CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 508

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles,

19 de febrero de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la prolongación de la vida laboral de los cuerpos docentes. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002033) ... (Página2)


- Sobre prolongación voluntaria de la actividad del profesorado de los cuerpos docentes universitarios más allá de su edad de jubilación. (Número de expediente 161/002190) ... (Página2)


- Por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, y a presentar un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que ésta pueda reconocer
el periodo destinado al servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria como computable para el acceso a las prestaciones del sistema y para el cálculo de su importe. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 161/001967) ... (Página6)


- Sobre el reconocimiento del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria a efectos de cotización a la Seguridad Social. (Número de expediente 161/001459) ... (Página6)


- Sobre la situación del Fogasa. Presentada por los grupo parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV), de Unión Progreso y Democracia y Mixto. (Número de expediente
161/002298) ... (Página10)

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- Sobre actualización del salario mínimo interprofesional para 2014. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002329) ... (Página16)


- Sobre recuperación del derecho a la reposición de la prestación por desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002383) ... (Página20)


- Sobre los criterios de financiación del denominado Plan de implantación de la garantía juvenil. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002399) ... (Página22)


- Sobre regularización de las condiciones de trabajo de los empleados del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001007) ... href='#(Página27)'>(Página27)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL DE LOS CUERPOS DOCENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002033).


- SOBRE PROLONGACIÓN VOLUNTARIA DE LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS MÁS ALLÁ DE SU EDAD DE JUBILACIÓN. (Número de expediente 161/002190).


El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


Quiero manifestarles que va a haber un cambio en el orden del día pactado entre los portavoces de los diversos grupos parlamentarios, de forma que en primer lugar se verá la iniciativa número 3, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y a continuación debatiremos las números 2, 4, 5 y 6. En cuanto a la que figura con el número 7, su autor nos ha solicitado que se debata en último término.


También he de decir que la proposición no de ley número 3 va a llevar aparejada la acumulación de una iniciativa de Izquierda Unida, que tiene el número 2190, porque tiene idéntico contenido que la de UPyD. Asimismo, la iniciativa que
figura con el número 2, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, lleva aparejada otra iniciativa similar de Izquierda Unida, la número 1459. Quiero dar las gracias a los parlamentarios por la flexibilidad de la que han hecho gala una vez más
en esta Comisión, pero también quiero rogar que dorénavant, de ahora en adelante, hagamos todos un esfuerzo para ajustarnos lo máximo posible a la hora de señalar nuestras iniciativas para que sean ventiladas en la Comisión en el plazo que se marca
en la reunión de Mesa y portavoces, a fin de evitar duplicidades o problemas, sobre todo al Partido del Gobierno, que debe requerir a su Gobierno para que informe sobre las materias objeto de debate y votación.


Dicho esto, tiene la palabra el señor Anchuelo para defender su iniciativa.


El señor ANCHUELO CREGO: Quisiera comenzar agradeciendo sinceramente al resto de los grupos y a la Presidencia su flexibilidad para cambiar el orden y así poder atender a otros compromisos simultáneos.


La proposición no de ley que traemos se basa en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Economía Sostenible, que está en vigor. En dicha disposición se preveía la prolongación voluntaria de la vida laboral de los docentes
universitarios y de los profesores investigadores del CSIC que tuviesen méritos excepcionales y que voluntariamente lo solicitasen. Esta prolongación de la edad de jubilación más allá de la forzosa sería por un máximo de cinco años y se iría
renovando anualmente; es decir, estaría sujeta a un informe anual que permitiría a la universidad, a la comunidad autónoma o al CSIC decidir que no se continuaba con la renovación. En esa disposición adicional segunda se preveía la puesta en
marcha

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del mecanismo que facilitase esta prolongación en los siguientes seis meses, y ese plazo máximo venció el 13 de septiembre del año 2011; es decir, que hace ya dos años y medio que este mecanismo debería estar funcionando. Lo hemos dicho a
menudo en el Pleno y hoy hay que volver a repetirlo aquí: las leyes en vigor están para ser cumplidas y no son patrimonio del Gobierno que las promulgó. No sirve el argumento de que eso lo promulgó el Gobierno anterior, porque son leyes que nos
obligan a todos; si no se consideran correctas habrá que reformarlas, pero incumplirlas no parece un procedimiento adecuado. Pero la argumentación iría más allá de lo jurídico. Además de ser una ley en vigor y que, por tanto, debe ser cumplida,
el contenido va dirigido a un grupo muy concreto, que son los docentes universitarios o profesores del CSIC con méritos excepcionales, es decir, personas con una formación y con una gran experiencia que pueden seguir trabajando -porque lo hacen en
labores intelectuales y no físicas y pueden estar en plenitud de facultades- y que tienen un legado académico e intelectual importante que transmitir, entre otros, a las jóvenes generaciones que se beneficiarían y no se verían perjudicadas por esta
medida.


La ley parece prever los posibles peligros y de alguna manera conjurarlos. Existe el peligro de que esto se convierta en algo simbólico, honorífico, que cambien las circunstancias de esa persona, pero hay que decir que como es por un máximo
de cinco años y tiene que renovarse anualmente mediante un informe, esas circunstancias que pudiesen provocar problemas quedarían solventadas.


Un último argumento tiene que ver con que en esta Comisión y en el Pacto de Toledo continuamente estamos hablando de la necesidad de prolongar la vida laboral, y sería contradictorio que en este caso, que se prevé legalmente y que tiene todo
el sentido, fuésemos en contra de nuestras propias recomendaciones o de la política que el Gobierno está aplicando en relación con la prolongación de la vida laboral, máxime cuando estamos hablando de una prolongación voluntaria. En su momento
incluso se llegó a elaborar un real decreto, dado a conocer en la mesa de negociación sectorial de universidad. Esto quiere decir que se llegó a una fase importante de concreción.


Nos alegra que otros grupos compartan esta preocupación, el Grupo de La Izquierda Plural con una iniciativa similar u otros que informalmente han manifestado su apoyo, así como el Grupo Socialista, que gobernaba cuando esta ley se puso en
práctica, porque nos parece que debe ser una iniciativa, y así lo queremos plantear, de consenso y no de un color especialmente partidista. Es una iniciativa perfectamente adecuada para ser compartida por diferentes grupos. Nuestra proposición no
de ley es sencilla, porque simplemente pide cumplir la ley y las recomendaciones del Pacto de Toledo, estableciendo mecanismos que permitan prolongar voluntariamente la vida laboral a estos profesores con méritos excepcionales que lo soliciten.


El señor PRESIDENTE: Por la acumulación de las proposiciones no de ley, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: También quiero agradecer el estilo y el tono en el que ha permitido llevar este debate en términos de racionalidad. Hay dos propuestas idénticas y es bueno que se puedan discutir conjuntamente. Hago mía la
intervención que acaba de hacer el señor Anchuelo, en representación de UPyD, entre otras cosas porque, como ya se ha anunciado, nosotros también presentamos en su momento una proposición en los mismos términos.


Quiero insistir en tres conceptos. Lo que nosotros estamos planteando aquí tiene que ver con algo de lo que el sistema de Seguridad Social en general, en sentido amplio, debe sentirse orgulloso, que es que nuestro sistema ha pasado de un
concepto rígido, fordista, en la fijación de la edad de jubilación de las personas a un concepto que ha incorporado una cosa tan humana como es la diversidad de las personas a partir de la flexibilidad en la edad de jubilación. Poco a poco eso se
ha ido plasmando legalmente y hoy, a pesar de que se continúa hablando de la edad de jubilación, sin duda existe una variedad y una flexibilidad en cuanto a la edad de jubilación que es propia de un sistema inteligente, como el que se ha ido
construyendo, de Seguridad Social como el nuestro. En segundo lugar, quiero insistir en el carácter voluntario del planteamiento que estamos haciendo. No se trata de prolongar la vida laboral de la gente de manera obligatoria, cosa que no tendría
sentido ni amparo legal, sino que esas opciones tienen un carácter estrictamente voluntario. En tercer lugar, no es que quiera establecer diferenciaciones en la cualificación formativa de los trabajadores, ya que cualquier trabajo requiere una
formación y una acumulación de saberes y de experiencias, pero si alguno de ellos tiene especial significación sin duda es el del colectivo docente universitario dedicado a la docencia o a la investigación. Por tanto, todos deberíamos facilitar que
esas personas puedan continuar, si así lo desean, durante un periodo máximo de

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cinco años, aportando sus conocimientos, sus experiencias -que a veces cuesta mucho tiempo acumular- al desarrollo de sus actividades de naturaleza profesional. Nos parece de una lógica aplastante.


Por último -me dirijo al Grupo Popular, que da soporte al Gobierno, para intentar convencerles-, voy a insistir en una idea. Recuerden que una de las máximas de este Gobierno ha sido, según se dice -otra cosa es según se hace-, favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La verdad es que el nombre queda bonito, incluso es el nombre que tiene el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, y nuestra propuesta entraría
claramente en esa filosofía que supuestamente es la del Gobierno. No nos gustaría pensar que esa filosofía solo se implanta cuando de lo que se trata es de, a partir de la continuidad de la vida laboral, conseguir una reducción de los gastos de
Seguridad Social por la vía de prolongar la fecha de la jubilación anticipada, que es lo que hizo el Real Decreto-ley 5/2013, o permitir un ahorro del gasto por la vía de compatibilizar trabajo con pensión. Si fuera así, tendríamos la evidencia de
que el Gobierno está actuando con un discurso de doble moral. No lo prejuzgo, pero tampoco sé cuál es la decisión del Partido Popular en ese sentido. No quisiera que mis palabras parecieran imprudentes, pero insisto en que la propuesta que hemos
presentado UPyD y La Izquierda Plural parece que está en la línea del programa electoral del Gobierno. Lo lógico sería que una vez que coincidimos lo pudiéramos aprobar. En caso contrario, va a parecer que hay un cierto miedo al consenso.


Diré una última cosa. No sé si ustedes lo han podido comprobar, pero en estos momentos en este colectivo existe una cierta expectación por lo que está sucediendo en estos momentos. Creo que no deberíamos decepcionarles. Este tema afecta a
un número relativamente pequeño, comparativamente hablando, de personas, en este caso empleados públicos dedicados a la docencia universitaria, y en la medida de lo posible deberíamos hacer compatible la regulación existente, que da cobertura,
además, a esa posibilidad, con una cosa tan sensata como permitir la prolongación voluntaria, por un periodo máximo de cinco años después de la edad forzosa de jubilación, del trabajo y de la vida laboral de los docentes universitarios dedicados a
la docencia o a la investigación. Creo que sería una cosa sensata y que honraría el trabajo de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a los grupos que los proponentes disponen de siete minutos, los enmendantes de cinco y para la fijación de posición se darán tres minutos.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Angelina Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Agradezco que mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Empleo y Seguridad Social hayan permitido que sea yo, que no pertenezco a esta Comisión, quien intervenga dada mi condición de
catedrática de universidad, es decir, de funcionaria docente y de futura perceptora del régimen de clases pasivas, y también por haberme ocupado del tema como portavoz de universidades. Hago esta reflexión previa porque, en mi opinión, esta PNL no
debería haberse presentado en esta Comisión, en la que se trata de empleo y de Seguridad Social, asuntos que a efectos de jubilación no afectan a los funcionarios docentes investigadores, sino que hubiera sido más apropiado debatirlo en la Comisión
de Hacienda y Administraciones Públicas o en la de Educación y Deporte. Pero estamos aquí y a ello vamos.


Se explica muy bien, por extenso, en la exposición de motivos, y lo acaba de resumir en nombre del grupo proponente, UPyD, el señor Anchuelo, que la Ley Orgánica 4/2011, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, publicada en el BOE de
12 de marzo de 2011, contiene la disposición adicional segunda en la que se contempla la prolongación voluntaria -insisto en lo de voluntaria- del servicio activo de los funcionarios de los cuerpos pertenecientes a docencia y profesores
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas después de haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. La ley y sus complementos legislativos, como se puede comprobar por la fecha de publicación, marzo del año 2011, se
promulgaron durante la etapa del Gobierno socialista, que incluso llegó a redactar un proyecto de real decreto en el que se establecían los requisitos, muy exigentes por cierto, mediante los que este cuerpo de profesores se podría acoger a esta
posibilidad de prolongación voluntaria de permanencia en el servicio activo. El proyecto de real decreto fue informado por el Consejo de Universidades, por la Conferencia General de Política Universitaria, por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, por la ministra de Economía y Hacienda, por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y estaba preparado para que se debatiera en el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación y de la ministra de
Ciencia e Innovación, con la aprobación previa del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado. Es decir,

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contaba con todas las bendiciones. Pero el final de la legislatura y la consiguiente convocatoria de elecciones generales, y en consecuencia la formación de un nuevo Gobierno de distinto signo político, abortaron la posibilidad de que se
retomara el proyecto de real decreto.


A petición de un amplio colectivo de este sector de docentes universitarios e investigadores, y tras varias reuniones, registré una pregunta escrita en marzo de 2012 y sobre la que recibí respuesta negativa del Gobierno en mayo. Ambas están
publicadas y no merece la pena repetirlo aquí. Básicamente se aducían motivos presupuestarios y económicos, y se hacía una referencia explícita a la ya tristemente famosa tasa de reposición que tantos quebraderos de cabeza está proporcionando a los
empleados públicos en general y al funcionamiento de las universidades por las peculiares características que concurren en su personal docente e investigador.


Sírvame -y disculpen sus señorías- este extenso preámbulo para expresar que el sentido del voto de esta PNL...


El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa. Ha excedido el tiempo concedido. Le ruego, si es tan amable, que concluya lo más rápidamente que pueda.


La señora COSTA PALACIOS: ... por parte del Grupo Parlamentario Socialista no puede ser negativo. Si todo estaba dispuesto por el Gobierno socialista, a falta solo de que se desarrollara el decreto, el Grupo Parlamentario Socialista no se
puede oponer. No va a ser un coladero para nadie, porque es un grupo muy restringido, con una larga trayectoria profesional.


El señor PRESIDENTE: Este presidente no había advertido la presencia del señor Campuzano, que había solicitado el uso de la palabra. Perdón por la inversión de los turnos de intervención.


