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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 546, de 23/04/2014
cve: DSCD-10-CO-546
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 546
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles,
23 de abril de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- En relación con la lucha contra el fraude laboral con personas inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002231) ... (Página2)
- Sobre mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002243) ... (Página4)
- Sobre la elaboración de un índice de precios al consumo propio para los pensionistas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002363) ... (Página9)
- Por la que se insta al Gobierno a luchar contra el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002433) ...
- Relativa al expediente de regulación de empleo en Coca-Cola Iberian Partners. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002445) ... (Página17)
- Sobre el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola Iberian Partners. Presentada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002450) ...
- Sobre el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola Iberian Partners. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002563) ... (Página18)
- Para la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación salarial. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002495) ...
Se abre la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- EN RELACIÓN CON LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL CON PERSONAS INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002231).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la Comisión relativa al debate y votación de las proposiciones no de ley de esta sesión 28 de la Comisión.
En primer lugar, en el orden del día figura una proposición no de ley en relación con la lucha contra el fraude laboral con personas inmigrantes de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Recuerdo a los miembros de la Comisión, o
a quienes hoy nos honrar con su asistencia sin ser adscritos a la misma, que los proponentes de las iniciativas disponen de siete minutos, los que formulan enmiendas disponen de cinco minutos y el resto de los grupos que desean intervenir en el
debate de la proposición no de ley de que se trate disponen de tres minutos. En esto somos estrictos para cumplir el mandato de la Mesa y portavoces y con los horarios que deben producirse en sus plazos. He de decir que, en consecuencia, no se
votará antes de la una y media del día de hoy, y ojalá se pueda votar a esa hora; pero, en cualquier caso, no antes de esa hora.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la proposición que ha articulado, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, yo quería agradecer a los grupos con los que he podido mantener contacto y al representante del Grupo Popular la sensibilidad sobre este tema y espero que, aunque al parecer no va a salir, sigamos
trabajando para que esto se pueda corregir.
Estamos hablando de un asunto que afecta a las personas más débiles de esta sociedad; son personas que no tienen situación regular en nuestro país, que viven en nuestro país, que llegaron de forma irregular y que están en estos momentos de
forma irregular en nuestro país, sin ningún tipo de papeles. Son, por tanto, los más débiles y los que más dificultades tienen incluso para circular por la calle, porque cuando les piden el carné de identidad y no lo pueden presentar, de forma
inmediata los pueden expulsar a sus respectivos países. Es una cuestión, insisto, de enorme sensibilidad porque afecta a los más débiles de esta sociedad. En concreto, lo que nosotros pedimos es que no se aplique la norma vigente ni de forma
injusta ni de forma discriminatoria y voy a dar las razones al respecto.
La situación que está ocurriendo es la siguiente: personas que viven de forma irregular en España, inmigrantes que trabajan -porque si no, no se podrían mantener en nuestro país- para su sustento y que tienen especial necesidad en
regularizar su situación. La ley les permite que después de tres años puedan solicitar el permiso de acogida. Para eso tienen que presentar una serie de documentación, entre otras, el contrato de trabajo. Pues bien, si el empleador tiene algún
tipo de deuda con la Seguridad Social o con la Hacienda pública ese contrato que presenta el inmigrante no es válido, algo totalmente discriminatorio con respecto a mí, porque si yo soy un trabajador por cuenta ajena en este país y tengo un contrato
ese contrato tiene toda la validez independientemente de que mi empleador, mi empresario le deba a la Seguridad Social o no le deba. Por tanto, se aplican de forma discriminatoria unas exigencias legales a los inmigrantes de forma perjudicial con
respecto al resto de ciudadanos españoles.
La ley y el reglamento actuales diferencian dos tipos de expedientes: el expediente de permiso por acogimiento, de acogida y el permiso por cuenta ajena inicial, es decir, por contrataciones en origen. La ley y el reglamento establecen que
en el segundo caso, en aquel caso en que un empresario quiera traer gente desde su país de origen para trabajar aquí, el empresario demuestre que es solvente. Eso lo establece tanto la ley como el reglamento y es razonable. ¿Por qué? Porque aquí
hay mucha gente parada y se ha dado mucho fraude por parte de personas que han traficado con seres humanos trayéndolos aquí para sacar beneficios a costa de su enorme debilidad y su vulnerabilidad social. En este caso la ley
establece -insisto- que la solvencia del empresario esté garantizada en el caso de los expedientes por cuenta ajena inicial, pero no en el caso de los expedientes o permisos por acogimiento, por acogida, por arraigo. No entendemos la
aplicación que se está haciendo en este caso para los permisos por arraigo y no la entendemos porque es una aplicación o una interpretación de las normas, tanto de la ley como del reglamento, totalmente injusta y discriminatoria.
Por ello, solicitamos al resto de grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa, más en una situación en que la Seguridad Social tiene una necesidad de cotizantes, con un déficit de récord de 12.000 millones de euros cuando estas personas
están trabajando de forma ilegal, de forma irregular pero están trabajando, cuando no solamente tienen voluntad sino necesidad especial de darse de alta en la Seguridad Social y de cotizar. Los expedientes de arraigo son expedientes que les
permite, después de tres años de residencia en nuestro país de forma irregular, regularizar su situación, les permite tener tanto el permiso de residencia como el permiso de trabajo y, en definitiva, les permite normalizar su vida y su situación y
cotizar a la Seguridad Social. Al igual que pagan sus impuestos también quieren cotizar a la Seguridad Social, luego no es razonable que se estén poniendo obstáculos, que se estén haciendo interpretaciones no solamente injustas sino
discriminatorias en la tramitación de los expedientes de arraigo para las personas inmigrantes irregulares en este país.
El señor PRESIDENTE: De esta iniciativa no pende ninguna enmienda, con lo cual pregunto qué grupos parlamentarios desean intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Hemos estado muy atentos a las explicaciones que nos ha dado el diputado proponente de esta iniciativa, y nos ha quedado claro que estábamos hablando del arraigo social en relación a la autorización inicial de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Por tanto, una primera consideración. La proposición no de ley no hace ninguna referencia a las competencias de aquellas comunidades autónomas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo. Es
el caso de Catalunya, que la tiene plenamente asumida de acuerdo con el artículo 138 de su Estatuto de Autonomía o el Estatuto de Andalucía que lo tiene previsto en su artículo 62, a pesar de que aún no se haya desarrollado. Cierto es que la
Generalitat de Catalunya es la Administración competente para resolver las solicitudes de autorizaciones (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia), y la Administración General del Estado emite informe preceptivo y vinculante
sobre la concurrencia o no de las causas de la admisión que afecten a la residencia, únicamente a la solicitud de residencia, entre las que no se encuentra que el empleador esté al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social que únicamente afectan a la autorización para el trabajo por cuenta ajena. De hecho, es la Administración autonómica la que recaba los informes de la Administración tributaria y de la Seguridad Social. Compartimos, como contempla la
iniciativa, que los aplazamientos de deuda, los acuerdos de pago con la Seguridad Social o con la Administración tributaria no suponen un incumplimiento del requisito previsto en el reglamento de la Ley de Extranjería y en la propia Ley de
Extranjería. De hecho, así lo entiende la Generalitat de Catalunya en el ejercicio de las competencias asumidas y así se contempla en las autorizaciones que se tramitan.
Somos conscientes -debo decir- de que con la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista no se pretenden avalar situaciones de fraude como los últimos casos que hemos conocido de ventas de contratos. Estamos seguros de que
este no es el fin de la iniciativa, pero son situaciones que también deben tenerse en cuenta cuando hablamos de estos temas. La proposición no de ley pone de manifiesto una situación muy grave, pero lo más grave está siendo actualmente las
situaciones que se derivan de la irregularidad sobrevenida, no únicamente para el trabajador extranjero, sino también en muchos casos para toda su familia. Es importante y urgente encontrar una solución que permita regularizar a muchas personas
inmigrantes que están en España, que actualmente trabajan en la economía sumergida y que no pueden acceder a su regularización entre muchas otras causas por la que contempla la proposición no de ley, pero también a aquellos que entran en la economía
sumergida por causas sobrevenidas de irregularidad. La única opción en estos dos casos no puede ser que estas personas se mantengan o deriven a situaciones de irregularidad con innumerables barreras para acceder al mercado de trabajo regulado y a
las prestaciones que esto conlleva.
Atendiendo a las explicaciones que nos ha dado el diputado proponente y poniendo sobre la mesa un problema conexo como es el de la irregularidad sobrevenida, que preocupa especialmente a mi grupo
parlamentario, y sin pretender avalar, como decía, los casos de fraude, mi grupo votara favorablemente la iniciativa formulada.
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley. Antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría realizar un par de consideraciones generales. La
primera, en relación con la política de inmigración que desde Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno hemos considerado que siempre ha de ser legal, ordenada y vinculada al empleo, y la segunda, en relación con la lucha contra el fraude
laboral, en el cual cabe recordar que el Gobierno ha sido muy activo; ha presentado un plan y una ley que deriva de dicho plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude contra la Seguridad Social, que, entre otros aspectos, persigue atajar
conductas como la utilización de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.
Por lo que atañe al objeto de debate que plantea la proposición no de ley, que se refiere fundamentalmente a la figura del arraigo social, en ella se nombran específicamente tres cuestiones: en primer lugar, que el Gobierno asegure las
condiciones de legalidad en materia de contratación laboral; en segundo lugar, que se evite la discriminación de los inmigrantes; y en tercer lugar, que se elimine el requisito de solvencia para el arraigo. Estamos de acuerdo con la primera de
las cuestiones; es obligación del Gobierno, como resulta evidente, poner todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley en materia laboral, en la que, como he señalado, hemos sido muy activos, tanto como en otra materia, como no puede ser
de otra manera; también en extranjería.
Por lo que se refiere al arraigo, esta es una cuestión que, como ha sido señalado, está regulada en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que establece el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería. En este
reglamento se equiparan los requisitos para la obtención de la autorización de trabajo y residencia por circunstancias excepcionales, en este caso el arraigo, con los de concesión inicial por residencia de trabajo. La cuestión es que nosotros no
vemos que aquí exista esta discriminación a la que se hacía referencia ni entre distintos inmigrantes ni, por supuesto, con ningún otro caso. Y nos resulta extraño que el grupo proponente vea esta discriminación cuando se trata de un reglamento que
proviene del anterior Gobierno, un Gobierno socialista.
Finalmente, por lo que respecta al requisito de solvencia, al que se hace referencia en la proposición no de ley, entendemos que este es un requisito razonable y que no se debe permitir a los empresarios incumplidores que puedan incorporar a
sus plantillas nuevos trabajadores extranjeros, ya que estos empresarios incumplidores no generan ingresos suficientes para el sistema de Seguridad Social y plantean una situación de competencia desleal con aquellos empresarios que sí son
cumplidores. Por todos estos motivos nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta proposición no de ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- SOBRE MEJORA DE PROTECCIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DE CÁNCER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002243).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a abordar el punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley, sobre la mejora de la protección laboral y de Seguridad Social de las personas enfermas de cáncer, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Mixto y para cuya defensa tiene la palabra por siete minutos la diputada señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, paso a defender la proposición no de ley que se ha enunciado, pero previamente quisiera dar las gracias al colectivo de personas que han trabajado para procurar apoyos a esta propuesta que defendemos y
de manera muy especial deseo agradecérselo a doña Beatriz Figueroa, quien tuvo el empeño y realizó el esfuerzo de conseguir una movilización social que permitió más de 400.000 firmas que presentaron hace aproximadamente quince días en el registro
del Congreso de los Diputados. Deseo agradecer también al profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Vigo, don Jaime Cabeza, su contribución al texto de esta propuesta que hoy defendemos y que sin más paso ya a defender.
La Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, modificó la redacción del artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyos apartados 2 y 3 pasaron a
redactarse como sigue. La calificación de la incapacidad permanente en sus
distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca. A efectos de la determinación del grado de la incapacidad se tendrá en cuenta la incidencia de la
reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente. La lista de enfermedades,
la valoración de las mismas a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el
Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El hecho es que desde el año 1997 este precepto no ha sido objeto de desarrollo reglamentario, y constituye una de las tareas pendientes de abordar más importantes que competen al Gobierno en materia de Seguridad Social. Por consiguiente,
la calificación de la incapacidad permanente constituye, como ha sido tradicionalmente, una cuestión deferida a criterios valorativos del equipo de valoración de incapacidades, que hace el dictamen propuesta, previo a la calificación de la dirección
provincial del INSS, y con las consiguientes competencias jurisdiccionales de los juzgados de lo Social, guiadas asimismo por criterios valorativos. Esta circunstancia, señorías, propicia una importante incertidumbre para las personas solicitantes
de prestaciones de incapacidad permanente o respecto de las cuales se produce una calificación de oficio. La cuestión, como ustedes se darán cuenta, resulta en especial desfavorable para las personas que padecen enfermedades graves derivadas de
carcinomas o patologías similares, para las cuales a las propias inseguridades derivadas de la situación clínica y la posición vulnerable que sufren ante el mercado de trabajo, se une una fuerte inseguridad a la luz de la calificación de su
capacidad laboral que pueda efectuar el organismo competente de la Seguridad Social. La variedad de situaciones que se han producido al respecto pone de manifiesto una situación que debe calificarse cuando menos como muy discutible.
Las personas con estas enfermedades, cuya curación y recuperación se proyecta a medio o largo plazo, afrontan grandes dificultades para mantener su vínculo con el mercado de trabajo. Cuando agotan la prestación de incapacidad temporal, sea
o no tras las oportunas prórrogas, son calificadas, o no, como incapacitadas permanentes y mantienen un vínculo profesional debilitado que en no pocas ocasiones finaliza con extinciones derivadas de su enfermedad. Mayor desprotección sufren quienes
se encuentran en situación de desempleo -protegido o no- cuando se les diagnostica la enfermedad. En tales casos, señorías, cuando no hay situación asimilada al alta a efectos de la prestación por incapacidad temporal, se ven abocados en el mejor
de los casos al desempleo asistencial o a una perspectiva de inseguridad vital cuando no están restablecidos de su dolencia.
Señorías, la gravedad del asunto que hoy tratamos es evidente y sobre todo se manifiesta con total claridad en esa movilización a la que al inicio de mi intervención he hecho alusión y que ha significado la recogida de aproximadamente
400.000 firmas. Refleja no solamente una desprotección, sino la desesperación de miles y miles de personas ante esa situación dramática y ante esa desprotección. Por eso, señorías, nos parece importantísimo esta iniciativa que afortunadamente hoy
presentamos -nos satisface además decirlo- gracias al esfuerzo ciudadano como el llevado a cabo por doña Beatriz Figueroa y por el profesor de la Universidad de Vigo don Jaime Cabeza, iniciativa que evidencia -tenemos otra iniciativa presentada en
forma de proposición de ley para su debate en Pleno- que es necesario que desde el Gobierno se actúe y que también desde este Congreso de los Diputados se asuman las necesidades de modificación legislativa que se precisan. En este caso, planteamos
una iniciativa para instar al Gobierno a actuar.
