CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 529

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 38

celebrada el miércoles,

12 de marzo de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de Ley:


- Sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001747) ... (Página2)


- Relativa al proyecto de regeneración y acondicionamiento de la playa del Castillo, sita en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001939) ... (Página8)


- Sobre medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/002263) ... (Página11)


- Relativa a la necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo en el año 2016. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002338) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- Sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002366) ... (Página19)


- Relativa a la plena integración de la mujer en el sector pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002402) ... (Página23)

Página 2

- Sobre medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002442)
... (Página26)


- Relativa a los daños ocasionados en la agricultura, en la ganadería y en el sector forestal a consecuencia del temporal en Ourense. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002486) ... href='#(Página26)'>(Página26)


Transcripción literal al no ser posible la presencia ni corrección por parte del personal de Departamento del 'Diario de Sesiones'.


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Va a dar comienzo la sesión número 38 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el debate y votación de las proposiciones no de ley que están incluidas en el orden del día.


Antes de iniciar la sesión quisiera rogarles, señoras y señores diputados, que al finalizar la misma los portavoces de los diversos grupos parlamentarios de Mesa y portavoces se acerquen un momento a la Mesa para comentar la fecha de la
próxima Comisión y de las ponencias próximas.


Las votaciones no serán antes de las siete.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ALIMENTOS CON CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001747).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para su defensa
tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde Izquierda Plural presentamos esta iniciativa sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y medioambientales. De hecho es una proposición no de ley que tiene que ver, de forma transversal,
con casi todas las materias que ocupan a esta Comisión, porque tiene que ver con la alimentación, con la agricultura, con el modelo agrícola que tenemos, con el medio ambiente, con los consumidores y, por lo tanto, nos ocupa a todos y cada uno de
los diputados que integran esta Comisión.


Con esta iniciativa, que hemos hecho todo lo posible por buscar el consenso e iniciar un camino en el ámbito del Estado de compra pública con criterios sociales y medioambientales, queremos impulsar en el fondo cambios profundos en muchas
áreas. ¿Qué planteamos? Coherencia y poner un instrumento tan potente como es la compra pública de alimentos al servicio de los objetivos sociales y medioambientales. Parece que las administraciones públicas gastan entre 2.000 y 3.000 millones en
compras alimentarias; aquí tenemos que incluir todo, no solo a nivel estatal sino evidentemente todas las administraciones, pero estamos hablando de compras alimentarias de cantidades importantes si incluimos los hospitales, los bancos de
alimentos, las escuelas, el Ejército, los ministerios, las prisiones, etcétera. Es decir, tiene una capacidad transformadora para impulsar esos cambios.


¿Y qué puede significar impulsar ese tipo de compras? Para empezar, la compra con criterios sociales y medioambientales implica, indirectamente, impulsar la compra de proximidad y los circuitos cortos, algo que forma parte también de la
propia estrategia, según dice el propio ministerio, y de impulsar la compra local, porque cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de criterios sociales también existe ese vínculo con el propio entorno.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, les ruego guarden silencio porque se oye con dificultad la intervención de la portavoz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: ¿Qué puede significar, por ejemplo, la compra local? En primer lugar, beneficios medioambientales, lo de los circuitos cortos que les comentaba. En términos de emisiones, el sistema alimentario agroindustrial
precisamente es responsable al 50% de las emisiones. En España tiene

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una importancia ya que emitimos 4,2 millones de toneladas de CO2. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que exportemos 3.500 cerdos vivos e importemos 3.000 cerdos a la vez? Es un modelo que es insostenible en ese sentido. Lo mismo ocurre cuando
hablamos de carne de pollo, es decir, casi importamos lo mismo que exportamos. Es completamente incomprensible. Por tanto, fomentar la proximidad es asegurar la soberanía alimentaria en nuestro país.


Pero la compra pública social y ecológica también es relevante para promover una restauración colectiva responsable, precisamente por esa capacidad. Ahora podemos ver que dos empresas controlan gran parte de la demanda, más del 25% de la
demanda está controlada por dos empresas y eso reduce la calidad, y controlan también un mercado con una posición de dominio, afectando también a las propias rentas agrarias y disminuyendo los ingresos de los productores. Esa falta de ofertas y ese
control del mercado también reduce la capacidad de decidir qué tipo de alimentación queremos; por ejemplo, reduce la capacidad de muchos padres de conocer la comida que toman sus hijos en las escuelas, la calidad, de dónde viene, y también reduce
la capacidad de conectarlos con explotaciones familiares y de proximidad.


En España, el 60% de los beneficios del sistema alimentario va a la gran distribución y el 70% de los alimentos de restauración colectiva se compran a mayoristas. Eso es algo que con la compra pública podríamos reducir. No seríamos los
primeros ya que esto es algo que se está haciendo con las directivas vigentes en Italia, en Francia, en muchísimos países. Por ejemplo, ¿por qué en España hay tan pocas granjas de venta directa de alimentos? Seguramente por el poco papel activo
que ha tenido la Administración. La localización conllevaría además una reconexión y redistribución del valor añadido, creando empleo local, generando arraigo en las zonas rurales.


El efecto multiplicador es evidente, en todas las facetas, tanto en la sostenibilidad como a nivel social y hoy lo defendemos desde Iniciativa-Izquierda Unida La Izquierda Plural pero también hoy nos hacemos altavoz con esta proposición no
de ley de una campaña que está integrada por muchísimas organizaciones sociales, desde Veterinarios sin fronteras, Justicia alimentaria global, COAG productores; Ceapa, Japac, Organizaciones de consumidores, Amigos de la tierra, que están
defendiendo precisamente ese cambio de cómo en las escuelas y en nuestros hospitales se puede comer distinto.


Esta no es una iniciativa que vaya en contra de nadie, sino a favor de cambios a nivel de más justicia y más sostenibilidad. De hecho viene reforzada porque desde que la presentamos -y por eso nos hemos hecho una enmienda- se ha aprobado
una directiva de compra pública, aprobada precisamente el pasado 15 de enero, que establece la posibilidad de priorizar criterios sociales y medioambientales, es decir, no hay ninguna barrera técnica ni jurídica que nos impida avanzar en ese
sentido. Tenemos ya muchas regiones en Europa que han avanzado por ese camino, pero además ahora tenemos una directiva que nos avala. La reciente estrategia que ha impulsado el propio ministerio, estrategia para el apoyo de la producción
ecológica, que les recuerdo que fue presentada la semana pasada, explicita en la línea estratégica número 8 como hay que fomentar el consumo interno, la producción ecológica de alimentos y de proximidad y además dice que es especialmente importante
poner especial atención en la población infantil, en los nuevos hábitos y también en los propios establecimientos de restauración colectiva, es decir, el propio ministerio en su estrategia ya habla de que hay que impulsar esto.


¿Qué es lo que les planteamos? Un instrumento perfecto para cumplir con esa estrategia. Pues impulsemos esa contratación pública de alimentos con la capacidad que tiene no solo el ministerio sino el conjunto de ministerios y
administraciones públicas, evidentemente coordinadas con las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero entendemos que la Administración General del Estado tiene un papel importante.


Querría terminar con palabras de lo que la propia resolución del comité regional señalaba. Hoy hay un desequilibrio de poder en los sectores agrícolas y de alimentación que pone en peligro la propia supervivencia de la agricultura en
Occidente. Apostar por circuitos cortos y mercados locales tiene ventajas en términos de empleo, social y medioambiental. Les repito, no existen problemas técnicos sino que lo que necesitamos es voluntad política, porque la proximidad depende de
criterios y pliegos de condiciones en esas cláusulas de compras públicas, como la frescura de los alimentos, los criterios ecológicos o sociales como temas de reinserción. Lo han hecho muchísimas regiones; aquí el único impedimento sería que la
mayoría de esta Cámara no quisiera avanzar en este camino.


La proposición no de ley que planteamos insta al Gobierno a impulsar la contratación pública con criterios sociales y medioambientales a través de un plan de contratación pública. Les señalamos que marquen ustedes unos objetivos concretos y
un calendario, algo que entendemos tiene que ser de sentido común, que no puede ser que este país en el siglo XXI no haya avanzado en ese sentido. Es beneficioso

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para todos esos objetivos que muchas veces dice defender el Gobierno pero que luego no pone en práctica. Tienen la oportunidad de ser coherentes votando a favor de esta proposición no de ley que está hecha, precisamente, buscando el
consenso.


Anuncio que aceptaremos las enmiendas presentadas por Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Supongo que da por defendida la autoenmienda a su propia iniciativa.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar a favor esta proposición no de ley. Hemos tenido la oportunidad y el placer de intercambiar una reunión con la gente de corto circuito y coincidimos
en la filosofía que recoge esta iniciativa.


Antes de nada la enmienda está planteada porque no podemos renunciar, por temas sociales y medioambientales, a lo que serían políticas de valor añadido y el fomento del producto de proximidad de kilómetro cero, de venta directa, es un
producto que muchas veces va asociado a unas ciertas limitaciones productivas que les da valor y que a veces pueden estar recogidas con diferentes sellos de calidad. Por este motivo hemos presentado esta enmienda.


Hemos pasado, pues, de legislar en políticas de concentración de mercado, como podría ser la Ley de integración cooperativa, a políticas de desconcentración y estímulo, también de mercado pero a otro nivel, como podría ser esta proposición
no de ley. Por tanto, si recogemos que se tiene que legislar para todos y abarcando todas las realidades, entenderíamos que sería positivo el hecho de que se podría incorporar esta filosofía a la vez que, a nivel de la Administración Pública, se
podría contratar con estos criterios.


En definitiva, hablar de contratación pública en ese sentido sería hablar de compras de proximidad, de atracción económica, de asentamiento e incorporación de jóvenes en el territorio, de nuevas oportunidades también en el campo para poder
desarrollar una actividad profesional y al final hablar de políticas de kilómetro cero o venta directa sin intermediarios es quizá otra manera de fomentar y promover lo que sería el estímulo no solo a nivel laboral sino también de salud alimentaria.
Nuestro voto, por tanto, como no podía ser de otra manera, será a favor.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre este tema? De menor a mayor, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví, por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor BALDOVÍ RODA: Anunciamos nuestro voto afirmativo a la iniciativa que presenta Laia Ortiz. Al hilo de lo que ha dicho la diputada quiero señalar un solo dato. El Estado español importa 465.000 toneladas de carne, que supone que
generan 113.000 toneladas de CO2 y que han tenido que recorrer esas toneladas de carne una media de 2.400 kilómetros. Estas importaciones muchas veces empujan a la baja los productos de nuestros territorios, y les pongo un ejemplo claro como
valenciano. En la actual plena campaña de naranja las grandes superficies tenían naranjas de Sudáfrica, de Uruguay y de otros países del Cono Sur. Teniendo en cuenta que a los agricultores se les ha pagado una media de 1,80 euros por un cajón de
20 kilos, es decir, a nueve céntimos el kilo -o a 15 pesetas-, podemos observar que muchas veces todas estas importaciones empujan a la baja lo que sería la producción local.


En enero de 2011, el Comité de las Regiones ya apuntó los beneficios que suponen los comercios locales, tanto económicos como sociales o medioambientales y en ese sentido uno de ellos sería el apoyo a la economía regional o local, generando
empleo, por ejemplo, en agricultura o en los demás sectores productivos en el procesamiento, distribución, comercialización, ventas, en los servicios, es decir, en toda la cadena productiva; en el caso de la naranja sería muy, muy evidente.


En segundo lugar, otro de los beneficios que puede aportar este tipo de comercio es que genera un fuerte efecto multiplicador hasta multiplicarlo por tres en la renta regional y local en comparación con los circuitos habituales de comercio.


En tercer lugar, estos canales cortos de distribución propician relaciones de mutua confianza y también posibilitan de manera muy clara la transabilidad inmediata de los productos que se venden y que se consumen; contribuye a la cohesión
social, supone un acceso rápido a productos frescos y de calidad y, por tanto, para la salud de las personas y también, y de forma muy evidente, una disminución importantísima de las emisiones de CO2.


Por todo lo anterior, estamos completamente de acuerdo con la proposición no de ley que presenta la señora Ortiz y si el PP tiene a bien aprobarlo, que creo que no, hacer hincapié en que este plan habría de contemplar de manera muy evidente,
y muy dura los objetivos y los plazos a cumplir para que, en definitiva, tuviera posibilidad de realizarse.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero agradecer la propuesta que nos trae hoy aquí La Izquierda Plural; nosotros la apoyaremos, sin duda, porque nos parece necesaria y nos parece buena. Es obvio que existe una tendencia cada vez más
clara hacia la compra de cercanía y también existe una tendencia de poner cada vez más conciencia en eso que se dice 'somos lo que comemos' y que realmente es importante ver lo que comemos, de dónde viene, transabilidad, etcétera y a quien beneficia
eso que estamos comiendo. Es cierto que cada vez más los consumidores se preocupan, a pesar de que estamos en una época de crisis y es más complicado, de comprar productos de variedades que se habían perdido y que se están recuperando en las
agriculturas locales. Y esto, al final, ¿en qué redunda? Redunda en salud para los españoles pero también redunda en salud para nuestra tierra, para nuestro aire, para nuestra agua, para nuestro medio ambiente.


Quisiera matizar algunas cosas que me parecen obvias pero que creo que es necesario decirlas porque me preocuparía que nos quedáramos con esa simplificación de que lo cercano es bueno y lo lejano es malo. Creo que hay que reivindicar a unos
agricultores, como los españoles, que cada vez están haciendo un esfuerzo mayor en cuidar con qué tipo de pesticidas tratan a sus productos. Cada vez más se están empleando métodos biológicos y naturales para el control de plagas, etcétera, y es de
justicia recordarlo. Igualmente recordar que si nos fijáramos solamente en eso de que lo cercano es lo bueno, se daría la paradoja de que nosotros, que somos los primeros productores de productos agroalimentarios ecológicos de toda la Unión
Europea, sin embargo no los compramos. Con esto podríamos empezar a solucionarlo, pero quien lo compra fundamentalmente es Alemania, que está muy lejos. Al final si queremos que toda la Unión Europea se comporte de la misma manera a lo mejor
paradójicamente estaríamos yendo en nuestra contra. Creo que es bueno que hablemos de todo, pues estoy seguro que si a muchos de nuestros productores de productos ecológicos ahora, per se, ya, se les dice ¿qué prefieres, que te compre Alemania o tu
ayuntamiento? Tal y como están los ayuntamientos probablemente muchos preferirían seguir vendiendo a Alemania. Creo que esta propuesta es buena pero que me preocupa solamente un poquito la excesiva simplificación que a veces podemos hacer.


Los agricultores, ya lo he dicho, que no son de productos biológicos, cada vez lo hacen mejor; es evidente que estamos entrando en una competencia desleal con productos que vienen de muy lejos y que además no pasan los controles. Ya hemos
hablado muchas veces aquí sobre eso, hablando de la Unión Europea, de cuáles son los controles y cómo el Gobierno debería instar a la Unión Europea a que endurezca los controles y a que endurezca también el castigo a aquellos productos -tomates,
naranjas, etcétera- que vienen de otros lugares donde no tienen que llevar a cabo todos esos cuidados que aquí nuestros agricultores están obligados a hacer; que pueden utilizar una mano de obra a veces en régimen casi de esclavitud que aquí,
evidentemente, ya no hacemos, y sin embargo esos productos se cuelan y entran en competencia, desleal absolutamente, con nuestros agricultores. Esto también hay que recordarlo.


Hay que recordar también que sin embargo habrá que dotar a todos estos agricultores de cercanía -y estamos hablando últimamente de esos temas con los proyectos de ley de asociación- de algún mecanismo para que puedan unirse y podamos
ejercitar esas compras a lo grande, porque es la única forma -y lo hemos dicho muchas veces en esta Comisión- de que los agricultores puedan defenderse frente a los distribuidores y frente a quienes les proporcionan los insumos, desde las semillas
hasta los abonos. Recordar -y más ahora- que es que el precio cuenta y en eso también tendremos que ponernos a hablar para ver cómo ponemos cuidado en un momento en el que hemos hablado también en este Congreso de los Diputados de que hay familias
que incluso ya no están siquiera comprando el menú para sus hijos en los colegios sino que les llevan directamente un tupper. A la vez que todo esto, que para mí es absolutamente necesario y defendible, habrá que articular formas para que esto no
encarezca nada.


Me parece importante recordarle al Partido Popular que la excusa economicista no es tal, que lo que se tenga que gastar el Gobierno en esto lo va a ahorrar en medio ambiente y en salud, por lo que no creo que pueda ser una buena excusa.
Movimientos como los del Slow Food o la Economía del bien común son movimientos que no piden más dinero, lo único que piden es un apoyo de las administraciones. Creo que son una expresión sana de una nueva forma de ver este tipo de cosas que ya
funcionan.


