de 2012, en noviembre, esta extensión se materializó en la
agregaduría de Camerún, que se extiende a la República de Guinea Ecuatorial y a la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, donde un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía desempeña precisamente su labor. Igualmente, a finales de
noviembre de 2013, se extendió la multiacreditación desde Mali a Burkina Faso, también dependiente de un agregado del Cuerpo Nacional de Policía. En la comisión de destinos en el exterior, que se celebró en marzo de 2014, a solicitud del Cuerpo
Nacional de Policía, se acordó por criterios operativos el cierre de la agregaduría de Interior en Gambia, país que en la actualidad está cubierto, por esa técnica de la multiacreditación, mediante la extensión de acreditación de la consejería de
Senegal. Si quiere, por darle algún dato más allá del ámbito geográfico por el cual se interesaba su señoría, como información complementaria, actualmente se encuentran en trámite la apertura de dos nuevas agregadurías en Emiratos Árabes Unidos y
en Panamá, insisto, fuera ya del ámbito geográfico por el cual usted se interesaba.


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Tengo que empezar pidiendo disculpas a todos los miembros de esta Comisión. Sé que cuando hay una comisión de este tipo las preguntas que convertimos en orales son un cierto incordio para la marcha de la Comisión y
para los demás, pero tuve que mantenerlas y elevarlas a orales para hacer una llamada de atención al ministerio, señor secretario de Estado. Sé que ustedes cada vez que les decimos que no contestan a nuestras preguntas, les pedimos que hagan un
mayor esfuerzo de transparencia y tenemos que hacerlas cinco o seis veces, nos dicen: Nosotros contestamos. Si no les gusta a ustedes la contestación, no es problema nuestro. El problema es que no contestan a las preguntas y por tanto nos vemos
en la obligación de reiterarlas y en este caso aprovechar esta situación. Sé que seguramente es el trajín diario del ministerio, las dificultades que tiene, pero hay un uso parlamentario que hasta ahora había sido de obligado cumplimiento. En las
comparecencias de presupuestos, cada vez que se pedían datos o se preguntaba en la Comisión y constaba en el 'Diario de Sesiones' se nos remitía la respuesta. Hay un número importante de respuestas sin remitir; se remitió una primera relación pero
quedan al menos el doble de preguntas que se habían planteado cuya contestación no se nos ha remitido. No se está cumpliendo ese uso parlamentario.


Hay datos de todo tipo y usted lo sabe perfectamente. Preguntamos: ¿qué medidas ha adoptado el Ministerio del Interior sobre los funcionarios de las unidades de información de la policía que accedieron a datos y fotos de archivos
reservados policiales, DNI, y que han aparecido publicados en el diario La Razón? Contestación: Se le remite a lo manifestado por el ministro del Interior el pasado 7 de mayo con motivo del debate de la interpelación urgente ante el Pleno del
Congreso de los Diputados correspondiente, y punto. No hay nada, ninguna contestación a lo que preguntamos en esa comparecencia del señor ministro.


¿Cuál ha sido el coste total sufragado por la Guardia Civil desagregado por conceptos en la celebración de la festividad de su patrona la Virgen del Pilar de Zaragoza? Secreto de Estado: En relación con el asunto que interesa a su señoría,
el Gobierno se remite al contenido de la comparecencia del director

Página 10

general de la Guardia Civil en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en tal fecha. En tal fecha y en tal comparecencia, ni una palabra sobre el asunto.


Les pedimos, ¿ha llevado a cabo el Ministerio del Interior alguna investigación sobre la posible existencia y participación de algún miembro de la junta de gobierno actual y de otros mandos del Cuerpo Nacional de Policía en la actividad que
se le pregunta? ¿Qué se le preguntaba? ¿Sigue manteniendo el Gobierno que ningún miembro de la actual junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía ha realizado viaje alguno a China pagado por Gao Ping o por otros miembros de la comunidad china
en España? Nos vuelven a contestar: En relación con las distintas cuestiones formuladas por su señoría, se informa que los hechos y las referencias son actualmente objeto de la correspondiente investigación judicial en la que se ha decretado el
secreto del sumario. Pero vamos a ver, ¿qué nos están diciendo? ¿Que hay un miembro de la junta de gobierno investigado por el ámbito judicial? Pues no debe ser así porque, fíjese bien, como reiteramos cinco o seis veces las preguntas, en una nos
contestaron. El secreto judicial que nos indican en esta pregunta, seis meses más tarde ya no era tal, y nos dijeron: Fueron invitados por cuerpos policiales chinos y efectivamente fueron a ese viaje.


No me refiero a las cuestiones concretas. Le pongo tres ejemplos exclusivamente. Lo que les pedimos, sencillamente, es que ese esfuerzo de transparencia que el Gobierno parece empeñado en iniciar se concrete en cuestiones tan sencillas
como esta. Hay una sensación de opacidad y seguramente no es la intención del ministerio, pero por sus hechos los conoceréis -ya conoce el dicho-. Si realmente el ministerio está dispuesto y tiene el objetivo de ser claro y transparente en todo
aquello a lo que puedan tener acceso los diputados en la información que nos sea requerida para nuestro trabajo, le pido por favor que sean más concretos, más transparentes y que trasladen con mayor rapidez las contestaciones en la medida que les
sea posible, pero, de verdad, en este momento necesitamos hacer una llamada de atención, porque este proceder al que me he referido está siendo sistemático.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Veo que no tiene mayor interés su señoría en comentar nada respecto a las consejerías y agregadurías en África, que era por lo que me preguntaba y sobre lo que yo le he dado
cumplida respuesta. Lo otro es una reflexión, que yo le agradezco y que no es la primera vez que me traslada. Me ha puesto algunos ejemplos y entenderá que yo no voy a contestar ahora a las preguntas que usted ha hecho que no estaban dentro del
orden del día. He contestado a la que usted supuestamente tenía interés en que le contestase. Supongo que se da por satisfecho con la respuesta. En todo caso, recibo su solicitud. Creo que sabe perfectamente que no hay ninguna intención de
actuar con opacidad ni con falta de transparencia, más bien todo lo contrario, aunque en alguna ocasión -y al margen del supuesto concreto que como no está en el orden del día lógicamente no se lo voy a responder-, si hay una determinada cuestión
que está sometida a investigación judicial, entiendo que no se podrá dar cuenta de la misma hasta que termine la investigación judicial. Es algo bastante habitual. En todo caso, señoría, he respondido a la pregunta que figuraba en el orden del día
creo que con bastante detalle; de lo demás tomo buena nota y sabe usted que la intención del ministerio no es precisamente hurtar la información a esta Comisión o a esta Cámara sino todo lo contrario.


El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar ahora los puntos 10.º y 11.º agrupadamente, que tratan de las preguntas formuladas también por el señor Trevín, relativas a: punto 10.º, las previsiones acerca del cese del teniente coronel Tejero Díez
en su destino, así como el ascenso del mismo. Punto 11.º, conclusiones de la información reservada respecto a los hechos acaecidos con el ataque sufrido por las UIP y las lesiones sufridas por varios ciudadanos el 22-M. Tiene la palabra el señor
Trevín para su formulación.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Efectivamente, lo que preguntábamos era -en su momento lo solicitamos al ministerio- si el Ministerio del Interior iba a interponer recurso de apelación contra el auto mencionado, por el cual habían quedado
suspendidas en ámbitos judiciales las iniciativas que había tomado sobre el teniente coronel Tejero. Le pedíamos al director general de la Guardia Civil, que era el que tenía la competencia, el acuerdo de cesar de forma inmediata en su destino de
libre designación al teniente coronel, cómo era posible que en el Ministerio del Interior y el propio Servicio Jurídico del Estado se cometiera un error tal que fuera después anulado por sentencia judicial y cuál iba a ser la propuesta del
Ministerio del Interior respecto al ascenso del teniente coronel Tejero Díez. La última está contestada por vía de hecho. Ya sabemos que el teniente coronel Tejero Díez es hoy el coronel Tejero Díez, es decir, que

Página 11

ascendió, ya tenemos la primera contestación en ese sentido. ¿Pero qué nos contestaban ustedes respecto a esto? Nos contestaban: En relación con la pregunta formulada, el Gobierno se remite a lo manifestado por el ministro del Interior el
pasado 28 de mayo con motivo de la respuesta a una pregunta oral en el Pleno. ¿Y qué dijo el ministro? Le indiqué al ministro que el pasado 18 de febrero de este año, el teniente coronel Antonio Tejero organizó en el cuartel de la Guardia Civil de
Valdemoro una comida no autorizada en la que participaron varios de los golpistas del 23 de febrero de 1981. Le preguntaba, ¿cuándo se enteró usted exactamente? Un mes después, parece ser, por las informaciones de la prensa. ¿Quién le dio la
información? Ni el director general de la Guardia Civil ni la información de la Guardia Civil. Se la dio, según sus propias declaraciones, un medio de comunicación. ¿Qué hizo? Suscribió una resolución cesando en su destino al teniente coronel e
hizo pública dicha resolución y, al mismo tiempo, abrió una información reservada, que no hizo pública. Sabemos que la primera resolución cesándolo en su destino quedó anulada por ámbitos judiciales. ¿Qué paso con la información reservada? Porque
el resumen de todo esto es lo que muy bien expresó David Gistau en un artículo: Lo hiriente de todo ello es el secuestro del escenario, los guardias que cocinan paella y ejercen el servicio, el simulacro de desfile forzado para honrar a los
visitantes. Ya dije quiénes eran los visitantes. El señor ministro me dijo: La información reservada se incoó dos días después de haber tenido conocimiento de los hechos que motivaron el cese del oficial que usted ha reseñado y que, por ser una
información reservada, evidentemente no voy a hacer pública. E insistió: Como es información reservada, no se derivan responsabilidades disciplinarias y no puedo hacerla pública.


Pues muy bien. En relación con el siguiente tema al que hacía referencia, del 22-M, en la Comisión de 23 de abril de 2014, el director general de la Policía, el señor Cosidó, nos dijo en esta misma Cámara: Como sus señorías conocen, el
mismo lunes día 24 -se refiere a abril-, ordené la apertura de la información reservada, de cuyos resultados quiero dar debida cuenta a esta Comisión. Es decir, en la anterior información reservada, como era tal, no se podían dar detalles; en esta
nos la leyó textualmente. Dice el instructor -y leo lo que nos dijo el director general-: Ha detectado algún fallo de coordinación y comunicación en el transcurso de los violentos altercados que impidió que las decisiones pudieran trasladarse de
forma cohesionada y con la rapidez suficiente al grupo situado en el foco principal del conflicto, lo que propició que se eliminara su capacidad de anticipación y sufriera un número de heridos inaceptable. Esto es lo que textualmente nos leyó de la
información reservada el director general y resulta que en otra información reservada, que tiene la misma categoría jurídica, el ministro nos dice que no puede dar cuenta a esta Comisión ni al Pleno.


Tengo que decirle que si el director general fue en este sentido más expansivo y dio más información, fue más transparente, también tenemos que decir que un tiempo después las cosas quedaron en lo que quedaron. ¿Sabe en lo que quedaron?
Quedaron en lo siguiente. Como consecuencia de este tema, nos anunció que al jefe de la primera unidad de las UIP se le comunicó su relevo en el mando. Por tanto, parecía que había tomado decisiones. ¿Sabe dónde está hoy este jefe de la primera
unidad de las UIP? Está de agregado en Chile, uno de los destinos más ambicionados, uno de los destinos estrella en la policía, de los más demandados. Resulta que hoy se le cesa y al poco tiempo se le envía a uno de los mejores destinos que tiene
el Cuerpo Nacional de Policía. Pero no paró ahí. A los responsables del dispositivo, el comisario general de Seguridad Ciudadana, don Florentino Villabona, y el jefe de las UIP de España, el señor Iguzquiza, que estaban al frente de ese operativo,
se les ha condecorado con medalla roja pensionada este año, es decir, de los jefes, dos con medalla roja pensionada, y otro a uno de los destinos más demandados. Pero, ¿saben lo que pasó con el responsable de Puma 70? El responsable de Puma 70 fue
la persona al frente del grupo que quedó aislada, que sufrió una de las agresiones más importantes, que tuvo que ser internado hospitalariamente; a esa persona se la separó de su mando, se la mandó a Cartagena y no se consideró que tuviera méritos
suficientes para la medalla roja pensionada. Por tanto, en ese sentido no me extraña que el propio Sindicato Profesional de Policía, que habitualmente no suele ser crítico con el Ministerio del Interior, en este momento esté más que indignado por
estas decisiones.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Señoría, le voy a contestar, si le parece, al contenido de las preguntas que hay en el orden del día. Respecto del teniente coronel don Antonio Tejero Díez, fue nombrado jefe
del grupo de reserva y seguridad del GRS número 1, por una resolución del 12 de febrero de 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil del 23 de febrero

Página 12

de 2010. Es decir, sobre eso, el presente Gobierno, como usted comprenderá, nada tiene que explicar. Es más, en los ascensos anteriores el señor Tejero Díez fue promovido a teniente con antigüedad el 8 de julio de 1985 -tampoco era este
Gobierno el que gobernaba-, a capitán con antigüedad, 16 de febrero de 1990 -lo mismo le digo-; a comandante con antigüedad, 1 de marzo de 1998, y a teniente coronel con antigüedad, 28 de diciembre de 2007. Nuevamente no es este Gobierno el que
tomó esa decisión, decisión que, por otra parte, se enmarcará, como usted comprenderá, en la legalidad de los ascensos y de la carrera del cuerpo de la Guardia Civil. El ascenso del teniente coronel Tejero al empleo de coronel, efectivamente,
publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el 15 de septiembre de 2014, es consecuencia de ese mismo sistema reglado, es decir, del mismo sistema que le hizo ser teniente, ser capitán, ser comandante y ser teniente coronel: el
proceso de evaluación para el ascenso por el sistema de selección de la Guardia Civil, de acuerdo con lo previsto -y usted lo conoce bien, señor Trevín- en los artículos 58.4, 59.3 y 67.3 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del
personal de la Guardia Civil, y conforme, por tanto, a unos procedimientos y normas objetivas de valoración comunes, en el caso que nos ocupa, para todos los tenientes coroneles a los que corresponde ser evaluados para el ascenso en el ciclo
2014-2015, de acuerdo con el orden en el escalafón. Tales procedimientos y normas se derivan del reglamento de evaluaciones y ascensos del personal del cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el correspondiente Real Decreto del año 2006, y también
se desarrollan en la Orden ministerial de 2 de junio de 1999. De este modo es la junta de evaluación nombrada al efecto la que siguiendo los procedimientos preestablecidos lleva a cabo el proceso correspondiente común a todos los evaluados. Pues
bien, el teniente coronel Tejero Díez fue evaluado favorablemente para el ascenso el día 27 de febrero de 2014 por esa junta de evaluación, e informado el consejo superior en fecha 29 de abril de 2014, dio su conformidad por unanimidad. A pesar de
ello y de haber sido considerado apto para el ascenso, con motivo de los hechos relatados, el director general de la Guardia Civil ordenó una nueva evaluación del teniente coronel, que se produjo el 12 de mayo de 2014, con informe favorable a la
vista de la información reservada ordenada por el propio director general de la Guardia Civil el 18 de marzo de 2014, que concluyó -y de eso es de lo que se da cuenta, de las conclusiones- que no existían responsabilidades disciplinarias ni penales.
Elevada la propuesta nuevamente al consejo superior, este dio su conformidad otra vez por unanimidad al ser informado del resultado de la junta de evaluación. Por todo lo expuesto, una vez finalizado el proceso de evaluación, el ascenso se produce
para quienes están incluidos en el ciclo de evaluación por corresponderles legalmente por orden de escalafón, tal y como refleja literalmente la propia orden firmada el 9 de septiembre por la subsecretaria de Defensa, con la competencia delegada del
ministro de Defensa.


En cuanto a la referencia de la pérdida de confianza para permanecer en su anterior destino, que entiendo que es a lo que usted hacía referencia, esta circunstancia hay que vincularla con la clasificación del citado destino que ocupaba como
de libre designación y no con su posible aptitud o no para el ascenso a un empleo superior, que son dos cuestiones totalmente distintas, que viene derivado únicamente del proceso de evaluación, del que he dado cumplida cuenta, y conforme a normas
objetivas de valoración a las que antes he hecho referencia. En todo caso, producido el cese, como digo, derivado de esa consideración del puesto como de libre designación, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 6 ordenó la
reposición inmediata en el destino al mando del grupo de reserva y seguridad número 1. Cumplido el requerimiento y de manera inmediata, el director general le asignó una comisión de servicio en la subdirección general de apoyo que no supone mando
sobre la fuerza. Le he dado, por tanto, cumplidas explicaciones de lo que ha pasado en toda la trayectoria profesional del hoy coronel.


Respecto de la otra cuestión a la que usted hacía referencia, no puedo contestar de una manera distinta a como lo hizo el director general de la Policía, porque, insisto, lo que usted me señala en la pregunta que figura en el orden del día
se refiere a las conclusiones de la información reservada. Ciertamente mi contestación no puede ser diferente a la que dio en su día el director general de la Policía el 23 de abril al comparecer en esta misma Comisión. La información reservada
instruida con motivo de aquellos acontecimientos sucedidos en Madrid el pasado 22 de marzo concluyó que no se había producido comportamiento o negligencia alguna merecedora de sanción disciplinaria. Por dicho motivo no se consideró procedente
instar la incoación de ningún procedimiento sancionador ni expediente disciplinario. Al no apreciarse responsabilidad administrativa ni, por tanto, responsabilidad penal, las conclusiones de la información reservada no fueron trasladadas a la
autoridad judicial, de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley orgánica 4/2010. Esta es otra de las preguntas que usted hacía y que figura en el orden del día.

Página 13

Por otro lado, y en virtud de la resolución del director general de la Policía de 19 de septiembre, se dispuso el cese de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, que en la fecha de los acontecimientos ejercía el puesto de jefe del grupo
operativo de la unidad de intervención policial en comisión de servicio. La propuesta que motiva esta resolución se enmarca dentro de las decisiones estrictamente operativas, que son ejercidas por los responsables de las unidades policiales en el
ámbito de la gestión de los recursos humanos y materiales que dependen de ellos para el mejor desarrollo de las funciones que les son encomendadas. Por ello se dispuso la incorporación del funcionario a la plantilla a la que pertenece, que es la
Comisaría local de Cartagena. Con eso doy respuesta a las preguntas que figuran en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor secretario de Estado, me alegra que haya hecho usted una exposición detallada, porque queda en evidencia lo que dije antes. No podemos conocer, no puede conocer ni esta Comisión ni pudo conocer el Pleno del
Congreso detalles de la información reservada sobre el teniente coronel Tejero Díez, hoy coronel, pero resulta que nos dieron todos los detalles, textualmente, de la información reservada sobre el 22-M. Algo no casa. ¿Por qué desde la Dirección
General de la Policía se puede dar, leyendo textualmente, una información reservada y por qué no se puede dar una información reservada de la Guardia Civil? Acabo. Estamos de acuerdo en que, efectivamente, hay un procedimiento reglado para los
ascensos. Usted y yo sabemos también otra cosa, que difiere cualitativamente de ascenso de capitán a teniente, de teniente a comandante, a cuando entramos a los ámbitos de coronel y de general, difiere. La intervención del ministerio es diferente
y es mayor. No obstante, no tendría nada que decir si no fuera por una razón.


En la comida, independientemente de que tenga el rechazo político -creo que de mi grupo y de la mayoría de los demás-, de que haya la sensación de que se invite a golpistas a un cuartel de la Guardia Civil para celebrar una comida en torno
al 23 de febrero, independientemente de eso, si fue el personal de la Guardia Civil -como indican todos los datos que tenemos- el que sirvió esa comida, eso habría servido para abrir un expediente, y con un expediente abierto y con la resolución
concreta de ese expediente, el teniente coronel Tejero Díez no habría podido ascender a coronel. Por tanto, hubo por parte del ministerio intención de que llegara a coronel, independientemente de la cualificación que se le diera en los sucesivos
procedimientos, porque, vuelvo a indicarle, no es solamente el acto de la convocatoria y de la comida sino el de la utilización de un espacio concreto de la Guardia Civil, no del teniente coronel, sino del cuerpo de la Guardia Civil, del Ministerio
del Interior, el de la utilización de personal de la Guardia Civil, no personal que estuviera para las órdenes de lo que el teniente coronel considerara oportuno, sobre lo que tuvieran que hacer en concreto. No entraba dentro de sus funciones
servir una comida. Por tanto, lamento en este sentido que el ministerio no haya sido más puntilloso, no haya tenido una mayor intervención y que en este hecho que a todos nos sonroja, porque por muchos años que pasen el golpe de Estado sigue
marcándonos profundamente, no haya tenido una decisión más clara, no haya sido más transparente en la información sobre el procedimiento reservado y no se haya impuesto -a mi juicio y esta es mera opinión- el criterio político de la dirección del
ministerio sobre el criterio técnico, entre comillas, de los generales de la Guardia Civil.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): ¿Sabe lo que pasa, señor Trevín? Que lo que yo le he expuesto es un conjunto de procedimientos, todos ellos reglados, todos ellos dentro de la legalidad y de los cuales lo que
se ha deducido es lo que hay. Por tanto, entenderá que usted y yo tengamos una discrepancia. Usted habla de lo que sus fuentes consideran, le cuentan que sucedió y lo que tenía que haber sido, y yo le hablo de la estricta legalidad y de los
procedimientos, los mismos que en el pasado sirvieron para que cada situación tuviese la consecuencia dentro del escalafón que correspondiese. Como conozco bien la Guardia Civil y tengo el enorme honor de tener responsabilidades sobre dicho cuerpo,
le puedo decir que me fío plenamente de lo que esa información reservada pudo identificar, de las conclusiones de la misma y por tanto de las consecuencias de esas conclusiones, que serían de las que di cuenta en esta respuesta. En consecuencia, mi
confianza en el procedimiento, mi confianza en la legalidad, mi confianza en el propio celo de la Guardia Civil más que en ninguna otra cosa y en ninguna otra fuente que a usted le haya podido contar o dejar de contar lo que pasó o dejó de pasar

Página 14

me llevan a sostener que lo que se ha producido es la estricta legalidad, en este caso como en tantos otros. Si usted considera que sobre la legalidad deben imponerse consideraciones de carácter político, yo le digo que ahí sí que no
estamos de acuerdo. En el equipo directivo del ministerio evidentemente ante la legalidad no se impone ninguna otra consideración de oportunidad o de tipo político, se impone la legalidad, y eso es lo que aquí se aplicó con todo rigor y de manera
estricta.


Respecto de la comparativa que usted establece entre la información reservada de unos hechos que se produjeron el 22 de marzo y la información reservada de este caso, a lo mejor está usted comparendo variables que no son homogéneas y por
tanto no sé en qué se basa para decir que de una cosa se dieron explicaciones y de la otra no. Entiendo que los momentos procedimentales serían diferentes y que por tanto se dieron las explicaciones cuando se podían dar, como he hecho yo respecto a
las conclusiones de esta información reservada y como hizo el señor director general de la Policía cuando expuso las conclusiones de la información reservada que se abrió con motivo de los hechos del 22 de marzo. Como le digo, creo que son dos
variables, dos circunstancias que difícilmente se pueden tratar de manera simultánea.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a tratar los puntos 12.º y 13.º conjuntamente, referentes a las preguntas formuladas por el señor Trevín relativas a, en primer lugar, las razones que justifican que el Gobierno niegue a un parlamentario
la información solicitada, así como resoluciones de la comisión ejecutiva interministerial de retribuciones (Cecir), producidas con posterioridad a la fecha 19 de diciembre de 2007 en relación con el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía. La otra
pregunta está referida a las previsiones acerca de que el servicio jurídico asuma la representación y defensa de los funcionarios policiales en las actuaciones que dirija contra ellos Juan Cotino por actuaciones derivadas del legítimo desempeño de
sus funciones en los casos Gürtel y Bárcenas. Para su formulación tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Reconociendo que apareciendo el señor Cotino en la pregunta y todo eso me va la marcha, quiero ser indulgente con esta Comisión, con la paciencia del presidente y del secretario de Estado. Sé que nos queda mucho
trabajo y voy a renunciar a las dos preguntas en beneficio de todos.


