CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 449

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 32

celebrada el miércoles,

30 de octubre de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de evaluación ambiental. (Número de expediente 121/000059) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de evaluación ambiental. (Número de expediente 121/000059) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 32 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la finalidad de debatir y, en su caso, aprobar el proyecto de ley de evaluación de la calidad
ambiental. Les recuerdo a sus señorías que, como viene siendo habitual en el funcionamiento de esta Comisión, el orden de las intervenciones será de menor a mayor representación. Espero que todos ustedes hayan recibido un correo que se les ha
remitido para que nos facilitaran el cuaderno de votaciones. Me dice el letrado que ya lo tenemos a nuestra disposición, lo cual agradezco a sus señorías porque facilitará el buen el orden de la Comisión. Según el Reglamento, el tiempo máximo de
intervención -va a ser un único turno, como siempre- es de diez minutos. Dada la complejidad de este proyecto de ley, algunos portavoces me han preguntado si podría alargarse este tiempo máximo a quince minutos, pero esos quince minutos serían
improrrogables porque a las alturas que estamos se nos retrasaría muchísimo la Comisión.


Sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta sesión. En primer lugar, propongo a sus señorías la ratificación de la ponencia designada para informar sobre esta iniciativa legislativa. ¿Se da por ratificada la ponencia? (Asentimiento).


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley de evaluación ambiental. Intervendrán en orden de menor a mayor representación para defender las enmiendas que han presentado al proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Mixto va a repartirse
el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: El anteproyecto de la ley de evaluación ambiental que se aprobó el pasado abril por el Consejo de Ministros, a nuestro entender, supone varios pasos atrás en la protección efectiva del medio ambiente. Lejos de
solucionar los problemas de evaluación ambiental presentes en la ley ahora en vigor y de mejorar los actualmente insuficientes informes de impacto ambiental -esa necesidad ha quedado ya suficientemente acreditada tras los recientes seísmos
provocados en tierras valencianas y catalanas precisamente por las deficiencias en la evaluación ambiental del proyecto Castor-, a nuestro juicio, este anteproyecto de ley busca principalmente recortar la calidad de estos estudios, repercutiendo así
de manera negativa en el medio ambiente.


En primer lugar y en referencia a los proyectos que sean objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entendemos que no se puede en ningún momento llegar a considerar, tal y como propone el anteproyecto de ley, que el fin y
objeto de un proyecto pueda ser motivo para eximirlo de una obligación ordinaria sin tener en cuenta su potencial impacto. El sometimiento al régimen ordinario o simplificado debe decidirse expresamente en función de la potencialidad del proyecto
para producir impactos sobre el medio ambiente, por lo que resulta completamente improcedente eximir a determinados proyectos aun cuando su fin sea el de la investigación, ya que eso permitiría, por ejemplo, que una central nuclear que operase con
una nueva tecnología fuera sometida a una evaluación simplificada, estableciéndose un plazo máximo de tramitación de tres meses. En este caso, por tratarse de un tipo de proyecto con un alto riesgo de producir impactos ambientales y por tratarse de
una nueva tecnología, se deberían extremar las precauciones sometiéndolo, como mínimo, al régimen de evaluación más exhaustivo, es decir, al régimen ordinario.


En segundo lugar, la nueva ley no contempla ni regula los impactos residuales que pudieran resultar de los proyectos, aspecto que resulta esencial para poder alcanzar una armonización con los objetivos del Convenio sobre diversidad biológica
y la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. El anteproyecto de ley busca reducir el plazo para realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria a cuatro meses, prorrogables por otros dos más en casos justificados,
con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos, cuando la experiencia indica que es un periodo de tiempo absolutamente insuficiente para llevar a cabo la obligación de evaluación, tal y como aparece en el artículo 3 de la

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Directiva 2011/92, de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y únicamente pondrían en riesgo la calidad de los
informes que valoran el impacto ambiental. Para llevar a cabo una evaluación es necesario tanto un trabajo de investigación como de análisis para llegar a una percepción lo más completa posible de los efectos directos e indirectos del proyecto. En
consecuencia, el tiempo que le requiera al órgano ambiental realizar dicha tarea dependerá tanto de la información suministrada por el promotor, las administraciones públicas, personas interesadas y público, como de la complejidad del proyecto en
cuestión, pudiendo ser una tarea muy ardua para proyectos que impliquen grandes medidas de seguridad, en cuyo caso la legislación debería prever mecanismos que garantizasen que el órgano ambiental dispondrá de tiempo suficiente para realizar una
evaluación correcta y de calidad.


El incumplimiento de esta medida conllevaría un incumplimiento flagrante de la Directiva 2011/92, que derogó la 85/337, la cual -recordemos- ha sido incumplida numerosas veces por España. Asimismo la nueva ley suprime la obligatoriedad del
documento de alcance del estudio de impacto ambiental aun cuando la misma ha sido identificada en el 7.º Congreso nacional de evaluación de impacto ambiental como una herramienta imprescindible para el buen desarrollo de todo procedimiento de
evaluación ambiental, no solo porque contribuye a la mejora de la calidad de los estudios de impacto ambiental sino porque también contribuye a reducir los plazos al evitar tener que realizar nuevas peticiones de información o estudios. Por otra
parte, la supresión de esta fase elimina la participación pública temprana, postergándola a las últimas fases del procedimiento. Esta supresión de las posibilidades de participación pública y de merma del carácter objetivo y determinante de la
evaluación de proyectos se puede apreciar de nuevo en el artículo 46 en lo que se refiere al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, al permitir que se tome la decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental de
un proyecto sin que se haya consultado ni permitido la participación pública, lo cual atenta contra la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación del público y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, que tiene entre sus objetivos regular el derecho a participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente. Además, establece el derecho del
público a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades antes de que se adopten decisiones.


Por último, el anteproyecto contempla la posibilidad de modificación de una declaración de impacto ambiental cuando el cumplimiento del condicionado resulte imposible. Esto no hace más que resaltar la ineficacia de la propia Administración
a la vez que da lugar a modificaciones que legalicen a posteriori evaluaciones mal hechas. Las únicas razones posibles para permitir una modificación deberían ser los avances técnicos o científicos o la legislación sobrevenida, pudiendo esta ser
realizada por medio del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de que las administraciones públicas puedan recurrir a una revisión de oficio para corregir cualquier defecto detectado en un acto administrativo.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Nuestras quince enmiendas están argumentadas en razones como las que voy a expresar en estos pocos minutos. El texto del proyecto de ley parte de la idea preconcebida de que las evaluaciones de impacto ambiental
estratégica entorpecen sin apreciar de ningún modo los efectos ambientales positivos que tienen. Se trata de un paso atrás en materia de prevención ambiental y avanza en una mayor centralización e invasión de competencias autonómicas, no solo
consolidando una regresiva y discutible interpretación del Tribunal Constitucional, sino también avanzando más aún en la intervención de la Administración General del Estado en obras y proyectos de interés de ámbito autonómico. Si tenemos en
cuenta, por ejemplo, el artículo 5, en este apartado se mantiene una definición restrictiva de la Ley 27/2006, limitando la participación de los procedimientos de evaluación ambiental. En el 11.1 se atribuye directamente al Ministerio de Medio
Ambiente la condición de órgano ambiental de las obras y proyectos de la Administración General del Estado, invadiendo las competencias en materia de ejecución de la legislación ambiental, que corresponden a las comunidades autónomas. Se trata de
actos de gestión y ejecución de la legislación ambiental, por lo que las comunidades autónomas, dado que son las afectadas, deben emitir las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes. Y en el apartado 8.2, que he dejado atrás, señorías, se
permite una vía de excepción del sometimiento a la aplicación de la normativa de evaluación ambiental. Se contraviene así la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Cataluña, que exige que siempre existan vías de recurso garantizadas.
Por tanto, señorías, esta ley no supone un avance, pues no avanza al volver a atribuir a la declaración de impacto ambiental un carácter

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preceptivo, por lo que podrá seguir autorizando proyectos con declaración ambiental negativa y, desde nuestro punto de vista, como he dicho al principio, no es precisamente lo que necesitamos en materia de evaluación ambiental. Por eso,
señorías, vamos a votar nuestras enmiendas y votaremos en contra del proyecto.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, su portavoz, don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: En nombre de mi grupo, voy a defender las enmiendas que hemos presentado. Evidentemente, como es normal, no voy a detallar las mismas, sino que voy a dar una visión política, que al fin y al cabo es lo que nos
compete como representantes que somos, de esta ley y de las enmiendas que se han presentado a la misma. Entendemos perfectamente que es una ley con un alto componente técnico, con un alto componente especializado, que tiene claramente definidas las
cuestiones relacionadas con las evaluaciones de impacto ambiental. Por tanto, la mayoría de las enmiendas que se han presentado tanto por mi grupo como por otros grupos responden a una cuestión muy especializada, muy técnica e incluso científica en
algunos casos. Mi grupo no se ha quedado atrás y ha presentado más de cien enmiendas, las cuales responden a unos criterios muy objetivos, muy específicos, muy científicos y para nada baladíes, algo que ha sido incluso reconocido por parte de la
ponencia. Es importante hacer una buena ley de evaluación ambiental y creo que esta no responde perfectamente a las expectativas que se plantearon a la hora de presentar una ley de esta índole.


