CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 534

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 49

celebrada el martes,

8 de abril de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- En relación con la devolución de las ayudas recibidas por las entidades bancarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002507) ... (Página2)


- Sobre supresión de los billetes de 500 euros. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002498) ... (Página6)


- Sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002362) ... (Página11)


- Relativa a los titulares de acciones consecuencia del canje obligado de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002400) ... href='#(Página16)'>(Página16)


Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Jiménez Latorre), para:


- Informar sobre la situación económica y perspectivas. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001480) ... (Página21)


- Que informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para
el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000341) ... href='#(Página21)'>(Página21)

Página 2

- Que explique el contenido del estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000877) ... href='#(Página21)'>(Página21)


- Informar sobre la evolución y resultados de las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante el primer y segundo trimestre de 2013 y los motivos de la disminución de la concesión de créditos con respecto al mismo
periodo del año anterior. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000975) ... (Página21)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- EN RELACIÓN CON LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS RECIBIDAS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002507).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Como saben, tenemos una Comisión con un abultado orden del día. Si los portavoces están de acuerdo, las votaciones de las proposiciones no de ley las haríamos a las doce menos cuarto, así quedan liberados, y la comparecencia sería a las
doce en punto.


La primera de las proposiciones está en relación con la devolución de las ayudas recibidas por las entidades bancarias. Para la defensa de esta proposición, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio
Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: La iniciativa que hoy presentamos es una proposición no legislativa que tiene como objetivo aplicar el sentido común, porque el país se ha visto inmerso en una situación de necesidad de sanear las entidades
financieras, las entidades bancarias, aproximadamente un tercio de ellas, de inyectar dinero público para su recapitalización y para sanear, teóricamente, estas entidades bancarias. Por tanto, el proceso, que nosotros no hemos compartido, tiene,
sin embargo, como objetivo un saneamiento que debería recuperar la situación patrimonial y de solvencia de estas entidades; y si se confía en el sistema de saneamiento, la confianza debería derivar en una clara garantía de recuperación de los
dineros públicos aportados a estas entidades. Curiosamente, no es así. Los datos son muy significativos. En primer lugar, sobre la aportación de recursos públicos a las entidades bancarias, hoy mismo se ha conocido un informe del Tribunal de
Cuentas que pone de manifiesto que en realidad ha sido de 107.000 millones de euros. Es decir, en torno al 10% del producto interior bruto es lo que se ha aportado a las entidades bancarias a través del FROB, a través del Fondo de rescate, a través
de Sareb, incluso en línea de liquidez y de avales. Esta es una cantidad, insisto, cuantificada y definida por el Tribunal de Cuentas, por lo cual yo creo que no debe ser cuestionable por parte de nadie o por parte de ninguno de nosotros. Parte de
este dinero se da ya por perdido, según las estimaciones que se han hecho por parte de la Comisión Europea, que ha cifrado la pérdida de recursos públicos en el saneamiento bancario en 37.000 millones de euros. Es decir, casi un 40% del dinero
público aportado para sanear las entidades bancarias se da por perdido en estos momentos -un 40% del total aportado-. Solo se han recuperado 3.284 millones de euros, 1.304 millones con la venta del 7,5% de las acciones de Bankia; 1.003 millones
con la venta de Novagalicia, si bien es cierto que esta venta ha supuesto la pérdida de 8.000 millones de euros, y 977 millones que ha devuelto Caixa por la inyección de recursos a Banca Cívica. Es decir, solo se han recuperado 3.284 millones de
euros y se han perdido 37.000 millones. El balance es apabullantemente desfavorable para las arcas públicas y para la Hacienda pública.


Nuestro grupo parlamentario está totalmente en desacuerdo con la gestión de este dinero público, está totalmente en desacuerdo con la aportación y con que no haya ningún tipo de exigencia para la enajenación, fusión o absorción de estas
entidades gestionadas por el FROB que cuentan con ayudas públicas, y que no haya ningún tipo de exigencias ni garantías de recuperar el dinero público aportado. El procedimiento de enajenación, venta, fusión, absorción o cualquier procedimiento que
signifique la venta o transferencia de las acciones del FROB, que son las que representa el dinero público invertido, debe

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tener siempre como garantía la recuperación del dinero aportado. Es incomprensible por parte de los ciudadanos que a pesar de este esfuerzo que todos estamos haciendo para el saneamiento de las entidades bancarias los datos sigan siendo
totalmente desesperanzadores, por decir poco; en concreto, el último dato de préstamos a empresas durante el año 2013 significa una caída de un 11% y de préstamos a familias la caída es del 5,5%. Es decir, a pesar del esfuerzo que toda la sociedad
española está haciendo por la consolidación, sostenimiento y mejora de la solvencia de las entidades bancarias, las entidades bancarias siguen sin responder a un compromiso social de lucha contra la crisis y en pro de la creación de empleo. La
sociedad española está viendo un poco asombrada cómo las entidades bancarias se están financiando a través del Banco Central Europeo al 1%, las inyecciones de liquidez, y se están dedicando prácticamente a la adquisición de deuda pública, están
haciendo el negocio con el Banco Central Europeo, no están haciendo, para nada, el negocio que deberían hacer, que debe consistir en captar depósitos para conceder préstamos. Por tanto, nosotros nos oponemos a esta pérdida y creemos que el Gobierno
tiene excesiva prisa en desprenderse de estas entidades bancarias, porque no confía en el procedimiento de saneamiento y considera que mientras más tiempo se tarde en colocar en el mercado estas entidades, mayores serán las pérdidas para el Estado.
Eso denota una falta de confianza en el procedimiento de saneamiento, porque si se confía en el saneamiento el saneamiento tiene que implicar la recuperación del valor patrimonial y de la solvencia de estas entidades. Creemos que le queman las
manos las entidades bancarias nacionalizadas a través del FROB, que se está desprendiendo de ellas a costa de enormes pérdidas financiadas por todos los ciudadanos españoles y, si se pusiese más atención en lo que es una buena gestión y en lo que es
tiempo suficiente para que el capital invertido por parte del Estado pueda significar un auténtico saneamiento de las arcas de las entidades bancarias, sería un planteamiento mucho más razonable. Es inconcebible que se esté prestando dinero, que se
esté entregando dinero a las entidades bancarias con cargo a pérdidas del Estado, y que las entidades bancarias sigan sin responder a un compromiso que deberían tener con el resto de la sociedad española y en pro de la mejora de la economía española
y de la creación de empleo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para fijar las posición, en primer lugar, tiene la palabra el señor Larreina, del Grupo Mixto.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Simplemente, quiero fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley, que va a ser favorable a lo presentado por el Grupo Socialista porque consideramos que aborda una cuestión que es fundamental, y es
revertir a la ciudadanía ese esfuerzo que se ha hecho con sus aportaciones a través del Estado para la regeneración del sistema financiero y sobre todo porque consideramos que es importante aplicar la misma vara de medir a todos los sectores de la
sociedad. Así como con otros sectores que lo están pasando muy mal, por ejemplo los autónomos, no hay ningún tipo de consideración muchas veces a la hora de planificar sus retrasos y su negociación de nuevos plazos para pagar las deudas a la
Seguridad Social, etcétera, sin embargo, ese carácter tan estricto que se adopta con autónomos y pequeñas empresas no se ha adoptado en el caso de las entidades bancarias, que no solo han tenido esa mayor flexibilidad a la hora de hacer frente a sus
obligaciones para con el Estado y sus distintos organismos, sino que además han recibido un apoyo financiero importante. Por eso, consideramos necesario que desde el Gobierno se aborde el seguimiento de forma estricta de esas entidades para que
todos los apoyos que recibieron en su día vuelvan a revertir otra vez a las arcas públicas y al servicio del conjunto de la ciudadanía. Por estas razones vamos a votar a favor de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente porque hemos tenido ocasión de debatir sobre esta cuestión repetidas veces tanto en Pleno como en Comisión y de señalar que a mi grupo le preocupa extraordinariamente el coste público que
puede acabar teniendo el rescate de las entidades financieras. Si aceptamos simplemente los datos de Eurostat y las cifras que se han ido computando como déficit público, porque son ayudas que se consideran pérdidas, alcanzamos ya una cifra cercana
a los 49.000 millones de euros y, sin embargo, a la sociedad se le dijo en su momento que el coste sería cero o incluso doblemente cero, porque serían fondos europeos, no españoles, y las entidades lo devolverían. Por eso, creemos que la sociedad
tiene derecho al menos a que se le informe de forma veraz de cuál es el verdadero coste para el contribuyente de esta operación y de que se le proporcione un plan

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creíble de cómo se va a recuperar ese dinero o la mayor parte de ese dinero. En ese sentido, apoyaremos la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, aunque podríamos matizar algunos detalles sobre todo en el punto 2, que
consideramos demasiado voluntarista, pero la apoyaremos como símbolo de la importancia que damos a este tema de la recuperación de las ayudas públicas a la banca.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Quisiera hacer dos consideraciones antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista: en primer lugar, nuestro grupo parlamentario se ha posicionado siempre a favor de
la correcta reordenación de nuestro sistema financiero como primer imperativo para vencer el crítico contexto económico; y en segundo lugar, desde Convergència i Unió siempre nos hemos preocupado por el hecho de que se establezcan medidas que
garanticen el acceso al crédito a la economía real y a su vez se garanticen los ahorros de los mismos mediante las medidas que otorguen seguridad jurídica al sistema financiero. La salud bancaria de nuestro sistema pasa a nuestro entender por
adoptar una serie de medidas que garanticen los ahorros de muchas personas por una cuestión también social y por una cuestión de buen funcionamiento del sistema de ahora en adelante y sobre todo también por una cuestión de confianza.


Respecto a la proposición no de ley, entendemos que lo que pretende es que sean las entidades de crédito y no los ciudadanos las que se responsabilicen de devolver las ayudas públicas que han recibido para la reordenación del sector, y en
este sentido quiero hacer unas consideraciones. Creo que es importante recordar que desde el grupo parlamentario que represento se lideraron una serie de iniciativas para evitar el cobro de pensiones e indemnizaciones cobradas indebidamente, para
evitar que con el dinero público determinados directivos y gestores de entidades se lucrasen con el cobro de pensiones indebidamente generadas. Nuestra preocupación para que el dinero público del rescate sea destinado únicamente a la reconversión
del sistema financiero y no para el lucro de terceros en detrimento de los intereses de los ciudadanos siempre ha sido nuestra prioridad, ya que la reconversión del sistema financiero comporta una estabilidad económica, una pronta recuperación de la
economía y una posible activación del mercado del empleo.


Presidente, señorías, el legislador europeo también ha establecido el perímetro y los límites en materia de solvencia. El Grupo Basilea ha propuesto que el nivel de capital en relación con los activos totales quede fijado en el 3%, de forma
que las exigencias para evitar un excesivo endeudamiento de la banca son claras y asimismo el colchón de capital anticíclico y contra riesgos sistémicos previstos adecuadamente en la norma. En este sentido, la legislación actual y las exigencias de
reordenación ya establecen y garantizan que el dinero público utilizado para la reordenación bancaria se genere en primer lugar, es decir, que no se generen endeudamientos, que los beneficios se destinen a cubrir la deuda y que el capital público
sea reintegrado. Hay que recordar también que el propio MOU establece que todos los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito afectadas se basan en la viabilidad de las mismas, en la no distorsión del mercado y en que
las entidades intervenidas puedan generar valor para sus accionistas. Asimismo, en todos los planes de reestructuración se determina que los bancos contribuirán al coste de la reestructuración realizada en base a las ayudas percibidas por el Estado
en la medida en que puedan con todos sus recursos posibles. Este es el punto 15 del MOU. Adicionalmente, siempre se indica que en todo el proceso de reestructuración se realizará minimizando el coste de los contribuyentes al mínimo.


Entendemos que la legislación de los mercados financieros debe realizarse desde una perspectiva conjunta al efecto de garantizar la estabilidad financiera y para contar con una adecuada fluidez del crédito, y más teniendo en cuenta una
actividad globalizada como es la bancaria. Por todo ello, valoramos positivamente la propuesta del Grupo Socialista, siempre y cuando la misma se adecue a los compromisos de reestructuración fijados por las leyes y reales decretos de
reestructuración bancaria, así como por lo establecido por el MOU firmado con la troika. En este sentido, entendemos que los parámetros de comportamiento han sido ya bien definidos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Romero, que defenderá una enmienda a esta proposición.


Tiene usted la palabra.

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La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley en los términos en los que está redactada es técnicamente inviable. Una cosa es el espíritu que se trasluce en la misma -que espero que sea la pretensión de
todos los grupos presentes en esta Comisión-, que es la restitución por parte del sistema financiero de las cantidades recibidas para su saneamiento, con lo que podemos estar todos de acuerdo y de ahí nuestra enmienda para lograr un consenso, y otra
muy distinta es vincular necesariamente dicho objetivo a un requisito al programa de asistencia financiera que se acordó con la Unión Europea.


La adopción de esta proposición es de imposible cumplimiento en sus términos por lo que hemos intentando llegar a un acuerdo, porque los planes de reestructuración y resolución aprobados por la Comisión Europea fijan ya los compromisos de
retorno al sector privado de las entidades financieras beneficiarias de las ayudas sin posibilidad de supeditar tal retorno a la devolución de las ayudas. Los propios proponentes son conscientes de ello, ya que en la exposición de motivos de la
proposición no de ley hacen referencia al MOU diciendo que este marca la hoja de ruta del saneamiento financiero y la Ley 9/2012 el marco normativo para su ejecución. De esta forma, el saneamiento en esa hoja de ruta de la Comisión Europea lo que
pretende realmente es configurar entidades viables, capaces de generar beneficio para que vuelva a fluir ese crédito que a todos nos gustaría, señor Hurtado, que estuviera creciendo a unos ritmos muchísimo más rápidos en España y que con ello
también creciera el empleo; pero no podemos condicionar la devolución íntegra pretendida en la proposición no de ley.


En segundo lugar, el objetivo del FROB no es convertirse en un holding público de entidades financieras, sino favorecer como autoridad la reestructuración y el retorno a la viabilidad de las mismas las que estén en dificultades o bien puedan
desaparecer del mercado. Señorías, existe un mandato legal que exige al FROB desarrollar un procedimiento competitivo, transparente y no discriminatorio, que maximice el precio de venta y minimice el uso de los recursos públicos. El FROB se ha
movido todo el tiempo en ese ámbito de la Ley 9/2012 y ha cumplido esos principios.


En tercer lugar, me gustaría hacer una precisión técnica. Una parte de las ayudas forman parte del capital a través de acciones. Los fondos inyectados en forma de acciones no son exigibles; la recuperación de lo inyectado solamente se
puede hacer por dos vías: que las entidades beneficiarias de las ayudas den beneficios y repartan dividendos o a través de la venta por el FROB de su participación en el capital de la entidad beneficiaria por un precio que, junto con los posibles
dividendos anteriormente mencionados, iguale o supere el importe de la ayuda. Lo mismo habría que hacer con los CoCos y con todos los tipos de híbridos de capital que, como saben, deben convertirse automáticamente en acciones. Todos sabemos que el
sector financiero manifestó a las claras en octubre de 2008 serías dificultades para acceder a la liquidez, que la crisis se había convertido en sistémica y afectaba por igual a instituciones cuyas dificultades tenían origen exclusivamente en las
condiciones generales de los mercados, que a aquellas cuya calidad y cantidad de capital fue insuficiente por su gestión para absorber pérdidas en un contexto de fuertes turbulencias. El Gobierno podría no haber visto el problema. Recordemos que
en el Real Decreto 16/2011, relativo al Fondo de garantía de depósitos, el anterior Gobierno afirmaba en su exposición de motivos que ya había terminado la reestructuración del sistema financiero y la verdad es que no es así. Señorías, todos
sabemos lo que ocurrió en Chipre. Pretender que ni siquiera los fondos garantizados por el Fondo de garantía de depósitos estuvieran garantizados y estuvieran en riesgo es colapsar una economía. En la exposición de motivos el grupo proponente se
refiere a Novagalicia Banco y tienen que saber, porque el propio presidente del FROB, Fernando Restoy, compareció en esta Comisión, que tras la venta de Novagalicia ya decía -el presidente del FROB- que había que añadir pérdidas. También decía que
si no hubiéramos ido por esta vía de nacionalización y venta, la única alternativa hubiera sido la liquidación de la entidad y habría costado 13.000 millones de euros, muchísimo más. De este importe que dice el Tribunal de Cuentas, del que forman
parte dinero aportado y otro tipo de dinero que no está contabilizado, habiéndose demostrado así porque se cobra, y también el que se esperaba dar, así como los gastos de los estudios de los independientes, también forman parte los más de 61.000
millones del programa de asistencia financiera que se dio en mayo de 2009. Son muchas las entidades saneadas. También está Caja Sur, señor Hurtado. Seamos serios. Efectivamente, el saneamiento financiero llega tarde. Es otro de los elementos de
la crisis para algunos no existente, pero se puso en marcha la solución, está ahí. Estén seguros de que el FROB actúa para reducir al máximo los fondos públicos destinados a la recapitalización de las entidades financieras y realiza las actuaciones
necesarias para rentabilizar al máximo las inversiones y las inyecciones de dinero público dadas en el marco de la reforma.

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Hemos de recordar que en el pasado mes de enero concluyó el programa de asistencia financiera y tanto las valoraciones de la Comisión Europea como del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional han certificado el cumplimiento
de las condiciones recogidas en el MOU. Lo estamos haciendo bien. Nos gustaría recuperar todo el dinero, pero sabemos que eso es muy difícil. Señorías, me gustaría terminar con un espíritu de consenso y con un ánimo para una esperanza de futuro,
una realidad no muy lejana, y es que se ha puesto en marcha la solución para que en futuras crisis esto no ocurra más. El Fondo único de liquidación bancaria acordado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea con el Parlamento Europeo
permitirá luchar contra este problema a tiempo y mutualizar entre las entidades financieras la solución a sus propios problemas. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene la palabra a los efectos de aceptación o no de la enmienda.


El señor HURTADO ZURERA: No la acepto.


- SOBRE SUPRESIÓN DE LOS BILLETES DE 500 EUROS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002498).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, sobre supresión de los billetes de 500 euros. Para la defensa de esta proposición tiene la palabra por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Traemos a esta Comisión un tema que no es nuevo, se ha discutido en otras ocasiones, que está presente en el debate público de este país y que responde a un problema real: la existencia y utilización de los
billetes de 500 euros no para lo que debería ser el fin del dinero, que es el tráfico mercantil ordinario entre los ciudadanos, sino su utilización claramente para todo tipo de economía sumergida, en algunos casos economía criminal y, por supuesto,
fraude fiscal.


Se conocen claramente los datos, los hemos puesto de manifiesto también en la introducción de nuestra proposición no de ley, pero quisiera insistir en algunas ideas en relación con la propuesta que planteamos. Es una propuesta modesta
porque, siendo conscientes de que este tema no depende del Gobierno español, lo que sí estamos planteando es la necesidad de que el Gobierno español actúe de manera activa y beligerante ante las instituciones europeas para plantear la eliminación de
la circulación de los billetes de 500 euros. Además de los argumentos que se exponen en la exposición de motivos, quiero añadir algunos más. No sé si ustedes lo recuerdan, señorías, pero hace aproximadamente un año el ministro señor De Guindos
declaró públicamente que le parecía razonable suprimir los billetes de 500 euros con el objetivo de reducir y frenar el fraude, e incluso se permitió una cierta broma diciendo que él, como el común de los mortales, no había tenido jamás un billete
de 500 euros en sus manos. Eso, más que una anécdota, es la evidencia de una realidad: los billetes de 500 euros no sirven en estos momentos para el tráfico mercantil ordinario, sino que están sirviendo claramente para su utilización no correcta
e, insistimos, en muchos casos como fraude al fisco y al mismo tiempo para canalizar una parte de la economía sumergida cuando no la economía oscura y criminal.


Se han hecho algunas cosas, hay que reconocerlo, pero fíjense ustedes bien en si es difícil avanzar en esa idea que ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que en una reciente sentencia obligara a una entidad financiera española
-concretamente al Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular- a dar información al Ministerio de Hacienda, al Gobierno, en relación con la utilización de esos billetes de 500 euros. Es decir, es evidente que desde ese punto de vista la
colaboración del sistema financiero, como en otras muchas cosas, no existe; el sistema financiero actúa de manera connivente con esa utilización fraudulenta de los billetes de 500 euros y ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo para dar la
razón al Gobierno y permitir que exista un mayor control. Creo que ha llegado el momento de que el conjunto de la Unión Europea se plantee claramente que eso no puede continuar siendo así. Se da el caso, además -y ustedes lo saben, lo ha puesto de
manifiesto incluso algún informe de Gestha, de la entidad de técnicos del Ministerio de Hacienda-, de que incluso los billetes de 500 euros son utilizados en países, como el Reino Unido, que no tienen el euro como su moneda, y lo utilizan porque el
volumen, el significado monetario de 500 euros y la facilidad para moverse es un incentivo brutal para grandes transferencias opacas al fisco.

