CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 510

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 18

celebrada el jueves,

20 de febrero de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la necesidad de aplicar el régimen especial del mar de la Seguridad Social a los pescadores de río. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000455) ... (Página2)


- Relativa al problema generado con los beneficiarios gallegos de pensiones en el extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001780) ... (Página4)


- Relativa a los pensionistas emigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002021) ... (Página4)


Solicitud de creación de subcomisiones y ponencias:


- Solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 158/000041) ... (Página9)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA NECESIDAD DE APLICAR EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS PESCADORES DE RÍO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000455).


El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos estado esperando a algunos portavoces, pero como no se incorporan, vamos a comenzar la sesión. Si después se incorporasen, les daríamos la posibilidad de intervenir.


Tenemos varios puntos en el orden del día, concretamente cinco. Después de hablar con los distintos portavoces, hemos acumulado algunas de las PNL por la similitud de los contenidos y los objetivos de las iniciativas. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento). Vamos a dar tiempo suficiente para que se pueda desarrollar de manera fluida el debate. Los autores de las proposiciones no de ley tendrán siete minutos y habrá tres minutos para la fijación de posición, aunque seré generoso, como
lo he sido siempre. Después, si hay enmendantes en el resto de las PNL, daremos cinco minutos.


Empezaremos por la primera proposición no de ley, relativa a la necesidad de aplicar el régimen especial del mar de la Seguridad Social a los pescadores de río, cuya autora es la diputada Olaia Fernández Davila, que tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, como la mayoría de los miembros de esta Comisión saben, no es la primera vez que presentamos esta iniciativa porque es ya una vieja demanda del colectivo de pescadores de río, que aproximadamente agrupa
a 350 personas que faenan -como se dice en términos de la pesca- en el Miño, fundamentalmente en la provincia de Pontevedra, entre los ayuntamientos de Arbo y A Guardia. La reivindicación para que se les puedan aplicar a este colectivo las mismas
condiciones que tienen los trabajadores del mar viene avalada por varias cuestiones que ellos entienden que son fundamentales para ese reconocimiento. Por ejemplo, para poder ejercer como pescadores de río y por lo tanto tener la correspondiente
licencia, se les obliga a cumplir los mismos requisitos que a cualquier a otro trabajador del mar; es decir, toda la normativa que deben cumplir los pescadores de río es exactamente la misma que la de los pescadores del mar. Por eso ellos
entienden que en la medida en que tienen que cumplir los mismos requisitos, lo lógico sería que no estuvieran dados de alta en la Seguridad Social como autónomos, como ocurre en este momento, sino acogidos al régimen de la Seguridad Social del Mar
y, por tanto, con los beneficios que este colectivo tiene en relación con la Seguridad Social.


Yo no sé si quizá no se entiende muy bien el papel que cumple este colectivo como trabajadores y se piensa que es un pescador de río normal. No, estamos hablando de una pesca profesional con todos los requisitos de la pesca del mar, que
prácticamente es su sistema de vida, su sistema de sobrevivencia económica. Asimismo, esta pesca de río tiene en la zona que acabo de comentar una importancia tremenda en el desarrollo económico de la misma, porque está relacionado no solamente con
la pesca sino con la transformación y comercialización de esos productos. Por ello, señorías, no entendemos muy bien la intransigencia que desde la Seguridad Social se tiene en relación con este asunto, por la respuesta que en su momento nos ha
dado esta entidad, y que no se abran a analizar este tema o incluso a tener una entrevista con estos pescadores, que por cierto han presentado diferentes recursos como colectivo a la Seguridad Social, y no solamente recursos sino pruebas
contundentes de que efectivamente la función que hacen es semejante a la de los trabajadores del mar; viven una situación semejante en cuanto a la penosidad y peligrosidad y por tanto con los problemas de salud que tienen los trabajadores del mar.
Es decir, tienen la misma peligrosidad en el río e incluso en algunas ocasiones más porque no solamente tienen problemas relacionados con la climatología, sino con la necesidad de trabajar de noche, aunque en el mar también se trabaje de noche,
evidentemente.


Volvemos a insistir en la necesidad de que se le reconozca a este colectivo los mismos derechos de Seguridad Social que a los trabajadores del mar y esperamos que en esta ocasión tengamos más suerte, que en definitiva será la suerte del
colectivo de los trabajadores de río.


El señor PRESIDENTE: Por el orden establecido en esta Comisión, tiene la palabra el señor Meijón, del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de tres minutos.

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El señor MEIJÓN COUSELO: En primer lugar, quisiera anunciar el voto positivo del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa que nos parece pertinente acerca de la singularidad de un colectivo como son los pescadores de río, que no por
su escaso número debe desmerecer nuestra atención. Se trata de examinar una problemática susceptible de causar una situación injusta, o si se quiere cierto agravio comparativo con colectivos con los que comparten no pocas características.
Hablamos, pues, de examinar la situación del colectivo de pescadores de río y la propia iniciativa así lo entiende cuando lo que pide es precisamente el estudio de la incorporación al régimen especial del mar de los pescadores de río por las razones
esgrimidas en la justificación de motivos, que básicamente son la afinidad y las analogías entre la actividad que desempeñan con la realizada por los trabajadores del mar. No voy a incidir en las características ya expresadas por la proponente
sobre la labor que realizan. Entendemos que es una propuesta respetuosa con el marco diseñado en el Pacto de Toledo de cara a su inclusión, según se determine de las conclusiones del citado estudio, en los debates relativos a la modificación del
Pacto de Toledo y en los acuerdos que finalmente se alcancen. Vuelvo a repetir que el Grupo Parlamentario Socialista votará positivamente esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que esta proposición no de ley me había generado expectativas personales, puesto que yo soy pescador de río también, pero entiendo que la reflexión de doña Olaia hace referencia a un sector
laboralizable o laboralizado ya mediante los instrumentos previstos en el ámbito de los trabajadores autónomos, en principio presumo, y con ciertas singularidades porque no siempre se puede pescar en el río; hay que esperar a las vedas, hay que
esperar al momento de la aparición o desaparición de determinadas especies, etcétera. Por tanto, estaríamos hablando de un carácter discontinuo del trabajo; serían algo así como trabajadores fijos discontinuos e incluso a tiempo parcial, puesto
que la aplicación de un régimen horario de carácter regular u ordenado, como ocurre en otros regímenes de la Seguridad Social, parece de difícil aplicación. Si se pudieran contemplar o consensuar estas singularidades, nosotros no tendríamos ninguna
dificultad, puesto que este colectivo laboral existe realmente, en apoyar la iniciativa presentada por la señora Fernández, pero sin perder la perspectiva de las singularidades que afectan a esta actividad vamos a denominar con pertinencia
profesional.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente para manifestar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Mixto, en concreto del Bloque Nacionalista Galego.


El señor PRESIDENTE: Usted no es pescador de río.


El señor CAMPUZANO CANADÉS: Ni de mar.


El señor PRESIDENTE: Señor Araújo, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor ARAÚJO GIL: Yo soy pescador de mar y entenderán mi posición respecto al tema. De todas formas, no estamos hablando de aficionados, estamos hablando de profesionales. Quiero que también entiendan la posición. No me sorprende la
opinión del Grupo Parlamentario Socialista, pero convendría que de vez en cuanto miraran los antecedentes de cuando ustedes han estado gobernando. Nosotros vamos a mantener la misma postura que tuvimos en su día, cuando no gobernábamos pero
estábamos en esta Cámara, y vamos a defender la posición del Gobierno, que no podía ser otra que la siguiente.