No quiero ser repetitivo con los argumentos que esgrimí en nombre de mi grupo el día que en el Pleno se debatieron las enmiendas a la totalidad, que nosotros apoyamos, aunque no presentamos ninguna, pero presentar ciento y pico enmiendas es
algo casi parecido a presentar una enmienda a la totalidad. Es decir, no lo hicimos, pero podíamos haberlo hecho. El objetivo que tienen las enmiendas que hemos presentado es, por una parte, mejorar técnicamente la ley y, por otra, delimitar
claramente dónde el Estado debe participar y dónde no, o dónde no le corresponde participar aunque esta ley diga que sí. Por tanto, el criterio que mantuvimos seguimos manteniéndolo en pie. En un principio, creemos que esta ley ha venido con
excesivas prisas y por eso mismo ciertas cuestiones que están redactadas, que hemos querido corregir, responden a esas prisas o a querer mitigar esas prisas que el Gobierno ha tenido. Criticamos en su momento cómo hacíamos una ley de esta índole
cuando dentro de nada vamos a tener que reajustarla porque Europa va a cambiar los criterios o va a crear una nueva legislación en torno a este tema. ¿A qué venían tantas prisas? ¿A qué se respondía? ¿Qué lagunas se querían cubrir en tan poco
tiempo, además con un procedimiento de urgencia que tampoco se nos explicó en ningún momento a qué respondía, cuando lo lógico hubiera sido precisamente lo contrario, esperar a ver cuáles son las directrices que marca la Unión Europea en torno a
este tema y poder hacer una legislación ad hoc para que después no se tenga que remendar lo que ahora con toda prisa y urgencia se está haciendo?


Asimismo, hay una serie de cuestiones que son las sustanciales de esta ley, con las que de alguna manera mi grupo no está de acuerdo. Es decir, esta ley -luego entraré en algunas materias concretas en torno a las enmiendas-, por ejemplo,
otorgaba una capacidad no diría legislativa, pero sí ejecutiva a la conferencia sectorial que ni le corresponde ni tiene. Y parece ser -yo lo decía de una manera un poco caricaturesca o en un tono un poco jocoso- que de repente el Partido Popular
se ha convertido en un régimen asambleario porque ha descubierto que la conferencia sectorial le soluciona problemas que de otra manera podrían ser mucho más complicados, porque el color de los representantes de la conferencia sectorial
mayoritariamente responde al mismo color que el ministerio, y parece ser que está muy bien esto de proponer a la asamblea sectorial cuestiones que ni han de ser propuestas allí ni han de ser solucionadas o resueltas por la conferencia sectorial, y
porque existen unos estatutos de autonomía que dicen claramente cuáles son las competencias en la materia que tiene cada comunidad, por ejemplo, en mi caso clarísimamente, en el caso de Euskadi. También consideramos que esta ley no hace excesivo
caso a la Directiva 2011/92, de la Unión Europea, que es la que nos tiene que regir mientras no tengamos otra. Se salta algunos preceptos que aparecen en ella y nuestras enmiendas han intentado también corregir esta ausencia.


Hay una cuestión bastante conflictiva y no solo mi grupo, sino también otros hemos sido partícipes de una gran duda, la duda de qué es este conejo que sale de la chistera llamado bancos de conservación. Es algo que mínimamente es
cuestionable por la operatividad de la misma, por la oscuridad o por la poca claridad en cuanto a gestión, en cuanto a creación e incluso en cuanto a destino u objetivo de los mismos. Evidentemente, esta cuestión no se nos aclaró en el Pleno ni por
parte del ministro ni por parte del

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representante del Partido Popular. Hay otra cuestión clarísima por nuestra parte y así lo dijimos en el Pleno. Sabemos hasta dónde llega la competencia del Estado en materia medioambiental y sabemos que quizá todas aquellas obras,
intervenciones o actuaciones que son competencia del Estado y que están clarísimamente definidas, quizá la evaluación ambiental que haya que hacer en torno a esas intervenciones sea cuestión del Estado. Así y todo lo podríamos discutir porque quizá
en función del lugar donde se produce esa intervención, el órgano competente en esa materia es la autoridad de ese lugar, pero aun aceptando que pudiera ser incluso hasta concurrente esa cuestión, lo que sí está claro es que la opinión, y algo más
que la opinión, el informe que emita en este caso la autoridad autonómica donde se interviene, ha de ser no solamente consultiva, ha de ser determinante. ¿O es que acaso el Gobierno central está dispuesto a hacer una intervención obviando la
opinión científica y técnica que pueda dar la comunidad autónoma correspondiente cuando se interviene en una obra o en algo en lo que es necesario un informe de evaluación ambiental? Nosotros ahí sí que queremos ser claros y explícitos. No
entendemos que no se considere como determinante el informe que pueda emitir el Gobierno vasco, la Generalitat de Catalunya, etcétera, cuando se interviene en su territorio.


Para finalizar quiero decir, como he iniciado mi intervención, que hemos presentado más de cien enmiendas, creo que hemos sido el grupo con más enmiendas presentadas. Nos han aceptado cinco, y con esas cinco la verdad es que, permítame el
chiste, la ley cambia una barbaridad. Es decir, en absoluto se modifica nada de esa ley. Creo que es una tónica -y me decía alguno que a mí me habían aceptado cinco pero a él ninguna, qué generosidad-, bromas aparte, que venimos criticando todos
los grupos. Se habla de consensos, diálogos, etcétera, y se presentan ciento diez enmiendas y se aceptan cinco que son puramente anecdóticas y las transacciones que se nos ofrecen son las relativas a un error, es decir, para corregir y subsanar un
error que aparecía. Nos parece que no es de recibo si es que se mantiene el criterio de que se pueda hacer entre todos. ¿O es que el consenso consiste en que si estás de acuerdo conmigo, entonces es consenso, y si no, evidentemente tengo una
mayoría absoluta por la que no necesito ni negociar, no necesito ni plantear? El ejemplo más claro fue la ponencia. Nos sentamos y se dijo: buenos días, no vamos a aceptar ninguna enmienda; vamos a tomar café. Eso fue, y somos testigos de que
fue así. No, también sirvió para decir que el Partido Popular aceptaba sus propias autoenmiendas, que no tienen nada que ver con esta ley, que se nos han metido de matute y que, por todo lo demás, todos muy amigos, pero que en la Comisión nos
veremos. Por lo tanto, dicho esto con este tono jocoso, tras este Pleno tan largo y con esta jornada tan activa en la que algunos tenemos que participar incluso en alguna otra Comisión, defenderemos nuestras enmiendas, que ya hemos trasladado a la
Presidencia y que hemos distribuido en dos bloques. Hay un bloque de unas siete, ocho o diez enmiendas relacionadas con un ámbito competencial y después está el resto de enmiendas. Por lo tanto, mi grupo planteará la votación de sus enmiendas en
dos bloques: por una parte, las que he transmitido a la Presidencia con una numeración concreta y, por otra parte, el resto de enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas que ha presentado Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, explicaré de nuevo rápidamente cuáles son los motivos que hacen que votemos en contra de este proyecto de ley que se presenta aquí y que nos han llevado a presentar nuestras enmiendas. En
primer lugar, uno de los primeros peros de los que hablábamos ya en el Pleno tiene que ver con la forma, con el método, con la manera en que se nos ha presentado este proyecto, además dentro de un contexto en el que hay una directiva europea que nos
hacía dudar sobre cuáles eran las verdaderas razones del Gobierno para actuar con esta urgencia. Uno se pregunta si es porque la directiva europea era más dura que la que aquí se nos presenta y se quería tener alguna excusa para no cumplir con la
otra, o uno se pregunta también si es que había evaluaciones ambientales que había que aprobar, o no, o que había que esconder, o si había algo pendiente por ahí que tememos descubrir en algún momento.


En segundo lugar, la crítica fundamental era, conceptualmente, cuál es el proyecto de ley que ustedes nos presentan. Nosotros creemos que se ha perdido de nuevo otra gran oportunidad para poner en valor una grandísima fuente de riqueza -y
esto debo decir que es responsabilidad no solamente del Partido Popular, sino de los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista de las últimas legislaturas-, un medio ambiente que poco a poco se ha ido empobreciendo y que desde luego ni
por asomo es el mismo que yo conocí e incluso mis padres y abuelos conocieron. Eso es un contrasentido porque si ustedes fueran un poquito más inteligentes, si lo que ven en el medio ambiente lo contemplan de una

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manera completamente mercantilista, se deberían dar cuenta de que poniéndolo en valor, cuidándolo es como haríamos un buen negocio y no haciendo lo que ustedes nos presentan aquí. Realmente nos presentan algunas medidas que per se no tienen
por qué ser malas, pero que puestas en sus manos nos dan un poquito de miedo, y voy a hablar de dos o tres de ellas. En primer lugar -y esto tiene que ver con una filosofía implícita en el proyecto de ley que nos preocupa especialmente-, nos da
miedo que una medida como ésta pueda estar en manos del banco de conservación. Tememos que esto dé pie a la especulación. Nos preguntamos también si es compatible la gestión de intereses generales, como lo son específica y especialmente los del
medio ambiente, con los particulares, con el mercado. Nos parece una ley insuficiente. Además no es lo mismo -y en esto yo creo que el lugar que ocupa cada una de las dos palabras que voy a decir sí que hacen que el sumando sea distinto, el orden
de los valores sí que influye en el sumando- el hecho de que el que contamine pague a que el que pague contamine. Nos parece que hay cierta filosofía en este proyecto de ley que tiene más que ver con lo segundo, que el que pueda pagar que
contamine, y esto nos preocupa especialmente porque nosotros creemos estar en las antípodas de esa filosofía, sobre todo hablando de medio ambiente. Nos preocupa especialmente -y se lo decía al señor Cañete- que ustedes digan que pueden existir
supuestos excepcionales por los que, mediante un acuerdo motivado, puedan excluir a un proyecto de la evaluación de impacto medioambiental y también porque nos preocupa esta especie de política a lo eurovegas que parece que se puede estar
implantando en proyectos de ley como este. Nos preocupa que ustedes pongan una norma como esta que nos hace preguntarnos para qué presentan este proyecto de ley, por qué presentan un proyecto de ley dentro del que ustedes mismos presentan una
coartada para no tener que cumplir la ley que están presentando.


