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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 580, de 28/05/2014
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 580
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles,
28 de mayo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002227) ... (Página2)
- Sobre las plantas de tratamiento de purines. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002454) ... (Página7)
- Relativa a la primera venta de los productos pesqueros. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002583) ... (Página13)
- Relativa a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21 %. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002654) ...
- Sobre medidas para conseguir un sector pesquero más sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002694) ... (Página19)
- Relativa a medidas para facilitar la movilidad de la madera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002728) ... (Página22)
- Sobre la creación de una ley marco sobre la protección de los animales de compañía. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002721) ... (Página26)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión número 41 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el debate y votación de las proposiciones no de ley acordadas en su día por la Mesa.
Antes de nada quisiera recordarles los tiempos que vienen siendo habituales en esta Comisión: siete minutos para el portavoz del grupo que propone la iniciativa, cinco para los que presentan enmiendas y tres para fijar posición.
Si no tienen inconveniente, señorías, les propongo una alteración del orden del día. La iniciativa que figura con el número 1, sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas, me preguntan diversos portavoces si es posible tratarla como
último punto 1 del orden del día.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, eso no es lo que he dicho yo. Yo proponía que mi proposición, que está en sexto lugar -y parece ser que el Grupo Popular no quiere que vaya en primer lugar-, si puede pasar a ser el último
punto.
El señor PRESIDENTE: Entonces rectifico. La proposición no de ley sobre creación de una ley marco sobre la protección de los animales de compañía, si no hay ningún grupo que se oponga, en vez de figurar como sexto punto del orden del día
figuraría como punto séptimo. Y la proposición que está en séptimo lugar, pasaría al sexto, claro. ¿Hay inconveniente en que la proposición que figura en sexto lugar pase al séptimo lugar y la séptima al sexto? (Denegaciones). Pues así se hará.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL PROYECTO CASTOR DE ALMACENAMIENTO DE GAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002227).
El señor PRESIDENTE: Pasamos el debate de la proposición no de ley sobre el proyecto Castor, de almacenamiento de gas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y para cuya defensa tiene la palabra el señor
Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Esta proposición no de ley que registramos en diciembre de 2013 y presentamos ahora en esta Comisión -Comisión que por cierto debate y aprueba leyes de evaluación ambiental, de responsabilidad ambiental, lo
digo no sea que la portavoz del Grupo Popular me diga que no es esta la Comisión donde tenemos que traer esta PNL, como me dijo ayer en la de Cambio Climático- se basa en una moción aprobada por el Parlament de Catalunya por 129 votos, entre ellos
los del Partido Popular. A esta PNL nosotros hemos hecho una autoenmienda que lo que hace es actualizar el texto, porque en el original había un condicional: Si la actividad de inyección y extracción de gas no ofrece la certeza... Ahora ya se ha
demostrado que tiene efectos no previsibles y no controlables, como los terremotos. Y, hablando de enmiendas, solo han presentado enmiendas el Partido Socialista y La Izquierda Plural, y estamos trabajando en una transaccional para incorporar los
conceptos porque lo que hacen es mejorar la proposición no de ley, defender más claramente los intereses de los ciudadanos de las Terres de l'Ebre y de Castellón y en eso Convergència i Unió estamos de acuerdo.
En la comparecencia del señor ministro -me parece que era octubre de 2013- ya le dijimos que estas situaciones necesitan de reacciones rápidas y contundentes. En aquel momento, en su exposición técnica del proceso de suspensión de la
actividad, como no podía ser de otra manera por las consecuencias que tenía de movimientos sísmicos y de afectación a los ciudadanos de los dos territorios, ya le dijimos que ante estas situaciones hay que responder rápidamente porque si no se crean
dudas, se crean inseguridades y los ciudadanos si no están informados pueden pensar mucho peor de lo que realmente está pasando. Él nos dijo al final que estábamos preparados, que tenía planes activados, que tenía contacto con las dos comunidades
autónomas de los territorios afectados y que tenía un máximo compromiso institucional, máximo compromiso institucional que quedó demostrado cuando el conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya en marzo -dos meses después de que el diputado
señor Sixto hubiese pedido el informe- le recuerda que si están hechos los dos informes que se habían pedido le traslade la información, que se la comente y que le diga. Fíjese adónde llega esta lealtad institucional que el mismo consejero de la
Generalitat, consejero de Interior y responsable de Protección Civil, tiene que
escribir una carta diciendo: Oiga, me he enterado por la prensa de que el informe sobre la actividad sísmica en el Golfo de Valencia, responsabilidad de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, ya está hecho y terminado. Los
municipios, los ciudadanos, los ayuntamientos, sus representantes locales, sus representantes autonómicos no reciben toda la información y cuando se hace público el informe se lee: Todo indica que el origen de la actual serie sísmica registrada
tiene una relación directa con la inyección de gas del proyecto Castor, sin perjuicio de que tal valoración se confirme con estudios geológicos que se pongan en relación con las características de la inyección.
Sin perjuicio de estos estudios geológicos posteriores, todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas, que a su vez ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos ya existente en
la zona y que no estaba previamente caracterizado. Yo entiendo que el señor ministro tenga que ganar tiempo para saber cómo va a solucionar este grave problema, pero entre ganar tiempo y ser opaco totalmente hay una gran diferencia, porque en una
democracia parlamentaria si el señor ministro coge a los consejeros, coge a los responsables y les informa, la responsabilidad es suficiente como para conocer la información e ir trabajando en ese sentido. Esto ha hecho precisamente que
Convergència i Unió trajese esta proposición no de ley a esta Comisión. ¿Qué pedimos en esta proposición no de ley? Pedimos paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor de almacenamiento de gas. Sus tres infraestructuras tienen
que cerrarse porque, aunque el ministro no lo haya hecho correctamente, el primer informe -realmente no sabemos cuántos informes hay porque el ministro no nos lo dice- demuestra la relación directa entre el almacenamiento de gas y los movimientos
sísmicos que sufre la población de Terres de l'Ebre y del norte de Castellón.
En un segundo punto pedimos, en el supuesto de que se produzca el desmantelamiento del proyecto -y aquí aceptaremos una enmienda de La Izquierda Plural diciendo: durante el desmantelamiento del proyecto, porque si pedimos que se pare
tenemos que hacerlo de esta manera-, que se cumplan todas las garantías y todos los requerimientos de seguridad ambientales necesarios, utilizar todos los mecanismos técnicos, políticos y jurídicos para conocer y aclarar las causas concretas que han
llevado al final de la concesión, depurar las responsabilidades técnicas y políticas e impulsar las acciones necesarias para que no se tenga que pagar con dinero público ni por los consumidores de gas natural el valor limpio o residual de las
instalaciones. Entre ellas también tenemos que considerar a los ayuntamientos de Alcanar, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, La Sénia y otros municipios catalanes afectados por los terremotos y también a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia parte interesada en el procedimiento, con el objetivo de garantizar la máxima información y trasparencia. Aquí recogemos una enmienda del Partido Socialista que amplia esto no solo a municipios del ámbito territorial de Cataluña,
de las Terres de l'Ebre, sino a los municipios afectados de la Comunidad Valenciana. Y pedimos también cumplir las instrucciones técnicas de protección sísmica de las centrales nucleares de Cataluña, recogidas en el Plan de Protección Sísmica de
las Nucleares. Este punto también lo vamos a transaccionar porque lo vamos a ir completando. En definitiva, que el ministro comparezca y dé cuenta de todos aquellos informes directos e indirectos que le puedan haber llegado a su mesa sobre este
expediente de actividad del almacenaje de gas natural Castor.
Yo creo que el Partido Popular tendría que haber hecho un esfuerzo en relación con las enmiendas; espero que su intervención sea positiva y que, aunque no compartan esta proposición no de ley -ojalá la compartiesen-, dejen constancia de su
compromiso de cerrar esta explotación.
El señor PRESIDENTE: Supongo que cuando dice el señor ministro, se referirá usted a la señora ministra.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Al ministro de Industria.
El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión.
Las votaciones van a tener lugar no antes de las dieciocho horas.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Para defender la suya, tiene la palabra la portavoz de La Izquierda Plural, doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar quiero decir que nuestro grupo parlamentario registró por las mismas fechas una proposición no de ley que acometía un contenido muy similar, a lo mejor un poco más amplio en el abordaje y por eso
algunas de las enmiendas vienen a complementar esta iniciativa, pero creo que es importante el debate que hoy tenemos.
Estamos hablando en primer lugar de la historia de un despropósito, que es la del proyecto Castor; es decir, el cómo se concibió, el cómo se diseñó, incluso la metodología de financiación ya expresa los importantes déficits de
transparencia, de democracia, pero también de responsabilidad por parte de los Gobiernos. Pero también hablamos de un fracaso del propio modelo, porque es un proyecto que sale a raíz de un modelo basado en la burbuja del gas que tenemos en este
país y para dar solución -una supuesta solución- a esa burbuja. Hoy se demuestra claramente que no es necesario un proyecto así, pero es que además ha sido un auténtico pelotazo a nivel financiero que puede desencadenar responsabilidades e incluso
que acabe pagando el pato el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, hoy hablamos no solo de cómo acaba, sino de toda esta historia.
Este proyecto se ha llevado a cabo con gran opacidad, pero sobre todo con decisiones políticas que se han llevado por delante la voluntad del territorio, que ya se oponía a ese proyecto; la voluntad de comunidades autónomas como Cataluña,
que en su momento ya indicó que no era un proyecto medio ambientalmente sostenible, que además había deficiencias importantes en la evaluación ambiental y que se deberían haber incluido informes de sismicidad, algo de lo que se hizo caso omiso
porque la prioridad del Gobierno en ese momento es que este proyecto se llevara a cabo de cualquier forma. Por eso se llegaron a legislar y a hacer a medida cuestiones tan graves como que no habría responsabilidad de la empresa en ningún caso.
Ahora estamos ante las consecuencias de hacer las cosas mal y nuestras enmiendas complementan un poco el contenido de la moción. En primer lugar, ya no se trata de paralizar en el caso de que los informes... Ya tenemos informes, aunque el Gobierno
ha tardado más de cuatro meses en responder sobre informes que ya tenía en su poder; es decir, un informe que tenían ustedes en el mes de diciembre no ha llegado a este Congreso hasta el mes de abril. Y esos informes, tanto el del Instituto
Geográfico como el que nos ha llegado esta semana -hemos tenido que solicitar amparo del Congreso porque no se nos había hecho llegar-, dicen claramente que el origen de la sismicidad acaecida sí que está relacionado con las operaciones de inyección
de gas colchón que se llevaron a cabo en dicho almacén y que coincide con un incremento del volumen inyectado. Y dice más. Luego, la magnitud de esa sismicidad tiene que ver con la falla Castor, que es lo que ya se indicaba y se preveía y no hubo
informes en ese sentido. Por lo tanto ahora ya no hay duda, informes existen, no podemos continuar amparándonos. El Gobierno no es que no tenga informes, sino que continúa escondiendo otros informes, porque tiene informes encargados, auditorías
externas que ya están en su poder pero que no quiere hacer públicos. No entendemos por qué se siguen escondiendo. Por tanto, lo que exigimos en otra enmienda es que se hagan públicos todos los informes técnicos, jurídicos y económicos, no solo los
que se han hecho hasta ahora, como los del Instituto Geológico y Geográfico, sino también los encargados a nivel internacional, no solo el del MIT, sino otros como el de la prestigiosa auditora Det Norske Veritas, que lo tiene el Gobierno y no lo
quiere facilitar, pero hemos podido saber que ese informe existe.
Por otro lado, lo que sí entendemos es que hay que evitar a toda costa que ante un despropósito como este, ante un mal proyecto como este, con esta opacidad acabe pagando el pato el conjunto de la ciudadanía o los consumidores del sector
gasista, porque hemos podido leer en prensa que está habiendo reuniones entre el señor Nadal y el señor Florentino Pérez; al verse incapaces de tirar adelante con ese proyecto ya se está negociando cómo el Estado o la ciudadanía acaben pagando y
compensando la irresponsabilidad de una empresa. Aquí hay muchas administraciones implicadas, desde el Banco Europeo de Inversiones hasta la propia Generalitat o el propio Gobierno del Estado, y aquí ha habido negligencias en todas partes.
Exigimos que se depuren responsabilidades, pero para hacerlo el Gobierno tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que dar explicaciones, y de momento no las está dando, solo se está negociando con el sector económico y con los
inversores y como resultado puede que acabemos pagando todos este fracaso colectivo del modelo energético y también de las grandes infraestructuras hechas no al servicio de la ciudadanía, sino de grandes inversores y multinacionales.
Por lo tanto, exigimos como mínimo trasparencia, honestidad y que el Gobierno batalle no para pagarle al señor Florentino o a la empresa Escal, sino sobre todo para que la ciudadanía no pague el pato de este despropósito.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Ruiz Carbonell.
El señor RUIZ CARBONELL: Como no puede ser de otra manera, el Grupo Socialista está de acuerdo en pedir al Gobierno que paralice definitivamente el proyecto de almacenamiento de gas conocido por las siglas Castor, del que habla esta
iniciativa parlamentaria. Queremos llegar a un acuerdo con el grupo proponente y votar favorablemente la iniciativa; de hecho, ya casi hemos llegado. Y estamos de acuerdo
porque para nuestro grupo, por encima de cualquier otra razón, por encima de los intereses económicos están la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos, como para el Parlament de Catalunya, que votó una moción de la
que procede esta iniciativa, o como para les Corts Valencianes, que aprobó por unanimidad el pasado octubre una petición para cerrar el almacén. Y es que, a nuestro juicio, que en cualquier territorio se produzcan en pocas semanas cerca de 600
seísmos, muchos de ellos perceptibles, algunos de magnitud 3 en la escala Richter y uno de 4,2, tendría que ser motivo más que suficiente para que los poderes públicos tomasen todas las medidas que estén en su mano para reestablecer la tranquilidad
en su seguridad de los ciudadanos y ciudadanas afectados. Y les aseguro que en este caso quienes residen en el norte de la provincia de Castellón y en el sur de Tarragona, en las Terres de l'Ebre, lo único que les puede tranquilizar ahora es, tras
la paralización de hace unos meses, su cierre, créanme. Hablamos de un territorio con tres centrales nucleares y una central de ciclo combinado, además del almacén de gas, posible almacén de gas, y también con zonas de una gran riqueza ecológica
como el Delta del Ebro, lo que hace que quienes allí residen estén muy sensibilizados en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la energía, ciudadanos entre los que el proyecto Castor nunca ha sido muy popular precisamente, por
diferentes razones, una de ellas la falta de trasparencia e información por parte de la empresa promotora y de la Administración, y hemos tenido años todos para corregirlo -repito, todos-, porque el almacén tiene una larga historia desde que
aparecen documentos del Ministerio de Economía, como el de 13 de septiembre del 2002, que se llamaba Planificación de los sectores de electricidad y gas; desarrollo de las redes de transporte 2002-2011.
Pero volviendo a los seísmos del otoño pasado añadiré que la tranquilidad de los ciudadanos requería entonces una respuesta clara, rápida y contundente, y también una acción coordinada por parte de la Administración central y de las
autonómicas, que naturalmente implicase a los ayuntamientos, y no la falta de información con la que se encontraron y la falta de coordinación de las administraciones afectadas o tal vez tendríamos que decir la caótica coordinación, y no hablamos ya
de la política informativa. Daré solo un par de detalles. Los seísmos empezaron a producirse a principios de septiembre de 2013, los días 22, 23 y 24 se produjeron los más fuertes y el 26 se decretó la paralización. Pues bien, el ministro, José
Manuel Soria, no compareció públicamente hasta dos semanas más tarde, mientras la empresa explotadora hacía declaraciones públicas relacionando la inyección de gas que un tiempo antes se había iniciado en el almacén con los seísmos, cosa que,
estarán conmigo, no hacía aumentar precisamente la sensación de seguridad entre la población afectada. Lo de la coordinación merecería todo un capítulo aparte. Ministerio, Generalitat de Catalunya y Generalitat Valenciana se lanzaron a convocar
reuniones cada uno por su parte; según el día y el convocante a unos se les convocaba y a otros no, en algunos casos teniendo en cuenta los límites provinciales, como si los seísmos entendieran de límites provinciales. Todo ello mezclado con
alguna que otra acusación mutua. Como para tranquilizar a los vecinos de los municipios afectados.
