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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 597, de 24/06/2014
cve: DSCD-10-CO-597
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 597
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 26
celebrada el martes,
24 de junio de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
Del diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Posible presentación de una denuncia por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana contra la decisión de la mesa de edad del pleno del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) en el que se debatía una moción de censura (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/044370). (Número de expediente 181/001791) ... (Página2)
- Criterio de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana a la hora de personarse en procesos judiciales o denunciar decisiones de la mesa de edad en mociones de censura (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/044371). (Número de expediente 181/001792) ... (Página2)
De los diputados don Herick Manuel Campos Arteseros, don Gabriel Echávarri Fernández y don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas al transporte público urbano en municipios de la Comunitat Valenciana
durante los ejercicios 2004 a 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/041318). (Número de expediente 181/001794) ... (Página5)
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. (Número de expediente 121/000094) ... (Página7)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. (Número de expediente 121/000094) ... (Página8)
Se abre la sesión a las doce y cinco del mediodía.
PREGUNTAS:
DEL DIPUTADO DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- POSIBLE PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONTRA LA DECISIÓN DE LA MESA DE EDAD DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA (ALICANTE) EN EL QUE SE DEBATÍA UNA MOCIÓN DE CENSURA (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/044370). (Número de expediente 181/001791).
- CRITERIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA HORA DE PERSONARSE EN PROCESOS JUDICIALES O DENUNCIAR DECISIONES DE LA MESA DE EDAD EN MOCIONES DE CENSURA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/044371). (Número de expediente 181/001792).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión. Quiero hacer dos observaciones para ordenar el orden del día. En primer lugar, vamos a ver unas preguntas orales que vienen de la transformación de preguntas escritas;
son tres pero las vamos a debatir en dos bloques: uno, compuesto por la primera y la segunda, que versan sobre el mismo tema, y veremos de manera acumulada y, a continuación, veremos la que figura como 3.er punto del orden del día. Seguidamente
debatiremos el proyecto de ley. Ya anuncio que las votaciones no se producirán antes de la una y probablemente no durarán mucho después, porque el número de enmiendas presentadas es reducido, así que supongo que el debate será ágil.
Le agradezco al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes su presencia para atender las cuestiones que teníamos pendientes y, sin más, para formular las dos primeras preguntas, tiene la palabra el señor Campos Arteseros.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Nos referimos a unas preguntas que vienen motivadas por una serie de declaraciones públicas tanto de la Delegación del Gobierno como de la Subdelegación del Gobierno y el Partido Popular sobre las actuaciones que
iba a emprender la Delegación del Gobierno y la Subdelegación del Gobierno también, con relación a la moción de censura presentada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela y que se trató en un punto inicial el 3 de enero de este año.
Como decimos, veníamos a preguntar aquí -hago a modo de resumen las preguntas- cuáles son los criterios del Gobierno para establecer esas acciones legales que se pudieran tomar contra las decisiones de un pleno o de unos concejales, en este caso de
la mesa de edad del pleno, de la moción de censura de Orihuela. Queremos saber cuáles son esos criterios y por qué en algunos casos se utiliza, a nuestro entender, un criterio y en otros casos otro, dependiendo de si es el Partido Popular el que
presenta la moción o el que la recibe.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (Ayllón Manso): El Gobierno envió las respuestas escritas a las que usted ha hecho mención en su intervención el día 24 de marzo, justo un día antes de que el Congreso de los
Diputados notificase al Gobierno la transformación en oral de sus preguntas escritas, que fue el 25 de marzo, según consta en el registro de salida de todas ellas. Por razón de mi cargo, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y
responsable de las respuestas a ese tipo de preguntas, sencillamente quiero decirle que en lo que va de legislatura llevamos
contestadas prácticamente 105.000 preguntas y solicitudes de informe entre el Congreso y el Senado, y que nos gustaría responder a todas ellas en plazo, pero no siempre es posible, a pesar de que estamos intentando, en la medida de nuestras
posibilidades, acortar el mayor número de plazos posibles para que ustedes puedan ver colmada la respuesta de esas preguntas en tiempo y forma.
Las respuestas a las dos preguntas escritas están registradas y ya le han llegado a su señoría. Sin embargo, para dar cumplimiento a este trámite, voy a proceder a leer, a hacer pública la lectura de esas preguntas que constan en su poder.
Esas preguntas han sido elaboradas de acuerdo con las informaciones que han llegado de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y lo que dicen esas respuestas es lo siguiente: Corresponde a la Delegación del Gobierno llevar a cabo el
control de legalidad de los actos y acuerdos de los entes locales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, 63, 64 y 65 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local y, en su caso, la impugnación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa de aquellos actos y acuerdos que considere contrarios al ordenamiento jurídico. Esta función de control de la legalidad de los actos y acuerdos de los entes locales se ejerce de oficio y no a petición de los partidos
políticos, los cuales están legitimados para interponer los recursos que estimen oportunos ante los tribunales de justicia si consideran que un acto o acuerdo de un ente local infringe el ordenamiento jurídico. En este sentido, la Delegación del
Gobierno de la Comunidad Valenciana, a la que se alude en la iniciativa parlamentaria de referencia, actúa siempre de acuerdo con el principio de legalidad y respeta el ordenamiento jurídico, impugnando en su caso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa aquellos actos y acuerdos de los entes locales que considere contrarios a la legalidad vigente.
En relación con la moción de censura en el Ayuntamiento de Orihuela, cabe decir que una vez notificada a la Subdelegación del Gobierno de Alicante el acuerdo de la mesa de edad del Ayuntamiento de Orihuela y siguiendo la práctica habitual,
el Servicio de administraciones territoriales consideró que no existía vulneración del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no se requirió al ayuntamiento para que anulara el acuerdo. Por lo tanto, la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana ni ha estudiado ni se ha planteado recurrir la decisión de la Mesa de Edad del pleno del Ayuntamiento de Orihuela de 3 de enero de 2014. En este sentido la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha mantenido el mismo criterio
jurídico que se ha tenido en otros supuestos de acuerdos sobre mociones de censura. Hasta aquí la respuesta enviada a su señoría.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor CAMPOS ARTESEROS: A nuestro entender, sí ha existido un uso partidista de la delegación del Gobierno. Se ha actuado dentro de una estrategia de presión mediática a un Gobierno local y a unas personas que actuaron, porque así lo
marca la ley, como mesa de edad. La prueba es que tengo aquí unas declaraciones en las que el PP de Orihuela llega a decir que la delegación del Gobierno está a su servicio para tomar las medidas legales oportunas contra la decisión de la mesa de
edad. Todo esto acompañado de múltiples anuncios, de denuncia presentada, por tanto, entra dentro de la estrategia de presión mediática y pública no solamente contra los miembros de la mesa de edad sino contra el Gobierno local de Orihuela.