El señor PRESIDENTE: Le agradecemos la renuncia, precisamente por lo denso del orden del día de esta Comisión.


COMPARECENCIAS:


DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTÍNEZ VÁZQUEZ), PARA:


- INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS RETOS DE LA SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES EN ENTORNOS FÍSICOS Y VIRTUALES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002001).


- QUE EXPLIQUE EL USO POR PARTE DE LA BRIGADA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE MADRID DE INFORMES CON DATOS Y CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES DE ABOGADOS/AS POR RAZÓN DE LAS DEFENSAS ASUMIDAS, SIN QUE CONSTE VINCULACIÓN CON NINGÚN
HECHO SUPUESTAMENTE DELICTIVO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000860).


- INFORMAR DE LOS DIVERSOS INCIDENTES ACAECIDOS DURANTE EL VERANO EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN, ASÍ COMO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES CON MARRUECOS EN MATERIA DE COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000469).


- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y HACER FRENTE AL INCREMENTO DE LA LLEGADA DE INMIGRANTES A TERRITORIO ESPAÑOL, ESPECIALMENTE A CEUTA Y MELILLA, ASÍ COMO PARA GARANTIZAR UN TRATO DIGNO A LOS MISMOS. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001084).

Página 15

- PRESENTAR Y EXPLICAR A LA CÁMARA LOS DATOS CONTENIDOS EN EL BALANCE SOBRE INMIGRACIÓN IRREGULAR 2013. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001597).


- INFORMAR DE LO OCURRIDO EN MELILLA EN RELACIÓN CON LOS ÚLTIMOS INTENTOS DE ENTRADA MASIVA DE INMIGRANTES, DE LAS PROPUESTAS DE LOS RESPONSABLES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA HACERLOS FRENTE, ASÍ COMO DE LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001600).


- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LAS REITERADAS Y NUMEROSAS IRRUPCIONES ILEGALES DE GRUPOS DE PERSONAS EN NUESTRAS FRONTERAS, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES PARA ATENDER DE FORMA HUMANITARIA A
DICHAS PERSONAS, ESPECIALMENTE EN LA CIUDAD DE MELILLA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001633).


- INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 A) DEL REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA. A PETICIÓN DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001399).


- INFORMAR DE LOS PLANES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA SUSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA UNA VEZ EN VIGOR LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/001613).


- INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN PILOTO DE VIGILANCIA PERIMETRAL DE LAS PRISIONES LLEVADO A CABO POR EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD Y SU EXTENSIÓN AL RESTO DE CENTROS PENITENCIARIOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001998).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la celebración de las comparecencias que se contienen en el orden del día, que son, una de ellas, a petición propia, del secretario de Estado de Seguridad para informar sobre los nuevos retos de la seguridad
en relación con la protección de personas y bienes en entornos físicos y virtuales. Otra comparecencia ha sido solicitada por el representante de La Izquierda Plural referente a que el secretario de Estado de Seguridad explique el uso por parte de
la Brigada Provincial de Información de Madrid de informes con datos y circunstancias personales y profesionales de abogados, abogadas, por razón de las defensas asumidas, sin que conste vinculación con ningún hecho supuestamente delictivo. Luego
hay otras ocho peticiones de comparecencia solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, cinco referidas a la inmigración en Ceuta y Melilla y tres referidas a la seguridad privada. Vamos a tramitarlas -así se acordó en la reunión de Mesa y
portavoces- todas ellas acumuladamente. Soy consciente de que ello va a implicar, razonablemente, un tiempo flexible tanto para el señor secretario de Estado como para los portavoces que quieran hacer uso de la palabra. Pasamos a dar la palabra al
secretario de Estado para que, además de su comparecencia a petición propia, se refiera al resto de las solicitadas por los grupos.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Como comprenderán sus señorías, el orden del día viene muy cargado y, por tanto, trataré de ir lo más rápido posible, pero necesariamente me tengo que detener en algunas
cuestiones que no siempre se pueden explicar en poco tiempo; trataré de ser lo más sintético posible. Comienzo precisamente interviniendo no solo para dar respuesta a las solicitudes de comparecencia de las que ha dado cuenta el señor presidente
de la Comisión, sino también para exponerles en primer lugar una comparecencia a petición propia con el título de: nuevos desafíos de seguridad en la medida en que esos desafíos de seguridad exigen adoptar medidas de protección de personas y bienes
para hacer frente a riesgos que surgen en entornos virtuales y en entornos físicos.


Señorías, el concepto contemporáneo de seguridad exige una aproximación multidisciplinar, pues los riesgos y las amenazas provienen de entornos cada día más sofisticados en términos tecnológicos y

Página 16

desprovistos en muchos casos de una clara dimensión territorial. La hipertecnificación del crimen unida a su globalidad componen un cuadro de desafíos en los que la respuesta policial, que siempre es imprescindible, no siempre es suficiente
y en la que la actuación aislada de un Estado se revela impotente para defender adecuadamente a los ciudadanos y demanda, por tanto, una acción concertada de la comunidad internacional y de manera particular de nuestros socios y aliados. Pues bien,
porque la percepción de la seguridad y la necesidad de protección no es la misma para una familia que acaba de sufrir un robo en su vivienda, para un adolescente a quien acosan a través de las redes sociales, para una empresa a quien atacan
ciberdelincuentes mediante troyanos en sus sistemas o incluso para el propio Estado, que pone a prueba sus niveles de seguridad cuando se enfrenta a ciberamenazas o incluso a actuaciones terroristas que utilizan Internet para difundir mensajes
radicales, captar terroristas o cometer acciones cuyos efectos podrían llegar a ser devastadores, permítanme, por tanto, que mi exposición -porque todas esas son situaciones muy distintas que afectan al ámbito de la seguridad- se centre en dos
ámbitos concretos y específicos en los que, digamos, se concretan estos nuevos desafíos, estos nuevos escenarios: el ámbito de la ciberseguridad y el ámbito de la utilización de Internet y de las redes sociales al servicio del terrorismo yihadista
y la radicalización.


Fíjense, señorías, mientras un delincuente convencional es obvio que no puede estar en dos escenas del delito a la vez, no puede estar robando un banco y atracando una casa al mismo tiempo, ahora el ciberdelincuente puede atacar a un número
elevado de víctimas simultáneamente en diversos países con un esfuerzo y con un riesgo mínimo, ocultando su identidad tras las redes. Por eso, la demanda de seguridad integral de personas y bienes en el siglo XXI se caracteriza porque el escenario
de protección se ha extendido más allá de las fronteras físicas de los Estados. La territorialidad ha dejado de ser una característica del crimen contemporáneo; por eso, la cooperación policial internacional es una exigencia de cualquier política
de seguridad que pretenda ser eficaz en el siglo XXI. La relevancia de los desafíos en el terreno de la ciberseguridad viene dada por dos variables que coinciden en el escenario actual: nuestra creciente -si me lo permiten- ciberdependencia y las
vulnerabilidades de ese entorno virtual.


En cuanto al primero de los conceptos, la dependencia del mundo cibernético creo que se expresa con cifras que son elocuentes por sí mismas: 2.800 millones de personas acceden a Internet; existen más de 10.000 millones de dispositivos de
conexión; alrededor de 1.500 millones de personas en todo el mundo se conectan a redes sociales. Una buena parte de nuestra vida personal y profesional transcurre ya en el ciberespacio y, por tanto, nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestros
derechos, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones profesionales e incluso los servicios esenciales de la comunidad tienen una creciente dependencia de entornos y herramientas virtuales. Nuestros hábitos también han cambiado en muy corto
espacio de tiempo en lo relativo a la forma de acceder al mundo virtual. Según datos arrojados en el barómetro del CIS de septiembre de este año, casi el 65 % de los españoles utiliza alguna aplicación de mensajería en el móvil, siendo
concretamente la aplicación WhatsApp la favorita para casi el 97 % de los usuarios de mensajería instantánea que, por cierto, el 90 % de ellos reconocen que la utilizan de manera continua a lo largo del día. Los smartphones se han convertido, por
tanto, en el principal tipo, en el principal modo de acceso a Internet, superando al ADSL, al cable o a la fibra óptica. Pues bien, al cambiar nuestros hábitos digitales, también cambian los riesgos y también aparecen nuevas amenazas. Es el
fenómeno conocido como Internet of everything, es decir, la presencia de Internet y de conexiones telemáticas en todos los dispositivos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que supone, desde el punto de vista de la seguridad, la aparición
de una superficie más amplia de ataques, la aparición de nuevos vectores de ataque y la aparición de más puntos de entrada, incluyendo el empleo de métodos de ingeniería social aplicados en este caso a fines malintencionados o lesivos.


Por lo expuesto anteriormente, la respuesta a las nuevas amenazas que se consolidad en el ciberespacio debe partir de la constatación de la gravedad de los riesgos por varios motivos: por el alcance de esos incidentes; por la creciente
sofisticación de esos ataques; por el impresionante número de ciberdelitos que se pueden cometer simultáneamente -se calcula ya que se produce un incidente cada segundo y medio-; por los tipos de ataques, que pueden afectar a individuos, a
empresas o incluso al Estado y a sus servicios o infraestructuras esenciales; por el gran número de víctimas que pueden producirse en décimas de segundo y, por supuesto, por los graves daños económicos que se pueden producir en particulares,
empresas o infraestructuras críticas. Un reciente estudio del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales valora el impacto global de la cibercriminalidad entre los 300.000 millones de dólares y el billón de dólares. Además, estima que
alrededor de 1.100 personas son víctimas de estas amenazas cada minuto en algún lugar del mundo. En Estados Unidos la pérdida económica anual es

Página 17

de 100.000 millones de dólares y hasta 508.000 empleos como consecuencia de los daños que produce la ciberdelincuencia. En el Reino Unido se están contabilizando pérdidas económicas de más de 27.000 millones de libras y en España las
pérdidas anuales por un cibercrimen grave pueden suponer una media de 497.000 euros para las grandes empresas y alrededor de 38.000 para las pymes. Pues bien, estos datos, esta relevancia, estas magnitudes, también aparecen si constatamos cuáles
han sido los resultados del trabajo del CERT de seguridad e industria, integrado en el recientemente creado Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León, en el que convergen los esfuerzos de distintos departamentos ministeriales y en
particular del Ministerio de Industria y del Ministerio del Interior, precisamente para dar a los distintos operadores, a las distintas empresas, un servicio gratuito en el ámbito de la ciberseguridad, detectando las amenazas y reduciendo los
posibles daños. En el CERT de seguridad e industria se registran cada día 10 millones de URL comprometidas, de las cuales entre 75.000 y 100.000 afectan a intereses residenciados en España. Les podría dar muchos más datos, pero creo que este es
por sí mismo elocuente y habla de la importante actividad de detección y análisis del ciberdelito, que es un síntoma incuestionable del paradigma de la seguridad integral sobre el que está trabajando el Ministerio del Interior en necesaria
coordinación con el Ministerio de Industria y, por supuesto, también con los distintos operadores de carácter privado que pueden verse afectados por este tipo de prácticas de ciberdelincuencia.


En estos momentos, señorías, la ciberdelincuencia es el motor de la economía digital sumergida, porque es capaz de proporcionar una amplia gama de servicios comerciales que sirven para cometer, para encubrir o para potenciar los efectos de
delitos, tanto digitales como tradicionales. Permítanme que en este sentido me refiera a dos factores que definen el nuevo contexto. En primer lugar, el modelo criminal conocido como crime as a service, o lo que es lo mismo, la existencia de
auténticos supermercados del crimen en Internet, y en segundo lugar, un fenómeno creciente que es la anonimización como fórmula cada vez más sofisticada para encubrir las actividades delictivas en Internet. Este fenómeno del crimen como servicio ha
supuesto la mutación de los grupos organizados tradicionales, que se sirven ahora de individuos o de pequeñas células de ciberdelincuentes anónimos que trabajan por proyecto o por transacción y que no poseen ni la estructura ni la jerarquía de la
delincuencia hasta ahora conocida. En esta línea hay fenómenos criminales preocupantes, según datos de Europol, en los que trabaja intensamente el Ministerio del Interior. Desde los foros undergroud, como comunidades virtuales que comparten
información relacionadas con ciberdelitos, para poner en común toda clase de procedimientos técnicos al servicio del crimen. Estos foros también dan soporte a mercados virtuales para tráficos ilícitos, como el desarticulado Silk Road, uno de los
mayores centros de tráfico virtual de drogas u otros supermercados virtuales dedicados a la compraventa de armas, de explosivos, de productos farmacéuticos o de tarjetas de crédito comprometidas. También la provisión de infraestructuras
tecnológicas para la comisión de delitos de todo tipo, alquiler de botnets, ataques de denegación de servicio, diseño de malware, etcétera. Mercado de datos obtenidos mediante acciones de intrusión en esferas privadas o reservadas, tarjetas de
crédito, contraseñas, datos bancarios, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento, documentos de identidad, servicios de hacking a la carta, programas de traducción al servicio de fines criminales para poder actuar en varios países
simultáneamente y toda clase de servicios de blanqueo de capitales, incluyendo en este ámbito el uso creciente de monedas virtuales y medios de pago telemáticos. Precisamente muchos de estos servicios de la criminalidad en Internet se sirven de
redes ocultas, la red Tor, la Deep Web, los Daknets, que permiten comunicarse libremente sin riesgo a ser detectados y que ponen de manifiesto aquí, en España, y también en el conjunto de la comunidad internacional, la importancia de adaptar la
legislación -insisto, tanto internacional como nacional- para diferenciar, en el ámbito de la protección de los usuarios de Internet, la privacidad del anonimato.


Permítanme que me refiera muy brevemente a la perspectiva del abuso de menores que se produce a través de plataformas digitales y que constituye probablemente una de las esferas más atroces de este fenómeno de la ciberdelincuencia. El
informe de marzo de este año 2014, procedente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre las principales formas de abuso sexual de menores, alerta ya de que el material de abuso sexual especialmente de menores de diez años se
ha incrementado en un 70 % entre los años 2011 y 2012. No solo eso, según Europol, un 80 % de las víctimas que aparecen en ese material que circula en la red es de niñas menores de diez años. En los motores de búsqueda convencionales es posible
identificar más de 100.000 términos comunes que se emplean de manera habitual para buscar contenidos sexuales con menores. Además, con la proliferación de los smartphones, con esos cambios en los hábitos digitales, se está incrementando enormemente
el fenómeno de la

Página 18

pornografía infantil a la carta, en la que los pedófilos demandan a las redes criminales la edad, la raza, el sexo o los contenidos de las imágenes o el fenómeno de la emisión en directo de los abusos, que es posible gracias a los teléfonos
y tabletas con grabación de vídeo. En este sentido les puedo decir que la actuación del Ministerio del Interior ha llevado a que se desarticulasen algunas redes y a que se desmantelasen algunas acciones individuales dedicadas precisamente a este
fenómeno de la distribución de pornografía infantil o ciberacoso, en definitiva al fenómeno del abuso de menores a través de Internet; cincuenta y nueve personas detenidas en lo que va de año por la Guardia Civil; ciento ocho operaciones durante
2013; cincuenta y cuatro pedófilos detenidos por la Policía Nacional por compartir archivos que contenían pornografía infantil. Pues bien, algunas de estas operaciones se han producido recientemente y ponen de manifiesto la necesidad de adoptar
determinadas decisiones en el ámbito precisamente de esa alianza global contra el abuso infantil en Internet, en la cual el ministerio ha tenido una decisiva participación. Adoptar decisiones como superar los obstáculos fronterizos en lo que se
refiere a la reforma de la legislación tanto nacional como internacional; armonizar nuestras legislaciones; fortalecer vínculos policiales y, sobre todo, lanzar un mensaje de contundencia y firmeza frente a cualquier tipo de violencia ejercida
contra los menores, ya sea a través de redes sociales o fuera de ellas.


En este mismo ámbito, querría referirme al uso de las redes sociales por terroristas yihadistas. Ya en el año 2000, Aymán al Zawahiri, entonces número dos de Al Qaeda, decía: estamos librando una batalla y más de la mitad de esta se
desarrollará en la arena informática. Podríamos decir que hoy en día el ciberespacio se ha convertido en una extensión del campo de batalla y que esa batalla tiene seis objetivos: amenazar a los enemigos a través de propaganda, preparar
operaciones, intercambiar información, realizar una instrucción ideológica, reclutar nuevos miembros y conseguir financiación. Les podría poner muchos ejemplos, pero para centrar esta cuestión creo que se puede hacer mención de tres casos
recientes. En primer lugar, el chateo yihadista producido a mediados de septiembre de 2014 en las redes sociales, que se produjo en un foro yihadista próximo al Estado Islámico sobre el uso del ébola como un arma venenosa contra Estados Unidos y
contra occidente. Por otra parte, una serie de tuits fechados en julio de 2014, donde la organización terrorista Ansar al-Islam también discutía sobre su historia y sus actividades en el laboratorio, trabajando con posibles venenos químicos y
biológicos, productos químicos mortales y su historia en ataques terroristas innovadores, o incluso el portavoz del Estado Islámico Al Adnani, que había realizado recientemente una llamada difundida a través de las redes sociales para asesinar a
occidentales, incluyendo a civiles, a través de cualquier medio posible, incluyendo, decía, inyectarles veneno. Pues bien, la proliferación de propaganda yihadista en la red pone de manifiesto que la práctica totalidad de los grupos terroristas
tienen presencia en Internet, bien a través de páginas web, bien mediante perfiles propios abiertos en Facebook, Twitter, etcétera. En algunas ocasiones indican que se trata de cuentas oficiales de la organización, otras veces dicen que son cuentas
no oficiales y en otras no se dice nada, pero toda la información que se ofrece apoya concretamente a una determinada organización, lo que viene a indicar que se trata de una cuenta de la misma. Precisamente, también en España, las redes sociales
han puesto de manifiesto la presencia de actividad de carácter yihadista, que se ha visto cortada a través de distintas operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si nos fijamos concretamente en lo que ha sucedido en las últimas
operaciones en España, vemos como es una constante la utilización de las redes sociales por individuos que las utilizan como medio de reclutamiento, de realización de propaganda de los principales grupos yihadistas. Podemos hacer referencia a que
las redes sociales, sobre todo en el aspecto de captación y comunicación, han sido utilizadas por los componentes de las células desarticuladas en las últimas operaciones policiales realizadas en España, desde la detención del bibliotecario de Al
Qaeda, en Valencia, el 27 de marzo de 2012, hasta operaciones mucho más recientes, como la operación Kibera, el 2 de agosto de 2014, por la que se detuvo a dos mujeres que querían viajar a Siria para integrarse en el Estado Islámico, una de ellas
menor de edad.


Pues bien, precisamente desde esta perspectiva que he tratado de exponerles brevemente, me gustaría referirme, para terminar mi comparecencia, a algunas de las medidas impulsadas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad. Desde
la perspectiva más general de gobierno y en lo que tiene que ver con la ciberseguridad, se ha aprobado, como saben, la estrategia de seguridad nacional bajo el epígrafe Un proyecto compartido, que recoge, entre los riesgos y amenazas para la
seguridad nacional, los que tienen que ver con el crimen organizado y el cibercrimen, y concretamente la estrategia de ciberseguridad nacional, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 5 de diciembre de 2013 y que detalla con mayor
exhaustividad las medidas organizativas. También está pendiente la

Página 19

reforma del Código Penal en relación con los delitos informáticos, para adaptar la regulación establecida en el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, así como la tramitación de la reforma del Código Penal, con la finalidad de
incorporar una nueva tipificación de los delitos contra la libertad sexual y para la protección de los menores frente a estas modalidades de las que he dado cuenta. En este campo se trabaja entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del
Interior y la Fiscalía General del Estado, para integrar, en el marco legislativo español, soluciones de tipologías delictivas de nuevo cuño relacionadas con la ciberseguridad, adaptándolas a las necesidades de nuestra sociedad y a los
requerimientos de las unidades de investigación. También medidas de carácter organizativo; la primera de ellas tiene que ver con el fenómeno del combate contra la radicalización violenta, contra el terrorismo yihadista y sobre todo contra aquellas
estructuras en las cuales convergen mecanismos de financiación que desde el crimen organizado apoyan o dan soporte a las estructuras terroristas. Por eso, recientemente el Consejo de Ministros acordó la incorporación en un solo organismo de los
hasta ahora independientes Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, dando con ello nacimiento a un nuevo organismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado,
que permita analizar conjuntamente esos dos fenómenos criminales pero también la relación que existe entre ambos.


También desde el punto de vista organizativo se han reforzado las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creando unidades, como en el Cuerpo Nacional de Policía la Unidad de Investigación Tecnológica, la Unidad central
de Delincuencia Económica y Fiscal, que cuenta con la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción al servicio también de algunos de estos fenómenos de blanqueo, a los que he hecho referencia, utilizando medios
virtuales. La Guardia Civil ha potenciado su Unidad de Ciberterrorismo y su grupo de delitos telemáticos dentro de la Unidad Central Operativa. También quiero destacar el trabajo del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, como órgano encargado de impulsar, coordinar, supervisar las actividades que tiene encomendada la Secretaría de Estado de Seguridad en relación precisamente con la protección de esas infraestructuras críticas frente a ataques físicos, pero
también cada vez más relevante frente a ataques telemáticos, dentro de esa estructura a la que antes he hecho referencia, el CERT de seguridad e industria, que se incardina ya en el llamado Instituto Nacional de Ciberseguridad. Por otra parte,
dentro del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, se creó la Oficina de Coordinación Cibernética, que tiene por objetivo centralizar todas las actividades relacionadas con la cibercriminalidad, el ciberterrorismo y la
protección de las infraestructuras críticas. Además, en este mismo marco, se participó en diversas iniciativas, como son los ciberejercicios, que han concitado la presencia de grandes operadores privadas de infraestructuras críticas, con la
finalidad de concienciar y de extender una cierta pedagogía sobre los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías.


Por otra parte y desde la perspectiva a la que he hecho referencia en segundo lugar, la protección frente a la radicalización violenta y la difusión de contenidos radicales a través de redes sociales, se ha elaborado y se aprobará en breve
por el Consejo de Ministros el Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, un marco para el respeto y el entendimiento común, que tiene como uno de sus ámbitos principales precisamente la actuación en Internet para
contrarrestar, para hacer un fenómeno de contranarrativa frente al mensaje radical. De la misma forma y en lo que tiene que ver con la protección de los menores, se adoptarán una serie de iniciativas, comenzando precisamente por modificar los
contenidos del Plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad de los centros educativos, incorporando nuevos contenidos que den precisamente cobertura a todo este ámbito de cuestiones que tienen que ver con la protección de la
identidad y de la intimidad digital de los menores en su actuación en Internet y en las redes sociales. Por ello, el 20 de octubre, firmé un convenio con el secretario de Estado de Telecomunicaciones para que desde la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y en concreto de la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Secretaría de Estado de Seguridad, se adapte ese plan director y se dé la formación necesaria en todas estas cuestiones a los
policías y guardias civiles que imparten esas charlas a docentes, a padres de familia, a madres de familia y también a los propios alumnos, en el conjunto del territorio nacional, y que cada vez más nos demandan reforzar precisamente esos contenidos
que tienen que ver con la protección de su intimidad y de su identidad digital. Con esto, señorías, he querido hacer una referencia -intentado ser sintético- a nuevos espacios que constituyen ámbitos de preocupación por los riesgos asociados al uso
de las nuevas tecnologías y de las redes sociales desde diferentes perspectivas, pero en todo caso poniendo de manifiesto la respuesta que a los mismos se ha dado desde la Secretaría de Estado de Seguridad.

