CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 567

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 32

celebrada el martes,

13 de mayo de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (Lesmes Serrano), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los
juzgados y tribunales de Justicia, así como Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2012. A petición propia. (Número de expediente 245/000004). ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Posada Moreno): Vamos a comenzar la Comisión.


Señorías, la tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea el presidente del Congreso de los Diputados el que dé la bienvenida a la Comisión de Justicia al presidente del Consejo General del
Poder Judicial. Este año -lo digo de corazón- me alegra muy especialmente contar con la presencia por primera vez en esta Comisión del excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, a quien hago llegar mi
más cordial bienvenida, que hago extensiva a los vocales del consejo, asimismo presentes en esta sesión. Declaro, pues, abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del presidente del Consejo
General del Poder Judicial a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondiente al año 2012.


Señor presidente, habiendo concluido esta breve presentación, me permitirá que sea el presidente de la Comisión de Justicia, el amigo Alfredo Prada, el que, a partir de este momento, lleve la dirección del debate. De nuevo, señor
presidente, señores miembros del Consejo General del Poder Judicial, bienvenidos a este Congreso de los Diputados y a esta Comisión y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, reitero la bienvenida que el presidente de la Cámara ha realizado al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes, así como al vicepresidente y vocales y al resto
del equipo. Esta bienvenida la hago en nombre de todos miembros de la Comisión de Justicia.


Me van a permitir sus señorías que explique el formato de esta comparecencia. En primer lugar, intervendrá el presidente del Consejo General del Poder Judicial sin límite de tiempo. A continuación, intervendrán los diferentes portavoces de
los grupos parlamentarios de menor a mayor, con un límite de tiempo de quince minutos. Les advierto que en esta ocasión esta Presidencia será estricta porque hay un turno posterior de réplica. Únicamente modificaremos este turno de menor a mayor
como estaba previamente establecido por la Mesa para que intervenga, porque así me lo ha pedido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en primer lugar, ya que desea ausentarse para trasladarse a la ciudad de León, donde sus señorías saben
que ayer fue asesinada la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular de esa ciudad, doña Isabel Carrasco, por lo cual esta misma Comisión esta mañana, antes de comenzar sus trabajos, ha guardado un minuto de silencio. El señor
Villarrubia tiene el deseo, y parece lógico, de trasladarse a la ciudad de León y por esa razón le daremos primero la palabra a él para intervenir. A continuación, contestará el presidente del Consejo General del Poder Judicial a los diferentes
grupos parlamentarios, también sin límite de tiempo para el presidente. Y habrá un turno de réplica para los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos como máximo, en orden, ahí ya sí, de menor a mayor, porque la intervención de está
réplica, si se utilizara por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la haría otro portavoz. Cerrará la comparecencia el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Quiero reiterar el agradecimiento por su presencia en esta Comisión a
todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a todos sus asesores y a todo el equipo que acompaña al presidente. Quiero recordar también que si la Comisión lo entendiera conveniente, se podrá designar, según establece el Reglamento,
una ponencia en su seno para que informe en el plazo de quince días hábiles sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia contenidos en la memoria. Y si no se constituyera, que parece ser que no, según nos han trasladado los
distintos portavoces, se abriría un plazo de tres días que hemos prolongado dos días más, hasta el lunes 19 a las 20:00 horas, para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. La Mesa admitirá las propuestas que sean
congruentes con la memoria objeto del debate referido al servicio público de la Administración de Justicia y respetando, en todo caso, la independencia de la función jurisdiccional. Las propuestas de resolución admitidas a trámite, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.


Sin más dilación, reiterando los agradecimientos y las bienvenidas que tanto el presidente de la Cámara como yo mismo hemos realizado, le damos la palabra a don Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo.

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El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): Señor presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, señorías, miembros de esta Mesa y de la Comisión de Justicia
presentes en la sala, vocales del Consejo General del Poder Judicial, profesionales de los medios de comunicación, señoras y señores, han transcurrido ya diecisiete meses, casi un año y medio, desde la última comparecencia ante ustedes del anterior
presidente del Consejo General del Poder Judicial. Fue el día 17 de diciembre de 2012. Compareció entonces el presidente Gonzalo Moliner para dar cuenta de la situación de la justicia en el año 2011, pues a ese año se refería la Memoria del
Consejo General del Poder Judicial aprobada en el año 2012. Meses después, en febrero de 2013, el Congreso aprobó las resoluciones consecuencia de aquella comparecencia y memoria anual, y a ellas se refiere y da contestación la memoria aprobada en
julio de 2013 y que les ha sido remitida.


Como sus señorías saben, en diciembre del año pasado se constituyó este nuevo Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales fueron elegidos en su totalidad por las Cortes Generales, y a su vez estos me eligieron a mí como presidente con
fecha 9 de diciembre del pasado año. Es, por tanto, esta mi primera comparecencia, y con ella se da el debido cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 563 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debo expresar, en primer lugar, en mi
nombre y en el de los vocales que integran este consejo nuestro reconocimiento y máxima lealtad hacia esta Cámara donde está representado la soberanía nacional, y nuestro deseo de máxima colaboración entre nuestras instituciones a la hora de abordar
los desafíos y problemas y avanzar en la búsqueda de soluciones encaminadas a procurar a los ciudadanos, a quienes en definitiva estamos llamados todos a servir, una Administración de Justicia con capacidad para atender con agilidad y eficacia sus
demandas.


Hace cinco meses que inicié mi mandato por la decisión de los vocales del consejo, tiempo razonable para poder presentar hoy un cuadro actualizado del estado general de nuestra justicia y un apunte del programa de actuaciones que pretende
llevar adelante este Consejo General a lo largo de su mandato. Antes de nada, es necesario destacar que este nuevo Consejo General del Poder Judicial nace al amparo de una reciente reforma aprobada por las Cortes Generales y que ha dado lugar a una
refundación de este órgano constitucional; refundación que reclama del Consejo una primera tarea, que es adecuar su organización y funcionamiento a las previsiones de esta reforma. Para ello se han dado ya pasos decisivos que en breve tiempo
culminarán con la aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento. Los resultados de este proceso de reorganización interna serán presentados ante esta Comisión en mi próxima comparecencia.


De acuerdo con lo convenido con el presidente de esta Comisión, mi intención es efectuar una comparecencia ante ustedes en un formato algo diferente al tradicional. Este cambio se justifica en el propósito de ofrecer una información
actualizada de la situación de la Administración de Justicia. De esta manera la comparecencia, además de su contenido solemne y formal, debe completarse para su conversión en un espacio de reflexión y diálogo constructivo. Por ello, aunque mi
cometido formal sea referirme a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial anterior, del año 2013, y referida al ejercicio 2012, es decir a hace ya dos años, mi exposición versará sobre datos actualizados referidos al año 2013 e incluso a
algunos del año 2014 para poder proceder al análisis, diagnóstico y explicación del estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales. La razón de este cambio apenas precisa de explicación.
Dar ahora cuenta y detalle de la memoria correspondiente al año 2012 convertiría en irreal esta comparecencia. Evidentemente, sus señorías han de conocer los datos referidos a ese año y por eso se ha hecho entrega de esa memoria, cuyo contenido
puede ser examinado y contrastado con lo que a continuación expondré. Creo sinceramente, además, que en el futuro habría de encontrarse una fórmula que permitiera una mayor proximidad temporal de esta comparecencia respecto de las memorias y de los
hechos de los que da cuenta. Nos comprometemos a hacer lo necesario para que esto sea posible. Ahora hemos puesto a disposición de sus señorías el informe denominado La justicia dato a dato, año 2013, para que el Parlamento pueda trabajar sobre
una realidad vigente y no sobre una realidad desfasada que no puede ya recibir solución. La presentación actualizada de nuestros datos de situación es nuestro primer compromiso como Consejo General del Poder Judicial, compromiso que asumo hoy ante
sus señorías y que cumpliré en las sucesivas comparecencias que tenga el honor de efectuar ante esta Comisión.


Pero hay un segundo compromiso que también quiero asumir en el día de hoy ante la Cámara. Aunque el artículo 564 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que fuera de la remisión anual a las Cortes Generales de la memoria sobre el
estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo

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General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales no recaen ni sobre el presidente del Tribunal Supremo ni sobre los vocales del consejo deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones, es lo cierto que nada
impide que la colaboración y diálogo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento sean permanentes. Por eso quiero transmitirles que mi voluntad y la de los vocales del Consejo es la de impulsar la máxima colaboración institucional
con las Cortes Generales, no solo dotando de un contenido pleno y actual a estas comparecencias, sino también articulando nuevos mecanismos de comunicación para todos aquellos temas que, siendo competencia del Consejo General, no afecten a
cuestiones concretas de índole jurisdiccional, pretendiendo así impulsar una más estrecha colaboración entre los poderes del Estado.


Sin más preámbulo, señorías, comienzo a explicarles cuál es la situación actual en sus datos esenciales de la Administración de Justicia española. A día de hoy, el número de jueces y magistrados en nuestro país asciende a 5.362; jueces y
magistrados que sirven en 3.887 órganos judiciales, de los cuales 3.580 son de carácter unipersonal y 307 son órganos colegiados. De este total de jueces y magistrados, de estos 5.362, el 51 % son mujeres, siendo la edad media de nuestros jueces de
47 años y siendo su antigüedad media total en la carrera judicial de dieciséis años. Como puede advertirse en estas cifras, tenemos una carrera judicial equilibrada y joven, claramente representativa de la sociedad española actual y, por tanto,
dinámica y con futuro de servicio a la sociedad española, algo esperanzador que a todos nosotros compete cuidar, promover, potenciar y perfeccionar. En este empeño, el Consejo General del Poder Judicial no regateará esfuerzos que permitan conseguir
una selección de jueces adecuada a las exigencias del siglo XXI, una formación inicial rigurosa, amplia y ejemplar, en la búsqueda constante de la excelencia de nuestros jueces, para lo que contamos con una Escuela Judicial que es hoy auténtico
referente internacional. Del mismo modo, el perfeccionamiento en la formación continua de los jueces es otro de nuestros retos que exige de este Consejo General del Poder Judicial una reflexión sobre sus medios, metodologías y contenidos. En una
sociedad como la española, con un nivel de litigiosidad equiparable al de los países de nuestro entorno, se reclama de los jueces y de todo el personal que presta servicio en la Administración de Justicia un esfuerzo constante y sostenido, asumiendo
los sacrificios que la situación de crisis que vivimos exige de toda la sociedad y de la que los jueces y el Consejo General en particular y los servidores de la justicia en general no son ajenos. En cuanto al movimiento de asuntos, cabe destacar
que el número total de asuntos pendientes a finales de 2013 se ha reducido respecto de finales de 2012 en un 9 %, habiéndose resuelto más asuntos que los registrados a lo largo del año, con un total de sentencias que se acerca a 1.600.000.


Sin que se pretenda hacer ahora un análisis exhaustivo y preciso de estos datos macro de nuestro sistema judicial, sí es oportuno destacar en relación con los mismos lo siguiente. En primer lugar, que se aprecia una cierta estabilización en
el número total de asuntos, cuyas causas en un entorno de crisis requieren estudios técnicos que el consejo llevará a cabo y de cuyos resultados dará cuenta oportunamente. En segundo lugar, que se aprecia un incremento del número de asuntos
registrados en los jugados de Familia de aproximadamente un 2 %, en los juzgados de lo Mercantil de aproximadamente un 20 % y en los juzgados de lo Social aproximadamente también de un 20 %. Sin perjuicio del detalle que los referidos datos pongan
de manifiesto, evidencian, desde luego, los efectos de la crisis en los litigios que en este tipo de órganos judiciales se siguen.


En cuanto al volumen total de asuntos, se ingresaron a lo largo del año 2013 en torno a los 8.600.000 asuntos y se resolvieron por nuestro sistema judicial aproximadamente unos 9 millones de asuntos. A 1 de enero de 2014, es decir en el
presente año, estaban en trámite algo más de 2.500.000 asuntos y las sentencias dictadas a lo largo del año ascienden a 1.500.000 asuntos.


En cuanto a los datos concretos por órdenes jurisdiccionales, puedo decirles que en el orden jurisdiccional civil los asuntos ingresados en el año 2013 fueron 1.670.305 asuntos, de los cuales se resolvieron 1.814.394. A 1 de enero de 2014
continuaban en trámite 1.029.032 asuntos, habiéndose dictado en el orden jurisdiccional civil 477.705 sentencias. En cuanto a la jurisdicción penal, se ingresaron 6.304.949 asuntos y se resolvieron 6.392.638. A 1 de enero de 2014 continuaban en
trámite 1.035.554 asuntos, habiéndose dictado en el orden jurisdiccional penal 714.724 sentencias. En el orden contencioso-administrativo el número de asuntos registrados fue de 191.088 asuntos, habiéndose resuelto 260.103. A comienzos del
presente año estaban en trámite 255.837 asuntos y habiéndose dictado a lo largo del ejercicio 2013 por los jueces y magistrados del orden contencioso-administrativo 161.549 sentencias. Finalmente, en la jurisdicción social, los asuntos ingresados
en el año 2013 fueron 469.329, de los cuales se resolvieron 408.092, siendo los asuntos en trámite a 1 de enero de 2014 360.412 y habiéndose dictado

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en este orden jurisdiccional por sus jueces y magistrados 217.233 sentencias. Si ustedes examinan estos datos podrán comprobar que tanto en el orden civil, en el penal como en el contencioso-administrativo la resolución de asuntos ha sido
superior al ingreso, no así en la jurisdicción social, donde el número de asuntos ingresados ha sido superior al de asuntos resueltos.


En cuanto a la duración estimada de los asuntos, teniendo en cuenta la dificultad que hay para calcular los tiempos en los distintos procedimientos y la diferente complejidad dentro de los asuntos de la misma jurisdicción, hemos hecho un
esfuerzo aproximativo para dar una radiografía fiable de duración de un procedimiento tipo que finaliza en sentencia. En este sentido, la duración estimada de los asuntos en el procedimiento civil durante el año 2013 ha sido de siete meses en la
primera instancia, siete meses en la segunda instancia en las audiencias provinciales y algo inferior al año en casación en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Por lo que podríamos decir que la duración estimada de un proceso que agotara las tres
instancias en materia civil sería en torno a los dos años de duración media. En la jurisdicción penal, la duración estimada en el año 2013 es de aproximadamente diez meses en los juzgados de lo penal, muy inferior, tres meses, en las apelaciones en
las audiencias provinciales y la duración en la casación está en torno a los seis meses. De manera que un proceso penal que agotara también las distintas instancias y que llegara al Tribunal Supremo tendría una duración media en torno al año y dos
meses. En la jurisdicción contencioso-administrativa la duración estimada promediada es superior. La primera instancia asciende a catorce meses, la segunda instancia a veintidós meses y en casación a quince meses y medio, por lo que la duración
estimada de un asunto que agotara las tres instancias estaría en torno a los cuatro años. En la jurisdicción social la duración estimada fue de diez meses en la primera instancia en los juzgados de lo Social, siete meses la segunda instancia y en
la casación en torno a los diez meses y medio, por lo que la duración de un asunto en esta jurisdicción que agotara las tres instancias estaría en torno a los dos años y medio. Precisando un poco más los datos de evolución de la justicia en España
en el año 2013, podemos afirmar que en el conjunto de las jurisdicciones la tasa de resolución ha aumentado el 1,3 % respecto de 2012, la tasa de pendencia ha disminuido un 5,6%, la de congestión ha disminuido un 1,6 % y la tasa de litigiosidad
general ha disminuido un 3,5 %.


En cuanto a la violencia doméstica y de género podemos decir que durante el año 2013 ha mejorado la respuesta judicial a través del incremento del número de órganos judiciales especializados. Además, desde el Consejo General del Poder
Judicial se ha impulsado la mejora de mecanismos de protección a las víctimas a través de protocolos en materia de control telemático, de las medidas de alejamiento en relación a la ampliación de las penas de alejamiento y a los sistemas de alarma
por SMS a víctimas de violencia de género. En este punto quiero señalar que se ha fomentado la formación continua especializada no obligatoria de los jueces, así como la realización de políticas transversales en materia de violencia de género en la
actividad formativa del Consejo General del Poder Judicial promoviéndose la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para introducir la formación especializada obligatoria previa para órganos con competencia en violencia sobre la mujer.


En otro orden de cosas, me gustaría hacer una especial referencia al impulso de la mediación en nuestro país durante este último año; impulso que, es justo reconocerlo, se debe en gran medida al fomento que de la mediación intrajudicial han
hecho los propios jueces y magistrados. En la mediación familiar se realizaron un total de 5.116 derivaciones hacia la mediación en el año 2013, mientras que en el año 2012 se habían realizado 3.056, es decir un número significativamente superior.
En el año 2013 se cerraron el doble de mediaciones que en el año 2012, pasándose además de un 31 % de mediaciones terminadas con acuerdo a un 49 % de mediaciones terminadas con acuerdo en el año 2013. Estos datos ponen de manifiesto que la
mediación familiar se ha incrementado alrededor de un 65 % respecto a los datos de 2012 y que el 49 % de las mediaciones que terminaron con acuerdo parcial o total suponen una menor conflictividad procesal a posteriori del proceso.


Estos datos de incremento de la mediación también se han puesto de manifiesto en la mediación penal, donde se ha pasado de 2.728 derivaciones en el año 2012 a casi 4.000 realizadas en el año 2013. Es decir, un 40 % más de derivaciones, lo
que refleja la confianza que los órganos judiciales van teniendo en este procedimiento de resolución de conflictos. Así, en el año 2013 se cerraron 3.759 mediaciones, mientras que en el año 2012 fueron solo 2.613. El grado de satisfacción que se
refleja en los acuerdos alcanzados, más de un 76 %, tiene gran importancia de cara a la atención, cuidado y posible reparación de la víctima, principal destinataria de este proceso, y también respecto a la recuperación social del infractor que se
responsabiliza de su acto.

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En la mediación civil, el número de juzgados que derivaron en 2013 fue de 80, mientras que en 2012 solo fueron 36, evidenciando un incremento en más del doble de las derivaciones que se habían producido en el año anterior. En este orden
jurisdiccional las derivaciones fueron 721, frente a las 572 de 2012, siendo el porcentaje de incremento de un 26 %. En 2013 finalizaron un 34 % de estas mediaciones, a diferencia del 21 % que se produce en el año 2012. Respecto a la mediación
laboral, podemos indicar que 616 expedientes judiciales han recibido la invitación a participar en este proceso de mediación. Estando más retrasada en este orden jurisdiccional respecto de los otros, lo cierto es que se está abriendo esta materia
para trabajar en un mayor acercamiento a los intereses de las partes.


Son estos, señorías, los datos esenciales referidos, no a los que se recogen en la memoria, y de los que ya disponen sus señorías, que es 2012, sino unos datos más actualizados, mucho más recientes y que permiten a esta Cámara precisamente
el conocimiento aproximado en el tiempo del estado de situación de la justicia española.


A continuación, quiero exponerles ahora -la memoria lo es de los juzgados y tribunales y también lo es del Consejo General del Poder Judicial- cuáles han sido las primeras decisiones de este consejo y cuáles son los objetivos que nos hemos
propuesto. Tras cinco meses de andadura de este consejo general, podemos hacer un balance ya del trabajo realizado y para ello analizaré cada uno de nuestros principales objetivos y compromisos que el consejo estableció ya en su primer pleno y que
se anunciaron el 20 de diciembre del pasado año. Como primer compromiso se anunció entonces la transparencia en la actuación del consejo y de los juzgados y tribunales. Para nosotros la transparencia constituye un eje básico de nuestra política de
actuación, en consonancia, con lo que antes les he indicado, de poner a disposición, no solo de las Cámaras, sino de todos los ciudadanos, les diré que durante estos meses se ha creado ya dentro de la propia página web del consejo un área que
llamamos de transparencia en la que se publican, en relación con el ejercicio de una de las competencias fundamentales del consejo, que son los nombramientos, de manera habitual los curriculum vitae de todos los participantes en los procesos
selectivos de altos cargos institucionales.