Hay otro tema aquí que nos parece urgente solucionar, y es el del pensamiento mágico. Uno de los problemas fundamentales que se aducían para presentar este proyecto de ley, y un problema real en la sociedad española, es la tardanza, los
plazos larguísimos para presentar estudios que tienen que ver con el impacto ambiental. Ustedes se creen -este es el pensamiento mágico- que este problema se soluciona simplemente acortando los plazos, pero lo cierto es que los plazos se alargan y
se eternizan porque faltan medios, porque los trabajadores que se dedican a este tipo de trabajos no son suficientes, porque los medios no son suficientes o porque al estar en manos de tantas administraciones hay intereses políticos para torpedearse
entre unos y otros. Habitualmente hemos escuchado entre los partidos nacionalistas cómo había una queja generalizada en cuanto a lo competencial. Ya sabe el Gobierno, ya sabe el Partido Popular que nuestra queja suele ir en dirección opuesta.
Nosotros queremos que el Gobierno, que el Estado pueda tener una herramienta que me defienda a mí como ciudadano, se haga ese daño medioambiental donde se haga, en cualquier parte de la geografía de nuestro país. Repito, nos asusta todo lo que
tiene que ver con las medidas compensatorias porque suenan a compras de aceptación de daño medioambiental y nos parece que eso va en contra de la filosofía general que debiera impregnar todo este proyecto de ley. Además, nos preocupa que hagan
cosas que parecen puramente de cara a la galería y que tienen que ver con lo que acabo de comentar. Ustedes en este proyecto de ley modifican un régimen sancionador en un tema como el del bunkering, pero es que el bunkering, por poner un ejemplo,
ya estaba prohibido desde el 12 de diciembre de 2012. ¿Cuántas sanciones se han llevado a cabo desde entonces? Nada, de nuevo pensamiento mágico. Si ustedes siguen sin aplicar la ley, por mucho que la modifiquen, o por mucho que la perfeccionen
-si es que es así, que yo tengo mis dudas de que así sea-, no va a servir para nada. ¿Es capaz nuestra Administración, repito, de hacer cumplir la ley, esta nueva ley también? Nosotros tenemos nuestras dudas, nosotros creemos que hay precedentes
que demuestran lo contrario, ya puse un ejemplo en su día, la Ley de Aguas.


Hemos presentado en total bastantes enmiendas, se nos han aceptado solamente dos; se nos ha ofrecido una transaccional que creo que desnaturalizaba completamente nuestra propuesta, es la clásica transaccional en la que el Partido Popular
pone entre comillas instar al Gobierno a que continúe con el esfuerzo, con el impulso o, en la medida de lo posible, etcétera, y no la hemos aceptado porque nos parece que desnaturaliza la propuesta que nosotros le hacíamos. Agradecemos las dos
enmiendas que se nos han aceptado, desde luego no es suficiente como para votar a favor de este proyecto de ley que, vuelvo a decir, nos parece una nueva oportunidad perdida para algo que es tan importante como nuestro medio ambiente.


Me gustaría cerrar esta breve intervención diciendo que están haciendo ustedes un mal negocio, no se debe hacer solo un negocio con el medio ambiente, no digo que no se pueda hacer negocio con el medio ambiente, es posible hacerlo, incluso
es posible hacerlo beneficiando al medio ambiente. Desde luego, esta que nos presentan ustedes no es la forma de conseguirlo, pero, como a veces uno tiene la

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sensación de que son los únicos argumentos que se entienden en determinados momentos y en determinados partidos, les diré que también con este proyecto de ley están haciendo un mal negocio porque no están protegiendo como es debido una de
nuestras mayores fuentes de riqueza, que es el medio ambiente de este país, y en esa medida nos están empobreciendo a todos.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural tiene la palabra su portavoz doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Llegamos al trámite final de una ley a la que ya nuestro grupo parlamentario planteó una enmienda a la totalidad denunciando, en primer lugar, el despropósito procedimental. Esta ley de evaluación ambiental se
tramita por el procedimiento de urgencia sin la participación oportuna de la sociedad civil, sin la participación en los trámites del Gobierno y sin la posibilidad de que este Congreso pueda trabajar con un cierto rigor y abrir la participación
también a todas las personas interesadas. Es un nuevo atropello a manos de esa dictadura de mayoría absoluta a la que nos tiene sometidos, con una ley técnica pero también muy política, que tiene que ver con las prioridades en la regulación de
nuestro medio ambiente y, en cambio, una insensibilidad completa y una falta de lealtad también con este Congreso, que en dos días tiene que ver unas enmiendas sin capacidad precisamente de trabajar. Además, es un atropello democrático que ha
superado estos límites impuestos en la entrada a trámite de la ley porque nos cuela, vía enmiendas, un cambio sustancial en la propia ley. O sea, el Partido Popular no tiene suficiente con no permitir que se tramite con una cierta serenidad y rigor
en el Congreso, sino que modifica el contenido de la ley introduciendo el memorándum del Tajo sin posibilidad de que el resto de grupos conocieran que eso iba a ser objeto de regulación de una ley. Luego entraré más a la cuestión de estas enmiendas
introducidas que modifican la ley sin posibilidad de hacer un debate con rigor y con propiedad.


Nosotros hemos presentado al texto original de esta ley distintas enmiendas en la línea de lo que denunciamos. Lo que planteamos, y con nuestras cincuenta y tres enmiendas es lo que queremos corregir, es que básicamente es una ley de
evaluación ambiental que no sirve y no sirve al objetivo de la protección ambiental. De hecho, el propio Gobierno lo reconoce en su memoria, dice que es una ley que el único objetivo que tiene es simplificar y facilitar a los promotores la
ejecución de sus proyectos. Sinceramente, expresa claramente cuáles son las prioridades del Gobierno, pero dista mucho de lo que deberían ser los objetivos de una ley de evaluación ambiental; sí, establece más seguridad a los promotores, pero a
costa de más indefensión de los afectados, ya sean los ciudadanos, ya sean las organizaciones ecologistas o ya sean las administraciones públicas afectadas por un proyecto. Por lo tanto, la visten de simplificación, que debería ser el objetivo a
cumplir, pero en realidad lo que persiguen es desregular en muchos casos y lo que supone esta ley es un auténtico coladero para algunos proyectos, como si no hubiéramos aprendido la lección en nuestro país.


España es uno de los países con el litoral más degradado, uno de los países con más biodiversidad de Europa, pero que también la tiene sometida a más riesgos, un país que no cuida precisamente el patrimonio natural y que ha sometido a graves
riesgos nuestro patrimonio natural. El último ejemplo lo tenemos en el proyecto Castor, pero podemos hablar de Doñana y también de los almacenes de gas, y de mil otras cosas, o ahora la temeridad del Gobierno de apostar por el fracking. Tenemos un
territorio muy maltratado precisamente por gobiernos temerarios que no lo han protegido suficientemente y aquí toda la prioridad se basa en dar garantías precisamente a los promotores y ninguna garantía a los afectados.


Por eso nuestras enmiendas van a asegurar esa protección, son enmiendas que van en la línea de garantizar la evaluación de todos los planes y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000, también redactar el artículo 8 de otra manera,
que habla de los proyectos de defensa nacional pero que también estén sometidos al análisis ambiental, garantizar que sean respetuosos también con la directiva de hábitats, la cuestión de la obligación de análisis sísmicos no solo para proyectos de
almacenamiento de gas, sino para todas aquellas actividades en el subsuelo.


Hay otras enmiendas que no solo son de protección, sino que son de garantía de transparencia y participación, que al fin y al cabo son también elementos de rigor que dan mayor calidad a un procedimiento de evaluación ambiental; dar
transparencia, es decir, que los afectados puedan saber desde el principio la información que trata el Gobierno, qué impactos tiene y que eso esté a disposición precisamente de la ciudadanía. Y aquí planteamos varias enmiendas que precisamente van
encaminadas a cumplir con el convenio Aarhus y sobre todo para dar transparencia, garantizar la consulta previa y no a discreción del promotor, garantizar también la adecuada información a las administraciones públicas interesadas, no

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regular el silencio administrativo positivo, sino todo lo contrario, y también permitir el acceso a la información al público en general.


La tercera gran pata de la denuncia de nuestras enmiendas es la recentralización. Es una nueva ley que, en lugar de ser una ley básica, trata de regular de forma minuciosa para vaciar de contenido las competencias de las comunidades
autónomas en materia de evaluación ambiental, hasta tal punto que lo que hacen no es poner un mínimo de protección sino al revés, reducir incluso la protección porque es una ley tan exhaustiva que recentraliza e invade competencias de las
comunidades autónomas. Un ejemplo es lo que planteaba ahora el representante del PNV sobre el papel de la conferencia sectorial, un auténtico atropello también en términos de deslealtad institucional.