Para terminar, me gustaría recordar que somos un país líder en exportación y en agroalimentación; somos un país líder en cocineros también. Leyendo esta propuesta de Izquierda Unida que, repito, apoyo, recordaba aquel movimiento que lideró
Jamie Oliver en el Reino Unido criticando los menús que se daban

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no solamente en los colegios, como hablamos hoy, sino también en los hospitales. Esto generó un movimiento nacional que hizo que todo el mundo se pusiera de acuerdo y se pusiera el acento en qué es lo que comen nuestros hijos en los
colegios.


Me gustaría que el Gobierno, que el señor Arias Cañete, que el ministerio lideraran algo así, que nos preocupáramos de la salud de nuestros hijos, de la salud de todos los españoles y también, por tanto, de la salud de nuestros agricultores,
de nuestra tierra y de nuestro medio ambiente. Repito, apoyamos esta propuesta.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, les ruego, señoras y señores diputados, dos cosas. Primero que en lo posible se mantengan en silencio, que hablen muy bajo, que bajen el tono de
sus conversaciones porque dificultan la intervención de los ponentes. En segundo lugar que no abusen de la flexibilidad que concede la Presidencia, porque en su intervención el señor Cantó ha doblado el tiempo previsto. Para el buen desarrollo de
la sesión les ruego que se ajusten a los tiempos aprobados por la Mesa.


Doña Teresa Cunillera tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora CUNILLERA MESTRES: Para que no me tengan que llamar al orden por el tiempo, voy a dar por reproducidos muchos de los argumentos expuestos. Nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley, incluso con la
incorporación de la enmienda de Convergència i Unió, que nos parece muy oportuna. Que se recuerde la labor constitucional que tiene el Estado de respetar las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, doy por reproducidos muchos de los
argumentos que me valdrían para señalar nuestro apoyo.


Esta iniciativa, me imagino, es fruto del resultado de muchas reuniones con organizaciones que han impulsado este movimiento. Nos alegra poder votar hoy aquí, y ojalá pudiéramos votarlo todos los grupos.


Me voy a referir más que nada al liderazgo que la Administración Pública tendría que tener en este tipo de contrataciones. La Administración Pública debería liderar la responsabilidad social de las empresas, que este Parlamento discutió muy
largamente en la pasada legislatura, porque si la Administración liderara la responsabilidad social de las empresas conseguiría dos de sus objetivos: uno, servir al interés general y contribuir a construir mercados más sostenibles, sociedades
inclusivas. Si no lo hace la Administración, es muy difícil que luego siguiera lo que podríamos llamar la iniciativa privada. Si la Administración se comprometiera en este tipo de argumentación que aquí se ha señalado reiteradamente,
conseguiríamos no solo los objetivos de eficiencia económica sino que también tendríamos la consecución de objetivos sociales y medioambientales que son igualmente importantes. Apoyamos esto porque creemos que la Administración debe ser un motor de
dinamismo tal y como lo fue en el pasado; en el mes de enero del año 2008 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de contratación pública verde de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades gestoras de la Seguridad
Social. No lo hizo porque se le ocurriera en aquel momento, que cabía hacer un plan de este tipo, sino porque la Unión Europea llevaba desde el año 2001, en su estrategia para el desarrollo sostenible, una serie de normativas que fueran
sucediéndose en el tiempo; que quería, que los Estados miembros tuvieran ese incentivo para desarrollar las políticas necesarias para alcanzar los niveles que en aquel momento solamente siete Estados cumplían con los estándares. Fueron objetivos
ambiciosos los que se fijaron en ese plan y la verdad es que hubo una primera evaluación que se constató en el informe general sobre el estado de la contratación pública verde, que se produjo en noviembre de 2011. En ese informe se pudo constatar
que el desarrollo había sido altamente satisfactorio y se establecían unas recomendaciones de futuro, recomendaciones y futuro que hasta hoy no conocemos porque no conocemos que se haya hecho otra en esta legislatura pero, efectivamente, el Gobierno
tendría la oportunidad en este momento, si su grupo se lo pidiera - pues supongo que a ellos les haría caso, a los demás no- para que pudieran hacer un plan de contratación en este sentido. Es más, ese plan tuvo esa evaluación en el año 2011; creo
que el que estamos pidiendo ahora -y me parece muy bien que La Izquierda Plural haya incluido justamente esa evaluación y seguimiento continuado que se debería hacer, porque sin eso no seríamos capaces de avanzar- en un segundo sentido -este sería
el más general- mucho más práctico que es el sentido de poner de relieve aquello que hoy ya es una realidad. Es decir, si nosotros recorremos lo que es la industria agroalimentaria y nos bajamos de la gran industria agroalimentaria y pasamos a lo
que es el pequeño comercio, veríamos que en este momento -y eso lo recoge bien la enmienda de Convergència i Unión- se tendría que recoger la marca oficial de calidad, denominación de origen, indicación geográfica protegida, porque es una realidad
que ya está pasando; en el pequeño nivel ya está pasando. El consumidor cada

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día está más educado en la sostenibilidad; el consumidor, cada día más, busca denominaciones de origen cercanas a su territorio; busca aquella marca que le reconoce desde luego la temporalidad -producto de temporada-, pero además con una
garantía de calidad que a lo mejor en el gran comercio no tiene. Si es posible que lo haga el pequeño comercio, si es posible que lo hagan los mercados que van a lo largo de todo nuestro territorio haciendo mercados de denominaciones de origen, de
artesanos, etcétera, ¿por qué la Administración se va a poner de espalda a una cosa que ya es una práctica habitual y, sobre todo, por qué la Administración no toma el liderazgo de estas iniciativas, por qué la Administración se niega a ser quien
marque la posición en este tema? Con esta proposición no de ley seríamos capaces de decirle al Gobierno que desde este Parlamento se apuesta claramente por este sistema de mercado y que se apuesta, además, de una manera pertinente y creo que
necesaria. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Aurelio Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Permítanme que antes de entrar en el fondo de esta proposición no de ley manifieste que, con el debido respeto a los grupos proponentes, la proposición no de ley incurre en un grave error. Efectivamente en la
exposición de motivos se manifiesta que en España las administraciones públicas destinan aproximadamente unos 2.000 o 3.000 millones de euros anuales a la compra de alimentos, lo que representa el 13% del PIB en el Estado español. Por tanto eso, o
es un error de cálculo o es un error de concepto; yo creo que será un error de cálculo, porque 2.000 o 3.000 millones de euros supone el 0,20% del PIB español; el 13% del PIB español son 130.000 millones, es decir, que el error es de 130.000
millones de euros. Creo que es un error de cálculo porque si fuera un error de concepto efectivamente no merecería siquiera seguir debatiendo la Proposición no de Ley.


Entrando en el fondo del asunto y compartiendo en parte el espíritu de esta proposición no de ley, nuestra posición es negativa a la misma basada más que nada en cuestiones de seguridad jurídica que a continuación paso a detallarles. La
adquisición de alimentos por parte de la Administración General del Estado está regulada por el Reglamento de la Comunidad número 1.234 del año 2007. Las compras se rigen por la Ley de contratos del sector público y además deben respetarse las
normas específicas establecidas en el ordenamiento antes mencionado y en los reglamentos de ejecución que la Comisión Europea aprueba cada año. Esta normativa en vigor determina que las compras deben hacerse por licitación pública y su asignación a
la mejor oferta, por lo que la forma de designación de proveedores descrita en la proposición no de ley podría ser un método no ajustado a derecho. Siempre cabe la posibilidad de que pequeños establecimientos de proximidad, ya sea en solitario o
mediante agrupaciones, acudan a licitaciones convocadas públicamente y de forma periódica por el FEGA. Por ejemplo, este año el Consejo de Ministros autorizó el 14 de febrero del año 2014 la contratación pública para la compra y distribución
gratuita de alimentos a personas más necesitadas por un valor de 40 millones de euros, con presupuesto exclusivamente nacional, y que dada la diversidad de los tipos de alimentos ofertados indudablemente ha habido un gran número de empresas
agroalimentarias localizadas en distintas regiones españolas con una clara apuesta por el sector primario.


De la iniciativa parece entenderse que son las distintas administraciones públicas las que licitan las adquisiciones de alimentos. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado son las empresas que realizan los servicios a
quien corresponde la adquisición de alimentos para consumo en dependencias públicas. El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, atribuye a la
Dirección General de Patrimonio del Estado las competencias relativas a los sistemas de contratación. En el procedimiento para la asignación de empresas, que realiza el servicio de hostelería y restaurantes de edificios administrativos no están
incluidos los declarados de contratación centralizada de declaración de bienes y servicios de contratación. Corresponde, por tanto, a cada ministerio establecer criterios de contratación señalando las medidas que considere oportunas, que aseguren
el cumplimiento de los mismos y cuyo contenido debería reflejarse en los pliegos de contratación.


Los procedimientos de contratación pública a todos los niveles se encuentran en la actualidad presididos por el marco jurídico de la Directiva de la Unión Europea, concretamente por las directivas 17/2004 y 18/2004, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo, cuya trasposición y desarrollo legislativo en España ha dado lugar a la actual normativa, el texto refundido de la Ley de contratos del sector público.


Establecer una medida que garantice la compra de alimento local requiere llevarla a cabo a estela de la Unión Europea, como señala el dictamen del Comité de Regiones del mes de enero de 2011, puesto que la Directiva 18/2004, sobre
contratación pública, establece el principio de libre circulación de

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mercancías, debe respetarse en todo momento, lo que implica la necesidad de modificación del contenido del artículo 26 de la misma, relativo a las condiciones de ejecución del contrato, de tal modo que el criterio, producido localmente,
pueda ser un criterio estándar de selección en las licitaciones para el suministro de alimentos.


Termino, presidente, diciendo que las nuevas directivas en materia de contratación pública de inminente adopción dos de ellas, revisión de las directivas vigentes y una tercera sobre concepciones que constituye una novedad en la normativa
comunitaria, han estudiado precisamente la introducción de criterios medioambientales y sociales en la contratación pública, teniendo en cuenta factores como el origen de los alimentos, costes del ciclo de vida y reciclaje en lo que a aspectos
medioambientales se refiere, o al cumplimiento de los convenios internacionales y normativas comunitarias en lo relativo a materia de derechos sociales. Lo que decía al principio de mi intervención: la seguridad jurídica y la eficiencia aconsejan
demorar la revisión o puesta en marcha de cualquier iniciativa o plan de actuación relativo a cualquier ámbito de contratación pública que deberá estar supeditado a la trasposición de esta nueva directiva y a los contenidos que incorpora en
cuestiones sociales y medio ambientales puesto que supondrá, sin duda, la revisión y adopción de la legislación española.


- RELATIVA AL PROYECTO DE REGENERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAYA DEL CASTILLO, SITA EN CALETA DE FUSTE, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA (FUERTEVENTURA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001939).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la siguiente Proposición no de Ley que figura con el número 2.º del orden del día: Proposición no de ley relativa al proyecto de regeneración y acondicionamiento de la playa del Castillo,
sita en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura). El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz.


La señora ALBERTO PÉREZ: Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para solicitarles el apoyo a la proposición no de ley relativa al proyecto de regeneración y acondicionamiento de la playa del Castillo, situada en el
municipio de Antigua, Fuerteventura).


De forma muy breve, y para aquellos que no tengan la suerte de conocer la isla de Fuerteventura, les explicaré que la playa del Castillo en Caleta de Fuste es una de las más importantes y antiguas zonas turísticas de la isla y tercera
localidad insular que mayor número de camas turísticas acoge. Toda esta actividad se ha desarrollado desde principios de los años ochenta al abrigo de una playa cuyas características naturales, al ser una caleta, impiden la regeneración natural de
la misma, por lo que constituye una legítima reivindicación histórica de la población residente en la isla y de los empresarios que han apostado por el desarrollo turístico y económico de la zona, la necesidad de realizar actuaciones para regenerar
y acondicionar la playa del Castillo para que pueda ser destinada al baño aun con marea baja y disfrutada por residentes y visitantes.


Este proyecto, a lo largo de su historia, ha sufrido múltiples retrasos por distintas cuestiones, unas veces de ámbito político y otras por meros trabajos administrativos de muchas de las administraciones implicadas. No hemos venido hoy
aquí a realizar ningún tipo de debate de siglas políticas o atribución de responsabilidades; nuestra única intención es que se busque una solución factible a los problemas presupuestarios para hacer frente al coste de la ejecución del proyecto.


Ante la situación de la playa y a pesar de los problemas presupuestarios para la ejecución del proyecto, tenemos constancia de que desde la Dirección General de Costas se acordó a principios del verano pasado realizar una actuación puntual y
provisional con el Cabildo de Fuerteventura para mejorar el problema de accesibilidad de la zona de baño, en la que la Dirección de Costas realizó una actuación de retirada de piedras para facilitar el acceso al baño y el Cabildo de Fuerteventura se
comprometió a realizar una aportación de arena a la playa sin que hasta este momento se haya realizado.


Quiero agradecer al Partido Socialista que se haya interesado por esta iniciativa y que haya presentado una enmienda a esta propuesta; sin embargo, tal como le comentaba al portavoz con anterioridad a la celebración de esta sesión, la
propuesta de enmienda que ha registrado, que consiste en un adelanto de los fondos o prefinanciación, no obedece a la última y reciente propuesta de hace apenas un mes que ha realizado el Cabildo de Fuerteventura al ministerio -de la que nos
congratulamos desde aquí-, que no es otra que cofinanciar el proyecto de ejecución de la regeneración de la playa del Castillo. Esta última

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propuesta va totalmente en línea con lo que habíamos pedido desde este grupo a primeros de septiembre del año pasado en la proposición no de ley que estamos debatiendo hoy aquí y que no era otra que instar al Gobierno a buscar fórmulas de
colaboración público-privadas, incluyendo la colaboración interadministrativa entre las distintas administraciones locales y estatales, para que dentro de un marco de lealtad y respeto institucional se lleve a cabo este necesario proyecto.


Impulsando este objetivo y en recientes contactos con el Gobierno se nos ha trasladado que la fórmula de cofinanciación es viable. El Cabildo de Fuerteventura ha manifestado su acuerdo a aportar fondos para la regeneración de la playa. De
hecho, en los actuales presupuestos de la corporación mantienen abierta una ficha presupuestaria que asciende a seis mil euros, susceptible de modificación en caso de que el acuerdo se materialice. Así lo ha anunciado mediante nota de prensa la
corporación insular el pasado viernes 7 de marzo.


Por tanto, reitero que esta PNL está en sintonía con lo que solicitan las dos administraciones de ámbito insular, Cabildo y Ayuntamiento de Antigua, y también con la iniciativa privada, puesto que nos consta que para la ejecución del paseo
marítimo se ha buscado la participación de empresas turísticas de las zonas interesadas en la ejecución del mismo.


Me gustaría trasladar a la mesa que hemos consensuado una transacciones desde el Grupo Popular con el Grupo Socialista, que consistiría en sustituir el segundo punto del petitum de esta proposición no de ley con el siguiente texto: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la realización de un convenio de colaboración entre el excelentísimo Cabildo insular de Fuerteventura y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la cofinanciación al 50%
de obras correspondientes al proyecto de ejecución denominado regeneración de la playa del Castillo. Haré llegar copia a la Mesa.


Pido el apoyo para esta proposición no de ley, para que tan pronto como sea posible ambas administraciones acuerden los términos del convenio y con ello conseguir la ejecución del proyecto de regeneración de la playa del Castillo, vital para
la zona turística de Caleta de Fuste.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz.


El señor FRANQUIS VERA: La verdad es que ha contado una historia de este expediente y nos ha gustado mucho la realidad de lo que ha contado la portavoz del Partido Popular. Quiero decir que este es el expediente que representa la peor cara
de la política. ¿Y por qué digo esto? Porque representa la mentira, el engaño, la deslealtad institucional y la incompetencia. ¿Y por qué digo esto? Les puedo recordar que en el año 2011, en plena campaña electoral, el señor González Pons fue a
Fuerteventura e hizo unas declaraciones en las que manifestaba y aseguraba públicamente que 'en los primeros presupuestos de Rajoy estará la playa del Castillo y su regeneración' Incluso puedo asegurar que se considerará un crédito para que la playa
del Castillo esté rehabilitada para la próxima temporada, es decir, en el presupuesto de 2012. No solo no fue así, porque el presupuesto de 2012 no solo fomentó sino que se rebajó la cantidad que venía en el presupuesto de 2011, y en 2013
desapareció los presupuestos destinados a la rehabilitación de esta playa.