Dicho esto, hemos leído con mucha atención las enmiendas que nos han presentado el resto de los grupos y a propósito de las mismas hemos elaborado una transacción para cuyo conocimiento pasaremos no solamente a la Mesa, sino también a los
grupos y que sería lo que nosotros podríamos aceptar con relación a su votación. Hemos valorado esta cuestión incluso con las personas que se han implicado en el trabajo que hoy tenemos la satisfacción de defender y nos manifiestan que una enmienda
como la que nos propone el Grupo Popular no resolvería absolutamente nada, porque dejaría las cosas prácticamente como están. Entendemos que esto necesita un debate en profundidad para los cambios que se precisan, que igualmente son de profundidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego que una vez se llegue -ojalá- a un acuerdo transaccional entre los diversos grupos, y si es así, nos lo haga llegar a la Mesa para su posterior lectura y, en su momento, votación.
Efectivamente, penden tres enmiendas de esta iniciativa, de Izquierda Unida,
del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Por parte de La Izquierda Plural, el señor Coscubiela tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar apoyo a esta iniciativa. Hemos querido presentar una enmienda para dejar constancia de la necesidad de que este planteamiento afecte también a otras enfermedades de naturaleza grave, pero
lo importante es sin duda lo que nos acaba de plantear la portavoz del BNG. De todas maneras, para justificar nuestra posición, creo que lo mejor es dar la voz a una de las personas afectadas, concretamente a la persona que ha impulsado este
proceso, a través de la carta abierta que nos ha dirigido a todos nosotros, fechada ya hace prácticamente un año. Dice Beatriz: Mi nombre es Beatriz. Quiero denunciar públicamente la situación de indefensión socioeconómica en la que me encuentro
actualmente y al mismo tiempo tratar de conseguir que se reflexione sobre el alcance que está teniendo esta injusta crisis en gran parte de la sociedad de la que soy solo un ejemplo más. Hace dos años me fue diagnosticado un cáncer sin previo aviso
y el muy inoportuno me pilló percibiendo una prestación de desempleo e invirtiendo mi tiempo en la mejora de mi formación. En esta situación, una incapacidad temporal es duramente castigada y, sin tener en cuenta los casi veinte años de cotización
a la Seguridad Social, el INSS me despacha con 426 euros al mes al inicio de mi tratamiento de quimioterapia, recién operada, viviendo sola y con mis padres fallecidos, tarifa plana que he percibido como único ingreso del INSS y en los últimos seis
meses por el INEM. Desde el 3 de abril no percibo ningún subsidio, dando cumplimiento al mes de espera -de ayuno- que debemos guardar los desempleados en virtud del artículo 215.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social para solicitar un
subsidio, y es mi conocimiento de las leyes como licenciada en Derecho lo que me ha hecho sentirme una privilegiada en esta otra lucha que he tenido y tengo que mantener durante el largo y durísimo proceso de enfermedad, en este caso contra la
Administración, contra el sistema, como si no tuviera suficiente con la que he de librar a diario contra el cáncer y la indigna precariedad económica a la que me ha abocado. Por ese privilegio que creo que tengo, es mi responsabilidad alzar mi voz
para denunciar mi situación ante miles de ellas que no tienen la oportunidad de hacerlo para que al menos, sintiéndose identificados de una manera u otra, no se sientan solas, como yo me he sentido. La impotencia que llevo impresa a fuego, como
muchos, no se la puedo evitar, pero podemos compartirla. Si se puede, siempre se puede compartir. Se puede.
Creo que lo que hace esta carta es expresar el contenido humano que espero que no perdamos de vista cada vez que nos llega una proposición de este tipo, porque, más allá de las dificultades para articular o no una propuesta jurídica, nuestra
responsabilidad no es hacer de leguleyos, sino de representantes de la soberanía popular e intentar dar una salida a una realidad existente y que afecta a muchos miles de personas en este país. Disculpen el método tan anómalo de expresarlo, pero he
creído que lo mejor que podía hacer era darle voz a quien sufre esa situación y que explique en su propia voz, como ha hecho con esta carta abierta, la situación en la que se encuentra. Nuestra obligación es atender esa realidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Esta Comisión se hace eco hoy a través del Grupo Mixto de la lucha llevada a cabo por Beatriz Figueroa, enferma de cáncer -como ya se ha dicho- y que, como en otros muchos casos, en medio de la lucha contra
la enfermedad que debería de ser su única tarea, sin duda la más urgente y prioritaria de su vida, se encuentran desprotegidos en sus derechos sociales en los momentos más difíciles, como así nos lo hizo llegar no solo a través de las redes y por la
carta que ha leído el señor Coscubiela, sino también en una reunión con mi grupo parlamentario. Señorías, se trata, por tanto, de poner soluciones a estas situaciones. Esa es la tarea del Gobierno, poner soluciones y no obstáculos, como está
pasando en estos momentos. Sin duda, este caso deja al descubierto una más de las situaciones de vulnerabilidad de los desempleados y de las desempleadas de nuestro país y, por tanto, es necesario desde esta Comisión instar al Gobierno a actuar en
este sentido, a poner soluciones a este tipo de situaciones.
Desde la perspectiva de mi grupo, aun partiendo de este caso concreto, creemos que hay que tener en cuenta que la situación de incapacidad permanente en el ámbito de la Seguridad Social, y más en la modalidad contributiva, no se basa por sí
misma en la presencia de una determinada enfermedad, sino de la incidencia de esta enfermedad en la capacidad de trabajo de esa persona. Dicho de otra manera, se puede padecer una enfermedad aunque sea grave y no por ello incapacitar al trabajador,
al menos en
unos estadios de la afectación de la enfermedad. Digamos que lo importante para el sistema de la Seguridad Social y también para los pacientes no es la aparición en el trabajador de una clase de enfermedad u otra, sino la incidencia que esa
enfermedad presenta en el trabajador o trabajadora. El diagnóstico de un carcinoma, siendo una enfermedad grave por sí misma, no incapacita de forma permanente. En ese sentido, la Seguridad Social arbitra medidas a través de la incapacidad
temporal que puede tener una duración máxima de 545 días, transcurridos los cuales se ha de calificar obligatoriamente al trabajador en su situación de incapacidad permanente.
Por esta razón, creemos que es difícil en el ámbito de la Seguridad Social contributiva declarar una situación de incapacidad permanente por el hecho de acreditar una determinada enfermedad, como se pretende en el texto de la proposición no
de ley del Grupo Mixto. Son los efectos de esa enfermedad y las incidencias en la persona trabajadora lo que llevan a esa declaración. Por eso, mi grupo presenta una enmienda que creemos que puede resolver mejor esta y otras situaciones similares
y que consiste en realizar modificaciones en la normativa de la Seguridad Social para garantizar que en las situaciones de incapacidad temporal subsista la obligación de cotizar durante todo el tiempo que duren, incluidas las prórrogas y los meses
previstos para la calificación de incapacidad permanente, y por otro lado, tomar las medidas necesarias para agilizar las declaraciones de incapacidad permanente para las personas que puedan padecer carcinomas, así como elaborar y aplicar protocolos
médicos en orden a una correcta valoración de la eventual situación incapacitante de quienes padecen dicha enfermedad.
Visto ahora que hay enmiendas de otros grupos, creo que sería bueno llegar a una transacción en la dirección que ha planteado doña Olaia. Porque, señorías, es la Administración la que está obligada a ayudar a los pacientes en su lucha
contra la enfermedad y eliminar obstáculos para que se facilite esa lucha, no para poner trabas administrativas que además vulneran derechos sociales. El Gobierno, por tanto, está obligado a actuar para que el trabajador afectado centre sus
objetivos en la lucha contra la enfermedad y no en la lucha para conseguir esos derechos, y en ese objetivo sería sin duda positivo llegar a un acuerdo de los grupos parlamentarios a través de esa transacción.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Celinda Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Quiero iniciar mi intervención poniendo de relieve el respeto y la sensibilidad que el Grupo Popular y esta diputada que les habla tienen hacia todas las personas enfermas de cáncer porque sabemos que esta
enfermedad o cualquier otra no es fácil, pero me gustaría destacar que hoy el nombre de esta enfermedad está representado en la persona de Beatriz Figueroa.
Dicha esta primera parte, señorías, empiezo por resaltar que tenemos un sistema solidario y de reparto, donde no existen distinciones entre unas enfermedades y otras, donde se contempla y se valora la capacidad laboral del trabajador
afectado, independientemente de cualquier patología que exija una revisión de la incapacidad sea temporal o permanente. Digo esto porque esta iniciativa insta a realizar las modificaciones necesarias en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, con el fin de que se contemple la incapacidad permanente una vez agotado el plazo de la incapacidad temporal a todas las personas diagnosticadas con cáncer.
Al respecto quiero aclarar que los equipos de valoración de incapacidades en cada dirección provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social son órganos especializados en dicha evaluación y sus dictámenes propuestos son objetivos y
clínicamente muy fiables. Por otra parte, el artículo 131 bis ya prevé que, una vez extinguida la situación de incapacidad temporal, se examinará en el plazo de tres meses máximo el estado del trabajador a efectos de su calificación en ese grado de
incapacidad permanente que corresponda. Asimismo, la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el artículo 48 contempla los supuestos de las incapacidades que vayan a ser objeto de revisión en cuanto a su reincorporación laboral y reserva de su
puesto de trabajo durante veinticuatro meses desde la fecha de resolución de la incapacidad permanente. Como todos saben, en caso de discrepancia con la valoración, se apela a los juzgados de lo Social para que estos sean los que emitan la
valoración definitiva, como esta misma enferma nos dijo en la reunión que mantuvimos con ella.
En consecuencia, señorías, y con todo lo anteriormente expuesto, la legislación actual de la Seguridad Social garantiza, ampara y regula los derechos de cualquier persona enferma de esta patología o de cualquier otra y, por tanto, los
supuestos que esta PNL propone. No obstante, cualquier situación que implique ampliación o cambio en el ámbito de protección de la Seguridad Social, como es el caso de lo que estamos hoy debatiendo, habrá que analizarlo, valorarlo y negociarlo en
el marco de la mesa del
diálogo social, porque obviamente... (Rumores.) Perdonen, señorías, las modificaciones en el sistema de la Seguridad Social para dar cabida a esta patología y a todas las que puedan venir en el futuro por afectados de otras enfermedades
tienen incidencia en la sostenibilidad del sistema público de pensiones -eso no se nos oculta a nadie- y, por tanto, esto exige un debate sosegado en los órganos adecuados. Hay que hablar sosegadamente, y creo, doña Olaia, que nuestra enmienda no
deja las cosas como están, sino que va un poquito más allá.
En línea con lo que he expuesto, nuestra enmienda abre camino a esto que usted ha puesto de manifiesto en su intervención y el Grupo Popular la presenta en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se
valoren y estudien posibles medidas tendentes a adecuar la protección otorgada por la Seguridad Social mediante pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva a favor de aquellas personas que, estando afectadas por cáncer, tumores malignos,
melanomas y carcinomas, o por cualquier otra enfermedad grave, no tuviesen derecho a la pensión de incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Señorías, creo que esto es un avance y que abre las puertas a lo que pueda venir después. Por
tanto, me gustaría que la proponente de esta iniciativa la estudiara detenidamente y al final de esta Comisión nos dijera si está de acuerdo en aceptarla.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley que nos trae el BNG tiene su origen, como han explicado otros intervinientes, en una iniciativa personal, promovida por doña Beatriz Figueroa, y quisiera comenzar reconociendo y elogiando el
coraje y el tesón de esta persona que ha puesto en marcha una iniciativa que ha acabado concitando el apoyo de 367.000 firmas. Desde aquí le envío los mejores deseos, que seguro que todos compartimos, para la mejora de su salud.
La proposición no de ley y las intervenciones anteriores han explicado el problema, la situación de los enfermos de cáncer que, además del drama personal que sufren por su enfermedad, se enfrentan a los inconvenientes que se han explicado.
Si se les diagnostica la enfermedad cuando están en desempleo, al agotar esa prestación todo su apoyo queda reducido a una ayuda de 426 euros, el 80% del Iprem, con la que tienen que cubrir el 40% del coste de las medicinas de su tratamiento más la
eventual hipoteca de su vivienda más el resto de gastos para su vida habitual. Esto, por cierto, me lleva a la reflexión de la importancia del Iprem. A menudo hemos criticado su congelación. Pues este tipo de dramas humanos son los que están
detrás de esas cifras, las ayudas que se calculan en función de ese indicador que se congela con tanta alegría como forma de ahorro presupuestario. Otra dificultad tiene que ver con el acceso a la incapacidad permanente, que suele producirse pero
previo paso por los tribunales, con las consecuentes dilaciones. Creemos que estos enfermos ya tienen suficiente problema con su enfermedad como para que no se les facilite su situación desde los poderes públicos todo lo posible.
Por eso, la iniciativa nos merece alguna duda concreta, una en el sentido restrictivo. La reserva de puesto de trabajo que se plantea correría a cargo del empresario y eso puede tener un efecto indeseado, que es que dificulte la inserción
laboral de este tipo de enfermos. Y otra reserva va más en el sentido contrario, de ampliación: por qué solo esta enfermedad y no otras enfermedades que tienen efectos similares. Pero, al margen de estas precisiones, la iniciativa merece un apoyo
general y, por tanto, la votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por concluir este punto, tiene la palabra por Convergència i Unió su portavoz el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hay que agradecer a la señora Fernández y al Grupo del BNG esta iniciativa, que permite que la preocupación de una ciudadana en concreto se pueda trasladar a la Cámara. Es una buena expresión de cómo esta
Comisión es capaz de recoger iniciativas concretas de ciudadanos que no solo expresan el problema que tiene la señora Figueroa, sino que nos ilustran sobre algunos de los funcionamientos no suficientemente adecuados de nuestro sistema de protección
social para determinados enfermos que están incorporados en el mercado de trabajo y en la configuración, por tanto, del reconocimiento de enfermedades vinculadas a la actividad profesional o que inciden en la propia actividad profesional.
