CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 622

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ

Sesión núm. 60 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

27 de agosto de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio). (Número de expediente 121/000104) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio). (Número de expediente 121/000104) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO). (Número de expediente 121/000104.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Quiero darles la bienvenida a sus señorías en este inicio de curso.


Vamos a empezar con la ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa: proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia. ¿Se aprueba por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO). (Número de expediente 121/000104.)


El señor PRESIDENTE: El punto 2.º, que es el debate del proyecto de ley, vamos a hacerlo por bloques. Primer bloque, financiación e impulso a la actividad económica, título I, capítulos I a III, artículos 1 a 15.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Félix Lavilla.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Espero que todas sus señorías hayan pasado un buen verano. Así lo he hecho yo en mi provincia de Soria, que es un buen lugar para visitar. Voy a aprovechar este espacio para difundir las bondades de mi
provincia.


Intervendré en este primer apartado en el ámbito de la tramitación del Real Decreto 8/2004 en lo que se refiere al impulso de la actividad económica, aunque, como veremos, tiene más que ver con la improvisación y el hecho de favorecer a las
grandes superficies en perjuicio del pequeño comercio y en perjuicio también de la creación y el mantenimiento del empleo, la actividad económica y la vertebración comercial de España o la dimisión en el apoyo, por la vía de los hechos, a la empresa
española en su internacionalización. Como le he dicho muchas veces al señor secretario de Estado, y la realidad desgraciadamente me lo demuestra, las empresas españolas exportan a pesar del Gobierno.


Estructuraré mi intervención en cuatro apartados. El primero, la herencia, en la que se escuda el Gobierno para no asumir sus propias responsabilidades; el segundo, la situación económica general y su incidencia en los ámbitos que se
pretenden regular con este proyecto de ley; el tercero, la comparación de la media de España con los datos de la Comunidad de Madrid, responsabilidad del Gobierno del Partido Popular y buque insignia en materia comercial, lo que podríamos llamar la
ley de la selva en materia comercial. Y el cuarto, la alternativa socialista de este improvisado proyecto de ley procedente de ese real decreto, que se concreta en las enmiendas 178 a 262. Paso a explicar las presentadas a este primer bloque.


En el primer apartado, sobre la base de la herencia, el actual Gobierno justifica que no cumple -siempre, en este proyecto de ley y en todo- su compromiso electoral con los ciudadanos y trata de neutralizar la labor democrática de la
oposición al Gobierno. Pero la herencia, señorías, se coge o no se coge; si se coge, se asume; si no, se dimite y se convocan elecciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, traduciéndolo a lo que es la herencia en materia política,
dice en su segunda acepción que la herencia es un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que son transmisibles a sus herederos o sus legatarios. Pero dice también que es el acto expreso o tácito por el que el heredero asume los bienes,
derechos y cargas de la herencia; por lo tanto, se asume todo. Por no extenderme más en este apartado, diré que la crisis internacional tiene su origen en la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, el 15 de
septiembre de 2008, con el agravante en España del bum inmobiliario, ese mismo que De Guindos el día 26 de junio de 2003, entonces secretario de Estado de Economía y actual ministro, negaba en ABC. Por lo tanto, no les pediré responsabilidades por
ello puesto que los ciudadanos ya evaluaron en su día su gestión, así como la nuestra en la pasada legislatura. Pero

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ahora ustedes comprometieron un programa electoral, tienen unos compromisos con el sector comercial, con la actividad económica y son responsables ante los ciudadanos de sus propios compromisos. La obligación de la oposición es demostrar si
cumplen o no cumplen con su programa electoral. Diré, señorías, que no están cumpliendo con su programa electoral y nuestra responsabilidad democrática es denunciarlo. Si tanto les molesta la herencia, no haberla cogido, tenían que haber dimitido
y haber dado la palabra al pueblo. Si se quedan con ella, como decía, tienen que asumir también las cargas. Se acabaron las excusas para tapar el mayor fraude en el cumplimiento del programa electoral de la historia de España.


En cuanto al segundo apartado -entraremos en materia-, la situación económica general y su incidencia en los ámbitos que se pretenden regular, nos centraremos en cuatro ámbitos: la financiación y el crédito para las pymes y la
internacionalización; la caída en las exportaciones; el crecimiento negativo en el comercio interior y la comparación del total nacional con el buque insignia del Partido Popular, su modelo en la Comunidad de Madrid. Sobre la financiación y el
crédito a las pymes diremos que no fluye; es una realidad objetiva sobre la que no me extenderé porque no hay tiempo para ello. No fluye el crédito en España para las pymes y es el principal obstáculo para el crecimiento de la economía. Ante la
sequía crediticia, las pymes sufren de tal modo que se asfixian y obligan a acometer despidos o a cerrar. El Cesce, sobre todo para las empresas de la internacionalización a la que se refieren en su proyecto de ley, era una organismo público que
daba beneficios, que era rentable, que funcionaba bien, que protegía y apoyaba a nuestras empresas en el exterior. Ustedes se encargaron de privatizarlo. Yo le pedí al señor ministro que nos diera las razones por las que se privatizaba el Cesce y
no las dio. Hasta el título era engañoso. Tal es así que fuimos el único grupo parlamentario que cuando entró el proyecto de ley presentamos un voto particular oponiéndonos a ello. Luego, claro, fue apoyado por más grupos y en el Senado tuvo más.
Pero lo trataron de ocultar. No han explicado bien por qué han privatizado el Cesce, porque funcionaba y tenía beneficios y era un apoyo importante para nuestras empresas.


Los dos apartados siguientes, el comercio interior y el comercio exterior, constituyen el motor de la economía. Los dos, en el último trimestre, señorías, arrojan datos negativos. Se acaba ya este festival de la propaganda de la
recuperación. Segundo punto, caen las exportaciones. En los últimos seis meses del año 2013, señorías, las exportaciones españolas cayeron un menos 5,3 % y en el último trimestre caen menos 11,9 %. Caen también las importaciones, un menos 7,3 %,
pero se incrementa encima el déficit comercial, concretamente menos 11.883 millones de euros. Las pymes, como ya le he dicho muchas veces al secretario de Estado de Comercio, exportan a pesar del Gobierno, con una reducción además del 34% de las
ayudas del Gobierno. ¿Va a continuar, por ejemplo, Televisión Española en sus informativos con los gráficos manipulados? ¿O ahora la noticia que se destaca, como pude comprobar, es lo bien que funcionan los puertos españoles para garantizar las
importaciones? Esos gráficos tan maravillosos que no decían cuánto se exportaba en el año 2011, Y, ahora, los datos negativos. ¿Se van a poner esos gráficos cuando haya partidos de primera categoría, con máxima audiencia? Recuerdo al presidente
del Gobierno que así lo hizo cuando presentó Madrid 2020. También cae, señorías, el comercio interior -segundo apartado-, concretamente un menos 0,7 % en el mes de junio, y si se compara con el mes anterior la caída es del menos 1,7 %.


La liberalización de horarios y la flexibilidad para la implantación de las grandes superficies en los centros de las grandes ciudades con diversos artificios en virtud del Real Decreto-ley 20/2012, de 3 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, ha supuesto un retroceso en la actividad y en el empleo. Hasta el momento tres han sido las vueltas de tuerca para ampliar la superficie en el centro de las grandes ciudades que ha
aplicado el Gobierno en la dirección de allanar el camino a las grandes superficies en la conquista del espacio del pequeño comercio, que era el reducto desde el que prestaban un servicio, competían y daban productos a los ciudadanos. La ley
12/2012 lo ubica en 300 metros; la Ley 14/2012, de emprendedores, lo pasa a 500 y la Ley 20/2012 lo pasa a 750 metros cuadrados. Uno de los resultados es que, desde que gobierna Mariano Rajoy y el Partido Popular, en esta materia se han perdido
455.932 empleos en el comercio minorista. Sí, señorías, 455.932 empleos menos, y este proyecto de ley lo que hace es agravar la dirección que está provocando este paro.


El último apartado es que si el modelo de liberalización salvaje del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid es el modelo, tenemos que preguntarnos si va mejor que el resto o va peor, para saber si la dirección en la que va este proyecto
de ley es la adecuada o no lo es. Daré tan solo dos datos, señorías. Las ventas en la Comunidad de Madrid en el mes de junio registran la mayor caída de toda España. Lo repito, la mayor caída de toda España: menos 2,7 % frente al crecimiento,
por ejemplo, del 4,4 % en Cantabria. Si comparamos históricamente, desde que están gobernando en la Comunidad de Madrid, que

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es el ejemplo de modelo comercial, la Comunidad de Madrid está teniendo uno de los peores datos en materia comercial de España. Lo que hace este proyecto de ley es copiar algunas de las medidas que se están aplicando de una manera más
agresiva en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid en materia de empleo comparado con la media de España? Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que tengo aquí por si alguien los pone en duda, La
Comunidad de Madrid es la peor de toda España. El empleo cae en España un menos 0,4 % en el sector comercial, pero mientras hay comunidades que crecen, en la Comunidad de Madrid es en la que más cae el empleo, menos 1,1%, señorías. Mal en ventas,
mal en empleo. ¿Por qué se quiere copiar e implantar con mayor agresividad en toda España un modelo que se ha demostrado que no funciona? Con este modelo se pierde empleo, se pierden ventas, se pierde actividad económica, pierde nuestro país.
Falta que aclaren ustedes quién gana a costa del interés general.


Por todo ello, finalizaré citando las enmiendas socialistas que constituyen nuestra alternativa en esta materia, frente a esta regulación que, desde nuestro punto de vista, es un desatino que provocará más paro y menos actividad económica.
La enmienda 178 trata de incrementar la financiación a la internacionalización de la empresa española por importe de 3.000 millones de euros. Con la enmienda 179 pretendemos la creación de un banco público de inversión; es decir, frente a la
privatización que ha hecho el Gobierno de Cesce, apoyamos la creación de un banco público de inversión. El Gobierno está destinando mucho dinero a los bancos, como se encargan de recordar constantemente tanto el portavoz Valeriano Gómez como el
viceportavoz Antonio Hurtado en esta Comisión. Planteamos la creación clara de un banco público de inversión. En la enmienda 180 planteamos la colaboración público-privada para favorecer la financiación de la pequeña y mediana empresa. En la
enmienda 181 planteamos la mejora en la financiación de los ayuntamientos en las operaciones suscritas. En la 182, que es de supresión -estas son muy importantes y pedimos el apoyo de toda la oposición-, pedimos la supresión de los artículos 4, 5 y
7 y del anexo I, porque rompen el consenso en materia de horarios comerciales y va a potenciar, como está sucediendo en Madrid, que haya menos ventas y menos empleo. En la enmienda 183, que es muy importante para el sector comercial, planteamos la
supresión del artículo 6 sobre la instalación de establecimientos comerciales.


Por otra parte, tenemos un conjunto de enmiendas que van dirigidas a las mejoras en el pago con la tarjeta electrónica, que son las números 184, 185, 186, 187 y 188. Queremos, por ejemplo, la eliminación de tasas para pagos menores de 20
euros para favorecer el consumo en los jóvenes y los pagos pequeños. En la número 252 planteamos la creación, mediante consenso previo con todos los sectores, del observatorio de la distribución comercial, que será muy importante. La número 253
plantea la obligación de informar al Congreso en materia de comercio interior. Finalizo con la 254, que hace referencia a la prórroga en los contratos de arrendamiento de los locales de negocio y la creación de una línea específica de ayudas,
porque cuando se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos no se contaba con esta tremenda crisis. Denunciaré también -para terminar ya- una enmienda del Partido Popular. Si algo reconocía el sector comercial es que se iba a dar un paso importante
en la reducción de los costes de las tarjetas financieras y había un plazo para la entrada en vigor que era el 1 de septiembre del año 2014. Pues bien, ustedes tienen una enmienda, concretamente la número 487, que plantea suprimir precisamente ese
plazo que nos daban.


En definitiva, señorías, su proyecto de ley no responde a las necesidades de la economía española; es un proyecto improvisado, un proyecto demasiado ecléctico que modifica muchas leyes, que se hace con precipitación y que profundiza y copia
modelos que se está demostrando que no funcionan. Por eso pediremos el apoyo de todos los grupos y, en algunos casos y si es posible, también el apoyo del Grupo Popular a nuestras enmiendas, porque sirven mejor al interés general, a la actividad
económica y a la creación de empleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario de CiU, el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha planteado diferentes enmiendas a este primer bloque del proyecto de ley de medidas urgentes procedentes del Real Decreto-ley 8/2014, concretamente diez, en el bloque de economía y
sistema financiero, en las cuales planteamos algunos aspectos relevantes para intentar corregir el objetivo que persigue supuestamente el Gobierno en este real decreto-ley, aspectos que consideramos nucleares y que afectan a las competencias de las
comunidades autónomas en todos los aspectos que hacen referencia al comercio minorista, a horarios

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comerciales, a zonas turísticas y a la implantación de grandes superficies. Entendemos que el Gobierno, aprovechando la Ley de Unidad de Mercado, ante la que este grupo parlamentario se posicionó frontalmente en contra, hace una operación
de gran envergadura de recentralización de las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas en todos los sectores que acabo de mencionar, algunas de estas competencias respaldadas por sentencias del Tribunal Constitucional. El
Gobierno del Partido Popular aprovecha esta ley para realizar esta recentralización en temas tan importantes como el comercio minorista, horarios comerciales y zonas turísticas, y ello básicamente, a nuestro entender, para destrozar el comercio de
proximidad. Es una operación de gran envergadura que va a perjudicar notablemente a los pequeños y medianos comerciantes que han hecho un gran esfuerzo en los últimos años para plantear un comercio de proximidad competitivo en algunas comunidades
autónomas. Ustedes saben, señorías, que en España tenemos tres modelos comerciales asentados en diferentes comunidades autónomas que han dado un gran resultado: por ejemplo, está el comercio de Madrid, en el que hay prácticamente una libertad de
horarios total y se han implantado grandes, pequeñas y medianas superficies que coexisten con el pequeño comercio tradicional; este es, yo diría, un hecho relevante en una comunidad autónoma. Hay otro comercio que existe en el Estado español como
es el que hay en Euskadi, en el que prácticamente no hay libertad de horarios comerciales y no se abre nunca los sábados ni los domingos. Y hay otro modelo de comercio, como es el caso de Cataluña, en el cual han coexistido las grandes superficies,
las pequeñas y medianas superficies y el pequeño comercio minorista a través de una serie de leyes que se han implementado por la Generalitat de Catalunya y que han permitido la coexistencia de grandes, pequeños y medianos. Pues bien, ustedes en
esta ley se cargan soberanamente todas las competencias que tenían hasta la fecha de hoy las comunidades autónomas para que pueda existir libertad total en los aspectos que hacen referencia a los horarios comerciales, a determinar las zonas de
afluencia turística, que hasta hoy eran competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, plantean una serie de regulaciones en las que se da libertad total a la implantación de las grandes superficies, repito, en detrimento del
pequeño comercio. Nosotros planteamos la supresión de todos estos artículos a través de las enmiendas 324, 325, 326 y 327, que hacen referencia a los artículos 4, 5, 6 y 7, para restablecer las competencias que tenían hasta la fecha las comunidades
autónomas en los aspectos que atañen al comercio minorista, a los horarios comerciales y a la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que determinen las zonas turísticas. Apelamos aquí a la sensibilidad del Grupo Parlamentario del
Partido Popular para restablecer la legislación preexistente, avalada, repito, por el Tribunal Constitucional. Si no hacen caso a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos de la oposición, nos veremos abocados a una situación
insostenible en detrimento de la economía productiva de las diferentes comunidades autónomas que, aprovechando la legislación vigente, han podido plantear comercios y negocios competitivos.


También planteamos una serie de enmiendas que pretenden mejorar aquellos aspectos que entendemos que son positivos planteados en esta ley y que hacen referencia al Instituto de Crédito Oficial. Nosotros decimos que, además del ICO, los
organismos autónomos con responsabilidad en el ámbito de la internacionalización empresarial puedan también potenciar los efectos de dicha descentralización. Por tanto, hay aspectos que creemos que son positivos e intentamos complementarlos con
algunas enmiendas que van en esta dirección financiera.


Con respecto a los aspectos que hacen referencia a la rebaja de la tasa de intercambio en las operaciones de tarjeta de crédito hemos presentado la enmienda 329, que es prácticamente igual que la que ha planteado el Partido Popular y que
excluía las limitaciones de pago de las tarjetas de crédito en redes limitadas de proveedores de servicios. Entendemos que, al ser exactamente igual que la enmienda del Partido Popular, podríamos subsumirla perfectamente. Y asimismo hemos
planteado dos enmiendas que nosotros consideramos relevantes y hacen referencia a las comisiones en las tarjetas de crédito. Creemos que todas aquellas limitaciones de las comisiones percibidas por los pagos con tarjeta se deben aplicar también a
aquellos pagos realizados ante las administraciones públicas autonómicas. Hay una limitación en las comisiones y en las tasas de intercambio para todos aquellos pagos que se realicen ante la Administración central y entendemos que las
administraciones autonómicas no dejan de ser administraciones de una parte importante del Estado español y tendrían que tener los mismos beneficios que tienen las tarjetas o los pagos que se realicen ante la Administración central. Es cierto que el
Partido Popular nos ha hecho una aclaración al pasarnos una documentación que muestra que esta reivindicación de la enmienda 328, de Convergència i Unió, está perfectamente reflejada en la legislación europea. Lo

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vamos a averiguar y, si fuera positivo o fuera en la misma dirección que nosotros planteamos, la retiraríamos.


Finalmente presentamos la enmienda 330, que está orientada a mejorar la competitividad de los consorcios de la actividad investigadora en I+D+i en el sentido de que también puedan tener la capacidad y la autonomía para contratar al personal
que estimen oportuno dichos consorcios de investigación. Esta cuestión la pactamos ya con el Grupo Parlamentario Popular en el anterior periodo de sesiones en todos aquellos aspectos que hacían referencia a los consorcios sanitarios y llegamos a un
acuerdo. Nosotros pedimos en esta enmienda que este mismo acuerdo, el mismo compromiso que se adquirió en los consorcios de sanidad, podamos hacerlo extensivo a los consorcios de la actividad investigadora y que no fuera de aplicación la
disposición adicional 20 de la Ley 30/1992. Esta es una cuestión que consideramos relevante; vamos a ver si a lo largo de esta tramitación parlamentaria, que va a durar hasta las doce del mediodía de mañana, somos capaces de llegar a acuerdos
sustantivos y relevantes en todas aquellas enmiendas que hemos planteado.


Repito, quizás las más relevantes hacen referencia a todas aquellas cuestiones a las que ya he hecho mención, como son las enmiendas 324 a 327. El Grupo Parlamentario Popular suprime una serie de competencias exclusivas de las comunidades
autónomas en temas de horarios comerciales de grandes superficies, comercios minoristas y municipios turísticos. Valdría la pena que el Grupo Parlamentario Popular las tuviera en cuenta a fin y efecto de poder llegar a un acuerdo sobre la base de
las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y creo que también otros grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dejar constancia de los esfuerzos ímprobos de figuración parlamentaria -en el sentido teatral del término- que ha realizado esta Comisión de Economía para
intentar zurcir el roto democrático provocado por el Gobierno al presentar el Real Decreto-ley 8/2014. Desgraciadamente para la división de poderes, para el propio Parlamento, resarcir el daño causado a la democracia con el permanente abuso de los
decretos-leyes ya no es posible, por mucho que ahora, en estos dos días del mes de agosto, intentemos demostrar lo contrario, entre otras cosas porque, como todo el mundo sabe, este decreto-ley está ya vigente y está provocando ya sus efectos,
algunos de ellos de naturaleza perniciosa, y sin duda la cicatriz es profunda. Quiero destacar de nuevo -y me refiero con esto al conjunto de los aspectos de este proyecto de ley- que a nuestro entender no estamos ante un abuso más de la figura del
decreto-ley, ni tan siquiera ante un decreto-ley ómnibus, esa terminología se le queda pequeña a este decreto-ley; ni tan siquiera ante un decreto-ley portaviones, también se le queda pequeña esa terminología. Estamos en la práctica buscando una
metáfora que pudiera ser adecuada a este decreto-ley en su trámite hoy como proyecto de ley, que, insisto, afecta al ámbito de nueve ministerios. Creo que estamos ante un verdadero decreto-ley que pudiéramos llamarle de la Séptima Flota (Risas),
porque es un conjunto de portaviones que desembarcan en el Congreso y en el país con un conjunto de medidas, todas muy distintas, algunas de ellas sin duda positivas. Esa es una trampa que ya hemos aprendido que el Gobierno sabe hacer muy bien: en
medio de una maraña de desastres coloca tres cositas que luego se pueden vender en los medios de comunicación y en la tramitación en el Pleno para esconder y desfigurar lo que son los elementos troncales. ¿Cuáles son los elementos troncales de este
decreto-ley, que aparecen claramente en el título I que estamos debatiendo en estos momentos? A nuestro entender, se aprovecha este decreto-ley, ahora en fase de proyecto de ley, para dar un paso más en la privatización de determinados servicios
públicos -lo veremos en su momento con el tema de AENA, pero lo veremos también en otros aspectos importantes de políticas de empleo-, para obtener más oportunidades de negocio para los llamados amiguetes del capitalismo confesional, del capitalismo
parasitario, a los cuales la burbuja les ha dejado sin oportunidades de negocio y hay que resarcirles -eso es lo que sucede a lo largo de este decreto-ley-, y por supuesto el gran emblema de la recentralización de las competencias de las comunidades
autónomas y de las administraciones locales. Si algo recorre este real decreto-ley es una profunda voluntad de aprovechar la regulación de materias tan distintas como las que están vertidas en este proyecto de ley para recentralizar competencias
aprovechando esta oportunidad.


En todo caso, insisto, lo valiente no quita lo cortés o viceversa, lo cortés no quita lo valiente (Un señor diputado: Al revés) -he querido hacer el cambio del orden expresamente, no ha sido un lapsus-. En todo caso, quiero reconocer a
quien le corresponda el mérito que supone intentar que esta Comisión de

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Economía desarrolle sus funciones en términos de normalidad como si nada antes hubiera pasado, como si antes no se hubiera aprobado ya un decreto-ley de la envergadura del que se aprobó en su momento. Nuestro grupo, aceptando ese reto y
cumpliendo con lo que entiende que es su obligación -no es ningún mérito, es nuestra obligación-, con la misma responsabilidad y autoridad con la que en el Pleno denunciamos la cacicada del Gobierno, ha intentado -en las condiciones que hemos
podido- presentar más de un centenar de enmiendas al conjunto de esos aspectos. He de decirles que si este proyecto de ley no se hubiera tramitado en situaciones de especial excepcionalidad -porque el mes de agosto es una excepcionalidad- muy
probablemente el número de enmiendas hubiera sido mayor. Lo que es excepcional no es que los diputados y diputadas trabajemos en el mes de agosto, es nuestra obligación, no hay ningún problema, si hace falta, hasta el 29 febrero de los años que no
tengan 29 febrero. El problema es otro; el problema es que aquí no estamos cada uno actuando solo en nombre de nuestro grupo, estamos actuando en nombre del conjunto de la ciudadanía, y para desarrollar bien nuestras funciones hay que contrastar,
por ejemplo, este decreto-ley situado a finales de julio con las entidades sociales y la sociedad civil de este país. Eso desgraciadamente no lo hemos podido hacer y eso forma parte de la esencia de la democracia, que los ciudadanos conozcan y en
trámite parlamentario puedan trasladar a sus representantes políticos, a todos los grupos, sus opiniones en relación con lo que se está discutiendo. No lo hemos podido hacer además en inferioridad de condiciones con el Gobierno, porque el Gobierno
sí ha tenido la oportunidad de prepararlo durante mucho tiempo. Por ejemplo, es ilustrativo un artículo publicado por el presidente del lobby de empresas dedicadas a la fabricación y explotación comercial de los drones, es decir, de la aviación
tecnológica para usos civiles, agradeciendo al Gobierno que durante un año y medio haya estado negociando con ellos los términos que al final se han legislado. La verdad es que es un artículo impagable porque no solo sabemos quién determina el
contenido de las leyes del Gobierno sino además cómo se trata de una manera distinta a una parte u otra de la sociedad civil; a la sociedad civil el desprecio de agosto y a la sociedad mercantil, que no es civil aunque se presente como tal, un año
y medio para poder desarrollar las leyes en función de sus características. Creo que es importante destacar esto en estos momentos. En todo caso, vamos a intentar situar nuestra aportación en las mejores condiciones posibles.


Quiero en todo caso, porque posiblemente sea una ingenuidad al ser esta mi primera legislatura -espero que no sea una maldición bíblica y que al llevar mucho tiempo uno se acostumbre a todo, espero que no-, quiero llamar la atención del
resto de grupos de la Cámara en relación con que nuestras denuncias justas y legítimas sobre el abuso del decreto-ley para ser efectivas deberían ir acompañadas de un intento de no aprovechamiento por parte del resto de grupos, que denunciamos, de
que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, nosotros también colocamos nuestro propio decreto-ley. He podido detectar más pero quiero poner de manifiesto una que he detectado y que nos afecta especialmente a los que tenemos como ámbito de actividad
política España pero especialmente Cataluña. Me refiero a las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió que hace tan bien su trabajo que no ha desaprovechado en absoluto el desembarco de la Séptima Flota para ver si podía colocar
otro portaviones que irrumpiera oportunamente en el puerto de Barcelona, en todos los puertos, pero especialmente en el puerto de Barcelona. Espero que no se les haya escapado a ustedes, a los grupos parlamentarios, la lectura de las enmiendas
referidas a la Ley de Puertos en relación con un pequeño detalle según el cual lo que en estos momentos supone un límite de no utilización privativa comercial en las áreas portuarias de 20 metros en relación con el mar se pueda reducir a 6 metros.
Por supuesto, eso no tiene que ver con el puerto de Barcelona, no. ¿Tiene que ver con el puerto de Barcelona? No, es que está hecho a medida del puerto de Barcelona y de algún proyecto concreto. En Barcelona hay seis puertos, en el municipio de
Barcelona, no sé si ustedes lo recuerdan, pero es un municipio pequeñito, pues hay seis puertos. Por cierto, aprovecho para decir a quienes intentan manipular que esas políticas nunca han sido avaladas por nuestro grupo, ni tan siquiera cuando
hemos estado formando parte o apoyando al Gobierno, sino que han formado parte de algo que en Cataluña se llama la sociovergencia, que son acuerdos que se desarrollan desde el Gobierno y la oposición pero que coinciden en esa cuestión. Seis puertos
en el municipio de Barcelona, y parece que eso no es suficiente y se quiere además poder construir hoteles a 6 metros del mar en zona portuaria. Parece que alguien lo ha detectado, parece que alguien lo ha puesto de manifiesto y parece, si nos
hemos de creer la información que aparece hoy en un medio de comunicación, concretamente en El País, que CiU se lo ha pensado y ha retirado esa enmienda. Bienvenido sea repensar las cosas y espero que, en todo caso, nadie le acompañe en esa
barbaridad de privatizar cada vez más espacios públicos. Y eso tiene mucho que ver también con el primer bloque de enmiendas que, a nuestro entender, tiene tres hilos conductores que nosotros hemos intentado combatir con las nuestras. Primero,

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pretendemos evitar que el Gobierno aproveche este decreto-ley de nuevo para usurpar competencias, en este caso las de tutela financiera de las administraciones locales, que recuerdo son competencias de tutela financiera que ejercen las
comunidades autónomas y que aprovechando el tema de las ayudas a las administraciones locales se pretenden recentralizar a favor del Gobierno central. Esta es nuestra enmienda 67 y alguna otra. En segundo lugar, hay un bloque de enmiendas dirigido
fundamentalmente a impedir que en nombre de la competitividad y la liberalización se produzca una nueva regulación de los horarios comerciales que solo beneficia a las grandes superficies, que castiga al pequeño comercio y que está transformando
profundamente el tejido comercial, el tejido cívico de gran parte de nuestras ciudades, especialmente aquellas de naturaleza turística. Y, en tercer lugar, pretendemos garantizar también que en materia de horarios comerciales no se produzca una
nueva usurpación de competencias en detrimento de las comunidades autónomas.


Termino, señorías, planteando una cuestión. Tengo ganas de que alguien me pueda resolver, supongo que debería ser en este caso el Partido Popular, ciertos interrogantes que tienen que ver con el uso alternativo del lenguaje y el léxico, que
la verdad es que es creativo. ¿Por qué llaman ustedes competitividad a lo que es precariedad? ¿Por qué le llaman eficiencia cuando es connivencia con el capitalismo parasitario? ¿Por qué le llaman liberalización cuando es privatización? Supongo
que por el mismo motivo que algunos de ustedes lo han llamado amor cuando es sexo y pagado. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¡Qué barbaridad!)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


Tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Para mi grupo tampoco estamos asistiendo esta mañana a una tramitación ordinaria, a un asunto de trámite, estamos tramitando como proyecto de ley algo ya convalidado como real decreto, algo ya en vigor desde hace varias semanas y que hemos
considerado lo bastante importante como para, en unión del Partido Socialista y de La Izquierda Plural, presentar incluso un recurso de inconstitucionalidad. Nos parece este asunto lo bastante grave como para llegar a ese extremo porque nos ha
parecido la culminación de un continuo desprecio al Congreso por parte del Gobierno desde el inicio de la legislatura, algo que debería preocupar también a los diputados del grupo mayoritario. Culmina el abuso de la figura del real decreto.
Llevamos cincuenta y cinco reales decretos desde el inicio de la legislatura, algo pensando para situaciones extraordinarias. Pero no son unos reales decretos cualquiera, son reales decretos en los que se mezclan todo tipo de temas inconexos, en
este caso concreto se modifican treinta leyes: hay temas de horarios comerciales, de tarjetas de crédito, de empleo, de energía, de infraestructuras, de fiscalidad, de defensa, asuntos totalmente inconexos, y esto también ha sido una práctica
habitual durante toda la legislatura. Esto impide al Congreso desempeñar correctamente sus funciones: impide el examen, nos encontramos con textos de 150 páginas que hay que analizar en cuatro o cinco días; impide el debate, hay que canalizar en
pocos minutos cuestiones complejas e inconexas, e impide el trámite de enmienda. Y no nos preocupa solo como diputados, nos preocupa porque nosotros estamos representando a millones de ciudadanos y además ciudadanos que tienen derecho a una
legislación de calidad. Estamos llegando a un extremo en que cada pequeña o mediana empresa va a necesitar dos o tres empleados para leer el BOE y enterarse de qué disposiciones le afectan. Y estoy seguro que nos dirán que esto se ha corregido
precisamente con este trámite, pero más bien se ha intentado corregir, o se ha corregido solo parcialmente, porque son medidas ya en vigor, la inconexión de los temas aquí debatidos sigue sucediendo ahora mismo y no hemos tenido el honor siquiera de
escuchar a los ministros responsables de cada ramo explicándonos estas medidas tan importantes.


Dicho esto, y entrando en las materias que debatimos, son tres grandes cuestiones las que aquí se abordan en este primer bloque. Una primera cuestión tiene que ver con la financiación de la actividad económica. Aquí hay que resaltar la
desconexión entre el discurso triunfalista del Gobierno y los datos que el Banco de España publica una y otra vez. Los últimos datos disponibles de crédito del Banco de España son los de junio, y de junio de este año a junio del año pasado nos
encontramos con una caída de la financiación a las empresas por parte de las entidades residentes, por parte de nuestros bancos, del 8,9%. El crédito en términos globales se sigue reduciendo a las empresas por parte de las entidades residentes y de
forma muy fuerte.


En nuestras enmiendas hemos intentado proponer medidas para corregir esta cuestión que van más allá de lo que propone el Gobierno. Lo que se propone aquí por parte de Gobierno básicamente es un

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nuevo programa de garantías del ICO para facilitar la financiación de las instituciones financieras internacionales. Nos parece bien, nos parece una buena idea, pero es un programa muy limitado: 1.200 millones son una gota de agua en el
desierto para las necesidades de financiación de las empresas y su plazo de duración también es muy corto. Por eso proponemos triplicar su duración y su cuantía, lo que no deja de ser un vaso de agua, pero al menos un vaso de agua en vez de una
gota de agua en el desierto.


Otra enmienda tiene que ver con el papel de las entidades nacionalizadas. Nosotros no somos partidarios de que se mantengan como banca pública, pero mientras estén en manos públicas sí creemos que tienen que desempeñar un papel social, y no
nos parece mucha exigencia ponerles como condición que no reduzcan en términos reales el crédito a las pymes, simplemente que el crédito a las pymes evolucione según la inflación, no caiga en términos reales. Con las decenas de miles de millones de
dinero público dedicado a rescatar estas entidades el sector público tiene derecho a esta mínima condicionalidad.


Otra enmienda tiene que ver con el papel del ICO. Ayer decía el representante de UPTA que es el único crédito que les llega, el del ICO. Bien, proponemos dos nuevas líneas de crédito novedosas, primero, por lo que quieren financiar, el
leasing y el factoring, que permitirían más liquidez y más inversión a las empresas; en segundo lugar, novedosas porque supondrían mayor asunción de riesgo por parte del ICO en unos tipos de préstamo poco arriesgados; y, en tercer lugar, novedosas
porque se canalizarían no a través de la banca, porque hay que desbancarizar la economía, sino a través de los establecimientos financieros de crédito.


Otras medidas de financiación tienen que ver con los mecanismos de pago a proveedores. Nos parece bien lo que aquí se trae para que se puedan cancelar préstamos anticipadamente para sustituirlos por préstamos en mejores condiciones. Pero
queremos recordar que, en el caso de las comunidades autónomas, no se ha impuesto ninguna condicionalidad cuando se mejoran las condiciones financieras de los préstamos, cosa que a los ayuntamientos sí se les ha impuesto. Proponemos que si se
mejoran las condiciones financieras de sus préstamos -cosa que favorecemos-, ello vaya unido a condiciones razonables, como un cumplimiento riguroso de los planes de reequilibrio -hay incumplimientos y una vez más los déficits autonómicos están
superando los objetivos-, y a que haya más medidas de recorte de entes administrativos y no administrativos superfluos.


El segundo capítulo o gran tema que aquí abordamos tiene que ver con el comercio minorista. Aquí el debate que se nos plantea es el de las zonas de gran afluencia turística. Nos parece un debate interesante y compartimos la idea de las
zonas de gran afluencia turística. Es de puro sentido común que un país tan turístico como el nuestro no se puede permitir que llegue un crucero a un puerto y se encuentre las tiendas cerradas. Es de puro sentido común también porque el atractivo
turístico va unido a la posibilidad de comprar. Pero nos da la sensación, por muy ingenuos que queramos ser, que aquí se está mezclando este debate legítimo y acertado con un debate muy distinto y de mucho más calado, que es el de la liberalización
total de los horarios. Hay continuas disposiciones a que cualquier incumplimiento llevará a la liberalización total de horarios en todo el municipio y en todo el año. Este es también un debate legítimo, pero no se debe mezclar con el otro. Las
zonas de gran afluencia turística y la liberalización total de horarios son cosas totalmente distintas. Podríamos apoyar una mayor flexibilización de horarios que se adapte a los nuevos hábitos de consumo, pero nunca con un debate hurtado y por la
puerta de atrás, y tampoco compartimos la radicalidad de las medidas que el Gobierno quiere aplicar en esa dirección. Por eso, nuestras enmiendas van en la línea de eliminar todas esas disposiciones que suponen que el menor incumplimiento de un
municipio en la cuestión de las zonas de afluencia turística implica la liberalización total de horarios en todo el municipio y para todo el año.


La tercera cuestión que se aborda en este bloque tiene que ver con las comisiones de las tarjetas de crédito. Nos parece bien adelantar la aplicación de la normativa europea y nos parece bien también limitar las tasas asociadas a los pagos
con las tarjetas para disminuir los costes a los usuarios y fomentar el mayor uso de las tarjetas. Nuestra crítica en este bloque tiene que ver con que el propio Gobierno en el texto que nos trae reconoce un riesgo indudable que es que las
entidades de crédito compensen estas menores tasas asociadas a los pagos con las tarjetas con otro tipo de comisiones que tienen que ver con la tarjeta -como la emisión- o con otro tipo de costes asociados a estas operaciones, como el alquiler de
las terminales. Ese riesgo se reconoce pero no se soluciona. Se dice que se va a crear un observatorio y que se va a seguir la evolución. Observemos, pero si sucede, no está previsto que se haga absolutamente nada. Por eso nuestra enmienda
propone dar un sentido a la observación y el seguimiento que se van a realizar y, si se produce la traslación, se tomen medidas para corregirla; si no, esta medida bienintencionada no tendrá ningún efecto práctico.

