CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 656

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 36

celebrada el martes,

7 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (Número de expediente 121/000118):


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Román García). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001969), Socialista (número de expediente 212/001836), Catalán (Convergència i Unió) (número de
expediente 212/001796) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural (número de expediente 212/001811) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (Roldán Martín). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001970), Socialista (número de expediente 212/001837) y Catalán (Convergència i Unió) (número de
expediente 212/001797) ... (Página2)


- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Silguero Estagnan). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001971) ... (Página13)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. (Número de expediente 121/000118):


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ROMÁN GARCÍA). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO EXPEDIENTE 212/001969), SOCIALISTA (Número de expediente 212/001836), CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de
expediente 212/001796) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL (Número de expediente 212/001811).


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (ROLDÁN MARTÍN). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001970), SOCIALISTA (Número de expediente 212/001837) Y CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de
expediente 212/001797).


El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión de la Comisión de Justicia en relación con las comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, solicitadas por los diversos grupos parlamentarios, al objeto
de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. En primer lugar se acordó que comparezca el secretario de Estado de Justicia, que había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Les comunicó que la Mesa acordó acceder a que no compareciera la subsecretaria de
Justicia, que había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dado que, como sus señorías saben, los cambios en el organigrama del ministerio
hacen que la nueva subsecretaria tenga escasas horas de responsabilidad en ese cargo. Será el secretario de Estado el que asuma las preguntas de los diferentes grupos a la nueva subsecretaria de Estado.


Sin más preámbulos, queremos agradecer, como hemos hecho en años anteriores, a don Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia, su presencia en esta Comisión, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que, sin límite de tiempo,
exponga las líneas generales de su departamento en relación con los presupuestos para el año que viene. Les anuncio también que se mantiene viva la siguiente comparecencia, que sería el punto 3 del orden del día previsto, que es la del secretario
general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero. En consecuencia, empezamos con el punto primero que sería la comparecencia del secretario de Estado, don Fernando Román, quien tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA: (Román García): Señorías, de nuevo es un honor y un placer acudir a esta Cámara, en esta ocasión para informarles acerca de las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia para el año
2015. Como en años anteriores, antes de entrar al detalle, creo necesario exponer brevemente el contexto general en el que se enmarcan las cuentas del departamento para el año próximo. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 son
coherentes con las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno a lo largo de toda la legislatura, y que nos están permitiendo recuperar lo que habíamos perdido: la confianza y la credibilidad, que son factores fundamentales para poder salir de la
durísima crisis económica en la que hemos estado inmersos. Estos presupuestos ahondan en las reformas estructurales y en la consolidación fiscal para el fin de que España se mantenga en la senda de la recuperación. Una recuperación que ya hemos
iniciado gracias al rigor y al esfuerzo de todos. Los grandes objetivos siguen siendo la creación de empleo, el crecimiento de la economía española y la cohesión social, sin dejar de lado el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal.
Por tanto, y a pesar de que el entorno económico es sin duda más favorable que en años anteriores, las cuentas públicas siguen siendo rigurosas, realistas y basadas en la máxima eficiencia en la aplicación de todos los recursos, pues solo así
podremos reestablecer de manera definitiva la confianza en nuestra economía y alcanzar tasas de crecimiento que nos permitan recuperar los niveles de renta y de empleo que existían al inicio de la crisis. Como reflejo de dicho rigor, de nuevo para
2015, se produce una disminución global del gasto disponible para el conjunto de los ministerios; disminución que se cifra en un 5,1%, incluyendo las transferencias a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal y en un 0,2% si
descontamos

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dichas transferencias. Junto con ello, la actual situación permite incorporar nuevos elementos para apoyar el crecimiento, la creación de empleo y la competitividad. Es el caso de la reforma fiscal, con la consiguiente bajada de impuestos,
o la priorización de las políticas activas de empleo. Por otro lado, aumenta el gasto social, la dotación para pensiones contributivas y el gasto en educación. El mantenimiento del rigor y de la austeridad, aunque en un contexto económico que nos
permite ser algo más optimistas, son las características fundamentales de las cuentas públicas para 2015 y, como no puede ser de otro modo, a este planteamiento responden los presupuestos del Ministerio de Justicia que hoy les presento en esta
Cámara. En mis tres comparecencias anteriores les he presentado unos presupuestos que disminuían. Los presupuestos de Justicia para 2012 disminuyeron en un 6,34%; los de 2013 lo hicieron en un 4,21% y para 2014, en un 2,31%. Hoy les presento
unos presupuestos del departamento que, por primera vez en la legislatura, experimentan incrementos respecto del ejercicio anterior. Un incremento del 0,18% en términos absolutos y del 1,20% en términos homogéneos. Más adelante explicaré a qué
responde ese doble cálculo que no se debe más que a cuestiones de técnica presupuestaria.


Permítanme ahora, en el inicio de mi intervención, que ponga en valor el hecho de que por primera vez en la legislatura podamos disponer en el Ministerio de Justicia de más recursos presupuestarios para aplicar al servicio público de la
justicia. Me dirán que el incremento es poco, incluso que resulta inapreciable si lo ponemos en relación con las evidentes necesidades de mejora que presenta nuestra justicia. Sin duda, podrían tener razón, pero, como ya les dije en anteriores
ocasiones -y creo que ha sido así-, estoy convencido de que contamos con el espíritu constructivo de los distintos grupos parlamentarios para efectuar entre todos un análisis riguroso de las cuentas que hoy les presento. Creo poder afirmar que el
incremento que experimenta el presupuesto del Ministerio de Justicia para 2015 es, además del reflejo del contexto económico más favorable en el que nos encontramos, el resultado tangible del esfuerzo de racionalización, de eficacia y de máximo
aprovechamiento de los recursos que hemos venido realizando en los últimos años y que nos ha permitido ajustar nuestra actividad al obligado entorno de restricción presupuestaria, sin mermar la calidad del servicio, gracias a una reorganización
adecuada de los recursos disponibles, a una planificación realista y a una correcta priorización de proyectos orientada a incidir en aquellos ámbitos donde se aportaba un auténtico añadido, generando incluso ahorros que hoy facilitan que veamos
aumentadas las partidas destinadas a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia.


En cualquier caso, hecha esta primera introducción -y aunque a continuación comparecerá el señor secretario general de la Administración de Justicia, quien les podrá facilitar información más detallada de la asignación de recursos a los
proyectos de modernización-, paso a dar cuenta a sus señorías de las grandes líneas de este presupuesto. El total de créditos destinados al Ministerio de Justicia, sin incluir los organismos adscritos, es de 1.475,56 millones de euros, lo que
representa, según les he adelantado, un incremento del 0,18% respecto del presupuesto de 2014, incremento que se eleva hasta el 1% si, como dije antes, hacemos la comparación en términos homogéneos. El presupuesto para los organismos adscritos al
departamento -Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial y Agencia Española de Protección de Datos- asciende en conjunto a 123,93 millones de euros. Esto es un 2,26% más que en 2014. Considerando ambos parámetros, ministerio más
organismos, la cifra para 2015 se sitúa en 1.599,49 millones de euros, con un incremento global del 0,34% en términos absolutos. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial que, como saben, dispone de presupuesto independiente, pero
participa de la política de gasto en justicia, contará en 2015 con una dotación de 54,89 millones de euros, disminuyendo así en un 5,28% respecto del 2014. Como ya hice el año anterior, creo necesario destacar en este punto el esfuerzo continuado
de contención del gasto realizado por el propio consejo, que en 2011 disminuyó su presupuesto en un 4,98%; en 2012, un 3,86%; en 2013, un 12,02; en 2014, un 7,69% y ahora en 2015 un 5,28%. Por tanto, la reducción acumulada desde el año 2010 se
sitúa en un 29,7%, pasando de los 78,11 millones presupuestados en 2010 a los 54,89 millones previstos para 2015. Volviendo a las grandes cifras para 2015, concluyo señalando que en cuanto a lo que es estrictamente hablando la política de gasto en
justicia, es decir, computado solo los programas incluidos en dicha política y añadiendo lo correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, nos situamos en una cifra global de 1.501,76 millones de euros, lo que representa un incremento del
0,07% en términos absolutos y un 1,05% en términos homogéneos.


Señorías, paso ahora a exponerles algunas cuestiones, las más destacadas de cada uno de los capítulos presupuestarios, al objeto de que puedan disponer de un panorama general lo más completo posible sobre el que podamos después profundizar
si así lo desean en el turno de preguntas. Los gastos

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de personal, capítulo 1, se mantienen exactamente en las mismas cifras que las aprobadas para 2014, 1.218,14 millones de euros. Ello responde a la aplicación de los criterios generales marcados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que excluyen cualquier tipo de incremento retributivo para 2015. Salvo ligeros ajustes internos entre distintos artículos, destinados a adecuar las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de gasto, no hay
variación alguna en las cifras globales del capítulo 1. Como saben, el capítulo de gastos de personal del Ministerio de Justicia es, con diferencia, el más voluminoso, representa en 2015 el 82,55% del total del presupuesto, destinado en la mayor
parte a las retribuciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y resto del personal al servicio de la Administración de Justicia no transferido a las comunidades autónomas.


En este punto, y aunque el presupuesto global no sufre variación, querría detenerme en un aspecto que ha centrado gran parte de nuestros esfuerzos -y que sinceramente creo que ha tenido el éxito y los resultados que esperábamos- que es la
profesionalización de nuestra justicia. Ya les he hablado en ocasiones anteriores de nuestro compromiso por dicha profesionalización, como un elemento clave para alcanzar los necesarios niveles de calidad que repercutan finalmente en una mayor
confianza de los ciudadanos y de las empresas en nuestro sistema judicial. En este sentido, ha sido pieza fundamental la aprobación, por este Parlamento, de la Ley orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la
Administración de Justicia, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, sentar las bases de una justicia plenamente profesional minimizando, en la medida de lo posible, la justicia interina y procurando que
las sustituciones y refuerzos fueran realizados por personal con formación, preparación y experiencia contrastadas. La idea era también, como ya les comenté en su momento, reducir el coste desmesurado de la justicia interina; un coste que no nos
podíamos permitir teniendo en cuenta además que no nos permitía avanzar con el suficiente impulso hacia la necesaria calidad de la justicia. Gracias a la aprobación de la citada ley y, por supuesto, también lo quiero destacar aquí, porque es de
toda justicia, gracias a la colaboración de los tribunales superiores de Justicia y de sus presidentes, cuando procedimos a cerrar el ejercicio presupuestario de 2013 constatamos una reducción del gasto por sustituciones superior al 42% respecto del
año anterior. Esto es, si en 2012 se gastaron 25,17 millones de euros, se cerró 2013 con un gasto de aproximadamente 14,39 millones. En este año 2014, y teniendo en cuenta además que, como complemento necesario de la citada ley orgánica, en
septiembre de 2013 se aprobó el Real Decreto 700/2013 para actualizar las cuantías por sustituciones que permanecían inalteradas desde el año 2004, se prevé la consolidación definitiva de esta reducción de costes, siendo muy probable que, según nos
indica las proyecciones, cerremos 2014 con un gasto cercano a los 11 millones de euros, es decir, un 55,86% menos que en 2012, con un ahorro neto superior a los 14 millones de euros. Si a ello sumamos el ahorro producido en el pago de cuotas a la
Seguridad Social, como consecuencia de estas medidas, entre los años 2012 a 2014 habremos ahorrado más de 18 millones de euros en el concepto de sustituciones, a la vez que se habrá conseguido hacer plenamente efectivo un sistema de sustituciones
profesionales para jueces y fiscales debidamente retribuido. Racionalización en el gasto y mayor calidad en el servicio, ese era nuestro objetivo. Por lo demás -y terminando con las cuestiones relativas a personal-, como sabrán sus señorías, en la
oferta de empleo público para el año próximo el sector justicia vuelve a ser una de las excepciones previstas para la cobertura de vacantes. Como les he dicho, queremos una justicia profesional y queremos acabar con el elevado nivel de interinidad
que incide negativamente en la calidad del servicio. Por eso, en 2015, se podrá ofertar para el personal al servicio de la Administración de Justicia, con un límite del 50% sobre la tasa de reposición -hasta ahora les recuerdo que había sido del
10%-, y nuevamente se convocarán 100 plazas para jueces y fiscales, a pesar de las fuertes restricciones impuestas en materia de oferta de empleo público.