Pero, yendo a la enmienda, proponemos en el segundo apartado añadir a la Generalitat Valenciana entre las instituciones que tienen que estar informadas y participar. En el apartado sexto, siguiendo el mismo criterio, modificar el ámbito
territorial añadiendo a los municipios del norte de la provincia de Castellón, que si el Parlament de Catalunya no incluyó debió de ser porque están más allá del río Sénia, que es el límite entre la provincia de Tarragona y la de Castellón y, por
tanto, fuera de los límites del territorio sobre el que tiene competencia. Por cierto, la plataforma de la que habla es la de las Terres del Sénia, no del Noria, curiosa traducción, por llamarla de alguna manera, que llama la atención teniendo en
cuenta que la ha hecho el grupo de Convergència i Unió.
Finalmente, actualiza el apartado octavo, ya que desde que se presentó esta iniciativa, como ha dicho precisamente el proponente, que se ha autoenmendado, han pasado meses. Entonces pedía al Gobierno que hiciera público cuando lo tuviera el
informe técnico definitivo elaborado por el Instituto Geológico y Minero. Hace pocas semanas el ministro José Manuel Soria, en respuesta a la pregunta de un diputado, dio datos de dicho informe y algún medio de comunicación cita conclusiones del
mismo. Así que pedimos que se nos explique aquí lo que tantas veces se ha dicho y publicado sobre la relación entre inyección de gas y seísmos, como parece que demuestran los datos que tiene ya, según parece, el Ministerio gracias al estudio del
citado Instituto Geológico, explicación que tendría que servir para informar a los vecinos de las poblaciones afectadas, pues les continúan llegando mensajes poco tranquilizadores, de un lado los que relacionan inyección de gas con seísmo y de otro,
por ejemplo, el del pasado 26 de febrero por parte de la empresa promotora, que en una jornada sobre el almacén de gas y la sismicidad de la zona hecha en el Colegio de Geólogos de Cataluña, y que cogieron los medios de comunicación de la zona,
aseguraba: primero, que había librado al ministerio los resultados de una auditoría que aseguraba que
la infraestructura era fiable y segura y, segundo, que confiaba en recibir el permiso para reabrir el almacén de gas. Repito, 25 de febrero de este año. Y explicación que tendría que servir para dejar claro por parte del Ministerio, como
ya he dicho en el inicio de esta intervención, que por encima de los intereses económicos estará siempre la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, solo hay que hablar con los vecinos y vecinas del territorio afectado. Yo lo he hecho, porque
además he de admitir que tengo muchas amistades en aquella zona, algunas de las cuales se remontan a hace muchos años. Como un profesor de Ulldecona, mi amigo Manel Raga, que me preguntaba no hace mucho si su casa, la de sus familiares, su
patrimonio, el de sus vecinos, su seguridad física era para nosotros -hablaba del Congreso- más importante o menos que los intereses económicos de las empresas promotoras del almacén. Es a todos ellos a los que hoy aquí les debemos una respuesta
contundente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví, por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor BALDOVÍ RODA: Compromís-Equo quiere mostrar su total apoyo a esta proposición no de ley. Hechos: se inyecta gas en la plataforma Castor y se producen terremotos, más de 500 y algunos por encima de 4 grados de intensidad en la
escala Richter; deja de inyectarse gas y deja de haber terremotos. Ergo, ya sabemos lo que tenemos que hacer: debe cesar toda actividad de inyección de gas, lo demás es jugar con la seguridad de las personas, lo diga el ministro o lo diga el
presidente de ACS, Florentino Pérez.
Lo ha dicho además claramente el Instituto Geológico y Minero nacional en un informe que no admite dudas. Leo. Conclusión número 4: Sin perjuicio de estudios geológicos posteriores todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la
actividad de inyección de gas que a su vez ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos ya existente en la zona y que no estaba previamente caracterizado. Lo firma el director de la Red Sísmica Nacional, el jefe de área de
Geofísica y el jefe de servicio de la Red Sísmica Nacional. Y ahora lo que los ciudadanos quieren saber es muy simple, ¿quién pagará el pato? Es decir, ¿quién va a pagar todo esto? La empresa Escal lo tiene claro: si se cierra la instalación el
Ministerio asume el coste auditado. Me gustaría que el ministro y el Partido Popular comenzaran a dar respuestas claras. ¿Piensan reabrir el almacén de gas Castor? ¿Quién tiene que pagar esos 1.300 millones? ¿Hay que pagar lucro cesante a la
empresa? ¿Cómo pudo pasar este proyecto 44 informes favorables? Y al Partido Popular Valenciano: ¿por qué el Consell no pidió informes sísmicos del Castor? Por último, ¿piensan hacer público el informe definitivo del Instituto Geológico y Minero
que relaciona de manera clara los terremotos con la inyección de gas?
Reiteramos el voto de Compromís-Equo a favor de esta iniciativa y celebro, como valenciano, que el ponente haya aceptado la enmienda en la que también se hace parte interesada en el procedimiento a los ayuntamientos valencianos afectados por
los temblores de tierra, a Vinaròs, a Benicarló y a Peníscola.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, doña Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señorías, he escuchado con atención todos los argumentos, pero especialmente he escuchado atentamente los argumentos del portavoz socialista, que por cierto ahora ya no está aquí. Y me gustaría hacer una breve
reseña histórica de los acontecimientos.
Primero, Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo. Otorgó la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor. Señorías, año 2008, Gobierno socialista. En aquel momento los representantes socialistas no se
sentían inquietos y podían hablar con sus amigos del proyecto porque estaban tranquilos.
Siguiente paso. El almacenamiento subterráneo Castor se encuentra recogido en el documento de planificación de los sectores de electricidad y del gas 2008-2016, aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, con categoría A
urgente, bajo Gobierno socialista. Categoría A urgente significa: A, que son infraestructuras aprobadas sin ningún tipo de condicionalidad y urgente, que hay que agilizar lo máximo todo el proceso.
23 de octubre de 2009, resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático -doña Teresa Riviera en aquel momento- formulando declaración de impacto ambiental del proyecto, declaración de impacto ambiental que consideraba positivo lo
que había presentado la empresa. En esa declaración de impacto ambiental no se tuvo en cuenta en ningún momento la sismicidad inducida ni el riesgo sísmico.
Ahora, señorías, quiero hacer un inciso, sí se contempla el riesgo sísmico en la evaluación de impacto ambiental, porque el Gobierno del Partido Popular ha modificado la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y sí lo considera.
Preguntaba el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra quién iba a pagar los 1.300 millones que había que pagar a la empresa. Yo creo que esta es una buena pregunta y que tendríamos que hacérsela al señor Zapatero, a ver si esta
es una deuda más de las que nos ha dejado el señor Zapatero.
Durante la tercera fase de inyección de gas colchón, es decir entre el 2 y el 16 de septiembre, la empresa Escal, S.L. informó de una serie de eventos sísmicos en las inmediaciones de la plataforma marina de almacenamiento subterráneo
Castor. La Dirección General de Política Energética y Minas adoptó el 26 de septiembre de 2013, cuatro días más tarde, la decisión de suspender la operación en el almacenamiento y a la vez requirió sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y
al Instituto Geológico y Minero de España. En el informe del Instituto Geológico y Minero de España se pide el análisis de las causas de la sismicidad. Por cierto, que este informe lo hemos conocido después de que un miembro del grupo de Izquierda
Unida solicitara el informe al Ministerio, que se le envió -no sé por qué hay este miedo a no recibir informes porque el ministerio los envía-, y el diputado de Izquierda Unida fue recibir el informe y hacerlo público. Está en su derecho, pero no
sé hasta qué punto la queja viene aquí a cuento.
¿Qué se recomienda en este informe? Pues, con los datos que tiene, el Instituto Geológico y Minero de España realiza el análisis de las causas de la sismicidad determinando el mecanismo concreto que las relaciona con la inyección de gas
colchón y recomienda la realización de una serie de estudios adicionales que confirmen las hipótesis planteadas y establezcan el nivel de riesgo concurrente. También se ha pedido la colaboración de entidades extranjeras de reconocido prestigio para
hacer un siguiente y definitivo análisis de los hechos.
La proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió no podemos votarla obviamente porque muchos de sus puntos carecen de la solidez necesaria. Por ejemplo, en el punto 2 de la moción se dice que se cumpla, en el supuesto que se
produzca el desmantelamiento, con todas las garantías. Hay que decir que el proyecto Castor ya dispone de un plan de desmantelamiento y abandono así como de recuperación del medio, plan que fue presentado como parte integrante de la solicitud de
concesión de explotación por parte del promotor.
Respecto al punto 4, hay que decir que no corresponden al Banco Europeo de Inversiones ni la tutela de los procedimientos administrativos de los Estados miembros ni el control técnico de los proyectos que se desarrollaron en los mismos.
Respecto al punto 5, cita una directiva que no parece particularmente relevante a los efectos de los eventos sísmicos producidos en el entorno del Castor. Y en cuanto a los puntos 6 y 8, tengo que decirle que se han adoptado las medidas oportunas
para garantizar la máxima transparencia y que se ha establecido una coordinación entre el Ministerio del Interior, Medio Ambiente, Economía e Industria, Energía y Turismo bajo la dirección de la Vicepresidencia del Gobierno y con la participación de
la Generalitat de Catalunya y la Delegación del Gobierno y la Generalitat Valenciana, así como con expertos de ambos institutos.
El portavoz de Convergència esto lo conoce, pero me imagino que, como los demás grupos parlamentarios, tiene que pedir que se cierre. Sin embargo, usted estará de acuerdo conmigo en que, una vez concluidos los trabajos en todos los ejes
actualmente en curso, se contará con una base técnica sólida sobre la cual tomar una decisión definitiva, incluido el desmantelamiento, y que en todo caso primará de manera determinante la seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente. Y
mientras tanto creo, señorías, que es oportuno mantener la cautela y la prudencia. La paralización del almacenamiento se mantendrá todo el tiempo necesario. (Aplausos).
- SOBRE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURINES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002454).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto siguiente del orden del día, sobre las plantas de tratamiento de purines. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el portavoz, don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Hoy en la Comisión de Agricultura tenemos la oportunidad de debatir de nuevo, y posteriormente votar, una proposición no de ley, en este caso presentada por el Grupo Socialista, que pretende asegurar el funcionamiento
para los próximos años de las veintinueve plantas de tratamientos
de purines que se han construido por todo el territorio nacional en los últimos años. Y digo de nuevo porque precisamente ayer en la Comisión de Cambio Climático debatimos una proposición similar a propuesta de CiU, proposición que fue
rechazada porque así lo quiso el grupo mayoritario del Partido Popular. De ayer a hoy no sé si han cambiado las cosas o las intenciones del Grupo Popular, pero en cualquier caso agotaremos nuestros tiempos intentando dar argumentos al Partido
Popular para que cambie su decisión. En cualquier caso, lo primero que querría señalar es que nos parece poco seria -ya lo dije ayer- la actitud del Grupo Popular; la respetamos en su mayoría, pero aquí estamos hablando de una problemática
importante y que no se planteen ni enmienda ni solución alternativa, me parece una actitud un poco despreciativa en relación con una reivindicación que no es solo de los grupos que la traen aquí, sino de un sector que con justicia la ha planteado.
Todos hemos sido conocedores de las manifestaciones que ha habido en Madrid a la puerta del Ministerio de Industria, también en las sedes de algunas delegaciones del Gobierno, que han sido convocadas y protagonizadas no por el Grupo
Socialista ni el de Convergència i Unió ni otros grupos, han sido los propios ganaderos afectados por esta decisión del Gobierno del Partido Popular los que han ido a manifestarse y a plantearle al Gobierno la necesidad de que cambie sus decisiones,
porque si no las cambia, estas plantas están abocadas a su cierre; ya han cerrado algunas de ellas y, por supuesto, todas las que se construyeron en la última fase y que están sin amortizar lógicamente cerrarán. Por tanto, el Grupo Socialista aquí
está trayendo una justa reivindicación del sector ganadero, del sector porcino, un sector que es un auténtico orgullo ahora mismo para nuestro país, un sector que ha progresado muchísimo en los últimos años, un sector que en este momento -el sector
porcino- representa el 13 % de la producción total agraria española, más del 35 % de la producción final ganadera y un sector que no sé si ustedes, señores del Grupo Popular, son conscientes, pero ha crecido muchísimo en estos últimos años, hasta
convertirnos en este momento en el segundo país de la Unión Europea en producción y en volumen de negocio. Esto no ha sido por casualidad, esto ha sido así porque los ganaderos han hecho un esfuerzo brutal y las administraciones en su conjunto,
todas -entiendo que las gobernadas por el Partido Socialista también, las del Partido Popular-, y las de los grupos nacionalistas, han tratado de hacer un esfuerzo para aprovechar las ventajas competitivas que tiene nuestro país y resolver los
problemas que en relación con la producción porcina tienen que ver con el medio ambiente y el bienestar animal que en los países tradicionalmente productores -Dinamarca, Holanda, Alemania- han hecho desaparecer la producción en zonas muy
importantes, y España los ha transformado en ventajas competitivas, dando solución a estos problemas, permitiendo a los españoles en este momento ser los segundos productores de porcino de toda la Unión Europea.
La eliminación de los purines es un problema muy importante en todas las zonas productoras. España tiene muchísimo territorio en muchas zonas donde la eliminación de los purines no representa un problema y su distribución para su
utilización en las producciones agrícolas no ha constituido un cuello de botella a la expansión de este sector, pero en otras zonas sí lo es; por la densidad de población que hay o por la excesiva concentración de granjas, el purín es un problema y
no hay soluciones fáciles de eliminación de una manera que ambientalmente sea asumible. Precisamente por eso, se construyeron estas veintinueve plantas de tratamiento de purines, que han permitido dar solución a las problemáticas que se dan en
Castilla y León -entiendo que el Gobierno de Castilla y León cuando impulsó la creación de estas empresas no lo hizo pensando que estaba cometiendo, como poco menos dicen los portavoces del Partido Popular cuando han hablado de esto, un atraco a los
españoles-, o las seis plantas que se construyeron en Cataluña o las cuatro de Aragón o las tres de Murcia -el Gobierno del Partido Popular de Murcia entiendo que promovió estas instalaciones pensando que hacía un bien a su región y a la producción
porcina- o las dos de Castilla-La Mancha o las que hay en Galicia, Andalucía y en Navarra. Por eso, nos parece incomprensible que el Gobierno del Partido Popular sin negociación, sin plantear ninguna alternativa o solución viable, haya tomado estas
decisiones que pueden entenderse, y así se pueden entender, justificar más o menos, desde una óptica estrictamente energética pero que desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista ambiental,
son absolutamente inasumibles y las consecuencias en algunos casos pueden ser irreparables, porque en algunas zonas no hay solución, señores del Grupo Popular, a la eliminación de los purines y, por tanto, o cerrarán las granjas o se creará un
problema ambiental en esa zona; no hay alternativa. Por tanto, si ustedes hubieran actuado con un poquito más de seriedad deberían haber negociado y en el margen que haya de negociación de disminución de rendimientos de estas plantas, creo que
habría un margen de acuerdo y, en cualquier caso, proponer alguna solución alternativa. En definitiva, creo que la decisión del Gobierno en materia
energética va a tener unos impactos económicos muy importantes, va a tener un impacto desde el punto de vista del empleo que se genera en este sector que ha sido evaluado por consultoras externas en más de 5.600 los empleos que se van a
perder. Hay una pérdida de beneficios fiscales asociados a toda la actividad. En definitiva, no entendemos cómo el Gobierno no es capaz de dar una solución.