El Partido Popular en este expediente ha estado mareando mucho la perdiz, porque ha presentado una proposición no de ley del Parlamento de Canarias que nada tiene que ver con la propuesta que traen hoy aquí. Ahí pedían que le quitaran la
financiación a una obra, pactada y financiada, que se realizaba en el sur de Tenerife, precisamente para financiar esta obra. Es lo que pedían en esa PNL, que nada tiene que ver con lo que aquí se señala. Ustedes han insistido durante año y medio
en los problemas de dificultad presupuestaria. Esta PNL está realizada en septiembre del año pasado; me imagino que mucho antes del discurso triunfalista que el Partido Popular nos viene mostrando en los últimos meses, que hablan de cualquier cosa
menos de crisis y de dificultades económicas. Por eso nos extraña mucho esta iniciativa y la PNL en la que viene.


Nosotros hemos presentado una propuesta, que viene en la línea de la propuesta que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Aldea a la que el ministerio no ha contestado en ocho meses, y en esa propuesta se recoge la
realización de un convenio y también la posibilidad de acuerdos iniciativa pública, iniciativa privada. A esa propuesta o borrador de convenio que ha hecho el Cabildo y se lo ha trasladado al ministerio y el ministerio no ha contestado, se ha
negado a contestar a siete cartas que se le han enviado desde el Cabildo insular de Fuerteventura, se planteaban dos posibilidades: un convenio al cien por cien financiado por el ministerio, porque es una obra del ministerio y porque la debe hacer
el ministerio, porque es su responsabilidad y porque lo tenía presupuestado en el año 2011 y en el año 2012.

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Pero viendo la dificultad, y siendo una obra que no puede retrasarse más, las instituciones canarias, tanto el cabildo como el ayuntamiento estaban dispuestos a llegar a un convenio de colaboración con el ministerio y financiarlo al 50%, que
está en la propuesta que ha hecho el cabildo y que el ministerio se ha negado a realizar.


Esta obra se podía haber financiado hace ya algún tiempo. Ustedes cortaron las dos posibilidades de financiación, a través del presupuesto en costas y a través de un convenio que tenía firmado la Comunidad Autónoma de Canarias con el
Gobierno de España de cincuenta millones anuales para financiar precisamente equipamientos turísticos y espacios turísticos. También se podía haber financiado este tipo de obra, pero ustedes lo primero que hicieron al llegar al Gobierno fue quitar
cincuenta millones de euros que se destinaban año tras año a la Comunidad Autónoma de Canarias.


Espero que el ministerio asuma su responsabilidad y se siente inmediatamente con el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Antigua a firmar este convenio, que lo haga de verdad, que sea creíble, porque no nos creemos ninguna de las
propuestas que se han ido realizando a lo largo de este año y medio. Les puedo contar aquí innumerables recortes de periódicos y de visitas a la isla de Fuerteventura anunciando la ejecución inmediata de las obras de esta playa. Ha pasado el
tiempo, meses y años, y la situación sigue exactamente igual y, lo que es más preocupante, que este expediente administrativo todavía no se ha culminado.


Hemos hecho una propuesta de enmienda en la dirección de que se haga un convenio, porque la propuesta que traía la PNL era que existiera la posibilidad de acuerdo iniciativas pública y privadas; creemos que de aquí tiene que salir que sea
un convenio entre el cabildo insular y el ministerio, en los términos que está en el borrador de ese convenio y que luego se dé la posibilidad de que la iniciativa privada financie parte de esa obra que, como aquí se ha dicho, tiene dos fases, una
primera de aproximadamente cuatro millones de euros y otra segunda que fuese financiada por la iniciativa privada.


Por tanto si lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular en la transaccional que hemos pactado hace un momento de incluir el convenio en los términos que hemos pactado, lógicamente votaremos a favor de esta iniciativa. Espero que no sea
una de tantas PNL que se aprueban mayoritariamente y que quedan en los archivos y en el 'Diario de Sesiones'. Espero que a partir de este momento el ministerio asuma su responsabilidad y ponga en marcha inmediatamente la realización de esta obra
para que los ciudadanos, los turistas en definitiva, esta playa que es la tercera en importancia de las zonas turísticas de Fuerteventura, pueda contar con un equipamiento que es muy importante para el desarrollo de esta zona.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que la transaccional sigue acordada.


Por Coalición Canaria tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ MORO: Esta proposición no de ley firmada por el PP es la respuesta a una demanda que responde, señora diputada, mucho tiempo después, señora diputada, a las ofertas de colaboración para la financiación de la obra
de la playa del Castillo que el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Antigua, junto a inversores privados, vienen haciendo a Costas desde junio de 2013, sin que hasta el momento se haya recibido una propuesta favorable por parte del
ministerio.


Este sainete con el que ahora el PP pretende escenificar un cambio en su estrategia se podría enmendar sin necesidad de que se apruebe esta proposición no de ley. Ha transcurrido demasiado tiempo y al que corresponde mover ficha es al
Ministerio de Medio Ambiente, sin necesidad de esperar a que se apruebe este mandato del Congreso. El ministerio solo tiene que aceptar la oferta de participar en la financiación propuesta por el cabildo -por cierto una obra que es cien por cien
responsabilidad del Gobierno- y responder a la media docena de escritos de ofrecimiento que lleva enviándoles dicha institución desde el pasado mes de junio o remitirle una simple autorización al borrador de convenio que el cabildo le facilitó en la
reunión mantenido en el mismo mes de junio en Madrid.


Si hay voluntad del ministerio no hace falta este trámite parlamentario. Para todo ello, no obstante, es necesario asegurar que Costas haya cumplimentado toda la tramitación administrativa previa al expediente, ya que es su responsabilidad
y al menos hasta finales de enero no se había hecho. Pese a la ausencia de respuesta del ministerio a los sucesivos escritos remitidos por el cabildo, la institución insular sí habilitó una partida en sus cuentas de 2014 para poder ejecutar la obra
sin más dilación, una vez que reciba el visto bueno de Madrid al convenio, una partida que se aprobó -y es conveniente recordarlo- con el voto en contra del PP. Independientemente de la actuación del PP aquí y del PP allá, lo único que es evidente
es que el siguiente paso corresponde darlo, como comentaba anteriormente, al ministerio. No se puede

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seguir mareando la perdiz y alargar un proceso cuya salida depende únicamente de ustedes. No podemos permitir que se eternice la financiación de un proyecto que contaba con ficha financiera en los presupuestos del Estado del año 2012, ficha
que no se ejecutó ese año y que desapareció en las cuentas estatales de 2013.


¿A qué viene ahora que el PP traiga esta PNL para que se acepte la propuesta de financiación que le ha hecho el cabildo desde junio de 2013? ¿Es una rectificación y un intento de salvar los desatinos del PP de Fuerteventura? Además no es
correcto lo que se apunta en la iniciativa. La propuesta del cabildo no se ha hecho a través de los medios de comunicación, se hizo formalmente en una reunión mantenida en el ministerio en la que además se llevó un borrador de convenio y hasta una
segunda propuesta, un hecho que el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta escrita presentada por esta diputada. Es decir, el Gobierno se lo ha reconocido a esta diputada por escrito. Si además acudimos a la propia web del
ministerio, observamos cómo la tramitación administrativa del proyecto aun no está acabada; de hecho, señala, está parada desde octubre de 2013 en el trámite de evaluación ambiental porque están pidiendo nuevos informes.


Voy terminando. Estamos hablando señores diputados de un asentamiento turístico importantísimo de la isla de Fuerteventura. Pernoctan o visitan esa zona cerca de quinientos mil turistas al año y es la única del municipio de Antigua. Es
una obra que ayudaría a la reactivación económica en una zona donde hay un nivel altísimo de paro y contribuiría a la rehabilitación de las zonas turísticas que se encuentran muy deterioradas en este momento y sobre todo daría respuesta a una
demanda que vienen planteando los vecinos que llevan más de quince años esperando la ejecución de esta obra. Y, por supuesto, deberían ustedes aclarar si el ministerio ha acabado, como dije antes, su tramitación administrativa de impacto.
Nosotros, pese a todo, apoyaremos esta iniciativa en coherencia con la postura que siempre hemos defendido, coherencia que, lamentablemente no ha existido por parte del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Por UPyD tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, simplemente decir que apoyamos esta iniciativa que es importante entre otras cosas, y ya lo ha dicho la señora Oramas, para ayudar a que una de las regiones que tiene un índice más alto de
paro de toda España pueda generar riqueza y generar empleo. Realmente siendo esta una responsabilidad del ministerio nos tememos que una propuesta como esta que dice, entre otras cosas, estudiar la posibilidad de buscar fórmulas de colaboración
público-privadas se queda en algo tan poco concreto o tan poco tangible, que nos tememos que la playa del Castillo siga sin recibir el trato que merece por parte de la Administración. Nuestro apoyo y nuestro deseo de que esto se transforme en algo
real.


El señor PRESIDENTE: Señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Desde Convergència i Unió queremos manifestar que nuestro voto será favorable a esta iniciativa por las mismas razones que al final, con transacción o sin transacción, se vienen señalando en este debate, que es que
cualquier iniciativa que sirva para estimular el turismo y la riqueza económica de todos los territorios va a tener nuestro soporte.


- SOBRE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE REGADÍO Y EN PARTICULAR PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/002263).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes. El autor de esta iniciativa es el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó esta iniciativa en dos comisiones en la de Agricultura, en la que estamos, y también en la de Industria, porque entendemos que puede ser defendida en
todos sus términos porque es muy transversal, una porque afecta directamente a lo que sería el mundo agrario y la otra porque afecta a lo que sería el concepto tarifario, el concepto de energía.

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Es una proposición no de ley que al no recibir ninguna enmienda, iluso de mí, pensé que era porque se aprobaría sin ningún problema ¿por qué? Porque es un tema sensible que está en la calle, que muchos de los diputados territoriales
defienden que se tiene que dar solución a este problema de los altos costes energéticos en los regadíos y además pensé, iluso de mí, que se aprobaría porque no es una PNL nacionalista, ni es una PNL que solo aborde temas competenciales, que muchas
veces se nos acusa de que siempre estamos con lo mismo. Esto no es con lo mismo porque que yo sepa comunidades de regantes hay en toda España y no solo en Cataluña. Por tanto entendíamos que esta globalidad y atacar el problema globalmente tendría
más efectividad por el Grupo Popular.


¿Por qué decimos esto? Porque el consumo energético supone un coste importante en los trabajos correspondientes a la agricultura en el regadío, por lo que resulta importante, pues, aplicar políticas energéticas que contribuyan a la
reducción de estos costes de actividades agrícolas y también porque ello contribuye a la sostenibilidad del desarrollo rural. Las comunidades de regantes, tanto las de riego de apoyo como las de riego completo, necesitan de estaciones de bombeo
para suministrar la presión necesaria a la red de distribución, por lo que son grandes consumidoras de energía eléctrica, costes energéticos que en muchos casos pueden suponer hasta el 60 y 70% de los costes de estas corporaciones. Las reformas
energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de la factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos que componen la misma factura.


Hoy aquí vamos a debatir también una PNL del Grupo Socialista, referente a la tarifa eléctrica que, con diferentes palabras estamos diciendo todos lo mismo. Se tiene que incidir pues en el término de tarifa eléctrica de factura o de
autoconsumo o de estacionalidad de los costes energéticos de las comunidades de regantes para poder hacer un menor impacto en la viabilidad de estas corporaciones.


En lo que se refiere a la energía consumida, las instalaciones ya muestran una eficiencia y un mantenimiento adecuados, tal como ha sido contrastado por las autoridades energéticas. Por la cuenta que les trae, las comunidades de regantes
son las que ya están haciendo de manera eficiente, lo más eficiente posible, su gestión energética. Por tanto se han hecho acciones como, por ejemplo, participar en ofertas conjuntas y en subastas colectivas para conseguir el mejor precio en estas
tarifas del mercado. Pero lo más importante, quizá, sería el segundo elemento, el término de fijo de potencia o potencia contratada en los diferentes periodos tarifarios. Cabe señalar que las comunidades de regantes tienen un consumo energético
estacional al que no se ajusta la tarifa estacional regulada y se ven obligados a contratar un término de potencia elevado tanto para los meses de bajo consumo energético como también para los meses de alto consumo energético. Además deben
contratar obligatoriamente, en cada periodo tarifario, una potencia mayor o igual a la del periodo tarifario anterior. Así pues, de acuerdo con el Real Decreto 1164/2011, y con la orden ministerial esto está produciendo, desde el año 2012 unos
incrementos del 115% a la tarifa 6.1 y de 125 a la tarifa 3.1.


En definitiva lo que estamos haciendo nosotros es adoptar las reivindicaciones de las comunidades de regantes y apelar a la sensibilidad que creemos que tienen, porque así lo han manifestado públicamente en diferentes foros, de que es un
tema que se tiene que solucionar. ¿Y cómo se soluciona este tema? Pues entendemos que aplicando no solo un término economicista, como es el de antes, sino aplicando un poco el sentido común. ¿Y cómo se aplica el sentido común a la tarifa
eléctrica o a los costes energéticos? Una manera es dar la posibilidad de contratar la potencia de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos de año ajustados a las necesidades de riego. Una segunda opción sería adecuar la regulación
del autoconsumo en entidades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada en la red y energía consumida desde la red.


Al principio decía que no era un tema exclusivamente catalán, que no era una PNL nacionalista y de la que teníamos que vigilar no fuese que se aprobase algo que después se nos podría retraer, por que, por ejemplo, titulares de prensa: El
regadío andaluz cerró la campaña más cara de su historia por la subida de las tarifas eléctricas. Es una información, por ejemplo de Europa Press. No es cierto que no se puedan tomar medidas o exenciones en el campo eléctrico a nivel tributario de
impuestos porque, por ejemplo, Hacienda -otro titular de otro periódico- exime a varios sectores industriales del impuesto eléctrico, como pueden ser las cementeras, vidrio, aluminio, metalúrgicas, entre otras, ¿por qué no pueden tener las
comunidades de regantes, como sector también industrial importante para poder generar riqueza en la primera base de la economía productiva, un trato diferenciado especial y no tener que soportar la carga tan potente del coste energético.

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Por eso pedimos desde aquí el soporte del mayor número de grupos posible. Esperábamos de verdad que podríamos tener el del Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso se lo pedimos otra vez en público y a través del micrófono para ver
si le hemos podido convencer con esta intervención.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley porque compartimos los argumentos que acaba de dar el señor Solsona, entre otras cosas porque son muchas comunidades de regantes, más allá de la
catalana, que tienen este problema y que realmente reclaman una reducción de los costes de producción y esto estaría dentro de esos costes. Por tanto, nuestro apoyo; el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos -y acumularé las dos intervenciones- esta y la otra propuesta del Grupo Socialista que tiene que ver con energía y con regadío o con energía y agricultura. Ya hemos dicho en otras ocasiones en
Pleno y en otras comisiones cómo el coste energético está poniendo en peligro la competitividad de muchas de nuestras empresas en algo que tiene que ver con la agroalimentación y que tiene que ver, obviamente, como en todos los campos hoy en día con
un mercado global, realmente complicamos mucho la vida a nuestras empresas y por tanto a la creación de riqueza y de empleo en nuestro país cuando estos costes energéticos se disparan y son mucho más caros que en los países de nuestro entorno.


Teníamos algún pero, pequeño, con alguna de las propuestas que han presentado hoy al respecto Convergència i Unió y el Partido Socialista, por ejemplo, que tenía que ver con ese IVA. Uno puede preguntarse por qué ese IVA sí puede estar
reducido hasta ese punto y no el de otras actividades que, probablemente, también lo merezcan. Pero más allá de eso nosotros acabamos de registrar una PNL que iba en la misma dirección y en la que pedíamos modificaciones legales -cito- necesarias
para establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío, para que se facture por la potencia real utilizada y no por la teórica contratada, adecuándola así a las necesidades reales de consumo de energía de
explotaciones de agricultores. También estamos de acuerdo en que hay que cuidar el autoconsumo -lo hemos dicho en otras comisiones y en el Pleno-, que no hay que penalizarlo, como hace este Gobierno, mediante fuentes de energía renovables y hay que
cuidar, repito, como he dicho al comienzo, la competitividad de nuestras empresas hoy, hablando de agricultura, la de un sector que está tirando de nuestra economía y que está haciendo que el balance de nuestras exportaciones e importaciones sea el
que es, el sector agroalimentario. Cuídenlo, señores del Partido Popular, cuídenlo, señores del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alejandro Alonso, por el Grupo Socialista.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Por parte del Grupo Socialista haré una intervención también breve, para manifestar nuestra conformidad con el contenido de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
y adelantar nuestro voto favorable a la misma.


