CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 646

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 31

celebrada el lunes,

6 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (Número de expediente 121/000118):


- Del señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social (Llorente Cachorro). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001874) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001940) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- De la señora secretaria general de Inmigración y Emigración (Del Corral Téllez). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de expediente 212/001873) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001941) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- De la señora secretaria de Estado de Empleo (Hidalgo Tena). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (números de expediente 212/001871 y 212/001875) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/001939) ... href='#(Página24)'>(Página24)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. (Número de expediente 121/000118).


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (LLORENTE CACHORRO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/001874) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001940).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a esta Comisión que anualmente celebramos con ocasión de la comparecencia del Gobierno a efectos de ilustrar, informar y aclarar las cuestiones que suscita el proyecto
general de Presupuestos Generales del Estado, en concreto en lo que a nosotros atañe, que es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A tal fin, en primer lugar, comparece el señor subsecretario de Empleo y Seguridad Social, don Pedro Llorente,
a quien, en primer lugar, como es natural y además es deseado, le damos la bienvenida a esta casa, que es la suya, a fin de que si él lo desea, haga una exposición previa y, posteriormente, los grupos parlamentarios solicitantes de la comparecencia
del mismo, que son el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, puedan hacer las intervenciones que estimen oportunas en la dirección de ampliar información o aclarar dudas que puedan haberse planteado.


Hemos establecido un turno que creo que puede encajar en los ritmos de la Comisión, ya que al finalizar ésta habrá otra -como todos ustedes saben-, en la cual se dará respuesta por la secretaria general de Empleo a una serie de preguntas que
han sido transformadas de escritas en orales. Hemos calculado que puede haber una intervención aproximada de veinte minutos del señor subsecretario, que yo creo que podrá sintetizar su intervención en ese marco temporal, y posteriormente los grupos
parlamentarios dispondrán de diez minutos cada uno para que cierre con las aclaraciones que sean pertinentes, en otros diez minutos, el señor subsecretario. Dicho esto, y reiterando la bienvenida, señor subsecretario tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Señoras y señores diputados, un año más tengo el placer de comparecer en la Comisión de Empleo y Seguridad Social para presentar las líneas maestras del presupuesto
del departamento, si bien es verdad que la presentación del presupuesto de la Seguridad Social ya tuvo lugar el pasado jueves por parte del secretario de Estado de Seguridad Social. Es ya la cuarta vez que comparezco aquí en esta legislatura y
podemos decir que, traspasado el ecuador de la misma, es justo reconocer que la situación de la economía y el empleo ha cambiado mucho en España desde la que fue mi primera comparecencia en esta Comisión, allá por el mes de mayo de 2012. Es cierto
que la situación sigue siendo difícil -por supuesto, no lo vamos a negar-, pero creo que también es mejor que la que vivíamos en esas fechas.


El primer objetivo de la primera parte de la legislatura ha sido claramente estabilizar la economía y frenar la sangría de la destrucción de puestos de trabajo. Ese ha sido el principal cometido -como digo- durante esos dos años de
principio de la legislatura. En la segunda mitad, cuando hemos percibido que la economía crecía, uno de los objetivos fundamentales era la creación de empleo con una transición de la situación del desempleo al empleo lo más rápida posible. Esas
han sido las principales prioridades del Gobierno y yo creo que los datos nos permiten afirmar que, en ese sentido, estamos cumpliendo los objetivos inicialmente fijados. Después de nueve trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento
en el producto interior bruto, la economía española -como saben- volvió a tasas positivas de crecimiento en el tercer trimestre de 2013. Desde entonces, nuestra economía no ha dejado de crecer y así va a seguir haciéndolo en los próximos meses y
durante 2015, lo que repercutirá -como todos deseamos- en una mayor tasa de creación de empleo.


Si tuviéramos que sintetizar con trazo grueso las claves de los presupuestos del ministerio para el año 2015, en mi opinión creo que se sostienen sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, son unos presupuestos -como se ha dicho en otros
foros- de la consolidación, de la recuperación económica, de una economía que sigue la senda de crecimiento de una manera más robusta cada trimestre, que va a ser impulsada por una reforma fiscal puesta en marcha por el Gobierno con la moderación
del precio y la mejora gradual de las condiciones financieras para empresas y familias, lo cual debería -lo esperamos y

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así están puestos todos los incentivos- suponer una creación de más y mejores puestos de trabajo durante el ejercicio venidero. Junto a ello, el presupuesto para 2015 es un presupuesto para reforzar la cohesión social. Un año más el gasto
social se mantiene por encima del 50% del total de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, algo que ha sido una seña de identidad de toda esta legislatura. En 2015 el gasto social alcanzará los 187.408 millones de euros; casi 54 euros de
cada 100 se destinan a financiar gastos sociales, de los cuales casi 52 son gestionados por el departamento que aquí represento.


De todo el universo de datos, de toda la panoplia de datos y cifras que se contienen en los presupuestos generales de 2015, sí me gustaría sintetizar o poner de manifiesto en esta comparecencia seis cifras, si me lo permiten. En primer
lugar, el gasto en fomento del empleo, al que se dedicarán fundamentalmente las políticas de activación para el empleo, para mejorar la ampliabilidad de los desempleados, que aumenta en términos absolutos en 670 millones de euros en relación con el
presupuesto de 2014, hasta situarse en 4.746 millones de euros. Esto es un incremento del 16,5%. Es la partida de gasto que más aumenta dentro de las grandes políticas de los presupuestos.


En segundo lugar, aunque la evolución favorable del empleo y el desempleo permitirá moderar el gasto en prestaciones por desempleo durante 2015, situándose aún por encima de los 25.000 millones de euros, sí que hay un incremento importante
del presupuesto destinado o de la partida destinada a la renta activa de inserción, que se incrementa en 320 millones de euros; eso es un 27,2% más que en 2014, lo cual nos permitirá reforzar la protección social de quienes más lo necesitan.


En tercer lugar, las pensiones -es verdad que no se recoge en el presupuesto en la sección que ahora mismo vamos a analizar-, una subida de las pensiones para todos los pensionistas en un 0,25, que no es el primer año sino el segundo que se
aplica el índice de revalorización; pero según la aplicación de la ley sí que, efectivamente, ya en cumplimiento estricto de la ley del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, se aplica este primer ejercicio y suben en mas de un
0,25, en cumplimiento del compromiso del Gobierno de no congelarlas nunca más. Por tanto, podemos concluir que se gana también en poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta lo que se ganó en términos absolutos en el año 2013, que fueron 1.372
millones, y si tenemos en cuenta lo que ha sido la inflación estimada como indicador adelantado del IPC, que ha sido, como saben, recientemente publicado por el INE, si se cumple ese menos 0,2% tendríamos una ganancia para el ejercicio corriente de
0,45 puntos, que en un cálculo aproximado serían 216 millones. Por tanto, podríamos estar hablando de unos 1.500 millones de euros en los dos ejercicios de ganancia de poder adquisitivo de las pensiones.


En cuarto lugar, durante 2015 se mantienen por encima de los 11.500 millones las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Aquí también hay que hacer una precisión, porque realmente son 13.073 millones, porque, como
saben, se incluye todo lo que son los créditos a la dependencia, que también son transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, puesto que el Imserso y el Ingesa siguen siendo entidades gestoras de la Seguridad Social. Estos
incrementos de lo que son las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social permiten un año más financiar el cien por cien de los complementos a mínimos. No olvidemos que los complementos a mínimos son más de 2 millones y medio de
pensiones y, por tanto, casi un tercio de la parte total de las pensiones. Por tanto, durante 2015 se mantiene un año más la separación de fuentes que acometimos, si se acuerdan, en 2013 y se garantiza con ello la sostenibilidad de nuestro sistema
público de pensiones.


En quinto lugar, tenemos que reconocer también -y lo explicara la secretaria general de Inmigración- que se hace un especial esfuerzo en todo lo que es la política de subvenciones a favor de los inmigrantes, con una subida de 4,5 millones de
euros; un 13,2% más que en 2014, para dar adecuada respuesta a nivel nacional y en el ámbito de este ministerio a la consabida presión migratoria que se experimenta en los últimos meses en los últimos años en las plazas de Ceuta y Melilla.


Podría dar un sexto dato, pero me van a permitir hablar de lo que es el programa de la subsecretaría, modesto en su cuantía pero creo que relevante con respecto a los objetivos que viene persiguiendo. Tenemos un presupuesto de algo más de
250 millones de euros, que son 4 décimas a priori menos que los créditos de 2014. Digo que es a priori porque si entramos en el detalle de las cifras llegamos a la conclusión de que el presupuesto aumenta ligeramente. No se explica en los
presupuestos el porqué, pero lo hago yo aquí. Porque han desaparecido de nuestro presupuesto 3 millones y medio que han ido a la sección 31 para financiar los contratos centralizados en el ámbito de la Administración General del Estado. En
concreto dos contratos, el de servicios postales por 800.000 euros y el contrato de limpieza que son 2.700.000. Por tanto, están allí recogidas estas partidas; no han desaparecido, no hay una bajada del presupuesto de la subsecretaría, sino todo
lo contrario, hay una subida en términos absolutos de 2

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millones de euros porque lo que se aumenta es la partida destinada a las inversiones, al capítulo 6 del patrimonio sindical acumulado, que pasa de 2 millones a 4 millones en 2015, que creo que es un esfuerzo inversor sin precedentes desde
hace años. Lo que vamos a intensificar de esta forma es una actuación inversora desarrollada por el ministerio ya en ejercicios anteriores. Ya saben que habíamos priorizado, de acuerdo con los agentes sociales y a pesar del contexto de austeridad
presupuestaria, una política de inversión en obras parciales de reparación y en otras obras de mayor envergadura, siempre con el objetivo de salvaguardar, en primer lugar, la seguridad de las personas y, en segundo lugar, hacer posible lo que era el
destino de estos inmuebles para el ejercicio de la acción sindical o de la acción representativa de las asociaciones de empresarios. En concreto, vamos a hacer obras de gran envergadura en Madrid, Málaga y Barcelona, algunas de ellas ya iniciadas
en el ejercicio 2014.


También hemos seguido haciendo gestión. Yo creo que la labor de la subsecretaría es, sobre todo, mejorar los instrumentos de gestión, buscar cotas de mayor eficiencia y ganancias en ahorros sin desmerecer la calidad de los servicios que
prestamos o de las prestaciones que se gestionan derivados de los proyectos de la subsecretaría. En primer lugar, me gustaría destacar la optimización de nuestro patrimonio inmobiliario, particularmente los arrendamientos en la Inspección de
Trabajo. De hecho, nuestro gasto en arrendamientos se sitúa en un millón de euros anuales menos de los que se pagaban al inicio de la legislatura en los arrendamientos producto de este ejercicio de optimización inmobiliaria en las delegaciones de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que están por todo el territorio nacional.


En segundo lugar, hemos puesto en práctica medidas de simplificación en la gestión de la contratación dentro del ministerio. Por primera vez el ministerio, un ministerio complejo y amplio, tiene una junta de contratación. Hasta ahora no la
tenía. El año pasado les anuncié en esta misma sede que la pondríamos en marcha y, de hecho, ya está funcionando desde hace meses. Por otra parte, hemos reducido sustancialmente los órganos de contratación con competencias delegadas. Teníamos 96
órganos de contratación y hemos pasado a tres en el seno del ministerio. También tenemos en marcha por primera vez un plan de contratación en el año 2015 para todo el conjunto del ministerio. Queremos celebrar acuerdos marco para contratar
centralizadamente determinados servicios y suministros que no están centralizados a nivel de la Administración General del Estado, como les acabo de comentar, para lo cual ya hemos dado algunos pasos como, por ejemplo, en lo que son las pólizas de
seguros.


En tercer lugar, también hemos actuado en un pionero plan estratégico de subvenciones, algo que también comenté en esta sede, que abarca hasta el ejercicio 2015. Hemos conseguido aumentar la concurrencia competitiva en su concesión y hemos
reducido el total de líneas de subvención. De las 108 líneas de subvención que existían al inicio de la legislatura, hemos pasado a 61; en total, una reducción del 43%, sin embargo ello es compatible con aumentar el presupuesto, como acabo de
comentar, con las subvenciones para fomento del empleo y la atención social a los inmigrantes.


Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la subsecretaría como órgano coordinador de todo el departamento son las medidas dentro del denominado informe CORA o Comisión CORA de la reforma de las administraciones
públicas. El ministerio ha aportado 22 medidas de las 220 que se incluyen en el informe CORA, un 10% del total. De hecho, somos el ministerio que más ha aportado a este proceso de reforma de nuestras administraciones públicas. Pero, con
independencia de los números, que son importantes, yo creo que son sobre todo relevantes en lo que atañe a la vida cotidiana de las personas, a su vida diaria. Por citar algunas de estas 22 medidas, está el portal de empleo y autoempleo, con la
posibilidad de realizar distintos trámites por Internet, como la cita previa en las oficinas del SEPE, la obtención de las tarjetas sanitarias europeas que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los certificados de estar al corriente
de las cotizaciones sociales que emite la Tesorería General de la Seguridad Social -todo esto por medios telemáticos-, y luego destacaría dos fundamentalmente en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como es el
espacio Tu Seguridad Social, que permitirá a los ciudadanos no solamente obtener información en este portal personalizado, único para cada uno de ellos, sino realizar también las gestiones para obtener prestaciones de forma telemática; y, en
segundo lugar, el nuevo sistema de liquidación directa de cuotas y Seguridad Social. Desparecen así de manera absoluta los TC1 y los TC2 que tan presentes han estado en la vida empresarial y laboral de nuestro país. Se trata de un proyecto que
está tramitándose en esta Cámara y, como digo, sustituirá al modelo tradicional en el que las empresas proceden a cotizar a la Tesorería General de la Seguridad Social.


Siempre en último lugar me gusta hacer una referencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una de las direcciones generales que depende de la subsecretaría, si bien se garantiza su autonomía e

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independencia de acuerdo con los convenios de la OIT, y es un programa en el cual hacemos un especial seguimiento a lo largo de las jornadas que implican la explicación del presupuesto. A este programa de la inspección dedicaremos más de
116 millones de euros el año que viene. Más allá de esta cifra, lo que sí me parece importante es que a lo largo de toda esta legislatura en este contexto de consolidación fiscal, el ministerio ha sido capaz de seguir incorporando un número
significativo de inspectores y subinspectores al sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde el inicio de la legislatura y hasta ahora se han incorporado 150 nuevos inspectores y subinspectores, además ha sido uno de los cuerpos que
justificaron las tasas de reposición del 10% en ejercicios anteriores. Como saben, se va a aumentar al 50% para determinados servicios esenciales, y uno de ellos, sin duda alguna, es la inspección en cuanto que supone la dedicación de todos estos
efectivos a la lucha contra el fraude laboral y el fraude en las prestaciones de Seguridad Social, lo que nos permitirá tener una oferta de empleo público en el año 2015 muy importante en número de efectivos para inspectores y subinspectores.


Termino ya, señorías. Dentro del presupuesto del Ministerio Empleo y Seguridad Social todos estos datos avalan que vamos en la dirección de todo lo que supone la actuación del Gobierno de creación de empleo acompasada al crecimiento
económico. Lo hemos hecho desde el primer día y lo seguiremos haciendo, como vamos a seguir haciéndolo con los agentes sociales mediante el diálogo y la concertación social en algunos de los programas a los que me he referido a lo largo de mi
exposición. Como saben, a continuación comparecerán la secretaria de Estado de Empleo y la secretaria General de Inmigración, que les podrán proporcionar mayor información o mayores datos con mayor grado de detalle que yo sobre las partidas
presupuestarias de su competencia y de los organismos que tienen adscritos. En cualquier caso, me pongo a su disposición para responder las preguntas que tengan a bien plantearme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, por su capacidad de síntesis a la hora de presentar el presupuesto que le compete. A continuación, hecha la solicitud de comparecencia por el Grupo Parlamentario Socialista, por un
tiempo de diez minutos tiene la palabra don Manuel de la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quiero dar la bienvenida y agradecerle, como es de rigor, al señor subsecretario las explicaciones que está dando y las que pueda seguir dando. En nombre de mi grupo, que ha pedido esta comparecencia, quiero
exponer algunas ideas acerca de estos presupuestos, que son los últimos Presupuestos Generales del Estado en materia de Empleo -y en general en todas- del Partido Popular, en los que ya podemos ver la herencia que van a dejar cuando dejen el
Gobierno dentro de un año. Quiero referirme a una serie de puntos, algunos de los cuales ha comentado el señor subsecretario y otros, como era lógico, los ha obviado, para exponer nuestro punto de vista y formularle algunas preguntas. (La señora
vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia).


El primero que ha mencionado es el referente al gasto social. Es verdad que el gasto social es de todo el presupuesto y ha dicho algo muy importante, que todo el gasto del Ministerio de Empleo forma parte del gasto social de los
presupuestos del Estado. Yo tengo aquí el libro amarillo, que es como el libro de Petete en estos presupuestos y en todos, pero tan importante para estas cosas. En el libro amarillo, página 105, se dice lo siguiente: Se mantiene el compromiso del
Gobierno con el gasto social, que crece un 3,7% respecto a 2014, una vez aislado el efecto de la disminución de la política de desempleo. ¿Qué nos está diciendo el libro amarillo? Lo que nos dice el libro amarillo es -pretende encubrir- que el
gasto social sube el 3,7% si no contamos desempleo, como si las prestaciones por desempleo no fueran gasto social. Usted, que además de subsecretario es un importante funcionario del Estado que conoce con rigor los parámetros en los que nos
movemos, sabe que el gasto social en estos presupuestos solo crece el 0,7%, por debajo del PIB nominal, que en los propios presupuestos se dice que es del 2,7%, ¿o es que el gasto en desempleo no es gasto social? Le pregunto: ¿Comparte usted esta
idea que recoge aquí en plan de cubiletes que se mueven y con un lenguaje críptico el libro amarillo de que el gasto social ya no incluye las prestaciones de desempleo y que habría crecido el 3,7%?


La segunda cuestión a la que quiero referirme es la de los presupuestos de la Seguridad Social, partiendo de que estamos ante el señor subsecretario y, por tanto, ante los presupuestos desde el ministerio, y en este punto quiero comentar dos
cuestiones. La primera es el tema en el que ustedes siempre hacen énfasis de la separación de fuentes. Efectivamente, los presupuestos recogen una aportación a complementos de las pensiones mínimas de 7.563 millones de euros. Señor subsecretario,
100 millones menos que el año pasado. ¿Por qué se reducen las aportaciones a mínimos? ¿Es que van ustedes a congelar las pensiones mínimas? ¿Es que van ustedes a utilizar luego técnicas de ampliación o de modificación presupuestaria? Porque aquí
quiero señalar ya una primera herencia que ustedes dejan.

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Ustedes suben el presupuesto de los pensionistas, las pensiones suben el 0,25%, por segundo año consecutivo. Es la primera vez en democracia, la primera vez en más de treinta años que las pensiones mínimas pierden poder adquisitivo en este
país. (Rumores). Ustedes, que tanto hablan de la congelación de pensiones que hizo el Gobierno Zapatero en el año 2011, recordarán -algunos estaban aquí y lo recuerdan bien- que entonces 3 millones de pensionistas mantuvieron el poder adquisitivo,
precisamente los que tenían pensiones mínimas, que en aquellos ocho años incrementaron el 27% en términos reales sus pensiones. Ustedes, por primera vez, congelan o disminuyen el valor real, el salario real, la renta real de las pensiones mínimas.
Dice usted que las del año actual a lo mejor todavía mejoran la capacidad adquisitiva porque estamos en una inflación negativa. Deben ser ustedes los únicos en toda la Unión Europea que están a la espera de que la inflación sea negativa, porque
parece que eso mejoraría sus propuestas presupuestarias.


En relación con la Seguridad Social, quiero comentar una segunda cuestión a la que también ha hecho usted mención, aunque ha sido de pasada, sin entrar en el fondo: el problema del incremento de cuotas. También en el libro amarillo y en la
sección correspondiente, la sección 60, se dice que las cuotas, las cotizaciones de Seguridad Social se van a incrementar en el año 2015 un 6,8%, y, más aún, que las aportaciones que harán empresarios y trabajadores se incrementarán un 8,6%,
consecuencia de la evolución positiva de la afiliación. Esta es una cifra absolutamente cabalística, es una ficción. No sé si es un engaño, porque eso implica una voluntad de engañar; quizá alguien quiera hacerlo, no lo sé, pero es una absoluta
ficción. ¿Acaso el señor Montoro les ha forzado a ustedes, al ministerio, a cuadrar las cuentas por aquí? Estos días pasados han salido dos importantes artículos de dos cualificados expertos en esta materia; ayer de Funcas y antes de ayer de un
economista de Fedea. Los dos decían que esta cifra es absolutamente imposible de conseguir. Funcas decía: además de los 6.000 millones de déficit que prevé el presupuesto en materia de Seguridad Social, puede haber hasta 9.000 millones más.
Fedea decía: puede haber hasta 4.300 millones más de déficit. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ustedes van a volver a tirar otra vez del Fondo de reserva; llevan tres años disminuyendo el Fondo de reserva, y lo han hecho ya en un
25%. (Rumores). Como sigan ustedes así, nos dejan sin Fondo de reserva. Esta es otra herencia que el próximo Gobierno tendrá de ustedes. Recibieron un Fondo de reserva de 65.000 millones, en este momento está en 48.000 millones y probablemente a
finales de este año y del año que viene estará en la mitad de lo que usted recibieron. Le pregunto dos cosas: ¿Les ha obligado el Ministerio de Hacienda a poner esta cifra tan inverosímil como incremento de cotizaciones y, por tanto, de
recaudación por cuota de Seguridad Social? ¿Le parece a usted creíble este incremento de esa recaudación? Sería usted el único, quizá junto con el señor Montoro, que piensa que es creíble ese incremento de la recaudación.