En este sentido hemos presentado la proposición no de ley que registramos el 3 de marzo. Ha pasado tiempo desde entonces y no ha habido una solución hasta ahora. En cualquier caso, la reiteramos para ver si somos capaces entre todos de
conseguir un cambio de posición en el grupo mayoritario y que hagan algún gesto en algún momento a estos sectores. Adelanto ya, presidente, para no tenerlo que repetir o tener que hacer otra intervención, que a las enmiendas de CiU y de La
Izquierda Plural les voy a plantear una enmienda transaccional conjunta con la propuesta del Grupo Socialista e incorporaciones de CiU y La Izquierda Plural, con lo que pretenderíamos, si ellos lo aceptan, que se votara en esas condiciones.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado una enmienda por parte del Grupo de La Izquierda Plural, para cuya defensa tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde La Izquierda Plural quiero decir que ayer tuvimos un debate muy parecido en la Comisión de Cambio Climático a raíz de una proposición no de ley que presentó Convergència i Unió y muchos de los argumentos ya
fueron puestos encima de la mesa. Yo creo que lo que hoy estamos intentando buscar es una solución de final de procedimiento, es decir, cuando hay varias cosas que no funcionan, tiene que existir una reacción del Gobierno, lo que no puede ser es
que el Gobierno tome medidas de forma arbitraria y unilateral, como todo lo que tiene que ver con la reforma energética del Gobierno, con retroactividad, sin tener en cuenta el impacto doble y triple que tiene en otros sectores y el impacto en este
caso ya no económico, sino medioambiental para el tratamiento de un sector, sin ninguna transición y sin ningún tipo de diálogo, porque esta orden ministerial fue aprobada la semana pasada y no mejora precisamente las necesidades del sector
ganadero. Ahora bien, el problema de la reforma eléctrica no es solo con el sector ganadero, es también con el sector que tiene que ver con las renovables; el problema de la orden no es solo de los purines, es una orden de retribución a
renovables, pero también a la cogeneración y, por lo tanto, puestos a exigir la retirada, lo que planteamos es la retirada de la orden ministerial.
Nuestro grupo parlamentario se aleja bastante de la posición del portavoz socialista, que decía que mientras en Alemania no tienen soluciones medioambientales en España hemos encontrado la solución definitiva a los purines. Yo creo que la
realidad dista mucho de ser esta. En España, desde que tuvimos también las denuncias por contaminación ambiental, se ha multiplicado la cabaña porcina pese a reducir el numero de puestos de trabajo de una forma completamente insostenible, con un
tipo de crianza intensiva, de grandes extensiones, y si Alemania nos exporta precisamente todo lo que es la crianza de la cabaña porcina es porque ellos tienen exigencias medioambientales superiores. El problema que estamos teniendo es que no solo
estamos produciendo cerdos, sino que además los venimos aquí a engordar teniendo nosotros el problema medioambiental. Lo que está claro -y yo conozco más el caso de Cataluña- es que se ha multiplicado de forma exponencial y este modelo además, que
no es de ganadería ecológica y tampoco con una alimentación que reduzca nitratos, que es lo que se ha estado promoviendo, es irresponsable, y con las plantas de cogeneración no vamos a darle solución. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una
apuesta un poco más realista e intentar dar soluciones. Es verdad, ahora necesitamos una moratoria, no se pueden tomar decisiones como se han tomado, y hay que contar sobre todo con el sector ganadero, y este es el planteamiento que nosotros
hacemos. La solución no tiene por qué venir de la negociación que tengamos con estas empresas de desimpacto ambiental, que aquí estamos hablando de las eléctricas, Gas Natural, Iberdrola, son las que están detrás porque es el sector de la
cogeneración, lo que nosotros decimos es: planteemos un diseño de retribución de las plantas del tratamiento de purines que garantice la supervivencia de las plantas imprescindibles para ello, adaptando el sector ganadero, impulsando mecanismos
también que permitan la reconversión de plantas de producción eléctrica a partir de gas natural a otras de biogas. Entendemos que esto da solución, porque nosotros apostamos por una solución al sector ganadero, pero poniendo también sentido común.
Yo creo que el acuerdo del 2007, hecho en ese momento en que se pensaba que la demanda eléctrica crecería exponencialmente, puede ser revisado. ¿Cómo vamos a garantizarlo? Pues, efectivamente, mediante una moratoria y garantizando también una
retribución adecuada para mantener las plantas abiertas, pero también mirando a largo plazo y esa reconversión.
Por otro lado, lo que también les planteamos es una reflexión sobre el modelo. No podemos venir aquí a decir que tenemos que solucionar el problema de los purines mirando solo lo que afecta a las empresas de desimpacto ambiental y de
cogeneración. Vamos a impulsar también un modelo que sea sostenible, porque es un sector fundamental para el sector primario en España, el sector porcino, pero hay cosas que se pueden mejorar claramente, desde la alimentación a cómo se hace la
crianza y a cómo se tratan y se internalizan los costes medioambientales. El sector necesita apoyo, pero necesitamos hacer un buen diagnóstico del modelo que tenemos. Por eso le pediríamos que en esa transaccional pongamos como prioridad dar
solución al sector ganadero y al tratamiento de purines y no compensar a las empresas de cogeneración. Yo creo que además en esta Comisión tiene sentido que sea así.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Como ya se ha comentado en las anteriores intervenciones, este tema también se discutió ayer en la Comisión de Cambio Climático, en una PNL presentada por nuestro grupo de Convergència i Unió, y este es el motivo
también de parte de nuestra enmienda que proponemos a esta proposición del Grupo Socialista. No nos cansaremos de debatir y llevar esta proposición no de ley a cualquier Comisión que tenga razón de ser llevada, es decir, hablar de los purines es
hablar de industria, es hablar de alimentación, al final es hablar también de medio ambiente, es hablar de modelo económico y también, como ha dicho la portavoz de La Izquierda Plural, de modelo productivo en granjas. Estamos diciendo, pues, que no
podemos desaprovechar ninguna ocasión y que un tema que es importante, que tiene un carácter de urgencia en las granjas, no se puede quedar en stand by, hay que buscar soluciones, un plan de choque y de impacto directo y no son suficientes las que
propone el Ministerio de Agricultura, en este caso la ministra, un plan de choque en granjas, donde la dotación que propone es poca, por no decir poquísima y, en cualquier caso, la solución cara al transporte no es una solución eficaz ni mucho menos
una solución a corto plazo. Cualquier cambio de modelo requiere tiempo y periodo de transición, por lo tanto la medida más adecuada es la moratoria, es decir, la prórroga de las condiciones económicas del real decreto hasta finales del 2015. No es
un capricho.
Sabemos que en la última semana y media ha habido una propuesta elevada al Ministerio de Industria y también informada al Ministerio de Agricultura de las dotaciones de plantas de purines en la cual, sin modificar el importe retributivo que
dice esta nueva orden ministerial, solo configurando y reagrupando un poco las cantidades se puede buscar una solución diferente a la que se plantea actualmente, que es el actual cierre de todas las plantas de purines. En Cataluña, por ejemplo,
sabemos que en el mes de junio ya se termina el abastecimiento de las granjas de purines, por tanto a partir de no sé qué día tendremos un problema de impacto ambiental y seguramente ya se tendrá que recurrir a las sanciones, a las multas y a
señalar como culpable de la situación al ganadero, que al final lo que hace es gestionar su explotación. Lo que no puede ser que si España no es un país que sea capaz de mantener una cierta seguridad jurídica, si por las condiciones que sean se han
tenido que cambiar las reglas del juego, esto no tiene que provocar que se lleve por delante todo un sector económico, por mucho que a nivel cuantitativo los números no sean muy importantes, porque el impacto en el sector sí que lo es. Por tanto,
si se puede solucionar con una moratoria hasta finales del 2015, si se puede reordenar y asumir la propuesta que hace ADAP en el Ministerio de Industria, que esperemos que pronto tengamos alguna contestación, entenderemos que entre la necesidad del
Gobierno de adecuar un problema tarifario y de coste energético a raíz de las plantas de cogeneración y también vista la flexibilidad de los gestores de las plantas para poder encontrar una solución y no radicalizar en el cierre completo, se podría
buscar este tiempo de transición para después ir cambiando a otros modelos de gestión de purines que contengan una revisión integral de toda la gestión del porcino. Por ejemplo, mantener las explotaciones operativas solucionando el problema del
purín y conservar el empleo mientras se analizan alternativas futuras. Las instalaciones que cumplan quince años seguirán cerrando; por ejemplo, el 2014 se cierran ya dos plantas, el 2015 también se irán cerrando más. Es decir, si vamos haciendo
esta evolución progresiva, sin un impacto tan radical de corte económico en el primer año, las cosas se pueden reformular.
Veo que hay voluntad también del sector y, por eso, hay una oportunidad, quizás por desesperación, quizás porque no se ha visto ningún movimiento, quizás porque incluso la orden ministerial elevada al Consejo de Estado está en peores
condiciones retributivas que la orden ministerial que nos llevó a la movilización hace un mes y medio a las diferentes empresas y gente del sector; es decir, no se ve ningún margen de mejora a pesar de que todo el mundo, independientemente del
color político que
gestiona el sector, sabe que es un problema evidente y que hay que buscar una solución, y la solución no pasa solo por un plan de choque en base al transporte, sino que la solución pasa para buscar el tiempo para afrontar con garantías el
problema de cara al futuro. Lo que se está pidiendo aquí es aplicar sentido común y no solo un sentido economicista a una realidad que quizás no estuvo bien planteada en su momento, esto es absolutamente opinable y objetivable, no nos vamos a
cuestionar este tema, pero en cualquier caso la realidad, que es muy tozuda, dice que por mucho que no estuviese bien planteado en su momento, una mala decisión en un momento crítico puede producir un daño que no podemos mesurar o no podemos medir
el impacto real que tendrá en el sector. Entendemos, pues, que aquí hay que hacer también una campaña de pedagogía de lo que es el purín, que no solo es un residuo, que solo es residuo el excedente del purín, el que no se puede hacer servir, por
ejemplo, como abono. No podemos cambiar todo el modelo de un día para otro y, por tanto, pedimos de manera reiterada la moratoria y de la prórroga de las condiciones de este real decreto. Además, como en los últimos días, en la última semana y
media se ha visto que el sector, que estaba absolutamente cerrado a cualquier modificación de las condiciones establecidas, ahora tiene un margen de flexibilidad para poder buscar un nuevo planteamiento de este tema, deberíamos aprovechar la
oportunidad para, entre la PNL de ayer y la PNL del Grupo Socialista de hoy, intentar buscar el consenso y si no dar un mensaje de un poco más de tranquilidad y no de tanto cerramiento de cara a las empresas, al final de cara al sector ganadero en
general.
Nosotros leeremos atentamente la transacción que nos propondrá el Grupo Socialista, entendemos la posición de La Izquierda Plural, que se priorice el cambio de modelo, pero nosotros pensamos que para cambiar el modelo lo más importante ahora
es tener tiempo para poder cambiarlo y, por eso, esto pasa, aunque no guste, por un mantenimiento de la apertura de las plantas de cogeneración de purines.
El señor PRESIDENTE: Respecto a este asunto, ¿grupos que deseen fijar la posición? (Pausa). Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Nos vamos a posicionar en la misma dirección que lo hicimos ayer en la Comisión de Cambio Climático. Simplemente quiero decir que nos preocupa el tema, que es obvio que estas plantas producen un biogas que
puede ser utilizado para el autoconsumo, el resto es vertido y vendido a la red eléctrica y nos parece que con esto está sucediendo como sucede con el resto de las renovables, no se ve una voluntad real -y en todo lo que ha tenido que ver con el
autoconsumo el Gobierno lo ha demostrado- de poder utilizar y facilitar el vertido a la red y la producción energética de todos aquellos ciudadanos que así lo quieren y que además tengan residuos que puedan permitir esa generación. Nosotros
pedíamos que el Gobierno hiciera algo al respecto que tenga que ver con las tres erres, hablábamos de la posibilidad de reutilizar, de la posibilidad de reciclar, pero también de la posibilidad de reducir, porque es evidente, como ya se ha dicho
aquí, que este es un problema al que nos tenemos que enfrentar y que es cierto que hay que ver dónde se utilizan esos restos, cómo se utilizan, si se pueden reducir los mismos, la calidad, etcétera. Por último, me gustaría decir que creemos que el
Partido Popular que sustenta al Gobierno debiera ocuparse de lo fundamental en estos momentos, que es la creación de riqueza y empleo y, por lo tanto, facilitar en la medida de lo posible que todas estas instalaciones puedan seguir teniendo una vida
y que además eso sea compatible con el medio ambiente.
Nosotros aunque no estamos de acuerdo al cien por cien con la propuesta que se nos trae aquí, sí que quisiéramos apoyarla, porque sí que creemos que es un tema grave, que nos preocupa, que afecta a ganaderos que están teniendo un gran
problema con el mismo, que además plantea retos medioambientales, es cierto, pero también oportunidades, porque todo -y el otro día lo decíamos en la Comisión pertinente- lo que tiene que ver con el cambio climático, aparte de ser a veces un
problema, puede ser contemplado como una gran oportunidad, como un problema a resolver, que nos genere en este caso, como decía al principio, oportunidades de creación de riqueza y de creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz doña Belén Bajo.
La señora BAJO PRIETO: Ayer tuvimos la oportunidad de debatir en la Comisión de Cambio Climático una proposición no de ley de Convergència i Unió sobre las plantas de tratamiento de purines y evidentemente la posición de mi grupo no ha
cambiado, con lo cual no me queda más remedio que plagiarme a mí misma.
En España se producen cada año 50 millones de toneladas de purines, en las plantas de tratamiento solo se tratan el 5 %, es decir, 2,5 millones de toneladas de purines. En nuestro país existen treinta y tres plantas de tratamiento de
purines con una inversión de 300 millones de euros. Este tipo de instalaciones ha tenido un tipo de régimen económico particular para la venta de energía al sistema más favorable que el resto de las plantas de cogeneración. Hasta la fecha la
cantidad de primas se estima que supone un 668 % de la inversión realizada, lo cual no está nada mal. Con esta retribución que percibían compensaban todos los gastos de explotación y operación de mantenimiento de la planta y no únicamente los de la
parte asociada a la producción del calor.
Cuáles han sido las consecuencias de estos sobrecostes, porque todo en la vida, señorías, tiene consecuencias. Las consecuencias han sido que desde entonces el sistema eléctrico, es decir, todos los españoles, en la factura de la luz han
aportado a esta actividad 3.062 millones de euros. Y, señorías, no se les puede decir a los ciudadanos que durante el tiempo que dure la moratoria el Gobierno va a seguir facturando en el recibo de la luz el coste adicional que en relación con una
cogeneración normal tiene el tratamiento de purines. Este ha sido uno de los factores que ha contribuido a encarecer el recibo de la luz. Estamos hablando de sobrecostes en la factura de la electricidad que pagamos todos. No debe seguir siendo el
consumidor el que siga pagando en su factura eléctrica cada final de mes por un concepto que nada tiene que ver con la electricidad que está consumiendo. Poco serio es, señor Alonso, que el Partido Socialista quiera que los españoles paguen más en
su recibo de la luz; poco serio es dejar un déficit de tarifa que si no se ataja hace inviable el sistema; poco serio es pagar en primas a renovables cuatro veces más de lo que se paga en Alemania; poco serio es no pensar en el interés general de
los españoles, eso sí es poco serio, señor Alonso. Porque con esta proposición no de ley usted está pidiendo una subida encubierta de la luz, o ¿de dónde se cree su señoría que sale el dinero para los incentivos? ¿Se cree que cae del cielo? Pues
no, sale del bolsillo de los españoles. Es más, fíjense, señorías, que no hay un solo país europeo que tenga un sistema de incentivos al tratamiento de los purines como el que hay en España.
La regulación del sector eléctrico tiene entre sus objetivos garantizar el equilibrio financiero del sistema porque en los últimos años se han acumulado importantes desajustes, de tal forma que el déficit del sector eléctrico, la diferencia
entre los ingresos y los costes del sistema ha alcanzado los 30.000 millones de euros. Y no está de menos recordar que en los años de gobierno socialista los marcos de apoyo a las energías renovables y resto de tecnologías de régimen especial,
basados principalmente en incentivos económicos, han supuesto un incremento del sobrecoste para el sistema eléctrico que ha resultado inasumible para garantizar la viabilidad del mismo. Esto no solo lo dice el Partido Popular ni lo digo solamente
yo, es que hasta la propia comisaría de Cambio Climático ha dicho que España es un recordatorio para otros Estados de que hay que ser cuidadosos con el diseño de las subvenciones. Pero si hasta el exministro Sebastián ha reconocido que había una
burbuja de renovables que no se atrevieron a pinchar por el color político de las comunidades autónomas, y ya ve, perdieron Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Hay que gobernar pensando en el interés general y no mirarse tanto el ombligo.
