CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 403

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 19

celebrada el martes,

24 de septiembre de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Empleo (Hidalgo Tena), para:


- Informar sobre el Plan anual de políticas activas 2013, en el marco del nuevo modelo de programación de las políticas activas. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001060) ... (Página2)


- Informar sobre el Plan anual de política de empleo para 2012. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000347) ... (Página2)


- Que informe de las medidas que piensa adoptar el Gobierno para detener la destrucción de empleo e incentivar la creación de puestos de trabajo. A petición de los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto.
(Número de expediente 213/000514) ... (Página2)


- Que informe sobre los recortes en políticas activas de empleo y sobre el aumento en el número de personas desempleadas sin prestación en Andalucía. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000641) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Informar sobre el acuerdo marco para la selección de agencias de colocación para la colaboración con los servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas. A petición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001074) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en la cual vamos a abordar el orden del día de que disponen, cuyo primer punto es la comparecencia de la secretaria de Estado de Empleo para
informar sobre el Plan anual de políticas activas 2013 en el marco del nuevo modelo de programación de las políticas activas. A esta solicitud de comparecencia motu proprio de la secretaria de Estado se han acumulado la que figura en el segundo
punto del orden del día, referida a la ministra de Empleo y Seguridad Social, para informar sobre el Plan anual de política de empleo del año 2012, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el tercer punto, también
referido a la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para que informe de las medidas que piensa adoptar el Gobierno para detener la destrucción de empleo e incentivar la creación de puestos de trabajo; en cuarto término, de la
ministra de Empleo y Seguridad Social también para que informe sobre los recortes en políticas activas de empleo y sobre el aumento en el número de personas desempleadas sin prestación en Andalucía, y en quinto y último lugar de la secretaria de
Estado de Empleo para informar sobre el acuerdo marco para la selección de agencias de colocación para la colaboración con los servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, cuyo autor es Convergència i
Unió.


Damos la bienvenida a la secretaria de Estado, a la que traslado la excusa de la portavoz habitual del Grupo Mixto, doña Uxue Barcos, que por cuestiones personales no puede acudir y va a estar sustituida por el señor Cuadra. La señora
secretaria de Estado intervendrá para exponer lo que juzgue oportuno y a continuación lo harán los grupos que han sido autores de iniciativas, comenzando por Convergència i Unió, siguiendo por La Izquierda Plural y a continuación el Grupo
Parlamentario Socialista, y posteriormente de menor a mayor, como es habitual. Saben perfectamente que el tiempo reglamentario son diez minutos, pero en el supuesto más concreto de quienes han sido autores de iniciativas de petición de
comparecencia tendremos la flexibilidad suficiente para que se puedan expresar al respecto. Haremos un mínimo turno de réplica de dos minutos, y cuando digo dos minutos son ciento veinte segundos.


Por tanto, bienvenida, señora secretaria de Estado. Tiene usted la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Es para mí un honor acudir en el día de hoy a esta Comisión de Empleo y Seguridad Social para comparecer ante ustedes en relación con el nuevo modelo de políticas activas de empleo en
el que estamos trabajando. Además, como acaba de señalar el presidente, la presente comparecencia acumula otras solicitudes. Dos de ellas corresponden al Grupo Catalán y se refieren al PAPE, al Plan anual de políticas de empleo 2012, y al acuerdo
marco con las agencias de colocación. Otra es de La Izquierda Plural y del Grupo Mixto, relativa a las medidas para incentivar los puestos de trabajo. Finalmente hay una del Grupo Socialista relativa al recorte en las políticas activas de empleo.
En consecuencia, va a ser una intervención larga y, por ello, les ruego un poco de paciencia.


