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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 588, de 11/06/2014
cve: DSCD-10-CO-588
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 588
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles,
11 de junio de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002691) ...
(Página2)
- Relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001868) ... (Página6)
- Sobre la venta de viviendas por parte de las entidades bancarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001006) ... (Página8)
- Sobre la situación del personal investigador en consorcios y organismos públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002319) ... (Página12)
- Relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que en los procedimientos de subastas de bienes inmuebles se notifique a las comunidades de propietarios para garantizar las acciones
para el pago de las deudas a las mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002351) ... (Página16)
- Sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002814) ... (Página18)
- Relativa a la necesidad de fomentar la participación privada en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002410) ...
(Página22)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la gestión de áreas comerciales urbanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002588) ... (Página27)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR EL INJUSTO TRATAMIENTO QUE SUFREN LOS PREFERENTISTAS ESTAFADOS EN SU DECLARACIÓN DEL IRPF DE 2013. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002691).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Dadas las especiales circunstancias que estamos viviendo estos días, los distintos grupos me piden que hoy los intervinientes hagan el esfuerzo de ser lo más escuetos que puedan por muy diversas circunstancias. Les rogaría que, entre todos,
cumplamos hoy con un poquito más de celeridad el desarrollo de la sesión para que las votaciones sean no antes de las siete y media, pero vamos a intentar que sean a esa hora.
Como tienen ya la información sus señorías, se cambió el orden del día a petición de distintos grupos, y el primer punto que debatiremos será el que tienen ustedes en el orden del día como número 7.º, sobre medidas para corregir el injusto
tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013. El autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. El señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: No me extenderé sobre los rasgos generales de la estafa de los preferentistas, porque es un tema que ha venido en diferentes ocasiones tanto al Pleno como a la Comisión y a la subcomisión de transparencia
financiera, pero sí recordaré que se trata de una de las mayores estafas de nuestra historia económica, que fueron cientos de miles los afectados, con un alto porcentaje de personas jubiladas, a los que se les comercializó de forma inadecuada como
productos de renta fija unos productos complejos y de alto riesgo sin darles la información adecuada y sin tener en cuenta su perfil de riesgo. Esto se produjo, además, con la negligencia, si no connivencia, de los encargados de velar por que esto
nos sucediese: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y los propios Gobiernos de la época, más preocupados por recapitalizar a las cajas politizadas en quiebra que por las consecuencias de estas actuaciones.
Traemos este tema de nuevo hoy aquí por un asunto muy específico, por un asunto muy concreto, que es el remate de lo que los poderes públicos han hecho con los preferentistas. Como consecuencia de las quitas que sufrieron, los
preferentistas han incurrido en fuertes pérdidas. Esas quitas fueron desde el 38% en los menores casos, como por ejemplo Bankia, hasta porcentajes superiores al 60%; y se produjeron al canjear las preferentes por otros instrumentos financieros,
normalmente acciones. Por lo tanto, hubo pérdidas entre el 38 y 60% como consecuencia de ese canje, de esas quitas. Posteriormente, en algunos casos, las acciones se han revalorizado y han recuperado no todo lo perdido, pero sí una pequeña parte
de lo perdido.
Según el régimen tributario vigente en España -y desarrollado también en algunas consultas vinculantes- tienen un diferente tratamiento las pérdidas en el canje, que se tratan como rendimientos negativos del capital mobiliario y solo pueden
compensarse con otras pérdidas de similar naturaleza en los cuatro años siguientes -algo difícil de que suceda, excepto si el preferentista tiene dividendos altos-. Se tratan de forma diferente las pérdidas en el canje como rendimientos negativos
del capital mobiliario -insisto- de lo que son las eventuales plusvalías por la venta de acciones, que se tratan como ganancias del patrimonio y que tributan entre el 21% y el 27%. Por tanto, las dos cosas no se pueden compensar.
Uno puede tener fuertes pérdidas en el canje, pero no puede compensarlas con las eventuales plusvalías por la venta de acciones.
Intentaré explicarme mejor con un ejemplo numérico. Imaginemos el caso de un preferentista que invirtió 100.000 euros en participaciones preferentes y sufrió la menor quita posible, la de Bankia, el 38%. Pierde, por tanto, 38.000 euros;
sus 100.000 euros se convierten en 62.000 que recibe en acciones. Posteriormente sube el precio de esas acciones. En abril habían subido un 16,05%. Imaginemos que vende esas acciones que recibió por 62.000 en 71.951 euros. Él sigue perdiendo
dinero: sus 100.000 se han convertido en 71.951 euros. Sin embargo, para Hacienda tiene que tributar por las plusvalías generadas por esas acciones. Las recibió por 62 y las vende por 71. Tiene que tributar por esos 9.951 euros y pagar 2.247
euros por esas plusvalías. Realmente está pagando por una ganancia ficticia. Sus 100.000 euros se han convertido en 71.000 euros, pero sus acciones han generado una plusvalía.
Nos parece que esto es injusto, que va contra el principio constitucional de capacidad de pago, afecta también a los que participan en arbitrajes, si esos arbitrajes suponen una quita, aunque sea menor, y la solución es relativamente
sencilla, que es modificar la ley del IRPF, en concreto el artículo 49, algo que habría que hacer con celeridad porque está concluyendo la campaña de 2013, estamos a mitad de 2014, los años de compensación van transcurriendo y creemos que se puede
hacer con celeridad porque en el caso de la amnistía fiscal se cambiaron las normas fiscales con celeridad. La misma celeridad se podría y se debería aplicar en ese caso. Por tanto, la solicitud es modificar la Ley del IRPF de forma urgente para
hacer frente a esta situación excepcional. Es una modificación excepcional para hacer frente a una situación excepcional que permita compensar las pérdidas en el canje con las posteriores plusvalías que puedan generar los instrumentos recibidos en
el canje.
A esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha hecho una enmienda que es muy similar a nuestra propuesta, pero aporta un añadido que nos parece interesante, como es incrementar el plazo de compensación que normalmente es de cuatro años
a diez años. Insisto, como esta es una situación excepcional nos parece que pueden estar justificadas estas medidas excepcionales. Por tanto, vamos a admitir esa enmienda y animaríamos al resto de grupos, y muy particularmente al grupo
mayoritario, a que tengan en cuenta esta solicitud en vista, creemos, de su sentido común, no hacer tributar a los preferentistas por ganancias ficticias.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO MENDOZA: En primer lugar, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley entre otras razones porque coincide con parte de la que ya tenemos registrada y
publicada en junio de 2013, pendiente de debate en esta Comisión. Simplemente hemos presentado una enmienda porque consideramos que es una mejora técnica a la propia propuesta de resolución.
En ese sentido coincidimos con UPyD en que lo que fue la resolución del FROB de abril de 2013 significó una primera e importante quita para los más de 500.000 titulares de preferentes y de deuda subordinada de las bancas o de las entidades
financieras nacionalizadas. Esa primera quita supuso en algunos casos hasta una pérdida del 68% del valor nominal. Esa fue la primera quita como consecuencia de la conversión de los híbridos en acciones, una conversión obligatoria a través de los
planes de reestructuración. Hubo una segunda quita y es la segunda quita que se produce cuando los minoristas titulares de acciones tienen que recuperar y hacer líquido esas acciones, en el caso de Bankia a través de la venta en Bolsa y en el caso
de NovaGalicia Banco a través en concreto del Fondo de Garantía de Depósitos. Ahí se produce una segunda quita porque se produce una pérdida del valor de conversión de las acciones al valor de venta en los respectivos momentos. Esta segunda quita
ha supuesto para algunos una pérdida global y acumulada en torno al 80% del valor nominal del ahorro que tenían depositado en preferentes y deuda subordinada.
En el caso de que no se tomen medidas en relación con la fiscalidad, se produce o se produciría la tercera quita y la tercera quita viene como consecuencia de la aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en concreto, lo
que es la Ley 38, de 28 de noviembre, que viene a decir en su artículo 49.1a) y 1b) que las bases imponibles del ahorro están divididas en dos masas, una que es el rendimiento del capital mobiliario y otra que es el aumento o disminución
patrimonial. Pues bien, las pérdidas o ganancias que se producen en una masa de la base imponible del ahorro no son compensatorias o no se pueden compensar con la del aumento o disminución patrimonial que se produce. Por tanto, la primera
quita o la pérdida que se produce en el momento de vender las acciones se considera pérdida de rendimiento de capital mobiliario y la segunda, en el caso de que aumentase como consecuencia de que las acciones aumenten la cotización porque se
retenga, sería un aumento patrimonial. Esa pérdida y ese beneficio no se pueden compensar aplicando la ley actualmente. Por tanto, estamos de acuerdo en que hay que modificar la Ley del IRPF para posibilitar que la pérdida del rendimiento capital
mobiliario se compense con los beneficios que se pudiesen dar en los aumentos de patrimonio como consecuencia de la venta de acciones. ¿Pero cuál es la mejora técnica que hacemos? Es que si bien hay que modificar la Ley del IRPF en su artículo 49,
también hay que modificar parcialmente tanto la Ley del impuesto sobre sociedades como la Ley del impuesto sobre el patrimonio y la Ley de renta de no residentes para aplicar de forma universal la posibilidad de compensar y evitar la tercera quita
que se podría estar produciendo. Luego añadimos algo más y es que se dé un plazo de hasta diez años para posibilitar esta compensación y no sea exclusivamente en un año, sino que se tenga un periodo de diez años para que la pérdida ocasionada como
consecuencia de la quita correspondiente y de la conversión de los híbridos en acciones sea compensada en un plazo máximo de diez años con los mayores beneficios que se obtengan en el aumento del patrimonio a la hora de vender estas acciones.
Consideramos que es una mejora técnica. Insisto, esperemos que sea aceptada por UPyD, por el proponente, y, en el caso de que no sea aceptada, nosotros, desde luego, vamos a votar a favor de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere algún grupo fijar posición? (Pausa). Por el Grupo de Convergència i Unión, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Intervengo muy brevemente. La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la problemática de las preferentes es bien conocida y no entraré en ella, pero sí quiero recalcar y recordar
nuestra sensibilidad respecto a esta problemática que ha afectado a muchas persona y, sobre todo, nuestro empeño manifiesto y decidido por encontrar soluciones a la misma como se ha puesto de manifiesto en las iniciativas que desde mi grupo se han
impulsado en relación con la problemática de las preferentes.
Respecto a la propuesta que UPyD nos presenta y, más allá de la complejidad de la misma, porque entendemos que es una propuesta compleja, mi grupo parlamentario cree que esta debe ser tomada en consideración.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón. Les recuerdo otra vez que sean lo más breve posible.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo con mucha brevedad porque además es conocida también la posición de nuestro grupo con respecto a esta problemática que nosotros hemos definido como estafas preferentes también, como otros grupos lo han
hecho en ese sentido, pero queríamos manifestar que nuestro apoyo a la propuesta es total por una razón muy sencilla y es que, siendo estafados por un fenómeno bancario, y siendo cierto que es compleja la resolución de este problema concreto, más
complejo fue el rescate del sistema financiero y más leyes tuvieron que cambiarse para rescatar el sistema financiero. Por tanto, no cabe ninguna argumentación que se dirija en este sentido y votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, también quiero ser breve, pero, antes de comenzar mi intervención, quiero hacer cuatro precisiones que considero relevantes al tema que nos ocupa. La primera de todas, tranquilizar a
todos los diputados que han intervenido con anterioridad a mí y a los que nos están escuchando puesto que si se trata de preferentistas estafados, nada de lo que se ha hablado aquí tiene aplicación en el ordenamiento tributario. Es decir, en el
caso de los preferentistas estafados, si han sido estafados, no tiene efecto tributario ninguno ni el canje de preferentes por acciones ni por supuesto el resultado económico derivado de la transmisión de las acciones, nada de esto tendría efectos
tributarios. ¿Y cómo se tributaría en este caso? Más tarde entraré de lleno en este tratamiento tributario.
Lo segundo es que el tratamiento tributario al que estamos haciendo referencia, pese a que en la PNL se comenta que lo ha establecido una consulta vinculante de tributos, esto efectivamente no es así porque la Dirección General de Tributos
lo único que puede hacer en virtud de las funciones que tiene atribuidas
es interpretar las normas. El tratamiento tributario deriva de una ley de 1985, de 25 mayo, donde califica cómo se deben tributar los rendimientos derivados de las preferentes, y con posterioridad la Ley del IRPF, que es de 2006. Subrayo
estas fechas porque algunos grupos que han intervenido han tenido responsabilidades de gobierno posteriores a 1985 y a 2006 y habrían podido por su potestad hacer los cambios que consideraran oportunos.
La tercera precisión es que no se puede legislar del caso particular porque aquí se ha puesto un ejemplo de un preferentista que hace un canje, obtiene una pérdida y luego vende y obtiene una ganancia y no puede compensar, esto es cierto.
Pero también se podría decir que este preferentista con las acciones puede obtener unos dividendos que sí podría compensar, y también este preferentista puede tener unos pequeños rendimientos derivados de una cuenta de depósito que también puede
compensar; y también habrá preferentistas que tengan rentas del trabajo que tampoco pueden compensar porque la base imponible general tampoco se puede compensar con la base imponible del ahorro. Asimismo, puede haber un autónomo que haya adquirido
unas preferentes que tampoco pueda compensar porque los rendimientos de actividades económicas tampoco se pueden compensar con la base imponible del ahorro. Por tanto, lo único que queda claro es que el impuesto de la renta de las personas físicas
es un impuesto complejo, es un impuesto sintético que grava la capacidad económica global del contribuyente, del obligado tributario, y no por categoría de renta. Tendríamos que trasladarnos a épocas preconstitucionales cuando había unos impuestos
a cuenta y sí se grababa la capacidad económica en el denominado impuesto de las rentas de capital, en el impuesto de las rentas del trabajo, en la cuota por beneficios del llamado impuesto industrial, etcétera. Pero el impuesto actual no es así,
es sintético y no es el sumatorio de las distintas fuentes de renta. Esto es una realidad que es así y creo que como mejor cumplimos con la equidad tributaria es cumpliendo las normas tal y como están establecidas y exigiéndoselas igual a todos.
Por otro lado, querría recordar al señor Anchuelo que no resulta posible modificar la legislación aplicable a un devengo de un impuesto que ya se ha producido en 2013 aunque estemos en la campaña. La normativa que se aplicaría nunca es la del
período de declaración sino la de la fecha del devengo.
Hechas estas cuatro precisiones, me gustaría entrar en el tratamiento tributario de las preferentes para comentarlo. ¿Cuál es este tratamiento? Lo primero de todo es que ha habido muchísimos canjes de preferentes, se han cambiado
preferentes por depósitos, se han cambiado preferentes por otros títulos de renta fija, se han cambiado preferentes por acciones. También muchísimos preferentistas han emprendido acciones colectivas o individuales y ahí no vamos a entrar porque
cada una de las resoluciones judiciales tendrá el tratamiento derivado del caso concreto de que se trate. Pero sí vamos a examinar un poco qué es lo que ocurre, cuál es el problema. El problema que subyace es que las preferentes se califican por
la Ley de 1985 como rendimientos de capital mobiliario tanto las rentas derivadas de las mismas como el producto de su amortización, canje o reembolso; y, sin embargo, los títulos de renta variable, el rendimiento de los títulos de renta variable
es rendimiento de capital mobiliario y el producto de la transmisión es ganancia o pérdida patrimonial. Según se haya tenido más o menos un año, será aplicable la base imponible general y la tarifa general o la base del ahorro y también la tarifa
del ahorro. Luego este es el problema: que los títulos de renta fija y los títulos de renta variable tienen un tratamiento tributario distinto, pero esto es así y lo ha sido durante una larga trayectoria, no podemos ahora asombrarnos. ¿Y cuáles
son las razones? Tampoco tengo tiempo por la brevedad de esta exposición de entrar en ello pero podrán comprender que se derivan, que la voluntad de quien transmite está mucho más condicionada en los títulos de renta variable que en los títulos de
renta fija.