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Hasta ahora se han intentado todo tipo de estrategias en la Unión Europea y la verdad es que no han funcionado. ¿Por qué España debe ser beligerante? Pues España debe ser beligerante porque desgraciadamente para nosotros España es uno de
los principales países -para no decir aquel en el que más- en el que se usa el billete de 500 euros. Es verdad que la crisis ha reducido su utilización, es verdad que no estamos en la época de la burbuja, pero no deja de ser una realidad que España
continúa atesorando en estos momentos el 17% de los billetes de 500 euros de la eurozona y que -no se pierdan ustedes este dato- en el 80% de las actividades investigadas por los técnicos e inspectores de la Agencia Tributaria se detecta que en esas
irregularidades se ha pagado con billetes de 500 euros. Creo que ha llegado el momento de no poner paños calientes. Somos conscientes de que eso no depende del Gobierno español sino de las instituciones comunitarias, pero España está especialmente
interesada en abordar el tema de la supresión de esos billetes de 500 euros. Tenemos un problema grave en este país: unos ingresos fiscales que son el 9% del PIB menos que la media de la Unión Europea, y reducir ese gap, ese diferencial -estamos
hablando de 90.000 millones de pesetas-, es imprescindible para abordar el futuro, y eso no se puede hacer, sin duda, aumentando la presión fiscal sobre los que ya pagan sino haciendo el sistema fiscal más justo; y la primera de las cosas que debe
hacerse para hacer el sistema fiscal más justo claramente es reducir el fraude fiscal, y para ello la desaparición de la circulación del billete de 500 euros podría ser un gran instrumento.


Estoy convencido de que gran parte de sus señorías, como gran parte de los ciudadanos de este país, ven en esta iniciativa una propuesta de tanto sentido común que cuesta decir lo contrario. Desde el respeto más absoluto a quienes pueden
cambiar el resultado de esta votación -los resultados normalmente suelen ser no a todo lo que planteamos los grupos de la oposición-, soy consciente de que quienes lo pueden cambiar es el Grupo del Partido Popular, les plantearía que en la medida de
lo posible se lo repensaran. La verdad es que la enmienda que se nos plantea no llega ni a la categoría de placebo y, si la votamos, tendremos la impresión de que nos estamos curando de algo, y la verdad es que no, que continuaremos carcomidos por
dentro. Por tanto, entenderán que no la pueda aceptar. Aceptaría cualquier transacción que permitiera decir claramente, aunque no fuera inmediatamente, que España se pone a trabajar para ser muy beligerante en las instituciones europeas para la
desaparición de la circulación del billete de 500 euros. Le interesa a Europa y, en primer lugar, nos interesa a España y a los españoles.


El señor PRESIDENTE: Como ha dicho el señor Coscubiela, hay una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Marcos.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Señoría del Grupo de La Izquierda Plural, podemos instar al Gobierno a hacer muchas cosas, podemos instarle a que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra el dinero negro y el fraude fiscal, y eso
es lo que les proponemos en la enmienda a su PNL, pero no deberíamos instarle a hacer lo que no puede ni debe hacer según los tratados europeos que hemos firmado y que nos hemos comprometido a cumplir. Seguro que ustedes conocen a la perfección los
tratados europeos y saben con qué detalle y con qué insistencia los artículos 128, 130 y 282, al menos, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea dejan meridianamente claro que el asunto que les preocupa es competencia exclusiva del Banco
Central Europeo, que además será siempre independiente en el ejercicio de sus competencias. Así, la autoridad monetaria no podrá ni solicitar ni aceptar instrucciones de nadie. El tratado subraya que -y esto es textual- los Gobiernos de los
Estados miembros se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del BCE y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones. En definitiva, señorías, los tratados europeos
que nos hemos comprometido a cumplir determinan que la única institución europea competente en decidir si mantiene o suprime los billetes de 500 euros es el Banco Central Europeo. Es su competencia exclusiva, la ejercerá con independencia y los
Gobiernos se han autoimpuesto no intentar influir en sus decisiones.


Señorías, es cierto que el debate sobe la conveniencia o no de que existan billetes de 500 euros es tan antiguo como el proyecto de la moneda común europea. Existen porque antes de la adopción del euro seis de los países que nos integramos
en la moneda única europea tenían billetes en sus divisas nacionales de un valor facial superior a los 200 euros. Esos seis países, como saben, eran Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Es bastante conocida, porque
está publicada en la web del BCE y fue difundida por los medios de comunicación, la carta de respuesta que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, dio en 2012 a un miembro del Parlamento Europeo que le solicitaba la supresión de los
billetes de 500 euros. Le contestó que no pensaba hacer tal cosa, que la cantidad de billetes de 500

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euros en circulación es estable y que su peso relativo es equivalente al de otros billetes de elevado valor facial en diferentes divisas internacionales. Es menos conocida, porque no tuvo tanta repercusión mediática, la respuesta que en el
mismo sentido que Draghi dio el comisario Almunia a otro parlamentario europeo sobre este asunto. Quizá esa respuesta del señor Almunia sirvió para que el anuncio que hace justo un año hizo el líder socialista en un acto de su partido de traer al
Congreso una iniciativa como la que ahora presenta La Izquierda Plural quedara solo como una proclama de mitin y no se trasladara, como anunció entonces Rubalcaba, a una iniciativa parlamentaria. Ojalá que hoy el Grupo Socialista mantenga esa misma
línea de sensatez y europeísmo y respalden la enmienda que les hemos presentado. En todo caso, parece razonable que cuando se aceptan voluntariamente unas normas comunes estas se cumplan. Además, ese cumplimiento no limita ni reduce la
determinación del Gobierno para luchar contra el dinero negro. Por eso, la Ley 7/2012, de modificación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y la lucha contra el fraude, establece la limitación de
los pagos en efectivo. Con carácter general esa ley establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones por importe igual o superior a 2.500 euros. Ustedes saben perfectamente que limitar los pagos en efectivo es una medida mucho más
eficaz para luchar contra el dinero negro que debatir sobre el valor facial de los billetes. Lo sabe incluso la madre de ese compañero Lanzas que tenía en casa dinero para asar una vaca. ¿Se acuerdan? Es de suponer que el señor Lanzas no pensaba
asar su vaca con billetes de 500 euros.


Señorías, este fin de semana se hacía eco la prensa -y lo ha dicho usted también, señor Coscubiela- de una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que da la razón al Ministerio de Hacienda en su exigencia a los bancos
para que comuniquen a Hacienda operaciones con billetes de más de 500 euros cuando así lo reclame la Agencia Tributaria. El Supremo da la razón al abogado del Estado en su reclamación de conocer estas operaciones por su potencial trascendencia
tributaria y recuerda que en el plan parcial de inspección están incluidas las actuaciones de investigación en control de operaciones con empleo de billetes de alta denominación. La enmienda que les presentamos tiene muy en cuenta esta sentencia
del Supremo y por eso les pedimos también que la respalden. En definitiva, señorías, tenemos normas españolas y europeas, y tenemos sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Supremo; se trata de cumplirlas y de hacer cumplirlas, pero el
sistema para hacerlo no puede ser instar al Gobierno a incumplir sus compromisos ni instarle a hacer lo que no puede ni debe. Lo sensato, lo que tiene sentido común, al que usted se refería, señor Coscubiela -y así se lo proponemos en la enmienda
para la que pedimos el voto-, es animarle -y les leo textualmente la enmienda- a que siga impulsando la tarea que lleva a cabo la Agencia Tributaria en la intensificación de la lucha contra el fraude mediante el desarrollo de las actuaciones de
captación e información con relevancia tributaria incluidas en el Plan anual de control tributario y aduanero, y en particular en la investigación y control de operaciones con utilización de billetes de alta denominación. Le pido que lo piense y
que, de verdad, respalde esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor González Ramos.


El señor GONZÁLEZ RAMOS: Lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta proposición no de ley de La Izquierda Plural. Decía el señor Coscubiela que, efectivamente, la política debe ser de sentido común y hoy es
el que debe primar, como en tantas ocasiones. El Grupo Parlamentario Popular ha justificado su enmienda y creo que está en la labor propia de un Gobierno el investigar el fraude. Por tanto, como digo, el Grupo Parlamentario Socialista comparte
absolutamente el objetivo de esta proposición no de ley. Ya fue el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que propuso hace tan solo unas semanas la supresión de los billetes de 500 euros en toda la Unión Europea para aflorar dinero negro y
dedicar lo recaudado a programas contra la pobreza y la exclusión social. El PSOE no se queda solo en suprimir esos billetes, sino en invitar al Gobierno de Mariano Rajoy a que la traslade a Bruselas, donde sigue habiendo dinero. Hay que buscar
los billetes donde están y estos, en su mayor parte, están fuera del circuito legal, por lo que estamos completamente de acuerdo en que la supresión de los billetes de 500 euros puede ser una medida efectiva contra el fraude fiscal y para el
afloramiento de la economía sumergida. Hablamos de llevar el debate a Europa porque de hecho este ya se ha iniciado en países como Francia o Alemania, desde donde han salido cifras como que existe una circulación no controlada de billetes de 500
euros cuya cuantía asciende a 290.000 millones de euros.


Desde el Partido Socialista entendemos que la retirada es completamente factible, después de la apertura de un periodo de advertencia para depositar esos billetes en los bancos o cambiarlos por otros de menor importe, por supuesto siempre y
cuando quede demostrada la legalidad de la procedencia. Los

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informes a los que hemos tenido acceso, como es el caso del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda que ya se ha expuesto aquí, ponen de manifiesto que el 80% de las operaciones que se realizan con billetes de 500 euros en España
escapan del control del fisco por su vinculación directa principalmente con actividades fraudulentas, pero es un tema que no es endógeno de nuestro país, porque los datos de la Agencia Británica contra el Crimen Organizado subrayan que el 90% de los
billetes de 500 euros acaban en manos del crimen organizado. Incluso el Banco Central Europeo, al que ha hecho mención el Grupo Parlamentario Popular, asegura que solo una tercera parte de los billetes de 500 euros se utilizan en las transacciones
habituales, dejándose el resto fuera de los circuitos detectables. También se ha comentado que son tantas las dudas existentes al respecto que incluso el pasado mes de febrero conocimos la sentencia del Supremo que obliga a los bancos a informar
detalladamente a la Agencia Tributaria sobre los clientes que realizan cualquier tipo de operación, tanto con billetes de 500 euros como de más de 10.000 euros, independientemente del valor de los billetes. En la actualidad, los propios técnicos de
Hacienda aseguran que España sigue moviendo inusuales cantidades de dinero en billetes grandes, ya que acapara casi el 16% de los billetes de 500 euros de la eurozona, cuando el PIB español representa poco más de una décima parte del PIB de los
diecisiete países que pertenecen al euro. La conclusión es, por lo tanto, que la mayoría de los billetes de 500 euros se utilizan fuera de la economía real, de la del día a día, y que su verdadera utilidad está mucho más cercana a los movimientos
ilegales y a la economía sumergida que a los ciudadanos de a pie. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, febrero se cerró con 79,2 millones de unidades de billetes de 500 euros, con un valor total de 39.609 millones de euros.
Nos hacemos eco de nuevo de la interpretación de los técnicos de Hacienda, quienes aseguran que los billetes de 500 euros han ganado peso en el dinero total en circulación por el repunte de la economía sumergida durante la crisis. Los mismos datos
ponen de manifiesto que el efectivo en billetes de 500 euros representó el 67,2% de todo el dinero puesto en circulación en 2012, rozando los 46.500 millones de euros, lo que supone aumentar su peso en más de 3 puntos con respecto al comienzo de la
crisis. Esto, ¿por qué? Porque estos billetes son la principal herramienta para que los defraudadores salden cuentas a espaldas del fisco.


Es más que evidente que este Gobierno está haciendo muy poco para acabar con el fraude y los defraudadores; más bien todo lo contrario, pusieron en sus manos una amnistía fiscal que solo ha beneficiado a aquellos que más tenían que ocultar.
Entendemos que la retirada del mercado de los billetes de 500 euros sería una medida más, dentro de otras muchas, que habría que poner en marcha para acabar con los defraudadores. De ahí que a través de esta PNL de La Izquierda Plural el Partido
Popular tiene la oportunidad de demostrar que reniega de estas prácticas y hacer alarde de un ejercicio de pedagogía política, de sentido común que demuestre claramente a los ciudadanos que en estas Cortes se combate el fraude y a los defraudadores.
Pero, claro, nos surgen muchas acerca del posicionamiento que puede mantener el Partido Popular respecto a esta PNL. En el fondo, su apoyo iría contra su propio modo de operar internamente. Si no hubiesen existido los billetes de 500 euros sería
difícil que un tesorero del PP pudiera pagar en B la cuantía, por ejemplo, de 25.000 euros. Me refiero sencillamente a la última declaración ante el juez del tesorero Bárcenas, quien aseguró que entregó esa misma cuantía, 25.000 euros, en billetes
de 500 y en sobres de color marrón, y citó textualmente al presidente Mariano Rajoy. Y dijo también el tesorero que repitió esa operación con María Dolores de Cospedal para liquidar una deuda pendiente del PP gallego. No lo dice este diputado
socialista, lo dijo el extesorero Bárcenas. Sí, sobres marrones, pero con otros contenidos, se ven muchos, pero es evidente que los billetes morados solo los ven unos pocos y, desde luego, lejos del circuito transparente del dinero. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Fija ahora la posición, en nombre de Convergència i Unió, la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: No podemos dejar de compartir que la lucha contra el fraude fiscal y su prevención constituyen un objetivo prioritario y fundamental de la Agencia Tributaria. Ante esta proposición no de ley que debatimos creemos
que no solo se debe tener en cuenta la vertiente tributaria, sino que deben evaluarse también las repercusiones económicas de dicha propuesta, ya que es una medida que se debe llevar a cabo en las instituciones europeas. Por ello, consideramos que
desde el punto de vista más economicista también se deberían evaluar otros posibles efectos de esta medida como, por ejemplo, el efecto sobre la fortaleza del euro u otros. Quiero destacar que en 2013 el Grupo Socialista también solicitó la
retirada de los billetes de 500 euros y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, rechazó por escrito dicha retirada al entender que los billetes de alta denominación cumplen su función, principalmente como depósito de valor, pero
también como instrumento de pago y como último recurso de

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almacenamiento de activos, tanto dentro de la zona euro como en el extranjero. Dicho esto, desde el grupo parlamentario que represento consideramos que más que defender en las instituciones europeas la eliminación de billetes de 500 euros,
lo que ahora es muy importante, muy necesario y debemos insistir en ello es en que deben llevarse a cabo reformas firmes, reformas contundentes en nuestro ordenamiento jurídico que incorporen medidas efectivas, reales y también contundentes de lucha
contra el fraude y contra la economía sumergida. Esta ha sido nuestra preocupación y nuestra ocupación desde hace ya muchos años y hemos insistido y hemos hecho diversas iniciativas en este sentido, en el sentido de la lucha contra el fraude y
contra la economía sumergida. Repito e insisto en que para nuestro grupo parlamentario la lucha contra el fraude y la economía sumergida es siempre una obligación económica, una obligación política y una obligación social, pero lo es de manera
especial hoy, sobre todo en un momento de grandes tensiones presupuestarias como las que estamos viviendo. No es aceptable que se recorte el gasto y se ponga en peligro el Estado del bienestar sin antes combatir el fraude fiscal. No pueden
incrementarse más los impuestos a quienes ya pagan mientras se toleren niveles de fraude y economía sumergida que pueden representar porcentajes del PIB del orden del 20%.


Entendemos la proposición no de ley presentada y su espíritu, que compartimos, de lucha contra el fraude fiscal, pero también entendemos que este debate, que es un debate existente y una problemática que es objeto de debate también en
diversos países europeos, debe afrontarse de una manera global y, sobre todo, en el marco europeo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Creemos que esta es una proposición no de ley bienintencionada que se enmarca en la preocupación habitual de La Izquierda Plural, que compartimos otros grupos, por la lucha contra el fraude, un problema grave en
nuestro país y que no ha mejorado lo suficiente, y que liga dos cosas que están relacionadas, que son los medios de pago y el fraude. Por ejemplo, nosotros, y esta es nuestra alternativa a lo que propone La Izquierda Plural, seríamos partidarios de
dar el derecho a los consumidores a pagar con medios electrónicos cualquier transacción superior a 10 euros para que fuesen transacciones transparentes y, por tanto, fácilmente controlables por la Hacienda pública.


La propuesta que nos hace La Izquierda Plural de suprimir los billetes de 500 euros tiene varios problemas que otros intervinientes anteriores han señalado. En primer lugar, los billetes de 500 euros y todos los demás forman parte de una
unión monetaria y son responsabilidad del Banco Central Europeo y del conjunto de la unión monetaria. Nosotros somos una parte significativa, pero relativamente menor de esa unión y no parece fácil trasladar nuestro problema local al conjunto de la
unión ni decidir unilateralmente sobre cuestiones que afectan al conjunto de los socios. En segundo lugar, creemos que es importante buscar un equilibrio entre que las transacciones sean transparentes y no faciliten el fraude y el no dificultar
transacciones que sí son legales. En ese sentido, en España ya hay una limitación a los pagos en efectivo, hay obligaciones de información y tenemos que ir mucho más allá, puede traspasarse ese umbral en que no se afecte de manera significativa al
fraude, pero se empiecen a dificultar las transacciones legales. Y en tercer lugar, y tal vez la crítica de fondo más importante, creemos que esta medida, siendo bienintencionada, en el fondo confunde las causas con los efectos. El uso de 500
euros es una consecuencia del fraude, pero no es una causa del fraude. Si esta medida se aplicase, en el fondo dificultaríamos mínimamente la actividad de los defraudadores; en vez de un billete de 500 tendrían cinco billetes de 100, pero el
efecto sobre el fraude sería mínimo porque este uso del efectivo de alta denominación no es una de las raíces del fraude, es una de las manifestaciones de los efectos del fraude. Este conjunto de razonamientos es el que hace que en este caso, y
lamentándolo, no podamos apoyar la proposición no de ley que se nos presenta.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Por parte de nuestro grupo, de Amaiur, hemos planteado en diversas ocasiones que el Estado español tiene un problema muy grave si lo comparamos con el resto de los Estados de la Unión Europea, sobre todo si
comparamos una serie de factores y una serie de indicadores, y uno de ellos es el fraude fiscal. La posición que ocupa el Estado español dentro de la Unión Europea en los niveles de fraude fiscal no corresponde con el tipo de Estado que es o con el
tamaño de Estado que tiene, con el desarrollo económico y social. Si vamos a otros factores como, por ejemplo, el índice de pobreza infantil, tampoco corresponde con el lugar natural en el seno de la Unión Europea que debería tener el

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Estado español. Si vamos a los índices de paro, tampoco corresponde con el lugar natural que le correspondería al Estado español. Creo que esa desubicación del Estado español dentro del conjunto de la Unión Europea tendría que ser un
elemento de preocupación. Esa desubicación está muy agarrada a lo que podríamos llamar esa cultura del fraude, que es bastante generalizada por desgracia, y creo que desde ese punto de vista todas las medidas que se impulsen y que se promuevan para
combatir el fraude fiscal son positivas. Por eso nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Porque podemos refugiarnos en todo tipo de razones para no apoyarla, desde que es una competencia europea, de las instituciones europeas
-la independencia del Banco Central Europeo- que no la ponemos en cuestión. El Banco Central Europeo tiene que responder al interés general de la ciudadanía europea. Por tanto, ese interés general, esas opiniones se las tendrá que hacer llegar
alguien y creo que en este caso los Estados tienen esa obligación también de hacer llegar al Banco Central Europeo sus preocupaciones y sus propuestas, máxime en una medida como esta que no afecta a la política monetaria. Aquí no estamos hablando
de si los tipos de interés tienen que ser más o menos, y hay que recordar que en esos temas bien que ha insistido también el Gobierno español a la hora de sugerir que cambien, que suban, que bajen o se mantengan los tipos de interés. Ahí no ha
habido el argumento de la independencia del Banco Central Europeo y creo que en este caso, que no afecta, insisto, a lo que es la esencia en la política monetaria, sí es una medida importante para prevenir ese fraude fiscal, esa gran bolsa de fraude
fiscal que existe en el Estado español. Porque también hemos insistido y hemos repetido en demasiadas ocasiones que este Gobierno no va a tener ninguna credibilidad hasta que no haga un plan efectivo de lucha contra el fraude fiscal, un plan
efectivo con metas, con plazos y con medidas concretas, y esta es una medida concreta. Hay que volver a insistir en que la doble vara de medir que utiliza este Gobierno no es admisible. Muchas veces se habla del fraude fiscal y las medidas del
Gobierno están muchas veces dirigidas a ese pequeño fraude fiscal, a la factura del pequeño autónomo que hace labores menores. Ahí no está el problema del fraude fiscal. Es decir, el IVA de la factura del fontanero o del pintor, etcétera, no se
paga con billetes de 500 euros. Creo que precisamente donde está la bolsa del fraude fiscal es en otros ámbitos que hay que combatir y no vemos voluntad efectiva práctica del Gobierno de combatir ese fraude fiscal.