La tercera cuestión de la que quiero hablar es la que se refiere al recorte en prestaciones de desempleo. Las transferencias del ministerio al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, bajan a 10.098 millones. Evidentemente, usted ni
menciona esto. Es un recorte del 31% sobre el año anterior, un recorte brutal, un recorte despiadado, sin piedad alguna por los parados. Dejan ustedes las prestaciones de desempleo en 25.300 millones y explican que es por los efectos de medidas
normativas y de reducción de la tasa de paro. Es verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los efectos -la disminución de prestaciones- tienen que ver con el alargamiento de la situación de desempleo de un porcentaje altísimo de
parados; por lo tanto, la eliminación de los subsidios que han hecho o la exigencia de más requisitos tienen como efecto la disminución del número de personas que las van a percibir el año que viene, a pesar de que ustedes firmaron un acuerdo con
los sindicatos el 29 de julio pasado donde decían que este tema lo iban a reconsiderar. En el año 2011, cuando había 800.000 parados menos que este año, el último Gobierno socialista destinó a prestaciones de desempleo 32.300 millones de euros, un
36% más que este año. Lo que están ustedes haciendo es profundamente injusto con los parados y probablemente sea también inmoral. Esos 4.500 millones de euros que recortan ¿adónde los destinan? Los destinan -ya lo sabemos- a los recortes del IRPF
en la gama alta de las rentas de este país. (Risas). Son 4 millones de euros que van a parar al menor pago de IRPF por las rentas más altas. Aquí hay una transferencia de rentas de parados a los que más tienen, a los ricos, que son aquellos que a
ustedes más les interesan. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Qué barbaridad!). Esto me recuerda una frase que se atribuía a Reagan que decía que para salir de una crisis hace falta que los ricos sean más ricos para que inviertan más y creen
más empleo y que los pobres sean más pobres para que acepten cualquier tipo de empleo. Son ustedes grandes seguidores de esta tesis. Aquí le quiero apuntar otra herencia más: la cobertura de desempleo. En el año 2004 el último Gobierno de Aznar
dejó la cobertura de desempleo en el 60% de los

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parados, el Gobierno socialista la llevó hasta el 80%, ustedes la han vuelto a bajar ya al 60%; cuando termine el año que viene, ¿dónde estará? Probablemente en el 50%. Otra gran herencia; son ustedes grandes expertos en desproteger a
los desempleados.


La cuarta cuestión -y voy acelerando- es el Fondo de garantía salarial. Además de recortar las prestaciones a los parados, ustedes recortan los pagos del Fogasa. Para el año 2015 presupuestan 310 millones de euros menos para el Fogasa,
1.036 millones, cuando el año anterior -al final del año actual- fueron 1.400 millones para el pago de prestaciones. Es un recorte del 23,1% menos que el año anterior. ¿Por qué se produce este recorte? ¿Entiende que es suficiente con este dinero
para el pago de prestaciones, o se va a volver a producir un alargamiento del periodo de cobro por parte de los trabajadores cuyas empresas están en situación de insolvencia? Señor subsecretario, el Plan Greta, que fue una idea positiva que se puso
en marcha en febrero de este año, preveía que para el mes de octubre de 2014, en el que estamos ahora, se tramitarían y pagarían 150.000 expedientes nuevos de Fogasa; en septiembre solo se habían hecho 95.000, el 63% de lo previsto. Le pregunto:
¿Piensan ustedes que a finales de este mes se cubrirá el Plan Greta y no solo se tramitarán, sino que se pagarán todos los expedientes comprometidos? ¿Qué número de expedientes presentados en este momento están sin tramitar y sin abonar?


La última cuestión -y ya termino- tiene que ver con la Inspección de Trabajo y la lucha contra el fraude. Usted ha dicho -lo viene diciendo todos los años; yo no he estado estos años en la Cámara, pero al reincorporarme he leído en los
diarios de sesiones de estos debates de presupuestos su compromiso de incrementar el número de inspectores y subinspectores- que ha habido un aumento, que se sigue produciendo un aumento. Sin embargo, cuando uno lee el programa 291.A, que es el
programa de la Inspección de Trabajo, se encuentra con una disminución del 1,2%, que se proyecta fundamentalmente en los gastos de personal y específicamente en la disminución de los salarios de los grupos A y B, que son, si no me equivoco -creo que
no-, los que afectan a inspectores y subinspectores de trabajo. Quiero que explique cómo se puede cuadrar -a lo mejor se puede cuadrar- un incremento de inspectores con una disminución de partida presupuestaria. Incluso el año pasado usted dijo en
esta Cámara que habría una incorporación de 30 inspectores; en el 'Diario de Sesiones' habla también de 20.000 subinspectores, pero quedó claro que era una cifra errónea. Le pregunto: ¿Se han incorporado ya en plenitud esos 30 inspectores?


Para terminar sobre la lucha contra el fraude, que tiene que ver con los inspectores y la Inspección de Trabajo, quiero señalarle algo. Ustedes disminuyen, según la memoria, la previsión de actuaciones en prevención de riesgos laborales -de
90.000 actuaciones a 80.000- y también en la lucha contra la desigualdad de género respecto de 2013 -porque el año pasado la mantuvieron-, de 22.000 actuaciones a 15.000. Le pregunto: ¿Por qué esa disminución de actuaciones en la lucha contra el
fraude en prestaciones? Mi grupo parlamentario les ha ido preguntando -y ustedes han contestado por escrito- cuáles eran los datos que se derivaban de la actuación de la inspección sobre personas que cobraban prestaciones indebidamente porque
estuvieran trabajando, lo que es el fraude en prestaciones. El dato que hemos ido recibiendo es una media inferior a 900 personas al mes, es decir, un número muy pequeño para el millón muy largo, casi 2 millones, que percibían prestaciones.
Ustedes insistieron mucho en esta batalla contra el fraude y hablaron de un Plan contra el fraude fiscal 2012-2103 y también -con esto sí termino, señora presidenta- de la reforma del Código Penal para acabar o luchar contra el fraude en
prestaciones, y a esto quiero dedicar los treinta segundos finales, a esa reforma de la famosa Ley Orgánica 7/2012 -para los juristas un mal día aquel en que se aprobó en esta Cámara-, donde ustedes introdujeron el artículo 307 ter del Código Penal
que regulaba precisamente el fraude en las prestaciones a la Seguridad Social, incluido el fraude al desempleo por parte de los trabajadores. ¿Y qué dice ese artículo? Algo muy simple: un trabajador que defrauda, porque defrauda, y mi grupo no lo
niega...


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Señor de la Rocha, le rogaría, por favor, que vaya finalizando.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Termino.


Defrauda porque trabajando cobra una prestación por desempleo un día o una semana, comete delito desde el primer euro y, sin embargo, aquellos que defraudan al fisco solo cometen delito por encima de 120.000 euros. Los ricos, los que más
ganan, los muy ricos para cometer delito fiscal tienen que defraudar al menos 120.000 euros; los trabajadores, desde el primer euro, aunque no tengan para comer.

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Sin duda, una nueva herencia que nosotros levantaremos y una dramática manifestación de lo que algunos expertos han llamado un derecho penal de clase.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Susinos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


La señora SUSINOS TARRERO: Muchas gracias, señor Llorente, por comparecer nuevamente ante esta Comisión para darnos una explicación tan detallada del presupuesto de su ministerio, concretamente la parte que corresponde a la subsecretaría.
Quiero destacar que se trata de un presupuesto continuista, cuyas preocupaciones fundamentales siguen siendo la consolidación fiscal y el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria. Pero, a su vez, y como nos indicaba el señor
Llorente, es un presupuesto que apoya e impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo. El pasado jueves se conocieron las cifras del paro del mes de septiembre. Efectivamente, tenemos que lamentar que haya 19.720 nuevas personas en
paro, sí, lo lamentamos profundamente, porque el aumento del desempleo en cualquier caso siempre es una mala noticia. Pero también quiero recordar que este dato es, a su vez, el menos malo en un mes de septiembre desde 2007, cuando la subida media
del paro era de 70.000 personas. Quiero destacar un dato muy positivo: hay 12.182 afiliados más a la Seguridad Social. Luego claramente se ha producido un cambio de tendencia hacia la creación de empleo y no es casual, sino que se produce gracias
al trabajo y al conjunto de medidas y reformas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero gracias también, y no podemos olvidarlo, al esfuerzo y al sacrificio de todos los ciudadanos.


Señorías, como decía el subsecretario en su intervención, la recuperación está en marcha, y como les decía, este presupuesto apoya e impulsa el crecimiento y la creación de empleo. Son muchos lo datos que lo avalan. Sirva de ejemplo que la
contratación indefinida ha crecido en un año un 29% y en este último año se han creado más de 300.000 puestos de trabajo. Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, esta es la verdadera política social, la creación de empleo. Este presupuesto
vuelve a garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar y refuerza su compromiso con el gasto social. El 54% del presupuesto está destinado a política social. Quiero resaltar otro dato destacado también por el señor Llorente, el 16,5% más
destinado para políticas activas de empleo. Otra cuestión que también me gustaría resaltar de este presupuesto es la aportación del Estado a la Seguridad Social, más de 13.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,6%. Este presupuesto
mantiene la plena separación de fuentes que es tan importante para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, separación de fuentes que, quiero recordar, se ha hecho con el Gobierno del Partido Popular y se ha hecho en plena crisis
económica. Como les decía, son unos presupuestos sociales, el 40% del presupuesto se dedica a pensiones, 4 de cada 10 euros. Además, las pensiones vuelven a subir en 2015, un 0,25%, como ya lo explicó el secretario de Estado de la Seguridad Social
en su comparecencia de la semana pasada. Así que nuestros pensionistas volverán a ganar poder adquisitivo, como nos ha recordado el subsecretario.


Señor Llorente, le quiero plantear algunas cuestiones. Sabemos que la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social es fundamental, y este Gobierno está desarrollando una intensa actividad al respecto. Un dato muy
positivo, como se ha recordado aquí, es la elevación de la tasa de reposición del 10 al 50% en el personal encargado de los servicios esenciales, entre ellos la Inspección de Trabajo. Señor Llorente, ¿me podría decir cuál ha sido el impacto
económico global de las actuaciones en materia de la lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social durante el año 2013 y los primeros meses de 2014? En cuanto a Fogasa ¿qué medidas se están adoptando para poder desatascar lo más
rápidamente posible la situación existente y poder agilizar la resolución de expedientes, situación de colapso que, quiero recordar, se produjo entre los años 2007 y 2011? Por último, a lo largo del año pasado se han puesto en marcha una serie de
medidas organizativas encaminadas a conseguir una mayor eficacia en relación con los gastos corrientes, como nos ha señalado, y también en materia de contratación administrativa, para poder simplificar el número tan elevado de órganos de
contratación que hay en el ministerio, y medidas encaminadas a gestionar el patrimonio inmobiliario. Ya nos ha hablado de ello en su intervención, ¿pero me podría hacer un balance más detallado de los resultados que se están obteniendo al respecto
de estas actuaciones? Por mi parte nada más, señor Llorente; simplemente volverle a agradecer su intervención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, para responder a las preguntas que in extenso le han formulado, el señor secretario tiene el tiempo que precise para responderlas.

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El señor SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Llorente Cachorro): Muchas gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios que me han trasladado estas preguntas. Voy a contestar primero al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Respecto al gasto social y esa, a priori, diferencia de lo que es el gasto social computado según me comentaba de las páginas del libro amarillo, está claro; hay una parte que es un incremento del gasto social que es el 3,7%, porque no
está computada la prestación por desempleo, y luego el 0,7%, que es descontando esa prestación, lo cual no quiere decir que haya una contradicción entre ambas cifras. Con lo que sí me quedaría, y eso es importante, es que es un gasto por encima del
50% de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, un 54% se dedica a gasto social. Es más, 4 de cada 10 euros del gasto social se dedican al pago de las pensiones, que es la parte más relevante.


En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, hay una serie de cuestiones que voy a intentar aclarar, aunque entiendo que a algunas de ellas ya se dio contestación en la comparecencia del secretario de Estado. Primero, la separación de
fuentes. Lo primero que tenemos que reconocer es que en el año 2013 -y eso fue un logro que si no se quiere reconocer es un error, con todos los respetos- se produjo algo que es fundamental para la sostenibilidad y la solvencia del sistema de
Seguridad Social. Había un colchón, que era el de la Seguridad Social, que se iba utilizando año tras año para pagar otras cosas que no era precisamente el abono de las pensiones con esta fuente de financiación. Hay que reconocer que eso es un
logro que se hizo con este Ejecutivo. ¿Qué los complementos a mínimos bajan? Si hacemos retrospectiva del año 2013 -entiendo que usted no estaba el año pasado aquí- en el que se produce la separación de fuentes, se asumen también deudas de los
años 2010 y 2011 para las prestaciones no contributivas. Fueron deudas importantes que se arrastraban de los años 2010 y 2011, quiero recordar que estaban en torno a los 1.000 millones de euros aproximadamente, lo que eran pensiones y protección
familiar. Ya vimos en ese ejercicio que lo que eran los complementos a mínimos en lo que era el grado de ejecución presupuestaria en la evolución de la liquidación a finales del ejercicio, bajaba un 3,3% en el presupuesto inicial de 2014 con
respecto al de 2013, precisamente para acompasarse a lo que era el gasto real en esta partida que era la aportación del Estado para financiar complementos a mínimos. Lo que sí le puedo decir es que se cubre el gasto cien por cien. No va a haber
ninguna duda de que se cubre el gasto cien por cien. Por tanto, no podemos decir que se congelan, como me ha parecido entender, las aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado a los complementos a mínimos. Es más -no he podido
mencionarlo por la limitación del tiempo-, el año pasado pusimos el contador gran parte a cero. Quedan algunas cuestiones pendientes como, por ejemplo, todo lo que atenía a la financiación de bonificaciones de cuotas a los tripulantes de los buques
en Canarias, que sube casi un 110%. Estamos hablando de casi 45 millones de euros que también son cuestiones pendientes de ejercicios pasados por las prestaciones para el síndrome tóxico. Es justo reconocer que el presupuesto se ajusta a lo que se
gasta y que, además, hay un compromiso, como no podía ser de otra manera, y así se ha reiterado en sede parlamentaria, de que se va a financiar el cien por cien no solo los complementos a mínimos, que es lo que usted ha preguntado, sino el resto de
prestaciones que se contienen en este amplio capítulo de aportaciones del Estado a la Seguridad Social.


Me comentaba que las pensiones -es justo reconocerlo; lo ha dicho- se actualizan al 0,25, y hacía un cálculo y decía que las pensiones en 2013 no habían tenido esa ganancia en el poder adquisitivo. Las pensiones en el 2013, confirmado ya
el dato de variación del IPC en términos interanuales -que saben todos ustedes que se produce de acuerdo con la situación anterior, antes de la Ley del factor de sostenibilidad y la revalorización de pensiones, en el mes de noviembre- de un 0,2, las
de menos de 1.000 euros ganaron en el 2013 casi 1,8 puntos de poder adquisitivo, y el resto, las que eran de más de 1.000, 0,8. Haciendo un cálculo -es la cifra que le he ofrecido- son 1.372 millones. Para que lo entendamos, en la pensión media
del sistema la ganancia era de unos 204 euros en 2013, y para una pensión de 1.000 de 252 euros al año. Si tenemos en cuenta el IPC adelantado de septiembre, que se ha hecho público hace poco, podemos computar prácticamente como ganancia en
términos absolutos este año -si eso se cumple, que parece que es así- 216 millones; en total se mejora el poder adquisitivo en más de 1.500 millones. Lo que no ha dicho usted, ya que ha mencionado que se congelaba a mínimos y que las pensiones
perdían en 2013, es que durante la pasada legislatura se perdieron 3 puntos de poder adquisitivo en un solo año (El señor De la Rocha Rubí: No las mínimas), el año que congelaron ustedes las pensiones, que fue en el año 2010.


En cuanto a la Seguridad Social, la parte de incremento de cuotas de la Seguridad Social y la cabalística o ficción de proceder a reflejar en el presupuesto los ingresos de la Seguridad Social, se debe lisa y

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llanamente a una política de ingresos equilibrados y justos. Hay una evolución favorable del empleo, ustedes no lo querrán reconocer, pero si vemos el último dato de septiembre la subida en afiliación ha sido en términos no
desestacionalizados de unas 12.000 personas, pero en términos desestacionalizados está cerca de las 50.000, en los meses de septiembre de años anteriores las pérdidas de afiliación están en una media de 70.000, año 2011, año 2010 50.000, año 2009.
La tendencia se ha roto y vamos ganando afiliación mes a mes, que demuestra esa evolución favorable del empleo y esa evolución favorable, también hay que decirlo, de las remuneraciones medidas de los asalariados. Eso es una parte importante a la
hora de computar los ingresos, pero también hay que tener en cuenta que hay que mejorar la contributividad del sistema, algo que no se hizo durante la pasada legislatura, no se aproximaron lo que eran los salarios y las bases de cotización, no se
hizo esa labor. Las bases máximas este año como saben suben un 0,25%, y las bases mínimas en el régimen de autónomos, en el RETA, suben un 1%, avanzando en la convergencia acordada por otro lado en la Comisión del Pacto de Toledo. Con el Gobierno
anterior las bases máximas no crecieron ni siquiera lo que crecía el IPC en aquellos años. También hay medidas de gestión que aumentan la recaudación en el ámbito de las cotizaciones de la Seguridad Social. Les he hablado de uno de los proyectos
vinculado a la reforma de las administraciones públicas, que era el proyecto de ley de autoliquidación de cuotas, que sin duda alguna va a aumentar esa base de cotización y de ingresos al sistema, pero también el control de la IT, en la propia ley
de mutuas que se está tramitando también en esta Cámara o en el real decreto que regula toda la incapacidad, que supone un acompasamiento a las diferentes patologías, de acuerdo con su duración, a efectos de evitar en gran medida en muchas ocasiones
el fraude que se produce en este campo.


Hay un aspecto que también hay que tener en cuenta, y es que se cotice por los salarios reales, y aquí también el Gobierno ha hecho una labor de reforma, de esfuerzo para que las retribuciones en especie contribuyan, de acuerdo con la
modificación del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, en la misma medida que las percepciones salariales, sin tener una diferenciación de trato por la naturaleza jurídica de esos ingresos, que consideramos injusta puesto que se
daban situaciones, algunas calamitosas, de fraude o de ingeniería retributiva o de cotización en este ámbito. Según los últimos datos que tenemos cerrados -yo creo que el secretario de Estado hizo mención de ellos en su comparencia- el incremento
de la recaudación está a tasas del 3,5%. Usted vinculaba también -permítame que se lo diga con todo respeto- esta cabalística, este ejercicio cabalístico del cálculo de los ingresos con la disponibilidad del Fondo de reserva de la Seguridad Social,
y ha dicho cosas que cuando menos hay que matizar. El Fondo de reserva ahora mismo acumula 49.598 millones de euros. Acabar con el Fondo de reserva, como ha dicho: si siguen ustedes así acaban con el Fondo de reserva; no. Lo que pasó en la
anterior legislatura fue que para pagar lo que tenía que pagarse, que son las pensiones contributivas, se dieron a 15.000 millones de euros un destino distinto del que tenían fijado, y eso es una realidad. Además las disponibilidades del Fondo de
reserva, que hasta ahora han sido de 24.651 millones de euros, han sido necesarias. El Fondo de reserva está precisamente para eso, para disponer y pagar las pensiones contributivas cuando sea necesario; y sin duda alguna yo creo que el Fondo de
reserva, junto con el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización de las pensiones y la separación de fuentes, a los que hemos hecho mención anteriormente, es uno de los tres instrumentos más potentes para dar estabilidad a nuestro sistema
de pensiones.