Pasando al capítulo 2, gastos corrientes, este experimenta en términos absolutos una reducción del 10,34% respecto del 2014, situándose en una dotación global de 128,72 millones de euros. Sin embargo, en términos de homogeneidad -y es aquí
donde debo hacer la aclaración que antes apuntaba-, el presupuesto de gastos corrientes del departamento mantiene las mismas cifras que en el año 2014, pues la variación a la baja de 14,83 millones de euros menos en los créditos iniciales responde a
circunstancias coyunturales, que si no se tienen en cuenta nos dan una cifra de variación cero. Me estoy refiriendo a la supresión de la dotación de 3,63 millones de euros, aprobada en 2014, para atender obligaciones generadas en ejercicios
anteriores -deudas en energía eléctrica, gastos postales e IBI-; a la reducción de 10,9 millones de euros por la centralización de determinados contratos de servicios, como medida de racionalización del gasto de las administraciones públicas, y a
la reducción de 295.310 euros

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correspondientes al coste de los servicios de certificación que presta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Como les decía, si descontamos esas cuantías del crédito inicial aprobado para 2014, que nos han permitido un importante ahorro
-y a salvo de meros ajustes internos para una mejor gestión-, el presupuesto del capítulo 2 del ministerio para 2015 se mantiene en los mismos niveles de gasto que para 2014, siguiendo en la misma línea de contención y racionalización del gasto de
funcionamiento de las administraciones, de la que lógicamente no nos podemos apartar.


En cuanto al capítulo 4, las transferencias corrientes aumentan un 3,34%, es decir, 1,49 millones de euros. Ello se debe a un aumento de 785.470 euros en la subvención para los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por
abogados y procuradores -debido a que la dotación del presente ejercicio es insuficiente para cubrir el coste de las certificaciones emitidas por los colegios profesionales- y a un aumento de 712.910 euros en la aportación del ministerio al Centro
de Estudios Jurídicos, como consecuencia de la necesidad de incrementar el capítulo 1, gastos de personal, de este organismo, ante el aumento del número de funcionarios en prácticas cuyas retribuciones se abonan por el Centro de Estudios Jurídicos.
Aparte de estas dos variaciones al alza, en el capítulo 4, únicamente se produce un ajuste interno, disminuye en 6.720 euros la aportación al Greco, Grupo de Estados contra la corrupción, para incrementar esa misma cuantía en la aportación a la
COMJIB, la Conferencia que reúne a los ministros de Justicia iberoamericanos, y se mantienen, sin variación alguna, el resto de partidas: a la Fundación pluralismo y convivencia; al Instituto de Naciones Unidas para la prevención del delito y
tratamiento del delincuente, el Ilanud; a los ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los juzgados de Paz y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas. Este planteamiento para el
capítulo 4 del presupuesto del departamento permite mantener e incluso reforzar partidas tan importantes como la justicia gratuita, la lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas.


El capítulo 6, de inversiones, es el que experimenta con diferencia una mayor variación incrementándose en un 26% respecto al año 2014. Se sitúa en 77,55 millones de euros frente a los 61,55 millones de ese año, con un incremento neto de 16
millones de euros, íntegramente dedicados a proyectos de modernización tecnológica en el ámbito de la Administración de Justicia. Estamos ante una apuesta clara por la mejora del funcionamiento de nuestra justicia, dando un nuevo impulso a la plena
implantación de las tecnologías de la información y la comunicación. De ello les hablará luego con todo detenimiento el secretario general de la Administración de Justicia. De los 77,55 millones previstos 59,27 se destinarán a la modernización
tecnológica del sistema de justicia y registros civiles y 18,28 millones al Plan de infraestructuras y equipamientos. La mayor parte de las inversiones en nuevas tecnologías irán al Plan de acción de la Secretaría General de la Administración de
Justicia 2012-2015 sobre el que a continuación podrá informarles más ampliamente y con todo detalle, como les he indicado, el secretario general de la Administración de Justicia. Solo permítanme avanzarles que los incrementos producidos nos
permitirán seguir avanzando de manera decidida en las cuatro líneas de trabajo en las que se estructura dicho plan. En primer lugar, aumentar la eficacia de la organización y de la actividad judicial mediante la implantación de nuevas estructuras
organizativas, como son las nuevas oficinas judicial y fiscal; en segundo lugar, mejorar y actualizar las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas, desarrollar e implantar los proyectos informáticos más significativos y estandarizar los
sistemas -expediente judicial electrónico, puesta en producción del nuevo sistema integrado de justicia, mantenimiento y evolución de los sistemas de fiscalías, etcétera-; en tercer lugar, favorecer el desarrollo de la administración judicial
electrónica para alcanzar una interoperabilidad judicial plena mediante la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos entre todos los operadores de la justicia y, en cuarto lugar, mejorar los procedimientos de
gestión de la actividad judicial mediante la estandarización de la estadística judicial, la estrategia web de la Administración de Justicia y el nuevo portal de subastas judiciales. Todos estos proyectos ya iniciados se seguirán desarrollando.
Como les decía, a continuación el secretario general les dará todo el detalle necesario. Espero que junto a las líneas de actuación a futuro, les pueda dar cuenta también de los importantes resultados ya alcanzados, así como informarles sobre los
trabajos del comité técnico estatal de la administración judicial electrónica creado mediante Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, y que en este poco más de un año de funcionamiento ha permitido que todos -y lo recalco, porque han sido todos:
Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, todas las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia y el propio Ministerio de Justicia- caminemos en una misma dirección, compartamos proyectos, esfuerzos
e iniciativas y avancemos en la tan necesaria

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interoperabilidad de los sistemas, superando así una situación absurda como la anterior caracterizada por las ineficiencias y la descoordinación.


Dicho esto, concluiré mi intervención sobre los aspectos más destacados de este presupuesto dándoles unas pinceladas sobre cómo quedan configuradas las cuentas de los tres organismos adscritos al ministerio. El Centro de Estudios Jurídicos,
con un presupuesto global para 2015 de 10,49 millones de euros, experimenta un incremento del 19,82%, que se concentra en una mayor dotación de capítulo 1, gastos de personal, debido al mayor número de funcionarios en prácticas, especialmente
procedentes de la carrera fiscal, cuyas retribuciones se abonan por parte de este organismo. Por lo demás, no hay variaciones en las dotaciones, salvo un ligero descenso en gastos corrientes, manteniéndose con plena normalidad la actividad
formativa del centro. La cuantía global para la Mutualidad General Judicial 99,34 millones de euros, se mantiene prácticamente igual que en 2014, con un ligero incremento del 0,39%, que responde a una presupuestación más correcta de sus gastos
corrientes y a un leve aumento de las dotaciones para la cobertura de determinadas prestaciones con la finalidad de adecuarlas a las necesidades reales de gasto. Por último, la Agencia Española de Protección de Datos crece un 4,62% hasta situarse
en 14,09 millones de euros, debido a un incremento de 622.862, en capítulo de gastos de personal, como consecuencia de la necesidad de ampliar la relación de puestos de trabajo de la agencia para atender el incremento de su actividad. Estas son las
grandes líneas del presupuesto. Quedo a su disposición para cuantas cuestiones me quieran plantear, para aclarar o ampliar lo que estimen necesario. Voy a tratar de dar respuesta en este mismo momento o si no tuviera la información solicitada, por
el nivel de detalle que se requiera o el nivel de concreción lo exija, le será oportunamente enviada en el plazo reglamentario.


El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a dar la palabra, en primer lugar, a los portavoces de los grupos que han solicitado la comparecencia, de menor a mayor, el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, no se encuentra en la Comisión,
pero sí el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané, tiene la palabra. Les recuerdo que tienen un tiempo de diez minutos para los que han solicitado la comparecencia y cinco minutos para los que no la han
pedido.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero dar la bienvenida a la Comisión de Justicia al secretario de Estado, don Fernando Román, agradecerle la información sobre los
presupuestos que nos ha aportado hoy en esta Comisión y trasladarle -por eso habíamos pedido su comparecencia- algún aspecto sobre el presupuesto que nos gustaría conocer hasta qué punto el proyecto y la sección relativa al Ministerio de Justicia
que ha defendido aquí da respuesta o no positivamente al problema que genera la normativa que aprueban estas Cortes Generales en materia de justicia. Tuvimos una ampliación de supuestos de asistencia jurídica gratuita en el año 2013, cambios
normativos operados en las Cortes Generales, algunos solo se producen en el Congreso, a través de decreto ley. En conjunto hay una normativa de Cortes Generales o del Congreso que se refleja en unos cambios, que deben asumir presupuestariamente las
comunidades autónomas. Nosotros cambiamos leyes que después tienen esa repercusión en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de administración de la Administración de Justicia. Se provoca un desfase no
deseado, porque las comunidades autónomas tienen que aplicar unas medidas legislativas, pero no tienen el presupuesto para poder dar cumplimiento y entran en un desajuste en sus cuentas que no es deseable y además no encaja con los propios
propósitos de estabilidad presupuestaria que entre todos queremos cumplir. Por tanto hay que preverlo. Necesitamos que los Presupuestos Generales del Estado tengan cuantificada la repercusión presupuestaria que las leyes que se aprueban tienen
para que después las comunidades autónomas las puedan aplicar. De ahí que desde Convergència i Unió le queremos poner de manifiesto cómo hemos contabilizado que el Decreto-ley 3/2013 ha generado 2,4 millones de euros, que ha tenido que atender en
este caso la Generalitat de Catalunya, y que no estaban previstos. Son 2,4 millones de euros de más. Solo está contabilizado hasta el último céntimo el gasto que debe pagarse a abogados y procuradores. También hay que tener en cuenta el propio
incremento de supuestos de asistencia jurídica, porque se incluyeron los supuestos de violencia doméstica, así como un nuevo tratamiento a las unidades familiares, que ha tenido una repercusión. Todo ello se ha contabilizado -me consta que se le ha
hecho llegar desde la Generalitat al propio secretario de Estado-, por lo que hay que encontrar una solución. Una de ellas vendría en la propia normativa de la Ley de Tasas, en la que estaba prevista una vinculación, en su artículo 11, entre lo que
se recaudaba por tasas -que por cierto nosotros le pedimos una vez más a todos los responsables del Ministerio de Justicia que deroguen esa ley, lo hemos solicitado en el Pleno del Congreso, todos los grupos coincidimos excepto el grupo

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mayoritario, pero creemos que esto claramente ha sido muy perjudicial para la tutela judicial efectiva- y el pago de la asistencia jurídica gratuita. Tal y como está, el artículo 11 de esa ley vincula las tasas a su conexión con el pago de
la asistencia jurídica gratuita. Esta es una obligación que no se atendió en el anterior ejercicio presupuestario. Nos gustaría saber si tienen previsto poder hacerlo en esta ley de presupuestos para el año 2015, como nosotros pedimos. Esa es la
pregunta que Convergència i Unió quería hacer.