Tiene la palabra para fijar su posición.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervendré con la máxima brevedad porque la cuestión de fondo la han expuesto los portavoces que han intervenido. Mi grupo debe dar su apoyo a una iniciativa que simplemente insta a dar cumplimiento a aquello
que se prevé en la legislación vigente. Pero he de decir que, al menos desde la perspectiva de Convergència i Unió, el hecho de que este debate lo tengamos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social nos aboca a una posición más de fondo, favorable
a la iniciativa que plantea el señor Anchuelo. Precisamente siguiendo la lógica con la que hemos ido configurando nuestro sistema de jubilación gradual y flexible, orientado a incentivar la presencia activa de manera voluntaria en el mercado de
trabajo, más allá de las edades legales de jubilación, si existen profesionales, en este caso en el campo del sistema universitario docente, que voluntariamente desean trabajar más tiempo, eso responde a los principios, a los valores y a la lógica
del Pacto de Toledo.


He de decir que si estuviésemos en la Comisión de Educación y mi grupo fuese sensible a cómo la Administración catalana está resolviendo algunos problemas en el corto plazo, vinculados a la necesidad de contener el gasto público, quizá la
posición sería distinta, porque en las cuestiones vinculadas a la política de personal, en sentido muy amplio, cuando aquello que se impone es la contención del gasto, la reducción del gasto público, una tentación para las administraciones, en
términos de costes económicos, es facilitar los procesos de jubilación de aquellos trabajadores, de aquellos profesionales, en este caso de estos docentes con largas carreras. Nos encontraríamos con esa cierta contradicción.


Ahora bien, como el debate es en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, no puedo rechazar hoy esta proposición no de ley, porque la lógica de la misma, más allá de la legalidad existente, va en la línea de facilitar la permanencia activa
de personas con talento y que tienen ganas de continuar trabajando. Por tanto, votaremos favorablemente esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno de fijación de posiciones y el debate de este punto, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ildefonso Pastor.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Intervengo brevemente en nombre de mi grupo parlamentario para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la prolongación de
la vida laboral de los cuerpos docentes.


Esta proposición no de ley trae consecuencia, como ya han explicado los portavoces anteriores, de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2011, en una concesión del anterior Gobierno al hilo de las negociaciones sobre el
Estatuto del docente, que contemplaba la posibilidad de la prolongación voluntaria del servicio activo de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios una

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vez alcanzada la edad de jubilación forzosa. En este sentido, me gustaría poder realizar algunas apreciaciones. En primer lugar, la norma no prevé en ningún caso, como sí pretende el texto de la proposición, el desarrollo reglamentario de
la misma por parte del Gobierno. La obligación que se impone es, concretamente, promover la puesta en marcha de los mecanismos para facilitar la prolongación de la vida activa. Así pues, la realización de los estudios, pactos, acuerdos y
negociaciones con los agentes sociales y administraciones implicadas en la materia ha de entenderse como el cumplimiento de la previsión legal.


Por otra parte, el texto de la proposición, en nuestro opinión, podría considerarse discriminatorio, particularmente en relación con los profesores de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, a los que también se
hace referencia en la citada disposición, y a quienes sin embargo obvia el grupo proponente en el petitum de su iniciativa, pero también respecto a otros funcionarios públicos que pese a tener igualmente la edad de jubilación obligatoria fijada en
los setenta años, como los jueces, fiscales y secretarios judiciales, por ejemplo, no podrían optar a ampliar su carrera profesional en las mismas condiciones.


El planteamiento recogido en la iniciativa podría presentar problemas desde el punto de vista de la gestión de las propias universidades, como también se ha señalado a lo largo del debate, impidiendo que tal prolongación se denegase
atendiendo a necesidades docentes y a criterios de eficacia y eficiencia, dificultando con ello el relevo generacional y la retención del talento en un momento en el que muchas universidades atraviesan por dificultades presupuestarias y en el que la
tasa de reposición se encuentra limitada al 10 %. Todo ello, cuando a día de hoy existen alternativas que igualmente nos permiten seguir aprovechando los conocimientos y experiencia de estos docentes, así como garantizar su continuidad en los
proyectos de investigación en los que estuvieran trabajando, como es el caso del nombramiento como profesor emérito. En definitiva, el hecho de que este personal tenga ya reconocida una edad de jubilación forzosa más avanzada que la del resto de
los empleados públicos y las dificultades que generaría a las universidades, en relación con la necesaria renovación de sus plantillas, la existencia de mecanismos alternativos como los ya expuestos para extender la actividad docente más allá de la
jubilación, así como la complejidad de la situación financiera por la que atraviesan las administraciones en general y las universidades en particular son argumentos suficientes, en opinión de nuestro grupo, para considerar plenamente justificada la
necesidad de un calendario temporal más amplio...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Pastor.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Termino en un minuto.


El señor PRESIDENTE: No, no. En menos de un minuto.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Como decía, son argumentos suficientes para considerar plenamente justificada la existencia de un calendario temporal más amplio para el desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica 4/2011, al precisarse el acuerdo
previo con las comunidades autónomas así como con el resto de los sectores sociales implicados. En consecuencia, nuestro grupo votará en contra de esta proposición.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA OCTAVA DE LA LEY 27/2011, Y A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLEZCA UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE ÉSTA PUEDA RECONOCER
EL PERIODO DESTINADO AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO O A LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA COMO COMPUTABLE PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA Y PARA EL CÁLCULO DE SU IMPORTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I
UNIÓ). (Número de expediente 161/001967).


- SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO O PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA A EFECTOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 161/001459).


El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el punto que figura con el número 2 en el orden del día de la Comisión. Su autor es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.

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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A través de esta proposición no de ley planteamos el cumplimiento de un mandato legal existente en nuestra legislación desde 2011, que es la elaboración de un proyecto de ley que permita contabilizar el período
de servicio militar obligatorio como cotizado a efectos de pensión. Esta no es una cuestión ni mucho menos nueva en esta Cámara ni en las iniciativas legislativas que Convergència i Unió ha impulsado en esta materia. Ya en 2004 nuestro grupo
consiguió que la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobase una proposición no de ley instando al Gobierno de entonces a elaborar un informe que permitiese cuantificar la consideración del tiempo de servicio militar obligatorio como
un tiempo cotizado a efectos de pensión. La iniciativa de 2004, que reiteramos en 2005, fue apoyada por todos los grupos de la Cámara y finalmente se consiguió concretar, en el año 2006, en la incorporación en el artículo 161.bis de la Ley de
Seguridad Social de una previsión: que los periodos de servicio militar pudiesen ser contabilizados para completar el acceso a la jubilación anticipada en el supuesto de que la persona no los hubiese alcanzado. Por tanto, hay mandatos
parlamentarios que reconocían ese problema y una concreción legislativa que de manera muy tímida resolvía esta cuestión. Nuestra legislación ya reconoce que haber hecho el servicio militar tiene su valor a efectos de la pensión que finalmente pueda
recibir una persona que acceda, en este caso, a la jubilación anticipada. En un momento en el que nuestras políticas de pensiones tienden a facilitar el alargamiento de la vida laboral de las personas y a exigir un mayor número de años cotizados
para cobrar el cien por cien de la pensión -referencias hacia cuyo aumento nos moveremos previsiblemente en el futuro-, tiene sentido que demos respuesta a una demanda social que existe desde hace muchos años. Insisto, yo he podido recuperar
iniciativas de Convergència i Unió desde el año 2004 -es posible que haya habido algunas anteriores- que pretenden reconocer ese derecho a algunas personas, en este caso hombres, que destinaron de manera forzosa un tiempo prolongado de su vida al
interés general. El señor presidente, con entusiasmo, indica que él fue de los comprometidos con el servicio militar obligatorio. No es mi caso. No estoy defendiendo ningún derecho que me afecte personalmente. Yo fui objetor de conciencia y
tampoco hice la prestación social sustitutoria por otras razones que no vienen al caso, pero son cientos de miles de hombres los que se vieron obligados a dedicar de manera obligatoria un período prolongado de su vida al interés general. Eso tuvo
repercusiones, como su incorporación más tardía al mercado de trabajo o la interrupción de su vida laboral y además ese esfuerzo fue gratuito, no tuvo reconocimiento. Siempre nos ha parecido que era de justicia reconocer a esos hombres que ese
período de servicio militar obligatorio tenga algún efecto en su protección social. Hicieron un esfuerzo para el interés general, para el bien común a través del servicio militar obligatorio y alguna respuesta debe dar la sociedad a estos
ciudadanos. Efectivamente, en la reforma de 2011 se alcanzó un acuerdo con el Grupo Socialista para mandatar al Gobierno que elaborase un proyecto de ley que diese respuesta a esa demanda. Lamentablemente, el grupo de la mayoría se ha dedicado a
bloquear buena parte de las cuestiones que Convergència i Unió incorporó en la reforma de las pensiones de 2011 y en la Ley de Presupuestos para 2013 -no sé si también en anteriores presupuestos; el señor Coscubiela ha recibido hace pocos días una
respuesta parlamentaria al respecto que supongo que nos contará- y ha suspendido la puesta en marcha de la disposición adicional vigésimo octava, que introducía ese cómputo del periodo de servicio militar obligatorio o de prestación social
sustitutoria a efectos de Seguridad Social. Tenemos una legislación que mandata al Gobierno elaborar un proyecto de ley para dar respuesta a esa demanda social, pero el Gobierno ha suspendido la entrada en vigor de esta disposición. Nuestra
proposición no de ley insta a dar cumplimiento a esa previsión legal, recordando además que el Partido Popular, cuando estuvo en la oposición, nos acompañó en esa demanda. No es una demanda que Convergència i Unió se haya inventado o haya defendido
en solitario; otros grupos también lo han hecho. Sería razonable que se le diese respuesta. Además, en 2004, cuando se planteaban los costes económicos que podía tener esta medida, el propio Gobierno dio unas cifras que, en términos del
presupuesto de la Seguridad Social, no eran relevantes. El Gobierno valoró en 2004 en alrededor de 240 millones de euros el impacto que tendría la medida en cuestión. Además, de 2004 a 2014, en diez años, no se debe haber producido un aumento en
ese gasto, al menos los cambios derivados del fin del servicio militar obligatorio y los excedentes de cupo más el número de personas que se declararon objetores de conciencia no hacen prever que esa previsión de gasto haya aumentado. No es un
problema de gasto, sino un problema de si el Partido Popular cree que la sociedad tiene alguna responsabilidad con esos hombres que dedicaron de manera obligatoria un tiempo largo de su

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vida al servicio de un interés general, en este caso a las responsabilidades como ciudadanos en materia de defensa. Espero que se sea coherente con las posiciones que se han mantenido en otros momentos y que hoy se apoye esta proposición no
de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, como buen político nos acaba de recordar su habilidad para no hacer ni el servicio militar ni la prestación social sustitutoria y encima hoy viene aquí a defender algo que personalmente en nada le
afecta. La política es así. Yo he hecho el servicio militar, me encanta su iniciativa, me parece lógica y tendré que votar lo que me toque votar. La vida es siempre una sorpresa. Y hablando de sorpresas, al final se ha acumulado aquí la
iniciativa del señor Coscubiela sobre la misma materia. Tiene la palabra para defenderla.


El señor COSCUBIELA CONESA: Las circunstancias han hecho que, a pesar de que el cupo de nuestro grupo, La Izquierda Plural, es de una sola proposición no de ley, nuestra hiperactividad nos haya llevado a tener que defender hoy cuatro
proposiciones no de ley: una nuestra, dos acumuladas, porque son de idéntico contenido, y una colectiva sobre el Fondo de Garantía Salarial. Bienvenido sea. Lo destaco porque parece que hay cosas que cuentan con un grado de consenso importante, a
partir de iniciativas de diferentes grupos con sensibilidades y con ideología en muchos casos distintas, pero que coinciden en la necesidad de atender problemas sociales que están presentes en la realidad de la calle y que deberían ser abordados.


Suscribo plenamente en esta intervención, en nombre de La Izquierda Plural, lo que acaba de decir mi amigo Carles Campuzano. Voy a insistir en cinco razones muy rápidamente. Se trata de un mandato de la Ley 27/2011. Por tanto, en caso de
no cumplirse, se requiere alguna explicación por parte del Ejecutivo. No basta que en esas leyes ya no ómnibus, ni siquiera portaaviones, sino que lo llevan todo, que son los Presupuestos Generales del Estado, se incluya al final una disposición
por la que se deja en suspensión el cumplimiento de un mandato legislativo al Ejecutivo, que hasta ahora, desgraciadamente, no se ha producido. Está previsto en la ley y por tanto lo lógico es que se haga. Parece que es de sentido común, porque
supone un reconocimiento a un colectivo de personas que en un momento determinado se vieron obligadas a hacer una prestación obligatoria, sin que pudieran desempeñar tareas retributivas y en algunos casos teniendo que abandonar transitoriamente su
puesto de trabajo, durante períodos que en algún caso, como el de la marina, llegaban a ser de dos años, dejando por tanto de cotizar. Es tan de sentido común que no solo en este momento la proponemos los grupos de Convergència i Unió y La
Izquierda Plural, sino que en su momento, como ya se ha recordado, lo propuso también el Partido Popular. Esperamos que no sea una de esas típicas propuestas retráctiles y móviles, como las fronteras, que van entrando y saliendo del ideario de los
partidos políticos.


Por otro lado, cuando se hagan los estudios -más bien cuando se actualicen, porque en su momento ya se hicieron- nos encontraremos con que tiene una afectación económica mucho más limitada de lo que puede parecer a simple vista. Quiero
recordar que la afectación que ha terminado teniendo el reconocimiento de los años de servicio militar para la jubilación anticipada es bastante menor de lo que en su momento se creía. Por tanto, desde ese punto de vista, me temo que hay un miedo
irracional a esta cuestión. En parte es lógico, porque la Seguridad Social está en una situación delicada y siempre hay que tener en cuenta las cuentas, pero cuando se atienda nuestra propuesta, se verá que no es tanto como puede parecer. Además,
quiero insistir en un concepto. Como se trata de un colectivo limitado en el tiempo, su impacto en materia de costes de Seguridad Social sería en estos momentos, a partir del reconocimiento actual, pero iría desapareciendo con el paso del tiempo
por una cuestión puramente generacional, porque afecta a los de una determinada generación. Yo, a diferencia del señor presidente y de Carles Campuzano, sí hice el servicio militar. Aún no termino de entender exactamente qué función de interés
general o de defensa de la patria hice, porque me tocó estar un año trabajando de peón de la construcción, haciendo la pista americana, la pista de tenis, la piscina y una pista de entrenamiento en la unidad de suboficiales de Lleida. Jamás he
entendido exactamente a quién servía. No sé si ese es el problema del cálculo, porque en este caso los costes no deberían pedirse al Ministerio de Defensa sino no se sabe a quién. En cualquier caso, ese impacto sería menor.