Comentaba su señoría también que el recorte en las prestaciones de desempleo había sido brutal, inmoral, injusto -así lo ha calificado~_. La secretaria de Estado de Empleo ofrecerá mayores argumentos que los que intentaré trasladar ahora.
La mejora de la actividad es un parámetro que influye y que tiene una repercusión directa en el cómputo de las prestaciones por desempleo. Los datos de paro registrado y de afiliación del último mes, del mes de septiembre, que hemos conocido
confirman precisamente esa evolución positiva, y la fortaleza actual del empleo en un mes que era tradicionalmente negativo; como le he dicho todos los meses perdíamos una media de unos 70.000 afiliados a la Seguridad Social, a partir del año 2011
hacia atrás. En septiembre se ganan casi 50.000 afiliados en términos desestacionalizados, si descontamos el efecto calendario. Pero si los vemos, para ver la tendencia, en la comparación interanual, en los últimos doce meses los afiliados han
crecido en 356.258 personas, es decir, más de 1.000 afiliados al día, con un crecimiento del 2,18. Es por tanto el octavo mes consecutivo con subida de la afiliación en estas tasas. Es una tasa que supera en 5 puntos la que había hace un año. Y
aunque el paro registrado es verdad que aumentó por la estacionalidad en casi 20.000 personas, lo cierto -y en esto no se ha hecho mucho hincapié en algunos medios de comunicación social- es que en términos desestacionalizados, que es como hay que
medir las cosas, descendió en 33.127 personas, que es el mejor dato de toda la

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serie histórica de paro registrado en el Servicio Público de Empleo, anteriormente INEM, desde el año 1996, que saben que es cuando se tienen datos estadísticos al respecto. Hoy hay 276.705 parados menos que hace un año, es decir, un 5,86%
menos. Cuando llegamos al ministerio nos encontramos con 2.300.000 cotizantes menos, y ya se han recuperado 500.000 cotizantes desde principios de 2013. Y usted mencionaba la tasa de cobertura, pero es que la tasa de cobertura cayó 10 puntos en la
legislatura pasada, como le comentaba. Además yo creo que es un ejercicio un tanto demagógico, perdóneme que le diga esto, porque cuando el año anterior veníamos aquí con suplementos de créditos de 4.000 millones de euros decían que por qué
subíamos las prestaciones de desempleo (El señor De la Rocha Rubí hace gestos negativos), y ahora cuando se reducen precisamente por la mejora de la actividad, y además como saben perfectamente es un crédito ampliable y que se abonan puntualmente
las prestaciones a quienes las necesitan, de acuerdo con los requisitos establecidos, creo que ese comentario huelga. De hecho creo que tenemos en nuestro país -y ustedes lo saben- una de las regulaciones más garantistas de la Unión Europea. Eso
hay que combinarlo con otro aspecto que es la activación, esa transición rápida de la situación de desempleo al empleo. Esa es la mejor cobertura para el desempleo, la creación de empleo; y sí que es verdad, y se manifiesta como he dicho en mi
intervención inicial, que hay un incremento sustancial en todo lo que son las políticas activas, pero con una condición, cosa que no ocurría en años anteriores, cuando sí había incrementos importantes de las políticas activas de empleo, que es con
una evaluación y un control de tal manera que se fijen incentivos claros, sobre todo como es una política de ejecución de las comunidades autónomas, a la hora del traspaso de fondos para el fomento del empleo, para la formación, para todo el resto
de políticas activas de empleo. Por tanto es un derecho garantizado, no tiene ninguna discusión, se paga puntualmente, y no podemos decir que las prestaciones van a sufrir ese recorte, porque no es así en cuanto a su percepción.


Sí hay una cuestión que tampoco ha mencionado, yo lo he dicho en mi intervención. Hablaba de un crecimiento de la renta activa de inserción del 27%. Pero también se mantiene el programa Prepara, que es un programa que hemos mantenido con
carácter indefinido hasta que no baje la tasa de desempleo del 20%, y desde el inicio de la legislatura se han beneficiado prácticamente medio millón de personas. Hay otras comunidades autónomas en las que gobiernan en las que las rentas mínimas no
tienen esa cobertura. Una de ellas es Andalucía, donde hay una de las prestaciones que menos duración tiene, y desde el punto de vista del gasto anual por beneficiario están los terceros por la cola. Yo creo que hay que ser justo con lo que se
dice, y a veces no se responde en algunas de sus afirmaciones a la realidad.


El siguiente punto donde se han planteado algunas preguntas era el Fogasa; y aprovecho para contestar conjuntamente a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Planteaban un recorte de las prestaciones derivadas de las situaciones de
insolvencia que cubre el fondo. Y me preguntaba algunos datos sobre los expedientes que yo no tengo en este momento, pero se los podrá facilitar la secretaria de Estado de Empleo. Sí le puedo anticipar que la reducción del presupuesto inicial como
lo estamos midiendo con respecto al año anterior, al 2014, también se deriva de una mejora estimada de la actividad económica, que se traducirá obviamente en una menor necesidad de las prestaciones de la garantía salarial. Además hemos modificado
el 33.8 del Estatuto. Le recuerdo que en el 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, independientemente de que las empresas hubieran hecho despidos colectivos de acuerdo con el 51 del Estatuto o no, tuvieran beneficios o no tuvieran beneficios, se
abonaba la cantidad por una indemnización de ocho días de salario por servicio; y no se respondía obviamente cuando fueran extinciones con carácter improcedente. Esto lo suprimimos y eso supone también una minoración en lo que es el crédito
inicial. Como ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular esta situación con respecto a la solvencia financiera, digámoslo así, del Fogasa se ha ido solventando en los últimos años con la venta de deuda pública, y a través del
remanente de tesorería, pero ahora por primera vez, igual que hay una partida, una serie de fondos destinados a la aportación del Estado a la Seguridad Social y al propio Servicio Público de Empleo, por primera vez, repito, va a haber una partida de
aportación del Estado, de financiación del Estado de 300 millones de euros precisamente para hacer frente a este gasto, al que se unen los 470 millones que se espera recaudar en cotizaciones, aquellas cotizaciones que le recuerdo que se bajaron en
la legislatura anterior, poniendo al organismo en una situación ciertamente complicada.


El programa Greta yo creo que es un buen instrumento de gestión, y ahí está la ley, hay encomiendas de gestión a medios propios e instrumentales de la Administración, que responden además con celeridad y con una eficacia que está probada.
La secretaria de Estado le podrá dar, como le digo, cuenta y razón de los expedientes que están pendientes de resolver. Pero ya le anticipo que llegaremos a financiar íntegramente el pago de esos expedientes; de hecho se está tramitando un
suplemento de crédito este

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año para dar por cerrada esta acumulación de expedientes, que fundamentalmente fueron de los años 2010 y 2011, pero que generaron una bola de deuda que ha tenido que ser este Gobierno, este ministerio el que haya atendido a la misma. Y
además hemos hecho un esfuerzo que yo creo que es bastante relevante, acudiendo no solamente a medios propios o instrumentales de la Administración, a encomiendas de gestión, sino reforzando las plantillas, además en una situación complicada como
saben porque hay una limitación en las tasas de reposición, pero yendo a instrumentos flexibles como son los cupos de interinos en sectores esenciales, como era el SEPE, y también se ha hecho en el Fogasa. Y además se han convocado dos concursos
para la provisión de puestos de trabajo en el 2013 que se cubrieron con más de ochenta vacantes. Si hacemos un análisis de lo que son las autorizaciones de cupo en el Fogasa durante los años 2009, 2010 y 2011, si sumamos el número de funcionarios
interinos estamos hablando de 75 funcionarios. En 2012, 2013 y 2014: 108. O sea el compromiso a la hora de dotar de medios humanos al Fondo de garantía salarial, precisamente para que no se repita lo que nunca debió haber ocurrido, es claro y
palmario.


La Inspección. Tenemos un plan de lucha contra el fraude del que vamos a presentar la evaluación; es un mandato que se dio la propia ley de presentar los resultados, y lo enviaremos inmediatamente a la Cámara. Hemos recibido hace poco lo
que son las aportaciones de los agentes sociales a esa evaluación, y por tanto se presentará en esta Cámara en breve. Pero el tema de los efectivos parece que da mucha visibilidad a los objetivos de la Inspección y a su cumplimiento, pero yo aquí
tengo que romper claramente una lanza por los efectivos de la Inspección. Siempre que vengo aquí lo digo: me gustaría tener más inspectores y subinspectores. Creo que los que tenemos ahora mismo en el ámbito del sistema son, dentro de las
circunstancias que hemos tenido que sufrir estos años, suficientes; y además han conseguido, con un grado de eficiencia y eficacia y con total dedicación -y aquí mi reconocimiento-, los objetivos que se habían planteado. Efectivamente hemos
incorporado 150. Hay una serie de inspectores y subinspectores que están ahora mismo en la escuela y acabarán, una vez culminada la fase de oposición, en su incorporación definitiva como funcionarios en el ámbito de la Inspección. Creo que son
unos 30 inspectores y 22 subinspectores, pero no estoy seguro, se lo confirmaré por escrito. Pero están incorporados ya a esos 150 efectivos que le comentaba. Al final tendremos unos 1.876 funcionarios entre inspectores y subinspectores, que de
acuerdo con los ratios que se hacen -sabe usted que la OIT hace unos ratios en países industrializados en función del número de inspectores por afiliados- estamos en el ratio óptimo que fija la OIT, que es de un inspector por cada 10.000 afiliados
En el 2014 en estas fechas puede que lo mejoremos y serán 9.134 cuando se incorporen los inspectores y subinspectores que ahora mismo están culminando la fase de formación en la escuela de la Inspección. El año que viene vamos a tener una tasa de
reposición de efectivos del 50% que también va a ser un elemento dinamizador del incremento de las plantillas que desde la Inspección se va a recibir, por supuesto con la mejor de las disposiciones y vamos a intentar que los procesos de selección
sean lo más rápidos posible para que se incorporen estos efectivos en el ámbito de la lucha contra el fraude, las prestaciones y otras actuaciones a las que ahora me referiré de la Inspección, que por supuesto se han seguido manteniendo sin
perjuicio de tener que acometer este ambicioso plan de lucha contra el fraude.


Decía que el programa bajaba. Decía que cómo puede ser que digan que suben los inspectores y bajan el capítulo. Obviamente el programa crece en dos millones de euros, el 1,72%, porque el gasto estimado al finalizar el año 2014 en el avance
de liquidación es más que suficiente comparado con el inicial del 2015. Y si es verdad que son necesarios más efectivos para la Inspección, y se va cumpliendo con la tasa de reposición en los últimos tres años, y con el 50% el año que viene, es
justo hacer un análisis de que no solo se han puesto medios humanos, que han tenido su eficacia en la consecución de los resultados de la Inspección. Hemos procedido a una reordenación total de las campañas, eliminando aquellas que prácticamente no
ofrecían resultados, y ahora hemos orientado la actividad a los objetivos socialmente demandados. También hemos mejorado la organización y la planificación de las inspecciones, poniendo en marcha nuevos equipos especializados en los que siempre
está al frente un inspector de Trabajo y Seguridad Social, que además asume funciones de programación y evaluación del grado de eficacia de las campañas, no solamente realiza esa actividad pura o estrictamente de inspección. Hemos incorporado
nuevas estructuras de inspección en las direcciones territoriales, les hemos dado capacidad operativa, antes no tenían esa capacidad, y hemos creado unidades especiales como la de apoyo y colaboración con los juzgados y tribunales y con el fiscal
general del Estado. También los denominados Geleiss -aquí en la dirección territorial de Madrid tenemos grupos especializados de lucha contra la economía irregular- que están centrados o focalizados precisamente en este ámbito. Hemos establecido

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indicadores de actividad dirigidos a la consecución de mejores resultados, y hemos mejorado la formación de funcionarios según los objetivos demandados. Pero sobre todo hemos incrementado sustancialmente -es uno de los aspectos que creo que
hay que poner en valor- los mecanismos de colaboración, que siempre han existido, pero que se han intensificado si cabe aún más. Hemos firmado convenios con seis comunidades autónomas que se han volcado en lo que ha sido la actuación en el ámbito
de la economía irregular, y es un compromiso que luego se ha dado en otras áreas del ministerio, pero empezamos en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y luego se continuó en otras áreas en lo que es la coordinación de las
políticas de empleo, que luego explicará debidamente la secretaria de Estado. También con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado firmamos allá por el mes de abril del año 2013 un convenio que ha dado un magnífico resultado de colaboración
con la Policía y la Guardia Civil. En concreto el incremento de actuaciones que hemos llevado a cabo conjuntamente con estos grupos de funcionarios especializados ha sido del 50% entre los años 2011 y 2013.


Hacía una referencia a un cierto abandono -lo he entendido así- o disminución de actuaciones en otros ámbitos propios de la Inspección, y tengo que negarlo rotundamente, porque además creo que no es justo. En primer lugar, me hablaba de la
actuación en prevención de riesgos laborales, que sabe que es una actuación cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas, se pactan en las comisiones territoriales los niveles de actividad en los cuales la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social presta a las comunidades autónomas sus medios para conseguir los objetivos en este ámbito. Es indudable que hemos tenido una disminución del universo de empresas sobre las que opera principalmente la prevención de riesgos laborales debido a
la crisis, y muy particularmente las correspondientes al sector de la construcción y de la industria auxiliar. Pero sabe que la actuación inspectora tiene una parte que es rogada, que procede de las denuncias, y otra que es programada, que es la
que se hace precisamente conjuntamente con las comunidades autónomas. Así, cogiendo el periodo 2009 a 2013, se pone de manifiesto que frente a la reducción de la inspección rogada, producto de las denuncias, que cayeron un 32,62%, el incremento de
la actuación inspectora planificada en ese periodo aumentó casi un 42%. Si además tomamos en consideración la evolución del número de empresas y especialmente del sector de la construcción e industrias auxiliares que como digo se ha reducido en
este periodo 2009-2011 casi en un 33%, y que este sector que es tradicionalmente el que tiene más alta siniestralidad era en el que precisamente se realizaban la mayoría de las inspecciones en materia de prevención -normalmente eran más del 50%-,
podemos afirmar que la Inspección simplemente ha acomodado su actividad a la nueva derivada de la importante destrucción de empleo que se ha producido en este sector, en concreto el de la construcción. Pero a pesar de eso mantiene el porcentaje de
empresas inspeccionadas, que en ese período ha sido estable, y ha estado por encima de siete empresas por cada cien registradas, entre un 7,14 y un 7,96%. Finalmente debe tenerse en cuenta que la variación habida en la siniestralidad laboral en
este periodo 2009-2013 ha tenido su repercusión también en las sanciones propuestas por incumplimientos, que lógicamente han descendido. No obstante tiene que saber que la Inspección durante el año pasado ha propuesto casi 40 sanciones, y por
consiguiente infracciones, por cada 100 inspecciones realizadas, siendo esta cifra -ahora mismo del mes de enero a agosto o septiembre- del 39% del año en curso. Por tanto, insisto, la actividad de la inspección en materia de prevención de riesgos
laborales, una de sus principales, no se ha abandonado, se ha mantenido durante el periodo 2009-2013, y lo transcurrido en 2014, con el mismo nivel de intensidad, tanto por el número de inspecciones como por los resultados alcanzados.


Me hablaba también de la desigualdad de género y el control de la Inspección desde el punto de vista de la actuación, sobre todo en la igualdad salarial de hombres y mujeres, lo que me gustaría destacar. Ahí va a tener totalmente nuestro
apoyo, faltaría más, en lo que supone el principio de igualdad y no discriminación de sexos. La Inspección sigue teniendo desde hace muchísimos años -como decía su compañera- programas en el ámbito de la lucha por la igualdad y el control de la
legislación en materia de igualdad. Hemos firmado recientemente un ambicioso plan, en el Consejo de Ministros de 7 marzo de 2014, un plan estratégico de igualdad de oportunidades en el que hemos dedicado más de 3.000 millones de euros,
independientemente de la actuación de la Inspección, que como digo se ha mantenido durante todos estos años, y que firmó un convenio con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales para reforzar la vigilancia permanente en las empresas de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que tiene fecha 8 de julio de 2013. Por tanto compromiso absoluto de la Inspección con el principio de igualdad, y el cumplimiento de la normativa que lo ampara.

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Me comentaba también los datos de prestaciones por desempleo. Aquí hay que diferenciar dos aspectos fundamentales: la actividad que llamamos de inspección gestión, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, que supone infracciones
y sanciones, pueden ser infracciones graves o leves que pueden ser desde la suspensión a la extinción de la prestación por desempleo cuando la acción revista determinados requisitos que exige su extinción. Y luego la actuación de la Inspección que,
producto de su actividad comprobatoria, también supone el establecimiento de sanciones por determinadas infracciones cuando existe un supuesto de fraude o dolo en la actuación de quien percibe o de quien ha obtenido, en connivencia con empresarios,
estas prestaciones. Estas actuaciones de control y disponibilidad y verificación de los requisitos para el disfrute, que es lo que hace no solamente el SEPE, también lo hace el Instituto Social de la Marina en el ámbito de sus responsabilidades,
supone un número de sanciones de suspensión, lo que es la suspensión de la prestación por uno, tres o seis meses en los años 2012 y 2013, que disminuyó en 9.485, un 2,1% respecto a 2010 y 2011. Por el contrario el volumen de sanciones de extinción
por infracción o pérdida de requisitos y número de revocaciones o anulaciones de la prestación se incrementó en un 37,3%, pasando de 163.832 sanciones en 2010-2011 a 224.915 en el periodo 2012-2013.


En cuanto a las actuaciones de control llevadas a cabo por la Inspección, durante los años 2012 y 2013 se han realizado 41.720 actuaciones inspectoras en materia de prestaciones por desempleo, se han detectado 15.014 infracciones de
empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas, a veces hay como digo connivencia entre unos y otros, y el número de trabajadores que han compatibilizado indebidamente
las prestaciones con el trabajo o que las hayan obtenido fraudulentamente es de 21.141. En el periodo anterior 2010-2011 el número de infracciones propuestas a empresas fue de 9.940, y el número de trabajadores detectados en esta situación fue de
12.431. Por tanto el número de infracciones a empresas se ha incrementado en un 51,05% y el número de perceptores por prestaciones de desempleo que incurrieron en la incompatibilización u obtención indebida se ha incrementado en un 70%.


Por último ha hecho usted una mención a un día negro en el que se aprobaba el derecho penal de clase con respecto al 307 ter. Permítame que no solamente no lo comparta, sino que además creo que fue un día, no voy a caer en su misma
calificación, pero creo que fue un día en el que completamos lo que era reproche sancionador o administrativo con un reproche penal, que creo que es necesario en aquellas actuaciones fraudulentas cuando revisten los grados de gravedad que revisten
este tipo de actuaciones. La ley orgánica ha tenido su efecto disuasorio, que es precisamente lo que persigue el derecho penal sancionador, sobre todo en aquellas conductas más graves, que haya un reproche social que sin duda alguna deje constancia
de que ese tipo de actitudes no se puede tolerar. Me sorprende que haya hecho esa consideración, porque tampoco es exactamente lo que ha comentado. La reducción de 50.000 euros en un periodo de cuatro años es lo que se ha establecido en este tipo
penal, pero luego hay un tipo agravado cuando la cuantía defraudada supere los 120.000 euros o se utilicen grupos, entramados o personas interpuestas en estos casos. También hemos tenido -ahora haré un comentario- un fenómeno tremendo de empresas
ficticias o empresas fantasma a lo largo de estos tres años, que había que atajar con el derecho penal en la mano. Y luego hay un tipo -podrán informarle también- que partió directamente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la
tipificación como delito contra los derechos de los trabajadores del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular. Se aumentaban las penas de prisión a seis años y no lo ha mencionado en su exposición. Yo quiero
mencionarlo, pues partió del propio seno de la Inspección y es justo que lo hagamos en estos ámbitos.


Voy terminando, señor presidente. Me ha preguntado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por el balance del Plan de lucha contra el fraude. Pues bien, vamos a presentar la evaluación en la Cámara una vez que, como digo, hemos
recabado las aportaciones de los agentes sociales, pero voy a mencionar algunas de sus cifras más relevantes. El impacto económico global de todas las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social en
los años 2012-2013, que son los que abarca el plan -hemos cogido, prorrogando el mismo, hasta mayo de 2014-, ha sido de 9.271 millones de euros. Repito, 9.271 millones de euros. De ellos 7.628 corresponden al periodo 2012-2013 y 1.643 a los cinco
primeros meses del año 2014. En relación con el empleo aflorado, en 2012 y 2013 han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares. Por lo que respecta a las empresas ficticias, es este un fenómeno en el que hay un doble fraude, pues no hay
empresa que realice actividad y además los contratos son totalmente fraudulentos, con el único fin de obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social. Las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas

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creadas como digo con el único objeto de defraudar, han alcanzado las 5.496, casi 5.500, frente a las 683 del periodo 2010-2011, lo que supone, si no me fallan los cálculos, multiplicar por nueve las registradas en este último periodo. Por
otro lado, en 2012-2013 se han anulado 2.078 inscripciones de estas empresas ficticias -se les da de baja de oficio en la Seguridad Social- mientras que en el periodo 2010-2011 fueron 619, lo que supone un incremento del 236%. Y en cuanto a las
anulaciones de altas ficticias o contratos de trabajo falsos, en los años 2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos.


Ha hablado usted de la siniestralidad y si me lo permite, señor presidente, quisiera hablar de un elemento que no está estrictamente vinculado al fraude, pero que supone una aplicación indebida de la norma: la transformación de los
contratos temporales que están suscritos de acuerdos con unos requisitos que no cumplen con lo que está preceptuado en la ley, y que por tanto por la actuación de la Inspección se transforman en indefinidos. Es una de las campañas que
tradicionalmente se ha venido llevando a cabo por la Inspección. Bien, pues los datos acreditan que la Inspección en esta materia ha aumentado en 95.491 los contratos temporales convertidos en indefinidos entre enero de 2012 y junio de 2014.


Por lo que se refiere a Fogasa, he contestado conjuntamente a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y al portavoz del Grupo Socialista. Y con respecto a la racionalización de las actuaciones inmobiliarias y a la gestión del ámbito del
capítulo 2 del ministerio quiero manifestar que seguiremos en esta línea. Vamos a mantener ese programa de contratación. Queremos aprobarlo para el año 2015, y va a ser un instrumento, igual que hicimos en subvenciones, pionero en el ámbito de la
Administración, no solo predictivo a efectos de tener una programación adecuada en la contratación, sino un organismo con un impacto en el gasto, en el capítulo 2, de contratación importante. Y analizaremos también la red exterior de las
consejerías laborales, precisamente para adecuarlo a la Ley de Acción Exterior, donde ya hemos tenido actuaciones importantes, como algunas que comenté en la comparecencia del año pasado y que ya hemos materializado, como por ejemplo, la enajenación
de algunos activos inmobiliarios que estaban totalmente inutilizados u ocupados ilegalmente, como una guardería en Lausanne, cuya venta hemos ejecutado por más de 3 millones de euros.