La proposición presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y en particular por la señora Fernández Davila, plantea dos temas. Estamos hablando, en primer lugar, de estudiar la incorporación de los pescadores de río al régimen especial del
mar, dadas las similitudes -se plantea así- de su actividad y de sus condiciones de trabajo con los pescadores del mar; en segundo lugar, de contemplar esta demanda en los debates relativos a la modificación del Pacto de Toledo para poder
considerarlos en los acuerdos que finalmente se alcancen. Señorías, viendo los antecedentes, le quisiera recordar a la señora Fernández Davila la respuesta que le envió el Gobierno en esta legislatura, concretamente el 11 mayo 2012, donde le
aclaraba la posición del Gobierno y la posición defendida por el Pacto de Toledo respecto a estos temas. También quería recordarles la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, también por la señora Fernández Davila, que
fue aprobada por unanimidad la pasada legislatura, el 23 de marzo

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de 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista, que en aquel momento tenían otra posición que la que su portavoz mantiene hoy, una posición completamente distinta. Se analizó este tema y otros y se alcanzaron cuestiones muy positivas que
se aprobaron por unanimidad para solventar las dificultades que tiene este colectivo de pescadores de río. Con ello quiero dejar claro que la posición del Gobierno y la posición mayoritaria en esta Comisión, tanto en esta legislatura como en la
anterior, ha sido la misma respecto a este tema, si bien debemos recordar que se han resuelto cuestiones importantes para este colectivo, pero en vista de que esta información no es suficiente, voy a reiterarles cuál es la posición.


En relación con la primera petición, no se encuentra relación directa entre el hecho de que a los pescadores de río se les apliquen normas de carácter administrativo que se asemejan a las aplicadas a los trabajadores del mar en lo
relacionado con licencias y embarcaciones y la pretensión de llevar a cabo una modificación del encuadramiento en otro régimen de Seguridad Social de este colectivo de pescadores. Esta iniciativa hace referencia principalmente, como bien señala la
señora Fernández Davila, a los pescadores que ejercen su actividad en el río Miño, concretamente entre Arbo y A Guardia. No voy a entrar en la explicación de la exposición de motivos de la ley que fija el porqué, puesto que nos alargaríamos
demasiado. Respecto al segundo punto de la iniciativa de la señora Fernández Davila, es muy importante tener en cuenta el marco general en el que se encuadran las distintas medidas que se adoptan en el ámbito de la Seguridad Social porque, como muy
bien saben ustedes, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y el acuerdo sobre medidas en Seguridad Social, la tendencia actual es llevar a cabo las modificaciones normativas precisas para la integración y encuadramiento de los distintos
regímenes especiales de la Seguridad Social en dos, el general y el de trabajadores autónomos, por lo que cabe deducir que las medidas que se instan a través de esta iniciativa legislativa no solo no son compatibles, sino que siguen una línea
diametralmente opuesta a las directrices marcadas en este pacto.


No entendemos, a pesar de las aficiones personales que tengamos cada uno personalmente, cómo la señora Fernández Davila continúa planteando esta iniciativa. Insisto, no se puede comparar la actividad que realiza un pescador en el mar -estoy
hablando, por ejemplo, de un pescador que realiza su actividad en el Gran Sol- con la actividad que realiza un pescador en el río Miño. Hay diferencias muy importantes, pero como se han reiterado tanto, entiendo que no importa expresarlas más. En
definitiva, nuestro grupo parlamentario está en contra de los dos puntos planteados en la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Al comienzo de la sesión habíamos hablado de guardar el turno a los portavoces que se fueran incorporando con retraso. En este sentido, si no hay ningún inconveniente por parte de nadie, señor Llamazares, tiene usted
tres minutos para intervenir.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervendré únicamente para expresar el apoyo de mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, a esta iniciativa de la señora Fernández Davila, y por otra parte, para mostrar nuestro voto favorable a los dos puntos
de esta iniciativa. Creemos que es una iniciativa de sentido común que no contradice la reflexión que ha tenido lugar en el Pacto de Toledo, por tanto, vamos a votar favorablemente. (La señora Fernández Davila pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para hacer una aclaración, no para entrar en debate. Estos pescadores no son los típicos que se ponen en la orilla del río a pescar con caña. Son profesionales que de noche pescan en unos barcos pequeños y,
además, es una actividad profesional perfectamente reglada.


El señor PRESIDENTE: Yo creo que así lo habíamos entendido, señora Fernández Davila.


- RELATIVA AL PROBLEMA GENERADO CON LOS BENEFICIARIOS GALLEGOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001780).


- RELATIVA A LOS PENSIONISTAS EMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002021).


El señor PRESIDENTE: Los puntos 1.º y 2.º del orden del día han sido acumulados, las dos PNL, una relativa al problema generado con los beneficiarios gallegos de pensiones en el extranjero, presentada por

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el Grupo Parlamentario Mixto, y la relativa a los pensionistas emigrantes, del Grupo Parlamentario Socialista. Agradezco a los dos grupos parlamentarios que hayan accedido a ello porque eso nos representa un cierto ahorro de tiempo.


Vamos a empezar por la señora Fernández Davila, que tiene siete minutos como autora de la iniciativa.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La primera iniciativa que presentamos sobre esta cuestión, que además es la que está en el orden del día, data de junio del año 2013, y digo la primera porque el 31 de enero presentamos otra y voy a explicar por
qué. La iniciativa que presentamos el 31 de enero y que transformamos en este momento en una enmienda de sustitución de la iniciativa anterior está motiva por que el Tribunal Económico-Administrativo regional de la Agencia Tributaria dictó
sentencia favorable en parte a una de las personas afectadas por este colectivo de emigrantes retornados, que están siendo tratado por la Agencia Tributaria como defraudadores por el hecho de que en su momento no hicieran declaración en el IRPF de
la pensión que vienen cobrando del país extranjero en el que estuvieron trabajando. Cuando decimos que están siendo tratados injustamente como defraudadores de Hacienda es por el hecho de que estas personas en su momento fueron informadas o bien en
el consulado o bien en la Seguridad Social o bien por la propia Administración de Hacienda de que sus pensiones no estaban obligadas a tributar. De hecho, en este momento hay numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia -y creo
que también de alguna otra comunidad autónoma- que les da la razón a los demandantes. Bien es verdad que todas ellas son personas emigradas a Alemania en su momento y que hoy cobran la pensión de ese Estado europeo.


Señorías, el hecho de que coincida el argumento de estas personas de que no se conocían entre sí, que eran de zonas completamente distintas en su domicilio habitual en el Estado español, que tampoco se conocían en el Estado donde estuvieron
trabajando durante su tiempo de emigración y que coincidan todas en el hecho de que, si no tributaron, si no hicieron la declaración de su pensión, fue porque la información que tenían era la que acabo de comentar, no puede ser entendido esto,
señorías, como un acuerdo al que llegó el conjunto de estas personas, porque ya digo que no se conocían. Es un argumento que utilizan casi todas ellas, lo que indica que es veraz, cierto, es decir, fueron informadas de que no tenían que tributar
por las pensiones que cobraban del exterior. Por lo tanto, no se puede entender que Hacienda, una vez que quiere poner en vigor la Ley del año 2008 con este colectivo, lo que haga, en vez de informarles, sea mandarles la información, sí, pero de un
expediente que se les abre con la correspondiente multa y los correspondientes intereses por la tardanza en el pago. No parece justo, señorías, que colectivos de personas que estuvieron en la emigración tantísimos años -a poco que conozcamos en qué
condiciones se trabaja sabremos de las penurias que esto representa-, al final de su vida laboral, cuando vuelven a su casa, cuando esperan una tranquilidad y una comodidad que se merecen por ese trabajo realizado, lo que se encuentren es la
incomprensión y la injusticia por parte de la Administración del Estado. Es total y absolutamente incomprensible y es algo que este colectivo no puede entender.


Hablando concretamente de Galicia, porque todo el mundo sabe el nivel altísimo de emigración que tuvo nuestro país, y que desgraciadamente vuelve a tener -tenemos el mayor número de pensionistas emigrantes quizá de todo el Estado español-,
es lamentable ver a nuestras personas mayores en la calle todos los días, reclamando algo que es suyo. Se reclama la modificación legislativa para que quede claro que no tienen que tributar, pero se reclama también algo que es lo que nosotros
presentamos en la proposición no de ley que hoy traemos, y es que retroactivamente se retiren los expedientes, no se cobren esos intereses y esas multas a estas personas y se devuelva el dinero a aquellas otras que ya han pagado, actuando con rigor
en relación con el requerimiento que les hacía Hacienda.