Voy terminando, porque lamentablemente, en mi condición de vicepresidente del Congreso tengo que estar en la Junta de Portavoces, que empieza a las once. La razón de que haya llegado un poco más tarde ha sido que la reunión de la Mesa de la
Cámara ha empezado a las diez y he tenido que combinar la agenda parlamentaria. Le pido excusas si no estoy presente en el momento de la respuesta, pero luego volveré a la Comisión. Queríamos trasladarle una inquietud, que va más allá de una
restricción de convocatoria. Aunque se convocan cien plazas, cincuenta de juez y cincuenta de fiscal, que es la misma previsión que había en el año 2014, nos sigue preocupando. Pensamos que tenemos que apostar por convocatorias que den respuesta a
ese modelo de Poder Judicial que pretendemos para el siglo XXI, y para ello necesitamos muchas más plazas. De ahí que Convergència i Unió le traslade esta inquietud. Usted nos ha dado la previsión para el año 2015, pero queremos saber qué
convocatorias de nuevas plazas de jueces y fiscales habrá en años venideros, porque la judicialización, la especialización de muchos asuntos, el trabajo intenso que suponen algunos casos muy complicados que ahora están en los tribunales, requieren
hacer un esfuerzo en la dotación de plazas. Repito que usted se ha referido a estas cien plazas, cincuenta y cincuenta, para este año 2015, y entendemos el contexto presupuestario, pero no deberíamos ser cicateros a la hora de apostar por unas
convocatorias que den respuesta a lo que la sociedad nos demanda, que es un Poder Judicial independiente y dotado de las plazas necesarias para realizar su labor.


Por último, quiero destacar que en esta Cámara hay una serie de proyectos de ley que afectan al Ministerio de Justicia. El calendario de la legislatura es el que es y, lógicamente, el próximo periodo de sesiones, que comienza en el mes de
febrero, será el último legislativo como tal. Las normas se aprueban en el Congreso y en el Senado, pero la convocatoria de elecciones generales, cuando toque por calendario, hace que estos sean los últimos periodos de sesiones y creemos que quizá
no se podrá abordar todo. No sé qué reformas han previsto en el proyecto de ley que hoy presentan, pero vemos muy difícil que se pueda abordar el conjunto de proyectos en los pocos meses que quedan de trabajo legislativo.


Celebramos que hoy esté aquí don Fernando Román, que era y sigue siendo secretario de Estado. Entendemos que ha cambiado el titular del ministerio, lo que provoca inconcreciones, pero le corresponde al ministro explicarlo a la Cámara cuando
comparezca.


Como no he podido estar presente en la elección de la vicepresidenta, la diputada doña Soraya Rodríguez, aprovecho para unirme a la felicitación por su incorporación a la Mesa de esta Comisión de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Señor Jané, le agradecemos su gesto. Constará su felicitación, que ya habían realizado todos los miembros de la Comisión.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.


El señor MARTÍN PERÉ: Señor secretario de Estado de Justicia, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y agradecerle su exposición. No sé si recordará que el año pasado, cuando este mismo diputado llevó en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista su comparecencia, hice referencia a que en cierto modo casi se había generado una suerte de empatía por la situación en la que usted se encontraba a la hora de tener que defender semejantes presupuestos.
Debo decirle que este año mi sensación es cercana a lo que los franceses denominan déjà vu, pero si lo prefieren, podríamos recordar aquella famosa película del actor Bill Murray, titulada Atrapado en el tiempo, en la que cada día se despertaba en
la misma habitación de un hotel escuchando las noticias en la radio. En este caso, las noticias son que otra vez vienen unos presupuestos generales que vuelven a perjudicar de manera injusta a la Administración de Justicia. Usted ha hecho hincapié
en que se ha producido un incremento de la cantidad destinada a esta materia, pero permítame que le diga que por lo exiguo de la cantidad -casi podríamos tildarla de ridícula- podríamos decir aquello de que no hacía falta que se tomaran las
molestias. Este presupuesto no va a tener la más mínima incidencia en la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia.


Un año más, como le decía -algo que reconocen que es cuestión prioritaria y fundamental en la recuperación económica, incluso en la creación de empleo en nuestro país, porque así figura expresado por

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ustedes en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado-, nos encontramos con la contradicción de que se incluye una partida que hace materialmente imposible el cumplimiento de los objetivos que ustedes se plantean. Esto lo podríamos
equiparar a otra de las contradicciones del Gobierno, como cuando anuncian que quieren hacer todo lo posible para ayudar al fomento de la creación de empleo y después eliminan las partidas destinadas a las políticas activas de empleo, o cuando dicen
que quieren mejorar la calidad de la educación pública y pasan una factura de un recorte de más de 7.000 millones de euros.


De todas formas, en mi intervención de hoy hay una cosa que varía con respecto a la que hice el año pasado, que no la podríamos enmarcar en esa sensación que le comentaba al principio de mi intervención, y es que estos Presupuestos Generales
del Estado son los últimos de esta legislatura en los que vamos a poder comprobar la huella que ha dejado su formación política en la Administración de Justicia, y podemos hacer una valoración global de los mismos. Por eso le decía que cuando
hablamos este año de una supuesta mejora o de un incremento del 0,18% en la partida destinada a la materia, esos números enmudecen o quedan en el más absoluto ridículo si hacemos una comparación con la partida destinada por el Gobierno socialista
-no quiero ser ventajista, por eso cito la última- en el año 2011, que fue cuando se disminuyó más, puesto que nos encontrábamos en un contexto de crisis, porque hay una diferencia con la huella que ustedes han dejado en esta legislatura en el mundo
de la justicia de 215 millones de euros menos. Esos son los números que realmente importan, los números que tienen una verdadera incidencia y que después han propiciado, junto con la delirante trayectoria política del señor Gallardón al frente de
este ministerio, que ahora mismo podamos enfocar esa imagen que corresponde a la actual situación de la justicia en este país. Precisamente por eso le decía que comprenda que no puedo hacer una valoración positiva de los números que usted citaba o
de la supuesta mejora.


En su intervención ha pasado muy por encima de algo que ha supuesto un punto de inflexión indiscutible en la materia, como ha sido la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Creo que a estas alturas podemos acabar con la
pantomima de que esa tasa estaba destinada fundamentalmente a sufragar el beneficio de la justicia gratuita, porque, como muy bien le ha explicado el portavoz del Grupo Catalán, el incremento que se ha producido atiende a la ampliación de la ratio
de beneficiarios, y al tener que prestar un mayor servicio también ha habido que cubrir más honorarios de abogados y procuradores. Recuerdo que en el ejercicio anterior la recaudación de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional se
cifró en unos 300 millones de euros. ¿Cómo se explica entonces que la partida destinada a la justicia gratuita sea de 36 millones de euros? ¿Cómo se ha producido un desvío semejante del dinero recaudado de la tasa del ejercicio de la potestad
jurisdiccional? Eso solo se entiende si pensamos que el objetivo, la finalidad de la tasa era, tal y como dijo desde el principio el Grupo Parlamentario Socialista, coartar el acceso de los ciudadanos a los juzgados y tribunales de este país.


Además, quiero aprovechar para interesarme por una cosa que ya le preguntamos el año pasado y que no pudieron contestarnos porque en ese momento no disponían de los datos suficientes, pero que ahora estoy seguro de que sí los tienen. ¿Cuál
ha sido la incidencia de las tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en la disminución de asuntos que llegan a los tribunales y juzgados españoles? Si tiene el dato, le ruego que nos lo haga saber; si no lo tiene, nos gustaría que
nos lo hiciera llegar en el plazo mínimo posible.


Otra de las cuestiones que ustedes plantean como supuestamente positivas es la tasa de reposición del 50%. No entiendo cómo ustedes pueden creer que las personas que trabajamos en el ámbito de la justicia pensamos que esa es una buena
noticia. Lo único que establece una tasa de reposición como máximo del 50% es que solo se va a reponer a la mitad de aquellas personas que dejen de prestar sus servicios por jubilación, por renuncia o por fallecimiento -que ya veremos si se llega a
eso-, pero eso no constituye un incremento neto del personal de justicia. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que ustedes estaban en la oposición -en el año 2011- y el señor Trillo decía que había que proveer unas 450 plazas de jueces y
fiscales anuales para poder dar un verdadero sentido a la eficiencia y a la eficacia en el ejercicio de tribunales y juzgados.


Ha mencionado la voluntariedad del Gobierno para que se produjera una profesionalización de la justicia. Es obligado mencionar el auténtico ERE que se produjo en la Administración de Justicia con la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, cuando
eliminaron mil plazas de jueces y fiscales interinos que dictaban aproximadamente el 28% de las resoluciones judiciales. No acabo de comprender que se hable de un supuesto incremento de calidad por el hecho de que las resoluciones judiciales se
dicten por personas que sean de la carrera judicial o por personas que actúan como interinas, porque sinceramente desconozco que exista algún estudio en la materia que haga referencia a esta cuestión. Como le he dicho, una vez más utilizan una
coartada para

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lograr una finalidad encubierta y no declarada, que es la disminución de la prestación del servicio de justicia mediante la introducción de elementos de copago, como pueden ser las tasas.


Me gustaría decir, si somos deterministas, que de alguna manera el destino no está carente de cierta ironía. Resulta que una de las pocas noticias positivas que se pueden extraer de los datos y cifras que nos ha expuesto, como es el
incremento de la partida destinada a la modernización tecnológica del material y de los medios de la Administración de Justicia, trae causa de una ley del Gobierno Socialista que debo decir, por cierto -y lo recuerdo perfectamente porque este
diputado fue ponente en la misma-, que ustedes no apoyaron completamente. No deja de ser irónico que ese incremento, en una cuestión que nosotros entendemos que es absolutamente necesaria para proceder a la modernización de la justicia y para que
aumente la eficiencia y la eficacia de su funcionamiento, traiga causa, repito, de una ley socialista. En cualquier caso, nos alegramos de ello, porque creemos que es una de las pocas cosas positivas que se pueden decir. Por una cuestión de tiempo
no le puedo formular una serie de preguntas, que nos interesan mucho, sobre violencia contra la mujer y que han sido formuladas por mi compañera, la diputada Ángeles Álvarez. A continuación, se las entregaré en formato escrito para que en el plazo
legal previsto ustedes procedan a su contestación.


Finalmente, sin perjuicio de las contestaciones que nos dé respecto a las cuestiones planteadas, quiero hacer una reflexión sobre lo que supone la justicia. Me gusta contemplar la justicia como una suerte de armonía, entendida en el sentido
de que se produce una proporción y una correspondencia de unas cosas con otras. La justicia es una herramienta fundamental para corregir los desequilibrios sociales que se producen. Si lo que nosotros hacemos es desequilibrar esa herramienta
destinando partidas que en modo alguno hacen justicia -valga la redundancia- a la justicia, al final su función armónica y equilibradora no se produce, sino que más bien se genera el efecto contrario, es decir, se provocan más desequilibrios.
Creemos que con estos Presupuestos Generales del Estado para 2015 ustedes tenían una oportunidad para corregir -no para reparar por completo, pero sí para corregir- un poco el rumbo que habían tomado. Hemos podido comprobar que no va a ser así,
porque inciden en los errores presupuestarios que se produjeron y vamos a volver a comprobar que habrá una serie de objetivos que no se van a poder cumplir precisamente por mantener una dotación presupuestaria insuficiente.


No obstante, y a pesar de que sé que mi intervención ha sido bastante más crítica que la del año pasado, le agradezco su intervención y los datos que nos ha facilitado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor secretario de Estado, quiero trasladarle, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra gratitud por su intervención en este primer trámite de evaluación del presupuesto para el año
2015. Este es el cuarto presupuesto, y por este motivo es el último antes del cierre de la legislatura. Se trata de un presupuesto que, como nos ha indicado, por vez primera en esta legislatura experimenta un incremento respecto del ejercicio
anterior, lo que va a permitir que podamos disponer de más recursos para aplicar al servicio público de la justicia. Por este motivo, creo que es justo reconocer, en primer lugar, el esfuerzo que concretamente en materia de justicia ha hecho el
Gobierno en su conjunto. Pero creo que también es el momento apropiado para agradecer a don Fernando Román y a todo su equipo la responsabilidad con la que han trabajado durante todos estos años con el objetivo de mejorar la eficacia de nuestro
sistema de justicia. Ha sido un trabajo relevante, sin duda, que han sabido desarrollar en un momento particularmente complejo y que muy especialmente en el día de hoy quería reconocerle públicamente.