Dicho lo anterior, señor presidente, quiero decir que lamentamos que la Presidencia no tuviera a bien acumular en un mismo turno estas dos proposiciones no de ley y la que figura en el punto 3.º y en el punto 5.º, es decir, la registrada por
CiU y la que está incorporada en el orden del día a propuesta del Grupo Socialista, pese a la petición que este portavoz hizo en la Mesa. Las dos proposiciones no de ley, en concreto la de CiU que estamos debatiendo en este momento tiene dos
puntos, que tienen una coincidencia casi literal con dos de los puntos que figuran en la propuesta del Grupo Socialista. Por tanto, rogaría que repensara, para el futuro, las decisiones que puedan adoptarse en este sentido porque es incomprensible
la negativa a la incorporación y debate en un mismo turno de dos proposiciones no de ley que van al mismo tema, tarifa eléctrica de regadío, que ya el proponente y el resto de intervinientes han manifestado que efectivamente es la misma petición, la
misma materia y, vuelvo a repetir, incomprensible la decisión de no tramitarlas en un solo turno y por tanto obligarnos a utilizar el exiguo cupo de proposiciones no de ley que tiene cada uno de los grupos.


La defensa de la argumentación la haremos en nuestro turno correspondiente y en este caso simplemente me limito a lamentar la decisión de la Mesa y anunciar el voto favorable a la PNL planteada por Convergència i Unió.

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El señor PRESIDENTE: Le recuerdo, señor Alonso, que la Presidencia no es quien toma las decisiones sino que oídos todos los grupos parlamentarios que figuran en la Mesa se toma la decisión, como ha sido en este caso, por mayoría. Creo que
ahora entrar en debate con la Presidencia en este caso no tiene sentido.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Olga Iglesias Fontal.


La señora IGLESIAS FONTAL: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición respecto a la PNL de CiU. Vaya por delante el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular a los agricultores que
forman parte de las comunidades de regantes quienes con apenas el 15% de la superficie agraria útil son capaces de superar el 50% de la producción final agrícola y que son capaces de superar en 5,5 veces la conductividad media de la hectárea de
secano y de ocupar siete veces más mano de obra y que lo hacen a costa de mejorar sus instalaciones aun endeudándose.


Para continuar creo que es justo hacer un poco de memoria histórica respecto a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno socialista en la anterior legislatura.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas les ruego mantengan el respeto que los demás grupos han mantenido cuando intervenían ustedes.


La señora IGLESIAS FONTAL: Corría el año 2009, gobernaba el señor Rodríguez Zapatero y él mismo y su Gobierno y los diputados socialistas que lo sustentaban, alguno de los cuales continúa aquí, no solo negaban la crisis económica sino que
además tildaban de antipatriota y de agorero al Partido Popular. Y no contentos con ello se dedicaban a gastar sin límite el dinero que no teníamos, recurriendo para ello a endeudar cada vez más a todos los españoles, incluidos los regantes, e
incrementando cada año un poquito más el déficit de tarifa.


En este contexto de negación permanente de la evidencia, el Grupo Parlamentario Popular propuso una rebaja del IVA de las tarifas eléctricas de las comunidades de regantes, medida que fue aprobada en el Congreso aunque con los votos en
contra de los diputados socialistas, alguno de los cuales, repito, siguen hoy aquí. Dicha medida, aun contando con el apoyo mayoritario de la Cámara cayó en saco roto y la ministra Espinosa y su secretario de Estado, señor Pucheu, hicieron oídos
sordos al mandato de la Cámara con el consiguiente engaño a los regantes.


Conviene recordar también que ya en el año 2008 el señor Pucheu eliminó el uso especial para las tarifas de regadío; prometió una compensación y esta nunca llegó. Y fue esta ausencia de respuesta del Ejecutivo socialista la que condujo a
que se celebrara una multitudinaria manifestación en noviembre de 2009 en Madrid, donde más de cuarenta mil agricultores pidieron expresamente al entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, la puesta en marcha de medidas de apoyo o en caso
contrario su dimisión.


El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, les ruego que se mantengan en silencio y que escuchen la intervención de la portavoz. Esta Presidencia va a velar por el buen orden de esta sesión. Por favor, no me hagan que les llame la atención.


La señora IGLESIAS FONTAL: Gracias, señor presidente.


Es de esperar que los diputados socialistas lo recuerden; eran días de vino y rosas, según el PSOE pero los regantes lo estaban pasando mal. Y no contentos con ello, en el año 2010 el presupuesto para regadíos descendió un 31% para luego
en el año 2011 este descenso fue mayor, hasta el 73%. En definitiva, todo un sinsentido y una permanente huída hacia adelante del Gobierno del PSOE que nos ha conducido a la situación actual. Nuestros compañeros socialistas no pueden negarlo.
Otra vez le toca al PP arreglarlo. La situación no es fácil para nadie, incluidos los regantes, y así lo hace nuestro ministro Miguel Arias Cañete, quien asegura que no ha parado de trabajar a favor de los regantes. Y ya el Gobierno ha empezado a
estudiar la posibilidad de aplicar una fórmula de tarifa eléctrica que permita a las comunidades de regantes contar con un contrato de suministro eléctrico adaptado a este tipo específico de consumo, con un perfil de temporada.


No se puede obviar que este ministerio ha fomentado la agrupación de los regantes en centrales de compra que permiten generar un ahorro de gasto de energía eléctrica entre un 10 y un 14% anual, es decir, más de sesenta millones de euros al
año en términos absolutos. Creo también que hay que mencionar el acercamiento que se ha producido entre los regantes y el Ministerio de Industria. Fenacore ya ha remitido al ministerio un informe en el que se evalúa el impacto del incremento de la
tarifa y se proponen soluciones que están siendo estudiadas y que, como ya dije antes, en vía seria de encontrar una solución.

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Anuncio, ya lo señaló el señor Solsona, que no vamos a apoyar esta PNL de CiU. Agradecemos su presentación, sus buenas intenciones, pero lo hacemos en aras de no obstaculizar la labor del Gobierno que está trabajando desde el primer momento
y que pronto dará sus frutos.


No me cansaré de repetirles que entendemos y respetamos las reivindicaciones de los regantes, hechas por distintas vías, todas ellas lícitas, y las hacemos nuestras en la medida de lo posible, pero me gustaría que presten atención a esta
gráfica que ahora les enseño y que es lo que nos limita y al mismo tiempo nos da esperanza. Por un lado, la línea roja representa la evolución del paro con el Gobierno del PSOE -sale disparada hacia arriba en los años de Gobierno- (Rumores) y por
otra la evolución del paro con el Gobierno del PP. (Rumores). La línea azul se dirige hacia abajo. El paro disminuye, con lo cual de nuevo...


El señor PRESIDENTE: Un momento señora diputada. Ruego a todas las señoras y señores diputados que mantengan el respeto en beneficio de la libertad de expresión de esta Cámara y en especial a usted, señora Cunillera, que es miembro de la
Mesa y debería dar ejemplo para el buen funcionamiento de esta sesión. Sí, señora Cunillera. Lamento mucho su actitud.


La señora IGLESIAS FONTAL: Con el Gobierno del Partido Popular el paro disminuye, con lo cual tenemos motivos objetivos para la esperanza.


Acabo, señor presidente. Por último quiero decirles a las comunidades de regantes que el Gobierno de Mariano Rajoy apoya absolutamente su trabajo y de igual forma que los regantes convierten un erial en un terreno productivo, el Gobierno de
Mariano Rajoy será capaz de convertir el erial en el que el Partido Socialista dejó convertida a España en un país rico y productivo, donde todos podamos vivir dignamente de nuestro trabajo. (Aplausos.-Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, le llamo al orden. (Risas). A usted seguramente le producirá mucha risa. Me parece que el buen funcionamiento de las sesiones, tanto del Pleno como de las comisiones, debiera contar con su
colaboración, pues usted forma parte además en la Mesa del Pleno.


Vamos a proseguir la sesión. Les ruego a todos los grupos y a todas las señoras y señores diputados que no tomen ejemplo de lo que ha pasado en este punto del orden del día.


- RELATIVA A LA NECESIDAD DE REALIZAR GESTIONES PARA QUE SE CELEBRE LA WORLD FISHING EXHIBITION EN VIGO EN EL AÑO 2016. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002338).


El señor PRESIDENTE: Siguiente punto: Proposición no de Ley relativa a la necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo en el año 2016. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra la diputada doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para el Bloque Nacionalista Galego la iniciativa que presentamos y que paso a defender es de mucha importancia por las razones que voy a explicar.


La World Fishing Exhibition o la Feria Mundial de Pesca aunque se empezó a celebrar en Londres en el año 1970, a partir del año 1973 que se realizó en la ciudad de Vigo hasta nuestros días se celebró en esta ciudad cada seis años. Es de
interés decir que algunas de las personas que formaban parte del comité organizador de este evento tenían relación con el sector industrial gallego, concretamente Bigues de la Pesca, que además tenían un gran interés por llevar a cabo eventos de
estas características en Galicia, concretamente en la ciudad de Vigo, por la importancia que esta feria tiene no solamente en relación al sector pesquero sino también al conservero o al sector naval. En esta feria, en los años en que se ha
realizado en la ciudad de Vigo, en los últimos cuarenta, como ya he dicho, se hacían grandísimos negocios pero no solamente, como digo, del sector pesquero, sino que, por ejemplo, el sector naval era uno de los grandes beneficiarios de esta
exhibición.


En estos momentos la información que tenemos y que suscita además la iniciativa, es que el comité organizador ha decidido que no se celebrará esta Feria Mundial de Pesca en el año 2015, como sería de acuerdo a ese establecimiento de seis
años entre unos y otros cuando le correspondería celebrarse, y que además el próximo evento no se celebraría en Vigo sino que puede que se celebre en algún lugar situado en Asia.

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Señorías, entendemos que por la importancia que tiene el evento de la Feria Mundial de Pesca para la economía de Galicia, también del Estado español, por lo que significa no solamente para los sectores económicos que ya comenté, sino también
para el sector de la hostelería, el turismo, etcétera, incluso por lo que significa de proyección de una ciudad como Vigo o de lo que es la política económica del Estado español, nos parece fundamental que todas las fuerzas políticas y sobre todo
administraciones se implicaran en una actuación que permitiera que volviera a realizarse en la ciudad de Vigo el evento al que hacemos referencia. Entendemos que las dificultades del comité organizador pueden tener relación con los años que este
comité lleva realizando este evento o con otras circunstancias conocidas públicamente que pueden relacionar a algunas de las personas de este comité de organización. Pero señorías, al margen de eso, y precisamente por la importancia que tiene, y
por uno de los datos que no he dado aún, es que más de setenta mil personas visitan esta Feria Mundial de Pesca y que participan más de 51 países que además, aprovechando este evento, el propio Gobierno del Estado es el convocante de una conferencia
internacional de ministros de Pesca a la que han acudido más de cincuenta y un ministros en ediciones anteriores, es por lo que entendemos que el Gobierno del Estado debería actuar en la dirección de impulsar que este evento se volviera a realizar
en Galicia y concretamente en Vigo.


No podemos entender, como se nos señala en la enmienda que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, que un Gobierno no se pueda dirigir a otras administraciones o a un comité organizador de iniciativa privada para interesarse por la
organización de un evento de estas características o por cualquier otra cuestión, sobre todo cuando es público que el comité organizador ya ha comunicado que no se celebraría en Galicia, que se celebraría en otro lado.


A la vista de las enmiendas que nos han presentado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Popular, hemos de decir lo siguiente: Primero, que del Grupo Socialista podríamos aceptar como enmienda de adición el
punto número 2 de la enmienda que se nos presenta y del Grupo Popular lamentamos no poder aceptarla porque el Grupo Popular lo que nos viene a decir es que si el comité organizador se dirige al Gobierno, el Gobierno se comprometería o le
manifestaría su disposición a colaborar y a apoyar la celebración de esta feria mundial. Pero la cuestión es que no podemos estar esperando a que el comité organizador se dirija al Gobierno, y precisamente porque las circunstancias no son proclives
a que eso se dé, debe ser el Gobierno, desde nuestro punto de vista, el que debe actuar en la dirección de procurar que otras administraciones, como la autonómica o la local, como decimos en nuestra resolución de esta proposición no de ley, se
puedan dirigir al comité organizador y a los sectores económicos de Galicia para que se pueda revitalizar el comité organizador, reorientar la decisión que tienen tomada de no celebrarlo en Vigo, etcétera. No hacerlo así, desde nuestro punto de
vista, es no estar dispuesto por parte del Gobierno a impulsar que este evento mundial de pesca se celebre en la Ciudad olívica. Es, desde luego, una total y absoluta manifestación del Gobierno de no querer influir en que se pueda realizar un
evento internacional que tiene la importancia, desde el punto de vista económico, como tiene esta Feria Mundial de Pesca.


Entendemos que la enmienda que nos presenta el Grupo Popular no va en la dirección que nosotros creemos que debería actuar el Gobierno, que es en la dirección de dirigirse a la Administración municipal de Vigo y a la Xunta de Galicia para
actuar al mismo tiempo en la dirección de dirigirse al comité organizador de la World Fishing Exhibition y de otros sectores económicos de Galicia que, por cierto, han reclamado también a las administraciones que se impliquen en esta cuestión para
poder garantizar que la feria mundial se pueda volver a celebrar en la ciudad viguesa.


Señorías, no intentar llegar a un acuerdo en relación a conseguir hoy una transacción que permitiera ser optimistas en relación con la posibilidad de realizarse esta feria mundial de nuevo en Vigo es, desde nuestro punto de vista, una
posición de absoluto abandono por parte del Grupo Popular y del Gobierno de compromiso con la ciudad de Vigo, con la Feria Mundial de Pesca, con el sector de la pesca, con el sector de la conserva y con el sector naval. Es, en definitiva, un
abandono del compromiso de defender sectores económicos que pueden propiciar importantes puestos de trabajo en concreto en una ciudad como Vigo que en este momento tiene un altísimo nivel de paro. Espero que el Grupo Popular pueda rectificar la
enmienda que nos ha presentado para así poder alcanzar una transacción que sería bueno para Vigo y para los sectores económicos que hemos comentado.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Seara.

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La señora SEARA SOBRADO: En primer lugar quiero señalar que el Grupo Socialista tenía una proposición no de ley en el mismo sentido que la que presenta la portavoz del Bloque Nacionalista Galego y, sorprendentemente, en esta Comisión no se
permite acumular las iniciativas idénticas, cosa que resulta muy extraño, pero es la decisión que aquí se ha tomado; no la compartimos pero deseo que conste en el 'Diario de Sesiones' que es incomprensible que no se permitan las acumulaciones.


Decía la señora Fernández que la World Fishing Exhibition es un evento, una Feria Mundial de la Pesca de una enorme relevancia, y es cierto. Es un polo de atracción mundial de todos los agentes económicos, políticos y sociales vinculados a
la pesca. De hecho es la feria vinculada a la industria pesquera más influyente del mundo, repito, la más influyente del mundo. Es un espacio excelente donde se presentan los últimos avances tecnológicos en materia de pesca para la organización de
encuentros profesionales, para intercambiar experiencias, para cerrar negocios, para crear expectativas y para ofrecer oportunidades e ideas innovadoras. Su dimensión no se limita a impulsar y promover los contactos económicos y las relaciones
comerciales de un sector que mueve decenas de miles de millones de euros al año; tampoco es solamente un colosal escaparate de las últimas novedades pesqueras en I+D+i y de sectores como el naval o la industria auxiliar; es mucho más, concentra
todos los eslabones de la cadena de la pesca, es una plataforma muy relevante para el debate y la reflexión en torno al presente y al futuro de una industria en continua evolución. Desde su nacimiento ha contribuido al desarrollo del sector
pesquero internacional y a la explotación racional de los recursos pesqueros, ofreciendo soluciones y promoviendo nuevos conceptos que se han convertido con el tiempo en las nociones generalmente aceptadas en el mundo. Así, y a modo de ejemplo, fue
en esta feria donde se forjó la noción de pesca responsable, que se convirtió en un criterio básico en el diseño de estrategias y políticas de gestión de mares y océanos. Fue en esta feria.