Yo apelaría al grupo mayoritario a la comprensión necesaria que este colectivo exige porque es el grupo que hoy puede hacer posible que esta proposición no de ley se apruebe, pero nos presenta una enmienda, señorías, que nosotros no podemos
admitir bajo ningún concepto porque no entra en absoluto en ninguna de las reclamaciones que presenta el colectivo de afectados y además no incide en la búsqueda de soluciones al problema. Podría haber otro tipo de enmienda que instara al Gobierno
a analizar la situación, etcétera. No, no, habla de una información que se le pase a este colectivo, que evidentemente nosotros creemos que sería necesario pasar pero en relación con sus obligaciones de tributación, no con la necesidad de
informarles sobre los expedientes abiertos porque eso ya lo conocen estas personas. Nos parece injusto, nos parece gravísimo que un Gobierno sea tan intolerante con un colectivo susceptible de ser atendido en sus necesidades, un colectivo débil por
su condición de pensionista, y en cambio haya sido tan generoso con los que realmente han sido y son defraudadores de Hacienda, como lo ha sido

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cuando implantó la amnistía fiscal, de la que se pudieron servir y beneficiar muchos grandes defraudadores, como ya en alguna otra ocasión hemos discutido en esta Comisión, algunos incluso incursos en procesos judiciales tan graves como el
caso Gürtel o el caso Bárcenas. Por lo tanto, señorías, les pediría no ya sensibilidad en este asunto, sino un mínimo de justicia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Mi grupo ha presentado varias iniciativas al respecto. Ha habido preguntas en la sesión de control -yo misma y el señor Hurtado hemos interpelado al señor Montoro y a la señora Báñez- y se han debatido
proposiciones no de ley, una de ellas en el Pleno, con escaso éxito. Quiero anunciarles que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley que recoge, en esa propuesta que se hace al Gobierno, los cambios legislativos
necesarios para poner en su sitio aquello que no ha debido cambiarse nunca, a fin de hacer las modificaciones legales para que estas personas queden exentas de ser tratadas como lo están siendo hoy, como si fueran unos defraudadores fiscales.


Es verdad que hay una ofensiva del Gobierno, una ofensiva recaudatoria, una inspección masiva, una estrategia planificada que consiste en la persecución de los más débiles, mientras se está amnistiando a los defraudadores fiscales, tratando
a los emigrantes retornados como si fueran delincuentes fiscales; una auténtica injusticia. La señora Davila lo decía bien: ¿Qué pasa, que se han puesto todos de acuerdo al mismo tiempo para defraudar a Hacienda, todos los retornados,
especialmente en aquellas comunidades donde Hacienda ha intensificado estas inspecciones y estas sanciones? Porque también es verdad que aquí hay una cuestión que nos ha hecho sospechar a todos y a todas. ¿Por qué se han intensificado esas
inspecciones en la Comunidad Autónoma de Galicia, de Andalucía y de Asturias? Evidentemente porque son tres comunidades autónomas que tuvieron muchísima emigración en el pasado, y la siguen teniendo hoy, todo hay que decirlo.


Es verdad que se les comunicó por parte del Gobierno a través de la Agencia Tributaria el inicio de expedientes de gestión tributaria de comprobación limitada. En definitiva, empezaron a recibir requerimientos y liquidaciones del IRPF por
pensiones que percibieron del extranjero durante el ejercicio 2008, el año anterior, y ahora del año 2009, que es el último no prescrito. Se les notificaron también comprobaciones de años posteriores y el inicio de expedientes sancionadores por no
tener declarada en su día la renta percibida, pero es curioso porque nunca se les informó -y esto es la primera vez en la historia que ocurre- de que tenían este deber. Es verdad que hablamos de derechos y deberes, pero los deberes también hay que
notificarlos, y si durante años nunca se les informó por parte de la Agencia Tributaria de que tenían este deber, no entendemos cómo de repente no solo se les comunica que lo tienen, sino que se les abren expedientes sancionadores, insisto,
tratándoles como si fueran delincuentes fiscales, incluso a personas emigrantes de países con convenios bilaterales desde el año 1995, pero también desde la época predemocrática, basándose en convenios que todavía están vigentes de los años sesenta
y setenta.


Las multas -es curioso, señorías- se están extendiendo incluso a familiares de emigrantes fallecidos, con tratos discriminatorios a personas con pensiones de invalidez, con pensiones por algún tipo de discapacidad. Ustedes lo saben bien
porque están en la calle, porque se han organizado, porque hay plataformas organizadas en el conjunto del Estado y, es verdad -lo ha dicho mi compañera-, especialmente en Galicia y Andalucía. La propia Federación española de asociaciones de
emigrantes retornados denunció públicamente que la Agencia Tributaria aportaba una información errónea por considerar antes que estas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF. Estamos hablando -creo que es muy importante que quede constancia
hoy de esto- de pensiones muy bajas de 100 euros, de 80 euros, de 200 euros; pensiones muy bajas. Esa era la postura que la Administración les hizo llegar, como digo, a través de las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria. Estas
rentas no aparecían en los borradores que les aportaba Hacienda para hacer sus declaraciones de la renta. Por lo tanto, ¿qué pasó? Y vuelvo al inicio, vuelvo al afán recaudatorio y a la mala fue, porque nunca se cobraron, y ahora no solo se
cobran, sino que además se multan.


Entendemos que no hay culpa, no hoy dolo, no hay negligencia. Por eso, esta actitud del Gobierno inhumana -me atrevo a decir-, además de injusta, no la podemos comprender nosotros, pero, lo que es más grave, señorías, no la pueden
comprender personas que hace años salieron de este país a ganarse la vida, que mandaron durante muchísimos años remesas a nuestro país y que hoy, muchos de ellos, han querido regresar a su país; exiliados políticos o exiliados económicos que no
merecen este trato por parte

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de su Administración. No pueden entender el enorme perjuicio que les va a provocar tener que regularizar los años no prescritos puesto que, como digo, nunca tuvieron intención de defraudar. Además, se está aplicando la norma con extrema
dureza -quería poner esto sobre la mesa hoy- a personas que, insisto, pudieron incumplir con la ley pero no se puede considerar en ningún caso un incumplimiento punible.


Para terminar, la postura del Grupo Socialista ya la conocen, porque la ha manifestado en muchas ocasiones, como en esa proposición no de ley que presentamos, donde además de que se habilitaran créditos ICO pedíamos una campaña informativa,
el archivo de todos los expedientes sancionadores, que no se abriera ni un expediente más, etcétera -ustedes ya conocen esa iniciativa-, pero es curioso, porque esta que le hemos presentado hoy es una iniciativa que fue votada en términos incluso
más potentes, porque incluía más aspectos de los que se incluyen en esta iniciativa en el Parlamento de Galicia y fue votada a favor por el Grupo Popular. Por lo tanto, estos dobles discursos que mantienen aquí y en los parlamentos autonómicos ya
no les valen, estas mascaradas ya no les valen. No pueden estar de acuerdo en Galicia y en el Parlamento gallego con regularizar la situación de los pensionistas sin considerarlos defraudadores fiscales ofertándoles la información necesaria,
habilitar para el caso de que tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente en aras de evitar un quebranto económico en las unidades familiares, eximir del pago de
sanciones a aquellos pensionistas que regularicen su situación fiscal, no pueden estar de acuerdo también con la revisión de convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo puedan volver a repetirse, que se tengan en cuenta
todos los criterios anteriores para estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunicadas, es decir, no pueden estar de acuerdo con todo esto en Galicia y llegar aquí y presentarnos esta enmienda que es absolutamente inasumible.
Por lo tanto, aclárense con su discurso, aclárense con lo que quieren hacer con los emigrantes retornados; digan de una vez por todas a esta gente que está en la calle desesperada por las multas y las infracciones que les han puesto -porque les han
tratado como defraudadores fiscales al tiempo que ponían en marcha una amnistía fiscal- lo que quieren hacer. La postura del Partido Socialista la hemos dejado meridianamente clara en otras muchas ocasiones en las que hemos debatido con ustedes.
Puede haber tiempo para negociar alguna transacción, pero en estas condiciones el Grupo Socialista no puede aceptar esta enmienda que presenta el Grupo Popular. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, le vamos a dar la palabra a la señora Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de la enmienda que hemos presentado al respecto.