Por último y para referirme muy brevemente al proceso de arbitraje que tanta incidencia ha tenido en la resolución de muchos canjes de preferentes, he de decir que cuando hay un laudo estimatorio ninguna de las circunstancias que hemos dicho
tienen efecto tributario, no influyen en el IRPF, y solo habrá un rendimiento de capital mobiliario por la diferencia del precio de adquisición y suscripción y el precio convenido en el convenio arbitral. Es decir, ahí ya nos olvidamos de
rendimiento de capital mobiliario por el canje y nos olvidamos de ganancia o pérdida patrimonial por la venta de las acciones. También tengo que decirles que en caso de novación de deuda subordinada tampoco tendríamos estos problemas porque se
cambia un titulo de renta fija por otro título de renta fija, con lo cual ambos serían rendimientos de capital mobiliario.
Como conclusión, ¿qué podríamos decir? Pues que se reconoce por parte del Grupo Popular que hay una gran complejidad técnica en la liquidación del impuesto de la renta de las personas físicas porque hay dos bases imponibles, la base
imponible general y la base imponible del ahorro; que ambas bases imponibles se determinan de manera distinta con unos gastos diferentes, con unos tipos diferentes y con
unas normas de integración y compensación diferentes, y que las rentas del ahorro están compuestas por dos componentes diferenciados: las rentas de capital mobiliario que se integran y compensan entre sí y el saldo negativo en los cuatro
ejercicios siguientes y también las rentas de la base imponible del ahorro, que se califican como ganancias o pérdidas patrimoniales. Existe esa complejidad técnica pero también les quisiera dar un mensaje de esperanza, y es que el Gobierno de
España ya ha anunciado una reforma del sistema tributario cuyo único objetivo no es otro que garantizar la equidad tributaria, la progresividad y la suficiencia financiera para un Estado moderno que tiene que sostener el Estado del bienestar. Pero
también quiere facilitar el cumplimiento voluntario a la vez que perseguir el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Indudablemente la simplificación en la liquidación del impuesto es uno de los elementos principales que tenemos que abordar y
espero las aportaciones que hoy han realizado se vuelvan a realizar durante la tramitación de la ley y durante la misma ahí se podrán hacer estas aportaciones que serán tenidas en cuentas, valoradas y seguramente podrán ser recabadas en el nuevo
sistema tributario y en la nueva ley del IRPF que se va tramitar con brevedad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la aceptación o no de la enmienda, señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Señor presidente, como dije en mi intervención, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
- RELATIVA A LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS INGENIEROS EN INFORMÁTICA E INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001868).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática. Es del Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa tiene la palabra su
portavoz, la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Efectivamente intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender esta iniciativa relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática.
Señorías, el crecimiento económico de los países más avanzados se basa en el progreso de las tecnologías de la información y la comunicación. La informática es una disciplina que tiene un papel central en el ámbito de las llamadas
tecnologías de la información y la comunicación y también en la consecución del objetivo de hacer realidad la sociedad de la información y del conocimiento en España. La informática constituye un vector fundamental para la modernización de los
servicios básicos para la ciudadanía, siendo el eje fundamental de la denominada economía digital, lo que está suponiendo una revolución de los modelos económicos a escala global, sirva como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Los estudios en ingeniería e ingeniería técnica en informática en España nacieron en 1969 y desde 1990 son títulos oficiales, son por lo tanto estudios de larga tradición en nuestro país. La pregunta que les hago, señorías, es si es
pertinente regular las profesiones de ingeniero e ingeniero técnico en informática. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Socialista, la respuesta es clara: sí. La doctrina europea respecto del criterio para regular el
ejercicio de una actividad es que debe afectar directamente a la seguridad física y/o económica de personas y empresas, a la seguridad nacional o al medio ambiente. Ambas profesiones cumplen estos criterios, afectando directamente a la seguridad
nacional, como queda patente en las políticas de ciberdefensa o en la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas de protección de las infraestructuras críticas, la cual establece a las tecnologías de la información y la comunicación como sector
estratégico para España. La estructura colegial de ambas profesiones es muy amplia. Ambas ingenierías cuentan con un consejo general a nivel nacional; la ingeniería, con once colegios autonómicos y, la ingeniería en informática, con trece
colegios autonómicos.
Dicho todo esto, señorías, son las únicas ingenierías sin reconocimiento de cualificación profesional, sin titulación universitaria regulada, sin atribuciones profesionales ni ámbito competencial. Están excluidas del Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y también están excluidas del proceso de Agenda digital. ¿Todo ello saben a qué lleva? Lleva a que estos profesionales no tengan definidas sus atribuciones profesionales ni su ámbito competencial y
que estén además en un limbo jurídico quienes ejercen las profesiones pero también sus clientes. La nueva directiva de la Unión Europea,
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, recoge, entre otras novedades, la creación de una tarjeta profesional europea que, como certificado electrónico, ofrecerá a los profesionales la posibilidad de beneficiarse de un
reconocimiento de sus cualificaciones más fácil y más rápido. También incorpora el principio de acceso parcial para determinadas profesiones, así como el fomento del desarrollo profesional continuo que goza de reconocimiento además automático. A
todo esto, señorías, les será imposible acceder a los profesiones españoles, ya que no tienen reconocidas sus cualificaciones profesionales.
Y para sumar a esta situación tan disparatada, el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, lejos de dar una respuesta a esta situación, deja a ambas profesiones fuera, siendo las únicas ingenierías que se omiten. Las
consecuencias de la falta de regulación del ejercicio profesional de estas profesiones es evidente: vacío legal, que compromete tanto a los profesionales como a los clientes, precariedad laboral, prácticas fraudulentas, falta de control en la
calidad de productos y servicios, desprotección del consumidor, entre otras. Es, pues, insólito que un sector declarado estratégico carezca de norma que regule la prestación de servicios o de control de calidad. Todo esto está derivando, señorías,
en una torre de Babel de sistemas informáticos que proliferan de forma descontrolada, incompatibles entre sí y de cuestionable integridad estructural. Esta inseguridad jurídica está poniendo además en riesgo el arraigo en España de la llamada
economía digital como nueva dimensión de la economía que se encuentra inmersa en un espacio inteligente, que se compone de información, instrumentos de acceso y procesamiento de la información y capacidad de comunicación.
Señorías, después de todo esto, les hago otra pregunta: ¿España puede permitirse el lujo de prescindir del cuerpo profesional informático? Y les pregunto además: ¿No es justo que los ingenieros e ingenieros técnicos informáticos tengan
los mismos derechos y deberes que el resto de los ingenieros e ingenieros técnicos? Señorías, ¿existe alguna presión para que esto no sea así? ¿De qué tipo? ¿De quienes? ¿Por qué? Desde luego desde el Grupo Socialista creemos que este es un
tema de gran importancia, por eso hemos presentado esta iniciativa. Creemos que el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales ha de regular las atribuciones de estas ingenierías porque además creemos que es de justicia. Yo les pido
a sus señorías que apoyen esta iniciativa y a los señores del Grupo Popular que recuerden que rectificar es de sabios, que no se empecinen en su error, que defiendan los intereses generales y que no prevalezca otro tipo de intereses.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar su posición? (Pausa). Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo brevísimamente para decir que desde el punto de vista de mi grupo la proposición no de ley busca corregir una situación discriminatoria que sufren los ingenieros en informática y los ingenieros técnicos
en informática respecto al resto de ingenierías, y este es el motivo de que vayamos a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, por La Izquierda Plural, tiene la palabra.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Igualmente, nuestro grupo lo que quiere manifestar es su apoyo a esta propuesta para corregir un fenómeno que lleva demasiado tiempo sin resolverse y, por lo tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puente.
El señor PUENTE REDONDO: Señorías, quería fijar en nombre del Grupo Popular nuestra posición. Como bien ha dicho alguno de mis compañeros, efectivamente la situación de los ingenieros lleva mucho tiempo sin resolverse y quería comentar
varias cosas. Como ingeniero de telecomunicaciones y amigo de muchos ingenieros informáticos, estoy totalmente de acuerdo en que las tecnologías de la información, como ha comentado mi compañera del Grupo Socialista, son y serán un factor clave en
la mejora de la competitividad y productividad de las empresas y la eficiencia de las administraciones. Particularmente también -y lo he expresado muchas veces en esta casa- soy un firme convencido de la importancia de las tecnologías dado su
carácter transversal en todos los sectores, lo cual permite tanto hacer crecer económicamente como incrementar su productividad a las empresas y con ello permitir un crecimiento económico e igualmente crear empleo. También estoy de acuerdo en la
importancia de las ingenierías de informática y en la necesidad de contar, para hacer de España un país innovador y de futuro, con los ingenieros informáticos tanto superiores como técnicos.
Es cierto que en España la ingeniería informática es ya una ingeniería académicamente reconocida, aunque de forma peculiar, lo que viene provocando esa incertidumbre que se ha comentado, y este Gobierno tiene toda la intención de solucionar
ese problema que viene de varios años atrás. Y aquí quería hacer mención a dos puntos. En cuanto a la proposición no de ley que se presenta, quiero indicar que el Gobierno efectivamente aprobó el pasado 2 de agosto el anteproyecto de ley de
servicios y colegios profesionales, cuyo objetivo es la creación de un moderno marco regulador de los servicios y colegios profesionales que garantice el acceso y ejercicio a las profesiones de la forma menos restrictiva posible con el consiguiente
efecto positivo sobre productividad, competencia y una asignación eficiente de los recursos. Con todo ello entendemos, por un lado, que en estos momentos no corresponde esta iniciativa, ya que, como digo, se está llevando a cabo la tramitación del
anteproyecto de ley de servicios profesionales, una ley transversal que afecta a todos los sectores con carácter general, que, en la medida en que se recogen los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, ya contempla la
problemática que se plantea en el texto de la proposición; y, por otro lado, en ese anteproyecto, hasta donde conocemos, no se entra a regular ninguna atribución. Recordemos también que la ley de servicios y colegios profesionales, como digo, es
un anteproyecto que está en órganos consultivos y que se puede modificar a lo largo de todo su trámite tanto antes de llegar a las Cámaras como una vez llegue al Congreso, y será entonces cuando podremos realizar las diferentes modificaciones y
alegaciones.
Quiero indicar también -ya para concluir, señor presidente, y no agotar todo el tiempo- que, dado que intervenían muchas áreas para dar una respuesta a la proposición que nos hacía el Grupo Socialista, no hemos podido presentar una enmienda,
pero estamos trabajando este problema y anuncio que mi grupo ha elaborado y presentará en breve una iniciativa en la que insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la ingeniería informática alcance el mismo nivel de definición
académico que el resto de ingenierías.
- SOBRE LA VENTA DE VIVIENDAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001006).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la venta de viviendas por parte de las entidades bancarias. Para su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví. Tiene usted la palabra.
El señor BALDOVÍ RODA: Se calcula que la reordenación de la banca ha movilizado más de 100.000 millones del Estado, dinero que se nos niega en muchos casos para la gente, por ejemplo ahora mismo con la problemática de los comedores
escolares. Esto no es demagogia, son números, y la gente ahora mismo tiene mucha indignación. La gente no entiende que Bankia, por ejemplo, se compre por el Estado y eso no repercuta en ningún beneficio para los ciudadanos, que un banco malo
gestionado desde el Gobierno sea incluso más malo que la banca privada. Los hipotecados, los usuarios, los que piden créditos no lo entienden, y la gran pregunta es: ¿En qué puede beneficiar a un ciudadano que el Estado se haya gastado el dinero
de las políticas sociales en pagar la deuda de los bancos si esto no repercute en ningún beneficio para el hipotecado con dificultades para pagar o para el empresario que necesita un crédito?
Lo poco que ha cambiado ha sido gracias a plataformas de lucha ciudadana como la Plataforma de afectados por la hipoteca, una lucha de uno a uno porque la propuesta legislativa, después de las miles de firmas recogidas, ha sido modificada de
tal manera que ya resulta muy difícil de reconocer por sus promotores, y todo ello a pesar de que la Unión Europea ha advertido a España de que debe cambiar la legislación. A veces parece que las directrices de Europa solo se acatan cuando interesa
a alguien, porque los bancos siguen desahuciando cada día y el prometido crédito necesario para la economía no fluye, a pesar de múltiples promesas y engaños. Entonces, la gente se pregunta: ¿de qué nos sirve haber prestado millones de euros a
fondo perdido a la banca? Nuestra propuesta es para que sirva de algo. La decisión del Gobierno del Partido Popular de hacernos pagar las pérdidas generadas por el sector financiero y aglutinarlas en un banco malo no es una decisión adoptada en
interés general. La Sareb ha adquirido ya más del 40% de los activos tóxicos de la banca y los adquiere con dinero público: 2.000 millones aportados por el Estado al constituir la Sareb y 50.000 millones garantizados por deuda con garantía del
Estado. Todo ello para acabar finalmente, en muchos casos, vendiéndoselo a fondos buitre que hacen su agosto aquí. Encima, la Sareb funciona con total opacidad. Lo que reivindicamos es básicamente proteger a la población local, en detrimento de
los intereses de los mercados financieros; rescatar, en definitiva, a las personas.
Sobre la brecha salarial, durante los últimos años la brecha salarial entre el asalariado y el empresario que cotiza en Bolsa ha crecido exponencialmente, especialmente en estos años de crisis, y la inexistencia de reparto de rentas ha
incrementado enormemente la desigualdad y desincentivado el consumo. En el año 2012 el salario medio de los directivos de empresas aumentó un 3,16% y el de los empleados disminuyó aproximadamente un 1% en las empresas que cotizan en el IBEX-35. El
objetivo que plantea esta proposición no de ley es precisamente establecer estas limitaciones cuando se trata de bancos que han percibido dinero público para ser salvados. De igual modo, entendemos que ha de prohibirse que los miembros de los
órganos directivos de dichos bancos reciban una indemnización por su partida o primas por su contratación. La inmoralidad que reina en la economía española ha de encontrar una respuesta en este Parlamento. Por eso, nuestra proposición insta al
Gobierno a que realice los cambios normativos necesarios, con el fin de obligar a las entidades financieras que hayan percibido o perciban dinero público, tanto del FROB como de los mecanismos que se creen para garantizar su viabilidad, a cumplir
con un compromiso de responsabilidad social y buenas prácticas empresariales con la población. Entre otras cosas, pedimos que se renegocien las condiciones hipotecarias de las personas que tienen dificultades para pagar la hipoteca, destinar un 30%
de sus beneficios a obra social para que pueda revertir en la gente, eliminar indemnizaciones a los directivos de los consejos y adecuar las retribuciones de los miembros de los consejos de administración a la situación salarial de los trabajadores.