De este modo, la World Fishing Exhibition, a través de sus foros paralelos y de la conferencia de ministros de Pesca, ha ido señalando las nuevas orientaciones y marcando los nuevos objetivos que ha adoptado la industria pesquera. ¿No
parece lógico que, a la vista de la enorme importancia de esta feria mundial, el Gobierno se implique de forma inmediata para asegurar que se realizará en Vigo en el año 2016? No vale decir que es una actividad privada y que se está a la espera de
que el comité organizador se dirija al Gobierno, No, no vale. Tiene que ser el Gobierno el que se preocupe de que no se pierda una feria mundial de tanta importancia. ¿No le parece al señor Arias Cañete que la realización de esta feria favorece la
economía, el empleo, la innovación y los criterios de futuro del sector de la pesca? Si considera que es así -es lo que dice- no puede sentarse a esperar cual Penélope. El ministro tiene que tomar la iniciativa y convocar al comité ejecutivo, lo
tiene que hacer ya, tiene que preocuparse de que ya que no se realizará en 2015, sí se haga en 2016. Por eso presentamos una enmienda a esta iniciativa en la que invocamos al Gobierno a que convoque al comité ejecutivo, a que se comprometa a
financiar el Consejo de Ministros de Pesca y a que se proponga la realización de la segunda cumbre pesquera.


El sector pesquero es una cuestión de Estado y el interés de que se realice la World Fishing Exhibition tiene que ser del Gobierno, no de la iniciativa privada. Si no hay compromisos claros, si se aceptara que hay que esperar a que tome la
iniciativa el comité organizador, el resultado sería un canto al sol, nada de nada.


Para que quede claro que otras administraciones sí se comprometen, les anuncio aquí que el Ayuntamiento de Vigo, del que soy teniente de alcalde, se compromete a mantener la financiación que siempre contempló y más si es necesario. ¿Hará lo
mismo el Gobierno? ¿Mantendrá la financiación cercana al millón de euros que le dedicó la ministra socialista, Elena Espinosa, en el año 2009? Su realización, repito, es de interés general para nuestro país, no es un interés particular de una
asociación privada, no. El comité organizador es un instrumento de gran importancia, por supuesto, pero el interés de que se realice en Vigo esta feria en 2016 tiene que ser del Gobierno. Mi grupo se pregunta, ¿no le interesa a España que vengan a
Vigo ministros de Pesca de todo el mundo? ¿No le interesa al Gobierno que vengan a Vigo profesionales y empresarios del sector pesquero y naval de todo el orbe? ¿No le interesa al Gobierno que vengan expertos, estudiosos e investigadores
nacionales e internacionales? ¿No le interesa que vengan responsables de la FAO? ¿No le interesa toda la actividad económica que se genera? ¿No le interesa la enorme cantidad de empleo que genera la actividad pesquera? Si no le interesa, grave;
si le interesa, que el ministro deje la poltrona y se ponga ya manos a la obra. Nosotros, en todo caso -ya ha dicho la portavoz del BNG, la señora Fernández, que acepta nuestra enmienda-, consideramos que si el Partido Popular no admite esta
propuesta que hace el BNG, con la enmienda que nosotros hemos planteado, está diciendo un no tremendo a la pesca en España y a un sector que, repito, genera decenas de miles de millones de euros.

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El señor PRESIDENTE: Señora Seara, le ruego que vaya concluyendo.


La señora SEARA SOBRADO: Acabo, señor presidente. En todo caso no he ocupado más tiempo que la señora portavoz del PP en la anterior Proposición no de Ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Pérez Insua.


El señor PÉREZ INSUA: Señorías, en relación con la proposición no de ley relativa a la necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo 2016, el Grupo Parlamentario Popular y siempre partiendo de la
premisa cierta de que la World Fishing es una feria empresarial de carácter privado y, por lo tanto, que quien decide el calendario y la sede para su celebración es el comité organizador de la misma, no puede estar más de acuerdo con esta
proposición no de ley en su parte expositiva.


La World Fishing Exhibition comenzó su andadura en 1963, celebrándose primero con carácter bianual y siendo la sede de las cuatro primeras ediciones la ciudad de Londres. Desde su quinta edición pasó a tener un carácter itinerante y a
celebrarse cada seis años. Las cinco últimas ediciones, es decir, en 1985, 1991, 1997, 2003 y 2009 han tenido lugar en la ciudad de Vigo, partiendo la iniciativa de que se celebrara en esta ciudad del propio sector empresarial gallego. De haber
continuado los organizadores de esta feria con la programación de que se celebre cada seis años, la siguiente tendría que celebrarse en 2015, pero de acuerdo a las informaciones que llegan parece ser que la organización...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Pérez Insua, ¿nos permiten seguir el desarrollo de la intervención de cualquier ponente, sea cual fuere el grupo por el que habla? Puede proseguir, señor Pérez Insua.


El señor PÉREZ INSUA: Muchas gracias, señor presidente.


De acuerdo a las informaciones que llegan, parece ser que la organización ha decidido retrasarla hasta 2016 y no descarta la propia organización la posibilidad de que su próxima celebración sea trasladada a algún país asiático. Desde que
comenzaron a celebrarse en Vigo, siempre se les ha hecho coincidir con una conferencia internacional de ministros de Pesca. El Gobierno es consciente de la importancia de la feria como escaparate mundial de los productos de la pesca y de la
transformación, así como de lo que supone para la ciudad de Vigo y para el sector, al tratarse de un encuentro profesional de envergadura, donde se muestran las últimas innovaciones y nuevas tecnologías para barcos, artes e infraestructuras
pesqueras. Ahora bien, podemos afirmar con rotundidad que ni los organizadores de la feria ni el sector se han dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitando algún tipo de apoyo para que la próxima edición de la
misma se celebre en Vigo y en 2016, ni que paralelamente se haga coincidir con una conferencia internacional de ministros de Pesca. Asimismo estamos en condiciones de asegurar, tal y como manifestó el propio ministro Arias Cañete el pasado 18 de
febrero en el Senado, en respuesta a la pregunta oral formulada sobre la materia, que de plantearse una solicitud formal de colaboración por parte de los organizadores, el Gobierno realizará las gestiones que institucionalmente y al más alto nivel
le correspondan, tanto en la organización de una nueva conferencia internacional de ministros de Pesca, es decir, cursando las invitaciones a los ministros de Pesca de todos los países, actuando como anfitrión y organizando las colaboraciones y
participaciones de los máximos responsables ministeriales en la materia, así como disponiendo las dotaciones presupuestarias necesarias para tener una presencia institucional en los pabellones de la feria. Así lo hizo con toda responsabilidad el
Gobierno del Partido Popular en las ediciones del World Fishing Exhibition de los años 1997 y 2003, ediciones que coincidieron con sus etapas de Gobierno y así lo seguirá haciendo.


El Gobierno, señorías, no puede sustituir la iniciativa empresarial imprescindible ni puede suplantar en sus competencias al comité organizador. Es por ello y en aras de potenciar e impulsar la iniciativa del comité organizador, con un
acuerdo conjunto, por lo que proponemos la siguiente enmienda que recoge un total y absoluto compromiso de apoyo por parte del ministerio y que esperamos asimismo cuente con su consideración. El Congreso insta al Gobierno a realizar las gestiones
que institucionalmente le correspondan cuando el comité organizador de la World Fishing Exhibition, responsable de la celebración de esta feria, se dirija al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente solicitando su colaboración y
apoyo para la celebración de una nueva edición de la misma y para que paralelamente se convoque una nueva conferencia internacional de ministros de Pesca.

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El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición respecto a este asunto? Por UPyD tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, queremos decir que estamos a favor de la propuesta que nos trae el BNG. Siempre hemos dicho en esta Comisión además que España, como potencia pesquera que es, debe estar ahí y debe estar
como organizador y no como mero asistente. Galicia lo merece, Vigo también, y hoy hemos repetido varias veces en esta Comisión... (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Estoy concretando, voy de lo general a lo un
poquito más concreto, no digo que sea distinto; supongo que era broma lo que me ha dicho, aunque ya hemos tenido usted y yo algún encuentro o desencuentro con motivos geográficos. Lo que decíamos es que a menudo hemos hablado en esta Comisión, en
otras y en Pleno, de lo importante que son todas estas cosas para la creación de empleo y para la creación de riqueza. Así que apoyamos la propuesta que nos traen hoy aquí.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea fijar posición respecto a este asunto?


El señor SOLSONA AIXALÀ: Sí, decir que estamos a favor.


El señor PRESIDENTE: Simplemente manifestar su opinión; puede estar en contra, puede estar a favor.


El señor SOLSOLA AIXALÁ: ¿Y que estoy haciendo?


El señor PRESIDENTE: Usted sabrá. No es que esté obligado a intervenir, sino simplemente si usted desea fijar posición.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Simplemente decirle que estamos a favor de la proposición no de ley que presenta la proponente.


El señor PRESIDENTE: La proponente acepta, entiendo yo, el punto 2 de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista y no acepta la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular.


- SOBRE LA TARIFA ELÉCTRICA APLICABLE A REGADÍOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/002366).


El señor PRESIDENTE: Debate del siguiente punto del orden del día, relativo a la proposición no de ley sobre la tarifa eléctrica aplicada a regadíos. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene
la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: El tarifazo eléctrico apaga el regadío. El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico. No son titulares de ningún líder de partido político, son titulares del presidente de la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España, que a fecha de hoy y en relación a las decisiones que ha tomado este Gobierno, anuncia y realiza movilizaciones a nivel nacional en demanda de soluciones a una producción, la de regadío, que en este momento agoniza como
consecuencia de las tremendas subidas de la tarifa eléctrica que ha padecido este sector por decisiones de este Gobierno. De ahí que el Grupo Socialista haya decidido, también anteriormente en otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), traer esta proposición no de ley en demanda de soluciones a lo que es, sin duda, en este momento, para el Grupo Parlamentario Socialista el mayor problema que tiene la agricultura española.


La agricultura de regadío juega un papel trascendental en la economía española; supone el 50% de la producción final agrícola, ocupando solo el 13% de las tierras. Son 3,4 millones de hectáreas de las cuales 1.700.000 tienen riego
localizado, 828.000 riego por aspersión y en este momento solo un 28% de la superficie de regadío se realiza con técnicas de riego por gravedad. Esto no es por casualidad, esto es porque los regantes, los titulares de las explotaciones de regadío,
desde mi punto de vista los agricultores más dinámicos y más competitivos de este país, han realizado un esfuerzo de modernización impresionante a lo largo de los últimos años.


El regadío, además de tener una importancia vital en la economía, tiene una trascendencia social, una hectárea de regadío produce cuatro veces más que una de secano, genera una renta seis veces y mayor

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y una hectárea de regadío -y esto creo que es lo más importante para la solución del mayor problema que tiene el país- genera cincuenta veces más empleo que una de secano.


La realidad es que el regadío está teniendo un incremento de sus costes de producción no solo por las tarifas eléctricas, especialmente por las tarifas eléctricas, que están ocasionando en este momento una tremenda pérdida de competitividad.
Según la Federación de Comunidades de Regantes, fijando las decisiones en lo que nos corresponde en esta legislatura, en este Gobierno, dice Fenacore: Con la modificación de la legislación energética del pasado mes de agosto vamos a soportar un
sobrecoste de cien millones de euros, lo que supone una subida media de la factura de la luz de un 16%. Concretamente el coste fijo del término de potencia que se paga mensualmente, aunque la instalación de riego no esté funcionando, se ha
incrementado desde agosto hasta aquí en un 115%, lo que se suma a la subida acumulada experimentada desde la desaparición de las tarifas especiales; un coste injusto que se está haciendo inviable para gran parte del riego modernizado y sinceramente
-dice Fenacore- nos está llevando a la ruina.


Todos los sindicatos agrarios han hecho manifestaciones en este sentido, exigiendo medidas a este Gobierno, no al anterior, que será responsable o culpable de lo que hiciera, pero este Gobierno es el que tiene que tomar medidas en este
momento.


Le recuerdo al portavoz del Grupo Popular, que seguramente me contestará y dirá lo que va a hacer respecto a su posición de voto, que 'es que ustedes fueron especialmente beligerantes en la pasada legislatura con los incrementos que
efectivamente se produjeron con las tarifas eléctricas'. Ustedes propusieron medidas, prometieron medidas cuando estaban en la oposición, prometieron -lo ha dicho el anterior portavoz del Grupo Popular- el IVA reducido, pero es que ustedes no solo
no han atraído un IVA reducido, es que han subido el IVA un 3% y es que ustedes, con el tarifazo al que se refiere Fenacore están provocando estas subidas que son las más grandes de toda la historia y que están ocasionando las movilizaciones.


Tiene gracia que ustedes que proponían y prometieron, y el ministro veladamente anunció en su primera comparecencia aquí, una tarifa especial para los regadíos, cuando este humilde diputado le ha preguntado al Gobierno cuándo va a aplicar
una tarifa especial para los regadíos, tan demandada por ustedes, tan beligerantes que fueron, dice el Gobierno en la contestación que esto no es posible, que la existencia de un peaje de acceso específico para un colectivo de consumidores
incumpliría los preceptos establecidos en la Directiva 2009/72, de la Comunidad Europea; que la legislación relativa a las tarifas eléctricas ha sido adaptada a las directivas de la Unión Europea. Es decir, que lo que ustedes pedían y de alguna
manera parece que dicen, que anuncian, que a lo mejor si lo preguntas por escrito es imposible, si lo hace el Grupo Socialista es un ataque a la agricultura de regadío.


En definitiva, tenemos un problema, un problema muy importante. La Proposición no de Ley del Grupo Socialista no está pidiendo nada distinto de lo que pueda hacerse; no está pidiendo pagar menos por la tarifa de regadío, está pidiendo
adoptar unas tarifas de acceso adaptadas a la problemática del regadío, al consumo estacional, consumos de temporada. ¿Esto puede hacerse? Puede hacerse si lógicamente lo recoge la legislación eléctrica. Fomentar el establecimiento de contratos
de temporada, eliminando las penalizaciones actuales y abriendo la posibilidad legal a que con un solo contrato se pueda disponer de distintas potencias para su uso en los meses de temporada de riego y en los meses del año; aprobar un plan de
fomento para las comunidades de regantes de regadío que consumen energía eléctrica en las propias explotaciones; establecer medidas para favorecer las centrales de compra y, una última medida que viene muy al hilo de la intervención que ha hecho el
anterior portavoz del Grupo Popular, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes en la misma línea que la establecida en Italia para las instalaciones de riego y drenaje. Sí, ustedes, como se ha señalado por la portavoz -no sé si lo hará
ahora el portavoz del Partido Popular- mantienen esa propuesta que hicieron en la pasada legislatura, tienen una oportunidad magnífica, ahora que el Gobierno anuncia una modificación impositiva, para aprobar esta medida de un IVA reducido para la
tarifa eléctrica de regadío.


En definitiva, vuelvo a repetir, creo que no va a tener ningún éxito esta iniciativa; la proposición no de ley recoge la reivindicación de todo el sector agrario español, de las comunidades de regantes y simple y llanamente me sorprende que
el Partido Popular se limite a votar que no. Hubiera entendido la búsqueda de algún planteamiento transaccional que de alguna manera dé una salida, una posibilidad a los regantes, pero votar que no a las iniciativas que en este sentido se plantean
me parece que es la manera más irresponsable de acercarse al problema.

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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir respecto a esta iniciativa? Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: En primer lugar quiero decir que en la anterior PNL que he defendido como proponente, me he sentido ignorado por el Partido Popular, porque el Grupo Popular se ha pasado toda la PNL atacando al Partido Socialista e
ignorando la proposición que ha presentado nuestro grupo. Espero que aunque sea por deferencia, el Partido Popular englobe ahora algún comentario a mi propuesta en esta, que son muy parecidas.


En cualquier caso, quiero decirle que el ministro Arias Cañete se comprometió a revisar la tarifa eléctrica del regadío. Es un titular de la prensa de Lleida, donde el día 10 de febrero, en conferencia sectorial, el ministro se comprometió
a estudiar la tarifa eléctrica en el regadío, y esto después de que el sector elevase las quejas de que el término fijo de potencia del recibo se había encarecido más de un 20%. Esto, como he dicho, ocurrió en la conferencia sectorial y el ministro
se mostró favorable a esta demanda y remarcó que iniciaría conversaciones con el Ministerio de Industria sobre este aspecto.