Página 20

Si les parece, paso a abordar ahora el resto de las comparecencias que figuran en el orden del día y que han sido solicitadas por los distintos grupos parlamentarios. Espero no dejarme ninguna y, para ser ordenado, comenzaré por la que
figura en el número 15.º del orden del día, la solicitud de comparecencia presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que tiene que ver con el uso por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid de informes con datos y
circunstancias personales y profesionales de abogados y abogadas por razón de las defensas asumidas, sin que conste vinculación con ningún hecho supuestamente delictivo. Pues bien, señorías, en primer lugar debemos partir de la premisa de que las
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contemplan, como principio básico, el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Parece una obviedad, pero no se me ocurre otra forma de empezar esta comparecencia. Por tanto, ni
la Brigada Provincial de Información de Madrid ni ninguna otra unidad del Cuerpo Nacional de Policía dispone de bases de datos con información, con circunstancias personales de abogados sospechosos por razón de las defensas asumidas, entre otras
cosas y como es evidente -y lo he dicho al inicio- porque está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial aprobó en el año 2004 los criterios generales para la práctica de diligencias
por parte de la Policía judicial, donde se establecen los aspectos concernientes a la intervención del abogado en las diligencias y a la redacción de atestados, garantizando especialmente que se evite hacer mención en los mismos a toda referencia o
calificación de los abogados. El respeto a la ideología y creencias es uno de los parámetros que figuran en los principios básicos de actuación que recoge la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece
que siempre se actuará -literal- con absoluta neutralidad política e imparcialidad y en consecuencia sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. Al mismo tiempo, los funcionarios policiales se ven en la obligación de plasmar
todos aquellos elementos susceptibles de ser valorados por los tribunales en las diligencias que instruyan, y en esta línea, en el proyecto de código procesal penal se establecía de un modo continuista la regulación contenida hoy en el vigente
artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las diligencias practicadas por la Policía judicial por su propia iniciativa, se documentarán en un atestado en el que se consignarán, con la mayor exactitud posible, los hechos acaecidos y
cuantas circunstancias hayan percibido que puedan resultar de utilidad a la investigación. Este y no otro es el marco jurídico de la cuestión por la que se interesaba el grupo parlamentario que solicitó mi comparecencia.


Paso a dar cuenta, si me lo permiten, de las peticiones de comparecencia que figuran en el orden del día con los números 16.º, 17.º, 18.º, 19.º y 20.º, relativas todas ellas a la situación de nuestras fronteras y especialmente al caso de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entenderán que por la sensibilidad de la materia y por acumularse varias comparecencias, me extienda un poco más que en la comparecencia anterior. Permítanme que comience este punto reconociendo los
innumerables efectos beneficiosos que la inmigración ordenada tiene en nuestras sociedades modernas, es tan obvio como lo es en la comparecencia anterior citar que el marco de legalidad es el único posible en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En este sentido, quiero destacar que el pasado 6 de octubre se puso en marcha el comité especializado de inmigración, el cual tengo el honor de presidir, que se enmarca en el Consejo de Seguridad Nacional para reforzar, a
nivel político y a nivel estratégico, los esfuerzos del Gobierno y del conjunto de las administraciones públicas en materia de inmigración. Con ello se pretende atender el fenómeno de la inmigración con un enfoque integral, que favorezca, por
tanto, la plena integración de los inmigrantes, de los extranjeros, en la sociedad española. Dentro de este amplio fenómeno me corresponde abordar de manera especial la lucha contra la inmigración irregular y, en consecuencia, contra las
organizaciones criminales. He querido hacer esta brevísima introducción por el hecho de que yo hable contra la lucha contra la inmigración irregular no quiere decir que eso no sea más que una parte del debate sobre los movimientos migratorios.
Entiendo que este fenómeno solo puede abordarse como una cuestión de Estado y así, siempre que he tenido ocasión de trasladarlo a sus señorías en esta Comisión, lo he hecho porque no creo que se pueda entender de otra forma. La respuesta a este
desafío exige, desde luego, conjugar distintas sensibilidades, ponderar adecuadamente la solución que desde el Estado de derecho debe darse a situaciones de enorme complejidad, con una innegable dimensión humanitaria, que debe ser valorada junto con
la irrenunciable responsabilidad de proteger las fronteras y el territorio, dimensión humanitaria sí, pero también no derecho, sino deber de proteger las fronteras en tanto que dimensión consustancial a la propia soberanía.


Es verdad, todos lo sabemos, que millones de seres humanos han puesto y ponen en riesgo su propia vida en busca de un futuro mejor como consecuencia de la pobreza endémica y de distintas circunstancias

Página 21

en buena parte del continente africano. También es verdad que la particular situación geográfica de España y muy especialmente de las ciudades de Ceuta y Melilla, que sufren una intensa presión migratoria, nos obliga a conseguir ese difícil
equilibrio, el equilibrio entre la obligación legal de custodiar nuestras fronteras, en los términos que impone el Código de fronteras Schengen y la Ley orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el deber de respetar todo el acervo de
derechos fundamentales que se ven comprometidos en los flujos migratorios, incluso en aquellos casos en los que se trata de intentos de entrada por vías ilegales. Pues bien, la Ley de Extranjería da respuesta, con rigor jurídico, a situaciones
derivadas de la irregularidad de la entrada o de la irregularidad de la estancia o de la permanencia en España, aplicando procedimientos administrativos como la inadmisión, la devolución o la expulsión, con sus correspondientes garantías. Sin
embargo, en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, en las que por cierto se concentra en tan solo unos kilómetros la mayor desigualdad del mundo, se producen situaciones que necesariamente son previas a la aplicación de la Ley de Extranjería y
a sus principios y procedimientos. A diferencia de otras fronteras, en Ceuta y Melilla se plantea desde hace años la necesidad de evitar entradas ilegales, clandestinas, muchas veces violentas, masivas, que se producen vulnerando los dispositivos
de seguridad del perímetro fronterizo. Creo que no podría esperarse nunca de un Estado de derecho que asistiese impasible a actos que constituyen vulneraciones de nuestra legalidad, en este caso de nuestra legalidad fronteriza, y por extensión
también de la legalidad europea, y que no podría defenderse nunca más allá de los componentes humanitarios del debate que, evidentemente, no solo no los pongo en cuestión sino que me merecen el máximo respeto, que existe un derecho a entrar de
manera irregular en el territorio de un Estado. La actuación, por tanto, que realiza la Guardia Civil, la actuación que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cumplimiento de la ley, al rechazar en la frontera a aquellos que
intentan entrar de forma ilegal, goza de plena cobertura jurídica, pues no es otra cosa que la consecuencia misma del concepto de frontera y de su legalidad intrínseca, que impide que se consolide algo así como un derecho a la entrada irregular. A
veces, esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos violentos, movidos en muchos casos -no tengo duda- por la desesperación, que solo pueden abortarse eficazmente mediante acciones de compulsión física sobre las personas, presididas siempre
por los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Por ello, en estos casos, y siempre dando prevalencia a la protección de la integridad de los inmigrantes frente a la búsqueda de una eficacia inmediata en la evitación del salto,
se produce un tiempo de espera hasta que los inmigrantes hayan descendido del vallado para realizar materialmente el rechazo. Uno de los socios más importantes de España en la lucha contra la inmigración irregular es el Reino de Marruecos, y en
este sentido se mantiene una cooperación estrecha y fluida entre ambos países, tanto a nivel político como a nivel operativo. El ministro del Interior y en ocasiones yo mismo, hemos celebrados las reuniones con nuestros homólogos en territorio
marroquí para abordar diversos aspectos de la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y la inmigración irregular. Consolidar el éxito de las mafias en las entradas irregulares sería tanto como hacerles el juego.


En las solicitudes de comparecencia que se han acumulado pedían ustedes el balance de la inmigración irregular en el año 2013. Pues bien, las cifras de ese balance son esclarecedoras y ponen de manifiesto que el comportamiento migratorio
que sufrimos en nuestras fronteras, a pesar de esos incidentes de avalanchas masivas en Ceuta y Melilla, en los últimos tiempos indican, por una parte, que la inmigración irregular no entiende de ideologías políticas y que por tanto ha de ser
tratada necesariamente como una cuestión de Estado y, por otro lado, que en determinados ámbitos presenta una tendencia descendente, porque si comparamos el año 2006 con el año 2013, se observa una reducción notable, especialmente en lo que tiene
que ver con las llegadas por vía marítima. Podemos destacar que el número de inmigrantes irregulares llegados a las costas españolas en 2013 fue de 3.237, lo que supone un descenso del 15 % con respecto a los que llegaron en 2012. A su vez, en
2012 la reducción fue de un 30 % con respecto al año anterior. Es más, en la serie de años entre 2001 y 2013, el año 2013 es el que registra el menor número de inmigrantes irregulares llegados a las costas canarias, concretamente 196. Les recuerdo
que en el año 2006 llegaron a las costas canarias 31.678 personas y, lo que es peor y no sabemos, cuántos no llegaron y murieron en el camino. El descenso de las cifras registradas se basa en un trabajo en el que creo que es necesario destacar la
labor escrupulosa que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atendiendo al derecho y a la legalidad establecida; las respuestas adecuadas del Ministerio del Interior ante los nuevos retos de las redes que trafican con la
inmigración, a cada nuevo reto una respuesta adaptada e inmediata, y la colaboración consolidada por España con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular.

Página 22

Como les decía, en caso de Ceuta y Melilla destaca ciertamente por su singularidad. En el año 2013 la llegada de inmigrantes irregulares, es cierto, se incrementó en un 48,5 %, en gran medida por haber cerrado el acceso de la inmigración
irregular a las islas Canarias que, como les dije, se había reducido prácticamente en un cien por cien. Además, en lo que va de este año 2014, alrededor de 2.000 inmigrantes han entrado en la Ciudad Autónoma de Melilla mediante saltos a la valla,
el doble de personas que en todo el año 2013, y entre ambas ciudades autónomas se han registrado más de 17.000 intentos de asalto a sus perímetros fronterizos. Por ello, tenemos que seguir trabajando para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado de un marco jurídico que proporcione mayores garantías ante esta situación, que es de extraordinaria presión migratoria y también, si me lo permiten, de extraordinaria complejidad.


Como saben, los cuatro ejes fundamentales en los que se basa la estrategia de lucha del Gobierno contra la inmigración irregular son: la prevención en origen, la cooperación con países terceros de origen y tránsito, la lucha contra las
redes criminales que trafican con seres humanos mediante la adopción de medidas concretas y la mejora de la gestión de las fronteras de los países en tránsito. Señorías, no puedo dejar de mencionar el hecho de que la lucha contra las redes del
crimen organizado y la trata de seres humanos tiene una gran relación con los importantes fenómenos de inmigración irregular en los últimos años. Fíjense en algunos datos: por lo que respecta al caso de la trata e inmigración irregular, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en 2013 a 753 personas relacionadas con la trata de seres humanos y la explotación sexual, un 33 % más que en 2012. Desarticularon 96 grupos criminales vinculados a estas actividades, un 140 %
más, según el primer balance que realiza el Ministerio del Interior en este ámbito. Les doy algunos datos de estos detenidos: en un 60 % hombres, principalmente españoles, nigerianos y rumanos; 345 estaban relacionados con la trata de seres
humanos y 408 con la explotación sexual. Además, en 2013 la Policía y la Guardia Civil identificaron en España a un total de 1.180 víctimas, de las que 264 lo fueron de la trata para explotación sexual, cuyas nacionalidades eran principalmente
rumanas, nigerianas y paraguayas, y 916 víctimas de explotación sexual, fundamentalmente de nacionalidades rumana, china y española. Entre estas víctimas también hay que destacar la identificación de dieciséis menores de edad, doce por trata de
seres humanos y cuatro de explotación sexual. Con todo ello, señorías, doy por contestados los puntos 16.º, 17.º, 18.º, 19.º y 20.º del orden del día.


Para terminar contestaré a los puntos 21.º a 23.º, que tienen que ver con el funcionamiento del sector de la seguridad privada, con los planes del Gobierno respecto a la sustitución de la seguridad pública mediante contratación de seguridad
privada y con los resultados de la evaluación del plan piloto de vigilancia perimetral de las prisiones, llevado a cabo por empresas privadas de seguridad y su extensión al resto de centros penitenciarios. El artículo 142 a) del Real Decreto de 9
de diciembre de 1994 que se cita en la solicitud de comparecencia, aprueba el reglamento de seguridad privada y efectivamente establece que los ministerios de Justicia e Interior den cuenta al Gobierno y a las Cortes Generales del funcionamiento de
la seguridad privada. Pues bien, es al amparo de este precepto que doy cuenta del informe respecto al año 2013. Durante el año 2013 se dieron de alta en el registro de empresas del Ministerio del Interior un total de 91 empresas de seguridad, lo
que supone un significativo ascenso respecto de las altas producidas en 2012. A finales del ejercicio 2012, el número de habilitaciones del personal de seguridad era de 298.182 en sus diferentes clases. A 31 de diciembre de 2013 se había
incrementado en un 5,75 %. Significativo es, sin embargo, el descenso de nuevas habilitaciones en algunas especialidades, por ejemplo la especialidad de guardas particulares del campo, de vigilantes de explosivos, de vigilantes de seguridad y de
escoltas privados, siendo sin embargo los jefes de seguridad y los detectives privados quienes muestran un ascenso en cuanto a las nuevas habilitaciones. Del análisis de la información suministrada por las empresas en sus memorias de actividades,
contrastada con las bases de datos de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, con los datos de las asociaciones de empresas de seguridad, se puede observar un descenso generalizado en todas las actividades. Destaca la
disminución en las actividades de transporte, depósito de fondos, estando aparejada dicha disminución probablemente al cierre de sucursales bancarias o al menor movimiento de efectivo. En el apartado dedicado a auxilios, colaboraciones y entrega de
detenidos, se han contabilizado un total de 57.461 actuaciones; en el apartado de informaciones de interés policial se han recibido 38.986 informaciones con trascendencia operativa y 3.202 llamadas a la sala operativa de coordinación de seguridad
privada, así como 7.961 detenciones en colaboración con la seguridad privada. A este importante volumen de aportaciones que realiza la seguridad privada al conjunto de la seguridad pública, habría que sumar las colaboraciones que diariamente el
sector presta a distintas dependencias y unidades de cuerpos de seguridad, principalmente en materia preventiva, informativa e investigativa.

Página 23

En cuanto a la nueva Ley de Seguridad Privada aprobada por esta Cámara, el verdadero avance que representa la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, respecto a su antecesora, se produce en el terreno legal, pues por primera vez se plasma en una
ley lo que se venía haciendo ahora con el único soporte normativo del vigente reglamento de 1994 de órdenes ministeriales, de resoluciones y en algunos casos de meros acuerdos o de la aplicación de simples criterios interpretativos de funcionarios
de las distintas administraciones competentes. Pues bien, esta ley, aprobada por esta Cámara y por el Senado, lógicamente, tiene por objeto -y leo literalmente el artículo 1- regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o
jurídicas de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por estos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente
regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquellas o estos. Todas estas actividades -es donde yo quería llegar- tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. Por tanto, lo que establece
esta ley es el marco eficaz de coordinación de los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los que son subordinados y complementarios; una ley, por tanto, que pone de manifiesto y consagra esa complementariedad y
esa subordinación respecto de la seguridad pública y que, en consecuencia, no pretende la sustitución de la seguridad pública mediante la contratación de seguridad privada. Lo que aporta ciertamente la ley es mayor seguridad jurídica y una demanda
que, conocen sus señorías perfectamente, tenía el sector en su sentido más amplio de la seguridad privada, de modificar el marco legal del año 1992.


Por último, en lo que se refiere a la evolución del plan piloto de seguridad en las prisiones, les hablo en primer término de lo que se llamó primera fase de ese plan piloto. El 22 de abril de 2013 se formalizó el contrato de apoyo a la
seguridad en centros penitenciarios, cuyo objeto era reforzar la seguridad que prestaban tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía en dichos centros penitenciarios mediante el empleo de vigilantes de seguridad privada. Este contrato se
consideró una experiencia piloto y se implantó en 21 de los 67 centros penitenciarios existentes en España. En total se han cubierto 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas, uno de doce horas, y se han empleado 234 vigilantes. Los vigilantes
contratados prestaron el servicio sin arma, desempeñando únicamente sus cometidos en garitas, puertas de acceso y circuito cerrado de televisión, siempre bajo la responsabilidad y supervisión del cuerpo policial correspondiente. Al tratarse de un
proyecto pionero fue necesario hacer una valoración de su idoneidad, de manera que a la vista de la misma pudiera decidirse la conveniencia o no de formalizar una prórroga del mismo, su extensión a otros centros penitenciarios o la modificación de
determinados aspectos del sistema vigente. Por todo ello, se solicitaron al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil informes sobre esta cuestión. En los diferentes informes emitidos por los jefes de las unidades competentes se consideró
muy positiva la labor realizada por los vigilantes de seguridad, su adaptación al puesto de trabajo, así como la interlocución con los responsables de las empresas y se aconsejó su extensión, en estas mismas condiciones, al resto de las prisiones.
Entramos entonces en la llamada segunda fase. En varias reuniones celebradas en la secretaría de Estado con representantes de las direcciones adjuntas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y, lógicamente, con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, se llegó a las siguientes conclusiones: se dio validez al proyecto y se avaló su extensión a los 67 centros penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, con vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; se acotó el uso de armas solo a los controles de acceso; se mantuvieron los mismos cometidos identificados en la fase piloto, es decir, los que tienen que ver con garitas, puertas de acceso y centros de circuito cerrado de
televisión. El número total de puestos a asumir por la seguridad privada se identificó en 145 de veinticuatro horas y 22 de doce horas, bajo coordinación de Guardia Civil; 36 de veinticuatro horas coordinados por el Cuerpo Nacional de Policía, por
tanto un total de 181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas. Se creó además una comisión para visitar algunos centros penitenciarios y tener una visión más real de los mismos. El día 1 de octubre de 2014, se inició un nuevo contrato por un
importe de 33.387.743 euros, que estará vigente durante un año con posibilidad de prórroga un año más, que incluye a los 67 centros penitenciarios bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Actualmente, hay contratados en torno a 800
vigilantes prestando servicio, por tanto, en los 67 centros penitenciarios, sin que ningún policía ni ningún guardia civil haya dejado de prestar el servicio correspondiente en la vigilancia perimetral del centro penitenciario. Por otro lado, las
tareas específicas a desarrollar, tal y como constaba en la primera fase en el pliego de condiciones, son las que les he mencionado anteriormente: el control en los puntos que se determinen de todas las personas, vehículos y mercancías que accedan
a los centros penitenciarios, es decir, el control de accesos;

Página 24

la operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión instalados en el centro de control, y la vigilancia desde puestos fijos o garitas, con la obligación de comunicar toda incidencia reseñable al centro de control de la
instalación. Tal es la realidad, por tanto, del plan piloto de vigilancia perimetral de las prisiones llevado a cabo por empresas privadas de seguridad, sobre el que solicitaban los grupos parlamentarios mi comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al turno de portavoces de los grupos que han solicitado comparecencias. En primer lugar, tiene la palabra el señor Sixto. Son diez minutos pero seremos razonablemente flexibles en los tiempos. Señor
Sixto, tiene la palabra.


El señor SIXTO IGLESIAS: No me extenderé mucho más allá de los diez minutos porque hay que ir a votar a otra Comisión, así que me obliga el tema de la votación.


Quiero agradecerle en primer lugar al señor secretario de Estado, señor Martínez, su comparecencia y su prolija explicación sobre los nuevos retos de seguridad en relación con la protección de las personas y los bienes en entornos físicos y
virtuales, especialmente en el tema de Internet. Es una cuestión que preocupa a muchos ciudadanos, al margen de otras muchas cuestiones que también les preocupan, pero de toda la prolija serie de cuestiones que nos ha planteado me ha llamado la
atención, cómo no, otra propuesta -me ha parecido entender- de modificación del Código Penal. He tomado buena nota aquí, decía que iban a proponer una modificación del Código Penal en el tema de la pedofilia en Internet. En esta Comisión se ha
creado una subcomisión de redes sociales precisamente para ver todo este tipo de cuestiones. Todavía están pendientes las conclusiones de la Comisión, pero una de las que nos planteaba muchísima gente es que los tipos penales y las cuestiones
legales son prácticamente los mismos al cien por cien en Internet y en la vida diaria. Entonces le extraña precisamente a mi grupo parlamentario esta nueva modificación que usted avanza o que usted adelanta, además de un Código Penal que está en
tramitación en esta Cámara, aunque atascado después de la dimisión del ministro del Interior, perdón, de Justicia, el de Interior todavía no ha dimitido, aunque le hemos pedido la dimisión varias veces.


La segunda cuestión que quería comentar es sobre la comparecencia que mi grupo parlamentario le pidió en su momento sobre la situación de los abogados y la existencia de listas negras y demás, específicamente en esta cuestión. Le dirigimos
una pregunta al Gobierno que tuvo una respuesta, como muchas veces se obtienen del Ministerio del Interior, sin ningún detalle, una respuesta de tipo genérico; la que nos ha dado usted hoy aquí sigue siendo de tipo genérico. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado actúan bajo la legalidad, no hay listas, no hay bases de datos; entonces no es comprensible el caso que nosotros planteábamos en la pregunta, denunciado por la Asociación Libre de Abogados, que para ellos -y nosotros lo
compartimos- suponía un gravísimo ataque ético y profesional, sufrido por un abogado en concreto, Erlantz Ibarrondo Merino, que durante una actuación de asistencia letrada a un detenido ante la brigada provincial de información, al acceder al
atestado policial se encuentra allí con que la brigada de información hace una serie de alegatos sobre su vinculación a la propia víctima, con lo cual además vulnera el derecho a la defensa de la víctima por hacerle sospechoso por el mero hecho de
haber designado a un determinado abogado particular; además establece un consejo a las autoridades judiciales, revela la verdad, la existencia de archivos ilegales estén informatizados o no, o afectos o comunicados o no a la Agencia de Protección
de Datos, y eso es real y existente porque además no es solamente en este caso donde se ha detectado, sino que se ha detectado en otros muchos casos por parte de la brigada de información. Además supone, y así lo denunciaba la Asociación Libre de
Abogados, un gravísimo ataque a la asistencia letrada mediante maniobras de amedrentamiento que no tenían ningún sentido. Estos son hechos que le sucedieron a este abogado, que han ocurrido y que no encuentran ninguna justificación en nuestro
ordenamiento jurídico. Usted, como no puede ser de otra forma, tendrá que cubrir las espaldas de los errores que cometen y de las ilegalidades que se puedan llegar a cometer por parte de las actuaciones en determinados momentos puntuales de alguna
brigada de información, pero estos hechos se han producido, son condenables y ustedes tienen la obligación de corregirlos.


No quiero dejar pasar la ocasión -se ha hablado de inmigración y además nos lo ha pedido Amnistía Internacional- sin que hagamos una referencia a lo que está pasando con la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la famosa enmienda
que el Grupo parlamentario Popular ha impuesto para hacer una excepción en el tema de Ceuta y Melilla, lo que, por otro lado, usted ha reiterado en su intervención: ha trazado la excepcionalidad de Ceuta y Melilla a la hora de la interpretación de
la ley, del rechazo en frontera y demás. Ceuta y melilla no pueden ser una excepción dentro de la aplicación general de la ley

Página 25

por mucho que tengan unas circunstancias geográficas especiales y determinadas. Usted, que es letrado de la casa y tiene muchísima más formación jurídica de la que podamos tener otros, es perfectamente consciente de la tremenda chapuza que
supone esta propuesta de enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular en la línea de lo que usted ha esbozado, en la línea de la excepcionalidad de Ceuta y Melilla a la hora del tratamiento de las fronteras. Todo esto, además, en el marco de
una tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana a la que desde el Ministerio del Interior se le ha puesto el acelerador en plan cohete -esperemos que no sea el cohete como el cohete último de la NASA- y nos han dejado a los grupos parlamentarios
prácticamente sin posibilidad de presentar las enmiendas acelerando el trámite y recortando el plazo. Ahora plantean que esta ley entre en vigor antes incluso de que se terminen de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, con una forma de
actuación y con una falta de cortesía para con el resto de grupos de la Cámara en un tema tan importante como una Ley de Seguridad Ciudadana que toca cuestiones fundamentales reguladas por ley orgánica.