Lamentablemente, es una práctica habitual. Lo hemos visto, como le decía, en otras mociones de censura donde el Partido Popular era el firmante de la misma como en este caso; en otras donde es el receptor de esa moción de censura porque ostenta la
alcaldía o forma parte del Gobierno, no se dice nada o se actúa tarde. De hecho, en algunos casos donde no ha actuado después los juzgados han dado la razón al Partido Socialista que había presentado denuncia.
Entrando en la descripción de los hechos, hay que recordar algunas cosas: el PP presenta la moción de censura con expulsados de otros partidos y del grupo municipal de otros partidos; la secretaría, en su informe, deja la decisión a la
mesa de edad; la mesa de edad cumple la ley, lo mismo que decía el secretario, es decir, que la mesa de edad en ese momento tiene que comprobar que siguen en vigor todos los requisitos para seguir desarrollándose esa moción de censura, y la mesa de
edad considera que esos criterios no se dan. La exalcaldesa que formaba parte de la moción está imputada en el caso Brugal. El Partido Popular tenía muchas prisas por volver a presentarla, y eso que internamente el Partido Popular no lo tenía
claro a nivel de Comunidad Valenciana. Luego nos hemos dado cuenta por qué, porque acabó imputada también en otro caso. Presión mediática con amenazas de dirigentes del Partido Popular hacia otros concejales de otros grupos; un PP local que
amenaza antes y después a la mesa de edad y un Partido Popular de la Comunidad Valenciana que, como le he mostrado, esgrime en esta noticia que Paula Sánchez de León ha puesto al servicio de los 14 concejales firmantes su total ayuda. Delegación y
subdelegación, que informan a los medios de que van a estudiar acciones legales; usted me ha dicho que contestan que ni lo han estudiado ni lo van a hacer, pero esa contestación se hace pública cuando yo envío a los medios de comunicación
la respuesta que usted me da. Antes, la delegación del Gobierno no ha dicho: de lo que dije, me desdigo porque mis técnicos dicen que me equivoqué. Hablamos de personas que han tomado decisiones creyendo que las hacen acorde con la ley, más
teniendo en cuenta un informe del secretario y un informe externo, que siguen muy presionados en sus casas, en sus familias, en su entorno político, en el entorno de la ciudad. La delegación del Gobierno no dice que todo lo que se dijo es mentira,
porque la delegación ni estudia ni va a tomar ninguna medida legal contra eso. Por tanto, no me diga que hasta en ese momento no se sigue la estrategia de presión institucional y mediática contra un Gobierno elegido democráticamente de acuerdo con
las leyes en el momento en que se constituyó el pleno de Orihuela. El Gobierno, por tanto, es una parte más de la estrategia de intimidación. Lo dice el Partido Popular, no lo desmiente la delegada del Gobierno y cuando Gaspar Zarrías, entonces
secretario -sigue siéndolo- de política municipal del PSOE, pide que el Partido Popular lo pare, no lo hace. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué esas prisas? Se sabe bien si miramos todos los imputados que hay y por qué están imputados, lo vemos bien; es
por la gestión de los residuos de la basura y por una serie de empresarios que controlan el cotarro, su cotarro, el del Partido Popular. Se tenían que tomar decisiones sobre un vertedero ilegal, como dijo la Comisión Europea por escrito al Gobierno
de España, que no le dio la documentación para estudiar cuál era el caso. Dijo que el vertedero de La Murada de Orihuela, que también es el de Abanilla de Murcia, era ilegal y, como había que tomar decisiones locales que afectaban mucho a la
tramitación y situación de ese vertedero, había que acelerar las cosas para que no fuera un gobierno progresista, donde está el Partido Socialista, el que tomara decisiones simplemente para que se cumpliera la Ley de Gestión de Residuos. Ese es el
motivo de la prisa del Partido Popular, todo el entramado que está ahora mismo en los juzgados por el tema Brugal. Lo lamentable es que ustedes, Gobierno de España, sean cómplices de eso.
Hemos visto cómo las líneas rojas en el Partido Popular se mueven. Se dijo: líneas rojas en educación, sanidad y pensiones. Se movieron. Reducción de educación; reducción de becas, ahora hasta plantean préstamos; reducción en sanidad;
copago farmacéutico; copago de todo tipo, etcétera y en pensiones, qué contarles. Pero lo más grave es que ustedes la línea roja de la transparencia y contra la corrupción también la mueven, porque en este caso estamos hablando de que los
imputados casi eran mayoría, dentro del grupo que firmaba la moción. Es como el grupo parlamentario de les Corts Valencianes, en el que hubo un momento en que casi eran mayoría los imputados sobre el resto de no imputados dentro del Grupo Popular.
Por tanto, no entendemos como desde el Gobierno no se actuó, pero sobre todo no entendemos cómo el Partido Popular consintió todo esto.
Por tanto, existe un uso partidista de la subdelegación del Gobierno por lo que he comentado de la estrategia de presión mediática e institucional contra la mesa de edad y contra el Gobierno local; porque en otros ayuntamientos donde al PP
se le presentaba la moción no se actuó; donde hay una justificación por parte de la delegación del Gobierno constante de la discriminación en financiación, inversiones y falta de medios para la seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana. Un
nuevo ejemplo, permítame que se lo diga, es que dentro de la estrategia de recolocación interna del Partido Popular y de los líos que tienen allí cesan a un conseller, que era el secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y
lo nombran el pasado viernes delegado del Gobierno. Dígame usted que no es un uso partidista, porque ya mi temor no es que se haga un uso partidista para beneficiar a un partido, es que ahora el temor es que se haga un uso partidista para
beneficiar a un sector del Partido Popular porque está enfrentado a otro sector. Se le tira del Consell para compensar a un vicepresidente al que se le quita la portavocía, que es el otro que lidera el otro sector en la provincia de Alicante. Mire
usted, eso no puede ser porque es muy importante el papel que tiene este señor en cuanto, por ejemplo, a la seguridad ciudadana y en cuanto al desarrollo en la provincia de Alicante de determinadas competencias que tienen un valor importante como
puede ser Seguridad Social, como puede ser empleo o como pueden ser determinadas acciones que, por desgracia, van a estar condicionadas a si quien me lo pide es, no ya de un partido u otro sino dentro del propio partido, de un sector o de otro.
Por eso mantuve la pregunta. Agradezco que su equipo se pusiera en contacto conmigo para facilitarme más información si quería. La mantuve viva porque quería justificar también por qué la pregunta y por qué me quedan tantas dudas en el
aire de por qué el Gobierno de España permite que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana siga a sus anchas gestionando las instituciones, en este caso una que depende de ustedes que es la delegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (Ayllón Manso): En primer lugar, quiero reafirmar lo que le he dicho en mi primera intervención. Se hace una pregunta escrita, se cumple el plazo que tiene establecido en el
Reglamento y tiene usted todo el derecho del mundo a venir a esta Comisión y plantearla de forma oral a pesar de que el Gobierno ya le ha contestado de forma escrita.