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Resumiendo, encontramos en este primer bloque aspectos interesantes y objetivos que podemos compartir -mejora de la financiación, modernización del comercio interior, limitación de las comisiones-, pero se abordan de tal manera que no
podemos compartir los métodos porque en unos casos nos parecen desacertados y en otros insuficientes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señorías, como la mayoría de los grupos de esta Cámara, salvo el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo parlamentario votó en contra de este proyecto cuando se convalidó el real decreto-ley. Lo hicimos tanto
por su alcance, porque entendíamos que reformaba numerosas leyes de todo pelaje de un plumazo, sin tener ninguna posibilidad de plantear alternativas ni enmiendas, como por el procedimiento de real decreto-ley, dado que la urgencia no se observaba
en la mayoría de los casos. Por lo tanto, lo denominamos -yo creo que acertadamente- decretón; ya que hoy estamos haciendo símiles aquí, a nosotros nos gusta la palabra decretón. Aprobados ya como están sus contenidos y en plena vigencia, se
tramita ahora como un proyecto de ley ómnibus -o como se quiera denominar- que incluye materias de todo tipo, desde comercio y energía, pasando por fomento, empleo, fiscalidad, carrera militar o Registro civil. ¡Vaya popurrí! Es todo un compendio
de materias heterogéneas que casi nada tienen que ver unas con las otras. No se trataba, por tanto, de legislar, sino de reformar o cambiar múltiples leyes en aquellos aspectos que no gustaban al Partido Popular o con los que no estaba muy de
acuerdo. Entendemos que este afán reformista supera a su talante democrático, que es donde debemos encuadrar el asunto.


Recuerdo que el Gobierno aceptó tramitar el real decreto-ley como proyecto de ley, si me permiten la expresión, con cierto de retintín, como diciendo: lo tramitamos pero en agosto, para que tengáis trabajo en verano. Pues bien, señorías,
en el Grupo Parlamentario Vasco hemos trabajado y lo hemos hecho a conciencia, puesto que consideramos que muchas de las materias son especialmente sensibles desde el punto de vista competencial y, como bien saben ustedes, nos preocupan sobremanera
las intromisiones y la falta de respeto en el campo competencial. Ello resulta muy evidente en los temas de comercio y políticas activas; pero no solo en estas materias, tal y como iremos viendo. Por tanto, hemos trabajado y presentado -y lo
hicimos con bastante antelación a la fecha límite establecida- treinta y una enmiendas que trasladamos al Grupo Parlamentario Popular con el fin de que tuviera tiempo para estudiarlas, nos las aceptaran o propusieran enmiendas transaccionales. He
de reconocer que nos han presentado algunas enmiendas transaccionales y las analizaremos y las valoraremos cuando toque discutirlas. Ahora, de momento, a este primer bloque denominado de financiación e impulso a la actividad económica hemos
presentado seis enmiendas, de la número 5 a la número 10, ambas inclusive. Las seis enmiendas son relativas a una cuestión que nos parece clave que es el ámbito del comercio interior, competencia exclusiva autonómica, como ustedes saben; repito,
competencia exclusiva. ¿Saben lo que eso significa? Que los únicos que deben legislar en la materia son, en este caso, los parlamentos autonómicos; y, en nuestro caso, el Parlamento vasco. Por ello, como comprenderán y como saben sobradamente,
desde el punto de vista político nos parece inaceptable lo que de vulneración competencial flagrante tiene este proyecto.


Con la enmienda número 5 proponemos la supresión del artículo 4 del proyecto de ley y lo hacemos precisamente por suponer una intromisión en las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas con competencia en materia de comercio
interior. En el artículo 4 se determinan cuáles son los nuevos municipios que pueden declararse zonas de gran afluencia turística sobre la base de los nuevos parámetros recogidos en la nueva redacción del artículo 5.5 de la Ley de Horarios
Comerciales. La evolución normativa que desde la promulgación de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, ha desarrollado el Estado en relación con estas zonas constituye un meridiano ejemplo de liberalización de la actividad comercial y de
desregulación de esta materia, que tiene como efecto directo el paralelo e inmediato desapoderamiento a las comunidades autónomas de sus competencias en materia de comercio interior. Si en la norma primigenia, la Ley 1/2004, se otorgaba a las
comunidades autónomas un margen razonable de actuación para la declaración de estas zonas de gran afluencia turística, en las sucesivas modificaciones normativas del Estado se ha ido reduciendo la capacidad de actuación de las comunidades autónomas,
hasta tal punto de que con la última reforma del Real Decreto-ley 8/2014 se concede al mero transcurso del tiempo los efectos de declaración de zona de gran afluencia turística para la totalidad de los términos municipales incluidos dentro de los
parámetros previstos en el real decreto-ley, lo que además lleva aparejada la declaración de zona de gran afluencia turística en la totalidad de la extensión territorial de dichos municipios con posibilidad de libre elección de periodos y horarios
por parte de los comerciantes.

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Si esto resulta relevante por lo que tiene de vaciamiento de la competencia exclusiva autonómica en materia de comercio interior, mayor trascendencia tiene aún que el mero transcurso de un reducido periodo de tiempo -seis meses, según reza
en el real decreto-ley- sirva no solo para que se declare un municipio en toda la extensión como zona de gran atención turística, sino que se obvie de manera absoluta a las comunidades autónomas para el ejercicio de sus atribuciones al quedar
completamente desposeídas de su competencia exclusiva en esta materia. En este sentido, no cabe olvidar la Sentencia 88/2010, en relación con la libertad de horarios, en la que se dice, entre otras cuestiones, que es a la propia comunidad autónoma
a la que corresponde precisar las zonas en las que, por ser calificadas de gran afluencia turística -dice la sentencia-, es aplicable la libertad horaria, por lo que la existencia de esta se vincula a las decisiones autonómicas relativas a la
determinación de las zonas de su territorio.


Para finalizar el comentario de esta enmienda, con respecto al párrafo del artículo 4 del proyecto de ley, y sin perjuicio de lo que se dirá con ocasión de la enmienda 7, que está argumentada la propia enmienda, el Estado no puede hurtar a
las comunidades autónomas su competencia ejecutiva. Esto es lo que declaramos nosotros como impresentable desde el punto de vista político y por lo que estamos muy en contra de este real decreto.


En este marco, y básicamente con esta justificación, cabe también explicar el resto de las enmiendas que hemos presentado, desde la número 6 a la número 10 y, por lo tanto, no voy a incidir en la argumentación, que creo que ha quedado
suficientemente clara. Se propone la supresión del anexo I, en coherencia con la enmienda que acabo de comentar, la supresión del artículo 5, la modificación del apartado 4 del artículo 6, del apartado 5 del mismo artículo y la modificación del
artículo 7 que planteamos. Espero que el Grupo Popular, sinceramente, considere los argumentos que he presentado en nombre del Grupo Vasco y nos apoye votando favorablemente nuestras enmiendas. Al igual -y si me permiten- que espero y deseo que
hoy el Athletic pase la eliminatoria de la Champions ante el Nápoles. ¡Aúpa Athletic! (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu, compartiendo ese deseo sobre el Athletic.


Ahora tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto quiero dar por defendidas todas las enmiendas de los distintos componentes del Grupo Mixto y todas las enmiendas a todos los bloques de este decreto-ley. Por lo
tanto, quedan todas por defendidas y vigentes para la votación.


En segundo lugar, quiero hacer referencia al posicionamiento de mi grupo, de Amaiur, sobre este real decreto. Como ustedes saben, nosotros normalmente no solemos presentar enmiendas parciales a las leyes porque nuestro objetivo no es
mejorar la legislación del Estado español, sino, simplemente, defender la soberanía de Euskal Herria y poder fijar sus propias normas. De todas formas, sí queremos hacer un posicionamiento general, como hicimos en el debate general de este
decreto-ley. Pensamos que este decreto-ley que se tramita por urgencia no responde a la urgencia de las materias o a la urgencia de la ciudadanía del Estado español, sino que pensamos que responde a la urgencia del Partido Popular para cambiar el
modelo de Estado y el modelo socioeconómico. Creo que detrás de este real decreto, y de este proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo, lo que hay es un cambio profundo del modelo de Estado; se está yendo a una recentralización total, a
la negación del propio espíritu de la Constitución que se aprobó en su día, que -repito-, aunque no fue aprobada en mi país, debería estar vigente para ustedes; sin embargo, la están cambiando profundamente con esta recentralización total, negando
incluso los ámbitos de soberanía que están actualmente vigentes en mi país.


En tercer lugar, corresponde también a un cambio profundo del modelo social. Responde a una concepción ultraliberal de la sociedad y de la economía, que está dando la espalda a los problemas reales de la gente, a los problemas reales de la
economía real y está dando también la espalda a lo que debe ser el reforzamiento del Estado del bienestar. Este primer bloque que estamos debatiendo ahora es muy significativo a ese respecto. Se produce una recentralización total de todas las
competencias que ahora mismo residen en las comunidades autónomas, y se produce también un cambio del modelo socioeconómico, yendo hacia un modelo ultraliberal. Sigue dando la espalda este real decreto a la pequeña y mediana empresa, a las personas
que están registradas como autónomos, a la economía social. Podríamos decir que detrás de este proyecto de ley hay una opción preferente por las grandes empresas. Hay una opción preferente por la economía ultraliberal y por la economía
especulativa, más que por la economía productiva.

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Hay también elementos concretos a los que otros portavoces se han referido, como el tema de la financiación. Siguen estando ausentes las necesidades reales de pequeñas y medianas empresas, autónomos y la economía social. Sigue estando
ausente la necesidad de una entidad pública que dé respuesta a esos intereses sociales, a esos intereses de esa economía real, que es la mayoría de la economía de este Estado y, sobre todo, que ocupa la mayoría de la población de este Estado. Hay
otro elemento que también muestra muy a las claras ese cambio de modelo socioeconómico, que es todo lo que se refiere al comercio interior, no solo porque no respete la autonomía local de las entidades locales, de los municipios o de las comunidades
autónomas, sino porque supone también un cambio profundo de la organización de lo que es el comercio. Es un cambio profundo en el que sigue apostando por las grandes superficies, por las grandes empresas y dando la espalda al pequeño comercio, que
es el que articula socialmente las ciudades, es el que da cohesión social a los distintos barrios de las ciudades y es el que también da con un elemento importante para generar empleo por todas las ciudades. Al mismo tiempo, supone también una
conexión directa con la economía local de reforzamiento de esa soberanía alimentaria que puede ser un modelo muy importante para avanzar en la cohesión social y en el desarrollo socioeconómico de la mayoría de las personas.


Por estas razones, nosotros estamos en contra de este proyecto de ley y vamos a votar en contra; y votaremos a favor de todas aquellas enmiendas que defiendan, por un lado, la soberanía originaria de nuestro país y, por otro lado, que
defiendan un modelo socioeconómico que esté centrado en las personas, que esté centrado en las pequeñas y medianas empresas, en los autónomos, en la economía social y que esté centrado en esa economía real que refuerce el Estado del bienestar. Ese
es el posicionamiento nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero empezar diciendo que hoy hemos leído a la prensa la posibilidad de que a mi compañera Irene Garrido la nombraran presidenta del ICO y no la quiero felicitar, porque trae mala suerte, hasta que no se
haga el nombramiento oficial, pero, si eso sucediera, quiero señalar que me parece una elección acertadísima. Además, creo que demuestra que los diputados con la debida preparación pueden ocupar cargos ejecutivos, que es un debate que hemos tenido
alguna vez en esta Comisión, demuestra que es así y, en este caso, la calidad humana y profesional que ha demostrado en estos tres años de Parlamento la hacen idónea para el cargo, que creo que lo hará muy bien y que es muy necesario. (Aplausos.)


Dicho esto, señorías, aquí ha habido en esta primera intervención una valoración sobre el fondo y la forma del decreto-ley. Se ha hecho un decreto-ley que tiene muchísimos temas, algunos de ellos dispares. El Gobierno, con la iniciativa
constitucional que tiene, lo aprobó y lo trajo a esta Cámara para su convalidación. ¿Por qué se hacen como decreto-ley unas modificaciones en los textos legales o unas reformas, como algunos han llamado, tan sustanciales? Porque, en opinión de
nuestro grupo, es necesario aprovechar la coyuntura económica para transformarla en bienestar para los ciudadanos, es necesario aprovechar la coyuntura económica actual para afianzar el crecimiento y hacer además que el crecimiento no solo sea un
número de PIB, sino que signifique mejora en la empleabilidad, en el bienestar de las familias; se trata de hacer llegar, como hemos dicho en otras ocasiones, la recuperación a los ciudadanos de manera real. Por eso entendemos nosotros que se
aprueba como decreto-ley.


Efectivamente, hay un problema -yo lo señalé y lo sigo manteniendo- de votación de los decretos-leyes en el Pleno. Creo que no es un problema de la Constitución ni del Gobierno, es un problema del Reglamento de la Cámara, te hacen votar sí
o no -llevo algunos años está Cámara, pocos, todavía me quedan unos cuantos (Risas)-, hay un sistema de votación que te impide manifestar debidamente tu intención de voto. Creo que lo señalaba el señor Coscubiela. Efectivamente es así, no te
permiten votar parcialmente el decreto-ley, o votas que sí o votas que no, y cuando hay temas como este que se refieren al gas, a los puertos o a las tasas de intercambio, es un problema, pero es un problema del Reglamento. Yo pediría que se
cambiara el Reglamento y que se modificara para poder votar los decretos-leyes por partes para que los grupos puedan manifestar su intención de voto de una manera definida. Así dejarían de ponernos en el compromiso de tener que votar que sí o que
no, porque a algunas cosas votaría que sí y a otras votaría que no, pero no es un problema del instrumento jurídico constitucional, que es el decreto-ley.


La fórmula de tramitación desde que se aprobó en el Pleno ha correspondido a esta Comisión y lo estamos intentando hacer de la manera que permita el mayor nivel de debate, de diálogo y de especificación del voto. Por eso lo hemos hecho así,
con un debate amplio y por partes, con una votación separada de

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enmiendas y de artículos, para que cada grupo en el 'Diario de Sesiones' fije de verdad qué piensa sobre las tasas de intercambio, sobre los puertos, sobre los aeropuertos, sobre la modificación de la ley del gas o sobre los diversos temas.
Y el fondo -luego me referiré a los artículos- a unos les puede parecer mal o bien, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con la política económica del Gobierno.


Decía el portavoz socialista que es la herencia. No, no, la herencia es una cuestión pasada, es un momento histórico. El país en el año 2011 estaba como estaba y se convocaron las elecciones en un momento en que el señor presidente del
Gobierno determinó acortar la legislatura porque él entendía que había que hacerlo. A lo mejor entendía que todo iba fenomenal, que íbamos en un camino correctísimo y entonces acortó la legislatura porque no le gustaba que fuéramos tan bien. O a
lo mejor entendía que no íbamos tan bien y por eso acortó la legislatura. Pero eso es un momento histórico, no tiene nada que ver. A partir de ese momento, el Grupo Parlamentario Popular ya no tiene ninguna necesidad de hablar de la herencia, va
al notario y acepta o no acepta la herencia (El señor Lavilla Martínez: Vale, pues ahora a cumplir), nosotros aceptamos la herencia y, una vez que la aceptamos, intentamos que esto se transforme en crecimiento, en empleo, en bienestar, en mejora,
en un prestigio internacional mayor, en una situación mejor de nuestro país en Europa. Eso es lo que hemos hecho. Algunos pueden decir que lo hemos hecho mal y que con Zapatero vivíamos mejor -perdonen la expresión-, que éramos más felices y
comíamos perdices. Fenomenal, entiendo que alguien pueda pensar eso. Nosotros pensamos que hoy hay una situación distinta, creo que en eso coinciden muchos españoles con nosotros, en que la situación es distinta, tenemos la voluntad de muchos
españoles con nosotros. ¿Que podíamos haberlo hecho mejor? Eso es innegable. ¿Que se podían haber hecho las cosas más rápido? También se puede discutir. Nosotros creemos que vamos mejor, y este decreto-ley lo que pretende es seguir en esa
dirección: afianzar el crecimiento, transformarlo en bienestar y en empleo. Por eso se abordan un conjunto de medidas en muchos sectores. Hay medidas para la mejora de la competitividad, medidas para mejorar el acceso a la financiación, medidas
para fomentar la empleabilidad y la ocupación en muchos sectores. Eso es lo que hace este decreto.


Competencias autonómicas o no competencias autonómicas. Este verano un compañero de facultad -joven también, como yo- que está en Bruselas me decía que se había fijado en que muchas veces en el Parlamento español algunos grupos hablan de la
intromisión en el marco competencial y, sin embargo, no había oído nunca jamás a ningún representante de esos grupos en el Parlamento Europeo hablar de la intromisión competencial cuando se aprueba una directiva, que son marcos que luego se aplican
en los Estados. Aquí, sin embargo, sí hablamos de eso. Es que hay leyes marco que luego las comunidades autónomas desarrollan de acuerdo con sus estatutos, leyes marco para que mejore el país en su conjunto. Eso es lo que se hace con las leyes en
este Parlamento, no se trata de quitar competencias a nadie, sino de establecer marcos legislativos que luego las comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias desarrollan voluntariamente con un marco único que ayude a que el país sea
competitivo, a que crezca, a que cree empleo y a que no haya una disgregación del mercado. Eso es lo que hace este decreto-ley.


Nosotros en estos artículos -capítulos I a III, artículos hasta el 15- lo que hacemos es flexibilizar el fondo para que Cofides pueda actuar a través de Fonpyme, es decir, que haya más capacidad de financiación a las empresas en la
internacionalización. Hay programas de garantías ICO -que se los tendrá que aprender muy bien mi compañera Irene Garrido- para favorecer la financiación e internacionalización de empresas españolas, hay cancelación de operaciones de préstamos a
proveedores y hay declaración de zonas turísticas. Y permítanme decir dos cosas antes de acabar esta primera intervención. La declaración de zonas de afluencia turística no tiene nada que ver con las grandes superficies. Podemos decir misa,
podemos traer a algún obispo para que diga a la misa, pero la declaración de zona de gran afluencia turística es para el pequeño comercio. Cuando salen -perdón por la expresión salir-, 2.000 personas de un barco a una ciudad y quieren comprar, no
se van al macro, se van a las pequeñas tiendas de los barrios y de la ciudad. Eso es así, lo diga quien lo diga. Por tanto, cuando aquí de lo que se trata es de que, cuando haya un gran barco en un puerto -por cierto, todas las comunidades
turísticas están intentando atraer el turismo de crucero-, cuando salgan los turistas a la ciudad, no se encuentren con que no se puedan tomar un tallaet -que dicen en mi pueblo- porque se encuentren los bares cerrados y las tiendas cerradas, se
trata de que esté todo abierto y sobre todo lo pequeño.


Por último, señor presidente -y con esto acabo-, también se regula en esos artículos la moderación en la aplicación de las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta. Me parece importantísimo para proteger al pequeño comercio,
que a veces tenía problemas -el pequeño, no el grande que lo tenía ajustado por negociación- cuando iban con el plástico, porque le podía costar la operación dinero que le

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restaba de sus pequeños beneficios. Es una clarísima apuesta por el pequeño. Por eso quiero que conste, porque como se habla mucho, quiero que conste también lo que yo digo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Ahora, para finalizar este primer bloque hay un turno de cuatro minutos por si alguien quiere utilizarlo. Señor Lavilla, ¿va a utilizar el turno? (Denegación.) ¿Alguien quiere utilizarlo? (Denegación.)


Pasamos entonces al segundo bloque. Fomento, Aviación: título II capítulo I, artículos 16 a 55, disposiciones adicionales decimotercera a decimoctava y disposición transitoria cuarta a undécima.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Me corresponde defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en este título II. Empezamos por la enmienda 189 que plantea la supresión de las secciones 1.ª a 5.ª, en el capítulo I. Planteamos esta
enmienda porque no compartimos su propósito; el propósito último de esta regulación aparece en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto. Dice textualmente esta memoria que la regulación pretende facilitar la entrada de capital
privado en la gestión de AENA Aeropuertos en un corto plazo de tiempo. No estamos de acuerdo con este propósito general, por lo tanto, planteamos la supresión de estas secciones en el capítulo I, título II del decreto.


Tampoco compartimos de hecho el procedimiento. Entendemos que la regulación de un sector estratégico para el interés general, incluso para el ejercicio de derechos básicos de ciudadanía como son los aeropuertos, como es la regulación
relativa a los aeropuertos, no puede llevarse a cabo mediante un real decreto-ley sin diálogo, sin información, sin explicación suficiente; un real decreto-ley que ya está en vigor, como se ha dicho en esta sala hace solo unos minutos. No
compartimos el propósito, no compartimos el procedimiento. Además, hay contradicciones flagrantes en esta regulación. La exposición de motivos dice textualmente que se intenta salvaguardar la integridad de la red de aeropuertos de interés general
del Estado, pero el artículo 22 faculta directamente al Gobierno a cerrar o a vender cualquier aeropuerto de la red con tan solo un informe de la Comisión delegada de Asuntos Económicos o del mismísimo secretario de Estado de Fomento. ¿Qué manera
de salvaguardar la integridad de la red de aeropuertos es facultar al Gobierno con un informe de un secretario de Estado a cerrar o a vender cualquier aeropuerto? Contradicción flagrante.


Objeciones de sectores afectados. Hay objeciones de gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, sindicatos, confederaciones empresariales que no están de acuerdo con la privatización de nuestra red aeroportuaria, con su
fraccionamiento. Hay objeciones incluso de la Asociación de Líneas Aéreas, sorprendida esta asociación que integra las principales compañías aéreas del país porque a los pocos meses de cerrar, de suscribir, de publicitar en televisión un gran
acuerdo en torno a las tarifas aeroportuarias para los próximos años, el Gobierno, vía decreto, reforma este procedimiento sin consultarles, sin tratar el asunto con ellos, sin renovar el consenso establecido. La Asociación de Líneas Aéreas ha
remitido una carta a los grupos parlamentarios de esta Cámara en la que nos dice lo siguiente: Esta asociación, tras una lectura pormenorizada del decreto, entiende que esta normativa nueva plantea una serie de inconsistencias con respecto a la
legislación vigente y genera reservas, por lo que se refiere a su alcance sobre la competitividad y la eficiencia. Por lo tanto, si la propia Asociación de Líneas Aéreas nos dice que hay serias dudas en torno a la competitividad y a la eficiencia
del sector aplicando este decreto, nosotros no podemos avalarlo, como es lógico.


Nuestra principal salvedad está, como les decía, en el fondo. El Gobierno se ampara en su discurso para facilitar la entrada de capital privado en AENA en una normativa socialista del año 2010. Pero esa normativa socialista, que facilitaba
la entrada de capital privado en AENA con el límite del 49%, tenía unos objetivos y unos condicionantes que ahora no aparecen en este decreto. Se planteaba, simple y llanamente, para obtener recursos para el Estado porque el Estado, en aquel
entonces, no se podía financiar de una manera normalizada en los mercados. Ahora no ocurre esto, ahora la prima de riesgo está en condiciones razonables. Entonces se planteaba blindar la continuidad de la red aeroportuaria; ahora no se hace esto.
Ahora incluso se faculta al Gobierno, insisto, a cerrar o a vender cualquier aeropuerto de la red con un simple informe de un secretario de Estado. Entonces se planteaba la gestión individualizada de algunos aeropuertos especialmente relevantes;
entonces se planteaba facilitar la participación de las administraciones territoriales en la gestión de los aeropuertos. Ahora no hay nada de esto en el decreto; ahora simplemente se plantea una primera fase de privatización del capital de AENA
hasta el 49 % y, según deducimos del contenido de la solicitud que hace el consejo de administración de AENA al consejo estatal de privatizaciones, de un 60 % en una segunda fase posterior. ¿Por qué razón?

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Espero que no se vuelva a alegar en esta sala la necesidad de mejorar la competitividad o la sostenibilidad financiera de AENA porque es incompatible con el discurso que mantiene el presidente de AENA en los últimos años. El presidente de
AENA, cada vez que tiene oportunidad en esta casa o en los medios de comunicación, nos dice que AENA es la campeona mundial de la competitividad y de la sostenibilidad financiera. Si es la campeona mundial, ¿para qué hace falta una medida tan
drástica como esta para mejorar su competitividad o su sostenibilidad financiera? O una cosa o la otra. Si no se trata de obtener recursos para el Estado, si no se trata de blindar la red, si no se trata de gestionar individualmente algunos
aeropuertos singulares, si no se trata de fomentar la participación territorial ni mejorar las cuentas de AENA, ¿para qué hacen ustedes esta operación? ¿Para beneficiar a alguna empresa? Nosotros no estamos por la labor de cumplir con aquello que
solicita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que invita prácticamente a privatizar todos los aeropuertos, a romper la red aeroportuaria española en dos o tres bloques. Esto sería una barbaridad. No juguemos con las cosas de
comer. Los aeropuertos de interés general del Estado constituyen un factor clave para el ejercicio de derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la movilidad de muchos españoles que viven en las islas. Es un factor clave para asegurar el
desarrollo económico, para la supervivencia del desarrollo económico y del empleo de muchos territorios de España. No juguemos con las cosas de comer. Nosotros planteamos la supresión de estas secciones porque buscan directamente la privatización
de AENA, la privatización total de AENA.


Planteamos en la enmienda 190 la supresión del primer párrafo, apartado 1, artículo 50. Estamos en la regulación de la actividad de los drones, las aeronaves civiles pilotadas por control remoto. En general estamos de acuerdo con la
regulación que se plantea aquí, porque responde a la regulación francesa -prácticamente es una copia de la regulación francesa-, y el sector está de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la provisionalidad de la regulación que plantea el
Gobierno en el artículo 50 de este decreto. Nos viene a decir el Gobierno en el artículo 50 y en la disposición final segunda: esta es la ley, pero el Gobierno se reserva la capacidad de cambiar la ley vía reglamento. ¿Qué manera de legislar es
esta? La ley es la ley y la ley debe tener vocación de estabilidad, de seguridad jurídica y, si hay que cambiar la ley, se cambia con otra ley, no se cambia con un reglamento; los reglamentos desarrollan las leyes, no las cambian y, por tanto,
esta salvedad que establece el Gobierno diciendo que ahí va eso, pero que si se nos ocurre otra cosa de aquí a unos meses lo cambiamos vía reglamento no es serio, y nosotros planteamos su supresión.


Con las enmiendas 191 a 194 intentamos modificar el contenido de lo que plantea el Gobierno para modificar la Ley de Puertos, una ley clave también para el desarrollo económico y para la organización logística de este país. Tan clave es
este sector y tan clave es la regulación legal del mismo que el Gobierno socialista planteó en su momento un consenso con el principal partido de la oposición para hacerla conjuntamente. Yo hice varias visitas como representante del grupo que
apoyaba al Gobierno al despacho del portavoz de Fomento en el principal grupo de la oposición -lo recordará el señor Ayala- y yo ahora no voy a requerir visitas a mi despacho, me conformo con una llamada, con que se nos informe. Consensuamos una
ley, la aprobamos conjuntamente y ustedes la modifican sustancialmente y ni siquiera nos hacen una llamada, lo tenemos que ver en el decreto. ¿Qué manera de actuar es esta? No es serio. Estamos hablando de un sector estratégico clave para el
desarrollo de este país. Ustedes se cargan una ley que hemos aprobado aquí con un consenso importante en la Cámara y ni siquiera nos hacen una llamada, lo tenemos que ver en los periódicos. No es serio. No es serio el procedimiento y no es serio
el propósito, porque el propósito de buena parte de esta regulación que incorporan ahora es el de eludir la responsabilidad del Ministerio de Fomento para llevar a cabo las inversiones que le corresponden en orden a desarrollar las redes
estratégicas de transporte, las redes europeas, la conectividad de los puertos de interés general del Estado, el desarrollo de la intermodalidad y las plataformas logísticas, y para que el Ministerio de Fomento eluda sus responsabilidades y sus
compromisos establecen dos medidas: primero, amplían los plazos de concesión de las terminales privadas en los puertos. Les vienen a decir a los concesionarios privados: hagan ustedes el gasto que me corresponde a mí y yo les quito a ustedes el
engorro de un nuevo concurso público para mantener la concesión. Esto no es serio tampoco. El Gobierno intenta eludir su responsabilidad en la ejecución de inversiones que le corresponden vía ampliación de plazo de concesiones. No es serio.


Segunda medida, crean un fondo financiero de accesibilidad terrestre para los puertos, que no es otra cosa que la confiscación forzosa de los fondos propios de las autoridades portuarias para cubrir una vez más los incumplimientos
presupuestarios del Ministerio de Fomento. No estamos de acuerdo. Ampliar los plazos de concesión va contra la competencia y la libre concurrencia para la determinación de los concesionarios; competencia y libre concurrencia, no ampliación de
plazos de concesiones. Además, es

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un precedente un tanto peligroso para otros ámbitos de concesión en el mundo de los transportes. El fondo confiscador atenta contra la autonomía de las autoridades portuarias y supone una penalización para los buenos gestores portuarios
además de un premio para los malos. Le está diciendo el Gobierno a algunos gestores: si usted gestiona bien, yo le voy a confiscar su ahorro para cubrir mis agobios financieros, y si usted gestiona mal, le premio otorgándole el beneficio obtenido
por los demás. En fin, esto no es razonable. Hagan ustedes sus deberes, ejerzan ustedes sus responsabilidades de presupuestación y de inversión en la mejora de las infraestructuras portuarias y no amplíen las concesiones y no generen fondos
confiscadores porque esto no es razonable.


La última enmienda, la 195, es de adición. Planteamos un nuevo capítulo III para intentar parar la privatización en la gestión de la alta velocidad ferroviaria. Esta enmienda plantea, en concreto, la obligación legal de no acometer la
liberalización, la privatización de la gestión del tráfico ferroviario de viajeros hasta que no sea absolutamente obligatorio a partir de la normativa europea. Ayer tuvimos este debate en la Diputación Permanente y no estamos de acuerdo en que se
privatice la gestión de la alta velocidad ferroviaria. No estamos de acuerdo. Tras 50.000 millones de inversión de los españoles en mejorar nuestra red ferroviaria de altas prestaciones, no vamos a respaldar que venga una empresa privada a obtener
el beneficio, porque no hay ninguna ventaja para el usuario y para el viajero. Insisto, no se van a poder bajar las tarifas. Renfe ha perdido en el primer cuatrimestre de este año 98 millones y no puede seguir perdiendo dinero y, si Renfe no puede
bajar las tarifas, no podrá hacerlo tampoco desde esa base ninguna empresa privada. No se van a poder establecer nuevas líneas, nuevos servicios, no se va a poder mejorar la puntualidad ni la seguridad ni las prestaciones. Entonces, ¿dónde está el
beneficio para el viajero? Aquí solo hay beneficio para el empresario concesionario y nosotros no estamos de acuerdo con que los españoles inviertan de sus impuestos 50.000 millones para que después venga un empresario, el que sea, a poner
legítimamente el cazo que ustedes le proporcionen. No es razonable, y nosotros no lo vamos a respaldar. Además, la propia comisión técnica que ustedes convocaron para establecer mejoras en el sistema ferroviario español nos alerta sobre los
peligros que tiene esta liberalización. Les vuelvo a leer el párrafo, que es muy significativo, del informe de la comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario convocada por la ministra de Fomento -no por nosotros,
por la ministra de Fomento-; nos dice esta comisión: El proceso de liberalización en el tráfico ferroviario de viajeros puede devenir en una serie de problemas económicos y de falta de rentabilidad para las empresas prestatarias que aboque en el
corto plazo en un deterioro real del servicio. Un deterioro real del servicio. No es razonable, y por eso nosotros planteamos una enmienda, un nuevo capítulo III en este título II del decreto a fin de parar la privatización en marcha de la gestión
del AVE. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha presentado a este paquete veintiuna enmiendas a las modificaciones en la gestión aeroportuaria; dos en el tema de la regulación de los drones y quince
en la modificación de la Ley de Puertos. Evidentemente, los tres capítulos merecen un comentario aparte y cada cual en un signo distinto. En primer lugar, por lo que hace referencia a los drones, conocen perfectamente las señoras y los señores
diputados que fue nuestro grupo quien instó, a través de una pregunta formulada a la ministra de Fomento y a través de todo un proceso de comunicación, sobre la necesidad de que España no fuese el único país importante de la Europa occidental que no
tuviera en estos momentos una regulación de los drones y, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer en cualquier caso es celebrar que se haya producido esta regulación. Nos parece que su carácter provisional es correcto porque lo urgente era tener
cuanto antes una regulación y hemos formulado dos enmiendas, la 342 y la 343, para mejorar dicha regulación. En este caso, nosotros diríamos que, dentro del margen del decretón estaría justificada la inclusión de la regulación de los drones.


El segundo apartado son las modificaciones de la Ley de Puertos en las cuales hay básicamente dos aspectos: uno referido a este llamado fondo de accesibilidad, sobre el que nosotros inicialmente manifestamos nuestra oposición; hubo una
negociación entre el conseller de la Generalitat y la propia ministra con unos acuerdos de principio, que lógicamente nosotros esperamos que a lo largo de esos tres meses de plazo que se dieron pudieran culminar con un acuerdo. Algunas de las
enmiendas que hemos presentado serían para dar apoyo a este acuerdo de principio entre la Generalitat y el Gobierno del Estado. Además, la modificación de la Ley de Puertos pretende la posibilidad de ampliación de las concesiones portuarias.
Evidentemente, aquí no estamos de acuerdo con lo que se ha dicho por otros portavoces.

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Nosotros estamos absolutamente a favor de las fórmulas de colaboración público-privada. De hecho, este es un elemento muy divertido porque en todas partes cuando hay Gobiernos por ejemplo socialdemócratas uno de los elementos que más
aparece para dinamizar la economía -el caso de mi amigo Manuel Valls, por cierto- es la fórmula de la colaboración público-privada, y dentro de la colaboración público-privada -también aquí mi amigo Manuel Valls- resulta que entre otras propuestas
hay una de prórroga de las concesiones de autopistas a cambio de inversión pública inmediata para dinamizar la economía. Por tanto, hay un consenso entre las grandes familias ideológicas europeas -familias conservadoras, liberales y
socialdemócratas- en que una buena colaboración público-privada puede ayudar a la dinamización de la economía. Desde este punto de vista, a nosotros nos parece positivo que se exploren estas posibilidades, pero siempre con un requisito importante,
y es que las fórmulas de colaboración público-privada requieren de un muy buen saber hacer por parte de la autoridad competente. Hay que controlar bien los procesos, hay que licitar bien y hay que hacer buenos pliegos; todo esto es la
responsabilidad pública. Por lo tanto, hay que tener unas buenas leyes para que luego podamos desarrollarlo perfectamente. En este sentido, a nosotros nos parece que las fórmulas que en lo relativo a los puertos se prevén son positivas y hemos
presentado trece enmiendas dirigidas a intentar mejorar dentro de lo posible estas fórmulas concesionales.


Nos parece que hay que buscar un equilibrio entre lo que sería la capacidad de que efectivamente acuda capital privado solvente y la garantía plena de la defensa del interés público; ese es el sentido de nuestras enmiendas. Sé que algunas
pueden ser aceptadas y hay otras que estamos intentando transaccionar. Entre ellas hay una que quisiera relatar específicamente. Se trata de la 363, cuyo apartado 5 del artículo 56 es un poco la clave. En él se establecen las condiciones. A
nosotros nos parece que esta es la clave, aquí es donde debemos concentrar toda nuestra atención para perfeccionar la ley. Por tanto, aquí están todas nuestras propuestas.


Quisiera reclamar de manera muy importante una modificación que me parece que es de sentido común, y es que la ampliación de la concesión que está fijada en un tercio se pueda acotar a dos quintos. Creo que este es un tema muy importante
por dar seguridad jurídica, por dar un período de hasta cuarenta años, un período ciertamente racional. Por tanto, desde mi punto de vista, esta propuesta debería ser atendida y esperamos que así sea.


Hay otro tema muy importante y es que dentro de las condiciones para facultar esta ampliación de prórrogas se fija un importe económico total mínimo al 20%. Nosotros creemos que esto tiene una cierta rigidez y, por tanto, nos gustaría que
se contemplara un límite inferior en caso de grandes inversiones estratégicas para la Autoridad Portuaria y, lógicamente, después de todo un procedimiento de evaluación del interés público tanto por parte del puerto como por parte de la propia
Administración del Estado para validar realmente el carácter estratégico de estas grandes inversiones. En este capítulo nosotros esperamos contribuir al perfeccionamiento de la ley, a darle plena seguridad jurídica.