Este es un debate que, más allá del caso concreto de la señora Figueroa, nos debe obligar a reflexionar sobre si la actual regulación da salidas a aquellas personas que enferman de cáncer y si la valoración que
se hace por parte de la Administración de la enfermedad del cáncer debe ser revisada. Yo discreparía de la portavoz del Grupo Popular en entender que la solución a este problema debe depender de las decisiones que se tomen en el ámbito
judicial por parte de los juzgados de lo Social. No parecería demasiado razonable que la decisión sobre si una enfermedad afecta a la capacidad de trabajar de una persona deba ser determinada por parte de los jueces como solución final, cuando
quizá lo que estamos observando es que son demasiadas las personas que terminan en los juzgados resolviendo estas cuestiones. Quizá toca por parte del sistema de la Seguridad Social analizar a fondo cómo el cáncer y cómo la emergencia de nuevos
cánceres está afectando a la protección que se está generando por parte de la propia Seguridad Social. Esta es la cuestión de fondo que nos obliga a entrar en la materia, y es desde este punto de vista desde donde mi grupo va a apoyar el texto que
nos propone la señora Fernández, eso sí, entendiendo que si el conjunto de los grupos alcanzasen un acuerdo que permitiese que este texto saliese con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, sería bienvenido.
Estos días los grupos parlamentarios estamos recibiendo a los representantes de Comisiones Obreras y de UGT que nos indican que precisamente en la regulación existente en materia de protección social de trabajadores afectados por cáncer las
cosas no están funcionando suficientemente bien. Por tanto este debate no se agota con esta proposición no de ley de hoy, sino que seguramente en los próximos tiempos va a continuar estando presente en nuestras discusiones.
El señor PRESIDENTE: Cuando la señora Fernández tenga definitivamente resuelto si hay una enmienda transaccional a su texto nos lo hace saber a la Mesa. (Asentimiento.) ¿Lo sabe ya?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Creo que, salvo alguna modificación en el transcurso de esta sesión, no va a haber posibilidades de acuerdo, y en todo caso sí puedo manifestar mi posición en relación con las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tenía su turno para haberlo hecho. Lo que tiene simplemente es que decirnos si acepta una enmienda o no o si propone a votación el texto que haya podido transaccionar con alguno de los tres grupos enmendantes. Esa es
una opción suya, la que desee que sometamos a votación.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Era lo que quería manifestar, la posibilidad de que pueda aceptar enmiendas, aunque no sea en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Si llega a un acuerdo con el grupo proponente, sí. No hay ningún problema.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: De acuerdo.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO PROPIO PARA LOS PENSIONISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002363).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto tercero del orden del día, que trata sobre la elaboración de un índice de precios al consumo propio para los pensionistas, del cual es autor Unión Progreso y Democracia, y para cuya
defensa tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Nuestra Constitución en sus artículos 41 y 50 establece la obligación por parte de los poderes públicos de mantener un sistema de Seguridad Social universal que cubra a todos los ciudadanos, y que garantice la
suficiencia de esas prestaciones. En el caso de las pensiones la Constitución es incluso más concreta, dice que esas pensiones tendrán que ser adecuadas y periódicamente actualizadas para garantizar su suficiencia. Es decir, que pide que sean
adecuadas en el momento inicial, y que se actualicen periódicamente para que esa suficiencia inicial se mantenga en el tiempo. Hasta hace poco tiempo esto se intentaba lograr vinculando la evolución de las pensiones a la evolución del IPC, bien es
cierto que ocasionalmente incumpliendo esta obligación como fue el caso del último Gobierno socialista cuando congeló las pensiones. Pero la situación respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha empeorado en opinión de mi
grupo con la última reforma de las pensiones introducida unilateralmente por el Gobierno, al margen del Pacto de Toledo, porque esta reforma va a dar lugar a un incremento mínimo de las pensiones, prácticamente una congelación, que es cierto que
puede quedar camuflada temporalmente por la baja subida de precios que hay hoy en día, cercana a la deflación, y por
el desglose de datos que hay detrás de ese IPC general, y de esta segunda cuestión trata precisamente nuestra iniciativa.
En cualquier caso, en teoría, ningún grupo dice oponerse al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. El debate parece girar en cómo conseguirlo, pero ni siquiera el grupo mayoritario dice estar en contra del mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones. El debate, insisto, parece girar en cómo conseguirlo. Esta proposición no de ley se centra en una cuestión previa, y es que si queremos mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en primer lugar, deberíamos
saber con precisión cómo evoluciona ese poder adquisitivo de las pensiones. Habitualmente se compara la cuantía de la pensión, su evolución con el IPC general, el IPC agregado y su evolución, y este IPC general, este IPC agregado que calcula el INE
como saben sus señorías se basa en la cesta de la compra de un ciudadano medio, los bienes y servicios que compra un ciudadano medio. Ve los diferentes precios de los bienes y servicios y da diferente ponderación en función del peso que tienen en
la cesta de la compra de un ciudadano representativo.
¿Cuál es el problema que queremos señalar con esta proposición no de ley? Que los pensionistas son un grupo diferenciado, que su cesta de la compra no coincide con la cesta de la compra media de un ciudadano representativo, y esto se puede
aclarar con ejemplos sencillos. Es evidente que el gasto en educación, por ejemplo, no va a ser un componente importante de las personas jubiladas, y es igualmente evidente que otros gastos, como el coste de la electricidad o de los medicamentos,
sí que van a tener un peso especial en este tipo de colectivos. Por tanto la cesta representativa de un pensionista no coincide con la cesta representativa de un ciudadano medio, y de ahí nuestra propuesta. Si queremos saber qué pasa con el poder
adquisitivo de las pensiones sería necesario elaborar, además del índice general, que tiene sus utilidades, un IPC específico que recoja estas peculiaridades de los pensionistas, que se adapte a su cesta de la compra particular. Esto puede parecer
una disquisición académica o un tema menor, pero tiene consecuencias prácticas muy importantes y es posible ver estas consecuencias prácticas incluso con los datos actuales, viendo los datos del último IPC calculado en España, de marzo de este año.
En ese IPC de marzo elaborado por el INE nos encontramos con que el índice general cae un 0,2%, pero al desglosar los datos que hay detrás de ese índice general vemos situaciones muy curiosas. Hay una serie de bienes y servicios que para los
pensionistas son poco importantes que tienen fuertes caídas. Por ejemplo las telecomunicaciones que caen un 6,9%, o por ejemplo el gasto en ocio, cuyos precios caen un 2,3%. Probablemente ellos se beneficien poco de esas caídas porque esas
telecomunicaciones-ocio no son una parte importante de su cesta de consumo. Sin embargo hay otros bienes y servicios que suben mucho más que el índice general y que sí tienen un peso importante en el gasto de los pensionistas. Por ejemplo el
precio de una serie de alimentos como el pescado, que sube un 2,6%, la leche, que sube un 4,3%, las frutas en conservas, que suben un 6,5%. Sube también mucho más el transporte urbano que ellos utilizan, un 1,9%, o los servicios médicos o los
medicamentos. Creemos que esto ilustra que un índice general que recoge bien lo que sucede con la media de la población no tiene por qué recoger y no está recogiendo hoy en día cuál es la situación concreta del colectivo de pensionistas. Si
queremos y decimos que queremos mantener el poder adquisitivo de las pensiones deberíamos estar de acuerdo en saber con la mayor precisión posible cómo evoluciona ese poder adquisitivo.
Por otro lado, querría señalar también que esta filosofía que hay detrás de la PNL, elaborar un índice de precios específico, concuerda exactamente con la filosofía que está ahora mismo defendiendo el Gobierno con el proyecto de ley de
desindexación, donde dice esto mismo, que los índices generales no son representativos, y que es mejor elaborar índices específicos que sean más representativos. Esa filosofía, que puede ser buena en los contratos, ¿por qué no va a ser buena
también en este caso concreto? Por eso pediría al resto de grupos, y particularmente al grupo mayoritario, su voto favorable porque lo que se está pidiendo es conocer la realidad con mayor exactitud, y si uno se niega a conocer la realidad con
exactitud existe el riesgo de que los ciudadanos piensen que no quieren conocer esa realidad porque no les conviene o porque quieren ocultarla. Por eso, insisto, pido el voto favorable al resto de grupos.
El señor PRESIDENTE: Se han formulado en relación con su iniciativa dos enmiendas, una del Grupo de Convergència i Unió y la otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La iniciativa del señor Anchuelo de UPyD que nos plantea esta mañana desde el punto de vista político tiene un punto sorprendente para Convergència i Unió. Se produce efectivamente meses después de la
aprobación de una reforma del sistema de pensiones que modificó el
tradicional mecanismo de adecuar la evolución de la cuantía de las pensiones a la evolución de los precios al consumo, para evitar el riesgo de empobrecimiento de los pensionistas como fruto de la inflación. Se modificó ese sistema por una
nueva fórmula que empezó a aplicarse, en la práctica, desde enero de este año y que formalmente va a empezar a aplicarse en enero del año 2016, que además abandona esa pretensión de proteger la cuantía de la pensión del riesgo de inflación, con una
fórmula que pretende garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones.
Mi grupo rechazó esa reforma porque nos parece un error, porque creemos que abre la vía del empobrecimiento de los pensionistas. Desde este punto de vista, que ahora UPyD plantee esta necesidad de analizar el coste real que tiene para los
pensionistas la evolución de los precios no deja de sorprendernos. Parece que la discusión que teníamos era si la nueva fórmula que el Gobierno había aprobado en solitario, con la mayoría que tiene en la Cámara, podía garantizar o no el
mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. En cualquier caso el debate que plantea el señor Anchuelo también es bienvenido. No es la primera vez que tenemos esa discusión; al menos mi memoria me trae a la cabeza al señor Barea, que
a mediados de la década de los noventa planteó la existencia de un IPC específico para los pensionistas, pero por lo que yo recuerdo el señor Barea no lo planteaba tanto con el objeto de que el IPC de esos pensionistas fuese mejor para ellos, sino
que el IPC resultante fuese más bajo, no tanto porque efectivamente el gasto principal de los pensionistas, que como bien apuntaba el señor Anchuelo es la compra en el mercado, los gastos de servicios energéticos o los gastos asociados al hogar,
estuviese por encima del IPC oficial, sino que el señor Barea pretendía que existiese un IPC más bajo, porque consideraba que los pensionistas en la práctica gastaban menos que el conjunto de los ciudadanos. No tengo la impresión, por la
argumentación del señor Anchuelo, de que esa fuese su pretensión, pero en cualquier caso el debate que había existido era ese.
Que tenga vocación de estudiarse esta cuestión me parece bien. Todo aquello que aporte datos, informaciones al debate político en esta Cámara es bienvenido; ahora bien, si abrimos esa discusión, Convergència i Unió inevitablemente debe
poner encima de la Mesa una cuestión que siempre le ha preocupado, cuando el mecanismo de actualización anual de las pensiones respondía al IPC del conjunto del Estado, y es el hecho de que tradicionalmente Cataluña tiene una economía con una
inflación más alta que la media española, y por tanto una evolución de las pensiones según el IPC estatal lentamente producía una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas catalanes, y no tan solo de los catalanes, sino de aquellos
territorios en los que las inflaciones son más altas, pero en Cataluña singularmente, y por tanto poco a poco los pensionistas catalanes en relación con la media del pensionista español perdían capacidad de compra. Así pues a la propuesta del señor
Anchuelo incorporamos la referencia de que en ese estudio se tengan también en cuenta estas distintas realidades territoriales. Es la enmienda que plantea Convergència i Unió, que convencidos del compromiso con la defensa del Estado de las
autonomías que el señor Anchuelo a menudo afirma tener, será aceptada para que ese estudio, en el caso de que el grupo de la mayoría lo aprobase, pudiese reflejar también aquella realidad.
El señor PRESIDENTE: Como decía, hay una segunda enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Magdalena Valerio.
La señora VALERIO CORDERO: Quiero dejar claro desde el inicio de mi intervención mi total respeto por el trabajo parlamentario que hace el señor Anchuelo, en representación de UPyD. Me merece respeto su persona y el trabajo que
eventualmente hace, que suele estar cargado de sentido común y siempre intenta buscar soluciones a los problemas. En consideración a este respeto que me merece mi grupo no votará en contra, sino que se abstendrá.
No obstante dicho esto, mi grupo discrepa en relación con esta iniciativa que hoy plantea, y por eso hemos presentado una enmienda de sustitución, cuyo fundamento por cierto es idéntico a la enmienda a la totalidad de devolución que
defendimos frente a la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones. Con ella queremos instar al Gobierno, en primer lugar, a que derogue esta ley, y en segundo lugar, a
que vuelva a revalorizar las pensiones contributivas de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción anterior a la Ley 23/2013, y por supuesto que
todas las medidas que afecten al sistema público de pensiones las plantee el Gobierno en el seno del Pacto de Toledo, y previo acuerdo con los interlocutores sociales. Es absolutamente fundamental para mi grupo que se respete este procedimiento de
intento de consenso político y diálogo social, que hasta ahora ha venido siendo habitual desde el año 1995, y que a nuestro juicio se está quebrando por
parte del grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo Popular, y por parte del Gobierno. Además este fue el procedimiento que se empleó en la tramitación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y creemos que debe seguir respetándose.
Ya lo dijimos en los debates sobre la Ley 23/2013 y hoy lo voy a volver a repetir. En relación con la revalorización de las pensiones queremos que se siga haciendo según el IPC previsto, con la correspondiente regularización según el IPC
real, en noviembre de cada año, y con el abono de la correspondiente paga compensatoria en caso de que haya habido desviación. Así es como de manera general se ha venido haciendo desde el año 1997 hasta ahora, con alguna contada excepción, y desde
luego voy a tener que volver a discrepar con la afirmación que ha acaba de hacer el señor Anchuelo con respecto a que el Partido Socialista congeló las pensiones en el año 2011. Quiero aclarar una vez más, aun a riesgo de parecer pesada, que
durante los siete años que duraron los dos mandatos socialistas, de 2004 a 2011, solamente durante el año 2011 no se revalorizaron según el IPC todas las pensiones. Esto significa que hubo pensiones que sí se revalorizaron según el IPC, es decir,
no se congelaron todas las pensiones. Ya he dicho en esta Cámara en más de una ocasión que yo no hubiese adoptado la decisión de congelar parte de ellas teniendo 67.000 millones de euros en el Fondo de reserva, pero se adoptó esa decisión y agua
pasada no mueve molino, pero sí que se revalorizaron las pensiones mínimas, que son prácticamente el 30% de todas las pensiones: las no contributivas, las del seguro obrero de vejez e invalidez, y siempre se han abonado las pagas compensatorias
cuando el IPC real ha resultado superior al previsto; incluso algún año en que el IPC real fue menor al previsto no se reclamó a los pensionistas que devolviesen el exceso. De tal manera que las pensiones en general, en los siete años de Gobierno
socialista, subieron en su conjunto por encima del IPC y ganaron en poder adquisitivo un 6,3%, pero es que si nos vamos a las mínimas de jubilación con cónyuge a cargo la subida es todavía más espectacular, ya que subieron un 53,02%. Pasaron de
484,89 euros en 2004 a 742 euros en 2011. Ganaron un 26% de poder adquisitivo, es decir, subidas por encima del IPC.