Muchas gracias por la ocasión que he tenido para presentar el presupuesto, y si no contesto a alguna pregunta, me comprometo a hacerlo por escrito en el trámite correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor subsecretario, por su amplia y clarificadora intervención. Creo que en buena medida ha dado amplia respuesta a lo que se le ha planteado.


Interrumpimos durante medio minuto para abordar a continuación la segunda comparecencia de la Comisión de hoy. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (DEL CORRAL TÉLLEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/001873) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001941).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con la Comisión del día de hoy, cuyo segundo punto del orden del día es la comparecencia de la secretaria general de Inmigración y Emigración, doña Marina del Corral, a quien
damos la bienvenida. Iba a hacerle las admoniciones temporales propias que hacemos aquí, pero que luego nunca cumplimos, de manera que en la medida de lo posible, si somos capaces de reconducir al dios Cronos, bien estará. En principio hemos hecho
una previsión de unos veinte minutos de intervención previa, si la quiere hacer, para presentar los presupuestos del programa. No es obligado, pero es habitual hacerlo, por lo que tiene la palabra a ese respecto. Luego intervendrán los grupos
durante diez minutos, pero diez no son ni quince ni dieciséis, de manera que tienen como máximo diez minutos, porque si no nos vamos y las cosas hay que controlarlas, que luego hay otra Comisión que ya veremos qué tiempo de desarrollo acaba
precisando.


Una vez más, bienvenida, y tiene usted la palabra.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Coral Téllez): Intentaré ajustarme a ese tiempo.


Señorías, comparezco en esta Cámara para presentar el proyecto de presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para el año 2015. La dotación inicial de la secretaría se mantiene globalmente en el entorno de los 140
millones. En concreto nuestro proyecto de presupuesto es de 139.895.580 euros, lo que supone una continuidad respecto de 2014. Centraré esta presentación en

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los dos programas básicos del presupuesto de la secretaría, el programa relativo a las actuaciones en materia de emigración, programa 231.B, y el programa relativo a las actuaciones en materia de inmigración, programa 231.H.


Las actuaciones relacionadas con la inmigración tienen una dotación para el año 2015 de 70,47 millones de euros, un 6,26% menos que en el año 2014, o lo que es lo mismo, 4,7 millones de euros. La disminución en este programa no responde sin
embargo a políticas de ajuste y de restricción del gasto público, sino a una evolución derivada de la reducción del número de beneficiarios de las prestaciones que se financian por el mismo, lo que no ha afectado en ningún caso a la protección
dispensada. En concreto, hablamos de 3.842 beneficiarios menos para las prestaciones por razón de necesidad y 1.740 beneficiarios menos en asistencia sanitaria. La dotación para prestaciones por razón de necesidad para los españoles residentes en
el exterior que tengan más de sesenta y cinco años de edad o estén incapacitados para el trabajo y se encuentren en una situación de necesidad cuenta con una cuantía de 56,5 millones de euros. Aquí se recoge la prestación económica por ancianidad,
por incapacidad y la prestación de asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando estos carezcan de la cobertura de esta contingencia o la misma se considere insuficiente. Con 1,8 millones de euros se cubrirán las pensiones de ancianidad
para los españoles que retornen a España de cualquier país donde esté implantada la prestación por razón de necesidad, siempre que acrediten insuficiencia de recursos y hasta que tengan derecho a una pensión no contributiva del sistema español de
Seguridad Social. Como en años anteriores, este subconcepto se ha incluido como crédito ampliable con el fin de garantizar la cobertura de esta prestación aun cuando se produjera un incremento imprevisto de personas mayores necesitadas. Con un
crédito de 7,9 millones de euros se atenderá a las prestaciones de los españoles desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil. Se produce, por tanto, una disminución de la cuantía en 1,02 millones de
euros, acorde con la reducción igualmente del número de beneficiarios en 250 personas.


En la línea de anteriores ejercicios, el proyecto de presupuestos para el año 2015 incorpora la actualización de la cuantía económica de la prestación, que se fija en un máximo anual de 7.165,38 euros, lo que representa un incremento del
0,25%. Para atender de manera inmediata situaciones de extraordinaria necesidad, se mantiene una dotación de 600.000 euros, con lo que se otorga una subvención de concesión directa en el interior para inmigrantes necesitados en el momento del
retorno a España. Con 475.000 euros se mantiene inalterada la ayuda en el exterior dirigida a hacer frente a contingencias puntuales padecidas por los inmigrantes. Por último, en lo que respecta a este programa, y en lo que respecta igualmente a
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se siguen manteniendo las ayudas a proyectos e iniciativas dirigidas a los españoles en el exterior y retornados y las ayudas para centros e instituciones sin ánimo de lucro que desarrollan una
labor sociocultural, sanitaria o asistencial a favor de los españoles en el exterior, con una dotación total de 475.000 euros.


El programa de inmigración, el programa 231.H, en 2015 va a contar con una dotación de 66,38 millones de euros. Este programa ha experimentado un incremento del 7,6% respecto a 2014, concretamente 4,7 millones de euros, y si nos referimos
exclusivamente a políticas netas, capítulos 4 y 7, el incremento ha sido del 13,77%. En este programa se mantiene inalterado el crédito destinado a la protección de los menores extranjeros no acompañados, con una cuantía de 3,44 millones de euros.
Con este crédito se financian los convenios de colaboración con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y con comunidades autónomas, atendiendo tanto los gastos de alojamiento y manutención como los relativos a la atención socioeducativa de estos
menores no acompañados. El crédito para la atención humanitaria a inmigrantes tiene una cuantía prevista del 10,7 millones de euros, aumentando así un 68,7%, 4,35 millones más. Es la partida que más aumenta de todo el presupuesto de la secretaría,
como bien ha señalado el subsecretario del departamento, y ello debido a la necesidad de atender el incremento en el número de inmigrantes que ha llegado a nuestro país en los últimos meses. Con cargo a este crédito se concede una subvención
directa a las ONG que atienden a personas inmigrantes llegadas de forma irregular en situación de vulnerabilidad por su deterioro físico y por la carencia de apoyos sociales, familiares y económicos. La subvención nominativa a Cruz Roja para la
atención humanitaria urgente a pie de playa a los inmigrantes llegados a nuestras costas mantiene el mismo crédito que en el año 2014, con un 1,98 millones de euros. Se incrementa un 7,21% la dotación de la subvención a favor de refugiados
solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, que contará con 9,65 millones de euros en el año 2015, lo que permitirá mejorar la atención al número creciente de refugiados y reasentados, especialmente los procedentes del
conflicto sirio, pero también de otros conflictos. Se

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prevé también, igual que en el año 2014, una dotación de 100.000 euros para atender la subvención nominativa a favor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con los que se realizan programas especiales a inmigrantes y
refugiados.


Se mantienen los mismos recursos, en torno a los 12 millones de euros, en el capítulo 2 para los gastos corrientes y de funcionamiento de los dos centros de estancia temporal de inmigrantes y los cuatro centros de acogida a refugiados. La
mejora de la gestión en estos centros ha permitido que con los mismos recursos se atienda a un mayor número de personas. También el propio subsubsecretario del departamento ha aludido a estas mejoras con la racionalización de los gastos. Me parece
oportuno señalar en este punto que, además, hemos conseguido que los gastos de los servicios de acogida que se prestan en los CETI, en los centros de estancia temporal de inmigrantes, sean considerados cofinanciables por el nuevo Fondo de asilo,
migración e integración, fondo FAMI, incluyendo los servicios adaptados a las necesidades de personas vulnerables, exigibles por ejemplo para la atención de familias con niños, con lo que vamos a conseguir consolidar los recursos destinados a los
centros, especialmente importante en los momentos de mayor afluencia de inmigrantes. Para los residentes de los centros de ayuda a refugiados se prevé la misma dotación que en el año 2014, 0,9 millones de euros, como complemento a los servicios
desarrollados por los centros, que se concretan en ayudas para gastos personales, de transporte, formación o aprendizaje del idioma, entre otras.


Con una dotación de 13,8 millones de euros se subvencionarán las actuaciones de asociaciones y organizaciones no gubernamentales en régimen de concurrencia competitiva en el área de integración de los inmigrantes solicitantes de asilo y
otras personas con protección internacional. Estas actuaciones están cofinanciadas en parte por el Fondo de asilo y migración, FAMI, que da continuidad para el período 2014-2020 a las actuaciones desarrolladas por los antiguos fondos SOLI, Fondo
europeo para la integración de nacionales de terceros países, el Fondo europeo para los refugiados y el Fondo europeo de retorno, a los que sustituye este nuevo fondo FAMI. También se incluyen aquellas subvenciones que están cofinanciadas por el
Fondo social europeo, que en el nuevo marco 2014-2020 financia el nuevo programa operativo de inclusión social y economía social, cuyo fin es reforzar la cohesión económica y social apoyando el fomento del empleo, la inversión en cualificaciones,
educación y aprendizaje permanente, la lucha contra la pobreza y el refuerzo de la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración pública en todo lo que es la gestión del colectivo de inmigrantes en nuestro país.


Con estas ayudas se financian las siguientes actuaciones. Programas que fomentan la integración social y laboral del colectivo de personas inmigrantes. Programas de intervención integral en barrios con presencia significativa de población
inmigrante. Programas que impulsan acciones dirigidas a acoger e integrar a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, a mejorar las condiciones de acogida y procedimientos de asilo y para reasentamiento y la empleabilidad,
la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres beneficiarias de protección internacional. Programas de retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen, retorno productivo, retorno a la atención social, así como las ayudas
complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo, APRE. La ordenación de flujos migratorios laborales, además, se contempla en el proyecto de presupuesto con una dotación de 0,7 millones de euros. Esta
política migratoria se concreta en la concesión de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales cofinanciadas por el Fondo social europeo en el marco de la planificación de campañas agrícolas.


En definitiva, y para terminar, a los 66,38 millones de euros presupuestados para el programa de actuaciones a favor de los inmigrantes, programa 231.H, habría que añadir las provisiones de los fondos europeos en las actuaciones
cofinanciadas que se estima alcancen los 27 millones de euros. Ello supondría una cuantía total para el año 2015 en el área de inmigración de 93,38 millones de euros. Sumados estos ingresos adicionales, el presupuesto total disponible de la
secretaría general en el año 2015 podría alcanzar la cifra de 166.895.580 euros.


Señorías, estos son los principales contenidos del proyecto de presupuestos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Quedo a su disposición para entrar en el detalle que ustedes deseen.


El señor PRESIDENTE: Han solicitado su comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular, y en primer término tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista para plantear las cuestiones sobre las que desee ser
informado. Les recuerdo, por favor, que se ajusten al tiempo. Doña Gracia, su compañero ya ha agotado con creces el suyo; estoy seguro de que usted no lo hará. Tiene la palabra a este fin.

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La señora FERNÁNDEZ MOYA: En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la presencia de la secretaria general de Inmigración e Emigración, doña Marina del Corral. Muchísimas gracias por su exposición.


Un año más comparece usted para justificar unos presupuestos -igual que el año pasado- que, a pesar de que el Gobierno anuncia a bombo y platillo la recuperación, vuelven a ser inaceptables porque recortan en partidas importantísimas para
los emigrantes y no incorpora partidas para la integración de los inmigrantes en España. Vamos por partes.


En relación con la emigración, aunque es difícil saber los datos con exactitud, ya que muchas personas no se inscriben en los consulados de los países donde emigran -menos ahora, que al pasar noventa días pueden perder derechos-, el número
de personas españolas que residen en el extranjero es, a fecha de enero de 2014, de 2.058.048, lo que supone un incremento del 6,6% respecto a los datos de enero de 2013. Aunque haya alguna investigadora, por ejemplo la investigadora del CSIC
Amparo González Ferrer, que diga que 700.000 españoles han salido de nuestro país para buscar trabajo entre 2008 y 2012. Es inaceptable que a pesar de este incremento de la emigración de nuevo el programa 231.B de los Presupuestos Generales del
Estado para 2015, como nos ha explicado, dedicado a las acciones a favor de la emigración, sufra una reducción con relación al año pasado de más de 7 millones de euros. Esto supone que esta partida desde la llegada al Gobierno del Partido Popular
se ha reducido ya en un 42%, cerca de 50 millones de euros en comparación con el último presupuesto de 2011. Estas reducciones presupuestarias afectarán, por ejemplo, al número de personas que se benefician de ayudas como la prestación por razones
de necesidad para mayores de sesenta y cinco años y a los beneficiarios de actividades asistenciales de atención a mayores y dependientes. No se puede justificar el recorte de financiación para el desarrollo de los derechos como consecuencia de la
crisis económica actual. El hecho de que estén fuera de nuestras fronteras quizá les resta visibilidad, pero están ahí. Hablamos de recortes en presupuestos que tratan de cubrir situaciones realmente dramáticas por falta de recursos por parte de
los ciudadanos españoles.


Llama también la atención la indiferencia respecto a una nueva emigración que es una realidad. El Gobierno sigue sin crear una nueva partida para la atención de nuevos emigrantes, cuyo número se está incrementando. Los españoles y
españolas obligados a dejar nuestro país para intentar encontrar un trabajo y una oportunidad fuera de nuestras fronteras no existen para este Gobierno. Tendrían que hacer dos cosas con relación a este tema que no han hecho hasta ahora: primero,
ocuparse de los nuevos emigrantes, porque no es una aventura, es un drama, y, segundo, marcar el objetivo de que en los próximos años podamos recuperar este capital humano, este talento. Considerando que las políticas de inmigración y emigración
deben ser transversales en todas las actuaciones del Gobierno -así lo han manifestado muchos miembros del Gobierno en varias ocasiones-, nos gustaría conocer su opinión sobre varias cosas, como la retirada del derecho a la asistencia sanitaria a las
personas que pasen más de noventa días en el extranjero. También con relación a las políticas de emigración me gustaría conocer su opinión sobre el trato dado por el Gobierno a los emigrantes mayores, jubilados, que retornaron a España y que cobran
pensiones de otros países.


En relación con la inmigración, a 31 de diciembre de 2013 el número de extranjeros residentes en España asciende a 4.943.627. La inmigración -aunque no con tanto auge se está produciendo ahora un repunte en alguna zona; por ejemplo, en
Almería, de donde yo soy, la llegada de pateras este verano ha sido bastante elevada- sigue siendo una situación permanente en nuestro país y mantener e incrementar las actuaciones humanitarias debe ser la prioridad. Para ello, en primer lugar,
tienen que retirar las concertinas de las vallas, porque aunque no sea su competencia, en parte sí lo es. Después, incrementar los recursos que aún son inferiores a los de 2012. Aunque con anterioridad nos ha mencionado el subsecretario que se
incrementaba en 4,5 millones de euros, ha dicho literalmente que estarían destinados a la presión inmigratoria en las plazas de Ceuta y Melilla. El ministro del Interior dijo que había que abordar el fenómeno de la inmigración con altura de miras,
con sentido de la responsabilidad y con sentido de Estado, pero ni en un ministerio -el del Interior- ni en otro -el suyo- tienen esta visión.


También es fundamental trabajar por la integración de las personas inmigrantes, y para ello el Partido Socialista aprobó en 2011 el II Plan estratégico de ciudadanía e integración 2011-2014, como una herramienta clave. Dicho plan integra el
término estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Me gustaría saber qué presupuesto se dedica a la integración con estos objetivos que se plantean en esta estrategia, y al
menos el último informe que he visto es de noviembre de 2011. No sé si tienen datos adelantados de la evolución de las actitudes hacia

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la inmigración en España y si se han tenido en cuenta a la hora de elaborar estos presupuestos. También me gustaría saber qué presupuesto se destina al nuevo consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica. Desde luego, no
deben tener nada claro su modelo de integración, su objetivo a medio y a largo plazo. Se le han hecho preguntas en este sentido -creo que las contestará después-, pero hasta ahora no han respondido. Al menos podrían haber continuado con unas
políticas de integración basadas en el Plan integral que ya he comentado y que tenían el soporte de un fondo de integración que borraron de un plumazo y no se ha vuelto a dotar de nuevo.


Por último, quiero comentar un tema de máxima preocupación. Un total de 63 organizaciones y plataformas de ámbito social, profesional y científico denuncian -hace muy poquito han dado un comunicado- los impactos negativos que ha tenido el
incumplimiento por parte del Gobierno de España de la legislación internacional en derechos humanos tras la aplicación del ya famoso Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones. Casi 900.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. La mayoría son inmigrantes en situación administrativa irregular, no ilegales puesto que
ninguna persona es ilegal. Ante esta situación que afecta a derechos humanos me gustaría saber su opinión también como secretaria general de Inmigración y Emigración, porque una sociedad verdaderamente democrática es aquella que se preocupa por
hacer posible las aspiraciones de dignidad y futuro de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables, algo que creo que no está haciendo este Gobierno.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Navarro tiene la palabra.


La señora NAVARRO CRUZ: En primer lugar, como es natural, quiero dar las gracias a la secretaria general de Inmigración por su comparecencia y por estar un año más aquí. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto la seriedad y la
coherencia de este Gobierno por el trabajo realizado presupuesto tras presupuesto desde que los ciudadanos le encomendaron esa tarea. En principio, por contener el gasto que tanto nos había endeudado a los españoles y que estaba a punto de escapar
de cualquier tipo de control, y después por mantener cubiertos los servicios sociales al mismo tiempo que se incluían partidas destinadas a políticas de apoyo para desarrollar y fortalecer los sectores productivos y comenzar a dar pasos hacia el
final de la crisis. Son precisamente una parte de esas políticas sociales las que hoy nos ocupan, las relacionadas con la inmigración y la emigración que, como ha dicho la señora secretaria general de Inmigración y Emigración, se dotan con 140
millones de euros, experimentando un ligero incremento respecto a los presupuestos del año 2014.


Aunque se ha dicho, quisiera remarcar que la capacidad del Gobierno para priorizar se hace palpable desde el momento en el que se decide la distribución de ese dinero atendiendo primero los asuntos más sensibles, aquellos que necesitan más
ayuda y más protección. Vemos cómo, a pesar del mantenimiento de la dotación global de 2015, se acomete una distribución interna de créditos entre los dos programas básicos a los que ha hecho referencia la señora secretaria general de Inmigración,
el programa 231.H., de inmigración, que alcanza un total de algo más de 66 millones euros al incrementarse en 4,71 millones euros, y el programa 231.B, de emigración, que se reduce, como también se ha hecho referencia en la intervención de la señora
secretaria.


Entrando en el primer punto, hablaremos del incremento del programa de inmigración. Se concentra, como bien ha dicho ella, en dos líneas. Primero, por la presión migratoria sobre la costas en las ciudades de Ceuta y Melilla en los últimos
trimestres y la afluencia masiva a los centros CETI, que han sufrido una sobreocupación extrema que exige ineludiblemente la adopción de medidas inmediatas de apoyo. De este modo se plantea en el presupuesto. Por tanto, entendemos que se está
actuando en la forma en la que se tiene que actuar, ya que ha sido imprescindible reforzar los traslados de inmigrantes desde las ciudades autónomas a la Península con los correspondientes dispositivos de acogida que esto supone. En este momento me
gustaría hacer una pregunta a la señora secretaria, y es si ella considera que la dotación para financiar costes de los CETI está suficientemente garantizada en el presupuesto de 2015.


Podemos también observar el incremento de casi 4,5 millones en la partida de ayuda humanitaria, pasando de 6,155 millones a 10,2 millones en el capítulo 4 y de 0,46 millones de euros a 0,9 millones de euros en el capítulo 7. Vemos también
cómo, en momentos de conflicto internacional como los actuales, el Gobierno considera imprescindible incrementar la dotación destinada a refugiados a la vista del aumento de solicitudes de protección internacional que se están recibiendo, tanto por
la llegada de nuevas zonas

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de conflicto como por la aplicación del Reglamento de Dublín y también por los programas anuales de reasentamiento, por lo que se ha elevado la dotación destinada y se garantiza la atención al número creciente de refugiados y reasentados,
ascendiendo a 9,65 millones de euros.


En otro punto vemos cómo el programa de emigración concentra a la baja las siguientes partidas a las que ha hecho referencia la señora secretaria general. La de prestación por razón de necesidad en el exterior ha bajado porque ha aumentado
el nivel socioeconómico en los países de residencia y se reducen el número de perceptores y la cuantía de las pensiones, por lo que entendemos que no se está haciendo un recorte, sino un reajuste, y sacando dinero que es necesario para otras cosas.
La partida de prestación económica para los denominados Niños de la guerra también asume un ajuste porque, por lógica, es cierto que son menos los considerados niños de la guerra y su disminución natural lo requiere de esa manera. Por la misma
justificación se reducen 50.000 euros en la aplicación dedicada a pensiones asistenciales a retornados, aunque, según ha dicho la señora secretaria, el crédito tiene un carácter ampliable, lo que significa que el Gobierno no va a permitir en ningún
caso que ni un solo retornado deje de percibir su pensión asistencial. En este caso también me gustaría pedirle una pequeña ampliación a la señora secretaria general, porque ella ha señalado en su intervención que la cuantía destinada a políticas
de emigración se reduce en 4,7 millones. Además ha dicho que garantiza el nivel de atención, incluso el previo al inicio de la crisis, a los más necesitados. No gustaría que nos pudiera ampliar esta cuestión.