Ya en el mes de enero la Comisión permanente del consejo acordó la constitución del denominado grupo de trabajo sobre transparencia y buen gobierno encargada de analizar los índices de cumplimiento e implementación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, acceso y buen gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, todo ello con el objetivo de lograr ser un referente de transparencia en materia de justicia según los estándares mundiales de transparencia. Para ello
los trabajos que se están llevando a cabo son los siguientes. En primer lugar, la configuración de un nuevo portal web de transparencia del Consejo General del Poder Judicial; una delimitación de los indicadores de transparencia tanto a nivel
institucional como en el ámbito de la justicia, siguiendo, evidentemente, lo requerido por la ley, pero ampliado según los estándares internacionales demandados por organizaciones especializadas en esta materia; la elaboración de un protocolo
interno que regule el procedimiento del ejercicio de acceso en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial; la formación de los propios jueces en materia de aplicación de la Ley de Transparencia, así como la delimitación de diversas acciones
en materia de formación y comunicación que contribuyan a la implantación plena de la política de transparencia dentro incluso de los propios servicios técnicos del consejo general.


Los resultados inmediatos de estos trabajos se verán reflejados ya en el próximo mes de junio con la realización de dos acciones de especial relevancia. Por una parte, se firmará un convenio de colaboración con Transparencia Internacional
España, que posibilitará un gran avance en esta materia para el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la implementación y control de los diferentes indicadores de transparencia. Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial se
compromete a colaborar con Transparencia Internacional en las actividades de investigación y generación de conocimiento sobre corrupción y gobierno abierto en España y a tal efecto el Consejo General del Poder Judicial hará público y mantendrá
actualizado un repositorio de datos sobre delitos relacionados con la corrupción y llevará a cabo estudios de opinión sobre aptitudes y percepciones de los operadores jurídicos relevantes en materia de transparencia y corrupción. En junio, el
próximo mes, estaremos en disposición de cumplir todos los parámetros de la Ley de Transparencia, estando a la cabeza de los órganos constitucionales en la efectiva implementación de esta ley.


Por otra parte, y coincidiendo con la firma de este convenio, se abrirá el portal web de transparencia como elemento central de información de los diferentes entornos web del consejo general. Además, el consejo seguirá incidiendo en dos
áreas fundamentales para la transparencia de la justicia como es la difusión de la jurisprudencia emanada de los órganos judiciales de España. Nuestro país -hay que

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decirlo y reconocerlo- es uno de los países más transparentes del mundo desde la perspectiva de la difusión de la jurisprudencia en la medida en que existen 5.600.000 resoluciones judiciales accesibles.


En cuanto a la transparencia presupuestaria enmarcada en la lógica austeridad con la que debe afrontar el actual periodo de crisis económica, defendemos también aquí la absoluta transparencia basada en la justificación de las actividades
públicas de los altos cargos del consejo general. Por otro lado, esta transparencia presupuestaria se refuerza con la publicación en nuestra página web de la agenda institucional de actividades y reuniones de las comisiones legales y reglamentarias
de las vocalías delegadas para las distintas materias u órdenes jurisdiccionales, también para los distintos territorios, así como la publicación trimestral del estado de ejecución presupuestaria clasificada por programas, capítulos y conceptos. La
transparencia de la actividad económica del consejo se ve reforzada al garantizar el derecho a la información relativa a su presupuesto anual y a la ejecución del mismo públicamente. Para ello la Comisión de Asuntos Económicos elabora anualmente el
documento denominado Presupuesto del consejo y trimestralmente el documento Estado de ejecución del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que presentan el desglose del presupuesto clasificado por programas, capítulos y conceptos y que
también serán publicados en la página web del propio consejo. La transparencia también es base de nuestra política de comunicación. Hemos establecido mecanismos eficientes y rápidos para poder informar de forma objetiva a los ciudadanos a través
de los medios de comunicación de nuestra actividad. Queremos y creemos en una comunicación neutral, clara, responsable y rigurosa. Solo en el Consejo General del Poder Judicial en estos meses se han comunicado a la opinión pública ochenta y cinco
decisiones, de las cuales setenta y una a través de notas de prensa y a ello habría que sumar todas las resoluciones y sentencias que se dan a conocer todos los días de los órganos centrales y de los tribunales superiores de Justicia y que son
facilitadas por los periodistas que forman parte del equipo de la oficina de comunicación del Consejo General del Poder Judicial.


En definitiva, apostamos por una justicia abierta, cercana y transparente. El Consejo General del Poder Judicial pretende con ello mejorar su reputación e imagen públicas, ganar en credibilidad como órgano constitucional útil tanto ante la
sociedad como ante la carrera judicial y, sin duda, este tipo de actuaciones repercutirán en favor del prestigio de toda la carrera judicial y de nuestra institución.


Como segundo objetivo nos marcamos la austeridad. Otra de nuestras prioridades es impulsar el control del gasto y mantener una política de austeridad como demandan los ciudadanos de sus instituciones, manteniendo, no obstante, el
cumplimiento de nuestras competencias constitucionales y sin perjuicio de mantener e incluso incrementar los servicios que se prestan desde el Consejo General del Poder Judicial a la carrera judicial. En esta línea de austeridad el consejo elabora
actualmente su nuevo presupuesto para adaptar sus necesidades financieras a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2013, de 28 junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
En esta ocasión la ley establece una novedad de relevancia, que es la elaboración de un presupuesto en base cero. En este sentido, la disposición transitoria quinta de la ley señala que, en el primer presupuesto del consejo que se constituya
conforme a esta ley, cada una de las necesidades financieras de la institución habrá de ser debidamente justificada sin referencia a presupuestos anteriores al fin de adaptar dichas necesidades a su nueva organización y funciones. Ello supone la
justificación ex novo de cada una de sus necesidades financieras, y para ello se está presupuestando en base cero todos y cada uno de los conceptos presupuestarios. Por otra parte, la actualización de las normas sobre indemnizaciones por razón del
servicio con motivo de desplazamiento y gastos de protocolo y representación con cargo al presupuesto del consejo, sustituyen a las que hasta ahora estaban vigentes con la finalidad principal de reforzar la justificación y limitar los gastos que
puedan realizarse.


El tercero de nuestros objetivos es la cercanía a los jueces. Con la finalidad de conseguir que el Consejo General del Poder Judicial sea la casa de todos los jueces, en el que todos se sienten representados y escuchados, este consejo ha
realizado un análisis de la situación de la justicia en cada comunidad autónoma mediante comparecencias monográficas de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia ante la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial,
pudiendo confirmar a día de hoy que todos los presidentes de tribunales superiores han sido llamados y escuchados para recibir de primera mano sus sugerencias y preocupaciones. En esta misma línea de potenciar la proximidad del consejo con todos
los órganos judiciales hemos mantenido en estos meses encuentros con los jueces decanos de las principales poblaciones, con los presidentes de las audiencias provinciales, así como con los representantes de las principales asociaciones de jueces.

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Quiero resaltar además que, con ocasión del informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hemos puesto en marcha una ambiciosa metodología participativa, recabando el punto de vista de las salas de gobierno de los
distintos órganos judiciales: del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, de las audiencias provinciales, de los jueces decanos, de las asociaciones judiciales y, en
general, del conjunto de los integrantes de la carrera judicial. Sin duda, sus aportaciones constituirán un valioso material de trabajo para abordar el futuro de la justicia y conocer mejor el punto de vista de nuestros jueces y juezas desde su
valiosa experiencia para así poder enriquecer y mejorar este anteproyecto de ley en el bien entendido de que está ambiciosa reforma no tiene como destinatarios últimos a los jueces, sino a los ciudadanos. Además, se elaborará un cuestionario sobre
los grandes temas de este proyecto que se remitirá por correo electrónico a todos los jueces, pues somos conscientes del valor de sus aportaciones y estamos seguros de que su participación enriquecerá cualquier propuesta o iniciativa. Hemos creado,
por otra parte, nuevos mecanismos de comunicación electrónica más ágiles y directos entre el consejo general y toda la carrera judicial incrementando la información y estamos trabajando ya en la creación de un acceso directo telefónico para los
jueces y una vía más eficaz de recepción de quejas y reclamaciones de los ciudadanos ante el promotor de la acción disciplinaria.


Nuestro cuarto compromiso es garantizar la independencia, la responsabilidad y la profesionalidad de nuestros jueces. Como no puede ser de otra manera, uno de los compromisos fundamentales de este consejo es garantizar la independencia
judicial junto con la excelencia en el ejercicio de la profesión judicial. Respecto a la garantía de la independencia judicial, nuestra institución ha abordado desde el primer momento su defensa mediante un llamamiento público y el mantenimiento de
una atención constante que trate de evitar cualquier tipo de intromisión indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sabemos que solo con jueces independientes podrá existir justicia y esa es nuestra principal labor. Por otra parte,
confiamos plenamente en la excelencia en nuestros jueces; y no solo somos nosotros los que confiamos en la excelencia de nuestros jueces. Según las últimas encuestas -me refiero al undécimo barómetro del consejo general denominado Encuesta de
población general sobre la Administración de Justicia y que es reciente porque es del 23 de noviembre de 2013-, pese a que el 72 % de los ciudadanos españoles en conjunto y en líneas generales consideran que la Administración de Justicia funciona
mal o muy mal, ese mismo porcentaje -72 %- considera que los jueces españoles son competentes y están bien preparados. Es un porcentaje similar al que resalta la imagen profesional netamente positiva de los jueces al considerar más justos y
competentes los tribunales profesionales que al jurado. Si vemos la opinión que tienen de nuestros jueces los profesionales de la justicia, observamos que no varía sustancialmente del criterio que tiene la población en general en cuanto a su
opinión sobre los mismos. Mientras que opinan en un 74 % que nuestra Administración de Justicia funciona mal, el 77 % exonera a los jueces de los problemas que tiene nuestra justicia y el 67 % de los profesionales considera que nuestros jueces
saben sortear las presiones y ser independientes. La valoración de la profesionalidad y competencia de los jueces es buena o muy buena, lo que quiere decir que también los ciudadanos confían en los jueces. No obstante, con nuestro nivel de
exigencia y con la finalidad de incrementar aún más la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, hemos impulsado desde hace unas semanas la elaboración de un código ético para la carrera judicial para cuya redacción se quiere contar no
solo con la aportación del conjunto de la carrera judicial, sino también de la sociedad, recabando al efecto la opinión de asociaciones judiciales, pero también de prestigiosos profesionales ajenos a la carrera judicial para que se logre elaborar un
acertado código ético.


No menos importante que la independencia y profesionalidad de nuestros jueces es la responsabilidad con la que deben ejercer el poder que la sociedad les confiere. Nuestra Constitución en su artículo 117 predica la independencia de jueces y
magistrados, pero también y con la misma intensidad su responsabilidad. No hay duda de que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados españoles desempeñan su cometido con profesionalidad y dedicación, con pleno respeto a la ley, soportando en
ocasiones elevadas cargas de trabajo y sin disponer de los suficientes medios materiales y personales. Pero no podemos olvidar que los jueces constituyen el último recurso del que la sociedad dispone para resolver sus problemas sin posibilidad de
corregir en muchas ocasiones sus decisiones al no estar subordinados a ningún otro poder del Estado. Esta circunstancia determina la necesidad de un ejercicio especialmente responsable de su labor profesional, siendo competencia del Consejo General
del Poder Judicial, también por decisión de la Constitución, asumir el régimen disciplinario de jueces y magistrados. Corresponde la garantía del buen funcionamiento de este régimen disciplinario al promotor de la acción

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disciplinaria, figura de nueva creación, así como a la comisión disciplinaria del consejo y al propio pleno. He de decir que en estos momentos el promotor de la acción disciplinaria tiene abiertas 141 investigaciones por razón de denuncias
recibidas y que en los últimos meses ha procedido a la apertura de ocho expedientes disciplinarios.


Nuestro quinto compromiso es alcanzar acuerdos por amplias mayorías. Entendemos que el Consejo General del Poder Judicial, como institución básica del Estado que gobierna a jueces y magistrados, debe tender al acuerdo y a la integración,
evitando a nivel interno facciones partidistas en el sentido que ya denunció la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986. No dudo que ese es el empeño sincero y primordial de los vocales del consejo. Aunque la actual regulación contenida en
la Ley Orgánica 4/2013 de reforma del consejo no exige mayoría cualificada en materia de nombramientos, es nuestro deseo que todos se hagan con la más amplia mayoría, lo que tiende a asegurar el acierto de los mismos. Unos buenos nombramientos
procuran un mejor servicio al ciudadano y para nosotros el ciudadano es siempre el destinatario final de nuestras decisiones. En este sentido, puedo afirmar que en casi todos los nombramientos realizados hasta ahora -veintidós en total- se ha
rebasado ampliamente la mayoría de tres quintos, alcanzándose en varias ocasiones la unanimidad, lo que significa que hemos conseguido un alto grado de coincidencia acerca de la excelencia e idoneidad de los nombrados.


Respecto a la emisión de estudios e informes, el consejo ha emitido en este mandato, en el tiempo que llevamos y hasta este momento, ocho informes de anteproyectos de ley o de proyectos de decretos o reglamentos. De estos ocho informes que
han sido aprobados ya por el consejo general, siete lo han sido por unanimidad y, además, han sido elaborados por distintos y plurales ponentes miembros del consejo. Así, en estos meses el consejo ha informado el proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, el anteproyecto de la Ley de servicios y colegios profesionales, el anteproyecto de Ley orgánica del estatuto de las víctimas de delito, el anteproyecto de
la Ley de la jurisdicción voluntaria, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de
la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, el anteproyecto de la Ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y el anteproyecto de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
Tenemos pendiente en este momento emitir el informe sobre el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que se aprobará próximamente; y también está pendiente el informe al anteproyecto de
la Ley orgánica del Poder Judicial, que se debatirá y aprobará previsiblemente antes del verano. El propósito del consejo en todo momento es el de mejorar los anteproyectos a través de sus informes.


Quiero resaltar, aunque ya lo he mencionado anteriormente, que con ocasión del informe sobre el anteproyecto de la Ley orgánica del Poder Judicial, que es una ley troncal para nosotros, hemos puesto en marcha una ambiciosa metodología
participativa, recabando el punto de vista de las salas de gobierno de los distintos órganos judiciales, de las audiencias provinciales, de los jueces decanos, de las asociaciones judiciales y del conjunto de los integrantes de la carrera judicial.
Sin duda, sus aportaciones constituirán un valioso material de trabajo para abordar el futuro de la justicia y conocer mejor el punto de vista de nuestros jueces y juezas desde su valiosa experiencia.


Voy concluyendo. Señorías, este nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene el firme propósito de contribuir decisivamente, en el ejercicio de sus competencias, a la modernización y racionalización de la justicia. Este consejo general
se ofrece, desde este momento, a colaborar en el diálogo interinstitucional necesario para el desarrollo y aplicación de las reformas orgánicas y procesales que se sometan a la aprobación de esta Cámara.


Quiero terminar mi intervención recordando que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia no solo depende de nuestros jueces y magistrados y tampoco depende en exclusiva del acierto del Consejo General del Poder Judicial. Son
diversos los poderes públicos implicados en su buen funcionamiento. Lo es, sin duda, este Parlamento, que tiene la responsabilidad de elaborar buenas leyes; lo tiene el Gobierno de la nación a través de sus iniciativas legislativas y de dotación
presupuestaria para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, pero también tienen responsabilidad las administraciones autonómicas que han asumido competencias en esta materia. Por tanto, señorías, la mejora de la Administración de
Justicia es responsabilidad de todos nosotros.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Gracias por la amplitud y extensión del informe y también por haber profundizado en la actividad que ha realizado el
Consejo General del Poder Judicial desde que este consejo y el señor presidente asumieron el mandato. Por supuesto, señor presidente, recogemos su ofrecimiento de colaboración -que sabe que es mutuo- y esperamos que esta sea fructífera en los
próximos meses y en los próximos años.


Señorías, tal y como habíamos señalado, damos la palabra a los grupos parlamentarios por un tiempo de quince minutos. En esta ocasión, empezaremos por el Grupo Socialista y el señor Villarrubia, su portavoz, tiene la palabra.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Permítame, en primer lugar, agradecer la comparecencia al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, don Carlos Lesmes, y a todos los vocales que le acompañan -creo que la
inmensa mayoría- en esta primera comparecencia. Quiero desearle suerte en la función que tienen encomendada, importantísima labor constitucional y, dentro de esa lealtad y colaboración institucional, permítame que empiece con una pequeña premisa
dentro de lo que tiene que ser la claridad en la relación entre el consejo y el Parlamento. Permítanme que les haga también una pequeña crítica de entrada -no todo van a ser críticas-, y es la propia comparecencia, el formato, el momento, en
campaña electoral, a tiempo parcial; como la mayoría de los vocales a los que agradezco que, pese a estar la mayoría a tiempo parcial, estén en esta comparecencia a las doce del mediodía para hablar solo -aunque le agradezco la información- de la
memoria que damos por reproducida y por recibida del año 2012. Agradezco sí el esfuerzo de que ahora, mientras hablaba, nos adelante este avance, pero lógicamente esto requiere un estudio para que podamos cotejar, hablar, opinar y dar la seriedad
que corresponde a la función que en el consejo y en el Parlamento hacemos. Lamento que el consejo no haya aceptado la propuesta del Grupo Socialista, formulada ya hace bastantes fechas, de que no viniera en campaña electoral; que lo dejáramos, ya
que era absolutamente anacrónico el tema, para después de las elecciones si no podía venir antes. Así lo sometimos a consideración y a votación y lamentamos que no se haya cumplido; y que fuera una jornada completa, no para hablar de esta memoria
desfasada, sino para hablar del servicio público de la justicia, de los temas que nos interesan a todos, de los temas que interesan a los ciudadanos.


Algunos de esos temas, señor presidente, con el límite de tiempo son los que voy a poner sobre la mesa para emplazarle, dentro de esa declaración de intenciones, que quiero creer -y créame que inicialmente, mientras no se demuestre lo
contrario, le creo- que están en esa función de colaboración y coordinación, sabiendo que no nos corresponde la función de control. Esa lealtad institucional debe practicarse y que no siga ocurriendo como hasta ahora, buenas declaraciones y escasos
hechos coincidentes con las declaraciones. Parto de esa buena voluntad y, por tanto, le invito desde mi grupo a que, a petición propia, cuando mejor le venga comparezca de verdad -no como hoy de cortesía- en esta Cámara para que hablemos con
auténtica lealtad de los temas que importan a los ciudadanos y del servicio público de la justicia.


Con esa clara lealtad también, señor presidente, le digo algunos temas sobre los que nos gustaría conocer la opinión del consejo y que habláramos de ellos. El primero coincide con la comparecencia del anterior presidente el 17 diciembre de
2012, que fue un mal día, porque entraba en vigor el conocido como tasazo o copago judicial, que como saben tenemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Quisiéramos una valoración de los efectos y la aplicación de esta ley sobre la que el
consejo ha guardado, entre comillas, un respetuoso o un poco responsable silencio; el anterior y este. Nos gustaría que sea uno de los temas de los que tengamos ocasión de hablar y de debatir.


También nos gustaría hablar de leyes que se han aprobado, que afectan directamente a la Administración de Justicia, a los justiciables, como las leyes orgánicas 7/2012 y 8/2012, que entraron en vigor -y no era inocentada- el 28 diciembre;
una con una reforma sin precedente y que se consolida con la que actualmente está en trámite en el Código Penal que criminaliza a trabajadores desempleados y pensionistas, a la vez que regula el desvalor de la conducta en el delito fiscal, algo
absolutamente poco presentable en una sociedad democrática decente. A su vez, la Ley 8/2012 reguló -y querríamos saber los efectos de su aplicación y lo que está ocurriendo- un auténtico ERE en la Administración de Justicia, eliminando o pudiendo
eliminar a mil jueces sustitutos y magistrados suplentes y a trescientos fiscales sustitutos, con la excusa -que nosotros defendemos- de la profesionalización en la Administración de Justicia, pero no se profesionaliza más eliminando a quienes están
sacando -con buen resultado con

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carácter general, en nuestra modesta opinión- un 27% o un 28% de un trabajo que, además, está atascado y que solo con medidas tendentes a la eliminación de la tutela judicial efectiva estamos consiguiendo reducir, como esta del tasazo o
copago judicial, el ERE en la Administración de Justicia y algún otro.


Ha hablado -y también nos gustaría comentarlo porque no he oído ni una palabra- de un elemento fundamental, que son los recursos económicos y presupuestarios para ser atendido el servicio público de la justicia. Ya lo comentaremos, pero le
indico, porque está en el BOE, que en el año 2010 había un presupuesto de 1.818 millones para el territorio común, y en 2014 estamos en 1.472, de los cuales poco más de 200 millones no se aplican al capítulo 1; es decir, gasto corriente, inversión,
transferencias, modernización... Ni para pipas; esto es insoportable. Entre todos tendremos que hacer que esto cambie.