Desde luego para garantizar unas pensiones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas, para respetar el artículo 50 de la Constitución, es fundamental que se vayan actualizando según el IPC para que se mantenga realmente el poder
adquisitivo de las mismas. Por eso, entre otros motivos, votamos en contra de la fórmula de revalorización que el Gobierno del Partido Popular de manera unilateral, sin diálogo político y desde luego sin consenso social, planteó en la Ley 23/2013,
que ha dado lugar a una revalorización del 0,25% de las pensiones, y esto en román paladino es prácticamente una congelación. Por ello, en relación con la propuesta que hace UPyD y con la enmienda que plantea CiU, se debería seguir el procedimiento
normal: Pacto de Toledo, que se tenga en cuenta la opinión de los interlocutores sociales, y además -es curioso lo que decía el señor Anchuelo y con ello concluyo- no tenemos claro que no afecte a los pensionistas el gasto en enseñanza, en ropa, en
ADSL, en telecomunicaciones, en transporte, cuando ahora mismo hay 4,6 millones de hogares donde el recurso que entra y mantiene la estructura familiar es la pensión o las pensiones. Ahora mismo hay muchísimos abuelos y abuelas que están pagando la
enseñanza de los nietos, el ADSL, el gasto del móvil, el gasto en ropa, el gasto en juguetes, etcétera. Concluyo pidiendo que se acepte nuestra enmienda, que se vote la misma, y que volvamos al origen y a lo fundamental: que se respete el artículo
48 de la Ley General de la Seguridad Social, tal y como estaba antes de la última reforma.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición?
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos plenamente los objetivos que ha expresado el señor Anchuelo en relación con la proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia, que me ha parecido entender que son dos: en primer lugar, el
cumplimiento del mandato constitucional de garantizar las pensiones y su periódica actualización, y en segundo lugar, que eso se haga en función de criterios objetivos en relación con lo que es la cesta de la compra de este colectivo que son los
pensionistas. Repito que lo compartimos. Pero la verdad es que esta propuesta nos plantea algunas dudas importantes. A lo mejor cuando se formuló estábamos en otro momento político y ahora estamos en un momento en el que de hecho ha desaparecido
el IPC como referencia para la actualización de las pensiones, con lo cual tiene una cierta ucronía esta propuesta en el sentido de que planteamos la creación de una variable del IPC cuando el tronco común ha desaparecido del mandato legal. Creo
que deberíamos ir a la mayor, a la recuperación del IPC como elemento de referencia claro para la actualización de las pensiones, porque lo contrario, sin duda la actual legislación aprobada en solitario por el Partido Popular, hace perder poder
adquisitivo, o lo que es lo mismo, incumplir el mandato constitucional de que los pensionistas puedan tener acceso a la pensión por la que han venido contribuyendo a lo largo de su vida laboral.
En segundo lugar, el elemento de la reflexión nos plantea otra duda, que en este caso no es política, es técnico-política, por decirlo de alguna manera. ¿Tienen todos los pensionistas unos hábitos de consumo idénticos? ¿Son esos hábitos de
consumo distintos de los que tienen el resto de los trabajadores? ¿Un pensionista de pensión mínima tiene el mismo hábito de consumo que un pensionista de pensión máxima, con complemento y con fondos de pensiones, o su hábito de consumo se parece
más al de un trabajador activo que cobra el salario mínimo interprofesional? Yo creo que los hábitos de consumo, como en definitiva también el impacto en términos fiscales, debe medirse en función del volumen de los ingresos, no del origen de esos
ingresos. Desde esa perspectiva no lo vemos claro, porque si eso es así deberíamos establecer niveles de representación del IPC en función de diferentes elementos de consumo. Y si es así yo también estaría de acuerdo con el señor Campuzano en
cuanto a otra variable, y es el tema de la comunidad autónoma. Otra variable por ejemplo es si se vive en el mundo rural, donde uno se mueve sin necesidad de transporte público o no, o si se vive en el mundo urbano. Creo que no hay que resolver
por esa vía el problema de exceso de costes que tienen algunos pensionistas con relación a algunos servicios públicos, sino abordando el tema de la pobreza energética. Por eso tenemos serias dudas con relación a esa cuestión, y creo que nos vamos a
abstener en ese planteamiento.
Déjame que le diga que de la misma manera que él ve coherencia entre eso y la ley de desindexación, yo veo una profunda incoherencia, porque en definitiva presupone generar un elemento de referencia objetivo cuando lo que hace justo la ley
de desindexación es cargarse los elementos de referencia objetivos que tenía el IPC para determinados contratos, e incluso para la incidencia de eso en los trabajadores. No sé cómo resolver esto. Estoy de acuerdo con lo que dice querer, pero no
estoy de acuerdo con el camino que me sugiere andar. Por tanto no me queda otro remedio que abstenerme.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de intervenciones, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, señor Anchuelo, con la presentación de esta proposición no de ley y su discusión en esta Comisión, se abre o mejor dicho se reabre un debate que con todas sus derivadas siempre ha estado presente cuando
hablamos de pensiones y sus circunstancias. Yo creo que el grupo de UPyD lo plantea nuevamente ahora porque el Gobierno del Partido Popular ya tomó una decisión, apoyada por la mayoría de esta Cámara, fijando un nuevo índice de revalorización para
las pensiones que por primera vez no se corresponde exactamente con el IPC. Es por tanto, si me lo permite, una propuesta algo redundante o tardía en lo temporal, y desde el enorme respeto intelectual y profesional que sabe su señoría que le tengo,
yo creo que también poco rigurosa en lo material.
Fíjense, señorías, fíjese, señor Anchuelo, según su grupo, según el texto literal de su proposición no de ley, el IPC vale únicamente para determinar el incremento de poder adquisitivo de colectivos dispersos, poco numerosos, y de
características heterogéneas, y cuando hay -cito también textualmente- colectivos muy numerosos, más o menos homogéneos y con hábitos de consumo comunes deben tener un IPC diferenciado. Pero si el IPC en sus propias palabras -nuevamente cito
textualmente- refleja el nivel general de precios tomando como referencia el conjunto de la ciudadanía del país, ¿cómo desgajamos de la misma a grandes colectivos como los pensionistas, 9 millones? ¿O por qué solo a ese colectivo y no lo hacemos
con otros colectivos, como los parados mayores de cuarenta y cinco años o el conjunto de los parados de este país? Así el IPC perdería su propia condición, su propia esencia.
También podría argumentar en su contra -ya se ha dicho en esta Comisión- que no todos los pensionistas tienen la misma pensión, ni la misma renta -que no es lo mismo-, ni consumen los mismos productos o servicios, o incluso ni siquiera ahora
se ven obligados a adquirir o a mantener dicha condición solo por el paso del tiempo o por alcanzar una determinada edad. Pero quiero hacer sobre todo referencia a un argumento que me parece muy importante, y al que el señor Anchuelo no ha aludido
al menos en su primera intervención, que además claramente le coloca frente a su propia incoherencia con esta propuesta. Hay quien está proponiendo -lo hace a través de una enmienda a esta proposición no de ley- IPC específicos o singulares para
territorios a la hora de calcular determinadas transferencias de renta, y en este caso también para revalorizar las propias pensiones, una especie de -podríamos denominarlo así- IPC regional. Con su propuesta, señor Anchuelo, usted está avalando
esta posición. ¿Por qué diferenciamos por colectivos y no diferenciamos por territorios? A usted seguramente le parecerá bien diferenciar por colectivos y no hacerlo por territorios. Nosotros creemos que ni una cosa ni la otra; el colectivo de
pensionistas no es
tan homogéneo como se pretende y las sociedades en uno u otro territorio tampoco. Por eso ni el IPC general ni el específico es el indicador que debe determinar por sí solo el aumento de las pensiones. Nosotros creemos que debe ser el
nuevo índice de revalorización del sistema de pensiones -acabo, señor presidente- el que tenga en cuenta, junto al IPC, otros factores como la sostenibilidad del propio sistema, que garantice en todo caso que las pensiones subirán año tras año, que
nunca más se congelarán, como si que sucedió, por más que se empeñen en negarlo, con un Gobierno socialista, y que su incremento podrá ser incluso superior al IPC general o específico que plantean en su proposición no de ley. Por todas esas razones
este grupo parlamentario ya apoyó la reforma del sistema de pensiones realizada por el Gobierno del Partido Popular, y por ello votaremos en contra de la proposición no de ley debatida. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: El autor de la iniciativa informará a la Mesa en qué términos va a querer la votación, si va a aceptar alguna enmienda o no, o quiere someter el texto en la literalidad con que lo ha presentado. Cuando esté en
condiciones de decírnoslo se lo agradeceremos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LUCHAR CONTRA EL ENCUBRIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE BECAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002433).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, que insta al Gobierno a luchar contra el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas. El autor es el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y tiene la palabra para
su defensa el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todos los grupos hemos coincidido desde hace tiempo, y en esta legislatura de una manera muy singular, en que uno de los principales retos que debemos afrontar es el problema del desempleo de los jóvenes, donde
efectivamente el Estado español tiene unas tasas récord de desempleo juvenil. Junto con el problema del desempleo de los jóvenes también nos preocupa la precariedad que existe en la incorporación al mercado de trabajo de muchos de estos jóvenes.
Es cierto que en nuestro sistema de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo los instrumentos legales y los contratos de trabajo, específicamente diseñados para facilitar la incorporación de los jóvenes una vez hayan finalizado sus
estudios, ya sea en el ámbito de la formación profesional, ya sea en el ámbito de la formación universitaria, los contratos en prácticas, los contratos en formación, y a pesar de un cierto crecimiento importante en los últimos tiempos, no han sido
la vía habitual de incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes; han sido tanto las fórmulas de la contratación temporal, con todo lo que implica cuando esa temporalidad se termina convirtiendo en crónica para muchos de estos jóvenes, como la
utilización de las becas como mecanismo para ofrecer un empleo, sin tener que asumir todas las responsabilidades legales que implica la contratación. Esta es la cuestión que pretende abordar esta iniciativa, el abuso que en determinados ámbitos
económicos se ha hecho de las becas para utilizar a jóvenes que prestan servicios sin estar sometidos a una regulación de carácter laboral y, por tanto, el encubrimiento de puestos de trabajo a través de becas.
Decía que es una cuestión que nos ha preocupado, y en la pasada legislatura se produjeron modificaciones importantes y positivas, por ejemplo, en el ámbito de los jóvenes investigadores, pues a través de la Ley de la Ciencia se garantizó que
los jóvenes investigadores tuviesen que ser contratados. De esa manera se intentó en la reforma de pensiones de 2011 clarificar ese tipo de situaciones. En concreto, en la disposición adicional cuadragésima primera -estancias de formación,
prácticas, colaboración y especialización- se intentó abordar el problema del fraude. Si me permite, señor presidente, leeré el punto primero de esta disposición adicional para intentar mostrar a la Cámara que realmente no estuvimos todos muy
acertados en la regulación legal sobre este problema. Dice así esa disposición adicional cuadragésima primera en su punto primero: Las ayudas dirigidas a titulados académicos con objeto de subvencionar estancias de formación, prácticas,
colaboración o especialización que impliquen la recepción de tareas en régimen de prestación de servicios deberán establecer, en todo caso, la cotización a la Seguridad Social como contratos formativos, supeditándose a la normativa laboral si obliga
a la contratación laboral de sus beneficiarios, o a los convenios o acuerdos colectivos vigentes en la entidad de adscripción si establecen mejoras sobre el supuesto de aplicación generado. Es un redactado ciertamente enrevesado que no está
ayudando a conseguir aquello que se pretendía, que titulados, personas que ya se han licenciado, que se han graduado, realicen actividades en forma de beca y, según el espíritu de esta normativa, esa beca debía efectuarse a través de un contrato en
prácticas o
cualquier otro tipo de contrato. Por tanto, los problemas continúan existiendo. El punto segundo de esa disposición adicional cuadragésima primera instaba a la Inspección de Trabajo a hacer campañas para erradicar esta situación; y el
punto tercero mandataba a las administrativas públicas que tenían ayudas concedidas para estas becas a regularizar esta situación.
Por lo que le consta a este grupo parlamentario, los problemas continúan existiendo y, por tanto, estamos instando a revisar esta regulación para dar solución a este problema. No es la primera vez que lo intentamos, porque en diversos
trámites legislativos en lo que llevamos de legislatura hemos planteado textos alternativos a esta regulación de una forma más clara, para que permitiese a las empresas y a las administraciones públicas atenerse a la voluntad que tenía el
legislador, que era evitar el encubrimiento de puestos de trabajo a través de becas. No hemos tenido éxito en estas demandas y nos ha parecido que debíamos insistir a través de esta proposición no de ley que, por otro lado -y con eso termino-,
responde también -como esas iniciativas que hemos mantenido- a una demanda en la que los mismos grupos sociales que trabajaron activamente para garantizar que los jóvenes investigadores fuesen contratados de manera regular nos insistían, y es que
una vez resuelta la cuestión de las investigaciones era necesario continuar manteniendo esta batalla, esta discusión. En este sentido, la iniciativa que hoy plantea Convergència i Unió responde a la demanda de estos colectivos vinculados a los
investigadores precarios, en su día, que entendían que las mejoras que había conseguido para su colectivo debían extenderse al conjunto de jóvenes licenciados o graduados. Ojalá podamos hoy, con el concurso de sus señorías, avanzar en una solución,
entiendo yo, de un problema que todos compartimos que existe.
El señor PRESIDENTE: No hay formuladas enmiendas a su iniciativa. Por lo tanto, ¿grupos parlamentarios que deseen intervenir? El señor Anchuelo por UPyD.