En la nueva regulación estas instalaciones se consideran como cogeneración a todos los efectos, eliminándose el trato diferencial que tenían hasta la fecha. El resultado es que todas las plantas han alcanzado a fecha de hoy tras la entrada
en vigor del nuevo régimen una rentabilidad superior al 7,5 %. Dígame, señoría, qué actividad tiene garantizada en estos momentos una rentabilidad de más del 7,5 %. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creó en
el mes de marzo un grupo de trabajo con las comunidades autónomas afectadas para analizar las repercusiones sobre el sector ganadero y se ha comprometido en la gestión a corto plazo de los purines generados por las explotaciones ganaderas afectadas
por el cierre de plantas, dando prioridad a las ubicadas en zonas vulnerables. Somos conscientes del impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en este sector, pero las consideramos necesarias para afrontar de una manera decidida y
responsable el principal problema del sistema eléctrico, el déficit de tarifa, para lograr la necesaria sostenibilidad económica, financiera y medioambiental del sector eléctrico. Por último, me gustaría recalcar que no debe seguir
siendo el consumidor el que deba seguir pagando su factura eléctrica cada final de mes por un concepto que nada tiene que ver con la electricidad que está consumiendo. Por tanto, mi grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.
- RELATIVA A LA PRIMERA VENTA DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002583).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, relativo a la primera venta de los productos pesqueros. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz,
el señor Caicedo.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Señorías, la primera venta de los productos pesqueros se encuentra actualmente regulada por el Decreto 1822/2009, de 27 de noviembre. Como expondré a continuación, se hace necesario la actualización de este real
decreto, debiendo regular de manera integral la primera comercialización de la totalidad de los productos pesqueros procedentes de la actividad profesional, ya sean de origen marino o de aguas continentales.
El éxito de aplicación de la política pesquera común en parte dependerá de la aplicación de un régimen eficaz de control de todos los aspectos de la misma. El control de la primera venta de los productos pesqueros es fundamental, debiendo
reforzarse según los contenidos de los reglamentos comunitarios competentes. Me gustaría hacer solo un apunte a este respecto. El considerando número 59 del nuevo reglamento dice: Con objeto de garantizar el cumplimiento de las normas de la
política pesquera comunitaria debe de establecerse un sistema fiscal de control, inspección y ejecución que incluya la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Con la petición que promovemos estamos incidiendo en un doble
frente: por una parte, contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros y, por otra parte, adecuar las condiciones de la primera venta de las distintas normativas aprobadas, tanto comunitarias como nacionales, para que el pescador tenga
unos mejores precios. Voy a exponer de forma sintética las distintas normativas que afectan a la primera venta. Las nacionales, Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantías de unidad de mercado; las comunitarias, los reglamentos indicados anteriormente, 1005/2008 y 1224/2009, y el reglamento de la Unión Europea 1371/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece la organización común de
mercado en el sector de los productos de la pesca y de la agricultura.
Como ven sus señorías, son contenidos amplios y diversos los que hay que actualizar para adecuar la primera venta de los productos pesqueros a las distintas normas que acabo de indicar. De estas actuaciones la más particular es la referente
a la obligación de tener que realizar su venta mediante subasta en lonja, no olvidando que para ejercer el control eficaz y garantizar la sostenibilidad de los recursos ha de garantizarse la emisión de la nota de venta. A esto hay que unir la
garantía de la trazabilidad, con el fin de que todos los operadores comerciales cuenten con la información necesaria para ofrecer al consumidor todas las garantías de la procedencia de los productos pesqueros que van a consumir. Hay que actuar
igualmente sobre la regularización de la primera venta de los productos de la acuicultura, así como de los procedentes del marisqueo, de la recolección de algas y de la actividad del turismo pesquero. Por otra parte, para obtener los mejores
precios en origen no en todos los casos realizar la primera venta en lonja garantizará el mejor precio. Hoy los mercados son centros de concentración de la oferta de productos de la pesca en origen, a ellos llega también la pesca de importación y,
consecuentemente, acuden los minoristas para hacer sus compras, por lo que es adecuado en algunos supuestos no mantener como inalterable la lonja para realizar la primera venta. En el mismo sentido hay supuestos donde no es posible realizar la
primera venta porque no existen lonjas, como ocurre en los territorios insulares. El turismo pesquero lleva unido poder adquirir pequeñas cantidades de pescado por particulares, siempre que sea evidentemente para el consumo, y hacerlo directamente
en la lonja suponía obtener un beneficio directo para el pescador.
Todo este relato de normas y casuística que he expuesto requiere adecuar la normativa nacional de primera venta de los productos de la pesca fresca a lo regulado en la normativa comunitaria, favoreciendo la obtención de mejores precios en
origen mediante la eliminación en algunos casos de la subasta obligatoria del pescado y estableciendo los procedimientos electrónicos más adecuados para la transmisión de la información obligatoria exigida por la Unión Europea. Por todo esto,
señoría, pido su consideración favorable en beneficio de los propios pescadores. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista. En su nombre tiene la palabra la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Señor Caicedo, nosotros entendemos que ustedes necesitan rellenar el cupo de iniciativas en esta Comisión, usted además lo ha hecho muy dignamente. Entendemos la legitimidad y el deber que tiene el Grupo Popular,
el grupo que apoya la acción del Gobierno, de presentar iniciativas de impulso, pero el Grupo Popular tiene que entender que por lo menos tengamos que hacer esta reflexión en una iniciativa de este cariz, porque es una obviedad, y digo y utilizo
esta expresión, porque es una de esas iniciativas de rellenar cupo, es una iniciativa obvia, de tan obvia que es desde luego la vamos a votar a favor, a pesar de esa enmienda técnica que hemos presentado que entendemos que mejora el texto.
Es una iniciativa que pide adaptar la normativa española a la normativa europea, en definitiva que el Gobierno de España cumpla la legalidad, que adapte su norma para cumplir con la legalidad. Es verdad que lo dejan claro en una detallada
exposición de motivos, a la que no le tengo que poner ni quitar ni una sola coma, y hacen un recorrido por la normativa europea para acabar pidiendo en la parte propositiva, insisto, que se adapte la normativa española. Claro que es importante
cambiarla, pero es su obligación hacerlo.
Dicho esto, quiero hacer algunos apuntes y algunas reflexiones en este debate, primero porque entendemos que es un anacronismo por parte del Grupo Socialista que la subasta obligatoria esté recogida en los términos en los que está en la
legislación española como subasta obligatoria. De hecho, fíjese usted -el señor García Díez lo sabe bien- que durante el gobierno de don Emilio Pérez Touriño, la consejera socialista de Pesca doña Carmen Gallego, ya en el 2006 a través de un
decreto eliminó la subasta como método de venta obligatoria, adaptándolo efectivamente ya a la normativa europea que en aquel entonces había. Entendemos que esta subasta obligatoria efectivamente limita la posibilidad de utilizar para los productos
pesqueros todas las fórmulas transaccionales de adquisición y de venta utilizadas en otros sectores y además imposibilita la repercusión de los costes de explotación que los productores tienen que soportar en el ejercicio de su actividad, tal y como
se puede comprobar, por ejemplo, cada vez que existe un incremento de los precios de combustible; y utilizo este ejemplo porque es muy razonable, muy claro y lo hemos vivido en estos últimos dos años y también debatido en esta Comisión. Eso sí,
cuando se cambió la normativa en Galicia, como les decía antes, en el año 2006 a través de ese decreto, se hizo explicitando que el producto tuviera que pasar siempre por lonja, obligatoriamente por lonja, para hacer el control higiénico, el control
sanitario, el control del cupo de capturas del producto respecto de las normas, etcétera. No para venderlo obligatoriamente, y eso quiero que quede claro, es decir, la venta en lonja es importantísima, sin ninguna duda, pero lo que estamos aquí
evitando es que sea obligatoria la venta en lonja. Por tanto, es obvio, lógico y coherente, establecer que los productores sean los que decidan cuál es la forma o el centro de venta, lonja o no. Si es lonja perfecto y si no lo es también, porque
efectivamente hay otros ámbitos.
Entendemos que sería conveniente que el Gobierno exigiera -en este debate se lo quiero comentar también- a la Unión Europea que las negociaciones de acuerdos de libre comercio con terceros países debieran garantizar las condiciones que se
les exige a las empresas pesqueras radicadas en la propia Unión Europea en materia sanitaria, en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la responsabilidad social corporativa, con el ámbito medioambiental, es decir, con un montón de
elementos que sí se le exigen a los países europeos, a sus personas empleadas, entre otras, para evitar la competencia desleal. De hecho, sabe que hay determinados sectores productivos que se ven perjudicados por los acuerdos internacionales
firmados entre la propia Unión Europea y terceros países, ya que las condiciones en las que se producen estos determinados bienes y servicios en dichos países no son equiparables al modelo social europeo. Es verdad que no se debe hacer con una
perspectiva paternalista de Europa frente a los países con los que se firman estos tratados, de ninguna manera debe hacerse desde este punto de vista, y sí se debe hacer equiparándolos, equiparando muchas veces estos criterios y estas condiciones
que se le ponen a los países europeos y que luego no se le ponen a los países con los que se firman acuerdos a través de la Unión Europea y que perjudican de manera muy importante a los diferentes sectores y, en este caso concreto que nos ocupa hoy,
al sector pesquero.
Esto es lo que le quería plantear, porque además existen diferencias también apreciables en cuanto a las políticas de conservación y preservación de los recursos naturales, que hacen que aquello que es perseguible y punible en el territorio
de la Unión Europea para empresas que están radicadas en el territorio europeo acaben en los lineales de nuestros centros comerciales como productos elaborados procedentes de terceros países en base a algún tratado internacional. Vuelvo a
insistirle, uno de estos sectores más perjudicados en estos acuerdos es el sector pesquero. Nosotros no hemos hecho una enmienda en este sentido porque entendíamos que lo que se planteaba era claro, creemos que esto es
un debate más amplio, pero como tiene mucho que ver con esta iniciativa a la que, insisto, no le quito un punto ni una coma, hemos hecho simplemente una enmienda técnica que creo que mejora la parte propositiva, pero en todo caso sí es una
reflexión política que queríamos hacer, porque entendemos que tiene mucho que ver y está muy relacionado con esta adaptación a la normativa europea la desaparición obligatoria de la venta en lonja como venta obligatoria, y tiene mucho que ver
también con la trazabilidad que estamos exponiendo y que, en definitiva, al final viene regulada por la propia normativa europea.
Reitero nuestro apoyo a esta iniciativa, aunque entendemos, señor Caicedo, que es una iniciativa de cupo, porque, como decíamos los gallegos, va de seu, es decir, tendría que ser sí o sí porque la normativa europea debe ser adaptada en los
Estados miembros, por tanto, es una obviedad, pero en todo caso ha servido para hacer este debate; al Grupo Socialista le ha permitido poner sobre la mesa esta preocupación que tenemos y mostrar que ha habido comunidades autónomas -yo le he puesto
el caso de la mía- donde ya en el año 2006, a través de este decreto, se adaptó esta realidad que, insisto, se está haciendo en otras muchas comunidades autónomas de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición sobre este asunt? (Pausa). Por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Nuestro grupo, el BNG, se va a abstener en esta proposición no de ley por una razón, porque estando de acuerdo con la necesidad de garantizar unos precios en origen realmente justos, y además desde nuestro grupo
hemos presentado iniciativas en la dirección de trabajar en este tema, entendemos que garantizar esos precios justos en origen no depende única y exclusivamente de si se elimina o no la subasta obligatoria en lonja. Existen otras cuestiones que
serían necesario garantizar; no se define ni se garantiza lo que para nosotros es fundamental, como es la trazabilidad del producto y que lo que se consuman tengan el correspondiente visado, la correspondiente inspección sanitaria. En este
momento, señorías, cuando se está hablando de ese tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, donde se quiere liberalizar absolutamente todo, incluso eliminar muchas de estas obligaciones sanitarias, nos parece preocupante una
iniciativa como esta sin matizar más y sin definir exactamente cómo se garantizarían esos precios en lonja sin necesidad de la subasta obligatoria. Por lo tanto, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo también va a votar a favor de esta proposición no de ley. Pero a pesar de que compartimos la necesidad de una mejora de la regulación de la primera venta de los productos pesqueros y, por lo tanto,
votaremos a favor de esta iniciativa, volvemos a expresar nuestro desacuerdo en que la primera venta se pueda realizar en los mercas, en Mercabarna, Mercamadrid y otros, tal como prevé el proyecto de real decreto. Nosotros defendemos, conjuntamente
con el sector, que se mantenga la exclusividad de las lonjas como puntos de primera venta. Hecho este matiz, votaremos a favor de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de aclarar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caicedo.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Sí, vamos a admitir esa enmienda técnica, porque estamos de acuerdo en que esto mejoraría la venta de los productos de los pescadores.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, la enmienda incorporada al texto de la proposición no de ley.
- RELATIVA A PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE LA FLORICULTURA, SILVICULTURA Y PLANTAS ORNAMENTALES POR LA APLICACIÓN DEL IVA DEL 21 %. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002654).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate del punto 4.º del orden del día, relativo a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21 %. Para su defensa,
en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, entre los sectores económicos que se han visto gravemente perjudicados por la subida del IVA al 21 % se encuentra el sector productivo de la floricultura, de las plantas ornamentales y de la
silvicultura. Si bien no se trata de productos de consumo de primera necesidad, el Gobierno no debería obviar la importancia de esta actividad agraria en la dinamización económica y en la generación de empleo, por ende, en el asentamiento de
población en zonas rurales.
La comarca de O Baixo Miño, en la provincia de Pontevedra, es un ejemplo claro de la importancia de este sector productivo. Desde hace aproximadamente treinta años el impulso emprendedor de muchos jóvenes de esta comarca eminentemente
agraria ha hecho posible una industria que cuenta con unos 900 puestos de trabajo directos y que ha logrado implantarse comercialmente en el mercado de flores y plantas ornamentales de distintos Estados de la Unión Europea y Oriente Medio. El
crecimiento de este sector en O Baixo Miño y su penetración en el mercado internacional es consecuencia del enorme esfuerzo realizado y orientado a competir en calidad y precio en un mercado exigente ya establecido y que se ha visto compensado por
la concesión del certificado de calidad superior concedida por la PPOES.
Las arbitrarias medidas fiscales -así lo entiende el sector- que el Gobierno aplica a estos productos pueden echar al traste los logros alcanzados en estos últimos años y también perjudicar los cientos de puestos de trabajo generados en el
sector. El incremento abusivo del IVA aprobado por el Gobierno ha llevado a que este sector se tenga que enfrentar en el mercado estatal e internacional a una auténtica competencia desleal, puesto que el IVA aplicado a estos productos en el resto
de la Unión Europea está entre el 8 y el 6 %. En el caso del Baixo Miño la competencia resulta imposible con los productos provenientes de Portugal, ya que mientras que el Gobierno español grava con un 21 % de IVA estos productos, el Gobierno
portugués, que previamente subió el IVA del 10 al 23, lo ha reducido ahora al 8 %, debido precisamente al efecto negativo que esta subida produjo.
La comercialización del Baixo Miño ya está sufriendo las consecuencias de esta competencia desleal puesto que los minoristas exigen los mismos precios a una mercancía que padece una disparatada y desigual carga fiscal. Este sector ya ha
sufrido esa reducción de ventas en un 30 %, y para más inri, señorías, dichas comercializadoras sufren en sí mismas los retrasos de la agencia tributaria en la devolución del IVA correspondiente a las exportaciones, cuestión que dificulta su
capacidad de pago a los productores. Señorías, señor presidente, no puede ser más grave la situación de este sector que se mueve desde el punto de vista económico con la liquidez circulante que tiene en ese momento y no puede contar ni siquiera con
la posibilidad de préstamos bancarios porque las entidades financieras no los dan a estas empresas precisamente por el tipo de producto que comercializan. El Gobierno, señorías, que en más de una ocasión ha reconocido lo injusto de esta
tributación, debería tener en cuenta que se trata de un sector económicamente saneado, tecnológicamente avanzado y con una grandísima capacidad innovadora, situándose en el mercado internacional con un importante nivel de competitividad ahora
amenazado por unas medidas tributarias injustas y arbitrarias, dado que es el único Estado de la Unión que las aplica.