Respecto al tema específico de la inmigración los datos que usted ha dado me han parecido muy interesantes. Si nosotros tenemos tanto problema por los miles de inmigrantes, por los datos que usted ha dado respecto a España y a Ceuta y
Melilla, ¿qué tiene Italia o qué tiene Grecia? Nosotros tenemos un problema pero ellos tienen problemas de cientos de miles y son capaces de gestionarlo, mientras que nosotros tenemos un problema mucho más asequible para el tamaño, la importancia y
el peso de España en la región geográfica que ocupamos en el planeta. En ningún caso compartimos lo que pretende -no sé si es la línea del ministerio o una apreciación suya- de consolidar un derecho de entrada irregular. Bajo ningún concepto y en
ningún caso, de lo que se trata, señor secretario de Estado, es de que se cumpla lo que marca la legislación vigente en la Ley de Extranjería, que se cumplan los convenios internacionales firmados por España y que se otorgue a la persona que está en
España, sea extranjero o nacional, pero en este caso sería extranjero, los derechos que le otorga la legislación vigente. No se trata de consolidar ningún derecho de entrada ilegal, se trata de que en el espacio donde se ejerce la soberanía
nacional porque actúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se aplica la ley española y no hay excepciones a eso y no debe haberlas. Así lo entienden los juristas, así lo entienden los jueces, así lo entendemos mucha gente excepto,
desgraciadamente, el Ministerio del Interior.


Para concluir, el tema de las prisiones. Ha dicho usted que este mes de octubre se ha firmado el último contrato con la seguridad privada para la vigilancia de prisiones, de puertas y monitores, 33 millones de euros, sesenta y siete
centros, y que no ha supuesto el desplazamiento de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Entonces, ¿para qué nos gastamos 33 millones de euros y ponemos vigilancia en sesenta y siete centros penitenciarios? ¿Para
qué? ¿Hacía falta? Si hacía falta, ¿por qué no se contrató en su momento? Y si no hace falta, ¿para qué se les contrata? ¿Para dar un nuevo nicho de negocio a las empresas de seguridad privada que se han visto privadas de esa capacidad de
negocio en otros ámbitos? Pues como muchas otras empresas y muchos otros ámbitos de negocio que han tenido problemas con la crisis actual, pero no por eso de los presupuestos públicos se les destina 33 millones de euros, señor secretario de Estado,
para un cometido que desde luego no hacía ninguna falta y que además no supone más que un incremento del gasto del Ministerio del Interior.


El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno al Grupo Socialista.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, si me permite, como son cuatro bloques diferentes, por una parte la comparecencia solicitada por el secretario de Estado en el tema correspondiente; por otra, la petición de comparecencia de
Izquierda Unida; además nosotros tenemos dos bloques, uno hacía referencia a temas de inmigración y otro al tema de seguridad privada. Por eso vamos a ser tres los portavoces, primero don Ignacio Sánchez Amor, que va a ser el portavoz para la
comparecencia del señor ministro y la solicitada por Izquierda Unida; a continuación don Felipe Sicilia, que tratará todo lo correspondiente al ámbito de la inmigración y acabaré yo con el apartado referido a la seguridad privada.


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, reitero lo dicho. Seremos razonablemente flexibles en los tiempos, pero les ruego que intenten ajustar, en la medida de lo posible.


Señor Sánchez Amor, tiene usted la palabra.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor secretario de Estado y gracias al cielo, porque tenerles a ustedes aquí en esta Comisión es un suceso tan extraordinario que creo que merece la pena que lo reseñemos. ¿Sabe usted, señor secretario de
Estado, cuántas comparecencias tiene pendientes su

Página 26

ministerio ante esta Comisión? ¿Lo sabe? Doscientas cincuenta, doscientas cincuenta comparecencias pedidas, de las cuales hoy nos quitamos diez y podemos darnos por satisfechos porque solo nos queda un trabajo de doscientas cuarenta
peticiones de comparecencia que son los asuntos que esta oposición, sentada aquí y representando a muchos ciudadanos, considera importantes y trascendentes. Aparte de otras que no son de su directa competencia, le diré: sobre actuaciones concretas
en la Policía; sobre cambios en la estructura y funciones de las direcciones generales; sobre datos de criminalidad, por cierto, a ver si unos relativos buenos datos de criminalidad va a ser el único asunto de este país que no es parte de la
herencia recibida; permítanos que en este caso digamos que los relativos buenos datos sobre criminalidad también son parte de esa herencia recibida, no hagamos de esto una excepción en el discurso habitual del Partido Popular. Sobre homofobia;
sobre sanciones por manifestaciones; sobre declaraciones judiciales de altos cargos del PP que se evacuan con entradas en la Audiencia Nacional por puertas diferentes; sobre informes anónimos, al parecer hechos por policías, sobre extrañas
conversaciones de dirigentes de unidades policiales con fiscales en Barcelona; sobre algunas descoordinaciones -lo diré amablemente- entre la Guardia Civil y la Policía; sobre haber contratados a ultraderechistas para trabajar con la Guardia
Civil. Creo que eso ayudaría mucho a que dentro del discurso que se haga con relación a lo que usted llama terrorismo radical, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se vieran mezclados con este tipo de personajes. O, por ejemplo, que no
aparecieran altos cargos del Estado en homenajes, agasajando a alguien que fue a la División Azul; sobre su muy atinada política de condecoraciones, desde el punto de vista político; sobre el Madrid Arena; sobre un operativo muy extraño en la
sede de CiU, que estamos esperando, etc.


¡Oiga!, a lo mejor la oposición no es capaz de plantear aquí nada que sea útil o conveniente o necesario o que consideremos que los ciudadanos necesitan saber, pero creo que todos no podemos estar equivocados. Si aquí hay muchos grupos
representando a muchos ciudadanos que quieren saber este tipo de cosas, una mínima deferencia para con este Parlamento sería que ustedes vinieran a comparecer sobre todo esto. Sin embargo, con lo que nos encontramos es con un discurso
autolaudatorio del ministerio en una materia como ciberseguridad, que no le negaré que tiene su importancia, pero que no va al encuentro precisamente de las preocupaciones expresadas por la oposición sino que va al encuentro de una política muy
meditada del ministerio en cuanto a su presentación ante la opinión pública, en una especie, le diré, mediana eficaz política propagandística. Hay mucha agenda para hablar y los grupos nos merecemos que además de venir a hablar de lo que interesa
al ministerio se venga más a menudo a hablar de lo que interesa a la oposición. Lo que le he oído a usted en relación con ciberseguridad se le ha podido oír en sus conferencias celebradas en León, en Toledo, en Palencia y en Madrid, y se lo han
podido oír al ministro en la Menéndez Pelayo. Es decir, venir aquí solamente, señor secretario de Estado, a hacer una descripción de los riesgos que existen en el ciberespacio, por cierto, con un tono un tanto apocalíptico, está muy bien, pero
sencillamente, ante esos riesgos que usted ha descrito con ese tono, la respuesta del ministerio se ha limitado en su intervención a hacer una larga relación de siglas, porque yo creo que el PP tiene una extraña fijación con esto de los organismos,
hay una especie de especie de espejismo organicista. La señora vicepresidenta del Gobierno dice si quito un órgano, me ahorro todo ese dinero. ¡Oiga!, depende de si las funciones que hace ese órgano las va a hacer otro. Con ustedes sucede lo
mismo, como hay un problema, creo un órgano, y usted nos ha relatado una larga relación de los órganos dedicados a estos temas; por cierto, esperaba que al menos usted nos dijera en esta comparecencia si el nuevo Incibe, me parece que es, que
agrupa a Inteco y no sé si exactamente a CERT, va a ser la autoridad única española en materia de ciberseguridad, como exige la Directiva NIS de la Unión Europea, y me gustaría que también nos dijera si hay una previsión sobre la incorporación de la
directiva al derecho español y si este tipo de movimientos que están haciendo ustedes con la creación de estos órganos va en la dirección de crear realmente una autoridad única en materia de ciberdelincuencia o de ciberseguridad.


Señor secretario de Estado, la multiplicación de siglas no es una señal de eficacia, y la fusión de siglas a los pocos meses de haber sido creados tampoco; lo que necesitamos es saber y tener estadísticas de eficacia de ese tipo de unidades
que se están creando, y esa información no la tenemos. La utilización por parte del ministerio de las redes sociales en algunos casos es inteligente, pero no confundamos nunca la cercanía en el lenguaje del Community Manager de la cuenta de Twitter
de la policía con la necesidad de cercanía de coches de policía en la calle, no vaya a ser que lleguemos a una circunstancia en la que un ciudadano llame a la policía y se le tenga que decir no le puedo mandar un policía, pero le voy a retwittear y
ya verá usted la cantera de seguidores que le van a seguir, o tener un repositorio de vídeos con actuaciones de la Policía sin que podamos ver en ninguno de esos vídeos esos casos que han sido virales

Página 27

en las redes, como las agresiones de Atocha, de las cuales seguimos sin saber, señor secretario de Estado, qué ha sucedido. En una democracia medianamente madura, en la que hay una aparente sobreactuación policial sobre unas personas que
entran y salen pacíficamente de unos trenes, seguimos, muchos meses después, sin saber qué ha sucedido. ¡Oiga!, en ese repositorio de vídeos pongan el vídeo de Atocha y al final una voz en off diciendo: Y esto ha dado lugar a un expediente y a la
sanción del mando fulanito de tal. Porque si no, sencillamente la conclusión a la que llegamos es que su movimiento espástico de creación de siglas y de estar cada quince días hablando de ciberseguridad se reduce a eso y no a una mayor eficacia.


Paso al asunto de los abogados. No se trata solo de lo que ha dicho el señor Sixto, no se trata solo de lo que aparentemente es una forma de dificultar el trabajo de un abogado que debe atender a unos detenidos. Por cierto, una vez que un
ministro de una democracia madura admite que lo lógico y lo normal es que se interrogue a unos manifestantes con un verduguillo y con un pasamontañas, a partir de ahí la sensación de estar uno en el Chile de Pinochet se acerca terriblemente a la
realidad. No solamente se justifica que se interrogue a unos manifestantes con un verduguillo puesto, aunque fuesen, no lo sé, manifestantes violentos y hubiera todos los motivos para detenerlos, sino que además en esas circunstancias se impide a
los abogados el ejercicio de su profesión. Y más -y ahí voy a lo que decía más allá del señor Sixto-, el jefe de la Brigada provincial de Información de Madrid remite al ilustre Colegio de Abogados de Madrid un oficio que se llama Desinformación de
letrados. Es decir, no sé si es la Brigada provincial de información, y no algún alto cargo del ministerio, la que pudiese asumir corporativamente la representación de la institución, pero es un mando policial el que se dirige al ilustre Colegio de
Abogados, con un oficio del Ministerio del Interior que se llama Desinformación de letrados, criticando y poniendo en duda la actuación profesional de estos letrados. Claro, ese alto mando policial o ese mando intermedio policial se encuentra con
una respuesta escrita del Colegio de Abogados en el que no solamente se reclama el derecho de sus colegiados a defender en la forma que consideren a esas personas detenidas sino que se le dice al mando policial que ese escrito resulta impropio,
inadecuado y carente del más mínimo respeto institucional.


Estamos dispuestos a admitir que ustedes entiendan razonable que se interrogue a la gente con un verduguillo -nosotros nunca lo vamos a entender razonable-, pero que además de esa actuación, como mínimo sobreactuada innecesariamente, se
dificulte a los abogados su labor de defensa y luego se les pretenda, no sé si enviando a su colegio, que se les abriera poco menos que un expediente, me parece una actitud muy poco parecida a la del tipo de policía a la que este país debería
tender, una vez superado el problema del terrorismo de ETA. No puede ser una policía sobreprotegida hasta tal extremo en las normas y en la práctica policial, sino que tiene que tender a ser una policía como las de otros países europeos, con un
carácter mucho menos de verduguillo, reitero.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor secretario de Estado, respecto al tema de la inmigración, que es el que yo voy a tratar, los datos que usted ha dado, señor Martínez, demuestran que ustedes han fracasado en lo que son las actuaciones que
están llevando a cabo para controlar la presión migratoria en Ceuta y en Melilla. Ustedes son incapaces de resolver la presión migratoria en estas dos ciudades autónomas, una dura realidad que se ha convertido en un problema que, insisto, los datos
demuestran y usted mismo los ha dado, que no resuelven.


Según el propio Ministerio del Interior, en el año 2011 superaron la valla 63 personas; en 2012 lo hicieron 390; en 2013, 830, y en lo que va de año, señor Martínez, ¿cuántas personas han logrado superar la valla? Según los datos que nos
han facilitado cerca de 1.900. Y hablando de datos, señor Martínez, cuando usted estaba analizando la evolución de la migración, continuamente nos ha estado dando datos de 2013; le agradeceríamos muy mucho que nos diera los datos lo más
actualizados posible; que usted haga referencia al año 2013, créame, creo que usted en la secretaría de Estado tendrá datos al menos del primer semestre de este año y no de 2013, porque desde finales de 2013 han pasado ya más de diez meses.
Imagino que esos datos ustedes los tendrán y por tanto podremos hacer una comparación algo más próxima en el tiempo para ver cómo ha ido esa evolución.


Como les decía, ustedes han fracasado en lo que es la presión migratoria de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y han fracasado porque no están haciendo lo suficiente y porque lo poco que han hecho no ha servido para nada, señor
Martínez. No han hecho lo suficiente, y se lo hemos reiterado en diferentes ocasiones. Le hemos pedido más efectivos en Ceuta y en Melilla y nos han dicho que no, y no

Página 28

solo nos han dicho que no, es que además los están reduciendo. Eso es lo que al menos nos han contestado a algunas preguntas que les hemos hecho. Aquí al menos se han dignado a contestar. Según nos contesta el propio ministerio, a finales
de 2011 en Ceuta había 580 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía; a 31 de enero de este año, 548. De la Guardia Civil, a finales del año 2011, 591; a finales de enero de 2014, 574. No solo es que no hagan caso a lo que les demandamos, que
haya más efectivos, es que encima, según los datos que ustedes nos facilitan, estos se reducen, señor Martínez. Le hemos pedido mejores medios para los efectivos que allí están trabajando, mejores medios tecnológicos para el perímetro fronterizo, y
a todo esto nos han dicho que no; han reducido drásticamente la cooperación y la ayuda con los países de África, de donde provienen muchos de los inmigrantes que vienen a nuestras fronteras y usted sabe bien, señor secretario de Estado, que esta es
una pieza clave para luchar contra la inmigración ilegal y contra las mafias que trafican con personas. Todo esto es lo que han dejado de hacer y le hemos demandado que lo hagan, y lo poco que han hecho es que no ha servido, porque ¿acaso ha
servido la instalación de cuchillas en la valla? Unas cuchillas que ustedes mismos defendían porque iban a tener un efecto disuasorio. Pues bien, no han servido, señor Martínez; los inmigrantes siguen saltando, siguen saltando mucho más, la única
diferencia es que ahora llegan con más heridas que antes. Ante el fracaso de esas concertinas, de esas cuchillas, sería bueno que hoy mismo nos anunciara que dado que esto resulta ineficaz -y los datos que usted ha dado lo demuestran- y que no solo
son ineficaces esas cuchillas sino que son inhumanas, sería bueno que hoy nos anunciara que piensa retirarlas.


No es solo esto. Quienes allí están trabajando y actuando, Guardia Civil y Policía Nacional, están sin protocolos de actuación claros y precisos, señor Martínez. Hace unos días el propio ministerio anunciaba que culminaba uno de esos
protocolos de actuación, protocolos que las propias asociaciones de Guardia Civil y los sindicatos policiales han dicho que están llenos de dudas; de obviedades, porque hacen referencia a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de
dudas. Por eso le quiero preguntar: ¿para elaborar este protocolo han contado ustedes con las asociaciones de guardias civiles y con los sindicatos? ¿Han reunido ustedes al consejo de la Guardia Civil o al consejo de la Policía Nacional para
abordar este protocolo y para pedir sus aportaciones? ¿No cree usted que es oportuno contar con la opinión de quienes están allí trabajando y quienes están haciendo una labor inmensa, porque se encuentran con una situación muy difícil y están dando
respuesta a verdaderos dramas?


Como le decía, señor secretario de Estado, más allá de este protocolo, además nos encontramos con que el mismo día en que anunciaban el protocolo presentaban de tapadillo y a hurtadillas una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana con la
que pretendían reformar la Ley de Extranjería. Y lo hacen, según dicen, para dar cobertura legal a lo que se ha venido en llamar devoluciones en caliente o, como dice el ministro, rechazo en frontera. Señor Martínez, si quieren cambiar la Ley de
Extranjería, háganlo de frente, con claridad y transparencia y contando lo que realmente pretenden; convoquen a las fuerzas políticas y sociales, a las organizaciones que trabajan con los migrantes; a los representantes de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional, a jueces, a fiscales; convoquen a todos aquellos que están involucrados en el fenómeno de la inmigración porque esto, como usted bien decía, es una cuestión de Estado que nos afecta a todos y que afecta mucho más allá de nuestras
fronteras. No modifiquen la Ley de Extranjería a hurtadillas, por la puerta de atrás, con una enmienda que imposibilita el debate político y social, porque lo hacen negando ese debate y esa posibilidad de acuerdo y porque además, si lo hacen así,
no tendrán ustedes legitimidad alguna para luego, cuando haya algún problema, pedir altura de miras y pedir que tratemos esta cuestión con responsabilidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, por favor.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino de inmediato.


Señor secretario de Estado, esta enmienda no da mayor seguridad jurídica a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ellos mismos los han denunciado; ustedes van a dar cobertura legal a algo que supuestamente era legal. Por tanto, ¿qué
necesidad hay de cambiarlo? En palabras de las propias asociaciones de la Guardia Civil, ustedes con esto han dejado a la Guardia Civil a los pies de los caballos. Replantéense estas cuestiones, porque afectan a la seguridad jurídica de quienes
allí actúan y a los derechos humanos de los inmigrantes.


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, para concluir el turno del Grupo Socialista.

Página 29

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor secretario de Estado, gracias por su información sobre el apartado al que me voy a referir, que es el de la seguridad. Además de eso tenemos que dar una felicitación muy efusiva, hay que felicitar efusivamente
a todos los vigilantes del primer plan piloto porque, como usted nos ha dicho, han sido evaluados y ha salido que tienen una gran idoneidad. La consiguieron con cursos de diez horas; por tanto, tenían que tener una gran capacidad para que
solamente con diez horas alcanzaran esa gran idoneidad, de la cual me alegro.


Lo fundamental aquí -agradeciéndole la perspectiva que nos dio la visión de la seguridad, el resumen del año 2013, espero que también nos llegue el de 2014 en su momento sin necesidad de solicitárselo- es cuál es el estado de la cuestión en
lo que se refiere a la relación del ministerio con el sector de la seguridad después de estos cinco meses de nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Estamos preocupados, porque tres son las características que determinan esa relación. Primero con las
empresas, con las que ha habido una ampliación desmedida de negocio. Ese era el objetivo que se quería conseguir con la Ley de Seguridad Privada y se consiguió, se rompió el concepto de la seguridad ciudadana como servicio público. No era una ley
que nadie demandara, no había ningún ciudadano que se preocupara por que hubiera un problema de seguridad y hubiera que afrontarlo con un nuevo modelo, para nada. Si había que afrontarlo, aumentaban considerablemente las oportunidades de negocio de
las empresas, y eso posibilitó que empezaran a prestar servicios encomendados hasta ahora a la seguridad pública, como los recintos exteriores de prisiones, o que puedan entrar en cualquier calle o espacio público que se delimite, en los que los
vigilantes de la seguridad privada podrían retenernos, identificarnos o cachearnos, así como en los propios CIE. Y eso nos tiene preocupados.


La segunda cuestión es que respecto a las empresas, el ministerio, a nuestro juicio, está reflejando laxitud en el control y decisiones difíciles de justificar. ¿Por qué le hablo de laxitud en el control? La empresa Seguriber, de doña
Mónica Oriol, muy conocida por sus recetas económicas para este país, tiene en este momento con la Administración General del Estado -y si estoy confundido le pediré disculpas y me corrige- 1.452 contratos. Era la empresa que tenía la seguridad en
el Madrid Arena cuando la tragedia de hace un año. El deber de inspección y de control del ministerio, independientemente de los ámbitos judiciales, era haber establecido el proceso de información para después señalar las medidas administrativas
correspondientes. No me diga que hay un proceso judicial en marcha, lo sabemos, es más, ese proceso lo que nos indica es que hubo graves irregularidades por parte de la empresa de seguridad de doña Mónica Oriol aquella noche en el Madrid Arena.
Usted sabe perfectamente que puede abrir los expedientes administrativos correspondientes, que se paralizan mientras que los ámbitos judiciales determinan, y que a continuación prosiguen su camino. Que conozcamos, y espero estar equivocado, no
existe ningún procedimiento en ese sentido. Sabe usted que corresponde al propio ministerio ordenar la incoación de los procedimientos sancionadores y adoptar, si procede, las medidas cautelares que determina el artículo 35 de la Ley de Seguridad
Privada. Espero que nos indique qué se hizo a ese respecto, qué se está haciendo con esta empresa.


Hay también decisiones difíciles de entender y ahí sí me gustaría que me lo pudiera clarificar porque no solamente somos nosotros. Voy a ponerle otro caso. La empresa Seguridad Integral Canaria, que tiene 762 contratos con la
Administración General del Estado -vuelvo a pedirle que si estoy equivocado me corrija-, de ellos, alguno importante, de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional y de más de 30 millones de euros, muy recientes, con el Ministerio de Defensa.
Pues bien, si no estamos equivocados, hubo una denuncia presentada en la Audiencia Nacional, que fue admitida, finalizando con una querella por delitos del Código Penal contra la Tesorería de la Seguridad Social y la Hacienda pública, ante los
juzgados de instrucción de Las Palmas, el cual estima que el fraude correspondiente a los años 2008 y 2009 por la cuestión tributaria sería de 2,3 millones de euros. Si el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prohíbe contratar con el sector público a quien no esté al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y que la propia Ley de Seguridad Privada dice que para la contratación de
servicios de seguridad privados en los sectores estratégicos definidos en la legislación de protección de infraestructuras críticas, las empresas de seguridad privada deben contar, con carácter previo a su prestación, con una certificación que
acredite el cumplimiento de la normativa administrativa laboral, así como estar al corriente de la Seguridad Social y una certificación tributaria. ¿Cómo puede tener esos contratos?


Acabo esta primera intervención con el ámbito de los trabajadores, la relación con los trabajadores. Mire, las empresas de seguridad privada con colaboración con el ministerio están teniendo contra los trabajadores del colectivo que tuvo
mayor riesgo en este país, el de los escoltas de los cargos públicos

Página 30

amenazados por ETA en Euskadi, un incumplimiento que raya en la crueldad por ser una clamorosa injusticia lo que se les está haciendo a este respecto. No podemos presumir de ser un país bien nacido cuando no se es agradecido. Les explico
el tema. De los 3.000-3.500 -me corrige si no está bien la cifra- guardaespaldas que había en Euskadi en el momento en que se produce el alto el fuego, se plantea que van a quedar la inmensa mayoría en el desempleo, y las empresas empiezan a hablar
con el Gobierno para que se busquen nuevos nichos de negocio, nuevos nichos de actividad donde puedan ser recolocados. Ese es el origen primero de que los recintos exteriores de las prisiones se privaticen y después de que se tramite una Ley de
Seguridad Privada. Efectivamente, una parte importante del plan piloto y de quienes entran en esos recintos exteriores, no todos, habían sido guardaespaldas, habían sido quienes habían protegido a cargos públicos arriesgando su vida por ello. Pues
bien, cuando se generaliza el proceso, es una ínfima minoría, la inmensa mayoría de ellos está en el desempleo. ¿Por qué? Porque se están contratando personas con menos cualificación y más barato. Por tanto, ¿a quién se dio el negocio? A las
empresas. ¿Con qué se justificó para hacerlo? Con los trabajadores, hombres y mujeres que habían arriesgado su vida. Por eso me permito decirle que es una crueldad que raya en injusticia. En ese sentido podemos señalar todas las conversaciones
que hubo; el ministerio tiene elementos suficientes para que las empresas, que lo único que hacen es acceder a un negocio mediante una adjudicación por parte del Gobierno, tengan en cuenta este acuerdo. Es más, fíjese bien, recientemente, a final
de hoy mismo, de estos días, se ha despedido a siete escoltas del País Vasco destinados en Villahierro, en León. En unas partes no los contratan y en otras los despiden para contratar a personas que tienen mucho menos coste para las empresas. Por
eso pido al Ministerio del Interior que ejerza con rigor y transparencia sus funciones de inspección y control de las empresas de seguridad, que no incentive más ampliaciones de la seguridad privada ni de sus nichos de negocio mientras no pueda
hacer de forma efectiva ese control y que resuelva con premura y diligencia el problema de los guardaespaldas de cargos públicos amenazados por ETA en Euskadi, exigiendo el cumplimiento del acuerdo no escrito de que tengan prioridad en las plazas de
seguridad exterior de las prisiones españolas.


Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión.


El señor PRESIDENTE: Empezamos el turno de portavoces de grupos que no han solicitado las comparecencias; son cinco minutos. Seremos también razonablemente flexibles, pero les sugiero que sean breves en sus intervenciones. En primer
lugar tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor Martínez, muchas gracias por esta comparecencia. Me voy a centrar exclusivamente en un asunto que verdaderamente necesita muchas explicaciones, como es el asunto de la extranjería en la frontera sur de
Europa.


Si bien este drama humanitario supone un reto tanto para los Estados miembros de la Unión como para la Unión Europea en sí, creemos desde Amaiur que el Gobierno se está equivocando y actúa erróneamente en este tema. La problemática, a
nuestro entender, estriba en varios hechos. Por un lado, si bien es cierto que ustedes cumplen con su deber y su derecho a proteger sus fronteras, no lo es que estén equilibrando ese derecho con el respeto a la legalidad, como el derecho a acogerse
a asilo, o el respeto a los derechos humanos. Eso se les olvida en demasiadas ocasiones. Su Gobierno está poniendo el acento en las entradas por Ceuta y Melilla cuando lo cierto es que según datos que me facilitó el ministerio, el mismo año pasado
2013 solamente el 12 % de las personas que entraron de manera irregular en el Estado lo hicieron por estas dos ciudades autónomas, y de todas ellas solamente alrededor de 850 lo hicieron saltando la valla. Esto es, enfocan la problemática donde no
está la problemática de la inmigración irregular, y tienen que explicar por qué. Esos anuncios que dicen de invasiones, de asaltos, de saltos son fruto de alerta xenófoba y están provocando la alarma cuando no es un asunto tanto de seguridad como
humanitario. Le voy a decir que este verano mismo acudí al monte Gurugú y estuve en el campamento de los refugiados malienses. Ellos me decían que si intentaban saltar la valla era precisamente porque no tenían dinero con que pagar a esas mafias
que usted mencionaba para entrar en patera o para entrar camuflados en coche. ¿Y sabe usted quién está detrás de esas mafias que sí existen? ¿Cómo es posible entrar en una patera en el Estado desde Nador? Pues la próxima vez que se reúna con sus
homólogos marroquíes pregúnteles, porque está en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos precisamente. Continuando con este asunto de la criminalización, otro dato cierto que han apuntado varias ONG es que la inmensa mayoría de las personas
que intentan acceder a las ciudades de Ceuta y Melilla son precisamente aquellas que proceden de países en conflicto, que sufren persecución y por ello son potenciales solicitantes de asilo. Por eso le recomendaría que se centre más en el asunto
humanitario

Página 31

que en el de seguridad. Y sobre los hechos de este verano, yo me retrotraería no a los hechos de este verano sino a los hechos de este invierno en la playa de Tarajal, en Ceuta, donde fallecieron más de quince personas bajo una lluvia de
pelotas de goma, y le querría preguntar por qué aún no nos han facilitado no solo a esta Cámara las imágenes que le solicitamos de ciertas que no se hicieron públicas en la web del ministerio sino que tampoco las han facilitado al juzgado que las
está pidiendo. No obstante, este hecho no es único sino que otras imágenes que hemos solicitado sobre saltos del 13 de agosto o del mes de junio tampoco las quieren facilitar. Y cuando se acercan periodistas u las ONG a la valla en el momento de
producirse un salto, ustedes, habitualmente, multan a esos periodistas por acercarse a una zona de seguridad; sí, sí, ha habido varias multas-. Esto responde a ese concepto amplio de zona de seguridad que también aplican dentro de esa ficción
jurídica en el llamado rechazo en frontera o expulsiones en caliente, bajo el argumento de que la frontera es un chicle y que empieza, como dijo el señor ministro en esta misma Comisión, a la espalda del agente policial. Esto no es más que un
sinsentido, que va en contra de la seguridad jurídica que establecen los tratados internacionales firmados entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para establecer cuáles son los puntos fijos de frontera.


El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, le recuerdo que tiene usted que repartir el turno con el otro miembro del Grupo Mixto. Por favor, vaya usted terminando.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Si tenemos oportunidad seguiré más adelante, pero quería preguntarle, señor Martínez, cuál es la valoración que realiza sobre las llamadas de atención en la Unión Europea, tanto del Consejo de Europa como de la
Acnur, sobre las expulsiones en caliente y sobre los hechos violentos que se han producido en los pasados meses en la frontera y también por qué no solicitan una intervención de Frontex o por qué no quieren testigos cuando se está produciendo eso
que para ustedes es completamente legal, como son las expulsiones en caliente o las compulsiones físicas en frontera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Telegráficamente quisiera hacer dos reflexiones. Una, si me lo permite, una acotación en torno a las ocho preguntas -ya sé que no es el objeto de esta comparecencia- que hizo el diputado don Odón Elorza sobre
el centro de la memoria, que se hace una única acotación, sencilla, y, en nombre de mi partido, quiero dar la bienvenida a este centro, porque ETA ha sido el mayor agente corruptor de España en estos cincuenta años, agente corrupto y agente
corruptor. Nada hay en nuestro país más negro que su historia y sus consecuencias, junto a los silencios, la indiferencia, las complicidades, sus asesinatos, sus chantajes y su actividad mafiosa. Por tanto bienvenido ese centro, que debe servir
para no olvidar cómo, a través de la violencia unos mafiosos intentaron quebrar la voluntad política de un país, condicionar la vida y la libertad de todos los españolas, lo cual no debe en ningún caso terminar con honor.


En relación a su comparecencia, que tiene muchos objetos, la inmigración clandestina, la inmigración ilegal, irregular, la seguridad de nuestras fronteras, la trata de seres humanos; ha hablado usted de la ciberseguridad, la
ciberdelincuencia, el fanatismo violento, los radicales, incluso abuso de menores, quisiera pedirle una cosa exclusivamente, a usted y a la oposición, y es que mantengan el mismo discurso y la misma responsabilidad que asumen, que practican y que
piden cuando gobiernan. Parece fácil pero no lo es. Quiero pedirle que busque esa colaboración con el PSOE, que tuvo las mismas responsabilidades y que tuvo que afrontar prácticamente los mismos problemas, los mismos episodios con las mismas
debilidades y las mismas presiones. Y le pido también al PSOE un esfuerzo de responsabilidad y de altura de miras, porque nos enfrentamos a problemas y a cuestiones graves que son, desde nuestro punto de vista, de Estado y todos debemos tratar como
tales. Es lo que nosotros deseamos, pedimos y defendemos.


El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno, por el Grupo Parlamentario Vasco, al señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor Martínez, por su ilustrativa comparecencia.


Señor presidente, yo no tengo la absoluta convicción de que se cohoneste con el decoro parlamentario una intervención de cinco minutos en relación a la dimensión conceptual de las materias expuestas por el secretario de Estado. Estamos
hablando de la problemática relativa a los entornos físicos y virtuales, con toda su dimensión y complejidad, un fenómeno criminal emergente y transnacional; informes sobre determinadas actuaciones irregulares en relación con la actuación de
algunos abogados en el ejercicio del derecho a la defensa, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva; el problema de la inmigración

Página 32

en Ceuta y Melilla en su dimensión más amplia y en su dimensión más concreta, lo que todos queríamos oír y no hemos oído de su boca, señor Martínez, cuál es el sentido o la dimensión conceptual de esta enmienda que pretende legalizar las
llamadas devoluciones en caliente, y ya, por último, la actuación de los agentes de seguridad privada desde la perspectiva conceptual tan amplia y tan transversal que ha sido planteada. Quizá es que yo no correspondo con ese mito antropológico que
se atribuye a los vascos de ser personas parcas en palabras, y algunos más optimistas dicen que largos en hechos; más bien tengo una cierta propensión a la exuberancia verbal, pero vamos a ver si podemos hacer algo que se corresponda con el decoro
parlamentario en esta comparecencia del señor Martínez, interesante por otra parte, y discutible, tan discutible como interesante y tan refutable como razonable en muchos de sus planteamientos. Y ya qué no decirle, en relación al decoro
parlamentario en esta Cámara y en relación ya al procedimiento legislativo, sobre la eventualidad de que se concierte o se celebre la ponencia sobre la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana al finalizar esta Comisión. Me voy a
ahorrar cualquier comentario sobre esta cuestión, señor presidente. El otro día asistí a una ponencia que duró dos minutos, nos dio tiempo a sentarnos y a despedirnos, tras conocer que no había criterio por parte del grupo mayoritario de la Cámara
en relación a la enmienda de ninguno de los diputados allí presentes. Yo he conocido Comisiones que duraban tres meses, por ejemplo, en el proyecto de Ley del Mercado de Valores, que tuve el honor de asistir con personas tan ilustres como don
Rodrigo Rato (rumores), el profesor Lavalle y otros personajes notables, por lo menos en sus circunstancias coyunturales, en sus circunstancias históricas. Esto es lo que hay; yo no sé por qué se hacen las cosas así, pero quiero hacer una
invocación al deterioro, a la degradación en esta legislatura del decoro parlamentario y la degradación del procedimiento legislativo que es la función fundamental que debemos ejercer eficientemente todos los aquí presentes.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le he dicho que íbamos a dar un turno flexible, razonable para hablar de los temas objeto de la comparecencia. Lo hemos tratado en Mesa y portavoces. Está usted tocando temas que no son objeto de la
comparecencia y creo que incluso se está anticipando a cuestiones que todavía no están ni planteadas. Solamente le recuerdo que a continuación está convocada la ponencia para su constitución exclusivamente no para otras cuestiones que usted ya está
dando por hecho. Le ruego, por favor, que nos centremos en el objeto de las comparecencias. Si usted necesita flexibilidad en el tiempo se la vamos a otorgar y con las habilidades que usted tiene para concentrar con precisión y claridad los temas,
haga la intervención que todos deseamos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, presidente. Le agradezco la reconvención y le agradeceré que el tiempo usado en la reconvención se me descuente del tiempo disponible para intervenir, y sobre todo que se me aplique también el criterio
basado en la escuela de Bari y el uso alternativo del derecho que se ha aplicado al Grupo Socialista, que una intervención de diez minutos se ha triplicado y se ha convertido en una de treinta. Pero bueno, no aspiro a tanto, me conformaría con la
tercera parte.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no sigamos por ese camino. El Grupo Socialista ha pedido ocho comparecencias y este es un acuerdo que hemos adoptado en la reunión de Meda y portavoces, por tanto, por favor, no abramos un debate que
ya tuvimos y cerramos en su momento. Por favor, inicie su intervención.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Entrando en materia, señor Martínez, en cuanto a los entornos físicos y virtuales, comparto su preocupación. Usted sabe que algunas personas en esta Cámara tenemos más que una aproximación empírica, un
conocimiento empírico respecto a esta fenomenología más bien de carácter experimental, sabe perfectamente a lo que me refiero. Efectivamente es una patología, un fenómeno de política criminal muy difícil de ahormar jurídicamente y sobre todo se
incrementa esta dificultad cuando en este momento, como ha sido indicado por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no sabemos qué va a ocurrir con el debate del proyecto de ley de reforma del Código Penal presentado en esta
Cámara en relación al cual el nuevo ministro de Justicia fue particularmente enigmático en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia cuando comentó que se tramitará en relación a ese Código Penal aquello que sea susceptible de consenso
entre los grupos parlamentarios. Como todavía no se ha iniciado una negociación sobre lo que es susceptible de consenso entre los grupos parlamentarios no sabemos qué partes del Código Penal van a ser susceptibles de ser tramitadas en una reforma
del Código Penal que necesariamente va a ser parcial, no va a ser una reforma cuasi global o cuasi general como era la originalmente presentada por el ministro Ruiz-Gallardón. En todo casos sí nos

Página 33

gustaría que se intente una aproximación a esta fenomenología delictiva de nuevo cuño y de gran peligrosidad por su capacidad de multiplicación mediante el uso de las redes y sobre todo por la afectación a colectivos de la sociedad
particularmente vulnerables, como los menores; usted ha llegado a decir que incluso los menores de diez años. Es una patología que nos debe preocupar y que nos la debemos tomar muy en serio desde esa perspectiva.


No sabemos tampoco qué va a pasar con el Código Procesal Penal, también fue particularmente enigmático el ministro de Justicia respecto a su futuro. Realmente no sabemos qué normas van a ser objeto de impulso por parte del Ministerio de
Justicia, del nuevo ministro de Justicia. Se tomó todo lo recepcionado del anterior ministro a beneficio de inventario. Veremos a ver, sobre estas cuestiones que no pueden ser objeto de regulación en la ley de protección de la seguridad ciudadana
sino que requieren una regulación normativa en una ley orgánica como el Código Penal, cuáles pueden ser objeto de regulación adecuada. En todo caso, ya que ha citado usted el carácter transnacional de esta fenomenología criminal y la necesidad de
compartir información con organismos transnacionales como Eurojust y Europol, vuelvo a reivindicar lo que le reivindico sistemáticamente en todas sus comparecencias, que en este Estado hay tres policías integrales, con competencias íntegras en
materia de seguridad ciudadana; solo las estatales poseen acceso en sus propios términos y total, íntegro, a la información que proporcione Europol y Eurojust. Hay otras dos policías integrales en Cataluña y en Euskadi que no tienen acceso o
tienen un acceso parcial o un acceso filtrado por parte del ministerio que en este momento usted aquí representa. Por tanto, le vuelvo a invocar la incorporación a los flujos de información de estas dos organizaciones transnacionales, judiciales y
policiales, de todas las policías integrales con competencia en materia de seguridad ciudadana.


En segundo lugar ha habido una serie de reflexiones respecto a la perturbación del derecho a la defensa. El derecho a la defensa forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental proclamado
por la Constitución, como lo es el derecho a la justicia gratuita, y esas perturbaciones cuando usted de alguna manera, no digo que las legitime, aunque sonaba a legitimación lo que usted ha dicho por la necesidad de práctica de diligencias
necesarias para la investigación por parte de la Policía, uno se preocupa inevitablemente, señor Martínez, sobre todo con la ley de protección de seguridad ciudadana todavía nonata. Estamos hablando de un problema de lege ferenda pero un problema
que se producirá si vamos a correr tanto en la tramitación de la ley de protección de la seguridad ciudadana en tanto en cuanto la ley de protección de la seguridad ciudadana, tal como hoy está concebida, permite actuaciones casi discrecionales de
las fuerzas policiales mediante los mecanismos de las habilitaciones específicas, mediante el mecanismo de las habilitaciones generales, mediante la apreciación discrecional por los funcionarios policiales de la concurrencia de estados de necesidad
que obligan a una actuación policial, también contra abogados en el ejercicio del derecho a la defensa, parte esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, y mediante una mera apreciación discrecional de la pertinencia de la
actuación policial, apreciada también por los funcionarios policiales de forma discrecional. Sabe que tenemos presentadas enmiendas sobre esta amplia discrecionalidad que vulnera el principio de legalidad penal, vulnera el principio de legalidad
punitivo, principio de legalidad penal que se aplica tanto al derecho penal como al derecho punitivo administrativo, y el principio de tipificación. Desde esa perspectiva nos preocupa lo que se está comentando en relación a la actuación de estos
abogados y la perturbación de algo que forma parte del contenido esencial de un derecho fundamental como es el derecho a la defensa y como es el derecho, por tanto, a la tutela judicial efectiva.


Nos hemos quedado con las ganas de escuchar qué va a pasar con la pretendida legalización -y ya voy a ser muy claro hablando- de las devoluciones en caliente. No sé si la enmienda que ustedes van a presentar pretende vulnerar nada menos que
los artículos 58, 59 bis -me estoy refiriendo a la Ley de Extranjería, una ley del partido político que usted representa, del grupo parlamentario que usted representa, del Gobierno que usted representa, del año 2000, que tiene su última formulación
normativa en el año 2013 como sabe-, el artículo 80, el artículo 60, el artículo 61, el artículo 62, el artículo 62 bis, el artículo 62 quáter y el artículo 62 quinquies. Todos ellos son prohibiciones específicas, expresas e inequívocas de las
devoluciones en caliente o de la misma conducta tipificada mediante eufemismos jurídicos que vulneran también el principio de tipificación y el principio de legalidad. Ustedes llámenlo como quieran, llámenlo devoluciones en caliente o traslados en
frontera; la conducta reprochable es la misma y esa conducta reprochable está prohibida, está vetada, constituye una contradicción expresa de la Ley orgánica de Extranjería, pero también del Código Penal, es un ilícito penal, es un delito de
deportación ilegal. Léase, no necesito decirle que los lea porque usted los conoce, los artículos 89 a 108 del Código Penal y la

Página 34

regulación de lo que ocurre a través de la expulsión del territorio español, y estamos hablando de personas que han penetrado ya en el territorio español aunque sea una zona del territorio absolutamente colindante con la valla, lo que
establece sobre esta deportación ilegal el Código Penal en los artículos 89 a 108. Y no se puede entronizar un delito y menos se puede entronizar un delito en una ley que ya viene cargada de sospechas, de contradicción del sistema de derechos
fundamentales y libertades públicas, como es la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Le pediría honestamente -acabo ya, señor presidente- que se lo piense. Esta es una materia absolutamente delicada y no nos impute a los miembros
de la oposición que lo que queremos es entronizar una especie de penetración irregular en el Estado español. ¿Pero qué penetración irregular? Llámele penetración épica si acaso; es que hay que saltar una primera valla, hay que saltar la sirga,
hay que saltar una segunda valla, hay que eludir a la gendarmería marroquí, hay que eludir a la Guardia Civil. Y ahora hay una tercera valla que se está promoviendo con fondos comunitarios en zona marroquí con concertinas, absolutamente configurada
sobre la base de concertinas y de cuchillas cortantes. Reprochar ese tipo de conductas no es entronizar o no es convalidar la posibilidad de penetrar irregularmente en el territorio español, es sencillamente cumplir con requerimientos de humanidad
básicos, con elementos de justicia material básicos, con pactos internacionales suscritos por el Estado español, con el Código Penal y con la Ley de Extranjería.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al turno del Grupo Parlamentario UPyD. Señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy a comenzar hablando sobre el tema de las llamadas devoluciones en caliente y simplemente me gustaría hacer dos apuntes muy rápidos porque creo que es obvio que hablamos de parches, hoy aquí estamos
hablando de parches y el problema incluso le queda grande a España. Este es un problema europeo, es un problema mundial y no solamente estoy hablando del tema obvio de que somos lugar de entrada para la Unión Europea y en otras ocasiones en esta
Comisión hemos pedido que exista una mayor cooperación con la Unión Europea para que nos ayuden a resolver este problema, cooperación que a veces hemos entendido que el Partido Popular no pedía de la manera que nosotros hubiésemos querido. Es obvio
que ni poniendo concertinas se va a solucionar el problema, de hecho sigue entrando más gente; es obvio que nosotros estamos en contra de esa barbaridad, pero también es obvio que mientras no hagamos nada a nivel mundial, a nivel europeo y también,
humildemente, a nivel español para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en el continente africano, no ya las concertinas es que ni siquiera un foso con cocodrilos impediría conseguir lo que esta gente quiere, que es vivir una vida
digna.


Me referiré ahora a las dudas que tengo sobre la legalidad de la enmienda que ustedes proponen, pero también quisiera hacer un aparte en cuanto a las responsabilidades, porque me parece que estamos dejando en un limbo, y en un limbo
peligroso además, a nuestros funcionarios, a la Guardia Civil. Me parece que es importante que exista un protocolo más claro de actuaciones. A veces uno tiene la sensación de que interesa que exista un limbo, una zona gris donde unos puedan echar
las responsabilidades a otros y creemos que debemos trabajar seriamente para que nuestros funcionarios tengan esa seguridad jurídica y nos ocupemos, por lo tanto, de ellos.


En cuanto a lo que significa para nosotros esta barbaridad de la devolución en caliente, simplemente recordar que es contraria a la Constitución porque atenta al derecho a la libertad, al derecho de defensa y al derecho constitucional a ser
atendido, y que además es contrario a los tratados internacionales suscritos por España, brevemente, el de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1970 o el Tratado de Readmisión de 1992. Sobre estas lagunas legales me
gustaría pedirle a usted la opinión sobre la opinión a su vez de varios expertos que a mí me parecen bastante atinados.


Respecto a la frontera, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat afirma categóricamente que las vallas de Ceuta y Melilla están colocadas en suelo español. No se puede cambiar arbitrariamente
la frontera, luego esto nos enmarca el problema, como bien decía el señor Olabarría anteriormente, de una manera distinta a como yo tengo la sensación de que ustedes nos lo proponen. Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la
misma universidad, dice que esta enmienda va a resultar sumamente satisfactoria para las pretensiones territoriales de Marruecos porque solo arroja dudas sobre los límites territoriales de Ceuta y Melilla con el país vecino. Cristina Manzanedo,
abogada la ONG jesuita Pueblos Unidos, se pregunta: si dicen que estos inmigrantes no han entrado en suelo español, ¿cómo pueden legislar sobre un territorio que no es el suyo? Me parece una pregunta interesante también.

Página 35

Derecho a audiencia. Los guardias que devuelven por la fuerza inmigrantes a Marruecos realizan un acto administrativo. En él, como mínimo, es necesario que se respete este derecho, el derecho a audiencia, es decir, que el afectado pueda
alegar lo que a su derecho interese. Entendemos que no puede ser constitucional porque se atenta con el derecho a audiencia, que es la garantía de otros derechos, como el derecho de asilo, derecho de asilo y doctrina internacional. De nuevo
Enrique Gimbernat, que afirma que para hacer este cambio habría que derogar la Ley de Asilo española y denunciar varios convenios internacionales. Entra en conflicto, como ya he dicho anteriormente, con la Convención de Ginebra y también con el
Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no da opción a comprobar si esos inmigrantes son o no refugiados. De nuevo Martínez Escamilla habla del procedimiento, señala que la modificación de una ley orgánica como es la Ley de Extranjería requiere
un procedimiento que exige que este cambio sea sometido a los dictámenes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado al introducir ex novo esta enmienda un texto que ya está en el Congreso y
pareciendo así querer burlar los requisitos procedimentales.


Por último, un término dudoso. Interior habla de rechazo en frontera, que es un término que ellos dicen que es de nueva creación, que no tiene valor jurídico según estos juristas. Está la devolución, la expulsión y la denegación de
entrada, pero, repito, no el rechazo.


Me gustaría hacerle una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las órdenes y los protocolos concretos de actuación ordenados por el Ministerio del Interior a la Dirección General de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía
respecto al modo de actuación por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera de Melilla? En segundo lugar, ¿qué punto exacto es considerado por el Gobierno como territorio español? En tercer lugar, ¿cómo
justifica que la devolución de inmigrantes irregulares de manera casi inmediata cumple el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados
ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992, y más concretamente su artículo 2, que establece un procedimiento administrativo que conlleva la recolección de datos, cosa que aquí no se puede conseguir del inmigrante irregular? ¿Ha
investigado el Gobierno el suceso en el que se devuelve a un inmigrante supuestamente en estado de semiinconsciencia al territorio marroquí por agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Qué resultados ha obtenido? En caso
contrario, ¿piensa estudiarlo? ¿Se han utilizado pelotas de gomas en posición de altitud, disparados desde la garita de seguridad? ¿Quién ha efectuado esas órdenes? ¿Cuánto dinero ha costado la instalación de los sistemas de pulverización de
pimienta en algunos tramos de la valla? ¿Cuántas veces se han usado? ¿Es consciente el Gobierno de la inseguridad jurídica en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de custodiar las vallas fronterizas
desempeñan su labor diaria? ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar esa situación? ¿Cómo justifica el Gobierno -me queda muy poco, señor presidente- que el grupo parlamentario que lo apoya introduzca una enmienda al proyecto de ley
orgánica de seguridad ciudadana para legalizar este tipo de devoluciones si según el Gobierno ya son legales? No entendemos muy bien esta contradicción. ¿Está trabajando el Gobierno, junto con el Ejecutivo marroquí, para actualizar y mejorar el
acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, tránsito y readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992? Y en caso contrario, ¿considera el Gobierno que
la actual redacción es suficiente para garantizar una adecuada cobertura legal a todas las situaciones que se dan en las vallas fronterizas?