En relación con el resto de partidas, con respecto al presupuesto anterior podemos destacar que las ayudas extraordinarias a emigrantes y a retornados permanecen invariables. Las subvenciones en campaña agrícola se mantienen con la misma
dotación. Los fondos destinados a protección de menores no acompañados sufren una redistribución dado el crecimiento de menores que están llegando a ciudades como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La partida de ayudas a residentes en
centros de atención a refugiados se mantiene en el presupuesto que estaba el año anterior. Tampoco sufre variación la subvención nominativa a Cruz Roja Española ni la de Acnur. Se mantienen las dotaciones al presupuesto nacional para actuaciones
cofinanciadas por fondos europeos en el ámbito de la integración de inmigrantes, refugiados y retornos, lo cual nos parece fundamental, porque es importante destacar que en el próximo ejercicio está previsto generar un crédito derivado de fondos
europeos de 27 millones de euros, como ha dicho la señora secretaria, por lo que el presupuesto general aumentaría bastante considerablemente, quedando en 167 millones de euros.


Para terminar mi intervención, desde el Grupo Popular creemos que el presupuesto de la Secretaría General de Inmigración y Emigración para 2015 atiende las necesidades de actuación humanitaria, a los inmigrantes y refugiados, da respuesta a
un incremento de la presión migratoria como la que en estos momentos se está recibiendo y garantiza la dotación necesaria para atender las prestaciones a emigrantes y a retornados y para continuar desarrollando adecuadamente las actuaciones
cofinanciadas con fondos europeos, por lo que desde el Partido Popular, como he dicho al principio, consideramos que son unos presupuestos que se ocupan tanto de inmigrantes como de emigrantes, de los clásicos y de los nuevos emigrantes, y creemos
también que son unos presupuestos serios, equilibrados y profundamente sociales.


Espero haber ayudado a reconducir al dios Crono en mi intervención.


El señor PRESIDENTE: A continuación y para completar este punto del orden del día tiene la palabra doña Marina del Corral.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Muchas gracias a las dos representantes de los grupos parlamentarios por el tono de sus intervenciones. Como hay cierta similitud en las preguntas voy a intentar
contestar las preguntas en materia de emigración y con posterioridad contestaré las preguntas en materia de inmigración.


Doña Gracia Fernández, es un placer tener la oportunidad de dirigirme a usted. Quiero decirle que coincido con usted en la importancia de recalcar el compromiso que su Gobierno tiene con los ciudadanos a los que sirve dentro de España y más
allá de nuestras fronteras. Nuestro Gobierno está muy comprometido con los españoles que residen en el exterior. Creo que no solo en el presupuesto que hoy les presento, sino a lo largo de toda la legislatura, esta secretaría general ha demostrado
que en ningún caso las estrecheces presupuestarias nos han impedido mantener las prestaciones precisas para dar respuesta a las necesidades de los españoles del exterior y especialmente las de aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. En este presupuesto sigue siendo una prioridad, como he señalado durante mi intervención, el mantenimiento sin paliativo alguno del nivel de asistencia a los beneficiarios de prestaciones por necesidad, incluida su asistencia
sanitaria allí donde la necesiten, y créanme que en

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algunos países como Venezuela ha sido una labor bastante importante; prestaciones a los niños de la guerra y prestaciones a los retornados perceptores de una pensión por ancianidad, que, como he dicho también, permanece como un crédito
ampliable por si fuera el caso y retornaran más personas de las previstas. Les he dicho que el número de los asistidos ha disminuido progresivamente desde el año 2009. Esto es por razones ajenas a decisiones presupuestarias, bien por razones que
podemos todos lamentar y que son tristes, simplemente porque han fallecido, o bien por razones de las que hemos de alegrarnos, y es que en los países en los que residen han mejorado sustancialmente las condiciones de asistencia que prestan a estas
personas. Me es grato decir que esta priorización en los recursos, la atención a los más necesitados, es además generalmente compartida por nuestros propios ciudadanos en el exterior, como así se ha manifestado en los continuos contactos que esta
secretaría general mantiene con los consejos de residentes y con las asociaciones de emigrantes en el exterior, y créanme que han sido muchos esos contactos.


Hacía referencia a los jóvenes que salen al exterior y a algún que otro estudio que ha surgido. Algunos estudios están siendo, de hecho, financiados por la propia Secretaría General de Inmigración y Emigración, porque nos preocupa
evidentemente tener un buen diagnóstico de lo que está sucediendo, nos preocupa y estamos muy comprometidos con ello. De acuerdo con la estadística de migraciones elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la cifra de salida de jóvenes
españoles en edad laboral, entre quince y veintinueve años, desde el año 2008 ha evolucionado: en el año 2008 eran 8.128; en el 2013, 17.290. Estamos hablando de ese segmento de jóvenes entre quince y veintinueve años. En el año 2013 he dicho
17.290 y, sin embargo, hay que hacer una diferenciación, no porque no sean españoles y carezcan de derechos, porque todos los españoles a nivel de derechos tienen los mismos, la ciudadanía es invariable, sino porque desde un punto de vista
sociológico interesa hacer una distinción entre los españoles que han nacido en España y los españoles que han nacido fuera de España. El propio Instituto Nacional de Estadística hace esa diferenciación en su estadística de migraciones. Si nos
fijamos en ese número, en el año 2008 los nacidos en España que salieron al exterior fueron 6.097, en el año 2013, 10.578, y los que nacieron fuera de España en el año 2008 fueron 2.031, mientras que en el 2013 fueron 6.712. Además, según la misma
fuente del Instituto Nacional de Estadística, España viene teniendo un saldo migratorio negativo desde el año 2008. Si nos centramos otra vez en esa población joven, el saldo negativo se remonta -como he dicho- al año 2008. En el año 2008, el
saldo negativo total era de 1.151, mientras que en el año 2013 el saldo negativo era de 10.827, es decir, han salido 10.877 jóvenes en ese segmento de edad más que los jóvenes españoles que han entrado desde fuera a España, que han retornado. Y
vuelvo a hacerles esa diferenciación, insisto, porque interesa hacerla, no porque tengan menos derechos, que todos son españoles, sino desde el punto de vista sociológico. El saldo de los nacidos en España en el año 2008 era de 3.959, en el año
2013 el saldo negativo de los nacidos en España era de 8.677. Si nos centramos ahora en los nacidos fuera de España, en el año 2008 eran 2.808 y en el año 2013 son 2.150. Esto es importante y debe destacarse dentro de la cifra global, porque en el
análisis de los movimientos migratorios debemos considerar que la concesión de nacionalidad a hijos y nietos de españoles por vía de la Ley de la Memoria Histórica ha supuesto un importante incremento de residentes en el exterior. Son personas que
han accedido a la ciudadanía española y algunos ni siquiera han tenido que cambiar su residencia para acceder a esa ciudadanía. Les recuerdo que se han recibido unas 500.000 solicitudes de nacionalidad española basándose en esta Ley de Memoria
Histórica y han sido resueltas positivamente más de 250.000. Son 250.000 las personas que han accedido a la ciudadanía española basándose en esta Ley de Memoria Histórica. Además, desde el punto de vista sociológico interesa igualmente destacar la
salida de España de personas, ahora ya españolas, con pasaporte español, que llegaron como inmigrantes, y han regresado a su país de origen tras haber accedido a la ciudadanía española. ¿Por qué es importante? Porque en su país de origen no son
españoles, tienen que actuar con la nacionalidad, con la ciudadanía de su país de origen.


Paso a relatarles las medidas adoptadas en el ámbito de la secretaría general para estos jóvenes, muestra del compromiso que les estoy manifestando. Comienzo diciendo que todos los españoles residentes en el exterior cuenta con el apoyo de
las representaciones diplomáticas, por supuesto, así como de las consejerías y secciones de empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En cuanto a programas concretos, relacionados con la salida de jóvenes, pueden destacarse los
siguientes. Se ha impulsado un programa de subvenciones específicamente dirigido a jóvenes españoles en el exterior y que tiene la finalidad siguiente: actuaciones para la integración social y laboral de jóvenes; información, orientación
profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y emprendimiento, programas de

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formación, prácticas en empresas de especialización profesional y de emprendimiento que permitan la incorporación en el mercado laboral del país de residencia; programas de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia;
programas que faciliten el retorno, porque, como muy bien ha señalado usted, hemos de preocuparnos y de dirigirnos al retorno de esas personas, así como la participación en proyectos emprendedores en España. A dicho programa se destinó una cuantía
en el año 2013 de 1.847.750 euros y para el año 2014 se ha previsto una dotación y se ha convocado ya la subvención por un total de 4.550.000 euros, encontrándose en estos momentos este programa en fase de valoración. Por otro lado, los españoles
que estén valorando salir de España y establecerse en otro país disponen desde el año 2013, en concreto desde el 2 de agosto, de la Plataforma de movilidad internacional, un portal en Internet realizado con medios propios de la secretaría del
Ministerio de Empleo y cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios acceso a través de un solo canal a la principal información sobre los requisitos de estancia, residencia, estudio o trabajo en el país extranjero de destino, mediante la inclusión
de contenidos específicos elaborados para el portal y la incorporación de enlaces a sitios web oficiales de especial interés sobre cada materia. El interés que tiene esta Administración es que ningún español que quiera salir, y esto no lo podemos
evitar si quieren salir, deje de estar debidamente informado y tenga a su disposición toda la información para residir, estudiar, trabajar en el país de su elección de destino. A lo largo del primer semestre del año 2014 dicho sitio web ha tenido
más de 125.000 visitas. Por otra parte, desde enero de 2014 la misma web está disponible en una aplicación para tabletas, lo que ha supuesto también un incremento en este número de visitas. Además, se están promoviendo acuerdos internacionales de
movilidad, que no son nuevos, ya estaban en vigor algunos de ellos, por ejemplo el acuerdo de movilidad con Canadá. Esto permite que los jóvenes que se quieran acoger a este acuerdo internacional puedan ir a esos países sin el requisito previo de
encontrar un trabajo; pueden trasladarse a ese país por ejemplo para estudiar y una vez en ese país, en Canadá o en otros países -ahora les mencionaré con qué países tenemos acuerdos-, pueden encontrar un trabajo y sin más pueden trabajar con el
mismo visado con el que han entrado en el país, gracias a estos acuerdos. La ventaja de estos acuerdos, y vuelvo al retorno, es su carácter de temporalidad, están previstos para seis meses prorrogables hasta un año y luego las personas pueden
retornar a España con un plus, con una experiencia profesional que en muchos casos también se busca, esa oportunidad de incremento de capacidad y de cualificación que le pueda abrir las fronteras de regreso a nuestro país.


Paso ahora a las materias de inmigración. El incremento en la actuación humanitaria ha quedado de manifiesto. Como muy bien aludía doña Carmen Navarro, se ha hecho una redistribución del crédito porque se ha visto que hemos tenido
-respondiendo a la línea que se seguía- una disminución en el número de beneficiarios perceptores de las prestaciones por razón de necesidad. Por ello, parte del importe remanente de ese programa para emigración lo hemos destinado a inmigración,
porque en ese momento la necesidad mayor, la prioridad, la hemos encontrado en inmigración -y todos estarán de acuerdo conmigo- por la presión migratoria mayor en la frontera sur de España, que además es frontera sur de Europa, la frontera de Ceuta
y Melilla. Les he señalado antes que además de incrementar esa dotación en la ayuda humanitaria, en la negociación de los nuevos fondos europeos hemos obtenido la aceptación por parte de la Comisión Europea a que los gastos en los que se incurran,
derivados de esa mayor presión migratoria en los centros de estancia temporal tanto de Ceuta como de Melilla, puedan ser elegibles y por tanto cargados a esos fondos europeos. Me parece un logro importante en materia de negociación respecto a los
fondos europeos, que forman una parte importante de la financiación de nuestro presupuesto. Es interesante que conozcan que esta negociación se ha extendido a todas las actuaciones relacionadas con los menores no acompañados. Hasta hoy siempre
habían sido con cargo al presupuesto nacional y, a partir de ahora, se ha conseguido por parte del equipo negociador de la secretaría general que la Comisión pueda considerar como elegibles los gastos en los que se incurran para proteger y acoger a
los menores extranjeros no acompañados.


Se ha referido usted al decreto de Sanidad. No entra dentro de mis competencias pero me ha pedido mi opinión personal sobre que a partir de los noventa días... Esto es en relación con las personas que están fuera, pero realmente afecta a
todos, a los españoles -por eso lo contesto en este momento- y también a las personas que hayan residido aquí y que salgan, porque no hay diferencia. A partir de los noventa días, las personas pasan a tener la cobertura del país donde van a residir
porque se supone que después de noventa días ya no residen aquí y teóricamente residen en el país de destino. En la práctica puede tener mal funcionamiento pero en la teoría es así. Si vuelven a España, si son residentes españoles y regresan a
España -es importante que todos lo sepamos y seamos conscientes de ello- y no tienen

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ingresos superiores a 100.000 euros van a estar completamente cubiertos por el Sistema Nacional de Salud; no hay ninguna duda al respecto. Esta reforma ha vinculado la residencia al concepto de asegurado o beneficiario del sistema. Por
otra parte, en cuanto al Decreto 16/2012 y a los derechos humanos, que también afecta a la sanidad, quiero decirle mi opinión. En primer lugar, la asistencia de urgencia está asegurada porque así está establecido, lo que no está asegurado es la
tenencia de la tarjeta sanitaria.


Ha hecho alusión a los programas que estamos llevando a cabo en materia de integración, refiriéndose a que habíamos colgado los programas de integración. Discúlpeme, en el presupuesto están destinados 13,8 millones de euros en diferentes
programas en materia de integración, y le voy a señalar algunos: programas que fomentan la integración social y laboral del colectivo de personas inmigrantes; programas de acogida integral, educativos extracurriculares, salud, de mujer, fomento de
la participación, promoción de la igualdad de trato y no discriminación, además de otras acciones para el mantenimiento de actividades y funcionamiento habitual de las propias entidades beneficiarias; programas de intervención integral en barrios
con presencia significativa de población inmigrante dirigidos a promover desde el ámbito local el acercamiento de la población española y de la población inmigrada, a prevenir posibles conflictos y a lograr una adecuada interrelación entre
ciudadanos procedentes de distintas culturas. Estos programas, además, están demostrando tener una eficacia muy elevada. Una cuestión que hemos incorporado en materia de integración es una continua y constante evaluación de los programas y de sus
resultados. Los programas que impulsan acciones dirigidas a acoger e integrar a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, a mejorar las condiciones de acogida y procedimientos de asilo y para el reasentamiento y la
empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres beneficiarios de protección internacional. Programas de retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen, concretamente -como ustedes conocen- hay tres tipos de
retorno: retorno productivo, dirigido a aquellos inmigrantes que quieren retornar a sus países para iniciar una actividad económica de manera autónoma; la atención social, para aquellos inmigrantes que se encuentran en una situación de especial
vulnerabilidad, y las ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo. Y a todos ellos se acogen bastantes personas desde que están en marcha. Otra de las características del fondo nuevo de
migración y asilo es que los programas dirigidos al retorno voluntario de personas regulares también van a ser elegibles. Hasta hoy el retorno voluntario de personas en situación administrativa regular iba solo con cargo al presupuesto nacional y a
partir de la entrada en vigor en 2015 del nuevo FAMI podrán incluirse personas que estén en situación administrativa regular.


En cuanto a los últimos datos de análisis sobre racismo y xenofobia, la última encuesta del CIS ya ha sido publicada y los resultados, afortunadamente para España y para la sociedad española, son bastante buenos si los comparamos con otros
países de nuestro entorno europeo. España, básicamente, sigue siendo una sociedad muy tolerante. Además, en materia de racismo y xenofobia hemos puesto en marcha programas -y usted ha señalado alguno- muy interesantes, como la formación de
formadores en las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, no solo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino también de comunidades autónomas e incluso municipales; en materia de detección de incidentes racistas, el programa Firir ha
tenido un éxito radical y es muy valorado en materia de derechos humanos precisamente por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por la FRA; hemos puesto en marcha también programas de promoción de la diversidad en la pequeña
y mediana empresa, que también son muy valorados por la Comisión Europea y otras instancias internacionales. En general, quiero decirles que también hemos puesto en marcha durante los años 2014 y 2015, ya están iniciados todos los pilares,
programas de formación en materia de racismo y xenofobia -parecido al de fuerzas y cuerpos de seguridad- para jueces y fiscales y demás organismos dependientes del Consejo General de Poder Judicial, y en el ámbito educativo, para los profesores en
la enseñanza primaria. Creo que sí colmamos todos los flancos en materia de racismo y xenofobia, y está también reflejado dentro del presupuesto que he señalado.


Me ha preguntado si conozco el presupuesto del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación. He de decirle que este consejo no es un órgano adscrito a esta Secretaría General de Inmigración. De hecho, no es un
órgano adscrito, porque en principio es un órgano independiente, que fue creado a instancias de una directiva e impulsado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.


Si me dejo alguna cuestión pendiente, les ruego que me disculpen, porque creo que estamos sujetos a unos tiempos. En cualquier caso, estoy totalmente a su disposición para responder a las preguntas que me realicen por escrito.

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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, por su intervención, señora secretaria general. Si hubiera dejado alguna pregunta pendiente, que no creo, dada la profundidad de sus respuestas, la puede contestar por escrito. Vamos a interrumpir
la sesión medio minuto, con el fin de poder seguir con el orden del día y recibir a la secretaria de Estado de Empleo, aunque antes quiero volverle a agradecer su presencia hoy aquí. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (HIDALGO TENA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (números de expediente 212/001871 y 212/001875) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001939).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con el tercer punto del orden del día, la comparecencia de la señora secretaria de Estado de Empleo, doña Engracia Hidalgo, a quien le damos la bienvenida una vez más a esta Comisión. Los dos
grupos parlamentarios que han solicitado su comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, serán quienes con posterioridad a su intervención -si la desea hacer, porque no es obligada, pero es tradicional -
plantearán las aclaraciones, informaciones o preguntas que consideren oportunas. En esta Comisión, como los meteorólogos, siempre somos optimistas con el tiempo y luego fallamos, porque el tiempo no sale como se había previsto, pero es algo
escasamente evitable. Habíamos pensado que un tiempo de veinte minutos para su intervención podía ser razonable y que posteriormente los grupos intervendrían un máximo de diez minutos, para que después concluya con las respuestas a las preguntas
que le formulen con el tiempo que sea preciso en función de lo que se le plantee. Sea muy bienvenida y tiene usted la palabra, señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Señorías, es para mí un placer estar otra vez en esta Comisión para presentar los presupuestos de la Secretaría de Estado de Empleo relativos al año 2015; unos presupuestos que se
enmarcan, como bien se deriva del cuadro macroeconómico, en una situación absolutamente distinta desde un punto de vista económico; unos presupuestos que serán los de consolidación de la recuperación, ya que se prevé un crecimiento del PIB del 1,2%
en este año y del 2% en el año 2015, y también de mantenimiento y consolidación del empleo, en el sentido de que está prevista la creación de 622.000 puestos de trabajo de 31 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, pasando la tasa de
paro a ser en esta fecha del 22,9%. En este contexto el presupuesto de la Secretaría de Estado de Empleo para el año 2015 asciende a 31.423 millones, y ya saben que, desde un punto de vista subjetivo, se contienen en el mismo el Servicio Público de
Empleo, con 30.245 millones; el Fogasa, con 1.064 millones; el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con 25 millones de euros, y la Dirección General de Empleo Autónomo y la Dirección General de Empleo, junto con los gastos de
personal, que alcanzan la cifra de 88 millones de euros. Tienen básicamente dos objetivos prioritarios: por una parte, continuar protegiendo a los desempleados y, por otra, apoyar de forma eficaz la creación de empleo mediante unas políticas
activas de empleo, yo creo que renovadas.


Por lo que se refiere a la protección por desempleo, debo comenzar señalando que en los últimos años y en un contexto de intensa crisis económica nos tenemos que sentir orgullosos de haber sido capaces de mantener un modelo de sistema de
protección por desempleo garantista en nuestro país, que habíamos logrado entre todos. Nuestro objetivo es mantener un nivel elevado de protección social teniendo en cuenta dos prioridades fundamentales: primero, que la protección se dirija sobre
todo a aquellos que más lo necesitan, a los más vulnerables fuera de la prestación contributiva, y que esa protección vaya estrechamente ligada a las políticas de activación para el empleo. Si tienen en cuenta la información que contiene el
presupuesto, se ven plenamente reflejados estos objetivos.