Por eso consideramos que esta medida es importante para dificultar la existencia y la actuación de los defraudadores, y también para impulsar otras medidas de pago, como también se han señalado por parte de algún otro portavoz, como pueden
ser todos los sistemas de pago electrónico que creo que habría que generalizar en el ámbito de la Unión Europea y especialmente en el Estado español. Insistimos en que esta medida puede parecer marginal, una medida poco efectiva, una medida
voluntarista, pero creo que es importante desde el punto de vista de combatir la cultura del fraude, desde el punto de vista psicológico de la sociedad española que vea que defraudar cada vez va a ser más difícil, que va a estar más complicado y
que, desde luego, no es admisible en una sociedad democrática y en una sociedad que aspire a ser justa y equitativa. Por eso, vuelvo al principio, vamos a votar a favor la proposición no de ley de La Izquierda Plural. (El señor Coscubiela Conesa
pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, únicamente a los efectos, aunque ya ha anunciado que no aceptaba la enmienda, de decir sí o no.


El señor COSCUBIELA CONESA: Si del placebo de la enmienda me tengo que comer el placebo de la independencia del Banco Central Europeo, son muchos placebos; no.


- SOBRE LOS SERVICIOS DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA Y LA CNMV. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002362).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera de la proposiciones no de ley, en este caso sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV, presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Para la defensa de esta
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Como es sabido, la crisis económica tiene un importante componente financiero, tanto en su origen -recordemos el caso de las cajas de ahorros y su quiebra-, como en sus secuelas -lo sucedido con las preferentes, el
incremento de las comisiones bancarias o las cláusulas que se incluyen en los créditos hipotecarios-. Este componente financiero de la crisis económica es lo que explica una de sus secuelas, que es el enorme incremento del número de reclamaciones
de los ciudadanos a los servicios que tienen al efecto tanto el Banco de España como la CNMV. Por poner algunas cifras que

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muestren claramente este incremento, en el caso del servicio de reclamaciones del Banco de España, en los inicios de la crisis anualmente recibía unas 7.500 reclamaciones; en el año 2012 recibió 14.000, prácticamente se habían duplicado las
reclamaciones, y en fechas recientes, mostrando -creemos- la oportunidad de esta proposición no de ley, han salido datos referidos al año 2013 en que el número de reclamaciones ha sido de 35.000; es decir, entre 2012 y 2013, en un solo año, se ha
más que duplicado el número de reclamaciones de los ciudadanos al servicio que tiene dispuesto al efecto el Banco de España. Lo que muchos de estos ciudadanos desconocen cuando realizan su reclamación es que el resultado de los informes de los
organismos no es vinculante. En el caso del Banco de España, si la reclamación es favorable al ciudadano, se envía a la entidad, ésta tiene un mes para rectificar e informar de que lo ha hecho y, si no rectifica, simplemente se archiva el informe
sin ninguna consecuencia adicional. Esta poca efectividad del mecanismo explica sus malos resultados, porque la consecuencia lógica de que estos informes no sean vinculantes aunque den la razón al reclamante es que las entidades a menudo los
ignoran, el porcentaje de rectificaciones es muy bajo. Según datos del año 2012, solo en un 18% de los casos, en menos de la quinta parte de los casos, el informe favorable del Banco de España se tradujo en una rectificación del comportamiento de
la entidad. Esto convierte al servicio en algo prácticamente simbólico, por decirlo coloquialmente: aunque dé la razón al ciudadano, la entidad no tiene por qué hacer nada. Algo similar sucede en el caso de la CNMV: aunque la reclamación sea
admitida y acabe dando la razón al reclamante, el informe no es vinculante y de nuevo las consecuencias son las mismas. En el año 2012 un porcentaje muy bajo, el 6% de las reclamaciones que daban la razón al reclamante dieron lugar a una
rectificación; en la inmensa mayoría de los casos, que la CNMV diese la razón al reclamante no tuvo ninguna consecuencia práctica.


En la subcomisión sobre la transparencia de la información de los productos financieros hubo comparecencias muy interesantes que llamaron la atención sobre este problema; en concreto la Organización de Consumidores y Usuarios, que pedía que
las resoluciones fuesen vinculantes, o el propio Banco de España en una comparecencia muy importante, porque demuestra que la propia institución es consciente del problema. El propio Banco de España proponía un sistema de adhesión voluntaria que
fuese vinculante, un sistema de adhesión voluntaria para respetar la normativa europea, es decir, que si las entidades lo aceptaban voluntariamente, el informe del organismo supervisor fuese vinculante. Una segunda idea que proponía el Banco de
España es que las entidades depositasen una cantidad que podían perder por completo o en parte si sobrepasaban ciertos umbrales de resoluciones desfavorables o desfavorables no atendidas. Al Grupo de Unión Progreso y Democracia le viene preocupando
desde hace tiempo el problema de la protección de los usuarios de los servicios financieros. Son numerosas las iniciativas que hemos presentado o las que aportamos en las conclusiones de la subcomisión que antes he citado; por ejemplo, la de
unificar estos servicios que están ahora dispersos entre el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros, o en el caso concreto que ahora nos ocupa, la actual proposición no de ley que estoy defendiendo, que esencialmente recoge la
propuesta de los comparecientes del Banco de España. Hay unas normas europeas que hacen que las resoluciones no puedan ser vinculantes si no son voluntariamente aceptadas por las partes. Por lo tanto, proponemos abrir esa posibilidad, que se les
ofrezca a las entidades la posibilidad de aceptar voluntariamente que las resoluciones del Banco de España y de la CNMV sean vinculantes y, como medida complementaria, que si unas entidades acumulan muchas resoluciones desfavorables o no reaccionan
a ellas, tengan algún tipo de penalización.


Se han presentado dos enmiendas a nuestra proposición no de ley, una de ellas del Grupo Socialista, que agradecemos y compartimos. Como he dicho, nosotros también defendimos hace un tiempo la unificación de estos servicios de reclamaciones
hoy dispersos. La cuestión es que es un tema mucho más amplio que el que aquí estamos planteando y para facilitar un acuerdo no hemos querido ser tan ambiciosos, nos hemos querido centrar en un problema mucho más concreto, que esas resoluciones
tengan más fuerza para cambiar la realidad que las ha originado. Por tanto, la agradecemos, la compartimos, pero no la vamos a aceptar porque es más ambiciosa que el acuerdo más de mínimos que aquí estamos intentando promover. También se ha
presentado una por parte del Grupo Parlamentario Popular, que ha dado lugar a una enmienda transaccional que no recoge al cien por cien lo que proponemos pero creemos que recoge lo esencial. El primer punto propone a los organismos reguladores,
respetando su autonomía, que estudien la posibilidad de introducir este mecanismo de resoluciones voluntarias vinculantes. En el segundo se propone hacer uso de las facultades ya existentes de tipo sancionador y vincularlas a la idea de que esas
sanciones estén ligadas al porcentaje de resoluciones desfavorables no corregidas o que no den lugar a un cambio de comportamiento de la entidad. Añade una tercera idea que nosotros no

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contemplábamos pero que creemos que es interesante, y es la publicidad, que haya una información al público de cuáles son las entidades que no incumplen, porque a menudo el deterioro en su imagen puede ser suficiente para que tomen medidas
más activas cuando haya este tipo de resoluciones.


Por tanto, agradecemos al Grupo Popular esta enmienda transaccional que creemos que recoge lo esencial de lo que proponíamos y solicitamos al resto de los grupos que se sumen a ella porque creemos que es un problema práctico que tienen los
ciudadanos y que es una forma de llamar la atención a los organismos supervisores y animarles a hacer algo que en el fondo ellos son conscientes de que es necesario hacer, y es reforzar el carácter práctico de estas resoluciones que hoy son un tanto
simbólicas.


El señor PRESIDENTE: Como se ha dicho, hay sendas enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: La crisis nos ha puesto de manifiesto que un tercio de las entidades bancarias han sido claramente mal gestionadas y han necesitado dinero público para su sostenimiento, pero la crisis también nos ha puesto de
manifiesto que ha habido abusos y un trato en algunos casos hasta fraudulento de las entidades bancarias con sus clientes y usuarios de servicios. Además, la crisis ha puesto de manifiesto que los clientes y usuarios de servicios bancarios están
totalmente desprotegidos, porque el sistema de protección no ha funcionado. Es un sistema obsoleto y en este caso un sistema mucho más favorable para las entidades bancarias que para otros tipos de servicios donde hay sistemas de protección mucho
más exigentes. Esto denota el claro poder que las entidades bancarias han tenido para la regulación de los servicios de protección a los usuarios de servicios bancarios. De ahí la importancia de esta proposición no de ley, que nosotros lo hemos
trasladado a través de iniciativas legislativas y no legislativas, así como a través de enmiendas a la ley de regulación y supervisión de entidades de crédito, que está en tramitación.


Por tanto, no vamos a aceptar paños calientes. Nosotros no vamos a aceptar, ante un problema tan grave que hay que abordar con rigor por parte del Gobierno, una transaccional que diga que se estudie la posibilidad de...No, la necesidad es
evidente. Los clientes de servicios bancarios están desprotegidos. El sistema de protección es obsoleto y el sistema de protección es muy claro. El sistema de protección es que si no estoy de acuerdo, yo -David contra Goliat- me enfrento a
Goliat; y la única forma de defensa por la vía administrativa es recurrir a un servicio de atención y de defensa del cliente, que depende funcional y orgánicamente de la entidad y que, prácticamente, en ninguno de los casos me da la razón. Tiene
dos meses de plazo para contestarme, y en el caso de que a los dos meses de plazo no me responda -que en la gran mayoría de los casos no me responde y si me responde es con una clara evasiva- me tengo que ir al regulador supervisor, bien de la
Comisión Nacional o bien del Banco de España, que ahora dispone de cuatro meses para informar y que, para colmo, el informe no es vinculante. Como bien se ha dicho, en el 5% y el 6% de los casos, Banco de España y Comisión Nacional, ha sido
atendido el informe que ha practicado el ente supervisor y regulador. Por tanto, es claramente obsoleto. La otra vía, la única que ha surtido efecto, es la vía judicial; han tenido que acudir los clientes de servicios bancarios, por ejemplo para
preferentes, para clausuras suelos, para swap, para seguros, a la vía judicial. El dato es muy significativo, si han sido treinta y cinco mil los informes que se han requerido a la Comisión Nacional y al Banco de España, las demandas judiciales han
sido de veinte mil solamente para el caso de preferentes de las entidades del FROB; veinte mil demandas judiciales. Y otro dato más significativo aún: solamente en el 5% le ha dado el juez la razón a la entidad bancaria; solamente en el 5%.
Esto también nos pone de manifiesto hasta qué punto ha habido una desprotección y hasta qué punto ha habido usos abusivos con relación a los clientes de servicios bancarios. Por tanto, la vía administrativa se ha tenido que utilizar porque era
gratuita y era teóricamente rápida; teóricamente en seis meses debería tener contestación del ente regulador. Pero ha sido totalmente ineficaz; no ha servido prácticamente nada más que para el 5% de los casos -el 5% de los casos- que han sido
recurridos por la vía administrativa y solamente en la vía judicial.


Por tanto, nos tenemos que plantear seriamente que salir de la crisis no es solamente capitalizar los bancos. Salir de la crisis que estamos viviendo, que es una crisis eminentemente financiera, significa que las entidades bancarias
recuperen la confianza con sus clientes, que la tienen totalmente perdida. Los clientes de servicios bancarios hemos perdido la confianza en los bancos. Pero, además, nos sentimos totalmente desprotegidos. Por eso, nuestra responsabilidad es
importante, la de crear un sistema de resolución de conflictos financieros para los usuarios y para los clientes de servicios bancarios.

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Hacemos una propuesta -el señor Anchuelo la ha calificado de ambiciosa- que consideramos justa, razonable y necesaria, que es crear una agencia pública de protección financiera para que lo que ha ocurrido durante estos últimos años no vuelva
a ocurrir; una agencia de protección financiera que observe exhaustivamente los usos y los servicios que se prestan, las comisiones bancarias que se están cobrando. Hay que denunciar que en este país la banca esté cobrando un 30% de incremento de
comisiones bancarias en el último año, cuando la inflación ha sido del menos 0,2% interanual. O sea, cayendo los precios de todos los servicios, los bancos han aumentado en un 30% las comisiones bancarias; una cuarta parte de los beneficios brutos
de la banca en estos momentos están en comisiones bancarias; muchas de ellas por servicios que no prestan y servicios que no son aceptados, que son prácticamente impuestos y que significan auténticos abusos. Esta agencia de protección debería
estar muy vigilante con todos estos usos y poner las cosas en su sitio. Esta agencia de protección financiera debería estar participada e integrada no solamente por los entes reguladores y supervisores, sino que por cuestión de consumo, en este
caso de servicios financieros, deberían tener presencia las comunidades autónomas, para respetar esa competencia de consumo que tienen establecida en sus propios estatutos de autonomía. Con este ente podamos recuperar esa confianza perdida. Pero
la única forma de recuperar la confianza perdida es que los servicios bancarios se ajusten a la legalidad, sean proporcionales y moderados los precios y, sobre todo, que en el sector exista una auténtica competencia. En estos momentos estamos
hablando de un sector donde no existe una competencia clara; incluso nosotros en alguna iniciativa hemos pedido un informe periódico por parte de la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia sobre las reglas del juego que rigen el sistema
bancario, porque desde luego tenemos serias dudas de que el sistema de libre competencia esté funcionando. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fabra.


La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, mi grupo entiende que la iniciativa que el Grupo de Unión Progreso y Democracia ha sometido hoy a debate en esta Comisión es procedente y oportuna. Es procedente en cuanto a su contenido, con algunas
matizaciones, porque viene a proponer mejoras en la capacidad resolutiva de los que deberían ser instrumentos efectivos de resolución extrajudicial, de conflictos entre entidades financieras y sus clientes que, como ha señalado en su intervención el
señor Anchuelo, el portavoz de UPyD, se han incrementado como consecuencia de la crisis económica y financiera que nos ha azotado. En este sentido, esta iniciativa avanza en la misma dirección de las medidas ya adoptadas por el Gobierno a través de
las distintas modificaciones que ha venido realizando en nuestro marco normativo para mejorar la solvencia y la transparencia de las instituciones y de las entidades que operan en nuestro sistema financiero. Su debate es especialmente oportuno
porque debiera permitirnos abrir una etapa de mayor capacidad de control sobre la eficacia de las citadas medidas y conocer hasta qué punto han contribuido a alcanzar los objetivos proclamados. En particular, la iniciativa que ahora debatimos
propone mejorar la efectividad de los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como verdaderos instrumentos de solución de conflictos en la vía extrajudicial y, como tales, de protección de los
derechos y garantías de los consumidores y usuarios de productos financieros.


En este mismo sentido se han pronunciado de forma reiterada los comparecientes en la subcomisión sobre transparencia en la información de productos financieros creada, precisamente, en el seno de esta Comisión a instancias de mi grupo
parlamentario, entre los que se incluyen tanto el Banco de España y la CNMV, conscientes del problema que existe, como todas y cada una de las asociaciones de consumidores y usuarios que comparecieron en la citada subcomisión. Particularmente
tenaces y contundentes en reclamar la mejora de la protección de los consumidores, así como en la necesidad de una mayor capacidad resolutiva de los citados servicios de reclamaciones son los sucesivos informes del Defensor del Pueblo. Sin ir más
lejos, en su último informe presentado ante esta Cámara el alto órgano constitucional señala haber constatado que las denuncias de los clientes contra las entidades financieras, aun cuando quede acreditada la mala praxis bancaria, no constituyen la
base para incoar ningún expediente sancionador a entidad financiera alguna por graves que sean las consecuencias de su conducta. Continúa lamentando que el servicio de reclamaciones, en este caso el Banco de España, no ejerce o no consigue ejercer
con el modelo actual de protección que pretende ante los clientes, porque no evita que los ciudadanos tengan que acudir a un procedimiento judicial o arbitral para ver satisfecho su derecho o desistir, dado el coste que ello supondría.

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Sus señorías no desconocen que mediante la orden ministerial 2502/2012, de 16 de noviembre, del ministro de Economía y Competitividad, por la que se establece el sistema de reclamaciones ante el Banco de España, la CNMV y la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, se han abordado muchas de las carencias del anterior marco normativo. Fíjense, cada reclamación dará lugar a un expediente que necesariamente debe concluir con un informe motivado que contendrá unas
conclusiones claras, en las que se hagan constar si de lo actuado se desprende un quebrantamiento de normas de transparencia y protección y si la entidad se ha ajustado o no a las buenas prácticas y usos financieros. Cada informe será notificado a
los interesados dentro de los diez días hábiles desde su emisión. En caso de que el informe al que da lugar la reclamación fuera desfavorable a la entidad reclamada, esta deberá comunicar expresamente su aceptación o no de los presupuestos y
criterios manifestados en dicho informe así como, en su caso, justificar la resolución de la reclamación. Solo una vez que se haya recibido esa comunicación se procede al archivo de la reclamación, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, o de otro orden, que se pudieran derivar. Los servicios de reclamación estarán además facultados para remitir a los servicios de supervisión correspondientes aquellos expedientes en los que se aprecien indicios de incumplimiento o
quebrantamiento graves o reiterados de normas de transparencia y protección de consumidores y usuarios.


Finalmente, se prevé el informe periódico de los servicios de reclamaciones al centro directivo competente del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la marcha de los citados servicios. En todo caso, los servicios de reclamaciones
deberán comunicar a los departamentos responsables cualquier indicio de conducta sancionable que se ponga de manifiesto en la tramitación de las reclamaciones.


Se trata, señorías, de una normativa que está en vigor desde hace apenas un año y cuatro meses y no ha dado tiempo a que su eficacia pueda trasladarse a la valoración que del funcionamiento de los servicios de reclamaciones hacen informes
como los que acabo de referir. En todo caso, mi grupo considera que procede reforzar el papel de los organismos supervisores y, por ello, hemos atendido esta iniciativa con voluntad de aportar propuestas en esa dirección. De ahí que en la enmienda
que hemos presentado y que sus señorías conocen se prevea la obligatoriedad de hacerse pública la lista de las entidades con mejores prácticas con relación a la aceptación de los presupuestos y criterios de los informes desfavorables para aquellas
emitidas por dichos servicios de reclamaciones, así como a la aportación de la justificación documental de haber rectificado su situación con el reclamante, en su caso. Creemos firmemente que la publicación de esta información, que estaría
disponible para todos los usuarios y consumidores, incluso de los potenciales usuarios y consumidores de las distintas entidades financieras, constituirá un estímulo suficiente para que estas hagan un mayor esfuerzo por actuar en la resolución de
los conflictos. Desde luego, creemos que el Gobierno debe dirigirse a las instituciones de las que dependen los servicios de reclamaciones desde el más absoluto respeto a sus ámbitos de autonomía para que utilicen todas las potestades que les
confiere nuestro ordenamiento jurídico, incluida, cuando proceda, la sancionadora, para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios de productos y de servicios financieros. Señorías, con independencia de que debamos insistir en la
necesidad de reforzar los mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé alternativas a la resolución judicial, tal y como se recoge en la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios,
artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de esta ley. Esto es algo con lo que este Gobierno está firmemente comprometido, como se puede comprobar en los más de 116.000 laudos emitidos desde que a
finales de junio se iniciara el procedimiento en la Junta Arbitral Nacional de Consumo.