Dicho esto, quiero recordar, siquiera brevemente, el gran esfuerzo de ajuste presupuestario que para el ámbito de la Administración de Justicia se ha realizado en los tres anteriores presupuestos, que sin duda era exigible en el contexto de
grave recesión económica por el que hemos venido atravesando. Esos presupuestos han sido reflejo de la política austera, equilibrada y comprometida del Gobierno con la reducción del déficit público, que precisó de un importante esfuerzo de la
sociedad española; esfuerzo que, afortunadamente, no ha sido en vano y que ahora nos debería hacer reflexionar. Por ello, como bien ha señalado el secretario de Estado, aunque la situación económica nos permita ser algo más optimistas, las cuentas
públicas para 2015 deben caracterizarse por mantener el rigor y la austeridad. Deben ser unas cuentas públicas austeras, pero compatibles con el crecimiento, que nos permitirán continuar la ya iniciada senda de la recuperación económica, pero
también la no menos importante recuperación de la credibilidad y confianza de los ciudadanos.

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Señor secretario de Estado, esta mañana nos ha explicado cuáles son las grandes líneas de ese presupuesto, presentando unas cuentas que permiten compatibilizar el esfuerzo de racionalización, de eficacia y de máximo aprovechamiento de los
recursos, como se ha venido realizando también en los últimos años, con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, manteniendo e incrementando, además, las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano. Por este
motivo, la política presupuestaria del ministerio en materia de justicia, así como las prioridades marcadas por este, son plenamente compartidas por el Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría que también lo fueran por el resto de los grupos, pero
a tenor de lo que hemos oído esta mañana, me parece que no va a ser así; por eso, buscando un punto de encuentro, veo que al menos compartimos una opinión, y es que a todos los portavoces -también lo ha expresado así don Fernando Román- nos hubiera
gustado que estos presupuestos hubieran contemplado un mayor incremento del gasto destinado a la justicia. Pero una cosa es lo deseable y otra muy distinta lo posible, y lo cierto es que aún con un entorno económico más favorable que el de años
anteriores, si queremos afianzar los logros alcanzados y consolidar la recuperación, las cuentas públicas deben ser ante todo responsables, aplicando los recursos disponibles con la máxima eficiencia y optimización.


Hechas estas consideraciones generales sobre algo que era obligado reseñar, me van a permitir que haga una serie de reflexiones particulares sobre el presupuesto. Llegado este punto, me gustaría manifestar lo siguiente. La transformación
de nuestra Administración de Justicia exige de una política presupuestaria que avale la continuidad del proceso de reformas, y lo cierto es que este presupuesto para 2015 garantiza plenamente esa continuidad y ese desarrollo. Como es lógico, no le
voy a plantear, señor secretario de Estado ninguna cuestión relativa a propuestas legislativas concretas, pues ya llegará el momento adecuado en la comparecencia del nuevo ministro de Justicia, que en principio está prevista para la semana que
viene, que es a quien corresponderá marcar las prioridades para esta nueva y definitiva etapa. Es indudable que para consolidar un nuevo modelo de organización hay que disponer de nuevos procedimientos y asentar una cultura distinta de
funcionamiento y de gestión, orientada a la prestación de un servicio más eficiente y más eficaz; en este punto me gustaría destacar que, en la línea de coherencia y continuidad con los presupuestos de años anteriores, así como del compromiso de
modernización y transformación de la justicia, los presupuestos para el año 2015 reafirman dicho compromiso modernizador con el incremento neto, como bien se ha señalado, de 16 millones de euros, es decir, un 26% más en relación con el presupuesto
del año pasado, íntegramente dedicados a proyectos de modernización tecnológica en el ámbito de la Administración de Justicia. De esta manera, considero que se establecen los recursos económicos necesarios para lograr todos y cada uno de los
objetivos programados: desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, interoperabilidad judicial plena y apuesta decidida por la definitiva implantación y desarrollo de la nueva oficina judicial y fiscal.


Quiero ahora reseñar, porque me parece un dato muy positivo, que el presupuesto para el próximo año incrementa partidas en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano. Así, dentro de las dotaciones que financian el gasto social,
destacan las destinadas a facilitar el acceso a la justicia gratuita, para lo que se asignan prácticamente 35 millones de euros, que supone un incremento del 2,3% sobre lo presupuestado para 2014. Los números están ahí, aunque haya quien no sepa o
no quiera interpretarlos. Otra línea básica de actuación es garantizar, a través de la Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y del Registro central para la protección de las víctimas de violencia
doméstica, el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las mismas, incluida la orientación jurídica específica y la asistencia psicosocial. Igualmente, en el marco de una política de gasto de personal dotada con más de 1.200 millones de
euros, este año se ofrece una respuesta adecuada al problema generado por la inadecuación de las plantas judicial y fiscal al número real de miembros ambas carreras, permitiendo con la creación de plazas necesarias y potenciando los órganos
colegiados con nuevas plazas de magistrados que las nuevas promociones de jueces puedan ocupar su destino. También debemos valorar positivamente que en 2015 se pueda ofertar empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia y que
nuevamente se convoquen oposiciones a los cuerpos de las carreras judicial y fiscal.


Para terminar, y aunque las cifras de las previsiones presupuestarias para el próximo año han sido extensamente desglosadas por el señor secretario de Estado, despejando muchas de las dudas que me asaltaban en un principio, como es natural,
y dada la complejidad de los fríos datos de las cuentas que nos ha presentado, me quedan algunas cuestiones, pocas, por formular. Voy a exponer el primer punto sobre el que me gustaría tener información. Nos ha hablado sobre cómo la apuesta por la
profesionalización de la justicia ha pasado de ser un compromiso del Gobierno a una realidad gracias al sistema de

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sustituciones profesionales para jueces y fiscales. Nos ha señalado que esta profesionalización ha resultado el elemento clave para alcanzar los necesarios niveles de calidad que repercutan en una mayor confianza de los ciudadanos y de las
empresas en nuestro sistema judicial. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo con esta reflexión.


Como el portavoz del Grupo Socialista ha insistido en hablar de los ERE en la justicia, me gustaría recordarle que con motivo del debate de los presupuestos del año 2012 la mayoría de los portavoces en esta Comisión, también el del Grupo
Socialista, expresaron su preocupación por el excesivo índice de interinidad, tanto del personal al servicio de la Administración de Justicia como de las carreras judicial y fiscal. Como nos ha señalado, con la profesionalización de la justicia no
solamente se consigue incrementar la calidad, sino que además se reduce el coste de esta justicia interina, que ha calificado como desmesurado. En este punto nos ha referido que el ahorro que ha supuesto este nuevo sistema de sustituciones para el
periodo 2012-2014 asciende a más de 18 millones de euros. Me gustaría que, en relación con las previsiones para el próximo ejercicio, nos anticipara, si dispone de este dato, la cifra de ahorro prevista para el año 2015. También relacionado con la
pregunta anterior, quisiera que me indicara si el nuevo sistema de sustituciones profesionales se encuentra debidamente retribuido, así como si la eliminación de la interinidad en la carrera judicial ha supuesto una sobrecarga de trabajo para los
actuales jueces y fiscales. Finalmente, quisiera escuchar sus reflexiones acerca de si estos presupuestos garantizan, en su opinión, que se siga prestando la necesaria atención a las víctimas de delitos violentos y si se pueden mantener o mejorar
las medidas del Ministerio de Justicia en materia de violencia de género.


Termino ya. Este año es decisivo para completar el camino iniciado al principio de la presente legislatura. Por tanto, ahora es el momento de ofrecer soluciones para conseguir una justicia ágil y de calidad, como las que nos proponen desde
el Gobierno.


Don Fernando Román, le reitero mi agradecimiento y el de mi grupo por su comparecencia, por las explicaciones que nos va a ofrecer a continuación y, por supuesto, como ya le he indicado, por su empeño y el de todo su departamento para
ayudarnos a encontrar soluciones en estos momentos de crisis. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado, don Fernando Román.


El señor SECRETARIO DE ESTADO (Román García): En primer lugar, permítame que me una a la felicitación pública a la nueva vicepresidenta.


Quiero agradecer a los representantes de los distintos grupos su intervención. Todos ustedes saben que no solo agradezco el buen tono que siempre mantienen, sino también el fondo de las críticas, porque nos permite debatir sobre cosas que
nos interesan a todos, aunque no estemos de acuerdo, como es natural, en algunos de los puntos.


Voy a intentar referirme a las distintas cuestiones agrupando algunas de ellas -si me lo permiten-, puesto que algunos de ustedes han compartido preocupaciones. En primer lugar, han expresado su preocupación por las tasas y la asistencia
gratuita. Este es un debate que se ha producido con reiteración, con profusión en esta Cámara y en el Senado, que está situado en los términos en los que está ahora mismo, es decir, en manos del Tribunal Constitucional, y que fue objeto de un
debate intensísimo a nivel social y parlamentario; por tanto, entiendo que es perfectamente legítimo que sus señorías, como el señor Jané, postulen su derogación. En su momento entendimos que las posibles dudas que pudieran surgir quedaron
completamente diluidas después de que la propia Defensora del Pueblo no presentara recurso de inconstitucionalidad, pero, en cualquier caso, somos absolutamente respetuosos con lo que pueda decir en su momento el Tribunal Constitucional, porque a
ello habremos de atenernos.


El subsecretario del Ministerio de Justicia explicó claramente en su comparencia del año pasado la diferencia que habría entre vinculación y afectación. Esa diferencia no es baladí y creo que ahí está la base de la confusión que se ha
generado sobre si la totalidad de los ingresos recaudados por las tasas tienen que ir a la justicia gratuita o no. Todos somos conscientes del problema que se suscita con la justicia gratuita y la insuficiencia de recursos para hacerle frente, que
ha sido tradicionalmente un problema para todos. Ahora bien, lo que nadie podrá negar es la voluntad de este Gobierno, particularmente del Ministerio de Justicia, de contribuir a paliar ese problema, que es un problema real. En diciembre del año
pasado hubo una conferencia sectorial -todas las comunidades autónomas se reunieron con el ministerio en la sede de San Bernardo- en la que el Ministerio de Justicia propuso una fórmula para paliar los problemas que surgían en las comunidades
autónomas con la financiación de la justicia gratuita, fórmula que en síntesis, sin entrar en mayores detalles, solo en trazo grueso, venía a suponer que lo que se

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hubiera podido incrementar por los nuevos supuestos de justicia gratuita en el territorio del ministerio, que abarca cinco comunidades autónomas, multiplicado por tres era lo que se podía poner a disposición de las comunidades autónomas y la
gestión se haría directamente por el Ministerio de Justicia. Este era en síntesis el planteamiento, planteamiento que inicialmente no gustó a las comunidades autónomas. Hubo una posterior conferencia técnica con ellas y, según mis noticias,
estamos a la espera que de que todas las comunidades autónomas -algunas ya lo han hecho- fijen exactamente el coste real que se ha producido en el último año como consecuencia de tener que abonar la justicia gratuita en cada uno de sus territorios,
a fin de poder estudiar una fórmula de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas, fórmula que podría tener cabida, si fuera menester, mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos o mediante una modificación presupuestaria de la Ley
de Presupuestos que se apruebe a final de año. En cualquier caso, es un tema que está abierto. Tenemos la disposición necesaria para poder llegar a acuerdos, porque nos preocupa tanto como a cualquiera de los representantes de lo distintos grupos
que la justicia gratuita funcione y funcione bien. Lo hemos demostrado anticipando con aquel decreto-ley en febrero de 2013 lo que habría de resultar luego de la Ley de Justicia Gratuita, esa ampliación objetiva y subjetiva de los beneficiarios de
la misma.