La información procedente de la ejecución del presupuesto del año 2014 y la evolución de la situación económica para el año 2015 hace que en las prestaciones por desempleo se haya presupuestado una cantidad de 25.000 millones de euros, un
15% menos, lo que sitúa la aportación del Estado en este año en 10.431 millones de euros. Es importante recordar en todo caso que la protección a los desempleados no se agota con el sistema de protección por desempleo, sino que se complementa con
otros recursos que ofrecen las distintas administraciones, y el propio Servicio Público de Empleo Estatal mantiene vigente el programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo, al que este Gobierno ha
dotado de estabilidad mientras la tasa de paro no baje del 20%. El programa es una medida de política activa de empleo que implica un compromiso de activación por parte del beneficiario y lleva asociado una subvención que proporciona recursos al
desempleo durante la duración del mismo. A este programa, en el cual se han atendido a todas las personas que cumplían los requisitos y lo han

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solicitado, se destinan 285 millones en el año 2015. A ello hay que añadir las prestaciones que conceden las comunidades autónomas en forma de renta mínima de inserción para proporcionar coberturas a personas. Digo esto de las rentas
mínimas porque, como sabrán, el tema de la protección social se encuentra en todo caso entre las prioridades del Gobierno, que siempre ha estado y está a favor del diálogo social. Se propone abordar con los interlocutores sociales, tal y como se ha
recogido en el acuerdo de negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, que se acordó el 29 de julio. Se pretende así profundizar en la protección de todas aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo y en riesgo de
exclusión social. Para ello se va a hacer un mapa completo de prestaciones sociales en todo el territorio, se va a avanzar en los niveles de protección en determinadas prestaciones, se va a evaluar el actual modelo de rentas mínimas de inserción,
se van a analizar posibles mecanismos coyunturales de protección destinados a parados de larga duración y en situación de especial necesidad y, conforme a las características que ahora mismo tenemos, a las personas que están buscando una
oportunidad, y es que han sido muchos años de crisis económica, hay muchas personas que son parados de larga duración y hay muchas personas que nunca volverán a encontrar trabajo en el sector al que pertenecían. Con lo cual, hacer un paquete de
medidas que permita activarlo cuanto antes es un objetivo prioritario de estos presupuestos.


Respecto a las políticas activas de empleo y la necesidad de adoptar medidas que apoyen de forma eficaz la creación de empleo, los presupuestos del año 2015 prevén una financiación que permita atender las iniciativas de apoyo al empleo que
estamos poniendo en marcha. Hemos realizado durante los años anteriores -se lo he contado muchas veces en esta Comisión- un cambio sustancial en el marco de las políticas activas; un cambio que no tiene precedentes pero que solo lo estamos
haciendo en el marco de la colaboración absoluta, tanto con las comunidades autónomas como con los interlocutores sociales. De un modelo que en 2012 todavía estaba pensado para la gestión centralizada del antiguo INEM, hemos pasado a un modelo
coherente con la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías, de quien depende hoy, esencialmente en la ejecución de las políticas activas. Les recuerdo que este fue un mandato de las conferencias de presidentes; en la primera
Conferencia de Presidentes se adoptó la decisión de que se abordase este proceso.


Hemos desarrollado un modelo integrado desde la planificación de las políticas hasta su ejecución y evaluación basado en la eficiencia y la coordinación, en el que prima la evaluación permanente y la toma de decisiones en función de las
medidas que muestran los mejores resultados; un modelo con objetivos comunes y flexibilidad en su ejecución para atender las especificidades territoriales. Se trata, en definitiva, de un modelo basado en el trabajo conjunto y en el resultado del
consenso con las comunidades autónomas. No me cansaré de decir que todo el trabajo que hemos realizado en esta estrategia de activación para el empleo que se ha puesto en marcha ha sido gracias a la coordinación y el modelo de colaboración
implantado en el seno de la conferencia sectorial. Además, en esta conferencia también hemos desarrollado instrumentos novedosos de coordinación, como el Acuerdo marco para la colaboración público-privada en la intermediación laboral o el portal
único de empleo, que reúne la oferta de empleo tanto de portales privados que se han sumado a la iniciativa como de todos los servicios públicos de empleo. El último hito de esta estrategia de renovación del modelo tuvo lugar en el pasado Consejo
de Ministros de 5 de septiembre, en el que se presentó un nuevo impulso a la activación para el empleo mediante la aprobación de la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, del Plan anual de política de empleo específico para 2014
y de la distribución de fondos del presupuesto del Servicio Público de Empleo para el desarrollo de las políticas activas en las comunidades autónomas. Este año ya el 40% de los fondos se han distribuido sobre la base de resultados en el marco de
la conferencia sectorial, según indicadores aprobados en el seno de la misma por consenso. En el año 2015 será el 60% de esos fondos los que estén ligados a evaluación de cada una de las actuaciones que se han puesto en marcha por las comunidades
autónomas. El 5 de septiembre también se llevaron al Consejo de Ministros dos informes sobre cuáles van a ser nuestras próximas actuaciones, porque seguimos avanzando en ámbitos tan importantes como la futura cartera común de servicios de empleo,
que garantizará a todos los trabajadores el acceso a servicios de empleo de calidad con independencia de su lugar de residencia, y la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, que estará operativa en enero del próximo año.


La importancia que damos a las políticas activas tiene su reflejo en el presupuesto del próximo año, como no puede ser de otra manera, con una dotación total de 4.764 millones de euros, un 16,8% más que en el año 2014, de los que 1.919
millones se van a transferir mediante acuerdo de la Conferencia sectorial

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de empleo y asuntos laborales para su ejecución por las comunidades autónomas. Como he señalado, la aplicación de los fondos se hará en el marco de una estrategia común y de unos planes anuales elaborados conjuntamente y en los que prima el
cumplimiento de objetivos y la consecución de resultados. En este contexto de renovación de las políticas de activación cobra un papel fundamental la formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. Para ello la formación para el
empleo ha recibido una atención prioritaria, dado que constituye la mejor estrategia para impulsar la empleabilidad de los trabajadores, favorecer su acceso, mantenimiento y retorno al empleo, así como contribuir a la competitividad de la economía
de nuestras empresas a medio y largo plazo. En este ámbito se han realizado importantes avances tanto a través de la nueva regulación del contrato para la formación y aprendizaje, flexibilizado por la reforma laboral para impulsar la formación
profesional dual en España, como mediante la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, que ofrece formación a lo largo de toda la vida del trabajador, tanto en momentos de ocupación como de desempleo. Tal y como se ha acordado
con los interlocutores sociales, 2014 es el último año de transición y se implantará definitivamente un nuevo modelo de formación profesional para el empleo basado en la calidad, la transparencia en la gestión de los fondos públicos, la evaluación
permanente, el saber qué necesitan realmente las empresas para que puedan ser más operativos de cara a encontrar un trabajo. Esto estará operativo a partir de enero del año 2015.


La dotación para la formación del presupuesto de 2015 es de 2.082 millones de euros, que supone un incremento del 8,3% respecto al presente año. Además, en el ámbito de las políticas activas creo importante destacar que el presupuesto de
2015 destina 1.500 millones, que se dedican a bonificaciones para estimular la contratación, y que se incrementan en un 22,7% debido básicamente a 200 millones de euros para la bonificación de los contratos derivados de la implantación de la
garantía juvenil. También hay medidas de orientación a los desempleados, para las que destinamos 108 millones de euros, a la orientación personalizada, cuadruplicando el presupuesto del año pasado, a los que se añaden 143 millones para la inserción
de las personas en el mundo del trabajo. Finalmente, se ha previsto un total de 100 millones de euros para la modernización de los servicios públicos de empleo, seis veces más que en el año 2014, porque consideramos que en el actual contexto de
reforma del modelo de políticas activas la mejora del funcionamiento de los servicios públicos de empleo es fundamental.


Paso ahora a las prestaciones de garantía social. La secretaría de Estado tiene también entre sus cometidos, a través del Fogasa, como he dicho antes, el abono de prestaciones de garantía salarial mediante el pago de los salarios e
indemnizaciones que las empresas no pueden satisfacer por encontrarse en una situación de insolvencia o procedimiento concursal. Como saben, ello se gestiona a través del Fondo de garantía salarial, que se nutre de las aportaciones que realizan las
empresas mediante cotizaciones por este concepto. Desde que empezó la crisis el fondo ha experimentado anualmente un crecimiento exponencial en el número de solicitudes presentadas por los trabajadores, de forma que en 2011 este Gobierno se
encontró con un serio problema como consecuencia del volumen de expedientes sin resolver. Hemos hecho -les puedo asegurar- un gran esfuerzo para arreglar esta situación y pretendemos ahora que el Estado aporte financiación necesaria para atender
las necesidades del organismo, lo que nos permitirá abordar 2015 sin carga o lastre alguno. Por ello, el presupuesto recoge la estimación del gasto para cubrir las prestaciones del próximo año, únicamente las del próximo año, cifrado en 1.037
millones de euros. Eso supone una reducción del 23,1% respecto al presupuesto de 2014, ya que esperamos que la mejora de la actividad económica y el resultado que se están viendo en los números a fecha de agosto de este año, en el cual estaba
bajando mucho la entrada de expedientes, permita atender la actividad del Fogasa. Hay un hecho que es destacable: es la primera vez que el Fogasa tiene aportación del Estado, que son 300 millones de euros; era una partida inexistente hasta la
fecha. Esto también pone de manifiesto el interés por que podamos solventar todos y cada uno de los expedientes que entren durante 2015 en el Fondo de garantía salarial.


Señorías, los trabajadores autónomos y los emprendedores, como bien saben, son una prioridad para nuestro Gobierno. Desde el primer día les hemos situado en un lugar preferente de nuestra agenda y a día de hoy ya son muchas las actuaciones
que se han materializado para apoyar a este colectivo. Estamos convencidos de que en un país como el nuestro, donde más del 98% del tejido productivo se conforma por pymes y autónomos, los trabajadores por cuenta propia y los emprendedores se
constituyen como un elemento clave para la consolidación de la etapa de recuperación que hemos iniciado. Basta para corroborar lo que le digo tan solo un dato, el que señala que solo en el primer semestre de 2014 los trabajadores por cuenta propia
han generado en nuestro país un total de 114.925 empleos netos. Hemos

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apoyado a los autónomos y a los emprendedores con medidas que ya comienzan a dar sus frutos. En el último año el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 78.734 personas hasta alcanzar los más de 3.114.000. Desde
que se puso en marcha la tarifa plana para jóvenes autónomos en febrero de 2013, a pesar de que este fue un año todavía de recesión, el aumento en la afiliación de los menores de treinta años al régimen especial ha crecido un 11%. También hemos
apoyado y vamos a seguir apoyando la economía social porque sabemos que es una fuente de oportunidades para el empleo para todos, incluso para aquellos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, porque además presenta buenas
posibilidades de crecimiento y desarrollo. Así lo demuestra otro dato que voy a darles. Durante la crisis la destrucción de empleo en las cooperativas ha sido 7,5 puntos inferior al conjunto de la fórmula societaria. Por todos estos motivos y
solo para promover y apoyar el trabajo autónomo y la economía social, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, destinará en 2015 un total de 31 millones de euros, una cifra que es un 7,5% superior a la de 2014. Las partidas más relevantes en
estos dos ámbitos son las siguientes: ayudas para el trabajo autónomo y al empleo en cooperativas y sociedades laborales, se destinan 24,7 millones de euros; ayudas para la realización de actividades de fomento del trabajo autónomo de la economía
social y de la responsabilidad social de las empresas, se destinan 3,4 millones de euros, un 12,8% más que en el ejercicio anterior. Hay una nueva partida de un millón de euros que se destinará a la puesta en marcha del Plan de internacionalización
de las cooperativas y sociedades laborales. Como ven, se trata también de una apuesta en los presupuestos del Estado.


En el ámbito de la administración de las relaciones laborales se incluyen 49 millones de euros para apoyar a trabajadores afectados por procesos de restructuración de empresas: para ayudas extraordinarias, se destinan 3 millones; ayudas
previas a la jubilación, 44 millones; y ayudas que se corresponden a compromisos ya adquiridos. Se contribuye también a financiar la Fundación servicio interconfederal de mediación y arbitraje con algo más de un millón de euros. En el marco de la
prevención de riesgos laborales, objetivo de primer orden para este Gobierno, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo cuenta con una dotación de 25 millones de euros para continuar realizando su labor de investigación y asistencia
técnica fundamentalmente dirigida a las pymes. En este ámbito pondremos en marcha en colaboración con todas las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales una nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que tendrá
vigencia hasta 2020.


Señorías, no quiero finalizar esta intervención sin hacer una mención expresa a las iniciativas del departamento a favor de los jóvenes. Sobre la base de la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016, dirigida a mejorar su
empleabilidad, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promocionar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor, en diciembre de 2013 se presentó como ustedes saben a la Comisión Europea el
Plan de implantación de la garantía juvenil en España. Fue así en cumplimiento de la recomendación del Consejo Europeo de garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continúa, formación de
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar su educación formal. En julio de 2014 se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España con un nuevo registro común para todas las administraciones, y
los agentes del mercado de trabajo implicados pueden proporcionar un tratamiento individualizado y realizar el seguimiento de los jóvenes beneficiarios del sistema. Para ello se ha previsto el acceso de los beneficiarios a un catálogo de medida de
intermediación, mejora de la empleabilidad, apoyo a la contratación y fomento del emprendimiento, con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo de este colectivo. En el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se ha tenido en
cuenta el nuevo marco financiero 2014-2020 de los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea. La dotación prevista en el presupuesto de 2015 para la garantía juvenil evidentemente ya es una apuesta decidida por su implantación.


Concluyo. Está claro que debemos hacer frente a un gran reto, el del empleo, y que tenemos mucho trabajo por delante. Yo estoy convencida de que si trabajamos conjuntamente, como lo venimos haciendo en el marco del diálogo, de la
colaboración permanente con las comunidades autónomas y del acuerdo y el diálogo abierto con los interlocutores sociales, la suma de muchos hará que este reto se convierta día a día en que se vayan consiguiendo los objetivos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación intervendrán los grupos, empezando por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Concepción Gutiérrez.

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La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora secretaria de Estado de Empleo, bienvenida a la Comisión.


Quiero que mis primeras palabras sean de evaluación y valoración del conjunto de la legislatura, puesto que los presupuestos que nos presentan son para 2015 y suponen los últimos, en principio, antes de la disolución de esta Cámara. Le
recuerdo, señora Hidalgo, que el Partido Popular ganó las elecciones legislativas de 2011 afirmando que su prioridad era la creación de empleo y que nunca recortaría la protección por desempleo. Hoy en la recta final de la legislatura del Partido
Popular los datos que recogen los Presupuestos Generales del Estado no pueden sino calificarse de fracaso o de una deliberada coartada para la eliminación de derechos laborales y de protección social.


Según los Presupuestos Generales del Estado, y suponiendo que se den todas las condiciones favorables externas, fundamentalmente, en los que se basa, la legislatura terminará con 400.000 empleos menos que cuando empezó. La tasa de paro hoy
en el 24,7% terminará en 2015 en una cuantía superior a la existente en 2011, y ello a pesar de la expulsión de 500.000 personas de la población activa que se han ido a la emigración o están tan desanimadas que ya ni siquiera buscan empleo. Hoy nos
trae unos presupuestos que reducen un 15% los recursos para la protección por desempleo y un 30% la aportación del Estado a las personas desempleadas. Usted lo sabe, señora secretaria, pero se lo voy a recordar. Hay 3.300.000 personas desempleadas
sin protección, 740.000 hogares en los que no entra ningún recurso, la pobreza alcanza casi al 20% de la población y según el último informe de la OIT su origen es el desempleo. Este brutal recorte de las prestaciones se hace al mismo tiempo que
una rebaja fiscal a los que más tienen, y que se puede cuantificar en unos 3.500 millones para las rentas más altas. Yo sé que esto les produce risas a algunos diputados del Grupo Popular, pero es un tema que no tiene ninguna gracia. Estos
presupuestos benefician al 10% de los ciudadanos, perjudican a la inmensa mayoría, son injustos y son unos presupuestos de la desigualdad.


La reforma laboral y los dieciséis decretos-leyes que han traído a esta Cámara han tenido como objetivo quitar derechos, precarizar el contrato de trabajo, eliminar prestaciones tanto a las personas desempleadas como a los pensionistas
presentes y futuros. Sus reformas no son para salir de la crisis, han venido para quedarse. La crisis es una simple coartada para aplicar su programa máximo de reducción de derechos laborales y desmantelamiento del Estado del bienestar. Los
resultados están a la vista: una devaluación salarial de un 10% en los últimos cuatro años, más de 3 millones de trabajadores que han perdido su empleo a tiempo completo e indefinido desde principio de 2012. Se ha producido una sustitución de
estos empleos por otros precarios, a tiempo parcial o temporal. El saldo a día de hoy es que, gracias a esas políticas que ustedes han desarrollado, los asalariados con contratos precarios suponen ya el 51% del conjunto de los asalariados. Los
contratos a tiempo completo e indefinidos apenas alcanzan el 49% de los asalariados del régimen general en la Seguridad Social. Son datos de afiliación, señora secretaria de Estado. Es cierto que la afiliación creció en el último año en 350.000,
pero en 2012 y 2013 se perdieron 924.000 afiliados. El empleo que hoy se crea es de inferior calidad y cantidad al que había antes de la reforma laboral. Con un mercado de trabajo precarizado es harto difícil poner las bases de la recuperación
económica que todos queremos; es harto difícil favorecer la competitividad en el medio plazo, incorporar innovación y desde luego alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020.


Quisiera comentarle algunas cuestiones sobre las políticas activas de empleo. Sabe que las instituciones europeas, los organismos internacionales (OCDE, Fondo Monetario Internacional, también la OIT en el último informe) recomiendan el
fortalecimiento de las políticas activas en tres direcciones específicas: impulso a la orientación y cualificación de los parados, fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y mayor y mejor coordinación con las comunidades autónomas. El
Gobierno ha preferido la vía desaconsejada y vuelca una gran parte de los recursos con un incremento de casi el 20% en bonificaciones y reducciones de cuota a la Seguridad Social. El presupuesto de 2015 presenta un incremento del 16,5% de las
políticas activas de empleo, pero en realidad supone una reducción de más de 3.000 millones si lo comparamos con el de 2011. Los recortes efectuados en estos cuatro presupuestos a las políticas activas de empleo alcanzan los 12.000 millones de
euros, a pesar de que el paro iba aumentando de forma alarmante; lo peor de todo, señora secretaria, es que este recorte a la labor del Estado para favorecer la orientación y la cualificación de los parados ha hecho crónica la situación de
desempleo para muchos parados. Hoy lo denuncia la OIT: el 62% de los parados lleva un año o más tiempo buscando empleo. Cada día que pasa aumenta la dificultad para su empleabilidad, y son ustedes, por tanto, responsables de haber abierto el
abismo de la pobreza y la exclusión social para muchos desempleados a los que ustedes

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han negado esa orientación y cualificación profesional. Como decía usted, las bonificaciones a la contratación suponen 1.500 millones del presupuesto a pesar de que todos los expertos coinciden en su ineficacia para lograr una mayor
contratación y creación de empleo.


Recuerdo dos proyectos estrella. En la reforma laboral crearon el contrato de emprendedores, absolutamente precario, con grandes bonificaciones para los menores de treinta años. El resultado es que apenas ha supuesto 81.000 contratos, y
eso sabe usted lo que significa en el volumen de contratación de este país. En cuanto a la eficacia de la bonificación y, según sus propias respuestas parlamentarias, este tipo de contrato bonificado no ha tenido una supervivencia mayor que
cualquier otro celebrado sin bonificación correspondiente. ¿Merecía la pena tanta precariedad? El año pasado, en el debate sobre el estado de la Nación, presentaron otra medida estrella, la famosa tarifa plana. Dijeron que esta medida tenía un
coste cero para las arcas de la Seguridad Social. Lo cierto es que 1.614 millones de euros serán los recursos que deje de ingresar la Seguridad Social como consecuencia de las reducciones de cuotas a la Seguridad Social. A las agencias privadas de
colocación destinan ustedes 140 millones de euros en 2015; multiplican por siete los recursos de que disponían estas agencias en 2013. No hemos visto ninguna evaluación de su gestión ni de su eficacia a la hora de colocar desempleados y parados de
larga duración. Señora secretaria, ¿qué medidas van a tomar para fortalecer los servicios públicos de empleo? Hay una partida para ello. ¿Van a proceder a contratar a los 3.000 orientadores que despidieron en 2012? ¿Van a poner el acento en la
orientación para favorecer la empleabilidad de los parados de larga duración? Los programas para el fomento del empleo y la protección a colectivos más vulnerables, como son las mujeres maltratadas, ¿qué resultaron han tenido? ¿Cuál es la
previsión para 2014? Le voy a dejar un conjunto de preguntas al respecto y espero que pueda remitirme las respuestas cuando pueda.


Ha comentado usted el programa Prepara. A él destina un 20% más. Según los datos de que disponíamos -no sé los que ha podido facilitar ahora a mi compañera-, el Prepara I benefició a 170.000 personas y el Prepara II a 180.000. Tengo la
impresión de que a partir de la modificación sustancial de los requisitos para su acceso apenas alcance a 60.000 beneficiarios cada uno de estos programas (III, IV, V y VI) en los sucesivos periodos.


En cuanto a la garantía juvenil, desde nuestro punto de vista ha perdido en 2014 la oportunidad de la gestión de la garantía. A final de 2013 presentaron el programa a Bruselas; no quisieron comparecer para explicarlo y nos remitieron a la
web del ministerio para analizarlo porque había que presentarlo con mucha urgencia. Han creado un registro nuevo al cual se han acogido 30.000 solicitantes frente a los 800.000 que existen. El problema, señora secretaria, es qué hacen con el resto
de los demandantes de empleo menores de veinticinco años.