Mi grupo considera, pues, que la enmienda que hemos planteado suponía un avance importante en el objetivo que se persigue con esta iniciativa parlamentaria. Agradecemos al señor Anchuelo que el grupo proponente la haya valorado
positivamente y la haya tomado con la misma atención con la que hemos acogido nosotros esta proposición no de ley y que hayamos podido alcanzar un acuerdo que sus señorías conocen y que confiamos puedan apoyar el resto de los grupos parlamentarios.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, tiene a continuación la palabra, en nombre de Convergència i Unió, la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, desde Convergència i Unió avalamos la proposición no de ley que nos presenta hoy aquí el Grupo de Unión Progreso y Democracia, entendiendo que la misma busca y persigue una mejora de la relación entidades
financieras-cliente. Esta iniciativa intenta dar salida a las reclamaciones no atendidas de muchos ciudadanos a través de un reequilibrio de las reglas de juego.

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Esta nueva definición de los incentivos por parte de las entidades financieras a la hora de resolver las reclamaciones de clientes o sus demandas es necesaria ante un cúmulo de solicitudes no contestadas, lo que, per se, a nuestro entender,
equivale también a una clara ineficiencia. Por ello, desde Convergència i Unió creemos que esta es una buena iniciativa para acercar las instituciones financieras al cliente y reponderar los intereses de estos últimos, a veces olvidados, como bien
se ejemplifica en la exposición de motivos de la misma proposición no de ley.


Con respecto a la vía de solución que propone UPyD, que comprende, en primer lugar, la posibilidad de que las partes en conflicto se acojan de forma voluntaria a un sistema vinculante de resolución y, en segundo lugar, que se establezca un
mecanismo sancionador efectivo que penalice a aquellas entidades con un número de resoluciones desfavorables sin atender, desde CiU lo consideramos adecuado y oportuno, si bien es cierto que consideramos que la posible solución que propuso el Banco
de España y se explicita en la propia exposición de motivos, es decir: obligar a las entidades a que hagan un depósito previo en el Banco de España, que perderían si traspasaran cierto volumen proporcional de reclamaciones desfavorables, también
sería una buena solución en vez de intentar crear una sanción que no se explicita. Por tanto, en todo caso, desde el grupo parlamentario que represento entendemos que la proposición no de ley es positiva, la valoramos favorablemente y, por tanto,
votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: El señor Anchuelo ha anunciado que acepta la transaccional, por tanto, someteremos a votación esa enmienda transaccional.


- RELATIVA A LOS TITULARES DE ACCIONES CONSECUENCIA DEL CANJE OBLIGADO DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002400).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto de esta parte, proposición relativa a los titulares de acciones consecuencia del canje obligado de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la
señora Fernández Davila defenderá esta proposición y la autoenmienda que han hecho. Tiene su señoría la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, presentamos esta proposición no de ley después de la última comparecencia del presidente del FROB, y concretamente a la vista de la información que nos trasladó en el sentido de que había personas que
no habían vendido sus acciones al Fondo de garantía y que, por tanto, seguían en el FROB. De la propia información se deducía que estas no tenían la suficiente información en relación con la situación de sus ahorros, que es como nosotros
denominamos el dinero que estas personas tienen en la entidad bancaria Nova Caixa Galicia.


Posteriormente presentamos una autoenmienda con suficiente tiempo para que pudieran tener conocimiento de la misma y la pudieran analizar, porque quisimos unir en esta alguna otra proposición no de ley presentada ya por mi grupo y que
coincide con el punto número 1 de la enmienda. Por otro lado, el punto número 3 responde a los acuerdos que se alcanzaron muy recientemente en el Parlamento de Galicia por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y que el mismo traslada a las
Cortes Generales como proposición de ley. En este punto instamos al Gobierno a llevar a cabo lo que en la proposición de ley se plantea.


Por tanto, empiezo defendiendo los puntos números 1 y 2 de esta proposición no de ley, aclarando previamente que, como saben, en esta Comisión por parte del Bloque Nacionalista Galego se ha tratado en muchas ocasiones el problema, el drama
de las personas afectadas por la estafa de las preferentes. También es cierto que la preocupación principal de nuestro grupo fue fundamentalmente la relativa a las personas afectadas por la situación de Novagalicia Banco o Nova Caixa Galicia, lo
cual no es de extrañar porque estamos hablando de afectados en Galicia y nosotros somos un grupo nacionalista galego. En ese sentido, y después de todo lo que ya hemos debatido, quisiéramos centrar la cuestión en la situación actual, que deja a
35.000 personas pendientes de la resolución, aunque se podría decir que la resolución de este conflicto es definitiva debido al canje obligatorio que tuvieron que hacer estas personas por acciones en Nova Galicia Banco, después de la quita
correspondiente.


En ese sentido, de esas 35.000 personas, más de 5.000, casi 6.000, han presentado demanda judicial. Dado que el resto de las personas que se han visto obligadas a canjear sus ahorros y sufrir la quita correspondiente pueden demandar
igualmente, a la vista de que las sentencias judiciales que están saliendo a propósito de estas demandas son siempre favorables al demandante, a excepción de un 1%

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-y me remito al informe del FROB de fecha 15 de marzo, donde reconoce que solo el 1% de las sentencias judiciales son desfavorables a los demandantes-, lo que planteamos es que sin necesidad de esperar a que se resuelvan todas las demandas,
sin necesidad de esperar a que todas las personas que pueden demandar lo hagan, que se resuelva la cuestión devolviéndoles el cien por cien de sus ahorros, independientemente de la quita o de que sus acciones sean propiedad del Fondo de garantía o
de los propios ahorradores. El hecho de que digamos que es de justicia no es porque desde el BNG lo entendamos o porque desde el colectivo de preferentistas así lo entiendan, sino porque lo están determinando las autoridades judiciales. Por eso
esperamos que esta Cámara apruebe el punto número 1, independientemente de que pudiéramos llegar a algún acuerdo de transacción, pero que en el fondo fuera sobre la devolución del cien por cien de la cuantía que tienen estos inversores.


El punto número 2 está relacionado con la necesidad de la información que comentaba inicialmente. Somos conocedores de que en el día de mañana el FROB va a celebrar una reunión con representantes de este colectivo para, suponemos,
explicarles la situación y darles la información correspondiente. Y el punto número 3 está relacionado con un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia. Con esto quiero decir que las tres fuerzas políticas que lo componen estaban de acuerdo, el
Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Bloque Nacionalista Galego y AGE. Lo que quiero explicar a esta Comisión es que en el punto número 3 y en el acuerdo aprobado en el Parlamento de Galicia lo que se solicita es que se reforme la Ley 9/2012, de
manera que se pueda garantizar no solo a los afectados en este momento por esas malas prácticas o estafas bancarias que estamos sufriendo, no solo Novagalicia Banco, Bankia y otros, para que no sean reconocidos como inversores sino que les sea
reconocida su condición de ahorradores. Por eso planteamos la modificación de esta ley, para que los poseedores de instrumentos híbridos de capital o de deuda subordinada sean ahorradores y las acciones de gestión a las que se refiere el capítulo
VII de la ley que queremos que se modifique, e instamos al Gobierno a que lo haga, no les sean aplicables y tengan derecho a la recuperación de las cantidades invertidas sin pérdida alguna, como hemos defendido; que estas personas sean consideradas
ahorradoras en la medida en que tengan la condición de clientes minoristas, de acuerdo con los términos que también se reconocen en el artículo 78 bis.4 de la Ley 24/1988, del 28 de julio, del Mercado de Valores, y que se establezca que serán
ahorradores todos aquellos que no sean profesionales y se consideren profesionales en los términos previstos en esta ley a todos aquellos a los que se les presuma experiencia, conocimientos y la calificación necesaria para tomar sus propias
decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos.


Señorías, no es necesario decir que estas cuestiones que planteamos como modificaciones a incorporar a la Ley 9/2012 las tienen en cuenta los jueces a la hora de dictar las resoluciones judiciales favorables a los demandantes por la estafa
de los preferentes. Lo que pretendemos es la modificación de la ley para que la resolución de estos asuntos no tenga que llegar al ámbito judicial y que, de acuerdo con la ley vigente, si se modifica en los términos que planteamos, quedaría
resuelto. Lo que planteamos en esta Comisión es que apoyen la proposición no de ley con esta enmienda presentada por el Grupo del BNG porque entendemos que se resolvería definitivamente no solo el asunto de aquellas personas afectadas por la estafa
de las preferentes de Novacaixa Galicia, sino también los problemas de todos los ciudadanos que se encuentran en esta misma situación en cualquiera de las demás entidades bancarias. Por eso reclamamos el voto favorable en la medida en que estamos
total y absolutamente convencidos de que esa sería la resolución real a la que aspiran todas las personas que están sufriendo este drama, que no es necesario que repitamos aquí porque todas sus señorías lo conocen perfectamente.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda a la iniciativa autoenmendada de la señora Fernández Davila. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Garrido.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en el turno de enmiendas en relación con la iniciativa presentada por el BNG que, como acaba de manifestar su autora, se ha autoenmendado, dando lugar
a un texto que es tan diferente en su parte resolutiva al anteriormente presentado que merece una serie de especificaciones, lo que nos ha exigido una ampliación de la enmienda que teníamos prevista.


Dicho esto, esta iniciativa pretende recoger fundamentalmente en el punto 3, al que quiero referirme en primer lugar, parte del contenido de una proposición de ley autonómica aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Pero lo hace
con una serie de inexactitudes que nos llevan a cuestionar la iniciativa, pues consideramos que se produce un salto institucional de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia. Es un procedimiento legislativo de reforma que no debe ser sustituido
por una normativa de

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impulso y del que, por supuesto, el BNG no puede erigirse en portavoz. Y todo por buscar un rédito político, porque no nos creemos que al Grupo del Bloque Nacionalista Galego le preocupen más los estafados por las preferentes que al resto
de los grupos. A usted, señora Fernández, y estará de acuerdo conmigo, no le preocupan más los estafados que lo que me pueden preocupar a mí. Y no nos convence porque están poniendo continuamente palos en las ruedas a las iniciativas que se están
llevando a cabo para reducir el impacto de la mala comercialización de estos productos entre destinatarios equivocados, y todo ello buscando un titular que cause más crispación. Me voy a referir, porque no hablo en balde, a este tipo de titulares a
lo largo de mi exposición, aunque me gustaría centrar previamente el problema en sus justos términos. También ha hecho mención la portavoz del BNG, y yo también quiero dejar constancia de ello, a que es un problema que afecta a toda España. Esta
PNL está referida fundamentalmente a aquella parte de gallegos entre los que, como les ha pasado al resto de españoles, se han comercializado en Galicia instrumentos complejos a través de engaños en la mayor parte de los casos de las entidades
financieras ubicadas en Galicia, cuando eran unos clientes que no tenían perfiles adecuados para suscribirlos. Efectivamente, se colocaron participaciones preferentes y obligaciones subordinadas emitidas por las antiguas cajas gallegas por un total
de 1.832 millones entre 166.660 clientes considerados minoristas. El 20 de julio de 2012 el Gobierno gallego fue el pionero en establecer un sistema de arbitraje, con el fin de minimizar el impacto que esta intolerable colocación podría tener entre
los clientes minoristas con un perfil ahorrador, y en este momento me refiero a uno de esos titulares a los que hacía referencia anteriormente: su portavoz, señora Fernández, calificó el arbitraje de que era solo una maniobra, que solo era para
apaciguar ánimos, que había nula intención política de solucionar el problema. Señorías, como todos ustedes conocen, este arbitraje ha permitido que en Galicia, de 58.017 estafados, el 62% de los que solicitaron arbitraje hayan recuperado el cien
por cien de sus ahorros.


Continúo con la exposición de los hechos como han acontecido, como respuesta a este drama social de colocación de productos complejos entre destinatarios equivocados, porque siguiendo el Plan de resolución del Fondo de reestructuración
ordenada bancaria, el FROB, aprobado posteriormente por el Banco de España y después por la Comisión Europea, en noviembre de 2002 se produce el ejercicio de gestión de híbridos. Este ejercicio de gestión de híbridos, según la normativa europea,
obliga a que, después de los accionistas, sean los titulares de estos productos los que asuman pérdidas derivadas de la resolución de la entidad, y en ese momento es cuando se canjean participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por
acciones, también con un titular acompañando esta situación del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, porque indica que, tras el canje de las acciones, no se podrán vender. Señorías, de nuevo la realidad desmiente sus declaraciones, porque el 23
de marzo de 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2013, que ha permitido que el Fondo de garantía de depósitos hiciera un desembolso de 802 millones de euros para recomprar las acciones a los titulares minoristas de
Novagalicia que voluntariamente lo quisieran hacer. A partir de ese proceso llegamos a la situación actual, en la que, como sabemos, Novagalicia se encuentra en un proceso de venta a una entidad del Grupo Etcheverría, la entidad Banesco, que ha
adquirido el 89% del capital de Novagalicia, el que estaba ostentado por el FROB y por el Fondo de garantía de depósitos, y queda el 7% entre mayoristas y autocartera y un 2% en manos de minoristas, a los que se refería la portavoz del BNG en su
iniciativa inicial y también en esta segunda con la autoenmienda. Y enlazo aquí con el punto 1 de su autoenmienda, en el que insta a la devolución de la totalidad de los ahorros invertidos -y leo textualmente- a los titulares de acciones
consecuencia del canje obligado de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Lo he hablado antes con la portavoz, pero los únicos clientes que en este momento tienen la condición de accionistas, que no han acudido voluntariamente al
Fondo de garantía de depósitos para obtener liquidez, a pesar de que acudir a esa liquidez no era ninguna cortapisa para poder acudir posteriormente a litigios vía judicial o vía arbitral, los únicos que ostentan esta condición son el 2% de los
minoristas. También se refiere a ellos en el punto 2 de su autoenmienda cuando indica que sean informados con transparencia, y estamos totalmente de acuerdo, es un grupo de clientes que deben de estar informados de cuál es la situación actual de
sus acciones y con total transparencia, y por ello presentamos una enmienda cuyo texto así lo recoge, para instar al Gobierno a que en el periodo que media hasta que la transacción de Novagalicia se cierre y, por lo tanto, deje de estar controlada
por el FROB, se produzca esta información y la transmita y facilite con total transparencia.


La segunda parte de nuestra enmienda hace referencia a un aspecto que seguro será compartido por todos los grupos, porque, señorías, estamos viviendo -porque desgraciadamente no podemos hablar en pasado- un auténtico drama con las
participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas

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colocadas en manos equivocadas, y entonces lo que tenemos que hacer, por supuesto, es luchar hasta el final para que no quede ningún estafado sin que recupere sus ahorros, pero también tenemos que poner las bases para que este tipo de hechos
no vuelvan a ocurrir. Por eso la disposición adicional tercera de la Ley 9/2012 insinúa ya que deben convertirse en mandatos las recomendaciones que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores hacia las entidades financieras a la hora de
colocar sus productos, y a estos se refiere la segunda parte de nuestra enmienda. Señorías, seguiremos trabajando mientras quede un solo estafado por la mala comercialización para que recupere el cien por cien de sus ahorros, y lo haremos desde la
responsabilidad y desde la protección, con normas que no permitan que vuelvan a producirse dramas sociales como el que aún están sufriendo los estafados por estos productos. Señorías, utilizar el sufrimiento como estrategia política puede ser
rentable para alcanzar un titular, pero no es suficiente para solucionar un problema; el estudio, el trabajo, la voluntad política para que se solucione una injusticia, y esta lo ha sido, constituye, tal y como se está comprobando, el único camino
serio y eficaz para conseguirlo. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Les rogaría en la fijación, si es posible, que sinteticen. En primer lugar, para la fijación de posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Hay que manifestar primeramente que se dijo por parte del ministro y del representante del Gobierno que el dinero que se le aportase a la banca para su saneamiento se iba a devolver y se iba a recuperar
íntegramente, un incumplimiento más que manifiesto, puesto que ya hay pérdidas asumidas de 37.000 millones. Pero también se dijo que en la estafa de las preferentes se le iba a devolver el dinero a los preferentistas que habían sido engañados.
Pues bien, el resultado es más que evidente: solamente se han devuelto a través del sistema que se ha utilizado y que ha puesto en marcha el Gobierno 3 euros de cada 10 que había en preferentes, es decir, hay todavía 10.000 millones de euros en
preferentes y deuda subordinada de las entidades del FROB y la devolución no ha llegado ni a 3.000 millones, 2.900 millones, pero es que a los minoristas se les ha devuelto a 5 de cada 10, prácticamente había en torno a 500.000 minoristas todavía
afectados por preferentes del FROB y no se les ha devuelto nada más que a la mitad. Por tanto, se incumple por parte del Gobierno, se crean falsas expectativas y se demuestra que no hay interés en resolver el problema de las preferentes como se
debería haber resuelto.


Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, la hemos apoyado en el Parlamento gallego y la vamos a apoyar aquí, porque va en consonancia y acorde con lo que siempre hemos defendido en el Congreso. La solución a las preferentes debe ser una
solución universal, la estafa ha sido una estafa estructural y no puede quedar un preferentista sin recuperar el dinero que había colocado en preferentes de forma totalmente fraudulenta a instancias de las propias entidades bancarias. Nosotros en
todo el procedimiento nos hemos opuesto de forma manifiesta porque no era la solución, nos hemos opuesto al canje obligatorio por acciones, nos opusimos radicalmente; nos hemos opuesto a la quita, que para algunos minoristas y ahorradores ha
supuesto en torno al 80% de sus ahorros; nos hemos opuesto al arbitraje porque sabíamos que era un arbitraje dirigido y que no era un arbitraje universal, hasta el punto que hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que esperamos
que se atienda, y nos hemos opuesto al sistema de venta que se está haciendo de las entidades bancarias, que está conllevando como consecuencia pérdidas sustanciales a las arcas públicas de dinero aportado para su saneamiento.


Por tanto, nosotros vamos a apoyarla, pero seguimos manteniendo nuestra posición. La solución de las preferentes no solo de Novagalicia, sino de Cataluña Banc, de Bankia y de las otras entidades que han requerido de dinero público, pasa
evidentemente por una auditoría de oficio por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por una devolución íntegra del nominal, sin ningún tipo de quita. En ese sentido, mantenemos nuestra posición y apoyamos la PNL, en congruencia con
lo que hemos manifestado en el Parlamento gallego.


El señor PRESIDENTE: Señora Riera, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, desde Convergència i Unió entendemos que la finalidad última de la proposición no de ley que propone el BNG es garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera. Este, entendemos, es el objetivo último. En este sentido, el contenido de esta iniciativa nos parece adecuado para alcanzar
dicha finalidad pues

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entendemos que se fundamenta en la falta de información suficiente de que disponen los perjudicados y la demanda de responsabilidades que sean procedentes para alcanzar este fin.


En todo caso, desde Convergència i Unió voy a hacer dos consideraciones para dejar claro nuestro posicionamiento. En primer lugar, quiero manifestar que mi grupo parlamentario comparte plenamente el objetivo que persigue la iniciativa que
propone el BNG. De hecho, a tal efecto, quiero recordar que desde Convergència i Unió presentamos una moción en el Pleno del Senado instando al Gobierno a ampliar los procedimientos de arbitraje pensados para participaciones preferentes e
instrumentos híbridos de capital, de manera que también aquellos pequeños ahorradores que hubiesen sido afectados por la tenencia de estos productos financieros y en los últimos meses hubiesen convertido el valor de los mismos en acciones de una
entidad financiera que posteriormente hubiese experimentado una importante caída en su cotización, como sucedió con Bankia, pudiesen recuperar los capitales iniciales. Por lo tanto, cualquier iniciativa que vaya en la dirección de ser más
transparentes, de instaurar normas justas que permitan a los pequeños inversores que hayan sido víctimas de una estafa por parte de las entidades financieras recuperar su capital y, en definitiva, garantizar reglas de juego basadas en el
conocimiento mutuo de las mismas, va a tener nuestro apoyo.


En segundo lugar, quiero destacar el papel de actor dinámico que, a nuestro juicio, debe tener el Gobierno para garantizar que todos los ciudadanos vuelvan a tener confianza en el sistema bancario y para proporcionar los medios informativos
necesarios que garanticen no solo la transparencia sino también el buen diseño de las normas, asegurando que los intereses de los consumidores no queden mermados y que no pueda darse una situación de abuso de poder, como la que ha sucedido con la
comercialización de las preferentes, a personas con perfil de inversor de bajo riesgo y minorista.