Entrando ahora en lo que es la guinda del pastel de una ley que se llama de evaluación ambiental, ya es el colmo que es una ley que llamamos de evaluación ambiental acabe el Gobierno colando el memorándum del trasvase Tajo-Segura por la
puerta de atrás, de espaldas precisamente a los actores que forman parte del Plan hidrológico de cuenca, de espaldas a la ciudadanía y solo sea un acuerdo basado en el sesgo de un grupo de trabajo entre las comunidades autónomas, los regantes y el
ministerio (La señora De Lara Carbó: ¿Le parece poco?), solo participando precisamente los interesados en el trasvase (La señora Montesinos de Miguel: Los regantes, los regantes) y no el conjunto de la ciudadanía, que algo debería tener que
decir; solo hacemos figurar para decidir sobre eso a los interesados en un trasvase. Pero es que el colmo de esto es la política de aguas de este Gobierno y especialmente de este ministro, el gran fan de los planes hidrológicos y de los grandes
trasvases; lo conocemos del Ebro y ahora lo que quiere aquí es plantear ya no solo un trasvase que ya existe, sino unos privilegios y un derecho al trasvase por ley, que es lo que pretenden efectivamente estas enmiendas que plantea el Grupo
Popular. El ministro tiene completamente alteradas las prioridades en la gestión del agua en nuestro país. En lugar de priorizar los caudales ambientales, la vida de nuestros ríos, la garantía de suministro de agua de boca, que es la prioridad
absoluta en cualquier política de agua, lo único que prioriza el ministro es el todo por el dinero y el que los regantes tengan agua a disposición ilimitada. Es un auténtico despropósito, es contrario a la Ley de Aguas, es contrario a la política
comunitaria y a la Directiva-marco del Agua que fija precisamente cuáles tienen que ser los criterios. La legislación europea es clarísima en este sentido, pero me gustaría exponer qué es lo que significa que ustedes planteen por ley este
memorándum y lo cuelen aquí en formato de ley.


Lo que quieren es combatir la doctrina del Tribunal Supremo que decía que los regantes no tienen derecho al trasvase. El trasvase es una política que se puede hacer si se quiere garantizar agua en un territorio, pero es discrecional y se
tiene que poder gestionar. Lo que hacen ustedes aquí es garantizar un derecho al trasvase, es decir, están privatizando un recurso público para dárselo a los regantes. Los mismos regantes de las comunidades que van a ser beneficiadas plantean que
tener derecho al trasvase significa que si no se puede trasvasar el agua comprometida, ellos tienen derechos patrimoniales a ser indemnizados. Imagínense la barbaridad que esto supone. El Gobierno se ata de manos y no puede decidir si en un
momento determinado es preciso no trasvasar agua por una cuestión de caudales ambientales, o por mejorar el abastecimiento de boca, o dar otras prioridades. Una cosa que debería ser política del Gobierno, aquí acabará siendo que el Gobierno tendrá
que decidir entre pagar miles de millones de euros a los regantes, o cumplir la legislación tanto la comunitaria como la interior. Es un auténtico despropósito que para lo único que sirve es, como decía, para privatizar un recurso público.


Sinceramente, ustedes tienen una política que nos hipoteca. A corto plazo ustedes creen que son grandes victorias a nivel territorial, que es a lo que se ha dedicado el Partido Popular, a enfrentar territorios por el agua. (Rumores). Sí,
porque ustedes tienen una visión patrimonialista del agua. El agua es un bien común, es un bien público y es escaso. (La señora Montesinos de Miguel: Si es por eso). Pues precisamente por eso, nadie debería cobrar por no tener derecho al agua.
Por eso el Gobierno debería cambiar, pero no solo cambiar la política hidrográfica, sino también cambiar las forma de planificar nuestro modelo urbanístico, nuestro modelo agrícola, que no puede basarse en una demanda ilimitada de agua que no
tenemos y que España no va a tener en un futuro.


El trasvase actual, sin estar garantizado por ley, ya ha sometido al río Tajo a diferentes etapas de estrés hidrográfico, precisamente por no tener agua suficiente. Los caudales ecológicos que se plantearon son claramente insuficientes y no
garantizan la continuidad y la vida del río. Lo que ustedes plantean es un atropello que atenta contra el interés general, contra el patrimonio público solo para beneficiar unos intereses privados. Sinceramente, esta guinda que han puesto ustedes
a esta ley de evaluación ambiental ratifica que ustedes no están para defender ni el patrimonio natural, ni nuestros ríos, ni nuestros montes,

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están para otra cosa. Claramente han demostrado en todas las leyes de carácter ambiental que a ustedes el medio ambiente no solo les molesta, sino que les parece un obstáculo a batir. Nos preocupa porque el medio ambiente a la única
responsabilidad que puede apelar es precisamente al de las administraciones, cuyo propósito es velar por el interés común y precisamente preservarlo de los intereses privados; todo lo contrario de lo que hace el Partido Popular en esta ley y
también con las enmiendas que ha presentado.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, en los principios, objetivos y finalidad seguramente estaríamos casi todos de acuerdo. Al menos según las intervenciones de mis compañeros, de los portavoces de otros partidos políticos, parece ser
que todos tenemos claro que la sostenibilidad y los ámbitos que la sustentan -el económico, el social, el ambiental y el territorial- tienen que equilibrarse. Es necesario, y todos lo creemos así, que la variable ambiental esté dentro y sea una
parte importante de la toma de decisiones y que sean necesarios los mecanismos de corrección o de compensación.


Hemos presentado diferentes enmiendas, pero yo quería empezar por la enmienda a la totalidad que presentamos hace unos días, una enmienda a la totalidad que no pudo disponer de unas comparecencias anteriores, de gente que podía habernos
traído luz e información sobre la tramitación de esta ley. Se apuntó que podría haber comparecencias, tal vez sería necesario que las hubiese habido, pero no ha podido ser. El trámite ha sido tan rápido que no ha permitido trabajar intensamente
esta importante ley, porque la creemos muy importante. Pero bien, estamos donde estamos. Las enmiendas que hemos presentado han sido muy concretas, principalmente en el tema de invasión competencial como punto fuerte y constante en casi todas las
tramitaciones de leyes que vamos haciendo y trabajando desde mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en esta legislatura. En el ámbito competencial es donde nuestra Administración, como ocurre en Cataluña que tiene competencias transferidas,
es más atacada que la de otras comunidades autónomas que no las tienen transferidas. Sin duda alguna tal vez en esa mezcla es donde el Partido Popular aprovecha o no tiene en cuenta la diferencia de las diferentes comunidades autónomas en cuanto a
ese aspecto.


En las enmiendas que hemos propuesto hemos respetado los plazos. Algunos grupos han solicitado que se alarguen y otros que se acorten, pero nosotros creemos que los plazos son suficientes. Son suficientes aunque muchas veces esta mejora de
los plazos de las tramitaciones se utiliza con la excusa de unificar y simplificar, pero al final siempre se simplifican las competencias a ciertas comunidades autónomas o a todas las comunidades autónomas. Con el pretexto de unificar, al final
todo es carácter básico y después los reglamentos no podrán desarrollar nada de lo que podía en algún momento ser la adaptación territorial de esta ley de carácter básico, o de algunas partes de carácter básico que en este caso son las principales y
mayoritarias.


El Grupo Popular ha presentado una transacción a un apartado importante. Estaríamos hablando de una enmienda que Convergència i Unió ha hecho al artículo 35 sobre el estudio de impacto ambiental, donde se ha incorporado el riesgo sísmico.
El riesgo sísmico existe en nuestro territorio, en Terres de l'Ebre. Yo personalmente soy diputado por la provincia de Tarragona y conozco el problema; el problema del proyecto Castor que no es atribuible a ningún partido político sino tal vez a
una tramitación, a una buena intención, a una necesidad de almacenaje de gas natural que en su momento era necesario porque el resto de países, según el ministro, tenía un porcentaje determinado y España tenía que llegar también a ese porcentaje.
Sin embargo, todos creíamos -al menos hablando- que era una parte importante a incluir en este proyecto de ley y más con la vivencia que desde septiembre se estaba llevando en esos territorios, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad
catalana. Nos encontramos con que se nos dice que lo que nosotros queremos ya está en las enmiendas que ha incorporado el Grupo Popular en el informe de la ponencia. Yo quería analizar un poco cómo el Grupo Popular -como ejemplo también de algunas
otras cosas- entiende que ha incorporado al texto el riesgo sísmico.