Esto nos lleva a una reflexión que ya hicimos en la comparecencia del ministro realizada al mes de su llegada, a la hora de formular que hay acciones, o leyes de departamentos, o de ministerios que tienen un impacto transversal en otros
sectores, y a veces parece que el impacto de una ley en decretos de industria -en este caso el efecto tarifario del sector eléctrico-, tiene impacto directísimo y brutal en lo que afecta a la agricultura, en este tema y en otros también que son de
actualidad. Decir, citando palabras de Fenacore (Federación Nacional de Comunidades de Regantes), que con la excusa del déficit de tarifa y con la pasividad del Ministerio de Industria, el regadío ha soportado en los últimos seis años un aumento de
los costes fijos regulados, de más del mil por cien.


Con estos datos, no es solo una reivindicación política; decimos que esto es una reivindicación de una realidad muy, muy dura, que puede afectar no solo a la viabilidad de las diferentes explotaciones sino también a la viabilidad incluso de
las mismas comunidades de regantes.


No haré el comentario que hice antes en mi proposición no de ley de decir que como no hay enmiendas entendíamos que quizá estarían receptivos a esta, porque tampoco hay, en cualquier caso instamos a que si realmente se está cociendo alguna
cosa importante que pueda tranquilizar al sector, no lo dejemos para titulares o para noticias posteriores, sino que estaría bien que en sede parlamentaria, en esta Comisión, se dijese lo que se está cociendo en este tema y si hay alguna
expectativa, alguna esperanza para poner freno a esta grave situación que afecta al sector agrario.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz don José Cruz


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista. Como se ha puesto de manifiesto es una proposición no de ley
relativa a los problemas que padece el regadío español, como es el encarecimiento de la energía.


Voy a contestarles punto a punto a cada uno de los apartados de la proposición no de ley, pero debo decir que en la misma el Partido Socialista le pide al Gobierno algunas cuestiones que en el pasado también se le pidieron a él cuando
gobernaba y dijo y manifestó que no podía hacerlo por oponerse a la legislación comunitaria y que no eran posibles por la discriminación que se producía en el escenario en el que se movía el sector eléctrico y como consecuencia de esta situación
ofrecía dudas sobre su legalidad.


En el punto primero pide unas tarifas de acceso eléctricas para las explotaciones de regadío que se ajusten a las particularidades de consumo. Les tengo que decir que las tarifas especiales de riego desaparecieron en el año 2008, cuando
gobernaba el Partido Socialista. Por tanto, razones para no tener en cuenta el punto primero de la proposición no de ley del PSOE son las mismas que nos transmitió el secretario de Estado de Aguas en el pasado, y les leo textualmente lo que decía
en una de sus intervenciones en el Senado: 'Porque la normativa comunitaria imposibilita, desde junio de 2006 la posibilidad de discriminar al regadío con tarifas especiales' Por tanto, eran razones claras y contundentes que impedían e impiden
votar a favor de este punto. Nosotros, frente a lo que ustedes dijeron, les decimos algo más y les decimos que lo que proponen lo estamos estudiando y trabajando por si hubiera algún resquicio legal que lo permitiera y pudiera darse.


Paso al punto quinto para contestar después al segundo, al tercero y al cuarto. En el punto quinto proponen que el Gobierno aplique un IVA reducido para las tarifas de riego. Las razones para no tener en cuenta este punto quinto son las
mismas que el Gobierno del Partido Socialista nos dijo en el año 2008.

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¿Saben ustedes que contestaron en el pasado cuando se les propuso esta cuestión? Les leo textualmente lo que contestó la portavoz del Partido Socialista en el Senado: 'No se puede aplicar un IVA reducido solo al regadío, porque la
directiva europea solo prevé tipo reducido de IVA para la producción agraria y no para el resto. Ustedes lo saben y están pidiendo reducción de IVA para todo, a pesar de que saben que nos van a decir que no' Esto lo decía la portavoz del Partido
Socialista; por tanto, fin de la cita que creo que queda bien clara. Le digo lo mismo que decía el Partido Socialista ante lo que propone el Partido Socialista, les digo que tenía razón la portavoz del Partido Socialista ya que la Directiva
2006/112 CEE dice que esta situación debiera corregirse con políticas nacionales. Y esto es lo que hace el actual Gobierno. En concreto, desde el Ministerio de Agricultura se viene trabajando en estas políticas nacionales específicas de apoyo al
regadío, y fíjense lo que está haciendo. Este Gobierno ha trabajado en la eliminación de la tasa plana en la reforma de la PAC que propuso el PSOE, aunque les pese, y que este Gobierno ha logrado eliminar. Con la eliminación de esta tasa plana el
regadío español va a recibir anualmente 938 millones de euros, lo que supone 478 euros por hectárea, señorías. Esta es la realidad, que en el caso de aplicarse la tasa plana estaría invalidada. En el ámbito del desarrollo rural, en los programas
de desarrollo rural se van a poder cofinanciar inversiones en modernización de regadíos para la mejora de la eficiencia energética y del uso del agua. En cuanto a la modernización de regadíos les quiero decir que la Seiasa, inversiones 420
millones, 83 actuaciones; Acuaes y Acuamed 1.737 en toda la legislatura en muchísimas actuaciones. Estas son las políticas nacionales posibles.


En el punto segundo el Partido Socialista -que también contesto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya que anteriormente no se ha referido, yo me refiero también, pues coincide en parte con lo que propone el Partido
Socialista- propone fomentar contratos de temporada eliminando las penalizaciones actuales y el establecimiento de un solo contrato. Señores, esto es imposible; en virtud de la normativa comunitaria cualquier metodología para la fijación de los
peajes de acceso atendiendo a los criterios de no discriminación, y les digo la directiva: Directiva 2009/72 CEE. Por tanto es imposible votar a favor de este punto y sorprende la ligereza de su propuesta sobre todo cuando han estado en el
Gobierno y sabían de esta directiva comunitaria.


En el punto tercero, que también paso a contestar a Convergència i Unió, aprobar un plan de fomento para que las comunidades de regantes y explotaciones de regadío consuman energía eléctrica que produzcan ellas mismas. El autoconsumo ya se
encuentra regulado y se sabe como funciona. Por tanto, ya está regulado y planificado el autoconsumo. Entraría más en el debate pero no tengo tiempo para extenderme más por el tiempo que tenemos.


En el punto cuarto ustedes proponen establecer medidas que favorezcan las comunidades de regantes. Y esto es lo que el Gobierno está haciendo y ya hay más de treinta comunidades de regantes que tienen contratado un volumen de 100 gigavatios
hora al año. Esto es lo que está haciendo el Gobierno, por tanto, si ya se está haciendo para qué votar a favor de algo que ya se está haciendo.


Termino, señor presidente. El Partido Popular y el Gobierno son conscientes de la situación que atraviesa el regadío en España y en base a esta situación, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se está trabajando
desde el comienzo de la legislatura en beneficio de los regantes para que el incremento del precio de la energía afecte mínimamente a la rentabilidad y competitividad de las explotaciones. Decirles también que seguimos trabajando para intentar
neutralizar los efectos del incremento de tarifas y que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Industria, estudiando nuevas posibilidades de mejora, y seguiremos buscando, como les he dicho anteriormente, esos resquicios legales para poder
aplicar una mejor tarifación. Pero lo que propone el Partido Socialista en su PNL está fuera de las posibilidades de este Gobierno, son imposibles y, a mi juicio, también demagógicas. Podían haber propuesto otras cosas pero proponen lo imposible y
lo demagógico. Por tanto nuestro grupo no puede apoyar esta PNL ya que el propio PSOE nos dijo en el pasado que no se podían hacer las cosas que piden ahora, y otras se están realizando.


Ha dicho el señor Alonso una cosa que yo le pediría seriedad. Dice que en el programa el Partido Popular ha puesto retomar las tarifas de regadío. He releído, aquí les traigo el programa y se lo puedo dejar, y no figura absolutamente nada
de lo que dicen en su exposición de motivos; por tanto son propuestas, a nuestro juicio, engañosas y que de alguna manera manipulan el programa del Partido Popular.


Termino diciendo que este Gobierno hace lo que buenamente puede, intentando resolver los gravísimos problemas que el sector eléctrico tiene, que heredamos con un déficit energético enorme y con un encarecimiento de las tarifas no solamente
para los regantes sino también para todas las familias españolas, que se cifra en un 67%, y de eso no quiso hablar el presidente cuando se celebró el debate del estado de la Nación.

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- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA PLENA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002402).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la plena integración de la mujer en el sector pesquero. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha quedado fuera de plazo.


Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Quisiera empezar mi intervención, dado que estamos en la Comisión en la que abordamos habitualmente los asuntos relacionados con el sector pesquero y dado que estamos todos de alguna forma impresionados por la
catástrofe marítima, por el hundimiento del buque pesquero Santa Ana en las costas del Cantábrico, expresar, si me lo permite, no solo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, porque estoy seguro que todas sus señorías lo compartirán a la Cofradía
de Muros, de donde eran originarios muchos de los marineros fallecidos o desaparecidos y a la propia de Avilés, donde tenía el puerto base el buque Santa Ana, nuestra condolencia, nuestro pesar y nuestra solidaridad con el dolor que hoy sufren
muchas, entre otras, mujeres, que esperan ansiosas aunque ya con muy pocas esperanzas, saber algo de los cuerpos de sus maridos. Deseamos que sean pronto recuperados gracias al excelente trabajo que están realizando los cuerpos de buceo de la
Guardia Civil, cuerpos especializadísimos, y que pronto termine el dolor que estas madres, estas esposas, estas personas relacionadas con el sector pesquero están pasando.


Entrando en la materia objeto de esta iniciativa, hemos cumplido con la presentación de esta iniciativa y con la defensa que como portavoz de pesca hago en este momento, con el compromiso que anunciábamos cuando el pasado 25 de septiembre en
esta misma Comisión debatimos una iniciativa que en aquella ocasión había presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que al presentar una enmienda el Grupo Popular que no fue aceptada, anunciábamos que presentaríamos aquella enmienda más
ampliamente expresada, más completa, a modo de proposición no de ley. Esta es por tanto aquella iniciativa anunciada y, como decíamos durante aquel debate, pretendíamos y pretendemos que fuera más allá, que fuera más realista, más ambicioso y,
sobre todo, más acorde con las demandas que planteaba reiteradamente el colectivo de la Red española de mujeres en el sector pesquero y que ha expresado especialmente en las conclusiones de su tercer congreso, al cual tuve ocasión de acudir.


Ahora bien, al tiempo que escuchábamos en aquella ocasión, en la fecha que acabo de indicar, la exposición que hacía la entonces portavoz del Grupo Socialista en la defensa de su iniciativa, tuvimos ocasión de escuchar algunas afirmaciones
que quisiera que no se cayera nuevamente en la tarde de hoy en la tentación de volver a reiterar, entre otras cosas porque están muy alejadas de la realidad. Se decía, y cito textualmente 'El empleo de las mujeres se ha visto grave y especialmente
perjudicado por la reforma laboral que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular' Insisto en que me gustaría que hoy no se reiteraran aquellos argumentos porque voy a dar algunos datos que espero convenzan o hagan desistir de la tentación
posible, si es que se ha pensado en esa misma línea argumental. Hoy hay cincuenta mil mujeres más afiliadas a la Seguridad Social que hace un año. En febrero la contratación indefinida entre mujeres se incrementó un 5%. Se trabaja por parte del
Gobierno en un plan de racionalización de horarios que permita realmente una efectiva conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero si vamos ya al sector pesquero en particular, quiero recordar que en las últimas reformas relacionadas
con los coeficientes reductores en la edad de jubilación, se aprobó por primera vez, un coeficiente reductor del 0,10, entre otros colectivos del sector pesquero, para las mariscadoras. Y desde el punto de vista de la Seguridad Social no produce
ninguna discriminación por razón de género, como también se ha afirmado. Y doy un solo dato: en el Régimen Especial del Mar, desde el 31 de diciembre del año 2012 a 31 de diciembre del año 2013, a pesar de haber una afiliación que se ha reducido
en un 3% aproximadamente, no ha sido así en la afiliación femenina. En el Régimen Especial del Mar se pasaba de 35.461 personas las altas en el año 2012 a 34.404 en el año 2013; el porcentaje en el caso de mujeres pasaba del 17,45 al 17,47, no
había, por tanto, una caída sino un ligero incremento. Por eso, insisto en que no volvieran a reiterar aquel tipo de argumentos porque evidentemente están descalificados con los datos que acabo de facilitar, entre otros muchos que se podían
aportar.

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¿En qué aspectos principales incide nuestra proposición no de ley? Pues bien la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se refiere en su artículo 5 a la igualdad de trato de oportunidades, al
acceso al empleo, la formación y la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, y quedan perfectamente claras en esa ley orgánica. Mi grupo parlamentario, y este portavoz que hoy les habla, consideramos que conviene reforzar el principio
de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y evitar así situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo en el desarrollo de las distintas actividades -me estoy refiriendo expresamente al sector pesquero-, por lo que
consideramos necesario, y por eso proponemos esta iniciativa, adaptar la normativa pesquera en este sentido, para recoger claramente estos principios de igualdad de trato de oportunidades. ¿Y dónde debe producirse esta modificación legislativa? En
la ley de mayor rango dentro de materia pesquera, que es la Ley de Pesca marítima del Estado. Espero que cuando ello se produzca contemos con el apoyo de todos los grupos en este sentido. Este es el primer punto de la proposición no de ley que hoy
sometemos a debate.


Por otro lado, y es otro de los puntos de la iniciativa, el Fondo europeo de pesca, a punto ya de concluir su vigencia, establece que los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la
integración de las cuestiones de género, así como incrementar el papel de las mujeres en el sector de la pesca. Y esto es realmente lo que ha estado haciendo el Gobierno y en lo que ha venido trabajando, en la aplicación de estos términos
establecidos en una normativa comunitaria. Pero ahora lo importante, porque ese Fondo europeo de la pesca tiene los días contados, es que en el fondo que lo sustituya, en el Fondo europeo marítimo y pesquero, tenga continuidad y no solo que tenga
continuidad sino que tenga la utilización de todos esos fondos comunitarios para esta materia. Por eso el Gobierno ha seguido impulsando la incorporación de estos criterios en el nuevo fondo y así ha quedado incorporado en la perspectiva de género
entre las medidas de aplicación, así como la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.


Han transcurrido unos meses desde aquel debate al que hacía referencia y el Gobierno no ha estado esperando a que instáramos desde aquí a trabajar en estas medidas. Han acontecido también hechos importantes en este camino, y permítanme que
cite solo dos, por cuestiones de tiempo. En primer lugar, creo que podemos felicitar al colectivo de Las Regueras por el trabajo que han desarrollado y porque les ha permitido que la redacción de la norma UNE sobre confección artesanal y
mantenimiento artesanal de arte y aparejos de pesca haga que sea un plus, un valor añadido al trabajo que venían haciendo. Hay que valorar muy positivamente este hecho no solamente por el efecto positivo que tendrá para el colectivo de Las Regueras
sino también porque servirá para incrementar el control de la pesca al quedar perfectamente identificadas las propiedades de sus redes.


Por poner un último ejemplo, igualmente se ha avanzado en la igualdad de género en el sector pesquero y en el sector acuícola, ya que los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por otra parte el de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, han firmado un convenio de colaboración con la finalidad de apoyar el asociacionismo y el liderazgo de las mujeres, así como poner en marcha un plan estratégico de igualdad para este sector. Este convenio tendrá una vigencia de
dos años, es prorrogable, y cuenta con una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes.


Para terminar e ir concretando el verdadero sentido de esta iniciativa, lo que proponemos en ella es garantizar esta plena integración de la mujer en el futuro próximo a través de esos fondos del Fondo europeo marítimo y pesquero, e
igualmente perseguimos que la Comisión comparta estos criterios, que contribuyamos a dar un respaldo a la Red española de mujeres en el sector pesquero, que han solicitado apoyo para que los distintos colectivos de mujeres dedicadas a las
actividades del mar se puedan constituir en federación. Es una reivindicación de ellas que quedó plasmada en ese congreso y que forma parte también de uno de los cuatro puntos de nuestra iniciativa.


Señor presidente, para terminar y clarificar, quiero decir que respecto a las enmiendas que han presentado los otros grupos que usted ha citado al principio, atendemos parcialmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
a modo de transaccional, que haremos llegar a la Mesa, modificando el punto 3 de nuestra iniciativa, añadiendo una redacción nueva que paso a leer para que conste en el 'Diario de Sesiones' de forma clara y dejando los otros tres puntos, el 1, 2 y 4
con el texto original de nuestra iniciativa. El punto 3 quedaría redactado de la siguiente manera: Incorporar en el programa operativo de ejecución del Fondo europeo marítimo pesquero actuaciones específicas dotadas financieramente para promover
la igualdad de oportunidades que conlleven la sensibilización de la mujer en el sector pesquero y acuícola.