Dicho eso, usted está basándose en cuestiones que no tienen nada que ver con los hechos. La respuesta que yo le estoy dando a la pregunta que usted formulaba -una moción de censura presentada por un partido político- es que esa moción de
censura no se llega a producir en términos absolutos porque la mesa de edad evita que se produzca, y lo que hace la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana es no recurrir esa decisión y, por eso, la moción de censura como tal no se
produce. Por lo tanto, el hecho objetivo del que podríamos hablar en este momento no tiene nada que ver con todo lo que usted ha comentado. Sin embargo, le quiero recordar un par de cuestiones. La primera de todas es que tengo competencia para
contestar por las actuaciones del Gobierno de España, no del resto de administraciones. En el resto de cuestiones que tienen que ver con las otras administraciones no puedo hacerlo, entre otras cosas porque no tengo el título competencial. Podría
hacerlo pero no tengo título competencial para responder en nombre del Gobierno. Por otro lado, los hechos demuestran que la Delegación del Gobierno lo único que ha hecho es aplicar el criterio de defensa del ordenamiento jurídico, actuar dentro de
las leyes y actuar dentro de sus competencias. Por lo tanto, el resto de cuestiones basadas en declaraciones, en suposiciones o en planteamientos que usted considera que se han podido hacer o no, chocan directamente con los hechos manifestados.
Usted ha ido incluso más allá; si me permite y con la brevedad necesaria del tiempo, usted ha hecho prácticamente un debate sobre el estado de la Nación, hablando de pensiones, de líneas rojas en educación. En el momento en que está su formación
política, con un debate interno sobre el liderazgo, han perdido en usted un magnífico candidato porque usted tiene capacidad para manifestar todas y cada una de las políticas. (El señor Campos Arteseros: No me quieras tanto). Y en un momento en
el que están buscando un liderazgo de futuro, no sé si está usted en plazo de presentar avales y recoger firmas, pero han perdido en usted una oportunidad. Si no es así, a nivel de la ejecutiva federal del Partido Socialista a lo mejor también lo
podría hacer usted en la Comunidad Valenciana porque también parece conocer muy bien todas esas políticas.
De todas maneras, insisto en decirle que lo que se demuestra tanto de los hechos como de las respuestas que le ha dado el Gobierno o las actuaciones que se han hecho en la Comunidad Valenciana por parte de la Administración General del
Estado, es que se ha cumplido la legalidad, que se cumple el ordenamiento jurídico y sencillamente que la normalidad institucional es lo que impera; lo que debería imperar. Le quiero recordar que en el año 2011 en el Ayuntamiento de Orihuela el
Partido Popular obtuvo 12 de los 25 concejales de ese pleno municipal. Tiene usted razón en que hay la posibilidad de que la fuerza más votada no gobierne; ocurre en muchas ocasiones, sobre todo cuando ustedes pierden las elecciones en muchos
sitios. Eso es respetar la democracia, pero cuando los hechos demuestran que se ha cumplido el ordenamiento y que se han cumplido las normas, usted tendría que reconocer esa cuestión y no intentar buscar visiones más allá de lo que la realidad nos
depara.
DE LOS DIPUTADOS DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ Y DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AYUDAS AL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DURANTE LOS EJERCICIOS 2004 A 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/041318). (Número de expediente 181/001794).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura en el tercer punto del orden del día tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Entre las preguntas que había también figuraba una sobre su opinión en cuanto a las declaraciones que hizo la delegada del Gobierno. Otra cosa es que no se responda. Me doy por satisfecho con la respuesta que
usted me ha dado. Entrando en la pregunta que tenemos en este momento, quisiéramos saber exactamente las ayudas al transporte urbano que ha habido para los municipios de la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (Ayllón Manso): Lo mismo que le he dicho en la primera pregunta me vale para la segunda. Ya está a su disposición; le hemos enviado desde hace tiempo la respuesta a esa pregunta.
Son datos muy específicos de la Intervención General de la Administración del Estado. Siento aburrir al resto de señorías, pero se los voy a dar. En relación con la pregunta de referencia y según datos de la Intervención General de la
Administración del Estado, IGAE, a continuación se facilitan los importes de las obligaciones reconocidas con áreas origen del gasto correspondiente a la Comunidad Autónoma Valenciana, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 3223-912C-462, año
2004... Son diferentes partidas presupuestarias que me evito tener que decirles del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado entre los años 2004 y 2013, hasta el 22 de diciembre de 2013, con detalle del ejercicio. En el cuadro
que le hemos suministrado se le dan esos importes de aquellas obligaciones reconocidas por ese concepto. En el año 2004, 13.120.000 euros; 11 millones de euros en 2005; 11,5 millones de euros en 2006; 15 millones de euros en 2007; 12 millones
de euros en 2008; 15 millones de euros en 2009; 15 millones de euros en 2010; cerca de 12 millones de euros en 2011; 8 millones de euros en 2012; y hasta diciembre de 2013, 7,2 millones de euros.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Lo que no entendemos -aprovecho también para preguntarle sobre ello- es por qué ese descenso de las ayudas. Si vemos, por ejemplo, los cuadros de inversión que hace el Gobierno en la Comunidad Valenciana se
observa cómo desde que ustedes gobiernan el descenso es gradual. (Muestra un gráfico). Si vamos en este caso a la provincia de Alicante, que también recibe ayudas de este tipo, vemos cómo en ambos casos hay una reducción del 63%, y usted puede
decir: estamos en la situación económica en la que estamos en el país y usted debe entender que hemos reducido la inversión en el transporte urbano y hemos reducido la inversión, en general, en la Comunidad Valenciana. Pero el problema es que
cuando voy a los datos de inversión media por habitante, me encuentro con que la media nacional está en 206 euros mientras que en la Comunidad Valenciana está a poco más de 112 euros, por lo tanto, no es un problema de que haya menos dinero para
invertir o para ayudas al transporte, sino simplemente que hay menos inversión en la Comunidad Valenciana. Este es el dato y no entendemos que baje porque no es un descenso general sino que baja más en la Comunidad Valenciana, donde hemos pasado de
representar el 9% de todo lo que invierte el Gobierno en comunidades autónomas a representar prácticamente el 6%.