Abusando un poquito de la paciencia del presidente me gustaría hacerle una pregunta, pedirle una rápida valoración sobre la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de algunas de sus funciones, una retirada que ustedes han propuesto,
que han iniciado para dejar esas funciones en manos de la seguridad privada. Son cinco preguntas muy rápidas. ¿Qué resultado ha tenido la experiencia piloto con trabajadores de seguridad privada en veintiún centros penitenciarios? ¿Qué costes
unitarios suponía el servicio desempeñado de vigilancia perimetral por un agente del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil y cuál es ese coste ahora en seguridad privada? ¿En qué centros penitenciarios se encuentran actualmente prestando
servicios de vigilancia trabajadores de seguridad privada? ¿Cuántos trabajadores de seguridad privada se han contratado en total? ¿Piensan adaptar el informe de evaluación para que pueda ser publicado y remitido a los grupos parlamentarios? ¿Se
ha publicitado la oferta de contratación de los trabajadores de seguridad privada? Esto me interesa especialmente. ¿Qué tipo de formación específica se les da a los trabajadores de seguridad privada que pasan a desempeñar funciones de vigilancia
en centros penitenciarios? ¿Qué duración tienen los cursos y qué empresa da esa formación?


Gracias por su paciencia, señor presidente.

Página 36

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Bienvenido, secretario general. Al fin, nunca mejor dicho al fin, podemos intervenir. Creemos que los temas que se han tratado hoy son un grupo bastante heteróclito de barbaridades. Empezaré brevemente por
el tema del acceso ilegal a la frontera. Lo ha dicho algún otro portavoz: ustedes son conscientes de que el territorio soberano español empieza mucho antes de esa valla. Cualquier día van a tener un disgusto con una sentencia de una corte
internacional. Aquí el ministro utilizó el interesante concepto de fronteras flexibles, lo cual, desde el punto de vista catalán, puede tener mucho interés pero no es exactamente de lo que estamos hablando ahora, pero en fin, otro día podríamos
tratar el tema.


Ustedes son conscientes de que el propio presidente Rajoy ha dicho que mientras exista la situación actual la inmigración no va a parar, mientras lo que tienen detrás sea peor que lo que tienen delante esta gente va a continuar viniendo.
Son conscientes de que organismos de Naciones Unidas, de que organizaciones de la Iglesia están condenando esta actitud, y también se lo ha dicho algún otro portavoz. Escuchen, si creen que están actuando bien, ¿por qué cambian la ley? Aquí hay
algo que falla, o están actuando bien y entonces no hay problema, o ustedes mismos no tienen demasiado claro que están actuando bien y por eso tienen que cambiar la ley forzándola.


Dejo este tema porque los temas apuntados por La Izquierda Plural por cosas ocurridas estas últimas semanas nos generan mucho más interés; saltamos algunas de las pantallas porque han pasado muchas cosas desde entonces, y el portavoz
socialista también ha mencionado algunas. Nos encontramos con que efectivamente en su ministerio pasan cosas muy raras con nombres, con bases de datos que no sabemos si son legales, con informes que nadie firma, con informes que luego nadie
averigua quién ha hecho, con informes que siempre acaban apareciendo en el momento más oportuno. En un momento en que se detiene a cincuenta cargos del Partido Popular resulta que aparece un hipotético expediente de estos fantasmas a los que ya nos
tiene acostumbrados la UDEF. Como hizo durante la campaña electoral del Parlamento de Cataluña contra el presidente Mas, también aparece un supuesto informe que nadie sabe quién ha firmado ni dónde está contra el alcalde de Barcelona. Por cierto,
¿cuáles son las próximas elecciones? ¿No serán las municipales? También qué casualidad, ¿no? Le sacaron uno al presidente Mas justo antes de las del Parlament y le han sacado uno al alcalde Trías justamente antes de las municipales. Miren, esto
es bastante serio y estos informes ya se están apelotonando no solo sobre nosotros, también sobre los profesores de Navarra. Son cuatro o cinco. No sé qué tienen ustedes dentro de su casa pero les hacemos una apelación así de clara. Por favor,
secretario, no me conteste aquello del chiste: Perdone, ¿son los servicios secretos? Y contestan: ¡ah, ah, ah! Le estoy preguntando. Si tienen ustedes algo que estén investigando, por favor saquen los papeles, firmados, ¿quién lo está haciendo?,
¿qué están haciendo? Si no lo tienen, infórmenos, por favor, de quién va a dimitir cuando esto se desmienta. Así de claro. ¿El ministro, usted o alguien de esa cueva de falsificadores -porque otro adjetivo ya no merecen- que tienen ustedes dentro
del ministerio? Por tanto, digan lo que tienen si es que tienen algo y, si no tienen nada, que digan quién va a dimitir en un próximo futuro. Por favor, hagan las cosas bien y, por favor, no nos vuelvan a decir nunca más eso de que cuando no se ha
averiguado quién ha firmado el informe... Por cierto, siempre es el mismo periódico, no deja de ser curioso-. Hoy hemos averiguado que dos periódicos más se negaron a publicar la noticia por considerar que no tenía la más mínima base, uno es el
ABC, por cierto, con grandes simpatías hacia el nacionalismo catalán, pero se negaron a publicar la noticia; siempre lo publica el mismo periódico.


Por favor, hagan ustedes las cosas bien y dejen de hacer cosas apócrifas. Señor presidente, señorías, muchas gracias pero queremos una Policía seria. No puede ser que el ministerio encargado de la investigación, de resolver crímenes, de
detener delincuentes, sea incapaz de encontrar dentro de su propio ministerio quién hace los informes. Como comprenderá esto da muy mala pinta, ¿lo entiende?


Gracias, presidente, por su tolerancia.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de portavoces, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Apelo, como han hecho el resto de portavoces, a su indulgencia y su generosidad en la administración de los tiempos porque, inevitablemente, la heterogeneidad, la diversidad de los ataques, además merecerían una
reflexión, una respuesta dentro de la lógica parlamentaria.

Página 37

Lo primero que quiero señalar expresamente, porque ha sido lo más reciente en el tiempo y creo que es muy grave, es que se retire lo que se ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, ese comentario sobre la cueva de falsificadores porque
por muy intensa que sea la crítica política esas apreciaciones no pueden pasarse por alto bajo ningún concepto. Se puede decir cualquier crítica con la misma dureza, pero no caer en una injuria o en una descalificación tan gruesa. Pediría que
dentro de lo que es la lógica parlamentaria, la cortesía parlamentaria, se retiraran porque además creo que no es su estilo, señor portavoz de CiU. Eso suavizará la dinámica parlamentaria, como tiene que ser.


Dentro de esas consideraciones que podemos llamar previas, porque aquí se han señalado algunas cuestiones que empañan en cierto modo el buen ritmo y el buen trabajo que venimos desarrollando todos en esta Comisión, voy a hacer algún apunte
rápidamente de carácter reglamentario. Hoy estamos celebrando esta comparecencia a la carta -se lo recalco, a la carta-, porque en Mesa y portavoces establecimos una serie de materias dentro de las que había pendientes. Además, se incorpora la
comparecencia que, a petición propia, suscribe el secretario de Estado. El resultado total son once comparecencias, fruto además de esa generosidad parlamentaria, que entiendo que es buena, pero lo que no entiendo es que se critique, es
precisamente el lógico administrado de los tiempos: tres portavoces por parte del Grupo Socialista, once comparecencias, tres portavoces y no tiene ningún sentido que hoy, precisamente -lo señalo ahora porque guarda estrecha relación con lo que
estoy diciendo-, se hayan despachado los portavoces de la oposición -en eso sí que se han puesto de acuerdo- para lanzar un comunicado como que el Grupo Popular atropella en una ponencia que todavía no ha empezado su trabajo. O sea, ustedes, piden,
exigen: ¿cómo no viene el Gobierno? Pero cuando les toca trabajar dicen, no, no quiero trabajar. Esa es la lógica, así lo entiendo yo, señores portavoces. Porque es muy bonito decir: el Gobierno no comparece y tenemos no sé cuántas iniciativas
acumuladas. ¡Ah!, pero cuando tenemos que trabajar y tenemos que empezar esta tarde no, entonces no quiero y lanzo una nota de prensa. Eso no está bien. Es un atropello, es un atropello lo que han hecho ustedes, pero no quiero crispar más de la
cuenta. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, aténgase a la cuestión.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Me atengo a la cuestión, señor presidente. Pongo de relieve esa circunstancia porque creo que...


El señor PRESIDENTE: Pero no entablemos diálogo entre portavoces.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Correcto, pero viene muy al caso.


En todo caso, en lo que respecta a comparecencias simplemente recuerdo dos cuestiones en este sentido. El Ministerio del Interior, que hoy desarrolla sus competencias, es el ministerio más compareciente de toda la trayectoria parlamentaria,
a petición propia, a petición propia. Todas las cuestiones que afectaban y que afectan a la seguridad han sido expuestas, a petición propia, por el ministro y se lo detallo de memoria: seguridad ciudadana, estadísticas de criminalidad, seguridad
vial, drogas, cuestiones generales, inmigración, presupuestos, en la subcomisión, altercados callejeros, todo ha sido a petición propia. ¿Saben cuántas veces vino Rubalcaba? -No es que yo quiera caer en el y tú más, pero es que a veces hay que
exponerlo-. ¿Cuántas veces vino Rubalcaba a petición propia? Ninguna, ninguna. Ese es el diferente talante. Ahora resulta que ustedes no quieren trabajar y encima no se acuerdan de lo que hacían antes. Esto tiene mucha retranca, dicho sea en
términos riojanos.


Voy a la cuestión, señor presidente, para que no se exciten más mis compañeros en las tareas parlamentarias, pero esto venía muy al caso.


El señor PRESIDENTE: Sí, por favor.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señor secretario de Estado, muchas gracias por el esfuerzo en abordar una comparecencia que, como ha dicho el portavoz de CiU, por lo menos es heterogénea y diversa, e ilustra gráficamente cuáles son las
prioridades en materia de seguridad. De esa explicación me quedo con unas ideas que quiero compartir ahora con todos ustedes. Primera cuestión, proteger nuestras fronteras es la base de la convivencia, de las libertades y de la integración social
en España y en Europa. Ayudar y proteger a los más vulnerables y especialmente a los menores es un principio legal y ético indispensable. La libertad de las comunicaciones, la estabilidad de la economía, la intimidad de nuestros hogares depende de
un Internet seguro. La verdadera seguridad empieza por uno mismo en la red, en la

Página 38

calle y en casa. La capacitación, inteligencia, cooperación e internacionalización de nuestros cuerpos de seguridad son el principal soporte contra las nuevas amenazas criminales.


Le pido clemencia respecto al tiempo, señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Tiene cinco minutos.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Dos minutos, tres minutos, que me van a entender; lo van a aceptar, espero.


Voy a mencionar tres aspectos que me parece que hay que destacar. Ciberseguridad: Coincido con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, mi buen amigo Ricardo Sixto, en términos parlamentarios por lo menos, en que la subcomisión en
redes sociales nos ha permitido tomar conciencia precisa y cabal de un apasionante y vertiginoso entorno digital; de ese entorno digital destaco un hecho, y es que para el año 2020 todo el mundo estará conectado a Internet y, como ya han apuntado
algunos expertos, esa es una circunstancia absolutamente nueva en la historia de la humanidad, 2.800 millones de personas están actualmente conectados. Por primera vez en la historia de la humanidad el alumno supera al profesor en conocimientos y
habilidades. Con este paradigma la colaboración entre instituciones, la colaboración dentro del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y las telecomunicaciones, tiene que ser estrecha y permanente. En el encuentro que se estaba
celebrando en León precisamente, antes Inteco, ahora Incibe, se pone de relieve la dimensión de ese fenómeno en el mundo. Cada segundo y medio se registra un ciberataque en el mundo, que es un dato ciertamente para considerar. Compartimos las
medidas emprendidas por la secretaría de Estado y por el Gobierno en su conjunto. No las menciono porque lo ha hecho muy bien el secretario de Estado, pero las hacemos nuestras. Permítanme que en ese recorrido que exprese la voluntad de la
subcomisión de redes sociales de incorporar, en la medida de lo posible, a esas políticas de seguridad las conclusiones que espero, si aceleramos los trabajos -aunque parece que lo de trabajar no sé yo cómo lo llevamos-, que establezcamos
compartamos con el ministerio.


En cuanto a inmigración irregular, importantísimo, importantísimo. Señores diputados, ¿qué reflexiones queremos poner ahora, una vez más, desde el Grupo Popular encima de la mesa? Superar los enfrentamientos, los debates estériles y asumir
que la protección de nuestras fronteras, con sujeción a la legalidad, es el único camino posible para conseguir la verdadera integración del inmigrante. Segundo, aceptar que Ceuta y Melilla conforman fronteras singulares en el mundo, son la
frontera sur de Europa; su posición geográfica exige responsabilidad, política de Estado y solidaridad europea. Es el punto fronterizo más transitado de todo el planeta, 35.000 personas al día, y la inmigración irregular tiene una víctima, el
inmigrante, y tiene tres culpables: la pobreza, la guerra y las mafias que trafican con seres humanos 1.180 víctimas ha relatado el secretario de Estado. La mejor y más humana frontera la constituyen, y lo pongo de relieve una vez más, nuestra
Guardia Civil y nuestra Policía Nacional, la frontera más humanitaria, proteger a quien nos protege -ahora entro en la enmienda- es también política de Estado. Por eso se ha presentado esta enmienda. ¿Se estaban haciendo regular y legalmente las
cosas? Si, se estaban haciendo desde el año 2005. Lo que decimos con esa enmienda es que esa práctica que estaba pacíficamente admitida en el terreno operativo, se eleve al mayor rango posible, que es el de la ley. Con eso, ¿qué conseguimos? Más
seguridad para la Guardia Civil, para la Policía Nacional y también para el propio inmigrante; no perdamos de vista esto. Esto es fundamental, y hacer debates alicortos con esta cuestión nos empobrece, nos empequeñece a todos y nos debilita como
país.


El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, por favor. Se está excediendo usted mucho del tiempo flexible que hemos acordado.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Acabo ya, señor presidente, con una inevitable consideración al pasado. En política cada uno tiene que hacer lo que le toca, y me refiero al Partido Socialista que ha tenido responsabilidades de Gobierno. Yo
ahora podía, con el permiso del presidente, caer en el y tú más y decir lo que hacían ustedes en 2005 y en 2006; ¿a dónde nos llevaba eso? A ningún lado; al final lo que tenemos que conseguir es una política unánime, uniforme y dejémonos de
debates estériles que no conducen a ningún lado, porque si yo le relato lo que decía, por ejemplo, el señor Hernando respecto a las fronteras, solamente a las fronteras...


El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, hemos duplicado ya el tiempo, por favor, vaya terminando.

Página 39

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Acabo ya diciendo que elevemos las miras, el capítulo de inmigración es una política de Estado -lo decían ustedes, lo decimos nosotros-, pero es hora de ponerlo en práctica; es hora de ponerlo en práctica con
generosidad y con altura de miras.


Acabo como he empezado, muchas gracias señor secretario de Estado, por su intervención. Por supuesto, que no quede ninguna duda, cuenta con el más entusiasta de nuestro apoyo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Señor presidente, responderé a cuestiones y trataré de hacerlo de manera ordenada, porque hay muchas que se repiten en las intervenciones de los distintos portavoces; sin perjuicio de
ello, trataré de dar respuesta también a las que solo han planteado algunas de sus señorías.


Comenzaré por el señor Sixto que me trasladaba su preocupación por una nueva modificación del Código Penal. Cuando he hablado de modificaciones del Código Penal para tipificar adecuadamente determinados fenómenos delictivos que se producen
a través de Internet, me refería a las modificaciones ya planteadas y que ustedes conocen; es decir, no he planteado que se vayan a tipificar nuevos delitos porque, de hecho, en la propia subcomisión a la que tuvieron la amabilidad de invitarme a
comparecer, dije que muchas de las conductas que se producen y que son delitos en las redes sociales ya están tipificadas se produzcan donde se produzcan. Como lo dije yo, se puede imaginar que lo reitero. Lo que quería era hacer un recorrido por
distintas iniciativas para hacer frente a conductas delictivas especialmente graves y llamativas.


Por lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla, si les parece trato de responder a todas sus señorías en la medida de lo posible. He escuchado de casi todos ustedes, con excepción del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, críticas muy
duras a lo que se pretende hacer y a la gestión que el Gobierno está haciendo en las fronteras de Ceuta y Melilla. Tampoco he escuchado absolutamente ninguna aportación constructiva: ni siquiera en el sentido de poner sobre la mesa la necesidad de
esa política de Estado ni siquiera una alternativa respecto a lo que la Guardia Civil tiene que hacer en la custodia de las fronteras.


Voy a tratar de explicarles cómo veo este fenómeno, como veo este problema, partiendo de la base de que es un problema complejísimo, y partiendo de la base de que no es un problema nuevo, sino que es un problema bien conocido, y después
contestaré a algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor Sicilia. En Ceuta y en Melilla se da una circunstancia que no se da prácticamente en ningún lugar del mundo: que es una frontera pequeña, enclavada en el continente africano pero
frontera de España y frontera de la Unión Europea, se soporta una enorme presión migratoria. Esa enorme presión migratoria pretende vulnerar, atravesar por lugares diferentes de los pasos habilitados y penetrar en el territorio español. Ninguno de
ustedes podrá defender que existe algo parecido a un derecho a entrar de manera irregular y por algún sitio que no sea el paso habilitado en el territorio de un Estado. Ya hay una legislación comunitaria y nacional que establece el derecho y la
obligación de defender las fronteras. Mientras no nos inventemos otra cosa, los Estados tienen una dimensión territorial, que es consustancial a la propia soberanía y, por tanto, las fronteras delimitan esa dimensión territorial; en consecuencia,
proteger las fronteras es una forma de proteger esa dimensión territorial de la soberanía. El Código de fronteras Schengen lo dice, no como derecho, sino como obligación. Por tanto, ya tenemos ahí una base de legalidad para evitar que la frontera
se asalte, que se entre por la frontera de manera irregular. Pero es que también lo dice la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad desde el año 1986, cuando señala que la Guardia Civil tiene la obligación de custodiar las fronteras.


¿Qué otra cosa puede significar custodiar las fronteras que evitar que se entre irregularmente por las mismas? Coincido con el señor Cantó en que es un problema mundial, es un problema dramático, y en que es un problema que pone de
manifiesto las grandes contradicciones del siglo XXI, claro que sí, pero no es un problema que solo tenga que soportar España, me imagino, o la Guardia Civil, sino que será, por su propia condición de problema mundial, algo mucho más complejo.
Miles, millones de personas tratan de salir de sus países de origen en el continente africano y entrar en la Unión Europea -entrar como puedan-, en muchísimos casos, en la inmensa mayoría de los casos, poniéndose en manos de grandes mafias o de
pequeñas mafias, de facilitadores, de grandes organizaciones de trata de seres humanos -da igual-, en definitiva de personas que no solo les llevan a una travesía que muchas veces pone en peligro e incluso acaba con sus vidas, sino que además
resultan especialmente crueles desde todo punto de vista. Por tanto, cuando esas mafias y esas rutas culminan un intento de entrada, que puede ser por

Página 40

vía marítima -en este caso es por vía terrestre-, es obvio que el Estado tendrá que evitar que se produzcan entradas masivas, concertadas y en muchos casos violentas por vía de la frontera terrestre. Sin perder nunca de vista que quienes
intentan entrar no son algo parecido a un ejército invasor, que por supuesto que no lo son, sino que son seres humanos que vienen arrastrando situaciones de enorme miseria. En consecuencia, a mí, al Gobierno, a la Guardia Civil, no tenga la menor
duda, le ofrece el máximo respeto y la máxima consideración este asunto. Sin embargo, eso no puede justificar que en la frontera de Ceuta o de Melilla haya una especie de laguna de impunidad que hace que se pueda entrar saltando, que evidentemente
no se puede, sin perjuicio de que quienes intentan entrar tengo muy claro que no son criminales. (Aplausos). Los criminales son los que les llevan muchas veces a esa travesía, sin ninguna duda, y habrá que perseguirles y aplicarles todo el rigor
de la justicia nacional, en sus países de origen o donde sea, pero no quienes intentan saltar. Cuando se da esa circunstancia, ante la necesidad de custodiar la frontera -salvo que ustedes me digan que no hay que custodiar las fronteras; es
legítimo, lo pueden decir, es una posición que a lo mejor clarificaría el debate que ustedes digan que no, que las fronteras no deben ser defendidas; pero díganlo, ¿las fronteras deben ser defendidas o no?- la Guardia Civil tiene la misión de
defender las fronteras, misión enormemente complicada, y además toma en consideración ese componente humanitario en este fenómeno. Sin embargo, es evidente que no va a defender las fronteras frente a intentos de entrada masivos y muchas veces
violentos, mediante un ejercicio de la compulsión física, o sea de la fuerza, que sería la forma normal de defender una frontera frente a quien pretende penetrarla ilegalmente. Si el ejercicio de la compulsión física o de la fuerza se reduce al
mínimo, es obvio que se pueden dar situaciones como que los inmigrantes estén encaramados en una valla o tratando de subir a la valla.


¿Qué le pedimos a la Guardia Civil? Otra alternativa que ustedes podrían plantear en su discurso. ¿Qué quieren, que en ese caso se haga uso de la fuerza, incluso proporcionada, para evitar que trepen? ¿Eso es lo que ustedes piden?
Díganlo, díganlo, que se haga uso de la fuerza porque o dicen que no se custodie la frontera o dicen que se hace uso de la fuerza o digan algo, es que no dicen nada, solo critican. Si el uso de la fuerza hay que reducirlo a su mínima expresión,
cosa que creo que todos compartimos, se puede dar el caso de que un inmigrante esté encaramado en lo alto de la valla o esté trepando y no se pueda derribar, porque se caería, porque se lesionaría, porque se pondría en peligro su vida y su
integridad. Sin perjuicio de eso, habrá que rechazarlo, evitar que entre irregularmente. No es que yo me esté inventando este planteamiento que, por cierto, está en vigor desde el año 2005; no es una invención; es que la Ley de Extranjería
regula muy bien los supuestos de inadmisión -claro que sí- en el territorio nacional cuando alguien intenta entrar por un puesto habilitado y no reúne los requisitos, o los de devolución o los de expulsión; son figuras que reconoce perfectamente la
ley y que incorpora incluso, en algunas reflexiones, la Fiscalía General del Estado en una instrucción del año 2001, que seguro que ustedes conocen. Pero es que hay algo previo y es que quien está intentando asaltar una frontera -no entro en las
causas; las causas me merecen todo el respeto, pero no me pueden llevar a generar una isla de impunidad en las fronteras de Ceuta y Melilla porque sería una irresponsabilidad colosal- ha de ser rechazado, y ello ha de hacerse con pleno respeto a su
integridad y a su vida. Se pueden dar esas situaciones, sí, que haya que esperar a que desciendan de la valla para rechazarlos. Eso es el rechazo en frontera, y eso tiene cobertura jurídica por más que, desde luego, no le guste a nadie. Les puedo
asegurar que no me gusta nada, pero es una figura que necesariamente tenemos que contemplar desde una dimensión que a lo mejor no es la de la legislación de extranjería, la que analiza el caso aislado de un inmigrante que ha entrado irregularmente,
o que permanece irregularmente. No, es la figura de una dimensión de la seguridad que es custodiar la frontera, bastante consustancial al mismo concepto político de Estado, frente a intentos de entrada que -insisto- no son aislados -si fuesen
aislados no nos estaríamos planteando este debate-; es que se ha producido un intento de entrada esta mañana, es que se produjo ayer, es que se produjo anteayer, es que eso pasa todos los días y pasa con centenares de inmigrantes.