El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, tiene que concluir porque ya ha agotado el tiempo. Le ruego lo haga en unos segundos.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: En el presupuesto plantean 470 millones para la garantía juvenil que, por cierto, integran en las políticas activas de empleo, con lo cual no sabemos si el incremento de las políticas de empleo se debe
precisamente a la incorporación de estas partidas.


Termino, señor presidente, hablando -déjeme un minuto- de la cobertura por desempleo. Efectivamente, el acuerdo de 29 de julio con los agentes sociales, con los sindicatos, fue un compromiso para ampliar de forma sustancial la cobertura de
desempleo, que está por debajo del 60% de paro registrado -como le he dicho, 3.300.000 parados sin protección según la EPA-. Los Presupuestos Generales proponen un recorte de 7.000 millones, una reducción del 30% de la aportación del Estado con
respecto a 2014. La razón de esta reducción de la cobertura -usted lo sabe muy bien- se debe, por una parte, a los propios recortes que ustedes han desarrollado con las normas y decretos-leyes que han traído a este Parlamento recortando la
prestación contributiva, la reducción de la cotización...


El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, me ha pedido un minuto y ya ha transcurrido con creces.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Medio segundo.


... la eliminación de subsidios, el de mayores de 55 años, mayores de 52, los cambios de requisitos de los mayores de 55. Todo esto es enormemente preocupante; también el paro de larga duración, puesto que los beneficiarios agotan la
protección.


Señor presidente, simplemente quiero recordar a la secretaria de Estado que el Grupo Socialista hizo una proposición no de ley, apoyada por todos los grupos de esta Cámara y rechazada con los votos del

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Grupo Popular el pasado 7 de septiembre. Nos gustaría que llegaran a un acuerdo con los sindicatos para aumentar significativamente la protección por desempleo; es un tema clave y, si consiguen llegar a un buen acuerdo, no le quepa duda de
que este grupo lo va a apoyar.


El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra, como procede, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero no voy a concluir hoy la comparecencia de presupuestos -que probablemente sea la última que a mi me toque presidir- sin recordar, y
a efectos también de la compareciente para que actúe en la forma que ella estime procedente, que las comparecencias tienen por objeto informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2015. Lo digo, porque en los
últimos años ha habido una deriva progresiva que más que informar lo que hace es cuasi debatir y cuestionar. Un asunto es contextualizar una pregunta y otra emitir juicios de valor, ya que hay actos parlamentarios en los que obviamente procede
hacerlos -los hay-. Quería manifestarlo.


En segundo término, ha hecho una referencia, que yo no sé si he entendido bien, a que había risas de los diputados populares. Yo no he visto ninguna. (La señora Gutiérrez del Castillo y el señor De la Rocha Rubí hacen signos afirmativos).
No, no; no se va a abrir debate. Le quiero decir que cuando usted ha afirmado eso yo no he visto a nadie reírse aquí.


Tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias nuevamente, señora secretaria de Estado, por sus explicaciones un año más sobre este presupuesto para 2015, que no sabemos si será el último o no, porque realmente el presupuesto se elabora en el
mes de septiembre y cuando lleguemos a septiembre no habrá acabado la legislatura; pero no nos corresponde a nosotros valorarlo ni en un sentido ni en otro. Ahora estamos en el presupuesto para 2015.


Realmente nos compete, señorías, ver la evolución que hemos llevado en todos estos años en que la señora secretaria de Estado ha comparecido para analizar estos presupuestos para el empleo. Es evidente, señorías, que cuando llegamos nos
encontramos con una situación no delicada sino que el propio Estado estaba en la UVI, prácticamente al borde de la quiebra; fue entonces cuando elaboramos unos presupuestos que deberían haberse confeccionado antes de suspenderse la legislatura y no
se hizo. Se elaboraron en el primer trimestre de 2012, constituyendo los presupuestos para ese ejercicio. Eran, como siempre dijimos, muy duros, porque han exigido unos grandes sacrificios a la sociedad española; pero que adoptaron las grandes
medidas que era necesario tomar para llegar al punto de partida que queríamos y que era el objetivo fundamental: el crecimiento y la creación de empleo. Si simplemente analizamos la evolución de los datos, no creo que haya nadie, ni en el contexto
nacional ni internacional, que pueda discutir que ese objetivo se está cumpliendo. Los presupuestos para 2013 pretendían propiciar la recuperación después de hacer todos los ajustes necesarios y todas las reformas que estaban en marcha. Los
presupuestos del ejercicio 2014, cuando vino aquí la señora secretaria de Estado -podemos revisar los 'Diarios de Sesiones'- eran los presupuestos para propiciar la recuperación, el inicio de la recuperación.


En los presupuestos en los que nos encontramos, señora secretaria de Estado, son los presupuestos de la consolidación de la recuperación, del empleo y de las políticas sociales. ¿Por qué podemos decirlo? Porque tenemos la credibilidad de
haber cumplido con todas esas previsiones presupuesto tras presupuesto, y no solamente con las previsiones que se hacían en los cuadros macroeconómicos del Gobierno sino que se han superado: en el caso del crecimiento del PIB en más y en el caso de
los parados en menos. Por tanto, señora secretaria de Estado, creo que vamos en la buena dirección. ¿Esto quiere decir que estamos satisfechos? No, ni lo estaremos; lo único que quiere decir es que desde el Grupo Popular ratificamos que las
políticas del Gobierno y el discurso del Grupo Popular eran los acertados y que, sin lugar a dudas, tenemos que seguir incidiendo en ese tipo de políticas que nos están llevando a que durante 2014, por ejemplo, se hayan creado 1.600 empleos cada
día, que cada mes 34.000 personas se hayan incorporado al mercado de trabajo y que en este momento, señorías, tengamos 276.000 parados menos y 356.000 afiliados más a la Seguridad Social. Son parámetros que no podemos dejar de tener en el
frontispicio de nuestros análisis a la hora de valorar estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social -que, sin lugar a dudas, es un elemento definitivo en materia de empleo- ha tenido un crecimiento del 2,18 en la tasa de
afiliación, lo que supone 5 puntos en un año. Hemos recuperado 500.000 empleos desde 2013 y, por referirnos al último año, la tasa interanual de 2011 había 577.000 parados más, y ahora estamos hablando de 276.000 menos. Creo que esas cuestiones
son muy importantes a la hora de valorar el resto porque sin estas apreciaciones el resto se cae en su propio discurso.

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En septiembre -que es el peor, es malo para el empleo- hemos tenido 19.020 personas paradas más, pero en septiembre de 2011 -que había otro Gobierno- los parados se incrementaron en 95.000 personas. Además, la contratación indefinida -que
tanto les preocupa- en aquellos registros bajaba en la misma proporción que ahora sube; subir y bajar no es lo mismo. En septiembre de este año el paro, si quitamos la estacionalidad, de la que siempre se acusa cuando se habla de sus buenas
cifras, no solamente no ha crecido sino que ha bajado en 33.000 personas. Estos datos hay que analizarlos con rigor, con seriedad y con un espíritu constructivo.


Señorías, creo que nos encontramos en un momento -en este presupuesto- de nuevas reformas, de cambio hacia un empleo estable y de calidad, basado en -algo fundamental que ha dicho la secretaria de Estado- el diálogo con los agentes sociales
alcanzado en julio, que nos parece fundamental, y también con las comunidades autónomas. Todo ello es para acortar ese tránsito entre el paro y la empleabilidad. Ese es el objetivo seguro que ha animado a los agentes sociales a firmar este
documento con el Gobierno en julio. Además están, todas las políticas que no voy a reiterar, como la modernización de los servicios públicos, el portal único y las políticas activas de empleo -de las que tantos años hemos estado hablando y hemos
visto claramente que a mayor presupuesto no había más bajada de paro sino todo lo contrario, más presupuesto más incremento de parados-. Entiendo la preocupación del Grupo Socialista y de la señora Gutiérrez, la entiendo porque nosotros también la
tenemos. Quisiera animarla a que lo que aquí expresa -que me parece que está en su derecho de hacerlo- usted se lo reclame al Gobierno de la comunidad autónoma de la que usted es diputada en este momento, porque en diciembre de 2013 tenían sobre
políticas de empleo un 81% sin ejecutar. Esto es muy grave. Se dice esto aquí cuando luego donde tienen responsabilidades de gobierno ni siquiera son capaces de gastar ese presupuesto. Uniéndolo a esto mismo -y voy terminando, señor presidente-,
comparto la preocupación social -no la pongo en duda porque le conozco hace muchos años y me considero, y puedo decirlo aquí, buena amiga aunque seamos adversarios políticos- del señor De la Rocha, tal como hoy la ha expresado aquí en su primera
intervención, por los parados y por las políticas sociales. Sinceramente, no le he oído decir absolutamente nada de la situación que hay en Andalucía, donde no es que no se apoye a los ricos, no, sino que se hacen directamente ricos a costa de los
parados. (Aplausos). Dada su enorme sensibilidad social, señor De la Rocha -que la conozco y doy fe de ella- me parece que no es excesivamente ecuánime por su parte, por calificarlo suavemente.


Igual sucede cuando hablan ustedes sistemáticamente de que la reforma fiscal es para apoyar a los ricos. Sinceramente, ya no se cómo explicárselo. No sé cómo explicarles a ustedes que hay 9.000 millones que van a estar en manos de los
ciudadanos y no de los ricos. Cuando ustedes hablan de que esas grandes fortunas derivan por otros lados sus rentas y sus beneficios, les tengo que recordar -se lo ha dicho el señor Montoro muchas veces y yo alguna vez también desde la tribuna- que
cuando ustedes gobernaban la media del impuesto sobre sociedades -parece ser que es lo que a ustedes les preocupa tanto- estaba en el 3% y ahora ya está cercano al 15%. Unos llevan la fama y otros cardan la lana; nosotros somos de los que sin duda
cardamos mucha lana, porque nos preocupan las cosas serias, como la justicia social y los parados. Desde luego, no vamos a consentir que nadie nos tache de que estas cuestiones no nos preocupan. No dudamos de que ustedes estén al mismo nivel que
pueda estar el Grupo Popular en preocupación social, pero sinceramente no les vamos a admitir ni un paso más allá, porque además los hechos lo demuestran, señorías. Ustedes son el partido del paro sistemáticamente cuando gobiernan y el Partido
Popular es el de las recuperaciones económicas y del empleo. Esto está en la historia; igual que se están estudiando otras cosas en la Historia de España esto también se estudiará; se estudia ya en muchas de las escuelas de negocios. Por lo
tanto, creo que hay que pasar del discurso a los hechos. Ustedes pueden decir que no, pero en estos presupuestos de cada 100 euros se dedican 54 a gasto social. Ustedes dicen que no. Voy a añadir que, de esos 54 euros de cada 100 que, gasta este
presupuesto en política social, 52 van al Ministerio de Empleo. Por ello, señorías, sensibilidad toda, datos todos, satisfacción poca, trabajo mucho, y recorrido todavía mucho por hacer, agradeciéndole sobre todo a la sociedad española el esfuerzo,
la comprensión y la colaboración de estos años, junto con agentes sociales, administraciones públicas en su conjunto, que han sabido apretarse el cinturón y cumplir escrupulosamente el déficit, y desde luego a este Gobierno que, insisto, ha
demostrado tener una enorme sensibilidad social, y concretamente el Ministerio de Empleo una enorme responsabilidad en materia de empleo y en materia de diálogo social, y que nosotros como no puede ser de otra manera apoyamos y felicitamos desde el
Grupo Parlamentario Popular. (El señor De la Rocha Rubí pide la palabra).

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El señor PRESIDENTE: ¿Con qué objeto pide la palabra el señor De la Rocha?


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señor presidente, la señora Álvarez-Arenas ha utilizado su turno para un debate conmigo sobre la intervención anterior, deformando mi intervención, y quisiera tener un par de minutos para poder aclarar y replicar.


El señor PRESIDENTE: De forma obviamente infructuosa he hecho una apelación in extremis a la naturaleza de estas comisiones, desgraciadamente como digo con poco éxito, y se han ido transformando en algo que no deberían ser. Debería ser una
cuestión informativa donde se acopian datos que aclaran la posición que luego permite a los grupos parlamentarios formular o no enmiendas, y no hacerlo carentes de información; ese es el objeto de estas comisiones, aunque a ustedes les parezca
increíble. Repito, ese es el objeto de estas comisiones.


Usted conoce perfectamente la retórica parlamentaria y también que incluso la señora Álvarez-Arenas ha hecho un uso equilibrado, apoyándose en su buena amistad y en la relación profunda entre ambos para puntualizar algunas de las cuestiones
que se han dicho a lo largo de la tarde desde la bancada socialista, desde su legítimo papel de oposición. No creo que haya habido realmente una alusión intuitu personae que pudiera dar lugar a que se aplicara, supongo que usted en todo caso
solicitaría el amparo procesal del artículo 73 del Reglamento. Es un poco tarde. Cuando hablamos a veces no nos damos cuenta de lo que decimos a la otra parte y viceversa. Les hago esta consideración pro futuro. ¿Quiere añadir algo?


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Sí, señor presidente.


No quiero llamar la atención a la Presidencia y menos a usted, a quien tengo respeto y más que respeto, pero si usted ha permitido que la señora Álvarez-Arenas haya utilizado su turno para una réplica de un debate que tuvo lugar hace dos
horas, parece razonable que eso no pueda quedar como la última palabra -no digo que la última palabra la deba tener yo-, pero como algo que pueda quedar sin contestación, entre otras cosas porque ha hecho afirmaciones que a mí me parece que son
profundamente inexactas.


El señor PRESIDENTE: Creo que lo que ha hecho ha sido una queja ante lo que ella considera una falta de objetividad -pero tiempo tendrá de puntualizarlo ahora- de parte del Grupo Socialista, que en algunas cosas se niega a reconocer, según
su criterio, los avances que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho en una materia tan complicada y con tanta repercusión social.


Como no quiero que estemos debatiendo aquí conmigo mismo para decirle sí o no, le voy a dar dos minutos a usted y dos minutos a la señora Álvarez-Arenas, que cerrará, le guste o no le guste lo que le diga ella. De manera que tiene usted dos
minutos.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Quiero reiterar, clarificándolo, lo que dije antes. Me refería al presupuesto de desempleo, al recorte de 4.600 millones de euros en la aportación del Estado a las prestaciones de desempleo, y dije que esa
partida había que verla en paralelo con otra partida que es la disminución de la contribución que hacen al IRPF las rentas más altas, con la reforma que acaba de hacer y que está tramitando el Gobierno del Partido Popular, y que se está aprobando en
el Congreso. Es una reforma que a las rentas más altas les significa una disminución en su aportación a los fondos públicos de al menos 3.500 millones en 2015, aunque parece que pueden ser más el otro año. Dije, y me ratifico, que esto expresa una
política que es pasar fondos presupuestarios de los pobres, de los parados y de aquellos que ya no tienen nada que percibir, a los que más tienen. Y cité una frase, que se atribuía a Reagan, que expresa el fondo ideológico más nítido de ese
pensamiento, un pensamiento que entiende que para crear empleo los ricos tienen que ganar más, y que los pobres tienen que ganar menos para aceptar cualquier tipo de trabajo.


Termino con una última referencia que ya he introducido, el tema del impuesto sobre sociedades. Si fuera tan cierto que este impuesto estaba tan mal, ¿cómo es posible que lo vuelvan a bajar para las grandes empresas? Alguna contradicción
hay en esa afirmación que ha hecho la señora Álvarez Arenas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha, por atenerse al tiempo otorgado. Lo magnífico de estas comisiones es que al final acabamos hablando de impuestos.


Tiene usted la palabra, señora Álvarez-Arenas.

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La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor De la Rocha, las prestaciones por desempleo el Gobierno las ha bajado porque van a bajar los parados. Por tanto, como esa previsión está así... Además usted sabe que las prestaciones por desempleo
son un crédito ampliable, por lo que no tenga usted ninguna preocupación en ese sentido. En otro sentido está el tema de la política fiscal. Comprendo que a ustedes no les guste reconocerlo, pero es que los ciudadanos que ingresen de 12.000 euros
anuales para abajo no van a tener que hacer la declaración de la renta. Es el primer Gobierno que lo hace. Comprendo que a ustedes les hubiera gustado hacerlo, pero fueron incapaces. O no supieron hacerlo o no quisieron o no pudieron, y lo ha
hecho este Gobierno.


El impuesto sobre sociedades se va a bajar a las pymes, señor De la Rocha, no a las grandes empresas, que con ustedes pagaban el 3%. Hay una ligera diferencia. Yo les respeto más que ustedes en política social, pero no vamos a consentir ni
media lección en este campo.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar la comparecencia, la secretaria de Estado de Empleo tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Señorías, lo cierto es que en el último trimestre del año 2014, gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos los españoles y a las reformas valientes y decididas que el Gobierno del
Partido Popular ha acometido desde diciembre de 2011, estamos hablando de unos presupuestos que implican consolidación de la recuperación económica y generación de empleo. Me hubiera gustado que solo por generosidad y por lo que llevamos pasado en
este país esto al menos también se reconociera desde las filas de la oposición, pero lo cierto es que, si analizamos el presupuesto haciendo caso al presidente de esta Mesa, en el mismo se contiene un crecimiento del PIB que como saben este año es
del 1,2% y del 2 % el año que viene. Estamos en un momento económico muy distinto, señorías, al que teníamos cuando empezamos la legislatura. Lo que puedo asegurar es que este escenario macroeconómico del Gobierno para estos presupuestos se ha
hecho como siempre desde la responsabilidad y la prudencia. Las previsiones sobre empleo son 622.000 empleos netos entre finales de 2013 y finales de 2015; sobre crecimiento del empleo 0,7% en 2014 y 1,4% en 2015, y la tasa de paro 24,7% para 2014
y 22,9 para 2015. Pero, señora Gutiérrez, no haga trampas. En el último trimestre de 2015 la tasa prevista es de 22,4%. Lo digo porque cuando ha dicho que la tasa es superior a la que había cuando dejó de gobernar el señor Rodríguez Zapatero,
obviamente hay dos décimas de diferencia. Únicamente estamos hablando del último trimestre, pero como digo siempre trabajaremos desde la prudencia. Trabajaremos para que, como ha pasado en estos últimos tres años, la realidad supere las
previsiones. Ojalá siga siendo así.


Dice que intentamos poner en cuestión los datos de previsión de empleo que soportan estos presupuestos. En la actualidad todos los sistemas que miden la situación del mercado laboral son coherentes. Se podrá estar más de acuerdo con uno o
con otro, o tener en cuenta la afiliación a la Seguridad Social, pero todos son absolutamente coherentes y todos ponen que se quebró la tendencia de destrucción masiva de empleo, que se empezó a recuperar, y que a día de hoy la afiliación ha
aumentado en 356.258 personas con respecto al año pasado. En la tasa de variación anual el incremento alcanzó el 2,18%. El paro registrado, señorías, ha disminuido en 276.705 personas, lo que lo sitúa en términos interanuales en el menos 5,86%.
Les recuerdo que en mayo de 2012 la cifra era del 12,5% de crecimiento mensual de paro registrado. Además se ha dinamizado la contratación, especialmente en los indefinidos, como muestra que en septiembre crecieran un 29%, 13 puntos más que la
contratación temporal. Por su parte, para el primer trimestre de 2014 la EPA arroja el primer avance de la ocupación tras veintitrés trimestres seguidos -señorías, se dice pronto, veintitrés trimestres- de pérdida de empleo. Lo hizo al ritmo del
1,1%, similar al PIB, que creció en el 1,2%, lo que muestra aquello tan importante que se ha puesto de manifiesto en nuestro mercado laboral: que se está creando empleo por primera vez antes de que el crecimiento del PIB alcance tasas que antes
eran necesarias, por encima del 2%. Creo que esto es relevante, y lo es con solo dos trimestres de muy leve crecimiento; les recuerdo que fue del 0,1% en el tercer trimestre de 2013 y del 0,2% en el cuarto, y que en el cuarto la ocupación ya pudo
mostrar un incremento del 0,2%, en ese mismo trimestre. Ello constituye una absoluta novedad y contrasta especialmente, señorías, con la recuperación de 2010-2011. Entonces también se registraron tasas de crecimiento del PIB positivas durante
cinco trimestres, hubo cinco trimestres en el periodo 2010-2011 en el cual el crecimiento fue positivo, sin que en dichos cinco trimestres el empleo -según la EPA-, la afiliación a la Seguridad Social o el paro registrado dejasen de caer ni el
desempleo de subir. Esta es la auténtica transformación que se ha llevado a cabo gracias a las modificaciones operadas en el marco legislativo de nuestro mercado laboral. Creo que merece la pena ponerlo en valor y reconocerlo.

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Evidentemente no nos damos ni muchísimo menos por satisfechos siempre y cuando haya más de 4 millones de personas buscando una oportunidad para el empleo. Ya lo ha dicho el presidente del Gobierno en más de una ocasión: lucha sin cuartel
contra el desempleo de esas personas que todavía están en el paro; lucha sin cuartel contra el desempleo. Se lo hemos dicho antes, estamos en ese punto en el que lo que es necesario es que la transición del desempleo al empleo sea lo más corta
posible, ayudando, acompañando a las personas que están buscando empleo para que lo encuentren cuanto antes. Por ello he dado mucha importancia en mi exposición a la transformación que estamos operando en el marco de políticas activas, y por eso le
he dicho que es una apuesta decidida de este Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, porque les recuerdo, señorías, que la competencia de las políticas activas en este país es de las comunidades autónomas. Se hizo la transferencia
con el coste efectivo a esas comunidades autónomas, y evidentemente los costes inherentes al mantenimiento, al funcionamiento de los servicios en las comunidades autónomas es competencia de ellas mismas, pero ello no obsta a que desde los
presupuestos generales se haga este año un esfuerzo importante -16% de incremento, 25% la cuantía que se transfiere a las comunidades autónomas- para que esas políticas activas permitan acompañar a los desempleados, y evidentemente para que seamos
capaces de que encuentren una oportunidad cuanto antes.