Queremos hablar, cómo no, de la propia reforma del Consejo General del Poder Judicial, de la ley que se ha aprobado -por supuesto, con absoluta legitimidad por el grupo mayoritario, pero exclusivamente por un grupo-, que, como saben, está
recurrida ante el Tribunal Constitucional por los motivos que conocen y doy por reproducidos, pero que no son menores. Y hay un hecho cierto, y es que esta ley dentro de muy poco será cambiada en este mismo Parlamento porque todos los grupos
estamos absolutamente en contra. La renovación parcial por una Cámara es manifiestamente inconstitucional. La privación de competencias esenciales también lo es. La eliminación discutible del quórum para la elección de cargos importantes no puede
ser una moneda que vaya cambiando cada vez que hay un cambio de Gobierno. La propia configuración del órgano presidencialista, con un núcleo de la permanente que tiene la totalidad de las funciones, nos parece que genera que existan vocales de
primera y de segunda, que no es lo que la Constitución quiere. La propia regulación de la figura del vicepresidente, que no pertenece al consejo en la forma que viene, es, a nuestro juicio, otro elemento claro de inconstitucionalidad, junto con
otros, pero eso corresponderá decirlo al Tribunal Constitucional. Pero sí nos corresponderá analizar a todos los efectos de la aplicación de la ley y cómo hacemos para ser útiles en el servicio público de la Administración de Justicia.


También es muy interesante que podamos evaluar la reciente aprobación de la justicia o la jurisdicción universal, con todos los conflictos que está habiendo, la forma en que se ha tramitado. Está bien que se les escuche un poco, ya que les
han eludido algo que era preceptivo e imperativo, y es que un tema de esta envergadura se hubiera tramitado como proyecto de ley para que hubieran podido emitir el preceptivo informe. Hoy mismo -no sé si en este momento porque no sé a qué hora era-
se está debatiendo en el Senado una moción de toda la oposición solicitando la urgente derogación de esta ley que, entre otras cuestiones, supone, sin entrar en el fondo, una chapuza legislativa de primer orden, además advertido previamente que se
iban a producir las excarcelaciones que se están produciendo. Y aquí no pasa nada, guardamos un auténtico silencio. Entre paréntesis les diré que no es la primera vez que se modifica una ley mediante el mecanismo de la proposición de ley, cierto
es, pero es la primera vez que se hace sin un consenso casi absoluto de toda la Cámara. Esta es una forma de hacer absolutamente poco adecuada en una democracia de calidad.


Permítame decirle que estamos de acuerdo y nos gustaría pensar que así va a ser, pero tenemos algunos indicios -más que indicios- de que empezamos a volver a las andadas al poco tiempo de constituirse este consejo, y hablo de la política de
nombramientos. Usted ha dicho, señor presidente, que buscan el consenso; es imprescindible, es necesario, debiera -y así será dentro de poco otra vez- ser recogido en la ley para que sea no solo voluntario sino exigible. Pero hay cuestiones que
afectan a la propia credibilidad y nosotros, los parlamentarios, con la desafección que existe, no tenemos derecho a decepcionar más a los ciudadanos. Y ustedes, señor presidente y señores vocales, tienen una responsabilidad importantísima y lo
saben, y no tienen derecho a decepcionar otra vez a los ciudadanos, que necesitan confiar en el servicio público de la justicia, que necesitan no vivir o revivir espectáculos que jamás debieran haberse producido, y ustedes ya están dando algunos.
Alguno muy reciente en algún nombramiento sin quórum y con perfiles -y quiero ser respetuoso- de persona o personas probablemente de difícil encaje con los principios y valores constitucionales que tenemos en este país y con una tarjeta de visita
acreditada en ese sentido. No puede ser, no tienen ustedes derecho a actuar así, y se lo decimos con la lealtad y la claridad que debe guiar estas relaciones de colaboración, más allá de posiciones diversas o de cualquier tipo. Hay algunas
posiciones esenciales, fundamentales, como son el respeto a los principios y valores que inspiran la propia Constitución española y el sistema democrático.


Hay -solo lo apunto porque nos gustaría dejarlo para el siguiente debate, sé que hoy no- algunos problemas con el propio Observatorio de violencia de género. Hay algún tema muy delicado del que nos

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gustaría hablar respetuosamente, relativo a la posición de un número importante de jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma de Cataluña que han salido fotografiados en medios de comunicación y que lo primero -sin entrar en la letra
pequeña, que no corresponde a este Parlamento- que hay que hacer, a nuestro juicio, es garantizar y amparar el libre ejercicio de su función jurisdiccional frente a cualquier actuación, de quien sea -y si fuera la policía sería especialmente grave-
que pudiera perturbarles en el ejercicio de esa función constitucional de independencia, sin entrar en otras consideraciones que no nos corresponden. Habrá que hablar, fijar posición y que no haya duda en lo grueso de que estamos todos,
absolutamente todos, en el mismo barco.


Hay otro tema importante -voy abreviando-, la carga de trabajo de los jueces con la polémica que ya hubo en el anterior consejo, con votos particulares, con alternativas, y sería bueno que supiéramos cómo avanza esta situación. Hay algunos
temas que nos preocupan del funcionamiento del consejo, y lo dejo solo sobre la mesa para que haya tiempo de que podamos debatirlo, si así lo considera, en cumplimiento de su propio compromiso ante esta Cámara. Me refiero al acuerdo de 26 de marzo
de la Comisión permanente del Consejo, por el que se delegan determinadas competencias. Nos gustaría conocer, aclarar y cotejar en debate algunas de esas posiciones.


Queremos también hablar de los planes de refuerzo que ha habido en 2013 y los que está habiendo en 2014, en función de la aplicación de ese ERE y también del tasazo o copago, con los efectos producidos. Nos gustaría poder hablar y
profundizar de la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación ante esta Cámara, que no es tema menor, para que podamos también hablar de algunos aspectos fundamentales. Cómo no, nos gustaría también hablar de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, para que podamos evaluar -más allá de aquel poco oportuno informe extralimitándose de sus funciones del anterior consejo, que afortunadamente ya ha quedado aparcado-, para que podamos escuchar y analizar
si es adecuado el contenido del anteproyecto, por ejemplo al suprimir, como así se recoge en la propia exposición de motivos, el conjunto de partidos judiciales excepto los de las capitales de provincia. Queremos hablar, cómo no, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, de la necesaria reforma, sin que perdamos más tiempo del necesario desde el punto de vista teórico porque, salvo que nos digan lo contrario, todo indica que nos van a entretener para que esta necesaria reforma no sea
tramitada.


También queremos hablar del plan de transformación o modernización de la Administración de Justicia, que se inició de forma muy positiva en 2009 con el Gobierno, las comunidades autónomas, el propio Consejo General del Poder Judicial, con
ese órgano de seguimiento y de colaboración creado con financiación adicional a tal fin, que se mantuvo hasta el año 2011. ¿Cómo va ese grupo que había en el propio consejo? ¿Hay algo de transformación o de modernización al margen de la propia
eliminación de la dirección general como primera medida del actual Gobierno?


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Sí, voy a concluir. Además, tengo que agradecer la amabilidad del presidente de haber cambiado el turno. En todo caso, le aseguro ya que en el segundo turno para el que tendríamos diez minutos, suponiendo
que lo utilizáramos, emplearía el menor tiempo.


Acabo porque además sé que el tiempo parcial al que hoy nos someten, señor presidente, impide que podamos ir hablando de todas estas cuestiones. Solo mencionaré algunas de ellas; aunque quedarían bastantes más, apunto estas para que puedan
servir de hilo conductor inicial entre otras muchas que de forma bilateral, además de las que puedan plantear el resto de los grupos, pongamos sobre la mesa.


Le agradezco nuevamente la información y el esfuerzo realizados por darnos algunos datos actualizados, pero esto no es forma de debatir ni es el formato. Como puede ver, solo para enumerar los temas que tenemos pendientes, y sin agotarlos,
he consumido el tiempo de mi turno, como para entrar a debatir aquello que ni siquiera hemos podido hojear. Al margen de la parte crítica de la intervención, quiero dar la bienvenida nuevamente a todos los vocales y a usted, y desearles, de la
forma más sincera posible, suerte en la importantísima función constitucional que tienen encomendada, porque la suerte de ustedes es también nuestra suerte y la suerte de demasiada gente que no se merece vivir lo que ha vivido en tiempos pasados y
que tiene una esperanza, y sería conveniente, sería imprescindible que entre todos intentemos no decepcionarla.


El señor PRESIDENTE: Seguimos con el turno de los grupos parlamentarios. Le corresponde al Grupo Mixto. Señor Tardà, tiene la palabra.

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El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, dos colegas suyos que le precedieron en la Presidencia del Consejo -si no lo sabe se lo recuerdo- se rieron públicamente, hicieron escarnio de la lengua
catalana. De hecho, poca vergüenza tenían cuando se mofaron, uno de ellos en sede parlamentaria, el señor Dívar. Se mofó de la lengua catalana equiparando el uso de la lengua catalana en el sistema judicial con el uso del mandinga. Tuvo la
vergüenza de decir esto. Previamente, otro presidente equiparó el uso de la lengua catalana, la competencia en lengua catalana por parte de los magistrados a saber bailar sevillanas. Estamos en el año 2014 y me pregunto si usted será de aquellos o
será distinto. No lo sé, pero se lo pregunto, y creo que las cosas deben preguntarse a la cara y el primer día que usted aparece en esta Cámara: ¿Usted será cómo ellos o será distinto? Porque después de tantos años de democracia todavía vemos
cómo la lengua catalana, la lengua euskara, también la lengua galega, están siendo menospreciadas en el sistema judicial español. Es sorprendente que cuando los jueces decían que no eran competentes en lengua catalana, hace unos decenios, se
redactaba un mayor número de sentencias en catalán que ahora, que ya son competentes. De hecho, estadísticamente ahora muchos magistrados, muchos jueces, ya afirman ser competentes en lengua catalana a partir de los esfuerzos que se han hecho desde
la Administración para poderles facilitar esta competencia lingüística. ¿Cómo es que ahora se redactan menos sentencias en catalán que en el año 2007? ¿A qué obedece? Es posible que obedezca a cuestiones relacionadas con aquel debate profundo
sobre si el catalán tenía que ser un mérito o un requisito, es muy posible incluso que esto obedezca a una indolencia por no decir a una mala fe; creo que no debe ser mala fe, pero indolencia por supuesto. Esto hace que exista un desequilibrio
entre el número de instrucciones redactadas en catalán y el número de sentencias redactadas en catalán, y le hablo del Principat de Catalunya; si le hablara del País Valencià, de les Illes Balears o le hablara de Euskadi, los porcentajes todavía
serían mucho menores. Luego yo le pregunto si usted piensa ser distinto, si piensa facilitar que de una vez por todas podamos normalizar el uso de la lengua catalana en el sistema judicial. Esto debería empezar por los magistrados y los jueces
porque son, por supuesto, el referente del sistema, porque sin jueces y magistrados no hay justicia. A ver qué nos dice; le escucharé con mucho interés, pero también con un cierto recelo, no me escondo de ello. Vamos a ver qué nos puede decir en
este sentido, porque los datos son terribles. Yo puedo pensar: ¿qué ocurrirá dentro de cuatro años? Si las cifras van bajando, puede ser que llegue un momento en que los jueces no tengan nada que ver, sean extraterrestres respecto a los
ciudadanos, que dentro de quince años estemos en el 2 % o en el 3 %. Por cierto, también sería interesante preguntarle si tiene prevista alguna actuación a fin de incrementar los conocimientos por parte de los jueces del derecho civil catalán,
porque creo que hoy por hoy siguen existiendo algunas deficiencias e incluso se tiene que recurrir a la casación para corregir, por parte de aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, déficits de algunos jueces.


Sé que usted es consciente de que llega aquí hoy, en esta primera comparecencia, cuando estamos en el momento más álgido de las políticas reaccionarias de este Gobierno y del mariscal -dicho coloquialmente-, el señor Gallardón, que gracias a
la mayoría absoluta esta desguazando el Estado de derecho y está provocando una regresión de los derechos civiles a una velocidad vertiginosa y con una gran intensidad. De ahí que yo tenga la posibilidad de preguntarle, ya que el diputado del Grupo
Socialista me ha dado pie a ello: ¿Cómo es que el Consejo General del Poder Judicial ha llamado al juez, al magistrado catalán Santiago Vidal a comparecer? ¿Es justo que se le criminalice y se le ponga en la diana, en el punto de mira de los
medios de comunicación cuando ha sido víctima de una filtración, de una orden del Gobierno para con todos aquellos magistrados y jueces que opinaron sobre el proceso catalán, sobre el hipotético ejercicio del derecho a decidir del pueblo de
Cataluña? Ustedes saben que han sido víctimas de una filtración; de hecho, posiblemente han sido víctimas de las cloacas del Estado, del juego sucio de la Administración. En cambio, resulta que además el Consejo General del Poder Judicial los
llama a capítulo porque forman parte de un colectivo de intelectuales y académicos -hay algún juez, catedráticos de Derecho Constitucional- que en sus horas libres -tienen toda la libertad para hacerlo, no hay ninguna ley que lo prohíba-, en lugar
de dedicarse a la filatelia, se reúnen, trabajan y especulan con el fin de tener un documento que quizás pudiera ser un borrador para una futura, hipotética constitución republicana catalana. ¿A qué viene esta llamada a capítulo? No tiene ningún
sentido, cuando ustedes saben perfectamente que de esta manera incluso podían, no digo que exista la voluntad de ello, ser cómplices. Precisamente, en vez de ayudar y solidarizarse con esas personas -repito, una de ellas es el magistrado Santiago
Vidal-, ustedes lo que hacen es echar más leña al fuego. Me parece muy ridículo. Además, creo que no tiene nada que ver con lo que debería ser su actuación. Por cierto, ¿tienen pensado

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salir en defensa de estas personas que fueron señaladas en un medio de comunicación derechista gracias a una filtración y a una orden que no sabemos de quién partió, pero que podemos sospecharlo?


Déjeme que le apunte otro tema. Se ha enterrado la justicia universal en este Estado, en esta sociedad. El modelo español de impunidad ha culminado su blindaje, ¿a cambio de qué? A cambio de convertir el Estado español en un refugio de
torturadores y a cambio de ofender a las víctimas. De hecho, ya se conoce al Estado español y a su modelo de impunidad como aquel Estado que ha sido capaz de acuñar un modelo de impunidad que no tiene parangón en las democracias que sufrieron
pasados totalitarios y que sí han sabido metabolizar su pasado y reparar a las víctimas. ¿Qué piensa hacer en relación con las causas que se han sobreseído? ¿Por qué los jueces no presentan una cuestión de inconstitucionalidad por obligarles a
sobreseer algunas cuestiones, una de las cuales, por ejemplo, es de una gran magnitud, la que la Audiencia Nacional tenía abierta en el caso Mauthausen, aquel nazi que había sido reclamado para ser juzgado en el Estado español y que había abierto,
si no me equivoco, el juez del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, don Ismael Moreno? Esto se lo pregunto también porque no hemos tenido la posibilidad de ver cuál era su posición. El Partido Popular hizo una jugarreta parlamentaria, no
presentó un proyecto de ley, presentó una proposición de ley, con lo cual se ahorraban el informe de ustedes, ya estamos acostumbrados a esto, las mayorías absolutas generan esto, generan procedimientos de baja calidad democrática, low cost. Yo
puedo presuponer que ustedes deberían tener una posición, me gustaría conocerla; no sé si usted me dirá algo sobre su hipotética inconstitucionalidad.


El diputado socialista ha hecho mención a algunas cuestiones que también nos preocupan. No sé si usted lo sabe, en todo caso le informo que nosotros hemos votado en contra de todos los proyectos de ley del señor Gallardón, porque,
repetimos, esto es un viaje al pasado que no se sostiene y en la medida que cambie mínimamente la correlación de fuerzas, se va a revertir. Por ejemplo, todo lo que afecta al turno de oficio o a los jueces sustitutos. Muchas veces hemos reclamado
una posición autocrítica por parte de los jueces. Es mucho decir que se ha democratizado de forma profunda incluso la Ley de la Carrera Judicial. Que además ahora sean capaces de dar un hachazo a la figura del juez sustituto, no ayuda a conseguir
este objetivo. Y respecto a las tasas, ya en su momento dijimos que era vulnerar el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la justicia, que está consagrado -creo- en el artículo 24 o 25 de la Constitución -no lo recuerdo bien pero usted
seguro que lo sabe mejor que yo-, y además todos los recursos se han quedado en Hacienda y no han ido a parar a las comunidades autónomas, a fin y efecto de que se pudiera avanzar en todo aquello que tiene que ver con el turno de oficio. Esto es
evidente que también afecta a su profesionalidad, a su buen hacer, a su cometido. Me gustaría que usted pudiera decirnos algo sobre todo ello.


En definitiva, y resumiendo, ya sé que no es a usted a quien hay que pedirle explicaciones respecto a temas que afectan al control que ejercemos al Gobierno, pero sí pudiera ser un tanto más explícito respecto, repito, a si de una vez por
todas se supera este statu quo consolidado que parece de cemento armado, que tiene como mascarón de proa el desprecio a las lenguas. Y digo desprecio, y además podemos demostrarlo con datos fiables de los Gobiernos autonómicos con lengua propia
oficial en su territorio o de distintos observatorios, menosprecio a las lenguas distintas de la española por parte del sistema judicial y un silencio, en general un silencio interesado, por parte de los magistrados, hasta el punto de que hay muchos
abogados que dicen que prefieren llevar el caso en castellano porque si lo llevan en catalán empiezan con mal pie; repito, empiezan con mal pie. Hay muchos abogados que ejercerían sus funciones en catalán, pero piensan: ¿Por qué me tengo que
enemistar con el juez? Esta es la verdad y si no quieren reconocerla, pues no la reconozcan, pero esta es la verdad, perdón, esta es una buena parte de la verdad. En primer lugar, estamos hartos de este menosprecio; en segundo lugar, deberían
mojarse en todo aquello relacionado con la vergüenza profunda que produce ver cómo se ha enterrado un valor de civilización que habíamos alcanzado en nuestra sociedad, que es la justicia universal; en tercer lugar, alguna valoración también
respecto a unas cuestiones, que creo que afectan a su vida profesional, producto de esta política reaccionaria del ministerio; y finalmente, y acabo, por qué ustedes no han salido en defensa de los jueces, esos jueces a los que hacía referencia el
diputado socialista, y en cambio criminalizan a un magistrado que, en ejercicio de sus libertades civiles, cuando se va a su casa hace lo que le viene en gana, por ejemplo, especular, estudiar, analizar.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Vasco. En su nombre, su portavoz, el señor Olabarría, tiene la palabra.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor Lesmes, por su intervención, por sus aclaraciones y por el esfuerzo de actualizar lo que pretendía ser un trámite casi surrealista, que es glosar la memoria del año 2012. Yo también le voy a
decir las cosas mirándole a la cara pero voy a intentar no amedrentarle, señor Lesmes, porque en tanto en cuanto no es estrictamente o legalmente necesaria su comparecencia, no me gustaría provocar un efecto de inhibición que haga que se espacien
mucho las próximas que usted tenga a bien hacer. Pero sí tengo que empezar diciéndole, como le ha comentado mi compañero el señor Villarrubia, que -usted ha utilizado una expresión- está presidiendo un Consejo General del Poder Judicial refundado.
Yo fui vocal del consejo previgente, antes de la refundación, y le tengo que decir que está refundación fue votada en contra por todos los grupos de la oposición parlamentaria, solo se pudo aprobar con los votos del Partido Popular. No deja de ser
una atrofia democrática que un órgano constitucional tenga la legitimación de un solo grupo, aunque tenga fuerza o tenga el número de diputados suficiente para su aprobación, pero además pende sobre esta nueva refundación o configuración del Consejo
General del Poder Judicial una sentencia en virtud de un recurso presentado por el Tribunal Constitucional y es posible que usted u otras personas, veremos los demás vocales o veremos qué es lo que dispone el Tribunal Constitucional, tengan que
refundar de nuevo el Consejo General del Poder Judicial, incorporar nuevos miembros, regenerar o recrear las comisiones que siempre tuvieron carácter permanente, las múltiples existentes, y recuperar un sistema de funcionamiento que honestamente se
me antoja muy difícil de articular en régimen de funcionamiento de la comisión permanente exclusivamente. Yo me acuerdo de lo que se trabajaba en mis cinco años de vocalía en el Consejo General del Poder Judicial y con doce comisiones permanentes
todas ellas, doce comisiones activas a las que había que dedicarse en régimen de dedicación exclusiva, no solo por mandato legal sino por las exigencias de la función. Yo no sé cómo, desde esa perspectiva, solo ocho personas, más las otras dos
comisiones permanentes que están funcionando para cuestiones sectoriales, pueden realizar las mismas prestaciones que se hacían en el régimen que le estoy comentando, en la anterior configuración del Consejo General del Poder Judicial. En todo
caso, ojalá tengan suerte, y si avala el Tribunal Constitucional esta refundación, utilizando su perífrasis, pues bien avalada estará, seguramente, pero le deseo suerte porque va a ser difícil que usted pueda acometer con eficiencia la profundidad
de los problemas de la Administración de Justicia que tiene que gestionar, usted y sus compañeros, a muchos de los cuales tengo el gusto de conocer además personalmente. La refundación y el consejo que usted preside nos genera reservas conceptuales
y nos produce reservas jurídicas e incluso de constitucionalidad, señor Lesmes, y con esa honestidad se lo comento.