Señorías, desde el inicio de la legislatura, hace cerca ya de dos años, el Gobierno ha mostrado su firme compromiso con una ambiciosa agenda cuyo fin último no es otro que recuperar la senda de crecimiento económico de nuestro país y de
generación de empleo, una ambiciosa agenda que se ha plasmado ya en dos programas nacionales de reformas y que se estructura en torno a tres grandes líneas de actuación. En primer lugar, la consolidación fiscal como condición necesaria para
recuperar la credibilidad de la economía española, para reducir la carga financiera de la deuda, el coste de la financiación y contribuir así al relanzamiento de la actividad económica. En segundo lugar, la del saneamiento y reestructuración del
sistema financiero para permitir que el crédito fluya lo antes posible a la economía real, a los hogares, a las empresas, para que estos lleven a cabo sus decisiones de gasto e inversión. Y finalmente, un amplio paquete de reformas estructurales
que, en ausencia de política monetaria, se convierten en imprescindibles y que tienen por objeto dotar de flexibilidad y dinamismo a nuestro sistema productivo. Se trata de un conjunto de reformas para reforzar la calidad de nuestros recursos y
facilitar su mejor asignación para con ello recuperar la productividad y competitividad de la economía española, el empleo y la mejora del bienestar social. Entre estas reformas quiero destacar el papel de la reforma laboral de febrero de 2012, una
reforma, creo, valiente y exhaustiva, que abordó todas las debilidades que acumulaba el mercado de trabajo español: la marcada segmentación, la elevada temporalidad y excesiva rotación de los trabajadores, fuertes inercias salariales desvinculadas
de la productividad, así como falta de flexibilidad en las decisiones empresariales, que no podían ajustarse a la realidad cambiante que exigen los mercados internacionales. La reforma laboral planteó un nuevo marco

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de relaciones laborales basado en el concepto de flexiseguridad, en el que la flexibilidad interna se alza como la herramienta fundamental para la viabilidad empresarial, compatible con el mantenimiento del empleo estable y de calidad.
Además, la reforma sentó las bases para la estrategia de activación para el empleo que desde entonces estamos desarrollando. En concreto, la reforma supuso un impulso para la formación para el empleo, incentivando la formación a lo largo de toda la
vida, reformando el contrato para la formación y el aprendizaje y, por primera vez, abriendo a la concurrencia competitiva las convocatorias de programas de formación de ofertas financiadas con fondos públicos.


También en materia de intermediación laboral hubo novedades con nuevas posibilidades para la actividad de las empresas de trabajo temporal, que abrieron la vía para la colaboración público-privada en este ámbito. En este contexto abordamos
la transformación de las políticas activas de empleo, una tarea de envergadura, particularmente en la coyuntura que está atravesando nuestro país en los últimos años, y es que en un contexto económico y del mercado de trabajo como el actual estas
políticas están llamadas a desempeñar un papel protagonista. Por tanto, es evidente que necesitamos reforzar las políticas activas al objeto de fortalecer los mecanismos necesarios de prevención del desempleo, suavizar y dinamizar las transiciones
al empleo y finalmente fomentar la empleabilidad de los trabajadores y su estabilidad en el empleo. Dentro de las políticas activas de empleo quiero hablarles, en primer lugar, del marco competencial. Antes de profundizar en las novedades en las
que hemos estado trabajando y en las que continuamos trabajando desde la Secretaría de Estado de Empleo, considero importante hacer hincapié en que las políticas activas se desarrollan en un ámbito de distribución competencial cuando menos complejo.
Según figura en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, la competencia legislativa en materia laboral recae exclusivamente sobre el Estado, competente también para la gestión y control de las prestaciones de desempleo a través del Servicio Público
de Empleo Estatal. Ahora bien, con algunas excepciones, las competencias en materia de ejecución de las políticas activas están transferidas a las comunidades autónomas. Este reparto sin duda favorece la adecuación de las medidas a las
especificidades territoriales. Ahora bien, es también un reparto que exige la cooperación efectiva entre las distintas administraciones, un reto y una condición indispensable para un planteamiento eficaz de la política en este ámbito. Por ponerles
un ejemplo de la dificultad a la que me estoy refiriendo y la complejidad en algunos casos, quisiera referirme a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 23 de mayo, que viene a limitar o a impedir la actuación del Estado, concretamente
del Servicio Público de Empleo Estatal, para sancionar una serie de conductas por parte de los beneficiarios de prestaciones, como la desatención de su compromiso de actividad o el rechazo de una oferta adecuada de empleo, al estar estas
obligaciones configuradas en el marco de las políticas activas de empleo y no en el de los requisitos para acceder a la prestación, y ello a pesar de que desde el Servicio Público de Empleo se gestionan 27.000 millones de euros de prestaciones por
desempleo al año. A este respecto debo señalar que ya hemos realizado la oportuna modificación legislativa mediante real decreto en el pasado mes de agosto, ahondando en la capacidad normativa del Estado y por supuesto dando conocimiento de ello a
las comunidades autónomas. Ante esta realidad, por tanto, creo que resulta evidente cuál es uno de los pilares del éxito de las políticas en este ámbito. No es otro que la coordinación y la colaboración con las comunidades autónomas. Se impone un
esfuerzo conjunto para lograr la activación para el empleo, el fomento efectivo de la empleabilidad de los trabajadores y su coherencia en el mantenimiento de una protección adecuada y sostenible en el tiempo.