La tasa de paro en este país depende en gran medida de que seamos capaces de atender a las personas que están buscando una oportunidad en el empleo. Debemos ser capaces de atenderlas de forma individualizada, de hacer un análisis de qué
tiene que hacer para encontrar trabajo en función de su capacidad, y con ello conseguiremos que la permanencia en esa lista de desempleo sea la mínima posible. Como le digo esta puesta en marcha de las políticas nuevas de la estrategia de
activación solo pasa por la colaboración y por la coordinación con las comunidades autónomas, no hay otro camino posible. Por eso aprobamos la estrategia española de activación, cuyos objetivos estratégicos coinciden plenamente con lo que usted ha
dicho y con lo que todos tenemos en la cabeza: jóvenes, colectivos especialmente vulnerables, parados de larga duración, beneficiarios del Prepara, mayores de cuarenta y cinco años, formación de calidad, vinculación de políticas activas y pasivas,
y emprendimiento; esos son los objetivos estratégicos. Después evidentemente hay objetivos estructurales, objetivos que año tras año han de prestarse por los servicios públicos de empleo autonómicos, y que de cara a su armonización se van a basar
en la cartera de servicios que vamos a realizar, de tal forma que se pueda ofrecer a cada persona parada, independientemente de la comunidad autónoma donde viva, una prestación de servicios similar en cuanto a sus contenidos de calidad.
Trabajaremos con las comunidades autónomas para hacer los protocolos de cómo han de ser cada uno de esos servicios de orientación, de intermediación, de atención personalizada, y podremos poner -como digo- esta estrategia en marcha.


La formación -como bien saben- no puede ser nada más que una herramienta básica de incremento de la empleabilidad de las personas que están buscando un puesto de trabajo, y una herramienta básica de incremento de la competitividad de
nuestras empresas. Por eso estamos trabajando conjuntamente con los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas para hacer la transformación del modelo, de tal forma que el 1 de enero de 2015 tengamos en nuestro país un modelo de
formación que atienda básicamente a las necesidades de las empresas, que sea capaz de dar trabajo al mayor número de personas posible, sobre la base de la formación que estén dando, y que se rija por los principios de eficiencia, transparencia,
calidad y evaluación. Estamos haciendo un trabajo intenso con los interlocutores sociales, y creo que este modelo nuevo de formación será capaz de transformar la realidad en nuestro país de las personas que están buscando una oportunidad.


Antes de pasar a otra cosa, hablaba usted, señoría, de que hemos hecho demasiada apuesta por las bonificaciones. Es curioso; es curioso que cuando el primer año hicimos una racionalización de las bonificaciones -quitamos bonificaciones que
llevaban treinta años de forma automática sin que nadie hubiese hecho la más mínima evaluación ni se hubiese cuestionado cuál era su peso muerto- ustedes nos criticaran profundamente el recorte de las prestaciones. (El señor De la Rocha Rubí: Van
en aumento esos recortes). Este año ponemos una serie de medidas, como por ejemplo la tarifa plana. ¿Sabe cuántos contratos indefinidos se han hecho con la tarifa plana, señoría? 133.000. Sin embargo no solo ponemos la medida -la medida está
teniendo efectos y la medida la evaluamos permanentemente-, sino que estamos viendo mes a mes cual está siendo el resultado. Como decía este año critica que pongamos más bonificaciones, y también critica que nuestra apuesta sea la colaboración
público-privada, que en el presupuesto va una cuantía importante, 80 millones para repartir a las comunidades autónomas, y 30 en el Servicio Público de Empleo Estatal para abordar la colaboración con los servicios públicos empleo.

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Señoría, si usted se va a la ley que regula las agencias de colocación, en el tercer párrafo de su exposición de motivos verá que dice: En todo caso, la intermediación en el mercado de trabajo se configura como un servicio de carácter
público, con independencia de los agentes que la realizan, que además de incrementar las posibilidades de colocación de las empresas, de las personas trabajadoras en desempleo pretende configurar un mercado de trabajo cada vez más equilibrado, que
subsane las disfunciones que impidan la adecuada casación entre ofertas y demandas empleo. Con esa ley, que hicieron ustedes en el año 2010, con esos dos párrafos nosotros estamos totalmente de acuerdo. Siempre les he dicho que en las agencias de
colocación la colaboración público-privada solo pretende sumar al protagonismo que tienen que tener de forma indiscutible los servicios públicos empleo -de forma indiscutible, señoría-, que deberán utilizar las agencias de colocación como elemento
para ser capaces de aunar las sinergias que permitan que no quede una sola oferta de trabajo sin cubrir. En cualquier caso, también he de decirle que es curioso, porque ya en los presupuestos desde hace muchos años existían lo que llamaban ustedes
las Opeas y los programas experimentales, que eran simplemente colaboración público-privada, pero no se incluían en la misma las empresas. ¿Sabe cuánto había en el último año de su presupuesto? 124 millones de euros, señoría. Con lo cual no
critiquen algo que solo viene a sumar a los servicios públicos de empleo, porque se le olvida una partida muy importante, la más importante de los presupuestos en cuanto a incrementos, que es la modernización de los servicios públicos de empleo:
100 millones de euros, señoría, destinaremos a esa modernización. Pero desde luego lo que se refiere a personal, lo que se refiere a la instrumentación, a la organización de los servicios públicos de empleo, es competencia de las comunidades
autónomas. Por ello serán ellas los que hagan la puesta en función de los diseños pertinentes que cada una considere oportunos para conseguir los objetivos, que no serán otros que la inserción de las personas que estén buscando un puesto de
trabajo.


Han hablado de prestaciones por desempleo y de tasa de cobertura. Las prestaciones por desempleo bajan un 15%, y efectivamente disminuye la aportación del Estado, que se fija en 10.000 millones de euros, pero hay un dato que es fundamental.
Como siempre, señoría, cualquier persona que tenga derecho a una prestación por desempleo, a un subsidio o a una renta activa de inserción tendrá la dotación presupuestaria para tener ese subsidio, esa prestación por desempleo, porque son de
carácter subjetivo. No sé si recordarán que en los últimos años hemos hecho un suplemento de crédito, o no sé si recordarán su último año, en el que hicieron un suplemento de crédito de 11.000 millones de euros. Con lo cual decir que hemos bajado
por bajar la partida, que está perfectamente adecuada a la evolución de este año, como ahora les diré, pone de manifiesto simplemente un desconocimiento, con todo el respeto, del carácter de subjetivas que conllevan las prestaciones por desempleo y
los subsidios. (La señora Gutiérrez del Castillo muestra el libro amarillo). ¿Por qué hemos puesto un 15% menos? Porque realmente si uno analiza las prestaciones en el crédito inicial, en el crédito liquidado y el crédito inicial de 2015 ve que
la evolución es perfecta. Nosotros teníamos un crédito inicial en el año 2014 de 29.429 millones de euros, la liquidación prevista para este año son 25.497 -vamos viendo mes a mes la evaluación en los últimos meses, y según los expertos
presupuestarios es muy difícil que haya mucha diferencia en esto-, y partimos de un crédito inicial de 25.002 millones. Es decir, con respecto a la liquidación del presupuesto del año 2014 las prestaciones por desempleo y los subsidios tienen
prevista una disminución del 1,92%, que si no tiene en consideración las cuantías de los datos que le he dado del escenario macroeconómico son perfectamente compatibles con lo que prevemos que suceda en el año 2015.


Además hay que mirar también la composición. Llevamos muchos años de crisis, la composición va variando, las personas van agotando la prestación contributiva y van pasando a los subsidios y a las rentas activas de inserción, de tal forma
que si lo analizamos la cuantía media prácticamente se mantiene en los dos presupuestos, disminuyen los beneficiarios de prestación contributiva en un 4,6%, se incrementan los subsidios por desempleo en un 5%, y se incrementa la RAI en un 9%. Esta
es la configuración que yo creo que hace que los presupuestos, como siempre, sean creíbles desde el punto de vista del análisis del gasto de las prestaciones. Con lo cual, señoría, usted habla de la tasa de cobertura, pero la tasa de cobertura no
es porque hayamos tocado en ningún momento las prestaciones desde el Partido Popular. Hemos garantizado en unos años de una dificultad inmensa lo que era la espina dorsal del sistema, tanto de prestaciones como de pagos a la Seguridad Social como
de pensiones a la jubilación. Fíjese, hay muchos factores que inciden en la tasa de cobertura, como una crisis muy larga o la duración de las prestaciones que tengan las personas que acceden. Yo le podría decir que entre diciembre de 2009 y 2011
hubo 10,13 puntos de caída en la tasa de cobertura, porque evidentemente iban variando, y no se me ocurriría decirle que ustedes lo que hicieron fue quitar las prestaciones por desempleo y bajar los subsidios. Esa es la diferencia.

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¿Cómo estamos trabajando nosotros? En primer lugar, intentando que en este país se frenara cuanto antes la sangría de destrucción de empleo y generando empleo, como se está haciendo ahora y le he mostrado con mis datos anteriormente. En
segundo lugar, haciendo más corto el tránsito del desempleo al empleo mediante una transformación auténtica. Nos hemos colocado a la cabeza de los países europeos en cuanto a políticas activas, en cuanto a evaluación, en cuanto a ser capaces de
aplicar esa evaluación al reparto de fondos, y por supuesto, porque nos preocupan sobremanera las personas más vulnerables, también estamos trabajando sobre la base del acuerdo que se firmó con los interlocutores sociales el 29 de julio para ser
cuanto antes capaces de ofrecer a las personas más vulnerables una mayor protección, siempre y cuando eso sea posible. Pero no se equivoquen, señorías, la protección ha de enmarcarse en nuestro ámbito competencial, dentro del ámbito del empleo y a
las personas que vengan del empleo, porque en el ámbito social la competencia es de la comunidad autónoma. Señoría, a mí lo que me parece -perdónenme la expresión- un poco incoherente es que se mantenga esta bandera levantada por las personas más
vulnerables, las que lo están pasando peor, y allí donde se gobierna y en el ámbito de lo social uno se ponga a mirar cuál es la configuración de las rentas mínimas de inserción, y se encuentre con que la duración es menor que en la mayoría de las
comunidades autónomas, con que la cuantía mínima y la cuantía máxima son menores que en las comunidades autónomas, y con que el gasto que se realiza en las comunidades autónomas en las que se gobiernan es menor que la media de las otras comunidades
autónomas. Por lo tanto no me diga que no resulta una falta de coherencia en los dos aspectos, porque en lo que estamos trabajando con los interlocutores sociales es en casar el mapa de prestaciones sociales con el mapa de prestaciones por
subsidios y prestaciones contributivas, para que de la forma más eficiente posible seamos capaces de atender a las personas más vulnerables y que peor lo están pasando con la crisis.


Siempre hablan ustedes de empleo precario. Es como si de pronto los contratos temporales, los contratos a tiempo parcial nos los hubiéramos inventado nosotros; como si fuera un tema que surge cuando empieza a gobernar el Partido Popular.
Le diré, solamente para que conste en el 'Diario de Sesiones', que tenemos que poner la realidad encima de la mesa. La situación más precaria es aquella en la que está una persona que no tiene trabajo; es el empleo que no existe. En un contexto
recesivo, en que la situación de crisis se ha prolongado seis años, lo normal y razonable es que la recuperación del empleo sea progresiva, que la contratación temporal y la contratación parcial actúen como pasarelas que den paso a un empleo más
estable y consolidado. Siempre hablan del empleo como si de pronto todo se hubiera convertido en temporal. (El señor De la Rocha Rubí: Esta subiendo). Hay que ver lo que ha pasado en los años anteriores. Todos los días escuchamos esto: poco
peso de la contratación indefinida en relación con la contratación estable. Si no me fallan los datos, en el año 2005 era el 8,99%; en 2006 el 11,75% -¿se acuerdan del crecimiento económico?-; en 2007 el 11,92%; en 2009 el 9,36%; en 2010 el
8,52%; en 2011 el 7,66%; en 2012 el 10,06%; y ahora mismo estamos en el 8%. Nos movemos en esa horquilla; es un problema estructural del mercado laboral. Ustedes no pueden decir que el empleo es ahora precario como si la proporción de los
contratos indefinidos con respecto a la contratación total de pronto hubiera dado un bajón. (El señor De la Rocha Rubí: Va hacia arriba). Y no solo eso, señoría. Respecto del contrato de emprendedores ponen poco en valor la serie de contratos
indefinidos que se están haciendo. Dijeron -y usted lo ha vuelto a decir hoy- que era un empleo precario. ¿Sabe una cosa, señoría? Han pasado dos años y de los contratos que se han hecho cada año, cuando pasa el año de prueba del contrato de
emprendedores, resulta que el mantenimiento en el empleo es exactamente igual que en el resto de contratos indefinidos, oscila en la misma proporción. Por lo tanto dejen ya de definir ese contrato como empleo precario porque los números están
conduciendo a otra realidad.


Señoría, creo que hoy ha dicho que el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total -no lo he apuntado- representaba el 50%. (La señora Gutiérrez del Castillo: He dicho las afiliaciones; que son 1.000). Según los últimos datos la
contratación indefinida respecto del total de personas asalariadas es el 76%. El 76% de contratos de las personas asalariadas en este país son indefinidos y el 24% son temporales. También ha hecho referencia -lo hacen habitualmente- a un informe
de la OCDE, donde se pone de manifiesto el régimen de desigualdad. Lo que nunca dicen es que ese informe de la OCDE es del año 2011. Eso no lo dicen nunca, señoría. Siempre hemos dicho que hay que trabajar para que esa desigualdad se convierta
cada día en más oportunidades. Es algo que llevamos haciendo durante tres años, porque las reformas que ha emprendido el Gobierno siempre se han hecho con un objetivo básico, que era el crecimiento económico para que se generase cuanto antes
empleo, empleo estable y de

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calidad, y atendiendo -también lo ha dicho muchas veces el presidente del Gobierno- en esa crisis a las personas más vulnerables. En cualquier caso, señoría, son unos presupuestos pensados para la consolidación y la recuperación.


Me da mucha tristeza -porque hemos trabajado mucho en ello- que usted no ponga en valor lo que hemos hecho en materia de la garantía juvenil desde que salió. En España llevamos mucho tiempo trabajando para favorecer el empleo juvenil y para
dar mejores y más oportunidades a los jóvenes. Hemos alcanzado quince hitos importantes. A través de la reforma del mercado de trabajo se introdujo al comienzo de la legislatura el contrato de apoyo a emprendedores. En febrero de 2013 el Gobierno
de España, tras un proceso de diálogo y participación con los interlocutores, aprobó la estrategia de emprendimiento y empleo joven. No nos conformamos y dimos la batalla por los jóvenes en Europa, y el 22 de abril de 2013 el Consejo Europeo aprobó
la recomendación sobre el establecimiento de la garantía juvenil. España consiguió 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos realizados en atención directa a los jóvenes. Esta información se comunicó a todas las comunidades
autónomas a través de una carta, con fecha 3 de diciembre de 2013, y a continuación, el 19 de diciembre de 2013, se envió el Plan de implementación de la garantía juvenil; plan que ha sido valorado de forma muy positiva por los servicios de la
Comisión Europea y que el propio comisario de Empleo destacó en el Consejo Europeo de Ministros de Empleo por su ambición, asegurando que se encontraba entre los mejores planes enviados por los Estados miembros. Hemos realizado la construcción del
sistema nacional de implantación de la garantía juvenil en seis meses, señorías, para poder poner en marcha el sistema de garantía juvenil. En enero de 2014 activamos el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, creado en la última
conferencia sectorial de empleo, para coordinar y avanzar en la instrumentación de la garantía juvenil. En total, se han celebrado cinco reuniones multilaterales con las comunidades autónomas y bilaterales con cada una de ellas. Muchas reuniones.
El 22 de abril del año 2014, España envió el acuerdo de asociación de los fondos estructurales y de inversión europeo 2014-2020, paso previo al envío de los distintos programas operativos, entre ellos el programa operativo de empleo juvenil. El
programa operativo de empleo juvenil, principal palanca de financiación de la garantía juvenil, contará, como ya saben, con más de 2.800 millones de euros en coste total. El 4 de julio de 2014 aprobamos el real decreto-ley por el que se pone en
marcha el sistema nacional de garantías juveniles en España, se regula el procedimiento de acceso a los jóvenes y se aprueban las medidas de fomento de la contratación en el ámbito de la Administración General del Estado. El 7 de julio se puso en
marcha el portal de garantía juvenil, que es el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones públicas, las empresas y todas las entidades. Permite solicitar el alta en el sistema e incluye, además, una herramienta para facilitar que
las empresas puedan contratar a jóvenes inscritos y las personas inscritas pueden acceder a contenidos específicos como píldora formativa. En esa misma fecha se habilitó el registro del sistema de garantía juvenil y el 7 de julio se habilitó un
servicio de información telefónica especializado en garantía juvenil. Seguimos trabajando por los jóvenes, señoría. Se está trabajando con los servicios autonómicos de empleo y con la red de oficinas de juventud; seguiremos trabajando con las
comunidades autónomas en la comisión delegada de seguimiento y evaluación de la garantía juvenil y articularemos nuevas medidas de formación para favorecer la contratación junto con las comunidades autónomas. Antes de finalizar el año -esto es muy
importante, señoría-, tendremos un sistema de información y de gestión compartido con todas las comunidades autónomas de garantía juvenil.


Usted me dice que hemos perdido el año en materia de garantía juvenil cuando realmente ya se están beneficiando de la tarifa plana y de la medida de bonificación de 300 euros los jóvenes que están accediendo al sistema de registro de la
garantía juvenil. Ha dicho usted también, señoría, que en materia de políticas activas estaba de acuerdo con el impulso a la orientación, con mayor y mejor colaboración con las comunidades autónomas y con la modernización de los servicios públicos
de empleo. Comparto total y absolutamente, como he puesto de manifiesto en mi intervención, esos objetivos y esos ejes que usted ha expuesto. También ha dicho que somos responsables de todos los parados de larga duración que hay en la lista del
paro que llevan muchos años. Podríamos compartir responsabilidad porque se quedaron en el paro cuando ustedes gobernaban. Los que más tiempo llevan se quedaron en el paro cuando ustedes gobernaban.


Ya le he dicho lo que pienso de las bonificaciones. Vamos a hablar ahora del Prepara. Hemos puesto la dotación en los presupuestos y está perfectamente contemplado, pero he de decirle una cosa, todas las personas que cumplen las
condiciones que se fijaron en la regulación del Prepara tienen la prestación, tienen el subsidio y tienen la ayuda, siempre que se cumplan esas condiciones. Y aprovecho para señalar,

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si me permite su señoría, en relación con las preguntas que me habían hecho sobre el tema del Prepara, que las modificaciones sustanciales que nosotros abordamos en esta materia fueron dos; primero, tener en consideración la renta no solo
del cónyuge y de los demás miembros que conviven con esa persona, sino también, si vive con sus padres, se tiene en consideración la renta de los mismos, y segundo, ligarlo de forma importante a la activación para el empleo. Durante el primer mes,
desde que solicita la prestación hasta que se le puede dar, ha de demostrar que ha hecho una búsqueda activa de empleo. Esa búsqueda activa de empleo que se reguló en una resolución del Servicio Público de Empleo consistía en presentar dos
currículums a empresas, darse de alta en un portal de empleo, ir a una oficina de empleo y coger una oferta de empleo; es decir, actuaciones, desde un punto de vista de activación para el empleo, sencillas y sin grandes complicaciones. Estas
fueron las dos modificaciones, conjuntamente con incrementar la cuantía para aquellos hogares en los cuales hubiese tres miembros o más, que se abordaron en el marco del Prepara. Se está atendiendo a todo el mundo que cumple con esas condiciones.
Estamos viendo, y los datos que le he dado a la señora diputada lo ponen de manifiesto, que los índices de inserción no están siendo tan exitosos como nos gustaría, por eso, en el primer contrato derivado del acuerdo marco que hemos puesto en
marcha, el objetivo básico en el Servicio Público de Empleo son los beneficiarios del Prepara. Tenemos que ser capaces de unir a las actuaciones que hacen los servicios públicos las actuaciones de las agencias de colocación, a ver si conseguimos
que esa bolsa de personas que en definitiva son los que más años llevan en el paro, algunos de muy baja cualificación, los que llevan más años desenganchados del mercado laboral, puedan cuanto antes encontrar un puesto de trabajo. Este es el
objetivo que subyace en todos los Presupuestos Generales del Estado; el crecimiento económico y la creación de empleo son el objetivo por el que trabajaremos en el año 2015.


Una vez más les doy las gracias por sus intervenciones y su colaboración. Estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su amplia y cumplida exposición de los Presupuestos Generales del Estado de su departamento.


Con esto concluimos la Comisión y dentro de cinco minutos iniciaremos la sesión relativa a las preguntas formuladas sobre el Prepara, a las que se acaba de referir doña Engracia Hidalgo.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.