Quiero comenzar mi intervención recordando que la Ley 35/2006, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece que las personas físicas residentes en España tributan por su renta mundial, es decir, se deben incluir entre sus
rendimientos de trabajo las pensiones obtenidas independientemente del lugar de donde hubiesen procedido y cualquiera que sea la residencia del pagador, todo ello sin perjuicio de los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos
por España.


Señorías, la Agencia Tributaria, como el resto de administraciones públicas, sirve con objetividad los intereses generales y actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho, y desde el año 2012 viene realizando actuaciones de comprobación
en relación con el potencial colectivo de pensionistas beneficiarios en el extranjero, al objeto de verificar si tales imputaciones de terceros son correctas y, a partir de ahí, la Agencia Tributaria está tratando de dar todas las facilidades para
que este colectivo cumpla con sus obligaciones tributarias; facilidades en los procedimientos de aplicación de pago de los impuestos, así como reuniones con las plataformas de afectados por esta situación. Ha habido reuniones de la Delegación
Especial de Galicia con la plataforma de afectados, reuniones en las que se buscan encuentros y coincidencias, así como soluciones para aclarar esta situación; reuniones como la del 12 de junio de 2013, entre la Delegación de la Agencia Tributaria
de Pontevedra y el colectivo afectado en dicha provincia, o la reunión del 23 de septiembre con el delegado especial de la Agencia Tributaria de Galicia y la delegada de Pontevedra. Por tanto, señorías, sí que se están llevando a cabo encuentros
para tratar de aclarar y solucionar esta situación. Hay algo muy importante, y es que cada procedimiento de comprobación es individual. El Gobierno ya se ha comprometido en diversas ocasiones a facilitar los aplazamientos o fraccionamientos de la
deuda tributaria y a estudiar los casos de una forma individualizada y resolver a la vista de la situación patrimonial y de tesorería de cada uno de los afectados, ya que el ordenamiento jurídico no permite aplazamientos o fraccionamientos con
carácter generalizado. El Gobierno también se

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ha comprometido a la valoración de las circunstancias personales y situación concreta de cada expediente, lo cual puede tener como resultado que el procedimiento acabe sin sanción. Señorías, la exclusión general del régimen de infracciones
y sanciones previsto en la normativa tributaria no estaría permitida por el ordenamiento jurídico. Reitero, es esencial el examen concreto, individual y particular de la situación tributaria de cada contribuyente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda por la que insta al Gobierno, en primer lugar, a continuar con el impulso de las campañas de divulgación, información y asistencia al contribuyente que lleva a cabo la
Agencia Tributaria, con el fin de prestar al colectivo de emigrantes retornados la máxima información sobre el modo en que hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de
pago que presenten cada uno de los contribuyentes y, atendiendo a las circunstancias personales, conceder las mayores facilidades y la necesaria flexibilidad que permita al ordenamiento tributario vigente para que puedan hacer frente a sus
obligaciones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Olabarría, por un tiempo de tres minutos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nuestro grupo manifiesta su voluntad de apoyar la proposición presentada por el BNG en sus propios términos por varias razones de carácter jurídico e incluso humanitario, si me permite la expresión, señor
presidente. En primer lugar, los expedientes sancionadores de la Agencia Tributaria, cuando el hecho imponible dimana de la percepción de conceptos sujetos a tributación percibidos desde el extranjero, requiere que se analice ponderada y
adecuadamente la tributación o el sistema tributario aplicable a estas retribuciones obtenidas en el extranjero. Los convenios desde esa perspectiva obligan a una cierta adaptación o similitud entre estos regímenes tributarios, que puede ocurrir
que en ocasiones se haya omitido el deber de tributar y en ocasiones no, depende del régimen que en materia fiscal se aplique a las pensiones de los extranjeros retornados. La casuística es infinita. Podría compartir con la portavoz del Grupo
Popular que la individualización no es algo irrelevante en un ámbito tan complejo como la aplicación de convenios internacionales en los que tienen que ser elementos de reciprocidad y similitud en cuanto a la estructura tributaria de los hechos
imponibles los que deben ser objeto de valoración, pero me parece que la proposición no de ley presentada por la señora Fernández en nombre del BNG es una puesta en razón. Nos parece que conceder un plazo de tiempo razonable o necesario -esa es la
locución que se utiliza- para la regularización de estas situaciones tampoco es algo tan inarmónico o antinómico como lo que propone la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si es que he entendido bien su argumentario, que la Agencia Tributaria
está en la tesitura de regularizar; pero bueno, ya sabemos cómo funciona la Agencia Tributaria y el aforismo que caracteriza su actuación, solve et repete, con una visión humanitaria de algo tan característico como esto; y luego, analizar la
normativa existente, el último pedimento de la proposición no de ley, no puede ser más razonable.


No termino de ver que las posiciones entre el BNG, el Grupo Socialista y el Grupo Popular estén tan encontradas. Parece que no sería muy difícil buscar un punto de consenso razonable en esta materia; lo que pasa es que cuando la Agencia
Tributaria intermedia en estas actuaciones o es un agente principal, con la Agencia Tributaria hemos topado, parafraseando al Quijote, señor presidente. La Agencia Tributaria todos sabemos que se basa en determinados principios de actuación que no
vamos a glosar en este momento. Desde esta perspectiva, en principio, vamos a apoyar la iniciativa del BNG, esperando que se pueda llegar a un acuerdo sobre una cuestión que está basada en parámetros de justicia internacional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, quiero anunciar en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural nuestro apoyo a las dos iniciativas.


Aquí hay un debate entre lo legal y lo justo, que no siempre coinciden. En este caso el sistema fiscal, nuestro sistema fiscal, tiene un paraguas legal, es evidente, pero no quiere decir que ese paraguas legal avale la justicia, sino a
veces la injusticia. Por ejemplo, nuestro sistema fiscal no es justo desde el punto de vista distributivo y no trata igual a las personas en nuestro país, de hecho incluso podemos decir que no sigue orientaciones generales del propio marco legal,
por ejemplo la progresividad que proclama la Constitución española. En este caso, mucha gente puede considerar legítimamente que se están

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ensañando con ellos aplicando una ley que se distribuye de manera injusta y que se ensaña con los más débiles, en este caso con los emigrantes retornados que pueden considerar justamente que por un lado se elude la fiscalidad por parte de
colectivos muy importantes y con alta renta, y ellos, que tienen unas rentas muy bajas, incluso con la suma de las dos rentas que pueden tener de la pensión en nuestro país y la pensión de otro país, quedan en una situación prácticamente de
carencia. En ese sentido, el tratamiento como delincuentes fiscales y la amenaza de multas puede parecer excesiva para con unos ciudadanos en estas condiciones. En ese sentido, tiene también lógica que se pida una mayor información, la
regularización y que no se apliquen multas a estos ciudadanos. Además, porque de aquellos problemas están surgiendo ahora otros, ya no solamente por parte del Estado español, sino por parte de los Estados donde estos ciudadanos han trabajado. Me
decían recientemente que la Federación Rusa les pide no solamente una carta de que siguen vivos -en ruso-, sino además con aprobación y firma legal por parte de un notario, con lo cual algunos lo comido por lo servido, tienen menos de cien euros de
pensión de la Federación Rusa que, con lo que tienen que pagarle al notario, me imagino que casi se les queda en nada.


Yo creo que este conjunto de razones hace que debiera haber mayor sensibilidad por parte de la Agencia Tributaria, dentro de la ley, por supuesto, con aquellas situaciones injustas, y esta situación es una situación injusta a todas luces.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, quiero anunciar el voto favorable de Convergència i Unió a estas dos iniciativas en coherencia también con otras votaciones que hemos mantenido en el Pleno en relación con la misma cuestión.