El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley de CiU trae a nuestra consideración una práctica que tememos -por lo que observamos en nuestras reuniones con grupos sociales- que se puede estar convirtiendo en un fraude rutinario y
organizado, en el que numerosas empresas, incluso empresas grandes, contratan a personas tituladas, titulados universitarios con la carrera terminada, por ejemplo, y ellas mismas les informan antes de contratarles dónde deben matricularse, en
determinados cursos en que el coste es más bajo, para poder contratarlos como becarios. Este tipo de prácticas afectan, evidentemente, a los derechos laborales de esas personas porque están con unos contratos y unos salarios que encubren una
relación laboral distinta de la que realmente tienen y que afecta también a la propia Seguridad Social, a sus cotizaciones y a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Creemos que esto no se produce por casualidad. Ya señalamos en el debate sobre la reforma laboral que una flexibilidad mal entendida y mal diseñada en el caso de las contrataciones en modalidades formativas podría dar lugar a este tipo de
abusos, en que estas figuras se acabasen utilizando no para sus finalidades teóricas sino como mano de obra relativamente barata. Analizando la proposición no de ley, y desde el respeto que yo también profeso al portavoz de CiU y a la labor que
aquí realiza siempre con rigor y un espíritu constructivo, es difícil no encontrar cierta contradicción entre la postura política que habitualmente mantiene CiU en materias laborales, comprensiva en general con las reformas del Gobierno, y el horror
que luego le producen algunas de las consecuencias de esas mismas reformas. Dicho esto, creemos que la propuesta que nos trae va en la línea adecuada, que es controlar y evitar esas prácticas indeseables, y que ello debe hacerse en la doble vía de
lograr que los contratos se correspondan con las relaciones laborales que hay detrás de ellos y que la formación que va asociada a determinadas figuras contractuales sea una formación real y no un pretexto para contratar barato a trabajadores
formados.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por La Izquierda Plural, el señor Coscubiela tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Hoy, el señor Campuzano, en nombre de Convergència i Unió, nos plantea un problema real. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia.) El problema real es que entre algunos colectivos de
jóvenes, especialmente aquellos que tienen un determinado tipo de titulación académica, se está produciendo un problema de precariedad añadido al de la precariedad salarial. Es un problema, además, que utiliza los recovecos o los intersticios
legales para colocarse con apariencia de legalidad y, en el fondo, utilizar de manera fraudulenta la figura de las becas. Yo creo que él lo ha descrito medianamente claro, y en ese sentido la realidad que plantea abordar es no solo la que él ha
descrito sino que yo diría con algunos tintes, incluso, de mayor gravedad; hasta el hecho de que cada vez que va avanzando la situación de crisis y determinadas instituciones se ven con más dificultades para
financiar de manera ordinaria su actividad, se utilizan más estas trampas legales -que, en el fondo, son un fraude clarísimamente de ley- para contratar a personas utilizando mecanismos para los cuales no estaba prevista esta situación. En
ese sentido, la utilización de las becas es uno de esos procedimientos y nosotros hemos tenido oportunidad de plantear ya en esta Comisión otras situaciones fraudulentas. Tanto es así, que nos parece que la propuesta que se nos formula es urgente
abordarla desde la perspectiva del problema que plantea. Fíjense ustedes bien, si se tratara de un abuso o de un fraude puntual, debería actuar con mayor rigor la Inspección de Trabajo; pero cuando resulta que el fraude es generalizado y se
convierte en la práctica habitual, hasta el punto de que socialmente los agentes que intervienen en estos sectores ya normalizan la situación de la utilización -todos menos las víctimas, claro- fraudulenta de estas tipologías de becas, entonces lo
que se debe hacer clarísimamente es ir al origen.
El señor Campuzano nos ha citado la disposición cuadragésima primera de la Ley 27/2011, que sin duda es una esperpento jurídico, como muchas de las cosas que se hacen con determinada manera de legislar, pero me temo que no es la única causa
de esta situación. Yo comparto el comentario cariñoso y respetuoso que le ha hecho el señor Anchuelo al señor Campuzano. Ya he dicho alguna vez que en materia de reforma laboral el señor Campuzano se tiró a la piscina y luego pretende decirnos que
tenemos que seguir todos secos. Cuando uno se tira a la piscina de la reforma laboral sale bastante pringado, y no de agua, sino de otra cosa que prefiero no citar. Pero no voy a entrar en esa cuestión. Creo que en el fondo lo que él plantea
debería abordarse desde la perspectiva de la reforma de la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 27/2011 y también de la reforma de la modalidad de los contratos de formación en prácticas. Es evidente que no me corresponde a mí tomar
esa iniciativa y por tanto eso no puede ser un obstáculo para ponerle ningún inconveniente a la iniciativa del señor Campuzano. Por ello, nosotros vamos a votar favorablemente.
Le pido al Grupo Popular -ya sé que es pedir mucho y demuestra un cierto grado de ingenuidad- que tenga presente que la proposición no de ley que plantea Convergència i Unió está hecha en términos tan absolutamente aceptables y genéricos que
permite una interpretación muy abierta. Por lo tanto, que al menos dé un poco de vida a la esperanza, no a la nuestra, sino a la de las personas que están en esa situación. No se compromete a nada cerrado, se compromete sencillamente a una
modificación de la disposición cuadragésima primera. Ya sé que es ingenuidad, pero mi obligación es intentarlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Efectivamente, en esta iniciativa de Convergència i Unió, del señor Campuzano, estamos ante cuatro elementos que se entrecruzan: jóvenes, paro, fraude y, en consecuencia, formas de contratación laboral encubiertas.
Efectivamente, esto requiere de esta Comisión y de estos diputados algún tipo de respuesta. Ahora mismo me entraba un tuit. Casualmente parece ser que Cándido Méndez esta mañana tenía un encuentro con jóvenes y precisamente salía este tema -por si
lo quieres consultar, Carles-, que había que acabar, a propuesta de los jóvenes, con las formas de contratación laboral encubiertas. Por tanto, estamos de acuerdo con la propuesta. Yo diría que también a causa de la crisis se ha incentivado una
mala praxis por parte de las empresas, que encuentran por este camino una forma barata de disponer de personal altamente cualificado. Efectivamente, es necesario modificar la disposición adicional y, a la vez, desarrollarla de una manera más
inteligible, en forma de un reglamento donde se enumeren todas las condiciones cuando estamos tratando de becas, porque es de esto de lo que hablamos, de un sistema que tiene una buena finalidad, pero en la práctica los becarios van quedando
situados en una especie de limbo o de esclavitud, como algunos lo llaman. Por ejemplo, el becario no cotiza a la Seguridad Social; no tiene protección ante accidentes de trabajo -algo que yo leía y me sorprendió es que debe contratar directamente
la protección en caso de accidente de trabajo-; no tiene desempleo; no dispone de periodo de descanso o vacacional; no tiene derechos definidos, quedando arbitrariamente a la voluntad del empresario, del lugar donde se desarrolla la empresa; no
está representado en los comités de empresa y tampoco tiene un horario laboral definido, puede ser a tiempo completo, a turnos, pero en todo caso viene de fuera. La beca solo tiene sentido si el resultado es la formación y el propio beneficio del
becario. Es básicamente su finalidad formativa; si no, de lo que estamos hablando es de un contrato de trabajo y no de una beca, y esto se debería reflejar claramente en cualquier modificación o reglamento que se haga. Para ir acabando solo
quiero citarle que la Unión Europea y la OCDE advirtieron a España recientemente de que falta inversión en I+D+i, y la situación actual está llevando al personal investigador becario a prácticas donde se rompe una disciplina laboral para realizar
una labor productiva en forma de
becas. Pero no solo en la ciencia, esto afecta también a trabajadores sociales -y esto lo he podido constatar directamente-, al turismo, al derecho, etcétera. Es un tema que se desconoce en la opinión pública, pero hay situaciones de abuso
y de fraude al encubrir bajo la beca un puesto de trabajo. Por tanto -concluyo-, es imprescindible la modificación normativa y la reglamentación para terminar con este fraude de contratación encubierta y por este motivo vamos a votar
afirmativamente a su proposición. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Lago.
La señora LAGO MARTÍNEZ: Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, relativa a la lucha contra el encubrimiento de puestos de
trabajo mediante becas. El grupo proponente plantea una iniciativa con el objetivo de luchar contra el fraude laboral y a la Seguridad Social. De antemano, desde mi grupo parlamentario tenemos que decirles que, a pesar de no coincidir con algunas
de las cuestiones planteadas, sí compartimos este objetivo. Como todos ustedes saben, desde el inicio de esta legislatura la lucha contra el fraude ha sido uno de los objetivos que ha orientado la actuación gubernamental. A tal efecto, el Gobierno
ha aprobado nuevas leyes de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social y ha reformado el Código Penal para incorporar nuevos tipos agravados y endurecer las sanciones penales, medidas que dejan patente la implicación del Gobierno en este
sentido.
Por otro lado, señor Campuzano, si nos centramos en el objeto de esta iniciativa: la modificación de la disposición adicional cuadragésima primera, tal y como solicita, le diré que el problema planteado por dicha disposición viene originado
por su coincidencia y posible solapamiento con otra previsión legal también recogida en esta ley, en concreto la disposición adicional tercera, mediante la que se habilitó al Gobierno para incorporar en el régimen general de la Seguridad Social, no
como trabajadores por cuenta ajena, sino como asimilados a los mismos, a los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional,
conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que en razón de la realización de dichos programas y conforme a las disposiciones en vigor no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.
Conforme a este último mandato legal, igualmente amparado por el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo y que fue cumplido mediante la aprobación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, se ha procedido a incluir en el régimen
general de la Seguridad Social a los becarios de formación que reúnan las condiciones exigidas en las citadas normas. Asimismo, la modificación que se propone podría generar una mayor confusión sobre la materia y conllevaría una extraordinaria
ampliación del ámbito de aplicación. Teniendo en cuenta lo expuesto, y resaltando que esta proposición no de ley trata las irregularidades laborales detectadas al hacer un mal uso de las becas, instrumento con finalidades formativas, se hace
necesario poner en conocimiento de sus señorías que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha elaborado un proyecto de real decreto de prácticas que en estos momentos sigue su tramitación. Aquí precisamente es donde queda perfectamente
recogido qué personas que participan en un programa de formación deberían darse de alta en la Seguridad Social, puesto que textualmente dice: las prácticas curriculares no exigen el alta del estudiante en la Seguridad Social, mientras que las
prácticas extracurriculares sí deberán dar de alta al estudiante en la Seguridad Social.
Para ir finalizando, y con referencia a la exposición del portavoz de La Izquierda Plural, quiero destacar que sigue patente la necesidad de continuar luchando contra el fraude, en concreto, ante supuestos de ayudas o estancias formativas
ficticias que encubren auténticas relaciones laborales; necesidad que compartimos, pero a la que ya se hace referencia en el apartado 2 de la vigente disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 27/2011. Por todo lo expuesto, el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de esta iniciativa al entender que no ayuda a una mejora de la regulación para erradicar el mal uso de las becas, a la vez que se encubren puestos de trabajo. (Aplausos.)
- RELATIVA AL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN COCA-COLA IBERIAN PARTNERS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002445).
- SOBRE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN COCA-COLA IBERIAN PARTNERS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002450).
- SOBRE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN COCA-COLA IBERIAN PARTNERS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002563).
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Pasamos a los siguientes puntos del orden del día: el quinto, el sexto y el séptimo, presentados por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo Parlamentario Vasco,
y el Grupo de La Izquierda Plural, respectivamente. Para la defensa del punto quinto, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: La situación que enfrenta esta iniciativa es tan habitual como insoportable en estos días de crisis: una empresa con beneficios ha decidido aumentar aún más sus ganancias para accionistas y directivos mediante
el despido de trabajadores y la precarización de sus condiciones laborales, y un Gobierno que, lejos de poner obstáculos a esta barbaridad, la facilita y la alienta con sus normas, con sus acciones y con sus omisiones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) La empresa embotelladora de Coca-Cola en España ganó en el año 2013 en torno a 900 millones de euros -no está mal para un año en crisis- y a pesar de esto ha decidido cerrar cuatro de sus plantas y aplicar un ERE que afecta a cerca de
1.200 de sus trabajadores; cerca de 300 ya están en la calle desde el 1 del mes de abril. ¿Lo hace Coca-Cola por razones de supervivencia? No, la empresa sobrevive perfectamente. ¿Lo hace para atajar pérdidas o por un descenso de la
productividad? No, la empresa de hecho va a más en productividad y en beneficios. ¿Por qué entonces adopta esta decisión la empresa embotelladora de Coca-Cola en España? Por cuatro razones. La primera es la codicia. La empresa ha decidido que
900 millones no son suficientes para sus accionistas y sus directivos; quieren ganar un 50% más de aquí a 2020, como sea, al precio que sea para sus trabajadores. Segunda razón, la falta de responsabilidad social. Porque la empresa no ha decidido
ganar innovando en productos o mejorando su producción, no; ha decidido hacerlo por la vía más fácil, más cruel y más irresponsable: echando trabajadores y precarizando sus contratos. Tercera razón, una guerra cainita entre accionistas que pagan
los trabajadores y el conjunto de la sociedad. Y cuarta razón, fundamental, una reforma laboral que permite estas situaciones y un Gobierno que lo alienta poniéndose de perfil y haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los trabajadores en
defensa de sus empleos.
La secuencia de acontecimientos en Coca-Cola embotelladora es bien conocida. En el mes de enero la empresa decidió unilateralmente cerrar cuatro de sus plantas más importantes y abrir un ERE sobre 1.253 trabajadores con despidos en
precario, prejubilaciones baratas y recolocaciones inciertas. Como es lógico, los trabajadores respondieron con una negativa y la empresa modifica con levedad las condiciones del ERE estableciendo un breve plazo para adscripciones voluntarias,
decían. En realidad, el proceso de supuestas adscripciones voluntarias se convirtió en un proceso de chantaje y de coacción a los trabajadores: o te apuntas a este proceso o te vas a la calle con una mano delante y otra detrás. Y la empresa aún
se atrevió a sacar pecho ante la cantidad de trabajadores que sucumbieron a este chantaje. El 31 de marzo la empresa cumplió su amenaza, cierra cuatro plantas y echa a la calle a cerca de cuatrocientos trabajadores por ahora, dejando en el limbo
además, el limbo de las disponibilidades de la empresa, a los recolocados que por de pronto van a perder las condiciones laborales de su puesto de origen. A todo esto, el Gobierno como si no fuera con ellos, como un mero espectador; como si su
reforma laboral no fuera cómplice necesario y directo de este atropello; como si no tuviera que ver con una sociedad que tiene en el paro y en la precariedad laboral su primer drama nacional.