Lo que pedimos es que se corrija esa discriminación que es en este caso si cabe más grave, como ahora explicaré, porque afecta a la movilidad de muchos ciudadanos. En muchos casos, como está pasando en el área metropolitana de Alicante,
cuando no existe esta ayuda por parte del Gobierno de España el Ayuntamiento de Alicante directamente deja de asumir gasto que atribuyen a otros municipios del área metropolitana, y directamente los ciudadanos se quedan sin transporte, porque como
ya no existen las ayudas o ha habido una reducción drástica de esas ayudas por parte del Gobierno de España... Le digo dos ejemplos muy claros: el área metropolitana de Alicante y el área metropolitana de Valencia. En esas áreas este descenso,
que usted mismo ha dicho que se produce y que ha quedado reflejado en el acta, comporta muchas veces que los ciudadanos no tengan esa movilidad, y es una movilidad que siendo un servicio público no solamente debe estar acogida al beneficio puro y
duro de los números, y sí evidencia por parte de su Gobierno una falta de apuesta por la movilidad ciudadana, una movilidad sostenible como debe ser en el caso del transporte urbano. De ahí que mantengamos nuestra pregunta, por si nos pudiera
ampliar su opinión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES (Ayllón Manso): Señoría, en este caso voy a intentar ser mucho más breve que en la respuesta anterior. Usted pregunta por qué hay descensos en la inversión en algunas cuestiones en
este país, y que me lo plantee usted me resulta ciertamente curioso. Hay otros diputados en esta sala, también de la Comunidad Valenciana, que seguramente tendrían mayor capacidad para hacer esa pregunta en el sentido de tener menos que comentar
sobre cuestiones pasadas que posiblemente serían mucho más sensatas. Pero yo le digo, primero, que el Gobierno de España, no solo en la Comunidad Valenciana sino en todas, por nuestra
división competencial hace que cada uno se ocupe de sus competencias, pero tiene que haber buena cooperación y coordinación entre todas ellas y así estamos actuando. Una de las líneas de reforma y de las líneas de actuación del Gobierno de
España en estos últimos años ha sido precisamente tratar de poner freno a aquellas cuestiones tanto de carácter financiero, como de inversión como de cualquier otro tipo, en el que las administraciones públicas españolas en un momento de profunda
crisis económica estaban pasando por una situación complicada. Así, por ejemplo, tenemos medidas importantes como el Fondo de pago a proveedores, que para que usted también lo conozca, ha supuesto 7.519 millones de euros en la comunidad autónoma a
la que usted se refiere, con cerca de 995.275 facturas que afectaban al conjunto de las administraciones públicas de esa comunidad; o el Fondo de liquidez autonómica, que también ha supuesto una importante inyección de capital, de financiación en
este caso, para la comunidad autónoma que, entre otras cosas y también aprovecho para decirlo, ha supuesto un ahorro en financiación para la comunidad autónoma de cerca de 1.490 millones de euros. (El señor Campos Arteseros hace signos negativos).
Sí, sí, esa es la situación, la diferencia entre lo que hubiera costado la financiación en un mercado ordinario y aquello que supone por la situación financiera que tiene la Comunidad Valenciana, igual que ocurre con otras comunidades autónomas de
nuestro país, la diferencia con lo que supone la obtención de esa financiación pública a través del Fondo de liquidez autonómica.
¿Por qué todo esto, por qué se reducen ciertas partidas de gasto público, por qué se han reducido determinadas inversiones en los últimos años? Le puedo asegurar que no es por deseo del Gobierno sino por las circunstancias. ¿Y cuáles son
las circunstancias? Las circunstancias son que cuando un responsable político se hace cargo de su cargo público, de sus responsabilidades, tiene que atender a dos cuestiones: una, lo que le gustaría hacer y, dos, lo que puede hacer de acuerdo con
las circunstancias. Esas circunstancias que yo le decía anteriormente fueron, por ejemplo, 30.000 de euros de déficit que nosotros no conocíamos en el momento de tomar posesión de nuestros cargos -aquellas personas que tenían responsabilidades en
materia de transporte se encontraron, por ejemplo, con esas partidas- y una serie de situaciones tanto de ausencia de reformas en el pasado como de situación de precariedad de nuestras cuentas públicas en muchos de los aspectos de nuestra economía
que han hecho necesario que el Gobierno, durante estos dos años y pico en los que hemos tenido el honor de ostentar esta responsabilidad, hayamos tenido que hacer muchas de las cosas que esperábamos no haber tenido que hacer pero que evidentemente
eran fruto de la mala gestión de los años anteriores. Por lo tanto, es posible que a usted no le gusten algunas cifras de inversión de este Gobierno, yo lo respeto, pero también me tendrá que reconocer que, gracias a algunas medidas que hemos
tomado durante estos últimos tiempos, ahora podemos volver a tener un nivel de crecimiento que empieza a dar cierta sensación de ilusión para el futuro de nuestra economía, hemos detenido la destrucción de empleo en nuestro país y parece que todos
los indicadores nacionales e internacionales van hacia una línea de recuperación en nuestra economía que al final es el objetivo que deberíamos tener todas las personas que nos dedicamos a la cosa pública, ya sea desde la oposición o desde el
Gobierno. El Gobierno va a seguir con las reformas, va a seguir insistiendo en mejorar la situación económica de nuestro país y yo espero que en el futuro podamos aumentar esas partidas de ayudas al transporte en la Comunidad Valenciana y en
cualquier otro punto de España y muchas otras partidas de gasto público que creo que redundarán en beneficio de los ciudadanos, pero algunas de las medidas que hemos tenido que tomar han sido necesarias para evitar el descalabro absoluto de nuestro
país, que creo que es lo que nadie hubiera querido en España. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. (Número de expediente 121/000094).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el proyecto de ley de transformación del Fondo para financiación de los pagos a proveedores. En primer lugar, tenemos que ratificar la ponencia designada para informar la iniciativa. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento).
Queda aprobada por asentimiento.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. (Número de expediente 121/000094).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al debate de las enmiendas pendientes. En primer lugar, y para defender las planteadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: El contenido del proyecto de ley que nos ocupa es muy limitado, se centra en una cuestión muy concreta: ha finalizado la última fase del Plan de pago a proveedores y lo que se nos propone es simplificar el régimen
jurídico de este fondo, eliminar su personalidad jurídica e integrar su gestión en la Administración General del Estado. Mi grupo ve algunas ventajas en esta propuesta y pocos o ningún inconveniente. Las pequeñas ventajas que se pueden conseguir
con esta integración son unos mínimos ahorros -ya no sería necesario hacer un contrato de rating o el asesoramiento jurídico- y, en segundo lugar, enviar la señal con más o menos credibilidad de que esta actuación extraordinaria ha finalizado y no
va a repetirse. Por tanto, vemos algunas pequeñas ventajas de esta propuesta. Los inconvenientes, como decía, son inapreciables: la Administración General del Estado se haría cargo de las deudas del fondo pero esas deudas en realidad son ya suyas
porque tienen la plena garantía del Estado, asume a cambio los activos, que son los derechos frente a las administraciones territoriales, se subroga en los créditos y -algo que valoramos positivamente- mantiene las retenciones del sistema de
financiación autonómica y local como garantía de los créditos.