Por otro lado, debo afirmar que el señor Olabarría apelaba en su intervención al acercamiento de las posiciones entre el Grupo Popular, que ostenta la mayoría absoluta, y los grupos que proponían esta iniciativa, porque, entendía él, y creo
que acertadamente, que las distancias de fondo no eran tan relevantes y que se podía encontrar un punto de encuentro. Si finalmente no se produce este acercamiento estaremos ante una nueva demostración de cómo en esta Comisión el Grupo Popular ha
decidido abandonar la línea del consenso, del diálogo y de la construcción de acuerdos e instalarse en la pereza mental que supone ejercer su mayoría absoluta. Cuestiones como las que han planteado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo del
BNG, en un contexto de mayoría relativa, serían objeto de acuerdo en esta Cámara para intentar resolver el problema que tienen estos ciudadanos. Lo que es más cómodo, porque se resuelve en pocos minutos, es rechazar la iniciativa de la oposición.
Es una mala manera de hacer política, sobre todo para los ciudadanos, que al final lo que quieren es que esta Cámara sea capaz de resolver los problemas que tienen planteados. Yo lamento esta cerrazón del Grupo Popular para impedir alcanzar ningún
tipo de acuerdo en cuestiones relevantes que afectan a la vida colectiva.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO, SOBRE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000041).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sobre la reforma del régimen
especial de trabajadores autónomos.


Vamos a proceder a su debate. Señor Campuzano, por tiempo de cinco minutos.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Terminaba mi anterior intervención denunciando lo que está siendo la práctica concreta del Partido Popular, pero justamente planteando una iniciativa parlamentaria que es toda una invitación al diálogo y al
trabajo compartido en la mejor línea de la tradición que ha tenido esta Comisión a lo largo de los largos años que lleva existiendo. Señorías, se trata de, ante una realidad como es la insatisfacción de la inmensa mayoría de los autónomos sobre la
protección social que la Seguridad Social hoy les puede garantizar, ser capaces de crear en esta Comisión un espacio sosegado de discusión, de escucha, de trabajo, que nos pueda permitir en los próximos meses, desde un diagnóstico compartido de
cuáles son los problemas que afectan a los trabajadores autónomos en materia de

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protección social, ofrecer líneas de reforma en relación con este régimen especial. Una insatisfacción que hoy tiene dos expresiones; por un lado, trabajadores autónomos que después de largas carreras de cotización terminan generando
pensiones relativamente bajas, entre otras cuestiones y fundamentalmente porque más del 80 % de los autónomos optan voluntariamente por cotizar por las bases mínimas y, por tanto, a pesar de haber tenido una larga carrera de cotización y habiendo
hecho un poco de esfuerzo contributivo, la sensación que les genera a estos trabajadores autónomos cuando se jubilan es que ese esfuerzo de cotización no ha generado la protección que necesitan para vivir con dignidad cuando dejan de trabajar, y ya
no digamos cuando analizamos las pensiones de viudedad de las esposas o parejas de estos trabajadores autónomos, donde aparece otro núcleo importante de pobreza. Y al mismo tiempo, insatisfacción de esos trabajadores autónomos porque, o bien en el
inicio de su actividad económica o bien cuando durante su actividad económica tienen problemas, la carga que les supone la cotización mínima hace a menudo insostenible la continuidad de su actividad profesional; y a cualquiera de nosotros que se
acerque a la realidad de los trabajadores autónomos le trasladarán este tipo de sensaciones.


Ahí está un núcleo que, a lo largo de estos años, en materia del RETA, no hemos abordado. Hemos abordado en estos últimos quince años reformas importantes, y mi grupo quiere poner en valor precisamente una subcomisión que se crea en tiempos
de otra mayoría absoluta del Partido Popular pero quizás con actitudes políticas diferentes, en el seno de la Comisión de Economía, promovida por nuestro colega el señor Sánchez i Llibre, que elabora un informe sobre el Estatuto de la microempresa
del trabajadores autónomo, donde por primera vez se constatan las diferencias que existen en materia de protección social entre trabajadores autónomos y trabajadores del régimen general; y ese informe de aquella subcomisión es el que ha marcado
algunas de las mejoras en estos últimos quince años en esta materia. De aquel informe hemos avanzado en la mejora de la protección social de los autónomos. Hoy les planteamos otra oportunidad de avanzar en esa dirección y dar respuesta a una
cuestión sobre la que entonces no había quizás suficiente consenso, quizás claridad en cómo la deberíamos abordar, y hoy, en cambio, se empieza a generar una cierta idea compartida. ¿Cuál es? Es la tesis de fondo que defiende Convergència i Unió,
pero que no prejuzga cuál sea el resultado, y la tesis es que aquella cotización que deben realizar los autónomos tuviese más que ver con los ingresos reales de su actividad económica. Vincular ingresos reales de los autónomos con su nivel de
cotización, permitiendo que a mayores ingresos, mayor esfuerzo de cotización, que posibilitaría generar mejores pensiones; y en tiempos más difíciles para los autónomos, menor esfuerzo de cotización para permitir que la actividad económica se
pudiese desarrollar. Eso exige una reforma a fondo que no es fácil y, precisamente, el instrumento de la subcomisión parlamentaria permite discutir en relación con estas cuestiones. Lo hacemos además en un contexto en el que el Gobierno está
optando en materia de régimen de autónomas por medidas unilaterales, sin acuerdo con las asociaciones representativas de los autónomos y sin ningún tipo de acuerdo ni diálogo con los grupos parlamentarios de la oposición; lo hemos vivido en el real
decreto que se aprobó a finales del año pasado, que amplía la cotización de los autónomos societarios, de los autónomos que tienen más de diez trabajadores, incrementando en tiempos de crisis la presión fiscal de un colectivo que ha padecido
duramente las consecuencias de esta crisis.


El Gobierno nos anuncia también próximas reformas en el ámbito del RETA, pero tampoco se ha abierto un proceso de diálogo, de discusión con los grupos parlamentarios. Sería razonable pensar que en esta materia necesitamos un enfoque global,
un enfoque que fuese compartido por todos los grupos, discutido con los interlocutores sociales, que nos permitiese en los próximos tiempos dibujar una ruta de las tres, cuatro o cinco reformas que pueden ser claves para dar sostenibilidad al
sistema y para mejorar la protección social que reciben estos trabajadores. Decía antes que su tentación es instalarse, lógicamente, en lo cómodo, y lo cómodo es rechazar esta petición que les plantea Convergència i Unió desde la esperanza de que
eso tiene un impacto en los medios de comunicación relativamente escaso, que por tanto el coste político que tiene para el Grupo Popular es pequeño y que, en cambio, lo complicado sería quizás abrir una discusión de fondo con los grupos de la
oposición, y es una pena. Una de las virtudes que hemos tenido desde el año 1995 en esta Comisión es precisamente generar espacios de discusión, de consenso, que son trabajosos, que son difíciles, que a veces nos pueden agotar, pero terminan
construyendo políticas que en el tiempo distintas mayorías comparten, que son, por tanto, eficaces, que tienen impacto en la sociedad, que generan credibilidad frente a la sociedad. A mí me gustaría -y con ello termino, señor presidente- que los
diputados del Grupo Popular antes de la votación le diesen dos vueltas, que no se instalen en lo cómodo y en la pereza intelectual, sino que hagan el esfuerzo de trabajar para el consenso, para el diálogo y para el acuerdo.

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El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, voy a dar la palabra al resto de los grupos parlamentarios, también por un tiempo de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Lucio Carrasco.


La señora LUCIO CARRASCO: El Grupo Parlamentario Socialista comparte con el grupo proponente la oportunidad de esta iniciativa, la necesidad de ahondar en la mejora de este régimen desde el consenso y el diálogo que nos aporta esta Comisión
del Pacto de Toledo y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que han propuesto en esta misma Comisión las organizaciones de autónomo de este país. La ley General de Seguridad Social mandata que las cotizaciones de la Seguridad Social se ajusten de
forma progresiva a los ingresos percibidos como todos conocemos, y ese mandato en el caso de este régimen concretamente sigue sin cumplirse, no porque no haya habido voluntad de avanzar en este ámbito, sino porque el grado de madurez que hemos
tenido para ir desarrollando el régimen especial de trabajadores autónomos ha ido siguiendo sus pasos y yo creo que ahora sí estamos en el momento de abordar esta cuestión. Porque, entre otras cosas, el Gobierno de España ha tomado medidas desde el
año 2012 que afectan directamente a las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras autónomas de este país sin el acuerdo de los agentes sociales económicos y sin pactarlo en el Parlamento, en esta Comisión en la que estamos hoy.