El caso de la planta de Fuenlabrada es especialmente sangrante. Fuenlabrada, en Madrid, no se cierra por razones económicas, es la planta más rentable, de hecho. No se cierra por razones organizativas y logísticas. De hecho, la zona del
centro peninsular es la más consumidora de Europa y traer el refresco desde Levante va a obligar a movilizar hasta seiscientos tráilers diarios, con los consiguientes costes económicos y ambientales. Coca-Cola Fuenlabrada se cierra por otras
razones, porque tienen el convenio más ventajoso para los trabajadores y porque en la guerra de accionistas las cosas se han saldado con la derrota madrileña. Esta es la verdad, por eso van cientos de trabajadores madrileños de Coca-Cola a la
calle, porque con su lucha y su capacidad de negociación habían logrado firmar un convenio digno, con salarios dignos y jornadas dignas de trabajo, y esto era incompatible con la resolución de ganar más dinero a toda costa de sus directivos. Van a
la calle, efectivamente, los trabajadores de Madrid, los de Asturias, los de Palma, los de Levante porque una empresa quiere aumentar sus ganancias a costa del paro y del empobrecimiento de sus trabajadores; por una batalla por el dinero entre sus
accionistas que pierden los madrileños fundamentalmente. Y el Gobierno popular de Madrid, por cierto, que hasta hace
cuatro días se hacía fotos en Fuenlabrada presumiendo de producción tecnológica y de formación dual, ahora está a verlas venir, a desentenderse del problema de estas familias que quedan en la calle.
¿Qué pedimos? Que paren esta barbaridad, que paren el ERE, que no cierren estas plantas y que no despidan trabajadores, porque no lo necesitan, porque ya están ganando mucho dinero. Pedimos que negocien con los trabajadores un plan
industrial que mejore la competitividad y salve los empleos. Lo pedimos por el bien de los trabajadores, lo pedimos por el bien de la sociedad española en su conjunto y lo pedimos por la propia empresa. Queremos hacer una última reflexión, las
empresas españolas no funcionan en la burbuja de sus propios intereses; las empresas forman parte de la sociedad española. Aquí producen, aquí compran, aquí venden, a la sociedad contribuyen y de la sociedad se benefician y las empresas como
Coca-Cola no pueden dar la espalda a los problemas de la sociedad en la que venden su producto, no pueden ignorar que la primera preocupación de los españoles es el paro y que el primer propósito colectivo de los españoles es el de mantener y crear
empleos. Porque si ellos dan la espalda a la sociedad, la sociedad y los trabajadores se van a defender en los tribunales, aquí, en el Congreso, defendiendo los derechos de los trabajadores con normas justas y en la calle también. Porque los
ciudadanos ejercen su función mediante facetas variadas; los ciudadanos son electores, pero los ciudadanos son también trabajadores y los ciudadanos son consumidores y harán sus opciones de consumo en función de la calidad de los productos, en
función de los precios de los productos y seguramente también en función de la responsabilidad social de las empresas titulares de los productos; en función de su respeto al medio ambiente; en función de su compromiso con la igualdad entre mujeres
y hombres, y en función de su comportamiento en relación con el empleo. Y puede que consuman o no consuman determinados productos según las empresas sean o no sensibles con el objetivo común de salvaguardar los puestos de trabajo y su calidad.
Por lo tanto, aprueben esta iniciativa, por favor. Rectifiquen, que rectifique la empresa en su desprecio por el empleo y que rectifique el Gobierno en su facilitación de esta barbaridad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la iniciativa de la cual es autor el Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre el expediente de regulación de empleo de Coca-Cola Iberian Partners, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta es una iniciativa presentada conjuntamente por el Grupo Nacionalista Vasco y Convergència i Unió. No es demasiado habitual que Convergència i Unió ni el Grupo Vasco seamos partidarios de presentar
iniciativas sobre problemas laborales que pretendan ofrecer soluciones a esos conflictos existentes en cualquier economía de mercado. Ahora bien, en este caso esta proposición no de ley fue presentada fundamentalmente fruto de una reunión que mi
grupo mantuvo con los representantes de los trabajadores de las diversas empresas que conformaban lo que hoy es el Grupo Coca-Cola Iberian Partners y su matriz de la compañía Coca-Cola. En aquella reunión con los representantes de los trabajadores
Convergència i Unió entendió que frente a un conflicto laboral que afectaba a una marca del renombre de Coca-Cola la posición que debía tener esta Cámara, cuando los representantes de los trabajadores expresaban esa preocupación, era instar a que
representantes de los trabajadores y la empresa alcanzasen acuerdos por la vía del diálogo para resolver el conflicto laboral existente. Y lo hicimos porque había esa demanda explícita de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos,
en concreto de Comisiones Obreras y de UGT, y porque nos parecía que precisamente las noticias que aparecían en los medios de comunicación provocaban en la opinión pública una cierta alarma social; una opinión pública tan sensibilizada frente al
problema del desempleo que se le hacía difícil entender que una compañía con beneficios, fruto de una reestructuración de sus propias actividades, tuviese que hacer frente a un expediente de regulación que implicaba despidos. Frente a esa
situación, nos parecía que era necesario insistir, que era necesaria una salida acordada y dialogada entre representantes de trabajadores y empresa, y este es el sentido de esta iniciativa.
Mi grupo, en el debate de esta mañana, no pretende encausar a nadie; no queremos encausar las decisiones que toma la empresa; no tenemos en esta Comisión información suficiente para entender si la medida que adopta la empresa es la
adecuada o no, al menos este grupo no está en condiciones de mantener esa discusión. Tampoco queremos encausar la posición que mantienen los representantes de los trabajadores sobre si es una posición rígida e inamovible. No queremos entrar en esa
discusión porque tampoco queremos juzgar porque no tenemos esa información. Lo que sí nos parece es que la opinión pública desearía que, frente a conflictos laborales en compañías de la dimensión de Coca-Cola, se alcanzasen acuerdos que afectasen
lo menos posible al empleo. Creo que este es el sentido común
donde se sitúa la iniciativa de Convergència i Unió, que no es exactamente el mismo texto de la iniciativa del Grupo Socialista ni el mismo texto de la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural, pero nos parece que, si se aprobase esta
iniciativa, podría mandar un mensaje a los representantes de los trabajadores y a la empresa de la posibilidad de encontrar una solución frente a lo que hoy se ha convertido, efectivamente, ya casi en un problema judicial y que seguramente en su
momento los tribunales deberán resolver si ese expediente de regulación se ha hecho en forma adecuada o no. Mi grupo ha sido siempre partidario, sabiendo de las críticas de otros grupos que ello comporta, de un marco laboral que sea flexible -por
eso apoyamos la reforma laboral que se aprobó hace unos meses-, convencidos de que la mejor solución a los conflictos sociales en el seno de la empresa es siempre un mal acuerdo, antes que un buen pleito. Ojalá haya tiempo aún de resolver la
cuestión por parte de trabajadores y empresa.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre el expediente de regulación de empleo de Coca-Cola Iberian Partners, cuya autoría es del Grupo de La Izquierda Plural. Por tanto, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, si esto en vez de ser el Congreso fuera una facultad de Derecho, hoy estaríamos en una clase práctica de la reforma laboral. Hasta ahora discutimos de la reforma laboral e imputamos unas consecuencias
a la reforma laboral y nos encontramos con que el Gobierno, y especialmente la ministra y el grupo que la apoya, el Partido Popular y Convergència i Unió, nos dicen que no, que lo que nosotros decimos no es así. Pues bien, lo que nosotros decimos
no es así, pero lo que sucede en Coca-Cola es una realidad como la copa de un pino. Estamos ante un caso escandaloso, el caso de un expediente de regulación de empleo de una empresa, Coca-Cola, que tiene uno de los retornos de beneficios
empresariales más importantes de su sector, del sector de bebidas, del sector de la alimentación en su conjunto, y que no contento con ello pretende aumentar de manera espectacular esos beneficios a partir de un concepto que algunos podrían
considerar legítimo pero que nosotros pensamos que rompe toda la ética empresarial, y es que, como dijo el adalid del liberalismo, Adam Smith, el interés del beneficio mueve a la sociedad, a condición de que no se haga a costa del perjuicio y sobre
todo de una situación dramática de los demás, de los otros, y en este caso los otros son los trabajadores de Coca-cola en diferentes centros de trabajo.
Estamos ante un caso evidente en el que se produce una confluencia, un concubinato entre unos empresarios codiciosos e insaciables y un Gobierno connivente en la elaboración de las leyes y en su aplicación. Porque es así; mirar hacia otro
lado, como están haciendo en este momento los gobiernos del Partido Popular -tanto el Gobierno autonómico de Madrid como el Gobierno estatal-, creo que no corresponde a lo que es su función. En teoría -esto va dirigido a Convergència i Unió- es
legítimo que las empresas quieran tener más beneficios y que en ese sentido pidan un marco flexible, la verdad es que ese argumento es perfecto, pero no a costa de todo. Insisto, debe haber límites también en la ética empresarial. Es legítimo que
las empresas para conseguir esa mejora en los beneficios, incluso en la rentabilidad de sus empresas, planteen cosas como la concentración de la producción. Podría ser legítimo, pero yo insisto en algo que ha dicho señor Simancas, y es que no
existe ninguna explicación objetiva que acredite que en este caso se dan las circunstancias de que con el cierre de determinadas plantas, concretamente la de Fuenlabrada, se consiga una mejora de la productividad de la empresa, porque estamos
hablando de plantas que tienen unos niveles muy elevados de productividad. Y la prueba de ello es que la empresa se ha negado a entrar a discutir objetivamente con los representantes de los trabajadores esas cuestiones. Y como además desde la
reforma laboral, por ley, no está obligado a justificar esas cuestiones, sin duda tiene el amparo. Porque en el fondo de todo de lo que se trata es de maximizar los beneficios a costa de cualquier cosa. Por eso nuestro planteamiento es parar el
expediente de regulación de empleo y propiciar la negociación, pero, claro, nos encontramos con un problema, que es el siguiente -y aquí viene la clase práctica-, que lo determinante en este caso, lo que pasa ahora con Coca-Cola y no pasó
afortunadamente con otras empresas antes de esta reforma laboral, es que la reforma laboral del Partido Popular se ha cargado la autorización administrativa previa del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, el gran deseo, el gran desiderátum
de la patronal desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores de 1980: hacer desaparecer la autoridad laboral del ámbito de los expedientes colectivos. ¿Por qué? Por una razón muy evidente, porque la autorización administrativa previa
propiciaba un espacio de negociación y les daba a los trabajadores una capacidad no solo de negociación sino de presión al poder político. Sí, presión al poder político. ¿Para qué? Sencillamente para que la desigualdad que existe siempre entre
trabajadores y empresas -eso que a veces se dice desde el Grupo Popular que se lo
inventa un servidor- pudiera ser reequilibrada a través de la intervención del poder político. Eso es lo que propició, por ejemplo -y lo conocen bien mis compañeros del Grupo de Convergència i Unió en Cataluña-, que cuando algunas empresas
como Nissan amenazaron con marcharse de Barcelona hubiera un resorte que impidiera que esa amenaza se pudiera producir. Nunca sabremos si aquella amenaza se habría plasmado o no, pero en cualquier caso la existencia de la autorización
administrativa es claramente un elemento disuasorio, porque lo que ahora hay es que sí, podemos llamar a la negociación, pero a la negociación se llama con mecanismos, si no es música celestial: Negocien ustedes. Y la empresa contesta: ¿Para qué
puñetas quiero yo negociar si puedo hacer lo que quiero sin necesidad de negociar?
Y se dice también: Es que tienen ustedes, trabajadores, la posibilidad de ir a los juzgados. Sí, pero a posteriori, con unas limitaciones tasadas por el Estatuto de los Trabajadores que se han acentuado más en la reforma de la reforma y
con una modificación de la Ley de tasas que, en el caso de que se tenga que ir a recurso, va a suponer un elemento de más dificultades. Se dice: Negocien ustedes, que yo antes les ato las manos, no sea que negocien ustedes con demasiada igualdad
desde ese punto de vista. Esa es la cuestión que hay. Por eso -en este caso voy a ser menos bondadoso con los compañeros de Convergència i Unió, con el señor Campuzano- llamar a la negociación en esta y otras empresas después de haber aprobado la
desaparición de la autorización administrativa previa en los expedientes de regulación de empleo es un oxímoron. Ese mecanismo existía y también con esa autorización se negociaba. La inmensa mayoría de los expedientes se resolvían por acuerdo,
pero en unas condiciones más equilibradas. En estos momentos existe una pequeña posibilidad de que se abran negociaciones, de que se pueda abrir un vericueto para hacer lo único que se puede hacer: sentarse en una mesa y analizar objetivamente si
es verdad que las causas alegadas por las empresas embotelladoras de mejora de la productividad existen o no. Existe esa posibilidad y nosotros podemos contribuir. Si hoy votamos que no a estas proposiciones no de ley le estaremos diciendo a quien
tiene la sartén por el mango que puede atizar con la sartén en la cabeza de los trabajadores que van a ser despedidos. En cambio, si aceptamos estas proposiciones no de ley vamos a incentivar la negociación de la única manera que se puede hacer,
que es propiciar que se sienten -ya que no hay autorización administrativa previa- a partir de una mediación del poder político que debería producirse. Eso es así; lo demás es música celestial. La reforma laboral ha dejado a los trabajadores a
los pies de los caballos...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... en el caso de los expedientes de regulación de empleo colectivo. Esa es la realidad. Por eso esta es una pequeña batalla y la guerra se tiene que dar con la marcha atrás de la reforma laboral aprobada por
el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo brevemente para posicionar tanto al Bloque Nacionalista Galego como al Grupo Parlamentario Mixto en relación con estas proposiciones no de ley, que ya manifestamos que vamos a votar favorablemente.
También queremos manifestar muy brevemente nuestra opinión al respecto y hacer hincapié en una cuestión que ya se ha dicho por el señor Coscubiela, las graves consecuencias de la reforma laboral. Quizás el caso Coca-Cola es uno de los
exponentes más claros de esta cuestión no solamente por el número de trabajadoras y trabajadores afectados, sino porque es una empresa con grandísimos beneficios y, por tanto, la cuestión del ERE lo único que manifiesta es la gran usura de un
capitalismo financiero que solo piensa en los mayores beneficios y en que esos beneficios no pueden bajar de una determinada cuantía. Por tanto, quizás Coca-Cola sea el mayor exponente de las graves consecuencias de la reforma laboral, pero no el
único, porque gracias a la política laboral del Gobierno del Partido Popular hay muchas empresas que, aun teniendo beneficio, están aprovechando para hacer recortes de plantilla además de recortes salariales. Por eso, señor presidente, el voto del
Bloque Nacionalista Galego y del Grupo Mixto a esta iniciativa será favorable.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Querría comenzar recordando brevemente la postura de mi grupo en la reforma laboral. Al contrario que otros grupos, nosotros no idealizamos la legislación anterior; creemos
que tenía graves inconvenientes, en particular en situaciones en las que empresas con problemas y en crisis se veían abocadas a desaparecer por no tener unos mínimos elementos de flexibilidad. Y lo que criticamos de la reforma laboral es
que creíamos que había ido demasiado lejos en este sentido, porque iba a permitir tomar medidas muy drásticas con muy poca justificación, basándose por ejemplo en los beneficios esperados, algo muy difícil de medir. Temíamos que las medidas de
reajuste no solo se tomasen en empresas con graves problemas, sino que pudiesen dar lugar a abusos. Creemos que esta situación que nos planteamos puede ser un ejemplo práctico de esa reflexión teórica. Los textos son fríos y a veces difíciles de
entender, pero sus consecuencias son más inmediatas, y aquí nos encontramos con una empresa que arroja beneficios y que plantea una fuerte reducción de plantilla y el cierre de numerosas plantas, mientras que el informe de la Inspección de Trabajo
-al menos según lo que recoge la prensa- cree que falta información que justifique estas medidas tan extraordinarias y que no se aprecian las causas productivas u organizativas que puedan justificar esas medidas extraordinarias.