Ya sé que el señor Coscubiela se ha ido, pero aquí me gustaría reclamar un poco de verdad. El señor Coscubiela se lamentaba de que en Barcelona hubiera cinco concesiones de puertos deportivos, de las cuales curiosamente cuatro fueron
concedidas en un período en el que había un Gobierno social comunista -si me permiten la expresión- en el Ayuntamiento de Barcelona, que además en algunos casos resulta que han sido promotores, por ejemplo en el caso del Puerto Olímpico, promovido
entre otros por el propio Ayuntamiento de Barcelona en el ámbito de la organización olímpica. Lo mismo sucede con el Puerto del Fórum, que fue una de las grandes apuestas de transformación; entre Barcelona y Sant Adrià -curiosamente en Sant Adrià
hay un Gobierno en el que participa Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Alternativa-. Yo no sé lo que pretendía decir el señor Coscubiela, pero cuando ellos tienen responsabilidades de Gobierno, y hacen bien, ayudan a que una pieza clave en la
transformación de la ciudad del litoral sea una participación acotada -creo que debe ser acotada, controlada, etcétera- de los puertos deportivos. Fíjese, creo que incluso de destacadísimos líderes socialistas y de Iniciativa per Catalunya hay
textos escritos y han predicado por todo el mundo la bondad del modelo portuario de Barcelona, de transformación de lo que se llama el Port Vell, que básicamente trata de recuperar para la ciudad un espacio muy importante. ¿En qué se basa esta
recuperación? En usos comerciales, en usos de puerto deportivo y, evidentemente, en que se puedan recuperar muchas de las zonas para el uso social. Este equilibrio, que ha sido diseñado por un ayuntamiento de este signo político, ha dado a
Barcelona no solamente un éxito espectacular, sino que ha servido de modelo. Yo no puedo comprender cómo ahora el señor Coscubiela reniega de sus correligionarios, que lo han hecho y lo han escrito. Podemos incluso poner aquí montones de libros de
aún destacados militantes de

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Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya en los cuales se habla muy bien de este modelo. ¿Qué sucede? Que en estos momentos el gran objetivo del señor Coscubiela es la campaña municipal de Barcelona y, por tanto, se apuntan a todas. Hay
que decirlo, no le importa el decreto-ley, lo que le importa es la campaña municipal de Barcelona. Por tanto, ahora se trata de agitar, que está bien, pero digámoslo muy claro y mostremos las terribles incoherencias de algunos cuando vienen aquí no
a aprobar una ley, sino simplemente a hacer campaña municipal. Me gusta decirlo con todas sus letras para que el señor Coscubiela, que le gusta tanto predicar por aquí, sepa que sabemos perfectamente que su objetivo no es perfeccionar una ley, como
estamos haciendo, sino hacer campaña municipal en Barcelona; igual lo vemos de candidato un día de estos.


Último apartado de la modificación: AENA. Aquí no estamos de acuerdo para nada. Este no es nuestro modelo, el nuestro no es un modelo en red. Aquí se perfecciona este modelo y nosotros estamos radicalmente en contra. Nuestras enmiendas,
que no van a ser atendidas, lógicamente, pretenden modificarlo. Yo creo que aquí el Partido Popular está solo y creo que lo va a estar porque es un modelo que a la corta o a la larga va a ser impugnado y que tanto la Comisión Nacional de la
Competencia como las instancias europeas van a declarar que no es un modelo posible porque privatizar algo en régimen de monopolio sin darle bien la competencia no es posible con la legislación. Creo que aquí la obsesión por la pervivencia de la
red pierde al Gobierno. En cualquier caso, esto ya lo hemos predicado muchas veces. No lograremos aquí ningún cambio y, por tanto, me ahorro y les ahorro a todos ustedes más comentarios. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora De Las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: En primer lugar, después de la intervención del señor Macias, quiero decir que no seré yo sino el señor Coscubiela quien le conteste sobre ese asunto, pero sin duda lo hará cuando tenga el próximo turno de
palabra.


En mi intervención daré por defendidas las enmiendas presentadas y me centraré en las enmiendas de supresión de los artículos que tratan de la venta de AENA. En primer lugar, cabe resaltar que desde el 5 de julio la entidad pública AENA
pasa a denominarse Enaire y la sociedad mercantil estatal AENA, creada por el Gobierno del Partido Socialista, en un ataque de neoliberalismo exacerbado y al amparo del Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, ahora pasará a llamarse AENA, S.A. Esa
estructura empresarial es la que permitirá la entrada de capital privado o lo que en román paladino todas sus señorías saben viene a ser vender o expoliar el patrimonio público. Pero, además, el Gobierno del Partido Popular con este cambio
normativo también regala -así, regala- la marca AENA, que es reconocida y prestigiada a nivel internacional. AENA Aeropuertos, S.A. era hasta el 5 de julio una empresa pública rentable en la que se han hecho inversiones muchas veces innecesarias y
siempre multimillonarias que propiciaron una gran deuda, pero que ahora, afortunadamente, hoy, está controlada y saneadas sus cuentas; una empresa que no cuesta ni un solo euro al erario público, puesto que se autofinancia y da beneficios. En el
año 2013 superaron los 700 millones y hay previsiones de seguir con la misma tendencia. Además, hay que resaltar que el esfuerzo y sacrificio que ha costado a toda la ciudadanía española no solo ha sido en inversiones y deuda, sino muy
especialmente para los miles de trabajadores y trabajadoras que durante el proceso de saneamiento y optimización de la empresa pública han perdido su puesto de trabajo en sucesivos expedientes de regulación de empleo. Después de todo ese esfuerzo,
es absolutamente inexplicable, señorías, si no es bajo preceptos puramente ideológicos, la liquidación del control público de un sector estratégico, como es el transporte aéreo de nuestro país, para ponerlo en manos y al servicio de los intereses
económicos y financieros.


Con esto lo que queda de manifiesto es que no hay ni un solo argumento relacionado con el interés general y el beneficio público que pueda soportarse con un mínimo de rigor para legitimar esta operación, por mucho que estos términos de
interés general, eficiencia, etcétera, se repitan machaconamente en la exposición de motivos y en los más de cuarenta folios que esta ley dedica a este tema en su articulado. Y no puede soportarse, señorías, porque aquí no hay ningún beneficio
público que valga, la urgencia en la aprobación de este decreto-ley y su tramitación exprés se hace exclusivamente atendiendo a las demandas e intereses de unos pocos empresarios del sector privado afines y bendecidos por el Gobierno del Partido
Popular. Y claro, es evidente, una operación como esta, que se perfila como una de las ofertas públicas de venta más importantes de los últimos decenios, no podría hacerse si funcionaran los mínimos mecanismos de control democrático y bajo unos
mínimos principios de transparencia e información pública.

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Por eso nos encontramos hoy aquí en agosto y periodo extraordinario de sesiones, para esclarecer este nuevo marco regulatorio que permite el expolio de AENA, secuestrando la necesidad de llevar a cabo un amplio y sereno debate con la
participación de la sociedad civil organizada y los representantes de los trabajadores, que sin lugar a dudas, no nos cabe ninguna duda, si estuvieran presentes y tuvieran toda la información y pudieran participar, darían al traste con sus espurias
intenciones. Se trata de una venta a espaldas de la ciudadanía y llena de mentiras, así en ningún momento aparece en este proyecto de ley la restricción de la venta al 49 %, ni se dice tampoco en ningún momento que el control público será
mayoritario mediante su accionariado. Y si atendemos, como mucho nos tenemos que harán ustedes, porque sabemos que ustedes iban a atender al informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones y a lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la venta completa de AENA será cuestión de tiempo y a demanda de los mercaderes. En la exposición de motivos se dice que se llevará a cabo la valoración del ente público, pero ya se ha dicho a los cuatro vientos que la operación apenas
dejará 2.500 millones de euros a las arcas públicas. Esto es un escándalo, porque se valorará en 16 millones de euros, un verdadero escándalo, cuando apenas hace tres años en una situación bastante más grave a nivel económico en nuestro país se
valoró en 30.000 millones de euros. ¿Es que no han hecho ustedes todavía la valoración? Existe una total opacidad al respecto por parte del Gobierno, pero ya hemos sabido, eso sí, según noticia de la prensa del pasado 20 de agosto, que Enaire ya
ha licitado la publicidad por 7 millones de euros, donde se incluye la oferta pública de venta de las acciones de AENA. Están vendiendo ustedes el oso antes de cazarlo. Es que no nos lo creemos. Hay mucha prisa y para entenderla es importante
saber quién está detrás de esta operación. El pasado 22 de julio ya se adjudicó la coordinación para la privatización del ente. ¿A quién? Pues al Banco Bilbao Vizcaya, al Banco Santander, a Morgan Stanley o a Goldman Sachs. Ahí está la madre del
cordero, señorías.


Con estos mimbres se podrán vender los aeropuertos que no sean rentables económicamente, porque así queda negro sobre blanco en este proyecto de ley. Esto supondrá la disgregación de la red y pondrá en peligro la vertebración del
territorio, afectando especialmente a las islas, y dejará, por supuesto, en un segundo, tercer o vaya usted a saber qué lugar el interés general. Se saltan el estatuto de autonomía de las comunidades autónomas en materia de participación en la
planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general situados en sus territorios y se pone en peligro también la rentabilidad con reversión para el país, para los intereses generales del país de un sector también de carácter
estratégico como es el turismo. No garantiza el mantenimiento y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras porque en esta ley para privatizar, vender AENA, solo se ha contemplado a destajo, señorías, la rentabilidad de los
inversores. Las tasas aeroportuarias se encarecerán de manera notable porque la norma aborda cómo debe confeccionarse en un futuro documento de regulación aeroportuaria, conocido como DORA. Dice cómo debe confeccionarse, y aquí quiero hacer
mención de esto porque se ha dicho que ya está confeccionado, el proyecto de ley dice cómo debe confeccionarse el DORA y a su vez este fijará las tasas aeroportuarias por periodos quinquenales salvo el primero que será por un año, y para los costes
se podrá imputar a los gestores por pasajero, se toman en cuenta los ingresos por tasa dejando a libre disposición de AENA y sus accionistas los ingresos de otra índole. Con esto es fácil entender que subirán las tasas aeroportuarias a medio y
corto plazo.


En definitiva, desde La Izquierda Plural no nos queda más que manifestar nuestra firme oposición ante esta venta injustificada. Los españoles, señorías, no ganaremos nada con esta operación, se perderá el control de las decisiones de una
red que supone el 90 % de la entrada de turistas extranjeros en nuestro país. En ningún caso queda garantizado el funcionamiento en red, se venderán o cerrarán aeropuertos sin criterio de sostenibilidad medioambiental o social y se perderán muchos
puestos de trabajo en un momento donde el Gobierno es incapaz de crearlos y solo se pretende un importantísimo trasvase de dinero público a favor del negocio millonario de los amiguetes del Gobierno.


Por último, me queda decir que la consumación de este expolio y este fraude no les puede salir gratis, tendrán enfrente, ya lo dije en el debate en la Cámara Baja sobre el decreto, a los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad civil
organizada en defensa de lo público. De aquí hasta que las acciones salgan a Bolsa queda todavía un recorrido donde desde La Izquierda Plural pondremos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo dando la batalla democrática para impedir este expolio.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Mi grupo ha presentado a esta parte del debate de la presente ley nueve enmiendas y todas ellas tienen que ver con la privatización de AENA y con el sistema de aeropuertos.

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De los diez minutos con los que cuento creo que me van a sobrar bastantes. Mi grupo está conforme con debatir y discutir si hay o no que privatizar AENA, en qué condiciones, en qué porcentaje, de qué manera, etcétera; es decir, el debate
no nos parece que sobre. Lo malo es que este debate no es posible porque no es un verdadero debate parlamentario. No es posible discutir algo tan serio como la privatización de AENA y como muchas otras cuestiones que vienen en esta ley sin
tratarlas como lo que son: cosas distintas y separadas que requieren y necesitan un debate separado y distinto. Cuando se debatió el predecesor de este proyecto de ley, el Real Decreto-ley 8/2014, se habló también de la cantidad de veces que se
había pedido por varios grupos de esta Cámara la comparecencia de la ministra de Fomento para explicar cuáles eran los planes de privatización de AENA. No se consiguió, no hubo ninguna comparecencia y no ha habido ninguna explicación. Lo que hubo
fue un real decreto-ley y ahora una artimaña parlamentaria para convertir ese real decreto-ley en una ley que, sin embargo, tiene todos los defectos que tenía el real decreto-ley; es decir, no ha mejorado en nada. Sigue siendo un cajón de sastre
en el que aparecen cosas absolutamente diferentes que no tienen nada que ver entre sí; y se hace algo que nos parece particularmente grave en una situación como la presente, que políticamente se puede definir sin ninguna exageración de grave crisis
de legitimación del sistema representativo. Hablo de crisis de legitimación porque cada vez más gente manifiesta en las sucesivas elecciones que se van celebrando -igual que hará en las siguientes- que sencillamente considera que el sistema
democrático parlamentario es una especie de farsa. Eso, que es muy grave, hay que corregirlo y no se puede corregir con este tipo de actuaciones políticas. Estábamos hablando de AENA pero, como ya he dicho, creo que me van a sobrar minutos porque
francamente no podemos debatir sobre algo sobre lo que no se quiere debatir. Ni siquiera se aceptan enmiendas; ni siquiera se acepta debatir enmiendas a lo que ya se ha previsto que sea lo que se apruebe por el Grupo Parlamentario Popular
seguramente en solitario.


Nos parece que todo esto es un triste simulacro de debate parlamentario. Siento tener que decirlo así porque mi grupo es de los que creen que el parlamentarismo es importante y que la democracia representativa es difícil de mejorar;
aunque, por supuesto, hay que mejorar -y mucho- en los procedimientos, pero que bien aplicado -como se hace en otros países- es un sistema que tiene una gran cantidad de ventajas. Aquí con este tipo de procedimientos y actuaciones se está haciendo
lo contrario: se ahonda y profundiza en la deslegitimación, en el desprestigio y en la marginación de todos los agentes políticos y sociales. Se ha hablado antes aquí de cómo los propios operadores aéreos están protestando o pidiendo al menos
correcciones a lo que la propia ley prevé. El Parlamento no está solamente para aplicar las mayorías parlamentarias que se derivan del cumplimiento de la Ley Electoral y, a partir de ahí, estamos legitimados para ignorar a todo el mundo, para
rehuir el debate y, como decía, para eludirlo con maniobras que más bien parecen de filibusterismo parlamentario que de otra cosa.


El debate de esta ley no es otra cosa que tratar de blindar con esta actuación un real decreto-ley que nos obligó a varios grupos de esta Cámara a presentar un recurso de inconstitucionalidad, que muy probablemente el Tribunal
Constitucional, al menos de manera cautelar, aceptará, lo que podría dar lugar a la paralización de la aplicación del real decreto-ley; desde luego, es flagrante que incumple los requisitos que la Constitución exige a los reales decretos-leyes. Su
tramitación como ley -que se va a aprobar sin duda alguna debido al peso numérico del Grupo Parlamentario Popular- es una manera de evitar y eludir este problema, pero la cuestión es de fondo. La cuestión es que al final estamos haciendo aquí algo
propagandístico, una campaña electoral de promoción del Gobierno, y no un debate sobre los problemas de fondo que tiene la economía española. Llamar a la ley con este título rimbombante no cambia ese problema de origen. Como les decía, el debate,
la deliberación y la persuasión son las claves del sistema parlamentario -y no solamente las mayorías y las minorías- y el método del rodillo las eliminan. Lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo critica cuando está en la oposición, pero parece
que se olvidan por completo cuando llega el momento de gobernar. Pero si antes esto era una cuestión interna del Parlamento, ahora es una cuestión de relevancia política y social porque, como decía antes, estamos en un momento de auge del
desprestigio del modelo democrático en toda Europa; y en España también ha llegado al final ese momento.


Iré finalizando. Luego hay un problema conexo con el anterior -y que no es ninguna tontería, sino un problema serio-, que es el de la calidad legislativa. No se pueden hacer leyes tan chapuceras. No se pueden hacer leyes ni reales
decretos-ley que después se corrigen constantemente o que evidentemente algunas veces tienen un nivel de reglamento y otras veces son tan genéricas y tan inespecíficas que contienen a veces incluso objetivos o presunciones que no son jurídicos y
que, por tanto, es muy difícil convertirlos en aplicación de una ley en un Estado de derecho. Meter en la misma ley la precariedad y la

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desatención a los desempleados, el Fondo de garantía juvenil, la privatización de AENA, el cálculo de las tasas de los costes de suministro eléctrico, etcétera, no es propio de un Estado democrático desarrollado. Eso es casi devolvernos a
la época de los primitivos Estados cuando en las leyes se ponía todo aquello que a las élites gobernantes se les pasaba por la cabeza. Por ejemplo, la Ley del Talión y lo de que cuando a alguien le caiga un ladrillo en la cabeza se le dé con un
ladrillo al hijo del que lo ha provocado, cosas que aparecían en el Código de Hammurabi y otras leyes arcaicas. Esta especie de arcaísmo legislativo, como ocurre en muchos otros campos, está redundando en una enorme inseguridad jurídica. Por lo
tanto, no hace falta ser un lince para prever que esta ley desgraciadamente, como es una colección de improvisaciones, no va a cumplir con sus objetivos. Seguro que además este sistema de privatización de AENA -que ahora está centrando el debate- o
de reorganización del sistema aeroportuario tendrá que ser sometido a constantes ajustes y cambios por la propia falta de calidad legislativa de la ley que nos han traído aquí.


Dicho esto, poco me queda por añadir. Evidentemente no vamos a votar a favor de esta ley en estos términos y evidentemente nos parece que esto no es un debate parlamentario, sino un intento para blindar lo que ha sido desde el principio una
actuación arbitraria del Gobierno contra el Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, reconocerán que no deja de resultar anómalo que como portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en la Comisión de Fomento me encuentre interviniendo en el seno de la Comisión de Economía de este Congreso de
los Diputados tratando asuntos que sin ningún género de dudas competen a la Comisión de Fomento. Lo cierto es que esta situación se podría calificar simplemente de anómala si no fuera porque es el resultado de un proceso profundamente
antidemocrático por el que el Gobierno sin pudor ha usurpado a esta Cámara su potestad más genuina: la de legislar. Y lo ha hecho con el manifiesto menosprecio a la labor de las electas y electos que la integramos aun a sabiendas de que la
matemática mayoría absoluta de su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, les permitiría pasar su infalible apisonadora sobre las propuestas de los grupos parlamentarios. Qué pereza, ¿verdad? Es agotador esto de ser demócrata. ¡Con lo cómodo que
es ejercer la tiranía! Así, a golpe de real decreto-ley, utilizando torticeramente un instrumento legislativo constitucionalmente previsto para casos de extraordinaria y urgente necesidad, conscientes además de que no admite modificación durante su
trámite de ratificación en la Cámara, se han fumado una vez más el artículo 86 de la Constitución; sí, de esa Constitución que dicen venerar y que exigen respetar a diestro y siniestro solemnemente. Pero era tal la densidad y tan importante el
número de disposiciones de toda índole y ámbito afectadas por este real decreto-ley y tan injustificada e inconstitucional su promulgación, que se han visto obligados a ceder y han procedido a poner en marcha esta operación de maquillaje con
'veranosidad' y alevosía. Se han visto obligados a su tramitación como proyecto de ley bajo el ampuloso título de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia. En cualquier caso, no nos engañemos; a pesar de ello, la
chapuza sigue siendo mayúscula. El mezclum de normas afectadas pertenecientes a sectores y materias tan dispares -como el comercio, la aviación, los puertos, el sector ferroviario, la energía, el empleo, las medidas fiscales, la carrera militar y
Guardia Civil, Registro Civil o relaciones financieras con la Unión Europea- y las importantes modificaciones incorporadas al ordenamiento hacen que este proyecto de ley deba calificarse de impresentable, tanto desde el punto de vista
técnico-legislativo como de la dinámica parlamentaria. Por otro lado, es exigible que se hubiera tramitado ordenadamente en forma de distintas iniciativas a través de las respectivas comisiones en razón de la materia y especificidad de los sectores
regulados. ¿Por qué no se ha hecho así? Volvemos nuevamente al principio, a esa dificultad que tienen algunos y algunas no sé si para ser demócratas, pero desde luego sí para parecerlo.


En fin, podría seguir preguntando y planteando cuestiones como para qué nos hemos dotado -y me estoy refiriendo a la Cámara-, de un régimen jurídico organizativo y funcional, para qué las comisiones sectoriales especializadas, y la
conclusión sería la misma. En cualquier caso, les pediría que no recurran nuevamente a la martingala de la crisis y la necesidad de adoptar decisiones drásticas y urgentes para justificar su proceder. Ese truco simplón y demagógico ya no cuela.
Al fin y a la postre, detrás de todo este protocolo se esconde -yo creo- un modelo ideológico que persigue a toda costa la consecución de los objetivos que se ha marcado el Partido Popular, aunque tenga que pasar por encima de valores como el pacto,
el acuerdo o la negociación que, en mi opinión, constituyen la esencia de la democracia y, algo más importante, de las relaciones humanas.

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Llegados a este punto, y refiriéndome más concretamente a lo que han convenido en llamar bloque segundo, fomento, este grupo ha formulado once enmiendas. Las diez primeras en relación con las modificaciones propuestas de textos refundidos
de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, y más concretamente con la regulación de los requisitos, condiciones y plazo de las concesiones tratando, en primer lugar, de hacer respetar la autonomía funcional y de gestión de las
autoridades portuarias, como un principio general que, además, está instaurado en el propio texto refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante y evitando así la recentralización de la toma de decisiones en Puertos del Estado y
la conversión de los consejos de administración de las autoridades portuarias en meros validadores de decisiones previas adoptadas. ¡Qué barbaridad! Estoy sorprendida. Hasta aquí, de verdad, hasta la legislación propia del Estado llega la ola
hispano-centralizadora, todo al ministerio.


En segundo lugar, hemos pretendido también racionalizar y mejorar el tratamiento de la concesión de las prórrogas concesionales extraordinarias de interés estratégico y todos sus requisitos promoviendo, fundamentalmente, el equilibrio entre
estas últimas y el necesario retorno en forma de inversión en infraestructuras portuarias, ferroviarias, de transporte, llegándolas a extender incluso a los puertos secos titularidad de las autoridades portuarias. Una mención especial también, en
nuestra opinión -ya se ha hecho referencia a ella por parte de otros portavoces-, merece la enmienda que hemos presentado al fondo financiero de accesibilidad terrestre aeroportuaria. El Gobierno, la verdad es que con la evidente intención de
posponer a un momento posterior la intensa polémica previa surgida en relación con este fondo financiero, ha hecho que el proyecto de ley no regule el funcionamiento del mismo ni la aplicación de los fondos. Se anunció inicialmente por parte del
Ministerio de Fomento que se nutriría con el 50% de los beneficios anuales de las autoridades portuarias, pero en este caso no se dice nada, limitándose a indicar que será administrado por Puertos del Estado y las autoridades portuarias y
remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario sin fijar ningún plazo en este sentido. Este mismo hecho, considerado desde el punto de vista de la práctica legislativa de remitirse a un posterior desarrollo reglamentario en materias
regulatorias esenciales, tales como son la fórmula de aplicación económica de origen de sus fondos y destino de los mismos, vulneran abiertamente el principio constitucional de reserva de ley, clarísimamente, que sí se respeta, por ejemplo, en los
artículos 19 y 159 del Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, del texto refundido de la Ley de puertos del Estado y marina mercante, que ya fijan respectivamente las fórmulas de aportación de recursos por parte de las autoridades
portuarias a Puertos del Estado y al Fondo de compensación interportuario.


En todo caso, y a expensas de los contenidos concretos de su posterior desarrollo reglamentario, sinceramente esta medida vulnera de plano -y esto sí es así- los principios instituidos por la Ley de Puertos relativos a la autonomía funcional
y de gestión de las autoridades portuarias y de autofinanciación de las mismas limitando, además -como se ha dicho por parte de otros portavoces-, gravemente la capacidad futura de inversión y los compromisos financieros de los puertos de interés
general.


Consecuentemente, lo que proponemos es la íntegra supresión de la regulación relativa a este fondo financiero sin perjuicio de la implantación de otras medidas alternativas que pudieran facilitar la financiación de este tipo de
infraestructuras, de conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general, con fondos mixtos provenientes del Ministerio de Fomento y de las autoridades portuarias, siempre sujeto al oportuno acuerdo bilateral previo entre el
ministerio y, como decía, la correspondiente autoridad portuaria.


Por último, AENA. Se han dicho muchísimas cosas a lo largo de esta Comisión sobre la privatización de AENA. Nosotros hemos propuesto una nueva disposición adicional al proyecto de ley de extraordinaria relevancia, desde el punto de vista
del respeto y el cumplimiento del bloque de constitucionalidad. Es la enmienda que recoge la transferencia a las comunidades autónomas de la gestión de los aeropuertos con calificación de interés general. Si esta enmienda no se acepta se entrará
clarísimamente en causa de inconstitucionalidad. La propuesta, concretamente, dice que en el plazo de doce meses, desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno posibilitará la asunción por las comunidades autónomas con competencias de ejecución
de la legislación del Estado en materia de gestión de aeropuertos de interés general de aquellos servicios cuya gestión directa ya no se encuentra reservada al Estado. Además, solicitamos que se establezca una cautela para que no se proceda,
durante el plazo de tiempo que transcurra hasta la asunción por las comunidades autónomas de la gestión de los aeropuertos de interés general, a ningún tipo de operación de privatización o de transferencia a empresas privadas de partes de la
titularidad o patrimonio de Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea, AENA.

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Yo solamente, para alumbrar el porqué de esta enmienda, les voy a hacer referencia al artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que atribuye la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre aeropuerto y
servicio meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. Adicionalmente, el artículo 12.8 atribuye además la competencia para la ejecución de la legislación estatal en materia de aeropuertos
con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Creo que es meridianamente claro.


Para finalizar, tengo que agradecer el trabajo que está realizando el portavoz del Grupo Popular, señor Ayala, para tratar de alcanzar el acuerdo sobre algunas de las enmiendas formuladas. Estamos trabajando algunas transnacionales -estamos
trabajando fundamentalmente en materia de puertos y está claro que la relativa a la transferencia de la competencia presenta mayores dificultades- y quisiera incidir especialmente en que sí es relevante -tal y como ha señalado portavoz de
Convergència i Unió- para nosotros la que hace la enmienda número 18 de las formuladas por el Grupo Vasco y que, fundamentalmente, se refiere a esa proporcionalidad que posibilitaría llevar a efecto la puesta en marcha de las concesiones sobre la
base de los principios de seguridad jurídica y el principio de equidad, en la medida de que igualaría las condiciones de las concesiones anteriores a la aprobación de esta norma con las futuras concesiones.


Espero que podamos alcanzar algún acuerdo y, entretanto, como el señor Azpiazu, esta noche disfrutaré de ese partido, Athletic-Nápoles, espero que estén ustedes con nosotros, y mañana por la mañana nos enteraremos del resultado de las
negociaciones que a lo largo del día de hoy se lleven a cabo.


El señor PRESIDENTE: A continuación compartirán el turno el señor Larreina y la señora Oramas.


Señor Larreina tiene usted la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Ante el debate de este bloque, nuestro grupo, Amaiur, se reafirma en nuestro discurso habitual, la necesidad de ejercer la soberanía. Esto es básico en dos campos fundamentales que se plantean en este bloque,
que es el tema de aeropuertos y puertos. No solo se están negando las actuales competencias limitadas en estos ámbitos sino que se están recortando, y se está yendo en contra de la racionalidad económica, incluso en contra de la libre competencia
que tanto abunda en el discurso del Partido Popular, porque dentro de todas estas urgencias que tiene el Partido Popular con este real decreto, yo tendría que decir, en primer lugar, que el aeropuerto de Foronda, por ejemplo, no es ninguna urgencia
para el Partido Popular, y eso lo tendrán que explicar ustedes también a su electorado. Y no es ninguna urgencia porque no se está abordando ni en este real decreto ni en su política directa el futuro de ese aeropuerto. Es más, se está impidiendo
que compita libremente con otros aeropuertos, como puede ser el aeropuerto de Burgos, el aeropuerto de Logroño o el aeropuerto de Zaragoza. Se está impidiendo que compita libremente; están limitando su capacidad de actuación; están impidiendo que
sus características objetivas, desde el punto de vista técnico, económico, etcétera, como en el transporte de mercancías, las pueda ejercer libremente. Eso se evitaría precisamente desde una gestión por parte de Euskal Herria de los cinco
aeropuertos que están en nuestro territorio -el de Loiu, el de Hondarribia, el de Noain, el de Foronda y el de Biarritz-, buscando la complementariedad, buscando la racionalidad económica y buscando el servicio público real, y precisamente
estableciendo unas competencias en ámbitos de actuación diferentes. Y esto desde una gestión pública porque otro de los elementos que están en este real decreto es la privatización de AENA, que va en contra de los intereses reales de todo el
conjunto del Estado y especialmente en mi país, en Euskal Herria va en contra del mantenimiento de un buen número de puestos de trabajo que están demostrando con su trabajo directo una buena gestión y precisamente la rentabilidad de esa empresa
pública. Ustedes lo que están haciendo -y con esto voy acabando- es poner en manos de iniciativas privadas, y posiblemente de intereses privados compartidos desde el mundo de la política, un capital público.


En el pasado a través de AENA y de una gestión de inversiones irracionales muchas veces -como se ha señalado por parte de la portavoz de La Izquierda Plural muy acertadamente- el único objetivo era seguramente dar negocio a empresas
conniventes con el poder político en cada momento, y ahora, después de dar aquel negocio a las empresas privadas y de abordar con dineros públicos intereses privados, una vez que se ha recuperado la rentabilidad y se ha pagado esa deuda, ahora ponen
en manos privadas también todo ese capital público. Creo que eso es inaceptable desde el punto de vista del interés general y desde el punto de vista del interés de Euskal Herria. Por eso nos oponemos a todo este conjunto de decretos que van en
contra de la gestión por parte de Euskal Herria de los puertos que están en su

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territorio -una gestión racional, económica y de servicio público-, va en contra también de la gestión de los aeropuertos con esa visión de servicio público y desde luego va en contra de un modelo de Estado que respete las soberanías
nacionales originarias y va en contra también de un modelo comprometido con el Estado del bienestar. Va a favor de un modelo ultraliberal que pone en segundo plano el interés público para someterlo al interés privado. Por eso vamos a votar en
contra de todo este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, tiene usted la palabra.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Los nacionalistas canarios llevamos diez meses esperando la comparecencia de la ministra de Fomento, que solicitamos -hace diez meses- para que explicara el proceso de privatización de AENA. Se ha optado por
una decisión unilateral, sin consulta con las comunidades autónomas ni con los grupos políticos en un tema importantísimo para este país y estratégico y absolutamente imprescindible para Canarias. Hay cosas con las que no coincido con el señor
Simancas porque ya en su momento los socialistas iban a hacer caja con los aeropuertos. En aquel momento, gracias a la presión política que pudimos ejercer Convergència i Unió, el Grupo Vasco y Coalición Canaria, no se desarrolló aquello, que por
cierto iba también con un montón de medidas más en otro decreto.


Quiero recalcar una cosa que han dicho la portavoz del Grupo Vasco y el de Convergència i Unió y es que no hay que olvidar que los estatutos de autonomía de Canarias, Cataluña y el País Vasco asumen la gestión de los aeropuertos de interés
general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa. Y no hay duda de interpretación en este asunto. Los tres territorios hemos advertido que vamos a activar -en el caso de que se sigan manteniendo en esta senda- esos artículos del
estatuto de autonomía, independientemente de lo que haga la Unión Europea.


El Gobierno asegura basarse en el Real Decreto-Ley 13/2010, aprobado en la pasada legislatura, pero oculta deliberadamente que en el mismo se indicaba en su preámbulo, como propósito normativo, abrir vías para la gestión individualizada de
los aeropuertos a través de la creación de filiales o el otorgamiento de concesiones de gestión. La gestión individualizada es un modelo común en Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia, donde no existe el planteamiento monopolístico que
mantiene España, que terminará teniendo problemas en materia de defensa de la competencia y profundas repercusiones para el futuro del servicio aeroportuario. De hecho, España se configura dentro del ámbito europeo como el único país con sistema de
gestión centralizada y conjunta en manos de AENA, con un volumen elevado tanto de infraestructuras como de pasajeros transportados.


Con motivo de la reforma del sector, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia elaboró dos documentos en los que se alinea abiertamente con las tesis que defendemos los grupos nacionalistas, dos documentos que lamentablemente
no han sido tenidos en cuenta por parte del Gobierno. En ese análisis se subraya como aspecto negativo que las principales decisiones sobre las variables relevantes se toman centralizadamente para todos los aeropuertos, limitando en gran medida la
posible competencia entre infraestructuras aeroportuarias que contribuyan a precios más eficientes, mayor calidad y mayores beneficios para los usuarios. Todo ello conlleva una falta de tratamiento individualizado de cada aeropuerto, un
desincentivo a la eficiencia económica, posibles subvenciones cruzadas y una menor correlación entre inversiones y tráfico. La comisión también entiende que el proceso de reflexión debería analizar el impacto de los cambios tanto sobre la
eficiencia del sistema económico en su conjunto como sobre los diferentes grupos de interés relacionados con los aeropuertos. A saber: Administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, posibles participantes privados, operadores
aeroportuarios, empleados y concesionarios, permitiendo a estos últimos participar en las modificaciones a través de un procedimiento de consulta.


Lo que sí tenemos claro en Canarias es que los aeropuertos en Canarias no pueden ser un negocio, tienen que ser un negocio para Canarias. No podemos estar pendientes de que no estén garantizadas inversiones que son importantísimas, como la
ampliación de la pista del Aeropuerto de Lanzarote, la segunda pista de Gando o la segunda del Sur. Lo mismo sucede con la política de tasas aéreas en Canarias; cuando un señor es el propietario privado su prioridad es el beneficio de la empresa,
pero nosotros necesitamos incentivar el tráfico y bajar las tasas aéreas, como se hizo en su momento en determinadas islas -en La Palma- y en determinados aeropuertos, por estrategia, porque ese menor ingreso para el socio privado -a lo mejor de
500.000 euros- puede suponer millones de euros para la isla. Desde luego en Canarias los aeropuertos no pueden ser un negocio de hacer caja porque en Canarias se coge un avión para ir al médico, para llevar a tus muertos, para ir al trabajo. No
podemos estar a que unos señores con intereses privados decidan si el aeropuerto de La Gomera o el de La Palma son o no

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rentables, ni a que los beneficios que los aeropuertos canarios han generado estén financiando otras infraestructuras en el resto de la Península mientras están paralizadas las infraestructuras necesarias de Canarias. ¿Pero qué es esto?
Aviso que esto está en el estatuto de autonomía, que vamos a activarlo y que el Gobierno se tiene que pensar mucho si va a seguir adelante con una privatización que puede tener problemas en materia de competencia europea y también consecuencias de
indemnización importantes.


Con respecto al tema de puertos, hemos presentado una enmienda que pido al Grupo Popular que la analice, sobre todo al señor Ayala que conoce el asunto profundamente. Se refiere al fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria
porque en Baleares y en Canarias, al no haber linde con otras comunidades autónomas, no hay vías de interés general. Por ello planteamos que en el caso de Canarias y Baleares se cree un depósito específico para las dos comunidades en lo que
respecta al fondo financiero de accesibilidad terrestre. Esta es una reivindicación histórica en las dos comunidades autónomas, en la enmienda no entro a definir ni cómo ni cuál tiene que ser pero sí parece lógico que, al igual que hay convenios de
carreteras en las dos comunidades autónomas del Estado -porque no hay carreteras de interés general al no haber comunicación-, el tema de los puertos se contemple en ese fondo, porque si no estarían automáticamente excluidas las dos comunidades
autónomas, teniendo vías importantes como son las conexiones puertos, aeropuertos y otra serie de cuestiones. Esta es la enmienda número 42 y pido al Grupo Popular que la analice con cariño y también con sentido de Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, debatir y defender lo que se ha denominado el segundo bloque del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 8/2014 y que se refiere al artículo 2,
capítulo I y disposiciones adicionales decimotercera o decimoctava, disposición transitoria cuarta a undécima y el título II, capítulo II, artículo 56 y disposición adicional undécima que afectan a las competencias del Ministerio de Fomento.
Suponen la creación de un nuevo marco de regulación de supervisión para garantizar el modelo de la red aeroportuaria, impulsar la actividad económica a través de nuevas tecnologías como son los drones, mejorar -y ya lo explicaré- la competitividad
de los puertos y mejorar la seguridad ferroviaria. Se ciñe a estas cuestiones; no se ciñe a otras que los grupos parlamentarios han querido expresar y que están fuera de este debate porque no tiene ninguna materia objeto de regulación.