Al hablar del Fondo de pago a proveedores tengo que recordar brevemente la postura de mi grupo sobre este tema, que hemos debatido varias veces en la Cámara. Mi grupo intentó en la legislatura pasada, en la medida de nuestras cortas
fuerzas, evitar el impago de los proveedores; nos opusimos, por ejemplo, al PlanE y dijimos que era mejor utilizar esos miles de millones de euros para pagar las facturas pendientes en vez de como se utilizaron o propusimos desde el principio la
necesidad del recorte del gasto superfluo de las administraciones para equilibrar sus cuentas. Una vez que se produjo el impago, fuimos -y quiero recalcarlo- y somos, por supuesto, partidarios de que se pague a los proveedores. Nuestras
discrepancias han tenido que ver con otras cuestiones colaterales, no con el pago en sí a los proveedores, tienen que ver con tres órdenes de cuestiones. En primer lugar, se ha tratado como algo de trámite una cuestión muy grave. Ha habido un
rescate de las administraciones territoriales de 40.000 millones con estos fondos de proveedores, y otros 40.000 millones más si añadimos los fondos de liquidez autonómicos; por tanto, 80.000 millones de euros. Lo sucedido fue muy grave, se
dejaron de pagar facturas del tercer sector, de los servicios sociales, de universidades, de centros tecnológicos, de pymes, de autónomos. Se ocultaron facturas en los cajones y todo esto, insisto, se ha tratado como algo de trámite y sin la
asunción de responsabilidades por parte de nadie. El segundo orden de discrepancias tiene que ver con que nosotros hicimos propuestas para lograr una mayor prontitud y un mayor alcance en las medidas. Propusimos que se crease una ventanilla en la
Administración General del Estado donde se pudiesen cobrar todas las facturas de comunidades y ayuntamientos, para descontarse posteriormente. Esto habría acelerado los pagos. Y propusimos ser más generosos en el régimen del IVA de caja, cuyo
fracaso ha pasado desapercibido, pero hasta ahora ha fracasado. Se pensaba que habría 2.300.000 beneficiarios y solo ha habido 22.000, un 1% de los propuestos. Por tanto, más prontitud y más alcance de las medidas es nuestro segundo campo de
discrepancias. El tercero y último tiene que ver con la condicionalidad. Al llevar a cabo estas actuaciones extraordinarias se ha roto un principio muy importante, incluso en los Estados federales, que es el principio de no rescate, el principio
de que una administración no se haga cargo de las deudas de otra, y el Estado se ha hecho cargo de las deudas de las administraciones territoriales. Este es un riesgo muy importante de cara al futuro y la única forma de conjurarlo, llegando adonde
hemos llegado, es la condicionalidad, que al final las administraciones territoriales acaben devolviendo esos créditos, acaben, en último término, haciéndose cargo de sus deudas y que esta actuación del Estado no suponga que unas administraciones
pagan las deudas de otras.
Por tanto, la condicionalidad es muy importante y es lo que explica nuestras dos enmiendas. Los créditos ya se han concedido, pero en el futuro puede haber mejoras de las condiciones financieras de esos créditos. Lo que proponemos es que,
si hay mejoras de las condiciones financieras en el futuro, vayan unidas a condiciones, que estén ligadas a la condicionalidad. Una enmienda se centra en el ámbito
de las administraciones locales. El Gobierno, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ha propuesto unas condiciones a las administraciones locales que a nosotros nos parecen acertadas. Se trata de que se adhieran al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, que se adhieran a la plataforma Emprende en 3, para acelerar el inicio de las actividades empresariales, y que elaboren un informe sobre la unidad de mercado y cómo
las normas locales lo perjudican. Nuestra enmienda lo único que busca es dar un mayor rango legal a estas medidas, incorporarlas al proyecto de ley que nos ocupa, reforzar su virtualidad dándoles un mayor rango legal. Y nuestra segunda enmienda lo
que busca es ampliar esta idea de que la mejora de las condiciones financieras vaya unida a condicionalidad también a las comunidades autónomas, no solo a las administraciones locales. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? Lo que proponemos es que,
si se mejoran las condiciones financieras, esto esté condicionado, en primer lugar, al estricto cumplimiento de los planes de reequilibrio vigentes, que no siempre se están cumpliendo, y en segundo lugar, a medidas de recorte adicionales en los
entes superfluos administrativos y no administrativos que siguen existiendo en las diferentes comunidades.
Estas propuestas son importantes porque debemos recordar que la deuda pública de nuestro país está en un 96% del PIB y en aumento, y supimos hace unos días que las deudas de las comunidades autónomas han alcanzado en 2014 el objetivo que
tenían marcado para 2016. Para poder pagar las deudas es importante tener unas finanzas saneadas y controlar el crecimiento de la deuda pública, evitando el peligro de que los problemas del pasado reaparezcan en el futuro. En cualquier caso,
independientemente de la aceptación o no de estas enmiendas, que creemos que mejorarían el proyecto de ley, y como dije al principio de mi intervención, insisto en que nos parece un proyecto de ley acertado en el sentido de que tiene algunas
ventajas y pocos o ningún inconveniente y lo votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda con un objetivo básico con tres ramificaciones: que los ayuntamientos tengan unas condiciones de pago más ventajosas y que, en todo caso, las puedan solicitar ante
el Ministerio de Hacienda. Las tres ramificaciones son que puedan ampliar el periodo de carencia, que puedan ampliar el periodo de amortización y que puedan ver alguna reducción en el tipo de interés. La crisis económica ha provocado una reducción
sistemática de los ingresos de las corporaciones locales que, no obstante, han realizado un esfuerzo meritorio por nivelar su situación económica que ha sido reconocido por todos. Sin embargo, la obligación que ha establecido el Estado de
transformar su deuda a corto en deuda a largo no debe lastrarlas de una forma innecesaria, porque ha provocado una serie de recortes en las administraciones locales, que son las más próximas al ciudadano y son las que tienen que dar unos servicios
más directos, y una serie de retrasos a la hora de dar una serie de servicios que desde mi grupo parlamentario no podemos comprender ni apoyar. Por eso, esta enmienda pretende ni más ni menos garantizar un desahogo mayor a los ayuntamientos para
que puedan seguir dando esos servicios, para que no tengan que incrementar los recortes a los que ya vienen obligados y puedan tener una situación más desahogada.
Por otro lado, quiero mostrar nuestra extrañeza una vez más ante el uso por parte del Grupo Parlamentario Popular de la vía de las enmiendas para acabar modificando otras leyes que no tienen una relación directa con este texto legal. Ya
tiene bastante poca relación la Ley de contratos del sector público, pero a mi grupo parlamentario le parece que modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado por el Campeonato del Mundo de Ciclismo es algo que no toca en ningún caso en este
procedimiento.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Quiero empezar mi intervención recordando que mi grupo parlamentario formuló una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Retiramos esa enmienda a la totalidad entendiendo que en la
tramitación en Comisión podríamos avanzar en un aspecto que nos preocupaba y que nos preocupa. Si bien podemos compartir la decisión del Gobierno de transformar el Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores con una diferente
naturaleza jurídica y poder ofrecer mejores condiciones financieras a las administraciones territoriales en forma de menores tipos de interés o mayores plazos de amortización y carencia, entendemos que imponer como
contrapartida obligaciones administrativas a las administraciones que quieran acogerse a la revisión de condiciones financieras no es de recibo. Ese es el principal objetivo de la enmienda número 5 formulada por mi grupo parlamentario:
garantizar que los menores costes financieros que permitirá el nuevo Fondo para la financiación de los pagos a proveedores reviertan íntegramente en las administraciones titulares que se adhirieron en su momento al mecanismo, con una mayor
flexibilidad para su devolución y sin acarrearles nuevas obligaciones con sus respectivos costes.