En cuanto a sus reflexiones, estudiaremos la memoria actualizada de 2013. Nos la acaban de entregar y es muy difícil que podamos hacer reflexiones, pero me parece llamativa cierta posición autocomplaciente realizada por usted en relación
con lo que denomina mejora de la respuesta judicial en el ámbito de la violencia de género o violencia doméstica. En España, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales problemas y uno de los derechos humanos más preteridos,
más brutal, cualitativa y cuantitativamente. Desde 2003 hasta noviembre de 2013 más de 700 mujeres han perdido la vida, casi 800 ya, según datos disponibles que acreditaban como 700 las mujeres asesinadas en dicho periodo. En los cuatro meses de
este año nos encontramos con 24 personas asesinadas en el ámbito de lo que se denomina en el injusto penal correspondiente violencia de género o violencia doméstica. Informes acreditados, como el recientemente realizado por Amnistía Internacional,
afirman que cerca de 600.000 mujeres decían haber sufrido maltrato durante el último año. No siempre la manifestación extrema de violencia de género acaba con el asesinato de una mujer, sino que existe una violencia doméstica mucho más difícil de
probar en sede judicial, la violencia psicológica fundamentalmente. He de reconocer la perversión del sobreseimiento de la causa de una mujer que era obligada por su marido a acudir a un supermercado a 8 kilómetros de su domicilio en bata y
zapatillas todos los días. Si esto se puede archivar... Si ustedes no ejercen potestades jurisdiccionales...


Fíjese si hay tanto que reformar y que rehacer que en un informe que el Consejo de Europa les va a remitir a ustedes en breve, respecto del cual se ha pedido información o informes previos, entre otras organizaciones, a Amnistía
Internacional, se afirma que en relación con el Consejo General del Poder Judicial se debe mejorar notablemente en los siguientes ámbitos: Mejorar los mecanismos de formación inicial y continua de los jueces en materia de derechos humanos y de
violencia contra las mujeres. Mejorar la formación de manera específica, incluso en la escuela judicial, en el ámbito de otros juzgados que también están especializados en violencia de género; es decir, una formación específica y atinente a los
juzgados especializados o a las secciones de las audiencias provinciales especializadas en violencia de

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género. Desarrollar un sistema de seguimiento que aliente las buenas prácticas y detecte y corrija los casos de falta de diligencia con mecanismos efectivos de rendición de cuentas con el propósito de impedir la consolidación de prácticas
que revistan el incumplimiento del deber de investigar y administrar justicia con la debida diligencia -este es otro de los pedimentos que aparecen en el informe remitido por Amnistía Internacional al Consejo de Europa, quien a su vez emitirá un
informe que les remitirá a ustedes, y estoy hablando solo de las recomendaciones al Consejo General del Poder Judicial- Llevar a cabo un estudio en profundidad sobre la garantía de los derechos de las víctimas ante la justicia en los juzgados de
violencia sobre la mujer y recabar información sobre los factores explicativos de las siguientes cifras y tendencias desde la implantación de los juzgados de violencia de género. Descenso de las denuncias -primera patología advertida-; aumento de
las renuncias -grave y segunda patología denunciada-; incremento del número de mujeres encausadas -tercera y grave patología denunciada- a raíz de las contradenuncias de los denunciados por violencia de género. Son peticiones dirigidas a la
fiscalidad general del Estado, a los colegios de abogados y a las asociaciones de jueces y fiscales.


Me ha llamado poderosamente la atención su autocomplacencia cuando usted comenta que el reproche penal o la mejora en la respuesta punitiva en el ámbito de la violencia doméstica ha mejorado notablemente. No ha mejorado ni cuantitativa ni
cualitativamente y este informe que le he comentado, del que solo le puedo leer una parte marginal, es acreditativo de la situación absolutamente patológica desde una perspectiva de la respuesta judicial que le estoy comentando.


Aquí se ha hablado de muchas cosas y ya le he dicho que iba a intentar no amedrentarle. Se ha hablado de lo ocurrido con la justicia universal, sobre lo que hemos apreciado un silencio por parte del Consejo General del Poder Judicial, quizá
impropio de las responsabilidades institucionales, quizá en las colaterales o las vinculadas a la capacidad de manifestar opiniones fundadas que ustedes tienen. Evidentemente, esto se ha aprobado como una proposición de ley mediante un
procedimiento que podríamos calificar de cuasi fraudulento; además, a través de una proposición de ley y no por cualquier procedimiento, sino por el procedimiento de lectura única. No sé si usted conoce el procedimiento de lectura única y cuándo
está legitimada la institución parlamentaria para utilizarlo: Cuando la simplicidad de la materia a regular lo aconseje. ¿Considera usted que estamos ante una materia de una simplicidad suficiente para recurrir a una proposición de ley aprobada
por un procedimiento bastardo, espurio, quizá fraudulento como el de lectura única, que ha amortizado en el Estado español la justicia universal? Ustedes están empezando y la beligerancia que no quiero practicar con usted tampoco es exigible desde
ustedes hacia otros poderes del Estado y sus actuaciones normativas, pero es que esta es manifiestamente escandalosa y está provocando efectos tan patológicos y perversos como los ya denunciados de excarcelaciones masivas de narcotraficantes.
Veremos cuando empecemos con las excarcelaciones masivas de otras personas en las que no concurran -son muchos delincuentes en las cárceles o en las prisiones del Estado español- las circunstancias legitimantes de la jurisdicción universal, que sean
españoles o residentes habitualmente en España o se haya negado su extradición. Es tanto como amortizar la justicia universal. Me gustaría conocer su opinión, de lege ferenda incluso, sobre si esto debería ser objeto de mejora.


Con la justicia gratuita está pasando lo mismo. La justicia gratuita iba a ser financiada con las tasas judiciales, lo denominado por el señor Villarrubia el tasazo. Estamos esperando a ver qué ocurre con las tasas judiciales. Sabemos
cuánto se ha recaudado en este ámbito de las tasas judiciales; se llevan recaudados 323 millones de euros, de los que no ha llegado un solo euro todavía a la financiación del servicio de justicia gratuita. No sé cuales son los mecanismos de
financiación que ustedes preconizan, pero seguramente ya habrá visto el nuevo proyecto de ley de justicia gratuita, en donde se desvinculan las tasas recaudadas de la financiación del servicio de justicia gratuita, obligando a las comunidades
autónomas allá donde son competentes a conveniar con los colegios de abogados la prestación y la financiación del sistema o del servicio. Pero es que sigue vigente la Ley de Tasas y su artículo 11 con la vinculación entre las tasas y la
financiación del servicio de justicia gratuita y, sobre todo, sigue vigente la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ahora vigentes, que establece una vinculación estricta, directa, nominal en términos
presupuestarios de las tasas recaudadas con la financiación del servicio de justicia gratuita. Servicio de justicia gratuita que además se va a amplificar notablemente en la nueva ley desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, es decir,
introduciendo más colectivos que tienen derecho a acogerse a la prestación de este servicio. ¿Nos podría dar alguna idea o indicación que se le haya ocurrido a usted o a alguno de sus compañeros vocales sobre cómo se puede

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financiar este servicio? Si tienen alguna idea o alguna propuesta de lege ferenda estaríamos encantados de escucharla.


En cuanto al Código Penal ha pasado una cosa respecto de la cual me gustaría conocer su opinión porque aquí, a la hora de practicar cierto malabarismo político, algunos tienen una especial habilidad y actúan con la agilidad del trilero
profesional. ¿El Consejo General del Poder Judicial, y es una pregunta específica, considera cumplimentado el trámite de informe preceptivo obligatorio de una norma con el Código Penal? Porque cuando le es remitido, emite un informe,
pretendidamente el informe se incorpora a la norma y la norma se incorpora posteriormente a las Cortes Generales del Estado sin nuevos informes, sin poder realizar una segunda evaluación sobre si lo recomendado originariamente en el primer informe
está introducido en lo que se remite en forma ya de proyecto de ley a las Cortes Generales del Estado. Es que esto es lo que ha sucedido. ¿A usted le parece correcto privarles de una competencia que está prevista constitucionalmente en relación
con normas como el Código Penal, de birlarles la competencia de una forma un tanto descarnada? ¿Cómo saben ustedes que realmente el Gobierno ha incorporado todas o algunas de sus propuestas y ya no merita pasar de nuevo por el texto reformado o por
los informes preceptivos, tanto el del Consejo General del Poder Judicial como el del Consejo de Estado? Querría conocer su opinión. Le he dicho que no quería amedrentarle con mis preguntas y se me está yendo un poco la mano. No me gustaría
aparentar en esta primera comparecencia por su parte o provocar, como le decía antes, un efecto de desistimiento.


Me preocupa también lo ocurrido con los jueces catalanes. Se ha realizado un trabajo especulativo sobre el derecho a decidir o la capacidad de la sociedad catalana de ser consultada respecto de la cual la comisión disciplinaria del consejo
ya ha practicado diligencias informativas. ¿Por qué se han practicado diligencias informativas? Conozco la doctrina del consejo en materia de libertad de opinión, es un derecho fundamental que afecta a los jueces, está en el artículo 20 y solo
tiene una limitación que yo sepa -o la tenía-. Señor Lesmes, me gustaría que escuche lo que le voy a decir. La libertad de expresión de los jueces está limitada solo cuando afecta a una causa sobre la que está entendiendo o sobre la que va a
emitir una resolución judicial posteriormente. El resto de ámbitos de especulación jurídica de los jueces no está limitado por ninguna norma. No está limitado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, no está limitado por el contenido esencial del
artículo 20 de la Constitución en su desarrollo jurisprudencial por el Tribunal Constitucional. Y menos está limitado por los tratados internacionales, como el Tratado internacional de derechos civiles y políticos y el Convenio europeo de derechos
humanos y derechos fundamentales, y la resolución 10/20 reinterpreta incluso específicamente el derecho a opinar de los jueces y magistrados en el sentido favorable a la emisión de una opinión de naturaleza jurídica. ¿O es que los jueces no van a
poder especular sobre materias de naturaleza jurídica? ¿A quién vamos a dejar la capacidad de opinar cuando se habla con tanta ligereza sobre derechos polémicos o derechos difíciles de aprehender y reconfigurar constitucionalmente, como el derecho
a ser consultado, el derecho a decidir, etcétera?


Voy acabando, señor presidente. Vamos a dejar opinar a otras profesiones ajenas al derecho; no a los jueces sino a otros profesionales.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estamos en una situación tan confusa, señor presidente, que voy a concluir por no provocar al señor Lesmes una opinión equivocada respecto al tono que suele utilizar, normalmente amable aunque firme, mi grupo
parlamentario. Voy a concluir por desistimiento también.


Se va a aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial cuando todavía no se sabe qué va a ocurrir porque pende sobre ella un recurso de inconstitucionalidad sobre la que reconfigura o refunda el Consejo General del Poder Judicial que
usted dirige. Nos encontramos en una especia de terreno que se parece más al cuento de Alicia en el país de las maravillas, en donde no se sabe si vamos a despertar de esta pesadilla, que en una situación real que introduce efectos de precariedad
notables sobre su propio destino al frente de esta institución. Desde esta perspectiva -como otros han comentado-, y con esto acabo señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, no, solo una pregunta.


El señor PRESIDENTE: Haga la pregunta en veinte segundos, señoría.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya le he visto la intención. Usted sí que tiene agilidad para abortar, con legitimidad en este caso, porque la luz está roja desde hace tiempo. Presidente, le reconozco la habilidad que tiene para estas cosas.


¿Qué va a ocurrir con los 1.500 jueces sustitutos o magistrados suplentes pendientes de ser llamados en el país donde la ratio de jueces por habitante es la más baja de la Unión Europea de los 28? Jueces a los que les afectan las mismas
incompatibilidades que a los jueces que están ejerciendo. Hecha la pregunta, señor presidente, le agradezco al señor Lesmes su comparecencia, le prometo ser más cortés en la próxima y le invito a comparecer si es que los acontecimientos judiciales
no se lo impiden.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al grupo de La Izquierda Plural. Tiene la palabra su portavoz, el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer, en primer lugar, la comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como de todos los vocales del consejo, de los numerarios y de los supernumerarios. Le agradezco
también al presidente que nos haya presentado el documento La justicia dato a dato, así como la primicia, ya que los miembros del consejo en su totalidad no lo conocían, por lo que yo sé; lo conocen los miembros de la permanente. Le agradezco la
primicia que ha dado a este Parlamento y a esta Comisión de Justicia.


Mi grupo parlamentario va a hacer un enfoque de esta comparecencia en términos diferentes. Empezaremos por el out y terminaremos por el in. Empezaremos por los ciudadanos, por el servicio público de la justicia y terminaremos por el
gobierno de la justicia. Antes de todo, querría transmitirle una opinión que puede ser polémica -no soy letrado ni constitucionalista, vengo fundamentalmente de las ciencias de la salud-, y es que toda vez que ustedes tienen una elección
parlamentaria, no estoy de acuerdo con algunos compañeros que han dicho que no tienen control parlamentario. No estoy de acuerdo. Ustedes presentan su memoria ante el Parlamento y creo que al menos una orientación parlamentaria no estaría de más,
sobre todo porque es un órgano político y no un órgano donde la soberanía se exprese en la jurisdicción. Agradezco su voluntad de comparecer, su voluntad de colaboración, pero me gustaría que la concretarse. ¿Qué van a hacer? ¿Van a comparecer
más frecuentemente que esta comparecencia anacrónica -en el sentido lato de la palabra anacrónica- sobre la memoria o bien van a comparecer ante esta Comisión a propuesta de la misma o de acuerdo entre la Comisión y el consejo sobre materias
específicas? Mi grupo está dispuesto a ese tipo de comparecencias porque nos parece un tipo de colaboración útil. Cada vez que comparece un presidente del consejo siempre nos lamentamos de lo mismo; nos lamentamos del carácter anacrónico de la
memoria y luego decimos que queremos una mayor colaboración. Una vez hecho eso, ¿qué colaboración? Se lo propongo. Bien comparecencias más frecuentes, ya que no se producen nunca comparecencias a petición de los grupos parlamentarios, o bien
comparecencias de carácter sectorial sobre temas especialmente candentes que puedan ser acordados o que puedan ser considerados por una u otra parte. Yo no estoy de acuerdo con eso de que el órgano de gobierno de los jueces es un órgano
autorregulado. Sé que está muy de moda la autorregulación pero no es un órgano autorregulado, en mi opinión. Iré a una deriva también de la autorregulación del órgano, y es la conversión de un órgano que nos ha preocupado siempre -desde el punto
de vista público y desde el punto de vista parlamentario- por una deriva parlamentaria y de polarización política por ahora un órgano que tiene una deriva, diría, empresarial, donde hay un ejecutivo y una asamblea o un consejo de administración y
una asamblea. Es la sensación que se traduce de la aparición pública de los debates en el seno del Consejo General del Poder Judicial y no solamente de la aparición pública, sino por ejemplo de la elección, de los nombramientos, de la inspección o
del propio presupuesto.


Dije que iba a empezar por los ciudadanos y así voy a hacerlo. Los ciudadanos en relación con la política tienen hastío, lo que se llama desafección, o claramente rechazo. En relación con la Administración de Justicia diría que en estos
momentos hay una situación de alarma en algunos casos, en otros de escándalo y en tercer lugar podría decir de esperpento. Voy a transmitir las preocupaciones principales de mi grupo en esta materia. Alarma con respecto al impacto de los recortes
y de los copagos en la tutela judicial efectiva y con respecto a que estemos transformando un servicio público en un mercado, donde finalmente unos irán en trámite de beneficencia, otros lo harán en función de su poder económico y otros también con
determinados privilegios. Se podría llamar el modelo business. Nos preocupa esa deriva como consecuencia de determinadas medidas que se han adoptado, todas ellas dentro de la política de austeridad, todas ellas dentro de la política de recortes,
pero que tienen consecuencias. Mi grupo parlamentario quiere plantear en primer lugar esa preocupación con respecto a la tutela judicial efectiva;

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si la tutela judicial efectiva continúa siendo tan efectiva o ya lo es menos. En segundo lugar, nosotros creemos que hay una situación de escándalo -ahí algún grupo parlamentario ha trasladado su preocupación- en dos materias con especial
drama humano: la violencia de género y la corrupción. Da la impresión de que los instrumentos legales no son suficientes, da la impresión de que el procedimiento judicial llega tarde y por tanto en uno y otro caso hay una sensación de impunidad,
en particular en relación con la corrupción; de las acusaciones a los casos abiertos, la tramitación y las sentencias hay un abismo. Por tanto, digamos que tenemos un problema y es que, a pesar de que las leyes teóricamente son iguales para todos,
sin embargo, hay unos procedimientos, los procedimientos de cuello blanco, especialmente complejos que terminan en procedimientos larguísimos y a veces en una sensación de impunidad, y hay otros procedimientos simples, llamémoslos de delito común,
que tienen un reproche penal. Esa materia también produce escándalo en los ciudadanos o al menos una grave preocupación, si no escándalo. Termino con el esperpento. El esperpento es ver juzgar jueces a jueces. Si alguien de los que está en esta
Cámara o fuera de la misma tienen -yo lo tengo- respeto por el Poder Judicial y por la labor profesional de los jueces, habrán sentido como yo vergüenza. Algo tienen que hacer para que los juicios de los jueces no sean tribunales de honor, que lo
parecen; lo parecen, y yo creo que debería ser un motivo de preocupación para el órgano de gobierno de los jueces. Si el órgano de gobierno de los jueces tiene competencia en materia de inspección, ¿por qué tiene que acabar todo en una acusación
de prevaricación a un juez? ¿Por qué no hay tramos intermedios? ¿Por qué no funciona la inspección del Consejo General del Poder Judicial y finalmente lo que se produce es un reproche de carácter administrativo y no exactamente un reproche penal,
que es lo que estamos viendo en estos momentos, donde aquellos que cometen delitos contra la Hacienda pública y contra la decencia, como he dicho antes, corren -no sé si llamarlo riesgo- la posibilidad de la impunidad y sin embargo aquellos que
juzgan a quienes cometen los delitos terminan siendo juzgados de manera sumarísima y a veces creo que en forma de esperpento en el más estricto término de Valle Inclán? Esas son las cuestiones que yo quería plantear desde el punto de vista de
diputado ciudadano.


Desde el punto de vista no ya de servicio público sino de órgano de gobierno de los jueces, una de las preocupaciones de esta Cámara, por lo que se produjeron conflictos públicos y un deterioro de la imagen del Consejo General del Poder
Judicial -en ese sentido considero que estos cinco primeros meses son de toma de tierra del nuevo consejo, y también mi grupo se siente obligado por los compromisos adquiridos con respecto al nuevo consejo, pero pienso que alguna preocupación le
podemos plantear; no vamos a pedir responsabilidades a los cinco meses, pero sí vamos a pedir explicaciones y vamos a expresar nuestra preocupación con respecto al órgano de gobierno-, me permitirá que discrepe en ello, es con respecto al término
refundación; es demasiado ambicioso para lo que ha sido en nuestra opinión una reforma por parte del Gobierno de medio pelo que puede estar produciendo una cierta deconstrucción del órgano colegiado. Eso es lo que nosotros creemos, que estamos
asistiendo a una deconstrucción de la colegiación del órgano. Entonces la preocupación pública ya no es únicamente las diferencias ideológicas, la deriva parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial y la resolución de esa deriva de
polarización política, sino que a esa preocupación se añade un sistema que podemos denominar escabinado. Tenemos una preocupación ideológica, ahora tenemos añadida una división Gobierno-Parlamento porque ya hay un ejecutivo que es la permanente y
un parlamento que son los miembros del consejo que no son permanentes. Pero es que además hay otro problema añadido que no es menor y es la dedicación completa de unos y la dedicación a tiempo parcial de otros con posibilidad más que cierta de
incompatibilidad. En esa mélange -se puede llamar- ¿cómo evoluciona, cómo se reconstruye de alguna forma o cómo se refuerza la legitimidad y la credibilidad del Consejo General del Poder Judicial? Nosotros creemos que algunas decisiones tomadas no
van en ese sentido de reforzar la credibilidad y la legitimidad del Consejo.