Muchos han sido los cambios en las cotizaciones, el primero con la Ley 11/2013, de apoyo a emprendedores y de estímulo del crecimiento y el empleo, que reduce a 50 euros la cuota de la Seguridad Social para jóvenes emprendedores. Después,
el segundo, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internalización, que amplía esa reducción a trabajadores de más de treinta años, a emprendedores de más de treinta años, y por último, la Ley 16 del 20 de diciembre de 2013, que establece
una serie de subida de cotizaciones, como ha dicho el diputado Campuzano. Sin embargo, estas medidas entendemos que son deslavazadas y que están generando situaciones injustas entre las trabajadoras y trabajadores autónomos, entre los societarios y
los que no son societarios, entre los que tienen mayor número de trabajadores y los que tienen menor número de trabajadores, entre los que iniciaron su actividad antes de la entrada en vigor de estas leyes de la tarifa plana y los que iniciaron su
actividad en plena crisis económica y que no han optado a ningún tipo de ayuda ni tienen ningún amparo por parte del Gobierno de España. Además, consideramos que es oportuna la creación de esta subcomisión porque el Estatuto del trabajador autónomo
aprobado por el Gobierno socialista tiene algunas cuestiones que revisar, han sido ya también versadas por el señor Campuzano, y otras que mejorar, como pueden ser las prestaciones por cese de actividad, que no están funcionando debidamente. Por lo
tanto, yo creo que requiere una vuelta, requiere un diálogo y un consenso para mejorarlo, para mejorarlo; no creo que haga daño que podamos estudiar conjuntamente cómo mejorar este régimen.


Sin entrar a valorar concretamente las medidas que ha tomado el Gobierno que afectan a las cotizaciones a la Seguridad Social, que algunas nos puede gustar más, otras menos, lo que sí nos está pareciendo complicado es ese desbarajuste de
medidas, esas injusticias y esos desequilibrios que se están generando entre autónomos que tienen a lo mejor el negocio uno enfrente del otro y uno está pagando 50 euros a la Seguridad Social y otro está pagando 260 euros, y no tiene ningún tipo de
apoyo por parte del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista estima necesario hacer un análisis en profundidad teniendo en cuenta lo que piensan las organizaciones, teniendo en cuenta lo que piensan los propios autónomos, porque nuestra
aspiración es que las cotizaciones sean progresivas en función de los ingresos, como ocurre con el régimen general, y también tenemos la aspiración de evitar el fraude en el sistema, de mejorar la protección de los trabajadores y todas aquellas
cuestiones que han quedado todavía sin cubrir por parte de las leyes que aquí se han aceptado. Queremos proteger sobre todo a aquellos autónomos que tienen ingresos más bajos y que apenas obtienen ingresos ni siquiera para pagar los gastos de su
actividad; nos preocupa y creo que desde una subcomisión se podría dar respuesta a muchas de las cuestiones que hemos identificado como cuestiones sin resolver. Por lo tanto, votaremos a favor de la creación de esta subcomisión y esperamos que,
como ha dicho el señor Campuzano, el Gobierno replantee o justifique correctamente por qué esto puede ser un problema de discusión en lugar de ser un tema de consenso.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, señora Fernández Dávila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa de creación de la subcomisión por muchas razones que ya han sido expuestas tanto por el proponente, señor Campuzano, como ahora por la portavoz
del Grupo Socialista. He de decir que a nosotros nos parece importantísimo que esta Comisión del Pacto de Toledo aprobase por unanimidad la petición del señor Campuzano porque entendemos que es parte fundamental de las funciones de la Comisión del

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Pacto de Toledo, es decir, que se puedan facilitar los estudios necesarios que permitan conocer mejor las necesidades de los colectivos que evidentemente están dentro de la Seguridad Social y, por lo tanto, las necesidades o posibilidades de
modificaciones que beneficien de una manera que permita la mejora de estas personas en el régimen de la Seguridad Social. Se ha hecho ya referencia a la necesidad de mejorar el Estatuto de los Trabajadores que en su momento fue un gran avance pero
que dejó flecos que en más de una ocasión en esta Comisión también se habló de la necesidad de superar. No se ha hecho en la última reforma de la Seguridad Social ni en la anterior tampoco, y nosotros entendemos que sería necesario que se llevara a
cabo.


En estos momentos los problemas de los autónomos, tanto de los dependientes como de los autónomos por trabajo propio, están siendo muy grandes: son problemas económicos de manera fundamental, falta de crédito, falta incluso de posibilidades
de desarrollo de su actividad por las dificultades económicas y el bajo consumo que existe. Esta es la situación del colectivo de trabajadores autónomos, representado por diferentes asociaciones. No estamos hablando de unas asociaciones que son
representativas y de otras que tienen diferencias de criterios, no. Estamos hablando de que todas las asociaciones representativas del sector de autónomos coinciden en la necesidad de analizar la situación de este colectivo en el marco de la
Seguridad Social para mejorar algunas cuestiones, entre las que está el tema de la cotización a la Seguridad Social de acuerdo con la progresividad de los ingresos que pueda tener el colectivo.


Señorías, teniendo en cuenta que esta Comisión del Pacto de Toledo es el espacio adecuado para analizar estos temas, nosotros apoyamos la propuesta del señor Campuzano, de Convergència i Unió, y no podríamos entender que el Grupo Popular
votase en contra, mejor dicho, sí lo podríamos entender por las mismas razones que en todas las demás ocasiones en que el rodillo del Grupo Popular elimina cualquier iniciativa de la oposición, pero es echar por tierra la función de esta Comisión
del Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nosotros vamos a apoyar también la iniciativa pertinente del señor Campuzano con relación a la creación de una subcomisión que analice lo que se ha definido como flecos, las abundantes lagunas que el régimen
especial de los trabajadores autónomos normativamente posee todavía, en una Comisión como esta que posee dos singularidades, señor presidente, la primera, que funciona -mejor dicho, funcionaba- en régimen de consenso con carácter general. Esto
también se ha difuminado al socaire de algunos de los principios inspiradores de esta legislatura con carácter general. Por otra parte, hice la verificación que me pidió el señor presidente en su día y es desde luego la única Comisión -es otra
singularidad- en la que el Grupo Socialista interviene antes que los demás. No voy a objetarlo. Si forma parte de alguna norma consuetudinaria indisponible para los demás, no voy poner ninguna objeción. Más parece la proyección de una suerte de
bipartidismo imperfecto, porque luego afortunadamente se nos deja hablar a los demás. Lo he comprobado. En ninguna empieza el Grupo Socialista, sino que acaba o antecede al grupo mayoritario. Desde esa perspectiva, se lo comento como singularidad
y, puesto que ya me hizo esa invocación en su día, he hecho la comprobación con las múltiples comisiones legislativas, de estudio y subcomisiones existentes, en donde el sistema es de intervención de menor a mayor en todas ellas sin ninguna
excepción, salvo la honorable excepción que constituye la que usted con tanta dignidad preside.