Lo que todos nosotros tendríamos que hacer es buscar una solución a ese problema. Si la solución consiste en que simplemente con llegar y tocar la valla se está en España, no lo estamos solucionando; si la solución consiste en que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso la Guardia Civil, no ejerzan sus funciones de custodia de la frontera, no lo estamos solucionando. Por tanto, esta es una solución a este problema concreto, que no se aplica a otras realidades que se
puedan dar en la inmigración irregular de entradas clandestinas, individuales, aisladas, que ya tienen solución en la Ley de Extranjería, sí, pero el intento de entrada de 500 o de 1.000 todos los días no tiene el mismo tratamiento que un intento

Página 41

de entrada aislado o individual. A partir de ahí, por supuesto que hay que respetar todos los derechos, empezando por preservar la integridad y la vida de los inmigrantes que están haciendo ese intento de entrada -como digo- muchas veces
violento, concertado, masivo. Con esto no estoy prejuzgándolos ni criminalizándolos; todo lo contrario, lo entiendo, pero también entiendo a la Guardia Civil, a la que el ordenamiento jurídico le atribuye una misión y esa misión tendrá que hacerla
con toda la cobertura jurídica. Ya la tiene, pero si la tiene todavía mejor y más precisa para que no se plantee ninguna duda, le habremos hecho un favor a la seguridad jurídica en la legalidad fronteriza. Eso es lo que pretende ese régimen y ese
protocolo, protocolo que por cierto no se ha aprobado -aclaro porque alguien lo ha mencionado-, sino que se aprobará en su caso cuando se desarrolle esa base legal si es que estas Cámaras, el Congreso y el Senado, deciden que esa enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular se convierta en ley. En ese caso sí que se desarrollará ese protocolo para darle una mayor precisión, una mayor singularidad a los distintos casos que se pueden plantear en esos perímetros fronterizos.


Si ustedes quieren, de verdad, hacer un ejercicio de responsabilidad, aborden el problema con soluciones y de manera constructiva, cosa que ninguno de ustedes ha hecho. Porque se dice en la intervención del señor Sicilia: ejemplo
manifiesto de la falta de responsabilidad y de sentido de Estado en el debate. Usted dice el Gobierno actual ha fracasado -por cierto le quiero aclarar también que yo expongo los datos del balance de inmigración del año 2013 porque es lo que dice
el orden del día; si dijese 2014 yo expondría los de 2014, pero es que dice 2013 en esa solicitud de comparecencia a la que yo he dado respuesta-, usted dice que hemos fracasado y entonces, ¿cómo califica que en el año 2006 llegasen a la Península
39.180 inmigrantes? No quería entrar en este debate, pero me obliga usted. ¿Cómo lo califica? Porque si lo de hoy es un fracaso... Por cierto, el balance de inmigración en el año 2013 dice que hubo 3.237; de 39.180 a 3.237, esa es la evolución.
En el año 2005 entraron irregularmente en Ceuta y en Melilla 5.566 inmigrantes. ¿Cómo lo califica? Porque en el año 2013 son más de 1.000 menos, 4.235.


¿Por qué entramos en el terreno de las calificaciones? Yo le sugeriría otra cosa, pero usted ha querido hacer esta intervención y este debate. Yo le sugeriría que seamos constructivos, que miremos hacia adelante pero no, usted se decanta
por poner calificativos. Bueno, pues yo le pregunto: si del el año 2005 a 2013 la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla de manera irregular ha disminuido en un 24 %, no me voy a poner una medalla ni voy a calificarlo de ninguna manera, pero lo
que tampoco me va a parecer bien es que usted diga que nosotros hemos fracasado. El fracaso es mundial, sí, porque hay muchas personas que lamentablemente tienen que salir de sus países y tratar de entrar irregularmente en la Unión Europea. Eso es
un fracaso de la humanidad, se lo reconozco; pero si nosotros nos dedicamos a tirarnos la pelota unos a otros, no sé qué favor le hacemos al debate y a la solución de este problema.


En la misma línea, permítame -tampoco quería yo entrar en esta consideración- que le responda a sus acusaciones sobre la concertina. Claro que no me gusta la concertina, a nadie le gusta la concertina, pero léase el acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de septiembre de 2005; léase el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2005, y la resolución que lo desarrolla, del secretario de Estado de Seguridad -que le puedo asegurar que no era yo-, en la que se habla, por
ejemplo, del recrecido y reforzamiento del vallado exterior del perímetro fronterizo de Ceuta, con la instalación de concertina de acero inoxidable y bayonetas en prolongación de los postes, por un importe de 4.709.281 euros. Míreselo, 2005.
Además, se habla del recrecido y reforzamiento del vallado exterior en el perímetro fronterizo de Melilla en las mismas condiciones: concertina de acero inoxidable y bayonetas en la prolongación de los postes. Igualmente se habla de suministro de
800 cascos antidisturbios, 800 defensas, 266 escudos, 200 chalecos. También se habla en esa misma resolución de 14 de octubre de 2005 del suministro de 200 fusiles HK G36, etcétera, etcétera. ¿Quiere que hagamos este debate, de verdad? ¿Le parece
que esa es la forma de contribuir a solucionar este problema? Porque lo que le acabo de leer son resoluciones públicas del Consejo de Ministros. Por tanto, no me venga con la afirmación tan demagógica de la concertina y léase las resoluciones.


Dicho eso, les querría pedir, sin perjuicio de que entiendo enormemente las dificultades que desde distintas sensibilidades políticas y de distintas consideraciones humanitarias existen, alguna aportación positiva. Sé que el señor Cantó ha
hecho referencia a muchas reflexiones de juristas que me merecen el máximo respeto, la profesora Martínez Escamilla, el profesor Gimbernat, Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos. Conozco sus posiciones, claro que sí, pero todavía no he
escuchado una aportación constructiva, una aportación que dé algún tipo de respuesta, algún tipo de solución. Hay que garantizar el derecho de asilo, sí, pero el derecho de asilo se puede pedir en el paso habilitado. (Rumores). Sí, de

Página 42

hecho en el último mes y medio 26 personas han pedido asilo en el paso habilitado y las solicitudes se han admitido a trámite. Los derechos claro que hay que garantizarlos, claro que hay que respetar la legalidad internacional pero, ¿saben
lo que pasa? Que no tenemos donde mirar para encontrar otro problema como este, porque no hay ningún país de la Unión Europea que se enfrente a esta presión migratoria que nos encontramos cada día en Ceuta y en Melilla.


Respecto a debatir sobre si es o no territorio español, no sé si ese es el debate más constructivo. Les recomiendo que se lean las afirmaciones, que están en el 'Diario de Sesiones', que se hicieron en esta misma Comisión hace unos cuantos
años cuando se planteaba este mismo problema. Porque por parte del partido político entonces en el Gobierno, se dijeron cosas muy sensatas, que se parecen mucho a lo que se dice ahora. Se decía: no es una cuestión de hablar de si es o no
territorio español. Oiga, el aeropuerto de Barajas, ¿no es territorio español? ¿Y qué pasa, que con llegar al aeropuerto de Barajas ya se está en España? Supongo que no, que habrá que cumplir otra serie de requisitos. Por tanto, no es un debate
sobre si es o no España, es un debate sobre si se ha entrado en España, cuando de lo que estamos hablando es de un intento de entrada irregular, masivo, y violento, que se produce todos los días en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.


No he escuchado -insisto- ninguna aportación constructiva, solo críticas, legítimas por supuesto. He partido de la premisa de que este debate no es nada fácil. El señor Olabarría también hacía muchas críticas, hablaba incluso de la
comisión de delitos; me merecen toda la consideración los conocimientos jurídicos del señor Olabarría, pero es que vuelvo a lo mismo, ¿qué solución le damos al problema? ¿Todos los días entran 500? ¿Vamos a llegar a eso? Habrá que hacer
muchísimas otras cosas en materia de política migratoria, muchísimas: en origen, en los países de tránsito, potenciar toda clase de instrumentos que, desde luego, no son responsabilidad exclusivamente del Ministerio del Interior, sino del conjunto
del Gobierno y que creo que se podrán hacer, se están haciendo y se podrían hacer mejor y se harán mejor. No obstante, en esta parte de lo que estamos hablando es de una cuestión directamente relacionada con la defensa de nuestras fronteras, frente
a algo que -insisto- se produce todos los días. Les pediría que ante la problemática que ustedes conocen, aporten soluciones; un poco la reflexión que hacía el señor Salvador; hagan alguna aportación constructiva desde la perspectiva de oposición
responsable o desde la perspectiva de quienes fueron Gobierno y se enfrentaron al mismo problema.


Aparte de este asunto, quería responder también de forma genérica a las distintas afirmaciones que se han hecho en relación con la seguridad privada en los centros penitenciarios. El señor Trevín me dice que era una ley, la Ley de Seguridad
Privada, que nadie demandaba. ¿Usted no está de acuerdo en que había que modificar la Ley de 1992, de Seguridad Privada, para adaptarla a los cambios que se han producido en los últimos veinte años en este ámbito? ¿Qué había que elaborar planes y
protocolos de colaboración para favorecer la efectiva contribución y la participación del sector de la seguridad privada en la preservación de nuestra seguridad interior? ¿No está de acuerdo? Porque es el programa del Partido Socialista lo que le
acabo de leer. (Risas). Imagino que entonces sí era una ley deseada, porque lo dicen ustedes. Por tanto esa imagen tan manida de que estamos privatizando la seguridad, no, estamos dando seguridad jurídica y modificando como muy bien decían
ustedes una ley del año 1992 que se había quedado muy superada, pero con el ánimo de privatizar qué sectores de seguridad, es decir, de desplazar de dónde a los funcionarios públicos. Es que todo eso de las detenciones y de los cacheos no está,
usted lo sabe. (El señor Trevín Lombán: ¡Claro que está!). ¿Sabe dónde sí está? En la ley del año 2007 contra la violencia en el deporte, ahí sí se dice que se pueden producir registros y cacheos por parte del personal de seguridad privada en la
entrada a los recintos deportivos.


Creo que esta ley de seguridad privada ha aportado muchas cosas a un sector importante, a un sector económico que como ustedes muy bien decían era un sector necesitado de una mejor regulación. Por otra parte y como me vuelve a sacar, al
igual que en la última vez que comparecí en esta Comisión, las reflexiones sobre la empresa de la señora Oriol, a la cual no conozco de nada, tendrá usted que pedir la comparecencia de la señora Oriol, porque yo me encuentro con que me está haciendo
muchas reflexiones sobre si tiene tales o cuales contratos, pero yo no tengo ningún interés en defender o no a esta señora; lo que le trataba de explicar es cómo se ha producido la evolución del sector de la seguridad privada y cómo ha sido la
experiencia en los centros penitenciarios (El señor Trevín Lombán: De diez horas), experiencia por cierto en la que no es verdad que los vigilantes que se han incorporado hayan tenido una formación de diez horas; han tenido la formación de
vigilantes y luego una formación específica sobre lo que iban a realizar en cada puesto, dentro del centro penitenciario, pero como complemento a la formación de vigilantes de seguridad que todos ellos tenían, porque si no, no podrían haber
accedido.

Página 43

Me habla de la laxitud de las inspecciones como dando a entender que hemos aflojado el rigor. Total de inspecciones del año 2009, 28.897; 2010, 30.087; 2011, 30.538; 2012, 33.634; 2013, 34.641. De 28.897 en 2009 a 34.641 inspecciones,
que se las puedo dar desglosadas, a empresas de seguridad, despachos de detectives, centros de formación, personal de seguridad, y establecimientos obligados. Las inspecciones han aumentado, mucho por cierto, porque el rigor en la aplicación de la
ley creo que es la exigencia evidente de un sector tan comprometido y tan complejo, por los servicios que presta, como el de la seguridad privada. Por tanto las inspecciones, para su conocimiento, han aumentado notablemente.


El señor Cantó me ha hecho muchísimas preguntas, he tratado contestar a todas las que he podido; si alguna muy concreta me he dejado, con mucho gusto se la haré llegar por escrito.


Otra cuestión que usted me planteaba: que habíamos dejado tirados a los escoltas del País Vasco y de Navarra. Un tercio de los que se incorporaron como vigilantes tenían esa procedencia, escoltas, algo que voluntariamente podían hacer las
empresas, porque como usted muy bien ha dicho formaba parte de una especie de acuerdo entre caballeros. Pero es que hay escoltas de seguridad privada a los que no les interesa ser vigilantes, porque es una profesión diferente; hay escoltas de
seguridad privada a los que puede no interesarles desplazarse a un centro penitenciario que esté en otra provincia. Es decir, el compromiso obviamente existía, pero sobre la base de que los propios afectados tenían que aceptarlo voluntariamente, y
eso creo que se respetó y no se ha dejado tirado a nadie, sin perjuicio de que creo que también es una magnífica noticia que los servicios de escolta que tenían que llevar muchos cargos públicos en el País Vasco y en Navarra se hayan podido
suprimir.


Agradezco al señor Escobar su intervención. Me llama la atención por cierto que el señor Sánchez Amor no tenga demasiado interés por la ciberseguridad y considere que es un tema del que yo he venido a contar cosas irrelevantes. (El señor
Sánchez Amor: La directiva). Sobre lo de las siglas, por cierto, deberían ustedes conocerlas bien, porque esas siglas -que efectivamente comparto con usted que en este mundo tan dominado por conceptos anglosajones a veces hay gran cantidad de
siglas- todas ellas son conocidas. Fíjese, el CICO, al que yo he hecho referencia, se creó en el año 2006; el CNCA se creó en el año 2004; el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas lo creó una ley en el año 2011, por
tanto ningún concepto es nuevo; son siglas efectivamente, pero todos ellos forman parte de los organismos que habitualmente realizan funciones en el ámbito de la seguridad. Creo que de lo que yo he hablado, sin ánimo de alarmar a nadie, es de
fenómenos tremendamente graves, especialmente en lo que tiene que ver con la protección de menores, de su identidad y su intimidad digital. Lamento que no le haya parecido interesante, pero mi ánimo era trasladarles algo que creo que es una
prioridad desde el punto de vista de la seguridad. (El señor Sánchez Amor: ¿Y la directiva?). También es verdad que usted ha dedicado buena parte de su intervención a hablar de las comparecencias. Yo respondo a diez comparecencias y usted dedica
la mitad de su intervención a hablar de las comparecencias a las que yo no respondo. ¿Por qué no me habla de las que yo he venido a responder? (Rumores). Si yo vengo a hablar de diez comparecencias y usted de lo que habla es de las que no he
respondido es un debate un poco extraño.


Hablaba usted también de los relativos buenos datos de criminalidad. Entiendo que ustedes consideran que existen altos niveles de seguridad ciudadana en España, cosa que no es mérito sino de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
pero sé que ustedes comparten conmigo esa afirmación.


Creo que no me dejo ninguna pregunta más. Lógicamente he contestado a las cuestiones que eran objeto de mi comparecencia y que figuraban en el orden del día, y no a otras cuestiones que entiendo perfectamente que en el curso del debate
político se pueden suscitar, pero que no forman parte del orden del día. Creo que me debo ceñir al orden del día aprobado por la Mesa de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a un breve turno de dúplica por tiempo de tres minutos por portavoz. Apelo a que todos los portavoces tienen acreditada su capacidad de síntesis; son las horas que son, después de todo un día de
actividad parlamentaria, y por eso voy a ser especialmente exigente en este turno.


Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Con toda la voluntad de trabajo que mi grupo parlamentario siempre ha tenido para atender todas las cuestiones que se le planteen, y que tendremos para continuar trabajando en esta Cámara. Señor secretario de
Estado, no nos ha contestado o no ha hecho ninguna aseveración respecto al comentario que le he hecho, cierto que es un comentario, pero gastarse 33 millones de euros en un nuevo contrato para custodia de centros penitenciarios no tiene ningún
sentido, sin haber dejado

Página 44

participar -se lo ha dicho algún otro portavoz- a los sindicatos y entidades representativas de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, y del propio sindicato de trabajadores penitenciarios, que no han podido participar ni contar para el
Ministerio del Interior en este nuevo contrato, que supone un gasto que desde nuestro punto de vista está absolutamente injustificado. Esos 33 millones de euros para aumentar la vigilancia de sesenta y siete centros, sin ser necesarios, sin haberse
justificado la necesidad de esto, y para que además -como tampoco compartiríamos nosotros- se reduzca la participación del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la vigilancia penitenciaria, en ningún caso tiene sentido.


Señor secretario de Estado, podríamos estar hablando horas, horas respecto a las fronteras, a Ceuta y a Melilla, y la única aportación que le vamos a hacer se la transmitimos de todo corazón y con la mejor intención: cúmplase la ley;
cúmplase la ley. Cuando un inmigrante salta la valla y está en territorio español, cúmplase la ley, no tenemos otra recomendación; que se cumplan las leyes, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la Guardia Civil, en lugar de
repartir palos o sacar a la gente malherida al otro lado de la frontera y entregársela a la gendarmería, o en lugar de buscar fondos para acabar pagando las concertinas al lado marroquí, cúmplase la ley. Cuando alguien está en territorio español
trasládese a la Policía Nacional para su identificación y désele el derecho a pedir asilo en España, como marca la legislación vigente; cúmplase la ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Voy a concentrar yo, presidente, las intervenciones de mi grupo. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado, por la información que nos da. Está claro después de esta primera ronda que el Partido Popular está
enojado, y que usted se nos ha puesto exquisito. Es especialmente preocupante en un letrado de esta casa que venga aquí a dar lecciones a los diputados sobre lo que deben o no preguntar; preguntarle por una empresa y una empresaria a la que usted
ha adjudicado un contrato importante, el ministerio del que usted es secretario de Estado. La señora Oriol está en la adjudicación y en los contratos de prisiones de recintos exteriores. Por tanto usted aquí que debía dar más ejemplo, por ser
quien es, que otras personas en su relación con los diputados ha hecho juicios de valor que me parecen criticables, al decir que nos interesa o no nos interesa la ciberseguridad; ha venido aquí en plan de juez justiciero, de apóstol de lo que hay
que hacer que me parece que no le corresponde en absoluto, y vuelvo a repetir que más por ser usted letrado de esta casa.


Segunda cuestión. Siento que se enojen el Partido Popular y su portavoz. ¿Qué pretenden ustedes? Ustedes pretenden una aprobación exprés de la ley de seguridad ciudadana, sin reflexión, sin debate, y sin participación. En resumidas
cuentas, con muy poco respeto al resto de los grupos de esta Cámara, y con muy poco respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía que se ven afectados por esta ley. Eso es lo que ustedes pretenden. En realidad ni ustedes ni el Gobierno se
fían de los jueces, por eso hacen esta ley; no se fían de la sociedad civil organizada; no se fían de los españoles que se manifiestan ni de los inmigrantes que saltan la valla. Nos quieren convertir a todos en sospechosos habituales, a los que
aquí estamos de momento de vagos a sospechosos habituales; esperemos que no nos quieran aplicar la vieja Ley de Vagos y Maleantes.


Señor secretario de Estado, a usted, que no solo tiene que venir a comparecer aquí, sino que tiene que seguir el trabajo parlamentario, tenía que caérsele la cara de vergüenza al decirnos que no ha escuchado ni una sola proposición respecto
a la inmigración. La mayor parte de los grupos de la oposición hemos hecho propuestas que sistemáticamente el grupo que les apoya han rechazado, sobre este aspecto concreto, con toda la dificultad que tiene. Sistemáticamente todas las propuestas
que hemos hecho han sido rechazadas por el grupo mayoritario, algunas veces incluso para después proponer cosas parecidas. Pero basta que venga de un grupo de la oposición para que tenga el rechazo inmediato del grupo que le sustenta a usted como
Gobierno. Ahí puede encontrar proposiciones, aspectos propositivos para resolver el problema, y es más, le digo una cosa: ¿es necesario un pacto de Estado, un acuerdo amplio? Sí, nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Hay algún país del mundo que
pueda renunciar al control de sus fronteras? No, no hay ningún país en el mundo que pueda renunciar al control de sus fronteras, pero tiene que entender que exijamos que ese control de fronteras se haga con garantía jurídica para la Guardia Civil y
la Policía que está en la frontera, y con el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Y ustedes, con lo que hacen, no tienen la seguridad de que sea así, porque si la tienen, ¿por qué la propuesta que nos hacen, además de intentar darnos
la carrera del señorito para aprobar cuanto antes y que se discuta lo menos posible en cualquier ámbito sobre la ley de seguridad ciudadana y sobre la enmienda que introduzcan, no la pasan por los mismos órganos que pasaron ustedes la propia ley de
seguridad

Página 45

ciudadana, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal? Pásenlo, porque eso nos dará una información que puede ser muy útil para el resto de los grupos que estamos en esta Cámara.


No nos haga trilerismo. Usted compara 2005 con 2013, no compara 2011 con 2013, porque de 2005 a 2011 se redujo drásticamente con el Gobierno anterior. Por eso hace esa comparación, compare de 2011 a 2013. Usted, que tiene razón en una
cosa, en que ha disminuido notablemente el problema de la presión migratoria en las costas, solo tenía un problema serio: el problema de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla, y están sobrepasados, son un Gobierno ineficaz para el control de las
fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla, ese es el problema que tienen. Y si comparamos 2011 con 2013 vemos que es donde está aumentando; efectivamente le reconozco todo lo que hizo en costas, pero aquí solo tienen ese problema. ¿Cómo están
reduciendo el número de policías y de guardias civiles en Ceuta y Melilla? ¿Cómo ustedes, que ahora tienen mucha menos presión en las costas y por tanto menos necesidad de utilizar a policías y guardias civiles para el control de las costas,
reducen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla? Ese es uno de los problemas graves que tenían.


Acabo, señor presidente, con dos cuestiones y una pregunta exclusivamente. ¿Necesitábamos una ley de seguridad privada, había que modernizarlo? Claro, pero no era esta ley, para nosotros no tiene nada que ver lo que hicieron con la ley que
necesitábamos. ¿Es un sector importante necesitado de regulación? Claro, pero regulación, ¿dónde? Este sector de la seguridad para el PP es una puerta giratoria en continuo movimiento. A Prosegur el señor Trillo le asignó contratos por más de
siete millones de euros siendo ministro de Defensa. Cuando deja el Gobierno en 2004 obtiene permiso del Congreso para ejercer la abogacía y tuvo a Prosegur de cliente. Grupo Eulen, actualmente setecientos seis contratos con la Administración
General del Estado, ha trabajado, trabaja y trabajará con la Administración General del Estado, también cuando el señor Aznar gobernaba. Es singular el caso del señor Ansuátegui, delegado del Gobierno con el señor Aznar en Madrid entre 2000 y 2004,
su filosofía sobre seguridad se hizo famosa: el que quiera seguridad que se la pague. Poco después de 2004 era gerente de la Fundación Eulen. Don Pedro Morenés dejó la presidencia de Segur Ibérica para incorporarse al Consejo de Ministros; hoy
dicha empresa es concesionaria de servicios de vigilancia exterior de prisiones, según adjudicación del actual ministro de Interior, compañero de don Pedro Morenés en el Consejo de Ministros. Clausuren las puertas giratorias, es la ley que tienen
que hacer, para todos, para todos y cuanto antes. No le estoy discutiendo ni un ápice de que sea legal, no entro en ello, no lo discuto; no le discuto el aspecto ético o no de esta cuestión, porque ya lo dijo el alcalde de Zalamea: el alma solo
es de Dios, y la ética se refiere al alma. Lo que le discuto es la estética, porque es una estética difícilmente digerible para la ciudadanía, y más en estos tiempos.


Acabo con una pregunta referida a la ciberseguridad, por la que tenía usted tanto interés hoy, y le agradecemos toda la información que ha dado. ¿Va a ser el Incide la autoridad única que exige la Directiva NIS europea?


Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión, pero recuerdo, sobre todo a los señores del Partido Popular, que nosotros renunciamos a hacer separadas cada una de las peticiones de comparecencia, y por tanto con más tiempo, para
tratar de agilizar. Por tanto, aquí de generosos todos, cuando somos necesarios, y aquí lo de sacar pecho y especialmente el grupo mayoritario que se lo mire muy mucho, porque no estamos precisamente viendo excesiva generosidad, sobre todo en esa
carrera del señorito con la que nos pretenden colar la ley de seguridad ciudadana con el menor debate posible.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia cree que está administrando el tiempo tal y como teníamos convenido en la reunión de Mesa y portavoces.