Este es precisamente el espíritu sobre el que se basan los avances que les voy a presentar, avances que también han tenido como marco un escenario presupuestario exigente. Como decía al principio, el compromiso del Gobierno con la
consolidación presupuestaria como vía para recuperar la credibilidad y el crecimiento económico es irrenunciable, porque no es sostenible que solo entre 2007 y 2012 más del 20 % del aumento total del peso de la deuda sobre el PIB se explique por la
carga de intereses financieros y porque solo mediante el compromiso riguroso se logra un esfuerzo de consolidación estructural de 3,5 puntos que refuerza nuestra estabilidad, un esfuerzo que nos facilita hoy la apertura a mercados internacionales y
el acceso a la financiación a un coste que deja muy atrás el 7,5 de interés alcanzado durante el verano de 2012. El coste medio de emisión del Tesoro se sitúa hoy en el 2,61 %. Este compromiso ha requerido tomar medidas difíciles, sin duda, pero,
sobre todo, ha supuesto la optimización de recursos para garantizar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo y para ofrecerles medidas eficaces con el fin de impulsar su empleabilidad y, en definitiva, su pronta
reincorporación al empleo. Esto ha supuesto modificaciones para evitar que mayores exigencias presupuestarias comprometan la capacidad del sistema de cumplir con su función protectora,

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al tiempo que se prioriza una pronta activación para el empleo. Porque gastar más, señorías, no significa necesariamente hacerlo mejor. Es verdad que durante los años 2008 y 2011 se gastaron más de 30.000 millones como subvenciones
gestionadas desde los Presupuestos Generales del Estado, pero lo cierto es que mientras el número de parados aumentaba, no sabíamos cuál estaba siendo la eficacia o la eficiencia de ese conjunto de fondos públicos. Por ello, hemos introducido
modificaciones, en primer lugar, para reordenar las bonificaciones existentes, eliminando aquellas que carecían de justificación y cuyos efectos de peso muerto planteaban serios retos para la eficiencia. Así lo había puesto de manifiesto, entre
otros, el informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios y el informe de evaluación de los resultados del sistema de bonificaciones a la contratación de la Comisión de Trabajo e Inmigración que
tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Sobre la base de estos análisis para aumentar la eficacia y eficiencia en el gasto en políticas activas, conseguimos una reducción de 1.700 millones de euros. Un ahorro que no es un fin en sí mismo sino
que favorece la reorientación y el refuerzo de las ayudas para aquellos colectivos con mayores problemas de empleabilidad como son los jóvenes o los mayores. Respetamos en este reajuste en materia de bonificaciones todos aquellos colectivos que
consideramos vulnerables y que las ayudas a través de bonificaciones constituían una ayuda a su empleo. En este caso también se pusieron bonificaciones nuevas como el contrato de apoyo a emprendedores que introdujo la reforma laboral y que favorece
la contratación. A ello se añade la corrección de las disfunciones que genera el empleo público subvencionado como política de empleo, una política de empleo que, por otra parte, es absolutamente incompatible en un contexto de racionalización de
las administraciones públicas en materia de personal como el que estamos viviendo. Finalmente, se han corregido también disfunciones en el sistema de prestaciones e inconsistencias sin justificación que nos permite, en última instancia, devolver la
prestación a su objetivo originario, el de favorecer el contacto de los trabajadores con el empleo.