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Termino, señor presidente, haciendo esa mención especial a la situación que viven algunas de nuestras mujeres del sector pesquero y pidiendo, si es posible que con nuestro respaldo unánime a esta iniciativa -espero que así sea- podamos
trasladar también un mensaje de esperanza a ellas y a todo el sector pesquero.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas; una fuera de plazo que si no hay ningún grupo que se oponga a su admisión es una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se
podría debatir e incluso votar. ¿Hay algún grupo que se oponga?


El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, yo no es que me oponga, no he hecho referencia a ella y sí a la del Grupo Parlamentario Socialista porque esta a la que usted se refiere ahora estaba presentada fuera de plazo y entendía que no había
que considerarla, pero si por parte de los demás grupos no hay inconveniente no será el Grupo Parlamentario Popular el que se oponga, pero en ese caso me gustaría, en el momento que la Presidencia lo tenga a bien, hacer una referencia a esa
enmienda.


El señor PRESIDENTE: ¿La quiere defender?


El señor SOLSONA AIXALÁ: Si puede ser, sí. Es una enmienda que hacemos a menudo que es simplemente añadir. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -y entonces añadimos- en el marco de sus competencias a ... Y a continuación la
siguiente propuesta suya. Se trata simplemente de añadir el marco competencial para que quede reflejado en esta proposición no de ley. En principio vamos a estar a favor de esta PNL.


El señor GARCÍA DÍEZ: Insisto que al poner en la propia enmienda presentada fuera de plazo no sabía cuál era el criterio de la Comisión, si se iba a aceptar o no. Ahora como se acaba de expresar por parte de su autor, nosotros no la hemos
incluido en esa transaccional entre otras cosas porque, como he dicho durante mi exposición, lo que estamos pidiendo es adaptar la normativa al más alto nivel, que es la Ley de Pesca Marítima del Estado, ley que contempla claramente cuáles son las
competencias de las comunidades autónomas y no hay ninguna injerencia ni ninguna interferencia en competencias de comunidades autónomas. Por eso no la hemos incluido en la transaccional.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Voy a intentar tener el mismo tono que el portavoz del Grupo Popular pero a veces su flexibilidad con algunos temas y su inflexibilidad con otros hace que tengamos que armarnos de paciencia.


Respecto a la enmienda que presentamos a esta iniciativa, no nos sorprende porque, como ha dicho su portavoz, ya anunciaron que la enmienda que presentaron a la proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista en esta misma Comisión el
pasado 25 de septiembre, la transformarían en una iniciativa, no por eso ni más realista ni más ambiciosa. En aquella sesión el Grupo Socialista presentó la iniciativa ante la situación de la mujer en el sector pesquero y acuícola. Ante la reforma
del Gobierno del Partido Popular, claramente deficitaria e incluso discriminatoria, instábamos al Gobierno a una serie de medidas concretas, hasta seis, para solucionarla.


No aceptamos en aquel momento lo que hoy presentan como una iniciativa porque vaciaba de contenido la propuesta que hacíamos. No se hablaba de la incorporación de la perspectiva de género a la normativa, tanto europea como nacional, que
rige la actividad pesquera, de programas específicos de empleo que incluyeran políticas activas que presten atención a la incorporación de la mujer o a la consolidación de su presencia, tanto en la actividad extractiva como en actividades conexas,
comercialización y transformación, o alternativas, o la investigación científica o el turismo real, implicando en todas esas medidas a los armadores y tampoco se hablaba del fomento en las tripulaciones mixtas.


Ustedes pedían, y vuelven a reiterar hoy, cuatro cuestiones, cuatro cuestiones a las que nunca nos hemos opuesto, ni nos opusimos entonces ni nos vamos a oponer ahora. Pero señores del Partido Popular, antes de ustedes había mundo, ¿eh?,
no era la nada, había un mundo, había muchas propuesta que se trabajaron y lo que queríamos y lo que queremos es seguir avanzando. Nos parece bien que pidan la adaptación de la normativa pesquera para conseguir una igualdad de género real, pero es
necesario

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volver a colocar en el centro de los debates sobre la pesca la perspectiva de género e implicar a los armadores en el objetivo de favorecer el acceso de la mujer a la pesca extractiva. Nos parece bien que insten al Gobierno a llevar a cabo
la realización de un estudio sobre el nivel del empleo femenino en la actividad pesquera y acuícola, pero es necesario arbitrar políticas activas de empleo y programas de formación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Nos parece bien que soliciten la incorporación, en el programa operativo del Fondo europeo marítimo y de pesca, de actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades, pero también es necesario pedirle que se fomente este principio
mediante ayudas específicas, tanto comunitarias como nacionales, entre otras cosas para adaptar los buques a las tripulaciones.


Nos parece bien que pidan el apoyo para los colectivos representativos de la mujer pescadora para que se constituyan en federación, pero todo eso es insuficiente. Por eso hemos presentado esta enmienda. Es insuficiente porque además de por
todo lo expuesto ya el Parlamento Europeo ha ido más allá de lo que va el Grupo Popular. En el informa aprobado por la Comisión de Pesca, elaborado por cierto por una eurodiputada socialista, se instaba a todos los Estados miembros a reconocer y
defender los derechos de las mujeres en el sector pesquero, ayudándoles a tener el desempleo en caso de interrupción temporal o definitiva de la actividad; a tener derecho a los permisos por maternidad, a la Seguridad Social, a los servicios
sanitarios gratuitos y también frente a todos los riesgos a los que se exponen los trabajadores del mar. Es decir, que lo que se les está pidiendo a los Estados miembros son medidas concretas.


Se lo comenté ya cuando tramitamos nuestra iniciativa: las mujeres son unos de los colectivos más afectados en épocas de recesión económica; inmediatamente ven reducidas sus posibilidades de empleo, sus retribuciones salariales y, en
general, en sus condiciones de empleo. Y usted no me va a tentar. Por tanto debemos seguir insistiendo en que debemos trabajar en esta línea. Vamos a continuar en el camino que permita la mejora de la situación de las mujeres en la pesca, en sus
condiciones de trabajo, en sus condiciones de seguridad y de salud laboral e incluso la conciliación de su vida familiar o personal con la vida laboral en el sector pesquero y acuícola, porque creemos profundamente en la igual; no sé si todos
pueden decir lo mismo.


Cuando tramitamos la iniciativa del Grupo Socialista les dije que no les sería difícil apoyarla. Me equivoqué. Creí y creo que era algo de justicia lo que proponíamos, porque es de justicia luchar contra las desigualdades, también en
materia de pesca, y contra las desigualdades se lucha con políticas concretas. Nosotros vamos a apoyar su iniciativa, no vamos a hacer como ustedes, la vamos apoyar por nuestro compromiso con la mujer en el sector pesquero y exigiremos su
cumplimiento y seguiremos demandando el resto de las medidas que hoy no han querido incorporar.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición sobre esta cuestión? (Pausa).


- SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS POR LOS DIVERSOS Y GRAVES TEMPORALES QUE HAN AFECTADO LAS COSTAS GALLEGAS Y CANTÁBRICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002442).


- RELATIVA A LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA AGRICULTURA, EN LA GANADERÍA Y EN EL SECTOR FORESTAL, A CONSECUENCIA DEL TEMPORAL EN OURENSE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002486).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la proposición no de ley sobre medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado las costas gallegas y cantábricas. Esta
proposición se acumula, por decisión de la Mesa y portavoces, celebrada antes de la convocatoria de esta Comisión, a la siguiente proposición no de ley relativa a los daños ocasionados en la agricultura, en la ganadería y en el sector forestal a
consecuencia del temporal en Ourense. Ambas deberían contar, como el autor es el Grupo Parlamentario Socialista, con un tiempo para cada una de ellas de siete minutos y si se suman los dos serían catorce minutos. Propongo que sea un máximo de doce
minutos, pero en todas las iniciativas que se han debatido en el día de hoy se ha rebasado ampliamente el tiempo previsto. Lo único que les pido es que se sujeten, en la medida de lo posible, al tiempo que se va a establecer. Es decir, vamos a
poner doce minutos para el grupo proponente de las dos iniciativas que se acumulan, si le parece bien; a los que han presentado enmiendas en ambas, que se acumulan, serían seis minutos y para fijar posición pondríamos cinco minutos.

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Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para defender ambas iniciativas.


La señora GALLEGO ARRIOLA: El Grupo Socialista presenta esta iniciativa firmada conjuntamente por todos los diputados y diputadas de las cuatro comunidades autónomas afectadas por los temporales en las costas gallegas y cantábricas, porque
hemos asistido durante los dos primeros meses del año a sucesivos temporales, cada vez más virulentos y con especial intensidad en los primeros días de febrero. Desde luego esta diputada que presenta hoy la iniciativa, en sus años de vida nunca
había visto estos fenómenos meteorológicos tan intensos e inusuales, con olas de más de doce metros de altura, coincidiendo con vientos huracanados y con mareas muy vivas que arrastraban todo lo que se encontraban a su paso, que han dejado un
panorama devastador y que a fecha de hoy todos ustedes conocen.


En eso coincido con los expertos que están advirtiendo que no son fenómenos aislados sino que van en la línea de lo que está ocurriendo en el planeta como consecuencia del cambio climático y que esperamos que ya nadie lo ponga en duda.
Quisiera nombrar aquí al prestigioso Instituto de Hidráulica, en Cantabria, cuyos investigadores están observando cómo está subiendo el nivel del mar cinco milímetros cada año.


Ante esta grave situación el Grupo Socialista, ante la falta de reflejos del Gobierno central, solicitó ya en las primeras semanas de febrero la comparecencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Comisión; ha
realizado una pregunta oral en Pleno y ha presentado esta iniciativa que hoy debatimos. En su primer punto se solicita que, de forma inmediata, se aprueben una serie de medidas urgentes de solidaridad dirigidas a compensar y a facilitar la
recuperación de las zonas afectadas. Pues bien, mañana, un mes después, el Gobierno traerá la convalidación del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, sobre medidas urgentes de reparación de daños que mañana tendremos ocasión de discutir en el
Pleno del que por supuesto haremos un seguimiento posterior. Este real decreto está basado en otro Real Decreto-ley 307/2005, de 18 de marzo, en el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia o de naturaleza catastrófica. Recordemos que la estimación de daños supera los 150 millones de euros, y que el Gobierno habilita un crédito con cargo al Fondo de contingencia. Pero se da la circunstancia de que después de aprobar este
Real Decreto otro temporal más intenso ha ocurrido de nuevo, con lo que las medidas ya se han quedado cortas. Es por ello que nos parece fundamental presentar el segundo punto de esta proposición no de ley, es decir, que instamos a que se haga y se
presente un informe al Congreso lo más urgente posible para la adaptación de nuestras costas españolas al cambio climático, que es todo lo contrario a lo que ustedes han realizado con la aprobación de la Ley de Costas que, por cierto, está recurrida
por nuestro grupo en el Constitucional.


Por todo ello le recomiendo que se lea la comparecencia en sede parlamentaria de don Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en la que demuestra cómo el cambio climático está afectando al
aumento del nivel del mar en nuestras costas, con olas cada vez más grandes y con repercusiones sobre las inundaciones, sobre la erosión de las playas y con afectación de infraestructuras.


En estos momentos, la Ley de Costas que se ha aprobado ha rebajado el nivel de protección de costas. No ha tenido en cuenta las zonas inundables; se introduce el concepto de playas urbanas; se amnistían las infraestructuras que están en
una zona de vulnerabilidad, sin contar a esa población el futuro que les espera y además con una actuación clientelista y cortoplacista, y no han tenido en cuenta lo que los sabios marineros siempre dicen: el mar siempre vuelve a lo que es suyo.
Por tanto, desde el Grupo Socialista instamos a que esta Comisión de Medio Ambiente apruebe estos dos puntos, tan importantes el uno como el otro.


A este respecto se han presentado enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del BNG. El Grupo Popular presenta una enmienda de modificación al primer punto, y nosotros lo que queremos es que sea una enmienda de adición. El BNG
presenta una enmienda de adición que también la vamos a aprobar.


El señor PRESIDENTE: Señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: La proposición no de ley presentada por mis compañeros y que acaba de defender mi compañera María del Puerto Gallego se completa con esta otra propuesta, una PNL reparadora de un inexcusable olvido, porque
entendemos que hubo y hay un ninguneo planificado de los daños del temporal en el interior de las comunidades autónomas costeras, y de manera muy concreta me

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refiero a mi provincia, Ourense. Un ninguneo absoluto en el decreto aprobado, un ninguneo imperdonable, un ninguneo que además se visibilizó el pasado 27 de febrero cuando el delegado del Gobierno en Galicia reúne a los tres subdelegados
del Gobierno menos al cuarto, al de la provincia de Ourense. Era una reunión para abordar el cambio y reparación de los daños causados por el temporal y ni siquiera el máximo responsable del Gobierno en la provincia de Ourense estaba convocado a
esa reunión, como si el Gobierno no supiera que el temporal llegó a Ourense ocasionando numerosos daños en las infraestructuras y en los sectores productivos.


Hoy mismo, curioso, verdad, a la hora que tenemos este debate pero por la mañana, visitó el delegado del Gobierno en Galicia la ciudad de Ourense y anunció las ayudas. Pero es curioso, porque habla de 1,2 millones de euros, los mismos que
están en el decreto, única y exclusivamente destinados a la Confederación del Miño-Sil para toda la provincia. Es una farsa más, una mascarada del Gobierno para tapar la incapacidad y además también una mascarada de los responsables territoriales
del Partido Popular en la provincia de Ourense y los responsables de la Administración periférica, de la Administración del Estado en la provincia de Ourense, que han tenido mucho que ver en este olvido inexcusable. Los daños han sido enormes, no
se los puedo citar, en los ríos. El incremento de los caudales en la cuenca del Miño se elevó a máximos históricos, con problemas ya en embalses como el de Portas o el de Castrelo do Miño; hubo desbordamientos en las zonas de ribera, se engulleron
literalmente paseos fluviales y fincas y se cortó el acceso a varias viviendas y aldeas en ayuntamientos como el de Muiños o el de Ribadavia.


La Confederación del Duero, a la que pertenece el río Támega, en la zona de Monterrey y en la zona de Verín, está absolutamente olvidada en este decreto, no aparece en ningún lado. Como digo, la única mención es ese 1,2 millones de euros a
la Confederación del Miño, de un Miño que estuvo en nivel de alerta, igual que lo estuvo el río Avia, con balnearios dañados, las termas inundadas, las infraestructuras, las carreteras, las instalaciones deportivas, volando los tejados en las
instalaciones escolares; viviendas y establecimientos comerciales dañados, daños en la red eléctrica en al menos parroquias de catorce ayuntamientos. Todo esto pasó en mi provincia, pero sobre todo daños en la agricultura por un importe que las
organizaciones agrarias ya han cifrado en más de seis millones de euros.


En la comarca de A Limia, que es la comarca agrícola más importante de Galicia, se han producido daños en los cultivos, especialmente en el cereal de invierno y también en los caminos agrícolas y en las herramientas y material de labranza.
El agua ha reconquistado las fincas de lo que en su día fue la laguna de Antela, por la incapacidad del suelo para drenar la cantidad de agua acumulada durante esas semanas en las explotaciones agrícolas.


Por tanto, y ya termino, nuestra proposición no de ley es muy clara. No vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular tal y como está planteada, la podríamos aceptar como una enmienda de adición pero desde luego no como la han planteado.
Entendemos que es un brindis al sol y es una tomadura de pelo más a los ciudadanos de Ourense. Sí estamos en condiciones de aceptar la enmienda del BNG que entendemos que completa esta propuesta. El último punto sería como adición, en vez de como
sustitución, pero eso se lo comentaremos al final.