Así, con referencia a la regulación aeroportuaria, es verdad que estamos permanentemente defendiendo, con coherencia y de una manera absolutamente mantenida en el tiempo, nuestro concepto de la red aeroportuaria de todos los aeropuertos de
interés general que, les guste más o le guste menos a otros grupos parlamentarios, son de competencia exclusiva del Estado, y queremos garantizar ese sistema en red como el valor principal de nuestro sistema aeroportuario. Para eso y sin entrar en
absoluto en regular ninguna cuestión relativa a la enajenación, transmisión, venta de parte del accionariado de AENA Aeropuertos, S.A., porque no son objeto de regulación en este proyecto de ley, lo que hacemos es establecer el marco normativo en el
que, apostando por mantener ese modelo aeroportuario en red, en el cual más de un grupo estamos de acuerdo, demos respuesta eficiente a las necesidades de movilidad de nuestros ciudadanos. Y además, con ello estamos estableciendo un marco
legislativo con este rango de ley para que sea imponible, para que sea exigible a ese proceso que lleva a otro camino y que, evidentemente, se está gestando con absoluta transparencia y con absoluto conocimiento por parte de todo el mundo de esa
entrada del capital minoritario -insisto, minoritario- en AENA.


¿Qué estamos habiendo con esto? Un procedimiento similar al que se está haciendo en otros países de nuestro entorno y de la Unión Europea, que precisamente son los países que en este momento ostentan la hegemonía en Europa. Hemos hecho lo
mismo que ha hecho Francia, lo mismo que ha hecho el Reino Unido y lo mismo que ha hecho Alemania. Es decir, que el Estado establece por ley el marco en el cual cualquier operador, incluidos los operadores públicos, deberá de regularse y deberá de
someterse para el ejercicio de una competencia tan trascendental para los ciudadanos como es la movilidad aérea. Y, como digo, además en esta regulación se refuerzan las competencias del sector público aeronáutico porque clarifica las competencias
de la Dirección General de Aviación Civil; clarifica también las de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y le da competencias nuevas y expresas al organismo independiente del que todos estamos tan orgullosos y satisfechos como es la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Es decir, que no solo el sector público del Ministerio de Fomento y sus organismos tiene mayor fuerza, mayor vis ejerciente sino que además se le dan competencias expresas a un organismo independiente de
todos, y del Ejecutivo, como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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Lo único que hacemos es que AENA, la entidad pública empresarial, pasa a denominarse Enaire y AENA Aeropuertos, que había sido denominada así en esa ley a la que algunos diputados han hecho referencia del año 2010 -Real decreto-ley 13/2010-,
pasa a denominarse AENA, S.A.; y se establece el documento de regulación aeroportuaria a semejanza de cómo hizo Reino Unido o Alemania en su momento que es el instrumento clave para garantizar el interés general en la red de aeropuertos.


A pesar de lo que aquí se diga -y ahora explicaré y trataré de desfacer los entuertos que se han dejado caer en el 'Diario de Sesiones'-, establece el ingreso máximo anual por pasajero. No se está propiciando el negocio del privado sino al
contrario, se está limitando. Se establece el ingreso máximo anual por pasajero. Leo textualmente de la exposición de motivos: ...cuya determinación está basada exclusivamente en la recuperación de costes eficientes así reconocidos por el
regulador. Porque el riesgo del tráfico es del operador, no de otro; por lo tanto, precisamente lo que estamos haciendo en esta ley es limitando esos riesgos que se tratan de ver por determinados grupos de la oposición. Se establecen también las
condiciones de calidad de la prestación del servicio, las condiciones de la capacidad aeroportuaria y accesibilidad. Quiero decir, se diga lo que se diga, que su duración será quinquenal, con unas revisiones anuales exhaustivas tanto por la
Dirección General de Aviación Civil como por la agencia estatal y por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y que en su elaboración va a intervenir todo el mundo. Lo pueden leer con detenimiento si es que les interesa.


Otra cuestión, que aquí no solamente se ha obviado sino que se ha negado y se ha demonizado utilizándolo demagógicamente. Este proyecto de ley establece que las tasas aeroportuarias están congeladas hasta 2025. ¿Quién se atreve a decir que
se van a aumentar las tasas aeroportuarias a beneficio o capricho del operador futuro? ¿Quién lo ha dicho? ¿O es que no se han leído la congelación hasta el ejercicio 2025? Once años de congelación de las tasas aeroportuarias. Digan si les
parece mal. Y por supuesto corrijan todas sus manifestaciones en el sentido contrario. Mayor esfuerzo por la estabilidad de las tarifas no se ha hecho en ninguna parte del mundo; no hay otro ejemplo de que ningún otro Gobierno haya llevado a una
disposición legislativa una congelación de tarifas aeroportuarias de esta naturaleza. Por tanto, por favor, por lo menos cállense; si no lo valoran positivamente, al menos cállense y no digan otras cuestiones. (El señor Gómez Sánchez: Guarden
silencio.)


Como ya he dicho, no se regula en absoluto la privatización de AENA, solo la regulación de la actividad aeroportuaria. Todo lo demás se lo están inventando y se están inventando que se esté previendo o propiciando con esto la venta total de
AENA; se lo están inventando. Igual que se están inventando el futuro. Hay algunos portavoces que deben tener visiones de futuro y evidentemente hacen ejercicios apocalípticos por los cuales ya dicen que una cuestión que no se trata en esta ley,
que está tratada en otra y que conocen que se viene tramitando desde el año 2010 en cuanto a la enajenación de parte del capital minoritario de AENA, S.A., el futuro visto e inventado por ustedes es la venta total. Pues miren, no. Ni se hace en
este proyecto de ley ni se está haciendo en ningún otro ni es la intención del Gobierno ni por supuesto de este grupo parlamentario.


Dicho eso, voy a ser breve en el tema de la regulación del uso de los drones. Creo que es una cuestión generalmente aceptada. Tiene como objetivo facilitar el desarrollo de un sector económico emergente y de gran potencial que va a
permitir que se puedan realizar un gran número de operaciones con mayor eficiencia, seguridad y protección del medio ambiente y garantizar la seguridad de las personas y los bienes. No creo que tenga yo que decirles a ustedes para qué pueden
utilizarse los drones, que tienen un espectro amplísimo de utilización y de servicios benéficos para todos los ciudadanos y para la gestión pública. Lucha contra los incendios y salvamente marítimo; inspección de infraestructuras; identificación
de bancos de pesca; filmación de películas y fotografía deportiva; control de caza e investigación de la vida salvaje, etcétera.


También quiero hacer referencia a una parte pequeña de este proyecto de ley que modifica la Ley de Seguridad Aérea para proteger las actuaciones que interfieran a la propia seguridad y así prohíbe el uso en los entornos aeroportuarios de
elementos, objetos y luces -incluidos los láser- que puedan poner en peligro la seguridad de las operaciones aéreas y que creo que sus señorías también ven con buenos ojos.


En cuanto a la mejora de la competitividad de los puertos, que también ha merecido la intervención de varios portavoces de los grupos parlamentarios, quiero decir que la finalidad principal de este proyecto de ley es la ampliación del actual
plazo máximo de las concesiones, ampliando de treinta y cinco a cincuenta años. ¿Por qué se amplía de treinta y cinco a cincuenta años? Pues se amplía por dos razones fundamentales, una externa y otra interna. La externa es que los principales
puertos europeos tienen concesiones de cincuenta años y más y ustedes saben que en este mundo global los puertos españoles

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están compitiendo de manera trascendental e importante con los puertos europeos. Saben ustedes -todos son conocedores porque están interviniendo los portavoces de la Comisión de Fomento- que el puerto de Hamburgo o el de Róterdam tienen
competencia con el sistema portuario español, competencia directa porque solo en el puerto de Róterdam se mueve más mercancía que en todos los puertos españoles juntos. Por tanto, nuestra situación geoestratégica, que es mejor que la de Róterdam,
no se puede ver mermada por las condiciones de competitividad que tienen nuestros puertos, y si las condiciones que tienen en los puertos europeos en cuanto a la capacidad de gestión de sus concesionarios alcanza cincuenta y más años, lo lógico es
que los que actúan en España, los que quieren trabajar en España, muchos de los cuales son extranjeros que están haciendo inversiones en España, tengan esas mismas posibilidades y, por supuesto, decidan establecerse en España en lugar de seguir
estableciéndose en otros puertos no solamente del norte de Europa como los que he citado sino incluso algunos, que están en la mente de todos, en el norte de África. Por tanto, esa es una razón que me parece que protege y defiende la competitividad
española -no de las empresas sino de España-.


La razón interna es que en la Ley de Costas las concesiones tienen el mismo plazo de cincuenta años y, por tanto, parece razonable que las concesiones de una y otra materia puedan tener unos plazos equiparables. Ya se modificó hace tiempo y
evidentemente afecta clarísimamente a esas condiciones inmemoriales de los noventa y nueve años que ya no existen en ningún caso, pero nos parece bien llevar a cincuenta años las concesiones cuando están llevando a cabo unas inversiones
trascendentales. Esa ampliación a cincuenta años no se hace de forma gratuita, al contrario, se tiene que justificar la financiación y la inversión para poder alcanzar el tope máximo de años. Es decir, hay un estudio económico y financiero que
dice que la concesión podrá tener quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, hasta un máximo de cincuenta, en relación, función y justificación de las inversiones que vaya a hacer el concesionario y en función de la inversión y
de la tarifa que posteriormente ponga. Por tanto, digamos que es una cuestión de absoluto equilibrio financiero. También se permite, en consecuencia, que las concesiones existentes puedan alcanzar ese nuevo plazo siempre que también hagan nuevas
inversiones y reducciones de las tarifas máximas que estén aplicando para que ese equilibrio financiero también responda y funcione con las concesiones existentes.


Una cuestión en la que todos estaremos de acuerdo y creo que es importante es que se potencian y propician las inversiones que hagan los concesionarios en mejorar las conexiones intermodales con los puertos. Todos sabemos que los puertos no
son nada si no tienen capacidad de intermodalidad ferroviaria o viaria y que muchos puertos españoles están en una limitación de eso. Los presupuestos del Estado no alcanzan a esas conexiones y la rentabilidad individual de cada autoridad portuaria
sí permite que puedan hacer inversiones en esas conexiones fuera de los límites del territorio portuario que van a ser sufragadas por los concesionarios en aumento de su plazo y haciendo más competitivas las concesiones. Por tanto, creemos que
tiene plena justificación.


En cuanto a la creación del fondo financiero de accesibilidad terrestre, me gustaría que lo leyéramos con detenimiento. Se crea un fondo que está destinado a la financiación de los accesos, que se va a nutrir con lo que acuerden Puertos del
Estado y autoridades portuarias; no se obliga ni a porcentajes ni a periodos y, evidentemente, son préstamos retribuidos. Por tanto, es una manera de financiarse con los fondos que las autoridades portuarias están disponiendo y parece razonable
que no esté rentando el 0,1% en un banco y que esté sirviendo a la creación de nuevas infraestructuras.


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, vaya acabando ya.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Tengo que referirme a las enmiendas que aceptamos de los otros grupos. Solo me faltaría decir..., bueno lo dejaré para una segunda intervención. (Varios señores diputados: No va a haber otra intervención.) ¿No va
a haber ninguna segunda intervención, señores diputados?


El señor PRESIDENTE: No, pero vaya acabando, señor Ayala. Tiene un minuto para acabar.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, tengo que hacer referencia a las transacciones.


De las enmiendas que se han presentado, aceptamos cuatro de Convergència i Unió, que son concretamente la 344, la 361, la 362 y la 365 y evidentemente también la del Grupo Popular número 441. Ofrecemos transacciones a los grupos
parlamentarios y, en concreto, al Grupo Vasco; si le parece bien al presidente, ahora le facilitaré las transacciones para luego incorporarlas al texto y evito leerlas en aras de la brevedad. Como digo, ofrecemos transacciones a las números 13,
17, 19 y 20 y, asimismo, ofrecemos

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transacciones a Convergència i Unió a las enmiendas 358, 363, 364, 366 y 368. Y, en atención a la petición que han hecho en su intervención los dos portavoces de estos grupos parlamentarios, haremos las gestiones oportunas para ver si
podemos alcanzar nuevos acuerdos transaccionales en las enmiendas 18 y 363. (Aplausos.-La señora Oramas González-Moro pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: No puedo pasar porque el portavoz del PP nos ha mandado callar a los portavoces y yo no admito que el portavoz del PP me mande callar con el tema de las tasas aéreas. Parte del problema precisamente en el
caso de Canarias es que se quedan congeladas las tasas aéreas en los próximos diez años. Nosotros no estamos de acuerdo con la actual política de tasas aéreas y sobre todo en Canarias donde competimos con destinos distintos de los que compiten con
la Península como puede ser el Caribe, Grecia o Egipto y cuando estamos en este momento abriendo mercados -esperemos que llegue pronto la quinta libertad- con Estados Unidos y con países africanos para una política de sede logística de Canarias. En
ese sentido, la política de tasas aeroportuarias tiene que ir más allá de un tema de ingresos que cubra costes en los aeropuertos y tiene que ser más una estrategia de desarrollo económico de la comunidad autónoma.


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, un minuto.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, muy brevemente.


Yo no la he mandado callar en ningún caso, le he dicho que deberían pensárselo antes de hablar y que se hubieran leído la congelación de las tasas aeroportuarias. Si la congelación de las tasas aeroportuarias le parece una mala política y
lo que quiere es subvencionar las tasas aeroportuarias con cargo a los presupuestos públicos, es decir, con cargo a todos los canarios, como ha dicho, dígalo así de claro, pero evidentemente parece que tiene que haber un equilibrio en los costes
cuando precisamente estamos hablando de un servicio aeroportuario que tiene competencia internacional, como ella misma ha dicho.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer bloque, Energía, título III, capítulos I al IV, artículos 57 a 86, disposiciones transitorias primera a tercera.


Señor Segura, tiene usted la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: En aras de la eficacia en el uso del tiempo, quiero poner de manifiesto como primera medida que este título III se enmarca en una política gubernamental que se ha venido llevando a cabo desde que se constituyó el
actual Gobierno. Desde el mes de enero de 2012 hasta la fecha actual el Gobierno ha elaborado once reales decretos-leyes -quiero especificarlo-, y todos ellos con recortes, con debilitamientos de las políticas industriales, sociales, comerciales y
energéticas vinculadas a la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de recursos naturales. Culminó con el Real Decreto-ley 9/2013, que fue precisamente objeto de un recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Parlamentario
Socialista obviamente presentó en el Tribunal Constitucional. Le siguió la modificación de la Ley 54/1997, la Ley del Sector Eléctrico, y ahora nos encontramos con que a lo largo de los seis meses lectivos que hemos tenido en la presente
legislatura -observen, señorías- el ministro de Industria no ha comparecido ante la Comisión precisamente para explicar el nuevo sistema con el que se pretende, a cargo del pago de los usuarios, reducir el déficit tarifario. Es decir, durante dos
años y medio el Gobierno no ha tenido otro objetivo más que el de reducir el déficit tarifario. Ha adoptado todo un conjunto de medidas que ha traído consigo un debilitamiento del sector industrial español, tal como lo están poniendo de manifiesto
los sucesivos colectivos empresariales, industriales, sociales, las comunidades autónomas, un debilitamiento de la economía en su conjunto, y todo con ese objetivo.


Ahora nos encontramos con este título III, que tiene el nombre de Medidas urgentes en el ámbito energético. Aunque es obvio que han sido urgentes todos los reales decretos-leyes por su propia configuración, es obvio también que no han dado
origen a debates parlamentarios ni a la posibilidad de que los diferentes grupos parlamentarios presentásemos enmiendas con el objeto de mejorar la normativa que el Gobierno remitía a las Cortes Generales. Este título III consta de cuatro
capítulos. Capítulo I: gases licuados del petróleo, con dos artículos, el 57 y el 58. Por el artículo 57 se modifica la ley 34/1998, la Ley del Sector de Hidrocarburos, eliminando un artículo de la misma actualmente en vigor y añadiendo una
disposición adicional nueva con la que se pretende regular la obligación del suministro domiciliario de

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gases licuados del petróleo envasado, mientras que con el segundo artículo se referencian los operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario según los ámbitos territoriales. Es decir, con este capítulo I, de gases
licuados del petróleo, que tiene dos artículos, modifican de forma notable una ley del año 1998, la Ley del Sector de Hidrocarburos.


Nosotros hemos venido reivindicando mediante la presentación de iniciativas parlamentarias tanto en Comisión como en el Pleno la necesidad de adaptar a la nueva realidad económica y social la Ley de Hidrocarburos de 1998, de la misma manera
que el Gobierno adaptó la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, pero con unos contenidos con los que nosotros no estábamos de acuerdo. Así, en su tramitación parlamentaria presentamos del orden de un centenar de enmiendas. El Gobierno tiene que traer
un nuevo proyecto de ley para modificar la Ley del Sector Hidrocarburos; hay muchísimas razones que en estos instantes no podemos exponer pero que desde luego están en el conocimiento intelectual de todos y cada uno de los miembros de esta
Comisión, además están siendo demandados. Por ello nosotros no hemos presentado ninguna enmienda a ninguno de estos dos artículos y, en consecuencia, tampoco a este capítulo I.


Tampoco hemos presentado enmiendas al capítulo II por razones equivalentes. Este capítulo II se titula Sostenibilidad económica del sistema del gas natural. Es decir, el Gobierno está pretendiendo que no ocurra como ha sucedido con el
déficit tarifario en el sistema de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, que ha venido trayendo consigo una acumulación de déficit económico y financiero en los generadores y que ha sido conocido coloquialmente, como
hemos dicho en reiteradas ocasiones, como déficit tarifario. Ahora se pone una venda. Para que no haya un déficit en el uso del gas natural, plantea el capítulo II con una serie de artículos: Uno, sostenibilidad económica y financiera; otro,
retribución de las actividades reguladas, ni más ni menos; otro, desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, y establece desde luego una serie de períodos de tiempo donde gradualmente se irán fijando retribuciones según lo que
establece ese artículo 61. También el 62, retribución de las actividades reguladas de gas natural, desde el 1 de enero de 2014 hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley, que fue naturalmente el 5 julio, día en que se publicó, posterior a
la aprobación por el Consejo de Ministros. Otro artículo nuevo es el de la determinación de la retribución de la actividad, etcétera.


Nosotros, con los argumentos equivalentes a los que hemos expresado para justificar que no hemos presentado enmiendas al capítulo I, lo hacemos con respecto al capítulo II. Es necesaria una normativa legislativa densa con rotundidad con
claridad, y desde luego esta serie de artículos no la contiene. Nuestro posicionamiento es de rechazo total al contenido del capítulo II.


Hay además un capítulo III, Otras medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos y minas. Señorías, estoy seguro de que aquellos diputados que se hayan fijado en los artículos 67 y 68 que integran este capítulo III, sea cual sea la
ideología en la que sustenten su quehacer político, se quedarán estupefactos porque con el artículo 67 se produce la modificación de una serie de contenidos de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, en los que, reitero, este interviniente ha
expresado la necesidad de que sea objeto de un tratamiento legislativo, pero no de estas características sino con todo un corpus legal. Señorías, el artículo 68 desde luego modifica una ley del año 1973, la Ley de Minas. Si ustedes leen alguno de
sus contenidos, verán la incoherencia, la inconexión con el resto de este capítulo. A ver si esto les sugiere algo: Los perímetros de los permisos de investigación y concesiones de explotación deberán solicitarse y definirse por medio de
coordenadas geográficas tomándose como punto de partida la intersección del meridiano con el paralelo que corresponda a uno cualquiera de los vértices del perímetro -a ver quién me interpreta esto-,de tal modo que la superficie quede constituida por
una o varias cuadrículas nuevas. Señor presidente, intuyo que usted lo está captando en plenitud, estoy convencido de ello, como miembro activo que ha sido durante tantos años de la Comisión de Industria. Y sigo: Las longitudes estarán referidas
al meridiano de Greenwich, el sistema ETRS89, etcétera. No puedo decir que esto es de risa, es un auténtico esperpento. Se trata de modificar un núcleo esencial de la Ley de Minas. ¿Pero para qué? Precisamente para posibilitar toda una
estructura legal al Gobierno para que dé las autorizaciones para la extracción del gas de esquisto, ni más ni menos. Es decir, cambia criterios geológicos, geográficos, geomorfológicos, desde luego de disciplinas que precisamente vamos a ver en una
ley que dentro de dos semanas estará incluida en el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de metrología, pero con este contenido legal no puede ser en absoluto objeto de comparación con este aspecto. Por tanto,
este capítulo III es un esperpento. Nosotros no hemos presentado enmiendas, hemos pedido al Gobierno que lo retire y que elabore una nueva Ley de Minas.

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Es cierto que en el mundo entero se está produciendo un debate sobre la obtención de gas mediante nuevas tecnologías, pero debatámoslo en el Congreso de los Diputados.


El capítulo IV, medidas en materia de eficiencia energética, es un capítulo esencial para nosotros desde el punto de vista del número de enmiendas que hemos presentado. Queremos poner de manifiesto, señorías, la falta de criterio del
Ministerio de Industria en esta materia, porque con este número elevado de artículos que tiene este último capítulo, el capítulo IV, el Gobierno pretende trasponer -pretende y no lo logra- la Directiva comunitaria 2012, y al respecto, señorías, me
parece esencial recordar lo que dice el artículo 107 de la Constitución española. El artículo 107 de la Constitución española indica que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y que una ley orgánica deberá regular su
composición y competencias. Y, en efecto, la Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, regula en once puntos en su artículo 21 que el Gobierno está obligado a pedir criterio del Consejo de Estado, y en uno de ellos se dice que el
Consejo de Estado en pleno deberá ser consultado -en pleno- en los siguientes asuntos, y los enumera, y en el punto 2 dice: anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos
internacionales y del derecho comunitario europeo. Nos encontramos con una directiva comunitaria que obviamente obliga al Gobierno, para trasponerla al ordenamiento jurídico nacional, a pedir informe al pleno del Consejo de Estado. Esto no se ha
producido, y les puedo asegurar que no se ha producido porque desde el mes de febrero de este año este diputado, en el ejercicio de su responsabilidad parlamentaria, viene siguiendo un proyecto de real decreto de trasposición de la Directiva 2012
que elaboró el Gobierno, el Ministerio de Industria específicamente, que colgó en su página web, que solicitó criterio a los colectivos industriales, empresariales y sociales de este país y que emitieron criterio. Bueno, pues tampoco para este real
decreto el Gobierno solicitó informe del Consejo de Estado. Esa manera -eran 40 páginas- de trasponer la Directiva comunitaria 2012 al ordenamiento jurídico español en forma de real decreto el Gobierno la ha roto y la ha convertido en este capítulo
IV de este título III de este proyecto de ley. Por tanto, haciendo caso omiso al mandato de la Constitución española y consiguientemente de la ley regulatoria del funcionamiento del Consejo de Estado, no se le ha pedido informe al Consejo de
Estado. Ese es un tema de una notable gravedad.


Estamos hablando de la eficiencia energética, ni más ni menos, que es algo que no ha motivado al actual Gobierno. El actual Gobierno, reiteradamente a través de su ministro de Industria, ha expresado en todo tipo de conferencias y
comparecencias que España es deficitaria en materia energética, que tenemos que adquirir todos los años combustible fósil gastando 45.000 o 48.000 millones de euros, los que sean. La mejor forma de disminuir esa cuantía anual, sin duda alguna, es
optimizando los recursos energéticos de los que disponemos, y de ahí todas las políticas de esa directiva comunitaria en materia de eficiencia energética -y voy a terminar, señor presidente, porque soy consciente del encorsetamiento del tiempo que
tenemos en el tratamiento de estas materias en este proyecto de ley-, y por ello el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un paquete de enmiendas que someteremos a votación de la Comisión. Adelantamos una de ellas en la que queremos
modificar el artículo 70 -me voy a referir exclusivamente a ella-, donde planteamos modificar el primer párrafo del apartado primero del artículo 70, donde pedimos que el objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los
correspondientes sujetos obligados, así como las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera serán fijados anualmente mediante orden del Ministerio de Industria, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto es lo racional, es lo racional en un Estado de derecho. Como la racionalidad puede ser objeto de retoques y de tintes parciales, el Grupo
Parlamentario Popular nos ha ofertado una enmienda transaccional en la que nos plantea que no sea el previo informe que el Grupo Parlamentario Socialista solicita de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que a los pobres, como
tienen tanta actividad y tanto trabajo, hay que aliviarles un poquitín, que sea el IDAE quien emita el informe. Y nosotros, en un acto de buena voluntad, creyendo en la profesionalidad de los funcionarios del IDAE, por supuesto, vamos a plantear su
aceptación.


En suma, señor presidente, señorías miembros de la Comisión, en la regulación del fondo nacional de eficiencia energética nosotros hemos propuesto incorporar de manera expresa la mejora de la eficiencia energética en los edificios
residenciales y comerciales, tanto públicos como privados, entre los mecanismos de apoyo que ha de financiar el fondo nacional de eficiencia energética. A aquellas personas que leen, como todos los que estamos aquí, revistas especializadas al
respecto tenemos la satisfacción de ver cómo el Museo de Bellas Artes de Bilbao -¿verdad, don Pedro?- ha impuesto una normativa

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interesantísima de eficacia, de eficiencia energética, pero también el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona -profesor Coscubiela, ¿está usted de acuerdo conmigo, verdad?- ha dado una lección a toda España en estas materias.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista desea que quede muy claro, como se dice en la disposición final tercera, que se trata con este capítulo IV de una trasposición parcial de la directiva comunitaria, no se produce una trasposición global de
todo el contenido de la Directiva comunitaria de eficiencia energética.


El señor PRESIDENTE: Ahora, con el permiso de los portavoces, intervendrá el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Lo haré brevemente porque no puedo hacerla ni tan brillante como el señor Segura ni tampoco tan extensa porque andamos apretados de tiempo, pero les agradezco a los grupos que me hayan permitido intervenir en este
lugar. Ahora vamos a tratar los temas de la energía, y el sector energético es un sector que ha venido sufriendo, como bien saben sus señorías, sucesivas reformas a lo largo de estos últimos años, y ahora con este real decreto lo que se quiere es
darle una vuelta de tuerca en este caso al sector gasista. Nosotros hemos planteado cinco enmiendas, no todas estrictamente a este bloque, sino una estrictamente a este bloque tercero y otras cuatro a los anexos XI.3, XI.4, XI.5 y XI.6, pero dada
la naturaleza de las enmiendas, voy a hacer un comentario sobre ellas conjuntamente. Son básicamente enmiendas de carácter técnico. La enmienda 21 lo que plantea es que la retribución a percibir que establece el artículo 65.2 no sea la media de
las obligaciones del Estado a diez años más 50 puntos básicos, sino que sean 200 puntos básicos, al igual que lo es en el caso del tema eléctrico, para que no haya entre el sector eléctrico y el gasístico esta distorsión. En relación con las
enmiendas correspondientes al anexo XI.3, XI.4, XI.5 y XI.6, el Grupo Popular ha planteado dos enmiendas transaccionales, una a la enmienda del Grupo Vasco número 33, que ya le anticipo al señor Hernando que la aceptamos. Nuestra enmienda iba más
allá, era un tanto más ambiciosa que la transaccional que plantea, pero se corrige de una manera substancial el aspecto de la retribución anual por continuidad de suministro. Y hay otra enmienda a la que el Grupo Popular ha planteado una
transaccional, que es la enmienda número 35, en la que la rebaja que nosotros planteamos también es desde luego bastante más amplia, por lo que, a nuestro juicio, sería insuficiente. Esperamos que el Grupo Popular realice un esfuerzo adicional en
relación con esta enmienda transaccional, lo pueden hacer hasta la votación de mañana y esperamos que así sea. De todas formas, agradecemos las propuestas transaccionales realizadas. Vuelvo a darles las gracias a ustedes por permitirme intervenir
en este momento del debate.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también ha planteado una serie de enmiendas, concretamente nueve, que hacen referencia a todos aquellos aspectos vinculados al sector energético español. Como
ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, a lo largo de esta legislatura el Gobierno ha planteado una serie de reformas estructurales en el sector energético. La mayoría de ellas han sido a través de reales decretos y
prácticamente sin tiempo para negociar con los grupos de la oposición, lo cual ha provocado una oposición importante por parte de este grupo parlamentario -excepto en el último proyecto de ley que ha planteado el Gobierno del Partido Popular- porque
no hemos visto satisfechas nuestras pretensiones.


En la reforma del sector energético han existido discrepancias importantes, pero también ha habido acuerdos importantes -y eso hay que manifestarlo- en el tema de la cogeneración y de los pequeños distribuidores, aunque todavía quedan
algunos flecos pendientes por resolver producto del pacto anterior. Concretamente en esta reforma que hace referencia básicamente al sector gasístico hemos de decir que algunos de los aspectos relevantes que se han planteado han sido resueltos con
bastante satisfacción por parte del sector gasístico y también por parte de los usuarios, para los cuales va a haber una reducción importante en los precios a lo largo de los próximos años. Nosotros hemos planteado algunas enmiendas que pretenden
garantizar muchas competencias de las comunidades autónomas que no quedan suficientemente clarificadas en el proyecto de ley presentado. En la enmienda 402 planteamos que la Generalitat pueda continuar teniendo competencias para garantizar la
calidad de la distribución. También planteamos que las instalaciones de transporte secundario no deben considerarse instalaciones distribuidoras, tal como venían manteniéndose hasta la fecha. Intentamos plantear que existe una competencia
compartida entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de ahorro y eficiencia energética. Esto quedó plasmado en la reciente reforma energética, pero no está perfectamente definido

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en los aspectos que hacen referencia al sector gasístico. Otra pretensión de nuestro grupo parlamentario es poder incorporar a las comunidades autónomas en la gestión del fondo de eficiencia energética, así como también queremos garantizar
más transparencia y objetividad en la gestión de los recursos del fondo de eficiencia energética. Al mismo tiempo, queremos garantizar la participación de las comunidades autónomas en materia de minas, que no queda suficientemente clarificada en
este proyecto. Hay otro aspecto que no tiene absolutamente nada que ver con la reforma del sector gasístico, pero que también consideramos prioritario porque hay problemas importantes en todo el Estado español -en unas comunidades autónomas más que
en otras- con aquellas compañías que estaban orientadas hasta hace pocos meses al tratamiento de los purines. La falta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios y el Gobierno y la falta de consenso entre sector de tratamiento de
purines y el Gobierno han hecho que este sector haya quedado huérfano de unos recursos que hasta la fecha se venían satisfaciendo. Se han cambiado las reglas del juego a mitad del partido y lamentablemente, si no resolvemos esta cuestión, en pocos
meses tendremos multas muy importantes por parte de la Unión Europea, ya que en muchos campos están siendo repartidos los purines y esto va a traer consecuencias muy negativas para la industria agroalimentaria española. Esta es una cuestión que ya
habíamos planteado en anteriores ocasiones, la volvemos a plantear en esta ocasión y estaremos pendientes para poder resolver este aspecto satisfactoriamente.


Al mismo tiempo, ya que el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco ha presentado la enmienda número 33 que hace referencia al anexo XI, que plantea la retribución anual por la continuidad del suministro, aprovechamos para extenderla al anexo
X. Entendemos que estos dos anexos son muy amplios, incluso se puede llegar a un importe nulo en cuanto a ingresos para el Estado, y su determinación tampoco se encuentra justificada ni parece razonable y puede llegar a generar inseguridad jurídica.
Por tanto, dejamos planteada esta enmienda transaccional, que ha sido repartida a todos los grupos, por si el Grupo Parlamentario Popular se aviniera a tener en cuenta algunos aspectos que valdría la pena resolver en el Congreso de los Diputados, ya
que estamos teniendo un debate amplio y en el que todas las fuerzas políticas tenemos tiempo para poder manifestar nuestras inquietudes, sin tener que dejarlo para el Senado. Si lo dejáramos para el Senado y en el Senado las cosas funcionaran
correctamente, no habría ninguna objeción al respecto, pero si estamos resolviendo el anexo XI, no tiene ningún sentido no poder abordar el anexo X ahora que estamos aquí y tenemos tiempo -repito que hasta mañana no se realizarán las votaciones-
para resolver esta situación completamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Varios pajaritos me han dicho que en un momento de ausencia he sido objeto de algunas referencias por parte de don Pere Macias. No es mi voluntad entrar en polémica, pero como quiera que quien calla otorga,
permítanme decir alguna cosa. En primer lugar, bienvenidas las críticas o las coces que he recibido si a cambio el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió retira la enmienda que preveía la posibilidad de edificar dentro de zona portuaria no con
el límite de 20 metros, sino con el límite de 6 metros. Bastante privatizados están los espacios públicos como para que se amplíe más. Bienvenido sea el coste que eso tiene. Pero como además se han vertido algunas afirmaciones incorrectas con
relación al grupo al que represento y a nuestra votación en todos los temas urbanísticos del Port Vell y para que lo conozca el resto de los señores diputados, simplemente quiero decirles que está a su disposición el cuadrante de las votaciones que
desde el año 1989 -concretamente desde el 10 de marzo de 1989- se han producido en el Ayuntamiento de Barcelona en relación con los proyectos urbanísticos que afectan al Port Vell de Barcelona. Como resumen -no les quiero cansar-, les diré que ha
habido trece votaciones a favor de Convergència i Unió, a pesar de estar en la oposición, conjuntamente con uno de los miembros del Gobierno, del Partido Socialista de Cataluña, mientras que hubo once votaciones de trece en contra de Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Lo digo aquí sencillamente para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de lo que ha pasado exactamente y no de lo que nos ha explicado don Pere Macias.


Entrando en materia del sector energético, diré que si en algún ámbito resulta incomprensible la utilización del decreto-ley es en ese apartado. He perdido la cuenta de la cantidad de reformas energéticas que ha presentado este Gobierno;
creo que son 200.000 ya a estas alturas. Es incomprensible que hasta ahora no hayan tenido oportunidad de hacerlo en algunos de los proyectos de ley o de los decretos leyes que han planteado. En todo caso, este proyecto de ley, derivado del
decreto-ley, se presenta, a nuestro entender, con dos claras finalidades. Una es intentar salvar la cara de España ante Europa en materia de

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eficiencia energética, lo que creo que va a ser bastante difícil. Y, en segundo lugar, de nuevo se quiere utilizar la política pública al servicio del oligopolio energético que es sin duda uno de los grandes factores de gobierno real que
tiene la sociedad española. En materia de eficiencia energética, si de verdad el objetivo fuera la trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética, como dice el preámbulo, el Gobierno no hubiera esperado a que se terminara el plazo del 5 de
junio, hubiera hecho antes un proyecto de ley y hubiera podido trasponer de manera completa, por ejemplo, todos los temas referidos al fondo nacional de eficiencia energética. En cambio, no lo ha hecho así. Lo hace tarde, parcialmente, olvidando
aspectos tan evidentes como son el apoyo económico y financiero, la asistencia técnica, la formación e información de los usuarios en esas cuestiones y también todos los elementos de eficiencia energética. El tema de la eficiencia energética es una
de las grandes asignaturas de este país. En ese sentido, permítanme que les diga -no se lo tomen a mal en el Grupo Popular- que creo que este Gobierno no tiene autoridad moral. Si de verdad sus actuaciones en este decreto-ley estuvieran orientadas
para facilitar la eficiencia energética, por ejemplo, hubieran podido votar ustedes en su momento en Europa a favor de la Directiva de 27 de septiembre de 2012. Fueron ustedes uno de los pocos países, junto con Portugal y la abstención de
Finlandia, que votaron en contra de esa directiva. En cambio, en estos momentos se presentan con una vocación de defender supuestamente la eficiencia energética. Si ustedes de verdad estuvieran a favor de la eficiencia energética no se hubieran
dedicado durante toda esta legislatura a penalizar el esfuerzo de los consumidores, a impedir el autoconsumo, a poner un verdadero impuesto peaje al sol, como han hecho en normativas anteriores, y a dificultar clarísimamente la existencia, desde el
punto de vista de los edificios, de consumos de baja energía. Esa ha sido fundamentalmente la actuación de este Gobierno. Por eso, sorprende aún más que ahora, con carácter de urgencia, nos quieran decir que lo hacen por razones de eficiencia
energética. El problema es otro; el problema es que detrás hay otros intereses, como siempre, de lobby energético en sus actuaciones.


Lo peor es que en el informe enviado a Bruselas, en relación con los objetivos de eficiencia energética 2014-2020, les han dicho ustedes dos cosas muy curiosas; una, que los objetivos de eficiencia energética para 2020 España los tiene
cumplidos en 2012. La verdad es que es un alumno muy aventajado el Gobierno español. Pero además dicen otra cosa, que incorporar objetivos adicionales supondría un lastre para la economía. El concepto que tiene este Gobierno en relación con la
eficiencia económica y cómo lo relaciona con el modelo energético es muy curioso. Resulta que, desde ese punto de vista, ha considerado un problema todo lo que hace referencia al tema de impulso de las energías renovables. En ese sentido, déjenme
también que ponga de manifiesto nuestra oposición a uno de los aspectos de este decreto-ley, la creación de una nueva exigencia en forma de seguro de responsabilidad civil para las empresas certificadoras de ahorro energético y a los proyectos de
ahorro de energía. Puede que ustedes me convenzan, pero para un gobierno que dice que su principal objetivo es reducir costos de las empresas y simplificar el funcionamiento de la economía, no se comprende la incorporación de un elemento de mayor
coste y mayor complejidad como es la responsabilidad civil, nosotros no vemos de ninguna manera la justificación de riesgo que eso supone, salvo que lo que se quiera es establecer más trabas a esa política de emersión de un verdadero sector, que si
se quisiera impulsar sería gran creador de puestos de trabajo, como es el de la eficiencia energética en este país. Por eso, nosotros hemos planteado las enmiendas 92 y 93, que pretenden reformar el artículo 71.2 y 76 referidos a ese seguro de
responsabilidad civil.