Señorías, de esta forma y como consecuencias sin duda difíciles hemos conseguido, no solo consolidar sino reforzar nuestro sistema de prestaciones sociales, lo que nos ha permitido, por ejemplo, prorrogar el Plan Prepara de manera indefinida
hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 %, y orientarlo hacia aquellos que, como los trabajadores con cargas familiares, más lo necesitan, y de una forma más importante, incrementarlo. Insisto en esta idea, lo más importante de
medidas y reformas como estas es que nos permiten redistribuir recursos y concentrar esfuerzos en quienes más lo necesitan y ofrecerles medidas a la altura de la situación actual. Y lo más importante, tenemos que ser capaces de encontrar medidas
que funcionen, nuevas políticas de activación para el empleo eficaces en la consecución de los objetivos que le son propios y mejorar las posibilidades de acceso y mantenimiento del empleo. También tenemos que ser capaces de que desde los
diferentes ámbitos financieramente se asuman las responsabilidades de las competencias que cada uno de los ámbitos tienen asumidas. Es decir, los presupuestos de las comunidades autónomas tienen que responder a las competencias que tienen las
comunidades autónomas y los presupuestos del Estado, a través de las subvenciones gestionadas, tienen que responder a los objetivos estratégicos que se fijen en materia de empleo por la Administración General del Estado.


En relación con las nuevas políticas de activación para el empleo, quisiera compartir con ustedes los ejes principales de estos avances y los retos que ha sido necesario superar por el camino. En primer lugar, la apuesta por la eficiencia
en la coordinación de los servicios públicos de empleo a través de un nuevo modelo de políticas activas cuya clave es la evaluación y la orientación a resultado. Permítanme explicarles las dificultades que tiene el sistema en el que nos
encontramos. El sistema de planificación, ejecución y financiación de las políticas activas no había evolucionado hasta ahora de forma acorde con el traspaso competencial a las comunidades autónomas en materia de políticas de empleo. Esto implica
que la práctica continuaba regida por un marco obsoleto, un modelo que estaba concebido para una labor de planificación y gestión centralizada, exclusivamente gestionada por el INEM. Seguían existiendo los mismos programas que se hicieron cuando se
elaboraron las competencias. Sobre esos programas se distribuía el dinero y se justificaba con un documento contable que se había gastado el mismo y no se había adaptado realmente al nuevo marco competencial. Además, la falta de adaptación supuso
desde el principio una falta de vinculación clara entre las políticas activas, ahora gestionadas por las comunidades autónomas, y pasivas, que se mantienen a nivel centralizado, toda vez que en el sistema anterior dicha vinculación se consideraba
garantizada porque la gestión era única. Se realizaba a través del antiguo INEM. Ante la imperiosa necesidad de transformación, la reforma del modelo ha tenido que acometerse, acompasando obviamente la transición del cambio del anterior al nuevo
modelo. Una transformación en

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la que, como no podía ser de otra forma, está cobrando un papel especialmente relevante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que reúne a las autoridades laborales autonómicas y estatales. En este marco de colaboración se
ha manifestado un respaldo unánime al nuevo planteamiento y se ha reforzado el trabajo conjunto de todas las comunidades autónomas. Sobre la base de la estrecha colaboración comenzamos a trabajar en el marco que preveía la estrategia española de
empleo aprobada a finales de 2011 por el anterior Gobierno. De hecho, la Ley 56/2003 de empleo recogía, desde su modificación en febrero de 2011, esta estrategia y el plan anual como instrumentos de coordinación básicos en el Sistema Nacional de
Empleo. Este fue, por tanto, el marco que determinaba las pautas para lo que ha sido el primer Plan anual de empleo que aprobamos en 2012. Pero precisamente la elaboración de este hizo evidente la necesidad de reformar la propia estrategia, de ir
más allá e introducir un cambio cultural. Necesitamos pasar de una concepción sobre el cómo queremos hacer las cosas a otra sobre el qué queremos conseguir. Es decir, pensar en términos de resultados.