En definitiva, propuestas todas de sentido común y que la gente entendería que se pudieran adoptar.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda porque entendíamos que la proposición no de ley que se nos presenta por parte del grupo del señor Baldoví era una buena oportunidad para poner el foco de nuevo en la
falta de vivienda que, de hecho, es el motivo inspirador del texto de la proposición no de ley. La proposición no de ley pone de manifiesto que aún existe un problema de falta de vivienda a disposición de las personas que se ven privadas de su
vivienda habitual y familiar por causa de un procedimiento hipotecario. Resume también que hemos llegado a este punto como consecuencia inexorable de la crisis. Además, venimos de una burbuja inmobiliaria que facilitó que se diese crédito con
mucha alegría, hubo mucha alegría crediticia, se accedió al crédito de forma exagerada y además fallaron todos y cada uno de los mecanismos del Estado para controlar esta concesión de crédito para la adquisición de viviendas. Nos pareció que esta
proposición no de ley era un buen motivo más para instar a que las entidades financieras, sobre todo aquellas que están participadas con fondos públicos, pongan viviendas a disposición de las personas necesitadas por causa de pérdida de su vivienda
después de un procedimiento ejecutivo inmobiliario para poder realojar a estas personas.
Entendemos que la solución que hasta ahora se ha venido dando por parte del Gobierno del Estado no es suficiente. Se están dando pasos en este sentido, pero sigue aún habiendo déficit de vivienda y, por otro lado, mucha vivienda cerrada en
los activos de los bancos. También es cierto y se pone de manifiesto, como el propio Gobierno ha reconocido, que el Fondo social de vivienda creado para intentar paliar este déficit de vivienda no está dando los resultados oportunos y de hecho se
va a abordar una reforma de este fondo. Por tanto, entendíamos que también las entidades financieras participadas del FROB podían tener la opción de prestar o poner a disposición activos inmobiliarios, a los efectos de movilizar parque inmobiliario
y además permitir a las administraciones de proximidad hacer políticas activas de vivienda. En este sentido habíamos propuesto nuestra enmienda. No nos sentíamos del todo cómodos con el redactado del petitum, puesto que entendíamos que son
proposiciones que podrían ser sometidas a un debate, porque no entendemos por qué un 30% de los beneficios o por qué un mínimo de un 70%. Entendíamos que el contenido de esta proposición podía ser mucho más amplio, pero el fin último, la voluntad
de Convergència i Unió, es conseguir movilizar activo inmobiliario. De ahí el sentido de nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posiciones, en primer lugar y por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Leire Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado una proposición de ley solicitando que todas las entidades financieras que reciban ayudas públicas a través del FROB estén obligadas a
suscribir el código de buenas prácticas. Con esto se cubriría
parte del contenido de la proposición que presenta el Grupo Mixto. Alguien me podría decir -seguramente lo hará el portavoz del Grupo Popular- que en realidad prácticamente la mayoría de las entidades financieras que reciben ayudas a través
del FROB ya son suscriptoras de ese código de buenas prácticas. Pero lo cierto también es que para el Grupo Parlamentario Socialista no se trata de códigos de buenas prácticas ni de códigos éticos ni de códigos de responsabilidad social como
compromete la proposición no de ley, sino de garantizar derechos a los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, la proposición no de ley nos parece menos ambiciosa que otras proposiciones u otras iniciativas que ya hemos debatido en esta misma
Comisión y que, lamentablemente, han sido rechazadas por el grupo de la mayoría, lo que nos lleva a que sigamos viendo situaciones extremas para buena parte de la población en nuestro país.
En esa ambición deberían añadirse, además de lo que contiene, algunas sugerencias sobre la modificación de la ley, en el sentido de que se prohibieran los desahucios de todas las entidades públicas que reciban ayudas públicas, en el caso de
que haya causas sobrevenidas y no dolosas en las familias que suscribieron los préstamos hipotecarios. O que hablemos de la protección y cumplimiento del código de buenas prácticas y sus recomendaciones también cuando se está especulando con las
ayudas que han sido rescatadas por parte del banco malo, cuando se producen transmisiones de las viviendas. Porque de nada nos sirve que las entidades que reciben ayudas a través del FROB cumplan con el código de buenas prácticas si a continuación
esas viviendas son vendidas a fondos buitres sin que esas garantías se mantengan para los deudores, para la gente que en su día pudo acceder a esas viviendas. Se trata, por tanto, de garantizar derechos y no solo de apelar a la responsabilidad
social de la banca o a la responsabilidad de una buena práctica bancaria. Esta iniciativa, en cualquier caso, es la constatación, como decía el Grupo Parlamentario de CiU y como decía el proponente del Grupo Mixto, del fracaso de una alternativa
social de vivienda propuesta por el Gobierno, del fracaso de un Fondo social de vivienda y de haber puesto el derecho a especular por encima del derecho a techo.
Ya hemos registrado iniciativas en este sentido. Entenderíamos que un verdadero Fondo social de vivienda, una alternativa social de vivienda debería contar no con un puñado de viviendas propuestas por las entidades financieras, sino con
todas las viviendas que proceden del stock de viviendas vacías y con buena parte -por obligación- de viviendas que reciben ayudas procedentes del FROB para evitar que se estén malvendiendo, para evitar que estén cerradas mientras que mucha gente
sigue perdiendo sus viviendas, mientras mucha gente se ve sometida a procedimientos de ejecución hipotecaria y lanzada de sus casas. En cualquier caso, compartimos el sentir de la proposición no de ley en cuanto a que hasta ahora las medidas que se
han adoptado han fracasado y, aunque sea a través del espíritu del llamamiento a la responsabilidad social de la banca, de la ética y de la propia gestión del Gobierno, pensamos que este tipo de iniciativas son buenas para dar soluciones a las
necesidades y a los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Ojalá lo hiciéramos mediante garantía de derechos, pero ante la negativa del grupo mayoritario a que lo hagamos mediante el uso de la ley, apelamos al uso de la responsabilidad y
del sentido ético tanto del Gobierno como de las entidades financieras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo ha presentado en muchas ocasiones iniciativas de esta naturaleza, entendiendo además que es una necesidad desde las coordenadas ideológicas de la solidaridad y de entender que la vivienda es un
derecho humano y no simplemente un bien con el que se comercia o se especula. Creemos que hay que suscribir las palabras del portavoz del Grupo Mixto que hacen referencia a las contradicciones y paradojas que enfrentan a un país y a un Gobierno que
rescata al sistema financiero pero deja asoladas a decenas de miles de familias. Asímismo, hacemos constar que, dentro de las competencias que hemos podido gestionar, no solo se traduce en un elemento puramente de deseo, sino en que Izquierda Unida
y La Izquierda Plural, desde sus competencias en la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha una política de vivienda alternativa a la del Gobierno, demostrando, por tanto, con hechos y no solo con palabras que es posible construir una forma
diferente de gestionar un derecho humano, como es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, suscribimos de nuevo esta propuesta e insistimos en la idea de que es necesario y urgente ponerlo en marcha porque ya son muchos meses de retraso, incluso
diría años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Para fijar la postura de mi grupo me veo obligado a recordar muy brevemente las dos principales medidas que hemos realizado respecto de esta problemática. Una fue crear un stock de vivienda pública en alquiler
utilizando parte de las viviendas que estaban en las entidades nacionalizadas, ahora en la Sareb, algo que se decía que era imposible y que se ha acabado haciendo, pero con una cuantía muy limitada de ese stock y creemos que se podría haber sido
mucho más ambicioso. La segunda medida es una ley de segunda oportunidad que trate a las personas físicas como a las personas jurídicas en situaciones de insolvencia, permitiéndoles reestructurar su deuda en función de su capacidad de pago al igual
que se hace con las empresas. Siendo esta nuestra postura, es fácil entender que podamos compartir parte de esta proposición no de ley, en concreto los dos primeros puntos relativos a que se renegocien hipotecas en casos de dificultades de pago o
pueda haber disminuciones de la deuda en función de la capacidad de pago. Pero el resto de la proposición no de ley nos genera importantes discrepancias, porque no creemos que tenga sentido la propuesta de obligar a vender o a alquilar el 70% de
los activos inmobiliarios, ya que para vender tiene que haber un comprador al otro lado. Quizá haya entidades que quieran vender el cien por cien de esos activos inmobiliarios, pero tienen que tener a alguien que los quiera comprar, no se les puede
obligar a vender. Tampoco creemos que tenga sentido obligarles a dedicar el 30% de los beneficios a la obra social siendo entidades privadas, aunque puedan haber recibido ayudas públicas en el pasado.
En cuanto a las indemnizaciones de cese o jubilación, hemos sido muy críticos, tanto como cualquier otro grupo, respecto de las indemnizaciones abusivas, en particular en las cajas de ahorros quebradas; pero una cosa es que no haya
indemnizaciones abusivas y otra suprimirlas radicalmente. Por último, la propuesta de un salario que no supere tres veces al salario mínimo tampoco la compartimos y como la discutimos en detalle en la Comisión de Empleo, me remito a los argumentos
que allí facilitamos. Por este motivo, el sentido de nuestro voto será la abstención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: La verdad es no sé qué es lo que opina el señor Baldoví de que respecto de su proposición no de ley se diga que se han debatido otras mucho más ambiciosas en materia de vivienda. No sé si hay una especie de
carrera del Grupo Parlamentario Socialista de adelantar a algunos partidos, incluso a Compromís-Equo, por la izquierda. No sé a qué obedece esta carrera. Su proposición no de ley principalmente plantea dos cuestiones: la renegociación de las
condiciones hipotecarias, incluida la reducción de la deuda de las personas con dificultad de pago, y eliminar las indemnizaciones por cese o jubilación y limitar las retribuciones de los miembros de un consejo de administración y de los directivos
de las entidades financieras que hayan recibido dinero público. Creo que podría terminar mi intervención leyendo unas declaraciones de don José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, en un congreso en Castilla-La Mancha, en las que
decía: Coincido plenamente con José Borrell al lamentar que haya sido un Gobierno popular y no un Gobierno socialista el que haya bajado los sueldos de los banqueros o haya promovido la dación en pago. Esto lo decía don José Bono, del Partido
Socialista. Lo decía porque, efectivamente, proteger a los deudores hipotecarios permitiéndoles la renegociación de la deuda y su reducción es lo que hace la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios, reestructuración de la deuda y la dación en pago. Y limitar los sueldos de las entidades financieras que hayan percibido dinero público es lo que hace el Real Decreto-ley 2/2012, de saneamiento del sector financiero.
Voy a recordar lo que dice la Ley 1/2013. En primer lugar, suspensión por dos años de los lanzamientos consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria para las personas con dificultades de pago. Y para esas personas con dificultades de
pago establece, en primer lugar, la posibilidad de reestructurar la deuda con carencia de amortización del capital durante cinco años ampliando el plazo de amortización y reduciendo el tipo de interés al Euríbor más 0,25. Si así esa familia con
dificultades de pago no pudiera hacer frente a sus obligaciones, entonces hacer una quita del 25% del capital pendiente y si así tampoco pudieran hacer frente a sus obligaciones, dación en pago con cancelación total de la deuda hipotecaria y con
posibilidad de continuar en la vivienda en concepto de alquiler. El Gobierno define perfectamente a quiénes considera personas con dificultades de pago, vulnerables o en el umbral de la exclusión, y lo fija en ingresos inferiores a tres veces el
Iprem, es decir 22.365 euros para el año 2014 y que tengan cargas familiares. Entiendo que el señor Baldoví hubiera hecho una propuesta diciendo que ampliásemos los requisitos flexibilizándolos para que entre un mayor número de familias. Entonces
debería haber planteado qué requisitos son los que le parecen bien al señor Baldoví. En vez de tres veces el Iprem, cinco, que son
37.000 euros; diez, que son 74.000; veinte, que son 149.000. El Gobierno creyó en su momento que tres veces el Iprem era un límite razonable, pero sin duda alguna si se hubiera propuesto una ampliación, estoy seguro de que se hubiera
estudiado.
Pero un año después de haber aprobado esta ley, que permite que se reestructure la deuda, que permite una quita e incluso la dación en pago, presentar una proposición no de ley que pretende reestructurar la deuda no nos parece adecuado. Es
verdad que la proposición no de ley tiene fecha de noviembre de 2012, pero ha sido incluida en el orden del día en esta fecha y podía no haberlo sido. En la exposición de motivos de la proposición no de ley el señor Baldoví hace referencia -como si
fuera responsabilidad de este Gobierno, de este grupo parlamentario o del partido que represento- a la burbuja inmobiliaria y al elevado coste y el largo plazo de las hipotecas. Voy a recordar algunos datos. En el año 2003 -último año del Partido
Popular- se concedieron 78.000 millones de euros de préstamos al promotor; en 2009, 324.000. En el año 2003, préstamos adquirentes, 278.000 millones de euros; en el año 2009, 652.000 millones de euros. Creo que es fácil que usted vea de quién es
la responsabilidad de la burbuja inmobiliaria. Importe de las hipotecas: en el año 2003 el importe medio de la hipoteca era de 105.000 euros y un plazo de veinticuatro años; en el año 2007, de 150.000 y un plazo de treinta años; en 2012 -es
verdad que por la crisis-, se ha vuelto a niveles del año 2003. Pero ahí puede ver usted perfectamente -y yo creo que es la parte que no lleva bien el Partido Socialista- que ha sido un Gobierno socialista el que ha permitido esta burbuja
inmobiliaria, estos préstamos excesivos, estos plazos excesivos de devolución de la hipoteca y haya sido un Gobierno del Partido Popular el que ha posibilitado por primera vez la reestructuración de la deuda, las quitas de capital pendiente o la
dación en pago para las personas o familias con dificultades económicas o en situación de vulnerabilidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, ¿acepta o no la enmienda?
El señor BALDOVÍ RODA: Agradezco la oferta de Convergència, pero quiero que se vote en sus términos.
- SOBRE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN CONSORCIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002319).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición, sobre la situación del personal investigador en consorcios y organismos públicos. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor
Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Como usted dice, hablamos de los investigadores y las investigadoras, una parte importantísima de nuestro capital humano. No creo que haya ninguna duda hoy de que si descomponemos los factores del
crecimiento económico, el capital humano supera al resto de los capitales, al financiero, al capital físico, y representa no solo un esquema esencial para la realización personal sino para el crecimiento económico. El hecho de que se esté
despidiendo a investigadores y a investigadoras en España es una tragedia personal y es un gravísimo error para nuestra economía. El Real Decreto 20/2011, de 30 diciembre, que fue el primero que aprobó este Gobierno, prohibió la incorporación de
nuevo personal al sector público para el año 2012 salvo que la contratación se derivara de ofertas de ejercicios anteriores, y estableció que no se podrían efectuar contrataciones temporales salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirían a sectores, funciones y categorías de profesionales que se consideraran prioritarios. Luego las leyes de 2013 y 2014 han repetido esta decisión.