Por otra parte, se me ha imputado, como Ministerio de Justicia, una insuficiente convocatoria de plazas de jueces y de fiscales. Sobre esto ya hemos reflexionado otras veces en las comparecencias en las que he tenido el honor de participar
con ustedes. Yo nunca les negaré, como anterior Gobierno, el esfuerzo inversor que hicieron. Ojalá pudiéramos disponer del dinero que entonces se pudo utilizar para invertir en materia de justicia. Su problema no fue de voluntad, su problema fue
de acierto. No tuvieron el acierto que todos esperábamos que tuvieran. Para una vez que había dinero para invertir, ojalá el resultado les hubiera acompañado, porque nos hubiera beneficiado a todos, pero lo cierto es que los resultados no les
acompañaron. De 2004 a 2010, crearon, si no recuerdo mal, 800 o 900 plazas de jueces y fiscales. ¿Resolvieron el problema con eso? No. El problema no se resuelve inyectando dinero en un sistema que se ha demostrado obsoleto, de ahí la necesidad
de pensar en otras fórmulas. Por eso hemos trabajado en esta legislatura para establecer una fórmula más eficiente de organización judicial. No hay nada que objetar a su voluntad inversora, pero sí en cuanto al acierto, que desde luego no les ha
acompañado.


Cifraba usted en 215 millones de euros lo que había invertido su Gobierno, el Gobierno socialista, en materia de justicia y lo ligaba con una crítica a la materia de la justicia profesional. Dice que se ha producido un ERE en materia de
justicia interina. Creo haberme expresado con claridad y rotundidad en ocasiones anteriores y lo reitero ahora. Tengo el más absoluto respeto por los magistrados suplentes, que han contribuido durante años a dictar sentencias en este país. Lo que
ocurre es que se trata de jueces cuya calidad inicialmente no estaba contrastada a través de los filtros oportunos, una selección vía cuarto turno o vía oposición, que es la regla general. Tendrá que reconocer que cuando esos filtros se superan la
calidad está inicialmente contrastada. Después, en el ejercicio profesional del día a día cada uno hace el mejor servicio que puede hacer. Lo que es indudable es que con un gasto que teníamos en 2011 de en torno a 66 millones de euros en justicia
interina el sistema difícilmente se podía sostener. Lo que hemos hecho ha sido intentar reducir ese gasto sin necesidad de que se reduzca sino todo lo contrario, que se amplíe, teóricamente, la calidad de las resoluciones. ¿Por qué hemos aumentado
la calidad de las resoluciones? Porque si estamos diciendo que los jueces profesionales son los que se sustituyen entre sí, a través de un sistema, primero, de aceptación voluntaria, y después, si no fuera suficiente, de sustitución forzosa, por
definición tiene que aumentar la calidad de la justicia. Es una preocupación que, lógicamente, también expresaba el representante del Grupo Popular. Es evidente que si hemos disminuido en varias decenas de millones el gasto y hemos aumentado la
calidad, estamos proporcionando esa mayor armonía de la que hablaba el represente socialista, ese mayor equilibrio y esa búsqueda del objetivo de perfección máxima al que tenemos que tender siempre en todos los aspectos de la vida y, concretamente,
en la Administración de Justicia. No creo que sean criticables, sino todo lo contrario, los resultados de ese proceso de sustituciones voluntarias que se puso en marcha con la Ley Orgánica 8/2012, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aquí hay que tener muy claro que su impulso no solo es mérito del Gobierno actual, del Gobierno del Partido Popular; hay que destacar -y lo quiero hacer porque es de justicia- la colaboración que estamos teniendo por parte de los presidentes de los
tribunales superiores de justicia y, en definitiva, por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Esto indica que no era una mala medida, sino todo lo contrario. Se está cumpliendo con normalidad y, según los datos de los que
disponemos, no se están produciendo retrasos caóticos, como se nos advertía en ocasiones anteriores, por el hecho de haber reducido el número de jueces sustitutos, jueces sustitutos que en ningún caso

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pensamos que puedan desaparecer completamente. Los jueces sustitutos tendrán que seguir existiendo, pero con carácter excepcional. Ya estaba así en la legislación anterior y está así en la legislación vigente. Los jueces sustitutos,
ajenos a la carrera judicial, tienen que ser la excepción de la excepción, no la regla general, que es lo que se había instalado de manera acrítica -al menos en cuanto a los resultados de no modificarlo- en nuestra Administración de Justicia.


Por otra parte, el señor Jané me hablaba de los proyectos de ley. Me pregunta qué reformas vamos a abordar en los próximos meses teniendo en cuenta el calendario legislativo. Creo que la contestación se la ha dado el representante del
Grupo Popular con toda claridad. La semana que viene va a intervenir aquí el nuevo ministro de Justicia y ustedes comprenderán que un simple secretario de Estado no puede anticipar lo que es decisión del ministro de Justicia y, por supuesto, del
Gobierno en su conjunto, porque no olvidemos, como he explicado muchas veces, que los proyectos legislativos que se traen a esta Cámara son decisiones colegiadas, decisiones del Gobierno, sin duda a impulso del titular de Justicia. Por tanto, en
ese punto no voy a poder darle satisfacción.


No sé si he dejado sin respuesta alguna de sus inquietudes. En todo caso, estoy a su completa disposición, sea en esta Cámara o fuera de ella, en el ministerio o donde estimen oportuno, para darles toda la información que pueda y para
seguir colaborando lealmente con ustedes. El representante del Grupo Popular, señor Castillo, me ha hecho un agradecimiento personal al que quiero corresponder. Sin duda colaborar con esta Cámara y con todos ustedes con lealtad es un honor para
cualquiera y, en este caso, para el secretario de Estado que hoy está ante ustedes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Sin duda el honor es de todos nosotros cada vez que su señoría comparece en esta Comisión.


Damos por finalizada esta primera comparecencia y despedimos, reiterándole nuestro agradecimiento por su presencia, a don Fernando Román. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SILGUERO ESTAGNAN). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001971).


El señor PRESIDENTE: Comparece en esta Comisión el secretario general de la Administración de Justicia, don Joaquín Silguero Estagnan, para explicar los presupuestos generales de su departamento para el año 2015, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Silguero.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): Es un honor comparecer nuevamente ante esta Comisión para defender en este caso el proyecto de ley de presupuestos del año 2015.


Quiero destacar desde el primer momento que una prioridad, que ha sido señalada ya por el nuevo titular de Justicia, para el año 2015 es la modernización tecnológica de los tribunales de justicia. De esta forma se reconoce que las nuevas
tecnologías son herramientas imprescindibles para mejorar la eficiencia del trabajo de los tribunales, son necesarias para la consecución de la tan anhelada administración judicial electrónica y, en definitiva, para la consecución de una justicia
ágil, accesible y de calidad. Se abre así un período en el que los retos principales van a venir dados por la interoperabilidad y compatibilidad, por el avance hacia el expediente judicial electrónico, por las mejoras en la gestión procesal, que
contribuyan a lograr una reducción de los tiempos de respuesta y de tramitación de la justicia, y, en definitiva, por el aumento de la eficiencia, pues no se trata en ningún caso de propagar medios de funcionamiento que se han revelado anacrónicos o
poco eficaces.


Me centraré en los presupuestos, capítulo 2, bienes y servicios, y capítulo 6, inversiones, de la sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia. Se trata sin duda de unos presupuestos en los que es preciso consolidar la incipiente
recuperación económica, buscando el máximo rendimiento de los fondos públicos. Así, se pasa de un importe para el año 2014 de 39.317.440 euros, a un importe en el año 2015 de 55.507.480; el incremento es el ya mencionado: 16.190.040 euros.
Cierto es que, estableciendo la comparativa entre los años 2011 y 2015, vemos que los créditos iniciales han disminuido en un 48% -estaríamos hablando de 51,43 millones en estas mismas partidas-, pero ello no ha impedido -y a eso voy a dedicar la
intervención- que la modernización haya continuado avanzando. Estamos en un contexto de necesaria contención del gasto público, pero en el que se han llevado a cabo varias medidas que han permitido paliar esta reducción. Por un lado, se ha
aumentado la financiación a

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través de fondos europeos, Fondos Feder. En esta legislatura se ha llegado a 18.125.205 euros, frente a los 5.273.636 de la legislatura anterior. Además, en esta financiación se ha trabajado en colaboración con las comunidades autónomas.
Tanto en el caso de la Xunta de Galicia como en el de las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia, caso de Extremadura y Castilla-La Mancha, se ha conseguido financiación europea. Por otro lado, ha habido una importante reducción en los
costes de los proveedores que actuaban en relación con la actividad de la secretaría general. En este sentido, solo en el año 2014 se han ahorrado, a través de renegociaciones y de cuantías inferiores en las licitaciones, 3.702.679 euros, lo que ha
dado lugar a que en la presente legislatura se haya conseguido un ahorro de 27.052.034 euros sin resentimiento de los servicios prestados. Por tanto, estamos en una situación de menos recursos, pero mejor asignados. Para ello es importantísima la
planificación. En este sentido, voy a seguir en la exposición el Plan de acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2015, con los programas que establece y con las previsiones presupuestarias para el mismo. Buena prueba
de que la planificación tiene un valor es que varios proyectos de justicia -creo que todos nos debemos felicitar por ello- han sido elegidos como proyectos para la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, como medidas CORA. Esto
demuestra que estamos trabajando con unos niveles de eficiencia importantes dentro del ámbito de justicia. En definitiva -y es necesario reconocerlo desde ahora-, el trabajo de todos es lo que está permitiendo que lleguemos a esto. Se ha
conseguido la implicación no solo de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia, sino también de los propios profesionales de la justicia. En este sentido, se han firmado acuerdos con todos
los sectores profesionales, con abogados, procuradores y graduados sociales; tenemos líneas de colaboración abiertas tanto con los notarios como con los registradores de la propiedad y mercantiles. Especialmente quiero referirme al cuerpo de
secretarios judiciales, del que tengo el honor de ser superior jerárquico, que en este momento, con un número creciente de decretos -en el año 2013 se llegaron a dictar 1.542.939, casi el mismo número que las sentencias en ese mismo año-, demuestra
que un cuerpo que estaba históricamente infrautilizado y que tiene una perfecta cualificación jurídica -así lo indica su condición de cuerpo superior jurídico al frente de la oficina judicial- está en disposición de dar una mejor respuesta en los
tribunales de justicia.