En relación con la polarización parlamentaria, ha sido sustituida por lo que podemos denominar una gran coalición, no me cabe ninguna duda. Es decir, ya no vemos tanto problema con respecto a la polarización en el seno del Consejo General
del Poder Judicial o no existen esos problemas desde el punto de vista público de forma tan evidente. Ha existido algún caso que se ha denunciado aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero, como usted ha presentado aquí,
hay nombramientos y otro tipo de elecciones que han sido por amplia mayoría, lo cual no quiere decir que sea por consenso y, por tanto, que hayan contado con los miembros de número y con los miembros, como he dicho antes, supernumerarios.


En estos momentos se produce también esa fractura en el consejo en el funcionamiento habitual -yo creo que es una fractura inicial que el consejo verá cómo puede solucionar; nosotros sabemos cómo

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solucionarla desde el punto de vista parlamentario-, que es una fractura entre el Gobierno y el Parlamento, entre permanente y consejo y la fractura entre numerarios y supernumerarios. Eso está encima de la mesa y eso se ha traducido
recientemente en los nombramientos. La impresión es que los nombramientos se cumplen de manera formal con respecto a la ley y al reglamento, pero vienen predeterminados. Es decir, se presenta la terna y se realiza el acto correspondiente en el
Consejo General del Poder Judicial, pero viene todo prácticamente pactado, viene pactado por la gran coalición. Eso no debe ser así y, si es así, aquí debe haber una rectificación para que esa gran mayoría no se convierta también en un elemento de
conflicto porque la gran mayoría, como he dicho antes, no es sinónimo de consenso. Lo mismo podemos decir con respecto a la inspección. Se conocía dentro del consejo y fuera del consejo, por los pasillos, la propuesta para el responsable en
materia de inspección. Eso puede ser una cuestión relativa a la discreción, pero no es así, es también un nombramiento predeterminado.


Luego hay una dinámica que yo creo que debería parar, entre otros, el presidente del consejo, el señor Lesmes, que es la dinámica del desapoderamiento del consejo porque algunas competencias están estipuladas con nuestra crítica de la
permanente y del consejo, pero es que hay un agujero negro por el cual se van las competencias del consejo hacia la permanente y hacia el presidente. La mayor parte de las propuestas de comisiones las ha hecho el presidente, y algunas materias que
ni siquiera son materia exclusiva de la permanente se convierten finalmente en materia exclusiva de la permanente tanto en la elaboración de la propuesta como incluso en el recurso. Esa es una dinámica presidencialista, una dinámica de ejecutivo
que es potencialmente conflictiva. Igual que la dinámica que vivimos durante los últimos tiempos fue muy conflictiva, la polarización interna del consejo por razones ideológicas o de concepción en estos momentos, a pesar de una mayoría amplia, la
dinámica o la fractura Gobierno-Parlamento y numerarios y supernumerarios puede ser también un conflicto en el seno del consejo y mermarle al mismo esa reconstrucción o ese fortalecimiento de la legitimidad y de la credibilidad a que se ha referido
el presidente del consejo.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ha de concluir.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.


He echado de menos que el presidente del consejo no haya tenido ni un minuto para presentar sus medidas con respecto a las resoluciones de la Cámara. Empecé refiriéndome a la labor de la Cámara y le recuerdo que cada vez que hay una
comparecencia hay una serie de resoluciones. Normalmente uno de los capítulos de la comparecencia es expresar ante la Comisión cuál es el cumplimiento de esas resoluciones por parte del consejo. No ha sido así y yo voy a terminar con una serie de
preguntas al presidente del consejo. ¿Cree que la actual estructura orgánica y funcional de un consejo funcionando con una cuarta parte de sus miembros está en condiciones de cumplir las funciones del consejo? No digo si es legítima o no. ¿Se va
a hacer algo para evitar que siga existiendo la sospecha de nombramientos y ascensos pactados de gran coalición? ¿Cuáles son los criterios en relación con la actividad del promotor de la acción de la justicia y, llegado el momento, de la comisión
disciplinaria, para deslindar las situaciones jurisdiccionales practicadas en el ejercicio de la independencia judicial de aquellas presumiblemente integrantes de una falta disciplinaria? ¿Qué lugar ocupa entre las prioridades del consejo el
control sobre la actividad contractual que realizan sus órganos de gestión? ¿Está en condiciones de cumplir con el periodo para el reglamento de organización y funcionamiento? ¿Se está reorganizando el servicio de inspección? ¿Qué papel va a
tener la estadística judicial, se va a realizar un traslado de estadística judicial? Estoy terminando. ¿Se ha tenido en cuenta el impacto del nombramiento de la presidencia del Observatorio contra la violencia de género, una vocal que no integra
ni podrá integrar la Comisión de Igualdad y la posible descoordinación? Aunque algo ha dicho, ¿cuáles son los planes del consejo para asegurar la necesaria conexión y comunicación con los juzgados de los distintos territorios? ¿Qué lugar ocupa en
la preocupación del consejo la atención al ciudadano? Por último, con relación a la coordinación de las administraciones públicas y en materia de formación, ¿qué va a hacer el consejo con respecto a la formación? Me refiero no solamente a la
formación en contenidos cuantitativos, sino una formación que suponga miembros de la carrera judicial con una sensibilidad y representación social más amplia.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El diputado señor Jané tiene la palabra.

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El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, sean mis primeras palabras para expresar nuestra condolencia a todos los familiares y a toda la familia política, en este caso del Partido Popular, por el asesinato ayer de la presidenta de la Diputación de
León. Ha sido un acto de violencia, un asesinato y hoy queremos mostrar nuestra repulsa en un acto solemne, como es la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Desde Convergència i Unió nuestra más sincera condolencia y
nuestro repudio ante la violencia, sea un asesinato o cualquier otra forma de violencia.


Señorías, quiero también dar la bienvenida al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Lesmes, a todos los vocales que le acompañan hoy ante esta Comisión de Justicia y también al equipo que se ha desplazado aquí, al
Congreso de los Diputados, para darle apoyo en esta primera comparecencia que, si me lo permite, señor Lesmes, deberíamos intentar cambiar. El formato de estas comparecencias obedece a un calendario judicial que empieza el año en septiembre; se
rinden las memorias no a inicios de cada año, sino en un periodo anterior a ese mes de septiembre, lo que provoca que hoy formalmente, tras diecisiete meses, se esté presentado la memoria relativa no al año 2013, sino al año 2012, por tanto, con
muchísimo retraso. En Convergència i Unió le agradecemos que hoy haya aportado una actualización de datos, pero este no es el sistema, el sistema debería ser otro. Deberíamos ser capaces de cumplir lo que nos manda la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que es rendir cuentas presentando esta memoria, pero en un plazo más próximo a la realidad de los datos que se vienen a exponer. Por tanto, le agradecemos sinceramente esta aportación puntual de datos del año 2013, pero creo que debemos
buscar -y estoy convencido de que el presidente del consejo lo compartirá- un procedimiento para que haya una mayor conexión entre lo que hoy se expone y los datos cronológicos a los que hacemos referencia en cada momento. Yo le agradezco -lo ha
dicho antes el señor Llamazares- que en la memoria, aunque usted no se haya referido a ello, por primera vez se nos haga caso en algo que se pedía por el Congreso de los Diputados, y es que se da cuenta de las resoluciones que se habían incorporado
de anteriores debates. Se repasan esas resoluciones y su grado de cumplimiento. Respecto a las últimas resoluciones que se aprobaron a inicios del año 2013, a Convergència i Unió hay aspectos que le siguen preocupando muchísimo. Se hablaba
entonces -y lo aprobamos en el Pleno del Congreso- de que preocupaba que no se ejecutaran las sentencias en el grado que nos gustaría a todos, ese nivel de sentencias no ejecutadas que en el año 2013 cifrábamos en más de dos millones en los
distintos órdenes jurisdiccionales. Eso nos sigue preocupando y nos gustaría conocer su opinión. Otra cosa que aprobamos en esas resoluciones y que no ha mejorado son las filtraciones en los procesos; en ocasiones determinados imputados en un
proceso se enteran de su imputación por los medios de comunicación antes de que se les haya comunicado oficialmente por el procedimiento establecido. Nos preocupaban esas filtraciones entonces y nos siguen preocupando ahora y nos gustaría conocer
la opinión del presidente del consejo al respecto.


A Convergència i Unió también le preocupa -lo decían otros portavoces- el nivel de normalización lingüística en el ámbito del Poder Judicial. No queremos culpar a nadie en concreto, pero en su conjunto la evolución no es positiva. Si
analizáramos los datos de sentencias, por ejemplo, en catalán, en el año 2008 suponían un 19,4 % y en el año 2012 un 12,72 %. Esa disminución obedece a muchos aspectos, pero sin duda también obedece a no recoger aquello que Convergència i Unió ha
defendido, que el conocimiento de la lengua y del derecho civil propio debe ser un requisito. Es algo que figuraba en el Estatuto de Autonomía tal y como se aprobó por el Parlamento de Cataluña y se presentó ante estas Cortes Generales. El
objetivo es que quien está destinado en una comunidad autónoma con lengua y derecho propio -lengua que es oficial- conozca esa lengua oficial; no que sea un mérito, sino un requisito. Esto es lo que ha pedido siempre Convergència i Unió y, si se
hubiera seguido esta línea, mejoraría muchísimo la implantación de una normalidad lingüística. Lo que ocurre en los juzgados no es lo que ocurre en la sociedad; cuando el nivel de implantación de la lengua propia no es el mismo en los usos
sociales, en la sociedad en su conjunto, en el conjunto de los poderes públicos y no se refleja de la misma forma en el Poder Judicial, algo falla, y tampoco contribuiremos a la percepción global de una justicia próxima. Usted decía que el 72 % de
la ciudadanía percibe que la justicia funciona mal, a pesar de que tienen un buen concepto de los conocimientos y de la profesionalidad de los jueces. En esa percepción sin duda no ayuda el hecho de que en comunidades autónomas con lengua oficial
propia además del castellano -en el caso de Cataluña, el catalán- esa lengua no tenga determinado nivel de implantación. Le pedimos su opinión y que nos ayude, pues como presidente del Consejo General del Poder Judicial puede ayudarnos en este
ámbito. Es necesario que se normalice el uso de las lenguas oficiales propias en las distintas comunidades autónomas que las tienen. Por cierto, también hay que hablar de la unidad

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de la lengua. La Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce que no es necesario traducir. Si por ejemplo está en catalán una actuación judicial que va a tener efectos en la Comunidad Valenciana, no debe traducirse. Esa unidad de la lengua
también debemos preservarla y ha habido intentos de desviarla. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a ello al decir que no es necesaria la traducción en esos casos.


Y, hablando de traducción, señor Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, actúen, por favor, porque en un reciente episodio en que traductores tenían que traducir del catalán a la lengua castellana a unas personas que
comparecían ante la Audiencia Nacional por unos hechos ocurridos en Cataluña y se expresaban en su lengua oficial propia, que era catalán, observamos con indignación cómo los traductores que tenía la Audiencia Nacional no podían realizar su función
porque no traducían bien. Le pedimos que actúen desde el consejo para que estos episodios no se vuelvan a producir.


Ha aludido usted a la responsabilidad y ha marcado unos objetivos y desde Convergència i Unió lo compartimos y se lo agradecemos. Nos ha gustado su comparecencia inicial marcando grandes objetivos. Más que repasar todos los datos de la
memoria que ya tenemos, marcar objetivos -y más al inicio del mandato del actual consejo- es una buena práctica. Ha marcado el objetivo de la transparencia, el objetivo de la austeridad, el objetivo de la cercanía a los jueces, de la
responsabilidad con el tema de los expedientes disciplinarios. Aquí me quiero detener también. Cercanía a los jueces, responsabilidad, expedientes disciplinarios. Nos preocupa muchísimo el intento implícito de amordazar a los jueces y a las
asociaciones judiciales que hay en el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial; puede incluso cercenar el derecho constitucional a la libertad de expresión. Nos preocupa y nos gustaría conocer su opinión al respecto. Nos preocupan
los expedientes abiertos a magistrados y jueces en Cataluña por opinar sobre aspectos de actualidad que nada tienen que ver con su función jurisdiccional. No están opinando sobre aspectos que estén conociendo como jueces -aquí podría entenderse que
existiera una limitación-, sino sobre aspectos que están en la sociedad. No podemos convertir a los jueces en una burbuja aislada de la sociedad y de los ciudadanos a los que sirven. Por tanto, les pedimos en ese caso que archiven cualquier
intento de sancionar a esos jueces y magistrados. Además, como decía también el señor Villarrubia, parece que se quieran focalizar publicando sus fotografías. Nos interesa que el Consejo General del Poder Judicial, intentando cumplir uno de sus
objetivos como es la cercanía a los jueces, los proteja. Huyamos de esos intentos de amordazarlos y, en todo caso, que se trate a todos por igual. En ocasiones encontramos que se dirigen actuaciones hacia jueces que opinan de una manera, pero si
otros opinan de manera distinta y esa otra opinión no disgusta tanto, no se actúa. Por tanto, desde este sentido de la responsabilidad y de la imparcialidad y en relación con esos jueces que han sido señalados, pedimos que se archiven las
actuaciones, porque entendemos que no debemos ni podemos limitar su capacidad constitucionalmente protegida de expresar aquello que está en la calle, en la sociedad en la que esos jueces sirven a la justicia y al Poder Judicial independiente. Ello
no tiene por qué menoscabar la necesaria independencia de los jueces y tribunales.


Hay otro asunto que nos preocupa y sobre el que nos gustaría conocer su opinión: un descenso evidente en el número de asuntos. Usted ya nos anticipaba la cifra de un 9% menos de asuntos, algo que se aproxima más a la realidad que desde
Convergència i Unió queremos denunciar. La nueva Ley de Tasas, tal y como está concebida, aleja la justicia del ciudadano, sobre todo de los ciudadanos con menos recursos. Esas cifras empiezan a reflejar las consecuencias de esa Ley de Tasas y
perjudican el derecho a la tutela judicial efectiva; nos preocupa y nos gustaría conocer su opinión.


Asimismo nos preocupa la nueva Ley de Justicia Universal, que se ha tramitado como proposición de ley. Evidentemente el presidente del Consejo no puede entrar en las formas, en cómo tramitamos en esta Cámara las leyes -como proposición de
ley o como proyecto de ley-, pero lo cierto es que al no ser un proyecto de ley se han obviado una serie de trámites. Todos aquellos grupos parlamentarios, como Convergència i Unió, que advertimos de las consecuencias que esa Ley de Justicia
Universal podría tener lamentablemente estamos observando que hoy ya son 36 los narcotraficantes que hemos dejado libres, y estoy convencido de que eso no refuerza el valor justicia en su conjunto como pilar superior que tiene nuestro elemento
jurídico. Por tanto, esta Ley de Justicia Universal también nos preocupa.


Y nos preocupa que en el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se contemplen los consejos de justicia de las comunidades autónomas. Pedimos aquí un esfuerzo al nuevo Consejo General del Poder Judicial, porque los
Estatutos de Autonomía, no solo el catalán, sino Estatutos de Autonomía de diversas comunidades autónomas, tienen previstos esos consejos de justicia de las comunidades autónomas. Incluso el Estatuto básico del empleado público dice que un
funcionario está en

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servicios especiales cuando entra a prestar servicios en un consejo de justicia autonómico, que no existe. El fiscal de una comunidad autónoma antes de ser nombrado debe tener el dictamen previo del consejo de justicia, un dictamen fantasma
porque no existe ese consejo de justicia autonómico. El Estatuto orgánico del ministerio fiscal se refiere a un órgano que no existe cuando hay Estatutos de Autonomía que lo regulan, y el propio Tribunal Constitucional, a pesar de que cambió la
concepción inicial, lo respetó finalmente. Por tanto, deberíamos actuar aquí también y el Consejo General del Poder Judicial nos podría ayudar.


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que terminar.


El señor JANÉ I GUASCH: No tengo más tiempo. Termino ya, señor presidente, trasladándole desde Convergència i Unió ese ánimo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con todos sus miembros, así como deseándoles suerte en
esa nueva andadura que están iniciando.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor Presidente, señores Lesmes, al igual que el resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero empezar dándole en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, una cordial
bienvenida a esta Comisión en esta primera ocasión en que está entre nosotros y deseándole a usted y al consejo los mayores éxitos en esta nueva etapa. Igualmente quiero manifestarle nuestro más sincero ofrecimiento de colaboración y nuestro
reconocimiento -que hago extensivo también a todo su equipo y especialmente a los vocales del consejo que nos acompañan esta mañana- por el esfuerzo que ha realizado para detallarnos con profundidad pero también con claridad una memoria que viene a
hacer balance y a recoger datos correspondientes a una etapa previa a su presidencia, lo que sin duda ha debido suponer para usted una dificultad añadida y así se lo reconocemos.


Señor Lesmes, ha comenzado su mandato coincidiendo con una etapa nueva en el órgano de gobierno del Poder Judicial -usted lo ha llamado refundación, creo que acertadamente-; un periodo que se inicia precisamente tras la importante reforma
que ha afectado en profundidad a la estructura, funciones y organización del consejo. Inevitablemente resulta ya habitual en este trámite que se saquen a relucir cuestiones que no se corresponden estrictamente con su finalidad, que es la rendición
de cuentas de la actividad del Consejo General del Poder Judicial. Así que en esta ocasión no puede extrañarnos que, para no perder la costumbre, algunos portavoces hayan querido aprovechar su intervención para cuestionar, entre otras muchas
iniciativas legislativas, la reforma del consejo. En ese sentido, hay quienes han señalado que, tras la reforma, el nuevo modelo va en contra de la autonomía del Poder Judicial y de las reglas del juego, que se han limitado sus funciones
esenciales, que se han generado importantes problemas al no tener la mayoría de sus miembros dedicación exclusiva -vocales de primera y de segunda, señalaba un portavoz; numerarios y supernumerarios, señalaba otro- o que, debido al nuevo sistema de
adopción de acuerdos en el nombramiento de los principales cargos de los órganos judiciales, no es necesario consensuar, por lo que se impone el criterio de la mayoría de los vocales propuestos por el Grupo Popular. Llama poderosamente la atención
que muchas de estas críticas vengan ahora precisamente de aquellos que acordaron con el Grupo Popular la renovación, con la excusa de que se vieron obligados a ello por su sentido de responsabilidad para que este órgano constitucional funcionase.
Pero si de responsabilidad hablamos, creo justo reconocer que en estos pocos meses de funcionamiento hemos podido comprobar que estas críticas no se corresponden con la realidad, pues lo cierto es que el nuevo consejo se ha caracterizado
precisamente por todo lo contrario: por el altísimo nivel de consenso alcanzado, tanto en los nombramientos realizados, que no reflejan otra cosa que la solvencia, la capacidad y el mérito de los candidatos, como en los informes elaborados sobre
los anteproyectos de ley del Gobierno, respaldados en su mayoría por unanimidad -siete de ocho, según nos ha indicado-, apoyo mayoritario que igualmente han tenido las principales decisiones adoptadas hasta este momento. Esta es la muestra
inequívoca que acredita sin lugar a dudas que con el nuevo modelo queda garantizada la independencia del órgano que preside, más allá de las sensibilidades individuales de los miembros que lo conforman. Y es justo reconocer que en esta difícil
tarea de consensuar las decisiones y de llegar a acuerdos, como han reconocido públicamente algunos de los vocales del consejo, su gran sentido institucional y su talante de persona dialogante han sido el principal activo para componer y hacer
realidad

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estos consensos. Vaya, pues, mi felicitación y la del Grupo Popular por la magnífica labor que usted y el conjunto del consejo vienen desarrollando desde su nombramiento y que demuestra que esta institución está funcionando correctamente y
va a seguir haciéndolo muy bien en el cumplimiento de sus tareas constitucionales y de administración de la carrera judicial.