Hemos estudiado las enmiendas que nos presentan el Grupo Socialista y el Grupo Popular y he de decir que aceptamos como adición en el segundo apartado de nuestra proposición no de ley, después de Pontevedra, incorporar la frase y otras
comarcas del Estado, porque somos perfectamente conscientes de que este es un tema que afecta a todo el Estado español aunque quisimos ubicar la iniciativa en el Baixo Miño debido a que soy diputada por la provincia de Pontevedra, conozco el sector
y vivo el sufrimiento que está padeciendo. En relación con la del Grupo Popular, he de decir que no solo no la podemos aceptar, sino que no podemos entender que el Grupo Popular nos presente esta enmienda, después de que el propio ministro de
Hacienda le haya transmitido a representantes del sector hace ya meses que reconocían el grave error que significó esta subida del IVA para este sector económico y que el Gobierno tenía intención de resolver el asunto. Con esta enmienda que nos
presenta el Grupo Popular dudamos que el Gobierno tenga esa intención porque, si la tuviera, yo creo que hoy el Grupo Popular nos estaría presentando una enmienda en la dirección que apuntó el ministro en su momento a estos representantes del sector
de la floricultura. De ahí, señorías, que no podamos aceptarla porque creemos que hoy el Grupo Popular nos debería ofrecer algo que hiciera entender al sector que el Gobierno está por la labor de resolver el problema, y la enmienda no lo dice.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puente para defender su enmienda.
El señor PUENTE REDONDO: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, que en el caso de que no sea aceptada por mi compañera del Grupo Mixto, con la que hablaré posteriormente, y se someta a
votación en sus propios términos, mi grupo votará en contra. Quiero dividir mi exposición en tres puntos. En primer lugar, la importancia de este sector para el Grupo Parlamentario Popular, igual que otros sectores; en segundo lugar, la
importancia que tiene para este Gobierno la consolidación fiscal; y un tercer punto en el que justificaré por qué nuestro voto contrario si se mantiene la proposición no de ley en sus propios términos.
El interés de nuestro partido por este sector es igual que para el resto de sectores, es decir, tenemos interés en que crezca, en que sea económicamente viable, que económicamente dé sus beneficios a todas las personas y empresas que
participan de él; tenemos interés en que gane dinero, en que sea competitivo y en consecuencia tenemos interés en que genere empleo. De ahí las medidas que está tomando este Gobierno, como puede ser la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la Ley
de Liberalización del Comercio o la Ley de Emprendedores, todas ellas dirigidas a ese crecimiento que queremos de todos los sectores y lógicamente de este. También quiero hacer mención al esfuerzo que se está haciendo, como ha comentado mi
compañera, respecto a temas de internacionalización. Este Gobierno también está trabajando en proyectos de cara a la internacionalización de nuestras empresas, sobre todo de las pymes, porque las grandes empresas ya trabajan de forma normal con los
países o internacionalizan de forma habitual, pero a las pymes hay que ayudarlas y ahí es donde nuestro Gobierno está participando y colaborando; de hecho, las cifras de comercio internacional de nuestro país son muy positivas y son un referente a
nivel mundial.
También quería resaltar la importancia de la consolidación fiscal de nuestro país y el por qué de la subida que hubo en su día de algunos impuestos, ya que no podemos gastar más de lo que ingresamos y es muy importante cumplir ese objetivo
de déficit, porque, como ha sucedido en el último año, eso hace que nuestro país sea fiable, que genere confianza, que el resto de países confíen en el nuestro e inviertan en el mismo, lo que lógicamente generará empleo, que es uno de los objetivos
principales de este Gobierno. Igualmente ese cumplimiento favorece la reducción de los impuestos para todos los ciudadanos, a través de la anunciada reforma fiscal con la que el Gobierno del Partido Popular busca el crecimiento y la creación de
empleo, y es aquí donde quería enumerar el por qué de nuestro voto en contra a la iniciativa que nos presenta nuestra compañera, siempre y cuando no se cambie el texto.
En el contexto de esta reforma tributaria que comentaba, el Gobierno estudiará las posibles modificaciones impositivas como parece ser que el ministro Montoro ha comentado con entes del sector, incluso parece ser que también con mi compañera
de escaño, y que plasmará en iniciativas legislativas que se debatirán en las Cortes Generales, por lo que en el momento actual y dado que se está trabajando en esta reforma tributaria, creemos que no es procedente aprobar iniciativas parlamentarias
como la contenida en esta PNL. Por ello, hemos presentado una enmienda, que leo textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener un diálogo constante para escuchar los problemas de un sector muy pujante y competitivo como el
de la flor y la planta ornamental española para conocer los problemas y los retos a los que se enfrenta.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta iniciativa. Para su defensa, tiene la palabra doña Teresa Cunillera.
La señora CUNILLERA MESTRES: Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley que ha presentado el BNG, del Grupo Mixto, y hemos presentado una enmienda que tiene dos partes muy diferentes; una primera en la que pedíamos a
la proponente, a pesar de que no se admita, que queremos referenciar claramente que estamos en que la propuesta venga del Gobierno, que sea una propuesta legislativa coherente y con su trámite oportuno porque, tal como está redactado, podía dar pie
a que el Gobierno se refugie en aquello que tanto le gusta y que tanto ha pervertido la vida parlamentaria española, que es el abuso del real decreto-ley; cuando ha presentado proyectos de ley, la mayoría de esta Cámara se ha encargado muy
rápidamente de que se haga por trámite de urgencia, es decir, hurtando una parte importante del debate a los grupos parlamentarios, por tanto, nos gustaría que el Gobierno tuviera que asumir esta responsabilidad de ver en qué manera nos presenta una
reforma de este tipo. En segundo lugar, creemos que esto debemos ampliarlo a otras comarcas del resto de España que tienen también
este mismo problema. Galicia tienen cooperativas muy importantes de este sector en Ourense y en Ribeiro; y en Cataluña, la zona del Maresme, en mi propia circunscripción de Lleida. Es de agradecer que la proponente nos haya aceptado esta
enmienda porque hacemos así referencia al sector en su conjunto.
No es la primera vez que el Grupo Socialista se manifiesta en este sentido. Nuestro grupo presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de este año para que se aplicara a este sector el tipo reducido del IVA, aunque es
verdad que esa enmienda corrió la misma suerte que el resto de nuestras enmiendas, todas las de nuestro grupo y prácticamente todas las de otros grupos, es decir, el rechazo del grupo mayoritario. Nuestro grupo va a apoyar esta propuesta del Grupo
Mixto y en el futuro vamos a presentar otro tipo de iniciativas para insistir en un tema que no es solamente una iniciativa de los grupos parlamentarios que le hemos hecho llegar al Gobierno la necesidad de la aplicación de este tipo reducido a este
sector, sino que los representantes de los afectados también han hecho llegar al Gobierno sus reivindicaciones, tanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como al de Hacienda y Administraciones Públicas; se han reunido con
ellos, les han dado sus argumentos, le han dicho al Gobierno que esos argumentos son fundamentados y contrastados, pero siguen pendientes de las soluciones que el Gobierno puede articular.
Si el Gobierno de España atendiera las reivindicaciones que se le hacen desde este sector, no haría nada diferente que no hagan otros Estados miembros de la Unión Europea que son productores y consumidores, como Alemania, Países Bajos,
Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica. Fíjense bien que hasta Portugal, que está pasando por una crisis económica muy importante y que ha aplicado recetas muy similares a las de nuestro país para salir de la crisis, ha acordado modificar el tipo
de IVA aplicado a flores y plantas. Básicamente porque ha sido muy sensible al hundimiento de las empresas de ese sector. Un sector muy afectado por la crisis económica, porque el tipo de IVA aplicado le ha afectado de una manera muy directa y ha
tenido efectos claramente señalados en cuanto a la reducción de la demanda, especialmente en el sector público, parques y jardines, y esto ha llevado al consecuente incremento del desempleo en explotaciones agrarias, en empresas de comercio. Estas
son las cosas que el sector le ha trasladado el Gobierno, esto y otras reflexiones, y se le han aportado soluciones alternativas a las que no parece dispuesto el Gobierno; podía haberse diferenciado por productos, como así se lo han propuesto sin
que hayan recibido respuesta, y es verdad que hoy hemos podido asistir una vez más a la dificultad de poder creer o esperar algo de la sensibilidad del Gobierno en estos temas como en otros, porque esta es una situación muy similar a la que vive el
sector de la cultura, que les reclama una cosa similar, les aporta datos, constatación de repercusiones negativas que tiene el IVA que se le aplica en este momento, sin que se le haya atendido ni hayan conseguido nada de lo que piden. Por eso nos
ha parecido curioso que desde el Grupo Popular lo que pretendían que se pidiera en esta proposición no de ley es que el Gobierno se reúna con el sector para escuchar los problemas -cito textualmente- y conocer los retos a los que se enfrenta.
Parece curioso porque si a estas alturas del problema el Gobierno no lo conoce, el sector tiene un problema mucho más grave -y piensa que ya lo tiene muy grave-, pero de la intervención del representante del Grupo Popular hemos oído que los conoce,
porque dice que los ha atendido, que va a hacer... Entonces ¿cómo le vamos a pedir al Gobierno algo que nos dice su propio grupo que ya conoce? Sabemos que lo conoce porque tenemos referencia de reuniones donde les han expuesto los datos y su
obligación sería dar respuestas. No tenemos esperanza de que sean atendidos, como tampoco tenemos esperanza de que vayan a votar esta proposición no de ley; por tanto, una vez más el Gobierno y su grupo parlamentario le va a dar la espalda a un
sector que pasa por momentos muy graves, que atraviesa un momento de crisis importante y una vez más va a obtener la callada por respuesta.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Simplemente para manifestar que estamos de acuerdo y no; tiene que ver con la forma y con el fondo. Evidentemente, estamos a favor de que este sector del que estamos hablando no hubiera sufrido la subida
de IVA. La proponente aludía a cómo estaba el sector en Galicia. Quien les habla, que viene de la Comunidad Valenciana, sabe que para un sector que también es muy importante, como el de los viveros, el golpe ha sido duro, pero me parece de
responsabilidad decir que nos parece que no es el marco adecuado ir discutiendo uno por uno el caso de cada sector específico, sino que debiéramos pronunciarnos en cuanto al fondo del problema, que es la subida del IVA por parte del Partido Popular,
que además no ha sido una medida efectiva, sino una medida contraproducente, una
medida que atenta, repito, contra algo que es fundamental hoy en nuestro país, que es la creación de riqueza y por lo tanto de empleo, de que se reactive el consumo y que las empresas puedan facturar más.
Deberíamos hablar del conjunto de sectores; nos hubiese gustado que hubiese sido así; de hecho, ya lo hemos hecho en Pleno. Quería simplemente hacer esta apreciación; de acuerdo en que este sector no debía haber sufrido esa importante
subida de IVA, pero puntualizar también que al igual que otros sectores, como el de la cultura, al que se ha aludido, este sector ve complicada su competitividad frente a otras empresas de países vecinos que tienen que soportar un IVA muy inferior
al que soportamos aquí, y eso en una industria, en un comercio globalizado, en un sector europeo, les pone en unas dificultades añadidas que no son justas.
El señor PRESIDENTE: Señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa, como no puede ser de otra manera. Convergència i Unió ha presentado iniciativas en el mismo sentido, proposiciones no de ley, preguntas, enmiendas en los
Presupuestos Generales del Estado, y en la futura reforma fiscal tendremos en cuenta y defenderemos el tipo reducido. Si querría matizar a la portavoz del Grupo Mixto, que pide el 8 %, que sería el 10 % por la nueva tipología de IVA reducido, pero,
en cualquier caso, estaríamos de acuerdo.
Citando las palabras de nuestro portavoz económico, que defendió en Pleno nuestra iniciativa, he de decir que pasar la venta de flores y plantas ornamentales del tipo impositivo reducido al tipo impositivo general comporta discriminar
específicamente a un sector intensivo en mano de obra y muy afectado por la situación de crisis. Esperemos que toda esa rumorología que se ha hecho llegar al sector de que había la voluntad de bajar el IVA -van pasando los meses y no se baja-, se
pueda hacer con la oportunidad de la reforma fiscal. En cualquier caso, nuestro grupo dará su apoyo a esta proposición.
- SOBRE MEDIDAS PARA CONSEGUIR UN SECTOR PESQUERO MÁS SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002694).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día relativo a las medidas para conseguir un sector pesquero más sostenible. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra su portavoz, doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Intervengo para defender esta proposición no de ley por un sector pesquero más sostenible. Una política pesquera común a la que tanto ha hecho referencia el señor Caicedo en la anterior iniciativa. La política
pesquera común, como bien saben sus señorías, tiene por finalidad recuperar la sostenibilidad de las poblaciones de peces; poner fin a las prácticas pesqueras excesivas y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas costeras.
El Gobierno de España debe comprometerse en una futura política pesquera de apoyo y de fomento de la pesca sostenible. Pesca sostenible definida en función de la utilización de las embarcaciones de arte de pesca respetuosa con el medio
ambiente y la conservación de los recursos pesqueros. Dentro de la pesca sostenible es necesario prestar una especial atención a la pesca artesanal. Pesca artesanal que se defina no solo sobre la base del tamaño de la embarcación o de la marea
máxima en la que faenan, sino sobre todo en función de su respeto al medio ambiente y la conservación de los recursos pesqueros, que estos tengan escaso impacto en el medio marino y sus beneficios sociales. Son muchos sus beneficios sociales, dado
que fomenta el entramado socioeconómico de las comunidades costeras en las que se asienta. Así definida la pesca artesanal supone un 77 % de la flota española, sin tener en cuenta el marisqueo a pie o en embarcación. Además, esta política habrá de
tener en cuenta a todos lo que participen en la actividad pesquera, desde los tripulantes y armadores a gestores de las asociaciones pesqueras. Todo ello resulta absolutamente imprescindible tanto desde el punto de vista de la política de medio
ambiente como desde el punto de vista de los beneficios sociales y económicos que puede producir la apuesta por una pesca sostenible.
Señorías, con medidas dirigidas a un sector pesquero más sostenible se crea empleo; se puede y se crea empleo. Se permite también el acceso al mismo de sectores con dificultades para ello, como son las mujeres y los jóvenes, y se
contribuye a la fijación de la población en las zonas rurales costeras. Por todo ello se presenta esta iniciativa que contiene una serie de medidas que no voy a enumerar en su totalidad, pero sí me gustaría al menos reseñar las que tienen una
especial importancia para este grupo parlamentario. Medidas efectivas y concretas de apoyo a la pesca artesanal y sostenible, medidas de asesoramiento a
la flota y también para mejoras en las embarcaciones que las acerquen a la eficiencia energética, al fomento del turismo pesquero mediante planes concretos de apoyo que cuenten con la suficiente dotación presupuestaria. También, señorías, a
avanzar en la conversión de la pesca de altura hacia un modelo medioambientalmente sostenible, con la adopción de sistemas de certificación de sostenibilidad y compromiso con la responsabilidad social corporativa de las empresas. La prohibición de
importaciones de pescado que no cumplan una severa normativa de calidad, seguridad alimentaria y que garantice el origen legal de la pesca y la mejora de los mecanismos de supervisión y control sobre la pesca ilegal.
También creemos que es importante y esencial adoptar medidas dirigidas a informar y concienciar a los consumidores sobre los beneficios sociales de la pesca sostenible, tanto en términos medioambientales como en términos de creación de
empleo y desarrollo económico. En especial, la creación de un sistema de etiquetado específico que permita al consumidor reconocer el pescado que procede de la pesca artesanal y sostenible, así como reforzar los mecanismos de control que garanticen
el cumplimiento de lo establecido en las etiquetas de productos pesqueros. Creemos que es también muy importante, como lo venimos haciendo a través de nuestras enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado, apostar decididamente por la
investigación y el desarrollo en el sector pesquero. Por una valoración adecuada de los stocks, por el estudio de las causas de sus variaciones y, en definitiva, por una más correcta definición de las cuotas y totales admisibles de captura de cada
pesquería. Y ampliar la red de reservas marinas, así lo pone la iniciativa, al menos el 10 % de la superficie marina, nacional, apoyando el desarrollo y promoción en su seno de actividades de formación, investigación y turismos compatibles con los
niveles de protección de esta reserva.