En todo caso, para finalizar y hechas estas dos consideraciones que entiendo relevantes, nuestro grupo votará favorablemente esta iniciativa, que va en la línea de las soluciones que hemos ido planteando desde Convergència i Unió a raíz de
los problemas acaecidos con las participaciones preferentes y sus distintas casuísticas. Esperamos, eso sí, que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias para seguir luchando con el fin de que esta realidad se consagre, se resuelvan los
problemas y no vuelva a repetirse una situación parecida a la comercialización irregular de preferentes.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré brevísimamente porque, dada la importancia del problema de las preferentes, las posturas de los grupos son bien conocidas. Mi grupo piensa, y es cada vez más evidente, que la comercialización de
preferentes a minoristas fue una estafa por la forma en que se comercializaron y por la situación de las entidades que desconocían. Las sentencias de los tribunales han venido dando la razón a esta postura y la consecuencia lógica a todo esto es
que no se les pueda aplicar las acciones de gestión que se aplican a un acreedor ordinario, sino que deben tener derecho a la recuperación de su dinero como estafados que son. El problema sigue vivo, como demuestran las continuas manifestaciones de
los propios afectados, por lo que nuestro grupo votará favorablemente la proposición no de ley que presenta el BNG.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, tiene la palabra únicamente a efectos de manifestar si acepta o no la enmienda del Grupo Popular.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No, señor presidente, no la podemos aceptar.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votamos en sus términos la proposición no de ley en relación con las ayudas recibidas por las entidades bancarias.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La segunda proposición, relativa a la suspensión de los billetes de 500 euros, la votamos en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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La tercera proposición, sobre los servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV, tiene una transaccional. Votamos la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, la cuarta, relativa a los titulares de acciones consecuencia del canje obligado de las participaciones preferentes y deuda subordinada, en los términos que presentó el Grupo Mixto con su autoenmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (JIMÉNEZ LATORRE), PARA:


- INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001480).


- QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS REALES DECRETOS-LEYES 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA
EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES, Y 7/2012, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000341).


- QUE EXPLIQUE EL CONTENIDO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000877).


- INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 Y LOS MOTIVOS DE LA DISMINUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS CON RESPECTO AL MISMO
PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000975).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, el señor Jiménez Latorre, en primer lugar, a petición del Gobierno; además,
hay una petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista -la tienen en el orden del día-, también del Grupo de La Izquierda Plural y, asimismo, hay una segunda petición del Grupo Parlamentario Socialista. Como las tienen en el orden del
día, no leeré los motivos, pues sus señorías los conocen suficientemente. Para que pueda responder a estas peticiones, que acumulamos, tiene la palabra el señor secretario de Estado, el señor Jiménez Latorre.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Es para mí un honor comparecer en esta Comisión para informar sobre la situación actual y perspectivas de la economía española. El escenario económico al que
se enfrenta la economía española en este momento es muy distinto a aquel en el que se encontraba hace tan solo dos años. Se ha producido un cambio importante de percepción sobre la economía española a todos los niveles, se ha corregido buena parte
de los desequilibrios macroeconómicos que se venían acumulando en el periodo previo a la crisis económica y se han invertido las tendencias de las grandes macromagnitudes. Además, estamos cumpliendo con nuestros compromisos con la Unión Europea.
España ha salido del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos excesivos, se ha cumplido con el condicionado del memorándum de entendimiento del programa de asistencia financiera y estamos cumpliendo con la senda fiscal del programa de
estabilidad y con las reformas estructurales incluidas en el Plan nacional de reformas. En mi intervención sobre esta situación y perspectivas de la economía española haré una breve mención al

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punto de partida, de dónde venimos, y luego incidiré en dónde estamos y terminaré explicando hacia dónde vamos.


Venimos de un caso típico de burbuja de crédito e inmobiliaria con el posterior estallido, que dejó la economía muy endeudada: con una deuda privada en torno al 230% del PIB, una deuda pública en fuerte crecimiento, unos balances bancarios
deteriorados de forma sensible por este estallido de la burbuja inmobiliaria y el deterioro de las garantías de la actividad crediticia, una profunda y prolongada recesión económica que ha sido muy destructora de puestos de trabajo y una dudas
crecientes sobre la capacidad de nuestra economía para hacer frente a los desequilibrios y a las deudas asumidas. Todo ello, unido en un contexto de dudas sobre la reversibilidad del euro, provocó una tensión máxima en los mercados, la pérdida de
acceso a los mercados de capitales y a la financiación de buen número de emisores: una buena parte de las comunidades autónomas y también de emisores privados tanto bancos como empresas; incluso el Tesoro estuvo a punto de perder el acceso a los
mercados a mediados de 2012 y la prima de riesgo alcanzó niveles en torno a los 640 puntos básicos.


¿Dónde estamos ahora? Se ha producido un cambio importante de percepción de la economía española y hay multitud de indicadores que reflejan ese cambio de percepción. Mencionaré de forma rápida algunos de estos indicadores, uno de ellos es
la prima de riesgo, que actualmente ha bajado a niveles en torno a los 160 puntos básicos; la financiación del Tesoro, que está a niveles de mínimos históricos en cuanto al coste de las emisiones; las valoraciones de los analistas, que han
cambiado sensiblemente el tono sobre las perspectivas y las valoraciones de la economía; las agencias de rating, que han invertido la tendencia de disminuir la calificación crediticia del Tesoro, y ahí tenemos, por ejemplo, a Moody's, que elevó el
rating por primera vez desde el inicio de la crisis, y las otras dos grandes agencias, Standard & Poor's y Fitch, también cambiaron la perspectiva. Otro indicador son las mejoras de previsiones que van haciendo tanto el consenso nacional como
internacional como los propios organismos multilaterales -el Fondo, la Comisión Europea, etcétera-; el acceso a los mercados de capitales, pues las empresas españolas han vuelto a emitir a los mercados de capitales y, por poner algunas cifras, el
año pasado bancos y empresas emitieron en torno a 53.000 millones y en lo que va de año en torno a 17.000 millones. Los flujos de inversión extranjera también registraron un cambio notable tanto en inversión directa como en el resto de las
inversiones. En definitiva, España dejó de ser el problema del euro y pasó a ser su solución. La gestión de la crisis económica y la gestión de la crisis financiera ha contribuido de forma importante a restablecer la confianza en el euro y las
medidas de gestión de la crisis se han tomado también como referencia para la regulación de gestión de crisis inherente al nuevo proyecto de unión bancaria. Este cambio de percepción responde en buena medida a la corrección de buena parte de los
desequilibrios macroeconómicos que se habían acumulado en la fase de expansión previa a la crisis. Ahí tenemos, por ejemplo, una importante corrección del déficit comercial; hemos pasado de un déficit del 4,2% del PIB en 2011 al 1,2% en 2013. Hay
una importante corrección también de la cuenta corriente;, hemos pasado a registrar un superávit corriente año pasado ya del 0,8% del PIB, que era el mejor saldo de la cuenta corriente en los últimos treinta años. La economía española ha pasado a
generar financiación frente al exterior; el año pasado cerrábamos con una capacidad de financiación del 1,5% que contrasta con aquellas necesidades de financiación de 2008 de en torno al 10%. Se han estabilizado los precios, hemos pasado de tener
un diferencial de inflación favorable a España, lo cual facilita a su vez la mejora de la competitividad. Asimismo, se ha producido una mejora importante del déficit público pese a la profunda recesión económica; en los dos últimos años hemos
pasado del 9,1 al 6,6 pese a la caída importante del PIB de esos dos años. Se ha continuado con el desendeudamiento privado, las empresas y las familias han disminuido su nivel de deuda en 300.000 millones. En fin, hay una importante corrección de
los desequilibrios que se habían acumulado a lo largo de los años anteriores y que sembraban dudas sobre nuestra capacidad de hacer frente a nuestras deudas y a los retos a los que nos enfrentábamos.


En este sentido, la recesión ha quedado atrás. A mediados del año pasado se inició el proceso de recuperación económica con crecimientos intertrimestrales en el tercer y cuarto trimestres, respectivamente, del 0,1 y del 0,2. El empleo, que
suele ser la variable que llega con más retraso en las recuperaciones económicas, ya ha empezado a mostrar signos de estabilización. Por mencionar algunos datos, la EPA del último trimestre del año pasado en términos corregidos de variaciones
estacionales ya registraba unas tasas positivas; la tasa de paro en los últimos tres trimestres en términos de EPA ha venido cayendo hasta alcanzar una caída acumulada de 306.000 personas; la afiliación a la Seguridad Social lleva ya varios meses
creciendo en términos interanuales, cosa que no sucedía desde mayo de 2008. En este cambio de percepción sin duda ha influido el refuerzo de las instituciones del euro. Se ha puesto en marcha un

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proceso ambicioso de refuerzo de las instituciones, especialmente en lo que se refiere a la unión bancaria, con el establecimiento de la supervisión única del grueso del sistema financiero español, la aprobación de regímenes de resolución de
crisis común y el Fondo de resolución única como pilares fundamentales de este proyecto de unión bancaria.


¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un patrón de crecimiento más sostenible en el tiempo; un crecimiento menos dependiente del crédito, más basado en la autofinanciación, menos dependiente en la demanda interna y en la construcción y más
dependiente en la demanda externa, en las mejoras de competitividad y en los sectores comercializables. Por dar algunos datos de este cambio de patrón de crecimiento mencionaré, por ejemplo, la financiación de las empresas, que han pasado a tener
una capacidad de financiación el año pasado en torno al 4,3%, lo que contrasta con las necesidades de financiación que registraban en torno al 10% del PIB en 2008, lo cual las coloca en una situación más cómoda para ir haciendo frente a la carga de
la deuda heredada de la época de expansión, así como a las necesidades de financiación de los proyectos de inversión que tengan que ir afrontando. Estimamos también que las exportaciones y el sector exterior van seguir jugando un papel importante
para mantener la sostenibilidad del crecimiento que se ha iniciado. En este sentido hay que destacar cómo las mejoras de productividad unidas a la moderación salarial están permitiendo unas caídas de los costes laborales unitarios que esperamos
permitan mantener esa posición competitiva que se ha venido ganando a lo largo de los últimos años.


También la coyuntura internacional está favoreciendo una mejora de las perspectivas para este año y el que viene. En la coyuntura internacional destaca la ganancia de impulso de las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos,
donde se espera que este año la economía crezca próxima al 3%; Japón también continúa mejorando, con un crecimiento esperado próximo al 2%, y la zona euro deja atrás la recesión para entrar en una fase de crecimiento con unas tasas por encima del
1%. No obstante la coyuntura internacional, se produce un cierto reequilibrio entre zonas, las economías emergentes van perdiendo cierto impulso en la recuperación aunque mantienen tasas de crecimiento importantes, estimándose para este año que el
conjunto de las economías emergentes crezca en torno a un 5%.


A nivel nacional los indicadores que nos van llegando también apuntan a la continuidad de esa recuperación que comenzaba a mediados del año pasado. Por mencionar algunos indicadores, el índice de producción manufacturera tanto en industria
como en servicios ya está en el terreno que indica expansión; el índice de asentamiento económico de la Comisión Europea también desde diciembre del año pasado está apuntando al terreno expansivo, y lo mismo en el indicador sintético de actividad
que desarrolla el ministerio. En este contexto el Gobierno revisará sus previsiones de crecimiento respecto a las últimas realizadas para los presupuestos de 2014, siendo las características principales de esa revisión por una parte el consumo
privado, que pasará a tener cifras positivas de crecimiento para el conjunto del año; mayor impulso de la inversión en bienes de equipo, la demanda interna pasará ya a contribuir de forma positiva al crecimiento, lo que contrasta con la
contribución negativa de 2,7 puntos del PIB el año pasado; las exportaciones mantendrán el mismo ritmo con una intensidad semejante a la registrada en el último año, de forma que la demanda externa seguirá teniendo también una contribución positiva
al crecimiento, aunque de menor intensidad que la del año pasado. En conjunto, se estima que el PIB este año crecerá en torno al 1% y continuará mejorando la capacidad de financiación de la economía, para cerrar el año con una capacidad en torno al
2% del PIB; recuperación que se estima continuará el año que viene con un crecimiento ya en torno a 1,5 puntos y una capacidad aún mejor de financiación frente al exterior del 2,5% del PIB. La concreción de todas estimaciones se reflejará en el
programa de estabilidad que aprobará el Gobierno a finales de mes para remitirlo a Bruselas, de acuerdo con los procedimientos establecidos. No obstante esta mejora de perspectiva y de percepción de la economía española no se debe olvidar que la
magnitud de los retos a los que se enfrenta la economía española es todavía muy significativa, el déficit público sigue siendo muy alto y es necesario continuar con la consolidación fiscal de acuerdo con la senda acordada en el programa de
estabilidad; es necesario continuar también con la disminución del endeudamiento privado, tanto de empresas como de familias, y por supuesto con el proceso de creación de empleo y de disminución de la aceptablemente alta tasa de paro.


En lo que se refiere al déficit público, el signo de la política fiscal en consecuencia no podrá impulsar una mayor fortaleza en la recuperación económica; no obstante esta recuperación económica va a permitir que el signo de la política
fiscal sea menos restrictivo, estimándose un esfuerzo estructural en torno a 0,8 décimas para el bienio 2014-2015, lo que contrasta con los 1,5 puntos que se incluían en el periodo 2012- 2013. En la medida en que la política fiscal no va a
favorecer el mayor impulso de la recuperación,

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es importante perseverar en las reformas estructurales, disminuir los costes administrativos, etcétera, para el desarrollo de la actividad y continuar con la mejora de la competitividad para que sea por el lado de la oferta por donde venga
ese impulso a la recuperación económica. En este sentido, habrá que perseverar en la reforma tanto de los mercados de capitales, sistema financiero, como de mercados de producto y mercado de trabajo.


Por mencionar algunos detalles de estas reformas, en lo que se refiere al sistema financiero, habrá que continuar con la senda de todas las medidas previstas en el memorándum de entendimiento y creando valor en las entidades que han sido
nacionalizadas para su eventual enajenación en los plazos previstos en el memorándum de entendimiento, tratando con ello de minimizar el coste de estos saneamientos para el contribuyente. La Sareb deberá continuar con el proceso de enajenación de
activos y de venta y disminución de su deuda, así como con el fortalecimiento de la supervisión y la transparencia del sistema bancario; todo ello será dentro de las nuevas obligaciones legales que también habrá que desarrollar para dar
cumplimiento al contexto acordado dentro de la unión bancaria. Especial atención merecen todas las iniciativas relativas al refuerzo o la mejora de los procedimientos de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. En este sentido,
se aprobó un real decreto-ley que trataba de facilitar en las fases preconcursales todos los acuerdos de refinanciación y reestructuración de la deuda corporativa flexibilizando figuras como la quita, la espera, o la conversión de deuda en capital.
El objetivo de esta reforma era conseguir que empresas viables, con Ebitda positivo, con proyectos atractivos que no obstante estaban en riesgo de no poderse llevar a cabo por el peso de la deuda, permitan los acuerdos suficientes para garantizar
que no entren en proceso de liquidación, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. También se está trabajando en el impulso de la financiación empresarial; se han tomado diversas iniciativas para facilitar la financiación crediticia.


En este sentido, quiero mencionar el papel que está jugando el ICO como actor anticíclico en la política crediticia. Con las reformas que ha hecho en sus líneas de mediación y en la mejora de su atractivo, el ICO incrementó un 20% la
financiación a pymes el año pasado y se estima que este año vuelva a incrementar otro 20% su actividad crediticia para alcanzar la cifra anual de los 16.000 millones. Los datos que nos van llegando del año en este sentido son positivos. El primer
trimestre de este año el ICO ha prestado en torno a 3.800 millones de euros, lo que supone una actividad crediticia récord en un trimestre, no siendo además el primer trimestre del año especialmente intenso en actividad crediticia. Asimismo se han
hecho esfuerzos importantes para facilitar la financiación de empresas y autónomos con todos los esquemas de fondo de pago a proveedores, que se han dotado de una cifra en torno a 40.000 millones de euros y que ha beneficiado a más de 200.000
proveedores. Se han puesto en marcha para las comunidades autónomas mecanismos que suplen el cierre del acceso a los mercados y a su vez abaratan la financiación de su endeudamiento, dotándose para el trienio 2012-2014 con más de 57.500 millones de
euros. Esto va a suponer para las comunidades autónomas un ahorro en cuanto a la carga de intereses en el conjunto del periodo de la financiación suministrada en torno a 20.000 millones de euros. Se están tomando iniciativas importantes para
facilitar la financiación alternativa a la bancaria. Ahí se ha detectado una excesiva vulneración y una excesiva dependencia de las empresas de la financiación bancaria. Es necesario que tengan unas fuentes de financiación más equilibradas.
Apoyando a las iniciativas ya tomadas, se está discutiendo un proyecto de ley que vendrá a las Cámaras para fomentar la financiación empresarial, en el que se piensa tocar desde cuestiones de financiación crediticia a financiación alternativa a la
crediticia, como las sociedades de garantía recíproca, el régimen jurídico de las titulizaciones, potenciar el mercado alternativo bursátil y otras fuentes de financiación, como puede ser el intercambio de facturas, crowdfunding, etcétera. También
en capital riesgo como fuente alternativa de financiación se han tomado iniciativas importantes. Es destacable la de Fond-ICO Global, con una dotación de 1.200 millones, que se está adjudicando en sucesivos concursos. El primero fue el de finales
del año pasado, que tuvo mucha demanda, y el segundo de este primer trimestre ha tenido también mucha demanda y se resolverá próximamente. Asimismo se han hecho cambios en el marco jurídico del capital riesgo para disminuir sus cargas
administrativas, hacerlo más atractivo e incluso tener la posibilidad de crear vehículos especiales de capital riesgo enfocados a pequeñas y medianas empresas. Por otra parte se está tratando de hacer más atractivos los mercados de capitales
nacionales. Se han disminuido los plazos y los requisitos para la admisión de folletos de emisiones institucionales de la CNMV. Se han disminuido también los costes administrativos y se ha equiparado la situación fiscal de las emisiones en los
mercados nacionales. Mención especial merece la creación del mercado alternativo de renta fija. Con todo ello se espera que los

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mercados nacionales de capitales sean más atractivos, más accesibles para las empresas españolas y permitan una mayor financiación por esta vía para las empresas.


Se ha de continuar también con las reformas estructurales en los mercados de productos. Mención especial merece la iniciativa de unidad de mercado. Esta es una iniciativa de mejora de la regulación. Se trata de disminuir las barreras o
las cargas administrativas ilegales e innecesarias para el desarrollo de la actividad. No se trata de una iniciativa centralizadora, ni mucho menos. Es una iniciativa de reconocimiento mutuo; pretende que una vez que un autónomo, un profesional,
cumpla los requisitos para prestar un servicio en una comunidad autónoma no tenga que volver a cumplir con todas esas demostraciones de cumplimiento de requisitos en el resto de las comunidades y pueda ejercer directamente la actividad en las
mismas. Se está poniendo en marcha todo lo necesario para cumplir con ese proyecto. Por una parte, está el Plan de racionalización normativa. Se han identificado ya en torno a 2.700 normas que afectan a la unidad de mercado y que habrá que
revisar -algunas de ellas ya se están revisando-. Se han convocado las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas para que también a nivel autonómico se haga ese reexamen de las iniciativas legales que contradicen lo establecido en la
ley. Se está trabajando en los mecanismos de cooperación entre administraciones públicas, tanto para el intercambio de información como para la gestión de registros entre las comunidades autónomas. También se ha puesto en marcha el procedimiento
de protección de los operadores. Se ha constituido la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado y se ha celebrado la primera reunión del consejo con los puntos de contacto en las comunidades autónomas. Se ha firmado el convenio de colaboración
con la CNMC para el tratamiento de denuncias y ya se están recibiendo y resolviéndose algunas para adecuar también las decisiones de las administraciones a los principios de unidad de mercado.


Mención especial también merece la creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, como un impulso a la racionalización y a la mejora de la supervisión del correcto funcionamiento de los mercados, especialmente de las industrias
de red. Se ha reforzado con ello el modelo de control conjunto de regulación y competencia. Además se ha garantizado la autonomía orgánica y funcional de la nueva institución. Con el cambio se pretende aprovechar las sinergias en conocimiento de
regulación y de competencia, así como disminuir los costes de esta intervención administrativa, en línea con otras iniciativas que se han tomado de control del gasto público. También se pretende reforzar la seguridad jurídica evitando decisiones
contradictorias entre cuestiones de regulación y de competencia. Se ha reforzado el control parlamentario del nombramiento de los miembros de esta Comisión. El organismo está en marcha, se ha gestionado de forma adecuada el tránsito de los
expedientes abiertos y está llevando a cabo una actividad adecuada para garantizar el buen funcionamiento de los mercados.