Cuando nosotros pedimos que el promotor tenga que informar, evaluar y cuantificar qué riesgo sísmico tiene alguna actividad concreta que se le pueda suponer, nos responden con tres enmiendas incorporadas del Grupo Popular: la 298 donde se
añade 'el subsuelo', como si hasta ahora las actividades que afectase al subsuelo no estuviesen sujetas a tramitación ambiental; con la 322 donde se nos dice que el que presenta el proyecto hará una descripción, o la 323 donde en el anexo VI se nos
describen los conceptos técnicos de un riesgo sísmico. Con eso no es suficiente. Somos conscientes de que el ministro y el Partido Popular al menos expresaron ganas de concretar, de dar una solución a este proceso que ha habido, que

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ha tenido errores porque el riesgo sísmico estaba contemplado en informes que había hecho el Observatorio de Terres de l'Ebre, pero no eran determinantes y al final desaparecieron. Que eso esté incluido como una necesidad de evaluar y de
cuantificar, creemos que es necesario. Sabemos que el Partido Popular tenía ganas, tal vez ya no tenga o tal vez, como el ministro había descubierto en este proceso cosas que no eran correctas, es una oportunidad para arreglarlo y de demostrar
además a la gente de les Terres de l'Ebre, a la gente de Valencia que, ante la experiencia y ante los errores, se buscan soluciones. Por tanto, nosotros no podemos de ninguna de las maneras retirar la enmienda 189 porque creemos que el espíritu con
que la hicimos y la mantenemos no está ni mucho menos cubierto por la redacción que el Grupo Popular ha incluido en el informe de la ponencia, pero entendemos que podemos continuar trabajando. Este ritmo que hemos llevado en este proyecto de ley
también ha impedido muchas veces hablar en profundidad y ver cómo cada uno entendía las enmiendas o las posiciones que llevábamos. En ese sentido, la mantenemos con el espíritu de poder hablar con el Gobierno e introducirla como nosotros creemos
que tiene que estar.


También hemos presentado algunas enmiendas en el apartado de consultas transfronterizas porque en algunas actividades -eso está en diferentes aspectos que se pueden concretar en un territorio, en el ámbito competencial de la Administración
territorial- muchas veces se podría saltar a la Administración territorial. En este sentido, también hemos trabajado enmiendas en este aspecto que no han sido ni mucho menos acogidas.


Otro aspecto importante es la disposición adicional octava, lo que hemos denominado bancos de conservación de la naturaleza, a los que he visto que cada uno le da el color que quiere. Nosotros podemos decir que en Cataluña, en concreto en
Barcelona, tenemos experiencias con el puerto y con algunas empresas, para los que esta idea no se llama bancos de conservación de la naturaleza, pero creemos que esta filosofía se podría aplicar y generalizar. Sin duda, la regulación necesitará
mucho detalle, porque una aplicación generalizada puede ser peligrosa si no se orienta y se regula correctamente, incluso podría llegar a tener efectos negativos sobre el valor natural o podría pasar lo que algún compañero ha dicho, es decir, que
como al final se paga uno contamina lo que quiere. No, no se trata de eso, sino de compensar la disfunción, la transformación del medio ambiente que una actividad pueda realizar en un territorio, pero nosotros creemos que las medidas compensatorias
tienen que quedarse para corregir esa modificación que ha tenido el medio natural donde la actividad se ha realizado. En ese aspecto también quiero señalar que el Partido Popular nos ha presentado una transacción que ni mucho menos llega a nuestros
intereses. Teníamos el compromiso verbal del ministro de que se podría ampliar la aplicación no solo a fincas con número registral, etcétera, sino también a otros ámbitos como el transporte o los peajes, no buscando caminos alternativos a otras
reclamaciones, sino buscando la idea de que, por aquella actividad que descompensa o transforma el medio natural, el banco de conservación de la naturaleza lo compense mayoritariamente o hasta donde se pueda o hasta donde se crea para que se
recupere el medio ambiente por otro lado; si no es en el mismo territorio o cerca de él, creemos que la función no se cumple. En este sentido, en la enmienda que hemos presentado creemos que sería coherente que, en la situación en la que está la
Administración, las obras de infraestructura que están en el grupo seis y en el grupo siete también estén dentro del mismo aspecto.


Otro apartado hace referencia al hecho de que nosotros queríamos introducir la participación de los agentes actuantes potencialmente -colectivos empresariales, redes, entidades de custodia del territorio, etcétera-; gente que ya está
trabajando en esa línea y que podía complementar y ayudar mucho a que estos bancos de conservación de la naturaleza funcionasen y fuesen una buena herramienta. Esperamos -y creemos que podemos tener confianza en que sea así- que el Partido Popular
esté abierto a ampliar la visión que tiene del banco de conservación de la naturaleza para hacerla más diversa y más rica.


No hablaré del trasvase Tajo-Segura para respetar a cada territorio, pero de lo que sí hablaré es de la disposición final primera quinquies. Lo que hace la enmienda 307 del Grupo Popular es modificar la Ley del Plan Hidrológico Nacional, y
en eso estaremos de acuerdo con algunos compañeros que han intervenido, pero también tenemos que decir que el ministro Arias Cañete se reunió hace unos días -no muchos días- con la Plataforma en Defensa de l'Ebre, se le transmitió la opinión, fue
receptivo y en principio da un plazo de tiempo para intentar llegar a un acuerdo. En ese sentido, veremos si la voluntad del ministro también se transforma, como estas dos enmiendas que hemos intentado transaccionar pero que no llegan ni mucho
menos a nuestras reclamaciones. También hemos hecho alguna enmienda respecto del grupo nueve del anexo I para que las comunidades autónomas puedan añadir algún otro

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concepto, algún otro tipo de proyecto; de hecho, como ya decíamos, esta ley es tan concreta que deja poco para las comunidades autónomas.


Por otro lado, principalmente La Izquierda Plural y el Grupo Socialista han presentado muchas enmiendas en referencia a la protección de la Red Natura 2000. En ese sentido, apoyaremos todas, aunque no nos identifiquemos al detalle con
ellas, pero sí nos identificamos con la filosofía de protección de la Red Natura 2000 o con territorios de similar protección.


También nos gustaría -pero no hemos podido hacerlo en algunas enmiendas- dejar claro que teníamos que equilibrar las exigencias en todas las leyes que hemos ido tramitando, porque vamos haciendo pedazos de aquí y de allá y, al final, hay
descompensación entre unas y otras. Las enmiendas de doña Olaia, de La Izquierda Plural, del PNV, del PSOE o de UPyD -no aceptamos de UPyD las que se refieran a temas competenciales, pero sí las que se refieran a participación y transparencia- que
tengan idea competencial, que defiendan la Administración electrónica, como muchas del Partido Nacionalista Vasco, y las de participación y transparencia las votaremos a favor.


Terminaré diciendo que hemos aceptado una transaccional del Grupo Popular a nuestra enmienda 182 y que retiramos la enmienda 188, que tiene el mismo texto que la 297 del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Carmen Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Señorías, ya lo ha dicho mi compañero durante el debate de la enmienda a la totalidad, el señor Ábalos: España dará un paso atrás letal en la protección preventiva del medio ambiente si esta Cámara no lo repara y,
dado cómo va el debate y la sesión de esta tarde, todo apunta a que no tendrá remedio. Efectivamente, con esta ley no solo no se solucionan los problemas actuales, sino que además se van a agravar, de tal forma que pasaremos de un país que estaba
avanzando en la seguridad de sus políticas medioambientales a una España en blanco y negro con sus mecanismos absolutamente debilitados.


El Partido Popular, el Gobierno -ustedes, en definitiva- plantea una ley reduccionista, una ley que pretende acortar plazos en los expedientes, unos plazos que en muchos casos serán imposibles. Saben, porque además lo han hecho a
conciencia, que con esta ley las empresas contaminarán más fácilmente, y no porque quieran, sino porque ustedes, el Gobierno del Partido Popular, les van a dejar. Ya no prima lo de que quien contamina paga; es al revés, ahora quien pague podrá
contaminar y cuanto más pague más podrá contaminar. Por tanto, esta es una ley de barra libre, en la que se sustituye directamente el valor medioambiental por el económico. Es un grave error.


La sostenibilidad la han guardado en el baúl y la han tirado directamente al mar con esta ley. Han escogido un mal camino, que es el de crecer económicamente a costa del medio ambiente. Y lo han hecho a sabiendas de que les pasará factura
no a medio plazo, tampoco a largo plazo; pasará factura de inmediato. Esto no solo se lo decimos nosotros, señorías. El propio Consejo de Estado, que no lo preside precisamente Dani el Rojo, sino el señor Beccaría -por tanto, no sospechoso de
radical-, ha manifestado que esta ley sin garantías de protección menosprecia la evaluación del impacto ambiental como herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico. El informe del Consejo de Estado es absolutamente
claro en esta cuestión.


Necesitamos crecer, necesitamos competir, ser eficaces económicamente, pero no a costa del medio ambiente. Nosotros queremos que este país, y se lo digo de corazón, se parezca a Suecia y a Nueva Zelanda en materia medioambiental. Sí, miren
ustedes los ránquines. No quiero que España se parezca a Irak en materia medioambiental, quiero que se parezca a Suecia.


Por otro lado, debo decirles que se han equivocado en los tiempos. La pregunta es por qué tanta prisa con esta ley, qué interés tiene el Gobierno. Saben de sobra que la Unión Europea está trabajando en la reforma de la Directiva de impacto
ambiental. Por tanto, ¿qué sentido tiene ahora la modificación previa de la legislación nacional cuando habrá que hacer lo propio obligatoriamente una vez aprobada la directiva que está ya a punto de salir? Desde el Grupo Parlamentario Socialista
hemos propuesto sesenta y dos enmiendas que hemos elaborado en un cortísimo espacio de tiempo, en tres días. Por tanto, yo también quiero resaltar aquí, lo han dicho otros compañeros, el esfuerzo de los grupos parlamentarios, que ha sido muy
importante para que estas enmiendas llegaran en tiempo y forma. Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no solo mejoran el texto, sino que además le dan sentido, le dan coherencia y se lo dan en el fondo y en la forma. De
estas sesenta y dos enmiendas, el Grupo Popular ha aceptado una. Este es el consenso del Grupo Popular en una materia como esta. Algún compañero hablaba de que le habían aceptado cinco, que habían transaccionado dos o tres. A nosotros nos han
aceptado una y

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además nos han dicho que cinco enmiendas tienen equivalencia con otras enmiendas del Grupo Popular. Ya me explicará usted qué equivalencia le pueden encontrar. Yo se la he buscado. Le aseguro que el señor Ábalos, otros miembros y yo hemos
intentado buscarle esa equivalencia entre las enmiendas que el Grupo Socialista había presentado y las que ustedes nos decían que eran perfectamente equiparables a las nuestras. Le puedo asegurar que no hemos encontrado esta equivalencia. En todo
caso, si eran tan equivalentes nos hubiera gustado que hubieran aceptado las nuestras, hubiera estado mejor.