Termino. Nuestro grupo no solo ha presentado la proposición que ahora estamos debatiendo, sino que tuvo interés en preguntar al Gobierno por qué no daba cumplimiento a un mandato legislativo de la Ley 27/2011. Con fecha de 17 de diciembre
de 2013, hemos recibido su respuesta, que es accesible a todos los grupos parlamentarios. En ella dice fundamentalmente dos cosas: primero, que esa previsión normativa conlleva la necesidad de realizar prolijos estudios del número de personas
afectadas y de sus

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implicaciones y, segundo, que eso afecta a diferentes ministerios y que no se ha tenido tiempo de calcularlos. Vuelven a aparecer otra vez, como lo hacían esta mañana en la sesión de control al Gobierno, los diferentes criterios que aplica
el Gobierno cuando una cosa le interesa o no. Para rebajar el IVA a determinados colectivos que comercian con obras de arte, los cálculos se han hecho relativamente rápido, pero reconocer como periodo de cotización el tiempo de servicio militar o
prestación social sustitutoria a algunas personas cuesta mucho. Lo más sorprendente es que la última cosa que nos dice el Gobierno es que está haciendo esos cálculos, que está a punto de terminarlos, pero que considera que no es previsible que
finalicen antes del 1 de enero de 2014. Supongo que en estos momentos, a las alturas que estamos, los cálculos deben estar hechos, porque el 1 de enero del año 2014 ya ha pasado. Estoy ansioso por escuchar la respuesta del Grupo Popular, porque a
lo mejor ya tenemos la opinión del Gobierno en ese sentido y nos dan una alegría. Si no nos dan una alegría, al menos deberían justificar, primero, por qué se incumple la ley; segundo, por qué cambia de criterio el Partido Popular, y tercero, por
qué se deja de reconocer un derecho que parece que cuenta en estos momentos, o contaba hasta el cambio de criterio del Partido Popular, con un grado de soporte parlamentario importante.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por un tiempo de tres minutos, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: El Grupo Socialista va a votar a favor de estas dos iniciativas, la de Convergència i Unió y la de La Izquierda Plural. Los ponentes han expuesto sus argumentos con claridad meridiana. Desde el año 2004 se han dado
pasos en este proceso, pasando -se le ha olvidado al señor Campuzano- en el año 2006 por una iniciativa que el Grupo Popular -curiosamente- llevó a la Comisión de Defensa, iniciativa que acabó siendo apoyada por unanimidad y en la que se planteaba
que este tema fuera analizado y, a poder ser, aprobado en el Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social. En todo momento ha habido una voluntad manifiesta de todos los grupos de la Cámara para que el servicio militar obligatorio y la prestación
social sustitutoria fueran reconocidos a efectos de cotización a la Seguridad Social. A día de hoy, no entiendo que esto no se pueda hacer, sobre todo porque la Ley 27/2011, de 1 de agosto, plantea esa obligación, teniendo en cuenta que tiene que
llevarse a cabo un profundo estudio de la situación de todos los afectados. Eso significa que tiene que haber una coordinación entre varios ministerios, pero esa coordinación se podría haber producido sin ningún tipo de problema. Estamos en 2014 y
es bueno que esto se cierre ya. Este tipo de reconocimiento va a afectar poco a poco a menos gente, porque si no lo solucionamos, muchos de los que pueden resultar afectados, por razones vitales, se van a encontrar con problemas. Además, no se
trata solamente de un derecho que se pueda reconocer a través del apoyo del Congreso de los Diputados a cualquier ciudadano que esté en estas condiciones. Tal como se ha producido el proceso de reforma del sistema de pensiones y la afección de los
recortes a las prestaciones que tiene que asumir el Estado para que la gente de nuestro país tenga unas mínimas condiciones de vida, sería bueno que el cómputo de este periodo a efectos de cotización se contemplase, porque así algunas personas
tendrían derecho a recibir algún tipo de prestación de la Seguridad Social y otras mejorarían su situación actual y por tanto su calidad de vida. Por ello, vamos a apoyar estas dos iniciativas. Me gustaría que el Grupo Popular, que ha sido actor a
lo largo de las legislaturas pasadas en este proceso de reconocimiento, asumiera esta obligación y las aprobara, porque son de justicia a todos los niveles. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán, por ajustarse al tiempo. Para concluir el debate y fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.


La señora SUSINOS TARRERO: Comienzo mi intervención como lo ha hecho esta tarde el señor Campuzano, recordando que la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 27/2011 preveía que el Gobierno presentara en el plazo de un año un
proyecto de ley que estableciera un sistema de compensación a la Seguridad Social, para que por esta pudiera reconocerse a favor de las personas interesadas un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social
sustitutoria que compensase la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, de acuerdo con los incrementos que en el ámbito de la contributividad se producen en esta ley y con la sostenibilidad del sistema.


Señorías, es fundamental que tengamos en cuenta unas cuestiones muy importantes. El sistema de Seguridad Social es un sistema contributivo. Este principio de contributividad está expresamente

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reconocido en las recomendaciones del Pacto de Toledo y aleja de cualquier consideración como periodos cotizados aquellos por los que nadie ha contribuido. Además, no podemos olvidar que dado que la compensación a reconocer que se establece
en la mencionada disposición adicional debe ser acorde con los incrementos que en el ámbito de la contributividad se producen en dicha norma y también con la sostenibilidad del sistema, sería necesario realizar de manera previa los estudios
pertinentes para determinar la repercusión económico-financiera que supondría tal reconocimiento, estudios que entrañarían grandes dificultades tanto a la hora de evaluar como de cuantificar las repercusiones presupuestarias, ya que la aplicación de
la medida afectaría a varios cientos de miles de casos, con su extensión a los colectivos que efectuaron la prestación social sustitutoria. Adoptar en este momento una medida como la propuesta por ustedes, señor Campuzano, podría afectar de manera
muy notable al equilibrio financiero del sistema. Aceptar que los periodos de servicio militar y de prestación social sustitutoria sean considerados como cotizados a todos los efectos y para todas las prestaciones del sistema de Seguridad Social
supondría un incremento muy notable del coste para el sistema y chocaría frontalmente contra los principios de equidad, solidaridad y contributividad sobre los que se asienta el sistema español, además sin olvidar que dicho beneficio solo afectaría
a varones, por lo que desde el punto de vista de la equidad constituiría un agravio en función del género. Por todo lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a apoyar su proposición no de ley.


Señorías, el actual contexto económico nos invita a tener especial cuidado en todo lo que se refiere a la adopción de medidas que puedan poner en peligro la sostenibilidad del sistema.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su capacidad de síntesis, señora Susinos. Me hubiera gustado escuchar otra cosa, pero hemos escuchado lo que hay y a ello nos atendremos fielmente.


- SOBRE LA SITUACIÓN DEL FOGASA. PRESENTADA POR LOS GRUPO PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, VASCO (EAJ-PNV), DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA Y MIXTO. (Número de expediente
161/002298).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día. Se trata de una iniciativa de los grupos parlamentarios Socialista, Convergència i Unió, Vasco (PNV), UPyD y Mixto. Habida cuenta de ello, si les parece a los señores
diputados, será suficiente un máximo de cinco minutos de intervención, porque es una cuestión monotemática. Les ruego que hagan un ejercicio de síntesis, porque, si no, nos podemos ir a unas horas excesivas y hay gente que tiene que votar en otras
comisiones.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín. Le ruego, si es tan amable, que haga ese esfuerzo, porque me imagino que los argumentos los van a repetir todos los demás intervinientes.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: La verdad es que es monotemático, pero es muy importante. Es un tema que afecta a muchísimas personas. Mi grupo, desde abril de 2012, viene alertando sobre lo que podría pasar con el Fogasa. En esa fecha
preguntamos al subsecretario de Empleo y le advertimos de que una disminución de 150 millones en el presupuesto de 2012 haría que el organismo no pudiera conseguir sus objetivos. En octubre de ese mismo año interpelamos al subsecretario en la
comparecencia de presupuestos y afirmamos que con una reducción entonces del 32,56 % para los presupuestos de 2013 y disminuyendo la partida de personal sería imposible que el Fogasa cumpliera con su misión, porque a la vez estaban aumentando
considerablemente los expedientes y las prestaciones a las que esta institución tenía que hacer frente. En aquellos momentos también planteamos que las prestaciones entraban en un retraso medio de seis meses, con las repercusiones que esto tenía
para los trabajadores y trabajadoras que sufrían el cierre patronal de sus empresas. El 27 de junio de 2013, en esta Comisión, se debatieron dos proposiciones no de ley sobre el Fogasa, una del Grupo Mixto y otra de mi grupo, y ya entonces
hablábamos del colapso total que sufría este organismo tan importante para muchos trabajadores ante el incremento del volumen de trabajo: en 2011 se tramitaron 68.412 expedientes y en 2013, a 30 de septiembre, ya llevaban 181.572 expedientes de
retraso. Hoy sabemos, por respuesta del ministerio a preguntas de mi grupo, que estos 181.572 expedientes afectan a 287.572 personas y que los retrasos pueden llegar hasta los veinte meses.


Les pedíamos entonces, ante el colapso evidente, un plan de choque para resolver la situación y solicitábamos que incrementasen las cantidades a recuperar por las propias empresas a través de la

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gestión del organismo. Asimismo, pedíamos acelerar el pago de la Tesorería de la Seguridad Social, que no estaba liquidando cantidades al Fogasa. Ante el intento que perseguían de privatizar este organismo, les advertíamos de la
imposibilidad legal de hacerlo, porque la legislación europea y la directiva son muy claras a este respecto e impiden esta posibilidad. Esta iniciativa fue rechazada por la mayoría absoluta del PP en solitario y el 14 de enero de 2014 el Gobierno
responde a preguntas escritas presentadas por mi grupo, en concreto por la diputada Patricia Blanquer, que ante esta situación el Fogasa debe tener una respuesta urgente y una solución de choque y por esa razón ha formalizado una encomienda de
gestión a la sociedad mercantil estatal Tragsatec, como procedimiento administrativo más eficaz (sic) para el tratamiento de los expedientes. Bien, pues esta solución de choque ha agravado más la situación de colapso total, creando más caos en la
gestión de los expedientes, porque al retraso de los mismos se añade la ruptura de cualquier orden de tramitación cronológico, con los consecuentes agravios que esto está produciendo. De esta gravísima situación hemos advertido reiteradamente los
grupos políticos y los sindicatos -Comisiones Obreras y UGT en el propio órgano gestor del organismo- y finalmente los propios afectados se han movilizado el jueves pasado delante de todas las sedes del Fogasa en las diferentes provincias españolas.
Por eso hoy, ante la desesperación y angustia de más de 287.572 personas que están sufriendo en sus carnes esta gestión caótica, todos los grupos parlamentarios de la oposición presentamos esta proposición no de ley. Ustedes han llegado aquí, con
su mayoría absoluta y su soberbia, disfrazados de buenos gestores, pero en dos años se han quedado solos y el disfraz se les ha caído. La gestión en el Fogasa es absolutamente calamitosa y las consecuencias gravísimas para las personas que antes
tenían al menos la garantía de un salario con el cierre de su empresa. Hoy se quedan sin empleo y pueden pasar veinte meses sin cobrar nada de nada de lo que es suyo por derecho. ¿Qué más tiene que pasar para que haga algo el Gobierno? Hagan un
ejercicio: Pónganse por un momento en el lugar de cualquiera de estas 287.572 personas y en la situación en la que están ellas y sus familias y, si son capaces de ello, avergüéncense de lo que están haciendo y voten esta PNL para exigir al Gobierno
que cumpla con los fines que el Fogasa tiene encomendados. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Monteserín, por su esfuerzo de síntesis.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Como es obvio, se trata de una proposición no de ley firmada por todos los grupos de la Cámara excepto por el Grupo Popular. Compartimos los argumentos que ha dado la portavoz del Grupo Socialista, pero quiero
insistir en una cuestión que es importante no perder de vista nunca en nuestra actividad como diputados. No estamos hablando de gestión administrativa, no estamos hablando de papeles, no estamos hablando de números, estamos hablando de un colectivo
de personas muy numeroso y especialmente machacado por la vida, aunque a veces quien actúa en nombre de la vida tiene nombres y apellidos y política concreta. Se trata de personas que habiendo perdido su trabajo y teniendo derecho por ley a
percibir una indemnización no la perciben y se ven abocadas a un proceso que en general es complicado. Nunca ha sido fácil cobrar del Fondo de Garantía Salarial. Situaciones en las que ese pago se ha alargado no han sido infrecuentes en su
historia y los que nos hemos movido en el ámbito de las relaciones laborales lo sabemos. En mi experiencia, y creo que lo podrían ratificar otros miembros de esta Comisión, es difícil encontrar una situación como la que tiene el Fogasa en estos
momentos. Hay una acumulación brutal de expedientes que conlleva el riesgo de que algunos de ellos tarden en tramitarse hasta cerca de dos años.


Otro elemento que no es baladí, y que ya se ha citado, es que al Gobierno no se le ha ocurrido otra cosa para resolver el tema que, en primer lugar, congelar plantillas y el presupuesto del Fogasa; y en segundo lugar, externalizar la
gestión y dársela a una empresa pública en el momento en que está sufriendo un expediente de regulación de empleo, de reducción de plantilla, lo cual tiene su miga. El resultado -ya se ha dicho- es que, además de la injusticia de no cobrar algo a
lo que se tiene derecho, por la selección que ha hecho el Ministerio de Empleo de los expedientes que ha externalizado el Fogasa, se produce una situación de agravio comparativo -no sé si ustedes lo saben pero yo sí- que incluso tiene más capacidad
para irritar y movilizar que la lucha de clases. El agravio comparativo es el gran motor de la historia en muchos momentos.


Nos encontramos en una situación francamente incomprensible que debería poder tener solución, si no inmediatamente sí a corto plazo, dotando de más recursos al Fogasa. Entendemos que, salvo que se tengan razones ocultas, debería ser normal
que esta proposición no de ley fuera aprobada. Es tan

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modesta, tan modesta, como que lo que se plantea es que se adopten las medidas necesarias para que se proceda a la gestión de estos expedientes y al abono a estas personas de los derechos que tienen establecidos por ley. Creo que incluso
permite que pueda ser votada por el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todos los grupos de la oposición hemos presentado esta iniciativa conjunta que pretende que el Fogasa dé cumplimiento a los mandatos legales que tiene encomendados. No es la primera iniciativa sobre esta
materia que vemos en esta Comisión y en esta legislatura. Existe preocupación tanto entre los trabajadores como entre las empresas ante el escandaloso retraso que el Fogasa está teniendo en el pago de las prestaciones económicas que debe asumir.
Cuando elaboramos y firmamos esta iniciativa se hablaba de retrasos que afectaban a 180.000 familias.