Al margen de estas situaciones, señor presidente, tengo que comentar que el señor Campuzano y la señora Lucio tienen mucha razón en algunas de sus aseveraciones. En esta legislatura se está produciendo una suerte de paradoja política que
vulnera algunos de los criterios de los estudiosos o de los politólogos, que suelen decir o afirmar que las mayorías absolutas se van reblandeciendo con el decurso del tiempo, porque al final la soledad políticamente pesa mucho, e incluso por
razones puramente electorales conviene buscar elementos de complicidad o de consenso con los demás grupos. En esta legislatura paradójicamente estamos observando lo contrario. La mayoría absoluta está endureciéndose. Si me permite la licencia y
no es ofensiva para nadie, la mayoría absoluta se está engorilando. Un ejemplo paradigmático lo hemos tenido esta mañana en lo atinente a la proposición de ley que va -iba a decir a regular, perdonen-, que va a amortizar en el Estado español la
jurisdicción universal. Desde esa perspectiva le pediría una reflexión al Partido Popular de hasta qué punto, incluso desde la perspectiva de la conveniencia de sus intereses electorales -que líbreme Dios de ser yo su guardador-, es conveniente ir
endureciendo esta mayoría diciendo que no a todo sistemáticamente e imponer solo con sus votos toda la legislación que está

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aflorando en esta legislatura de forma muy abundante, muy frondosa, un verdadero bosque de reales decretos-leyes, de leyes que regulan siete o nueve materias diferentes, como la que se ha aprobado esta mañana con relación al sistema de
cómputo de la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, donde ya se ha aprovechado el viaje para modificar el sistema ferroviario, aeroportuario, portuario, para la naturaleza jurídica de la Sareb y tantas otras cosas que, bajo el concepto o
rótulo 'otros', se consignaba en el rótulo precisamente del proyecto de ley cuyo debate ha tenido lugar esta mañana.


Señor Campuzano, primero le agradecemos que nos indique algunas de las propuestas de resolución que deben dimanar del trabajo de esta Comisión. En relación con su propuesta, primero sería conveniente que la Comisión desarrollara su trabajo
y que después formulara las propuestas, pero esta vinculación de las bases de cotización a los ingresos reales es una perspectiva de trabajo que nos parece sugerente. Existen otras deficiencias como el cese de actividad -mal regulado y que funciona
mal-, la estructura de los sistemas de cotización, el incremento de las bases de cotización para determinados trabajadores autónomos que se acometió -iba a decir acometimos, no, porque siempre se aprueban con los votos de los mismos estos reales
decretos-leyes- en el Real Decreto-ley 16/2013 y tantas otras cuestiones que preocupan, afectan y perjudican los intereses legítimos de los trabajadores autónomos, sobre todo considerando que hay una recomendación del Pacto de Toledo que aconseja
que los regímenes de la Seguridad Social terminen siendo solo dos al final: un régimen general y un régimen especial de trabajadores autónomos, y a esto llegaremos. En esto conviene que perfeccionemos mucho el estatuto y el régimen de Seguridad
Social de los trabajadores autónomos y una subcomisión nos parece muy pertinente a esos efectos. Por tanto, quiero felicitar al señor Campuzano por la propuesta, que vamos a apoyar con entusiasmo.


El señor PRESIDENTE: Por supuesto, señor Olabarría, sabe que estoy abierto a cualquier procedimiento en las intervenciones y en los debates, pero este es el que acordamos en su momento, no obstante lo cual, como le he dicho, estoy abierto a
cualquiera, así que en la próxima reunión de Mesa y portavoces nos sentamos y acordamos el que creamos conveniente en función del Reglamento de la Cámara y de la Comisión.


Señor Llamazares, es su turno.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente. Mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, va a respaldar esta iniciativa, sobre todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre el régimen especial de los trabajadores autónomos,
que han sufrido de manera también especial la crisis, tanto con relación al desempleo como en lo que podríamos denominar la supervivencia mediante la autoexplotación. Eso está ocurriendo en estos momentos en el régimen de los trabajadores autónomos
y merece una valoración y una evaluación, incluso de la reglamentación de Seguridad Social que tienen.


Tengo más dudas, señorías, con respecto a la propuesta de la subcomisión. Tengo dudas de que una Comisión en coma pueda dar lugar a una subcomisión con daño cerebral. Tengo cierta aprensión sobre esto de crear subcomisiones de comisiones
en coma. Por tanto, con relación al método de la subcomisión, tengo mis dudas. Además tengo una duda política. Espero que esta reflexión no termine en una iniciativa legislativa, sobre todo con el clima político que hay, porque será una
iniciativa legislativa unilateral y de recorte, y a veces más vale no meneallo. Esa es una reflexión a nivel personal, pero con el apoyo de mi grupo parlamentario.


Termino rompiendo una lanza en favor de los gorilas, señorías. Dentro de esa especie los más agresivos no son los gorilas: median en los conflictos, sí, tienen cosas muy parecidas a nosotros, aunque a veces nosotros también nos parecemos a
ellos. Los más agresivos son los chimpancés. Lo que habría que decir es que nos parezcamos más a los bonobos, pero no pongamos a los gorilas en tan mala situación.


El señor PRESIDENTE: Señora España Reina, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora ESPAÑA REINA: Quisiera comenzar esta intervención haciendo un breve relato de las medidas que de apoyo a los autónomos se han adoptado por este Gobierno, en concreto en la Ley 11/2013, donde se recogen las principales medidas de
la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Ahí está la tarifa plana para los autónomos, con una cuota aproximada de 50 euros mensuales. Ahí está la posibilidad de compatibilizar la prestación por el desempleo con el inicio de una actividad
por cuenta propia, o la posibilidad de aplicar la capitalización por desempleo para los jóvenes, la mejora de la financiación para

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los autónomos, la mejora de la red de protección de los autónomos hasta los treinta años para facilitar una segunda oportunidad, donde pueden reanudar el cobro de la prestación por desempleo, el contrato generaciones para incentivar la
contratación indefinida y estimular a los autónomos a contratar a un desempleado de larga duración mayor de cuarenta y cinco años o la eliminación en la cotización a la Seguridad Social por la contratación indefinida de jóvenes a través de
microempresas y autónomos, donde hay una reducción del cien por cien de las contingencias comunes. Hay otras actuaciones que también se han adoptado por el Gobierno, como el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores para los empresarios
autónomos, la suspensión -tengo que recordarlo- de la entrada en vigor de la nueva cotización obligatoria por contingencias profesionales y el cese de actividad, que se ha hecho para ayudar a los autónomos, dada la actual coyuntura económica, o el
aplazamiento durante un año de la cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos.


Son muchas medidas, señorías, como el hecho de que los trabajadores que sean sustituidos por otros trabajadores desempleados durante el descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, etcétera, tendrán una bonificación del cien
por cien de la base mínima de cotización. También el hecho de que se haya exonerado de las cuotas a los trabajadores por cuenta propia con sesenta y cinco años o más, la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con la realización de
trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional. Incluso hay otras medidas que se han adoptado por distintos ministerios, también medidas de apoyo y medidas positivas para los autónomos, como
el Plan de pago a los proveedores, la tarifa plana para todos con independencia de la edad o el régimen especial de IVA, entre otras cuestiones.


Por lo tanto, señorías, quiero dejar claro que nunca se ha hecho tanto por los autónomos en tan poco tiempo. Como consecuencia de estas medidas, en el último año el número de trabajadores afiliados al régimen de autónomos ha aumentado en
casi 30.000 personas, lo que supone un incremento interanual del 0,99 %. Esto quiere decir que a principios de febrero el número de autónomos dados de alta en el RETA era algo más de 3 millones, es decir, es el primer mes de enero desde antes del
comienzo de la crisis en el que la tasa interanual del número de autónomos es positiva. A día de hoy podemos decir que hay casi 398.000 autónomos que están empleando a cerca de 800.000 personas, es decir, que del trabajo autónomo dependen casi 4
millones de empleos en nuestro país, y desde que se inició su andadura, a finales de febrero de 2013, hay 138.000 nuevos autónomos que se están beneficiando de la tarifa plana.