También les hemos planteado una cosa que sí que es urgente porque está creando problemas, que es que abordemos el tema de los llamados contadores inteligentes. La verdad es que la distribución del concepto inteligencia en este país es un
poco curioso. Yo a veces he subido al edificio del frente marítimo de Barcelona, que le llaman edificio inteligente, que para comunicarse de los pisos pares a los impares uno tiene que bajar a la planta baja. El concepto inteligencia no sé quién
se lo puso. Pero los contadores inteligentes está claro que parece que no lo son tanto en relación con los ciudadanos, que no tienen la más mínima capacidad de medir exactamente el consumo que realizan en tiempo real, y con el cambio de tarifa aún
es más importante. Por eso les sugerimos en nuestras enmiendas la posibilidad de crear una comisión de trabajo que analice el funcionamiento de esos contadores inteligentes.


Siguiendo con el tema de la eficiencia energética y vinculado fundamentalmente a los temas del comportamiento que ustedes han tenido en relación con las empresas de energía renovable, desde esa perspectiva, les estamos planteando la
necesidad también en algunas de nuestras propuestas de ponernos a discutir de una vez por todas para establecer un marco estable en relación con la renovables. Es curioso que alguien que se llama amigo de la empresa, como ustedes, y que dice que
una de las principales

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funciones es dar seguridad a la empresa de la actividad económica haya sido capaz de modificar de manera tan reiterada el marco en el que se mueven ese sector, el de las energías renovables. Ustedes lo explicaron y además lo han hecho en
clave de los errores del Gobierno pasado. No entro en discusión sobre esta cuestión, la sobredimensión de los incentivos, etcétera. Lo que sí les digo es que creo que ha llegado el momento -en esa maraña que se ha configurado en estos momentos- de
dar estabilidad normativa y seguridad a los agentes que quieren intervenir. Hace un momento el representante y portavoz del Grupo Popular decía que se ha ampliado la concesión de los puertos de 35 a 50 años para dar estabilidad a las empresas
concesionarias de puertos. Yo creo que los sectores de energía renovable tienen también ese derecho. Les hacemos esa sugerencia y espero que nos la tengan en cuenta.


En relación con otro gran bloque, el tema del gas, la verdad es que llueve sobre mojado. Aún no hemos salido del sumidero del déficit eléctrico, con el coste que está teniendo en estos momentos para los ciudadanos de este país, y nos meten
ustedes en una especie de pocilga de déficit de gas. Y la verdad es que lo hacen con la misma filosofía pero con una diferencia, que en este caso aquí no hay energías renovables para echarles la culpa del déficit del tema eléctrico. ¿Dónde está la
responsabilidad del déficit de 1.200 millones de euros acumulado al menos hasta ahora? Creo que, incluso, ustedes lo reconocen en el propio preámbulo. Se han producido desde el año 2002 inversiones desastrosas en ese sector. Este país ha comprado
gas a todo el mundo que no necesitaba y, al mismo tiempo, ha puesto en marcha una serie de centrales de ciclo combinado que supuestamente iban a consumir ese gas que no lo consumen. Y por una serie de estrategias erróneas responsabilidad principal
de esas empresas y, en todo caso, subsidiaria de los gobiernos que desde 2002 avalaron esas estrategias, ahora resulta que de nuevo lo van a tener que pagar los ciudadanos. La verdad es que se han inventado ustedes un capitalismo perfecto; es el
socialismo donde el riesgo lo asume la población y los beneficios los asumen los capitalistas. Van a tener que pasar ustedes por las facultades de Ciencias Políticas de todo el mundo explicando su nuevo concepto de sociedad. En ese sentido, lo más
bestia de todo es que abordan ustedes el tema del déficit del gas mientras continúan con unas políticas que incentivan la compra de gas para convertir este país en una especie de hub distribuidor de gas para todo el mundo. Desde 2011, pero más
intensamente en los dos últimos años, las empresas españolas están comprando contratos de suministro de gas con Azerbaiyán, con Rusia, con Estados Unidos. España es el primer importador de gas natural de Europa. La dependencia de gas de Argelia ha
llegado en 2013 al 53 % saltándose todos los límites legales. Todo eso está pasando acumulando el país gas que no consume ni puede comercializar, que genera un déficit que ahora resulta que ustedes quieren abordar por la vía de hacérselo pagar a
los ciudadanos. Pero no solo es el gas natural, también en gas no convencional. En estos momentos se están haciendo operaciones con la empresa Genair Energy -que voy a averiguar en algún momento qué contactos tiene con el poder político de este
país-, son contratos a veinte años prorrogables por valor de más de 40.000 millones de euros, que suponen el 85% de todos los contratos de esta empresa, firmados con empresas españolas con un cierto aval público. Siguiendo por esa vía, también de
no incentivar el cambio de modelo energético para potenciar las energías renovables y el ahorro energético más que todo, resulta que nos meten de nuevo en todo el tema del fracking contra -lo decía hace un momento el señor Segura- todas las
sugerencias desde el punto de vista científico y técnico. Por supuesto que todo es posible, pero lo que es claro no se invierte y, en cambio, aquello que genera problemas de externalidades hacia la sociedad en forma de elementos medioambientales,
ahí sí que están dispuestos a invertir algunos. Algunas de nuestras propuestas van orientadas a intentar deshacer ese entuerto que ustedes continúan planteando en este decreto-ley.


España no puede ser un centro de intermediación de gas, y alguien ha decidido que esa sea la política. Pero si alguien lo ha decidido que asuma los riesgos, no que los derive hacia el conjunto de la sociedad cuando esos riesgos derivan en
forma de déficit energético. Desde ese punto de vista hemos planteado nuestra negativa a ese tema en la enmienda 89 al artículo 61.


Hay una cuestión también peculiar desde esa perspectiva, y es que no solo anuncian ustedes el déficit de tarifa gasística de 1.200 millones hasta 2014, sino que adelantan lo que pudiera ser una traslación a los consumidores del déficit
futuro. Si no es así, aclarémoslo en la tramitación de este proyecto de ley. Por eso les hemos presentado una enmienda planteando la necesidad de establecer de una vez por todas una cierta auditoría energética -en este caso en el sector del gas-
que determine el origen de ese déficit e intentando evitar que se traslade al conjunto de la sociedad. Nuestra enmienda al artículo 59.4 va en ese sentido.

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Termino. Han aprovechado ustedes también este decreto-ley para socializar las pérdidas producidas a Gas Natural como consecuencia del arbitraje de París en el conflicto con el Magreb en relación con la empresa Sonatrach, 164 millones de
euros. Sé que es un tema tremendamente complicado, pero comprenderán ustedes que la gente no entienda que cuando se hacen inversiones los beneficios vayan a las empresas privadas y los costes de esas inversiones los tenga que sufragar el erario
público. Por eso le hemos planteado la enmienda número 90. Esperamos habernos equivocado. Nos gustaría que el portavoz del Partido Popular nos lo desmintiera, pero todo apunta a que de este decreto-ley emerge la posibilidad de que los 1.600
millones de euros que podría costar el proyecto Castor -sea responsabilidad de quien sea la habilitación o la aprobación de ese proyecto- pueden ser también derivados hacia el conjunto de los ciudadanos. Hace un momento se decía que alguna de sus
compañeras del Grupo Parlamentario Popular puede ser nombrada directora general del ICO. Parece ser que la primera tarea que va a tener que abordar es si le da o no un préstamo a una sociedad ad hoc construida por la SEPI para asumir el almacén de
gas y comerse el entuerto. Desde ese punto de vista, estas son las enmiendas que nosotros planteamos.


Por último, hay una cosa que sí era urgente e importante que ustedes no han abordado y que justificaría este decreto-ley, que es abordar de una vez por todas el tema de las familias vulnerables, la situación de pobreza energética. Los datos
que les ha dado la compañera Laia Ortiz en sus diferentes intervenciones son múltiples y quiero recordar solo uno: una de cada diez familias españolas no está en condiciones en este momento de poner su vivienda en invierno a 18 grados. Son datos
reconocidos. Ahí es donde tendría sentido haber actuado con urgencia, dada la gravedad del problema, para definir claramente lo que se entiende por consumidor vulnerable y establecer la posibilidad de garantía de suministros energéticos para esas
familias y también una reducción de la aplicación del IVA en términos de gas y electricidad para ese tipo de consumos, para ese y no para todos. En ese sentido hemos planteado nuestra enmienda número 91. Ese apartado es el que justificaría el
decreto-ley. Se han dormido ustedes en la trasposición de la directiva comunitaria y lo hacen mal y tarde, pero en lo que no se duermen es en el apoyo al sector energético, el lobby energético de este país, que la verdad es que nunca ha estado mal
con el poder imperante, pero es que con ustedes está de maravilla.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Gorriarán, tiene usted la palabra.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Voy a ser intervenir brevemente porque, como ya he dicho antes, mi grupo y yo consideramos que esto es solamente un simulacro de debate parlamentario y que no merece la pena extenderse en cuestiones que además
en muchos casos ya se han visto en otros debates parlamentarios en forma de proposiciones no de ley o de proyectos de ley de otros grupos de la oposición, que sistemáticamente y en todos los casos, cuando tratan de política energética, han sido
rechazados por el Grupo Parlamentario Popular, que solo es capaz de llegar a acuerdos con el PNV y con CiU, los partidos con los que comparte el modelo de Estado y por lo tanto también el modelo energético y el aeroportuario.


Yendo al fondo de la cuestión, también se ha dicho aquí antes, y lo comparto, que si realmente hay algo que es urgente dentro de la política económica en general es el que haya una política energética racional, competitiva y que de una vez
desmonte aquellos problemas de origen que nos han llevado a la situación actual. No es suficiente con que se anuncie -por enésima vez, por cierto- que este año se va a acabar con el déficit de tarifa, mientras aparece un déficit de tarifa nuevo por
el gas natural y mientras por otra parte se habla aquí de cumplir los objetivos europeos en materia de ahorro cuando resulta que en España todo lo que se ha hecho en los últimos años es desincentivar el ahorro, porque en una factura de la
electricidad en la que más del 60 % son impuestos, tasas y peajes, el consumo es al final lo menos importante y, por lo tanto, no se incentiva en absoluto el ahorro de quien podría ahorrar sino que lo que se hace sencillamente es una huida hacia
delante para mantener, como hemos dicho muchas veces, un modelo energético con rasgos oligopólicos muy marcados y donde la oscuridad, la opacidad y la trastienda es lo que domina sobre lo que tendría que ser algo mucho más claro.


Hemos presentado unas pocas enmiendas básicamente contra la pobreza energética, también para la regulación de los gases no convencionales y sobre todo también rechazando que las cuestiones de regulación del gas natural se metan en esta ley
porque tienen que tener un tratamiento específico o si no hacerse dentro de una ley general de la energía. Nos parece que es, como ya decía, ahondar en el horror, en la dispersión de temas, en la improvisación y en la chapuza legislativa, que luego
al final siempre acaban causando inseguridad jurídica y desde luego no mejoran ni la competitividad del país ni relanzan la economía y la actividad, sino que más bien la lastran y retienen su posible despegue.

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Como tampoco se nos ha anunciado ni se nos ha pedido ningún tipo de transacción, ya me imagino cuál es el destino de estas enmiendas. Vuelvo a decir lo que decía, que es lamentable que se lleven de esta manera, con este tipo de leyes cajón
de sastre -y además de sastre parlamentario- cuestiones de tanta gravedad e importancia como la política energética.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, señorías, desde el principio del cambio de Gobierno el objetivo fundamental planteado por el Partido Popular y el Gobierno ha sido devolver la economía a una situación de estabilidad,
competitividad y confianza. En ese sentido han sido muy importantes las reformas que se han venido planteando para hacer de nuestra economía un sistema mucho más sostenible, más equilibrado y sobre todo mucho más competitivo. A lo largo de este
tiempo se han presentado importantes reformas, que ya se está viendo que están dando importantes resultados en materia de crecimiento y de creación de empleo. Dentro de esas medidas y al margen de las relativas a los costes laborales, financieros o
administrativos, incluidos los fiscales, se han producido importantes reformas, como ya se ha dicho en esta Comisión, en el sector energético. Cuando nosotros llegamos al Gobierno creímos que había que hacer previamente precisamente una evaluación
y un diagnóstico del sistema, y hasta entonces, señorías, el sistema eléctrico y el sector energético en general, incluido el gasístico, se basaba en un principio general, que siempre se beneficiaba a los productores y siempre pagaban los
consumidores. Evidentemente esto había llevado a una situación absolutamente insostenible y a un sistema absolutamente desastroso, con unas capacidades productivas en el sector energético absolutamente disparatadas para las necesidades de un país
en crisis y, a pesar de ello, se aplicaban beneficios en forma de primas a nuevas tecnologías que incluso hasta el año 2010 se incluían en un sistema que ya se sabía que tenía un déficit enorme.


Hay quien ha planteado aquí, coincidiendo con esta formulación que yo he realizado, que esto se debe a políticas llevadas a cabo desde el año 2002, pero a quien ha formulado esas acusaciones, como el señor Coscubiela, yo le preguntaría ¿y
dónde estaban ustedes entre el año 2004 y 2008, cuando se tomaron la mayoría de las decisiones que han llevado a esta situación catastrófica del sector energético en el país? Ustedes estaban gobernando con el Partido Socialista, tomando estas
decisiones, apoyándolas todas (El señor Coscubiela Conesa: Nosotros no hemos gobernado con el Partido Socialista.), y todos muy felices y contentos en aquellos años de vino y rosas y de pactos en la izquierda en los que se adoptaron medidas de este
tipo y en los que se introducían beneficios muy importantes para nuevas tecnologías, y quiero decirle a usted que mi partido ha defendido siempre las energías renovables, pero nunca a esos precios o con esas primas que ustedes aceptaron poner y que
han provocado una situación de pobreza energética en el conjunto de los consumidores y un déficit de tarifa oculto que al final este Gobierno ha tenido que intentar resolver de la forma más razonable posible, sin que implicara eso, como algunos
pretendían, subidas de tarifas. Todo el mundo sabe que entre los años 2004 y 2012 la tarifa eléctrica en este país subió un 75% y además se ocultaron otros 36.000 millones de déficit de tarifa para que la población no fuera consciente realmente de
los costes que de forma arbitraria se introducían al sistema años tras año y decisión tras decisión, mientras otros miraban para otro lado, especialmente estos que hoy vienen aquí a rasgarse las vestiduras.


Me gustaría hacer una exposición breve sobre lo que es el sector, porque aquí algunos han hablado de lobbies, de oligopolios, pero han obviado los datos importantes sobre el sector. El sector gasístico en este país es un sector que cuenta
con 7,5 millones de consumidores, es un sector que prevé ir incrementando el número de consumidores, desplegándose en las ciudades y los municipios; tiene 3.500 millones de euros de coste de actividades reguladas, con 2.950 millones de euros de
ingresos por peajes y unos 10.350 millones por las actividades libres. Los costes del sector son mayoritariamente fijos, proceden de las inversiones en distribución y en el transporte y la evolución de la demanda ha sido la que ha sido: hasta el
año 2008 fue una demanda evidentemente creciente, a partir del año 2008, cuando se introdujo en el sector eléctrico de forma masiva una implementación de nuevas tecnologías, debido a la merma del protagonismo del papel de los ciclos combinados y a
la reducción de su uso, la demanda ha ido cayendo. Pero, insisto, esta demanda vinculada al consumo industrial no tiene que ver con el incremento que por otro lado ha existido en el consumo doméstico. Así, los ciclos combinados han pasado de un
consumo de unos 190.000 gigavatios/hora en 2008 a 48.000 gigavatios en 2014. Es esto lo que ha provocado esa situación de déficit tarifario que, a través de esta reforma, al igual que hicimos con el sector eléctrico, pretendemos enjugar, que no
siga acrecentándose a lo largo del tiempo y que no se siga ocultando a la

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población, pero no cargando, como se hacía en el pasado, los costes exclusivamente en los consumidores, sino repartiendo estos gastos entre los consumidores y especialmente los productores. En ese sentido, quiero decirles que para conseguir
avanzar en el equilibrio del sistema lo que hemos hecho ha sido precisamente limitar esta subvención cruzada, una subvención que implicaba que los consumidores domésticos pagaban el 71 % de los peajes cuando solo consumían el 27 % del gas, frente a
otros consumidores industriales que pagaban el 29 % de los peajes mientras consumían el 73 % de gas. Además, el proyecto de ley busca garantizar este equilibrio entre consumidores y productores mediante la garantía también del suministro, y por lo
tanto de la viabilidad económica del sistema, estableciendo un nuevo sistema retributivo, una evolución en el precio del mercado que estará marcado no por el IPC sino por la evolución de los precios en el mercado mayorista, como creo que es y debe
ser natural. No puede ser que el precio lo marque el IPC, es decir, otros elementos ajenos a la evolución del mercado del propio sector gasístico.


También se propone en este proyecto de ley una amortización del déficit en quince años que, insisto, debe ser pagado por los productores y no solo por los consumidores o por el conjunto de los ciudadanos, como se pretendía en reformas
anteriores. Para ello aumentamos también la vida útil de las instalaciones y trasladamos al operador por primera vez parte del riesgo de la caída en la demanda. Nuestro objetivo también es acabar con los costes ocultos del sistema y esto es lo que
hemos hecho. Eso es lo que ha provocado una modificación en la actualización de los precios. Quiero decirles que, por lo que se refiere a la eficiencia y al ahorro energético, evidentemente damos cumplimiento a la directiva comunitaria que así nos
lo pedía y creo que lo hemos hecho de forma escrupulosa, creando además un fondo nacional que favorezca precisamente este ahorro energético y siendo contribuyentes de este fondo tanto las empresas como los propios consumidores. Hemos prestado
atención a las enmiendas y, a pesar de la época que ustedes conocen, el Gobierno ha realizado un estudio pormenorizado de todas y cada una de ellas.


El señor Martínez Gorriarán se queja de que no hemos dialogado con usted, pero si todas sus enmiendas son de supresión es difícil dialogar con quien lo único que pretende es suprimir el texto de forma absoluta y mutilarlo. Sin embargo, ha
habido otros grupos parlamentarios que han hecho aportaciones positivas. Voy a referirme, en primer lugar, al profesor Segura, que sabe que goza de nuestra estima porque es una persona que ha demostrado a lo largo de este tiempo que estudia los
temas profundamente, aunque algunas veces no coincidamos con sus planteamientos. En ese sentido hemos hecho una enmienda transaccional a una de sus enmiendas que tiene que ver con la introducción de un informe técnico por parte del IDEA con
carácter previo de cara al cálculo de las obligaciones de contribución al fondo nacional de eficiencia en los supuestos de nuevos operadores. También hemos presentado otras dos enmiendas transaccionales al grupo del Partido Nacionalista Vasco, la
33 y la 35. La primera de ellas concreta el coeficiente de eficiencia por las mejoras en la productividad y la segunda pretende adaptar las retribuciones por la garantía del suministro estableciendo unos coeficientes que el texto anterior dejaba
excesivamente al socaire de la interpretación del Gobierno y que en algunos casos podían producir enormes perjuicios para el conjunto del sistema.


El señor Coscubiela plantea dentro de su exposición esto tan propio de la izquierda, esto de los oligopolios, de los lobbies energéticos. Señor Coscubiela, yo quiero decirle que este Gobierno no es de los más populares entre el sector
energético, no es precisamente un Gobierno que haya sido suave con el sector energético. Ha tomado decisiones duras para los productores y se ha atrevido y ha tenido valentía para poner pie en pared frente a las demandas y los abusos que en algunas
ocasiones procedían del pasado, pero que en otras ocasiones se pretendían perpetrar también en el presente. Creo que si usted recordara lo que sucedió con la tarifa eléctrica en el mes de diciembre reconocería este esfuerzo del Gobierno, más allá
de lo que tiene que ser este lenguaje que ustedes utilizan, porque da igual que se hable del sector eléctrico o del sector que sea para interpretar que siempre el Gobierno gobierna a favor de los lobbies y en contra de los ciudadanos. No, este es
un proyecto de ley que pretende gobernar a favor de los consumidores y a favor de los ciudadanos, y a lo largo de las reformas que se han hecho en el conjunto del sector eléctrico lo que ha movido precisamente al Gobierno ha sido defender a los
ciudadanos de los abusos y privilegios que en ocasiones se habían concedido a los productores; productores que me da igual que lo fueran de energías tradicionales como de las energías renovables. Porque cuando usted hace tanta referencia a las
energías renovables le conviene determinar algo muy importante y es cómo se pagan esas energías. Porque no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, no se puede estar a favor de unas energías primadas de forma brutal y luego rasgarse las vestiduras
por lo que tienen que pagar el conjunto de los ciudadanos en la tarifa eléctrica o en la tarifa gasística. Esto es muy difícil; esto de un día

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hablo yo de la pobreza energética pero al día siguiente digo que qué malos son los del Gobierno que establecen límites a unas tarifas eléctricas marcadas por un sector, en este caso de algunas tecnologías renovables que implican costes de
hasta diez o quince veces los precios de las energías convencionales, me parece un poco cínico. Y diré más. Usted y su grupo deberían de ser los primeros, si hablan tanto de la pobreza energética, en estar interesadísimos por que este Gobierno, o
el que fuera, descubriera nuevas fuentes de energía para contribuir al abaratamiento de la tarifa eléctrica o de la tarifa del gas del conjunto de los ciudadanos. Por eso resulta sorprendente que ustedes presenten una enmienda oponiéndose o
prohibiendo directamente el fracking. Oiga, el fracking ha permitido una reducción del precio del gas en Estados Unidos de más del 50 %. Para empezar, Estados Unidos, que era un importador masivo de petróleo, se ha convertido también en exportador
de petróleo y esto está permitiendo una sostenibilidad en el precio del petróleo. España es un país que tiene una tarifa energética de 40.000 millones de euros. Esto hay que compensarlo con la venta de nuestros productos, de nuestros tomates, de
nuestros coches y de nuestros bienes de equipo, pero es que no se llega, ¿sabe, señor Coscubiela? Por tanto, usted, que lo que busca, creo entender, es precisamente energías más baratas debería de estar por favorecer que se apoyen nuevos sistemas
-respetuosos con el medio ambiente, por supuesto, y favorecedores del entorno ambiental que afecta al conjunto de los ciudadanos- de forma razonable y barata. Y negarse a este tipo de descubrimientos o avances tecnológicos que permiten obtener
recursos como son estos me parece sencillamente un verdadero despropósito, cuando por otro lado se está uno quejando de lo caras que son las energías. Esto no puede ser; sorber y soplar al mismo tiempo tiene estas contradicciones.


Ha planteado usted, señor Coscubiela, un par de cosas más y una de ellas tiene que ver con el tema de Castor. Lo hemos debatido y discutido aquí en una Diputación Permanente. Este Gobierno no es el que firmó el acuerdo con Castor, este
Gobierno no es el que incluyó indemnizaciones en el contrato con las empresas de Castor. (El señor Coscubiela Conesa: Yo no he dicho eso.) Ya sé que usted no ha dicho eso, pero quiero que quede claro. Este Gobierno va a ser el que, en virtud de
sentencia del Tribunal Supremo, va a tener que indemnizar probablemente a las empresas del caso Castor. Pero le diré una cosa en la que sí tienen ustedes responsabilidad y es que la Ley medioambiental con la que se dieron los permisos de Castor no
incluía la necesidad de realizar informes geológicos para este tipo de proyectos, y eso, señor Coscubiela, es de la legislación medioambiental que ustedes pactaron con el Partido Socialista allá en los años de vino y rosas. Por tanto, ya sabemos
que tenemos un problema encima de la mesa, y un problema heredado, desgraciadamente, como otros tantos. Así que yo le pediría a usted un poco más de comprensión hacia aquellos que, viéndonos en estas dificultades, vamos a tener que responder, no
precisamente con gusto, a demandas que nos presentan hoy, en el caso de Castor, algunas empresas y que en otras ocasiones nos están demandando, por ejemplo, las empresas de energías renovables o fondos de inversión que han invertido en esas energías
renovables en base a unas reglas de juego que evidentemente a los únicos que perjudicaban era a los consumidores españoles, pero jamás veo ni a usted ni a nadie de su grupo que lo condenen y que apoyen en este sentido al Gobierno en la defensa de
los intereses de los consumidores.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.


Se suspende la sesión a las tres de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.


Empezamos el cuarto bloque, Empleo, título IV, capítulos I a IV, artículos 87 a 121.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gutiérrez.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Presentamos hoy en esta Comisión las enmiendas del Grupo Socialista a los artículos 87 a 121 del Real Decreto-ley 8/2014, que se tramita como proyecto de ley tras su convalidación.


Quiero reiterar, en primer lugar, nuestra disconformidad con el procedimiento elegido por el Gobierno, el real decreto-ley, para efectuar modificaciones y cambios sustanciales en una legislación tan sensible, que genera tanta preocupación
social y que se refiere al desempleo y específicamente el desempleo juvenil. La tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley no subsana vicio de origen, la falta de consenso social e institucional, la aportación de análisis y estudios
alternativos, el conjunto de informes

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preceptivos específicamente del CES y, en definitiva, de todo el procedimiento que nuestro ordenamiento jurídico establece para el ámbito del Gobierno en la elaboración de un proyecto de ley. Discrepamos en el fondo en la regulación
específica que aporta el decreto-ley. Discrepamos en cómo aborda el desarrollo de la garantía juvenil en nuestro país en cuanto a quién puede beneficiarse del proyecto, con qué garantías y propuestas, qué actuaciones se financian, así como en la
gestión que el Gobierno propone para este programa al margen de los servicios públicos de empleo y fuera del alcance de la legislación básica de empleo. Discrepamos de las modificaciones de la Ley Básica de Empleo, que encubre el gran recorte de
las políticas activas de empleo de más de 10.000 millones de euros en los tres ejercicios consecutivos en los que ha gobernado el Partido Popular. Discrepamos de las modificaciones que el real decreto-ley efectúa sobre la regulación de las empresas
de trabajo temporal y de la agencia de colocación, cada vez con menos requisitos y cada vez con acceso a más recursos públicos sin control. Por todo ello, el Grupo Socialista ha planteado cuarenta y dos enmiendas, veintiuna de ellas de supresión y
otras veintiuna con textos alternativos que ahora me propongo analizar en sus líneas fundamentales.


Comienzo por el conjunto de enmiendas que se refieren a la garantía juvenil, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Europeo de abril de 2013, el debate en el Parlamento Europeo y los trabajos efectuados en la subcomisión de
empleo juvenil que se desarrolla en estos momentos en la Cámara. Basándose en todo ello, el Grupo Socialista considera esta una gran oportunidad de abordar un auténtico programa de empleo y garantía juvenil para combatir una de las lacras más
importantes que padece nuestra sociedad, un desempleo juvenil por encima del 55 % de la población con capacidad de trabajar. Planteamos, en primer lugar, quiénes son los beneficiarios de este programa. El análisis de cuál es la situación de paro
juvenil en España lleva a la mayoría de los expertos a coincidir en que el programa debe extenderse a los jóvenes mayores de dieciséis y menores de treinta años que están en desempleo, no tienen trabajo y han terminado el ciclo formativo. Por
tanto, desde nuestro punto de vista la garantía juvenil debe extenderse a los jóvenes entre dieciséis y treinta años, que suponen aproximadamente 900.000 jóvenes en desempleo, que necesitan una atención prioritaria que este real decreto les niega.


El programa que regula el Gobierno se dirige solamente a los jóvenes menores de veinticinco años y además con criterios restrictivos. Desde nuestro punto de vista, debe dirigirse a los jóvenes desempleados inscritos en las oficinas de
empleo que no estén ocupados ni integrados en el sistema educativo. Deben estar inscritos en el Sispe, el sistema de información común de los servicios públicos de empleo, y además se debe indicar el grado de dificultad que presenta el joven
desempleado para priorizar las acciones concretas a las que puede acceder. Según nuestro punto de vista, deben ser los servicios públicos de empleo los que fijen las prioridades en esas acciones y los que establezcan las garantías y los itinerarios
que deben seguir los jóvenes. El Gobierno, además de restringirlo a los jóvenes desempleados menores de veinticinco años, exige una serie de requisitos que excluye a una inmensa mayoría de jóvenes desempleados de nuestro país.


En segundo lugar, consideramos que este programa debe integrarse en el sistema de la Ley Básica de Empleo y, por tanto, con la gestión dedicada a los servicios públicos de empleo. Esto tiene importancia crucial desde el punto de vista de
los servicios de orientación profesional. Proponemos un refuerzo de los servicios de orientación con la contratación de 3.000 profesionales orientadores y promotores de empleo para los servicios públicos de empleo. Según las aportaciones de la OIT
en la subcomisión de empleo, los Estados en donde se obtienen mejores resultados para la contratación juvenil son aquellos que disponen de fuertes y potentes servicios de orientación públicos y mecanismos de seguimiento y evaluación del itinerario
profesional o el itinerario formativo que sigue el joven. A partir de estas orientaciones es posible fijar las prioridades y, por tanto, el itinerario, que es lo que se pretende para alcanzar el empleo. Discrepamos de la regulación que hace el
Gobierno de la gestión de este programa. El proyecto de ley excluye y margina a los servicios públicos de empleo. El programa queda fuera de todas las normas y garantías previstas en la legislación básica. Además, en lugar de utilizar el sistema
de información integral del Servicio Público de Empleo y del nuevo portal informático de gestión, el Gobierno ha decidido crear una nueva burocracia virtual desconectado del sistema de inscripción como desempleado en la oficina de empleo y, por
tanto, al margen de los servicios públicos de empleo. La mayor parte de los artículos de este proyecto se refieren precisamente a generar este nuevo sistema burocrático, por lo que la mayoría de nuestras enmiendas son precisamente de supresión.


En tercer lugar, y por lo que respecta a los programas básicos de la garantía juvenil, la oferta de la formación o el empleo de calidad, nuestras enmiendas proponen, por una parte, el reforzamiento de la garantía de la formación de los
jóvenes en los contratos formativos y una bonificación del cien por cien de

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la cuota de la Seguridad Social de las empresas que efectúen estos contratos de formación, aprendizaje o prácticas, bonificación que debe sustituir a las reducciones actuales de cotización, puesto que es necesario llegar a una transparencia
en cuanto a la financiación de las políticas activas de empleo. En estos momentos los mecanismos de reducción llevan como consecuencia que sea el Fondo de garantía de las pensiones el que esté financiando este tipo de programas y no las políticas
activas de empleo a través de un sistema transparente de bonificaciones. No apoyamos el efecto desbordamiento y cada bonificación solo se destinará al joven contratado específicamente. Por otra parte, la oferta de empleo de calidad que establece
la garantía juvenil debe ser cierta y no precaria. Proponemos por ello una bonificación de contratos indefinidos con una escala del cien por cien el primer año y una escala sucesiva en años siguientes y la bonificación de las cuotas de la Seguridad
Social de entre 500 euros a 1.800 euros/año para las empresas que transformen los contratos formativos en contratos indefinidos de los jóvenes. Se trata de establecer exigencias para que estas bonificaciones supongan un incremento real de plantilla
y no un efecto sustitución ni rotación, una evaluación constante del sistema y además mantenerlo hasta que la tasa de desempleo juvenil esté por debajo del 15 %. No compartimos nuevas fórmulas contractuales para jóvenes que favorecen la
precariedad, la rotación o la sustitución.


En cuanto a las modificaciones que el real decreto-ley incorpora a la Ley Básica de Empleo, el Grupo Socialista presenta una enmienda a los artículos 114 y 115. Señorías, el Gobierno con un cambio terminológico y de lenguaje pretende dar la
impresión de que modifica sus políticas de empleo en los últimos años, políticas que se han caracterizado por los recortes y recortes en las políticas activas. Podemos decir que las políticas activas sufrieron un gran hachazo desde el primer minuto
de gobierno del Partido Popular: el primer año con un recorte de 3.300 millones de euros, tres años casi 10.000 millones, lo que supone un recorte precisamente sobre unos programas cuando hay más parados, el desempleo es de mayor gravedad y
duración y las necesidades de orientación profesional en un nuevo mundo económico cambiante son imprescindibles. Nuestra enmienda trata de impulsar las políticas activas de empleo en línea con lo que están demandando los agentes económicos y
sociales, las instituciones y este Parlamento. En cuanto a las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación, el Gobierno plantea su enésima autocorrección en una huida hacia delante en el camino de la desregulación de este tipo de
empresas, al tiempo que les garantiza cada vez una mayor participación en los recursos públicos. Nuestra enmienda trata de restituir una regulación transparente y garantista para los ciudadanos, así como situar a estas empresas en el ámbito de la
colaboración de los servicios públicos de empleo, nunca de sustitución de los mismos.


Finalmente, señor presidente, planteamos siete enmiendas con nuevas disposiciones adicionales para lograr, entre otros temas: en primer lugar, que la distribución de los fondos europeos de la garantía juvenil se distribuyan a las
comunidades autónomas en función de la competencia de la gestión de las políticas activas de empleo; en segundo lugar, un reforzamiento de los servicios de orientación de los servicios públicos de empleo con la contratación de 3.000 profesionales
para potenciar este ámbito que nos parece básico y prioritario; en tercer lugar, la coordinación entre la Administración educativa y la laboral -este es un tema que consideramos también prioritario-, además de mandatar al Gobierno para un plan de
inserción para los parados de larga duración, que en estos momentos superan el 50% de los parados. Solicitamos también el desarrollo del portal único del Servicio Público de Empleo integrado que ha regulado el Gobierno, con unas campañas
informativas para favorecer su utilización por los jóvenes y, por tanto, la gestión del programa de garantía juvenil. Sobre esta última enmienda el Grupo Popular ha ofrecido una enmienda transaccional que no podemos aceptar por algo obvio, y es que
el propio Grupo Parlamentario Popular elimina de la enmienda toda referencia a los servicios públicos de empleo, al portal y al sistema de información integral público. Por todo lo que vengo exponiendo, aceptar esta enmienda es reforzar un sistema
de gestión que no compartimos y rechazamos y, por tanto, no podemos aceptar que este programa se gestione al margen de los servicios públicos de empleo y además fuera de las garantías que para el joven desempleado representa la legislación básica de
empleo con carácter general. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, vamos a debatir este título IV que aborda como mínimo tres grandes paquetes de cuestiones: desarrolla la garantía juvenil en términos de lo que el Gobierno así ha entendido que se debe
implementar en el caso español de este programa europeo; en segundo lugar, introduce modificaciones no menores en la regulación existente hasta ahora en la estrategia

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española de empleo; y, finalmente, introduce -como se decía hace unos instantes- un régimen más flexible en la regulación de las empresas de trabajo temporal. Discrepaba la portavoz socialista, y tenía razón, con el procedimiento elegido,
y evidentemente mi grupo también lo hace por la utilización por parte del Gobierno de este mecanismo jurídico de abordar en un mismo real decreto cuestiones tan amplias que no permiten, por ejemplo, que este debate se desarrolle en el seno de la
Comisión de Empleo, que es en la que correspondería, o que perdamos la oportunidad de haber profundizado claramente en la garantía juvenil, que ha sido el gran instrumento de la Unión Europea para intentar hacer frente al problema del desempleo
juvenil. El debate va a quedar extremadamente disperso hoy en esta tarde en esta sesión tan larga de la Comisión de Economía.


En relación con el contenido concreto de la denominada garantía juvenil, tenemos la convicción de que esta va a ser una ocasión perdida y de que estos 1.800 millones de euros que en los próximos tiempos la Unión Europea va a trasladar a los
presupuestos públicos españoles no los vamos a terminar de aprovechar de manera suficiente para hacer frente a problemas de fondo vinculados al desempleo juvenil y que en muchos aspectos esos problemas de fondo van más allá de la propia coyuntura de
la crisis en la que estamos instalados, problemas que tienen que ver con debilidades de nuestros servicios públicos de empleo, de la colaboración del sector público con el sector privado en esta materia, de la ausencia de mecanismos que permitan a
aquellos jóvenes que finalizan sus estudios encontrar salidas laborales a través de una orientación laboral parecida a la que tienen países de nuestro entorno, buenos mecanismos de segundas oportunidades, etcétera. Son cuestiones que tienen más que
ver con fortalecer básicamente la capacidad de las comunidades autónomas, no solo, también de los ayuntamientos, pero fundamentalmente de las comunidades autónomas, de poder desarrollar estas políticas y, en cambio, buena parte de los recursos de la
garantía juvenil se van a centrar en aquello que España viene haciendo desde mediados de los años noventa, que es bonificar la contratación de personas, en este caso jóvenes, reduciendo parte del coste laboral de la contratación y sabiendo los
límites que tiene ese tipo de política. Son las políticas que hemos utilizado y que nos han indicado que no sirven para responder a los problemas más de fondo de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo.