Tampoco debería extrañarnos que en un momento, en un periodo de intensa destrucción de empleo y de tejido empresarial, especialmente de pequeñas empresas y de microempresas, en el Fogasa aumentase la carga de trabajo y también la demanda
para satisfacer las obligaciones que debe cubrir. No es ninguna sorpresa. El Fogasa tiene más trabajo cuando la crisis es más dura. Lo que no ha tenido ninguna lógica ha sido que ante esta situación de incremento de las necesidades del Fogasa el
Gobierno haya optado por recortes en los años 2012 y 2013 y por la congelación de la plantilla de este organismo, así como por la externalización de parte de las funciones del Fogasa. Pero los problemas y el malestar continúan existiendo. Las
empresas y los trabajadores continúan trasladándonos la idea de que es impresentable la acumulación de retrasos de más de catorce meses. Pero además, en esta situación tan dramática y tan difícil para esas personas que dejan de percibir esos
ingresos económicos durante un período tan largo de tiempo, el Gobierno ha optado por reducir el apoyo que prestaba a las microempresas, cuando el Fogasa asumía una parte del coste de los despidos, mediante una modificación del Estatuto de los
Trabajadores, que ha eliminado esa obligación del Fogasa de contribuir a una parte del pago de la indemnización por despido, realizada a través de una enmienda que el Grupo Popular introdujo en el Senado. No se hizo en el proyecto de ley de
presupuestos ni en uno de los muchos reales decretos ómnibus que aprobamos en esta legislatura, sino por la puerta de atrás, presentando en el Senado una enmienda al proyecto de ley de presupuestos para este año. Lo que pretendía el Gobierno con
esa medida era descargar de carga financiera -valga la redundancia- al Fogasa para poder hacer frente a esas obligaciones, para dar cumplimiento a aquello que legalmente debe cumplir. Lo que hace el Gobierno es reducir la responsabilidad del Fogasa
para acompañar, en este caso, a las microempresas en un contexto de crisis. Nos parece que la solución que da el Gobierno es pésima y que ha provocado la irritación de todas las organizaciones empresariales que representan a la pequeña y mediana
empresa. Al menos en Cataluña tanto Pymec como Cepyme se han mostrado absolutamente contrarias a esta política del Gobierno contra la pequeña y mediana empresa. A esto hay que añadir los incrementos de cotizaciones que el Gobierno popular ha
aprobado de manera unilateral y que han provocado una enorme alarma social en el tejido empresarial, especialmente en el de la pequeña y mediana empresa y en el de la microempresa.


Todo esto, lógicamente, nos lleva hoy, con más razón, a reclamar al Grupo Popular que dé apoyo a esta proposición no de ley y que el Fogasa cumpla con las finalidades que tiene encomendadas sin ningún tipo de dilación ni de excusa y que, por
tanto, proceda a pagar inmediatamente las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que están cubiertos por la actividad del propio Fogasa.


El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas. Tendremos flexibilidad, habida cuenta de que la iniciativa la han presentado conjuntamente los demás grupos de la
Cámara.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Perdón, señor presidente, creí que iba a intervenir el señor Olabarría.


El señor PRESIDENTE: No ha solicitado la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Perfecto.


En nombre del Grupo Popular... (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).

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El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, ha conseguido que el señor Olabarría pida ahora la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Que la pida, tiene su derecho. No es que yo lo haya conseguido. Señor presidente, soy respetuosa. He visto que la iniciativa también era del Partido Nacionalista Vasco...


El señor PRESIDENTE: He preguntado qué grupos deseaban intervenir y el señor Olabarría no ha solicitado la palabra. Ahora bien, si quiere intervenir no le voy a privar de su libertad de expresión y de defensa de una iniciativa de la que es
coautor. Él no había pedido la palabra, y se la he dado a usted porque habían finalizado las intervenciones de los grupos parlamentarios que la habían pedido.


Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, ha planteado una cuestión de orden que me provoca ciertas dificultades. No tengo ningún interés en intervenir antes que mi compañera la portavoz del Grupo Popular, pero en todo caso estamos...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Olabarría. El procedimiento es que los grupos autores de la iniciativa la defiendan. En este caso, la señora Álvarez-Arenas va a cerrar el debate, porque ella no es autora de esa iniciativa. Eso lo
sabemos todos. Rogaría que no hiciéramos un debate sobre una cuestión formal.


Señor Olabarría, tiene la palabra para manifestar, en cuanto al fondo, lo que usted desee.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Somos autores formales de esta iniciativa y no teníamos la impresión, después de la experiencia parlamentaria y de los trienios que usted y yo acumulamos, de que fuera estricta o formalmente necesario solicitar la
palabra.


Se han explicado perfectamente los fundamentos de esta proposición no de ley y son coherentes, señor presidente. El Fogasa no es un organismo que pueda desvincularse de sus obligaciones legales, porque en absoluto son dispositivas, sino que
forman parte del derecho público absoluto, en el ámbito de las indemnizaciones que le corresponde afrontar. El elemento troncal es la insolvencia de las empresas que deben afrontar indemnizaciones por resolución de contratos de trabajo de
naturaleza individual o colectiva. Con el Fogasa, cuya naturaleza jurídica sigue siendo, si no me equivoco, la de un organismo autónomo que depende del Ministerio de Trabajo, estas obligaciones son de naturaleza imperativa, de naturaleza no
disponible. Hemos visto cómo el Fogasa, con la reducción de consignaciones presupuestarias, de disponibilidades incluso personales en cuanto a la reducción de sus plantillas, y por determinadas normas restrictivas de las responsabilidades que debe
afrontar, se ha convertido en un instrumento -vamos a utilizar una expresión eufemística- de difícil catalogación. Desde esa perspectiva, nosotros pedimos que el Fogasa afronte sus responsabilidades, que han sido glosadas cuantitativa y
cualitativamente. Además, estamos hablando de 108.000 personas que dependen de las actuaciones del Fogasa por haber sido rescindidas sus relaciones laborales o contractuales; estamos hablando de una congelación de las plantillas que dificulta
notablemente el cumplimiento de esta función; sobre todo, estamos viviendo unas reducciones de las consignaciones presupuestarias que hacen que el Fogasa tenga dificultades para cumplir las obligaciones que el ordenamiento jurídico laboral le
impone.


Señor presidente, seguramente usted comparte la opinión de que el derecho del trabajo es un derecho en fase de extinción y que el carácter tuitivo de las relaciones laborales vinculadas a las obligaciones de las administraciones públicas
está siendo relativizado al punto de su extinción, que se ha judicializado, desapoderando a la autoridad laboral de múltiples competencias en el ámbito laboral; que las reformas laborales están privatizando absolutamente las relaciones laborales;
que el Fogasa es un organismo que podríamos calificar como menesteroso; que los compromisos legales del Fogasa se van reduciendo por otros manifiestamente ilegales. El Fogasa se creó desde la perspectiva que caracteriza la legislación laboral
tuitiva, protectora de los trabajadores, incluso para los supuestos en los que los empresarios no pudieran afrontar determinadas responsabilidades dimanantes de la legislación laboral, de normas de derecho necesario, absoluto, que configuran el
orden público laboral.


Se lo voy a decir con cierta actitud depresiva. Tanto la atención que su señoría está prestando a esta importante proposición no de ley como la relativización de comentar materias conexas o colaterales a lo que aquí se está debatiendo, no
deja de constituir una especie de prueba absoluta o relativa de que...

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El señor PRESIDENTE: Le ruego que haga uso de su capacidad de síntesis, porque ya ha transcurrido su tiempo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mi capacidad de síntesis está vinculada a su capacidad de atención y a la de los demás.


El señor PRESIDENTE: Pero el tiempo es el tiempo. Le ruego que concluya, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Yo estoy hablando con un experto en la materia y le está hablando una persona que -humildemente- también conoce esa materia. Estamos hablando de temas troncales. No me importa muy poco el contenido de esta
proposición no de ley, me importa mucho la privación al derecho del trabajo de su carácter tuitivo, protector de los derechos de los más débiles y la desarticulación, el desmantelamiento del Estado del bienestar. Ayer debatimos una importante
proposición no de ley sobre la protección de los trabajadores en múltiples ámbitos: mayores de cuarenta y cinco años, jubilaciones anticipadas, reducción de la edad para la obtención de subvenciones y restricción de las capacidades, no normativas
sino presupuestarias, del Fogasa. El Fogasa sigue siendo un órgano público, autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo.


Voy a acabar estas reflexiones haciéndole una petición. Ustedes -cuando digo ustedes me refiero a la Administración General del Estado- no están en condiciones, en primer lugar, seguramente ideológicas, en segundo lugar, presupuestarias, y
en tercer lugar, de empatía con las personas que más sufren en esta sociedad, de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del Fogasa. Solo le voy a hacer esta petición. El Fogasa no es un órgano que no sea transferible a las
comunidades autónomas que, por sus sensibilidades sociales, por su carácter solidario y por su capacidad de compromiso con las personas que más sufre, lo podrían gestionar. Desde esa perspectiva...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, lamento decirle que tiene que concluir, porque ha sobrepasado en más del 50 % el tiempo asignado.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Espero que me haya descontado los minutos en los que se ha dedicado a otros menesteres.


El señor PRESIDENTE: Lo que tiene que hacer el señor presidente es presidir, señor Olabarría, y usted lo sabe bien. A mí no me compete contestarle en cuanto al fondo del asunto, porque para eso está el portavoz de mi grupo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Usted no, pero habrá alguien...


El señor PRESIDENTE: Por tanto, el presidente administra la gestión de la Presidencia.


Dicho esto, voy a dar la palabra a la señora Álvarez-Arenas.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, señor presidente. Déjeme terminar la última reflexión.


El señor PRESIDENTE: Si es breve de verdad, le dejo concluir.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, es breve no.


Si la Administración General del Estado no está en condiciones de asumir los compromisos que el Fogasa debe afrontar, según lo previsto en el ordenamiento jurídico-laboral, y ante la absoluta declinación u olvido de esta cuestión, yo le pido
por favor que usted contribuya a la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas con competencias en materia de ejecución de la legislación laboral.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas, en representación del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, creo que es muy importante poner sobre la mesa la realidad de los hechos. Cuando el Gobierno actual del Partido Popular tomó posesión -hay que recordar que era diciembre de 2011, prácticamente
empezando el año 2012- el Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, tenía ya una bolsa de expedientes atrasados, sin resolver -la mayoría de ellos sin número de identificación de expediente, solamente con un número de registro de entrada en la casa-,
acumulados y sin orden, que ni siquiera era posible contabilizar. Esta cifra estaba entonces el entorno de

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más de 100.000 expedientes. Esta acumulación de expedientes respondía a diversos factores, entre otros, que desde 2007 a 2011, como todos sabemos, el incremento -se ha dicho aquí- del número de parados, la destrucción de puestos de trabajo
-tengo que recordar que fue de más de 3.600.000- hizo que creciera enormemente el número de expedientes, en algunas provincias hasta en un porcentaje del 400 %. Frente a esto, la plantilla no se incrementó en 2008 ni en 2009 ni en 2010 ni en 2011.
Eso sí, diré a todas las señorías que han intervenido aquí rasgándose ahora las vestiduras por un problema que por supuesto compartimos, pero que se estaba gestando en aquel momento y al que nadie puso solución, que era un verdadero caos, que en
paralelo con la desatención a ese número de personas, hacia las que el Grupo Popular tiene una enorme sensibilidad social, convivía una desviación de fondos de unos ERE, expedientes de regulación de empleo, en Andalucía de los que se beneficiaba
gente que no tenía ningún derecho -cosa que todos estamos conociendo-, utilizando un fondo de reptiles para otras cuestiones. Eso se producía en paralelo a una acumulación de expedientes de más del 400 % en el Fondo de Garantía Salarial.


Esa es la situación con la que nos encontramos, señorías. A partir de ese momento, se han hecho unas cuantas actuaciones en paralelo. La primera de todas, ya se ha dicho aquí, ha sido realizar una encomienda de gestión -no sé si sus
señorías saben lo que es una encomienda de gestión, los que hemos estado en el Gobierno sabemos lo que es eso-, que está dentro de lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público. Se hace una encomienda de gestión, a través de la disposición
adicional vigésimo quinta, que no es en absoluto un externalización, sino simplemente, repito, una encomienda de gestión a una entidad, que tiene la consideración de medio propio y de servicio técnico de la Administración General del Estado, a la
empresa Tragsa y a su filial Tragsatec. Esto fue lo que se hizo en una primera instancia para aliviar la acumulación que existía porque alguien no se había preocupado de toda esta situación. A partir de 2013, señorías, se adoptaron medidas para
incrementar la plantilla, que no se había hecho mientras aumentaba más de un 400 % el número de expedientes en muchas provincias.


Se ha excepcionado al Fogasa de la no tasa de reposición y se han convocado más de 80 vacantes en los dos concursos de provisión de puestos de trabajo que han sido convocados en el año 2013 y que en este momento se encuentran pendientes de
resolución. A la vez, el Fogasa ha contratado 158 interinos -eso no se lo he oído decir a las señorías que tienen tanta información de lo que pasa en el Fogasa- para reforzar su plantilla en toda España. Las unidades provinciales han sido
consultadas para saber cuáles eran las necesidades y se ha contratado a estos interinos. Esta es la realidad.


En paralelo, se está ultimando un nuevo manual de procedimiento de gestión, que parece bastante necesario en este campo, de solicitudes con sus derivadas informáticas, de manera que se unificarán, se simplificarán y se optimizarán los
criterios de resolución y de gestión administrativa, lo que supondrá, por primera vez en la historia del organismo, una acción única, directa y coordinada sobre el conjunto de las unidades provinciales de todo el territorio nacional, en orden a
garantizar coherencia, sistemática y racionalidad administrativa y, sobre todo, la simplificación de los trámites y el acortamiento de los tiempos.


Señorías, ha habido una actuación de choque, inmediata, que fue la encomienda de gestión, y otra en paralelo, que no se había abordado, que fue convocar un concurso de provisión de puestos de trabajo para cubrir 80 vacantes, así como la
contratación de unos interinos, de tal suerte que estamos en condiciones de decir que el Fogasa resolverá todos los expedientes pendientes, que en este momento, efectivamente, en algunas provincias supera el año de retraso, durante este ejercicio
2014. Es evidente que el Grupo Parlamentario Popular siente esa preocupación, pero no de palabra, porque muchas de sus señorías apoyaron al anterior Gobierno, le prestaron su apoyo en muchas cosas, y no les oí hablar de esta cuestión cuando se
estaba haciendo una bola de nieve que ha habido que resolver y empezar a poner en orden.