El pasado 24 de abril, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó un acuerdo para llevar a cabo la flexibilización de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas por las entidades locales
en el marco de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores regulado mediante el Real Decreto-ley 4/2012. ¿Cuál es el contenido del acuerdo de la comisión delegada? Primero, la posibilidad de ampliar el periodo de carencia; segundo, la
obtención de una reducción calificada como máxima del tipo de interés; y, para finalizar, una regla especial en relación con aquellas entidades locales con una situación financiera negativa y de endeudamiento elevado con el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
En este mismo acuerdo, las entidades que pretenden ser beneficiarias de las nuevas condiciones financieras, del mecanismo de financiación, deben cumplir unas obligaciones generales y otras adicionales. Entre las condiciones generales se
incluye la adhesión automática de las entidades beneficiarias al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Se obliga también a la adhesión automática a la plataforma Emprende en 3, prevista en el acuerdo del Consejo de Ministros, para impulsar y agilizar los trámites para el
inicio de la actividad empresarial, de 24 de mayo de 2013, y también se obliga a proceder a la sustitución inmediata de al menos un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables y a
elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local, que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Desde nuestro punto de vista, todas estas
obligaciones, que son, como decía, condiciones generales, obligarán y comportarán en muchos casos que los menores costes financieros que puedan conseguir los ayuntamientos por la revisión de las condiciones de los créditos que tienen suscritos
queden minimizados por los mayores costes derivados de las medidas administrativas, que nada tienen que ver con los créditos que la Administración central les obliga a adoptar. Resulta un sinsentido obligar a las administraciones locales a adoptar
medidas de carácter administrativo que supongan un coste para acogerse a un ahorro financiero, además de que esas condiciones generales vulneran, desde nuestro punto de vista, la autonomía de las administraciones locales.
Lo más curioso del caso, señorías, es que nos encontramos en una situación en la que, con la tramitación del proyecto de ley, al que ningún grupo parece que ponga objeción alguna, todos o la mayoría consideramos que el acuerdo de la comisión
delegada acarreará nuevas obligaciones y nuevos gastos. La enmienda propuesta, la número 5, formulada por mi grupo parlamentario, pretende incluir en el texto del proyecto de ley una nueva disposición adicional que exima a las administraciones
territoriales de la obligación de adoptar medidas administrativas complementarias, en el caso de solicitar la revisión y mejora de los contratos suscritos en virtud del Real Decreto-ley 4/2012. La reducción de costes y la ganancia de eficiencia que
permiten las medidas adoptadas en el presente proyecto de ley deben beneficiar muy especialmente a las administraciones territoriales beneficiarias de los préstamos, y en esta cuestión, si las leyes respetan la autonomía de las administraciones
territoriales y el desarrollo normativo de las mismas, que corresponde al Gobierno, la vulneran aprovechando la capacidad de presión que tiene la Administración General del Estado ante el apuro financiero que puedan tener las administraciones
locales, está claro que se produce un hecho que debe ser denunciado y es denunciado por mi grupo parlamentario. Un ejemplo claro en este sentido es la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y de la creación de un registro contable de facturas en el sector público. Esta disposición establece que la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado es voluntaria, tanto para
las comunidades autónomas como para las entidades locales. Si es voluntaria, como dice la ley, no es obligatoria y, sin embargo, la obligatoriedad la impone el Gobierno en el momento en el que un ayuntamiento solicita la modificación de las
condiciones del préstamo. Este planteamiento no se corresponde con los planteamientos de lealtad institucional que deben regir las relaciones entre administraciones públicas. En el caso también, por ejemplo, de la adhesión automática al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado,
en Cataluña la Ley 29/2010, de 3 de agosto, de uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, ya estableció la obligación de que las entidades que integrasen el sector público de Cataluña habrían de garantizar la aceptación
de facturas electrónicas, así como garantizar su extensión. El sistema adoptado en Cataluña es diferente al establecido por la Administración General del Estado. Está admitido por la Ley estatal de la factura electrónica y los ayuntamientos ya
operan con él, por lo que la exigencia administrativa que ahora pretende efectuar el Gobierno a través del proyecto de ley y del acuerdo de la comisión gubernamental nos lleva a una duplicidad de costes para los ayuntamientos. En resumen,
compartiendo, como decía, el objeto del contenido del proyecto de ley, con las medidas obligatorias que prevé el Gobierno quedan desvirtuados los principios de reducción de costes y de eficiencia que pretende y consigue el proyecto de ley de
transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
Acabo recordando, como decía al principio, que mi grupo formuló una enmienda a la totalidad que finalmente retiró, pensando que en la tramitación de este proyecto de ley, en el trámite en Comisión, podíamos llegar a algún tipo de acuerdo.
En ese sentido, a la espera de lo que pueda decir el grupo mayoritario de la Cámara, nuestro grupo parlamentario entiende que, a pesar de todos los beneficios que pueda contener este proyecto de ley, las medidas obligatorias conexas al mismo harían
muy difícil que fuera finalmente una medida suficientemente positiva.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar posición sobre el proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y defender la
presentación de una enmienda parcial al mismo; un proyecto de ley que responde, como así se indica en su memoria, a una reorganización administrativa para mejorar el funcionamiento del fondo y adaptar su estructura a las nuevas necesidades de
gestión derivadas del hecho de que en febrero de 2014 ha quedado completada la última fase del mecanismo y de que ya no se prevé la activación de nuevas fases. En definitiva, si lo que se pretende es ganar eficacia y eficiencia en la toma de
decisiones, no nos vamos a oponer a este proyecto de ley. Además, pensamos que puede ser una buena oportunidad también para regular mejores condiciones financieras a las entidades locales y comunidades autónomas que se acogieron al Fondo de
financiación para el pago de proveedores mediante la concertación de créditos; cuestiones que justifican que no hayamos presentado una enmienda a la totalidad, pero sí una enmienda parcial con la intención de no dejar sujeta a la arbitrariedad la
revisión de las condiciones financieras de los mecanismos de financiación para el pago de proveedores.