Respecto a los plazos que se recogen en esta ley, ya le he dicho al principio de mi intervención que son absolutamente imposibles. Estamos convencidos de que los han puesto imposibles para que no se cumpla nada. Se lo ha dicho el señor
Ábalos durante el debate de la enmienda a la totalidad; yo se lo voy a repetir ahora. Los plazos deberían ser razonables. ¿Qué entendemos por razonables? Las evaluaciones ambientales precisan tiempo, las evaluaciones precisan ver las
evoluciones, precisan ver los efectos. Por tanto, acortando los plazos se desnaturaliza la propia esencia de lo que es una evaluación ambiental. La disculpa de la seguridad jurídica y la simplificación en los trámites administrativos son la
mascarada perfecta que el Grupo Popular y el Gobierno han encontrado para esa barra libre de la que antes le hablaba.


Por otro lado, han hecho una ley de espaldas, y lo han dicho otros portavoces, a las demás administraciones públicas, a las comunidades autónomas. A ver cómo acaban ustedes explicando esto en las comunidades autónomas, incluso en las suyas,
cómo acaban explicando algunas cuestiones que aquí se recogen y que invaden claramente sus competencias. Pero también de espaldas a las organizaciones sociales, a las organizaciones profesionales, a las organizaciones medioambientales, a las
personas expertas. En una ley de esta importancia nunca está de más, al revés, es necesario que por esta Comisión haya un desfile de sabios, de sabias, de personas con experiencia en esta materia que posibiliten que se haga el mejor texto
legislativo posible, pero no ha podido ser porque lógicamente ustedes han apostado por el trámite de urgencia. Ya les he dicho que tenían una prisa irracional, injustificada, que seguramente, y lo voy a decir con toda claridad, responde a intereses
absolutamente inconfesable. No ha sido un proceso abierto y transparente. ¿Saben por qué? Porque no les ha interesado, porque no les ha dado la gana de que esta fuera una ley debatida, abierta, consensuada, hablada. No les ha dado la gana, no sé
si a ustedes, pero desde luego al Gobierno, que es el que manda en ustedes, no le ha dado la gana. La tramitación parlamentaria, por tanto, es indigna con la materia que se está regulando hoy. Señorías, no se puede despachar una ley de estas
características con este trámite parlamentario y con poco más de cinco minutos de ponencia.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado enmiendas que recogen aspectos relacionados con las evaluaciones de algunas actividades en las que la ley ha planteado umbrales muy poco exigentes para las evaluaciones ambientales.
Es del todo improcedente eximir o reducir los requisitos a determinados proyectos. Por otro lado, algunas de las enmiendas que hemos presentado tienen que ver con la Directiva de 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, porque parece que en algunos artículos de esta ley han obviado deliberadamente una directiva de esta importancia. Con esta ley autorizan el fracking en España, al tiempo que
pretenden lavarse la cara sometiéndolo al impacto ambiental. Por lo tanto, queda autorizada la práctica, una práctica que requiere de un estudio muchísimo más profundo En algunos países está prohibido en este momento el fracking. Requiere un
estudio mucho más profundo. Por tanto, no lo pueden ventilar de un plumazo porque las consecuencias pueden ser letales. Podemos tener no un Castor, sino cien -fíjese lo que le digo- con la ley que ustedes acaban de poner sobre la mesa. Lo
sucedido en esta plataforma puede que no sea un acontecimiento aislado. Cuando hemos debatido esta ley hemos leído muchos informes, muchos papeles, y estoy segura de que el partido que sustenta la acción del Gobierno también lo ha hecho, y sabrá
que hay determinados fenómenos como la desecación de determinados espacios naturales, los propios incendios, por ejemplo, en mi tierra, o movimientos sísmicos que se han producido en nuestro país en los últimos años, que pueden tener parte, no digo
toda, pero parte de su origen en las deficiencias de algunos procesos de evaluación ambiental. No me lo estoy inventando, ni estoy diciendo ocurrencias, esto aparece en los informes que han hecho en este momento sociedades científicas de
importancia en nuestro país. Los riesgos ambientales deben ser evaluados con rigor, sin condicionantes, sin presiones de tiempo y sin otro tipo de presiones por supuesto que también, deben ser evaluados sin laxitud. El fracking no puede ser
autorizado hasta que se tengan todas las garantías en caso de que las haya. Los socialistas hemos presentado una enmienda donde pedimos la paralización de esta práctica, pedimos que se suspendan todas las autorizaciones concedidas y que se prohíban
nuevas

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actividades hasta que no se disponga de informes contundentes que descarten la existencia de riesgos ambientales ligados a esta actividad. Ante el desconocimiento de los posibles efectos de esta técnica, es necesario aplicar el principio de
precaución que ha venido rigiendo en estos últimos años la política medioambiental de la Unión Europea. Pero parece que con esta ley de nuevo ustedes se han olvidado de este principio.


Por último, quiero referirme al trilerismo parlamentario que han empleado en esta tramitación. A última hora, por la puerta de atrás y mediante nueve enmiendas en el trámite de ponencia le quieren dar carácter de ley al acuerdo de un
memorándum sobre el río Tajo. Nada tiene que ver el trasvase del Tajo con esta ley. Es más, nos parece un insulto intenso que en una ley que supuestamente va a establecer garantías ambientales ustedes vayan a modificar la Ley de Aguas y toda la
normativa sobre el Plan hidrológico nacional, incluso contraviniendo la Directiva-marco del Agua, porque eso es lo que va a suceder, justo cuando el Plan de cuenca del Tajo está en fase de información y en período de alegaciones. Esto es una
auténtica chapuza que no me dirán ustedes que no tendrá algún interés extraño. Algo tiene que pasar, algo tiene que haber para que cometan esta torpeza, desde todos los puntos de vista, político, parlamentario y legislativo. Por eso insisto en el
interés. Es verdad, y termino ya, señor presidente, que lo han hecho otras veces. Le han cogido un peligroso gusto a esta práctica. (Rumores). Como cuando decidieron reformar el régimen de las empleadas y empleados del hogar en una normativa del
sector eléctrico. Nosotros nos acordamos. Ustedes han hecho eso en esta legislatura. En este caso estamos generando una inseguridad jurídica de importantes dimensiones y entendemos que es la arbitrariedad elevada al disparate, y todo, señor
presidente, para eludir un debate parlamentario que al Partido Popular le resulta incómodo. Se han hecho una foto a costa de engañar a todo el mundo y no han arreglado ningún problema.


En definitiva, mi grupo no va a apoyar esta ley. Para ustedes el medio ambiente es un inconveniente y nosotros tenemos claro que el desarrollo económico o es sostenible o no lo será. La garantía de la sostenibilidad pasa por la correcta
regulación de la evaluación ambiental y no por su afán desmesurado para hacer negocios a toda costa, tal y como recogen, sin cortarse nada, en la exposición de motivos de esta ley, aunque para ello se salten la seguridad de las evaluaciones
ambientales a las que consideran ustedes mismos, y cito textualmente, un obstáculo a la mejora de la productividad en nuestro país. Esto, además de un disparate, es de un añejo tan brutal que siembra un abismo entre nuestro país y las economías más
desarrolladas y sostenibles del planeta. Es un nuevo error del Gobierno que, desde luego, no contará con el apoyo del Partido Socialista. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Parece que el apoyo del Grupo Socialista no está garantizado. (Risas).


Por el Grupo Parlamentario Popular van a intervenir dos portavoces, que van a repartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Collarte. Les ruego, como a todos los portavoces, que distribuyan el tiempo. El tiempo que marca
el Reglamento es el de diez minutos y, dada la complejidad de esta ley, se ha elevado a un máximo de quince minutos, que les ruego que, si es posible, no consuman.


Señor Collarte.


El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Trataré de ceñirme lo más posible al tiempo.


Antes de entrar en materia, a mi compañera y buena amiga doña Laura Seara la voy a emplazar yo también a que cuando se apruebe esa ley que tanto le preocupa, esa directiva europea sobre el tema de medio ambiente, veamos cuántos artículos
tenemos que modificar de nuestra ley y si realmente nos separa tanto de esa legislación europea, que poco menos que hemos hecho una legislación bananera en el tema de medio ambiente. No hay nada más que esperar a que la directiva europea se apruebe
y seguramente veremos cuántas coincidencias y cuántas discrepancias tenemos sobre esa ley. (La señora Ortiz Castelleví: Lo veremos). Veremos cuánto vamos a tener que cambiar; a ver cuánto.