Señorías, estas medidas contribuirán a generar empleo, a incrementar la producción pesquera y a reducir las emisiones de CO2 de las flotas. La política pesquera común nos marca los objetivos de sostenibilidad, por tanto, es el momento de
actuar y desde el Grupo Socialista creemos que vale la pena. Ya sé que esta iniciativa no va a salir adelante porque el grupo mayoritario, el Grupo Popular, no la va a apoyar. Lo que sí me sorprende es que ni siquiera haya habido una enmienda o
enmiendas para intentar llegar a un acuerdo, porque se trata de poner en marcha e implementar en nuestro país lo que el Gobierno del Partido Popular ha negociado y ha avalado para que sea posible una política pesquera común. Me cuesta trabajo
entender que no haya habido ni siquiera un acercamiento para intentar trabajar en esta línea que, sin lugar a dudas, desde el Grupo Socialista creemos que es lo que se debería de hacer.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del grupo catalán de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Hemos hablado con la portavoz socialista de la motivación de nuestra enmienda. No es que no compartamos que la política pesquera comunitaria identifique y fije lo que fije, en cualquier caso, no responde a una
reclamación hecha desde Cataluña para poner de manifiesto su realidad pesquera, su definición de costa de flota costera, en este caso nosotros decimos litoral. No es que estemos en contra de la pesca sostenible, de lo que estamos en contra es de la
diferenciación de flotas que establece la política pesquera común: flota industrial y flota artesanal.
Desde Cataluña siempre hemos defendido que la definición de flota artesanal fuera sustituida por la de flota costera litoral, de ahí la motivación de nuestra enmienda, porque no es que no esté bien su iniciativa, sino que no la compartimos
en su origen. Lo que reclamamos es que se pudiera eliminar esta definición de flota costera artesanal en función de la eslora y que se establezca un régimen diferenciado para la flota costera litoral, entendida como aquella flota que ocupa los
mismos puertos de base, que opera en los mismos caladeros locales, que aglutina el tejido social tradicional de las poblaciones de la costa, que está gestionada por pymes y empresas familiares de una sola embarcación en la que trabajan uno o
diversos miembros de una misma familia de tradición generacional en la que sus descendientes esperan poder seguir trabajando en el futuro, que realiza mareas diarias, que faena dentro de 12 millas del mar territorial y que no congela ni procesa las
capturas a bordo. Hace falta que se contemple dentro de este régimen de flota litoral la casi totalidad de la flota catalana, con excepción de las embarcaciones que se dediquen a la pesca del atún con otras artes. Por eso decimos que solo el 5 %
del sector nuestro catalán estaría recogido en esta segmentación que hace la política pesquera comunitaria, por eso hemos querido hacer esa enmienda, porque, si se pudiese incorporar, creemos que quedaría un poco más resuelta nuestra realidad
pesquera catalana.
El señor PRESIDENTE: Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista. (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Se sorprendía la proponente de que no hubiéramos presentado ninguna enmienda a este texto y yo le diré que no debería sorprenderse tanto porque en el sector pesquero sí se han sorprendido de la proposición no de ley
que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cosas porque es un corta y pega de un manifiesto que está colgado en una página web de alguna organización ecologista, que realmente lo que pone en la balanza es el peso medioambiental,
muy por encima de los otros factores económicos y sociales a los que hacía referencia la portavoz socialista. He de decirle que la sostenibilidad no se consigue con bautizar las iniciativas con este adjetivo sino que se consigue instrumentando
medidas para poder garantizar que estos recursos permanezcan en nuestras aguas durante muchos años. Las artes de pesca, lo he dicho muchas veces, no son malas o buenas, lo que son malos o buenos son los modos en que se utilizan las distintas artes
de pesca, por lo tanto, no estamos de acuerdo con demonizar, como se hace en esta proposición, algunas de estas artes de pesca.
Como el tiempo también es limitado para quien les habla, voy a citar solamente algunas de las propuestas o alguno de los puntos que contiene esta proposición no de ley. Nos habla de reservar las 12 millas del mar territorial para la pesca
sostenible, pero le tengo que decir dos cosas, una, que parece desconocer lo que ha aprobado la Unión Europea cuando dice que hasta el 31 de diciembre del año 2022 los Estados miembros de la Unión Europea son los que van a poder autorizar que en sus
aguas territoriales, es decir, hasta las 12 millas marinas, se pueda restringir la pesca a los buques que tradicionalmente vienen pescando en esas aguas, y esto es lo que va a seguir haciendo este Gobierno. Y como han tocado el tema relacionado con
este asunto de la pesca artesanal, lo cierto y verdad es que lo que hubiera sido necesario para que no tuviéramos que estar hablando ahora de este asunto de las 12 millas era haber encontrado en su momento una definición consensuada de pesca
artesanal, algo que ustedes no supieron negociar adecuadamente o, por decirlo más suavemente, no tuvieron suerte, y cuando llegamos nosotros ya era tarde para cerrar este aspecto,
Habla también del turismo pesquero y quiero decirle claramente que este Gobierno desde el principio, desde el primer momento de su mandato está comprometido firmemente con elaborar un marco de actuación que permita desarrollar nuevas
actividades, y así lo ha demostrado, porque ha elaborado con las comunidades autónomas un plan estratégico de diversificación pesquera y acuícola; además ha presentado, como conocen sus señorías, un proyecto de ley que va a modificar la Ley de
Pesca Marítima del Estado, donde hay un capítulo sexto íntegro dedicado al tema de la pesca-turismo y además la financiación para estas acciones ya están contempladas en el nuevo Fondo europeo marítimo en su artículo 32.
Habla también de asesorar a la flota para la mejora de las medidas energéticas o de eficiencia energética en esos motores. Ustedes ya lo hicieron con el anterior Fondo europeo de la pesca, y están incluidas en el nuevo reglamento del Fondo
europeo marítimo pesquero, por lo tanto, tengan la seguridad de que eso está en marcha y se está haciendo.
Hay un punto que sí me preocupa especialmente, cuando hablan de reconvertir antes del 2013 las pesquerías de arrastre, palangre y cerco de altura y bajura a modelo sostenible. Nuestra flota ya realiza una actividad sostenible; la prueba la
tienen en que el 71 % de los recursos pesqueros están en su estándar sostenible y sólo un 29 % están sobreexplotados. Existe el compromiso de España de alcanzar ese rendimiento máximo sostenible para el año 2015 o como máximo, de no ser posible
esta fecha, en el 2020 para la totalidad de las especies. Sus propuestas suponen en la práctica la eliminación de la actividad pesquera. Les recuerdo que en el Parlamento Europeo solo se planteó la prohibición de arrastre en aguas profundas y no
en todas las aguas de soberanía nacional. Proponer ahora, imponer condiciones de extraterritorialidad como las que establece el rendimiento máximo sostenible en aguas que no nos sean propias y que son competencia de cada Estado soberano o que están
controladas por las organizaciones regionales de pesca, es un auténtico disparate; pero esto es lo que propone su iniciativa.
Hablan también de mecanismos contra la pesca ilegal. Cuando llegamos al Gobierno nuestro sector estaba señalado y hoy el panorama es justo el contrario: somos líderes en la aplicación del control contra la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada.
Para ir terminando, solamente voy a referirme a un último aspecto: cuando se habla de conseguir alcanzar superficies marinas nacionales del 10 % se están confundiendo los términos; la figura adecuada
aquí no sería la reserva marina, sino el espacio marítimo protegido que está contemplado en la Red Natura y donde ya están trabajando las comunidades autónomas en colaboración con el Gobierno. El último punto de su PNL, el punto 8 donde
habla de algo que me parece la filosofía de toda la proposición no de ley, es el resumen de todo ello, es la priorización de la Ley de Protección del Medio Marino sobre la Ley de Pesca Marítima del Estado. Ambas, como acabo de decir, son leyes,
tienen el mismo rango y, por lo tanto, no pueden estar supeditadas o subordinadas una a la otra.
Ya termino, señor presidente, porque mi tiempo se ha acabado. En resumen, si votamos que no a esta proposición no de ley es porque, a nuestro juicio, el futuro del sector pesquero depende de dos cosas: una, la competitividad del sector y,
otra, la explotación sostenible de los recursos,...
El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, por favor, tiene que acabar.
El señor GARCÍA DÍEZ: Me quedan quince segundos, señor presidente, es mi última frase.
... pero sostenible quiere decir lograr un equilibrio entre sostenibilidad económica, social y medio ambiental, y nunca rompiendo ese equilibrio, como ustedes proponen, primando un factor sobre otros, en este caso primando el factor medio
ambiental sobre el resto. Es algo que han pretendido desde hace mucho tiempo, ya lo pretendieron con los primeros pasos en la reforma de la política pesquera común y, afortunadamente, podemos llegar nosotros a tiempo de evitarlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rumí para que diga si acepta la enmienda.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Aunque ya lo sabe el Grupo Catalán, hay que seguir el procedimiento. No es posible aceptar la enmienda porque quitar la palabra, artesanal, tan importante y todo lo que implica sería imposible. Entraríamos en un
debate sobre qué es pesca artesanal, qué es pesca costera litoral que no ha lugar en este momento porque seguramente el presidente no nos lo permitiría. Su generosidad con el Grupo Popular no es la misma que con el resto de los grupos en el uso de
los tiempos. No es posible solamente por eso. Compartimos muchas de las medidas que aquí aparecen, pero digo que entraríamos en un debate que no procede en este momento.
- RELATIVA A MEDIDAS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE LA MADERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002728)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es el que figuraba en el número siete, orden que ha quedado alterado por acuerdo de sus señorías. La proposición hace referencia a las medidas para facilitar la
movilidad de la madera. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y su portavoz para defenderla será el diputado don Guillermo Collarte.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Yo creía que iba a intervenir en último lugar.
El señor PRESIDENTE: Hemos alterado el orden del día con la aquiescencia de todos los portavoces. Pensaba que estaba usted al corriente. Se lo debían haber comunicado.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: La legislación que regula el transporte por carretera forestal a nivel europeo es la Directiva 96/53, del Consejo de 25 de julio de 1966, modificada por la Directiva 2027, por la que se establecen para
determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional: para el transporte de madera por carretera es
una longitud máxima de 18,75 metros, y un peso máximo autorizado de 40 toneladas.
En el artículo cuarto de esa Directiva 96/53 se plantean excepciones a estas limitaciones, de modo que los Estados miembros pueden permitir dentro de su territorio transportes con distintas dimensiones a las definidas en el anexo uno entre
las que se cita expresamente la explotación de industria forestal. En España la norma que regula este tipo de transporte es su Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprobó el reglamento general de vehículos. En su anexo cuatro
se especifica como máximo autorizado, para vehículos de transporte de madera, un peso de 40 toneladas y 18,75 metros de longitud máxima. Esto es lo establecido en la norma europea sin aplicar las posibles excepciones permitidas.
Solamente por citar alguna referencia en otros países europeos, en su Suecia, estamos hablando de 60 toneladas; en Finlandia de 60; en Portugal 60; en Francia 57; en Holanda 50; en Noruega 50; en Dinamarca 48; en la República Checa
48; en Italia 44; en Alemania 44; y España se queda en las 40
toneladas. Esto supone, tal y como vamos a ver, que España no resulta competitiva a nivel de mercado de la madera en comparación con otros países de la Unión Europea.
Analizada la normativa que afecta al transporte por carretera de madera, desde hace años se viene planteando en el sector forestal español la necesidad de modificar la legislación vigente en lo referente a la autorización de mayores
tonelajes para la circulación de vehículos de transporte de madera. Se trata de acogerse a las excepciones permitidas en la norma europea que se traspone a la española. Esta inquietud deriva en gran medida del importante peso que el transporte
tiene en los costes de explotación, pero también de la desventaja competitiva en la que se encuentra España respecto a los países europeos. (Una señora diputada: Que vaya más despacio, por favor. No se le entiende).
El señor PRESIDENTE: Don Guillermo, me dicen otros portavoces que no le pueden seguir la intervención; probablemente que se acerque más al micrófono y que vaya más pausado, que todos entendemos que ha tenido que llegar precipitadamente
porque no le habían avisado. Estoy seguro que el resto de portavoces también lo comprenderán así.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Perdón entonces.
Impacto en el medio rural y gestión forestal: España debido a su orografía supone un factor crítico para la rentabilidad de los trabajos forestales; esta peculiaridad y los elevados costes derivados del transporte hacen inviables muchos
aprovechamientos forestales y, por tanto, la gestión de nuestros bosques. La operación de transporte representa aproximadamente el 50 % o más del coste total de las operaciones de aprovechamiento maderero; modificaciones de los pesos máximos
autorizados en este tipo de transporte abrirían la posibilidad de abordar aprovechamientos que actualmente no resultan viables por falta de rentabilidad, por ejemplo, en zonas de difícil acceso como es la zona pirenaica, con las consecuencias que
tiene la no actuación sobre la masa forestal. Un bosque que se aprovecha de manera sostenible es un bosque que garantiza el futuro del medio en el que vive, y esto significa: reducción del riesgo de incendios; fijación de CO2; reducción de
riesgo por enfermedades; conservación del suelo; regulación del ciclo hidrológico y conservación de la biodiversidad; fijación de la población rural; la conservación y creación de empleo que genera este sector en zonas rurales no solamente es de
empleos directos sino indirectos en toda la cadena de gestión y producción, minimizando el riesgo de despoblamiento de estas áreas; reducción de emisiones, y según el IDAE, Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, el transporte por
carretera representa cerca del 80 % del total del consumo final de energía del sector del transporte, sector responsable del 28 % de las emisiones del CO2 en España. El efecto directo del incremento de carga permitida en vehículos de transporte de
madera es que a mayor carga menor número de viajes y, por tanto, menor consumo de combustible, por las que las emisiones también se reducen. Comparando vehículos con mayor carga útil que la actual, la Comisión Europea estima que el consumo de
combustible se reduce entre un 15 y un 30 %; traducido en emisiones supone una reducción del 3,6 % de CO2, el 3,8 de nitróxido y el 5 % de pequeñas partículas.
Impacto socioeconómico y competitividad de la industria de la madera española: en la actualidad la industria de la madera y el mueble en España está compuesta por más de 28.076 empresas, que suman una facturación de 11.886 millones de euros
y que generan 137.000 empleos directos. Estas empresas que compiten con un entorno global y europeo donde el transporte de su materia prima marca una clara diferencia de desigualdad de competencia, es una situación compleja actualmente, y esto
incide directamente en la competitividad de las industrias nacionales, así como en su capacidad de exportación. Diversos estudios realizados por encargo de la Comisión Europea demuestran que cambios en el modelo básico de 40 toneladas permiten una
reducción del coste de transporte por carretera de aproximadamente un 20 % de media. Estimaciones realizadas en la Comunidad Foral de Navarra arrojan que para una distancia de 150 kilómetros el coste del transporte de madera en un vehículo de 60
toneladas resultaría en torno al 21 % más barato que si se tratase de un vehículo de 40 toneladas. Un incremento en la carga del transporte implica una mayor capacidad de movilización de madera, dinamizando las zonas forestales, produciendo
ingresos para sus propietarios, tanto públicos -ayuntamientos y concejos- como privados, así como el mantenimiento del empleo de la zona. Asemejando el tonelaje al modelo propuesto en Francia donde se permiten hasta 57 toneladas, no resulta
necesario hacer ningún tipo de adecuación de nuestras pistas ni carreteras; eso sí, habría que definir rutas donde es viable circular, como sucede en otros países de Europa, con ellos para evitar puntos débiles como pueden ser en ocasiones los
puentes o los túneles.
Se trata de establecer rutas para la utilización por este tipo de vehículos. La dimensión total de los vehículos no varía; únicamente se modifican las características adaptándolas para permitir una carga mayor, siempre que la ficha técnica
del fabricante haya garantizado que técnicamente es posible.
Se trata, tal y como se recoge en el apartado dispositivo de la proposición no de ley, de realizar en colaboración con las comunidades autónomas y las asociaciones del sector un análisis pormenorizado sobre las necesidades nacionales de
transporte por carretera para el sector. Dos, modificar el Real Decreto 2822/1998, del reglamento general de vehículos para elevar los límites de peso por eje cuando sea apropiado en lo relativo al transporte de madera en rollo. Y, tercero,
contemplar en los planes de desarrollo rural la financiación para la mejora, la accesibilidad a los montes especialmente en áreas remotas de montaña, con infraestructuras inadecuadas y la aplicación de tecnologías que optimicen las distancias de
transporte y facilite la movilización de la madera y la gestión eficiente de los montes. Estas medidas aparte de sus efectos económicos contribuirán a la protección medio ambiental de los bosques, ya que se considera que la extracción sostenible de
madera contribuye a la lucha contra los incendios forestales.