Por tanto, claro que estamos de acuerdo, pero no podemos decir que vamos a votar que hay que adoptar de manera inmediata; lo que tendríamos que decir es que ya se ha adoptado no de manera inmediata, sino anterior a lo inmediato, porque ya
están en marcha las medidas urgentes, las inmediatas en el tiempo, incluso las soluciones informáticas, que es una solución tecnológica definitiva que hubiera sido necesario abordar en momentos en los que hubo crecimiento económico, que fue cuando
se podrían haber resuelto estas cuestiones.


Por último, señorías, quiero hacer una matización. Mi buen amigo el señor Campuzano ha hablado nuevamente de la supresión de la aportación que hacía el Fogasa. Comprendo que no les guste y que pueda no parecerles bien, pero creo que lo que
no se puede hacer es manipular. No se ha suprimido, se garantiza el cobro de las indemnizaciones a todos los trabajadores que las tengan que recibir. Lo que se

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ha suprimido ha sido la ayuda que se daba a empresas solventes, porque las que no lo sean estarán cubiertas por el Fogasa, como es su obligación, como ocurre en todos los organismos de esta naturaleza a nivel europeo que son de garantía y no
de apoyo. Se dará esa parte a los trabajadores cuando sus empresas no sean solventes, pero cuando lo sean, señorías, no vamos a estar facilitando las empresas los despidos. Que cada uno aguante su vela, porque el Fogasa es lo que tiene que ser, es
decir, Fondo de Garantía Salarial y no de apoyo a las empresas, cuando además la situación es la que es y todos los ciudadanos y todas las empresas se están apretando el cinturón. Pongamos las cosas en sus justos términos y no manipulemos
lingüísticamente.


Preocupación, toda, y ocupación, desde hace tiempo, poniendo orden en algo que estaba absolutamente desmadrado. Por tanto, compartimos la preocupación por las personas, pero estas necesitan instrumentos e inversión pública que solucione los
problemas, no solamente palabras. Desde el año 2007, cuando se veía venir la crisis que no se quiso reconocer y la acumulación de esos expedientes, nadie había puesto orden hasta que ha llegado un Gobierno del Partido Popular a remediar, como
tantas veces, los desastres y las incompetencias de los Gobiernos socialistas.


- SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2014. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002329).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición que figura como punto quinto del orden del día, de la que es autor el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Esperemos que en esta cuarta proposición no de ley tengamos un poco más de suerte que en las anteriores. Teníamos la sensación de haber presentado cosas razonables, incluso nos ha parecido entender que en alguna
de ellas, como la que hace referencia al reconocimiento de los años de servicio militar como años cotizados, generábamos algún problema de conciencia al propio presidente de la Comisión, que está sometido, como es obvio, y como no podía ser de otra
manera, no diría a la disciplina pero sí a la coherencia con su grupo parlamentario.


Quiero decir que me gustaría que el debate sobre nuestra proposición, relativa al salario mínimo interprofesional, se pudiera suscitar en relación con lo que estamos planteando y no que se nos dijeran cosas que no son ciertas, como las que
hacen referencias a supuestos apoyos de todos los grupos al Gobierno anterior. Tengo una sensación un tanto curiosa, porque después de haber hecho algunas huelgas generales al Gobierno anterior que se nos diga que le dábamos nuestro apoyo
reiteradamente no deja de ser algo así como una interpretación más que creativa de la realidad. Casi, casi es aquello de tocarse la nariz como Samantha. En cualquier caso, no me voy a referir a eso.


Me voy a centrar en la propuesta. Hemos planteado una cosa que nos parece de sentido común. Estamos hablando de la realidad de un colectivo que es numeroso, porque afecta a centenares de miles de personas, que son aquellos que aún ven sus
ingresos condicionados al salario mínimo interprofesional; estas personas, además, suelen estar en una situación de especial debilidad frente a la crisis. El salario mínimo interprofesional, que fue establecido hace mucho tiempo y que tuvo su
regulación en el Estatuto de los Trabajadores del año 1980 -por cierto, para que no se diga que me olvido de la historia, he de decir que no siempre fue cumplida aquella regulación por los Gobiernos de turno y que desde las organizaciones sindicales
siempre se reclamaba-, que es verdad que a partir del año 2004 tuvo una actualización muy importante, está atravesando en estos momentos una situación que a nosotros no nos parece comprensible ni lógica, y es que se ha congelado para el año 2014.


Esto está explicado de manera muy clara en nuestra proposición no de ley, pero quiero insistir en algunos conceptos. Entre los años 2010 y 2013 el salario mínimo interprofesional ha perdido 5,5 puntos de capacidad adquisitiva, y eso si se
refiere estrictamente a un indicador que es el del IPC, que lógicamente se debe tener en cuenta, pero que desgraciadamente no mide la capacidad adquisitiva de esos colectivos, porque en muchas ocasiones como esas personas gastan prácticamente todo
lo que ingresan en bienes básicos, como la alimentación o el suministro eléctrico, y desgraciadamente estos han subido bastante más que el propio IPC, se han visto abocados a una pérdida muy significativa de su capacidad real de compra.


El segundo argumento de peso es que, desgraciadamente, a pesar incluso de las mejoras que se produjeron en los años 2004 y siguientes, nuestro salario mínimo interprofesional ha ido perdiendo peso

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y proporcionalidad en relación con el salario medio. Quiero recordar que la Carta Social Europea suscrita por España, aunque no en su renovación del año 2010, establece de manera muy clara que el salario mínimo interprofesional deberá
aproximarse al 60 % del salario medio neto. Lo que ha sucedido en España en los últimos años ha sido lo contrario, es decir, cada vez se va produciendo una desviación más grande entre el salario mínimo interprofesional y el objetivo de la Carta
Social Europea, que debe ser el 60 %, repito, del salario medio neto. El resultado es un impacto muy fuerte, muy fuerte, que está afectando especialmente a aquellos colectivos que ven desvalorizarse sus salarios de una manera cada vez más
significativa. Otro argumento que hay que tener en cuenta es que eso afecta sin duda a las bases mínimas de cotización. Quiero recordar que el salario mínimo es el punto de referencia para el establecimiento de las bases medias de cotización y
sorprende que el Gobierno no haya aceptado nuestros requerimientos para que, además de aumentar las bases máximas -termino-, aumentase también las bases mínimas. Eso es lo que nos lleva a plantear en una perspectiva de futuro que el salario mínimo
interprofesional debería haber tenido en 2014 un incremento no inferior al 6,9 %, en los términos planteados por Comisiones Obreras y UGT.


Hago mía...


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.


Hago mía una argumentación que escuché a la ministra. Suelo estar en discrepancia permanente con ella, pero esta vez coincido. Decía que es una barbaridad utilizar la estrategia de devaluación competitiva de los salarios. Pues si eso es
una barbaridad, hacerlo con el salario mínimo es una barbaridad máxima. En ese sentido, espero tener más suerte en esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra por tres minutos el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero manifestar nuestra conformidad con la propuesta del señor Coscubiela y con los tres puntos que configuran su iniciativa. En primer lugar, solicita incrementar para 2014 el salario mínimo interprofesional,
para que recupere parcialmente -porque ha perdido mucho poder adquisitivo- el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2013. En segundo lugar, insta a equiparar la cuantía del salario mínimo interprofesional al 60 % del salario medio estatal. Cuando
hablamos del 60 % del salario medio estatal, estamos hablando en términos de los datos de Eurostat del umbral de la pobreza. No sería razonable en un Estado organizado, civilizado, basado en principios constitucionales y democráticos que el salario
mínimo interprofesional fuera de cuantía inferior a lo que técnicamente se considera umbral de la pobreza. En tercer lugar, solicita que se reforme el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación del
salario mínimo interprofesional. No son pocas las personas que en este momento están percibiendo esta cuantía, que además tiene un carácter referencial en relación con otro tipo de prestaciones. Estamos hablando de cuantías muy pequeñas; estamos
hablando del empobrecimiento de la población, de la proletarización de las clases medias; estamos hablando de temas que provocan un efecto de realimentación entre la pobreza y la capacidad adquisitiva, la capacidad de reactivación económica;
estamos hablando en definitiva de este bucle melancólico que caracteriza la política económica del Gobierno, en el que, mediante el incremento de la pobreza, el decremento de las relaciones laborales, el decremento de las retribuciones, el
decremento de las pensiones y el decremento de tantas cosas que se han procedido a minorar se está produciendo un efecto reflejo de empobrecimiento de la sociedad. Y cuando la sociedad se empobrece no puede provocar las sinergias que el crecimiento
de la actividad económica requiere para vivir en una sociedad con una solvencia económica razonable. Y como este bucle melancólico, esta elipsis no se ha logrado resolver por el....


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Como esta elipsis no se ha logrado resolver por el Gobierno del Estado español, no podemos más que decir que el señor Coscubiela tiene mucha razón en sus propuestas, particularmente en las que hacen referencia a
las personas más vulnerables, a aquellas que están

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percibiendo el salario mínimo interprofesional, a aquellas cuyas prestaciones están vinculadas al salario mínimo interprofesional o a aquellas que, como es muy frecuente, reciben retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional.


El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El señor Coscubiela ha situado en términos objetivos el problema: la congelación del salario mínimo durante estos años y la pérdida de poder adquisitivo que ello ha implicado. No voy a abundar sobre ello,
pero sí quiero remarcar que en el petitum de su iniciativa se nos recuerda el compromiso que España debería asumir de alcanzar esa referencia del 60 % del salario medio para tener un salario mínimo adecuado, según el acervo del modelo social
europeo.


Sobre esos argumentos, anunciando el voto favorable de nuestro grupo a la iniciativa de La Izquierda Plural, quiero añadir algunas cosas. Por un lado, es evidente que la estrategia de hacer frente a la crisis a través de la mejora
competitiva de nuestras empresas vía salario está demostrando sus límites. La propia ministra, en las declaraciones a las que hacía referencia el señor Coscubiela, apuntaba en esa dirección. Difícilmente la posición competitiva de las empresas va
a mejorar por la vía de la reducción de salarios. Al mismo tiempo que eso se está evidenciando, está emergiendo un problema que durante muchos años no ha estado presente en nuestro debate y que la Unión Europea ha puesto de manifiesto en el informe
aprobado hace unas semanas sobre la situación social en Europa, que es el problema de los trabajadores pobres, ciudadanos que a pesar de tener empleo y sueldo se consideran pobres porque los ingresos que genera su actividad profesional no les
permiten garantizar los mínimos suficientes. La Unión Europea nos advertía eso y nos decía que un 30 % de las personas desempleadas que han encontrado empleo hoy se definirían como trabajadores pobres. La respuesta al problema de los trabajadores
pobres tiene que ver en parte, no exclusivamente, con la referencia del salario mínimo interprofesional, que es un indicador, no tanto por el número de personas que lo cobran, que en España son relativamente pocas -quiero recordar que estamos
hablando de entre 200.000 y 300.000 personas-, sino por el impacto que tiene en el conjunto de los salarios que se pagan a los trabajadores. Es evidente que un salario mínimo bajo condena a más personas a salarios más bajos, especialmente a los
trabajadores a tiempo parcial, que están creciendo de manera considerable. Si alguien piensa que un salario mínimo más alto es un desincentivo para la creación de empleo en aquellos sectores que denominamos de poca cualificación -que ha sido el
argumento que se ha utilizado para justificar los salarios mínimos bajos-, he de recordarle que los mismos que en la teoría defienden esos afirman -y con esto termino, señor presidente- que el Estado debe subsidiar a las personas que cobran salarios
mínimos bajos o salarios muy bajos que no les permiten vivir con dignidad. No es razonable pensar que tengamos salarios mínimos bajos y trabajadores pobres, que no intervengamos en la política de salarios y que condenemos a la gente a vivir sin
ningún tipo de recursos o con recursos muy escasos. Apoyaremos la iniciativa del señor Coscubiela, porque hoy por hoy el Gobierno tiene alternativa a ese problema.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Quiero mostrar nuestro pleno acuerdo con esta iniciativa del señor Coscubiela. El Grupo Socialista tiene una proposición de ley similar. Probablemente la medida más injusta y más dolorosa adoptada por
este Gobierno sea esta, señor presidente, lo digo con pesar. Dos años de congelación del salario mínimo es algo que no había ocurrido jamás en la historia de la economía española, nunca. Es difícil entender que la aplicación del artículo 27 del
estatuto, como dijo la señora ministra, lleve en su actual redacción a una congelación de esta naturaleza. Es imposible considerarlo así. Proponemos, como dice la proposición no de ley, que se cambie ese artículo 27 para incorporar el salario
medio nacional como un criterio referencial para establecer el salario mínimo. Pertenecemos a un espacio económico integrado, y si queremos lo bueno de otros países, hagámoslo también. Todavía estamos por debajo de la media europea en salario
mínimo interprofesional, pero cuando se quiere se puede. Lo ha dicho el señor Coscubiela, entre 2004 y 2008 -tuve la fortuna de ser el responsable de las propuestas de esa naturaleza- se incrementó mucho el salario mínimo y fue el tiempo en el que
el mercado laboral en España obtuvo la mayor expansión de su historia: 3,5 millones de empleados nuevos. Como decía el señor Campuzano, no hay incompatibilidad entre una mejora del salario y el desincentivo económico que afirman las doctrinas
neocon, neoliberales de las que parece que el Gobierno de España empieza a