¿Qué implica esto? Implica que en el ámbito del sector público únicamente caben contrataciones temporales siempre que sean excepcionales, impidiéndose el carácter de fijeza para cualquier investigador que esté en una situación de contrato
temporal. Esta limitación impide la contratación no solo en el sector público, sino también en los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público, y se extiende a investigadores de
excelencia que desarrollan programas punteros, de los cuales depende el resultado de los proyectos de investigación. Afectan también estas normas a un programa prestigiosísimo como es el Ramón y Cajal, que ha supuesto un elevado esfuerzo económico,
realizado por parte de las arcas públicas, para formar a investigadores cuya máxima potencialidad se obtiene en el largo plazo por los proyectos de investigación, así como la necesidad de aprovechar esa potencialidad, como decía antes, en el largo
plazo, lo que impiden estas normas que
estamos mencionando porque abocan al despido de muchos de estos investigadores por las limitaciones establecidas. Por ello, nuestro grupo ha ido presentando iniciativas contra estas disposiciones, en concreto las referidas a la contratación
de personal de las fundaciones del sector público y de consorcios, con el fin de que las contrataciones que pudieran realizarse en este ámbito, aunque excepcionales, fueran indefinidas o bien temporales para mantener el empleo, todo ello con la
finalidad de poder dar continuidad al empleo creado y en este caso a unos proyectos de investigación que dependen de la estabilidad del investigador, y también para evitar de nuevo la fuga de cerebros cuya captación o recuperación era uno de los
fines perseguidos por el programa Ramón y Cajal. Hay diversos organismos afectados. Les puedo indicar que en la provincia que represento, solo en la provincia de Salamanca hay dos, en concreto, el Centro de Láseres Pulsados, con una importantísima
inversión, y el Centro del Cáncer. En este año, 2014, les puedo decir que se ha producido ya el despido por la aplicación de estas normas de varios de los investigadores de estos centros, que han tenido que reubicarse la mayoría fuera de España,
con lo cual probablemente su nueva captación, la vuelta a España, pueda demorarse bastante tiempo.
Estas son instituciones de la máxima relevancia, con un impacto notable en la ciencia española y europea que se van a ver afectadas por estas disposiciones, por estas normas, y sin embargo, no es suficiente lo que se ha introducido en el
artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 2014, excepcionando de la aplicación de dichas limitaciones a veinticinco investigadores con certificación de excelencia académica 13, lo que obviamente es insuficiente. Si no varían estas normas,
muchos de estos organismos, en concreto los dos mencionados en Salamanca, se verán -ya se están viendo- abocados a despedir a valiosísimos investigadores, lo que supondrá una pérdida irreparable para los proyectos que desarrollan. Obsérvese,
señorías, sobre todo las del Grupo Parlamentario Popular, que esta situación es absurda y que se aplica incluso a organismos que tienen recursos suficientes para mantener a este personal, pero que se ven obligados a desprenderse de los mismos
únicamente en razón a lo establecido por una norma general, como es el real decreto-ley mencionado y las sucesivas leyes generales de presupuestos. En consecuencia, lo que pedimos en la proposición no de ley es que el Congreso inste al Gobierno a
permitir la continuidad de este personal investigador en fundaciones públicas, consorcios y organismos públicos de investigación, amenazados -algunos ya han sido despedidos- por el despido debido a estas limitaciones establecidas a su permanencia
por las leyes de presupuestos generales de los años 2012, 2013 y 2014, con la finalidad de que se puedan realizar contrataciones, aunque fueren excepcionales, bien de carácter indefinido -sería lo ideal- o temporal para dar continuidad al empleo
creado y a los proyectos de investigación que dependen de la estabilidad del investigador, así como para evitar de nuevo la fuga de cerebros cuya captación o recuperación era uno de los fines perseguidos por el programa Ramón y Cajal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Respecto a la proposición no de ley que se debate, presentada por el Grupo Socialista, quisiera hacer unas breves consideraciones. En primer lugar, quiero recordar y destacar cómo Convergència i Unió a lo largo de
esta legislatura, y antes también, en los años de crisis y de restricciones presupuestarias hemos apostado y defendido siempre la importancia y el impulso de las políticas de I+D+i; repito, incluso en épocas de crisis donde las restricciones
presupuestarias obligaban a priorizar los recursos disponibles. Entendíamos que una de las prioridades eran los recursos destinados a las políticas de investigación, desarrollo e innovación, porque el ámbito de la investigación y de la innovación
es un factor determinante en la transformación de nuestro modelo productivo y determinante y esencial para la competitividad de nuestro sistema económico. Nuestra apuesta por la I+D+i no es solo cuantitativa, es también cualitativa. También
nuestro grupo parlamentario ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de incorporar criterios más flexibles, que permitan la competitividad del sector. En los últimos tiempos continuamos encontrándonos con unas ciertas rigideces que dañan la
competitividad y que, a nuestro entender, deben ser removidas. Por ello, el grupo parlamentario que represento considera que ya que es difícil o ha sido difícil hasta ahora aumentar la financiación, es necesario no solo intentar aumentarla en línea
con la prioridad que representa la I+D+i, sino que también es necesario flexibilizar al máximo toda la normativa, y una manera de hacerlo es eliminando las restricciones en la contratación pública en las posiciones científicas. En este sentido,
respecto a las restricciones en la contratación pública de posiciones científicas, me gustaría destacar que en los últimos años el personal científico formado en centros e instalaciones científicas y tecnológicas del sistema público de investigación
ha
mostrado una elevada movilidad internacional e institucional, aumentando también la partida de investigadores de estos centros de excelencia hacia otros países e instituciones.
Como decía, también creemos, señor presidente y señorías, que es necesaria una mayor flexibilidad en los criterios en aras de permitir la retención del talento, que es básico, ya que entre los perjuicios que ocasiona esta restricción a la
contratación se encuentran aquellos derivados de las posibles pérdidas de contratos con la industria por falta de personal cualificado dentro de las instituciones. Un ejemplo más a los que ya ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista
es que en el año 2013, en el marco del sincrotrón ALBA, una de nuestras infraestructuras más importantes en materia científica, hasta cinco personas dejaron su puesto. Esto representa más de la mitad respecto al periodo 2012. Los destinos han sido
otros países, pero la consecuencia es una pérdida de talento.
Para terminar, quisiera hacer unas breves consideraciones sobre la apuesta, que ha de ser inequívoca y determinante, por la I+D+i. Hemos de ser capaces de avanzar más y mejor hacia un modelo y un sistema de investigación, desarrollo e
innovación más flexible, más abierto, más atractivo en la captación de talentos, más interactivo entre los distintos agentes que intervienen en el sistema; un modelo que estimule y favorezca la movilidad y la participación real de los
investigadores en sus proyectos y en su transferencia; y, como dice otra de las proposiciones que se debatirá más tarde en materia de I+D+i, un modelo que estimule también una mayor colaboración público-privada, pero sin restar nada a los recursos
y a la participación pública.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, que apoyaremos, en una fase de recuperación económica la apuesta cuantitativa por la I+D+i ha de ser un objetivo claro y acorde con la recuperación y los recursos
disponibles, que esperamos que lo sean cada vez más; pero es necesario dar señales y evitar la pérdida de talento, poner en valor las capacidades científicas de las que disponemos en conocimiento y en infraestructuras y que han permitido a nuestro
sistema y a nuestros investigadores un reconocimiento inequívoco a nivel internacional y un posicionamiento global de la ciencia de muy alto nivel. Esto no lo podemos perder, en absoluto; al contrario, no solo hemos de mantenerlo, sino también
impulsarlo. Sinceramente -estoy absolutamente convencida-, el conocimiento y la puesta en valor del conocimiento está en la base del crecimiento económico y social, y la investigación fruto de este conocimiento constituye la primera fase de un
proceso que nos lleva a la transferencia y a la innovación; sobre todo nos lleva a una sociedad y a una economía más avanzada, más innovadora, más competitiva, basada en este conocimiento, en este talento que no podemos perder y sobre todo en el
valor añadido que este incorpora.
Termino ya, señor presidente. Mi grupo parlamentario votará favorablemente esta proposición no de ley. Continuamos preocupados por la fuga de talento que existe. Consideramos que es necesario adoptar medidas que permitan evitar esta fuga
y retener y atraer más talento. Por tanto, mi grupo -repito- apoyará esta iniciativa que permite la continuidad del personal investigador en fundaciones públicas, consorcios y organismos públicos de investigación que permitan atraer talento, evitar
la fuga de cerebros. Sobre todo, ponemos de manifiesto nuestro inequívoco compromiso por la investigación, el desarrollo, la innovación, el talento y las infraestructuras que nuestro país tiene en materia de I+D+i.
El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, tiene usted la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Voy a intervenir brevísimamente para recordar la preocupación que mi grupo ha manifestado en numerosas ocasiones por la situación de la ciencia y la I+D en España, deteriorada por los fuertes recortes de los últimos
años y partiendo de una situación inicial que no era lo suficientemente buena ni siquiera en los años más boyantes. Hemos manifestado esta preocupación en los distintos Presupuestos Generales del Estado de cada año con numerosas enmiendas, con
proposiciones no de ley, algunas defendidas y otras registradas en esta misma Comisión, y con nuestro apoyo a la Carta por la Ciencia. En coherencia con esa preocupación apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: Señorías, intervengo muy brevemente para explicar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Esta iniciativa insta al Gobierno a permitir la
continuidad del personal investigador en fundaciones públicas, consorcios y organismos públicos de investigación amenazados por el despido debido a las limitaciones establecidas por las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2012, 2013 y
2014. Se pretende con ella que tales
organismos puedan realizar contrataciones, aunque excepcionales, de carácter indefinido o temporal para dar continuidad al empleo creado y a proyectos de investigación que dependen de la estabilidad de los investigadores, así como a evitar
la fuga de cerebros, cuya captación o recuperación era uno de los fines perseguidos por el programa Ramón y Cajal.
Señorías, es cierto que en los últimos años, como consecuencia del impacto de la crisis económica y del incremento del déficit público, las leyes de presupuestos han establecido limitaciones en relación con el acceso al personal de nuevo
ingreso mediante oferta de empleo público. Este, junto con los límites a los incrementos retributivos, constituye en el ámbito de los costes de personal uno de los principales instrumentos para la consecución del principio de estabilidad
presupuestaria consagrada en el artículo 135 de la Constitución y para el cumplimiento de los compromisos en materia de déficit asumidos por el Gobierno. Sin perjuicio de ello, la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado, en el marco de
una oferta de empleo público muy restringida, contempló a la investigación entre los ámbitos para los que excepcionalmente se posibilitaba una oferta de tasa de reposición -en este caso del 10%-. Por otra parte, también se posibilitó que tal oferta
llegara al ámbito de las universidades para las plazas de sus cuerpos de personal investigador, si bien previo cumplimiento de los requisitos especificados en la ley. Hay que añadir que lo previsto en el artículo 21.2 de la citada ley, en que se
autorizaba un total de veinticinco plazas para organismos públicos de investigación -como ya se ha citado anteriormente- para la contratación de personal investigador, supuso un hito importante, en este caso como personal fijo en dichos organismos.
En consecuencia, a pesar de la situación económica, se está dando un trato singular al ámbito de la investigación científica mediante la inclusión de personal investigador entre los sectores excepcionados de la tasa de reposición cero. Por otro
lado, las razones aducidas para proponer que se autorice oferta de empleo público para el personal investigador en fundaciones públicas, consorcios y organismos públicos de investigación son predicables a otros colectivos del sector público, a los
que tampoco es posible autorizar mayor tasa de oferta, ya que de hacerlo no podía conseguirse el objetivo de cumplimiento de déficit público, que es tan importante también para todos. Por último, en caso de ser necesaria la contratación de personal
para la realización de proyectos, resulta de aplicación la previsión ya mencionada contenida en el artículo 21.2 respecto a la contratación de personal temporal al entender que se cubren necesidades urgentes e inaplazables en sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideran prioritarias.
En este sentido, por lo que se refiere a los contratos formalizados de acuerdo con el programa Ramón y Cajal en 2012, la Secretaría de Estado de Investigación aprobó una resolución cuya disposición adicional quinta contemplaba la posibilidad
de prorrogar los contratos formalizados conforme a las convocatorias del programa indicado y que finalizasen en 2012 o en los primeros seis meses de 2013; estas prórrogas se podían realizar por un periodo máximo de dos años. Con posterioridad una
nueva resolución lo ha modificado y ha extendido la posibilidad de la citada prórroga a aquellos contratos formalizados al amparo del programa Ramón y Cajal que finalizaran en 2013 o 2014 por un periodo igual que en la resolución anterior, es decir,
de dos años. Por otra parte, también cabe señalar que por primera vez en 2012 la convocatoria Ramón y Cajal conllevaba un mayor compromiso con la estabilización de los investigadores, ya que incluía una ayuda para la creación de puestos de trabajo
de carácter permanente, consistente en una dotación de 100.000 euros por plaza para las instituciones que crearan puestos estables. En los mismos términos se publicó también la convocatoria de 2013.
Señorías, no les quepa la menor duda de que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno consideran los recursos humanos un pilar fundamental para nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación. Por esa razón, y a pesar de las
circunstancias tan adversas heredadas por la gestión socialista -les recuerdo que teníamos dificultades desde la secretaría de Estado y desde el Gobierno para pagar las nóminas de los investigadores al principio de la legislatura; es muy importante
poder cubrir sus necesidades básicas e incluirlas presupuestariamente, y todos sabemos de quién era esa herencia-, se han implementado todas las actuaciones referidas, se apuesta por organizar los puestos de trabajo en el sistema de I+D+i y se
intenta que se optimicen para que se incorporen los investigadores de alta cualificación y de excelencia científica que estén formados y especializados y, sobre todo, que se haga con fondos públicos nacionales o autonómicos con los consiguientes
beneficios para el tejido.
Finalizo. Señora Riera, señor Caldera, señor Anchuelo, no se preocupen. Desde la secretaría de Estado y desde el Gobierno se está trabajando intensamente para salvaguardar los cerebros y toda la actuación científica en España. (Aplausos).
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, A LOS EFECTOS DE QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES SE NOTIFIQUE A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS PARA GARANTIZAR LAS ACCIONES
PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS A LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002351).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que en los
procedimientos de subastas de bienes inmuebles se notifique a las comunidades de propietarios para garantizar las acciones para el pago de las deudas a las mismas. Para su defensa tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Efectivamente, la proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario es relativa a una cuestión que realmente es preocupante -de hecho hemos mostrado en varias ocasiones nuestra preocupación al respecto-, y
no es otra cosa que la morosidad en general y, en particular, la que soportan las comunidades de propietarios. Atajar la morosidad -se ha dicho en alguna intervención precedente en relación con otra cuestión aquí debatida- es fundamental,
necesario, porque son premisas de un Estado moderno. Estamos de acuerdo. Conseguir controlar y hasta atajar la morosidad permite realizar buenas políticas que sin duda ayudan a la seguridad jurídica, fomentan la inversión y la recuperación
económica que, en definitiva, es el principal objetivo.
En este punto no podemos olvidarnos de la cuestión de la morosidad de las comunidades de propietarios. Es un efecto colateral derivado también de esta crisis económica, de los problemas que pasan las familias para poder hacer frente a las
obligaciones derivadas de la propiedad, concretamente de las hipotecas. Cuando se interpone algún procedimiento hipotecario como consecuencia de un impago, suele suceder que las comunidades de propietarios lleven ya mucho tiempo con cuotas
pendientes. Estas repercuten, impactan directa y negativamente en las familias que viven en esa comunidad afectada por una finca inmersa en una morosidad y además en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que es en el que nos queremos centrar.