Señor Lesmes, hoy nos trae a esta Cámara la tercera memoria que se presenta en esta legislatura, pero que es la primera que refiere datos y estadísticas judiciales correspondientes a este periodo legislativo, así que lo cierto es que en el
mes de mayo de 2014 estamos tratando los datos de 2012, correspondientes a una memoria aprobada en el mes de julio de 2013. Es evidente que el año 2012, como ya se ha señalado, es un año que nos queda ya lejano, por ello la denominación de memoria
resulta más que nunca acertada y ajustada a su doble significado, como trabajo de recopilación pero también como ejercicio y esfuerzo de recordar. En todo caso, a pesar de este retraso, que por supuesto no es imputable al actual consejo, y
precisamente por ello, le agradezco que haya tenido el acierto de completar su comparecencia mencionando datos relevantes correspondientes al año 2013 e incluso avanzando algunos datos referentes al año 2014, pues nos resultan de gran ayuda para que
esta comparecencia no quede convertida en un mero acto simbólico, sino que sirva para arrojar luz sobre el estado actual y necesidades de nuestros juzgados y tribunales. Pero lo cierto es que le hemos de dar una solución definitiva al importante
defecto que cada año presenta la memoria, y que no es otro que su falta de inmediatez, para intentar conseguir de una vez por todas que en el momento de su presentación nos permita precisamente obtener el conocimiento cercano y real de lo que sucede
en nuestra Administración de Justicia. Esta y no otra debe ser su función principal. Precisamente por este motivo, el Grupo Popular, consciente del importante papel de las memorias que cada año elaboran el consejo y el Tribunal Supremo, entre sus
propuestas de resolución presentadas a la memoria correspondiente a los años 2010 y 2011 instó al consejo para que agilizara su presentación a las Cortes Generales o bien, lo que sería más fácil, que se planteara la posibilidad de que la memoria
compilara la actividad por años judiciales en vez de por años naturales. A pesar de estas reiteradas propuestas, la respuesta contenida en el informe que acompaña a la memoria no resulta satisfactoria en cuanto que no prevé más cambios que la
posibilidad de adelantar avances de la memoria, resignándose, sin embargo, a que la comparecencia en esta Cámara nunca pueda realizarse antes de nueve meses después de finalizar el año por cuestiones de procedimiento y de protocolo institucional.
Por tanto, no le extrañe que un año más insistamos nuevamente en nuestra petición que, sinceramente, creo que no es tan complicada de resolver.


Dejando a un lado esta clásica pero necesaria y compartida reivindicación, y antes de entrar en las cuestiones concretas de la memoria que nos ha referido, sí quiero reconocer la positiva transformación del formato de su comparecencia, más
moderna en su presentación, tanto en su contenido como en su estructura, respecto a la de años anteriores, pues lo cierto es que no se ha limitado a ofrecernos una mera relación de datos sobre el estado, funcionamiento y actividades del consejo, del
Tribunal Supremo y de nuestros juzgados y tribunales, sino que además ha sabido presentarnos una radiografía fiable del panorama de nuestra Administración, planteando con acierto los retos a los que nos enfrentamos en una situación de dificultad,
pero a la vez poniendo sobre la mesa las respuestas que hemos de dar entre todos a los ciudadanos como lo son aquellas medidas que nos ha señalado en materia de transparencia e información a la opinión pública, así como las posibles soluciones para
mejorar la agilidad, la cercanía y la calidad de nuestra justicia.


Paso ahora a comentar la gestión correspondiente al año 2012, completada con los datos que ha tenido la amabilidad de avanzarnos respecto al año 2013. Podemos concluir que, a pesar del complicado contexto económico y social, nos encontramos
con una Administración de Justicia que se esfuerza año tras año en ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad. Es indudable que se ha tenido que lidiar con problemas que ya son endémicos y nos ha recordado: la sobrecarga de trabajo, la
necesidad de reformas legislativas que agilicen y racionalicen los procedimientos, la carencia de diseños funcionales modernos que permitan optimizar los recursos personales y materiales, el lento avance hacia las nuevas tecnologías o la
inadecuación y dispersión de las sedes judiciales con una insuficiente planta judicial. A estos problemas se suman los derivados de la política general de contención de gasto, inevitable en una situación de recesión económica y crisis como la que
ha venido atravesando España en los últimos años. Lo cierto es que una Administración de Justicia moderna se legitima por la calidad de sus resoluciones y por resolver los conflictos con prontitud. Es esencial para la convivencia democrática
ofrecer a los ciudadanos la confianza de que el Estado de derecho existe y de que, por malas que sean las circunstancias, están adecuadamente protegidos. A este respecto, el mensaje inicial que nos ha trasladado refleja que en el año 2012
ingresaron

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en nuestros juzgados un total de 8.900.000 asuntos frente a los 9 millones del año 2011, y que al término del año el número de asuntos en trámite quedó en torno a los 3 millones, lo que supone un 5 % menos que el año anterior.


Por otro lado, como ha tenido a bien ilustrarnos el señor Lesmes adelantándonos los datos referidos a 2013, los juzgados y tribunales ingresaron 8.600.000 asuntos el año pasado, lo que supone un descenso del 3,8 % respecto al año 2012, con
una tendencia en los tres últimos meses a la disminución de asuntos en las cuatro jurisdicciones. Se consolida así en estos dos últimos años una tendencia a la reducción de la litigiosidad que se viene produciendo desde 2010, siendo además el
tercer año consecutivo -y creo importante destacarlo- en que la Administración de Justicia ha sido capaz de resolver más casos de los ingresados, con un destacado descenso de la tasa de pendencia. También hemos podido conocer que, a día de hoy, el
Tribunal Supremo no es un tribunal atascado. El Tribunal Supremo, desde hace ya tiempo, esta puesto al día. Tiene unos tiempos de respuesta en las Salas primera, segunda y cuarta inferiores al año y en su Sala tercera entre uno y dos años, que en
2015 podrá aproximarse también al año. Así que nuestra primera reflexión debe ser que, aunque aún tenemos un alto porcentaje de litigiosidad -y me va a permitir en este punto discrepar con usted porque entiendo que no es equiparable, sino muy
superior al de la media de los países de la Unión Europea-, esta importante tasa de ingresos no ha impedido que se rebaje el volumen de asuntos pendientes. Ello permite que nos podamos aproximar a la meta del rendimiento óptimo de la justicia. Es
decir, que nuestros órganos judiciales, unipersonales o colegiados, resuelvan la mayor parte de los asuntos atribuidos a su competencia dentro de los plazos que las leyes procesales establecen. Así que es evidente que, a pesar de las deficiencias
estructurales que aún tenemos que resolver, lo cierto es que se ha venido trabajando en nuestra Administración de Justicia para no defraudar la confianza que la ciudadanía ha depositado en ella. Vaya por delante nuestro reconocimiento, pues la
excesiva demora en la tramitación de los procedimientos había venido siendo desde hace muchos años el principal motivo de quejas ciudadanas en materia de justicia.


Señor Lesmes, siendo muy consciente de que acumular demasiados temas puede resultar poco efectivo, así como que la labor parlamentaria en esta comparecencia no es de control sino de solicitud de información, de recabar datos que nos permita
hacer más eficaz nuestra labor parlamentaria, para aprovechar la oportunidad que nos brinda su presencia en esta Comisión en el día de hoy, quisiera plantearle un par de consideraciones sobre las que, si le parece oportuno, me gustaría escuchar sus
reflexiones. La primera está referida a la Comisión Disciplinaria, de cuya actividad usted nos ha hecho referencia anteriormente, concretamente a la circunstancia de que la Sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo haya
revocado en 2012 total o parcialmente el 42% de las sanciones impuestas a jueces por el Consejo General del Poder Judicial y ello debido fundamentalmente a retrasos en la tramitación de los procedimientos, alegando como motivo principal la caducidad
de la acción. Es decir, que el desarrollo del expediente por la Comisión Disciplinaria excedió del plazo de seis meses que establece el reglamento del consejo para su tramitación. No resulta bueno para la imagen de la justicia que causas que
tienen su origen en gran medida precisamente en la lentitud con la que los ciudadanos perciben la administración de la justicia, sean rechazadas por causas imputables a los retrasos en la tramitación de estos expedientes disciplinarios. Me gustaría
conocer si se están estudiando, o se piensan abordar fórmulas para remediar este problema, como la modificación del reglamento que contemple la ampliación del plazo para resolver estos expedientes. En segundo lugar, si a la vista de los indicadores
de carga de trabajo, el consejo tiene previsto modificar el modelo de medición de cargas de trabajo de nuestros juzgados y tribunales.


Por último, le voy a hacer una petición acerca de un tema sobre el que ya ha realizado alguna reflexión en su exposición y que igualmente ha tratado algún otro interviniente de otro grupo, y es acerca de la necesidad de mejorar la calidad de
los datos estadísticos recogidos en la memoria anual, a fin de que esta refleje con precisión el volumen real de procesos judiciales. No es un tema nuevo, así lo asume el informe del consejo que ofrece respuesta a nuestras propuestas de resolución
presentadas a la memoria del año pasado, concretamente a la número 8 y a la número 27, en las que el consejo no ha tenido inconveniente en manifestar y demostrar su preocupación por la poca precisión de los datos estadísticos recabados de los
órganos judiciales. Así, que un año más este sigue siendo un tema de vital importancia, pues si la estadística judicial ofrecida no es rigurosa, pues otorga relevancia a procedimientos que en gran medida no generan actividad jurisdiccional de
ningún tipo, o a aquellos que tienen una tramitación prácticamente nula, o que cuando la tienen en muchos casos vienen a contabilizar un solo asunto en dos o más ocasiones, indudablemente no servirá al fin previsto. Lo cierto es que la profunda
desproporción en el cómputo del

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número de asuntos con relación a los realmente tramitados es lo que justifica una ficticia sobredimensión de la litigiosidad con la que nos vemos obligados a trabajar y con la que el Gobierno debe tomar decisiones para resolver los problemas
estructurales y organizativos que perjudican el actual modelo. Así que entiendo que procede insistir en esta reflexión y revisar algunos de los axiomas tan comúnmente repetidos como asumidos, acerca de la excesiva carga judicial o aquel que apunta
que prácticamente dos terceras partes de la actividad jurisdiccional española están concentradas en el proceso penal. Así que nos gustaría, y en este sentido se lo trasladamos, que el año que viene podamos contar por fin con una adecuada corrección
de los criterios de registro, así como una sustancial mejora del tratamiento y análisis de la información que se nos presenta en la memoria.


Termino. Vivimos tiempos difíciles, pero no por ello desistimos de lo que es nuestro principal objetivo, que es reforzar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, ofreciéndoles una justicia moderna y de calidad. Por
ello, le agradezco de nuevo su intervención, señor Lesmes, su diagnóstico preciso, sus explicaciones detalladas y sus propuestas, que, junto con su colaboración y con la de todo el consejo, sin duda nos ayudarán a la siempre complicada tarea de
tratar de encontrar y adoptar las mejores decisiones a fin de agilizar y mejorar nuestra Administración de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado este turno, quiero, en primer lugar, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', agradecer al señor Jané las condolencias que ha manifestado en nombre de su grupo y también reiterar y
hacer constar una vez más que estas condolencias por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, doña Isabel Carrasco, se hacen extensivas -así nos lo han trasladado en la anterior sesión de la Comisión de Justicia que hemos celebrado a
primera hora de la mañana- a todos los grupos que forman esta Cámara y, en consecuencia, a todos los grupos con representación en esta Comisión. En todo caso, se agradece -como no puede ser de otra manera- la condolencia expresa que en este momento
nos ha realizado el señor Jané.


Finalizado este trámite, damos la palabra nuevamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que conteste de manera breve -de la manera más breve que el señor presidente considere oportuno, porque no tiene límite de tiempo-
a los distintos grupos parlamentarios que han intervenido.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): En el ejercicio del uso de la palabra que tan amablemente se me concede en este momento, quiero expresar, en primer lugar, mi agradecimiento
a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por la amabilidad de sus palabras. Es verdad que unas intervenciones han sido más intensas que otras, pero en ningún caso las he considerado, señor Olabarría, intimidatorias. Creo que se puede
actuar o intervenir con mayor o menor intensidad, pero no creo que su propósito fuera intimidarme y, en todo caso, en modo alguno me he sentido intimidado por su intervención. Dicho esto, procuraré seguir un cierto orden en relación con las
intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, aunque es verdad que algunas cuestiones han sido comunes y, si sus señorías me lo permiten, daré una respuesta común en cuanto a ese tipo de cuestiones.


Iniciaba el señor Villarrubia, portavoz de Grupo Parlamentario Socialista, su intervención expresando una queja por razón de mi comparecencia en el día de hoy. Yo quiero expresar a la Cámara y a esta Comisión de Justicia que nosotros hemos
recibido una citación del presidente del Congreso de los Diputados solicitando nuestra comparecencia en el día de hoy y que, lógicamente, estamos obligados a comparecer en el día de hoy porque es esta nuestra obligación legal y, por tanto, nada
tenemos que decir al respecto. Nosotros no hemos elegido la fecha y tenemos el deber de comparecer en el momento en que se nos dice para la presentación de la memoria.


En segundo lugar, hacía referencia el señor Villarrubia a una cuestión que ha sido abordada por otros portavoces de los grupos parlamentarios, que es la reforma que se realiza de las llamadas tasas judiciales en cuanto al juicio de
constitucionalidad que esta ley puede determinar, así como el posible impacto o no en la litigiosidad, en los incrementos o disminuciones de litigiosidad, e incluso por algún portavoz se ha abordado la cuestión de la opinión de este presidente sobre
cómo deben repartirse los ingresos; si no recuerdo mal, alguno de los portavoces hizo referencia a esta cuestión. En relación con la constitucionalidad o no de la Ley de Tasas, he de decirles que está pendiente de decisión del Tribunal
Constitucional y, por tanto, nada puedo decir al respecto porque sería temerario por mi parte hacer un juicio de constitucionalidad o de inconstitucionalidad cuando está pendiente de quien debe decirlo, que es el Tribunal Constitucional. En cuanto
al impacto sobre la litigiosidad o el mayor o menor impacto sobre la litigiosidad, nosotros no tenemos un estudio concreto de esta cuestión por la propia dificultad de determinarlo, y les diré por qué.

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Si examinan las cifras que les he facilitado esta mañana, nos encontramos con que en algunos órdenes jurisdiccionales o en relación con algunos juzgados hay incremento de litigiosidad; en otros hay disminución de litigiosidad en distinta
proporción, y esto nos lleva a pensar que los impactos sobre esta situación son diversos. Pueden serlo las tasas, pero también hay otras razones de impacto. Si ustedes observan, yo les anunciaba que en la jurisdicción social ha habido un
incremento del 20 %, y en la jurisdicción social hay tasas, no en todos pero sí en determinados casos, y pese a esa existencia de tasas se ha producido un incremento de litigiosidad. Lo mismo puede afirmarse de los juzgados de lo Mercantil, donde
tienen un notable incremento de un 20 %, que lógicamente no puede estar vinculado a la propia tasa. Si vemos lo que ocurre en otros órganos jurisdiccionales, observamos, por ejemplo, que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo la
disminución es muy notable, muy superior a la del orden jurisdiccional civil, y este a su vez es superior a la del orden jurisdiccional penal. Lo que significa que también aquí hay otras causas de impacto; igual que en los incrementos de
litigiosidad en el ámbito de la jurisdicción social o en los juzgados de lo Mercantil parece claro que es la crisis económica la determinante de esos incrementos de litigiosidad, podríamos afirmar que en el ámbito contencioso-administrativo
seguramente lo que más impacto ha tenido no son las tasas sino determinadas reformas procesales, como ha sido el establecimiento o la generalización del principio de vencimiento de las costas, que posiblemente es lo que más ha desincentivado que
determinadas personas que acudían a la jurisdicción contencioso-administrativa ahora no lo hayan hecho. Por lo que se refiere al tercer punto que se me ha planteado en relación con la tasa, en cuanto al reparto de los ingresos, como ustedes podrán
comprender, es una cuestión que es totalmente ajena al Consejo General del Poder Judicial y a nuestras competencias. Esta es una cuestión que le corresponde al Poder Ejecutivo o en su caso al propio Parlamento, pero para nosotros es ajena y no
podemos entrar en si el reparto que se hace de esos ingresos es correcto o no.


Planteaba también el señor Villarrubia una cuestión que luego recordaba más tarde el señor Tardà, la cuestión de la profesionalización de nuestra justicia y la mayor o menor intervención en los procesos de los jueces sustitutos. Quiero
iniciar aquí mi exposición en relación con esta materia haciendo un reconocimiento a la labor que durante muchos años han hecho los jueces sustitutos. Sin ninguna duda, la justicia ha podido mantenerse en unos niveles razonables de respuesta en la
medida en que existían los jueces sustitutos, pero yo creo -y además así lo han afirmado también los portavoces de los grupos parlamentarios- que todos queremos la mayor profesionalización de nuestra justicia y, por lo tanto, el hecho de que los
datos de profesionalización hayan mejorado, en ningún caso pueden ser alegados como datos negativos, sino al contrario, son datos positivos. En este documento que se les ha entregado de La justicia, dato a dato, podrán observar que, mientras que en
el año 2012 las sentencias dictadas por jueces de carrera, es decir, por jueces profesionales, ascendían en el total de nuestro sistema judicial al 89%, en el año 2013 el porcentaje de sentencias dictadas por jueces profesionales en este periodo ha
ascendido ya al 93 %. Por lo tanto, creo que solo podemos felicitarnos de que la respuesta judicial se haya incrementado cuando procede de los propios jueces profesionales. Es verdad que los jueces sustitutos merecen un reconocimiento -yo ya lo he
hecho-, pero incluso les diré más, está en sus manos establecer algún tipo de reconocimiento legal en cuanto a facilitar su propio acceso a la carrera judicial, que ya está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como un mérito valorable,
cuya cuantificación podrá ser mayor o menor según lo que decida el propio legislador.


En relación con el presupuesto, que también era invocada la disminución del presupuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que esto es un hecho cierto. Los presupuestos de justicia han disminuido, pero han
disminuido todos. Examinando datos presupuestarios para esta comparecencia, efectivamente desde el punto de vista del Gobierno central los presupuestos disminuyeron, pero si examinamos los presupuestos de todas las comunidades autónomas con
excepción de dos, también todas ellas han disminuido sus presupuestos dedicados a la justicia. Indudablemente, nos encontramos ante una situación estructural de crisis que, a mi juicio, es la determinante en este caso de que tanto las
administraciones autonómicas como el Gobierno central hayan disminuido porcentualmente los recursos destinados a la justicia. Yo espero que en cuanto nuestro país salga de esta situación estos presupuestos se incrementen debidamente para que
podamos prestar el servicio que los españoles demandan de nuestra Administración de Justicia.


Hay otra materia que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es recurrente en la medida en que ha sido también alegada por otros portavoces de grupos parlamentarios, que es el juicio de constitucionalidad que merece
la Ley Orgánica 4/2013. Mi respuesta no puede ser otra que la que antes le he dicho en relación con la Ley de Tasas. No me corresponde a mí ni tampoco al Consejo General

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del Poder Judicial pronunciarnos, estando pendiente de decisión de nuestro Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. Sí he de decirle que en el Consejo General del Poder Judicial no hay vocales
de primera y de segunda; todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial son vocales de primera. No es la primera vez que lo digo, pero lo diré tantas veces como sea interpelado por esta cuestión. Las competencias fundamentales en el
consejo se derivan en el pleno del consejo, lógicamente, donde están las competencias constitucionales del consejo y las más relevantes; y en el pleno del consejo todos expresan su voto con la misma intensidad y calidad. Por lo tanto, este
discurso de vocales de primera y de segunda desde luego, a mi juicio, no es cierto, y le diré que mi voluntad como presidente es evitar que esto ocurra en cualquier caso, es decir, que no haya unos vocales de primera y unos vocales de segunda.


También han sido recurrentes por parte de los portavoces las referencias hechas a la justicia universal, al procedimiento seguido en la Cámara para aprobación de la muy reciente reforma y la opinión que puede merecer o no merecer al Consejo
General del Poder Judicial. Es verdad que esto es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por lo tanto, corresponde al consejo general pronunciarse sobre este tipo de reformas porque así lo establece nuestra ley reguladora, pero
también es cierto que no fue una decisión nuestra el no pronunciarnos, sino que fue una decisión del propio Parlamento, que podía habernos dado trámite y no nos lo dio. En todo caso y para tranquilidad de sus señorías, he de decirles que en este
momento nosotros tenemos para informe el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde aparece reproducido este precepto y, por lo tanto, tenemos oportunidad ahora de pronunciarnos sobre él. Es decir, se nos ha remitido hace dos o tres
semanas el anteproyecto -como es sabido, este es un precepto que está incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial- y, por lo tanto, el consejo va a poder manifestarse sobre este contenido normativo.