Al mismo tiempo que se está tramitando el proyecto de ley, el Gobierno ya ha rectificado las condiciones abusivas que en su día estableció para las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales. Digo abusivas porque las condiciones financieras impuestas a los ayuntamientos, como el tipo de interés, eran muy superiores a las de mercado, unas condiciones que reducían al mínimo la capacidad para
cumplir la obligación que tienen encomendada, que es la prestación de servicios a los ciudadanos. Así, el Gobierno ya ha ofrecido a los ayuntamientos la posibilidad de mejorar las condiciones financieras de los préstamos, pero lo ha hecho
imponiendo condiciones de carácter administrativo adicionales; condiciones que vienen a demostrar el fracaso inicial de determinadas plataformas virtuales que ha impulsado el Gobierno y a las que los ayuntamientos, por voluntad propia, no se han
acogido, como es la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado -muy pocos se han adherido a ella, como ya advertimos en el debate de proyecto de ley de facturación electrónica-, o la
adhesión a la plataforma de Emprende en 3, a la que los ayuntamientos no han querido acogerse por considerar que podrían quedar en una situación de indefensión. Por tanto, el Gobierno en esta ocasión lo que está haciendo es aprovechar la situación
de debilidad de los ayuntamientos para incorporar obligaciones que nada tienen que ver con el objeto de la mejora financiera. Como las plataformas no son un éxito, pues hay que conseguir que lo sean, aunque sea vía imposición, una situación que
siempre perjudica a los ayuntamientos de municipios de menor población.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda de adición para incluir una disposición adicional nueva con cuatro puntos: primero, para establecer la obligatoriedad de revisión de las condiciones financieras de los mecanismos de financiación
para el pago de proveedores en aquellos supuestos de mejora de la financiación de Tesoro Público a largo plazo, o cuando por cualquier circunstancia sea posible la mejora o flexibilización de dichas condiciones; segundo, para dejar constancia de
que la revisión de dichas
condiciones financieras podrán afectar a todos o a cada uno de los siguientes extremos: plazos de amortización, periodos de carencia y de pago de intereses o de amortización del principal, o reducciones del tipo de interés de los márgenes
máximos aplicables o de los márgenes de intermediación; tercero, para garantizar que la citada revisión no podrá hacerse depender de la exigencia de condiciones o requisitos adicionales distintos o superiores a las requeridas en el momento de
adhesión al mecanismo de financiación correspondiente; y cuarto, incorporar la obligación de información periódica al Congreso de los Diputados. Así, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas deberá remitir semestralmente al Congreso
de los Diputados un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición, así como la información relativa a los importes debidamente conciliados con los estados de tesorería y de contabilidad del Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores fase 2, correspondiente a los intereses cobrados y devengados y a las cuotas de amortización cobradas y pendientes de cobro, vencidas y no vencidas, así como a los estados contables intermediarios relativos a su situación
económica y financiera y la información relativa a los flujos de efectivo previstos del fondo para los trimestres de los ejercicios corrientes y siguiente.
En definitiva, con esta enmienda pretendemos asegurar la información al Congreso de los Diputados y que la flexibilización de las condiciones financieras no se realice con criterios arbitrarios. Lo importante de este proyecto de ley no es
la estructura organizativa de fondo sino la forma de flexibilizar e incorporar las mejoras de devolución de unos préstamos que se concertaron bajo unas condiciones abusivas, y es que el Gobierno ha castigado y está castigando sin paliativos a los
ayuntamientos. Empezó acusándolos de manirrotos y despilfarradores, como si el partido que sustenta al Gobierno fuese ajeno a cualquier responsabilidad. Cabe tener en cuenta que el afloramiento de facturas no pagadas ha sido una situación que se
ha producido en administraciones gestionadas de todo color político, entre las que tiene una posición destacada el Partido Popular. En 2011 las desviaciones del déficit público se produjeron básicamente por las comunidades gobernadas por el Partido
Popular. En la Comunidad Valenciana la ratio de deuda pública se situó en el 30,2% del PIB en 2012, encabezando el ranquin de todas las comunidades autónomas, y en el Ayuntamiento de Madrid el importe total de la deuda pública superó los 7.400
millones de euros en 2012, lo que supone casi el 50% del importe total de la deuda pública de las capitales de provincia. De hecho, Madrid ha sido el ayuntamiento que mayor importe ha solicitado del mecanismo de pago a proveedores, más de 1.000
millones de euros, un ayuntamiento que está gobernado por el Partido Popular desde hace décadas y cuyo gran responsable de sus dificultades financieras es un miembro del actual Gobierno. Generan el problema y luego acusan al sistema. Sin lugar a
dudas, lo que ha fallado es la gestión de algunos responsables políticos, pero esto no puede ser utilizado para recentralizar la Administración, no puede hacerse a través de una reforma de la Administración Local retrógrada que quita competencias a
los ayuntamientos, pretendiendo reducirlos a meras unidades administrativas. De momento, el Consejo de Estado ha avalado nuestras tesis pues ha dictaminado que el texto de la reforma local del Gobierno vulnera gravemente la autonomía local
constitucionalmente garantizada, un dictamen que ha realizado ante el recurso que plantearon más de 3.000 municipios españoles en representación de más de 17 millones de ciudadanos y que les habilita ahora para presentar su recurso ante el Tribunal
Constitucional. Hacemos, pues, de nuevo un llamamiento al Gobierno para que deje de criminalizar a los ayuntamientos, sobre todo a los de menor tamaño, que son los que más han contribuido a mejorar las ratio de cumplimiento de déficit y de
reducción de deuda, no imponiéndoles nuevas condiciones ante la posibilidad de flexibilizar los créditos contraídos y retirando ya la reforma local, que no se rige por criterios de eficiencia sino por criterios ideológicos.
Para terminar, queremos insistir en nuestro apoyo para que los proveedores continúen cobrando, nuestro apoyo también para desahogar a los ayuntamientos y comunidades, pero no queremos que se continúe atacando su autonomía constantemente.
Por todo lo expuesto, nos abstendremos en la votación del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posición, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Se nota, señora Blanquer, que no le ha gustado mucho el Plan de pago a proveedores, y es que ustedes fueron incapaces de hacerlo, como explicaré al final de mi intervención.
Señoras y señores diputados, 42.000 millones de euros que se han pagado, 200.000 proveedores que han cobrado, 8 millones de facturas que se han sacado de los cajones, 4.000 entidades locales y 14 comunidades autónomas que han sido ayudadas,
3.000 millones de euros de ahorro financiero, y lo más
importante: miles de pequeñas y medianas empresas, miles de autónomos salvados de la quiebra y del cierre, y 400.000 empleos que han podido mantenerse. Estos son los auténticos y verdaderos beneficiarios del Plan de pago a proveedores.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Señorías, era inaceptable la situación, porque no era admisible que una empresa tuviera que cerrar y que sus trabajadores perdieran el empleo porque una Administración no le pagara los servicios prestados.