En conclusión -ya termino, presidente-, las perspectivas de la economía española han mejorado sensiblemente. Tras una profunda y prolongada recesión económica hemos iniciado una fase de recuperación, que se asienta en unas bases sólidas en
la medida en que se ha corregido buena parte de los desequilibrios macroeconómicos. Gracias a eso esperamos que esta recuperación continúe durante este año y el siguiente hasta donde llegan nuestras previsiones, de forma que también esta
recuperación sea generadora de empleo. No obstante los retos pendientes son todavía significativos, ya que existen aún desequilibrios importantes que hay que continuar corrigiendo, y es necesario hacer compatible la corrección de esos
desequilibrios, esa consolidación fiscal y esa reducción de la deuda privada, con la sostenibilidad y la recuperación económica. Para ello es importante no perder el impulso de las reformas estructurales, de forma que sea por el lado de la oferta
por donde vengan estos impulsos al mantenimiento de la recuperación económica.


El señor PRESIDENTE: Por los grupos parlamentarios, en primer lugar en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Quisiera dar las gracias al secretario de Estado por comparecer hoy aquí para informar sobre la situación económica, pero también por dar respuesta a dos solicitudes de comparecencias nuestras, una con relación al
ICO y otra con relación al Plan de pago a proveedores para ayuntamientos. (El señor vicepresidente, Caldera Sánchez-Capitán, ocupa la Presidencia.)


Me voy a centrar en la primera, en el análisis de la situación económica. Nadie va a discutir que el contexto ha mejorado, que el contexto es totalmente distinto, que la prima de riesgo que antes nos atenazaba se ha reducido
sustancialmente, y que la estabilidad del euro ha mejorado notablemente. Hay mucha más confianza en nuestra moneda, en los mercados internacionales, y ese contexto es muy

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favorable para nosotros, con lo cual ahí nos hemos podido ahorrar muchos miles de millones de euros porque tenemos un nivel muy elevado de deuda pública. Esa es una realidad objetiva.


También es una realidad objetiva que nos hemos podido beneficiar de la relajación de las exigencias por parte de la Unión Europea; unas exigencias que se han dado cuenta de que eran prácticamente suicidas y que han tenido que rebajar, con
lo cual nos han dado cierto alivio, cierto margen para poder hacer políticas. Por otra parte hay una nueva realidad favorable, y es que nuestra economía tiene un efecto arrastre con relación a potencias económicas del resto de Europa, y que nos
estamos viendo inmersos en un efecto arrastre que se manifiesta principalmente en las exportaciones y en un sector que tiene ventajas en estos momentos, puesto que la competencia está con enormes dificultades de estabilidad política, que es el
turismo. Esas son realidades y nosotros no vamos a discutirlas. Por tanto eso es positivo para nuestra economía, y eso ha aliviado sustancialmente las enormes dificultades que hemos pasado en los últimos años.


Ahora bien desde el Grupo Parlamentario Socialista, con independencia de valorar positivamente el contexto, queremos evaluar lo que ustedes han hecho, la política económica que ustedes han desarrollado. Ustedes han desarrollado una política
económica dirigida a tres ejes fundamentales: uno, la consolidación fiscal; otro, el saneamiento financiero, y un tercero, que es la mejora de la productividad a través de la devaluación interna. Lo que nosotros debemos valorar es si esas
políticas están bien definidas como objetivos, y los resultados que han dado, para saber si han sido políticas realmente eficaces o no, y si han contribuido a la mejora de nuestra economía o no.


Respecto a la consolidación fiscal los datos son también muy objetivos. Nuestro objetivo de déficit era del 6,62% y nosotros hemos bajado del 6,84% al 6,62%, es decir, hemos reducido el déficit público en 2.637 millones. Evidentemente no
se ha cumplido con el objetivo, y no se ha cumplido teniendo en cuenta que los ayuntamientos han dado superávit cuando su objetivo era equilibrio, y que muchas comunidades autónomas que eran muy criticadas, por ejemplo, Andalucía o Asturias, han
cumplido con el objetivo, aunque otras no lo han hecho como son Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Aragón. Quien menos ha cumplido ha sido la Administración central, esa que ustedes gobiernan. En concreto la Administración central
tenía un objetivo del 3,80% y se ha quedado en el 4,33%, un porcentaje mayor que en 2012, que en concreto era del 4,21%. Es decir, que en ese esfuerzo de consolidación fiscal el Gobierno de Mariano Rajoy no ha sido para nada ejemplar, y no ha sido
cumplidor, y para más inri todavía esto ha sucedido cuando se han subido los impuestos y se han recaudado 3.664 millones más por ingresos tributarios, y se han subido los gastos en 1.027 millones de euros. Por tanto ese primer objetivo ha sido
incumplido, pero además cuando ya había una relajación o flexibilización del mismo por parte de la Unión Europea. La Administración incumplidora justamente, aparte de algunas comunidades que ya he señalado, ha sido la Administración central. Por
tanto no podemos valorar positivamente ni el objetivo planteado, porque nosotros creemos que esa política de restricción tan exhaustiva y de subida de impuestos tan persistente no debe ser el objetivo, ni que ese objetivo marcado se haya conseguido.


En segundo lugar, tenemos el saneamiento bancario. Las aportaciones de dinero público -el último dato lo ha dado del Tribunal de Cuentas, yo no voy a entrar en si una cifra u otra, me voy a referir al informe del Tribunal de Cuentas que se
hizo público ayer- han sido de 107.000 millones de euros. Por cierto aprovecho para decir que ese informe del Tribunal de Cuentas recoge que se ha pagado en honorarios a personas del FROB un total de 6 millones de euros por la intervención en las
entidades. Está bien pagado, creo que está muy bien pagado, o exageradamente pagado. Pero independientemente de eso estamos hablando de 107.000 millones de euros. Pues bien, ya se dan por perdidos, según la propia Comisión Europea. Son 37.000
millones de euros, es decir casi un 40%, que se dan por perdidos por ventas como las de Banco de Valencia o Novagalicia -8.000 millones de euros y 4.550 millones de euros respectivamente-, aparte de las pérdidas de las aportaciones a Bankia, a
Catalunya Banc a Ceiss, o a otras entidades con aportaciones del FROB que se dan por perdidas también. Por tanto de los 107.000 millones de euros 37.000 millones se dan ya por perdidos.


Este esfuerzo hubiera valido la pena si las entidades bancarias estuvieran saneadas y hubieran normalizado su actividad, pero no es así. Los últimos datos nos dicen que el crédito a empresas ha caído en el último año en un 11% y el crédito
a las familias en un 5,5%; es decir, el sistema financiero no reacciona, a pesar de la multimillonaria inversión de dinero público para su sostenimiento y saneamiento. El sistema financiero se sigue lucrando de préstamos del Banco Central Europeo,
de inyección de liquidez a un 1% y adquisición de deuda pública a un 3%, a un 4% o a un 5%, dependiendo de cómo esté la correspondiente prima de riesgo. Los bancos están cobrando comisiones abusivas con un incremento en

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el último año del 30%, cuando tenemos una inflación del menos 0,2%. No se ha solucionado el tema de las preferentes. Seguimos todavía, y había un compromiso del señor ministro de que se les iba a devolver el dinero a los preferentistas.
Se les ha devuelto a la mitad, a 260.000 preferentitas. La otra mitad se ha quedado sin posibilidad de recuperarlo. Y se han devuelto 3 de 10 euros en preferentes. Había en torno a 10.000 millones de euros de preferentes y deuda subordinada en
las entidades del FROB. Se han devuelto algo más de 3.000 millones de euros. Por tanto tampoco se ha solucionado ese problema. Las cláusulas suelo siguen activas, siguen en vigor, y tienen que ser las sentencias del Tribunal Supremo las que vayan
tumbándolas poco a poco, porque no reaccionamos. No podemos estar satisfechos con el modelo de saneamiento financiero que están llevando a cabo, y la mejora de la productividad a través de la devaluación interna. Desde la implantación de la
reforma laboral han rebajado los salarios en un 7%. Le voy a enseñar un gráfico que pone de manifiesto que esa devaluación de los salarios no está repercutiendo en una rebaja de los precios y en una mejora de la competitividad, porque lo que está
aumentando sustancialmente es el margen de beneficios de las grandes empresas, en el último año un 13% de aumento de los beneficios. El sacrificio de los asalariados en beneficio de los márgenes empresariales y no en mejora de la productividad. El
último informe del BBVA dice que los precios de las exportaciones, a pesar de la rebaja salarial, han aumentado en un 2,2%. No somos más competitivos porque se rebajen los salarios, porque los precios no se han bajado. Según el BBVA se han subido
en un 2,2%. También hace una valoración respecto a la zona euro, y dice que el diferencial de los márgenes empresariales es del 0,24 positivo respecto a la zona euro, mientras que el diferencial de los sueldos es negativo en un menos 0,23%. Ese es
el comportamiento que estamos teniendo. Las empresas no están mejorando la productividad por la subida de la energía, por el aumento de costes financieros con relación a los costes financieros vigentes en el resto de Europa, y con el aumento de
impuestos. Por tanto ese tercer objetivo de mejora de la competitividad y de la productividad con cargo a salarios está siendo contraproducente, porque se está cargando el consumo y la demanda interna. Los efectos de la subida de impuestos sobre
la recaudación son limitadísimos: 3.664 millones más, cuando se han subido todos los impuestos habidos y por haber -IVA, IRPF, impuestos especiales, IBI, todos-. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ello.


Trasladamos nuestra enorme preocupación en temas muy concretos, como el tema del paro. Es incomprensible que estén trasladando que la crisis se ha superado porque se está creando empleo. Los datos son aplastantes: 933.600 afiliados menos
a la Seguridad Social. Cada día se han perdido 1.100 empleos en España; 400.000 parados más registrados desde diciembre de 2011. Más de 3.000.000 de parados no tienen ya ningún tipo de prestación. La tasa de cobertura ha pasado del 70 al 60%.
Aumento de la precariedad, en 2013 se han perdido 300.000 contratos indefinidos. Los salarios, como he dicho antes, se han bajado en un 7%. La Seguridad Social ha registrado la pérdida máxima en períodos de democracia, 12.000 millones de déficit.
Se han destruido un millón de puestos de trabajo desde que gobiernan, y la población activa sigue bajando de forma considerable porque muchos de los inmigrantes se están yendo, y nosotros estamos empezando a emigrar de nuevo. Por tanto
precarización, pérdida de estabilidad, pérdida de poder adquisitivo, esa es la política con relación al empleo que ustedes están llevando a cabo.


Respecto a la financiación hacen siempre la trampa que quieren que nos creamos: que hemos aumentado, por ejemplo, las líneas de ICO respecto al año pasado. Este es el gráfico de los créditos ICO. En 2010 los créditos fueron de 23.322
millones. Estamos en 2013, 13.000 millones, es decir, 10.000 millones de euros menos. Usted me da el dato de 2012 respecto a 2013, pero es que en 2012 no existíamos porque ustedes rebajaron a 11.000 millones los créditos ICO. Por tanto haciendo
esta cuenta hemos aumentado, pero, ¿de qué partían ustedes? Y si vamos al número de beneficiarios exactamente igual. En 2011, 251.000 beneficiarios de la línea ICO. Estamos ahora en 190.000, 60.000 beneficiarios menos. Estos son los datos
aportados oficialmente por el ICO. La rebaja de financiación de empresas un 11%, y de familias un 5,5%.


Respecto al ajuste financiero otro dato muy significativo. Usted dice: el endeudamiento de familias había que ajustarlo, estaban muy endeudadas. Magnífico. Se ha ajustado de 2011 a acá en menos 92.832 millones de euros, un ajuste
riguroso. Las familias han ajustado su nivel de endeudamiento, y lo han reducido para que no tengamos un nivel de déficit en nuestra capacidad financiera. Las empresas también han hecho el sacrificio. De un billón 258.000 millones a un billón
55.000 millones, es decir, 202.000 millones de euros menos. Eso significa un menos 16% respecto a 2011. También lo han hecho, también han cumplido. Tenían que ajustarse porque estaban excesivamente endeudados. Pero, ¿qué es lo que han hecho
ustedes? Aumentar la deuda pública de 737.000 millones a 979.000 millones, un 32% más,

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241.000 millones de euros más. Es decir, los ajustes que ha llevado a cabo el sector privado se lo ha comido por completo el sector público, 241.000 millones de euros más.


El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): Señor Hurtado, debe concluir en un minuto.


El señor HURTADO ZURERA: Concluyo. Y en la cuenta de consolidación fiscal ustedes han rebajado 3.000 millones de euros, pero es que solo en 2013 han aumentado la deuda pública en 76.000 millones de euros. Imagínense ustedes si en vez de
acudir a la deuda pública fuese con cargo a déficit, ¿a qué nivel hubiesen puesto ustedes el déficit público?


Concluyo ya. Con relación al riesgo de deflación me gustaría conocer su opinión. Traigo algo que preocupa en estos momentos y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Tenemos riesgo de deflación en Europa? ¿Es necesaria algún tipo de
reacción por parte del Banco Central Europeo? Y concluyo porque es la comparecencia. Plan de pago a proveedores de los ayuntamientos. En las tres fases del Plan de pago a proveedores se han inyectado 10.000 millones de euros. Muy bien. Ha sido
el cambio de deuda comercial a deuda financiera con unas operaciones de crédito a diez años, más dos de carencia, y unos tipos de interés, los últimos, del 5,9%, bastante elevados. Requerimos, pedimos una demanda de todos los ayuntamientos,
independientemente del color. En el mes de mayo empiezan ya a concluir los periodos de carencia, empiezan ya los periodos de amortización. Hay que rebajar los tipos de interés señalados. Hay unos márgenes de 1,30 o 130 puntos básicos que se
deberían eliminar de los contratos de préstamos formalizados. Hay que solicitar y dar la posibilidad de aumentar los periodos de carencia, y de aumentar si cabe sus plazos de amortización. Son requerimientos que hace la Federación Española de
Municipios y Provincias, e insisto en que todos los representantes municipales, independientemente del color político al que pertenezcan.


El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Deseo agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Economía ante esta Comisión; comparecencia que se enmarca claramente en un entorno más favorable, al que usted, señor secretario de Estado, hacía
referencia, en el que los indicadores que ha comentado en términos de rating, acceso a los mercados, etcétera, nos van mostrando tanto un mejor posicionamiento como una ligera mejoría en nuestra actividad económica; una ligera mejoría que esperamos
que se traduzca cuanto antes en mejoría sobre todo de la ocupación, más allá de los últimos datos, y también en mejoría de la demanda interna. Estas son dos asignaturas pendientes que tiene nuestra economía, y que tenemos ante nosotros.


Nuestra posición respecto a la política económica que ha seguido el Gobierno en estos últimos dos años es bien conocida, y usted sabe bien que hemos apoyado las reformas tan críticas, tan importantes y necesarias que se han realizado, como
han sido la reforma del sistema financiero o la misma reforma laboral, pero también hemos insistido desde el primer momento en que era necesario tomar medidas más directas dirigidas hacia la economía productiva y hacia la actividad económica. Y
siendo conscientes de la crisis que hemos vivido, y siendo conscientes también de la magnitud del déficit y de otros desequilibrios importantísimos, y de cuánto estos condicionaban la salida de la crisis y la recuperación, hemos insistido siempre en
que, en paralelo a las políticas de austeridad y de contención del gasto, debíamos actuar priorizando determinadas medidas orientadas al estímulo, a la reactivación económica, y sobre todo a favorecer el tan necesario cambio de modelo productivo al
que usted también ha hecho referencia, y que debe afrontar nuestra economía.


Estas medidas han ido llegando a nuestro entender de forma excesivamente lenta, pero han ido llegando, y ahora es el momento de activarlas con mucha más contundencia si realmente queremos consolidar la recuperación que hemos iniciado, y
sobre todo si queremos apostar y consolidar un modelo de crecimiento más competitivo, más sólido, y sobre todo más diversificado. El reto es reconducir los déficits estructurales que tenía nuestra economía, y actuar en paralelo del lado de la
recuperación en el corto plazo con las medidas de cambio de modelo productivo, que son las reformas estructurales que se han ido haciendo, tan necesarias en el medio y largo plazo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El cambio es de una
economía que venía de unos años de baja diversificación, de excesiva concentración en sectores más volátiles y de menor valor añadido -a los que usted también ha hecho referencia en su repaso histórico-, así como de menor valor añadido en términos
de ocupación y formación, hacia una

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economía que ha de ir hacia una mayor y mejor competitividad, a una mayor diversificación en nuestra estructura de crecimiento, y a una mayor y mejor ocupación.


En este contexto me referiré a los tres ejes que en este momento desde el grupo parlamentario al que represento nos preocupan en mayor medida. No son excluyentes de otros, pero sí son los tres a los que quiero hacer más referencia y entre
ellos son extremadamente interdependientes. Es el eje de la financiación, el eje de las pequeñas y medianas empresas, y el eje de la competitividad. En su exposición ha hecho usted referencia, señor secretario de Estado, al objetivo de reducir la
dependencia del crédito y reducir la necesidad de financiación de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas, de nuestra economía, y lo comparto plenamente, pero aún hoy la financiación es crítica; es crítica para poder estabilizar gran parte
de nuestro tejido productivo y nuestra economía, y a ella me referiré, porque el crédito y la financiación hoy continúan siendo una variable, repito, critica tanto en términos de recuperación como de capacidad de crecimiento.


Es cierto que los últimos datos macroeconómicos muestran -como decía al inicio de mi intervención y comparto con su exposición- ligeras mejoras en las condiciones de financiación, pero esta continúa siendo frágil y difícil, especialmente
para las pequeñas y medianas empresas, que es la parte del tejido productivo más vulnerable y que se ha visto más afectada por la crisis. Hemos de ser conscientes, como creo que lo somos todos, de que la financiación ha sido un factor determinante
en esta crisis. La financiación, las restricciones de acceso al crédito han condicionado no solo el crecimiento, sino la viabilidad de una gran parte de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, y por tanto ha condicionado la
viabilidad de una gran parte de la actividad económica. Entendemos y entiendo que la variable de la financiación no se ha resuelto en la medida en que nuestra actividad económica y nuestra recuperación lo requieren, más allá de los avances que
hemos de reconocer que se han producido. En este sentido si miramos a los datos del Banco de España en relación con la evolución del crédito para sociedades no financieras, basados en los boletines del Banco de España de 11 de octubre de 2013 y 8
de enero de 2014, se constata que después de una ligera moderación de la caída del crédito en 2010, la tasa de contracción interanual del crédito tendía a intensificarse hasta mayo del 2013. Desde entonces es cierto que el retroceso ha comenzado a
moderarse, y a ello apuntan los datos del Banco de España. No obstante, a pesar de la moderación del ritmo de caída, que ha pasado del 9,7 en mayo de 2013 hasta situarse en noviembre de 2013 algo por debajo del 8,5, las consecuencias de una cierta
estabilización de las tasas de crédito a estos niveles implican ciertamente asumir también una serie de restricciones y también consecuencias importantes y negativas en muchos casos para el tejido productivo. Dejo esta constatación. El crédito a
las empresas por tanto continúa en mínimos, puesto que a pesar de que la disposición de los bancos para proporcionar préstamos haya mejorado -es cierto-, los tipos de interés que se aplican a las empresas son en muchas ocasiones prohibitivos. Esta
situación continúa siendo uno de los principales problemas que creo que afronta nuestra economía, la economía productiva, y que aún puede representar un freno a la consolidación de la recuperación. En este sentido también la última encuesta del
Banco Central Europeo sobre el acceso a la financiación de pymes en la Unión Europea, que se realizó en el periodo de abril a septiembre de 2013, revela la persistencia de problemas de acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas
españolas. España, junto a Irlanda e Italia, continúa siendo uno de los países con más altas tasas de interés, y donde los costes de financiación de las pymes se mantienen especialmente elevados. Es aquí, señor secretario de Estado, donde hemos de
insistir en romper esta tendencia, este cuello de botella, y activar y mejorar los mecanismos que faciliten la financiación de nuestro tejido productivo.


En este contexto y en términos de financiación bancaria, pese a la reforma financiera, parece que el problema estriba también en que la banca aún no está suficientemente recapitalizada. El proceso está en marcha, es positivo, pero aún se
constata esta insuficiencia en la recapitalización. A la vez, la morosidad que sufre puede acentuar esta restricción. A ello se suma -y nos preocupa mucho, señor secretario de Estado- que en este 2014 la banca se someterá a examen del Banco
Central Europeo, lo que podría provocar una restricción crediticia mayor: mayores provisiones, menor crédito. En esta situación las entidades son reacias o pueden serlo a contraer más riesgos con tal de no verse penalizadas en dichas pruebas a las
que deberán someterse. Además hay otras posibles nuevas medidas de liquidez que tendrían un efecto más contenido sobre la deuda pública. Todo ello puede constituir un freno a la financiación. Sobre este aspecto y sobre estos riesgos quisiéramos,
señor secretario de Estado, tener su valoración y conocer su opinión.