En cuanto a otra cuestión relacionada con la justicia universal, que es el alcance de la norma -como sabemos, efectivamente, y con un cierto escándalo, ha habido unas excarcelaciones de narcotraficantes-, también convendrán conmigo en que en
este momento no puedo pronunciarme por lo siguiente: es una cuestión que ha sido decidida inicialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo ha sido con discrepancia de algunos de sus magistrados y ha sido anunciado recurso de
casación ante el Tribunal Supremo y, por lo tanto, será la Sala segunda del Tribunal Supremo la que determinará exactamente cuál es el alcance preciso de esta nueva norma en la redacción que le ha proporcionado el Parlamento, y yo estaré sin ninguna
duda -ya se lo anticipo- a lo que diga el Alto Tribunal.


En cuanto a la política de nombramientos, a la que se refería también el señor Villarrubia -también el señor Llamazares ha hecho una referencia a la política de nombramientos-, solo puedo reiterar lo ya dicho. Llevamos veintidós
nombramientos y, de ellos, veintiuno ha superado los tres quintos, es decir, la exigencia que se contenía en la anterior norma, como cuando es sabido, la actual ley habla de mayoría simple para realizar los nombramientos; es decir, bastarían siete,
ocho o diez votos favorables para que se produjera un nombramiento; sin embargo, hay una vocación, que es desde luego de este presidente que les habla -pero no solo de este presidente, sino también de los vocales, al menos de una inmensa mayoría de
los vocales de este consejo-, de que alcancemos acuerdos importantes para efectuar los nombramientos, por una sencilla razón, porque no queremos actuar como facciones en el sentido que denunció el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia
108/1986, y porque además yo creo -y ellos creen también- que cuando sabemos identificar a personas que gozan del aprecio de muchos de nosotros es que esas personas son las mejores y, por lo tanto, este Consejo General del Poder Judicial acierta más
en los nombramientos como forma de servir a la sociedad española. En todo caso, he de decir que todos nuestros nombramientos son perfectamente legítimos porque se ajustan a lo establecido en la ley con independencia de que alcancen mayores o
menores mayorías. Ha habido nombramientos que se han efectuado por unanimidad, otros que han alcanzado 19 votos, otros 16 votos, otros 13, incluso uno 11. Todos son perfectamente legítimos porque se han realizado de conformidad a lo establecido en
la ley.


Planteaba también el señor Villarrubia el tema de la delegación de las competencias; esto es un tema de organización interna del propio consejo y será abordado en el reglamento de organización y funcionamiento al que antes me refería. Y
finalizaba su intervención requiriendo la opinión en relación con dos leyes troncales de la Administración de Justicia: una, la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto nos ha sido remitido por el Gobierno para informe, y otra, que no nos
ha llegado y no sabemos si nos llegará, que es el llamado Código Procesal Penal o Ley de Enjuiciamiento Criminal. En relación con estas dos propuestas de leyes -no leyes-, lo único que puedo manifestar a esta Cámara y a esta Comisión de Justicia es
la plena colaboración del consejo para enriquecer, si es posible, el resultado

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final de estas normas si llegan al trámite parlamentario y a su aprobación definitiva. Sin ninguna duda, ofrezco nuestra máxima colaboración, como puse de manifiesto ya no solo en el informe, sino a través de toda aquella información que se
nos quiera requerir por parte de la Cámara.


Con relación a la intervención del señor Tardà, portavoz del Grupo Mixto, quería hacerle algunas indicaciones. Iniciaba él su exposición preguntando si por parte de este presidente iba a haber intención de mofarse de la lengua catalana.
Pues ya le digo a usted que no, que en ningún caso, y que la lengua catalana goza del mayor de mis aprecios como lengua también propia como español, porque es lengua también de España. Por tanto, ninguna mofa, sino el máximo de los aprecios y de
los respetos a la lengua catalana. Quiero que así conste expresamente en el 'Diario de Sesiones' de esta sesión.


Se ha planteado por el señor Tardà -lo planteaba también el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané, cuyas palabras y el tono de la intervención agradezco muy especialmente- la normalización del uso del
catalán o de las lenguas cooficiales en todo caso -creo que la respuesta ha de ser genérica, no solo referida al catalán- en el ámbito de la Administración de Justicia. La normalización viene obligada constitucional y legalmente, y estoy hay que
decirlo y conviene decirlo además. El artículo 3 de la Constitución establece la cooficialidad de las lenguas y la Ley Orgánica del Poder Judicial en el ámbito concreto de la Administración de Justicia también lo establece. Hay cosas que el
Consejo General del Poder Judicial puede hacer y otras que no puede hacer. El señor Jané hablaba de que se estableciera como requisito en cuanto al acceso a la función judicial en el ámbito catalán o en cualquiera de los ámbitos en donde exista una
lengua cooficial. No le corresponde al Consejo General del Poder Judicial determinar si es un requisito o es un mérito. Es la propia Cámara, a través de la correspondiente reforma legislativa, la que tendrá que decidir si es un mérito o un
requisito. En este caso el conocimiento de la lengua propia cooficial en el ámbito de la comunidad autónoma es un mérito preferente, como es sabido, porque así lo establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y no un requisito.


El Consejo General del Poder Judicial, no obstante, en relación con el proceso de normalización, puede hacer cosas y quiere hacerlas. Como sabemos, España en 1992 firmó la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias y nuestro
país adquirió el compromiso de emprender acciones para ir potenciando el uso de estas lenguas. ¿Qué hacemos nosotros en el Consejo General del Poder Judicial? En primer lugar, la propia formación de los jueces en el uso de lenguas cooficiales.
Como es sabido, la Escuela Judicial, que está precisamente en Barcelona desde hace ya muchos años, imparte cursos en cuanto a las lenguas cooficiales, pero no solo esto, que es un proceso de formación inicial de nuestros jueces en la Escuela
Judicial. Como ustedes saben, nosotros tenemos una formación continua muy potente para nuestros jueces, y en ese ámbito también existen -podemos incluso potenciarlos si consideramos que son insuficientes- cursos de formación en cuanto a las
distintas lenguas cooficiales. A estos efectos quizá sea preciso recordar que tenemos convenios con la Comunidad Autónoma catalana, con la valenciana y con la gallega para que los jueces destinados en el territorio participen en estos cursos de
formación continua para un mejor conocimiento de la lengua. Como es sabido también, en el País Vasco hay una actuación muy activa del propio Gobierno vasco para que los jueces y magistrados destinados en el territorio lleguen a un mejor
conocimiento de la lengua. Los datos que tengo referidos al País Vasco son que más del 17% de nuestros jueces manejan el euskera, y muchas veces no se utiliza en los propios procesos no tanto porque el juez o magistrado no lo conozcan, que a lo
mejor lo conocen, sino porque las propias partes quieren utilizar el castellano como lengua de uso de foro en ese momento y tienen derecho a ello. Pero tenemos un número significativo de nuestros jueces que conocen el euskera.


También el consejo quiere impulsar, desde el punto de vista tecnológico, el uso de la cooficialidad. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, en este momento ya estamos traduciendo nuestra web en la parte que está dirigida a los ciudadanos
para que todas las lenguas cooficiales estén representadas en esa página web. Además, este consejo tiene intención de llevar a próxima aprobación que nuestro test de compatibilidad, que, como es sabido, es el que determina la aprobación de uso de
un programa de gestión procesal, no se pase si el programa de gestión procesal no utiliza la lengua cooficial de la comunidad autónoma correspondiente. Por otra parte, en un ámbito que hoy sigue siendo nuestro, de la Administración de Justicia, los
registros civiles, las aplicaciones informáticas, por ejemplo la del País Vasco, permiten perfectamente la inscripción utilizando la lengua propia. El Consejo General del Poder Judicial, a través de su sistema de formación, procede al
reconocimiento de aquellas personas que superan cursos y les proporciona la consideración de mérito preferente en los concursos para la provisión de puestos judiciales en las comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales. Por lo tanto, señor
Tardà, no solo mi

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máximo respeto, sino que la propia acción del consejo está dirigida hacia la normalización en el uso de las lenguas cooficiales.


Planteaban también el señor Tardà y el señor Jané la cuestión del magistrado Santiago Vidal y se utilizaba la expresión de criminalizar o expedientar. En modo alguno hay voluntad de criminalizar, no solo al magistrado Santiago Vidal sino a
ningún juez o magistrado español. No es función del consejo criminalizar a nadie, ni siquiera expedientar, porque el señor Vidal y los jueces que firmaron el manifiesto no están expedientados, lo único que existe en el Consejo General del Poder
Judicial a día de hoy es una información previa, y la información previa -yo les refería que en este momento había en trámite 141 informaciones previas- es un actuación ordinaria cuando se recibe una denuncia. Cuando se recibe una denuncia se hace
una indagación para ver el contenido y el alcance de esa denuncia y se requiere documentación o se oye al juez que ha podido ser denunciado. Nos encontramos en esa situación. Por tanto, ni hay criminalización ni hay expediente disciplinario, será
una decisión que adopte, en su caso, el promotor, pero no hagamos de esta situación una consideración grave, que no es tal, al menos en este momento. En cuanto a la defensa de los jueces, que también ha sido planteada en algunas de las
intervenciones, es desde luego función del consejo. Es función principal del consejo velar por la independencia de los jueces y velar por que los jueces puedan desempeñar su función con el mayor sosiego y tranquilidad posible, y ese será un empeño
mío y de todos los vocales de este Consejo General del Poder Judicial.


Quería decirle también al señor Olabarría, en relación con su intervención sobre la violencia contra la mujer, que mis palabras, y si así las ha entendido es que me habré expresado mal, no han querido decir que nos encontremos en una mejor
situación desde el punto de vista de la violencia contra la mujer, sino que hemos mejorado lo que nosotros hacemos al respecto, que no es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros hemos procurado una mayor especialización de nuestros jueces a estos
efectos y hemos implantado algunas medidas encaminadas precisamente a paliar este enorme drama social, pero sin duda no se ha mejorado. Es más, los datos que manejamos -y los conozco perfectamente- son que nos mantenemos en una situación de
práctica igualdad. Quería expresar que hay una voluntad clara del Consejo General del Poder Judicial de mejorar aquello que a nosotros nos compete. Nos compete formar a los jueces y estamos especializando a nuestros jueces, no solo los destinados
en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino con carácter general que los jueces españoles tengan una formación específica y más intensa en esta materia. En ese sentido he expresado que habíamos mejorado nosotros, no que hubiera mejorado la
situación de violencia contra la mujer.


En relación con la intervención del señor Llamazares, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, preguntaba al inicio de su intervención cuáles iban a ser las fórmulas de colaboración con el Congreso. Creo, señor Llamazares, que las
fórmulas de colaboración pueden ser muchas. Desde luego, tenemos plena disposición a todo requerimiento de información que se nos haga desde la Cámara para el trámite legislativo. La Cámara necesita conocer los datos estadísticos y es verdad que
en nuestra tradición de presentación de la memoria lo hacemos con un retraso tal que la presentación de esos datos estadísticos deja de ser útil, e incluso en algún caso puede ser precisa alguna comparecencia, teniendo en cuenta que no procede una
comparecencia para hablar sobre actividades jurisdiccionales, porque debe haber un respeto de la Cámara hacia la actuación de los jueces y nosotros no podemos dar cuenta alguna en relación con la actividad jurisdiccional.


En cuanto a la corrupción, a la que también hacía referencia, y a la dilación excesiva de los procesos, únicamente puedo ponerle de manifiesto la voluntad de este consejo de hacer lo que le compete para mejorar la situación de aquellos
juzgados que asumen investigaciones complejas en casos de corrupción; sin ninguna duda. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Algunos de los problemas que se derivan para las dilaciones en los procesos complejos penales derivan del sistema
legal que tenemos, que dificulta muchas veces la investigación por un solo juez de causas extraordinariamente complejas; en esa misma circunstancia de que es un solo juez el que está investigando otros países han ido a otros modelos de
investigación penal, porque el modelo basado sobre el juez de instrucción presenta enormes carencias en estas sociedades tan complejas como la nuestra donde hay determinada delincuencia que es muy difícil de abordar por una sola persona. En todo
caso, queda dicho aquí que por parte del Consejo General del Poder Judicial va, por un lado, a procurar toda la atención necesaria a los jueces que llevan casos de corrupción. Vamos a estar especialmente atentos para evitar todo tipo de intromisión
ajena al ejercicio de su función jurisdiccional y procuraremos, en la medida de nuestras competencias, proporcionarles los refuerzos que precisen.

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En relación con la intervención del señor Jané, al que reitero mi agradecimiento por el buen tono de su intervención, él iniciaba la misma hablando del nuevo formato de las comparecencias. Ya lo anticipaba yo. Ya sé que el de hoy, solo a
medias, es un nuevo formato de comparecencia, pero al menos hemos intentado en el día de hoy traer a la Cámara y a esta Comisión de Justicia datos actuales, algunos incluso de este año 2014. Hay que buscar nuevas fórmulas. No es fácil porque
también hay unas tradiciones, hay una presentación, interviene su majestad el rey al que parece que debemos presentarle, en primer lugar, nuestros datos estadísticos, pero tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para cambiar el formato y
para que aquello que se traiga a la Cámara sea lo más actual posible, desde el punto de vista de la expresión, de la situación o radiografía de la justicia. Planteaba el señor Jané diversos problemas. El primero referido a las dilaciones que hay
en la ejecución de las sentencias. Es cierto, pero he de decirle que no ocurre por igual en todos los órdenes jurisdiccionales. Tenemos que en el orden jurisdiccional social, en el contencioso administrativo y en el penal no se producen en gran
medida dilaciones; es una situación de mayor normalidad, por decirlo así. Pero sí es cierto, tengo que reconocerlo y haremos lo posible para mejorar la situación, que en el ámbito civil se producen unos retrasos excesivos en materia de ejecución.


Refería, en segundo lugar, la importancia y la gravedad que tienen las filtraciones en los procesos. He de darle la razón totalmente. Nosotros estamos haciendo algo que permite al menos paliar esta situación. Cuando les hablaba en el
inicio de la comparecencia de los compromisos de este Consejo General del Poder Judicial, fijaba como primer compromiso la transparencia y hacía relación a la transparencia referida a la comunicación institucional. Hemos puesto en marcha en el
Consejo, pero también en el ámbito de todos los tribunales donde existen profesionales de la prensa que están incardinados en la estructura del Consejo General del Poder Judicial, que haya información constante de los procesos judiciales, porque
cuando los medios de comunicación tienen acceso por vía ordinaria al resultado de los procesos, las filtraciones siempre son menores. En algunos ámbitos como en el del Tribunal Supremo, tribunal que presido, se han adoptados medidas en aquellos
casos en que se han producido filtraciones porque considero que es una patología de nuestro sistema profundamente injusto en cuanto a sus resultados.


Sobre el proceso de normalización lingüística, ya he hecho referencia antes, señor Jané. Ante su solicitud he de decirle que ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades a este proceso de normalización. En relación con el
amordazamiento de los jueces o expedientes abiertos, reitero lo que ya he dicho: no pretendemos en modo alguno amordazar a los jueces; no es intención de este Consejo General del Poder Judicial y no hay expedientes abiertos. Lo que hay es una
información previa que es una situación regular en aquellos casos en que se presenta una denuncia al promotor de la acción disciplinaria. Finalmente, y en relación con los consejos autonómicos, qué quiere que le diga. Es una decisión del
legislador orgánico, es una decisión de este Parlamento. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que tiene que estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por lo tanto le corresponde a la Cámara decidirlo y no a nosotros.


Presidente, ya para terminar, quería hacer referencia a la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Castillo, al que agradezco el tono, la forma y el fondo de su intervención. En cuanto al retraso de los datos de la memoria, una
vez más reitero que nuestra voluntad es mejorarla. Proponía algunas cuestiones o algunas consideraciones a las que sí quiero dar especial respuesta. En primer lugar, a los problemas en materia disciplinaria. Él hablaba de la comisión
disciplinaria, pero más bien es del procedimiento disciplinario judicial. El procedimiento disciplinario judicial hasta la reforma de la Ley Orgánica 4/2013 presentaba importantes carencias. Los instructores de los expedientes no eran instructores
profesionales -entiéndase así, en cuanto a instructores de expedientes disciplinarios-, sino que eran jueces a los que en su actividad ordinaria se les nombraba instructores de un expediente disciplinario; en muchas ocasiones con residencia en
lugar distinto del expedientado, y esto daba lugar a unas dilaciones que conducían al fracaso del sistema, indudablemente. Es decir, que se sobrepasaban los plazos legales que son breves para el procedimiento disciplinario -el plazo de caducidad es
de seis meses, establecido así en la Ley Orgánica del Poder Judicial- y, por lo tanto, esta disfunción de la investigación disciplinaria daba lugar a un excesivo número de asuntos que una vez que eran recurridos ante la Sala tercera del Tribunal
Supremo culminaban con sentencias anulatorias de la sanción impuesta en el Consejo General del Poder Judicial.


La Ley 4/2013 -este es un aspecto quizá menos conocido- ciertamente cambia el modelo disciplinario; crea la figura del promotor de la acción disciplinaria que es la incorporación del modelo acusatorio al ámbito disciplinario -es una novedad
en el modelo disciplinario español con carácter general- y concentra la investigación. Por lo tanto, tiene una mayor facilidad que frente a ese modelo

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tradicional donde el instructor del expediente era un magistrado designado por el consejo -como digo muchas veces ni siquiera coincidente su residencia con la del expedientado-, que tenía que unir la labor investigadora del expediente
disciplinario a su actividad jurisdiccional ordinaria y eso daba lugar muchas veces a que se rebasaran estos plazos. En esto se va a mejorar. No tengo datos, porque no es posible tenerlos en este momento, pero indudablemente se mejorará.


En segundo lugar, planteaba el señor Castillo los indicadores de la carga de trabajo. Esta es una labor constante y que hay que modular, porque las reformas legislativas muchas veces cambian la forma de trabajar de los jueces y debe ser una
dedicación constante del Consejo General del Poder Judicial estar permanentemente atento a sus indicadores de las cargas de trabajo.


Por último, hablaba, -tengo que darle toda la razón- de la calidad de nuestros datos estadísticos. Parten de una metodología que no es buena en la medida en que está expresando una realidad que no es la real, y permítanme la redundancia.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito penal está reflejando en la estadística la existencia de más de 6 millones de procedimientos sobre un total de 8, cuando en realidad varios millones de esos supuestos procedimientos se tratan de la simple
apertura e inmediato sobreseimiento provisional de una denuncia que se ha presentado ante la Policía que remite el atestado, se abre el procedimiento, computa como procedimiento judicial y es cierto que es un procedimiento judicial, pero no está
expresando una carga de trabajo del sistema judicial. Por tanto, yo me comprometo -lo quiero hacer así- en el seno del consejo general a cambiar nuestra metodología estadística y que nuestros datos obedezcan más a la realidad sobre la que todos
tenemos que trabajar. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial tenemos que trabajar, por ejemplo, para lo que dicen los indicadores de las cargas de trabajo pero que sirven también para que las Cámaras en su labor legislativa y de
control al Ejecutivo tengan una información lo más veraz y lo más aproximada posible a la realidad.


Con esto termino.


El señor PRESIDENTE: Señorías, queda un turno a los señores portavoces, que de conformidad con lo que establece la resolución de la Presidencia del año 1984 sería un máximo de diez minutos. Como quiera que todos los portavoces han tenido
más de los quince minutos que esta misma resolución establece -en torno a una media de dos o tres minutos más-, vamos a reducir ese plazo porque les recuerdo a sus señorías que deberíamos terminar esta comparecencia a las cuatro de la tarde, porque
si no habría que suspenderla y citarla o bien al finalizar el Pleno o en otro día de esta misma semana. Con la buena voluntad de todos, y apelo a sus señorías por la benevolencia que esta Presidencia ha tenido también en esos dos o tres minutos de
más, vamos a fijar ahora en torno a siete minutos máximo para este turno final de los señores portavoces.