Al revisar la documentación, ayer y anteayer, vi que esto no es la primera vez que se propone. En el año 2010 y en el año 2011 ya se planteó. Incluso hay una propuesta de todos los grupos a la Mesa del Senado en este mismo sentido
prácticamente. Les pediría a todos los grupos el apoyo a esta proposición no de ley, que es importantísima para el sector forestal. Hay una enmienda de adición de UPyD, con la que yo estoy de acuerdo, pero su inclusión en este tema no tiene
demasiado sentido. Solicito a todos los grupos parlamentarios que nos apoyen, porque para este sector es de vital importancia.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Decimos que el sector forestal en España es muy importante, pero nos parece que la legislación siempre lo trata como algo especial; pero especial porque no existe; nos falta un marco legislativo que trate
de él, que lo proteja. Se nombra, no se regula, lo que ha conducido a lo largo de los últimos treinta años a que no haya una normativa específica acerca de ello ni tampoco acerca del uso de tractores y de maquinaria forestal. De eso iba la
enmienda que nosotros proponíamos también. La situación actual es que hay muchos tractores agrícolas trabajando en pequeñas explotaciones forestales y en limpiezas de montes, que no están protegidos adecuadamente para realizar ese tipo de trabajos,
y eso es un riesgo para quienes los conducen. En muchos países europeos las normas contemplan protecciones inferiores, laterales y superiores que aumentan la seguridad frente a una eventual caída de un árbol sobre la cabina del tractor. Las
cabinas de esos tractores están homologadas para un posible vuelco, pero no lo están ante la caída de un árbol. Por otra parte, las protecciones laterales e inferiores impiden la entrada de ramas que puedan romper circuitos hidráulicos o eléctricos
esenciales para el tránsito por esos montes.
En España, por la falta de regulación, los vehículos agrícolas destinados al uso forestal o servicios forestales carecen de esas protecciones que sí que se utilizan habitualmente, por ejemplo, en el sur de Francia. Nos gustaría introducir
en la legislación las reformas encaminadas a proteger a esos tractores de servicios forestales y, por lo tanto, a facilitar su tarea.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco, su portavoz don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo brevemente para decir que mi grupo apoyará esta proposición. Consideramos que independientemente de, como se ha dicho aquí, la importancia que el sector forestal tiene en la economía y, sobre todo,
en el enraizamiento y mantenimiento de políticas rurales de mantenimiento de paisaje y de sacar productividad económica, algo fundamental con la madera, había un hándicap; era un hándicap en un principio no entendible de por qué hasta ahora no se
ha modificado esto cuando el sector, las mesas intersectoriales, etcétera, lo han solicitado por medio de grupos políticos más de una vez.
Me alegra que sea el partido del Gobierno el que traiga esta propuesta cuando estaba en sus manos hacerlo, sin necesidad de traerlo, y entiendo que si lo trae el Grupo Popular es porque tiene el beneplácito del Gobierno y porque el Gobierno
ya está dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, aquí hay un problema de competitividad importante también. Conozco el mundo del sector forestal y los problemas que está teniendo. Esto lo ha solicitado muchas veces y hay un asunto que me gustaría que
el Gobierno tuviera en
cuenta: que si hace las modificaciones pertinentes para que el tonelaje de 40 pase a 44 o a 48, que no es un problema excesivo, lo haga sin que se tengan que modificar las condiciones técnicas de los vehículos, porque entonces entramos en
un segundo problema, y en vez de solucionar hacemos un segundo problema.
¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema de competitividad? Se ha añadido, por ejemplo, que a la hora de transportar por el sur de Francia, aunque en Francia el tonelaje permitido es hasta 57, las autoridades francesas cuando ven un camión
español les exigen que cumpla la legislación española, es decir, que si tiene más de 40 le sancionan, porque sólo está permitido 57 toneladas para los camiones franceses. Hagamos las cosas racionalmente, podemos ser competitivos y eso sí, insisto y
me dirijo al Partido Popular: si verdaderamente va a haber una reforma reglamentaria en esta materia, que espero que la haya, que lo hagan sin que se tengan que cambiar las condiciones técnicas de los vehículos. No tengamos que meter un quinto eje
que genere un problema mayor, siempre que estemos hablando de hasta 44-48 toneladas. Si entramos en 57 toneladas ya es otra cuestión.
Apoyamos, reconocemos las inquietudes del sector, conocemos las peticiones y, por lo tanto, apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Don Marc Solsona por Convergència i Unió.
El señor SOLSONA AIXALÁ: Manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa también, a esta proposición. Quiero apuntar al ponente del Partido Popular que ya en el 2006 Convergència i Unió presentó una proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados con el fin de que se dictara una normativa especial para el transporte de productos madereros, distinguiéndolos de otras mercancías. Usted se ha referido a los años 2010-2011 y hace dos legislaturas, en 2006, que nosotros presentamos ya
esta cuestión que se debatió en Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz socialista.
La señora SEARA SOBRADO: Simplemente manifiesto el voto favorable de nuestro grupo a esta proposición. Me gustaría hacer algún tipo de consideraciones al respecto, sobre todo, porque me gustaría destacar la importancia del tema planteado
en base a tres cuestiones que ya se han manifestado, porque además de su dimensión económica el sector maderero en España tiene una influencia muy grande en la gestión de nuestros montes, permitiendo la protección y sostenibilidad de muchos de
ellos. En segundo lugar, porque España es junto con Suecia el país con mayor superficie forestal de los países europeos y, en términos de producción de madera, según el Anuario estadístico forestal del Ministerio de Medio Ambiente, las cortas de
madera en España en 2011 alcanzaron entre 14 y 15 millones de metros cúbicos con corteza, unos troncos que salen del monte y que deben ser transportados en la mayor parte de los casos por carretera. Y, en tercer lugar, quiero destacar también que,
como ha dicho el portavoz del Partido Popular, el transporte de la madera es una operación de gran importancia, ya que representa el 50 % o más del coste total de las operaciones del aprovechamiento maderero, según el código modelo de prácticas de
aprovechamiento forestal de la FAO, y que debido a la regulación de España el coste del transporte se convierte, si cabe aun más, en un factor crítico de la rentabilidad y viabilidad de los trabajadores forestales.
Como también se ha dicho, este debate se ha producido en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado. No es verdad, y lo contempla la proposición no de ley, que no se concretara una medida concreta, porque sí se hizo. De hecho, se
aprobó instar al Gobierno a elaborar, entre otras medidas, la modificación del reglamento general de vehículos en lo relativo al transporte de madera que vuelve a recogerse en esta proposición no de ley. En el Grupo Socialista somos conocedores de
que el ministerio ya en el 2010 tenía una propuesta concreta de modificación de la normativa técnica de transporte de madera en rollo, y el Gobierno parece que tiene constancia porque está en los archivos del ministerio. Asimismo, cuando la actual
directora general de Tráfico accedió a su cargo se encontró en un cajón de su despacho un nuevo reglamento general de circulación y un nuevo reglamento general de vehículos pactado y a punto de ser aprobado.
Tres años después, el Gobierno aún está tramitando el reglamento general de circulación, por cierto, con innovaciones que sólo han generado enfrentamientos y rechazo por parte de los colectivos implicados. Sobre el reglamento general de
vehículos no sabemos cuáles son sus intenciones; nada sabemos de él. Esta modificación parece que hasta ahora estaba durmiendo el sueño de los justos en algún cajón. Nos
preocupa, por tanto, que el Gobierno en lugar de tramitar la modificación del reglamento general de vehículos, en el ejercicio de sus responsabilidades de gestión, haya utilizado el grupo parlamentario que sustenta para abrir de nuevo el
debate o para traerlo aquí a la Comisión. No entendemos muy bien qué es lo que pretende; nos preocupa por si hay divergencias en el seno del Gobierno, sobre la modificación de este reglamento, para dar cobertura a las demandas del sector y
necesitan nuestro apoyo en la Comisión. Nuestro apoyo lo tienen. ¿Por qué han tramitado la modificación del reglamento de circulación y no han modificado el otro? Tampoco lo entendemos. ¿Por qué no se ha aprovechado cualquiera de las
modificaciones realizadas por el Gobierno en la legislación de tráfico para modificar el anexo noveno del real decreto? Si usted lo ha dicho: vehículos más largos y más pesados que los fijados en la normativa española actual, pero dentro de los
valores permitidos por la legislación europea; ello supone una reducción de costes y disminución de la emisión de gases y partículas contaminantes. Si están demostradas las ventajas de empleo de este tipo de vehículos, ¿por qué no realizan ya la
modificación legislativa que lo permite?
Señorías, lo importante en este tema no es lo que se diga en esta proposición o que nosotros lo votemos, sino lo que finalmente haga el Gobierno en este tema. Si el Gobierno quiere modificaciones legislativas en cuanto a facilitar la
movilidad de madera, que las proponga y las tramite, pero que lo haga ya. Si quiere contemplar en los planes de desarrollo rural financiación para la mejora de la accesibilidad a los montes, que lo haga, porque de momento es evidente que el balance
de su gestión en el ámbito rural y forestal es más que deficiente, y a los hechos me remito: tiene paralizada la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural; ha rebajado al 30 % su compromiso de cofinanciación de los fondos FEDER
que se traduce en un recorte de 2.000 millones de euros de aportación del Gobierno de España al desarrollo rural; y la partida llamada sufragar el programa de Desarrollo Rural Sostenible se ha reducido entre el 2011 y el 2014 en un 90,20 %.
Para terminar, ya que hace referencia en su propuesta de acuerdo a la contribución que la extracción sostenible de madera hace a la lucha contra los incendios forestales, quisiera aprovechar la ocasión además para decirle al Gobierno que
traslade nuestra preocupación por el gran riesgo de incendios que existe ante la situación extraordinaria de sequía que atraviesa la zona mediterránea. Es fundamental que se adopten medidas y se destinen a recursos cuanto antes a la acción
preventiva, también a la limpieza de barrancos a cargo de las confederaciones hidrográficas que los mantienen en un estado lamentable. Aprovecho también para exigir al Gobierno que corrija su política, más centrada en la extinción y en las
consecuencias de los incendios que en la prevención.
El señor PRESIDENTE: Don Guillermo Collarte a los efectos de aclarar si acepta o no la enmienda que le han presentado a su iniciativa.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Muy a mi pesar, y dado mi afecto, no vamos a aceptar la enmienda del señor Cantó.
Reitero mis disculpas por lo atropellado de mi intervención, pero el sofocón y el agobio no me lo quita nadie. Perdón al presidente y a todos los diputados.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA LEY MARCO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002721).
El señor PRESIDENTE: En nombre de la Comisión está usted disculpado.
Vamos proceder al siguiente punto del orden del día. Es el que figuraba como número seis y está relacionado con la creación de una ley marco sobre la protección de los animales de compañía. El autor de esta iniciativa es el Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y para su defensa tiene la palabra don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Hemos hablado a menudo en esta casa de varias listas vergonzosas que nuestro país lidera en cuanto a los países de nuestro entorno, de Europa, etcétera. Por citar algunas, el número de aforados, el número
de parados, el número de dificultades a la hora de crear una empresa, el número de algunos impuestos. Hoy hemos hablado de algunos temas que tenían que ver con el IVA, pero hay otra lista que traigo hoy a colación y que tiene que ver con nuestra
propuesta, que es igualmente vergonzosa, y es el número de animales domésticos abandonados. En España se calcula que
alrededor de 300.000 animales son abandonados cada año, según la Federación de Asociaciones de Protectoras de Animales de Madrid, lo que equivale a que cada dos minutos un animal está siendo abandonado.
En países como Suiza, Alemania, Holanda o Suecia el abandono, sin embargo, es apenas existente, y esto se debe a que allí hay un marco legal que ayuda a que esto no suceda. Alguien podría decir que el tema fundamental en estos momentos es
la crisis; no lo es. En otros países que están también flagelados por una crisis tan dura como nosotros no se han encontrado con este problema, ni siquiera con un crecimiento exponencial como el que ha existido en este país, no sólo con la crisis
sino durante muchos años. La carencia, por tanto, de un marco, de una ley marco de protección animal provoca además, para nosotros, una cuestión también importante, y es que cada comunidad autónoma regula según su criterio la tenencia de animales
domésticos, lo que a su vez nos lleva a ciertos vacíos legales, diferencias y carencias graves en lo referente a la protección. No se puede adecuar, no se puede considerar de forma integral que las legislaciones autonómicas aborden de forma eficaz
la protección de los animales domésticos, porque olvidan algo tan importante como es la prevención; se dedican a promover el control, la recogida y el sacrificio de perros y gatos, sin tomar -repito- medidas, que es lo que nosotros pretendemos
discutir hoy aquí, que tengan que ver con la prevención de ese abandono y también con la superpoblación de esos animales.
Empezaré hablando de los perros, por poner un ejemplo que sirve a muchos otros, ya que es el más importante en nuestro país. Cuando nos encontramos con esos perros que han sido abandonados, existen dos caminos: uno que tiene que ver con
los centros de recogida que proporciona la Administración y, otro, con esas asociaciones, esos voluntarios que se dedican a aportar su valiosísima ayuda en el mismo tema. Cuando el centro es dependiente de la Administración, lo que sucede es que la
mayoría de esos animales son sacrificados si no aparece un adoptante muy rápido, porque esos centros no tienen ni medios ni personal suficiente como para atender el problema en toda su magnitud. La otra posibilidad mejor para esos animales, que son
las asociaciones protectoras, cuentan con otra serie de problemas. Esos sí que han sido más intensos a partir de la crisis, porque en ese tiempo que disponen para hacer su trabajo no cuentan con los medios suficientes, y además muchas veces se
encuentran con que las administraciones que han llegado a ciertos acuerdos con ellos, están haciendo que los pagos se extiendan o no les están pagando y están haciendo que se vean en dificultades muy grandes.
El principal problema del abandono de estos animales son las camadas indeseadas y el tipo de animales abandonados casi siempre es el tipo de animal mestizo. Nosotros queremos también hablar de lo que es la solución al respecto, que sin duda
es la esterilización; la esterilización de todos los animales, excepto de aquellos que legalmente vayan a ser utilizados en la cría. Según distintos estudios, entre ellos el de la OMS, el programa que incluya una campaña educativa y un apoyo
legislativo que obligue al dueño a esterilizar el animal de compañía, será el método más eficaz para la lucha contra la superpoblación de animales domésticos. En otros países como Suiza, Alemania, Bélgica, o incluso en comunidades autónomas como
Cataluña, esto ya se está haciendo y se está llegando a la conclusión de que los resultados son excelentes. Tampoco se plantean medidas para otro problema asociado que es el de la cría, el del control de la cría y venta de animales cuya valoración
está, aproximadamente, en que un 80 % de esos animales de cría son hechos ilegalmente, en el mercado negro, sin pagar los impuestos necesarios, sin tener controles, y muchas veces vienen de países del Este -ahora es donde más se está encontrando
esto-, donde esos perros se crían y viven en unas condiciones lamentables.
La identificación, es otra cuestión, de todas las mascotas con microchip. En teoría es obligatoria en todas las comunidades y el porcentaje de animales identificados es cada año mayor, pero las bases de datos de las comunidades autónomas
muchas veces chocan, como ha pasado en otros asuntos de los que hemos hablado aquí, justicia sin ir más lejos. El animal además no tiene, según en qué comunidad autónoma esté, el mismo calendario de vacunación y esto nos puede llevar a problemas
tan absurdos como que uno pueda incumplir cierta ley cuando se va de vacaciones con su animal, que por supuesto no entiende de fronteras, y nosotros tampoco deberíamos entenderlo en este sentido.