En relación con el desarrollo de la garantía juvenil, no sabemos si los problemas que van a tener las comunidades autónomas para ponerla en marcha se han resuelto, porque el mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea exige que las
comunidades autónomas avancen el 99 % de los recursos de la garantía juvenil. La Unión Europea nos ha informado de que este tipo de recursos no cuenta a efectos del déficit estructural del Estado y del déficit estructural de las comunidades
autónomas y desde ese punto de vista hay mayor flexibilidad. Pero en términos de la capacidad de las comunidades autónomas, sometidas a las restricciones presupuestarias a las que están sometidas, para poder avanzar el 99% de los gastos que implica
poner en marcha la garantía juvenil tenemos dudas de que eso se haya resuelto y nos podemos encontrar en lo que nos resta de año con que las comunidades autónomas no pueden poner en marcha los mecanismos previstos. Por tanto, el enfoque global que
le da el Gobierno, la apuesta muy clara por las bonificaciones y las incógnitas con relación a si va a ser posible que las comunidades puedan invertir efectivamente estos recursos es lo que nos hace afirmar esta convicción de que esta es seguramente
una ocasión perdida en esta materia.


Antes de entrar en la presentación de nuestras enmiendas, quiero decir que hay una cuestión que el conjunto de los grupos abordamos en las enmiendas -y que el Grupo Parlamentario Popular previsiblemente va a rechazar-, que es la ampliación
de la cobertura de la garantía juvenil de los mayores de veinticuatro años hasta los treinta años. El Gobierno y los diputados de la mayoría argumentarán no sin cierta razón que la propia garantía juvenil establece ese límite de edad, pero, desde
el punto de vista de la problemática del desempleo en España, precisamente una de las características del desempleo en España es que no solo afecta a jóvenes menores de veinticuatro años, sino que afecta significativamente más a jóvenes entre
veinticinco y treinta años que en el resto de la Unión Europea. Por tanto, desde el punto de vista del interés de la sociedad española en su conjunto tendría mucho sentido que España apostase por defender en la Unión Europea que estos recursos
también pudiesen servir en el caso español para abordar las necesidades de los desempleados mayores de veinticuatro años; entre otras cuestiones, porque una parte significativa del desempleo juvenil de mayores de veinticuatro años hasta treinta
años está vinculado a un problema muy específico de nuestra economía, que ha sido el fin de la expansión del sector inmobiliario y que, como todos sabemos, ha tenido su repercusión en miles de jóvenes que abandonaron sus estudios para dedicarse al
sector de la construcción y que hoy no tienen empleo en este sector ni previsiblemente lo van a poder tener. Sería bueno que invirtiésemos recursos para su reciclaje

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profesional y se orientasen a otros sectores de actividad. No vamos a poder utilizar los recursos de la garantía juvenil para hacer ese tránsito de un sector a otro, sector de los jóvenes desempleados mayores de veinticuatro años. Desde el
punto de vista de Convergència i Unió -y creo interpretar que también desde el punto de vista de los grupos de la oposición-, ahí está una de las debilidades del planteamiento. Hoy las enmiendas van a ser rechazadas, pero sería bueno que el
Gobierno -y que los portavoces del Grupo Parlamentario Popular así lo manifestasen- asumiese un compromiso de defensa en el seno de la Unión Europea de la ampliación de los recursos en materia de lucha contra el desempleo juvenil también para
jóvenes hasta treinta años. Es una necesidad muy clara que demanda nuestra economía y nuestra juventud.


Hechas estas consideraciones de carácter más general, paso a referirme a las enmiendas que Convergència i Unió ha presentado a estos capítulos. Junto con la referencia que hacemos a la necesidad de ampliar la cobertura de edad de la
garantía juvenil, a través de diversas enmiendas hemos intentado flexibilizar los requisitos que permiten a los jóvenes que han finalizado sus estudios, o jóvenes que sin haber finalizado sus estudios deban beneficiarse de programas de segundas
oportunidades, para que no estén tan alejados en el tiempo para poder incorporarse a los mecanismos de la garantía juvenil. En los requisitos que se introducen en el proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado para permitir a jóvenes que han
finalizado sus estudios reincorporarse a programas de la garantía juvenil se les exige un plazo muy largo desde que han abandonado sus estudios. Ahí he de decir que el Grupo Popular nos ha ofrecido dos enmiendas transaccionales que vienen a
resolver esta problemática y que van a permitir a jóvenes que han finalizado sus estudios poder participar en los programas de la garantía juvenil en treinta días. En este sentido, las enmiendas que presenta Convergència i Unió y que son objeto de
esa transacción son una buena noticia en los límites de lo que da de sí el planteamiento global que tiene el Gobierno.


Quiero decir también que el texto del Gobierno -y así lo decía la portavoz del Grupo Socialista- crea este registro específico al margen de la vinculación al conjunto de los servicios públicos de empleo. No sabemos si es una buena respuesta
o no -el tiempo nos lo dirá-, pero sí hemos querido garantizar que a la información de ese registro las comunidades autónomas puedan tener acceso. Ahí también el Grupo Popular ha aceptado una enmienda de Convergència i Unió a través de una
transaccional que resuelve esa cuestión, con esa fórmula del registro que vamos a ver cuánto da de sí.


Veo que se me empieza a agotar el tiempo. En relación con las modificaciones que se introducen en la estrategia española por el empleo, los cambios que introduce el Gobierno suponen, con respecto a aquello que se había aprobado en la
anterior legislatura y que fue objeto de un acuerdo entre Convergència i Unió y el entonces Gobierno socialista, un retroceso en términos de reconocimiento de las capacidades de autogobierno de las comunidades autónomas. La estrategia española de
empleo -y don Valeriano Gómez que está en la sala se acordará porque era el ministro- fue objeto de un amplísimo debate entre el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió con el Gobierno para encajar ese modelo en el marco competencial que
reconocen nuestros estatutos. Fue un proceso largo y complejo que resolvimos de manera más o menos adecuada. Con la redacción nueva que el Gobierno introduce en este proyecto de ley las cautelas en términos de respeto a nuestras competencias
desaparecen y, por tanto, mantenemos un paquete amplio de enmiendas que pretenden volver a los textos existentes hasta ahora y que protegían nuestro ámbito de actuación competencial que nos parece absolutamente relevante en esta materia. La
recentralización en materia de empleo es alejar servicios y proyectos de las realidades concretas del tejido económico y social y no va a garantizar mejores políticas públicas; todo lo contrario.


Finalmente, el proyecto de ley incorpora un régimen más flexible en relación con las empresas de trabajo temporal. Sobre la cuestión de fondo, podríamos compartir el planteamiento que hace el Gobierno en términos de mayor flexibilidad, pero
estamos defendiendo -y lo hacemos siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional- que para aquellas empresas de trabajo temporal que operen en más de una comunidad autónoma se mantenga su control administrativo por parte de la comunidad autónoma
donde tienen residenciada su sede social. Eso es doctrina del Tribunal Constitucional y el Gobierno en su proyecto de ley recentraliza a esas empresas con presencia en más de una comunidad autónoma al ámbito competencial del Estado. Nos parece que
eso llevará seguramente a que este proyecto de ley en esta materia, junto con otras, termine en el Tribunal Constitucional y a que el Tribunal Constitucional previsiblemente se reafirme en su doctrina. Es una pena que en estas materias Convergència
i Unió deba dedicar una parte del tiempo de su intervención a poner encima de la mesa vulneraciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña que la legislación del Estado promueve en el marco de una política de

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recentralización, que explica el nivel de conflicto político que hoy existe en España. En este sentido el proyecto de ley supone un retroceso intolerable para Convergència i Unió y de ahí nuestras enmiendas.


Finalmente -y con ello termino, señor presidente-, junto con las cuestiones directamente vinculadas a este proyecto de ley, Convergència i Unió vuelve a presentar un paquete de enmiendas que responde a demandas que el sector de la
discapacidad, en materia de empleo, hace tiempo que nos viene planteando y que no estamos siendo capaces -Convergència i Unió pero tampoco el propio Cermi- de hacer entender al Gobierno que esas demandas, todas ellas orientadas a facilitar mayores
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, sean aceptadas. Desde ese punto de vista, rogamos a la mayoría que atiendan la demanda, que no es una demanda exclusivamente de Convergència i Unió, sino que es una demanda del conjunto
del sector de la discapacidad. Con ello, doy por defendidas nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Volvemos a tratar un bloque, en este caso con los temas vinculados al empleo, la garantía juvenil, que a juicio de nuestro grupo reúnen las características, que anunciamos en su momento, de ser un conjunto de
medidas que difícilmente pueden estar incluidas dentro del concepto de urgencia del decreto-ley. No porque abordar el empleo juvenil no sea urgente, sino porque incomprensiblemente ese es un tema -quiero recordar- que ha sido anunciado en seis
ocasiones distintas por el presidente del Gobierno como una política que se iba a hacer después que seis sucesivos consejos europeos, durante casi dos años, y durante esos dos años bien podría haberse aprovechado para suscitar no solo un espacio de
concertación social, sino también político, para que el tema se pudiera regular con un mayor grado de profundidad, de conocimiento, de debate y de complicidad de todo el mundo, tratándose de un tema que todos compartimos y que es importante, como es
el desempleo juvenil; no importante, vital, dramático. En ese sentido, hay un decalaje entre el tiempo que el Gobierno ha venido haciendo publicidad de unos millones que no llegaban nunca, y se anunciaron durante seis ocasiones en seis debates de
política parlamentaria europea, y la urgencia que después le ha dado a ese tratamiento.


En segundo lugar, creo que vale la pena que pongamos énfasis en que esta normativa puede generar cierta frustración, porque el Gobierno ha decidido -siguiendo pautas que no son solo exclusivamente de su responsabilidad- utilizar el concepto
garantía juvenil para algo que no garantiza ni el empleo ni la formación. No se garantiza el empleo, no sé si tiene una cierta lógica que sea exigible que un Gobierno pueda garantizar un empleo cuando afecta al 50% de la población de los jóvenes,
pero es que tampoco garantiza, como establece el marco de referencia europeo, el tema del acceso a la formación en condiciones que sea un derecho exigible.


Yo creo que, desgraciadamente, este bloque de materias relacionadas con el empleo tienen, a nuestro entender, algunas características con las que discrepamos profundamente. El problema no es solo que las políticas de garantía juvenil -lo
que se viene a llamar el sistema de garantía juvenil- se quedan cortas en relación con la necesidad de políticas hacia los jóvenes, es que, desgraciadamente, una vez más se aprovecha una técnica que se ha aprovechado durante toda esta legislatura,
que es utilizar e instrumentalizar un problema real, sensible, grave, que vive toda la gente, para poner en marcha unas estrategias oportunistas de cambio de estas políticas. Nosotros hemos sido capaces de detectar tres. Como quien no quiere, el
Gobierno, a partir del sistema de garantía juvenil, crea un circuito específico de gestión de políticas de empleo para los jóvenes, a los cuales además les obliga a inscribirse en un proceso peculiar y perverso, a partir del cual no es el propio
Servicio Público de Empleo el que asume la responsabilidad de ofrecer políticas, sino decirle a los jóvenes que las pidan, en un planteamiento que no sé dónde nos quiere llevar, pero espero que no nos lleve a que antes de final de esta legislatura
alguien pueda decir que en el sistema de registros de la garantía juvenil hay inscritos como parados jóvenes muchos menos que en los servicios públicos empleo. Espero que no sea eso. No imputo a nadie, pero crear un subregistro no tiene ningún
sentido.


En segundo lugar, se aprovechan los recursos europeos y su traslación a España, a través de sistema de garantía juvenil, como un gran receptáculo de recepción de recursos fundamentalmente para poner en marcha una política que yo creía que,
entre todos, habíamos acordado que era de echar agua en el cesto, de regar el desierto, que eran subvenciones y subvenciones. Vamos a ver, si había algo a lo que se había llegado a un acuerdo en este país, a través afortunadamente de unos informes
buenísimos que se encargaron en otros momentos, como el informe Toharia, es que la experiencia de treinta años de subvenciones y bonificaciones a las empresas era una experiencia fallida. No había modificado en absoluto

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las pautas de comportamiento de las empresas; no había propiciado en términos reales la creación de empleo; y, en cambio, sí que había provocado efectos perversos, que era el efecto sustitución de empleo y, sobre todo, un aprovechamiento
indiscriminado y escasamente lógico de que aquellas empresas que habían decidido contratar, en el momento de contratar tuvieran una reducción de sus costes laborales a diferencia del resto. Eso parecía que lo había asumido el Gobierno, porque aún
recuerdo la intervención de la ministra Báñez en la presentación de la reforma laboral cuando planteó que era un cambio que iba a imponer a sus políticas. No sé qué le ha sucedido a la ministra y a su ministerio, pero eso lo ha venido cambiando
reiteradamente; y lejos de cambiar la política, lo que ha hecho es profundizar en los aspectos más perversos de la política de subvenciones. Y se aprovecha este plan de garantía juvenil como gran receptáculo y gran repartidor de recursos.


En tercer lugar, también se aprovecha para un nuevo proceso de privatización de los servicios públicos de empleo; un proceso de privatización, que es verdad que no es nuevo, que empezó parcialmente con la reforma laboral de 2010, que se
profundiza mucho con la reforma laboral del Partido Popular y que da otro paso otorgándole la posibilidad a las empresas de trabajo temporal de que cubran los vacíos de negocio que le ha provocado la crisis con otras actividades. Quiero que quede
clara la posición de nuestro grupo. Estamos a favor de que los servicios públicos de empleo tengan entidades de colaboración en términos de intermediación social, siempre y cuando sean sin ánimo de lucro; y las que existen están haciendo buenas
funciones. ¿Por qué sin ánimo de lucro? Porque, no nos engañemos, con un volumen de desempleados tan importante como hay en estos momentos en nuestro país, incentivar económicamente las funciones de intermediación de entidades privadas supone caer
en el riesgo de que estas entidades privadas se especialicen en aquellos sectores que se pueden insertar más fácilmente y no en aquellos sectores que más lo necesitan, que son, precisamente, aquellos con más dificultades de inserción y son aquellos
que, posiblemente, más necesiten la intervención de los servicios públicos de empleo y la colaboración. Esa yo creo que es una frontera que este decreto-ley ya rompe por todos lados, hasta el punto de que pasa ya definitivamente al lado de que el
Servicio Público de Empleo, en vez de garantizar un derecho, pasa a ser un instrumento a través de las entidades de colaboración privadas de convertir el empleo en una mercancía y no en un derecho.


Esas son las tres profundas discrepancias que tenemos nosotros en relación con el enfoque global que tiene este decreto-ley. Nos hubiera gustado discutir desde un punto de vista político, porque yo creo a la ministra cuando dijo, en la
presentación de la reforma laboral de 2012, que estaba convencida de que no había que hacer políticas de incentivación indiscriminada, de las subvenciones, de las bonificaciones; pero ¿a quién creo, a su afirmación o a sus actos? Por sus actos los
conoceréis. Desde ese punto de vista, es una contradicción muy fuerte.


Desde esa perspectiva, quiero insistir en esas tres cuestiones que son las que nos llevan a no poder estar de acuerdo. Si esto se tramitara como proyecto de ley específicamente, no en esa fase, habría una enmienda a la totalidad con esas
características. Eso lo hemos trasladado después a treinta y nueve enmiendas aproximadamente, que intentan en la medida de lo posible resolver esos problemas de fondo. Digo en la medida de lo posible, porque hay cosas que son irresolubles; es
decir, con enmiendas parciales; y las nuestras no son de supresión, al menos lo son algunas, pero no todas, la mayoría son alternativas. Por ejemplo, si de verdad queremos que eso sea una garantía juvenil para los jóvenes, habrá que establecer
unas mínimas características de garantía. Yo entiendo que una norma de gobierno no pueda garantizar empleo en un plazo, pero que no garantice información en un plazo no lo puedo entender. Por eso hemos planteado la enmienda 96, que dice que entre
los objetivos del sistema nacional de garantía juvenil está garantizar formación en un plazo máximo de cuatro meses a las personas que se encuentren en determinadas condiciones. Estamos dispuestos a discutir si esos cuatro meses son pocos o muchos,
pero los derechos tienen una característica para que sean derechos y es que deben estar suficientemente tasados como para que puedan ser exigibles y ejercibles, y eso no es así. El derecho a la formación aquí aparece como un desiderátum que está
bien, pero que no se puede concretar y sobre todo no se puede exigir por los titulares. A continuación, planteamos el tema de fondo. Fíjense ustedes bien en la diferencia entre hacer lo que nosotros planteamos en las enmiendas 97, 98 y otras.
Ustedes tienen el registro de los servicios públicos de empleo donde aparecen todos los jóvenes en estas circunstancias. Con ese registro creen el registro del sistema nacional de garantía juvenil y pídanles a los jóvenes que ratifiquen su voluntad
de formar parte del nuevo, pero no obliguen a los jóvenes a tomar la iniciativa de inscribirse en ese registro porque así sí que reduzco yo el empleo juvenil, por una vía de selección natural. Por lo tanto, esas enmiendas van en ese sentido.

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La enmienda número 99 tiene un objetivo fundamental, garantizar la información y la transparencia de las funciones de este fichero, que es clave, porque a partir de aquí van a empezar a aparecer una serie de informaciones de la gestión de
ese fichero que deberían ser conocidas por todo el mundo. Por eso también hemos planteado en otra enmienda la necesidad de que en la gestión de la garantía juvenil intervengan las organizaciones sindicales y empresariales. No está suficientemente
reconocido. La enmienda número 100 insiste en la cuestión vinculada a la necesidad no de inscripción, no de demanda, sino de oficio por parte del Servicio Público de Empleo. Creemos que en el momento que se establecen los requisitos en el artículo
105 se produce una situación que es incomprensible desde nuestro punto de vista y es que entre los requisitos de acceso y de prioridad de las políticas no están -y eso es lo que proponemos nosotros en la enmienda 104- los jóvenes en situación de
riesgo de exclusión social o que formen parte de unidades familiares que estén en esa situación. Creo que, como los recursos son escasos, habrá que intentar no disparar a perdigonadas, sino con rifle de mira telescópica -no soy cazador, no sé si
ese ejemplo está bien puesto o no-, habrá que intentar apuntar desde ese punto de vista. Por tanto, el criterio de la exclusión social en este momento debería ser un requisito importante a tener presente. En la misma línea de reforzar la garantía
juvenil como un derecho y no como un desiderátum de una política que se quiere hacer, pero que vamos a ver si se hace, hemos planteado la enmienda número 103, que propone que aquel joven que no haya recibido acciones educativas de más de cuarenta
horas mensuales en los treinta días naturales anteriores pueda ser objeto de una actuación específica del programa de garantía juvenil.


Por último, en esa línea de las aportaciones, hemos hecho una cosa que sé que siempre que la planteamos es objeto de debate e incluso de alguna descalificación ciertamente, desde mi punto de vista, superficial, pero nosotros la mantenemos
clarísimamente. Sabemos que tiene un coste, pero somos firmes partidarios de ello, y es que la participación de los jóvenes en acciones formativas que no estén vinculadas a la existencia de un contrato de trabajo formativo suponga el percibo de una
beca de formación. Que podamos discutir en qué términos, en qué condiciones, con qué garantías, con qué controles, es también un mecanismo de incentivo de la formación porque, fíjense ustedes bien, hay familias en las que desgraciadamente ni tan
siquiera el pago del transporte público para acudir a esa formación está asegurado y al menos esa cuestión debería estar así planteada.


Por último, estas sí son de supresión, las enmiendas 107 y 108 en relación con la impugnación del sistema de bonificaciones de la contratación, que me parece que ya hemos justificado suficientemente. Espero haber sabido explicar la
filosofía y el contenido de nuestras enmiendas. Insisto, compartimos el objetivo de hacer políticas de garantía juvenil, de empleo y formación para los jóvenes. Discrepamos profundamente del carácter limitativo de este decreto-ley en tramitación
parlamentaria como proyecto de ley. Nos molesta profundamente que una vez más se haya querido aprovechar para hacer una cosa contraria a la que se dice en el preámbulo, que -insisto- es crear un sistema paralelo al Servicio Público de Empleo,
privatizarlo, darle más negocio a las empresas de trabajo temporal y repartir graciablemente las subvenciones. Creemos haber aportado en las treinta y nueve enmiendas elementos positivos que podían mejorar el tema. Nos ha comunicado la portavoz
del Grupo Popular que nos admite una enmienda -bienvenida sea- y una transaccional que creo que también la vamos a aceptar, aunque he de decir sinceramente que no modifican en lo sustancial los aspectos nucleares de nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Iniciaba esta mañana mi primera intervención explicando por qué para mi grupo la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto-ley 8/2014 no es una tramitación cualquiera, sino que es una tramitación que
supone el punto más bajo de respeto del Gobierno al Congreso en esta legislatura, y esto es lo que ha llevado a tres grupos parlamentarios tan diversos como el Socialista, La Izquierda Plural y Unión Progreso y Democracia a presentar un recurso ante
el Tribunal Constitucional.


No repetiré lo que dije esta mañana, pero voy a centrarlo en el bloque que ahora nos ocupa. Esto tiene como consecuencia que ahora estemos hablando de temas laborales en una Comisión que no es la de Empleo, que estemos tratando temas
laborales muy importantes en un texto que modifica treinta leyes simultáneamente y que no hayamos tenido una explicación de la responsable del ministerio sobre estas importantes medidas, sino de la vicepresidenta del Gobierno, pero mezclando esto
con una enorme diversidad de temas.


Pasando a debatir los temas de empleo que aquí se tratan, el primer asunto trascendental tiene que ver con el programa de garantía juvenil. Nos parece un programa imprescindible, pero tenemos importantes

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objeciones a cómo se está planteando y queremos presentarlas de modo constructivo. De ahí nuestras enmiendas, que no se limitan a criticar sino que presentan alternativas. La primera enmienda coincide con la preocupación manifestada por
otros grupos y de hecho fue nuestra primera reacción la primera vez que se habló de este programa de garantía juvenil. Nos parecía que el ámbito de edad que se quería cubrir no era el adecuado, que debería ser no hasta los veinticinco, sino hasta
los treinta años. Y cualquiera que recuerde que llevamos seis o siete años de crisis en España y que hay decenas de miles de jóvenes con poca formación que perdieron su empleo en la construcción hace seis o siete años, se puede dar cuenta de que
estamos dejando fuera a bolsas importantes de jóvenes afectados por la crisis, que evidentemente a estas alturas habrán superado los veinticinco años. Esto es algo que vemos con agrado que la totalidad de la oposición comparta y creemos que debería
hacer reflexionar al grupo mayoritario y al Gobierno. Es una limitación fundamental de la garantía juvenil tal y como está establecida.


La segunda cuestión que manifestamos también la primera vez que hablamos de la garantía juvenil, y vemos que es una preocupación compartida, es que nos sorprendía que se estuviese montando ex novo un nuevo sistema para hacerse cargo de este
programa. Lo lógico sería pensar que había ya iniciativas en marcha, que llegan más recursos europeos y que esos recursos europeos refuerzan lo ya existente. Y sin embargo, no se refuerza lo ya existente, se crea algo nuevo, lo que nos parece
indicativo también de que lo ya existente no era demasiado. Y resulta curioso que en un país con tal paro juvenil y seis años de crisis no haya unos programas sólidos que ahora se refuercen, sino que se monte una nueva estructura para aprovechar
estos fondos europeos. Por eso en nuestras enmiendas pedimos -para al menos conectar este programa con lo ya existente- que el alta en la garantía juvenil suponga simultáneamente el alta en los servicios públicos de empleo y no se articule el nuevo
sistema al margen de esos servicios públicos.


Nos parece bien que los jóvenes se puedan inscribir telemáticamente, pero siempre que hablamos de estos temas telemáticos decimos lo mismo, la inscripción telemática debe ser un derecho pero nunca una obligación. Tendemos a pensar en los
jóvenes como versados en las nuevas tecnologías, pero pueden no estarlo o pueden estarlo y no tener acceso a la inscripción telemática. Debería ser por tanto un derecho, nunca una obligación.


Otra preocupación que también han comentado portavoces anteriores es que se vayan a dedicar la mayor parte de los recursos a las bonificaciones, y esta no es una preocupación nuestra, sino de los expertos en economía laboral y de las
instituciones europeas. Las bonificaciones son un sistema de promover el empleo costoso. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea. Es un sistema de promover el empleo ineficiente porque, más que crear empleo, desvía empleo hacia
las actividades bonificadas y mientras duran esas bonificaciones. Es un sistema muy complejo el que estamos creando en España porque cada vez se bonifica una cosa. Por cierto, como también se ha señalado, contradice totalmente la política que la
ministra de Empleo decía seguir en esta materia de simplificación de las bonificaciones. Cada vez van surgiendo más y más en un entramado costoso, ineficiente y complejo. Por eso proponemos que, como máximo, un tercio de los recursos de la
garantía juvenil se puedan dedicar a bonificaciones y no se convierta en el instrumento fundamental. Esas bonificaciones, además, deberán ir ligadas a la permanencia en el empleo. Creemos que es un error que dure lo mismo la bonificación y la
duración del contrato bonificado: seis meses. Por eso proponemos extender a un año la duración del empleo que hay que mantener en estas actividades bonificadas para evitar lo que antes decía, que se trate simplemente de la caza de bonificaciones.
¿A qué hay que dedicar los recursos que no se dedican a bonificar? Por ejemplo, a reforzar los servicios públicos de empleo, hoy con medios insuficientes y totalmente colapsados, para que recuperen su capacidad de intermediación y asesoramiento de
la forma más individualizada posible y también a mejorar la formación que reciben los parados. Quiero recordar a este respecto que hay una proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia, que se aprobó en sus puntos fundamentales en el Pleno,
sobre mejora de los cursos de formación, cambio en la estructura organizativa de esa formación, que sigue pendiente de cumplimiento.


Nos preocupan también una serie de cuestiones que podría llamar competenciales, y por tanto provocarán el rechazo del resto de grupos casi unánimemente, pero que podría a lo mejor llamar de igualdad de trato a las personas, y tal vez eso
debería hacer reflexionar sobre estas cuestiones que planteamos. Por ejemplo, la estrategia española de activación para el empleo no debería limitarse, como dice el texto, a reflejar lo que hacen las diferentes administraciones, cada una haciendo
la guerra por su cuenta y luego lo sumamos en un texto. Debería coordinar esas actividades. Por ejemplo, nos parece una grave laguna de nuestros servicios públicos de empleo que una persona residente en una comunidad no

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pueda participar en programas formativos o del tipo que sea de servicios públicos de empleo de otras comunidades. Muchas veces puede tratarse incluso de poblaciones limítrofes que están en una comunidad y limitan con otra y nos parece que
hoy en día la normativa limita excesivamente las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal porque solo le permite actuar en lugar de los autonómicos cuando eso sea imprescindible y nosotros creemos que debería actuar cuando sea conveniente
y no solo cuando sea imprescindible. Son cuestiones llámense competenciales o llámense de igualdad de trato a las personas.


Pero lo que más rechazo nos produce de este bloque de materias de empleo es lo que tiene que ver con las empresas de trabajo temporal, con las ETT. Se continúa ampliando cada vez el ámbito de actuación de estas empresas de trabajo temporal
mucho más allá de lo que nos parece lógico, precisamente como alternativa a esos servicios públicos de empleo sin recursos, colapsados y abandonados. No creemos que sea creíble que las empresas de trabajo temporal se vayan a convertir en centros de
formación. Su propia naturaleza hace que esto no tenga ninguna credibilidad. No creemos tampoco que sea adecuado aplicar el silencio administrativo positivo a unas entidades con una actividad tan delicada y en la que se ven involucrados los
derechos de los trabajadores. La no contestación nunca se puede interpretar como un permiso para la puesta en marcha; la no contestación se debe interpretar como una denegación de la autorización. También en el ámbito de la puesta en marcha no
nos parece este ámbito adecuado para las declaraciones responsables. Si se mantuviesen -que creemos que no se deben mantener-, al menos el tiempo de funcionamiento con una declaración responsable debería ser muy limitado, como mucho de tres meses
antes de que se sustituyese por una autorización.


La última cuestión relacionada con las empresas de trabajo temporal de nuevo tiene que ver con el ámbito competencial. Se plantea un doble ámbito competencial: para las empresas de trabajo temporal ya existentes básicamente la autoridad
laboral competente serán las comunidades autónomas y para las nuevas, en las que se plantea un sistema que creemos más razonable, si operan en más de una comunidad autónoma será el Ministerio de Empleo la autoridad laboral competente. Creemos que
hay que unificar ese ámbito competencial y en todos los casos, sean nuevas o existentes, si operan en más de una comunidad autónoma la autoridad laboral competente debe ser el ministerio.


Como ven, son muchas propuestas constructivas, que ponen de relieve las carencias que encontramos en la propuesta del Gobierno. No tenemos noticia de que ninguna vaya a ser tenida en cuenta, no sé si porque el portavoz del Grupo Popular no
ha tenido ocasión de hablar con nosotros o porque ninguna se va a aprobar, pero insisto en que buena parte de ellas son compartidas por grupos muy diversos y esto debería hacer reflexionar a los portavoces del grupo mayoritario porque alguna vez los
demás puede que en algo tengamos razón.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me uno a las reflexiones realizadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra en relación con lo inadecuado que resulta utilizar la fórmula prevista en el artículo 86 de la Constitución, es
decir, el real decreto-ley, para regular una norma que modifica parcialmente veintiséis leyes de las que conforman nuestro ordenamiento jurídico. No se cumple ninguno de los requerimientos previstos en el artículo 86 ni la perentoria o urgente
necesidad, no acreditada por el Gobierno. Es más, señor presidente, fíjese hasta qué punto no se acredita esta circunstancia que algunas de las leyes que van a ser objeto de modificación entrarán en vigor en el año 2015. Resulta un tanto
paradójico invocar urgente o perentoria necesidad, o el carácter provisional que requiere también el artículo 86. Nos unimos, por lo tanto, a un vicio que puede ser de inconstitucionalidad -veremos en qué sentido se pronuncia el Tribunal
Constitucional dados los recursos presentados- y que no puede ser regenerado por la tramitación posterior como proyecto de ley, en la cual se están aceptando enmiendas estéticas o de matiz que mantienen la virginidad del real decreto-ley
originalmente aprobado y ya vigente en su totalidad.


Desde esa perspectiva, y tras estas reflexiones, nuestro grupo ha hecho pocas enmiendas y ha intentado nuclearlas mucho sobre los aspectos que nos parece más reprochables o más discutibles en relación con el proyecto de ley en este momento.
Las primeras hacen referencia al sistema nacional de garantía juvenil. Tenemos aquí dos objeciones serias que nos impiden aprobar en su totalidad el título IV y su capítulo II. En primer lugar, por la distribución de los fondos dimanantes del
Fondo social europeo entre las comunidades autónomas. Resulta ilustrativo que, de los 1.888 millones de euros atribuidos al Reino de España, se deslicen a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la Comunidad Autónoma de Euskadi solo 28 millones de
euros. La distribución es así de arbitraria con carácter general. El Estado, de

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saque, retiene para sí mismo el 50% de los fondos previstos por el Fondo social europeo y distribuye con criterios un tanto etéreos o no conocidos o no objetivos -no justos en todo caso- el resto de las cantidades entre las comunidades
autónomas con competencias en materia de políticas activas de empleo.


En segundo lugar, otra objeción que es de naturaleza profunda y relevante para nuestro grupo, y ha sido puesta de manifiesto en este caso por la totalidad de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es la exclusión de los
jóvenes mayores de veinticuatro años hasta los treinta años. Ya en la Ley 56/2003, que efectivamente se negoció con el señor Gómez, a la sazón ministro de Trabajo, no de Empleo -tuvo el buen gusto de no calificar a su ministerio de Empleo, sino de
Trabajo, siguiendo la nomenclatura tradicional, y además acontecimientos sobrevenidos ponen muy de relieve la pertinencia del mantenimiento del nombre del Ministerio de Trabajo- ya se previó la necesidad, sobre todo, de focalizar los esfuerzos en
materia de empleo a aquellos jóvenes desempleados que se acercaran a los treinta años de edad porque el peligro de cronificación se incrementaba. Esto ha sido puesto también de manifiesto por distintos informes técnicos que han sido citados, el
informe Toharia entre otros. No es en este momento ninguna extravagancia afirmar que cuanto más se aproxima a los treinta años el joven desempleado su peligro de cronificación en la situación de desempleo se va a producir inevitablemente, señor
presidente; inevitable e irreversiblemente. Desde esa perspectiva, habría que buscar una ampliación de este sistema nacional de garantía juvenil o configurar el sistema de otra manera creando un plan de empleo de carácter general, uno de cuyos
subgrupos puede ser el plan de garantía juvenil destinado en su origen por la Unión Europea para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero que no son los jóvenes en estos momentos sobre los que gravitan los mayores peligros en materia de
cronificación del desempleo, que es el problema que tenemos que atender.


Señor presidente, el proyecto se contradice a sí mismo porque, manteniendo el tope de las ayudas previstas y mal distribuidas, arbitrariamente distribuidas, entre las comunidades autónomas, destinando las ayudas previstas hasta los
veinticuatro años en forma de subvenciones y bonificaciones de cuotas, que no son los mejores instrumentos para actuar eficientemente contra el desempleo, sin embargo el artículo 23 define el plan que aquí se configura de la siguiente manera: Se
entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación dirigidos a mejorar las posibilidades de acceso al empleo por cuenta ajena o propia de las personas desempleadas, al mantenimiento del
empleo, a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu profesional y de la economía social. Si esta es la definición prevista en el proyecto de ley que estamos debatiendo del sistema nacional de garantía juvenil, ¿de
qué estamos hablando más que de políticas activas de empleo? Es que esta es la propia definición, es una copia exacta de la definición de políticas activas de empleo. Luego nosotros en nuestra primera enmienda planteamos que este sistema nacional
de garantía juvenil añada la palabra otras, a la locución 'otras medidas en materia de políticas de empleo', incluyéndolo, ubicándolo, integrándolo en las políticas de empleo de carácter general, las consensuadas en la Ley 56/2003, en virtud de un
consenso amplio donde participamos la mayoría de los grupos parlamentarios y que no debía ser objeto de refutación mediante un sistema destinado a personas que merecen también nuestra preocupación y nuestra atención: los que ni trabajan ni estudian
pero que no son ni los únicos jóvenes ni los jóvenes que mayor riesgo de cronificación de su desempleo tienen. Luego la palabra otras no es una expresión irrelevante porque otras significa que el sistema nacional de garantía juvenil debe estar
ubicado como un título de las políticas de empleo de carácter general, de las aprobadas en las leyes de empleo que nos afectan o que entre todos hemos aprobado y fundamentalmente de la Ley 56/2003. Por otra parte, y desde una perspectiva
competencial también -el señor Campuzano y otros lo han dicho, el señor Anchuelo de forma radicalmente contraria-, nosotros reivindicamos las competencias autonómicas en el ámbito de las competencias que corresponden a los servicios públicos de
empleo autonómicos y a la Inspección de Trabajo cuando esta actúa en el ámbito autonómico como valedora o tuteladora de la buena aplicación de las medidas de fomento o de promoción del empleo juvenil. Esa perspectiva parece una obviedad dado que la
propia Constitución española, en sus artículos 146 y 149, y todos los estatutos de autonomía atribuyen competencias de ejecución de la legislación laboral del Estado -las políticas de empleo son legislación laboral del Estado- y de políticas activas
de empleo a la totalidad de las comunidades autónomas. La última que obtuvo esta competencia fue la Comunidad Autónoma del País Vasco y además la consiguió de forma singular, señor presidente. Si me permite, le explicito la singularidad: es la
única comunidad que, dentro de la competencia en materia de políticas activas de empleo, puede ejercitar las competencias en materia de bonificaciones de cuotas. Así está previsto en el real decreto de transferencias, en los apartados b.2.b) y
g.3.b) que establecen lo siguiente:

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El importe que, en virtud del presente acuerdo de traspaso, corresponde financiar a la Comunidad Autónoma de Euskadi por las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que se apliquen a las empresas por aplicación de las medidas de
incentivación y creación de empleo en centros de trabajo situados en esta comunidad autónoma será objeto de compensación a favor del Estado en el pago del cupo mediante la aplicación del sistema de Concierto Económico y en base a las
especificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Estas son las dos cuestiones que nosotros preconizamos en relación con el sistema nacional de garantía juvenil. Su arbitraria distribución entre las comunidades autónomas, que
denunciamos, en primer lugar y, en segundo lugar, el mantenimiento de las competencias que, utilizando la existencia de fondos comunitarios -en este caso del Fondo social europeo- han posibilitado la recentralización, el retranqueo hacia el Estado,
el rescate del Estado de competencias que ya estaban transferidas a las comunidades autónomas, a sus servicios públicos de empleo y a la Inspección de Trabajo en cuanto funcionalmente también depende de estas comunidades autónomas y del País Vasco.