Me centro ahora en los programas del plan de acción. El primer programa, la organización de la actividad judicial, como ha señalado antes el secretario de Estado, trata de mejorar la eficacia de la organización y la actividad judicial a
través de nuevas estructuras organizativas. Pues bien, defendemos la implantación progresiva de la oficina judicial. Es una implantación que debe ser generalizada y para eso hemos trabajado durante todo el ejercicio en colaboración plena con las
comunidades autónomas, que también están llevando esa implantación; cito a Cataluña, al País Vasco, a Andalucía y a las que se están sumando en este momento, como Canarias y la Comunidad de Madrid. Además, el Ministerio de Justicia ha procedido a
nuevas implantaciones. Ya se ha llevado a cabo la implantación en Ceuta, el 28 de octubre de 2013, y en la Ciudad Autónoma de Melilla, el 11 de junio de 2014. No es casual la elección de estas ciudades, que merecen por su situación geográfica
tener la misma tutela y grado de cuidado por parte de los poderes públicos que cualquier otra ciudad del territorio peninsular. Pues bien, en Ceuta en este momento ya se ha producido una disminución del 20% en el número de ejecuciones penales y a
ello ha contribuido la nueva organización. Además, hemos seguido trabajando con toda la herencia de otras ciudades en las que la oficina judicial ya había sido implantada. En ellas también empezamos a encontrar datos que son ciertamente
alentadores: mejores tiempos de respuesta en actuaciones de registro y reparto y en los actos de comunicación y disminución de la pendencia en las ejecuciones penales; ahí tenemos los datos de Cuenca, con un -15%; de Mérida, con un -35%, y de
Murcia, con un -30%. En cuanto a la disminución del número de ejecuciones penales, debo señalar que en Murcia, cuando se puso en marcha la oficina judicial, existían 5.000 ejecuciones penales, con lo que eso significa desde el punto de vista de la
tutela de los derechos de los afectados por las mismas, y en el segundo trimestre de 2014 estamos hablando ya de 3.576, un número importante de reducción. El tiempo medio de resolución, que es uno de los datos fundamentales en el que nos tenemos
que fijar, en Murcia, antes de la oficina judicial, era de 266 días de tramitación media de los asuntos, y después de la oficina judicial, es de 166 días. Por otro lado, tenemos que resaltar el aumento de los actos de comunicación electrónicos y el
aumento de las subastas electrónicas. Solamente les voy a dar un dato: en el primer trimestre de 2013, solo en Murcia, se llevaron a cabo de forma electrónica 4.200 subastas. Por tanto, la oficina judicial nos lleva a mantener este proyecto,
porque supone avanzar en la buena dirección. Al mismo tiempo, para poder corregir determinadas deficiencias estructurales que existían en la primera fase de implantación de la oficina judicial, hemos

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lanzado la orden de 28 de enero de 2014, que modifica la dotación básica de las UPAD y que permite alcanzar una mayor flexibilidad entre los funcionarios que sirven en los juzgados. En definitiva, se trata de aplicar la regla común de que
allí donde haya más trabajo será necesario volcar más refuerzos y allí donde no lo haya será necesario tener menos personal. Es una adaptación flexible de la oficina judicial. Además de estas implantaciones que ya se han realizado, para 2015
tenemos programadas la puesta en marcha en Ponferrada, completar la segunda fase de Murcia y entrar en Palma de Mallorca, proyecto especialmente ambicioso, porque estamos hablando de prácticamente 900 funcionarios afectados por la medida. Asimismo,
está en estudio la incorporación de la oficina judicial al Tribunal Supremo. Como una forma de implantación más rápida de la oficina judicial, estamos haciendo estudios sobre la posibilidad de implantarla en edificios no adaptados. Ustedes saben
que normalmente la oficina judicial ha ido unida a obras de nueva planta, pero en este momento, en el actual contexto, estas no se están produciendo. Entre todos debemos ir más allá y tengo ya el primer dato positivo que les puedo dar. He
estudiado, por ejemplo, el caso de Soria, que es un edificio de especial valor histórico, y estamos en disposición de montar el servicio común general a finales de 2015 y el servicio común de ejecución a principios de 2016.


Además de la implantación progresiva de la oficina judicial, que no solamente permanece sino que aumenta, estamos entrando en la implantación de la oficina fiscal. Para ello hemos elegido las ciudades en las que existe ya desplegada oficina
judicial, para que sean completas la modernización de ambos sistemas y las sinergias que de ellos se derivan. Todo este proyecto se está haciendo con la plena implicación de la Fiscalía General del Estado. Las primeras implantaciones se van a
producir en Ceuta y Melilla, en enero y febrero de 2015, y después nos vamos a extender, mucho más rápido que en el caso de la oficina judicial, a todas las demás ciudades que la tienen. En este momento se ha dictado ya la Orden Ministerial de 16
de julio de 2014, ya están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo y estamos procediendo a dar el paso de salida de la oficina fiscal tanto en Murcia, con las secciones territoriales de Cieza y Lorca, como en Cáceres, incluida Plasencia, y en
Cuenca. Todo esto exige, desde el punto de vista tecnológico -y a veces explica por qué la puesta en marcha de las primeras implantaciones cuesta más tiempo-, la notificación telemática a los fiscales, que ya estamos en disposición de poder llevar
a cabo, y la itineración telemática de las oficinas judiciales a la fiscalía, que va a permitir la reducción de tiempo para actos de comunicación e informe.


Tenemos otros proyectos en los que no me voy a extender demasiado, como la mejora de la medicina forense, a través del sistema Orfila, para los institutos de medicina legal, que ha empezado a implantarse en este momento. Quiero destacar,
dentro de la modernización que se está produciendo en los últimos tiempos, la cuenta de depósitos y consignaciones, que -como saben- está gestionada por el cuerpo de secretarios judiciales y que ha permitido poner en marcha un proyecto que
entendemos que es clave, que son las órdenes de embargo sobre cuentas corrientes a la vista en entidades financieras y sobre devoluciones de la Agencia Tributaria. Antes este tipo de órdenes de embargo se tramitaba en papel, con grandes tiempos de
espera y muchas veces con falta de eficacia en la resolución de las mismas. Les voy a dar el dato de octubre de 2014. Hemos enviado a la Agencia Tributaria 960.844 órdenes de embargo telemáticas y solo de julio a septiembre de 2014 hemos
conseguido recabar un importe de 21.547.303 euros. Por supuesto, sobre la misma aplicación, estamos trabajando ya en cómo conectar la aplicación gestionada por los secretarios judiciales con el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado,
donde en beneficio de los ciudadanos se están integrando todas las subastas, con independencia de cual sea el origen y procedencia de las mismas.


Pasando al programa número 2, infraestructura tecnológica y servicios de la actividad judicial, quiero destacar su importe, son 45.027.654 euros. Aquí se incluyen las actuaciones en gestión procesal y mantenimiento de aplicaciones,
infraestructuras tecnológicas y servicios de formación y asistencia a usuarios. No quiero extenderme en temas tecnológicos, pero sí les voy a decir que aquí estarían la oficina electrónica de asistencia a las víctimas del terrorismo y el servicio
de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos. En cuanto a la gestión procesal, debo destacar que en este momento tenemos el dato positivo de que la Audiencia Nacional ha finalizado procedimientos tramitados íntegramente
de forma electrónica por número de 45.234. Es curioso, hemos pasado de un proyecto que al principio resultó fallido a que ahora no solo se hayan tramitado este número de asuntos, sino que la semana pasada hayamos comenzado con la implantación en
las secciones que faltaban de la Audiencia Nacional. Precisamente hemos comenzado por la Sección tercera, que es la relativa a nacionalidades, para que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular para tramitar de forma más rápida las
nacionalidades se vea equilibrado desde un punto de vista judicial con un mayor dinamismo para las

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personas que impugnan las denegaciones. Para conseguir este avance en la Audiencia Nacional, hemos cambiado la estrategia basada en la digitalización y nos hemos trasladado por contra a una estrategia basada en la presentación telemática de
escritos, en lo que llamamos el nuevo modelo de servicios de digitalización y transformación, que desde febrero de este año, cuando se puso en marcha, ha llevado a 5.359 actuaciones en social y 18.511 en juzgados. Imagínense lo que hubiera costado
esto en digitalización, si en vez de proceder a transformar lo que nos llega de forma electrónica, nos hubiéramos empeñado, como antaño, en querer digitalizar lo que llegaba en papel. Por último, está el cargador de los expedientes, porque las
propias administraciones tenemos que conseguir que los expedientes administrativos lleguen de forma electrónica a los órganos de justicia. En este sentido, tenemos ya 3.544 documentos enviados de forma electrónica por los ministerios de Interior,
Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, Educación, Cultura y Deporte. Próximamente van a entrar en este sistema Economía y Competitividad y el propio Instituto Cervantes.


Por otro lado, uno de los problemas que tenemos en la gestión procesal es que la aplicación conocida con el nombre de Minerva -ya se lo comenté en comparecencias anteriores- es una aplicación obsoleta. Hoy en día estamos haciendo un último
esfuerzo por mantenerla -porque es la que sirve de base a la actuación de los tribunales-, pero su destino será su sustitución por una nueva. Evidentemente, ese mantenimiento de Minerva tiene presencia en los presupuestos, pero eso no nos ha
impedido entrar a formar ya el nuevo sistema de gestión procesal, que se llama sistema integrado de justicia, que está basado en módulos, para que pueda interconectarse con otras comunidades autónomas y conseguir la racionalización del gasto público
en justicia. El sistema tiene dos fases, la primera transitoria, con registro y un visor para los expedientes judiciales muy interesante, que ya está operativo en la Audiencia Nacional y que permitirá a los jueces llevarse los expedientes, en vez
de físicamente, en un archivo zip, en un archivo electrónico. La primera versión del sistema operativo sin Minerva estará disponible en la ciudad de Cuenca, que es la que hemos elegido para poner en marcha la primera implantación, con la plena
implicación de todas las personas de la sede y del personal que trabaja allí, en el primer trimestre de 2015. El resto es mantenimiento. La partida de mantenimiento es importante. Son más de 36 millones de euros, pero debemos tener en cuenta que
se ha producido un aumento exponencial. En este momento hay 151 aplicaciones de justicia que es necesario mantener. En cuanto a los servidores, que también son inversión, hay 2.616, cuando al principio de la legislatura nos encontramos con 1.164.
Por tanto, inversiones se siguen haciendo. Los sistemas de videoconferencia también han crecido, tenemos aproximadamente 750, y no podemos olvidar el parque de ordenadores y portátiles, casi 20.000 unidades.


El programa número 3 se refiere a la cooperación entre servicios de actividad y servicios de interoperabilidad y a la necesidad de establecer servicios conjuntos. En este sentido, debemos celebrar que el comité técnico estatal de la
administración judicial electrónica esté dando sus primeros frutos. Como bien señalaba antes en su intervención el representante del Grupo Socialista, tiene su causa en la Ley 18/2011, de 5 de julio, pero lo cierto es que nadie lo había impulsado
ni puesto en marcha. Ha sido el Gobierno popular, dos años después, el que, a través del real decreto, de 7 de junio de 2013, lo pone en marcha. Por cierto, la colaboración del comité técnico ha permitido incluso llegar a acuerdos con la Junta de
Andalucía, concretamente el 26 de mayo de 2014, en convenios de reutilización de software a nivel de toda España. Aquí se han realizado una serie de grupos de trabajo sobre comunicaciones telemáticas, gestión archivística, cuadro de mandos, sistema
densidad, sala de vista, procuradores, asistencia jurídica gratuita, hitos y documentos comunes entre los sistemas de gestión procesal y portales de la Administración de Justicia. No me voy a extender en todos ellos, pero sí quiero poner de
manifiesto sobre todo uno. El sistema LexNet que, a través de las diferentes versiones que está teniendo, en el año 2012 se incrementó su uso en un 81% en cuanto a notificaciones telemáticas y ha permitido que en este momento tengamos en España, a
fecha 29 de septiembre de 2014, 146.386.583 notificaciones electrónicas. Imagínense, señorías, lo que hubiera supuesto que para recoger este número de notificaciones los profesionales del derecho se hubieran tenido que dirigir al tribunal o las
hubiéramos tenido que enviar por correo a un coste medio de 2,05 euros, por lo que esta es una medida de ahorro y que está contribuyendo al acceso a la justicia por parte de los profesionales de justicia. En este momento hemos puesto en marcha ya
el proyecto de presentación telemática de escritos para que LexNet, además de para recibir las notificaciones pueda servir para la presentación de los escritos, tanto de trámite como iniciadores. En este momento existen ya 406.215 escritos.