Esto afecta y repercute negativamente en el mantenimiento de la finca en su conjunto, incide negativamente en la convivencia de las familias de esa finca y además puede llegar a bloquear la toma de decisiones, puesto que no se pueden acordar nuevas
mejoras porque existe una imposibilidad de cobro de unos vecinos en concreto. Por tanto, el motivo, el objetivo que persigue esta proposición no de ley no es otro que conseguir que las comunidades de propietarios estén informadas de la pendencia de
un proceso. Cuando se interponga este proceso hipotecario entendemos vital que las comunidades de propietarios lo sepan. ¿Ello qué permite? Permite una máxima efectividad en el recobro de las cuotas comunitarias -luego diré por qué- y además con
el menor coste de tiempo y de recursos económicos posible, porque una vez que una finca está inmersa en un procedimiento hipotecario -efectivamente se deriva una anotación en el Registro de la Propiedad que alerta al tercero de que existe un
procedimiento pendiente- y este concluye, en primer lugar, la comunidad de vecinos no suele conocer qué entidad ha actuado, porque difícilmente las comunidades van al registro a informarse, ya que muchas no tienen administrador de la finca. Nuestra
proposición permitiría conocer qué entidad o tercer adquiriente ha acabado adjudicándose finalmente la vivienda, de tal manera que la comunidad podría girar inmediatamente las cuotas nuevas al nuevo propietario, además de cobrar ciertas cuotas
pendientes, ya que la ley ampara que se podrá cobrar una serie de cuotas pendientes anteriores a la fecha de adquisición. Esto daría un poco de oxígeno a las comunidades porque estarían informadas. Por tanto, es un objetivo de información. En
este caso información es protección, porque permite después accionar el resto de medidas; si la comunidad quiere reclamar judicialmente, por supuesto lo puede hacer, pero no olvidemos que la reclamación judicial no deja de tener un coste. Con este
conocimiento permitimos actualizar las cuotas impagadas de esta comunidad y, en definitiva, se obliga al nuevo adquiriente -como resulta de la ley- a hacer frente a las obligaciones. No hay otra manera de saberlo porque la inscripción en el
registro es potestativa; solo se inscribe el inicio del procedimiento, no la adjudicación final. Por tanto, puede suceder que pasen cuatro, cinco o seis años hasta que esta finca acaba teniendo un nuevo propietario, que será el que pagará las
cuotas. Quien sufre toda esta demora es la comunidad de propietarios.
Estamos en trámites de negociación con el grupo mayoritario. Si finalmente su enmienda se acepta mejoraría incluso lo que proponíamos, porque nos centrábamos en la mejora de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creo que cualquier cuerpo legal
podría sustentar este tipo de comunicación obligatoria a la
comunidad. Por tanto, como entendemos que, si se aprueba, la voluntad política existe, los tres meses serían incluso demasiado extensos. Esperamos concretar este acuerdo y que salga adelante esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de los grupos, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Baena.
La señora BAENA AZUAGA: Efectivamente, las comunidades de propietarios son verdaderas células de integración social; realidad social de nuestros días que forma parte, a su vez, de nuestra cotidianeidad. Las mismas deben sostenerse
económicamente, en definitiva, financiarse. Por ello, es esencial que el cauce procesal para el cobro de posibles cuotas impagadas sea expeditivo y eficaz. En un contexto -como decía la portavoz de CiU- de crisis económica cada vez ha sido más
frecuente el cambio de titular del piso o local, sobre todo por la adjudicación judicial en procedimientos de ejecución hipotecaria; casos que suelen llevar aparejados deudas en su comunidad de propietarios. Quien no ha atendido la hipoteca
difícilmente habrá podido atender el pago de las cuotas comunitarias. Precisamente en este contexto, en este cambio de titular, nos gustaría destacar la reciente modificación que se ha producido en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal
por la que se ha aumentado la afección real del inmueble. Esta reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a la que me refiero, introducida mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, supone, en
definitiva, que las cuotas del año en curso y las de los tres años anteriores -ya no uno, como establecía la norma previamente- serán preferentes, entre otros créditos, a las hipotecas. Supone también que el comprador de un piso que opte por no
exigir el certificado de deudas frente a la comunidad o la entidad financiera que se adjudique un inmueble en un procedimiento de ejecución hipotecaria terminará respondiendo de las cuotas adeudadas durante el año que compra o que se adjudica el
bien y los tres años anteriores.
Además, las comunidades de propietarios, para reclamar las cuotas impagadas, pueden acudir al proceso monitorio, que en el caso de las comunidades de propietarios tiene una serie de especialidades precisamente para obtener el más efectivo y
expeditivo cobro de las cuotas impagadas. Son especialidades como: el carácter privilegiado de la documentación a aportar con la petición inicial; la posibilidad de citación edictal del deudor, cosa que no se da en otros monitorios; la medida
cautelar de embargo preventivo a favor de la comunidad y -por decirlo de alguna manera- el trato privilegiado en cuanto a las costas procesales a favor de la comunidad. A pesar de todo lo anterior, señorías, y estando siempre el Grupo Parlamentario
Popular en la línea de favorecer todas aquellas medidas encaminadas a evitar la morosidad y garantizar el cobro de las deudas, entendemos positiva la articulación de un sistema de notificación a las comunidades de propietarios -como se nos propone
en esta proposición no de ley- afectadas en los casos de ejecución hipotecaria sobre viviendas y locales, entendiendo que ello pudiera contribuir a reducir la carga de trabajo de los tribunales de justicia y reducir la necesidad de interponer
demandas con posterioridad.
Suprimiendo el término temporal, que se establecía en la proposición no de ley, y abriendo el abanico a las normativas que se estudie necesario modificar, votaremos favorablemente la proposición no de ley de CiU en los términos
transaccionados con mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Señora Iglesias, discúlpeme porque antes no la había visto. Tiene usted la palabra.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: No se preocupe, señor presidente. Entenderemos que era la defensa de la enmienda y que después podrá continuar el orden normal de la sesión.
Simplemente, quiero usar el turno de fijación de posición para destacar la oportunidad de una iniciativa de estas características ante una situación que, lejos de ir reduciéndose, cada día es más habitual en las comunidades de vecinos; cada
vez se reproduce con más frecuencia. Si en la firma de los contratos hipotecarios podríamos decir que la banca siempre gana por la sobreprotección en la asunción del riesgo a la hora de conceder los préstamos, en este caso de las adjudicaciones de
viviendas podríamos señalar que la banca nunca paga, y no porque no lo haga ninguna entidad financiera sino porque aquellas que demuestran falta de voluntad para asumir sus compromisos con las comunidades de vecinos insistentemente buscan las
argucias, los sistemas jurídicos, las capacidades jurídicas para no asumir en ningún momento esa responsabilidad. Se necesita, por tanto, una nueva protección de las Cortes para que las comunidades de vecinos puedan recaudar esos ingresos, que
suponen un gran lastre también para los procesos de
rehabilitación urbana a las comunidades de vecinos; no solo para la rehabilitación urbana sino también para el su funcionamiento ordinario, con todas las incapacidades que puede generar (paralización de ascensores en edificios o en
comunidades verticales en las que haya personas con discapacidad, etcétera). Son graves riesgos a los que se someten los vecinos de los edificios, la gente que vive en comunidad, por no garantizarse el pago de esas deudas crecientes de las
entidades financieras.
Un recurso tras otro puede generar indefensión a los propietarios de esa comunidad. Quizá tampoco se han resuelto en esta proposición no de ley cuestiones que ha señalado la portavoz de CiU, aunque lo haya mencionado -podríamos avanzar en
esa dirección-, ni mucho menos se resolvieron, pese a que ya tuvimos un debate de características similares en la Comisión de Fomento, en la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. En la misma sesión debatimos una proposición no de
ley atendiendo a la responsabilidad de pago, a las formas de obligar a las entidades financieras a asumir los pagos de la comunidad de vecinos, y el grupo de la mayoría aceptó la proposición de ley pero no incorporó el texto en el articulado de la
ley. Por tanto, esta vez llamaría al grupo de la mayoría a no hacer ese ejercicio de filibusterismo, sino a que, si está de acuerdo con el contenido de la proposición, rápidamente tramiten una enmienda a la propia ley que promovieron para que
efectivamente las comunidades de vecinos puedan garantizarse el cobro de las deudas de las entidades financieras, para que no pasemos de la banca siempre gana a la banca nunca paga, que están empezando a sufrir muchos vecinos y vecinas en nuestro
país.
Similar indefensión se produce, por cierto, en las cuestiones relacionadas con las daciones en pago, sin ninguna garantía para los afectados. ¿Qué pasa cuando un deudor se tiene que someter a una dación en pago? ¿Mantiene la deuda con la
comunidad de vecinos o sería posible que la asumiera la entidad financiera que se hace cargo de la vivienda? Estas cuestiones, junto a que gente que se beneficia, entre comillas, de una dación en pago no tenga que tributar un ingreso o un bien de
una transmisión patrimonial, se podrían haber resuelto en el caso de que de verdad se hubiese regulado la dación en pago en nuestro país, no como ha manifestado el portavoz popular en la anterior proposición. Como aquí no se ha regulado la dación
en pago sino que simplemente no se ha prohibido, quizá tengamos que dar las gracias al Grupo Popular por no haber prohibido la dación en pago; pero desde luego no tenemos que agradecerle haberla regulado, porque no se ha regulado. No sé si alguien
piensa que por reinventar la historia o inventársela arreglan los problemas de la vivienda. Ni la burbuja inmobiliaria se produjo porque se concedieran muchos préstamos -algo tuvo que ver la Ley del Suelo, como ya dijo en esta misma Comisión el
presidente de la patronal bancaria-, ni hemos resuelto ese pago de deudas a las comunidades de vecinos con las daciones en pago ni con las deudas contraídas por las entidades financieras.
Vuelvo al contenido de esta proposición no de ley, y no al del punto anterior, solicitando -esta vez sí- que pensemos en el rescate de los ciudadanos y no exclusivamente en el de los bancos, que esta vez no hagamos ese ejercicio de
filibusterismo y que, si el partido de la mayoría se compromete a trabajar en esta dirección, lo incorpore también en las propuestas normativas. No vale hacerlo solo en las propuestas de impulso y saltárselo a la torera en las propuestas
normativas.
El señor PRESIDENTE: El señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Señor presidente, quiero manifestar solo un par de frases para justificar el sentido de nuestro voto y por deferencia hacia el grupo proponente. La iniciativa que se plantea nos parece acertada porque identifica un
problema concreto, real, que sufren las comunidades de vecinos; en ella se propone una forma de paliarlo viable y sencilla. Por eso nuestro voto será favorable.
- SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002814).
El señor PRESIDENTE: Proposición sobre el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es una proposición de Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Se trata de una proposición que -advertimos- hemos transaccionado. Los señores y señoras diputados ya tienen la transacción, con una enmienda del Grupo Socialista, en la que, a partir de la exposición de motivos,
mostramos nuestra preocupación por las negociaciones iniciadas entre la Unión Europea y los Estados Unidos respecto a un futuro acuerdo de libre comercio entre ambas zonas geográficas. Es una negociación prácticamente secreta en la medida en que
los documentos son
confidenciales, ya que solo se conoce que se está negociando pero no se conocen sus términos ni su contenido. Dada esta falta de transparencia, entendemos que están en riesgo determinadas formas de articular la economía y los servicios
públicos.
En este sentido, se trata de un tratado de libre comercio que, según la Comisión Europea, no busca reducir las barreras arancelarias, puesto que ya son prácticamente mínimas, de una media del 3 o el 5%, según estemos hablando de la Unión
Europea o de Estados Unidos, sino que se busca disminuir o prácticamente eliminar en algunos casos las barreras no arancelarias, es decir, aquellas que se refieren a la regulación de determinados servicios y bienes en su comercialización. Esto está
haciendo mención a elementos que afectan al control de calidad y sanitario de los productos, a los efectos sobre el medio ambiente o incluso a la normativa laboral. Todo eso está dentro del ámbito de la negociación entre las dos partes, sin que
conozcamos nada del contenido concreto que se está negociando, más allá de algunas filtraciones que han tenido lugar por alguna de las partes que conforman la negociación, por ejemplo, aquellas que desde Estados Unidos anunciaban que tenían un
cierto interés en reducir los controles sanitarios de la Unión Europea para que los productos de esta industria pudieran llegar desde Estados Unidos hasta la Unión Europea y encontrar así nuevos espacios de negocio. Frente a esto además nos podemos
encontrar los intereses comerciales de la industria del fracking en Estados Unidos, que es una práctica que en la Unión Europea está muy poco desarrollada y además, afortunadamente, con grandes y crecientes espacios de prohibición, pero que
confrontaría con el interés de la industria estadounidense. Valgan estos dos ejemplos para citar la importancia que tiene el tratado de libre comercio, en la medida en que se postula una armonización entre las dos regulaciones, teniendo presente
que siempre va a haber una que sea más baja que la otra y que, por lo tanto, tenemos un riesgo de armonización a la baja que puede afectar no solo, como decía, a los ámbitos sanitario o medioambiental sino también al laboral, ya que Estados Unidos
es un país que no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Una armonización con una zona geográfica y económica como Estados Unidos naturalmente siempre perjudicaría a las condiciones laborales de los
trabajadores de los países miembros de la Unión Europea.
Por todas estas razones, lo que proponemos en nuestra proposición es establecer unas líneas rojas que garanticen que la Unión Europea sigue manteniendo unos determinados criterios medioambientales, sanitarios, laborales, que no van a
reducirse en aras de encontrar una armonización con Estados Unidos, porque entendemos que la Unión Europea tiene que ser social y no asistir a la imitación del modelo anglosajón, que es ampliamente regresivo. Además, al margen de ello, proponemos
que el Gobierno realice un informe en el plazo de tres meses en el que nos dote de información a determinadas comisiones -la de Asuntos Exteriores y esta misma- sobre todo lo relativo al tratado de libre comercio y sobre los efectos posibles que
pudiera tener su aplicación en el futuro, haciendo de ello un debate público y llevándolo a la calle. Es lo que nos resulta más relevante en un momento en el que, negociando algo de tal envergadura, desgraciadamente la ciudadanía está carente de la
información mínima -a diferencia, por cierto, de otros países de la Unión Europea-, lo que no le permite entender todo el alcance de esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: En esta proposición hay dos enmiendas, como sus señorías conocen. En primer lugar, para defender la de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Quiero comenzar agradeciendo a La Izquierda Plural, como hicimos en el Pleno, la oportunidad de tener este debate porque es cierto que el tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos es un asunto de
enorme importancia y no es menos cierto que se ha debatido poco y que está pasando demasiado desapercibido en el debate social y en la economía española. Sin embargo, hecho este reconocimiento y como también manifestamos en el Pleno, nuestra
discrepancia de fondo con La Izquierda Plural es que no tenemos esa actitud tan negativa o tan preventiva frente al tratado. Nosotros creemos que hay unos potenciales beneficios muy importantes para nuestro país en sectores como textil, calzado o
cuero, donde sigue habiendo todavía aranceles considerables; el automóvil, uno de los sectores exportadores más importantes de España; parte de nuestro sector agrícola, obras públicas, infraestructuras. Creemos que hay importantes ganancias
potenciales. Es cierto que hay algunos riesgos en los campos de la protección al consumidor, propiedad intelectual, medio ambiente, pero creemos que se pueden solventar en el proceso de negociación, una negociación en la que además España no va a
negociar en solitario porque los tratados comerciales son competencia de la Unión y estoy seguro de que muchos países socios, como Francia, tendrán buen cuidado de conjurar estos riesgos.