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separarse -y lo celebro-, que dicen que para favorecer el emprendimiento tiene que haber salarios bajos, salarios muy bajos. Este es un error gravísimo, porque tiene unas consecuencias económicas perversas. Las consecuencias sociales son
lamentables, pero también lo son las económicas. Si aumentan las desigualdades, como ocurre con la congelación del salario mínimo, hay al menos tres tipos de consecuencias negativas: hay menos incentivos al empleo, porque no se gana lo suficiente;
se invierte menos en educación por parte de quienes reciben este tipo de salarios; se consume menos, cuando nuestras economías están formadas en un 70 % por el consumo, y las élites, que se sitúan mejor, tienen más influencia política y social en
los modelos para perpetuar sus privilegios. Esto es lamentable. El otro día nos recordaba el secretario general de la OCDE que el aumento de las desigualdades en los países avanzados está lastrando las capacidades de recuperación económica de
nuestros sistemas y está provocando un aumento brutal de las desigualdades, lo cual, más allá de la esfera ideológica de cada uno, desde un punto de vista humano y de acercamiento a esa realidad, como nos dice el señor Olabarría tantas veces, es
insoportable. Por tanto, como no tiene efectos negativos desde el punto de vista económico, debe haber una progresiva recuperación del salario mínimo, cierto es, compatible con el resto de estímulos que permitan hacer mayor justicia social e
inducir una mayor tasa de empleo en la recuperación económica que necesita este país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señor Coscubiela, me temo que lo que usted ha definido como mala suerte en la tarde de hoy va a continuar, porque la posición de mi grupo va a ser contraria a la aprobación de esta PNL. Estoy seguro de que esto no
sorprende a sus señorías, porque este tema ya lo hemos debatido, incluso con la ministra, a lo largo de este ejercicio. Nuestro voto es negativo básicamente porque lo que se pretende es indexar el salario mínimo interprofesional al IPC sin tener en
cuenta otros factores que actualmente se contemplan en nuestra legislación, a nuestro juicio muy correctamente, desde el año 1995. Además, lo hacen con cierta incoherencia, permítame que se lo diga, señor Coscubiela, porque para equiparar la
cuantía del salario mínimo interprofesional al 60 % del salario medio estatal sí que se debe tener en cuenta la situación económica, pero no así para la subida que propugnan en función de la evolución de los precios. Para una subida sí y para otra
subida no. Si lo hemos entendido bien, lo que pretende su proposición es que el salario mínimo interprofesional suba siempre, al menos lo que suba el IPC, con independencia de la coyuntura económica, y ello lo justifican porque aumenta las
posibilidades de recuperación del consumo y la demanda interna, porque fortalece la cohesión social y porque disminuye las desigualdades. Permítame decirle que es un análisis simplista. Los datos acaban con él. De 2004 a 2011 nuestro salario
mínimo interprofesional subió un 39 % y en ese mismo período nuestra tasa de desempleo subió 15 puntos y en nuestro país aumentaron la pobreza y el riesgo de exclusión social en un 28 %, a lo que hay que añadir, como reconoce el propio grupo
proponente, que desde el año 2007 el salario mínimo interprofesional ha ido perdiendo peso sobre el salario medio neto. Por eso, a nuestro juicio, el salario mínimo interprofesional no se debe desligar de la productividad, la participación del
trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. En momentos como los actuales, en los que la coyuntura económica sigue siendo muy delicada, con un crecimiento de la actividad muy incipiente y un nivel de desempleo muy elevado, no
parece muy aconsejable tomar decisiones que puedan poner en riesgo la moderación salarial conseguida en nuestro país, moderación salarial clave para la competitividad de nuestras empresas, el crecimiento económico y la creación de empleo, más si
cabe, señorías, en un marco de inflación contenida como la que estamos viviendo en estos momentos y donde además el mercado laboral muestra síntomas de estabilización y ha frenado su proceso de destrucción de empleo.


Señorías, acabo con esto. Está habiendo un claro cambio de tendencia en términos económicos y sociolaborales, un cambio a mejor que ya reconocen las principales instituciones y organismos europeos e internacionales y al que cierran los ojos
algunos de ustedes, empeñados en no querer ver la realidad; un cambio que durante este año percibirán con nitidez los españoles en aquellas cuestiones que más les preocupan, especialmente en el paro, que verán cómo empieza a disminuir, pero también
un cambio que nos va a permitir luchar mejor contra las desigualdades sociales que a todos nos preocupan. Por eso, mantener sin variación el salario mínimo interprofesional para 2014 es una decisión coherente con las políticas económicas y
sociolaborales que han puesto a este país en la senda de la recuperación y por ello votaremos no a la proposición no de ley debatida.

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- SOBRE RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA REPOSICIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002383).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que figura como sexto en el orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa doña Patricia Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Como saben, el Gobierno ha decidido no prorrogar el derecho a la reposición de la prestación por desempleo de los trabajadores y trabajadoras afectados por procedimientos de suspensión o reducción de jornada,
producidos por expedientes de regulación de empleo o por procedimientos concursales, que fueran posteriormente despedidos o sometidos a un nuevo expediente suspensivo o de reducción. Este derecho, retirado este año, fue concedido en la Ley 2/2009,
para evitar que los trabajadores más vulnerables se encontraran sin protección por haber consumido su derecho a prestación por desempleo en los procesos anteriores. ¿Quiénes tenían ese derecho? Lo generaban dos supuestos: el primero, cuando los
trabajadores, después de haber estado incursos en un expediente de suspensión o reducción o en un procedimiento concursal, fueran despedidos, y el segundo, cuando los trabajadores que ya hubieran consumido la totalidad o parte de la prestación por
desempleo por suspensión o reducción volvieran a estar incluidos en un expediente de suspensión o reducción. Se fue prorrogando año a año y en 2012, en el Decreto 3/2012, el Gobierno, este Gobierno, eliminó el derecho a reposición cuando se trataba
de un nuevo expediente de suspensión o de reducción de jornada en el supuesto de un nuevo expediente de regulación de empleo de extinción de la relación laboral. Luego se prorrogó para 2013, en el Real Decreto 1/2013, y hemos llegado a 2014 y los
han dejado en la más absoluta desprotección, después de haber golpeado la negociación colectiva. Que se golpee a la gente cuando está en situación de vulnerabilidad es raro de entender en cualquier situación, pero en 2014... ¡Por Dios! ¡Si nos
acaban de decir que se terminó la crisis, que todo es fantástico y maravilloso! Ya habían dejado sin protección a aquellos que se veían incursos en un nuevo proceso suspensivo y además sin control de la autoridad laboral gracias a su reforma laboral
y con la representación colectiva y la negociación mermadas, pero este año, el año de la recuperación, cuando todo es fantástico, dejan absolutamente desprotegidos a los que acaban en una relación extintiva. Esto no tiene mucho sentido. Voy a
citar al señor Camps, porque lo acaba de decir. Ha dicho que algunos queremos cerrar los ojos, empeñados en no ver la realidad de la mejora económica. Bien. Comprándole el argumento, es difícil para estas personas que han sido sometidas a un
expediente de regulación de empleo y que han perdido su prestación por desempleo comprender que este año maravilloso, en el que todo va mejor, se les quite el derecho a la reposición. En una coyuntura económica que él describe como positiva, tiene
poco sentido que vayamos a ampliar el número de personas que no tienen ninguna prestación por desempleo -prestación además mermada-, que no tienen ninguna protección, cuando además son personas que ya habían visto tocado su derecho a la negociación
colectiva y suprimida la supervisión de la autoridad laboral en los supuestos de expedientes de regulación de empleo. Insisto, fue una medida que se tomó para crisis económicas, para situaciones excepcionales. En una situación en la que siguen
creciendo los expedientes de regulación de empleo, en la que sigue creciendo, a pesar de lo que nos dicen, la destrucción de empleo y en la que nos cuentan que la coyuntura económica mejora, no tiene ningún sentido golpear a los que más están siendo
golpeados por las medidas del Gobierno y por su reforma laboral.


Espero que algunos no cierren los ojos empeñados en no ver la realidad.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista, porque coincide tanto con la propuesta concreta como con la filosofía en la que se enmarca.


Por otro lado, quiero destacar un aspecto importante. Este país ha vivido durante algún tiempo un proceso por el cual el acceso a la sanidad, la condición de beneficiario de la Seguridad Social a través de diferentes regímenes, que en
determinados momentos, hasta 1978, era solo un acceso al que se llegaba a partir de la condición de mutualista, pasó a ser reconocido como un derecho de acceso universal. Eso concluía, a nuestro entender, un proceso histórico de casi un siglo, a
través del cual el derecho a la sanidad se reconocía como un derecho universal. Este país tiene el orgullo de ser, a partir del impulso de

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políticas de izquierda, uno de los que antes extendió ese derecho a las personas inmigrantes no legalizadas pero sí empadronadas. Desde ese punto de vista, estábamos a la cabeza en el reconocimiento de la sanidad como debe ser, esto es,
como un derecho universal. Desgraciadamente, el Partido Popular ha puesto en marcha una serie de reformas, perdón de recortes -llamarles reformas es hacerles una concesión que no les pienso hacer-, que nos han hecho retroceder de manera importante
en ese sentido. Ese concepto de que algunos somos conservadores porque queremos conservar derechos y los progresistas son los que recortan los derechos que nos ha costado cien años alcanzar no lo puedo compartir.


Termino haciendo una reflexión. Déjenme, señorías del Grupo Popular, que les diga que nuestra mala suerte como grupos parlamentarios que presentamos propuestas que son rechazadas una detrás de otra forma parte de las reglas del juego. El
problema es que hoy, en esta sesión de la Comisión de Empleo, nuestra mala suerte es la desgracia de mucha gente: la desgracia de los docentes universitarios, que no van a poder ampliar voluntariamente su edad de jubilación para poder aportar algo
al país con su profesionalidad; la desgracia de los trabajadores, que habiendo hecho obligatoriamente el servicio militar no ven reconocido ese período a efectos de cotización; la desgracia de los trabajadores que siendo despedidos y teniendo
derecho a indemnización no la cobran porque el Fogasa no gestiona adecuadamente su derecho; la desgracia de los 300.000 trabajadores que están cobrando el salario mínimo, que lleva dos años congelado, y que han perdido desde 2010 el 5,9 % de ese
salario y, mucho me temo, la desgracia de aquellos que en estos momentos van a ver restringidos su derecho a la sanidad. Solo les pido una cosa a los miembros del Grupo Popular y es que no estén tan preocupados por ganarnos batallas políticas y que
cuando nos las ganen, al menos con sus argumentos, piensen que cada vez que nos ganan a nosotros atizan un golpe muy fuerte a los derechos de mucha gente. Aunque solo sea en las formas -no está aquí el señor Camps-, les pediría que lo tuvieran en
cuenta, porque si algunas de esas personas les escuchan, no creo que se sientan muy orgullosas del papel que el Grupo Popular está desempeñando en estos momentos y específicamente en esta Comisión Empleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano, por Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista, que insta a recuperar la reposición de la prestación por desempleo para los afectados por ERE o por procedimientos concursales. La
valoración que hicimos en su día de esta medida fue positiva. Ayudó en el inicio de esta crisis a garantizar cierta paz social en empresas afectadas por expedientes de regulación y reforzó la dinámica de la denominada flexibilidad interna, que eran
las alternativas que tenían las empresas para evitar los despidos. En la medida en que el incentivo que existía para que los sindicatos y los trabajadores aceptasen esas medidas estaba vinculado a una continuidad de la cobertura de la protección
por desempleo, esta medida tenía mucho sentido. A menudo nos hemos referenciado en las buenas prácticas que tienen en otros países europeos, que tienen medida de estas características, medidas que dan alternativas a las empresas al despido de los
trabajadores.


En su momento no entendimos por qué el Gobierno optó por no mantener esta política, más allá de la única justificación para las medidas que se están adoptando en esta legislatura y que afectan a las políticas de empleo en su conjunto, que es
la reducción del presupuesto. La única explicación que existe para esta política es contener el gasto en materia de prestación por desempleo, objetivo situado dentro de esa prioridad de reducción del gasto público, a la que España ha estado
obligada y que el Gobierno ha aplicado de una determinada manera, que forma parte de la estrategia para salir de la crisis. Todos hemos discrepado sustancialmente en que la consolidación fiscal a la que España está obligada tuviese que afectar
tanto a las políticas activas de empleo como a las políticas de protección social vinculadas al desempleo. Nos parece un error en su concepción y un error en sus consecuencias prácticas. Desde esta convicción, vamos a votar favorablemente esta
iniciativa del Grupo Socialista, con la esperanza de que el Grupo Popular recapacite sobre su posición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Celinda Sánchez.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señorías, en referencia a la PNL que el Grupo Socialista presenta a debate hoy en esta Comisión, quiero empezar haciendo referencia a ese derecho de reposición de las prestaciones por desempleo recogidas en el
artículo 3 de la Ley 27/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento, el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que se constituyó

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como una medida coyuntural, ya que, como otras que se adoptaron con motivo de las circunstancias económicas del momento, nació con una duración limitada en el tiempo y fue prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas, con el Real
Decreto 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, incluyendo otras medidas urgentes para el empleo de la protección social para las personas
desempleadas. En esta norma, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran recibido el desempleo total o parcial en virtud de
aquellas suspensiones o reducciones con el límite máximo de 180 días, siempre que existan determinadas condiciones: la suspensión o reducción de jornada, que estas se hayan producido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 y que el
despido se haya producido entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, es decir, del año en curso. Una de las razones por las que se ha optado por no prorrogar esta medida en el año 2014 es que con la reforma laboral de 2012 se han
aprobado otras medidas de flexibilidad interna en las empresas, destinadas a salvaguardar el empleo, señorías, que es el objetivo final del Gobierno de Mariano Rajoy. Las posibilidades de movilidad funcional, la viabilidad de los procedimientos de
descuelgue de los convenios colectivos o la limitación de la ultraactividad son, entre otras medidas, nuevas herramientas que permiten adaptar las condiciones de trabajo al nivel más cercano a la empresa. Esto supone un abanico de alternativas de
negociación frente al despido mucho más amplio que el que existía con anterioridad a la reforma del Gobierno popular.


El Gobierno sigue trabajando para reforzar la protección de los trabajadores afectados por estos procedimientos. Por ello, señorías, saben que, además del reglamento del año 2013, que regulaba esa concesión de ayudas extraordinarias a todos
los trabajadores afectados por procesos de reestructuración, hay dos cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. La primera, la posibilidad de que el ministerio realice aportaciones a planes de renta que se constituyan a raíz de acuerdos
alcanzados en el periodo de consultas de procedimiento de despidos colectivos, con la finalidad de pagar un subsidio o cantidad para financiar el pago del trabajador en convenio con la Seguridad Social. La segunda, la concesión de subvenciones a
tanto alzado de ayudas al pago del convenio especial, compatible con las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, para supuestos especificados en la norma en los que se acredite que la empresa no ha pagado las indemnizaciones legales por
despido.


Señorías, no hay que olvidar tampoco, en esa política del Gobierno, que en este mismo real decreto hay un artículo muy importante...


El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, tiene que ir concluyendo.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: ... que a lo mejor ustedes no han querido mirar, que permite conceder directamente a los trabajadores, en régimen de pago único, ayudas extraordinarias por una cuantía equivalente a la reposición de las
prestaciones contributivas y por desempleo. El Gobierno sigue trabajando intensamente en este tema para reforzar la protección social de todos los trabajadores, entre los que se incluye, como no podía ser de otra manera, a los afectados por esos
procesos de restructuración de empresas, adoptando diferentes medidas como las que he citado anteriormente.


Obviamente, por lo dicho, señoras y señores diputados, se entiende que el Grupo Popular va a votar en contra de esta iniciativa.