Efectivamente, no nos parece que sea el momento adecuado de llevar a cabo esta propuesta de CiU de aproximar las contribuciones a los ingresos reales percibidos. Como he dicho, se han aprobado muchas normas en favor del empleo autónomo, por
lo que entendemos que sería conveniente observar la evolución de las mismas, ver los efectos antes de llevar a cabo cualquier otra medida. En concreto, si entramos en el fondo del asunto de la subcomisión, también habría que decir que la cotización
a la Seguridad Social de los autónomos responde a una naturaleza bastante distinta de lo que son los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, el trabajador autónomo aporta trabajo y capital, y los rendimientos que obtiene de dicha actividad
retribuyen también ambos factores. En ese sentido, la cotización solo respondería a la remuneración por el primero de ellos, por el trabajo. Asimismo existen otros problemas. El hecho de vincular la cotización a los ingresos declarados a Hacienda
presentaría problemas importantes de gestión, problemas operativos que serían insuperables en el medio plazo, porque los periodos de devengo de uno y de otro son diferentes y podría provocar injusticias contrarias al espíritu de esta propuesta.
Nosotros entendemos, señor Campuzano, que en estos momentos no es oportuno crear esta subcomisión. Sí le tengo que decir que no es ni lo más cómodo ni es pereza intelectual, como usted ha dicho, y el consenso -termino, señor presidente-, sí lo
buscamos desde el Grupo Popular y yo lo he tratado de buscar con usted, créame, pero para encontrar ese consenso es necesario que el que está enfrente, es decir, usted y el grupo al que representa, también quiera encontrarlo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tenemos a continuación varios puntos del orden del día, desde el 5.º hasta el 13.º El 5.º es una solicitud de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural, y el resto, desde el 6.º punto del orden del día hasta el 13.º, si no me corrige el señor letrado, son comparecencias de diversas organizaciones sindicales o asociaciones, solicitadas por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió. Sin intención de evitar el debate -pueden intervenir los grupos parlamentarios que así lo consideren necesario-, no obstante, he consultado con los portavoces, tanto de La Izquierda Plural como de Convergència, para que estas
peticiones de

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comparecencias, tanto la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como las de Convergència i Unió, no se sometan a votación y queden pendientes o durmientes, como ustedes lo consideren mejor. En todo caso, vuelvo a decir que no quiero
evitar el debate. En primer lugar, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Me parece una decisión prudente del presidente la de mantener estas iniciativas, que no mueran aquí ni que se sometan a votación y que intentemos buscar un acuerdo para que estas comparecencias se puedan
solventar, es decir, que queden no durmientes, un poco despiertas, con un ojo abierto y otro cerrado.


El señor PRESIDENTE: Somnolientas.


Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, efectivamente se trata de un paquete amplio de comparecencias que el Grupo de Convergència i Unió planteó en el inicio de la tramitación de la reforma de las pensiones que el Gobierno y el
Grupo Popular aprobaron en solitario. Nos parecía entonces que era necesario que no solo nos diesen su criterio y opinión los interlocutores sociales que han conformado el Pacto de Toledo, Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme, sino que también lo
hicieran los representantes de los autónomos, ATA y UPTA, los representantes de la discapacidad, Cermi, los representantes de la economía social, Cepes, y los representantes de las personas mayores de Cataluña, Fatec. Era una voluntad de escuchar a
la sociedad frente a un proyecto de ley que llegaba a esta Cámara sin ningún tipo de consenso. A pesar de que esas comparecencias no se pudieron producir por diversas razones durante la tramitación del proyecto de ley, estamos convencidos de que
las mismas razones que nos llevaban entonces a plantearlas siguen hoy vigentes. La reforma está en marcha, se está aplicando de hecho ya con la subida del 0,25 desde enero, con gran indignación por parte de los pensionistas, que han recibido una
vergonzosa carta de la ministra comunicándoles unas subidas mínimas de sus pensiones, de 0,30, de 0,50, de 0,60 céntimos en muchísimas ocasiones. Todo ello aconsejaba que la sociedad, a través de las asociaciones representativas, nos trasladase su
opinión sobre el impacto de esta reforma y eso continúa estando justificado.


Ahora bien, se nos ha trasladado también una actitud, que yo es la que le expreso al señor presidente, en la línea de lo que apuntaba el señor Llamazares. No se trata de que las comparecencias queden durmientes. Se trata de que el señor
presidente medie con el ministerio y con el Grupo Popular para replantearnos si finalmente el Grupo Popular es partidario de que se puedan producir estas comparecencias y, por tanto, que demos un margen para poder recuperar aquello en lo que
Convergència i Unió insiste, que es que este sea un espacio de discusión, de diálogo, de capacidad de encontrar, entre las posiciones de unos y de otros, acuerdos. Y los acuerdos, señora España, no es que ustedes quieran que nosotros digamos lo que
ustedes piensan. El acuerdo es que entre usted, que piensa de manera distinta que nosotros, y nosotros, que pensamos de manera distinta que ustedes -ustedes y nosotros defendemos posiciones legítimas-, seamos capaces de encontrar posiciones de
aproximación. Si su idea del consenso consiste en que yo diga lo que usted quiere que diga, eso no es consenso, es simplemente apuntarme a sus tesis, y el consenso no se construye de esa manera.


Señor presidente, le rogamos por tanto que medie, que haga uso de su buena manera de hacer, no que deje la cuestión dormida, y si no puede usted mediar, inevitablemente deberemos llevar a votación estas comparecencias sabiendo que
seguramente será la primera vez que se rechazan comparecencias en el Pacto de Toledo en todos sus años de vigencia, cosa que debería hacer reflexionar también al Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, recojo su sugerencia y por supuesto trataré de hacerlo lo mejor posible en mis labores de mediación.


Señor García Pérez.


El señor GARCÍA PÉREZ: Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que expresaba la Presidencia en este caso. Entendemos que, si hubiera que decantar este debate, las comparecencias que se nos solicitan son extemporáneas ya. En
cuanto a volver a citar a la ministra para hablar de la sostenibilidad de las pensiones, cuando ha venido ya en innumerables ocasiones, tanto ella como el secretario de Estado, y volver a citar a las organizaciones sociales para volver a hablar del
factor de sostenibilidad, de líneas de revalorización, en fin, creo que ya lo hemos debatido suficientemente con todas las organizaciones sociales y por aquí han venido, además del foro de expertos, los sindicatos, etcétera. Nosotros no nos
oponemos a

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que vengan, pero entendemos que las cosas tienen su temporalidad, y en este momento creo que son atemporales totalmente este tipo de indicaciones, con lo cual nosotros hacemos lo que Presidencia nos diga, pero si hubiera que llevarlo a
votación, no tendríamos ningún problema tampoco.


La señora ESPAÑA REINA: Señor presidente, por alusiones, porque el señor Campuzano se ha referido a esta diputada.


El señor PRESIDENTE: Señora España, adelante.


La señora ESPAÑA REINA: Muy rápidamente, señor Campuzano, está claro que no pensamos igual, pero es que su idea del consenso es que a todo lo que usted presente hay que decirle que sí y ahora, inmediatamente. Esa es su idea del consenso y
yo creo que se pueden hablar las cosas y se pueden hacer ahora o más tarde. Su idea del consenso es que a todo lo que usted plantea hay que decirle que sí y si no el PP no busca el consenso. Pues tampoco es eso.


El señor PRESIDENTE: No quería dejar de contestarle al señor García Pérez. En relación con la oferta que ha hecho el señor Campuzano y en esa labor de mediación, déjenme ustedes que veamos cómo pueden comparecer la ministra y el secretario
de Estado y cómo podemos arreglar el resto de comparecencias. ¿Vale? De acuerdo.


Vamos a suspender tres minutos para que se reagrupen los votantes y podamos contar los votos. (Pausa).


Vamos a proceder ya a la votación, en primer lugar, de la PNL relativa a la aplicación del régimen especial del mar a los pescadores de río, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que se va a votar en sus justos términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Me comenta el letrado que las dos proposiciones no de ley siguientes hay que votarlas por separado. En primer lugar, la relativa al problema generado con los beneficiarios gallegos de pensiones en el extranjero, presentada también por el
Grupo Mixto. Se vota en sus términos y se incorpora la autoenmienda que había presentado también el Grupo Mixto, porque se ha rechazado la enmienda presentada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa a los pensionistas emigrantes, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se vota en sus justos términos, porque se ha rechazado también la enmienda presentada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 4.º del orden del día: solicitud de creación de una subcomisión para estudiar la reforma del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos, presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, que se vota en sus justos
términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El punto 5.º y siguientes del orden del día, acuerdo sobre celebración de comparecencias, quedan pendientes y procuraremos mover un poco el tema para que podamos tener comparecencias en la Comisión. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.