Solo una cuestión, señor presidente, que tiene que ver con la proposición no de ley. Muchos de los puntos que se recogen en esta Proposición no de Ley -y quiero que el Partido Popular y toda esta Comisión lo sepa- fueron votados en
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Muchos de los puntos que se recogen en ella están en el acuerdo aprobado por todos los grupos parlamentarios en la Diputación Provincial de Ourense, gobernada por el Partido Popular. No entiendo
cuál es la razón por la que el Grupo Popular no quiere ni oír hablar de retomar de forma inmediata las infraestructuras de regadíos planificados para línea; no quiere ni oír hablar de elaborar un informe que evalúe y valore los daños producidos en
la provincia de Ourense por el temporal; de establecer ayudas directas por los daños personales y materiales; de las ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción y rehabilitación de los locales comerciales y de las viviendas; de poner
en marcha subvenciones para la reparación de infraestructuras, que aquí ya hemos reclamado, que tienen que ser reparadas inmediatamente, como es la N-525 y la A-52 o la N-120 a su paso por la provincia de Ourense, etcétera. Podemos hablar también
de las indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia de Ourense, especialmente en la comarca de A Limia. ¿Por qué no quieren hablar de esto? ¿Por qué no lo quieren votar cuando sus compañeros han
votado puntos exactamente idénticos a los que se recogen en esta proposición no de ley en ayuntamientos de la provincia de Ourense y en la Diputación Provincial de Ourense?. Esa es la pregunta que hoy yo me hago aquí, por qué ese doble discurso,
por qué esa farsa,

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por qué no se han plantado, señores diputados del Partido Popular, señor Collarte, que le veo detrás de la columna, por qué no se han planteado ante una administración periférica del estado en la provincia de Ourense y no ha sido quien en
levantar la voz ante un olvido clamoroso e indecente como el que ha tenido el Gobierno de España con la provincia de Ourense, que ha sufrido unos daños tremendos después del temporal. Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa y esta es la
proposición no de ley que el Partido Socialista presenta para reparar un olvido absolutamente reprochable.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativas se ha presentado una enmienda a cada una de ellas por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy a defender acumuladamente las dos enmiendas como si fuera una sola Proposición no de Ley.


Previamente quiero decir, señor presidente, que nuestra organización, el Bloque Nacionalista Galego, también ha presentado dos proposiciones no de ley, una desde la perspectiva general de los grandes problemas que los temporales han
significado tanto en la costa gallega como en la cantábrica, y otra concretada en lo que serían los daños en el interior de Galicia, en las zonas sobre todo rurales y agrarias.


Cuando presentamos estas iniciativas, igual que las enmiendas que presentamos a esta proposición no de ley, aun no había sido promulgado el real decreto del Gobierno y a nosotros nos parecía que dada la gravedad de la situación, porque desde
luego no conocemos temporales de la intensidad ni de la duración de estos, pues tenemos que recordar que empezó a mediados de diciembre y acabó a finales de febrero, además con diferentes alertas rojas y alertas naranjas que significaron, como todo
el mundo sabe, los gravísimos desperfectos en las zonas costeras, algunos de ellos perfectamente visibles. En ese real decreto que promulga el Gobierno están de alguna manera recogidas todas esas graves situaciones que estos temporales han
generado. Pero, señorías, después de ver y leer con atención el real decreto del Gobierno, es por lo que presentamos estas enmiendas a estas dos proposiciones no de ley del Grupo Socialista porque entendemos que el real decreto se queda corto no
solamente en la duración del tiempo en el que ubica la catástrofe, porque después de que este real decreto fuese aprobado continuaron los temporales y por tanto se incrementaron los desperfectos que hasta ese momento existían, sino porque además,
señorías, hay sectores económicos de Galicia y entiendo que también del Cantábrico y del País Vasco que se han visto muy afectados -estamos hablando del sector pesquero y del sector agrario-, y no solamente afectados en lo que pueden ser aquellos
bienes que fueron deteriorados por estos temporales sino que son afectados también desde el punto de vista de no poder ejercer la actividad de la pesca en concreto en este sector, y la actividad agraria en lo que es el sector agroganadero, pero
sobre todo los grandísimos desperfectos del campo, los grandísimos desperfectos que hicieron posible que haya cuestiones como lo que puede ser el cereal de invierno en la línea, que ya comentó la señora diputada del Grupo Socialista, como los
gravísimos problemas en los que se encuentra el conocidísimo producto de origen, la patata de A Limia, que en estos momentos, por la situación de esta zona, está en gravísimo peligro.


Señorías, en el interior de Galicia también hubo muchísimos desperfectos. Han sido muchos los ríos que se han desbordado, más allá de lo que pueda parecer y, por tanto, entendemos que cuestiones que se plantean en estas proposiciones no de
ley incorporando las enmiendas que nosotros presentamos serían, desde luego, mucho más acordes con el reconocimiento de los daños sufridos por los temporales y por tanto muchísimo más acorde para acercar a las personas afectadas por los mismos
aquellas ayudas para paliar los desperfectos sufridos y sobre todo las grandísimas pérdidas que han tenido, pérdidas de todos los niveles, no solamente de bienes sino también económicos por no poder seguir desarrollando su actividad. Antes hablaba
de la pesquera y de la agraria, pero también el sector de hostelería se ha visto gravemente afectado.


Señoría, estas son las razones por las que hemos presentado estas enmiendas que nos gustaría, por supuesto, que el grupo proponente las aceptara y que el grupo mayoritario de la Cámara también apoyase estas iniciativas, y todos los grupos,
por supuesto.


El señor PRESIDENTE: Tenemos ahora enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, al que se aplica el mismo criterio que al resto de los grupos. Tiene la palabra don Javier Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Señorías, haré mi intervención un poco más pausada y relajada que mi compañera del Grupo Socialista y espero que sin que levante la voz se me entienda también perfectamente la intervención que quiero hacer.

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En primer lugar me gustaría trasladar todo mi apoyo y el del Grupo Parlamentario Popular a las personas afectadas por los temporales que han venido acaeciendo estos meses de enero, febrero y principios de marzo en toda la costa cantábrica,
donde han ocasionado graves daños en la misma y ahí incluir también los dos ayuntamientos en los que paso gran parte de mi vida, como son Santander y Nueva Montaña al Mar.


En relación a la PNL que se nos presenta por parte del Grupo Socialista, deduzco o quiero pensar que no ha leído perfectamente el Real Decreto-ley o ni tan siquiera lo ha leído, porque todo lo que se pide en la proposición no de ley está
incluido en este Real Decreto-ley 2/2014, que se aprobó el 21 de febrero, Decreto-ley en el que se adoptan las medidas urgentes para reparar los daños sufridos por las tormentas comentadas. De hecho, muchos de los puntos son literales a lo que
aparece en el Real Decreto-ley.


Los daños han alcanzado bienes de particulares, en especial locales comerciales, viviendas y vehículos y todos en las zonas de playa e igualmente estos daños han alcanzado bienes de titularidad pública, como son infraestructuras en
ayuntamientos costeros, zonas de playas, puertos, etcétera. De cara a dar información de las medidas que contempla este Real Decreto aprobado el 21 de febrero y que mañana se presenta en el Congreso, los puntos son ayudas destinadas a paliar daños
personales y materiales de viviendas y enseres, incluidos los sufridos en establecimientos agrarios y marítimos pesqueros; actuaciones en la costa en el dominio público e hidráulico y en las infraestructuras rurales de uso general en las
comunidades autónomas afectadas; deducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y medidas laborales y de seguridad social, entre otras. Y todo ello, en cuanto a los importes, solamente desde el Ministerio de Agricultura se estima
que se van a destinar cuarenta y cuatro millones de euros, lo cual ya suma unas cifras superiores a los treinta millones de euros que se solicitan en la proposición no de ley que se ha presentado en el Congreso. Recordemos, además, que no es
solamente el Ministerio de Agricultura el que va a participar, sino que son una serie de acciones transversales en las que van a actuar diferentes ministerios; por tanto sus cuarenta y cuatro millones se van a ver bastante incrementados.


Dicho esto, aprovecho la ocasión para agradecer la celeridad del Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales, en la elaboración de este Decreto-Ley y en el establecimiento de las ayudas necesarias para dar
solución o respuesta a todos estos daños ocasionados, tanto para particulares como para los entes públicos que han sufrido daños. Para ello quiero poner de ejemplo mi propia comunidad, Cantabria, una de las comunidades afectadas pero que es
extrapolable al resto de comunidades de la costa cantábrica, Asturias, Galicia y País Vasco, a los que también han afectado los temporales que estamos comentando.


Antes de concluir el mes de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente ya había iniciado las obras para reparar los daños sufridos en ayuntamientos como Laredo, Santoña, Nueva Montaña al Mar o Castro Urdiales, es decir, que en el plazo de un
mes teníamos elaborado el Real Decreto-ley, es decir, se habían hecho unos estudios, se habían visitado las zonas, se tenían informes de los daños que se habían sufrido y, dentro de ese plazo de un mes, igualmente habían empezado ya las obras de
reparación, sobre todo en playas y paseos marítimos de cara a las fechas de Semana Santa, sobre todo en estas zonas con un índice turístico elevado, para que estén solucionados todos los problemas y las personas que quieran acercarse allí puedan
disfrutar de estas costas.


Eso en cuanto al primer punto de la proposición no de ley que se planteaba. En cuanto al segundo punto, piden exactamente lo mismo que en el primero, y ya existe. En diciembre de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente presentaba el proyecto
de cambio climático en la costa de España, desarrollado por la Universidad de Cantabria. Por tanto, desde un punto de vista político, además de que, como digo, ya está elaborado ese informe, entiendo que hay unos mensajes contradictorios porque por
un lado se quiere quedar bien con las personas o satisfacer a los ciudadanos de las zonas costeras y por otro lado se intenta agradar o tener satisfecho al sector más ecologista, exigiendo unas actuaciones más drásticas en el litoral sin reconocer
que las consecuencias son desposeer a los propietarios o empresarios de unos legítimos derechos y propiedades.


Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda de modificación porque, como digo, tanto el punto 1 como el 2 que el Partido Socialista plantea en su PNL, son temas en los que ya se está trabajando. Por eso
decía que creo que no se ha leído perfectamente el Real Decreto-Ley. Nuestra enmienda era mejorar ese Real Decreto-ley en el que se tienen en cuenta los temporales que han acaecido en enero y febrero y, dado que en los primeros días de marzo ha
habido también otros temporales que han originado que existan nuevos daños, y queríamos instar al Gobierno a que se

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estudiase la posibilidad de que dentro de ese Real Decreto se tuviese en cuenta también esta primera semana de marzo donde han existido estos temporales. En esa dirección va la enmienda que hemos presentado al Grupo Socialista dado que,
como digo, en todo lo demás consideramos que se está trabajando y que no aplica su realización.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Guillermo Collarte.


El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Una cuestión previa y de matiz. Sé que la diputada Seara quiere muchísimo a A Limia, y no sé si vamos a tener que restaurar el tema de la declaración de zona catastrófica, porque en el ordenamiento jurídico
actual no existe esa declaración. O sea que va a ser complicado. Como sabe está derogada por el Real Decreto-ley 477/2007, de 13 de abril.


La señora Seara da por sentado que este Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, que nos ocupa y que convalidamos mañana, excluye a Ourense. Dice usted que como si para el Gobierno del Estado Ourense no existiera. Por no existir no sé
cómo somos las provincias con mayor inversión del Ministerio de Fomento, por citar una referencia, ya sé, ya sé que es por el AVE que debe ser que no pasa por Ourense.


Le preocupa a usted que la Xunta no se coordine con la Administración Central. Mientras la Xunta se coordina o no con la Administración Central va haciendo algunas cosas. Obras de reparación del puerto de Muros, autovía de Barbanza, y le
voy a dar una referencia para que tengamos un orden de magnitud de lo que ha significado el temporal en Galicia. Solo en reparación de taludes, que es un buen índice del nivel de afectación de las carreteras autonómicas, la Xunta va a invertir 6,7
millones de euros. Si en vez de exigir preguntara, sabría que el Subdelegado del Gobierno en Ourense ha recibido a diversas organizaciones agrarias, algunas de A Limia -seguramente lo sabrá-; mantiene regularmente reuniones con el Delegado del
Gobierno en Galicia para valorar y evaluar los daños producidos en nuestra provincia, por cierto al amparo del citado Real Decreto-ley 2/2014, que según usted ha olvidado Ourense. Y sabría también que el Subdelegado del Gobierno no asistió a una
reunión en Coruña, en la que se hablaba fundamentalmente sobre el dominio público marítimo. Que yo sepa, de momento, Ourense no tiene costa; no se descarta que en un futuro la tengamos, pero de momento no tenemos costa.


El problema, señora diputada, no es solo Ourense y a mí me importa y me duele tanto como a usted. Las excepcionales circunstancias meteorológicas que desde el 2 de diciembre de 2013 al 2 de marzo de 2014 hemos sufrido en nuestra comunidad
con solo siete días sin lluvia y con una serie de alertas por temporales sucesivos y no solo en la zona costera, han originado daños muy importantes dentro de nuestra comunidad. Y no tenga usted duda alguna de que tanto el Gobierno del Estado como
la Xunta de Galicia estarán a la altura de las circunstancias ante una situación absolutamente excepcional desde el punto de vista climatológico.


Hace usted un juicio de valor previo, de los muchos que le gustan, sobre el desarrollo previsto por un real decreto que se convalida mañana y en el que está previsto que a través de una orden del Ministerio del Interior se determinen qué
localidades estarán en el ámbito de la aplicación subjetiva de ese Real Decreto. Por tanto, de momento, calmiña, y ya veremos al final quien cumple y quien no.


Dice que hoy ha habido una rueda de prensa en Ourense del ministerio del Magrama sobre los 1,2 millones de euros para paliar los efectos de los temporales en el dominio público hidráulico en la provincia de Ourense. Y usted, con una
valentía que le admiro, sabe perfectamente que no va a haber más inversión que los 1,2 millones previstos. No lo sé, ya veremos al final quien tiene razón.


Señora diputada, puestos a exigir como usted hace, yo no me atrevo a tanto. Yo le ruego, casi le suplico como orensano que soy, que ponga usted tanto empeño en pedirle a sus compañeros en el concello de Ourense, que desbloqueen la situación
dantesca en nuestro concello, como el que se pone a exigirnos a nosotros, casi con carácter previo, que resolvamos lo que ya estamos resolviendo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de todos los puntos que figuraban en el orden del día de la sesión de hoy, vamos a interrumpir la sesión un par de minutos para ordenar las enmiendas.


Vamos a votar en primer lugar la proposición no de ley sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales. A esta proposición que ha presentado el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se
ha presentado una autoenmienda que por tanto queda incorporada al texto. También ha incorporado el grupo proponente una enmienda presentada por Convergència i Unió. Por tanto votamos el texto original con estas dos enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la proposición no de ley relativa al proyecto de regeneración y acondicionamiento de la playa del Castillo, sita en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua (Fuerteventura). Esta iniciativa ha sido presentada por
el Grupo Parlamentario Popular y ha sido objeto de una enmienda transaccional con el Partido Socialista, que se somete a votación.


Efectuada la votación, el señor Presidente dijo:


Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la Proposición no de Ley sobre medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes. Esta iniciativa se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley relativa a la necesidad de realizar gestiones para que se celebre la World Fishing Exhibition en Vigo en el año 2016, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. A esta iniciativa se han presentado dos
enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido rechazada, y otra por el Grupo Socialista de la que se ha aceptado el punto número 2. Por tanto se somete la iniciativa mencionada con la incorporación del punto número 2 de la enmienda
del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley sobre la tarifa eléctrica aplicable a regadíos. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley relativa a la plena integración de la mujer en el sector pesquero. Esta iniciativa ha sido planteada por el Grupo Parlamentario Popular, y ha sido objeto de una transaccional relativa al punto número 3,
presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Señora diputada, aclárenos por favor las enmiendas que aceptan en los puntos 7.º y 8.º que se han debatido conjuntamente.


La señora SEARA SOBRADO: Respecto a la proposición que figura en el orden del día con el número 8.º, se lo acabo de pasar al señor letrado; le he dicho que aceptábamos las dos primeras enmiendas del BNG y que la tercera la aceptamos como
adición, no como sustitución. Modifica unas cosas.


La señora GALLEGO ARRIOLA: En el punto número 7.º del orden día aceptamos como adición la enmienda del Partido Popular y la enmienda del BNG. El Partido Popular ha dicho que no, pues rechazamos la enmienda del Partido Popular y aceptamos
la enmienda del BNG como adición.


El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley sobre medidas extraordinarias de solidaridad con los afectados por los diversos y graves temporales que han afectado a las costas gallegas y cantábricas, propuesta por el Grupo
Socialista con la enmienda incorporada por el Grupo Parlamentario Mixto y aceptada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Votamos por último la proposición no de ley relativa a los daños ocasionados en la agricultura, en la ganadería y en el sector forestal a consecuencia del temporal en Ourense, a la que el grupo proponente ha aceptado las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, enmienda 2 de adición, la enmienda 3 de modificación y la 4 que era de sustitución la convierte en adición. ¿Es así? (Asentimiento).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Antes de levantar la sesión rogaría a todos los componentes de la Mesa y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que tengan la bondad de acercarse a la Mesa para comentar algunos aspectos.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.