La posición de mi grupo parte de bases ideológicas muy distintas a las de algunos intervinientes anteriores. Nosotros no tenemos nada en contra de los beneficios empresariales legítimos, nosotros no somos partidarios en principio de que los
poderes públicos interfieran en las decisiones empresariales y creemos que es mejor la flexibilidad que la quiebra de la empresa. Nuestra objeción, insisto, es que creemos que las medidas tienen que ser proporcionales a los problemas que enfrentan;
que no se puedan dar respuestas extraordinarias sin justificar que existen problemas extraordinarios. Por otro lado, la proposición no de ley dice -o así la interpretamos y así la vamos a apoyar- que se solicite una negociación. Por supuesto, no
impone ni puede imponer nada, sino que dice que se solicite una negociación, y desde esta perspectiva es una propuesta y una llamada a la negociación adecuada que vamos a apoyar en el sentido que estoy explicando.
El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Sinceramente, aparte del alegato mitinero que nos ha expuesto aquí el señor Simancas, que ha empezado diciendo que el Gobierno propicia las decisiones de estas empresas con beneficios, etcétera, yo les
recordaría lo que pasaba antes de la reforma laboral: que esas empresas con beneficios no pagaban nada y el coste de los ERE corría a cargo del erario público. Con el Gobierno del Partido Popular las empresas con beneficios pagan esos costes y no
corren a cargo de todos los españoles. Por tanto, tengamos un poquito de prudencia y no digamos cosas que no son verdad, y pongo el caso de Telefónica porque fue un caso bastante conocido. Por tanto, señores del Grupo Socialista y de La Izquierda
Plural, la iniciativa que presentan hoy es verdaderamente lamentable. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Ya!) Lamentable porque, en primer lugar, incita a incumplir la ley, algo que por otra parte no nos extraña demasiado porque ya han llegado a
acuerdos para incumplirla en algunas comunidades. En cualquier caso, y primero, en este momento con la reforma laboral no se puede intervenir directamente, con lo cual todo lo que están proponiendo está fuera de lugar, pero esas posibilidades de
mediación, que sí existen, han finalizado al acabar los treinta días del periodo de consulta.
En consecuencia, estando muy de acuerdo con lo que expone el representante de Convergència -que es mucho más suave porque incita al diálogo, cosa que por supuesto desde el Grupo Popular suscribimos desde el principio; ese sería el cauce y
desde aquí, y en el ámbito que nos puede corresponder, que es este altavoz del Congreso, quiero decir a la empresa y a los trabajadores que no agoten nunca la vía de diálogo y de negociación para llegar a un acuerdo-, no podemos ir más allá y no
podemos apoyar la iniciativa de Convergència porque cuando se presentó prácticamente estaba agotado ya ese periodo legal de treinta días en los que podríamos decir a la Administración que interviniera. Pero es que además la Administración
intervino, señorías. La Dirección General de Empleo ofreció su mediación a las partes, mantuvo conversaciones directas con la empresa a efectos de información sobre la negociación del expediente y también mantuvo una reunión con la Federación de
Industria y Trabajadores Agrarios, Fitag-UGT, y con el secretario general, Antonio Deusa, así como con don Ramón Górriz, de Comisiones Obreras, pero la norma dice que tienen que ser las partes las que pidan la mediación. La Administración la
ofreció, mantuvo diálogo con las partes, pero no se le solicitó dicha mediación. No vayamos a ir más allá de lo que los propios actores han hecho.
Señorías, para terminar, se ha hablado aquí de clases prácticas, y creo que sí va a habar clases prácticas de Derecho Laboral: estudiar el fraude de los ERE en Andalucía apoyado por el PSOE y por La Izquierda Plural. (Rumores.) Eso sí que
va a ser una clase práctica. No me vengan aquí a decir que los
ERE que aprueba el Partido Popular no tienen autorización administrativa y que si la tuvieran estarían mucho mejor, defendiendo no sé el qué, cuando los que han tenido la intervención administrativa en Andalucía han valido para colar a las
personas que ni siquiera trabajaban en esas empresas. Eso es lo que ha hecho la intermediación de la Administración. (Rumores.) Hablan de espacio de negociación política; la negociación política ya sabemos adónde puede llevar. Aquí ha habido
unas partes, que son las afectadas; unos derechos que se han mantenido, que es la negociación de las partes, y ahora, el 3 de junio -ya-, va a haber un juicio y habrá una sentencia. Y, señorías, ha habido sentencias que han rectificado un ERE como
el de Telemadrid, y no me cuesta nada decirlo aunque sea diputada por Madrid; por supuesto, se ha mantenido la legalidad y los derechos de los trabajadores. Y en Canal 9 se produjo lo que se produjo, pero hubo una sentencia que tumbó un
expediente. Por tanto, tengamos la garantía de la tutela judicial efectiva y de los tribunales, dejemos las cosas como están y no digamos cuestiones que en absoluto son verdad y que en absoluto benefician a los intereses de los trabajadores ni al
conjunto de la sociedad, que hasta ahora venía pagando los más de 3.500.000 despidos que hubo en la última legislatura del Partido Socialista. (Aplausos.)
- PARA LA DEFENSA DE UNOS SALARIOS DIGNOS ANTE EL PROCESO DE DEVALUACIÓN SALARIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002495).
El señor PRESIDENTE: Con la conclusión de este punto, abordamos el que figura como 8.º del orden del día, que se refiere a la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación salarial, y cuyo autor es La Izquierda Plural.
Tiene la palabra, por tanto, el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo plantea esta proposición no de ley a partir de una evidencia cada vez más notoria en nuestra sociedad, y es que en los últimos años se está produciendo una reducción significativa de los salarios
con todas las consecuencias sociales y económicas que eso conlleva. La verdad es que tenemos una primera dificultad para plantear o para defender nuestra proposición no de ley, porque desconocemos en estos momentos cuál es la posición que al
respecto tienen el Gobierno y el Partido Popular con relación a la caída de salarios. No sabemos si están de acuerdo en que los salarios se están reduciendo y eso es un éxito de la reforma laboral, como dice la señora Báñez, o si los salarios no
están bajando, como dice el señor Montoro. Una de las dos cosas debe estar pasando; al menos, nos deberían decir cuál es la realidad que identifican, porque la verdad es que los resultados son distintos en un caso y en otro. Por eso, nuestro
grupo ha tenido un especial interés en dar los máximos detalles de las diferentes fuentes estadísticas, desde los datos del Ministerio de Empleo hasta los propios datos de la Administración tributaria, que confirman una caída significativa del nivel
de los salarios no solo en términos reales, sino en términos nominales. Incluso citamos el último boletín económico, de febrero de 2014, del Banco de España, que creo que es muy importante que todos tengamos presente -estoy seguro de que todos los
miembros de esta Comisión lo han leído- en relación con el análisis de hasta qué punto se ha producido una infravaloración de esta caída de los salarios como consecuencia de no tener presente el efecto composición de lo que se está midiendo. Por
eso, muy probablemente cuando desde el Partido Popular se estaba justificando la reforma laboral diciendo que a pesar de la crisis los salarios no estaban bajando, se estaban analizando de manera incorrecta unas estadísticas que infravaloraban la
caída de los salarios reales, caída que ahora ya el Banco de España en este boletín económico de febrero de 2014 detecta incluso desde el año 2010, el segundo año de la crisis. Es una caída del salario importante además, porque afecta a todos los
colectivos pero especialmente, como se ha puesto de manifiesto, a aquellos salarios más bajos porque son los más afectados por la precariedad. Precariedad laboral y precariedad salarial suelen ser dos caras de la misma moneda que van acompañando
siempre a las mismas personas y eso conlleva clarísimamente un efecto brutal en términos de desigualdad y de pobreza.
Pero como siempre sucede con las cosas, las plagas no son bíblicas, no vienen del cielo, no vienen de Dios. En algunos casos tienen razones económicas -sin duda, la crisis económica ha afectado de manera muy importante a esa bajada
salarial-, pero tienen también razones políticas. La reforma laboral ha jugado un papel clave en el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios; de hecho, ese es el gran objetivo oculto de la reforma laboral. Es curioso -lo dije en su
momento y lo recuerdo ahora- que cuando discutimos el 8 de marzo de 2012 el Real Decreto-ley de convalidación de la reforma laboral tuviéramos dos documentos: la reforma laboral, que decía que pretendía crear empleo, y el programa de
reformas del Reino de España, que decía que el objetivo fundamental de esas reformas era provocar una bajada de salarios para, a través de la devaluación interna de los salarios, provocar una reactivación de la situación económica en España.
¿Dónde estaba la verdad? Desgraciadamente, la verdad estaba en el programa nacional de reformas del Reino de España, lo que pasa es que es el objetivo oculto, hasta tal punto que nos encontramos con una situación curiosa. Yo creo que la bajada de
salarios en España es el único éxito del Partido Popular del cual no se atreve a hacer ostentación, porque supongo que le da una cierta vergüenza; en cambio, resulta que en algunos momentos lo plantea como un gran objetivo de su reforma laboral
gracias a lo cual se ha conseguido competitividad. No es verdad, señores del Partido Popular. Fíjense ustedes que las empresas más competitivas de este país, las empresas que exportan su producción son precisamente aquellas que tienen los niveles
salariales más elevados, porque en lo que prima la productividad no es en bajos salarios sino en una mejora de la calidad de los productos. Pero si eso es así a nivel general, lo es mucho más en los salarios bajos, y aquí es donde entran nuestras
reflexiones y propuestas en relación con el salario mínimo interprofesional.
Hace unos años se acuñó la expresión de mileurista para señalar a aquellas personas que estaban en una situación de precariedad laboral. Hoy, increíblemente, un mileurista -desgraciadamente para muchos trabajadores, especialmente jóvenes-
es una persona que se puede llegar a sentir privilegiada, porque lo que hay son minieuristas, es decir, gente que en estos momentos está en el salario mínimo interprofesional. Aquí hay una persona que ha tenido responsabilidades en el Gobierno de
España -que yo he valorado en su momento y he agradecido siempre su capacidad de interlocución-, el señor Camps, que sabe hasta qué punto en determinados momentos en España el volumen de personas sometidas al salario mínimo interprofesional era muy
bajo. Desgraciadamente, en estos momentos personas que tengan salario mínimo o cercano representan un porcentaje cada vez más importante, tenemos ejemplos brutales desde ese punto de vista. Por eso creemos que es importante actuar también sobre el
salario mínimo, un salario mínimo que desde 2010 a 2013 ha perdido 5,5 puntos de poder adquisitivo, y nos encontramos con que en 2014 se congela. ¿De verdad ustedes creen que el país puede mejorar congelando un salario mínimo de un poco más de 600
euros al mes, que tiene una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años de 5,5 puntos? ¿Alguien piensa que eso puede ser un factor de reactivación económica? Yo creo que es absolutamente al contrario. No se olviden ustedes nunca -yo se lo
repito siempre- de que tres de cada cuatro puestos de trabajo en España dependen del consumo interno. Esto no es Alemania, que depende de la exportación. Si se asfixia el consumo de las familias y el consumo público, la reactivación económica es
metafísicamente imposible.
Además, en materia de salario mínimo se produce un proceso que creo que es importante. Todas sus reformas tienen como objetivo cumplir con Europa, seguir las mejores prácticas de Europa o internacionales. Hemos hablado hace un momento el
Convenio 189 de la OIT y ahí las buenas prácticas no sirven. Tenemos las recomendaciones del Consejo de Europa en relación con lo que debería ser el salario mínimo, que es fundamentalmente el 60% del salario medio de cada país, y resulta que no
solo no se cumplen, sino que cada vez España se diferencia más de ese objetivo, cada vez el salario mínimo se desvía más de ese objetivo del 60%. Y por si fuera poco -y con esto termino- en la ejemplificación de esas situaciones nos encontramos con
una ley de desindexación. Disculpen, no es verdad que la ley de desindexación no vaya a afectar a los salarios del sector privado. Eso es lo que dice la letra de ley, pero hay dos incidencias directas: en las empresas de servicios públicos, que
van a verse abocadas por la determinación que eso tiene en sus empresas y, en segundo lugar, en relación con la incidencia indirecta que va a tener en la negociación privada. Por eso, les planteamos tres cosas: acabar clarísimamente...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA:... con la estrategia de competitividad, mejorar el salario mínimo acercándolo al objetivo de la Carta Social Europea y, por último, retirar la ley de desindexación.
Termino, señor presidente. Los efectos que esto tiene son algo más que económicos y sociales. Está haciendo aumentar la desigualdad, está creando trabajadores pobres -una cosa que no conocíamos o al menos no en esta dimensión-, está
destrozando una generación entera de jóvenes y nos impide salir de la crisis; no hay salida de la crisis sin mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y eso depende sobre todo de su capacidad salarial. Por favor, atiendan a esto e
intenten al menos modular la orientación de sus políticas...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, lo siento.