- SOBRE LOS CRITERIOS DE FINANCIACIÓN DEL DENOMINADO PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002399).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre implantación de la garantía juvenil, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Para su defensa, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es conocido ya cómo las instituciones comunitarias han emplazado al Estado español a presentar el denominado Plan de implantación de la garantía juvenil. Para la activación de las políticas que den respuesta a
esta garantía, desde el Fondo social europeo se ha atribuido una cantidad no despreciable, 1.880 millones de euros, financiados a través de la iniciativa de empleo juvenil. La distribución que de esta consignación del Fondo social europeo se hace a
las comunidades autónomas, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es la que usted y yo conocemos, se concreta en una cuantía de 23 millones de euros. Sobre 1.880 millones, 23 millones de euros para el País

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Vasco. Para las demás comunidades autónomas, la cantidad es inferior, porque la competencia en materia de políticas activas de empleo tiene una dimensión superior, a pesar de su tardanza, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en tanto en cuanto engloba todas las actividades que en el terreno de las políticas activas de empleo se puedan realizar: subvenciones gestionadas, bonificaciones de empleo, bonificaciones de cuotas y formación profesional. Sabemos que esta
distribución es inferior en las demás comunidades autónomas por la dimensión de su título competencial habilitante y también porque la Administración General del Estado -es una expresión muy vasca- de saque ha retenido para sí misma la mitad de las
cuantías consignadas por el Fondo social europeo.


Desde esa perspectiva, el pedimento que nosotros hacemos es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a redistribuir de forma equilibrada, atendiendo al contenido de la competencia en materia de políticas activas de empleo, la
integridad del fondo destinado a la garantía del empleo juvenil. Esta petición no es extravagante, señor Presidente, porque no hay ninguna comunidad autónoma que no posea competencias en materia de políticas activas de empleo. Con mayor o menor
dimensión, todas, salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, poseen competencias en materia de políticas activas de empleo. La duda kantiana que se nos plantea es la siguiente. Si el Fondo social europeo para la potenciación de las políticas
activas de empleo habilita 1.880 millones de euros, ¿cómo le pueden corresponder solo 23 millones a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es la que posee políticas más amplias en esta materia?


Esta no es la única reserva que mi grupo mantiene con relación a esta cuestión. Por las explicaciones que dio en la Comisión la ministra de Empleo sabemos que fundamentalmente la actividad que se va a desarrollar en materia de impulso al
empleo juvenil consiste en algo de legalidad dudosa -vamos a utilizar esta expresión-, como es el contrato de emprendedores -el Juzgado de lo Social número 2, de Barcelona, ha declarado que este contrato de emprendedores es ilegal, en tanto en
cuanto contradice la Carta social europea-, que se potencia a través de las distintas políticas activas de empleo, fundamentalmente con bonificaciones de cuotas. El contenido de la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona hace
referencia a prolija jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la duración del periodo de prueba, que es de un año, y a la previsión de la Carta social europea en relación con un periodo de prueba tan desmesurado, y reserva desde dos perspectivas:
la falta de preaviso, en tanto en cuanto el preaviso se considera como un mecanismo de obtención de retribuciones durante el tiempo que dura la búsqueda de un nuevo empleo, y el mecanismo de notificación. Ese es uno de los contratos que va a ser
potenciado con las políticas del Gobierno -que retiene, en nuestra opinión ilegítimamente con una distribución tan desequilibrada-, y el otro es el contrato a tiempo parcial, pero no un contrato a tiempo parcial al estilo de los existentes en
nuestro entorno, sino en el que es posible la incorporación de horas extraordinarias o, utilizando la perífrasis de la Administración General del Estado, de horas complementarias.


Cualquiera puede llegar fácilmente a la conclusión de que con la reducción de la jornada en el contrato a tiempo parcial, horas complementarias u horas extraordinarias constituye una verdadera antinomia. Si algo caracteriza el contrato
tiempo parcial es la reducción de jornada, por la razón que sea. De hecho, mañana vamos a terminar de debatir cómo se debe computar la pensión de jubilación de las personas contratadas a tiempo parcial desde dos aspectos: desde la desigualdad
respecto a los mecanismos de cómputo y desde la desigualdad desde la perspectiva de género, ya que la mayoría de las personas que aceptan un contrato a tiempo parcial son mujeres que quieren compatibilizar su vida laboral y su vida familiar. Mañana
terminará ese debate. De todas formas, para la potenciación del empleo juvenil la Administración ha optado por considerar pertinentes dos contratos: el contrato de emprendedores y el contrato tiempo parcial.


Por razones vinculadas al desequilibrio de la distribución de recursos para la potenciación del empleo juvenil, que dimanan del hecho tan claro de que a la Comunidad Autónoma del País Vasco le correspondan 23 millones de los 1.880 millones
consignados por el Fondo social europeo -a las demás comunidades autónomas menos-, y desde la perspectiva de la metodología de aplicación, ya que se potencian el contrato de emprendedores y el contrato a tiempo parcial con horas extraordinarias o
complementarias, presento esta proposición no de ley para su toma en consideración. Creo que lo que hemos mencionado es poco discutible, y espero que los demás grupos parlamentarios comprendan que las cosas no se pueden hacer así...


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Olabarría.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Termino ya, señor presidente.


... cuando el desempleo juvenil está cristalizado en el 56 % del total de los jóvenes menores de treinta años demandantes de primer empleo. Ya es discutible que se pueda considerar a un menor de treinta años un joven demandante de primer
empleo. El señor Coscubiela presentó una iniciativa, que no prosperó, pidiendo que se reconozca a un joven menor de treinta y cinco años como demandante de primer empleo. Si seguimos así terminaremos haciendo converger la edad de demandante del
primer empleo con la edad de jubilación, si no fuera porque la edad de jubilación se atrasa.


Señor presidente, en esta Comisión estamos hablando de temas muy importantes y me gustaría que sean tomados en consideración.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la proposición no de ley presentada. Sin duda, en el tema del Plan de implantación de la garantía juvenil el elemento central no es exactamente el que ha planteado el
amigo Olabarría, sino que es que desgraciadamente es una cuestión de la que se habla mucho y dos años después continúa haciéndose poco. Recuerdo que estos 6.000 millones han aparecido en las ruedas de prensa de cuatro consejos europeos y también en
tres o cuatro intervenciones del presidente Rajoy en esta Cámara. En el mejor de los casos, este Plan de implantación de la garantía juvenil estará disponible para ser utilizado en los últimos meses de este año, y mientras tanto continúa el drama
del empleo juvenil. Pero no siendo el elemento central, creo que tampoco es anecdótico dejar bien claro que si se puede hacer alguna cosa en relación con el empleo juvenil, y con las políticas activas de empleo en general, es desde el ámbito de las
comunidades autónomas. Esto lo hemos dicho siempre y estamos convencidos de ello. En ese sentido, todo lo que sea una racional distribución de los recursos, que no reparto, nos parece una buena política.


Vamos a apoyar esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A la petición concreta que efectúa el señor Olabarría, del Grupo Nacionalista Vasco, de una redistribución equilibrada y atendiendo al contenido de las competencias de las comunidades autónomas en materia de
políticas activas, solo podemos votar que sí. Por tanto, quizá no debería profundizar en mi intervención sobre lo que de manera justa nos plantea el señor Olabarría.


Quiero reiterar algunas preocupaciones que sobre esta materia tiene mi grupo desde hace tiempo. Coincidimos en aquellas consideraciones que hacen diversos expertos, el último de ellos, el señor Hartz, en el sentido de que lo que la Unión
Europea va a dedicar al problema del desempleo juvenil es claramente insuficiente para darle respuesta. Por tanto, los 1.880 millones que va a recibir España son bienvenidos, pero no son la varita mágica que va a resolver un problema muy de fondo
que nuestra economía y nuestra sociedad tienen planteado. En segundo lugar, se exige la máxima celeridad para que este programa se ponga en marcha. Coincido con el señor Coscubiela en el riesgo de que este Plan para la garantía juvenil no impacte
hasta finales de este año. Finalmente, existe un riesgo muy evidente de dificultad de implementación de la garantía juvenil, porque el funcionamiento del Fondo social europeo exige que las administraciones que reciben estos recursos, la
Administración Central y las administraciones autonómicas, los avancen. El conjunto de las comunidades autónomas, y también la propia Administración General del Estado -aunque las comunidades tienen más problemas- tiene dificultades para poder
avanzar los recursos y poner en marcha las políticas de apoyo a la creación de empleo entre los jóvenes. En otra ocasión, hace muy pocos días, defendimos una moción en el Pleno del Congreso en la que reclamábamos al Gobierno que resolviera ese
problema. Con un cierto entusiasmo juvenil, la portavoz del Grupo Popular nos dijo: Es que el Fondo social europeo funciona de esa manera. ¡Ese es el problema que tenemos! O modificamos la forma de funcionamiento del Fondo social europeo o el
Gobierno habilita mecanismos que permitan a las comunidades autónomas hacer frente a la puesta en marcha de la garantía juvenil. Estoy seguro de que si los diputados del PP analizan esta cuestión con los consejeros del Partido Popular en
Castilla-La Mancha, en Madrid, en el País Valenciano, en las Islas Baleares o en Galicia, van a tener plena coincidencia en esa preocupación que mi grupo les muestra.


Hacía referencia el señor Olabarría a que no se termina de entender que para hacer frente al desempleo juvenil el SEPE, el servicio estatal, se reserve el 50 % de este crédito. No tiene demasiado sentido, pero esa sería otra discusión. En
cualquier caso, apoyaremos la iniciativa del señor Olabarría.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: El Grupo Socialista también va a apoyar la iniciativa del PNV, tal como viene contemplada.


Hay algunas cuestiones que nos interesa saber, porque aún no las conocemos, y que conviene ir moviendo. No sabemos por qué ha decidido el ministerio gestionar el 50 % de los fondos si las competencias en materia de políticas activas de
empleo residen en las comunidades autónomas. Esta es una pregunta que se ha convertido en un misterio difícil de resolver. Hemos preguntado a la ministra cuando ha comparecido, hemos hecho preguntas por escrito y, sin embargo, no sabemos todavía
por qué se ha tomado esa decisión.


El Plan de implantación de la garantía juvenil dice en su página 19 que la estrategia de emprendimiento y empleo joven recoge otras actuaciones que apoyan directamente el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil pero que por su
naturaleza no pueden ser cofinanciadas con el Fondo social europeo. Este es el caso de la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social a través de reducciones. Entendemos, señor Olabarría, que si en el propio plan dice que no se pueden
financiar las bonificaciones con este programa, es que no se pueden financiar con este programa. Por tanto, seguimos con la incógnita de a qué va a dedicar el ministerio ese otro 50 % del dinero que viene de Europa, que coincidimos en que es una
escasísima cantidad para la dimensión del problema. Como he dicho, la pregunta fue dirigida a la ministra, pero no nos respondió. No sabemos a qué se va a dedicar ese dinero, y las comunidades están urgiendo que se les envíe, porque lo necesitan.
Todos sabemos cómo funciona el Fondo social europeo; sabemos que hay que adelantar el dinero, certificarlo y después el Fondo lo devuelve. Sin embargo, y ante la situación de dificultad, puesto que no se puede incurrir en más deuda, de lo que
tratan las comunidades es de que el Gobierno mueva ficha para que eso cambie y se puedan resolver algunas de estas dificultades. Además, se comprometió a hacerlo y no lo ha hecho.


Las comunidades autónomas están sumidas en un desconcierto absoluto. El plan parece que va a comenzar en junio, cuando esté disponible una plataforma digital para que los usuarios puedan inscribirse en ella. Ahí ya se han perdido seis
meses. Da la sensación también de que el ministerio no conoce cómo funcionan los servicios públicos de empleo autonómicos, ya que para poner en marcha cualquier tipo de medida hay que diseñar un programa, hay que tener una aplicación
presupuestaria, hay que llegar a un acuerdo con los agentes sociales y económicos, etcétera; al menos en el Gobierno en el que yo he estado era así. No sé si en los Gobiernos del Partido Popular lo hacen, pero en los que están gobernados por los
socialistas sí. Esta tramitación puede llevar otros seis meses. Nos estamos yendo a un año más, cuando resulta que es un problema grande y el Gobierno lleva tres años perdidos sin ponerlo en marcha.


Pedimos agilidad y que nos clarifiquen cómo se pueden resolver estas dudas para ponerlo en marcha. Repito que es un problema acuciante y que como tal requiere de todo lo que acabamos de solicitar.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate de este punto, tiene la palabra la señora Vázquez, en representación del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley que ha presentado el señor Olabarría, de financiación del Plan de implantación de la garantía juvenil.


El reparto de la asignación financiera específica procedente de la iniciativa de empleo juvenil entre las comunidades autónomas se ha realizado en función del peso de los jóvenes ninis menores de veinticinco años y de los jóvenes
desempleados menores de veinticinco años en el conjunto del Estado. Esta distribución, señor Olabarría, se ha diseñado teniendo en cuenta la necesidad de coordinar y homogeneizar las actuaciones en todo el territorio nacional para cumplir con los
requisitos que se establecen a nivel europeo. Fruto de ese acuerdo, el 18 de diciembre, en conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, así como con organizaciones empresariales, CEOE, Cepyme, y con las organizaciones sindicales, se
ha presentado el Plan nacional de implantación de la garantía juvenil en España, que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de 20 de diciembre y que cuenta con un apoyo mayoritario. Ya que se quejan de la financiación, les diré que hasta
ahora, en los fondos de 2007 a 2013, el 60 % era para la Administración General del Estado y el 40 % para las comunidades autónomas; en cambio ahora, van al 50 %. Por tanto, también dudo de esa certeza con la que hablaba la portavoz del Grupo
Socialista. Repito que en estos momentos la financiación va al 50 %, pero ahora se dice lo contrario de lo que se hacía antes.