Como ha sido tan amable el presidente de permitirme defender una enmienda relativa al bloque sexto, que hace referencia a la carrera militar y de la Guardia Civil -solo colateralmente está vinculada esta problemática a la del empleo-,
quisiera decirle que en este ámbito, señor presidente, nos preocupa notablemente la no regulación. Las tasas de reposición de los funcionarios que, a través de distintas normas estatales están vinculadas a los funcionarios que se jubilan o que
cesan en su función por cualquier otra razón, están llegando a un porcentaje del 10% de la totalidad de los cuerpos o plantillas existentes. Con la Ertzaintza ocurre un problema muy serio, señor presidente. La Ertzaintza y sus efectivos están
regulados por acuerdos de la Junta de Seguridad entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y por lo previsto en el artículo 17.4 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, de forma y manera que la Ertzaintza tiene que mantener para garantizar
la seguridad ciudadana en Euskadi un mínimo de 8.000 efectivos. Con una tasa de reposición que solo llega al 10% de los efectivos es imposible mantener los 8.000 efectivos que garanticen eficientemente la seguridad ciudadana en Euskadi ejercida por
una policía de carácter integral como es la Ertzaintza. Este es un problema que se tiene que resolver en primer lugar en reuniones de la Junta de Seguridad, pero es un problema normativo que emana de las exigencias del artículo 17.4 del Estatuto de
Autonomía de Gernika y, por tanto, pedimos a quien vaya a llevar este bloque, al portavoz del Grupo Popular, que lo analice y lo comente con sus compañeros de Euskadi porque el problema de la seguridad ciudadana en Euskadi, cuya garantía está
tabulada en la existencia de 8.000 efectivos de la Ertzaintza, no puede verse quebrantado por tasas de reposición previstas por leyes para la Función pública del Estado impidiendo que se llegue a este número de 8.000 efectivos de la Ertzaintza y se
resienta -y eso es lo preocupante, señor presidente- la seguridad pública en la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Le agradezco su generosidad por dejarme defender una enmienda que no estaba vinculada a la problemática del empleo, pero es un tema sobre el que tenemos particular preocupación porque es un problema que afecta a un derecho fundamental de los
ciudadanos cual es el derecho a su seguridad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Los nacionalistas canarios proponemos suprimir los artículos 87 al 113 del título IV. Considerando la relevancia que suponen los problemas del desempleo juvenil y el abandono educativo temprano para las
trayectorias vitales de las personas jóvenes en tanto que implican un claro riesgo de exclusión social, la implantación del sistema de garantía juvenil que se regula en la norma que nos ocupa, como fórmula para paliar los efectos de tales problemas,
debería a su vez desarrollarse con las suficientes garantías de éxito en todas las fases del proceso de implementación. Sin embargo, diferentes razones hacen dudar de la oportunidad de poner en marcha el sistema nacional de garantía juvenil, tal y
como dicta la norma, sin tener prevista la necesaria coordinación para la planificación y evaluación de las actuaciones con las comunidades autónomas competentes en la materia objeto de garantía juvenil, la educación y el empleo.


Pasamos a enumerar estas razones: la publicación del real decreto y la activación de la web del sistema nacional de garantía juvenil y el portal de empleo del ministerio con acceso desde el primer momento a la inscripción en el registro
centralizado creado y sin que previamente se compartiera la información más relevante entre el ministerio y las comunidades autónomas de forma que se pudiera responder a las insoslayables dudas que surgieran en los jóvenes en cualquier territorio
nacional ha supuesto un comienzo torpe para una actuación pública basada en una norma que pretende constituirse en un derecho de las personas jóvenes inscritas en el sistema. El Consejo de Europa, en su recomendación de 22 de abril,

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establece el término garantía juvenil referido a una situación en la que los jóvenes reciben una buena -y digo buena- oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar
desempleado o acabar la educación formal y recomienda a los Estados miembros que velen por que todos los jóvenes menores de veinticinco años reciban dicha oferta. El sistema nacional de garantía juvenil obvia el plazo de cuatro meses que establece
el Consejo de Europa en su recomendación para ofrecer cualquiera de las acciones que se garantizan, omisión que resulta significativa por su importancia ya que no solo se establece el que se garantice a las personas jóvenes destinatarias del sistema
sino además en cuánto tiempo. Si se pretenden prevenir situaciones de exclusión social de forma temprana, establecer el tiempo de respuesta individualizada del sistema es primordial. El hecho de no fijar período temporal alguno es indicativo de la
falta de coordinación y planificación conjunta entre el ministerio y las administraciones públicas competentes en las materias garantizadas eludiendo dar respuesta a cada joven según su perfil y necesidades en el tiempo fijado por la garantía
juvenil europea. El sistema nacional de garantía juvenil obvia además el término buena en referencia a la calidad de las ofertas tanto educativas y formativas como de empleo, y esta nueva omisión vuelve a ser significativa en el contexto de derecho
que viene a garantizar el sistema, donde la calidad de las acciones que se ofertan deja de ser un imperativo. El sistema por tanto no se compromete con la juventud en cómo debe ser la calidad de las acciones que ofrece. El real decreto dispone en
su artículo 112 el cauce para la coordinación y el seguimiento de actuaciones a través de una comisión delegada de seguimiento y evaluación del sistema nacional de garantía juvenil, de la que formarán parte representantes de las comunidades
autónomas participantes en la conferencia sectorial, y se deduce del texto que se le va a dar la importancia que requiere a la cuestión de la coordinación con las administraciones autonómicas competentes. Sin embargo, dado el antecedente de
ausencia de coordinación y planificación conjunta previa a la regulación y puesta en marcha de la garantía juvenil, el cauce establecido no ofrece la credibilidad necesaria en cuanto a la eficacia para conseguir los objetivos de coordinación y
seguimiento basados en la corresponsabilidad. El real decreto, acorde con la recomendación de la Comisión Europea, deja fuera del sistema a los jóvenes de veinticinco a veintinueve años. Quedaría así sin cobertura del sistema un amplio sector de
la población juvenil, ya que el porcentaje de estos jóvenes asciende en Europa al 20% pero en España al 28,7 %.


Por todo lo anterior y considerando la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el empleo juvenil, que insta a la Comisión a que proponga un marco jurídico europeo por el que introduzca unas normas mínimas para la aplicación de la
garantías juveniles que incluyan la calidad de los periodos de aprendizaje, unos salarios dignos para los y las jóvenes, mejoras en la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo, la colaboración eficaz con todos los interlocutores
pertinentes y que la garantía juvenil abarque también a las personas jóvenes de edades comprendidas entre los veinticinco y los treinta años, se presenta esta enmienda de supresión del articulado referido al sistema nacional de garantía juvenil
sugiriendo la elaboración de una nueva norma que surja de la colaboración eficaz de todos los actores los implicados.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, tiene usted la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, estamos debatiendo el título IV, capítulos I a IV, que comprenden los artículos 87 a 121 del real decreto que ha sido suficientemente explicado en su globalidad esta mañana por el portavoz de mi
grupo, el señor Martínez-Pujalte. Por tanto, señorías, estamos ante unas cuestiones de enorme importancia para lo que yo creo que es el objetivo fundamental del conjunto de la sociedad española, favorecer ese crecimiento y la competitividad y, por
lo tanto, para que incida claramente en lo que nos preocupa a todos, que es la creación de empleo.


Tengo que empezar diciendo, señorías, que el paro entre los jóvenes menores de treinta años ha caído en el mes de julio un 9 % y ya hay 161 parados menos que al inicio de la legislatura. No es baladí que quiera empezar por ahí porque muchas
de sus señorías han estado hablando de que la garantía juvenil debería ser ampliada -así lo reflejan algunas de las enmiendas que sean defendido esta tarde- y extenderse hasta los treinta años. Efectivamente -creo que lo avanzaba el señor
Campuzano-, no me queda más remedio que decir que la garantía juvenil, tal y como se establece por la Unión Europea, es hasta los veinticinco años, pero es que además el Gobierno lleva desde el mes de febrero de 2013 con la medida de estrategia de
emprendimiento y empleo joven, que abarca hasta los treinta años. Por lo tanto, no es que despreciemos que hasta los treinta años deba haber medidas de incentivación para el empleo de estos jóvenes de veinticinco a treinta años sino que, como ya he
demostrado, esta estrategia está dando sus resultados, ha caído el paro entre los jóvenes menores de treinta años en un 9 % en términos

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interanuales en el mes de julio y en este momento ya se crea empleo entre los jóvenes. Tal y como refleja la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2014, el número de ocupados menores de treinta años se incrementó en 90.700
empleados. Asimismo, la tasa de paro entre los jóvenes ha caído en más de dos puntos en el segundo trimestre de 2014.


Por lo tanto, estamos centrados en lo que este real decreto recoge, en la garantía juvenil, con todos los beneficios que ello va a suponer para nuestros jóvenes de hasta veinticinco años, fundamentalmente para los que no tienen ningún tipo
de formación. Yo aquí también quiero hacer una llamada a lo que se ha venido hablando de que se insiste mucho en las bonificaciones, porque creo que no queremos reconocer que también tiene un enorme apartado y una enorme incidencia el capítulo de
la formación. Lo ha dicho también el señor Coscubiela - a mi juicio con buen criterio- en la enmienda que él ha presentado y hemos aceptado. Plantea que en el artículo 87 -justamente el primero, que es el objeto que tiene en relación con la
garantía juvenil este capítulo- cuando nosotros decimos a la contratación para el colectivo de jóvenes, se introduzca apoyo a la formación. Por lo tanto, si ya en el objeto estamos aceptando esta enmienda, quiere decir que ahí viene claramente
especificado que nos preocupa enormemente y que la garantía juvenil va a ser un elemento claro de apoyo a la empleabilidad a través de la formación.


Quiero hilar esto con algo que se ha dicho aquí, aquello de la precariedad. Se dice mucho que el empleo de los jóvenes no sea precario. Yo estoy de acuerdo y desde luego el Gobierno también, y estamos trabajando en el crecimiento del
empleo indefinido. Creo que los datos de la última encuesta de población activa -el tiempo no me permite extenderme en esta cuestión- muestran que está creciendo claramente el empleo indefinido. España nunca ha tenido, señorías -se lo quiero
recordar a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, tasas de crecimiento de empleo indefinido más allá del 11 %, no las ha tenido nunca, y tenemos que tender a que las haya, tender a que haya más empleo indefinido. Vamos a reconocer
la realidad de nuestro mercado de trabajo y vamos a trabajar por que eso cambie, pero tampoco vamos ahora a lamentar cuestiones como que antes nadie había caído en que había que incrementar esas tasas porque nunca ha habido una tasa superior al 11%
de empleo indefinido. Además yo quiero decir, señorías, que la mayor precariedad que hay en el mercado de trabajo es el paro y la carencia de formación; en esos dos elementos es en los que estamos trabajando porque no hay mayor precariedad que el
hecho de estar desempleado.


Este real decreto abarca también otro capítulo, el de las políticas activas, que ya hemos debatido hasta la saciedad en la Comisión de Empleo. Todos sabemos ya muy bien cuáles son las posiciones de cada cual, pero yo sigo insistiendo en la
mismo: en las épocas o con los Gobiernos en que nos hemos encontrado con un déficit como el que había y en los que se gastaba, se gastaba y se gastaba, los parados aumentaban, aumentaban y aumentaban, y también se gastaba más en políticas activas,
lo cual quiere decir que no hay una relación o una ecuación directa entre más presupuesto y más eficiencia en la lucha contra el paro porque subía el presupuesto de políticas activas y había más parados; eso ha pasado durante el Gobierno del
Partido Socialista. Lo que está intentando el PP -y el Grupo Parlamentario Popular apoya la acción del Gobierno- es introducir eficiencia y eficacia en un momento en el que evidentemente ha habido que hacer un ejercicio de enorme austeridad y de
enorme rigor en los presupuestos que nos están llevando a lo que nos están llevando, a salir de la crisis y a que en este momento estemos en situación -creo que es una buena ocasión para decirlo- de que prácticamente las letras a tres meses se están
pagando al 0% de interés. Esto quiere decir que las políticas de austeridad, de control del déficit, etcétera, están siendo muy positivas para nuestra economía y por tanto para nuestro empleo. Así pues, lo que nosotros hemos introducido es
eficiencia y eficacia para dar un mayor rendimiento al presupuesto que se dedique a las políticas activas a través del diálogo y del acuerdo en la conferencia sectorial. Todas las medidas de políticas activas que están en este real decreto,
señorías, han sido habladas, negociadas y consensuadas en la conferencia sectorial, como nos explicó recientemente la secretaria de Estado doña Engracia Hidalgo, por lo tanto yo no voy a insistir en ello.


Se ha hablado también de las agencias de colocación. Muy brevemente voy a decir que se ha hablado aquí de que son elementos importantes para la colaboración y nunca la sustitución de los servicios públicos; por supuesto, así lo estamos
entendiendo y así se está llevando a la práctica. Lo que es de lamentar es que quienes en su momento lo plasmaron también así en la introducción de la reforma laboral, por ejemplo la última que hizo el Partido Socialista, lo pusieran en los
enunciados pero nunca lo desarrollaran. En esta ocasión está aquí plasmado, las agencias privadas de colocación van a ser elementos de colaboración con los servicios públicos de empleo al objeto de facilitar la ayuda para la inserción laboral de
los parados, incluidos los parados jóvenes.

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Aquí se ha hablado también de los parados de larga duración y yo quiero poner en valor, señorías, algo que nadie ha nombrado, que es el acuerdo que se firmó entre el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y las patronales CEOE y
Cepyme el 29 de julio y que va en paralelo a este real decreto que de una manera urgente está intentando establecer medidas para el crecimiento y la creación de empleo. Este acuerdo firmado el 29 de julio por el Gobierno y los agentes sociales va a
fortalecer el crecimiento económico y el empleo. Esto es algo que no podemos dejar en el olvido porque en este documento se acuerda trabajar en la implementación, el seguimiento y evaluación del sistema nacional de garantía juvenil, es decir, de
todo esto que estamos hablando hoy, analizando la efectividad de las acciones y proponiendo nuevas medidas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes y que favorezcan el acceso al empleo, pero que también que favorezcan el acceso al empleo a los
parados de larga duración, porque este propio documento en el apartado 2.1 recoge las medidas que entre los agentes sociales y el Gobierno se van a poner en marcha para el apoyo a la formación y a la inserción laboral de los parados de larga
duración y de los mayores de cuarenta y cinco años. Se dice textualmente: Este programa incluirá, entre otras, formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad o que incluya compromisos de contratación. Los agentes sociales
participarán en la identificación de las cualificaciones más necesarias, entre las que estarán -y ya se especifican- las vinculadas a los servicios medioambientales -empleos verdes-, la atención a la persona -empleos blancos- y a las tecnologías de
la información y la comunicación. Y lo voy a unir a lo que estaba reclamando, y con acierto, el señor Campuzano cuando hablaba de la importancia de buscar alternativas a estos desempleados del sector de la construcción y otros muchos. Eso está
recogido en este documento firmado por el Gobierno y los agentes sociales y eso se está trasladando mediante todas las medidas que estamos aprobando tanto en políticas activas, se va a trasladar, como en lo que es la garantía juvenil. Por lo tanto,
señorías, estamos ante un real decreto que contiene unas medidas fundamentales para propiciar la empleabilidad de nuestros jóvenes a través de la garantía juvenil, de las políticas activas y del apoyo de la colaboración de todos los agentes que
puedan intervenir en lo que es la inserción laboral y el seguimiento de los itinerarios para esa inserción.


No quiero terminar mi intervención sin decir que el señor Campuzano ha hablado aquí de atentado a las autonomías, en cierta medida él siempre establece el conflicto de Cataluña, que desde luego para nosotros no es tal conflicto político. En
cualquier caso, yo quiero dejar muy claro que el Gobierno en todas sus normativas, y en este caso también, es extremadamente respetuoso, como no podría ser de otra manera, con los ámbitos competenciales de todas las comunidades autónomas, por
supuesto de la Generalitat y por supuesto de todas las demás comunidades autónomas. Hay una enmienda, la enmienda 370 del señor Campuzano en relación con el artículo 92, que empieza diciendo que las comunidades autónomas... Nosotros hemos
redactado una transaccional sobre esta enmienda diciendo entidades, no es que hayamos querido quitar comunidades autónomas, es que además de las comunidades autónomas hay más entidades que intervienen en lo que se recoge en la propia enmienda de
Convergència i Unió: que accederán al fichero y dispondrán de la información necesaria a los efectos de poder desarrollar las acciones necesarias derivadas de la garantía juvenil. No son solo las comunidades autónomas, por eso hemos hecho la
transaccional, en la cual, respetando a todas las comunidades autónomas, hablamos de entidades en plural. Es un ejemplo de que en el espíritu del Gobierno y en todo el texto normativo está el respeto a las competencias de las diferentes comunidades
autónomas.


Hemos propuesto ocho enmiendas transaccionales. Una a La Izquierda Plural, a su enmienda 103, a la que hemos propuesto un texto transaccional que no se ha aceptado y que entregaré a la Mesa; una al Grupo Socialista, a su enmienda 259, que
no ha aceptado; cuatro a Convergència i Unió sobre sus enmiendas 369, 370, 372 y 373, por cierto esta última coincide en el texto con la 103 de La Izquierda Plural, es el mismo texto que proponemos a los dos y entregaré los textos alternativos de
estas transaccionales a la Mesa; y dos transaccionales sobre enmiendas de nuestro propio grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que son la 438 y la 440, que se aprobarán y cuyos textos entregaré también a la Mesa. Hemos aprobado -como he dicho-
directamente la enmienda 95 de La Izquierda Plural y las dos enmiendas que quedan del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al título V, que son medidas fiscales, artículos 122 a 124.


Tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Sobre este título desde el Grupo Socialista queremos plantear dos grandes consideraciones de acuerdo con el tiempo que tenemos. La primera gran consideración tiene que ver con la reducción al 15 % de las retenciones
sobre los rendimientos derivados de las actividades profesionales

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cuando el volumen de rendimientos íntegros sea inferior a los 15.000 euros. Esta medida nos parece conveniente que la comentemos. No he escuchado a nadie del Partido Popular, a ningún dirigente del Partido Popular que deje de hacer
referencia en sus intervenciones públicas a esta medida, y además la referencia que se hace es que gracias a ello se están bajando los impuestos a los profesionales y a los autónomos. Se pone como ejemplo paradigmático de que el Partido Popular sí
que apoya a la empresa, sí que apoya a las pymes, a los autónomos y a los empresarios. Señorías, a nuestro grupo le parece un sarcasmo que bajar las retenciones se equipare a bajar los impuestos, que esta medida además se plantee como un éxito del
Gobierno. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me parece un sarcasmo? Porque fue el mismo Gobierno del señor Rajoy, y como ministro de Hacienda el señor Montoro, el que ha subido las retenciones de todos los profesionales en esta legislatura del 15 al
21 y ahora dice el Gobierno que es muy bueno porque baja las retenciones del 21 al 19, y además se equipara con una bajada de impuestos, de manera general del 21 al 19 y lo bajan de manera particular a los que tienen unos ingresos íntegros por
debajo de los 15.000 euros al 15 %. Por tanto, en primer lugar, quien ha subido la retención del 15 al 21 y luego la baja al 19 no puede presentarlo como un éxito, ha subido la retención de manera importante; y, en segundo lugar, no se puede
asociar eso a una bajada de los impuestos, porque además el propio Gobierno lo reconoce en la memoria económica, en la memoria de impacto económico de este decreto-ley. En la memoria llega a decir de manera literal: En definitiva, el impacto
recaudatorio en el conjunto de los próximos dos años será nulo. No puede ser de otra manera, impacto recaudatorio nulo, el propio Gobierno reconoce que no está hablando de una bajada de impuestos, se bajan las retenciones que habían subido y de qué
manera, del 15 al 21; luego, no hay bajada de las retenciones porque han subido al 21 y estaban anteriormente en el 15, y además eso no se puede considerar como una bajada de los impuestos.


Hay otro problema que los propios autónomos reconocen y han explicitado. Se trata del efecto escalón en 15.000 euros. Va a haber muchísimas empresas que traten de estar en los 15.000 euros y no en los 15.500 euros, con lo que se va a
producir un efecto escalón. ¿Qué hay de aquella promesa del Gobierno cuando planteó una modificación de los impuestos para simplificarlos y hacer un sistema impositivo mucho más claro y nítido sin excepciones ni elementos particulares? ¿Dónde está
esa idea que nos contó Montoro nada más comenzar la legislatura? Aquí vemos que los propios profesionales reconocen la presencia del efecto escalón. ¿Qué estamos planteando nosotros? ¿Qué plantea el Grupo Parlamentario Socialista? Ha hecho una
enmienda para que las retenciones de todos los profesionales vuelvan al 15 %, para que todos los profesionales y todos los autónomos vuelvan a tener la retención que tuvieron al principio de la legislatura: el 15 %.


La segunda gran crítica que quiero poner esta tarde encima de la mesa tiene que ver con el impuesto sobre los depósitos a las entidades de crédito; como saben, se establece un tipo de gravamen de 0,03 %. Entre las cuestiones que querría
poner encima de la mesa sobre esta medida, en primer lugar, hay que reconocer el éxito de las comunidades autónomas -especialmente las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista- que la pusieron en marcha y además la venían
reclamando. Por tanto, éxito de las comunidades autónomas, particularmente de las gobernadas por el Partido Socialista. En segundo lugar, nos parece claramente insuficiente. Con el objetivo de que las entidades financieras devuelvan a los
contribuyentes lo que los contribuyentes les han dado nos parece un impuesto muy modesto. Los contribuyentes en este tiempo les han dado a las entidades financieras no solamente recursos públicos sino también avales; y eso tiene que ver
evidentemente con garantías y con que los contribuyentes están transfiriendo su esfuerzo a las entidades bancarias. Por tanto, nos parece un impuesto modesto el que se plantea y esa es una primera línea de crítica. Nos parece insuficiente por esa
primera razón, porque se les ha dado a las entidades financieras muchísimo más de lo que se les está reclamando. En segundo lugar, este tipo de impuestos debe tener como meta el futuro, es decir, que no se produzca en el futuro el efecto
apalancamiento del sistema financiero que se produjo en los años de la especulación y del bum. Los impuestos en las relaciones con la banca tienen que tratar de parar ese efecto apalancamiento.


¿Qué propuestas hacemos nosotros? ¿Qué tres impuestos plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su propuesta fiscal? Primero, proponemos que el impuesto del que estamos hablando sobre los depósitos a las entidades de crédito tenga un
tipo de gravamen del 0,4 %. Alguien podría decir que este tipo de impuesto puede repercutirse en los ahorradores. Desde el punto de vista de la teoría económica podría pensarse que eso es así, pero tengan en cuenta sus señorías que la gran mayoría
de los depósitos en los bancos tiene una retribución muy pequeña; cero, para expresarlo con más claridad. Por tanto, no

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podemos llegar a la conclusión desde el punto de vista empírico de que se vaya a producir un traslado de este impuesto a los ahorradores y, por tanto, estamos planteando un tipo de 0,4%. En segundo lugar, planteamos la creación de un nuevo
impuesto que grave el pasivo neto de capital y depósitos de las entidades para desincentivar la financiación bancaria vía endeudamiento, pensando en el futuro y aprendiendo del pasado para evitar futuros apalancamientos. En tercer lugar, planteamos
poner en marcha lo antes posible el impuesto sobre transacciones financieras internacionales acordado a nivel europeo ya por once países de la Unión Europea. Estos tres impuestos cubrirían los dos objetivos que he planteado al principio. Primero,
devolver a la sociedad de lo que la sociedad le ha dado con creces a las entidades financieras; y no ha sido poco, porque no estoy hablando solo de dinero público, sino también de avales. Y, en segundo lugar, evitar que en el futuro se produzca el
efecto apalancamiento. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado seis enmiendas a este bloque fiscal y las más relevantes van en la siguiente dirección. La primera de ellas es una enmienda objetiva y muy
clarificadora a nuestro entender en cuanto a las retenciones del IRPF a las que se van a ver sometidos los autónomos. Como saben perfectamente, los autónomos que facturen menos de 15.000 euros van a pasar del 21 al 15 % y nuestro grupo
parlamentario plantea que esta retención disminuida del 15% se aplique a todos aquellos autónomos que facturen menos de 22.000 euros. Si consiguiéramos convencer al Grupo Parlamentario Popular, esto nos permitiría hacer coincidir la cifra de
ingresos de los autónomos con retención reducida del 15 % con la cifra de ingresos de empleados por cuenta ajena que no están obligados a hacer declaración de IRPF. Por lo tanto, dentro de la complejidad fiscal que tienen los autónomos y las
pequeñas empresas -en definitiva, dentro de la complejidad fiscal de la renta de las personas físicas y de la renta de las compañías-, haríamos coincidir el volumen de facturación con el volumen de retenciones a efecto de clarificar y de que sea más
fácil para todas aquellas pequeñas empresas evitar los errores cuando tengan que hacer dicha declaración. Independientemente de que también conseguiríamos subir el listón de todas aquellas compañías que facturan pocos ingresos -no hemos de olvidar
que con 15.000 euros de facturación al año son prácticamente microempresas-, que pasaría de 15.000 euros a 22.000 euros, y todas estas empresas que ahora tienen una retención del 21 % podrían gozar de una retención del 15 %. Por tanto, esto no va a
costar dinero a la Administración y, al mismo tiempo, simplificaríamos todos aquellos impuestos que afectan a este sector tan importante que microempresas y de autónomos.


Otra enmienda relevante en la que prácticamente hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular -que nos acaba de pasar una transaccional que vamos a aceptar- es la enmienda número 414. En ella planteamos que todas aquellas
personas físicas que por sus dificultades económicas tengan que dar a la entidad financiera el piso hipotecado por el cual no pueden seguir satisfaciendo las cuotas de la hipoteca -es decir, cuando se produzca la dación en pago- estén exentas de
pagar la plusvalía municipal. En eso estamos de acuerdo, pero no queda claro que la comprobación de que estas personas deudoras no tienen otro bien para poder acogerse a este beneficio fiscal de no pagar la plusvalía municipal no recaiga en manos
del ayuntamiento y no tenga un coste complementario para el deudor. Con la enmienda transaccional que nos ha planteado el Partido Popular, creemos sinceramente que queda resulta esta situación, en la cual no va a ser el ayuntamiento el que tenga
que hacer esta comprobación, no va a tener que ser el deudor -que ya bastantes problemas tiene por tener que dar su vivienda o inmueble como dación en pago-, sino que se va a presumir la buena fe del deudor -en el sentido de que el que dé está
vivienda o este bien raíz por no poder pagar sus cuotas correspondientes y se produjera la dación en pago- a fin y efecto de que se pueda instrumentar rápidamente la no obligación de pagar la plusvalía municipal. Por lo tanto, repito, nosotros
vamos a aceptar esta enmienda transaccional que vamos hacer llegar al resto de diputados y a la Mesa de la Comisión.


Finalmente, tenemos tres enmiendas, relevantes todas ellas -hemos querido plantear pocas enmiendas para poder llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario Popular- que han venido siendo reiteradamente planteadas por nuestro grupo en
diferentes momentos y en diferentes comisiones, así como también en el Pleno, que hacen referencia a la aplicación del impuesto de los depósitos bancarios y, en este caso, de la Generalitat. La Generalitat de Cataluña, como otras comunidades
autónomas, puso en marcha el impuesto de los depósitos bancarios y, concretamente, en este proyecto de ley que estamos debatiendo, el Gobierno ha planteado que todas aquellas comunidades autónomas que hubieran aprobado este impuesto sobre depósitos
bancarios a partir del 1 de diciembre del año 2012 no podrían estar sujetas

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a compensación a través del principio de lealtad institucional. Con lo cual, si no conseguimos aprobar o pactar esta enmienda con el Grupo Parlamentario Popular, el gran perjudicado de esta ley va a ser la Generalitat de Catalunya, que
tenía previstos unos ingresos de 600 millones anuales sobre la base de la aplicación de un impuesto cedido -pero que era de competencia, en cuanto a la gestión y recaudación, de la Generalitat de Catalunya- por los depósitos bancarios y que ascendía
a 600 millones de euros, ahora por el principio de lealtad institucional solamente se nos podrá compensar, en vez de 600 millones, 50 millones. Por lo tanto, entendemos que esta es una situación injusta, que no es equitativa respecto al resto de
comunidades autónomas. Por ello pediríamos Grupo Popular que recapacitara y pudiéramos llegar a un acuerdo en dicha situación.


Por último, la enmienda 417 es una enmienda básicamente orientada a la industria cinematográfica, a la economía productiva desde la óptica de la cultura, que no deja de ser un sector importantísimo de la economía española y, desde esta
posición, planteamos elevar al 35 % la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, como estímulo para que estas se hagan en el Estado español, tal y como están haciendo buena parte de los principales Estados europeos y americanos
para atraer las elevadas inversiones en cinematografía y en actividad laboral indirecta en general.


Señor presidente, estas son las enmiendas más relevantes que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: En este bloque, nuestro grupo tiene unas pocas enmiendas basadas, fundamentalmente, en dos aspectos, especialmente uno de ellos, pero en cualquier caso, por citarlo, diremos también que se refieren al ámbito de la
fiscalidad indirecta, entendiendo que en un escenario en el que la sociedad, ahora mismo, está reclamando -especialmente cristalizado en los movimientos por la llamada Marcha de la dignidad, en el que el mensaje y el lema claramente fue el que
representa 'Pan, trabajo y techo'-, consideramos que la tarea legislativa tiene que ser aprovechar cualquier oportunidad para poder facilitar la satisfacción de esas necesidades. En ese sentido, hablábamos de poder reducir el impuesto del valor
añadido en aquellos aspectos en los que pudiera beneficiar a la garantía, aunque fuera una medida claramente no de estructura, no radical, pero que sí pudiera ayudar a rebajarlo y facilitar, de esta forma, que las familias pudieran tener acceso a
los bienes fundamentales y a los suministros, especialmente en esas viviendas.


En segundo lugar, la tarea en la que tenemos más enmiendas -porque ha sido una reclamación nuestra desde hace mucho tiempo- es la de la fiscalidad a las entidades financieras, lo que es el impuesto a los depósitos bancarios. El Partido
Popular, sorprendentemente, de nuevo nos hace otro giro con respecto a lo que había hecho previamente. En este sentido, como otros portavoces han hablado de ello, no hace falta recordar la historia de este impuesto que al Partido Popular primero le
pareció mal y después le parece aparentemente bien, pero que representa a nuestro juicio un error porque su origen, el origen de este impuesto que se puso al tipo cero, tenía como objetivo no solo satisfacer los intereses de las grandes entidades
financieras, sino muy especialmente impedir que las comunidades autónomas pudieran grabar una actividad, particularmente la actividad financiera, con objeto de recaudar suficiente dinero para hacer políticas sociales. El Gobierno,
sorprendentemente, y saltándose las competencias de los comunidades autónomas, se las retiró imponiendo un impuesto de tipo cero e impidiendo de esa forma que las comunidades autónomas pudieran recuperar, por la vía de este impuesto, lo que se había
perdido en el conjunto de las arcas públicas por los rescates financieros y otro tipo de ayudas, desde a fondo perdido hasta la proporción de avales y garantías, al sistema financiero, que es algo que está en el imaginario de la sociedad española,
no nos olvidemos. Una situación en la que las entidades financieras tienen todo tipo de ventajas y de ayudas por parte del Estado público y de instituciones internacionales, por supuesto, entre ellas el Banco Central Europeo principalmente,
mientras que las familias, las pequeñas y medianas empresas y el propio Estado tienen dificultades para acceder a ese mismo tipo de servicios. En el caso del Estado una financiación barata; en el caso de las familias, incluso, la financiación en
cualquier aspecto o ayudas para realizar sus actividades más básicas. En el momento en el que nosotros reclamábamos recuperar esa cantidad de dinero, por la vía de los impuestos, el impuesto a los depósitos, el Partido Popular lo bloqueó. Ahora
vuelve, pero vuelve en una cantidad que, como a otros portavoces, nos parece claramente insuficiente y que también podría esconder cierta trampa, porque en última instancia lo que se mantiene es un tope máximo, de tal forma que las comunidades
autónomas siguen sin poder tener la capacidad de establecer

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la cantidad que ellos consideren adecuada de acuerdo a las singularidades de cada región de este Estado y de acuerdo a las necesidades de las familias en esos ámbitos.


Nosotros hemos intentado plantear unas enmiendas que corregirían esa realidad que estoy intentando describir por parte de nuestro grupo y, en este sentido, votaremos las enmiendas del resto de grupos de acuerdo con estos principios máximos
que estamos planteando y que, naturalmente, son coherentes con toda la política de fiscalidad alternativa que hemos planteado a lo largo de esta legislatura y que volveremos y seguiremos planteando.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré más brevemente en este bloque que en bloques anteriores por varios motivos. En primer lugar, porque en pocas semanas vamos a debatir la reforma fiscal y podremos con más calma hablar sobre todo tipo de
problemas relacionados con la fiscalidad. En segundo lugar, porque solo estamos hablando de tres artículos. Y, en tercer lugar, porque de lo que aquí se propone solo hay una medida que nos plantea discrepancias de fondo, que es el mal llamado
impuesto a la banca que, en realidad, es un impuesto a los depositantes y que propondremos -como ahora explicaré- suprimir. El resto de medidas, aunque nos merecen algunas reflexiones, nos parecen acertadas.


Primero, se nos propone aquí que cuando hay dación en pago de la vivienda habitual no se paguen impuestos por las ganancias patrimoniales, y nos parece una medida acertada, pero la reflexión que esto nos merece es por qué se ha tardado
tanto. Llevamos casi tres años de legislatura y el problema de la vivienda ha sido uno de los protagonistas de la crisis. Mi grupo ha hecho propuestas en esta dirección desde hace tiempo, otros grupos también. ¿Por qué esto era imposible antes?
¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué ha pasado a ser posible ahora? En cualquier caso, nos parece una medida acertada y nos parece que aún queda alguna pequeña limitación en el ámbito municipal que señalaremos en la reforma fiscal. Pero lo que
más nos preocupaba -y parece que se ha corregido, según señalaba el señor Sánchez i Llibre- era el tema de que el ayuntamiento tuviese que comprobar -no se sabía muy bien con qué medios- los bienes y activos de la persona de su cónyuge.
Consideramos un acierto que esto se corrija.


La segunda medida tiene que ver con las participaciones preferentes, que se pueda compensar las pérdidas sufridas en el canje con las posteriores ganancias asociadas a las acciones de ese canje. Un gran acierto, pero no hace mucho tiempo
-el 11 de junio de 2014, hace poco más de dos meses- en esta misma Comisión y, si no me falla la memoria, en esta misma sala, Unión Progreso y Democracia planteó una proposición no de ley que decía exactamente esto. Y se nos dijo que no, que era
imposible, se señaló lo demagógico de la medida. Por supuesto nos alegramos de que se ponga en práctica pero, si esta mañana señalábamos el mal juego parlamentario de abusar del real decreto y de mezclar diferentes materias en un real decreto, este
es otro uso bastante frecuente que se puede considerar juego sucio parlamentario. Hay formaciones de la oposición que hacen propuestas, se les dice que no, y al poco tiempo reaparecen en el Senado o en forma de propuestas del grupo mayoritario,
nunca haciendo mención a dónde se originaron esas propuestas. Puede parecer muy inteligente este juego sucio parlamentario, pero nosotros creemos que en el fondo hace que pierda sentido a veces el trabajo de los grupos de la oposición, un problema
menor, y, un problema mayor, dificulta que los ciudadanos vean el sentido del trabajo que hacemos, lo cual es más grave. A veces se atiende lo que los otros proponen y se incorporan propuestas de otros grupos cuando son razonables. A lo mejor el
respeto social a nuestro trabajo aumentaría si nosotros fuésemos capaces de visualizar el sentido de lo que hacemos. Ya que estamos haciendo referencia a los preferentistas, no quiero dejar de señalar una reciente pregunta escrita de Unión Progreso
y Democracia en la que nos hacíamos eco de una preocupación de la Defensora del Pueblo en el caso de Bankia. La Defensora del Pueblo pedía -y nosotros lo apoyamos- que Bankia explicara adecuadamente las razones por las que deniega los arbitrajes
-ahora las explicaciones son muy breves- y que se ampliara el plazo, cuando hay una denegación, para plantear los recursos. Lo digo al hilo de señalar que el problema de los preferentistas desde luego dista de haberse solucionado en su totalidad.