Por supuesto, seguimos trabajando en el ámbito internacional y en este ámbito trabajamos en la interoperabilidad con los países europeos, a través del proyecto iCodex y también en todas las medidas

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del Sidag, del Registro central de penados, Registro de menores, Registro de medidas cautelares, Registro de violencia doméstica y de género y Registro de rebeldes civiles. Todas estas actuaciones tienen el reflejo en esa partida
presupuestaria a la que aludía. El último programa es el relativo a procedimientos de gestión de la Administración de Justicia, aquí se trata de mejorar los procedimientos de gestión y existen proyectos tan variopintos, como la reducción y el
control del absentismo laboral, lo que supone establecer un control y seguimiento de las incapacidades transitorias; la estandarización de la estadística judicial, que todavía es una asignatura pendiente en nuestro país; la implantación del libro
blanco de procesos, que permite unificar procedimientos de gestión personal y gestión de nómina, y el cuadro de mando para inspección y auditoría. Sin olvidar la estrategia web que tiene que desarrollar la administración que en este momento nos ha
llevado a que ya está operativo el portal de la Administración de Justicia y, lo que es más importante para el ciudadano, la sede judicial electrónica, en la que queremos prestar todos los servicios que sean necesarios para la ciudadanía.


Termino, señorías. Los presupuestos de 2015, por su cuantía, nos exigirán continuar priorizando determinados proyectos, pero nos van a permitir también seguir transitando hacia una justicia más ágil, eficaz y de calidad. Este objetivo es
compartido por todos cuantos estamos comprometidos con la mejora de la Administración de Justicia y en este tema más que en ningún otro es necesario el consenso político, que ya permitió en el año 2001 tener el Pacto de Estado en materia de
Administración de Justicia. Me van a permitir que cite a Roscoe Pound, cuando decía que la insatisfacción con la Administración de Justicia es tan antigua como la ley. Si trabajamos todos unidos y buscamos puntos de consenso, como lo hemos
demostrado con las comunidades autónomas y como lo podemos demostrar entre los grupos parlamentarios, en definitiva, los resultados van a ser mucho más positivos.


El señor PRESIDENTE: A continuación interviene, en nombre del grupo proponente de esta solicitud de comparecencia, la diputada, doña Beatriz Escudero.


La señora ESCUDERO BERZAL: Agradezco personalmente, y en nombre de mi grupo parlamentario, la presencia e intervención tan exhaustiva y tan brillante del secretario general. Hoy, 7 de octubre, hace un año exactamente que el señor Silguero
compareció en esta Comisión para informar sobre el contenido del capítulo 6 de la sección 13 del Ministerio de Justicia en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2014. Inicio mi intervención exactamente igual que hace un año: solo
al Grupo Parlamentario Popular parece que le interesa conocer en detalle el contenido de este capítulo, ya que únicamente mi grupo ha pedido su comparecencia. Es comprensible el silencio del PSOE, que prefiere que de esto ni hablemos, ya que su
deslumbrante Plan de modernización de la justicia 2009-2012 fue dotado con una cantidad próxima a los 388 millones de euros, con 96 proyectos informáticos dentro de las 147 actuaciones previstas en el mismo y de cuyo resultado somos todos
perfectamente conocedores. La mayoría sin ver la luz y con pésimos resultados con respecto a los pocos que se ejecutaron. Desde el año pasado a este, solo en doce meses, cómo han cambiado las cosas. Son ya cuatro los Presupuestos Generales del
Estado que ha presentado este Gobierno y de una situación de recesión económica en 2012, a solo dos años más, unos Presupuestos Generales del Estado dirigidos a consolidar una recuperación económica que ya se ha iniciado. Lo que demuestra que las
medidas de contención del gasto público y las dirigidas a una gestión más racional y eficaz de los recursos públicos empiezan a dar sus resultados, y también en el Ministerio de Justicia. Durante tres proyectos de Presupuestos Generales del Estado
-y ahora hablo ciñéndome en concreto al capitulo 6 de la sección 13- hemos asistido a un importante esfuerzo de contención y racionalización del gasto, con dotaciones presupuestarias muy por debajo de lo que existía en los Gobiernos del Partido
Socialista. Hoy podemos afirmar que con mejores resultados. Porque aunque ya se ha dicho mucho, no deja de ser cierto: no se trata de gastar mucho cuando hay mucho, sino que lo difícil es hacer más cuando hay menos. Lo difícil, señorías, es
priorizar. Eso es lo que está haciendo este Gobierno y los responsables de este ministerio: priorizar las actuaciones y hacer aquello que más se necesita para dar un mejor servicio público a los ciudadanos. De los 96 proyectos informáticos del
Plan del Gobierno socialista, este Gobierno pasó a 12 y de esos se priorizaron sobre todo dos: el sistema judicial electrónico y el sistema de gestión procesal. La contención del gasto y el esfuerzo de todos hoy nos permite sonreír un poco, solo
un poco, y asistir a algo que hace dos años parecía impensable y, por fin, después de tres Presupuestos Generales del Estado, hoy, en el que se nos presenta, podemos hablar de un incremento de 16 millones de euros en el capítulo de inversiones
reales. Por supuesto, está muy muy alejado de las cantidades consignadas en 2009 por el Partido Socialista, pero no por ello los resultados obtenidos son peores y una prueba -por un lado, del esfuerzo y, por otro lado, del compromiso de este

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Gobierno con la Administración de Justicia y con su adaptación a las tecnologías propias de nuestra época- es que mientras el año pasado este capítulo sufrió una reducción de un 16,70% con respecto al ejercicio anterior; sin embargo, este
año se ha incrementado en un 26% más con respecto al año 2014, 16 millones de euros más, como muy bien ha señalado el secretario general. No solo se trata de incrementar, como ya muy bien ha mencionado el secretario general, como se ha hecho por
primera vez en esta legislatura, sino que también se ha debido a las medidas de ahorro de costes que se han implantado -como nos ha explicado el secretario general- y al aumento de fondos conseguido gracias a la búsqueda de distintas vías
alternativas de financiación que están dando muy buenos resultados. Control del gasto y mejor gestión de los recursos, volvemos al ABC de otra forma de gobernar, una nos llevó al desastre y otra nos está sacando del mismo.


No voy a volver a contarles, porque ya lo ha hecho muy bien el secretario general, los resultados que se están obteniendo con las políticas emprendidas en estos años, tanto en la implantación de la oficina judicial, como de la oficina
fiscal. No les voy a hablar del expediente judicial electrónico ni de las notificaciones electrónicas ni de la renovación del sistema de gestión procesal, pero sí creo que es de justicia -y estamos en la Comisión de Justicia- reconocer el trabajo
realizado. Parece que en cuestiones de informática y tecnologías, de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, por ejemplo, no hay ideología; que todos lo hacen igual. Como ven sus señorías la realidad demuestra lo contrario y no es lo
mismo que gobiernen unos u otros.


Termino mi intervención. Agradezco nuevamente al secretario general para la Administración de Justicia sus siempre buenas explicaciones, así como la labor que está realizando. Deseo formularle dos preguntas en nombre de mi grupo. Nuestro
grupo parlamentario quiere abordar en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 la Oficina electrónica de asistencia a víctimas del terrorismo. Somos conocedores que el Ministerio de Justicia en estrecha colaboración con
la Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas ha dotado a la Oficina de víctimas del terrorismo de un programa informático que permite la coexistencia del método tradicional de asistencia presencial a las víctimas con las ventajas propias de
una oficina electrónica y nos gustaría conocer datos relevantes de su funcionamiento durante el año 2014, así como qué tiene previsto el Gobierno realizar con esa oficina. La segunda versa sobre el Registro de penados y su conexión con otros
registros de penados. Los miembros de la Comisión de Justicia recientemente hemos tramitado en esta Cámara el proyecto de ley que el Gobierno nos remitió sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea. Nos gustaría conocer, de primera mano, qué medidas está llevando a cabo el Gobierno en el ámbito de la Unión Europea para conectar su Registro de penados con el resto de Europa. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno que corresponde a los grupos parlamentarios que no han solicitado las comparecencias. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo de Unión Progreso y
Democracia? (Pausa). ¿Grupo de La Izquierda Plural? (Pausa). No hacen uso de la palabra al no estar presentes. Sí está el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en su nombre el diputado, señor Jané, tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, quiero agradecer a don Joaquín Silguero, su presencia aquí como secretario general de la Administración de Justicia. No he podido seguir exhaustivamente su intervención, porque estaba en la Junta de
Portavoces, pero quiero agradecerle la aportación de datos y concreciones que ha ofrecido en esta Comisión de Justicia sobre los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y plantearle dos reflexiones. No le voy a formular preguntas
concretas, pero sí nos gustaría desde Convergència i Unió compartir alguna reflexión toda vez que el propio secretario general está en su cargo y es un momento de cambios en el ministerio, pero también de final de legislatura y de hacer balance. Es
fácil el recurso -ahora escuchaba la intervención precedente del grupo mayoritario- de poner en valor lo que se ha hecho en el ámbito a la modernización y de la informatización. Si lo comparáramos cierto es que en anteriores legislaturas otros
Gobiernos lo intentaron y se esforzaron. Vamos por el mal camino si entramos en una competición a ver quién ha conseguido sumarse más a medidas concretas de modernización, porque es un proceso que viene de lejos, que requiere esfuerzos compartidos
y ahí que requeriría que todos estos aspectos se reflejaran en ese Pacto de Estado en materia de justicia, para ponernos de acuerdo en qué es en lo que debemos priorizar y avanzar. Porque ese Pacto de Estado sigue siendo una asignatura pendiente.
No quiero culpabilizar a Gobiernos anteriores ni al Gobierno de esta legislatura de no haberlo conseguido, es un déficit que tenemos todos, pero que

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existe. Más que entrar a ver qué hemos hecho cada uno, la sociedad nos exige que en materia de justicia nos pongamos de acuerdo y prioricemos. El secretario general de la Administración de Justicia tiene esa responsabilidad de aunar
esfuerzos en ese proceso de modernización, de dotar de medios y de personal y de aprovechar también lo que se está haciendo a nivel de comunidades autónomas en todo ese ámbito de la modernización para que seamos capaces de dar ese impulso definitivo
a la Administración de Justicia, que me consta que la intención de hacerlo es de todos. Mi aportación no es una crítica, sino una reflexión serena hacia ese horizonte de buscar ese Pacto de Estado.


En segundo lugar, en materia del registro de faltas, en la última reforma del Código Penal, ante la necesidad del conocimiento de esa conducta que puede ser constitutiva de delito, cuya comunicación de los antecedentes en cuanto a faltas no
funcionaba bien, porque el sistema comporta la acumulación de faltas y al haber una persona que va a ser juzgada se necesita conocer realmente la acumulación de otras faltas precedentes, se aprobó la creación del registro de faltas, que no se ha
llevado a cabo o cuyas medidas sustitutivas que se querían realizar no funcionan de manera adecuada. Incluso al inicio de esta legislatura se aprobó una moción en el Pleno de la Cámara en la que se instaba al Gobierno a poner en práctica ese
registro. Cierto es que con la despenalización de las faltas que conlleva el proyecto de Código Penal, esto puede cambiar, pero también es cierto que llevamos muchísimas semanas de prórroga en las enmiendas al articulado del Código Penal y quizás
en esta legislatura ya no vaya a aprobarse. Esta es una asignatura pendiente, por lo que tenemos que aportar bien esos antecedentes en materia de faltas para que cuando se juzgue a una persona se sepa que tiene ese histórico acumulado por la
trascendencia que esto puede tener después en una conducta delictiva. Esto nos lo agradecería la ciudadanía, porque indigna muchísimo a veces que personas que tienen una acumulación de faltas, al no conocerse en ese momento, no tenga la repercusión
penal que se merecería. Quiero darle el apoyo de Convergència i Unió en esa necesidad de profundizar en esa modernización, respetando escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas que tienen transferidas la administración de la
Administración de Justicia, y que le consta. Sabe que en Cataluña estamos haciendo grandes esfuerzos, tanto el conseller, don Germà Gordó, como el director, señor Fabregat, en esa necesidad de modernizar y de implantar una nueva oficina judicial.
Puedo decir aquí también que los esfuerzos que se han hecho en Cataluña en este aspecto de la modernización de la oficina judicial, es un ejemplo precursor que ya se ha puesto en marcha. Esto nos lleva a situar a Cataluña en este ámbito entre las
administraciones pioneras en esta Administración que entre todos debemos compartir, lo que le reclamo una vez más al secretario de Estado de Justicia. Gracias por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado señor Martín Peré tiene la palabra.