Compartimos con La Izquierda Plural, sin embargo, la preocupación sobre la creación de mecanismos de arbitraje extrajudicial. Creemos que las diferencias entre multinacionales y Estados deben resolverse en el marco de los sistemas jurídicos
existentes. Nuestra enmienda tiene como motivo que creemos que hay que respetar los procedimientos y los plazos; los procedimientos, porque, insisto, los tratados comerciales son competencia de la Unión, una de las competencias más antiguas -no es
algo que dependa en exclusiva del Gobierno español, sino junto con nuestros socios-; y los plazos, porque creemos que ahora no es el momento de un rechazo a priori, sino un momento de trabajar para lograr un acuerdo positivo, y nuestra enmienda lo
que pide es eso: no rechazar a priori sino trabajar junto con nuestros socios para lograr un acuerdo equilibrado en que las regulaciones se mantengan en estos ámbitos clave, pero sin cerrarnos en redondo a cualquier mínimo cambio porque, según está
redactado, parece que cualquier cambio tiene que suponer un rechazo a priori. Creemos que hay que tener una actitud más positiva en este inicio de la negociación.
Lo que sí compartimos es la parte de su propuesta que se refiere a la mayor información. Nos gustaría que se remitiese al Congreso de los Diputados, a las comisiones pertinentes, un informe analizando cuáles son las ventajas potenciales y
los inconvenientes potenciales para nuestro país, de forma que este debate social que echamos de menos se pueda realizar, y además de una forma informada, ilustrada. Sopesando estas concordancias, menores con La Izquierda Plural, y estas
discrepancias, más importantes, el sentido de nuestro voto será la abstención.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Es un placer volver a ser invitado a esta Comisión.
Como han dicho el señor Anchuelo y el señor Garzón, este es un debate que no se produce por primera vez. Hace poco tuvimos ocasión de hablar sobre ello en el Pleno -el diputado Félix Lavilla intervino por parte de mi grupo-, una cuestión
que es de gran actualidad, y que también hemos tenido ocasión de debatir durante la campaña de las elecciones europeas; ha sido un tema que ha surgido con cierta frecuencia.
Quiero recordar una serie de cuestiones antes de explicar la enmienda que presentamos. En primer lugar, el comercio internacional es quizás el único ámbito político en el cual los Estados miembros de la Unión Europea hemos transferido
íntegramente nuestras competencias a la Unión Europea, de manera que es la Comisión, el comisario de Comercio -en este caso, la comisaria- quien negocia con competencia exclusiva los acuerdos comerciales, los acuerdos de libre comercio o los
tratados como el actual, sobre inversiones y comercio trasatlántico. Eso es algo que me grupo defiende, que respalda y que forma parte de la lógica de la integración política comunitaria, que, como todos sabemos, comenzó por un mercado común, con
lo cual la primera política íntegramente fue la política comercial, todo lo que se entiende por política comercial en la más amplia concepción de la misma.
En segundo lugar, mi grupo y mi partido defienden el comercio internacional como fuente de prosperidad, de creación de empleo y de inversiones y como garantía de mantenimiento de un modelo de sociedad abierta e internacionalista que permita
prosperar. Eso no es incompatible, sino todo lo contrario, con una regulación del comercio razonable y conforme a una serie de objetivos compatibles con el crecimiento, con la igualdad y con el ajuste de los costes sobre ganadores y perdedores a la
hora de comerciar y también sobre las consecuencias que tiene abrir el comercio a otros países.
Por eso hemos presentado esta enmienda, que yo creo que ningún grupo debería tener ningún problema para aceptarla porque refleja el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo cuando se puso en marcha la negociación del tratado, una
negociación, quiero recordar, que comenzó coincidiendo con el escándalo de las escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses a políticos europeos. Eso provocó que esta cuestión fuese muy discutida desde el primer
momento en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el acuerdo que se alcanzó tanto en el seno del Pleno del Parlamento Europeo como en la Comisión de Comercio Internacional, la llamada Comisión INTA? Ese acuerdo aparece reflejado en la enmienda que hemos
presentado y que mantenemos, con una pequeña modificación transaccional que hemos pactado con el ponente. En primer lugar, respaldar la negociación del acuerdo siempre y cuando no suponga una rebaja de los estándares comunitarios en materia de
protección laboral, social o medioambiental, en materia de protección de datos de personas -importante en la sociedad de las nuevas tecnologías en la que vivimos- y en la seguridad de los consumidores; que sirva claramente para generar inversiones,
empleo y crecimiento, empleo de calidad, en un momento en el que tanto la Unión
Europea como Estados Unidos salen de una durísima crisis provocada en gran medida por la desregulación o la mala regulación. De manera que estamos hablando de hacer regulación de la buena para que el crecimiento sea sostenible y orientado a
crear empleo y sociedades cohesionadas y en igualdad, que no se transija sobre legislación laboral, medioambiental, etcétera, y que para evitar el dumpin social los Estados Unidos hagan suyos una serie de acuerdos importantes de la OIT, de la
Organización Internacional del Trabajo, que tienen no firmados o que aunque los tengan ratificados nunca han puesto en práctica.
Quiero recordar también que la política comercial es un importante instrumento de política exterior de la Unión Europea que también hemos debatido en el Pleno. Cuando debatimos sobre la ratificación de los tratados de libre comercio con
Perú y Colombia -recuerdo el debate con el señor Nuet, del mismo grupo que el señor Garzón-, esos tratados han llevado incluidas cláusulas de defensa de los derechos humanos, incluso de verificación de cuestiones que nada tienen que ver con el
comercio.
Por supuesto pedimos garantizar la protección a la diversidad cultural, las industrias culturales, que en Europa son específicas, concretas y responden a la diversidad lingüística y cultural de nuestro continente, que no tiene nada que ver
con la homogeneidad americana y con la potencia de sus industrias audiovisuales. También pedimos que no se pongan en marcha los llamados ISDS a los que han hecho mención los ponentes, los llamados investor-state dispute settlement, esto es,
mecanismos que sirven para resolver disputas y también es verdad que en ocasiones para evadir o esquivar los sistemas judiciales. Por ejemplo, Australia ha denunciado estos mecanismos porque las industrias tabaqueras están sacadas de la legislación
sanitaria en Australia a través de estas cláusulas y rompiendo las garantías de un producto como el tabaco, pero hay que recordar que gracias a estas cláusulas Repsol pudo recuperar 5.000 millones de dólares después de la expropiación de YPF en
Argentina. Es decir, que también tienen su parte razonable. Por ello -está claramente explicado, y voy terminando, en la enmienda-, también pedimos que, a pesar de las comparecencias que se producen de manera periódica en el Parlamento Europeo, en
la Comisión INTA, el Gobierno, en el plazo de tres meses, envíe un informe a esta Comisión, a la de Exteriores o la que corresponda, para explicarnos cómo van las negociaciones y que se produzca en una situación de máxima transparencia y máxima
información a los grupos políticos, a los partidos y a los diferentes órganos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López Garrido..
El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Señorías, la proposición no de ley que nos trae La Izquierda Plural parte de una fundamentación falaz, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. Plantear que un acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos de América sencillamente tiene como objetivo no tanto la facilitación del comercio internacional y la reducción de los aranceles sino el dumping social, reducir la calidad de los empleos, reducir la seguridad alimentaria, reducir la
calidad de la sanidad de los productos alimenticios, reducir la normativa laboral. Evidentemente, eso será un constructo que los señores de La Izquierda Plural se puedan plantear en su particular manera de entender el mundo, pero desde luego no es
la pura realidad. No es la pura realidad empezando por la situación de las barreras arancelarias, que en una simplificación básica dicen que están entre el 3 y 5%, y se olvidan, por ejemplo, de que en determinados sectores llegan a estar en el
139%. Nos referimos, por ejemplo, al sector lácteo. Se olvidan de que en las carnes es el 30% o en las bebidas, algo que a nuestro país pudiera interesarle bastante, por aquello de que somos productores de vinos y de cervezas, es el 22 o el 23%.
Se olvidan de los efectos que el tratado pudiera llegar a producir para la industria del automóvil europea -les recuerdo que tenemos varias fábricas de automóviles también en nuestro territorio-, que es de un incremento del 149% a las exportaciones
europeas a Estados Unidos. Se olvidan de esas cuestiones económicas y nos quieren zambullir en una pura cuestión social, además, insisto, desde un planteamiento poco riguroso. No voy a entrar en todos estos detalles de posibles ventajas de un
acuerdo que está en negociación y que no sabemos si llegará a cerrarse. Ciertamente, el camino no es nada fácil y no porque desde aquí pongamos pegas, sino porque desde allá también se ponen. No le quiero dejar de recordar a sus señorías que los
sindicatos norteamericanos no son menos beligerantes que los europeos en cuanto a la defensa de los derechos de sus trabajadores. En lo que sí quiero hacer hincapié muy especialmente es en otra cuestión colateral, pero que no se nos debe olvidar:
la asociación estratégica entre Estados Unidos de América y la Unión Europea se basa fundamentalmente en valores compartidos, se basa en un compromiso común, que creo que es un hecho indiscutible para defender los derechos fundamentales y las
libertades de
nuestros ciudadanos, se basa en la creencia en un gobierno abierto, responsable y transparente y en una economía de mercado justa y efectiva.
La Unión Europea y Estados Unidos de América constituimos, sin la menor duda, el mayor espacio mundial donde imperan la democracia y el respeto a la ley y albergamos 800 millones de ciudadanos que son ciudadanos, que están absolutamente
cubiertos de derechos y absolutamente cubiertos de libertades. De los veintinueve países que componen la Unión Europea y Estados Unidos de América, esos treinta países están todos dentro de los cincuenta países más democráticos del mundo. Diría
que incluso dentro de los cuarenta, pero para no confundirme con ningún ranquin, donde algún país europeo aparece en el cuarenta y dos o cuarenta y tres, les diré que dentro de los cincuenta países más democráticos del mundo. Eso no quiere decir
que nos debamos conformar, ni mucho menos, tenemos que seguir siendo más democráticos, más transparentes, más defensores de los derechos de todos, más defensores de la igualdad, pero no podemos olvidar esta circunstancia, no debemos olvidarla
porque, si no, al final estamos en una especie de lamento continuo en el que parece que nosotros somos los malos de la película, me refiero a los demócratas, a los demócratas europeos y a los demócratas estadounidenses. Este espacio común de 400
millones de habitantes más o menos en un lado del Atlántico y otros 400 millones en el otro somos un ejemplo en materia de prevención del cambio climático, de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de mejora de la salud, de mejora de la
alimentación, de la no proliferación de armas nucleares, de la lucha contra el terrorismo, de la seguridad y la promoción de la estabilidad internacional. Con todo esto, nadie puede asegurar hoy en día que este tratado finalmente vaya a ser
aprobado. Ya digo que las dificultades no son pocas, ni siquiera puedo asegurar que, de aprobarse, pueda ser tan ventajoso como algunos análisis dicen, lo que sí puedo asegurar aquí es que este tratado va a ser fruto de un proceso transparente y
democrático y que garantizará los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos europeos. Si no, este tratado sencillamente no será, porque, a diferencia de lo que se ha vertido aquí, este tratado está pasando por un procedimiento de
transparencia que ha llevado a la Unión Europea a abrir un periodo de consultas que finaliza dentro de pocos días. Entiendo que es más fácil desde algunas posiciones decir que esto no es transparente que decir a sus acólitos: acudan ustedes a esas
fuentes de información, pero les digo que hasta el 27 de junio hay un procedimiento de consultas abierto en la Unión Europea. Además de ello, para poder ser aprobado, este tratado habrá de ser aprobado por el Consejo Europeo, del que son miembros
los jefes de Estado o de Gobierno democráticamente elegidos de todos los Estados miembros de esta Unión Europea, en la que algunos parecen confiar tan poco.
Este tratado se someterá a aprobación por parte del Parlamento Europeo cuyos alecciones han sido celebradas muy recientemente. No quiero pensar que la legitimidad de esas elecciones se cuestione. Por otro lado, ese tratado será también
aprobado en los parlamentos nacionales. No me parece en absoluto constructivo, no me parece en absoluto beneficioso para nuestras democracias que estemos continuamente cuestionándolas. La posición del Gobierno es de absoluta defensa de los
derechos de los ciudadanos europeos, de absoluta defensa a la seguridad alimentaria, jurídica, social, etcétera. Por tanto, no creemos que en ningún caso sea necesario porque en estos acuerdos a los que hacía referencia el portavoz socialista creo
recordar que el Gobierno de España también estaba presente en esas conversaciones. Por tanto, señorías, no vamos a apoyar la proposición no de ley, la consideramos absolutamente innecesaria y absolutamente prescindible.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, como sabe hay dos enmiendas con una transaccional que ha logrado con el Grupo Parlamentario Socialista, una de UPyD y la transaccional. ¿Las acepta?
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo agradece la enmienda de UPyD. Ha aceptado la segunda parte y la hemos incluido, pero le agradecemos la presentación y nos quedamos con la transaccional presentada junto con el Grupo Parlamentario
Socialista.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002410).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la penúltima proposición relativa a la necesidad de fomentar la participación privada en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Es autor el Grupo Parlamentario Popular. Para
su defensa tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Señorías, hoy mi grupo quiere traer a debate en esta comisión lo que entendemos como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de un país avanzado que no es otra cosa que el fomento de la
investigación, el desarrollo y la innovación. Creemos que en la economía en general y en tiempos de cambios y reformas económicas como las que se están llevando a cabo en nuestro país, la I+D+i es de extraordinaria importancia como factor de
impulso de economía basada en el conocimiento. Si echamos la vista atrás para observar el desarrollo del sistema de la I+D+i en España podemos decir con orgullo que en los últimos treinta años se ha producido un crecimiento del sistema que ha
colocado a la I+D+i española en unos niveles óptimos. Pero aunque desde el año 2000 se han producido avances en cuanto al porcentaje de gasto en I+D en relación al producto interior bruto, incluso que podemos celebrar que contamos con un número de
investigadores comparables al número de investigadores en otros países de nuestro entorno, todavía tenemos grandes retos que alcanzar en cuanto a la calidad de nuestros resultados científicos y las transferencias sobre todo de estos al mercado.
Esta deficiencia de nuestro sistema pone de manifiesto que incluso el hecho de contar durante varios años con una cartera estatal específica de ciencia y tecnología, no ha sido suficiente para obtener los resultados esperados en el proceso de
generación de riqueza. Las políticas de asignación de recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de pasados Gobiernos se basaban en un aumento de las asignaciones nominativas en detrimento de las concedidas como resultado de los procesos
públicos y competitivos de convocatoria y evaluación. No es la primera vez, señorías, que ponemos la crítica sobre que en varios sectores, no solo económicos, pero especialmente en el ámbito de la ciencia, en demasiadas ocasiones se ha apostado de
manera errónea por la estrategia de gastar más dinero. Independientemente del nivel de eficiencia que pueda alcanzar ese dinero, durante varios años parecía que lo importante era gastar más, sin medir ni controlar el retorno de esa inversión. Esta
política de gasto incontrolado ha provocado un efecto adverso, un efecto huída de quien debería ser uno de los agentes fundamentales en cualquier sistema de I+D+i. Estoy hablando de la aportación al sistema por parte del sector privado. Podemos
decir con seguridad que una de las grandes deficiencias de nuestro sistema de I+D+i, que incluso la causa de que España no pueda compartir puesto con los países que poseen mejores niveles de calidad de los resultados científicos, es la falta de
participación privada, la cual se ha convertido en la verdadera asignatura pendiente del modelo de I+D+i español.