Hay otra ramificación de problemas que tiene que ver con los animales exóticos que también han creado una serie de problemas muy graves, a mí se me ocurren ahora mismo los ejemplos de los mapaches o de las cotorras, que han escapado al
control o a la cautividad a la que les sometían sus dueños y se han convertido en verdaderas plagas en algunos lugares; con las tortugas palustres ocurre exactamente lo mismo. Este es un problema que luego ha de ser erradicado por la
Administración y que conlleva serios costes, además de serios problemas para el medio ambiente, puesto que estos animales entran en directa
competición con otros animales que sí son naturales de nuestro territorio y que muchas veces se ven desplazados de una forma muy agresiva por estos otros animales. Hay que mencionar también especialmente de manera dolorosa el tema de los
perros de caza, y no solamente los perros de caza. Ecologistas en Acción cita en 100.000 el número de perros de caza que cada año son prácticamente utilizados en forma de usar y tirar, más grave todavía -y creo que la sociedad o parte de ella está
suficientemente sensibilizada- es lo que ocurre con los galgos. Se habla de 50.000 el número de galgos que practican la caza de la liebre que son abandonados, y que además ese abandono y esa matanza muchas veces se hace por medio de distintos
procedimientos, algunos de ellos -y todos hemos visto imágenes- especialmente cruentos y espeluznantes. Todos esos animales exóticos de los que he hablado antes, repito, producen un problema grave y cabría hablar también de los gatos; se han
convertido en animales que se han incluido en nuestra sociedad pero que están creando otra serie de problemas y también debemos abordarlos a través de la esterilización, porque son capaces de crear incluso problemas de salud pública. El abandono no
solamente supone un problema ético, ni afecta únicamente a los animales, afecta también a la sociedad. Ya decíamos nosotros que el trato y la consideración que los animales reciben por parte de una sociedad indica el grado de libertad y humanidad
que esa sociedad ha alcanzado, y tratándose fundamentalmente de perros y gatos, animales a los que hemos incluido en nuestra sociedad en miles de años, estamos obligados a responsabilizarnos de lo que sucede con ellos. El reconocimiento, la
protección de un conjunto de derechos que impida el maltrato o el sufrimiento inútil de los animales debe ser objetivo de toda legislación civilizada y democrática.
Nosotros hemos presentado un texto sobre el que el Grupo Popular nos ha ofrecido una transaccional, en el que pedíamos impulsar una ley marco de protección de animales domésticos en la que se contemplaran -y voy resumiendo- cinco cosas
fundamentales: prohibir el sacrificio de animales en los centros de recogida como única solución al abandono, establecer medidas estrictas de control poblacional, establecer un adecuado control sobre criaderos y la procedencia de los animales,
actualizar las sanciones por abandono y maltrato animal, inhabilitando a los infractores para su tenencia y, por último, promover la gestión por entidades de protección animal de los centros de acogida dependientes de la Administración. El Grupo
Popular nos ha presentado un texto que debo decir descafeína un poco nuestra propuesta, pero hemos decidido aceptarla por dos razones. Para nosotros es fundamental que este tema se traiga al Congreso, esperemos que el Grupo Popular esta vez cumpla
con su palabra y no suceda como en muchas otras PNL que se traen aquí, que son aprobadas y que luego se quedan en eso, en nada. Nosotros creemos que es necesario y exhortamos al Grupo Popular a que traiga este tema al Congreso, como se ha
comprometido con nosotros y entiendo que con la sociedad. Las cuestiones que no nos ha aceptado intentaremos introducirlas como enmiendas en su día, cuando ese tema, cuando esa ley marco se discuta aquí, en el Congreso de los Diputados. Como he
dicho, la forma que tenemos de tratar a los animales y especialmente a los animales de compañía, de cuya vida nos debemos responsabilizar, nos retrata como sociedad y es importante que sigamos avanzando en eso.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda presentada a esta PNL. Creo que al final hemos llegado a un buen entendimiento con el grupo proponente y, sinceramente, creo que no
puede ser menos en un tema que preocupa al Gobierno -ya lo manifestó así el anterior ministro de Agricultura- y de hecho, ya lo adelanto en esta Comisión, el Ministerio de Agricultura está actualmente elaborando, o mejor dicho, quizás debiéramos
decir que ya lo tiene elaborado un anteproyecto de ley sobre comercio y tenencia responsable de perros y gatos o de animales domésticos, y con dos fines fundamentales: minimizar el abandono y fomentar la tenencia responsable. Estas son los dos
objetivos fundamentales. En dicho texto se contemplarán medidas para conseguir, por un lado, un mayor control del comercio de animales y, por otro, la adopción de animales previamente esterilizados y procedentes de centros de recogida.
¿Cuál es el objetivo que se pretende? Pues que a medio plazo se reduzca el abandono de mascotas y evitar a toda costa el sacrificio de animales sanos. Este anteproyecto tampoco se olvida, porque si no quedaría incompleto, de regular el
comercio de perros y gatos que ya queda recogido en el punto c) de la PNL, y posibilita además a las comunidades autónomas el necesario marco normativo en función de las especificidades de cada territorio. Con este anteproyecto de ley se regulan
actividades sujetas a la presentación de una declaración responsable y la actividad de los centros de acogida, al tiempo que se
establecen obligaciones para titulares, para poseedores y también por supuesto para criadores. Además, se establece un régimen de inspecciones y controles y de infracciones y sanciones, con el fin de asegurar una aplicación efectiva de la
ley, actualizando el importe de dichas sanciones. Como se puede observar, el objetivo general de este anteproyecto coincide con el de la PNL debatida, aunque deban de hacerse varias precisiones. Por una parte, la alta tasa de abandono de animales
que existe en la actualidad no permite prohibir el sacrificio de animales en centros de recogida y, por otra parte, la filosofía general de este anteproyecto de ley de promover la tenencia responsable no permite generalizar el uso de medidas
estrictas de control poblacional como puede ser la esterilización obligatoria, no podemos obligar a nadie a que esterilice sus mascotas. Por último, me gustaría agradecer al grupo proponente que aceptase nuestra enmienda y solo me queda recordar
que en el programa electoral del Partido Popular se recogía la medida número 12 del apartado Respetuosos con el medio ambiente, en el que nos comprometíamos a fomentar la responsabilidad ciudadana en el cuidado de los animales, y este es justo el
punto en el que nos encontramos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, señor Cantó, voy a empezar mi intervención diciendo que me ha dejado un poco asombrada su intervención, por un lado, y, por otro lado, la enmienda que usted ha aceptado, porque yo pensaba que veníamos
a esta Comisión a debatir sobre la creación de una ley marco sobre la protección de los animales de compañía, y así lo entendía con su intervención y con lo que usted hoy nos traía aquí a esta Comisión. Sin embargo, la enmienda del Grupo Popular
cambia absolutamente el contenido, porque no sé si se ha dado cuenta, pero el Grupo Popular lo que le propone no se refiere a animales de compañía, se refiere a animales domésticos, y nosotros lo que pretendíamos con esta ley de protección de
animales de compañía era proteger a todos los animales, no solamente a los domésticos, porque también habrá que hablar de los animales de cría, de los salvajes, de los exóticos y, sin embargo, ustedes se han querido quedar solamente con una parte
que nada tenía que ver con esa ley marco general.
Hace ya seis meses, mi grupo le pidió al Gobierno que trajera esa ley marco. Además, queríamos que fuera una ley marco porque entendíamos que se podía legislar a nivel nacional, aunque -como usted también reconoce- debíamos recoger y
respetar también los estatutos de autonomía y las competencias locales. Además, teníamos hecho ya un trabajo exhaustivo como era un informe del grupo de expertos de alto nivel que desgraciadamente el PP nunca quiso atender. Este grupo de expertos
ya en el año 2010 nos trasladaba, entre otras cuestiones, que los ciudadanos de las sociedades más modernas de países sobre todo noreuropeos, sociedades más evolucionadas y civilizadas, han incrementado sus demandas de protección, de respeto y de
defensa de los animales y mi grupo, el Grupo Socialista, entendía y entiende que los conceptos de protección y respeto a los animales son valores que debemos fomentar desde las instituciones, para lo que debemos reforzar los canales de
sensibilización de la sociedad. Los socialistas, desde un punto de vista ético y claramente vinculado a nuestra escala de valores, entendemos que es prioritario garantizar de forma efectiva la protección y defensa de los animales y para ello
apostamos, como ya hemos dicho y hemos demostrado a lo largo de esta y la pasada legislatura, por culminar lo que entendíamos que era una ley marco de bienestar y de protección de todos los animales, no solamente de los animales domésticos, porque
además pensábamos que esta ley marco nos iba a permitir mejorar la protección de animales en España también en materia penal, que creo que es una de nuestras principales lagunas.
Esta tarde, ya les digo, me he quedado un poco asombrada de venir a debatir un tema y salirnos con otro, así lo han decidido el grupo proponente y el grupo mayoritario. Yo querría que constara en el 'Diario de Sesiones' que aunque la vamos
a apoyar, porque efectivamente si la voluntad es traer aquí una ley y poder hablar de la protección de los animales nos vamos a sumar a ella, nos parece un craso error aceptar reducir esa ley a solo animales domésticos y no abarcar a animales de
compañía. Por tanto, vamos a votar a favor, pero nos entristece que haya reducido su propuesta de inicio el grupo proponente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Tengo que empezar diciendo que después del desafortunado discurso del portavoz del Grupo Popular en aquel debate sobre la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre la tauromaquia como bien de
interés cultural y aquellas cosas que dijo, nos alegra que hoy su grupo parlamentario se preocupe por el bienestar de los animales. Ojalá no sea solo una cuestión de imagen, en ese sentido creo que podemos trabajar en esta legislatura en esta
cuestión si su grupo quiere. Hay algo en esta iniciativa que nos chirría un poco, quizá porque las diversas realidades que se plantean en la exposición de motivos luego no encuentran respuesta en la parte dispositiva de la proposición no de ley,
pero no voy a hacer sangre de esto. Quiero empezar diciendo que estamos hablando de una competencia autonómica y que por eso habrá que hilar muy fino para poder legislar desde las Cortes Generales, pero desde La Izquierda Plural creemos que hay
margen para poder hacer esa ley estatal de carácter básico que permita establecer un mínimo lo más alto posible de protección a todos los animales en todas las comunidades autónomas, porque algunas comunidades autónomas carecen de ley, otras cuentan
con leyes muy laxas y en ese sentido nosotros entendemos que hace falta una ley estatal. Por eso teníamos intención inicialmente de apoyar esta iniciativa, a pesar de algunas matizaciones que paso a hacer. Quizá hubiera sido bueno esperar a las
conclusiones del grupo de expertos de alto nivel que lleva años preparando una reforma legislativa completa que permita desarrollar plenamente el artículo 13 del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea que, recordémoslo, considera a los
animales seres sintientes, seres que sienten. Ese trabajo, ese artículo 13 del Tratado de Lisboa debe obligarnos a reformar varias leyes, por ejemplo el Código Civil, como ya se ha hecho en Cataluña, para legislar que los animales de compañía no
son cosas a la hora de regular una separación o un divorcio, son seres. En ese sentido habrá que abordar también la revisión de toda la legislación existente en materia de protección animal. De las conclusiones de ese grupo de trabajo de alto
nivel -que todavía no ha culminado sus trabajos pero que, según tengo entendido, tiene previsto acabarlos en torno al verano, junio o septiembre, esperemos que cumplan con esas fechas- se va a derivar la distribución competencial de esta materia y
el margen, por lo tanto, que tenemos para aprobar una ley estatal, una ley marco de esta naturaleza.
Quiero hacer algún matiz sobre el texto de la proposición no de ley que me servirá para responder a alguna cuestión que ha dicho la portavoz del Grupo Popular. Nosotros somos partidarios de prohibir el sacrificio, somos partidarios del
sacrificio cero, pero no basta con decirlo, hay que tomar medidas que pasan por reducir el número de animales que acaban en esos centros. Para ello hace falta campañas de esterilización de animales de compañía objeto de comercialización o animales
adoptados, tienen que ser esterilizados si no no acabaremos nunca con esa espiral; hacen falta campañas de fomento de la adopción; hacen falta campañas de educación y de sensibilización para evitar el abandono de los animales; hace falta promover
colonias felinas controladas, etcétera. No basta, por lo tanto, con decir sacrificio cero, hay que explicar cómo. Sobre la segunda cuestión, cuando se habla de medidas estrictas de control poblacional, ¡ojo! dicho así se podían incluir batidas de
perros y gatos, por lo tanto hay que especificar que la esterilización tiene que ser la vía y medidas concretas, éticas y sostenibles de acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo de 4 de julio del 2012. Se habla de control de criaderos,
estamos de acuerdo, pero también hay que controlar o restringir la importación masiva de cachorros de forma ilegal que se está produciendo en estos momentos. Se habla también de actualizar sanciones e inhabilitar a los infractores para la tenencia
de animales, estamos totalmente de acuerdo; y finalmente se habla de promover la gestión de los centros de acogida de las administraciones públicas por parte de organizaciones protectoras, estamos totalmente de acuerdo, las administraciones
públicas deben reconocer a las protectoras como entidades colaboradoras, pero ¡ojo!, no para dejar sus responsabilidades en manos de las protectoras, que, por cierto, digámoslo, están haciendo un trabajo encomiable, sino que es necesario que los
poderes públicos asuman que la protección de los animales es una política pública y, como tal, tienen que responder a ello.
Concluyo ya. Hay algunas cuestiones que ha planteado la portavoz del Grupo Popular que no me han terminado de convencer, pero en todo caso vamos a votar a favor de la transacción para dar un voto de confianza al Gobierno en este asunto.
Espero que el proyecto de ley que venga a esta Cámara no tarde mucho y que no nos defraude.
El señor PRESIDENTE: El señor Solsona, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Como ha dicho el señor Cantó, las competencias en protección de animales es autonómica y encima en el caso de Cataluña disponemos de una legislación pionera y amplia en relación con otras comunidades autónomas sobre
la materia, incluso lo reconocen ustedes en la
exposición de motivos. Es por eso que antes de ver la enmienda nuestro voto era en contra, por el tema competencial; una vez la enmienda sobre la mesa nos planteamos hacer un acto de fe, es decir, el hecho de conjugar que PP y UPyD pacten
y se comprometan a respetar las competencias autónomas en una ley básica en principio tendríamos que pensarlo; lo hemos pensado y al final vamos a votar en contra, se nos ha acabado la fe. (Risas). Ya sabemos cómo legislan ustedes y al final por
mucha buena voluntad de los grupos parlamentarios, siempre se acaba por no respetar las competencias. Llámenme desconfiado, llámenme lo que quieran, pero al final yo me llamo realista y lo que hemos visto esta legislatura es que realmente no se
respetan o cuando se tiene la oportunidad dejan de respetarse las competencias de las comunidades autónomas, por lo tanto votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, proposición no de ley sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas, cuyo autor ha sido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). A esta iniciativa se ha presentado una transaccional entre el Grupo de La
Izquierda Plural, el propio grupo proponente de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, proposición no de ley sobre las plantas de tratamiento de purines. El autor de esta iniciativa ha sido el Grupo Parlamentario Socialista que ha aceptado y participado en una transaccional con el Grupo de La Izquierda
Plural y el Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En tercer lugar, proposición, no de ley relativa a la primera venta de los productos pesqueros. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda del Grupo Socialista, que queda incorporada,
por tanto, a esa iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En cuarto lugar, proposición no de ley relativa a problemas de competitividad en el sector de la floricultura, silvicultura y plantas ornamentales por la aplicación del IVA del 21 %. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Parlamentario
Mixto y ha aceptado que se incorporara una enmienda del Grupo Socialista y ha rechazado la enmienda presentada por el Grupo Popular. ¿Es así?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La que aceptaba es una parte de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: El apartado 2 concretamente. Entonces, la iniciativa del Grupo Mixto con el apartado 2 de la enmienda presentada por el Grupo Socialista es la que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En quinto lugar, proposición no de ley sobre medidas para conseguir un sector pesquero más sostenible. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha rechazado la enmienda que se había presentado y, por lo
tanto, la sometemos a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En sexto lugar, proposición no de ley sobre la creación de una ley marco sobre la protección de los animales de compañía. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que ha aceptado una transaccional con el
Grupo Parlamentario Popular y ha rechazado la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En séptimo lugar, proposición no de ley relativa a medidas para facilitar la movilidad de la madera. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Popular, que ha rechazada la enmienda presentada por el Grupo de Unión Progreso y
Democracia. Por lo tanto, la sometemos a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.