El señor MARTÍN PERÉ: Señor Silguero, le doy la bienvenida, una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a esta Comisión y le agradezco su intervención, la cual se ha centrado en lo que esperamos del secretario general de la
Administración de Justicia, es decir, una explicación detallada sobre cuáles son las partidas destinadas en el área que gestiona. Pensamos que el objeto de su comparecencia no es establecer una comparativa entre las gestiones anteriores y la
actual. Cuando le ha precedido en el uso de la palabra el secretario de Estado ya ha hecho un reconocimiento expreso al esfuerzo en inversión que se formuló por parte del Gobierno socialista, un esfuerzo inversor muy importante, y también en mi
intervención se había hecho hincapié en que una gran parte de las mejoras en materia tecnológica que ahora se están llevando a cabo tienen su origen en la promulgación de la Ley 18/2011, también del Gobierno socialista. Debo decir esto, porque al
escuchar las palabras de la portavoz del Grupo Popular sobra cualquier alusión que podamos hacer una vez dejadas bien claras estas dos cuestiones.


Entrando en materia sobre lo que es su competencia. Hay dos cuestiones sobre las que quiero hacerle referencia. La primera de ellas no es que no sea importante, pero es una cuestión más técnica, se refiere a una información que nos dio en
su comparecencia en el ejercicio anterior relativa a la comisión permanente del comité estatal para evitar las duplicidades en los sistemas informáticos. En aquel entonces nos dijo que una parte importante del éxito que pudiera tener el
funcionamiento de esa comisión debería de estar relacionado con la buena voluntad que hubiera por parte de las comunidades autónomas en su cooperación, así como también que ustedes que tenían previsto que en un principio no hubiera de tener coste
alguno imputable a las arcas del Estado. Con el año transcurrido desde entonces, me gustaría

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preguntarle si esa buena fe en la cooperación de las comunidades autónomas ha sido tal y como esperaban y si el funcionamiento de dicha comisión no ha supuesto ningún coste adicional.


La segunda cuestión que le quiero plantear trae causa -no sé si lo conocerá o no, porque es muy reciente, imagino que sí- del dictamen del Consejo de Estado en relación con la reforma del Registro Civil. Se lo digo, porque es un dictamen
ciertamente duro, que no ahorra en terminología contundente a la hora de tildar esa propuesta de reforma con términos tales como oscuro y que contiene numerosos interrogantes. Una de las cuestiones que plantea ese dictamen del Consejo de Estado se
refiere a cuestiones atinentes al sistema informático del Registro general y que entra de lleno en lo que entiendo que son sus competencias, así como también hace una valoración, que el Grupo Parlamentario Socialista no comparte en absoluto,
relativa a que se debería proceder a la transmisión inmediata de todas las competencias relativas en materia de Registro Civil a los registradores en detrimento de los secretarios judiciales. Usted ha hecho referencia a la importancia del Cuerpo de
Secretarios Judiciales dentro de la Administración de Justicia; una importancia que compartimos y ponemos en valor. Estamos completamente de acuerdo en que son un cuerpo de funcionarios esencial en el funcionamiento de la Administración de
Justicia. Por tanto, nos gustaría saber si puede hacernos una valoración sobre esta referencia que hace el Consejo de Estado en su dictamen relativa a la total transferencia de las competencias a los registradores en materia de Registro Civil.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar la comparecencia, el señor secretario general de la Administración de Justicia, señor Silguero, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Silguero Estagnan): Gracias a todos ustedes por sus preguntas o en algunos casos reflexiones, que hago propias, y voy a pasar a contestar a cada uno. Doña Beatriz Escudero
formula dos preguntas. Una relativa a la oficina electrónica de las víctimas del terrorismo, ha sido una satisfacción importante ver que hemos sido capaces por primera vez de abrir las máquinas de la justicia para que las víctimas puedan acceder a
qué es lo que había pasado con sus expedientes. Todos sabemos que una víctima del terrorismo no fue elegida al azar, sino que fue elegida por la posición que podía ostentar o lo que podía representar como un ataque a España. En ese sentido, el
hecho de que el año pasado se hayan beneficiado de esta oficina 758 víctimas y que incluso desde los primeros momentos 207 víctimas entraran en la oficina electrónica, nos debe alegrar a todos. Esta oficina además está dando respuesta a una de las
peticiones lógicas de la víctimas que era conocer qué había pasado en determinados asuntos que no constaban o no tenían localizados por desconocer el número del procedimiento. Se han localizado 673 sumarios. En este momento se está procediendo
incluso a la digitalización de determinados procedimientos, porque los procedimientos judiciales no solamente tienen un valor mientras están vivos -también en el CTAG estamos trabajando con los archivos judiciales-, sino posteriormente también en
cuanto a la preservación de la memoria de España y la justicia y dignidad que necesitan las víctimas. Por otro lado, también ha habido un servicio muy demandado -es verdad que el dato es solamente del año 2013-, se precisaron 657 asistencias
psicológicas que prestó la misma oficina, porque debían prepararse para acudir al juicio o incluso se les ha facilitado entrevistas en su caso con jueces y fiscales. En definitiva, hacer que el acceso a los tribunales de Justicia sea lo más humano
posible. Esta experiencia que está siendo de gran interés e incluso está siendo seguida desde el ámbito internacional por otros organismos, estaría muy bien que pudiéramos implantarla también en víctimas que sean especialmente vulnerables y que se
acercan a los tribunales de Justicia con ciertas dificultades.


En cuanto a la segunda pregunta, sobre los registros, voy a dar una serie de datos para que se vea la importancia que tienen antes de contestar exactamente a la referencia en el ámbito internacional. El Registro central de penados, por
ejemplo, en el 2014, hasta el mes de septiembre, tiene ya en este momento incorporados 2.222.103 asuntos y ha resuelto 784.728 peticiones de información -estamos hablando de certificaciones penales expedidas, cancelaciones, antecedentes, etcétera- y
el de menores 141.136 asuntos, el de medidas cautelares 476.743 asuntos, el de violencia doméstica y de género 726.786 asuntos y el de rebeldes civiles 33.714. Estos son todos los registros que conforman ese sistema que llamamos Sidag. Como vemos,
estamos hablando de una fuente de información relativa a la actividad judicial que es de grandísima importancia para los ciudadanos. Esto nos animó a formar parte de un sistema europeo, que debo señalar que España junto con Austria hemos sido los
dos primeros que conseguimos conectar on line nuestros propios sistemas de antecedentes penales. Eso tiene una acción positiva evidente. En este momento si se detiene a una persona en cualquiera de nuestros países podemos acceder a qué
antecedentes penales tiene en cualquiera de los demás países de la Unión Europea, porque animados por el éxito del proyecto han entrado todos los países, faltan solamente Malta, Eslovenia

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y Eslovaquia. Todos los demás países en este momento están conectados con España a efectos de antecedentes penales. Hemos dado un paso al frente, además queremos ir a la identificación por huellas dactilares y en este momento con el
Reunido Unido hemos puesto ya en marcha el primer sistema de consulta simplemente con la huella para poder saber en un tiempo rapidísimo cuáles son los antecedentes penales y poder luchar con mejor información contra el fenómeno de la delincuencia
que no conoce fronteras. Estamos trabajando también con la propia remisión de información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no voy a entrar en la parte más técnica, pero queremos evolucionar el Sidag a un sistema 2.0, que nos va a
permitir incluso hacer consultas de información de forma conjunta en cualquiera de los registros en que se encuentre, porque muchas veces la división de registros ha llevado a que la información no fuera accesible de la debida manera.


Respecto a las reflexiones que se formulan desde Convergència i Unió, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que hay muchos esfuerzos compartidos y que hay que aunar esfuerzos. Se aprende tanto de las buenas experiencias como de las
negativas. Las alusiones a cuestiones negativas han sido sobre todo por la pena que da ver unos recursos públicos que se han ido en algunas decisiones que no eran correctas. Con la Generalitat de Catalunya, y con el consejero al frente, tenemos
una magnífica relación hasta el punto de que próximamente van a visitar nuestras instalaciones dentro del marco de colaboración permanente que tenemos. En cuanto al registro de faltas tiene que ver con la propia incertidumbre que existe en relación
con el marco normativo que sustentaría la existencia del registro. Ahora bien, siendo conscientes de que el valor de la multirreincidencia es clave para determinados comportamientos delictivos, animaría -y desde la propia secretaría general dejo
hecho el ofrecimiento- a que en aquellas grandes ciudades que así lo demanden, que es donde tiene sentido esta actuación por las pequeñas bandas que están reincidiendo, pudiéramos poner ya en marcha un piloto que estuviera conectado con este Sidag,
al que aludo, en el que uno puede incluir los delitos e incluir también algunas faltas, porque no son todas -estaríamos hablando sobre todo de faltas contra la propiedad muchas veces y pequeños hurtos- para de esa forma conseguir incidir en esa
situación. Tomo buena nota y dentro del comité técnico entiendo que también la Generalitat de Catalunya estará interesada en ese proyecto, con independencia de lo que suceda finalmente con el Código Penal.


En cuanto a la intervención de Grupo Socialista, la buena voluntad en el seno del comité técnico estatal es una realidad, porque la verdad es que no hemos tenido que votar nunca. Le voy a dar el dato. En la última comisión permanente, si
los miembros somos 14, había 24 miembros. En este momento hemos creado una herramienta colaborativa que ciertamente ayudará mucho de cara al futuro, que tiene 160 usuarios, donde están grabadas todas y cada una de las reuniones técnicas que se
hacen todas las semanas en todos estos ámbitos que hemos hablado. Es decir, esa experiencia a la que aludía, la buena y la mala, en este momento está siendo compartida por los técnicos de la Generalitat, del País Vasco, del ministerio y de todas
las demás comunidades autónomas de España. No solamente la buena voluntad era un deseo, ahora es una realidad y, por supuesto, estamos en disposición de brindar cualquier cuestión que haga falta de resultados, etcétera, porque toda esa información
está perfectamente guardada. ¿Costes adicionales en el comité técnico? No hubo, no tuvimos ninguna opción ni posibilidades en aquel momento en el país. Se veía la necesidad de estar unidos. Los costes serán que cada uno vamos con medios propios
y el hecho de que la propia comisión permanente, para poner en valor que estamos en un órgano de cooperación interadministrativa, ha planteado que las propias reuniones se vayan celebrando en cada una de las comunidades autónomas siguiendo el orden
de antigüedad del estatuto. Hemos repartido incluso ponencias. Detrás de estos nueve grupos hay mucho trabajo también de las comunidades autónomas. El comité técnico estatal es ministerio más comunidades autónomas más Consejo General del Poder
Judicial y más fiscalía. Eso que es de sentido común en la historia de España durante muchos años no ha funcionado. El hecho de que ese órgano se haya puesto en marcha y tenga resultados ya constatables es fundamental.


Por último, la referencia que me hacía al Registro Civil, entenderá que es un tema que lógicamente en la comparecencia del ministro saldrá. Desde el Cuerpo de Secretarios Judiciales siempre se ha defendido y existió en su momento
determinados documentos hablando de la posibilidad de llevarlo por los secretarios judiciales, pero la decisión en todo caso compete al Gobierno y se hará lo que mejor sea para la eficacia del servicio público y del propio Registro Civil. No puedo
decir nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silguero.


Sin más, finalizadas estas comparecencias, levantamos la sesión.


Eran las doce y media del mediodía.