¿Qué explica además este resultado? Uno de los motivos que ayudaría a explicar esta situación es que hasta la ejecución del actual Plan de investigación científica y técnica y de innovación para el periodo 2013-2016, el sistema de ciencia,
tecnología, empresa y sociedad ha atendido básicamente las necesidades del entorno científico y ha sido dependiente fundamentalmente del gasto público. Sin embargo, al contrario de lo que ha sucedido en estos últimos años en España, en otros países
de nuestro entorno el papel del sector privado -incluso de la sociedad- en el ámbito de la política científica ha tenido otro desarrollo con mayor implicación. Consideramos que para conseguir unas inversiones eficientes y estables en el sistema
científico el compromiso de los sectores industriales es fundamental y no basta con el apoyo de las administraciones públicas. No olvidemos que hasta hace bien poco la inversión en I+D pública estaba al nivel de la que hay en otros países del
entorno, en el 0,6% del PIB, mientras que en cuestión de I+D privada también estábamos en el 0,6 del PIB pero lejos del 1,2% de la media europea. Ese ha sido el resultado de unas políticas pasadas que han demostrado ser insuficientes si queremos
obtener unos resultados al nivel de los países que mejor lo están haciendo en el entorno.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos firmemente por fomentar el compromiso con la I+D+i de los inversores privados a través de medidas concretas como los fondos éticos de inversión. Apostamos además por la coordinación de
la participación solidaria en pro de la ciencia basándose en líneas de cofinanciación público-privada que fomenten la responsabilidad corporativa y patrimonial. Y, cómo no, apostamos por la participación social directa en la financiación de la
ciencia a través del impulso de programas de micromecenazgo.
Señorías, de ningún modo decimos que debamos sustituir la financiación pública, pero lo que el resultado de las políticas pasadas ha evidenciado es que si queremos un sistema de I+D+i de máximo nivel, que pueda competir con países de primer
nivel mundial, es fundamental complementar la financiación pública con el fomento de la participación privada en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En este sentido, en nuestro país todavía tenemos mucho camino
por recorrer.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa). Señora Riera, por Convergència i Unió, tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Brevemente. Respecto a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, desde Convergència i Unió apoyaremos esta proposición no de ley porque estamos de acuerdo en la necesidad de fomentaer la
participación también privada en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. En este sentido nos gustaría destacar que uno de los elementos que siempre ha acompañado nuestro proyecto político, económico y social es el de
potenciar la colaboración público-privada en actividades de interés general como es, por ejemplo, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Por ello, compartimos, presidente, señorías, el espíritu de la proposición no
de ley y estamos de acuerdo en que, por ejemplo, se impulsen programas de micromecenazgo, ya que en un momento de austeridad en el sector público potenciar el micromecenazgo permite unir sinergias entre el sector público y el sector privado en
actividades de interés colectivo. Entendemos que es una alternativa también realista a la financiación pública, ya que en años de crisis muchas actividades de interés general y en el marco de la I+D+i reciben menos ingresos y no tienen otras vías
alternativas de captación de financiación. Este instrumento, como decía, puede revitalizar a nuestro entender la financiación de estas actividades.
También estamos de acuerdo en que se fomente la participación de particulares a través del diseño de fondos éticos de inversión y del fomento de la responsabilidad corporativa y patrimonial, al entender que todas ellas son herramientas que
pueden contribuir a dar una respuesta a los retos que tenemos en este ámbito de la I+D+i y también permitir que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sean realmente y se conviertan en un factor determinante en la
transformación de nuestro modelo productivo.
Dicho esto, termino, señor presidente, aun apoyando la presente iniciativa sí que me gustaría hacer una puntualización respecto a la proposición no de ley que estamos debatiendo presentada, repito, por el Grupo Popular. Me gustaría hacer
referencia a la exposición de motivos, donde se dice que la política de gasto ha producido un desinterés privado por la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, algo que no compartimos. No compartimos este análisis que
se indica en la exposición de motivos y no consideramos, señorías, que poner más dinero público desanime la inversión del privado. Creemos que este es un análisis equivocado y lo que debemos potenciar y fomentar, desde nuestro punto de vista, desde
los poderes públicos es la colaboración público-privada en todas estas actividades, pero siempre manteniendo un equilibrio entre lo público y lo privado.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortizo, no le había visto antes, yo creo que no ha hecho usted la seña, pero como si la hubiera hecho. Tiene usted la palabra.
El señor CORTIZO NIETO: No se preocupe, señor presidente, el orden de los factores no altera el producto.
El señor PRESIDENTE: Por ahora.
El señor CORTIZO NIETO: También es verdad. Siempre me puntualiza muy adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor CORTIZO NIETO: El Grupo Socialista va a votar que no, va a votar que no porque me ha convencido el portavoz del Grupo Popular para votar que no con varias de sus frases aquí y, por supuesto, con algunas de las cuestiones que vienen
en el texto. Voy a empezar por la que citaba la anterior portavoz, cuando dice que la política de gasto -después de criticar la política de gasto anterior- ha producido un desinterés privado por la investigación científica. Esto es un disparate,
es un disparate auténtico y si se une con otra frase que dijo en su intervención acerca de la estrategia errónea de gastar más dinero en I+D+i, entonces ya el disparate es un dislate que no debería tener cabida en un debate racional.
El señor Martínez debería prestar oídos, por ejemplo, a lo que acaba de decir hace unos días la comisaria del ramo, en donde recogía que los países que mejor han afrontado la crisis, en todos los términos que esto se puede entender, son
aquellos que no solo no han recortado su gasto en I+D+i en estos últimos cinco años sino que lo han aumentado. No hace falta que los cite, ¿verdad? Ya se sabe cuáles son. La propia Unión Europea en el marco del horizonte 2020 está planteando unos
gastos que al señor Martínez le deben parecer una aberración auténtica para el futuro de Europa, porque es una estrategia errónea gastar más dinero en I+D+i.
La falta de participación privada, señor Martínez, para alguien que conozca un poco, un poquito, el tema es un mal endémico de este país que se ha ido corrigiendo, y se ha ido corrigiendo precisamente durante esos últimos treinta años,
cuando dice usted que siente con orgullo que se alcanzaron niveles óptimos. Esos treinta años, sobre todo los que entonces tuvimos que estar trabajando en ese ámbito, podemos compararlos con lo que hay ahora, pero no se alcanzaron niveles óptimos,
no, no se lo crea, digamos que salimos del pozo de hace treinta años y podíamos competir internacionalmente, con modestia, pero podíamos competir. Ahora no, ahora no podemos competir, no podemos competir porque aunque usted está orgulloso de los
niveles óptimos alcanzados en treinta años, resulta que básicamente son por incremento en el gasto; pero es que incremento en el gasto significa personal, significa formación del personal, significa instrumental, significa medios materiales,
significa todo eso que en modo alguno nadie en su sano juicio puede calificar como estrategia errónea de gastar más en I+D+i, y significa también impulso a la participación privada en el sistema de I+D+i de España que en estos últimos treinta años
aumentó mucho, no alcanzando ni mucho menos los niveles deseables, ni siquiera los niveles que nos homologarían con el resto de Europa. Decir estas cosas en un debate que se pretende serio no es de recibo. Es como si ahora mismo se dijese desde
esta Cámara a los que tienen dificultad para comer todos los días que eso es una operación bikini para disfrutar de los meses de verano enseñando el buen tipo. Las palabras, según cómo se empleen, pueden llegar a niveles ofensivos. Se están
cerrando centros de investigación, los más de cien centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tienen problemas para pagar los recibos del agua y de la luz, no se está contratando a gente y se está colapsando el sistema desde el
punto de vista de los científicos, porque tenemos un índice de científicos por población de los más bajos de Europa y estamos todavía cayendo más.
No voy a hacer relación de todo lo que se ha dicho en muchas ocasiones respecto de lo que han significado estos últimos años de gestión política de la I+D+i, pero la última es que tres vicepresidentes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas dimiten y no solo por los problemas acumulados a causa de los recortes en los presupuestos, por la situación de penuria lamentable del mayor organismo de investigación pública de España -más le valdría atender, a ver si aprende algo-,
dimiten porque además se le suman las trabas burocráticas, incluso trabas para traer a un profesor extranjero para dar una conferencia, hasta para eso; ya no digamos para comprar material u otros gastos científicos. No es de recibo plantear que el
problema de este país es que hemos invertido demasiado en I+D+i y que ha sido una estrategia errónea, no es de recibo en un debate medianamente serio, no digo serio, sino medianamente serio. Es una barbaridad que no hay por dónde cogerla.
Entrando en la parte dispositiva, a veces esta palabrería inconcreta, vacua, absolutamente divergente de la realidad de lo que es el sector de investigación en España -y lo hemos hecho en ocasiones aquí- puede ser apoyada por aquello de
decir, bueno, vamos a ver si así esto marcha. pero cuando en el punto 2 se habla de la cofinanciación público-privada de los programas que financien fundaciones privadas, eso tiene que explicarse. Es decir, si ya existe una financiación privada,
¿por qué se plantea la financiación público-privada? Es contradictorio con el propio objetivo de la proposición. La proposición se presenta para potenciar la inversión privada en el I+D+i, y el segundo punto recoge que los programas que financien
las fundaciones privadas los vamos a financiar de manera público-privada. Esto, en román paladino, significa que vamos a meter dinero público allí donde está habiendo financiación privada, algo contradictorio con el objetivo fundamental de la PNL.
Si no se explica -es verdad que yo soy muy tonto y no entiendo de estas cosas- y se dice que esta es una PNL para fomentar la inversión privada, y luego se dice que las fundaciones privadas son las que se financian así, no se entiende. Un poco de
seriedad, que estos textos en el futuro los verán historiadores y se van a cachondear de lo que decimos en estos debates. En realidad, no creo que haya historiadores interesados en ver estas cosas en el futuro, salvo para ver cómo fue la génesis
del colapso del sistema de I+D+i en España, que eso sí puede ser que ocurra. Por todo esto, y muchas otras cosas que me he callado, yo, que vengo de la Comisión de Cultura de conseguir que el Partido Popular colaborase y aprobase una proposición no
de ley para hacerle la casa al santo, es decir, para restaurar la Catedral de Santiago, en una colaboración izquierda-derecha muy positiva, aquí tengo que decir que no.
Acabo, señor presidente, para no abusar más de su tremenda benevolencia. Hace poco anunció la vicepresidenta que como país devolvíamos 1.300 millones adelantados del rescate bancario y la mejor explicación que escuché, yo, que no seguí
mucho el tema, fue: porque podemos. Y los devolvemos así porque somos muy chulos, aunque no había necesidad porque estábamos en periodo de carencia. ¿No se podría destinar ese dinero, en vez del gesto de propaganda para decir qué bien nos va al
país que ya
podemos devolver esto, en rescatar la I+D+i+? Salvo que se siga pensando -no creo, en serio- que es un error invertir más dinero en I+D. ¿Sabe por qué no se rescata la I+D? Porque no queremos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortizo, el haber sido benevolente me satisface porque me acabo de enterar de que apoya usted al santo patrón, lo cual me alegra por doble motivo.
El señor CORTIZO NIETO: ¿Sabe por qué, presidente? Porque todos los años, el 25 de julio, vamos allí a pedirle -van, yo no voy mucho- que arregle los problemas del país, así que, por lo menos, que le arreglen el asunto, ¿no? (Risas).
El señor PRESIDENTE: Me alegro mucho y luego le haré alguna observación. (Risas)
Señor Anchuelo, tiene usted la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: A nosotros nos preocupa que esta proposición no de ley parte de un error de diagnóstico gravísimo sobre cómo funciona la ciencia y probablemente nos ayuda a entender muchas de las cosas que han pasado con la ciencia
en nuestro país, porque demuestra que el partido gobernante ha enfocado este problema con unas orejeras ideológicas que le impiden ver la realidad. Se nos dice, muy sorprendentemente, como han señalado otros intervinientes, que la política de gasto
público en I+D es contraproducente, lo que produce es desinterés privado, lo que produce es dependencia privada. Se contraponen lo público y lo privado como si fuesen cosas incompatibles u opuestas y como si lo público incluso perjudicase lo
privado. Y eso, si se conoce cómo funciona el sistema de innovación, no tiene ningún sentido, y no lo digo yo, lo dice cualquier libro de texto. La investigación pasa por diferentes fases: hay una investigación básica, más teórica; una
investigación aplicada, donde esos conocimientos teóricos se aplican a los procesos productivos; y una investigación en desarrollo, donde se producen mejoras secundarias. Evidentemente las primeras fases no se pueden financiar con financiación
privada, son financiadas con financiación pública, pero esa financiación pública de las fases iniciales de la investigación son el sustento de las fases posteriores. Por lo tanto, ambas se complementan; no se trata de elegir, se complementan. Sin
esa investigación básica pública es difícil que se construya innovación privada.
Por eso los recortes que el Partido Popular ha aplicado en los sucesivos presupuestos van a provocar un destrozo en el sistema de I+D con consecuencias a largo plazo, porque hay proyectos que se han cancelado, hay equipos que se han
disuelto, hay investigadores que se han ido fuera de nuestro país, y esto, por desgracia, no se va a recuperar el día que se decida aumentar mínimamente el gasto en investigación. Por eso esto no solo va a tener un efecto importante sobre la
investigación pública, sino también sobre la investigación privada, que, insisto, es complementaria de la anterior. Por eso nos parece que el objetivo último de esta proposición no de ley es autojustificar los recortes en la I+D pública y por eso
nuestro grupo no la va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, por La Izquierda Plural, tiene la palabra.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Con mucha brevedad, entre otras cosas porque comparto gran parte del planteamiento del señor Cortizo, que de forma profusa siempre desgrana gran parte de las incoherencias de las proposiciones del Partido Popular
en materia de ciencia. Y es que, cuando estamos hablando de una materia en la que se ha recortado la financiación pública en más de un 40% acumulado en los años que se lleva de legislatura, lo que parece es que cuando se está hundiendo el barco
apenas se intenta mitigar o salvar la situación achicando el agua con unos pocos baldes. No de otra forma se puede comprender el uso de la financiación privada en un contexto donde la voluntad política -y en este caso quiero incidir en esta
cuestión: la voluntad política- es lo que ha llevado a hacer los recortes en ciencia y en innovación y desarrollo. Porque no de otra forma se comprendería la prioridad de salvar el sistema financiero, y no solo, sino también el gasto militar y
otra serie de sectores, que han visto incrementada en mucho su financiación pública, en contraposición con lo que ha ocurrido en el sector de la I+D. En este sentido, cuando a algunos nos pueden preguntar si es buena la fórmula de los fondos éticos
o si es buena la fórmula del micromecenazgo o fórmulas complementarias que vendrían a ayudar solidariamente, diríamos casi irónicamente, a la innovación y al desarrollo, naturalmente que diríamos que sí, que pueden ayudar. Pero no podemos aceptar
desde nuestro grupo es que este tipo de planteamientos vengan a compensar el hecho de que por voluntad política se haya recortado en financiación pública. No queremos que lo que se ha robado a la innovación y al desarrollo, en el sentido de que se
ha dedicado a otras tareas de salvamento financiero, que lo que se ha reducido en innovación y desarrollo y financiación pública se
intente compensar, así sea decorativamente, con instrumentos privados que, desde luego, no van a poder cumplir nunca ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos la misión que tiene que tener un Estado con respecto a la ciencia.
Por esas razones y la suma de las intervenciones anteriores que siempre hemos mantenido en esta materia, nuestro grupo va a votar que no.
=- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA GESTIÓN DE ÁREAS COMERCIALES URBANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002588).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición. A lo mejor tenemos hoy premio y logramos ser puntuales con el requisito inicial.
La última proposición, del Grupo Parlamentario Popular, es la que insta al Gobierno a impulsar la gestión de áreas comerciales urbanas. Para su defensa, tiene la palabra doña Belén Juste.
La señora JUSTE PICÓN: Presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión para defender una propuesta de m grupo que creemos firmemente necesaria dado el actual escenario urbanístico y comercial de nuestras ciudades. Conscientes de que el
comercio es uno de los sectores clave de la economía, así como de la gravedad que atraviesa como consecuencia de la crisis económica marcada por la destrucción de empleo y la bajada del nivel de consumo nos encontramos ante una situación que obliga
más que nunca a implantar mecanismos de adaptación y mejora continua que refuercen al sector, así como defender a las pymes, autónomos y asalariados. Partimos de la base de que existe un amplio consenso tanto a nivel político como técnico y social
por el cual los poderes públicos debemos tomar conciencia de la necesidad de conservar y regenerar los centros urbanos y actuar sobre ellos. En España llevamos muchos años haciéndolo y con acciones de carácter muy variado. Estas iniciativas han
partido casi siempre desde las comunidades autónomas o corporaciones de carácter más local, sin guardar patrones comunes y sin un marco nacional que las unifique. Sin embargo, desde hace un tiempo se vislumbra un nuevo escenario en el que el
Ministerio de Economía y Competitividad se ha puesto a trabajar. Gracias a este trabajo, al Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista de 2013 y, por supuesto, el de 2014, se ha propiciado la creación del grupo de trabajo
comercio y ciudad que estudia cuáles son las demandas y la realidad de las áreas comerciales urbanas con el objetivo de articular las nuevas necesidades de regulación, así como la colaboración público-privada en este ámbito. Hoy, con la
presentación de esta proposición no de ley, damos un paso más en este camino ya iniciado y, una vez analizado el escenario, abogamos por empezar a diseñar y estudiar un nuevo enfoque para encontrar nuevos modelos de gestión en un entorno
colaborativo para hacer ciudad y buscar las fórmulas jurídicas que desarrollen esta nueva figura.
Señorías, desde hace unos años existe un amplio consenso sobre la necesidad y la urgencia de dar con este enfoque de gestión integrado, al que se le pide que sea flexible ya que debe adaptarse a las características de cada ciudad, que sea
realmente efectivo tanto a nivel de promoción como de financiación y que se asegure su rentabilidad. En este escenario emerge con fuerza un nuevo modelo de gestión nacido en Canadá hace más de cuatro décadas y entendido como una nueva forma de
colaboración público-privada en el ámbito del gobierno local. Actualmente ya se está utilizando con diversas variantes y constituye un modelo de éxito en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, etcétera. Me estoy refiriendo a
los business improvement districts, los BID, para nosotros, distritos de mejora de negocio. Estos distritos operan en la intersección entre lo privado y lo público. Son organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan
servicios públicos adicionales dentro de un área geográfica específica gracias a la generación de unos ingresos anuales provenientes del pago de una aportación obligatoria por parte de los propietarios y/o comerciantes. En ello, los propietarios
comerciales pagan esas aportaciones extras para recibir también unos servicios y beneficios extra.
Quisiera detenerme en este punto y hacer un paréntesis para destacar el ejemplo de la localidad valenciana de Gandía, la primera ciudad en toda España en proponer un BID, proyecto que tiene, por tanto, para nosotros un carácter experimental
y piloto y a cuya estela seguro que se sumarán pronto otras muchas localidades. Tomándolos como base, el Gobierno está estudiando la creación de un modelo normativo que suponga el reconocimiento, organización y desarrollo de un nuevo modelo de
centros comerciales abiertos que promoverá la participación de todos los agentes en colaboración con las distintas administraciones públicas afectadas. Para ello, la Dirección General de Comercio Interior está elaborando
un borrador de esta norma que regulará lo que se ha venido a llamar áreas de promoción de iniciativas empresariales, a partir de ahora, Apies. El objetivo es promover estas áreas donde se concentran actividades comerciales y de servicios
muy dinámicos para mejorar el atractivo de ese espacio urbano y conseguir así aumentar la capacidad de atracción de visitantes al tiempo que se desarrolla la actividad económica general, y todo ello mediante la prestación de servicios extras que
complementan o suplementan a los que ya prestan las administraciones públicas. Con la regulación legal de las Apies se busca resolver dos problemas: por un lado, la falta de cooperación de algunos de los comerciantes y empresas que no participan
en su funcionamiento pero sí se benefician de sus acciones y servicios; y, por otro, la inestabilidad de la financiación, demasiado dependiente de las aportaciones públicas. Se trata de crear el marco legal que permita una gestión sencilla con un
enfoque multidisciplinar en el que participen todos los agentes sociales y que contribuya a buscar soluciones y no a generar nuevos problemas. En el Grupo Popular consideramos de vital importancia continuar trabajando en la creación de este nuevo
modelo de gestión de espacios urbanos, articulando su naturaleza, definición, constitución de los titulares, funciones y financiación. De hecho, ya tenemos algunos ejemplos en los que tanto agentes sociales como fuerzas políticas diversas han sido
capaces de ponerse de acuerdo y sacar adelante proyectos similares a este. Visto el camino que otros ya llevan adelantado, señorías, está muy claro que debemos ser ágiles, mucho más flexibles y no quedarnos atrás, ya que los centros urbanos son
espacios vivos y cambiantes que han demostrado que, correctamente gestionados, son sumamente beneficiosos en cuestiones como la mejora de la limpieza, el mantenimiento de sus calles, su vigilancia y seguridad, el diseño urbano, la regulación de
espacios públicos, la organización del transporte, la gestión de los locales comerciales y el incremento de las ventas.
Por todos estos motivos, proponemos la presente proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Hay presentadas dos enmiendas, una del Grupo Socialista y la otra de Convergència i Unió. En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda. Después de haber asistido a la jornada que organizó la Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos en Valencia, la enmienda trata
de dar respuesta a algunas de las inquietudes que el propio sector, que los propios comerciantes manifestaron. Quiero agradecer antes de nada -aunque es posible que no lleguemos a un acuerdo- la actitud que ha tenido la portavoz en este tema del
Grupo Popular, Belén Juste, y explicar cuál es el motivo de nuestra enmienda. Nuestra enmienda trata de disipar las dudas que generó el posible borrador de anteproyecto que estaba circulando sobre esta materia, que preocupaba al sector, y por eso
una parte importante de nuestra enmienda comienza diciendo: procurando un consenso previo con el sector. Si se trata de regular o de realizar una normativa para impulsar al pequeño comercio para que se agrupe, mejore el entorno de las ciudades,
mejore su oferta, se mantengan los servicios públicos para la limpieza y seguridad de la zona, entendemos que es importante que haya un consenso previo con el sector. También entendemos que es muy importante porque en algunas comunidades autónomas,
como el caso... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Lavilla, un momento.
Señores diputados, por favor, guarden silencio. Nos queda muy poco tiempo, vamos a escuchar a los diputados que tienen el uso de la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
En la segunda parte de la enmienda precisamente lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que se respeten las competencias de las comunidades autónomas que las tienen en materia de comercio interior, que pueden recibir fondos
del Gobierno y luego, desde sus competencias, impulsar el pequeño comercio. También incluíamos un apartado para apoyar decididamente los servicios innovadores vinculados a la competitividad de las empresas allí instaladas, porque para que el
pequeño comercio compita con las grandes áreas tiene que mejorar su competitividad, y una parte importante que también hacemos constar en nuestra enmienda es la formación de su personal. Es decir, tenemos que preocuparnos de cualificar, de formar,
para que ese personal pueda atender mejor a sus clientes y pueda ser mucho más competitivo para que estos centros tengan la máxima viabilidad. En definitiva, estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar este tipo de áreas comerciales urbanas en
España, lo que pasa
es que evidentemente tenemos que llegar a un acuerdo previo con el sector, como he detallado anteriormente.
Este comercio puede revitalizar las ciudades, incluso dar más valor a las zonas que rodean a estos pequeños comercios cuando hacen propios estos espacios y se les da una determinada identidad, hay ejemplos que están llevándose a cabo con el
apoyo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Los profesionales tienen en sus manos ese documento al que yo hacía referencia del día 13 mayo. Se preguntó allí en la reunión si estaba retirado o seguía vivo, parece ser que no se conocía y
nosotros tenemos esa duda e inquietud sobre el tema. No obstante, aunque no hubiera un acuerdo, como nuestro voto en este caso no sería definitivo, si se llega a presentar la correspondiente tramitación vía decreto-ley o como corresponda, esperamos
que con nuestras enmiendas podamos mejorar esa propuesta que presente el Gobierno si no cubre estas áreas para intentar reforzar los puntos que para el Grupo Parlamentario Socialista son verdaderamente importantes.
La finalidad de la gestión de las áreas comerciales urbanas es la creación y prestación de nuevos servicios públicos innovadores, como decía, directamente vinculados a la competitividad de las empresas, y en esa dirección, si ese es el texto
que finalmente presenta el Gobierno, estaremos de acuerdo. Como no lo conocemos y tenemos ciertas cautelas que los propios representantes del sector manifestaron en aquella reunión -que, por cierto, fue muy bien, tuvimos una representación
parlamentaria muy completa-, desde el Grupo Parlamentario Socialista daríamos apoyo si se recogen esas prioridades. Si no se recogieran, lógicamente presentaremos nuestras enmiendas para que se acepten y, si no se aceptan, no daríamos nuestro
apoyo. En este momento no podemos aprobar el texto tal como está, aunque hemos manifestado esa voluntad, ese intento de acuerdo que al final no ha fraguado, pero siempre es bueno reconocerlo.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, que sin duda va a resumir la enmienda.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy a intentarlo, señor presidente. Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que va en la dirección de perfeccionar o complementar la iniciativa que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es la de votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y defendida por la diputada Belén Juste. Es cierto que, tal como
dicho el señor Lavilla, hace una semana aproximadamente ha habido una jornada en Valencia organizada por Agecu, que es la Asociación para la Gerencias de Centros Urbanos, en la cual hubo un consenso de todas las formaciones políticas para poder
desarrollar todos estos centros urbanos abiertos, todos estos centros urbanos comerciales, denominados en inglés business improvement industry, centros comerciales que han tenido un gran éxito en determinados países como Canadá y Reino Unido. La
posición de Convergència i Unió ya la conocen ustedes perfectamente, nosotros siempre hemos defendido el comercio de proximidad, hemos defendido la coexistencia, el equilibrio comercial entre las grandes superficies, las pequeñas superficies y los
pequeños y medianos comerciantes; a nosotros siempre se nos ha calificado como la formación política que defiende a los botiguers, efectivamente, esto es cierto, y creemos sinceramente que este nuevo impulso de modernidad del comercio de
proximidad, como pueden ser los denominados centros urbanos abiertos o centros urbanos comerciales, no deja de ser una innovación del comercio de proximidad tradicional que entendemos ha de ser uno de los mecanismos de futuro que van a posibilitar
que el comercio de proximidad sea un éxito en España, que sea un éxito en las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, aunque probablemente no se nos acepten las enmiendas, nosotros sí vamos a dar este paso de buena voluntad en el sentido de
que sea el Gobierno el que pueda desarrollar esta nueva normativa para que en el más corto espacio de tiempo posible sea una realidad esta nueva modalidad, pues nosotros siempre hemos defendido el comercio de proximidad, porque además no deja de ser
un equilibrio entre las grandes, las medianas y las pequeñas superficies.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo con mucha brevedad. Nuestro grupo siempre ha procurado legislar, en la medida de lo posible, a favor del comercio local por razones de índole económica, es decir, de trabajo, porque son las que más
cantidad de empleo generan, pero también por razones ecológicas, frente a los recursos naturales que puede gastar y despilfarrar directamente otro tipo de producción y
consumo, como son los asociados a los centros comerciales. Por eso nosotros siempre entendemos que es fundamental promocionar este comercio local y de proximidad. Sin embargo, creemos que hay que hacerlo a través del fomento de la demanda,
que es el principal inconveniente que encuentran estos comercios y este tipo de negocio, que es sencillamente que la gente se está empobreciendo y que no se consume en los barrios. Este tipo de medidas como la propuesta en esta proposición no de
ley, a nuestro juicio, lo que hace es distorsionar, en primer lugar, el equilibrio territorial, lo que hace es establecer una discriminación territorial y también distorsiona el fin último de lo que es el Estado del bienestar y la progresividad en
la fiscalidad. Los impuestos no están para estas cuestiones sino que están para corregir las desigualdades y poder fomentar efectivamente un Estado del bienestar que permita garantizar las necesidades mínimas de los ciudadanos y no para estas
tareas. Nos parece una mala solución para resolver una crisis real y cierta que es la del comercio local, razón por la que nuestro grupo votará en contra.
El señor PRESIDENTE: Por último, el señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Creemos que esta proposición no de ley contiene aspectos interesantes que ha explicado con mucha claridad la ponente, la señora Juste, y como algún interviniente anterior, quiero agradecer el espíritu de información
y de búsqueda de consensos que la señora Juste siempre aplica en las iniciativas que defiende. Sin embargo, pese a eso, nosotros no podemos apoyar plenamente esta proposición no de ley en su versión actual porque entendemos que aquí básicamente lo
que se está haciendo es abandonar ciertas funciones públicas en manos privadas. Se nos dice que esto lo que va a lograr son unos extras, unas mejoras sobre la situación existente, pero el temor que nosotros tenemos o el riesgo que vemos es que lo
que acabe sucediendo sea algo diferente, que las administraciones territoriales con dificultades financieras abandonen algunas de sus responsabilidades públicas en estas manos privadas y no haya un extra sino una sustitución, con las consiguientes
desigualdades. Esto es lo que hace, insisto, que no podamos apoyar la actual proposición no de ley en su versión actual. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, si desea usted intervenir para hablar de la transaccional, ya la hemos incluido.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, simplemente para que conste en Acta y no se produzca la votación sin que haya alguna referencia anterior.
El Grupo Parlamentario Popular ha estado negociando con el grupo de Convergència i Unió, a través de la señora Baena, y a la proposición no de ley de Convergència i Unió relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, hemos
presentado una transaccional de la que la Mesa tiene constancia y que ha sido repartida para que se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Las vamos a hacer en el orden que está publicado, no en el que hemos desarrollado la sesión.
Primera proposición, sobre la venta de viviendas por parte de las entidades bancarias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición relativa a las atribuciones profesionales de los ingenieros en informática e ingenieros técnicos en informática.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición sobre la situación del personal investigador en consorcios y organismos públicos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición relativa a la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que en los procedimientos de subastas de bienes inmuebles se notifique a las comunidades de
propietarios para garantizar las acciones para el pago de las deudas a las mismas. Se vota en los términos de la enmienda in voce del Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición relativa a la necesidad de fomentar la participación privada en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición por la que se insta al Gobierno a impulsar la gestión de áreas comerciales urbanas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición sobre medidas para corregir el injusto tratamiento que sufren los preferentistas estafados en su declaración del IRPF de 2013. Ha habido una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido aceptada por el Grupo de Unión
Progreso y Democracia. La votamos en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, proposición sobre el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, en los términos de la enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.