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En cuanto al desempleo juvenil, El Consejo Europeo de junio, no del año pasado sino de hace tres años, aprobó un paquete de medidas para estimular el crecimiento y el empleo, por el que la Unión Europea se comprometió a incrementar los
recursos para programas de empleo juvenil en aquellas regiones con más de un 25 % de desempleo juvenil, como es el caso de España. El Consejo Europeo ha reiterado su compromiso de que la iniciativa de empleo joven esté operativa a lo largo de este
año 2014, de la que España le van a corresponder 1.887 millones de euros. Desde la implantación de la estrategia de emprendimiento y empleo joven, más de 115.000 jóvenes, es decir, 425 al día, han logrado un empleo, bien sea por cuenta propia o
ajena. Los menores de veinticinco años son uno de los grupos que más se han visto afectados durante la crisis económica y para ellos son nuestras miradas, las miradas del Gobierno de España. En el año 2012 había un total de 4.156.100 jóvenes de
dieciséis a veinticuatro años, de los cuales 945.000 estaban en situación de desempleo. Este importe se concentrará en los dos primeros ejercicios, 2014 y 2015, del próximo periodo de programación del Fondo social europeo, como así ha explicado la
ministra, y en el caso de España ascenderá a 1.887 millones de euros, de los cuales 943,5 millones proceden de la línea presupuestaria específica fresh Money. La Unión Europea adelantará a los países, como ha dicho el presidente del Gobierno, el 1
% de todos los recursos, y el 99 % lo tiene que poner el Gobierno español.


Finalmente, quiero remarcar que el desarrollo de la iniciativa de empleo juvenil tendrá un marcado carácter autonómico y local, tanto en la ejecución del tramo nacional como del autonómico. Por tanto, dudo de lo que la portavoz del Grupo
Socialista decía de que todas las comunidades autónomas estaban sin información. No creo que eso sea así, porque me parece que el Partido Socialista gobierna en muy pocas, y sin embargo, con las que he hablado del Partido Popular, y alguna de algún
otro partido, están informadas de cómo se va a implementar esta estrategia, que incluye cuatro líneas de actuación: mejorar la intermediación, la empleabilidad, la contratación y el emprendimiento. Me parece que lo mejor que podríamos hacer los
grupos parlamentarios sería, como hizo el Gobierno ese 20 de diciembre en el Consejo de Ministros, exigir a la Comisión Europea mayor agilidad... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Ruego un poco de silencio para que podamos escuchar a la interviniente.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: ..., que es lo que nos hace falta. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: ¿Con que fin solicita la palabra, señor Olabarría?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para plantear una cuestión de orden. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego que guarden silencio, porque si no no podemos escuchar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esa es una parte de la cuestión de orden, señor presidente.


El problema del desempleo juvenil ocupa la primacía...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ha concluido el turno.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, no.


El señor PRESIDENTE: Sí. Usted ha intervenido y se ha concluido.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una cuestión de orden que se dirige a la Mesa de la Comisión.


Decía que ocupa el primer lugar en el ámbito de los problemas o de las sensibilidades ciudadanas. Yo no sé hasta qué punto desde la institución parlamentaria que nosotros representamos estamos correspondiendo a esta sensibilidad ciudadana,
en primer lugar, en una Comisión de estas características, estructurales o físicas, y, en segundo lugar, con una atención que vamos a calificar eufemísticamente de desigual.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, cuando usted quiera podemos abordarlo en la reunión de Mesa y portavoces. Tampoco es nuevo para usted estar en esta sala. A mí me gusta lo mismo que a usted, es decir, nada, se lo reconozco, porque me
parece que no reúne las condiciones más propicias para el debate parlamentario. Pero esta no deja de ser una percepción suya y mía que tenemos desde hace años, desde que se hizo esta remodelación.


Cuando usted quiera hablamos de esa cuestión en la reunión de Mesa y portavoces, pero ahora vamos a continuar con el orden del día de la Comisión.

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- SOBRE REGULARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001007).


El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el punto que figuraba en primer lugar en el orden del día, que es una iniciativa del Grupo Mixto, en concreto de Compromís, para cuya defensa tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Quiero darle las gracias, a usted y a todos los grupos, por haber accedido a tratar este punto en último lugar. Esta es una PNL pequeña, que afecta, en principio, a poca gente, a 280 en Valencia -creo que hay otro
centro similar en el País Vasco-, pero es un problema grande para esos trabajadores y trabajadoras afectadas. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia).


El Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante es un hospital gestionado por mutuas de accidentes de trabajo y en sus relaciones laborales, desde la década de los setenta, aplica el convenio de la sanidad privada de la provincia de
Valencia. Los trabajadores jamás han pertenecido al convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. En el año 2010 se les incluyó en el ámbito de aplicación del Real Decreto
8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En concreto, la disposición adicional tercera decía que estos ajustes retributivos serían de aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social y a sus entidades y centros mancomunados. A estos trabajadores se les aplicaron estas reducciones retributivas. Pero las condiciones laborales de los trabajadores del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante no son
comparables a las de los convenios de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ni en jornada ni en salarios, son regímenes jurídicos distintos. Recordemos que ellos están sujetos al convenio de la sanidad privada de la
provincia de Valencia y, en concreto, este hospital, el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, es el que tiene los salarios más bajos de toda la provincia de Valencia, y puede que sean de los más bajos de todo el Estado español. En
comparación con la sanidad pública, sus 280 trabajadores cobran unos salarios un 40 % inferiores a los de la sanidad pública y sin embargo tienen 200 horas más al año de carga de trabajo. En relación con la sanidad privada, cobran un 24 % menos de
retribución. Esto, además, se agrava con los recortes derivados de la disposición adicional tercera del citado Real Decreto 8/2010.


Este tema fue debatido en las Cortes valencianas -y contó con el voto favorable de todos los grupos-, en el sentido de que esta anomalía se pudiera reparar en Madrid, en las Cortes Generales. Por tanto, lo que pide Compromís Equo es la
derogación de esa disposición adicional tercera y de toda norma que suponga la inclusión del Centro de Rehabilitación de Levante u otros centros similares a los que les sea de aplicación el convenio de la sanidad privada en cuanto a los recortes
sociales y laborales aprobados para el sector público. También solicitamos la retroacción de la situación laboral de los trabajadores, con abono de los incrementos salariales dejados de percibir a consecuencia de la congelación y la recuperación de
los descuentos salariales que se les aplicaron en su momento.


Desde Compromís Equo pedimos, igual que ocurrió en las Cortes valencianas, el voto a favor de todos los grupos.


La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Simplemente quiero dejar constancia de nuestro voto favorable a esta proposición no de ley del compañero Baldoví. La ha explicado meridianamente. No es posible que haya trabajadores a los que en un momento se
les aplique un determinado régimen jurídico y sufran sus consecuencias y cuando cambien las condiciones se les aplique otro que les perjudique. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El señor Baldoví ha puesto mucho énfasis en que no es una
propuesta limitada a este centro, sino que se refiere a todos aquellos que se encuentren en situaciones parecidas, y haberlos haylos, y nosotros vamos a apoyarla. Simplemente quiero añadir que lo que se plantea es tan razonable que ya existe -creo
no tener mala memoria- algún caso similar en el que algún tribunal de justicia de alguna comunidad autónoma ha aceptado alguna reclamación en ese sentido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Únicamente quiero comentar al señor Baldoví que vamos a votar favorablemente su iniciativa por las razones que él ha glosado y que yo no estoy en condiciones en este momento de mejorar. Hago mías las suyas, señor
presidente, y votaremos favorablemente esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero anunciar el voto favorable a la iniciativa del señor Baldoví, de Compromís. Más allá del problema concreto que se plantea en el País Valenciano y que el señor Baldoví ha trasladado a la Cámara, la
cuestión de fondo tiene que ver con algo que el Gobierno tiene pendiente hacernos llegar, que es el proyecto de ley de mutuas de accidentes de trabajo. Una de las cuestiones polémicas que se plantean en relación con este proyecto de ley pendiente
es el régimen laboral de los trabajadores de las mutuas de accidentes de trabajo. Otra cuestión polémica que está en la discusión de ese proyecto de ley es la relación entre las mutuas de accidentes de trabajo y los servicios de prevención. Son
cuestiones complejas y difíciles. En todo caso, la política que los Gobiernos socialistas y del PP han aplicado va en la línea de una concepción que tiende a equiparar las mutuas de accidentes de trabajo con el régimen de los trabajadores del
sector público, de los funcionarios, con todas las consecuencias que ello tiene y el malestar que provoca en los trabajadores de las mutuas, que demandan ir a un modelo de gestión de sus actividades más liberalizado. Estoy seguro de que este va a
ser un elemento de discusión en los próximos meses, cuando el proyecto de ley del Gobierno aterrice en esta Cámara. En cualquier caso, vamos a votar favorablemente la iniciativa del señor Baldoví.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Adelanto que la posición del Grupo Socialista será sumarse a la aprobación de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto y que afecta muy especialmente al que en estos momentos se llama Centro Intermutual
de Levante, porque ha cambiado su denominación.


Aunque ya lo ha explicado el señor Baldoví, quiero insistir en que no deja de ser un hecho muy contradictorio que a este centro, que se venía regulando por un convenio de sanidad privada en la provincia de Valencia y que no estaba acogido al
convenio de las mutualidades, se le hayan aplicado, por efecto de ese decreto del año 2010, esos ajustes como si lo estuviera, cuando esa no era su situación. La consecuencia es que estaba en el sector privado, pero no se le trata como sector
privado; se le trata como sector mutualidades, cuando no está en él, y al final le afecta algo que afecta a todo el sector público cuando no lo es. Es una anomalía absoluta que cabe aclarar. Al Grupo Socialista no le molesta en absoluto
rectificar algo que alguien inmediatamente nos puede imputar. Esto es fácil, es gratis y por eso me adelanto. Estas fueron unas medidas extraordinarias del año 2010, que tenían como objeto -tal como decía el título- la reducción del déficit
público. No sé con qué estudios se tomaron algunas medidas -unas ajustadas y otras, como estas, que se pudieron colar- que afectaban a un centro concreto. Quiero resaltar que la proposición se refiere a este centro concreto y a aquellos que puedan
ser afectados en la sanidad privada de la provincia de Valencia. Así lo dice la proposición no de ley. Lo digo porque aquí he oído decir: y a los que les afecte también. Pero que yo sepa no hay enmiendas para 'a los que les afecte también'. Por
tanto, el tema está circunscrito. De hecho, esta es una reivindicación de estos trabajadores que se encuentran en esta situación tan anómala y es absurdo no apoyarla.


Se ha dicho también que se les equipara al sector público. Ya les gustaría estar en el sector público o ser tratados como sector público, porque la media de las retribuciones de sus trabajadores está un 40 % por debajo de las retribuciones
del sector público y aproximadamente entre un 23 o 24 % por debajo de las del sector privado. Eso es incomprensible, porque si son sector privado, son sector privado, y son sector público, son sector público, pero no se puede tener todo lo negativo
de un sector y nada de lo positivo. Esta es la situación en la que se ha quedado este centro. Por tanto, nos parece de justicia, y también nos parece de justicia rectificar aquello que cabe rectificar, sobre todo cuando se trata de medidas
coyunturales y ya ha pasado tiempo suficiente para saber cuáles sirven y cuáles no sirven. Por estas razones, votaremos a favor de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Concha Bravo.

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La señora BRAVO IBÁÑEZ: Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la regularización de las condiciones de trabajo de los empleados del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.


En primer lugar, quiero señalar que los ajustes retributivos de estos empleados, lo mismo que ocurre en general para el personal al servicio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social...
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente, por su amparo.


Lo mismo que ocurre en general para el personal al servicio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, las entidades y centros mancomunados constituidos por las mismas se rigen por lo
especificado al respecto en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Estas medidas fueron tomadas por un Gobierno del Partido
Socialista y el Gobierno del Partido Popular, de alguna manera, las ha heredado. Con el fin de resolver esta situación sobrevenida a este Gobierno, al Gobierno del Partido Popular, y teniendo muy en cuenta el entorno económico en el que nos
encontramos, la ministra de Empleo y Seguridad Social, la señora Báñez, con ocasión de su comparecencia el día 7 de febrero de 2012 en esta misma Comisión, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, anunció varios
compromisos legislativos y, entre ellos, se refirió al proyecto de ley de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, afirmando que es un compromiso de este Gobierno dotar al sistema de una mayor autonomía de
gestión de las mutuas, compatible con las mayores exigencias de control y transparencia, tanto en sus órganos de gobierno como ante la Seguridad Social. Para ello, como bien ha señalado el portavoz de Convergència i Unió, la ministra se comprometió
a presentar en los próximos meses un proyecto de ley de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en particular para tocar aspectos importantes como los relativos a asegurar el carácter privado de las
mutuas, protegiendo la libertad del empresario, respetando su autonomía gestora y de gobierno, pero atendiendo lógicamente a su condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.


Para el Grupo Parlamentario Popular es improcedente considerar que es necesario regularizar las condiciones de trabajo de los empleados de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ya que las
mismas se ajustan a la legislación vigente. También pensamos que el tema central de esta PNL ha sido debidamente atendido a través de la respuesta que el Gobierno dio a una pregunta escrita del señor Baldoví en fecha 11 de diciembre de 2012.


En consecuencia, está claro que hay un compromiso del Gobierno de resolver esto de una manera total, de una manera completa y no con parches. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular va votar en contra de esta PNL, porque -insisto- este
texto supone un parche que en absoluto permite afrontar la reforma que dentro del actual contexto socioeconómico es necesario llevar a cabo en el marco regulatorio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tal y como ya se
ha comprometido el Gobierno. Además, en relación con este punto, cabe señalar que las demandas del conflicto colectivo planteadas por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano y la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano fueron desestimadas por sentencia número 125/2012, de 29 de marzo, del Juzgado de lo Social número 9 de Valencia.


En relación con la aplicación al referido personal del convenio colectivo de la sanidad privada de la provincia de Valencia, en lugar del convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de
accidentes de trabajo, no debe ignorarse que desde el año 2010 se viene observando, y así se ha comunicado al centro, la conveniencia de que se aplique a su personal el último de los convenios citados. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de los puntos que figuraban en el orden del día de la Comisión, vamos a proceder a las votaciones. Advierto a sus señorías que vamos a votar los puntos según están en el orden del día, no en el
orden en el que los hemos debatido. Además, vamos a hacer votación separada de las proposiciones no de ley de La Izquierda Plural que han sido acumuladas, porque aunque tienen una identidad material no son exactas en su literalidad. Por tanto, son
nueve votaciones correspondientes a las nueve proposiciones no de ley debatidas esta tarde.


Votamos el punto primero del orden del día, que es la iniciativa del señor Baldoví.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura como número 2 en el orden del día, de la cual es autor el Grupo de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que ha sido objeto de debate acumulado y de la cual es autor el Grupo de la Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura como número 3 en el orden del día, de la cual es autor el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural acumulada en este debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura con el número 4 en el orden del día, de la cual son autores todos los grupos parlamentarios de la oposición.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la PNL que figura en el punto 5 del orden del día, de la cual es autor el Grupo de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura en el punto 6 del orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En último lugar, votamos la proposición no de ley que figura como séptima en el orden del día, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y quince minutos de la tarde.