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Nos referimos a la financiación, pero también hemos de constatar un problema de capitalización aún importante por parte de nuestras empresas, y un problema de refinanciación que también ha condicionado la viabilidad de proyectos
empresariales que podían tener futuro y ser competitivos. Por tanto, a la problemática de la financiación añadimos otras, que son la capitalización de nuestras empresas y la refinanciación. Es cierto que el escenario al que nos enfrentamos es
complicado, y lo es porque debemos compatibilizar un necesario proceso de desapalancamiento público y privado con estímulos a la actividad productiva. Pero precisamente por ello es de suma importancia, a nuestro entender, que el Gobierno no se
escude en esta necesidad de reducir el endeudamiento de familias y empresas para evitar estimular la economía real y dar sobre todo opciones al tejido productivo viable, que es al fin y al cabo el que nos sacará de esta crisis.


Ante esta situación y en este contexto, desde el grupo parlamentario que represento creemos que hemos de ser capaces de activar mecanismos para que la banca facilite más el crédito; en segundo lugar, discernir entre empresas viables
excesivamente endeudadas de las que no lo están para focalizar las ayudas de forma eficaz, y la refinanciación ha de ser una herramienta que debe contribuir también a reactivar estas empresas que tienen problemas, pero que son sostenibles y viables
a medio y largo plazo; en tercer lugar, no solo hemos de activar, sino de estimular más y mejor mecanismos e instrumentos de financiación no bancaria, a los que usted ha hecho referencia y sobre los que nuestro grupo parlamentario ha insistido en
diversas ocasiones, ha hecho propuestas y ha presentado alguna iniciativa, y en este sentido esperamos y celebramos las propuestas del Gobierno, que analizaremos con mucha atención. También hace falta estimular y activar una fiscalidad más
favorable a la actividad económica y a la competitividad, y a este respecto yo creo que tendremos un gran reto en la próxima reforma fiscal. Y, por último, hemos de estimular los instrumentos de capitalización de las empresas. Es un déficit que
hemos de cubrir; nuestras empresas necesitan estar mejor capitalizadas para así ganar en competitividad y asumir sus retos de crecimiento. Hoy tenemos instrumentos y mecanismos, pero están infrautilizados y nos hemos de preguntar también el
porqué. Ante esta situación, señor secretario de Estado, querríamos conocer cuál es su valoración sobre la evolución del crédito a las empresas y familias y las previsiones para este ejercicio.


En este contexto también haré referencia al ICO como un instrumento clave en la financiación de nuestro tejido productivo y de nuestra economía. También quisiéramos conocer cuál es su valoración y su opinión acerca de las líneas ICO como
instrumentos determinantes en la financiación, repito, de nuestra economía y de nuestras empresas. Se lo preguntamos porque nos preocupa ver, por ejemplo, cuando analizamos los datos -y así lo expusimos en la comparecencia del presidente del ICO-,
que de los 22.000 millones aprobados en 2012 -hubo una ampliación a 22.000 millones de la dotación de las líneas de mediación del ICO para el ejercicio 2012, aprobados por el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2012- la financiación se ha
materializado en 11.511 millones. A nuestro entender, es una baja ejecución en un momento de clara necesidad de financiación y en un contexto en el que la evolución del crédito de la banca española seguía cayendo. Esta cuestión nos preocupó en su
momento y nos continúa preocupando y quisiéramos preguntarle cuáles son las perspectivas de cierre de ejecución para 2013, y nos gustaría conocer su valoración.


En materia de financiación, no quiero dejar de hacer una referencia positiva a la financiación que nos viene de Europa, del Banco Europeo de Inversiones, y al incremento de la dotación de 14.000 a 17.000 millones que ha puesto en marcha, lo
que evidencia que el problema del crédito y de la financiación es real, está, que necesitamos resolverlo, y evidencia también la necesidad y la importancia de la financiación, especialmente para las pymes y el tejido productivo.


Voy terminando, señor presidente. Me he referido fundamentalmente a la financiación de nuestras empresas y especialmente de las pymes. Resolver el problema de la financiación es determinante para su crecimiento y para su competitividad.
Nos preocupa que hasta hoy estemos mejorando la competitividad fundamentalmente vía salarios. Creemos que este modelo ha de cambiar; no es ni sostenible ni permite un crecimiento sólido y competitivo como el que necesitamos y por el que apostamos.
La competitividad no puede venir de la mano de los salarios a medio y a largo plazo, ha de venir también de la mano de la innovación, y por ello es necesario insistir en mecanismos que mejoren la competitividad de nuestro tejido productivo, una
competitividad que pasa, repito, fundamentalmente por la innovación, y por ello es crítico mantener los estímulos a la innovación como lo es también mejorar el sistema de I+D+i de nuestra economía. La innovación es determinante en el modelo de
crecimiento por el que apostamos, una

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innovación intrínseca en la apuesta por la reindustrialización que está haciendo nuestra economía y en la apuesta por la diversificación, de la que la reindustrialización forma parte.


También la industria es internacionalización y usted ha hecho referencia a la internacionalización y a la evolución de las exportaciones. Hablamos de las exportaciones como motor de recuperación, pero creemos que hemos de insistir en que el
éxito de nuestro proceso de internacionalización de nuestras empresas estará en la capacidad de competir y de innovar, y la innovación aquí también es crítica y clave para el éxito de los procesos de internacionalización. En relación con las
exportaciones y con los últimos datos que muestran un ligero descenso después de unos años de fuertes subidas o incrementos, nos gustaría conocer con más detalle, respecto a lo que usted ya ha indicado en su primera intervención, su valoración y
expectativas.


Termino, presidente, haciendo una referencia a la demanda interna. La demanda interna sigue en niveles muy bajos, y esto nos preocupa. Nos preocupa porque mantenerla en estos niveles resta credibilidad a la mejor evolución de la balanza
comercial porque las importaciones están ponderando a niveles muy inferiores a los que estamos acostumbrados y consideramos óptimos para el crecimiento de nuestra economía. No puede ser que la vía de la competitividad se base únicamente en una
reducción de costes vía salarios, como hacía referencia anteriormente, que a su vez exacerba la espiral bajista de la demanda interna. Este Gobierno y la actividad parlamentaria deben pensar en la demanda exterior, pero sin dejar de lado la demanda
interna, porque la consecuencia de ignorar esta realidad es más pobreza y más desigualdad, como ya apuntan algunos informes de organismos internacionales. La corrección que debe hacer nuestra economía, el cambio de modelo que necesitamos, por el
que apostamos, que compartimos y apoyamos no puede pasar por ignorar la demanda interna, sino por ofrecer estímulos a políticas que den a nuestras empresas posibilidades reales de competir en los mercados internacionales en términos de calidad y no
solamente en términos de costes. Esta es claramente una asignatura pendiente que entre todos esperamos ser capaces de afrontar con celeridad, y a tal efecto también nos gustaría conocer cómo va a afrontar el Gobierno estos retos.


Por último, quiero hacer dos referencias brevísimas. La primera es a la unidad de mercado, respecto a la cual el secretario de Estado conoce muy bien nuestra posición y nuestras consideraciones en torno a esta ley; y la segunda referencia
es a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es importante que se garantice su funcionamiento, sus funciones, sus competencias en su actividad tanto reguladora como supervisora, que no exista ni el riesgo ni la tentación de vaciar de
competencias y de contenido a este organismo a favor del Gobierno, sino que se asegure su consolidación, se refuercen sus funciones en las diversas áreas de competencias.


Termino aquí, señor presidente. Agradezco de nuevo su comparecencia y las respuestas a las cuestiones que desde mi grupo parlamentario hemos planteado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, agradezco al secretario de Estado su presencia y explicaciones. Hoy nos ha planteado, seguramente porque no puede ser de otra manera, que la botella está medio llena. Si me permite, le voy a
plantear que la botella está medio vacía; eso sí, admitiéndole muchas de las cuestiones que usted ha planteado, pero contraponiendo otras que para nuestro grupo también son importantes en un momento de crisis tan profunda como la que vivimos.


Admito lo que usted nos dice, que ha habido bastantes cambios en los últimos dos años: cambios de percepción, en la prima de riesgo, de los analistas, de la valoración del rating, en los mercados de capitales, en la gestión de la crisis, en
el diferencial de inflación. Todas estas cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa, el empleo tímidamente, la afiliación a la Seguridad Social, evidentemente son datos positivos o que al menos apuntan en la buena dirección, pero tendrá que
reconocerme que son pasos excesivamente tímidos, son pasos excesivamente escasos; después de tantos años de crisis, algunos tenemos bastante impaciencia, y además, partiendo de donde partíamos hace dos años, creo que es realmente difícil empeorar.
Lo que sí ha cambiado, no en los últimos dos años sino desde hace bastante más tiempo, es que para hacer frente a la crisis el Gobierno, en este caso su Gobierno, no tiene los instrumentos necesarios; ese sí que es un cambio cualitativo importante.
No hay política monetaria, y en un momento en el que la deflación asoma -una cuestión a la que usted no ha hecho referencia, pero creo que sería importante que hiciera una reflexión al respecto- y aunque el Banco Central Europeo algo ha dicho
recientemente, pero poco ha hecho, vamos a ver si eso es suficiente como lo fue antes, pero digamos que sobre todo la preocupación es que la política del Banco Central no está en nuestras manos. Además, el

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Banco Central actúa cuando entiende que debe actuar o sobre todo cuando entiende Alemania que debe actuar en un determinado sentido. El Banco Central Europeo no ha llevado una política de impulso y de salida a la crisis, lo podría haber
hecho, podría haber sido más beligerante, como lo ha sido la Reserva Federal americana o el Banco de Japón, me da igual, pero no lo ha sido. Entonces, este es un déficit importante que nos deja cojos para actuar en materia económica.


Por otra parte, en materia de política fiscal, también hemos tenido que cumplir con resignación -a veces quejándonos un poco, y eso está bien-, con el déficit y con los escenarios de déficit público, porque Europa es la que exigía y la que
estaba condicionando esta evolución macroeconómica tanto en lo fiscal como en la política monetaria. Hay un consenso, al menos por parte de muchos economistas, acerca de que la política europea, la política económica instrumentada por Europa no ha
sido una política económica acertada y no lo ha sido especialmente para aquellos países como la economía española que tienen problemas importantes, problemas muy graves. No voy a repetir aquí lo que ya se sabe, pero el grave problema de la economía
española al final se ha sintetizado en una tasa del paro del 26%, y ese es un problema de enorme gravedad. En Estados Unidos ya están creciendo al 3%, como usted decía, y hay una tasa de paro de en torno al 7%; ellos generaron la crisis o allí
empezó la crisis, pero lo resolvieron hace bastante tiempo. Nosotros todavía estamos viendo a ver si crecemos el 1% este año, a ver si crecemos el 1,5% el año que viene, con una tasa de paro del 25%, y estamos en una situación completamente
diferente, estamos en una mala situación económica y estamos sin instrumentos. Esto es algo que nos tiene que preocupar.


Entonces, por una parte, habrá que exigir a Europa -no sé cómo, me imagino que en las cumbres y a través de la diplomacia, a través del Gobierno- que la política económica esté más orientada a la solución de la crisis de los países que
tienen más problemas. Eso evidentemente no es nuevo, pero alguna vez habrá que decírselo con mayor intensidad. Es decir, yo creo que a Europa hay que exigirle que haga una política fiscal y una política monetaria que la economía europea en su
conjunto necesita, una economía que tiene un bajo crecimiento, con unas áreas con recesión, con problemas de desempleo, esto necesita una terapia determinada. Tiene que poner también en marcha unas políticas a través del propio Banco Europeo de
Inversiones, que tampoco está actuando como creo yo que debería actuar en una situación de problema económico, de problema de crecimiento y de desempleo. Ni el presupuesto europeo tampoco lo está haciendo, habrá que pedirle a Alemania que impulse
su demanda interna, que no sean -entre comillas- tan egoístas, que no pretendan tener un superávit exterior tan importante que lo que está haciendo es detraer las posibilidades de crecimiento y de generación de empleo en el conjunto de Europa. A
Europa hay que decirle las cosas claras en este sentido.


En materia fiscal, decía que ellos también estaban marcando unas líneas de cumplimiento de déficit público y de endeudamiento, que afortunadamente a lo largo del tiempo han ido revisando con cierta flexibilidad para no ahogar más las
posibilidades de actuación y los recortes presupuestarios que nos están llevando también a una situación realmente preocupante. Pero sí hay una parte de la política fiscal que está en sus manos y es la reforma tributaria y la lucha contra el fraude
fiscal. Sobre la cuestión de la reforma tributaria, nada nos ha dicho esta mañana y es una pieza muy importante en la política económica, es una cuestión sobre la que ya se está debatiendo, hay un informe gordísimo de unos expertos que parece que
ahora el Gobierno, a tenor de las declaraciones que hace fundamentalmente el ministro de Hacienda, va a aceptar algo, no va a aceptar otras partes, es decir, tampoco hay una política tributaria clara, ¿al servicio de qué? Debería ser una política
tributaria al servicio de una política de gasto determinada, de una política económica de impulso a la actividad económica; es decir, tendríamos que saber la política fiscal o la política tributaria que está planteando al servicio de qué están.
Durante los últimos años han caído las inversiones en infraestructuras, han caído también las inversiones en I+D+i, han caído las becas; es decir, han caído un montón de elementos que son claves para la competitividad de la economía y para que el
potencial de la economía en un futuro sea real y que podamos crecer. ¿Se va a recuperar eso, no se va a recuperar? Ese es un debate que supongo que se producirá con motivo del debate presupuestario, pero que también ahora se debería producir, creo
que es algo que el Gobierno debería tener permanentemente en mente.


A mí me preocupa enormemente el tema del desempleo. El BBVA sacó hace un tiempo un informe que decía que hasta el año 2025 -creo recordar- no se iban a recuperar los niveles de empleo de 2007. Eso significa veinte años para recuperar la
posición del año 2007, eso significa una generación perdida, una generación de jóvenes que están sufriendo una tasa de paro mayor del 50%, que están emigrando; es decir, gente bien formada aquí que están produciendo en el exterior; encima damos la
solución a otros con

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gente nuestra que hemos formado y que nos ha costado un dineral, todo hay que decirlo. Lo deseable sería que esta gente tuviera oportunidad de desarrollar su actividad y sus conocimientos donde ellos quieren, que normalmente es donde ellos
viven.


Nos ha comentado que efectivamente ha habido una mejora de las exportaciones, que es lo que se decía que hasta ahora estaba siendo la variable importante para impulsar el crecimiento, pero son unas exportaciones que han ido aumentando merced
a una devaluación salarial, devaluación salarial que ha significado bajadas de salarios, que ha significado en muchos casos más precariedad, peores condiciones de trabajo y lo que sí ha supuesto toda esta crisis han sido mayores niveles de
desigualdad, que es otro de los graves problemas que desde la política económica, desde la política presupuestaria, desde la política social hay que ir resolviendo.


Todas estas cuestiones -no me voy a referir a las cuestiones que se han referido otros diputados que también son muy interesantes porque ya las han mencionado ellos, yo prefiero ofrecer una visión un poco más global- son claves para diseñar
adecuadamente una política económica necesaria para salir de esta situación. En este sentido, se debe hacer por parte del Gobierno un pequeño esfuerzo para tratar de ver no digo la botella medio vacía, no quiero ser pesimista, lo que estoy diciendo
es que planteando estas cuestiones más crudamente sobre la mesa posiblemente seamos más conscientes de lo que hay que hacer porque la sociedad, los ciudadanos ya están viviendo los problemas: problemas de desempleo, de desigualdad, de pobreza, de
desalojos, de todo lo que sea quiera, eso lo está viviendo ya la sociedad, y por mucho que les queramos decir que esto va muy bien, ellos saben cuál es su realidad y cuáles son sus problemas y nos van a decir: oiga, me dicen que esto va bien, pero
yo sigo estando mal. Es verdad que hay cosas, como decía al principio, que efectivamente están yendo bien y eso es un síntoma que tendrá que confirmarse, pero no solo desde la resignación, desde la espera de que las cosas vayan cambiando porque
dependen de otros, sino que también habría que tratar de hacer un esfuerzo, impulsar desde el Gobierno y desde las comunidades autónomas, desde las instituciones, y no solo desde estas -lo que pasa es que las decisiones del mundo de las empresas no
nos corresponde a nosotros-, pero sí tratar de impulsar desde las instituciones las medidas de política económica para salir de esta muy grave situación, que además seguirá siendo muy grave durante muchos años, ahí está precisamente la gravedad.


El señor PRESIDENTE: Por último, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Intervengo con brevedad, señor presidente.


Quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado, así como las comparecencias de los altos cargos del ministerio que se están ofreciendo a venir a la Comisión de una manera regular, y no solo los que -entre comillas- tienen el
deber de estar aquí, sino que también hemos tenido aquí al presidente del ICO, sin ser una empresa pública sino privada, como ella misma recalcó, a la presidenta de la Sareb, al presidente del FROB y subgobernador del Banco de España y próximamente
al secretario general del Tesoro, etcétera. Creo que el hecho de que los altos cargos vengan a la Comisión es un buen ejercicio, porque pueden percibir, más allá de las críticas, las inquietudes que se transmiten desde los ciudadanos al Gobierno.
Eso se puede hacer desde una óptica más crítica o desde una óptica más positiva; como dice el señor Azpiazu, de vez en cuando se puede venir a la Comisión viendo la botella medio vacía o medio llena, es lógico.


Quiero empezar diciendo -y es propio que yo haga esto desde el Grupo Parlamentario Popular- que, en mi opinión, la situación económica es mejor. El señor Azpiazu diría que veo la botella medio llena, pero yo veo que la situación económica
es mejor. El portavoz del PSOE decía que el contexto es distinto, y mientras, yo pensaba: me parece muy bien, pero lo que es distinto son los resultados. Uno puede decir que son cortos o que deberían ser mejores; ahora bien, como dicen en mi
tierra, lo cierto y verdad es que los resultados son mejores, no solo el contexto sino los resultados. Un antiguo presidente del Gobierno que su grupo no quiere nombrar y que a nosotros nos gusta nombrar mucho, el señor Zapatero, decía en el Pleno
que el termómetro de la economía es la prima de riesgo. No soy yo el que lo digo, lo decía él, y si eso es así, vamos mejor. Es decir, siguiendo la doctrina del señor Zapatero -que yo creo que ya no respetan ni en su grupo-, el resultado es mejor;
es mejor en el empleo, es mejor en la prima de riesgo, es mejor en el crecimiento económico, es mejor en la percepción de los ciudadanos en las encuestas de confianza tanto de consumidores como de inversores y el clima económico es distinto. ¿Eso
quiere decir que no hay problemas en nuestro país o quiere decir que ya estamos en el paraíso terrenal? No, en

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absoluto, en este país hay muchos problemas económicos y sociales. Estamos mejor, pero hay incertidumbres y muchos problemas sociales que hay que ir afrontando.


Como en todo en la vida, creo que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, y humildemente en esta Comisión de Economía nos corresponde estar analizando y controlando al Gobierno en un aspecto, en si la economía va mejor o peor. Hay
otras comisiones que tendrán otras labores y el resultado del conjunto del esfuerzo de todo el mundo es lo que hará que todo vaya mejor, pero a nosotros nos corresponde dar una solución a los problemas sociales a través de un camino, que es que la
economía vaya mejor y que luego eso se traslade a los ciudadanos. No hemos llegado, pero vamos mejor y las expectativas son mejores.


Decía el señor Hurtado, el portavoz del Grupo Socialista, que él quería evaluar las políticas económicas; hablaba del contexto y luego de la evaluación de las políticas económicas. En esa evaluación decía que todas las políticas económicas
que se hacen son malas. Ahora bien, ¿con quién nos comparamos, con lo anterior o con qué? Decía que todas las políticas son malas y empezaba a enjuiciar una por una, ahora me referiré a alguna. Las políticas son buenas o malas si los resultados
son buenos o malos, porque lo otro es decir que nada tiene importancia y todo se debe a la casualidad. Ustedes podrían decir: señores del Gobierno actual, ustedes tienen el santo de cara y, por tanto, a ustedes les va bien porque los hados les son
favorables y en el contexto de los tiempos han visto que les llevan por el buen camino, el viento es favorable para su navegación; es decir, los anteriores lo hacían todo bien, pero el viento era contario y ahora lo hacen todo mal, pero el viento
es favorable. Se puede hacer un análisis así, lo que no sé es si resiste una crítica. Es decir, los resultados son buenos si las políticas son buenas. Creo que ahora mismo el resultado está siendo positivo porque las políticas están en la
dirección adecuada. Los datos son objetivos; uno puede decir que se puede avanzar más, pero no que no se está avanzando. El último trimestre de 2013 ha tenido un comportamiento positivo y el primer trimestre de 2014 puede culminar con un
comportamiento positivo, estamos corrigiendo las previsiones de crecimiento para 2014 al alza y no a la baja y estamos corrigiendo las proyecciones para 2014 en el empleo al alza y no a la baja. Todo eso indica que las políticas son correctas.