Si yo les digo las ideas generales de la ley, lo que mi grupo piensa de este proyecto de ley, que garantiza la máxima protección ambiental y da un nuevo impulso al desarrollo sostenible, que simplifica y agiliza la evaluación ambiental, cosa
que a ustedes les parece fatal, crea un nuevo marco para la legislación en materia de evaluación que pretende que sea homogéneo en todo el territorio nacional, garantiza la participación ciudadana en estos procedimientos, exige por primera vez la
evaluación ambiental en los proyectos de fracking y modifica la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para que se puede sancionar el bunkering -sobre este tema no vamos a insistir mucho más, la razón de por qué-, si yo les comento estas cuatro,
cinco o seis cosas les he contestado a todos, y son exactamente las cosas que a ustedes no les gusta de la ley. Nosotros pensamos que esto es lo bueno de la ley y a ustedes les parece que es poco menos que un coladero, como ya se puso de manifiesto
el otro día en la defensa de las enmiendas a la

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totalidad. Estaba realmente más exaltado y más molesto que lo que estoy hoy. Por tanto, no voy a repetir ningún argumento de aquellos que utilicé.


Señora Ortiz, es evidente que el memorándum Tajo-Segura probablemente quedaba mejor no encajándalo aquí. Las evidencias no se pueden negar, pero es una manera de recoger algo que en una tramitación normal tardaría aproximadamente seis
meses. Hay un acuerdo absoluto y yo creo que lo que les molesta es que haya un acuerdo, el acuerdo les produce sarpullido y no hay más historia. El Partido Popular ha conseguido un acuerdo que no parecía fácil conseguirlo, se recoge y se le da
rango de ley y para algunas personas -iba a utilizar una frase que me hizo famoso y no la voy a utilizar otra vez por si acaso- que lo pasan muy mal y que tienen muchísimas dudas sobre si van a tener agua o no van a tener agua esto es muy
importante. Por tanto, montar esta película no tiene ningún sentido. Se ha llegado a un acuerdo y se recoge. Si se leen la exposición de motivos dice: Asimismo, resulta necesario que, en un futuro próximo, la regulación de los trasvases entre
ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se incorporen al Plan hidrológico nacional, tal y como se dispone en el propio texto refundido de la Ley de Aguas. Y en ese contexto, la próxima ley del Plan hidrológico nacional
deberá integrar, armonizar y actualizar en un único bloque normativo las disposiciones relativas a todos los trasvases intercuencas que se encuentran dispersas en diferentes normas. Está bastante claro cómo se ha hecho y cómo se va a corregir, pero
si ustedes quieren atacar el fondo de un acuerdo que es importantísimo, insisto, para muchísima gente -yo he visto regar gota a gota-, en fin, ustedes verán.


Por lo que se refiere al señor Barberà, sobre el tema de los posibles riesgos sísmicos reconozco mi culpa y estamos dispuestos a abordar el tema. Creo que no ha cambiado el criterio. En todo caso, acháquese más a la dejadez del ponente que
a otra cosa. Por tanto, vamos a seguir avanzando en ese camino.


No voy a insistir más sobre las enmiendas que hemos presentado. Sí quiero decir una cosa para terminar. Uno de los temas de crítica es que no han tenido tiempo. Les quiero agradecer el esfuerzo que han hecho todos los grupos para
presentar 290 enmiendas, especialmente al Grupo Vasco porque se lo ha trabajado y mucho además. Más allá del espíritu o de la receptividad de este grupo o del propio Gobierno, que evidentemente no está lejos de las decisiones de este grupo, su
trabajo está hecho, me consta que el ministerio ha informado una a una todas las enmiendas y se las ha visto, y yo en nombre de mi grupo le agradezco su afán de participación y de intentar mejorar la ley en cualquier caso. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para el resto del tiempo adjudicado al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES HERRERA: Después de la intervención de mi compañero Guillermo, que se ha referido fundamentalmente a las enmiendas del Grupo Popular, a mí me corresponde referirme a las del resto de los grupos parlamentarios que han
presentado enmiendas a este articulado del proyecto de ley. La verdad es que diez minutos de debate cuando uno lleva quince años trabajando con esta herramienta -soy el jefe de servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias de evaluación de impacto
ambiental-, prácticamente se me queda en nada.


Voy a tratar de resumir a grandes rasgos -me he leído a conciencia las enmiendas- y de contestar en este breve espacio de tiempo a las mismas. Las he separado por las distintas formaciones políticas. El Bloque Nacionalista Galego ha
presentado un total de diecisiete enmiendas que fundamentalmente se centran en dos aspectos: el trámite competencial y el carácter de los informes. En cuanto a los temas competenciales, el proyecto de ley está basado en las competencias que le
reconoce al Estado el artículo 149.1.23ª de la Constitución, la facultad que tiene el Estado para dictar normativa básica en materia de protección del medio ambiente. Esta norma en cualquier caso respeta el derecho constitucional que reconoce a las
comunidades autónomas para establecer en su territorio normas adicionales de protección. Aquellos preceptos que por su naturaleza no son básicos y, por tanto, aplicables solo a la Administración General del Estado, están redactados de forma
racional y objetiva para que pueda servir de modelo para que las distintas comunidades autónomas los puedan aplicar en su territorio. Ello, sin embargo, no obsta para profundizar en la homogenización de la normativa en esta materia a través de
instrumentos que ya prevé nuestro ordenamiento jurídico para canalizar la cooperación entre las distintas administraciones territoriales como es la conferencia sectorial. Esta, la conferencia sectorial, se configura como el foro privilegiado para
analizar y debatir las reformas legislativas que deben llevar a cabo para adaptarse a esta ley dentro del pleno respeto, como no podía ser de otra manera, a las comunidades autónomas en esta materia.

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El Grupo Nacionalista Vasco ha presentado un total de ciento tres enmiendas que se pueden agrupar en seis grandes bloques. Se refieren en un número importante de ellas a las sedes electrónicas en todos los procesos de información,
comunicación y participación. Es obvio que para que la publicación surta los efectos legales, sobre todo en trámites de recursos, tiene que hacerse a través de una publicación oficial. Con respecto a la toma en consideración de los informes
presentados fuera de plazo, no tener en cuenta los informes recibidos fuera de plazo lo que va a hacer es redundar en la agilidad de estos procedimientos. En cuanto a temas competenciales, incluida la derogación de la disposición final séptima,
como piden, esta disposición se puso en el texto por el informe del Consejo de Estado, y se trata de que las comunidades autónomas se adapten a la legislación básica en un plazo razonable de tiempo. En otras enmiendas eliminan las referencias en el
texto a tener en cuenta el impacto del cambio climático. Otras de ellas reorganizan y renumeran el articulado y al final el resultado es difícil de interpretar. Con referencia a la legislación sectorial, aquí tratamos de subrayar el carácter
instrumental de la evaluación ambiental. De esta manera lo que vamos a conseguir es que no va a llegar al órgano ambiental un expediente que sepamos que es inviable desde el punto de vista de la legislación sectorial, puesto que no va a cumplir los
requisitos exigidos. La referencia específica a la legislación urbanística se entiende, como no puede ser de otra manera, incluida en la legislación sectorial.


El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado cincuenta y cuatro enmiendas. El primer bloque se refiere a la conferencia sectorial. Por la redacción de este artículo he creído entender que le da a la conferencia sectorial
competencias adicionales distintas a las previstas en la Ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo. Únicamente se trata aquí de subrayar su carácter de órgano de cooperación voluntaria. Sobre los supuestos excluidos de evaluación ambiental y
proyectos exceptuables en el artículo 8, precisamente la redacción del proyecto de ley está de acuerdo con las excepciones de la directiva. Sobre la Red Natura, son muchos los artículos que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural dedica a
garantizar la Red Natura 2000 y la Red de espacios naturales protegidos, pero todas las incorporaciones están referenciadas en alguna parte del texto. Por ejemplo, la disposición adicional séptima establece cómo debe actuar el órgano ambiental para
evaluar los proyectos que afecten a la Red Natura 2000. Esta regulación está conforme a la Directiva de Hábitats. Este proyecto de ley es plenamente respetuoso con la evaluación de los planes, los programas y los proyectos que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los espacios de la Red Natura 2000.


Solicitan también que el documento de alcance -o lo que llamamos los que estamos en esta materia scoping- sea obligatorio. La experiencia acumulada en procedimientos de evaluación de impacto ambiental durante más de veinticinco años que
llevamos ya con esta herramienta ha permitido a los distintos promotores adquirir los conocimientos necesarios para determinar por ellos mismos el alcance de los estudios de impacto ambiental de los proyectos que promueven. Pero, además, le
recuerdo a la portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que la directiva europea configura la fase de determinación del estudio de alcance de un estudio de impacto ambiental como potestativa para el promotor. Desconfían de las
administraciones públicas -y personalmente me preocupa su desconfianza- en buen número de enmiendas sobre las administraciones públicas. Pretenden modificar la estructura y funcionamiento de las mismas, además de pedir -cosa sorprendente- la
responsabilidad de los funcionarios públicos, que ya están regulados en otros cuerpos normativos y que además no es objeto de esta ley. En cuanto al banco de datos de conservación, ¿quieren suprimirlo? Porque luego presentan enmiendas parciales.
Entonces la pregunta es: ¿aceptan o no aceptan estos mecanismos? Los bancos de conservación no solo se basan en el modelo de algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países europeos, sino en las distintas experiencias exitosas
de otros países; entre ellos, como les decía, algunos europeos. Sus créditos son otorgados de acuerdo a una cuantificación basada en criterios estrictamente biológicos y ecológicos -no económicos, como se ha dicho aquí esta tarde- y no tienen
relación con limitaciones ligadas a la protección de la biodiversidad. Hacen una serie de enmiendas también que se refieren a los anexos de este proyecto de ley. Precisamente, pretenden cambiar la redacción de los umbrales establecidos por la
directiva y a los que se está refiriendo este proyecto de ley. En otras enmiendas pretenden someter a evaluación de impacto ambiental algunos proyectos que determine la normativa de las comunidades autónomas; lo ha dicho esta tarde. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo en el proyecto de ley de evaluación ambiental no prevé que los proyectos de la Administración General del Estado tengan que someterse a evaluación ambiental cuando así lo determinen las normativas de las
comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque una regulación en este sentido sería aceptar que la legislación básica -que es lo que vamos a aprobar aquí en el Congreso- que aplica la

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Administración General del Estado no es suficiente para lograr una adecuada protección del medio ambiente, cuando precisamente se trata de una norma que permite alcanzar todos los objetivos de protección establecidos en la norma comunitaria.