Otra medida que se plantea es la disminución de la retención de los autónomos. Comparto las reflexiones del señor Saura, no hay que confundir esto de ninguna manera con una bajada de impuestos. Puede ser interesante como medio de dar
liquidez a los autónomos, pero esto no es una bajada de impuestos, es simplemente un aplazamiento del pago; no hay que confundir disminuciones de las retenciones con bajadas de impuestos, simplemente se está aplazando el pago del impuesto.

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Termino centrándome en la medida que nos plantea mayor rechazo, un rechazo total, el impuesto a los depósitos bancarios. Esto ya nos planteaba rechazo cuando era un impuesto autonómico. Señalamos que iba a fragmentar el mercado bancario
dentro de España, que iba a provocar deslocalizaciones hacia las comunidades sin impuesto a los depósitos. Al ser un impuesto estatal, aunque la recaudación vaya a las comunidades, tal como esté planteándose, este problema de deslocalización
desaparece, pero el resto de críticas que hacíamos sigue vigente. Esto se vende como un impuesto a la banca y no es un impuesto a las entidades, es un impuesto a los depositantes. La banca se va a limitar a detraer de la escasísima rentabilidad de
los depósitos el impuesto que aquí se está formulando. Si realmente se quiere plantear un impuesto la banca hay una medida alternativa que tiene mucho más sentido, que es un recargo temporal en el impuesto de sociedades. Esto es mucho más difícil
de trasladar a los depositantes y además el impuesto de sociedades, como saben perfectamente sus señorías, solo se paga cuando una entidad tiene beneficios, por lo que solo afectaría a las entidades que no tienen problemas. Esa es nuestra
alternativa que plantearemos en la reforma fiscal. Y en lo que se refiere al proyecto de ley que estamos discutiendo, nosotros lo que proponemos es suprimir este impuesto no a la banca sino a las escasas remuneraciones que hoy tienen los
depositantes en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: La señora Oramas tiene la palabra.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Seré muy breve.


La obligación de pago por las entidades financieras, conforme al apartado 10 modificado por el 5 de esta ley, será en diciembre de 2014, por lo que no es posible hacer dicha compensación, más si, conforme a los acuerdos del Estado con las
comunidades autónomas afectadas por la compensación, el abono ya se ha efectuado. Y en los años siguientes, conforme a lo acordado, el Estado debe abonar a las comunidades antes del 31 de julio y la obligación del pago a cuenta será para los
contribuyentes en ese mismo mes. Por eso hemos presentado la enmienda con respecto al apartado número seis.


El señor PRESIDENTE: La señora Madrazo tiene la palabra.


La señora MADRAZO DÍAZ: Voy a comenzar, ya que estamos hablando del bloque que afecta a medidas fiscales, contextualizando un poco las medidas que este Gobierno se ha visto obligado a adoptar a lo largo de la legislatura. Señorías, aunque
a algunos sé que no les gusta escucharlo, con el Gobierno del Partido Socialista España se encaminaba sin remedio al abismo del rescate y con el Gobierno del Partido Popular estamos emprendiendo el camino de la recuperación económica y de la
creación de empleo. Yo creo que esto nadie lo duda ya porque lo afirman todos los organismos nacionales e internacionales. El Partido Popular está cumpliendo las expectativas de millones de ciudadanos que confiaron en él para que les sacáramos de
la tremenda crisis económica en la que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno.


Efectivamente este Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas de carácter coyuntural en materia fiscal que han sido duras y difíciles pero necesarias para la consolidación fiscal y para incrementar la recaudación de manera
inmediata, porque con el Gobierno del Partido Socialista se habían perdido más de 68.000 millones de recaudación en tan solo dos años, lo cual ponía en peligro la propia sostenibilidad de nuestros servicios públicos fundamentales, como la sanidad,
la educación o los servicios sociales. Pero además esas medidas, fueron dolorosas y difíciles de tomar, se han tomado siempre con criterios de justicia social y de equidad, se pongan como se pongan ustedes y por muchas mentiras que quieran contar,
aquí han contribuido más pagando sus impuestos las personas con mayor poder adquisitivo y las grandes empresas que aquellas personas que tienen menos poder adquisitivo. Esto ha sido así y es una verdad contrastable e incuestionable. Pero ahora que
el PIB está registrando un crecimiento positivo -llevamos ya cuatro trimestres consecutivos de crecimiento- y que el déficit público hemos conseguido controlarlo, es el momento de poner en marcha medidas que impulsen ese crecimiento económico y que
sirvan para generar empleo, que es nuestro principal objetivo.


En ese sentido este real decreto incluyó medidas, que ahora tramitamos como proyecto de ley, que van orientadas a ese objetivo, a dinamizar la economía para favorecer el crecimiento y también van orientadas a recuperar la equidad y la
justicia social de algunos colectivos que han sido especialmente castigados por esta crisis económica, como los afectados por las preferentes o las personas que se han visto afectadas por ejecuciones hipotecarias y han tenido que dar su vivienda
habitual -se han quedado sin su vivienda habitual- como pago de la deuda que tenían con las entidades bancarias. Por eso,

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señorías, en este real decreto que ahora tramitamos como proyecto de ley se favorece la liquidez al colectivo de los autónomos. Queremos favorecer la liquidez de nuestras pymes y nuestros autónomos rebajando las retenciones IRPF y ampliando
el colectivo al que se aplican, ya que en principio esta medida iba solo destinada a las actividades económicas que tuvieran ingresos inferiores a 12.000 euros y en el real decreto se contempló ya que ese nivel se ampliara a 15.000 euros, con lo
cual 550.000 autónomos se van a ver favorecidos por esta bajada de las retenciones, que al Partido Socialista -por lo que ha dicho su portavoz- le parece mal, no está de acuerdo con esa medida. Sin embargo, esos 550.000 autónomos nos lo van a
agradecer muchísimo porque van a ver favorecida su liquidez en un importe aproximado de 720 euros anuales. Es muy importante, es verdad, que esto no supone una rebaja definitiva del impuesto pero es que la reforma fiscal que el Gobierno tramitará
próximamente en este Congreso rebaja los impuestos también a nuestras pymes y a nuestros autónomos, además de bajarles la retención.


Se contempla también la exención en el IRPF y en la plusvalía municipal de las ganancias patrimoniales en los casos de dación en pago de la vivienda habitual y la compensación de pérdidas del colectivo afectado por las preferentes, como he
comentado antes. Además, estas medidas se adoptan con carácter retroactivo, lo cual pone de manifiesto el principio social inspirador de las medidas adoptadas por este Gobierno con el propósito de compensar a determinados colectivos que han sido
especialmente perjudicados por esta crisis.


Ha sido muy criticada también por los portavoces la fijación de un tipo de gravamen del 0,03 % en el impuesto sobre los depósitos bancarios. Unos piden la supresión de este impuesto; otros piden que este impuesto sea mayor; otros dicen
que está muy bien la medida pero que es tardía. Es decir, al final este Gobierno gobierna para los ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros. Pensamos que este impuesto sirve, lo primero, para armonizar este tipo de gravamen a las
entidades bancarias en todas las comunidades autónomas, que todas las comunidades autónomas tengan el mismo tipo de gravamen. Y, lo segundo, la recaudación que se obtenga por este impuesto va a ir destinada, como saben todos los portavoces, a las
comunidades autónomas donde estén las sucursales que tengan esos depósitos de los contribuyentes. Por tanto, va a haber una mayor financiación y sobre todo va a haber un poco de orden en el mercado financiero. Comprenderán que si en la Unión
Europea se está debatiendo la imposición de un impuesto sobre transacciones financieras que se quiere armonizar en todo el territorio de la Unión Europea, no es de recibo que en España cada comunidad autónoma tenga un tipo diferente en este impuesto
sobre los depósitos bancarios.


Señorías, me voy a centrar muy por encima en el contenido de las enmiendas para intentar explicar por qué vamos a rechazar muchas de ellas. Hemos llegado a un acuerdo, como ha explicado el portavoz de CiU, en transaccionar la enmienda 414
para facilitar la comprobación por parte de los ayuntamientos de los requisitos necesarios para acogerse a la exención del impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana. Empezando por las de La Izquierda Plural, hay una en la que
se solicita rebajar el tipo del impuesto sobre el valor añadido a las entregas de gas y electricidad. Esta enmienda se ha debatido en numerosas iniciativas parlamentarias, pero me parece totalmente fuera de contexto plantear en este real decreto,
que ahora se tramita como proyecto de ley, esta rebaja en el impuesto sobre el valor añadido cuando tenemos tres proyectos de ley que se van a tramitar en el mes de septiembre en esta misma Cámara y que engloban la reforma fiscal planteada por el
Gobierno, momento que me parece el oportuno para plantearlo.


Nos planteaban también que las entidades de crédito asumieran el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es decir, que este proyecto de ley deja exentas las daciones en pago de la vivienda
habitual, deja exentas del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana esas daciones en pago y lo que quiere La Izquierda Plural es que las entidades de crédito paguen un impuesto que estamos dejando exento. Le tengo que decir al
portavoz de Izquierda Unida que la exención de la tributación de este impuesto local fue introducida a instancias de la Federación Española de Municipios, o sea, que no se considera conveniente su modificación porque los propios municipios están de
acuerdo con esta exención que hemos introducido. Propone también que las comunidades autónomas puedan establecer recargos sobre el tipo de gravamen del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. Esto yo creo que ya lo hemos
comentado. Nos parece que hay que armonizar este tributo en todas las comunidades autónomas. No nos parece de recibo que en un mercado único, que en un mercado armonizado, que en un mercado en el que intentamos integrar y no dividir cada comunidad
autónoma establezca un recargo sobre este impuesto. Por último -ya lo he comentado-, propone incrementar el tipo de gravamen del impuesto sobre los

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depósitos y establecerlo en el 0,2 en lugar del 0,03, que entendemos totalmente desproporcionado porque aumenta en casi siete veces el tipo de gravamen que recoge el proyecto. Si retomo las palabras del portavoz de UPyD, resulta que, según
él, se va a trasladar este impuesto a los depositantes, lo que supone mucha más carga para los contribuyentes.


De las enmiendas del Grupo Socialista prefiero hacer una valoración genérica porque demuestran una vez más que son las enmiendas trampa, las enmiendas de la hipocresía fiscal que tiene el Partido Socialista desde que empezó esta legislatura
porque proponen una cosa cuando están en la oposición pero hacen la contraria cuanto están en el Gobierno. Ni incrementaron los impuestos a las grandes empresas, todo lo contrario, se los bajaron, ni pusieron un impuesto sobre el patrimonio para
las grandes fortunas, todo lo contrario, suprimieron el impuesto sobre el patrimonio porque decían que al final solo afectaba a las rentas medias. Es decir, son una serie de propuestas que no tienen ninguna credibilidad, porque van en la dirección
contraria a lo que hicieron cuando estuvieron en el Gobierno, y además persisten en el mismo error de siempre, hacen un corta y pega de las propuestas de siempre pero son las propuestas que nunca llevaron a cabo cuando gobernaron. O sea, propuestas
de siempre y hechos que nunca llevaron a cabo. Creo que tendremos oportunidad a lo largo de la tramitación de la reforma fiscal de hablar de todas estas propuestas con más detalle y creo que debe ser en el marco de esa reforma fiscal en el que
debemos debatir las propuestas en materia fiscal que hace el Partido Socialista.


Proponen también una enmienda que es un poco diferente a las demás. Es una enmienda que se repite también continuamente pero que los otros grupos no han planteado, que va en la dirección de incrementar los efectivos de la Agencia
Tributaria. Aquí sí que me gustaría decir que la Agencia Tributaria ha sido de los pocos organismos públicos que ha estado exenta de la congelación de la oferta de empleo público por considerarse un sector prioritario. La lucha contra el fraude ha
sido desde el principio de la legislatura una prioridad para este Gobierno y se ha hecho una oferta de empleo público excepcional para la Agencia Tributaria, lo que pone de manifiesto ese compromiso. No solo se ha hecho una oferta de empleo público
ordinaria sino también una extraordinaria y se han ofertado un gran número de plazas para la lucha contra el fraude fiscal.


Con respecto a las enmiendas de UPyD, vienen a suponer un poco más de lo mismo porque parece que pretenden que no tributen las ganancias patrimoniales derivadas de las daciones en pago de la vivienda habitual de los que tengan menos de
12.000 euros de ingresos. Yo creo que cualquier persona que pierde su vivienda habitual, que tiene que entregarla al banco porque no puede pagar la hipoteca, será porque no tiene ingresos suficientes para pagarla, porque si no no deja que se la
lleve el banco. Nos parece, por tanto, innecesario introducir ese límite. Por otro lado, como decía antes, propone también la supresión del impuesto sobre los depósitos y yo creo que en este momento era necesaria la introducción de un gravamen
mínimo por la gran dispersión de normativa que se estaba produciendo al introducirse este impuesto por parte de las comunidades autónomas.


Por último, en cuanto a las enmiendas de CiU, como he dicho, hay una que hemos transaccionado y algunas de las que ha comentado el portavoz de CiU las vamos a desestimar porque creo que habrá momento de debatirlas dentro del contexto de la
tramitación de la reforma fiscal con muchas más tranquilidad y mucho más detenimiento porque muchas de ellas tienen contenido fiscal. Por tanto, vamos a desestimarlas salvo la 414, que vamos a transaccionar y que hace referencia al impuesto sobre
el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por lo demás, vamos a desestimar el resto de enmiendas y, como digo, tenemos tendida la mano para poder hablar y debatir sobre la reforma fiscal, sobre cómo mejorar nuestro sistema tributario, cómo
hacerlo más justo, más equitativo y más eficiente y cómo luchar con mayor eficacia contra el fraude fiscal. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Señor presidente, quiero hacer una pequeña aclaración en relación con la enmienda a la que ha hecho referencia la portavoz popular sobre la dación en pago que presentaba UPyD, y es que hace ya casi dos semanas que
registramos un escrito y comunicamos al letrado de la Cámara que era una errata y que la habíamos retirado. Pido disculpas en cualquier caso por el error.


El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Simplemente retiro lo que consta en el 'Diario de Sesiones' referente a esa enmienda que se ha retirado.

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El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto y último bloque del día de hoy, carrera militar y Guardia Civil.


Tiene la palabra el señor Tudanca.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Efectivamente, pasamos al bloque sexto, las disposiciones adicionales, de la primera a la octava, de este proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la
eficiencia, que se refieren a la modificación de un artículo de la Ley de la Carrera Militar y a la provisión de plazas para diferentes escalas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Por razón de la materia precisamente, permítanme que
comience trasladando el pésame de mi grupo parlamentario a la familia y a los compañeros de los tres guardias civiles que recientemente fallecieron en el accidente de un helicóptero de rescate en León: el capitán Emilio Pérez Peláez, el teniente
Marcos Antonio Benito Rodríguez y el agente José Martínez Conejo. Murieron mientras rescataban a un herido y desde luego se merecen el respeto y el homenaje de esta Cámara. (El señor vicepresidente, Caldera Sánchez-Capitán, ocupa la Presidencia.)


En primer lugar, la disposición adicional primera añade efectivamente un nuevo párrafo al apartado 7.b) de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la Carrera Militar y, aunque les parezca mentira a mis compañeros parlamentarios,
estamos hablando de una materia que afecta al personal de nuestras Fuerzas Armadas en un decreto que, vuelvo a repetir, se refiere a la competitividad, al crecimiento y a la eficiencia. En este caso se refiere al reconocimiento académico de los
grados universitarios desde el momento en el que se produce la incorporación a las nuevas escalas. Mi grupo parlamentario está de acuerdo y explicaré por qué, porque en este proyecto el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, se limita a aprobar
lo que ya se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. ¿Qué sucedió? Que entonces el Grupo Parlamentario Popular lo recurrió al Constitucional porque consideraba que esta, entre otras, era una materia que no
constituía -reitero- materia propia de aquella ley; es decir, un defecto formal con el que el Partido Popular logra su anulación formal y que seis años después se ve obligado a aprobar en este texto, y lo hace con un megadecreto una vez más. Se ve
que ahora la coherencia de la materia ya no es importante. Diré además que hemos llegado aquí porque el Grupo Parlamentario Popular ha querido. Pudimos aprobarlo en la Ley de Régimen Disciplinario Militar que se aprobó en junio y no quisieron;
podría haberse tramitado en una modificación más amplia que se hará de la Ley de la Carrera Militar en el próximo periodo de sesiones y que el Gobierno está obligado a traer a esta Cámara, tal y como propuso mi grupo parlamentario y tampoco
quisieron. Es decir, pudieron arreglarlo antes y con una ley específica del tema que abordamos y han preferido meterlo en este cajón de sastre. En fin, en cualquier caso, nos alegramos de que se vaya a resolver por fin un problema que solo el
Grupo Parlamentario Popular creó.


Pero si la inclusión en este proyecto de esta modificación es difícil de entender, la inclusión de la oferta de plazas para las escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, de la escala de tropa y marinería, el acceso a una
relación de servicios de carácter permanente o la convocatoria de plazas a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil es absolutamente ininteligible. ¿Me pueden explicar, en primer lugar, qué tienen que ver los efectivos de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil con el crecimiento, la competitividad y la eficiencia? Evidentemente, nada. ¿Me pueden explicar por qué han fusilado el Decreto de provisión de plazas en este real decreto, en vez de sacarlo de forma independiente en
abril o en mayo, como se ha hecho en todos y cada uno de los ejercicios hasta el presente? Pero lo que ya me parecería absolutamente milagroso es que lograran explicar su propia exposición de motivos. En ella dicen que la limitación de la tasa de
reposición en las plazas de ingreso a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas durante los últimos años ha supuesto -y cito literalmente- una cifra notoriamente insuficiente si quieren cumplirse adecuadamente los objetivos encomendados a las
Fuerzas Armadas por nuestra Constitución. Es decir, reconocen que con su política de personal, con su gestión de personal de las Fuerzas Armadas han logrado poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra defensa. Ustedes no tienen ni la más remota
idea de adónde van ni de qué modelo de Fuerzas Armadas queremos y necesitamos ni cómo gestionar su personal ni cuál debe ser nuestra estructura de efectivos. Por no caer, por otro lado, en una discusión extemporánea en la que me gustaría que
explicaran también por qué para garantizar una vez más el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, como proclama el proyecto, hacen falta más suboficiales y oficiales en nuestras Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, y no, por ejemplo, más
profesionales en la sanidad o en la educación. Por no entrar en eso, no entendemos por qué han restringido estas plazas durante tres ejercicios y ahora descubren que no pueden garantizar la operatividad de las

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Fuerzas Armadas. Solo me vienen a la mente algunas palabras como improvisación, por no hablar de caos o de chapuza. Ustedes debieron aprobar la provisión de plazas en abril o mayo y nos lo traen aquí y ahora, tarde y mal. Debieron aprobar
una planificación plurianual de plazas tal y como mandata la Ley de la Carrera Militar que hoy, como he dicho antes, modifican y no lo han hecho, ¿por qué?, ¿no les dejaba Hacienda?, ¿no tenían interés?, ¿no lo sabían?, ¿es desconocimiento o
ineptitud?


Mi grupo lleva dos años advirtiéndoles de que no se puede improvisar con esto, de que hay que sentarse a hablar del modelo de Fuerzas Armadas para poder planificarlo con tiempo y garantizar, en un horizonte de disminución de efectivos, su
plena operatividad. Y ustedes, como Rajoy en el diván y fumándose un puro, dejando pasar el tiempo. Estas disposiciones son el fruto de esa actitud, como lo han sido los créditos extraordinarios multimillonarios para pagar los programas de
armamento. Ustedes no lo meten en los Presupuestos Generales del Estado y año tras año, real decreto tras real decreto, se ven obligados a pagar cientos de millones de euros que no tenemos y que no podemos destinar a otras prioridades para pagar
estos programas extraordinarios de armamento. Manejar algo tan importante como nuestra seguridad y nuestra defensa a golpe de decreto, sin planificación alguna, sin informar a los grupos parlamentarios, sin rumbo, está empezando a generar problemas
de los que confío no tengamos que arrepentirnos en el futuro.


Por estas mismas razones, obviamente, nos abstendremos también en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; en primer lugar, difícilmente defenderemos en la actual situación que se esté recortando
todo, que se estén recortando los funcionarios en todos los sectores de actividad del Estado y se aumenten precisamente las plazas en las Fuerzas Armadas. Pero fundamentalmente, aunque eso pueda estar en el debate, consideramos que debe estar en un
debate general, como he dicho, de modelo de Fuerzas Armadas, de modelo de personal de Fuerzas Armadas, de horizonte a medio plazo de adónde queremos ir, de qué modelo de seguridad y defensa necesita nuestro país, qué modelo de seguridad y defensa
podemos permitirnos y desde luego que sea un modelo consensuado, informado, dialogado con todos los grupos parlamentarios en esta Cámara de forma transparente y de forma objetiva para lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y nuestro país.


El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre de La Izquierda Plural, señor Sanz Remón.


El señor SANZ REMÓN: Afrontamos en este bloque fundamentalmente un debate sobre política de empleo público del Estado y nosotros queremos centrarlo allí y desde ahí empezar nuestra intervención. Es verdad que el bloque en sí habla de las
necesidades de personal en materia de defensa fundamentalmente como elemento más importante de su contenido, pero desde La Izquierda Plural queremos hablar primero del conjunto del empleo público, es decir, queremos hablar de la política de empleo
público llevada a cabo por este Gobierno, una política de recortes, congelación y no cobertura de vacantes. Una acción política peligrosa que además se ha impuesto al conjunto de las administraciones públicas siguiendo el dogma del control del
gasto público, la reducción de la deuda, independientemente del Estado y de la salud de sus haciendas. Y por eso solamente determinados servicios como la educación, la salud y, en este caso, los cuerpos de seguridad, mantienen ese derecho a una
tasa exigua, pero una tasa de reposición del 10 %, que curiosamente en este caso el Estado se la salta para abordar las necesidades de personal en materia de los cuerpos de seguridad. Lo más curioso -ya se ha dicho en esta sala- es lo que en la
página 25 el propio Gobierno reconoce: La aplicación reiterada en los últimos años de la limitación de la tasa de reposición en la provisión de plazas de ingreso directo de oficiales y suboficiales ha tenido como consecuencia una importante
disminución de los accesos a dichas escalas, cuya acumulación en el tiempo tiene consecuencias negativas en cuanto a la cobertura de las plantillas del personal militar de las Fuerzas Armadas. Y continúa afirmando que, teniendo en cuenta todo lo
expuesto, concurren razones de urgente e inaplazable necesidad para elevar la tasa de reposición prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 por encima del 10 %. En efecto, señoras y señores del Gobierno, estos criterios de
política de empleo público tienen consecuencias negativas en cuanto a la cobertura de las plantillas, pero no solo de las plantillas de defensa sino del conjunto de los servicios públicos y, por lo tanto, de la calidad de los mismos y de los
derechos de las ciudadanas y ciudadanos de este país. No consideran ustedes a la gente que está sufriendo sus recortes ni el desmantelamiento que están haciendo de los servicios públicos más fundamentales; necesitamos maestros y maestras, más
profesores y profesoras, más profesionales de la salud pública, más gente que atienda sus necesidades en materia social. ¿No creen que eso debería ser una prioridad para el Estado? Por ello, en primer lugar, desde La

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Izquierda Plural les queríamos exigir que en materia de personal, la salud, la educación, las políticas de acción social, la atención a la dependencia y un largo etcétera, se valore o se apliquen los mismos criterios que en este caso se le
está aplicando a la defensa, permitiendo además que las administraciones implicadas en la contratación por cuestiones competenciales convoquen las plazas necesarias para garantizar estos derechos fundamentales. Ustedes reconocen que su política de
adelgazamiento de lo público en materia de personal aplicada en este caso al departamento de defensa no funciona, y nosotros les decimos que no funciona en defensa ni en absolutamente ninguno de los demás sectores y servicios públicos fundamentales.
Por lo tanto, les volvemos a instar a que apliquen estos criterios y acaben con esa tasa de reposición y con la congelación de la posibilidad de convocatoria de plazas públicas, de empleo público, de trabajadores públicos de lo social en el conjunto
del Estado.


No obstante, y en lo concerniente a defensa, estamos preocupados por la política que está llevando a cabo este Gobierno. En la actualidad, el 53% de los soldados y marineros que tenemos en nuestro país tienen contratos de larga duración y
al cumplir los cuarenta y cinco años pasarán a la situación de reserva activa. Se estima que serán 30.000 de ellos los que en veinte años pasarán a esta situación y, por lo tanto, acarrearán al Estado, a la Hacienda pública de este país 9.800
millones de euros, una cifra nada desdeñable. Esta situación, que también vienen denunciando las organizaciones de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, las organizaciones que representan sus intereses, tiene solución y hay que atajarla. Hay
que atajar esta situación garantizando el acceso a la carrera militar a los militares de complemento, tropa y marinería; es fundamental, son básicos y esenciales para la plena operatividad de las Fuerzas Armadas. Pero además necesitamos otros
cambios estructurales, entre otros, construir un modelo de carrera militar que permita la permeabilidad entre escalas como aspecto fundamental y que garantice la consolidación profesional, digna y estable de los trabajadores de tropa y marinería.
Pero no, ustedes siguen caminando en dirección contraria.


En consecuencia de lo que acabo de decir, apoyaremos las enmiendas 293 y 294, presentadas por UPyD, y la propuesta 24, ya planteada y debatida en el bloque anterior, porque redundan en la posición que ha mantenido esta formación política con
respecto a los derechos y a la necesidad de dignificar y mejorar las condiciones de los soldados de tropa y marinería que en este caso concreto están en las condiciones más precarias de nuestra escala militar. También será favorable nuestro voto a
la propuesta de adición plateada en la enmienda 24 -y acabo ya-, porque para nosotros es fundamental que se respete el cumplimiento a las normas de autogobierno que regulan la vida de los diferentes pueblos del Estado, y este decreto rezuma un tufo
recentralizador insoportable, algo que evidentemente desde nuestras formaciones políticas, desde este grupo parlamentario queríamos denunciar abiertamente, tal y como lo hemos hecho.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo con bastante brevedad porque, al modo de ver de mi grupo, el formato de este debate de la ley ómnibus sepulta e impide la posibilidad de cualquier debate político en profundidad. Simplemente quiero
defender estas enmiendas en el apartado relativo a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.


En primer lugar -y creo que hablo en nombre de todos los miembros de esta Comisión y de este Congreso-, quiero tener un recuerdo para los tres guardias civiles recientemente fallecidos en un accidente: el capitán Emilio Pérez Peláez, el
teniente Marcos Antonio De Benito Rodríguez y el agente José Martínez Conejo. En segundo lugar, quiero defender las enmiendas que presentan mi grupo relativas a la carrera militar y a la Guardia Civil. Se trata de dos enmiendas, en primer lugar a
la disposición adicional segunda, que buscan aumentar el número de plazas de oficiales y suboficiales. Creemos que es necesario incrementar el número de plazas que figuran en esta disposición para dotar de mayor operatividad a las Fuerzas Armadas y
hacer efectivo el derecho profesional a la carrera militar de los militares que puedan concurrir a los procesos en la promoción de referencia. La enmienda supondría además modificar los anexos II y III del texto proyectado en el sentido de aumentar
significativamente las plazas de las escalas de oficiales y suboficiales provistas por promoción y en todo caso con el objetivo de asegurar la cobertura de las plantillas de personal militar de las Fuerzas Armadas. La enmienda supone además la
modificación del correspondiente anexo.


En segundo lugar, lo mismo hemos enmendado en la disposición adicional quinta, en este caso para otros colectivos de militares, los militares de complemento y los de tropa y marinería. Nos parece que ambos colectivos son básicos y
esenciales para la plena operatividad de las Fuerzas Armadas. Se da la

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circunstancia de que el aumento de la tasa de reposición en los términos interesados permite dar salida a un número de militares que desean permanecer activos al servicio de los ciudadanos y que, de no aumentarse estas plazas, deberían dejar
de prestar servicio activo y pasar a la consideración de reservistas de especial disponibilidad. Nos parece que esto supone un quebranto profesional, que les perjudica a ellos mismos, a las Fuerzas Armadas y, por tanto, a la defensa y en última
instancia al país y creemos que estas enmiendas corregirían los errores cometidos en la redacción de esta ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, tiene usted la palabra.


El señor FERRER ROSELLÓ: En primer lugar quiero sumarme al homenaje rendido por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Efectivamente fallecieron recientemente tres miembros de la Guardia Civil; perdieron su vida en
cumplimiento del deber. Descansen en paz, con el agradecimiento de esta Cámara y del país.


Señorías, son dos básicamente las cuestiones que nos interesan en el debate de hoy. En primer lugar, la bondad o no de las medidas adoptadas en relación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y, en segundo lugar, si la premura en la
adopción de las mismas está justificada. Sin más dilación y en relación con la primera de las cuestiones suscitadas, el real decreto incluye dos disposiciones que atañen a la defensa nacional. Por un lado, la introducción de un nuevo párrafo a la
letra b) del apartado séptimo de la disposición transitoria cuarta de la Ley de la Carrera Militar, que establece básicamente una equivalencia de la formación militar con el sistema universitario, medida que a nuestro juicio está plenamente
justificada al dar solución a la situación que creó en este campo la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de marzo, la 38/2014. La segunda de las disposiciones concreta la oferta de plazas en las escalas de oficiales y suboficiales de los
cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en las escalas de tropa y marinería para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente y para la escala superior de oficiales de la Guardia Civil.
Señorías, a nadie se le escapa que las Fuerzas Armadas requieren para el cumplimiento de las misiones que tienen constitucionalmente encomendadas y asegurar además el nivel de operatividad necesario de sus unidades unos efectivos mínimos, por debajo
de los cuales resulta difícil la consecución de estos objetivos. Para obtener estos efectivos mínimos con una distribución adecuada en el tiempo -cuestión que es fundamental- que permita garantizar la operatividad de las unidades se precisa un
acceso anual a las distintas escalas de oficiales y suboficiales en una cuantía determinada y sensiblemente constante, necesidad a la que responde la disposición incluida en el real decreto objeto de este debate.


En relación con la urgencia de las medidas, tan solo quiero señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional creaba una grave disfunción en el proceso de unificación de escalas y afectaba a buen número de oficiales cuyas carreras venían
a quedar en una especie de limbo en tanto en cuanto esta situación no quedara rápidamente resuelta; de ahí la urgencia de la medida adoptada. Y si hablamos de la oferta de plazas en las escalas de oficiales y suboficiales, sin ánimo de resultar
pretencioso, permítanme sus señorías que me apoye en el emperador. Bonaparte venía a decir algo así como que la guerra es el arte de manejar el tiempo y el espacio. Y añadía: Me preocupa menos este último que el primero, el espacio se puede
recuperar, pero el tiempo nunca. Y es que cuando se habla de la defensa o la seguridad qué pocas cosas hay, señorías, que no resulten tremendamente urgentes. Necesitamos oficiales y suboficiales, necesitamos que estén espléndidamente formados, y
eso, señorías, requiere mucho tiempo. Por tanto, es urgente que se inicien esos procesos de acceso y preparación de acuerdo con nuestras necesidades, posibilidades y los planes y previsiones de los estados mayores.


Quisiera hacer una referencia a las enmiendas presentadas a los apartados descritos y, en primer lugar, a la número 24 presentada por el Grupo Vasco, que persigue la autorización para el aumento de las plantillas de la Policía autónoma
vasca. Vaya por delante que comprendo perfectamente y comparto la intención del enmendante. La Ertzaintza está realizando un noble esfuerzo por dar cumplimiento a sus obligaciones con menos efectivos, un esfuerzo que le honra y que comparte con la
Policía Nacional, la Guardia Civil, así como con otros cuerpos policiales autonómicos y locales, forma parte de la contribución al esfuerzo que ha venido realizando el país entero para así superar la situación en la que nos encontrábamos. Pero los
tiempos están cambiando, la situación económica está mejorando sensiblemente, la recuperación es un hecho y estoy absolutamente convencido de que en un plazo razonable se podrá dar satisfacción a su demanda, pero todavía no ha llegado ese tiempo.
Por otra parte, no cabe hablar de agravios comparativos entre los distintos cuerpos por cuanto las situaciones de salida no han sido en ningún caso iguales, por lo que tampoco son iguales las urgencias. Si sus señorías se toman la molestia

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de dividir el número de ciudadanos vascos por el de policías autónomos, les dará una cifra de 292 ciudadanos a atender por cada policía autonómico. Si hacen lo mismo con la población española y la Guardia Civil, se darán cuenta de que el
número es de 590. Luego, evidentemente, el punto de partida no es el mismo.


Por último, las enmiendas 293 y 294 de UPyD solicitan un sensible aumento de las plazas convocadas y la modificación de los porcentajes en los modos de acceso a las mismas y la procedencia del personal. Dos cuestiones quisiera decir: en
primer lugar, no tiene mucho sentido aumentar el número de plazas convocadas cuando las anteriores convocatorias con menos plazas no se han cubierto; y en segundo lugar, el número de plazas convocadas y los procedimientos para cubrirlas no
responden a una decisión caprichosa o interesada del ministerio, es una cuestión que afecta a la política de la defensa nacional, al modelo de fuerzas armadas que nos hemos dado y a los planes concretos que en función de una y de otra elaboran los
estados mayores, tanto el Estado Mayor de la Defensa como los de los Ejércitos y la Armada, además de, por supuesto, tener muy en cuenta las disponibilidades presupuestarias. Por otra parte, se hace difícil quejarse en alguna ocasión de la actual
pirámide que conforma nuestras Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, solicitar que se aumente el número de oficiales y suboficiales. Una de dos: o los aumentamos o los disminuimos, pero no se pueden hacer las dos cosas.


Cerraré mi intervención con una breve referencia a algunas de las cuestiones que se han planteado. Manifestaba el señor Tudanca que pudimos hacer esto antes. Sí. ¿Podríamos haberlo hecho después? También. Lo hemos hecho en su justo
término medio, en el momento que nos ha parecido más razonable y más adecuado. Me afea el señor Tudanca -no voy a decir que no tenga algún argumento en este sentido- el que sea mediante este ingenioso artefacto del real decreto-ley, pero coincidirá
conmigo que colgarlo de la Ley de Presupuestos tampoco era lo más razonable o cuando menos no era mucho más razonable que esto. Luego, lo que sí me preocupa, me dice usted que después de la lectura del texto llega a la conclusión de que hemos
mantenido a las Fuerzas Armadas bajo mínimos durante estos años y que, por tanto, hemos puesto en riesgo la seguridad nacional. Quiero recordarle que la primera propuesta en materia de defensa que hizo el señor Pérez Rubalcaba ante esta Cámara fue
la disminución de las Fuerzas Armadas en 40.000 efectivos. Si yo quiero pensar que el señor Rubalcaba en cualquier caso pensaba mantener en niveles aceptables la seguridad nacional, coincidirá usted conmigo en que esta ligera disminución durante el
periodo popular en ningún caso ha puesto en riesgo la defensa nacional.


Izquierda Unida ha manifestado que utilizaría este trance para hablar del empleo público, un poco por aquello de hablar de mi libro -yo no soy su editor, no voy a entrar mucho en debate sobre la cuestión-, en cualquier caso, sí quiero
manifestarle una preocupación. Usted dice estar muy preocupado porque 30.000 efectivos de tropa y marinería se van a encontrar en la situación de acabar su contrato, su vinculación a las Fuerzas Armadas dentro de pocos años. Yo quisiera saber qué
es lo que usted nos propone: si convertirlos en suboficiales y oficiales, con lo cual las Fuerzas Armadas españolas tendrían más oficiales y suboficiales que ninguna otra fuerza armada de la Unión Europea, o si quiere usted que enviemos en misiones
al extranjero a soldados y cabos con cincuenta y cinco, cincuenta y seis o sesenta años, yo no sé si les convendrá retirarse antes de verse en ese trance o situación. No se puede lanzar una cuestión de estas, no se puede hablar de hacer algo con
estos 30.000 efectivos, estos señores han prestado y están prestando un magnífico servicio a su país, pero son conscientes de que un soldado con cuarenta y cinco años es un soldado muy mayor que no está en condiciones de prestar su servicio de
acuerdo con lo que las exigencias de la seguridad nacional nos piden, y coincidirá usted conmigo que no podemos transformar a los 30.000 en oficiales y suboficiales. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Levantamos la sesión. Mañana nos incorporamos a las diez y votaremos a las doce.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.