Y eso pasaba todos los días en la anterior legislatura con un Gobierno socialista. La morosidad de las administraciones públicas, las deudas de las corporaciones locales y las comunidades autónomas con sus proveedores era uno de los grandes
problemas de nuestra economía y fue una de las causas que hizo perder miles de empleos y cientos de empresas. Por eso, erradicar esa morosidad y eliminar el stock de facturas acumuladas fue una de las primeras tareas que acometió el Gobierno del
Partido Popular. Una iniciativa, señorías, que ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas, una iniciativa que en momentos de destrucción de empleo ha servido para salvar muchos miles de puestos de trabajo, y una iniciativa que ha servido
además para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de nuestro sistema de bienestar, porque casi el 70% de las facturas que se han abonado corresponden a sanidad, educación y servicios sociales, insisto: seis millones de facturas. Culminamos
ahora con este proyecto de ley un trabajo que se inició por el Gobierno en uno de los primeros consejos de ministros de esta legislatura. El 20 de enero de 2012 -no llevaba el Partido Popular ni un mes en el Gobierno- el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, señor Montoro, anunciaba la decisión de crear este mecanismo extraordinario de financiación para pagar las deudas acumuladas por las administraciones territoriales con los proveedores.
Señoras y señores diputados, ahora que se ha completado el mecanismo y no se prevén nuevas fases del plan, el Gobierno presenta este proyecto de ley, un proyecto para simplificar el régimen jurídico del fondo en el contexto de los procesos
de reordenación administrativa y de consolidación fiscal orientados a una mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El fondo pierde su personalidad jurídica y será absorbido con los medios ordinarios y dentro de los presupuestos
del Ministerio de Hacienda para gestionar solamente ya los préstamos con comunidades autónomas y entidades locales.
Quiero hacer algunas consideraciones de carácter global sobre las distintas enmiendas presentadas. Hasta donde yo conozco, no hay ninguna polémica con este asunto y la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha valorado muy
positivamente la mejora en las condiciones de los préstamos acordadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Las condiciones iniciales del plan fueron establecidas por esa comisión delegada y esa misma comisión fue la que el pasado 24 de
abril adoptó un acuerdo modificando las condiciones, en ningún caso abusivas, del acuerdo tomado en su momento, un acuerdo que está en este momento en proceso de desarrollo y aplicación. Por tanto, no parece necesario incorporar estas nuevas
condiciones a este proyecto porque no existen motivos para su inclusión en normas con rango de ley.
Las nuevas condiciones no son caprichosas ni tampoco onerosas, como no fueron abusivas en su momento, porque fueron las que pudieron conseguirse en aquellos momentos de grave crisis. Hay que recordar en qué momento se aprobó el fondo y en
qué momento se puso en marcha esta operación. Estas medidas van en la línea del apoyo permanente que ha prestado el Gobierno de España desde que gobierna el Partido Popular a la Administración local y que, junto con el esfuerzo impresionante que
han hecho las propias corporaciones locales, ha permitido que entre 2011 y 2013 hayan pasado del 0,39% de déficit al 0,41% de superávit y, al mismo tiempo -esto es muy importante-, hayan mantenido los servicios públicos esenciales que tienen que
prestar a los ciudadanos. Respecto a las nuevas condiciones instrumentales, como la adhesión a la factura electrónica o la plataforma Emprende en 3, por ejemplo, tienen por objeto conseguir una mayor eficiencia en la actuación administrativa, algo
en lo que estoy seguro de que todos coincidimos. Por cierto, el portal de la factura electrónica será completamente gratis para estas entidades locales y mejorará la eficacia y la transparencia en la gestión sin gasto alguno. Respecto a las
condiciones para los ayuntamientos con situación financiera negativa, tengo que señalar, por ejemplo, que en los nuevos planes de ajuste a veinte años se valorarán las medidas ya adoptadas por las entidades locales que tengan efectos en los próximos
años.
En cualquier caso, señorías, no intenten buscar problemas donde no los hay y convertir en algo negativo lo que es muy positivo para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas que se acogieron a la primera fase del Plan de pago a
proveedores y muy especialmente, insisto, para miles de proveedores y trabajadores. El Plan de pago a proveedores, junto con otras medidas como la Ley de control de la deuda comercial del sector público y la Ley de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el sector público, ha permitido reducir la morosidad y que se pueda
garantizar el pago de las administraciones en los plazos previstos en la ley. Las administraciones públicas españolas tienen que pagar puntualmente las obligaciones contraídas. Esa tiene que ser su norma de comportamiento, porque España,
con un Gobierno del Partido Popular, vuelve a ser un país serio que cumple sus compromisos, un país en el que se puede volver a invertir con plenas garantías.
Señor presidente, señorías, otros no fueron capaces de encontrar la solución al problema de la morosidad. Ustedes, señora Blanquer, fueron incapaces de hacer un plan así y tengo que decirle, por cierto -porque habla usted de alguna deuda de
algunas comunidades o ayuntamientos-, una cosa muy importante, y es que la mayoría de las deudas que se han pagado con el Plan de proveedores se acumularon en gran parte entre los años 2007 y 2011, cuando, gobernando el Partido Socialista, las
administraciones territoriales fueron castigadas por un Gobierno que disminuyó las trasferencias y la financiación continuamente. Esa fue la causa fundamental de esa acumulación de deudas. Como decía, no fueron capaces de encontrar la solución al
problema de la morosidad. Todavía recuerdo a la vicepresidenta señora Salgado y al señor Chaves cuando en esta Cámara decían que no era posible un plan de estas características y cuando nos retaban a proponer esas fórmulas mágicas, entre comillas,
que lo hicieran posible. Pues bien, señorías, señora Blanquer, era posible. Se aprobó, se puso en marcha, se ha ejecutado y ha cumplido su gran tarea canalizando, como he dicho antes, 41.000 millones de euros hacia la actividad económica,
inyectando liquidez a 200.000 empresas y autónomos, reduciendo la morosidad y saneando las cuentas públicas, pagándose 8 millones de facturas, salvando 400.000 empleos y contribuyendo al sostenimiento de los servicios públicos de sanidad, educación
y servicios sociales que se prestan a los ciudadanos por las comunidades autónomas y por las entidades locales. Esto es lo que ha significado el Plan de pago a proveedores, señorías.
Termino agradeciendo a los grupos que han anunciado su voto afirmativo, especialmente al Grupo de Unión Progreso y Democracia, al señor Anchuelo, el respaldo que va a dar al proyecto de ley y lamentando en el resto de los casos que no se
produzca así. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Suspendemos un instante para preparar la votación y, a continuación, procederemos a votar. (Pausa).
Vamos a votar todas las enmiendas individualmente porque son muy pocas y es más sencillo. Votamos en primer lugar la enmienda número 8 de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 33; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 9 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 33; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 2, de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Dado que se trata de un proyecto que se aprueba con competencia legislativa plena, sometemos a votación el informe elaborado por la ponencia con las enmiendas incorporadas y con competencia plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y será remitido al Senado para su tramitación.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.