El Grupo de Convergència i Unió presenta un total de treinta y seis enmiendas sobre algunos temas ya mencionados: la conferencia sectorial, supuestos excluidos en la legislación de impacto ambiental o aspectos relacionados con el silencio
positivo. Por lo que se refiere al silencio positivo, a lo largo de todos estos años me he encontrado muchísimos recursos y todos -los del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los del Tribunal Supremo, incluso los del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas- reconocen que en los proyectos aceptar el silencio positivo sería forzar el ordenamiento jurídico y afectar al resto de los ciudadanos. Por eso el silencio positivo se rechaza. También hablan de temas de legislación
urbanística contemplados como legislación sectorial y de aspectos competenciales a los que ya me he referido antes o variaciones en los anexos sobre el tipo de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.


El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta en total dieciocho enmiendas. Ponen de manifiesto su vocación antiautonomista y dudan de la eficacia y de la capacidad de los funcionarios.


El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego que vaya acabando.


El señor TORRES HERRERA: Voy acabando.


Someten a una variación aparentemente arbitraria los plazos de tramitación; en unos casos los aumentan y en otros los disminuyen. Sobre el banco de datos de biodiversidad me llamó la atención lo que dijeron el otro día en el debate de
totalidad en el Pleno y que ha vuelto a repetir esta tarde el señor Cantó. Decían: Nos asusta también lo que ustedes llaman medidas compensatorias porque, señor Cañete, suena peligrosamente a posibles compras de su aceptación y, además, nos
plantean un problema conceptual. Y preguntaba: ¿Se puede compensar el daño medioambiental? ¿No va eso precisamente en contra de la ley que usted propone aquí? ¿Qué quiere decir, que vamos a pagar para poder contaminar? Me da la impresión de que
el señor Cantó no conoce bien la herramienta de evaluación de impacto ambiental. Las medidas compensatorias son propias de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.


Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de sesenta y dos enmiendas. No es el grupo que más ha presentado, tampoco el que menos, pero por la virulencia del portavoz el otro día cuando se debatió la enmienda a la
totalidad en el Pleno me parecen pocas. (Risas). Hablan sobre aspectos de la Red Natura -de la que ya se ha hablado- y los espacios naturales protegidos. Hablan de la ampliación de plazos sobre la propuesta legislativa y la consideración de los
informes presentados fuera de plazo o del documento de alcance o scoping del que ya he hablado antes. Propone la supresión de los bancos de datos de conservación y la disposición adicional novena. Esto me llama la atención.


El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego no solo que vaya concluyendo, sino que nos diga cuáles son las enmiendas que se aceptan por parte del Grupo Parlamentario Popular y que nos facilite las transaccionales. Concluya, por favor,
porque se ha agotado ya incluso el tiempo adicional de quince minutos.


El señor TORRES HERRERA: Solo una referencia al Grupo Parlamentario Socialista sobre los bancos de biodiversidad. Me llama poderosamente la atención que los critiquen cuando están en su programa electoral. En el año 2011 los bancos de
conservación están recogidos en el programa del Partido Socialista. En concreto, en el apartado 52 de medidas para la biodiversidad y protección del litoral, en la página 31 figura la propuesta específica de establecer medidas de control y gestión
eficaces e innovadoras, como los bancos de hábitat.


No quiero extenderme más, señorías. Les pido que apoyen este texto legislativo. Es un buen documento. Se lo digo porque lo conozco, me lo he leído bien y cuando deje de estar en el Congreso tendré que trabajar con él. Es un buen texto
legislativo que hacía falta y les pido, por favor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que apoyen este proyecto de ley. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego que nos facilite las transaccionales.


Señoras y señores diputados, les comunico que vamos a interrumpir la sesión durante quince minutos porque tenemos que ordenar las votaciones. Las votaciones tendrán lugar no antes de las siete y cuarto. (Pausa).

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Señoras y señores diputados, todos los portavoces de los grupos parlamentarios han recibido un cuaderno separado de votaciones, cuaderno que se les ha solicitado a todos ustedes y que han facilitado a la Mesa en el momento oportuno. Les
recuerdo que se van a someter a votación las enmiendas que han presentado los diversos grupos parlamentarios, no así las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque se entiende que esas enmiendas se incorporan al texto de la ponencia y se
someten a votación al final, porque están incorporadas al proyecto de ley. (El señor Agirretxea Urresti pide la palabra).


Señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Solo una cuestión. Yo he solicitado a la Mesa que mis enmiendas se votaran en dos bloques y, de repente, veo que están para votarlas una por una. Me gustaría saber quién ha solicitado que se voten una por una
todas mis enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, esto es imposible. Este es el resultado de que todos los grupos tienen la posibilidad, no solo la tiene su grupo, de solicitar por separado todas las enmiendas, y no ha sido otra la intención. Lo que
se va a someter a votación es el resultado de las propuestas de todos los grupos. (Rumores).


Van a tener cinco minutos más todos ustedes para examinarlo. (Pausa).


Vamos a iniciar las votaciones. Empezamos con las enmiendas del Grupo Mixto. Conforme nos ha solicitado la señora Fernández Davila, vamos a votar por separado la enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 6 y 7 conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a someter a votación ahora el bloque de las enmiendas números 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 y 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 10, 15 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 24.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 29.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 30 y 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 36, 37 y 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 40 y 41.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Seguimos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Enmienda número 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 45 y 46, se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 47.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 49.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 50.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 51.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2:


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 53 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 55.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 56.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 58.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 59.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 60.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 62.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 63.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 64 y 65.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 66.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación conjunta de las enmiendas 68 y 69.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,3; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36, abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 71 a 76.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,1; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 78 a 93.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 97.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 98.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 99.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 100.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 101.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos conjuntamente las enmiendas 103 y 104.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 105.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se acaba de incorporar el diputado de CiU, con lo cual volvemos a ser 42. Lo digo a los efectos de cálculo.


Enmienda número 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 107.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 108.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 109.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos conjuntamente las enmiendas 110 y 111.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos conjuntamente las enmiendas 112 y 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 113.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 115.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 117.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 118.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 119.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 120.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 121.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 122.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 123.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 124.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de UPyD de las que se pide votación separada. Enmienda número 215.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 216.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 217 a 220.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 221.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se votan conjuntamente las enmiendas 222 y 223.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 224.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 225.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 226.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 227.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 228 y 229.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 5.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 230.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 231.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 15; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda 232.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Vamos a someter a votación la número 125.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a votar conjuntamente las enmiendas de la 126 a la 128.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 129, 130 y 131.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 132.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 133.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 134 a 139.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 140 y 141. Se someten a votación conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 146.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 147, 149 y 150. Se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 151.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 152, 153 y 154. Se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 155.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 156.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 157.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 158.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 159 y 160.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 161, 162 y 163.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 164.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 165.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 166.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 167.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 168.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 1.

Página 26

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 169.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 170.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 171, 172 y 173. Se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 174 y 175.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 176 y 177.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 178.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de enmiendas de las que no se había solicitado votación separada.


Enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. Enmienda número 179.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 180.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 181.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a someter a votación conjuntamente las enmiendas números 183 y 184.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 185.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Enmienda número 186.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 187.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 189.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 190.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 191.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 192.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 193.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 194.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 195.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 196.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 197.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 198.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 199.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 200, 201 y 202.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 203.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 204.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 205.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 207 a 214.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a someter ahora a votación el resto de las enmiendas de las que no se ha pedido votación separada, menos la 182, que como es objeto de una transacción ya se entiende que no se somete ahora a votación, se votará en el momento en que se
someta a votación la enmienda transaccional. Votamos ahora el resto de enmiendas de las que no se ha pedido votación separada, exceptuada la 182, que es objeto de una transacción.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a someter conjuntamente a votación las enmiendas números 236 y 275.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 273.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 238, 253, 263 y 269.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación conjunta de este bloque de enmiendas que voy a leer, para mayor claridad. Números 240, 243, 246, 249, 252, 261, 264, 268, 271, 272, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293 y
294.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación el resto de enmiendas de las que no se ha solicitado votación separada.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Procedemos a la votación de la enmienda transaccional que ha sido distribuida a todos los portavoces de los grupos parlamentarios.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos ahora el proyecto de ley según el informe de la ponencia, con las enmiendas incorporadas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con las enmiendas que se han incorporado.


Muchas gracias, señoras y señores diputados por su colaboración.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.