El señor COSCUBIELA CONESA:... de manera razonable.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda formulada a su iniciativa por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la diputada Patricia Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Nosotros estamos de acuerdo con la PNL planteada y simplemente hemos hecho la enmienda al punto tres, a la ley de desindexación, aun compartiendo las posibles dudas que pudiera generar la ley en cuanto a
presión sobre los sueldos, de manera que el objetivo que se plantea en la ley de moderación de los precios y servicios públicos no deprima el sueldo de los españoles y las españolas. En ese sentido, nos posicionamos absteniéndonos en las enmiendas
de devolución en el Pleno, pero diciendo también que nuestras líneas rojas van a ser un equilibrio entre la inversión y el empleo, y en esa línea estamos ahora. Si se consigue que los costes del trabajo sirvan para su revalorización año tras año,
sería perfecto. Lo que no se pretende es tirar a la baja los costes laborales, los sueldos. Entendemos, como no puede ser de otra forma, las dudas que plantean algunos puntos de esta ley. Yo creo que el salario mínimo interprofesional es la gran
clave. No es solo, como bien se ha dicho, que el de los años 2012 y 2014 se congele y el de 2013 haya subido solo un 0,6, sino que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Aquí
tuvimos, como bien dijo el proponente, a la ministra de un Gobierno que dijo que la reforma laboral se hacía para generar empleo y para acabar con los desempleados. Cuando vieron que la gente no se creía los resultados, es decir, que un año después
se seguía destruyendo empleo y además de forma más barata, dijeron que ese no era el objetivo. Lo dijo la señora ministra en esta misma Comisión: que nunca fue el objetivo de la reforma laboral generar empleo. Es decir, reconocía que nos habían
mentido. Y en una respuesta escrita a un diputado de esta Comisión la ministra por fin ha reconocido que el objetivo de la reforma laboral era bajar los sueldos, ni más ni menos. Este era el objetivo que nosotros ya dijimos en su momento y que
ahora ha reconocido la propia ministra en respuesta escrita.
No se puede decir que lo que se pretende es mejorar la competitividad o dar un impulso a la productividad bajando los salarios porque, además de que es falso, se deja escapar así a todos los jóvenes que hemos formado, ese talento que se está
fugando empujado por nuestros propios gobernantes. Les decía que el ejemplo de que cada vez haya más gente que cobre el salario mínimo interprofesional, de que los sueldos sigan bajando no es por la crisis, sino por una postura política, es que en
los ocho años de Gobierno del Partido Popular en época de bonanza económica con el señor Aznar el salario mínimo interprofesional perdió poder adquisitivo. Por tanto, la crisis es una excusa cuando en los años de bonanza económica los trabajadores
que cobraban el salario mínimo interprofesional cada vez tenían menos poder adquisitivo.
Actualmente, el empleo no es garantía para que no te afecte la pobreza, y eso yo creo que es intolerable en cualquier sociedad, pero mucho más en esta. Vemos que los salarios bajan, pero vemos además que los beneficios de las empresas están
creciendo. Este no es un dato cuestionable, es un dato... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio para poder oír a la diputada que está interviniendo, que ya vamos a concluir pronto la Comisión.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente, porque apenas me oía yo misma.
Les decía que los salarios bajan, los beneficios de las empresas suben poco, pero suben, y son datos que apunta el propio Gobierno, pero es que los sueldos de los miembros de los consejos de administración están subiendo, de manera que creo
que queda claro con los datos sobre la mesa, no puestos por la oposición, sino por el propio Gobierno, que esto no tiene nada que ver con la crisis, sino con una opción política, una opción ideológica. Si no fuera suficiente con esto, los
trabajadores, y con sueldos a la baja, tienen que ver cómo sube la luz, sube la salud, sube por pagar por sus medicamentos, suben las universidades, bajan las becas y además en cuanto a las becas que se han conseguido, a las que la gente tiene
derecho, caminito de mayo ningún becario que tiene derecho ha cobrado la parte variable. Por tanto, estamos en una situación insostenible y estamos de acuerdo con la proposición. Eso sí, le pediríamos al proponente que si no acepta la enmienda y
no podemos llegar a una transaccional, en el sentido de que no fuera que tiraran los sueldos a la baja, poder votar por separado cada punto.
El señor PRESIDENTE: Una pregunta le quiero formular, ¿cada punto o en particular algún punto quiere votarlo separadamente si lo acepta el proponente? ¿Sería el punto 3 en realidad?
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: En realidad sería sobre el punto 3.
El señor PRESIDENTE: Sería sobre el punto 3 y el resto.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Exacto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.)
La señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para manifestar nuestro voto favorable porque desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos absolutamente lo que se propone en la proposición no de ley en todos y cada uno de los puntos que la
componen. Ya se han explicado muchas razones, pero nosotros incidiríamos en alguna más. En estos momentos no solamente el salario mínimo interprofesional ha perdido poder adquisitivo, sino que también son muchos los salarios que se están pagando
por debajo del salario mínimo interprofesional, lo que hace que las personas pierdan cantidad de poder adquisitivo que inevitablemente se verifica no solamente en el bajo consumo, sino también en el incremento de la pobreza como diferentes datos de
distintos estudios así lo indican.
En este momento incluso hay un dato, señorías, que nos indica la gravedad de la situación. En la Seguridad Social se está incrementando el número de afiliados al mismo tiempo que se reduce la cuantía de los ingresos. Es algo que si ya se
evidencia, incluso en lo que podrían ser buenos síntomas para la Seguridad Social en relación con la recaudación porque se incrementan los cotizantes, resulta que con la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras, y concretamente en lo
relativo a los salarios, hasta la Seguridad Social es en este caso víctima de estas políticas de reducciones salariales por el empeño que tienen no solamente el sector empresarial, sino el Gobierno en radicar en la reducción de costes salariales lo
que sería el incremento de la competitividad. Por tanto, manifestamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: El señor Anchuelo tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente porque en cierta medida este debate es una repetición del debate de la proposición no de ley anterior, que es las diferentes posturas de los grupos sobre la reforma laboral, su acierto y
sus consecuencias.
Hay aspectos de lo señalado por el proponente que compartimos, como, por ejemplo, su extrañeza sobre que estemos debatiendo sobre qué sucede con los salarios en España. Hay unas estadísticas oficiales que elabora el propio Gobierno, datos
del INE, del Banco de España, que demuestran claramente que los salarios están disminuyendo. Es extraño que se debata sobre eso. Se podrá debatir sobre las causas, sobre la conveniencia, pero sobre el hecho en sí es extraño. Por otro lado, hay
cierta esquizofrenia sobre esta cuestión por parte del Gobierno: en reuniones internacionales parece que presume, en reuniones domésticas parece que lo oculta. También coincidimos, lo señalé en la intervención anterior, sobre los abusos que en
determinadas situaciones puede provocar la reforma laboral, dando lugar a medidas extraordinarias en empresas que no pasan por situaciones extraordinarias.
Dicho esto, sin embargo, como sucede a menudo en este tipo de iniciativas de La Izquierda Plural, junto a estos acuerdos coyunturales hay una discrepancia de fondo que es que nosotros no idealizamos la situación de partida y no creemos que
la solución deba ser volver a esa situación de partida, que es básicamente lo que se propone. También discrepamos sobre la ley de desindexación y sus consecuencias. Esta ley deja fuera la negociación colectiva y junto a algunos problemas que
señalamos en el debate de totalidad, creemos que puede tener aspectos positivos en lo que se refiere a la contratación pública. Por todo esto no podemos apoyar en su conjunto la propuesta de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La iniciativa que nos presenta el señor Coscubiela no deja de ser un debate de totalidad a la política económica del Gobierno y a la estrategia que España y el conjunto de la Unión Europea ha adoptado para
superar la crisis económica. Tengo la convicción de que ninguno de los que votamos la reforma laboral lo hicimos convencidos de que la reforma laboral en el corto plazo iba a crear empleo. Es más, podría remitirme a mis intervenciones en el Pleno
del Congreso de los Diputados donde ya manifestábamos esa aseveración.
Al mismo tiempo estábamos convencidos de que un mercado de trabajo más flexible podría ser capaz a medio plazo de mejorar la competitividad y la productividad de las empresas y que eso a medio plazo iba a ser capaz de crear empleo. El
tiempo nos dirá si esa aseveración que hicimos desde Convergència i Unió en nuestro apoyo a la reforma laboral va en la buena dirección. Lo que es cierto es que quienes analizan la evolución de la economía española desde el ámbito internacional han
reforzado esa tesis. La OCDE en el informe que hace sobre la reforma laboral pone el énfasis en que puede ser un instrumento para mejorar la posición competitiva de las empresas, pero que la reforma laboral en sí misma no es un instrumento de
creación de empleo a corto plazo.
¿Existen límites en una estrategia de recuperación basada en la reducción de costes laborales? Existen límites, y yo creo que es difícilmente defendible que hoy en España la recuperación deba insistir en esa reducción de los costes
laborales. Es más, la recuperación hoy debe poner el acento en la formación y en la inversión en innovación, que son también políticas orientadas y con resultados a medio plazo, pero algunas de ellas con urgencias históricas. Por ejemplo, nos
reuníamos la semana pasada con la teniente alcalde de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, la señora Recasens, y analizábamos la situación del desempleo en la ciudad de Barcelona, 107.000 desempleados. De estos 107.000 desempleados en
la ciudad de Barcelona, 67.000 tan solo tenían la formación de la enseñanza general básica. Sin inversión en formación, muchísimas de estas personas no van a volver a encontrar empleo. Y sin generación de empleo en sectores donde puedan trabajar
estas personas no se va a volver a crear empleo. Ese es el reto que tenemos planteado a corto y medio plazo.
En este sentido las propuestas que nos plantea el señor Coscubiela no abordan ese tipo de cuestiones que son las fundamentales y, por tanto, no la podemos apoyar con la única referencia a una cuestión que compartimos, que es la necesidad de
que nuestro salario mínimo se mueva en la dirección de los mandatos europeos y, por tanto, pedimos votación separada del punto 2.
Finalmente -con esto termino, señor presidente-, el reto que tienen hoy los partidos socialdemócratas y La Izquierda Plural es preguntarse, cuando el centro-izquierda o la izquierda gobiernan en Francia, Manuel Valls, o en Italia, Matteo
Renzi, si las políticas económicas que en Italia y en Francia se están proponiendo se alejan tanto de aquellas que ellos con tanta vehemencia critican en esta Cámara, o si cuando el Partido Socialista gobernó durante la crisis no tuvo que aplicar
también esas mismas políticas que hoy forman parte de su crítica. Es una reflexión y seguramente el día en que el centro-izquierda vuelva a gobernar comprobaremos cuáles son sus recetas reales en materia económica.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el punto y el debate de las proposiciones no de ley, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Jesús Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Quiero comenzar subrayando que la moderación salarial que ha tenido lugar en los dos últimos años en nuestro país ha sido necesaria y lo ha sido, señorías, para poder superar en una primera etapa la situación tan
difícil que viene padeciendo nuestra economía, situación que ha afectado de forma muy considerable al nivel de empleo en nuestro país. De hecho, uno de los factores que ha contribuido a contener la destrucción de empleo y está siendo en la
actualidad un elemento importante para apoyar el crecimiento de la actividad y del empleo es precisamente la moderación en el crecimiento de los salarios junto con las medidas de flexibilidad interna de las empresas que ha propiciado la reforma
laboral de 2012. Así lo han entendido, señorías, los interlocutores sociales cuando el 25 de enero de 2012 firmaron el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014, acuerdo en el que ellos mismos se comprometieron a promover la
moderación salarial como forma de contribuir a paliar los efectos de la crisis económica y contribuir así a la recuperación. Son los agentes sociales, señorías, los que renunciaron explícitamente en este segundo acuerdo a una revisión directa de
los salarios al IPC general con el fin, como les decía, de facilitar el crecimiento y la creación de empleo. La moderación salarial es un proceso coyuntural para atender a una situación concreta. De hecho, muchos de los convenios colectivos que se
están firmando plantean de forma novedosa una vinculación de salarios a conceptos como productividad y recogen la moderación salarial como herramienta transitoria para salvar empleos.
Por lo que realmente ha apostado este Gobierno es por una estrategia de reforma de la economía y de las estructuras laborales que aporten mayores garantías y oportunidades de empleo a futuro y dentro de esta estrategia quiero subrayar la
importancia de la ley de desindexación, cuya retirada ustedes solicitan, ley que tiene como primer objetivo moderar la inflación, mantener el poder adquisitivo de las familias y mejorar la competitividad de las empresas españolas. Luego no es
verdad, señor Coscubiela,
que el objetivo de esta ley sea la rebaja de los sueldos de empleados, ni públicos ni privados, ni la reforma laboral, la Ley 3/2012 y su desarrollo posterior. No es cierto que la reforma laboral ha supuesto una merma de la capacidad
vinculante de los convenios colectivos. No es cierto, señorías. Las modificaciones introducidas al respecto han buscado hacer de la negociación colectiva una herramienta útil para reforzar la capacidad de adaptación de las empresas, por lo que
desde el Grupo Parlamentario Popular no consideramos ni oportuno ni acertado proceder en el momento actual a su derogación, como usted solicita.
Por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario no va a apoyar su proposición. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios si estamos ya en condiciones de votar. (Denegaciones.) Vamos a parar durante medio minuto y, si no, votaremos con los que estén presentes. (Pausa.) Estamos en
condiciones de proceder a la votación, les ruego silencio para que lo podamos hacer con el mayor grado de agilidad y eficacia.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no del ley del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la lucha contra el fraude laboral con personas inmigrantes, que se somete en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación al punto 2.º: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de Seguridad Social de las personas enfermas de cáncer. A una de las enmiendas se ha presentado una
transaccional, a la que vamos a dar lectura para conocimiento de todos los miembros de la Comisión y a continuación procederemos a votarla.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para otorgar la consideración de incapacidad permanente a toda persona que haya sido diagnosticada de cáncer o de cualquier otra enfermedad
grave y que haya agotado el plazo máximo de incapacidad temporal, suponiendo la calificación de incapacidad permanente la reserva del puesto de trabajo y su mantenimiento hasta que se diagnostique la curación definitiva de la enfermedad establecida
por revisiones médicas más espaciadas en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: En esos términos vamos a proceder a votar la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la proposición no de ley que figura como tercera, sobre la elaboración de un índice de precios al consumo propio para los pensionistas, cuyo autor es UPyD. Se va a votar en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley que figura como cuarta, por la que se insta al Gobierno a luchar contra el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas. Su autor es Convergència i Unió y se va a someter a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
¿Quieren votación separada de las PNL acumuladas? (Asentimiento.) En primer lugar, sometemos a votación la que figura como quinta, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al expediente de regulación de empleo en Coca-Cola
Iberian Partners.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la que figura como sexta, sobre la misma materia, cuyo autor es Convergència i Unió y PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, en relación con estas proposiciones no de ley acumuladas, la de Izquierda Unida, sobre la misma materia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto 8.º: Proposición no de ley para la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación salarial, cuyo autor es La Izquierda Plural. Aquí se ha solicitado la votación separada de un punto por parte
de Convergència i Unió y de otro por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de manera que empezaremos sometiendo a votación el punto 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Ahora pasamos a votar el punto 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Y, por fin, sometemos a votación el resto de los puntos que constituyen la proposición no de ley de referencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.