Pasamos al turno del Grupo Mixto. Van a repartir también turno. En primer lugar tiene la palabra el señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Como no me ha respondido volveré a preguntar de nuevo al señor secretario de Estado cuál es su opinión sobre las recomendaciones y las denuncias que han hecho, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea y
Acnur sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y en Melilla.


En segundo lugar, me gustaría conocer su opinión sobre las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación, grabadas por diferentes ONG, sobre los hechos que han ocurrido en la valla de Melilla durante este verano, tanto el 13 de
agosto como el 15 de septiembre. ¿Le parece que responden a la proporcionalidad, oportunidad y congruencia? ¿Cree usted que son hechos de resistencia o de amenaza de violencia o que son una paliza directamente fuera de la legalidad?

Página 46

Usted decía que hiciéramos propuestas constructivas. Yo alguna le he hecho llegar vía interpelación escrita, proponiendo que habiliten puestos en la frontera para solicitar asilo. Usted decía que en los puestos habilitados es posible, pero
no, se equivoca, dígame usted cuántos casos de subsaharianos han podido solicitar asilo. En cuanto se acercan a la frontera son machacados, les dan palizas por acercarse a los puestos habilitados. Sí es cierto que los provenientes de países como
Siria o del Magreb, por su aspecto físico, sí pueden acercarse a los puestos habilitados, pero no así la inmensa mayoría, que son los subsaharianos.


Por último, como mencionaba antes, debido a esa gran coordinación y cooperación que mantiene usted con el Reino de Marruecos en este asunto, la semana pasado usted condecoró al señor Abdelatif Hamuchi, que como sabe es un jefe de la policía
marroquí, pero a la vez es un prófugo de la justicia y de la policía francesa porque está acusado de graves torturas, salvajes torturas a saharauis. ¿Cómo es posible que ustedes condecoren a quien están buscando en Francia para que declare en los
tribunales? Hace dos años condecoraron a la Virgen del Pilar, el año pasado a la Virgen del Amor, de Málaga. Es preferible que continúen condecorando a estatuas policromadas que lo hagan a diablos de carne y hueso.


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, telegráficamente. No lo hice antes, señor secretario de Estado, pero quiero ahora expresamente agradecerle sus explicaciones realizadas de forma tan vehemente, porque creo que son muy
necesarias en este tema de la inmigración ilegal. Pido menos demagogia y más responsabilidad; menos críticas vacías y más alternativas reales. Es verdad que me hubiera gustado haber escuchado otro discurso en el Partido Socialista, el mismo que
tenía y que algunos que estábamos aquí en esta misma Comisión escuchábamos cuando estaba el orden poder-oposición invertido. En todo caso es obvio, y todos lo sabemos, que es un tema complejísimo, es un tema vivo, candente, un tema duro, y por eso
en ese sentido quiero de alguna manera que les traslade el agradecimiento de mi grupo a todos esos hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que frente a este drama dan todos los días un ejemplo de profesionalidad y de
humanidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, la verdad es que se han abierto numerosos frentes de debate nuevo en este turno, provocados por la propia exposición del señor Martínez, pero no se preocupe, señor presidente, voy a compensar la
prolijidad usada en el primer turno con una particular contracción de mis palabras en este.


Ha hecho una reflexión, señor Martínez, que me preocupa, y no solo me preocupa, sino que me genera una cierta inquietud. Me ha reprochado que le exija o le reivindique el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento del artículo 58 y
siguientes de la Ley de Extranjería, y el cumplimiento del Código Penal en los artículos 89 a 108. Tácitamente ha reconocido que las devoluciones en caliente y estas prácticas... (El señor secretario de Estado de Seguridad, Martínez Vázquez, hace
gestos negativos). Tácitamente sí, porque su reflexión ha consistido en afirmar lo siguiente: cómo quiere que nos enfrentemos a un problema tan singular cumpliendo la legalidad; le faltaba decir cumpliendo la legalidad penal y la legalidad
prevista en la legislación específica de extranjería. Yo no tengo que explicarle a usted -usted lo sabe perfectamente- que el cumplimiento de la legalidad es un valor superior del ordenamiento jurídico, y el principio de legalidad está consagrado
en el artículo 9 de la Constitución. Es más, ustedes hacen sistemáticamente invocaciones a la legalidad para resolver problemas incluso cuando la aplicación de la legalidad es más discutible o más polémica, pero el cumplimiento de la legalidad o el
reconocimiento por parte de un representante político de que la dimensión de un problema singular como este requiere relativizar la aplicación de preceptos, de preceptos indisponibles, de derecho necesario absoluto, como son los penales, como son
los previstos en leyes orgánicas como la de extranjería, genera inquietud y genera preocupación, señor Martínez. Me gustaría que matizase sus palabras. Yo he entendido muy bien lo que quería decir; quería decir lo que ha dicho exactamente. El
problema es tan abrumador que la legalidad actual punitiva se les ha quedado pequeña de alguna manera, y la quieren corregir con este subterfugio de introducir en una ley, que ya nace cargada de sospechas, de vicios y de pretendidas vulneraciones
del sistema de libertades públicas y derechos fundamentales, en esta precisamente una especie de habilitación ad hoc específica para mantener o transformar o transfigurar en legal lo que en este momento es una conducta penalmente reprochable,
conforme al derecho internacional público

Página 47

reprochable, y conforme a la Ley de Extranjería también reprochable. Esta es una jugada, señor Martínez, que obviamente espero que le haya entendido mal, porque no es digna de un ministerio como el que usted aquí está representando hoy.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: De nuevo gracias, secretario, por sus aclaraciones. Lo primero de todo es levantar acta de que el portavoz del PP ha dicho que desde 2005 a 2014 se han hecho las cosas mal, y que ahora iban a poner hilo a la
aguja para arreglarlas. Vale, me parece muy bien si fuera un debate a dos, pero para los que estamos aquí en medio es bastante alarmante. Vaya para el uno y vaya para el otro.


El secretario de Estado no me ha respondido. Finalmente se ha atenido al viejo chiste: son los servicios secretos, ¡ah! Pues eso es más o menos lo que ha hecho; no me ha respondido a nada.


Finalmente me ha pedido excusas el portavoz del PP. Creo que tiene la mitad de la razón; he dicho por una parte que los informes anónimos y de los que nadie se hace responsable existen, pero es verdad que a mí no me consta que se hagan
desde una cueva. De manera que retiraría la expresión cueva de falsificadores, porque no me consta que estos informes se hagan desde ninguna cueva.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes, se retirará del acta en los términos que usted ha planteado.


Corresponde el turno ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señor presidente, trataré de ajustarme en este escaso tiempo a lo que aconseja la cortesía parlamentaria, porque como he dicho antes creo que añadir más crispación al debate sinceramente no aporta nada a la
seguridad, y tampoco aporta nada a la protección de nuestras fronteras, que es lo que recurrentemente se ha planteado aquí. Muy rápidamente, sinópticamente.


Esta comparecencia se ha convertido en una especie de juicio contra la empresa privada, contra algunos empresarios, incluso de forma nominal. Eso creo que tampoco conduce a ningún buen camino. Penalizar de antemano la empresa privada con
nombres y apellidos por el simple hecho de ser empresa privada, en términos de seguridad, en términos de cortesía, en términos de justicia no añade absolutamente nada. Lo más importante de lo que hemos escuchado aquí -y ahí estamos de acuerdo
todos- ha sido que las fronteras de nuestro país deben protegerse sí o sí. La responsabilidad del Estado de derecho es brindar esa protección a nuestras fronteras y brindar especial protección a quien protege esas fronteras, a quien se enfrenta
diariamente, cotidianamente a una situación tremendamente compleja que hay que administrar todos los días. Esa es una tarea en absoluto fácil. Ni los ataques, ni los buenismos, ni la demagogia van a mejorar esa protección.


En ese contexto voy a leer, no voy a valorar, voy a leer la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, para quienes nos estén escuchando y para ustedes mismos: Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la
demarcación territorial de Ceuta o Melilla intentando el cruce no autorizado de la frontera, de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. ¿Por qué esto les escandaliza? ¿Qué tiene esa
enmienda que perjudique? ¿Qué tiene esa enmienda que complique nada, si esa enmienda lo único que hace es dar estricta cobertura jurídica, la mejor, la que nuestro ordenamiento eleva al mayor rango, puesto que estamos hablando de una ley orgánica,
y proteger a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y darle la cobertura legal necesaria a quien desgraciadamente decide dar el salto, pero repárese en qué condiciones decide dar el salto: flagrante o violenta? ¿A quién
escandaliza que hayamos presentado esta enmienda, cuando desde 2005 y 2006 se vienen operativamente planteando estas cuestiones? Simplemente lo único que hacemos es elevarlo a esta condición legal, porque si nos remitimos a la coherencia mínima que
se tiene que exigir en política, tengo aquí un relato de cuestiones de lo que decía entonces Elena Valenciano, por ejemplo: Europa debe establecer una política de inmigración común -esto lo hizo antes de visitar Ceuta y Melilla-, y es algo que
compartimos. ¿Por qué antes ustedes decían esto? Por qué antes el señor Hernando, por ejemplo, hacía una interpretación de las fronteras que se la voy a remitir, y simplemente les pregunto si la hacen suya. Decía: Si hablamos de fronteras
geográficas o topográficas seguramente, como nos decía el otro día el propio secretario de Estado, la frontera llega mucho más allá de las dos vallas; llega incluso hasta la concertina marroquí. Si aplicamos esa regla de tres y ese razonamiento
todas las personas que ya tocan la primera valla estarían en España, y eso es

Página 48

materialmente insostenible, señorías. No hay forma de detener ese flujo migratorio si hacemos esa interpretación jurídica, geográfica o política. Lo dice su portavoz. ¿Están de acuerdo?


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Escobar, termine ya.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Al final, a nosotros los políticos se nos juzga por la coherencia y por lo menos yo les reclamo un poco de coherencia.


Acabo ya con una breve pincelada a las dos leyes, de seguridad ciudadana y de seguridad privada. Seguridad ciudadana, simplemente tengan la certeza, señorías, de que se van a proteger mucho mejor las libertades de todos los españoles y
expresamente de los manifestantes. Vamos a tener mucha más garantía que con la actual y vigente ley del año 1992 para todos nosotros. Esa es la principal aportación del proyecto que se tramita. Como última reflexión, señor Trevín, abandone ese
cliché de que la seguridad privada es mala y que la seguridad pública es buena. La Ley de Seguridad Privada ya aprobada, y brillantemente defendida por el portavoz adjunto, si algo hace, es incorporar más agentes privados al servicio de la
seguridad pública de todos, con lo cual todos salimos ganando. Eso es todo.


Gracias, señor presidente, por su generosidad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): En primer lugar, contesto al señor Sixto, que me daba un consejo que claro que comparto, cumplir la ley. Efectivamente, si no pretendemos otra cosa, la ley en toda su amplitud,
por supuesto, la Ley de Extranjería y también la legislación que nos obliga a custodiar las fronteras de España y las fronteras de la Unión Europea y evitar que se produzcan entradas fuera de los pasos habilitados. Eso también es la legalidad, es
la legalidad fronteriza, o como la quiera llamar usted, pero eso también es la legalidad. Eso es lo que pretendemos, cumplir la ley. Gracias por la concisión de su intervención y le aseguro que no pretendemos otra cosa.


Señor Trevín, no sé cómo puede usted decir que he venido como un juez justiciero. Permítame que le diga que he venido a plantear un problema con la mayor humildad diciéndoles que es un problema enormemente complejo en el cual me encantaría
escuchar sus aportaciones constructivas. No sé si las han hecho en otros foros o a otras personas, pero en esta sesión no he escuchado ninguna, al problema que se produce cuando cientos de inmigrantes intentan entrar saltando la valla de Melilla o
el término fronterizo de Ceuta, todos los días. No he escuchado una solución constructiva a eso y sí muchas críticas, pero juez justiciero, desde luego, si es la sensación que le he dado, sabe que está muy lejos de mi intención y muy lejos de mi
personalidad. Sí le digo que algunos de los términos de los reproches de su grupo parlamentario me obligaban a plantear debates en los que yo no quería entrar. Evidentemente, si es verdad, como usted dice, que coincidimos en la necesidad de
aplicar responsabilidad y sentido de Estado y hacer una política de Estado, propongan una alternativa eficaz, porque, si me permite, el mandato legal es el de defender las fronteras de España en Ceuta y en Melilla y de defenderlas eficazmente,
porque si a través de toda una serie de dificultades, que efectivamente hay que poner encima de la mesa, llegamos a la conclusión de que no se puede evitar de ninguna forma, porque no se puede usar la compulsión física por razones que son evidentes,
porque no se puede utilizar otra modalidad de rechazo, y llegamos a la conclusión de que, sencillamente, el que quiera entrar puede entrar, entonces no estamos defendiendo eficazmente las fronteras y por tanto también estaremos incumpliendo la ley,
la que nos obliga a custodiar las fronteras. Es lo único que he tratado de trasladar, le repito, desde la máxima humildad y sin ningún ánimo justiciero, que creo que va muy poco con mi carácter.


También le digo, en cuanto a lo que dice de que yo hago juegos de cifras, que ese debate no nos lleva a nada, pero perdóneme que le diga que han empezado ustedes diciendo que habíamos fracasado. Hemos conseguido ser eficaces. Es más, se
empezó a ser eficaz evitando las llegadas por vía marítima de esos 39.000 inmigrantes que llegaron en el año 2006 e inmediatamente después, en 2007, en 2008, en 2009, y es una política, esta sí probablemente de Estado, que se ha mantenido y que
tiene unos ingredientes, una política que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con el refuerzo de la seguridad, con el apoyo a Mauritania, a Senegal, con circunstancias también internas de esos países, y que hace que hoy ese fenómeno
haya desaparecido o que se haya puesto un muro a esa tremendamente trágica vía de entrada que suponía que llegaban muchos, pero seguro que muchísimos, desgraciadamente, se quedaban en el intento. Por tanto ahí sí, a lo mejor ahí sí que se ha
aplicado una política de Estado. ¿Por qué no trasladamos la misma lógica a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla? Reprocha usted

Página 49

fracaso e ineficacia, y de 2011 a 2012 disminuyen enormemente las entradas irregulares en Ceuta y Melilla, pero sí, de 2013 a 2014 se ha producido un repunte, no se lo niego, se ha producido por múltiples circunstancias. ¿Por qué no nos
concentramos mejor en saber qué soluciones hay que dar a ese fenómeno?


Creo que me ha entendido muy mal, señor Olabarría. No he querido decir que como consecuencia de lo complejo que es el fenómeno la legislación queda derogada. No, hay una legislación, pero les aconsejo que se lean la instrucción de la
Fiscalía General del Estado del año 2001 en la que se identifican los conceptos de inadmisión, de devolución y de expulsión, que están en la Ley de Extranjería en esos artículos que usted ha citado, pero también se dice que hay algo que pasa antes,
que es el que está intentando entrar, el que está trepando, el que está haciendo un acto, muchas veces con violencia, al menos me reconocerá usted que con fuerza en las cosas, para entrar irregularmente en un país. Es a esa situación a la que hay
que dar respuesta. Por tanto, ni muchísimo menos se me ocurriría plantear ni que se derogue de facto la legislación penal ni la legislación de extranjería. Creo que estamos hablando de otra cosa y que también tiene su base legal, pero si esa base
legal la podemos mejorar y hacer más clara, tal vez hagamos un favor, en fin, cumplamos con una exigencia de manera responsable para quienes tienen que aplicar en definitiva esa legalidad en esa situación tan compleja que se produce en la frontera
cada día, que son los guardias civiles. Aquí es donde, sin ánimo justiciero, con humildad, les pido aportaciones constructivas, porque no he escuchado ninguna. A lo mejor, insisto, las han hecho en otro foro, pero hoy, ninguna: la concertina, el
fracaso, eso es lo que ustedes han dicho; aportaciones constructivas, ninguna.


Me pedía el señor Iñarritu mi opinión sobre las recomendaciones y denuncias del Consejo de Europa. Vamos a ver, recomendaciones y denuncias del Consejo de Europa hay muchas, y de la Comisión Europea muchas no han concluido, y desde luego no
he escuchado nunca ni al Consejo de Europa ni a la Unión Europea que no haya que defender y custodiar las fronteras. Creo que este debate es mucho más amplio que lo que da de sí esta Comisión, pero ciertamente no se trata de dar una opinión en un
minuto sobre algo que es complejísimo y en el que no he encontrado nunca una sola línea que diga: las fronteras se pueden saltar por la propia voluntad del que quiere entrar irregularmente.


Sobre las imágenes, la película de lo que pasa en Ceuta y Melilla es una película larguísima que sucede todos los días, no unos minutos que en un momento dado han sido captados, por tanto creo que debemos ver la película completa de lo que
hace cada día la Guardia Civil, de lo que hace cada día, cada vez que se tiene que enfrentar a situaciones enormemente difíciles. Probablemente no sea usted representante de un grupo como para poder hablar de la Guardia Civil (El señor Iñarritu
García: ¿Por qué no?), pero también le digo que el carácter de la Guardia Civil es innegable y lo aprecian los ciudadanos todos los días en cuanto al desarrollo de acciones humanitarias, en cuanto a la defensa de los derechos e incluso en el
salvamento de muchísimas vidas, también de inmigrantes, que intentan llegar por vía marítima, por vía terrestre o por la vía que sea. Así pues, sea usted riguroso y serio y no le falte al respeto a la Guardia Civil, porque esa película ciertamente
es muy larga, dura muchos minutos. (El señor Iñarritu García: Déjenos ver las imágenes. Las hemos pedido).


Por referirme a las reflexiones que me hacían a propósito del sector de la seguridad privada, celebro que en cuestión de tan solo unos minutos el señor Trevín haya pasado de decir -le he escuchado- que es una ley que nadie demandaba a decir
que sí es una ley que demandaban, ustedes por cierto (El señor Trevín Lombán: No esta ley), pero una ley diferente. Bueno, pero su afirmación es que es una ley que nadie demandaba. Ahora ya sí la demandaban. Hemos cambiado de criterio en
cuestión de unos solos minutos, pero es otra ley. En lo que estamos de acuerdo es en que demonizar la seguridad privada es un discurso fácil. Por cierto, le voy a dar una magnífica noticia. La empresa de la persona por la que usted tanto se
interesa no ha resultado adjudicataria en el contrato de los centros penitenciarios, que es una cuestión que por lo que se ve le inquieta muchísimo. No he pretendido faltarle al respeto al decirle, en fin, que llame usted a comparecer a esta
señora, porque es la segunda vez que tenemos un debate sobre esta señora. (El señor Trevín Lombán: No me lo vuelva a decir porque le vuelvo a llamar la atención. Respete usted a los diputados).


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Sí, sí, enteramente, pero entiéndame que me pregunta usted por una persona, con nombre y apellidos, y yo ni la defiendo ni la dejo de defender. Lo que le digo es que la
empresa, que entiendo que se habrá presentado en las condiciones

Página 50

que marcaban los pliegos, ha quedado fuera, es decir, no ha resultado adjudicataria. Es lo único que le puedo decir; más allá de eso no creo que tenga mayor interés seguir hablando de esa persona ni de esa empresa.


Tampoco he pretendido decir que el debate de la ciberseguridad a ustedes les resulte indiferente. Lo que sí es verdad es que no me han hecho ninguna aportación y el señor Sánchez Amor me decía que he venido a contar, en fin, no sé, como una
película... (El señor Sánchez Amor: Conteste a la pregunta).


El señor PRESIDENTE: Señores diputados, por favor, está interviniendo el señor secretario de Estado, déjenle intervenir. (El señor Sicilia Alférez: No se presentan unas PNL: venimos a interpelar al secretario de Estado. Parece que no ha
sido letrado de la Cámara). Por favor, señor Sicilia, no crucemos intervenciones.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): De su afirmación, lo que yo he deducido es que sobre esa materia no tenía mucho que decirme. Y eso es lo que yo he pretendido decir, nada más que eso. (El señor Sánchez Amor:
Conteste a lo de la directiva).


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, conoce perfectamente el desarrollo de las sesiones.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): La directiva no ha sido aprobada todavía y en ese contexto lógicamente lo que sí está haciendo el Gobierno es un gran esfuerzo por coordinar toda la materia que tiene que ver
con la ciberseguridad a través de un Consejo Nacional de Ciberseguridad en el que están representados todos los actores que tienen que ver con esta materia y mediante la creación o la aprobación de una estrategia nacional de ciberseguridad que yo he
citado. Por tanto, a su pregunta respondo, pero la otra reflexión no tenía más ánimo que dar a entender que me había parecido que no le había interesado mi exposición, desde luego no tenía otra finalidad.


Termino agradeciendo al señor Escobar su respaldo y su apoyo en un debate que es difícil y en el que, insisto, todos ganaremos cuando hagamos aportaciones constructivas y que en definitiva mejoren la seguridad jurídica, que creo que es una
responsabilidad que todos tenemos, bien desde la oposición bien desde el Gobierno, pero que en definitiva quienes nos lo agradecerán serán los ciudadanos y por supuesto, en este caso concreto, la Guardia Civil. (Aplausos.-El señor Trevín Lombán
pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, ¿Para qué solicita el uso de la palabra?


El señor TREVÍN LOMBÁN: Para hacer un ruego a la Presidencia, no sé si antes de que acabara esta Comisión de Interior...


El señor PRESIDENTE: Un minuto, por favor...


El señor TREVÍN LOMBÁN: En un minuto.


Quiero trasladar al señor presidente que los portavoces en la Comisión de Interior de los grupos parlamentarios firmantes quieren poner de manifiesto que: El proyecto de ley de seguridad ciudadana es una iniciativa legislativa de enorme
trascendencia en la medida en que afecta a la tutela práctica de los derechos y libertades de los ciudadanos, pues recoge limitaciones a los mismos en función de la protección de los intereses generales. Tales limitaciones, para ser admisibles en
un Estado social y democrático de derecho, deben responder estrictamente a una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, lo que a su vez exige un examen detallado, razonado y reflexivo de las normas que lo resuelven. Esa reflexión se hace
radicalmente imposible...


El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, esto no es un ruego, lo sabe usted bien; haga el ruego si quiere hacerlo.


El señor TREVÍN LOMBAN: Acabo ahora mismo, señor presidente.


Esa reflexión se hace radicalmente imposible si después, para el plazo de presentación de enmiendas parciales, mucho antes de lo usual y de lo solicitado por diversos portavoces al Grupo Popular, se confirma que, a partir de hoy y en contra
de los usos habituales en la Cámara, el grupo mayoritario impone un procedimiento legislativo acelerado que impedirá la búsqueda de las transacciones y acuerdos que permitan adecuar el proyecto de ley a las exigencias de la Constitución española, de
la protección efectiva de los derechos y libertades y también a la necesidad de amparo de la actuación legítima de las Fuerzas

Página 51

y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, los portavoces del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo de UPyD, del Grupo de Convergència i Unió, del Grupo del PNV y del Grupo del PSOE pedimos a la Presidencia de la Comisión amparo para
tramitar este proyecto de ley con un plazo suficientemente amplio y riguroso para lograr las premisas anteriormente mencionadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Trevín, pero usted sabe que en este momento no hay ningún procedimiento establecido. Precisamente, a continuación de esta Comisión, será la constitución de la ponencia y ustedes, los
miembros de la ponencia, tendrán que adoptar los acuerdos que crean oportunos a la hora de tramitar este proyecto de ley. (El señor Escobar las Heras pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Por la misma cuestión de orden que le asiste al señor portavoz socialista, en el Grupo Parlamentario Popular creemos que el procedimiento que se sigue es ajustado al Reglamento de la Cámara y que es perfectamente
viable la constitución de la ponencia parlamentaria inmediatamente concluya la sesión. Debemos recordar a todos los portavoces y diputados aquí presentes que este proyecto de ley inició su tramitación en esta Cámara en el mes de julio y estamos a
finales de octubre. Simplemente constato esa circunstancia.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, se levanta la sesión.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.