En nombre del Grupo Mixto, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Sí, telegráficamente. Gracias por sus respuestas, señor Lesmes. Algunas precisiones; primera, no he dicho en ningún momento que usted tuviera voluntad de menospreciar la lengua catalana; le he dicho que algunas
personas que le precedieron sí que lo hicieron. Es más, lo que le pido es que pasemos de las declaraciones de respeto -solo faltaría que no las respetaran- a los hechos. Le he preguntado cuál era la razón, a ver si podía ilustrarme sobre cuál era
la razón de que hoy día la mayoría de los jueces destinados en territorios en donde la lengua oficial es una distinta a la española, dicten, con mayor competencia lingüística, menos sentencias redactadas. Le he preguntado esto y no me ha
contestado.


En segundo lugar, para ir deprisa, respecto al caso de los jueces y magistrados cuya fotografía fue trasladada a los medios de comunicación, y de algunos de ellos incluso después ha sido solicitada su comparecencia ante el Consejo General
del Poder Judicial, solo he dicho que me parece muy poco solidario o muy poco oportuno -dígalo como quiera- que estas personas o algunas de ellas fueran señaladas directamente de una forma que parece de una democracia de low cost, de muy baja
calidad, y que además coincida en el tiempo que se les señale por algo por lo que no deberían ser señalados, en tanto en cuanto son personas. Repito, el caso de don Santiago Vidal, que fuera de su tiempo profesional, sin cobrar ningún dinero,
elabora materiales académicos. No me ha contestado si considera que es oportuno o no lo que han hecho ustedes.


En tercer lugar, respecto a la justicia universal, que es un punto que también le he planteado, es cierto que pasara un nuevo tren -caso de que el Gobierno presente la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está por ver- que
quizá podríamos cogerlo para intentar recuperar aquello que hemos perdido que es, a nuestro entender, troncal para nuestras garantías y libertades: la justicia universal. Pero

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le he preguntado por qué razón ustedes no han intentado, no han influido, no han aconsejado a los jueces que han visto como quedaban sobreseídas algunas causas que estaban llevando, que estaban trabajando sobre ellas, por qué no les han
aconsejado, si es que estaba en sus funciones. Ustedes no se han pronunciado ante la posibilidad de recabar una cuestión de inconstitucionalidad por el sobreseimiento de estas causas.


Para acabar, es cierto que no es el lugar ahora ni el momento oportuno, pero en todo aquello que le he propuesto, y otros compañeros diputados, alrededor de los jueces sustitutos, etcétera, entenderá que esto forma parte de un debate que
tiene como uno de los puntos centrales la democratización de la carrera judicial. Esto tiene relación incluso con la tradición, la formación, la forma en que se tutorizan los futuros jueces y magistrados e incluso -permítame que se lo diga- con un
déficit todavía endogámico en algunos sectores de los jueces y magistrados, que responden a veces incluso a sectores y clases sociales muy concretas. Es un debate que ahora no es el momento de hacer, pero a veces tengo la sensación de que no se
miran suficientemente al espejo para saber de dónde viene una mayoría de jueces y magistrados. Algunos de ellos incluso forman parte de sagas familiares que a veces tienen poco que brillar desde el punto de vista político. Ustedes saben que no
tenemos ningún problema en plantearlo en la medida en que es la manera de enriquecer el debate también, pero ahora no es el momento de hacer este debate.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Seré breve por necesidad, señor presidente, porque tengo que enlazar esta intervención con la primera proposición de ley del Pleno, que tengo que defender.


Señor Lesmes, en relación con las lenguas cooficiales, el consejo ya optó por una fórmula, que es la de su reconocimiento como mérito en los dos reglamentos aprobados hace años. Tiene razón y será la ley orgánica la que dictamine si tenemos
que optar por un sistema de perfiles lingüísticos en algunas zonas geográficas, según el nivel de hablantes y que la lengua cooficial lo requiera o no. Le agradezco su predisposición, incluso a no renunciar conceptualmente, como se hizo en el
momento de la aprobación de estos dos reglamentos en relación al reconocimiento de la lengua cooficial y del derecho civil propio, y que no tenga una posición de principio contraria a la articulación de perfiles lingüísticos en ciertas zonas. En
cuanto a los consejos autonómicos, el señor Jané ya le ha preguntado por ello, es una cuestión trascendental de descentralización y de ajuste a un Estado compuesto de una estructura todavía demasiado unitaria, que es la del Poder Judicial, cuando
los demás poderes del Estado prácticamente se han ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto, al que provee la Constitución en principio. Desde esa perspectiva, aquí hay dos temas que serían importantísimos. En primer lugar, la nueva
regulación de la casación autonómica y hasta dónde puede o debería llegar. En nuestra opción normativa va a ser en la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se establezca que la casación autonómica sea en relación al ius litigatoris, a la casación
ordinaria absoluta, y que sea el Tribunal Supremo quien tenga las competencias en materia de recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina en su caso. En segundo lugar, la configuración de salas, respecto de las cuales algunas
de las competencias del Consejo que usted preside tendrían que ser transferidas. Nada está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial y nada está escrito en la futura.


Se podrían transferir algunas competencias e incluso territorializar algunas de las que ustedes pueden retener, pero territorializarlas y compartirlas también con estos consejos autonómicos del Poder Judicial. Tengo la impresión de que
usted no tiene una visión jacobina y centralista de la Administración de Justicia, al fin y al cabo es Administración de Justicia lo que usted representa, no es justicia en el sentido de decisión jurisdiccional o de resolución jurisdiccional. Aquí
todo está abierto y, parafraseando a Lucrecio, nada está escrito en la naturaleza de las cosas. Me gustaría que el Consejo General del Poder Judicial optara por avalar sistemas de ajuste de una estructura muy centralizada a los requerimientos de un
Estado compuesto.


Para finalizar, tengo que decirle que la intimidación, como puede comprender, es una expresión retórica. Aquí no se intimida a nadie. Si me permite la reflexión en el ámbito del desahogo, cada vez se intimida menos en esta casa a los
comparecientes y, desde esa perspectiva, no se trataba de intimidarle, sino de fortalecer su querencia por la institución y su presencia más recurrente en la misma.


El señor PRESIDENTE: El grupo de UPyD no hace uso del turno. Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.

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El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco la comparecencia y la escueta réplica del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que me convence de que no sabe muy bien quiénes son de primera y quiénes son de segunda. Es mi impresión. No
lo sabe en el Consejo y tampoco en relación con los grupos parlamentarios. Yo me he sentido tratado como de segunda, pero no es nuevo puesto que sé que pertenezco a un grupo parlamentario minoritario al que ha respondido únicamente sobre la
petición con respecto de la información y la relación entre el Consejo y esta Comisión. Vuelven a ser buenos deseos, pero no hay ninguna concreción. Volveremos en la próxima memoria a discutir sobre lo mismo, estoy seguro; volveremos a decir que
la memoria se presenta de manera anacrónica y que hay voluntad de una mejor coordinación y colaboración. También me ha respondido al asunto de la corrupción, pero creo haberle formulado al menos diez preguntas relativas a corrupción, violencia de
género, en relación también a los tribunales de honor y posteriormente una serie de preguntas concretas sobre nombramientos y otras materias más específicas. Me imagino que me ha respondido en otros grupos parlamentarios, quiero creer que ha sido
así. En todo caso, como se trata de una cuestión de perspectiva, según la suya, no hay vocales de primera y de segunda; según la mía, hay portavoces de primera y segunda.


Le agradezco su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Siguiendo la respuesta del presidente del Consejo, hay algunos aspectos que desde Convergència i Unió le queríamos plantear o replantear. Voy a manifestar mi posición respecto de los segundos: en mi intervención
inicial me he referido a un aspecto que en Catalunya causó la peor de las impresiones sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Me refiero a los traductores. Como no ha dado respuesta a este aspecto concreto se lo
vuelvo a replantear en el sentido de que hagamos algo. Eran además unas diligencias muy seguidas mediáticamente y la percepción no ayudó en nada a fortalecer la Administración de Justicia ni el funcionamiento del Poder Judicial en ese aspecto de
los traductores. Fue, como digo, un caso muy seguido y mediáticamente quedó muy mal el hecho de que los traductores allí contratados no supieran realizar bien su función, por eso se lo vuelvo a replantear, para saber si desde el Consejo van a
realizar algún tipo de actuación al respecto.


Segundo aspecto. Yo celebro -lo ha dicho en su intervención inicial y en su respuesta- que queramos fortalecer la relación entre el Poder Judicial y este Congreso de los Diputados o las Cortes Generales. Queremos que los vocales, que el
presidente, como decía el señor Llamazares, puedan venir en más ocasiones. Pero resulta que el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -aún no ha entrado en esta Cámara pero sí está en el
Consejo para que realicen el oportuno dictamen- en cuyo artículo 462, se dice: fuera del supuesto previsto en el artículo anterior, sobre el presidente del Tribunal Supremo y los vocales del Consejo General del Poder Judicial no recaerá deber
alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. Este es un artículo absolutamente sorprendente, que vía legislativa -esto es lege ferenda aún- se diga: ¡Cuidado, que vamos a tasar cuándo puedan venir! Y estas Cortes Generales que
representamos a la ciudadanía, fuera de los casos que tasemos no podemos pedir que comparezcan. Este artículo va más allá de esa colaboración necesaria entre poderes que creo entender que el presidente del Consejo hoy ha reafirmado, por tanto,
tienen ocasión. En algunos de los aspectos que le he trasladado el presidente, en buena técnica y tiene razón, dice: esto es el legislador. Señor Jané, ¡cómo me dice, que no hay consejos de justicia! Son ustedes los legisladores. Señor Jané,
¡cómo me dice, que el catalán no es un requisito y solo es un mérito preferente! ¡Son ustedes los legisladores! Pero yo le devuelvo la pelota, en el sentido de que son ustedes, el Consejo, quien debe informar esos proyectos de ley y en sus informes
pueden ayudar a marcar criterios.


En sus informes, como son los proyectos de ley los que van al Consejo -me dirijo a todos sus vocales, que están aquí- tienen una oportunidad de oro para decirnos, antes de que llegue el proyecto de ley, que vendrá acompañado del informe del
Consejo: Nos sorprende que el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2014 ignore los consejos de Justicia autonómicos que están reflejados en estatutos de autonomía aprobados por las Cortes Generales desde el año 2006. Nos sorprende
cómo la previsión del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que establece un dictamen previo, una comparecencia previa, un parecer previo del Consejo de Justicia autonómico correspondiente, antes de nombrar al fiscal de la comunidad autónoma, no
pueda hacerlo porque la Ley orgánica sigue sin desarrollar esa previsión es-ta-tu-ta-ria. Nos sorprende, esto lo podría decir el Consejo, y le aseguro que nos ayudaría mucho a aquellos que defendemos que esto debe realizarse, que debe
implementarse, al igual que reforzar el

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conocimiento de la lengua oficial propia, al igual que tantos otros aspectos que hábilmente desde el Consejo, y desde un punto de vista institucional que comprendo, nos dicen que esto es del legislador. Pero también desde el legislador, hoy
que comparece el presidente del Consejo General del Poder Judicial, le podemos sugerir, incentivar, pedirle a usted y a los vocales -porque al final los vocales van a hacer votos particulares, los vocales conforman una mayoría-: ayúdennos en el
informe que salga del Consejo General del Poder Judicial en una ley tan importante, en un anteproyecto de ley tan importante como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, sugiérannos aspectos que son un déficit evidente en estos momentos.


Quería expresarle la preocupación -usted lo ha hecho y otros portavoces- por el destino de los jueces sustitutos. Es cierto que se da una profesionalización, pero es cierto que se han generado también situaciones personales que deberíamos
atender.


Una reflexión final -veo que termina mi tiempo-: compartimos el impulso a la mediación que usted nos ha sugerido en la presentación de la memoria inicial; en Catalunya se está haciendo. El honorable conseller de Justicia de la
Generalitat, don Germà Gordó, está impulsando la mediación en una comunidad autónoma donde esa mediación ha tenido buenos resultados y esperamos que siga teniéndolos, por tanto compartimos también con el presidente del consejo esa necesidad de
impulsar la mediación, porque ayuda a tener menos complejidad procesal y ayuda a que al final la justicia llegue con mayor celeridad a los ciudadanos y se cumpla esa labor de servicio público que tenemos.


Le reitero nuestra voluntad de colaborar con el Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista el diputado señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Muy brevemente aunque solo sea, señor presidente del consejo, por cortesía parlamentaria, no vaya a ser que el desistimiento al que antes se refería el señor Olabarría se acentúe con una hipoglucemia y no le queden a
usted ganas de volver por esta Cámara. Nosotros le agradecemos su intervención, claro que sí, y le pedimos únicamente que más allá de las contestaciones que nos ha dado, reflexione seriamente no solo sobre lo que ha dicho el Grupo Socialista que,
como habrá visto, ha coincidido en varios temas con otros grupos, que reflexione seriamente sobre ello porque seguro que nos hace bien a todos.


Nos queremos quedar con la parte más positiva de su intervención, le agradecemos el adelanto de los datos referidos al año 2013, aunque hubiera sido más útil, hubiera sido casi perfecto que hubiéramos debatido sobre ellos esta mañana. Sobre
todo, nos queremos quedar con su disposición a esa colaboración que usted ha ofrecido, a una mayor colaboración con esta Comisión. Yo le he querido entender incluso -voy a ser positivo, como estábamos diciendo- que comparecerá más allá del trámite
de presentación anual de la memoria. Le tomamos la palabra, señor presidente del consejo y del Tribunal Supremo, y estaremos encantados de verle de nuevo por aquí antes de un año.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en nombre del Grupo Popular el diputado señor Castillo tiene la palabra.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor Lesmes, no me atrevo a decirle que usted ha sabido dar respuesta adecuadamente y de forma completa a todas las cuestiones que le he formulado, y no me atrevo con el fin de que el señor Llamazares no me
califique de portavoz de primera y él de segunda. Quizá ha tenido algo que ver que yo haya formulado solamente tres cuestiones y él haya formulado diez. En todo caso, por este motivo entiendo que para nuestro grupo no es ya momento de réplica,
sino de ponernos a elaborar propuestas constructivas de resolución en materia de justicia partiendo del balance que se ha realizado esta mañana. La memoria nos habla del pasado, pero también nos sirve para construir el futuro, y el diagnóstico que
usted ha realizado esta mañana nos permitirá adoptar aquellas medidas y tomar aquellas decisiones que nos permitan tratar adecuadamente los problemas que aquejan a nuestra justicia. Por tanto, únicamente para finalizar le agradecemos sus
explicaciones, su tono amable y por supuesto su espíritu de colaboración.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar esta comparecencia, el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Lesmes Serrano): Muy brevemente, como hice antes, quiero felicitar y agradecer en especial a todos los portavoces sus intervenciones en esta comparecencia;
han sido amables y constructivas y, sin

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ninguna duda, darán lugar a nuestra reflexión interna de los vocales y mía sobre muchas de las cuestiones que aquí han sido planteadas. Ese ofrecimiento queda ya manifestado; no van a caer en saco roto en modo alguno las cosas que hoy se
han dicho aquí.


Además de este y puesto que ha habido una petición puntual de alguna información de lo que antes se expuso en la primera intervención de los portavoces, quería referirme a alguna de las cosas que ahora ha dicho el señor Tardà. En primer
lugar, en cuanto al menor uso de la lengua catalana, desconozco las razones por las que hay un menor uso de la lengua catalana por parte de los jueces porque hay un mayor número de jueces que manejan la lengua catalana y, por lo tanto, no tiene
mucho sentido que esto ocurra. Lo estudiaremos, habrá que averiguar qué razones hay, porque en realidad nuestra situación es mejor ahora desde el punto de vista del conocimiento y uso de la lengua catalana por parte de los jueces que hace diez
años. Entonces no tiene mucho sentido que esto ocurra.


En segundo lugar, en relación con la cuestión que plantea de la fotografía de los jueces en un determinado diario, hay una investigación penal abierta, por lo que yo sé, y por lo tanto el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que
hacer cuando hay una investigación penal abierta y creo que este es el caso.


Finalmente, se refería su señoría a que a lo mejor no pasaba el tren de la Ley Orgánica del Poder Judicial por esta Cámara. Puede que por esta Cámara no pase ese tren, pero por el Consejo General del Poder Judicial ya está pasando, porque
lo tenemos nosotros ahora precisamente para informe, con lo cual, desde la perspectiva de nuestra propia responsabilidad, ese no es un tren que va a dejar de pasar, sino que está pasando en estos momentos por nuestra casa.


En relación con las manifestaciones del señor Olabarría sobre el consejo autonómico y los recursos de casación, esta es una cuestión que se va a plantear ahora mismo en el debate interno del Consejo General del Poder Judicial, pero, al igual
que ocurre en esta Cámara, el Consejo General del Poder Judicial actúa por mayorías, y por lo tanto el informe reflejará lo que sea la opinión de la mayoría de los vocales del consejo en relación con estas dos cuestiones, pero las dos cuestiones
están planteadas, los consejos autonómicos no, pero es una cuestión que versa lógicamente y que afecta a la organización judicial española, y por lo tanto estará presente sin duda en los debates internos del consejo. En cuanto al recurso de
casación, tenemos en este anteproyecto una propuesta de reforma de dicho recurso y en consecuencia habrá un pronunciamiento del propio consejo sobre esta cuestión.


Al señor Llamazares he de decirle que si considero que no hay vocales de primera o de segunda, mucho menos portavoces de primera y de segunda de los grupos parlamentarios. Mi máximo respeto y reconocimiento a todos los portavoces, respondan
a mayores o menores minorías en esta Cámara.


En relación con alguna de las cuestiones que ha vuelto a reiterar, sobre los tribunales de honor, sinceramente no hay tribunales de honor en la Administración de Justicia, y los jueces y magistrados que son juzgados efectivamente lo son por
otros jueces, porque todos tenemos derecho a ser juzgados por jueces, pero no existe ningún tipo de privilegios, salvo el propio aforamiento, que les corresponde también por otra parte a los diputados y senadores.


En materia de nombramientos, que reitera, creo haber contestado cuál es la política que está llevando a cabo en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial. Me ha parecido que hacía una referencia específica al tema de la jefatura
de la inspección, pero, si no recuerdo mal, la actual jefe de la inspección obtuvo un respaldo amplísimo en la votación del pleno, posiblemente fueron 20 votos de 21, y si no fue así, en fin, le daremos esa información, pero en modo alguno fue un
nombramiento impuesto, sino que fue un nombramiento muy respaldado.


En relación finalmente con la intervención del diputado Jordi Jané sobre el tema de los traductores, no conozco bien este problema, pero efectivamente tiene que haber traductores. No nos corresponde a nosotros proporcionar traductores, pero
si es cierto que hubiera una deficiencia en materia de traducción en la Audiencia Nacional en esta materia, hay que subsanarla sin ninguna duda. Es necesario que los haya y que lo hagan con calidad profesional sin ninguna duda.


En cuanto a la comparecencia o no y a la referencia que se hace al artículo 462 del anteproyecto, he de decirle que dice exactamente lo mismo que dice el artículo 564 que lleva vigente toda la vida, o sea que tampoco es una novedad de este
anteproyecto decir que no se comparecerá más que para la presentación de la memoria, porque posiblemente esta previsión legal lleva treinta años vigente.


Sobre qué hemos de decir o dejar de decir, ya le digo que nosotros también actuamos por mayoría y diremos lo que la mayoría considere que debemos decir sobre los consejos autonómicos, sobre el requisito de la lengua o sobre otras cuestiones.

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Finalmente, en cuanto a la mediación, qué duda cabe que compartimos plenamente la necesidad de impulsar la mediación intrajudicial, por supuesto la extrajudicial, aunque esto no nos corresponde a nosotros, porque es un buen mecanismo y un
buen instrumento de resolución de conflictos que contribuye, más decisivamente incluso que el propio proceso que termina en sentencia existiendo contienda entre las partes, a la pacificación, y la función de la justicia es la pacificación
fundamentalmente de los conflictos sociales o los conflictos interpersonales.


Al Grupo Socialista y al Grupo Popular les agradezco una vez más sus intervenciones y me pongo a disposición, también una vez más, de la Cámara para colaborar institucionalmente desde el Consejo General del Poder Judicial en todo aquello que
sea necesario.


El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero recordarles que el plazo para presentar propuestas de resolución termina el lunes 19 a las 20:00 horas y quiero, por último, antes de levantar la sesión, reiterar el agradecimiento al presidente del
Consejo General del Poder Judicial, además por ese nuevo formato de comparecencia que yo creo que merece la felicitación de todos los miembros de esta Cámara; a los vocales, que, a pesar de la avanzada hora, han continuado presentes en esta
Comisión; a los ayudantes del señor presidente y, cómo no, también un agradecimiento especial a las taquígrafas que nos han acompañado a lo largo de toda esta mañana.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.