¿Qué políticas son correctas? Creo que vamos en el buen camino -y no es a nuestra Comisión a la que le toca enjuiciarlo- en la contención del déficit público. Creo que vamos en el buen camino, nos fijamos un objetivo para el año 2013, que
era el 6,5%, y lo hemos cumplido prácticamente, y no exentos a lo largo del año de incertidumbres y de miedos por si no lo cumplíamos. Éramos conscientes de que, si cumplíamos el dato del déficit público que nos fijó Bruselas, íbamos a mejorar
nuestra credibilidad e íbamos a mejorar nuestras posiciones en los mercados; en cambio, si no lo cumplíamos, íbamos a empeorar nuestra posición en los mercados y nuestra credibilidad iba a quedar dañadísima, más allá de la posterior actitud de
Bruselas con nosotros, que desde luego no sería la misma. Creo que es un buen camino seguir en la contención del déficit público.


Desde luego hay una discusión -hoy se está celebrando la comparecencia de la secretaria de Estado de Presupuestos-, es posible una discusión y un debate sobre si es bueno o malo el déficit público. Es un debate que yo he tenido en esta
Cámara decenas de veces con el señor Fernández Marugán, más partidario de las políticas de Krugman, de más déficit público, etcétera. Lo que ya me resulta muy difícil es pedir más déficit público y luego criticar que es alto; eso ya me resulta más
difícil, porque me pregunto dónde está el debate. O sí, o no; nosotros no somos partidarios, pero en otras posiciones son partidarios. Lo que no puede ser es que uno sea partidario del déficit y luego se critique porque es muy alto; ahí ya me
resulta muy difícil el debate. Creo que el control del déficit público es un buen camino y que debemos seguir trabajando en ello. El control del déficit público se está simplificando mucho en este país. No es solo hacer recortes, es mejorar
también los ingresos a través de una política tributaria eficiente, de lucha contra el fraude, de que pagando menos impuestos sin embargo se amplíen las bases y haya más gente que pague o hacer que la economía crezca y, por tanto, haya un efecto
positivo en los ingresos. Controlar el déficit público por el lado de los gastos no es simplemente recortar, también es eficiencia y racionalización en el gasto público, buen uso del dinero público, no derrochar el dinero público, no duplicar
funciones entre las administraciones, etcétera. Pero es un buen camino. Otro camino adecuado es el de las reformas, que se podrían haber hecho más o menos. Se han hecho unas cuantas reformas en el mercado laboral, en los mercados de bienes y
servicios, en la Administración pública incluso, y ahí es donde hay que seguir. En mi opinión, y en opinión de mi grupo, reforzar, incentivar, asentar el proceso, tímido, de recuperación exige más reformas. En esta Cámara tenemos ahora mismo
cuatro proyectos -algunos más intensos en su reformismo porque son más importantes y otros, menos-: la modificación del marco preconcursal, la

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ley de desindexación, la ley de solvencia y en un rango menor la ley de tasas de la CNMV. Además hay tres proyectos en información pública que lo normal es que lleguen a esta Cámara, como son la ley financiera -a la que se ha referido el
secretario de Estado-, una modificación en cuanto a las entidades de capital riesgo y la ley de colegios profesionales. Hay que seguir en esa línea reformista, no nos podemos parar; mi grupo anima al Gobierno a que no se pare. Ese es un buen
camino, junto a la consolidación presupuestaria, ir buscando el equilibrio o ir cumpliendo los objetivos que nos pone Bruselas. Ese es un buen camino.


Otro camino es eliminar las incertidumbres. Yo veo -se refería a ello el portavoz del Grupo Socialista- que hay que estar muy pendientes del comportamiento de los precios. Hace unos años, en unas reuniones periódicas que teníamos, nos
decía un sociólogo: inflación, malo; poca inflación, bueno. Y a todos nos parecía que decía cosas obvias, pero eso era porque en España no habíamos conocido otra cosa. La lucha contra la inflación era lo mejor porque no habíamos conocido otro
mundo -por lo menos desde que yo soy estudiante- que luchar contra la inflación, que siempre subía. Ahora estamos en un contexto en el que hay que mirar con un cierto recelo esas inflaciones tan bajas o incluso negativas. Le ha hecho una pregunta
el portavoz del Grupo Socialista y no quiero incidir más en ello, pero sí me gustaría que el secretario de Estado hiciera algún comentario sobre cómo lo ve. Yo creo que un poquito de inflación, siempre menos que la alemana, sería un camino
adecuado, porque eso ayudaría mucho en los procesos de desapalancamiento, ayudaría mucho en los ingresos públicos, etcétera.


Es muy importante seguir hablando de financiación empresarial y creo que en este país está cambiando la cultura: la financiación empresarial no tiene que ser solo financiación bancaria, es muy importante que nuestro país, como otros países
occidentales, tenga mecanismos de financiación empresarial no bancaria. En esa línea todo lo que se haga es muy positivo. Llevamos décadas hablando en España de fórmulas de financiación no bancaria, de capital simiente -seed capital-, capital
riesgo, pero al final no se consolida, y creo que todo lo que hagamos, en un contexto en el que la reestructuración financiera ha llevado a que haya menos players en el mercado, es absolutamente necesario. Por tanto, las leyes que se están haciendo
en ese sentido bienvenidas sean y ojalá fructifiquen. Porque a veces se hacen leyes y luego con el tiempo se examinan los resultados y pueden ser más o menos positivos.


Por último quiero decir, señor presidente, señor secretario de Estado, que es muy importante que se haga una política coordinada con Bruselas. Ahora estamos empezando un proceso electoral y siempre que hay procesos electorales las cosas se
diluyen. Seguro que Bruselas está ahora en un impasse total porque todo el mundo está esperando el proceso electoral del 25 de mayo. Europa es muy importante, pero mi grupo quiere reseñar que Europa no es Alemania, ni Alemania es Europa. Europa
es un conjunto de países, de todos los países, y las políticas económicas tienen que ser buenas para todos. No puede ser que sean buenas para uno y que los demás tengamos que ir al albur de ese uno, y que cuando ese uno cambia, los demás cambiemos,
porque eso produce una cierta desazón en los ciudadanos a la hora de su compromiso europeo.


Acabo, señor presidente. Decía el portavoz del Grupo Socialista que no podemos estar satisfechos. Me parece lógico que ellos no estén satisfechos; seguro que en su fuero interno están satisfechos de que vayan algo mejor -en el fondo van a
tomar una cerveza como cualquiera-, pero no están tan satisfechos de que vayan bien coincidiendo con un Gobierno del Partido Popular, hubieran preferido que fueran bien coincidiendo con un Gobierno del Partido Socialista. Pero eso no ha sido dado,
unos dirán que por casualidad, nosotros decimos que porque las cosas se están haciendo bien. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, puede contestar a los portavoces.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (Jiménez Latorre): Como es tarde ya, voy a responder a las preguntas por temas. Hay muchos temas en común, hay preocupaciones compartidas en lo que se refiere a los riesgos de
deflación, en lo que se refiere a los riesgos de crédito en la medida en que el crédito va a impedir o no la recuperación económica, hay dudas en relación con la política fiscal y también sobre cuestiones de devaluación interna. Yo creo que con
estos cuatro grandes epígrafes podré responder a todas las cuestiones que se me han planteado.


Empezando por la deflación, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular la inflación baja es buena, en un contexto de unión monetaria debemos incorporar en nuestros comportamientos la cultura de la estabilidad de precios. En
estos momentos nuestra inflación tiene signo negativo. El último dato anticipado del mes de marzo estaba en menos 0,2%. El dato anticipado hablaba de la importancia de los alimentos; este viernes tendremos el desglose de los datos y veremos si
hay elementos volátiles que

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han influido o no en los precios. Nosotros creemos que en España no hay riesgo significativo de deflación en la medida en que, iniciándose la recuperación económica, la demanda irá ganando impulso. En consecuencia, nosotros estimamos que
terminaremos el año con inflaciones bajas, en torno al 0,5%.


Por otra parte, creemos que puede haber meses o periodos concretos de bajada de precios por elementos del lado de la oferta: porque los precios de las materias primas están cayendo, por incidencia de la pérdida de impulso de la economía
china. Entendemos que esos son efectos positivos, son ajustes a niveles de precios más bajos, pero sin que influyan en las expectativas. Por tanto, creemos que hay aspectos positivos en la inflación baja: permite garantizar el poder adquisitivo
de las rentas fijas, tanto salarios como pensiones, lo cual incide positivamente sobre el consumo y en consecuencia sobre esa recuperación de la demanda interna que va a favorecer la continuidad de la recuperación iniciada. También permite
continuar con la moderación de salarios, con el efecto que eso tiene sobre la competitividad y las exportaciones, otro elemento importante para consolidar la recuperación. Por supuesto, somos conscientes de que también tiene efectos negativos en la
medida en que cuando entras ya en un proceso continuado de caída de precios, tienes ahí riesgo de sostenibilidad de tu deuda en la medida en la que esto incide negativamente sobre el crecimiento del PIB nominal. Si resulta que la carga de tu deuda
no disminuye y tu PIB nominal sí lo hace, la sostenibilidad de tu deuda, tanto pública, como privada, como externa suscitará dudas, y en consecuencia tiene ese efecto negativo. Al final, la inflación o la deflación son fenómenos monetarios y, por
tanto, la actuación de la autoridad monetaria es clave. En algunas de sus intervenciones, por ejemplo en la del señor Azpiazu, se criticaba la falta de activismo por parte del Banco Central Europeo en comparación con otras autoridades monetarias
como la de Estados Unidos o la británica. Lo cierto es que el Banco Central Europeo ha hecho un anuncio muy comprometido. Ha dicho que si identifica riesgos de deflación en la zona euro tomará las medidas que sean necesarias para evitarla,
entendiendo con ello actuaciones no ortodoxas de política monetaria. Ahí se abre un abanico de posibilidades, desde compras de activos hasta tipos de interés positivo. El hecho de que anuncie que unánimemente el Banco Central Europeo está
determinado a tomar medidas para evitar el riesgo de deflación, es positivo. Los anuncios a veces son tan efectivos como las propias iniciativas. Recordemos cuando se hizo el anuncio de que tomaría todas las medidas necesarias para evitar la
reversibilidad del euro, que tuvo un efecto muy claro sobre los mercados. Esta es en esencia nuestra valoración sobre la evolución de los precios.


El crédito es otra de las preocupaciones. En qué medida el crédito ha venido cayendo a lo largo de esta crisis. Como explicaba al principio, venimos de una situación en la que tanto lo que se refiere al elevado endeudamiento del sector
privado como al deterioro de los balances bancarios han tenido incidencia sobre la evolución del crédito. El saneamiento del sistema financiero ha sido una condición necesaria para que el crédito vuelva. Si las entidades financieras no tienen
acceso a los mercados de capitales, si no disfrutan de la confianza de los ahorradores, de los depositantes, si están en un contexto de retirada de depósitos y en una situación desequilibrada en cuanto a posición de crédito/posición de depósitos, no
van a poder financiar la actividad económica. Por tanto, era una condición necesaria, así ha sido valorado por las instituciones internacionales, y se ha hecho de una forma determinante y contundente. Creo, señor Hurtado, que los datos del
Tribunal de Cuentas tratan de señalar otra cosa. Habla de recursos públicos puestos a disposición. Ahí está incluyendo todas las garantías cubiertas, no solo el riesgo de pérdida de esas garantías, lo cual abulta sensiblemente lo que hay detrás de
esas acciones. También, incorpora dentro de las ayudas todo lo que son líneas de crédito y préstamos. De algunas de ellas no se ha hecho uso en su totalidad; otras ya se han devuelto. En todo caso, fueron en condiciones de mercado, con lo cual
las cifras están midiendo una cosa distinta de lo que es el apoyo público entendido como transferencia de recursos públicos hacia el sector financiero. Ahí las cifras más afinadas son las del Banco de España. Estamos hablando de una cantidad en
torno a 40.000 millones por debajo de lo que estimaba el Tribunal de Cuentas y creo que son más correctas. En cuanto a lo que se ha perdido o no, una cosa es lo que ya incide en déficit porque se trate de transferencias para cubrir pérdidas. Ahí
habrá que esperar a ver qué es lo que se recupera de las enajenaciones para ver el resultado final. Todavía hay inversiones pendientes, todavía hay procesos de enajenación pendientes. En todo caso, la valoración de estas transferencias no debe
hacerse únicamente en términos presupuestarios, sino también en términos de solución de problemas: se ha garantizado la estabilidad del sistema, todos los depositantes han tenido la seguridad de sus depósitos y se han restablecido las condiciones
para que los bancos cumplan su función de financiar la actividad económica.

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La señora Riera preguntaba en qué medida los ejercicios de unión bancaria, análisis de calidad de los activos, pruebas de resistencia, etcétera, van a exigir esfuerzos adicionales de capital a las entidades y, en consecuencia, si esto va a
añadir más restricción a la actividad crediticia. Mi opinión es que en la medida en que en España se hizo ese ejercicio hace poco más de un año, las entidades están en mejor situación relativa que sus homólogas de otros países donde no se ha hecho,
como Alemania, Italia o Francia. Por tanto, yo creo que, aunque es cierto que la recesión del año pasado, la morosidad, ha tenido una incidencia negativa en las cuentas de los bancos, la capitalización ha sido importante. En este momento cumplen
de forma cómoda los requisitos de capital y el riesgo de que no aprueben los exámenes es menor. En todo caso, el ejercicio es bueno para el crédito. La capitalización, como decía al principio, es una condición necesaria para el crédito y es
fundamental que no haya la mínima duda sobre la solidez de las instituciones para que haya confianza en ellas y puedan cumplir con su función.


En lo que se refiere a la política fiscal, por una parte se critica el incumplimiento del objetivo del año pasado -esto lo decía el señor Hurtado- pese al relajamiento de las condiciones y, por otra parte, se critica el excesivo rigor, el
seguidismo a las condiciones impuestas por Bruselas, el signo de esa política fiscal. En este sentido, quisiera destacar que no es solo Bruselas, son también los mercados. Un desequilibrio presupuestario de la magnitud del que teníamos, un ritmo
de crecimiento de la deuda como el que llevábamos nos ponía en una situación de riesgo de financiación. Era fundamental restablecer la confianza, transmitir el mensaje de compromiso con la consolidación fiscal y además ha sido útil hacerlo desde el
primer momento. Era importante hacer un programa. El punto de partida era muy elevado -un déficit por encima del 9% del PIB es una barbaridad- pero para reducirlo en un contexto de recesión económica era importante que hubiese un programa, un
escalonamiento. En este sentido, la senda de ajuste del programa de estabilidad cumplía bastante bien esa combinación de lanzar un primer mensaje de compromiso con la consolidación fiscal y luego un programa para ir reduciendo la magnitud de ese
desequilibrio a lo largo del tiempo.


Por último, en lo que se refiere a la devaluación interna, hay cierta crítica en la medida en que se entiende que las ganancias de competitividad vienen únicamente por el lado de los salarios, que los márgenes van aumentando y que no está
habiendo ganancias en otros ámbitos, como a través de la innovación, etcétera. Yo creo que la devaluación interna en general y las ganancias de competitividad han sido un elemento clave para la recuperación de la confianza en la economía española.
Había una duda grande sobre cómo íbamos a ser capaces de generar los suficientes recursos financieros para poder hacer frente a nuestra deuda externa sin poder utilizar el tipo de cambio para ganar competitividad. Pues se ha ganado competitividad,
por una parte, gracias a la moderación salarial, y aquí hay que reconocer el esfuerzo de los agentes sociales para seguir una política que era totalmente coherente con la situación de desempleo y de recesión que vivía el país, y, por otra parte,
también se ha ganado competitividad por mejoras de la productividad de las empresas. Hay bastante talento, hay bastante innovación como para situar los productos españoles en los mercados donde había oportunidades, no hay que menospreciar esa
capacidad de innovación y talento de las empresas españolas que han sabido diversificar mercados y aprovechar oportunidades. El número de empresas exportadoras está aumentando, la vocación exportadora se está consolidando y eso está jugando un
papel muy importante para la recuperación económica, la recuperación de la confianza y del empleo.


Algunos temas concretos. El papel del ICO en la evolución del crédito comparando con años anteriores. Yo creo que aquí hay un poco de confusión entre el crédito disponible y el crédito utilizado. No hay un problema de oferta. En estos
momentos y desde mediados del año pasado el ICO tiene buen acceso a los mercados de capitales. Si hubiese demanda, el ICO podría satisfacer en mayor medida la demanda. El disponible crea una idea de que efectivamente ha habido ahí una disposición
presupuestaria, que no lo es, que no ha terminado utilizándose; por tanto, es mejor fijarse en las cifras de crédito concedido y en el coste de ese crédito. Es cierto, y esta es otra de las observaciones que se hacen, que la pequeña empresa
todavía está pagando unos tipos de intereses altos, el diferencial de créditos entre la grande y la pequeña empresa sigue siendo muy elevado, el diferencial del coste del crédito entre la pyme española y una homóloga centroeuropea sigue siendo
elevado, pero también aquí las cifras van mejorando, todos los avances en el proceso de la unión monetaria van permitiendo también que el diferencial de tipos que pagan las pymes se vaya reduciendo. Creo que es importante reconocer esas mejoras.
En este momento no hay una restricción por el lado de la oferta. Las entidades están en una situación equilibrada, capitalizada, su relación crédito/depósitos también está equilibrada, con acceso a los mercados. Es cierto que las garantías que
ofrecen las pymes no son garantías reales y en un contexto de morosidad alta lógicamente

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para cubrir ese riesgo la financiación es cara, pero en la medida en que vaya consolidándose la recuperación, mejorándose las perspectivas de negocio de las empresas, irán observando cómo va acompañando el crédito. Yo creo que aquí es
importante diferenciar entre lo que son datos de saldo vivo de crédito y lo que es evolución del crédito nuevo. En un contexto de desapalancamiento es normal que el saldo vivo de crédito vaya cayendo. Es muy gráfica la evolución del crédito
hipotecario; obviamente, con poca actividad inmobiliaria, en la medida en que vayan venciendo préstamos hipotecarios concedidos en el pasado que no se ven mas que compensados con nueva actividad crediticia hipotecaria, lógicamente el saldo vivo va
cayendo, las empresas tienen que ir reestructurando sus deudas, quitas. En fin, es normal que el saldo vivo vaya cayendo, no obstante ya se van viendo signos de crédito nuevo en términos corregidos de variaciones estacionales a pymes y a consumo
que ya están con cifras positivas, y esto de alguna forma está respaldando la tesis de que no hay una restricción de oferta y en la medida en que la calidad de la demanda vaya mejorando el crédito va a ir respondiendo, con lo cual a la pregunta que
se me hace de cuáles son mis previsiones de crédito, diré que yo creo que el crédito sí va a terminar reflejando, por lo menos a pymes y a consumo, cifras positivas este año. Y también hay que tener en cuenta que la financiación alternativa a la
bancaria está creciendo mucho, las emisiones de medianas empresas están siendo significativas y son fuentes alternativas, capital riesgo también está creciendo bastante y poco a poco va cambiando esa fuerte dependencia del crédito.


Efectivamente, puede saber a poco una recuperación de tan solo un 1%, por eso partía de aquellos desequilibrios tan fuertes del punto de partida. La magnitud de los retos era tremenda y la evidencia empírica de lo que tarda una economía en
hacer frente a unos desequilibrios de esa magnitud nos habla de periodos de profunda recesión y lento crecimiento, que en función de las medidas que tomes dura entre cinco y diez años. Es importante tratar de minimizar ese plazo al máximo; en todo
caso, el paso de una caída del PIB del menos 1,2 a una subida del 1% es un rebote importante. Yo creo que las previsiones deben ser conservadoras de forma que las sorpresas sean positivas, eso genera tranquilidad, genera certidumbre, por eso yo no
descartaría que al final las sorpresas sean positivas también en crecimiento y en empleo, pero es mejor partir de un escenario conservador y a partir de ahí, repito, que las sorpresas sean positivas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.