Señorías, el marco de la estrategia hasta ahora vigente se basa en diez ámbitos, seis objetivos, dieciséis objetivos estratégicos y sesentaiún objetivos operativos. Es un marco complejo, en ocasiones la experiencia nos ha demostrado que
ambiguo y que necesita mejorar. En cuanto al Plan anual de 2012, terminaron recogiéndose quinientas veintisiete medidas distintas, un número que refleja las dificultades heredadas del sistema que les he descrito. Era imposible evaluar, a priori,
si dichas medidas eran excesivas o pertinentes, si eran todas relevantes o si estaban también estructuradas para facilitar una ulterior evaluación. Por ello, considero que la aprobación del PAPE 2012 fue fundamental, primero porque introdujo de
manera efectiva el compromiso con la evaluación, que quedó reflejada en el seno de la conferencia sectorial. Y, segundo y, sobre todo, porque las dificultades en su elaboración pusieron de manifiesto la necesidad de elaborar un nuevo marco para las
políticas activas. Y es que no basta solo con proponerse evaluar, es necesario un sistema coherente y completo, es decir, la evaluación es parte inseparable de la programación, de la ejecución de los sistemas de información que puedan dar soporte a
todo el proceso y, finalmente, de la financiación. Ello implica la transformación de las políticas activas de empleo. Por ello, inspirándonos en el funcionamiento de programas de la Unión Europea, estamos transitando hacia un nuevo modelo cuyas
claves son unos objetivos comunes, la definición de instrumentos para su consecución y un marco, tanto técnico como normativo y financiero, que permita el establecimiento de prioridades, el seguimiento efectivo, la evaluación del impacto y la
condicionalidad de fondos. Gracias al trabajo conjunto con las comunidades autónomas y dando así cumplimiento tanto a la Conferencia de Presidentes autonómicos como a las recomendaciones de la Unión Europea, hemos dado pasos muy importantes en este
camino. El primero fue el Plan anual de empleo 2012, al que ya me he referido y que con sus limitaciones supuso un primer paso en el tránsito a una cultura de la evaluación. El segundo ha sido la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 2
de agosto, del Plan anual de políticas de empleo para el año 2013. Tal y como se planteó en la conferencia sectorial del pasado 11 de abril, este nuevo modelo que juntos estamos definiendo tiene tres piezas claves. En primer lugar, unos objetivos
comunes que identifiquen con claridad qué es lo que queremos alcanzar, es decir, unos objetivos que tanto los de naturaleza estructural y más a largo plazo, como los de naturaleza estratégica y más coyunturales que se complementen entre sí, reflejen
nuestra determinación por impulsar la activación por el empleo. Los objetivos estructurales estarían ligados con la actuación de las comunidades autónomas unida al coste efectivo que se transfirió, y los estratégicos estarían mucho más ligados con
las subvenciones gestionadas que cada año aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, los instrumentos para la consecución de esos objetivos, los servicios comunes y constantes en el tiempo y los programas específicos con
carácter de refuerzo, es decir, una identificación clara de instrumentos capaz de favorecer la toma de decisiones de forma descentralizada y la adaptación flexible en cada comunidad autónoma, todo ello compatible con un catálogo de servicios comunes
para todo el Estado y con el cumplimiento de los objetivos también comunes. Por último, un nuevo marco general que sirva de paraguas, coherente, y que abarque desde la programación y financiación, pasando por la ejecución, hasta el seguimiento y la
evaluación. El plan es el resultado de la puesta en común, que tiene en cuenta las propuestas formuladas por las comunidades autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal, la descripción y el análisis de todas las acciones y medidas,
servicios y programas que las comunidades autónomas y el Estado vamos a poner en marcha conforme a este nuevo marco para la consecución de los objetivos comunes aprobados en la citada conferencia sectorial. Se trata, en definitiva, de un plan
sólido de medidas que compatibiliza la flexibilidad, la adecuación a las especificidades en cada comunidad autónoma, con una arquitectura común que vamos poco a poco a construir conjuntamente.

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La estructura del Plan de políticas activas de empleo del 2013 puede resumirse de la siguiente manera. Todas las aportaciones que han realizado las comunidades autónomas han sumado un total de trescientas cincuenta medidas y acciones
distintas. Además, el plan define y diferencia entre acciones o servicios de naturaleza permanente y básica frente a medidas o programas de refuerzo conforme al nuevo marco de políticas activas, y por primera vez estas medidas y acciones cubren la
totalidad de los importes dedicados a políticas activas, tanto desde la Administración General del Estado como desde las comunidades autónomas, incluyendo aquellas actuaciones que se realizan con los recursos materiales y humanos traspasados en su
momento a las comunidades autónomas; unos recursos que garantizan su autonomía financiera y no vinculados a un fin determinado como tales, no obstante, con frecuencia se destinan a medidas de políticas activas. Piensen, por ejemplo, en el personal
que antes trabajaba para el INEM y que ahora está integrado en el Servicio Público de Empleo en una comunidad autónoma, está trabajando, y está trabajando, evidentemente, haciendo políticas activas de empleo. Es decir, contamos con un plan
riguroso, completo, de medidas de políticas activas para el empleo, y a mí personalmente, cuando vi el documento en el cual se integraban todas las actuaciones que se van a realizar por parte de las comunidades autónomas, me pareció un trabajo de
coordinación importante a efectos de tener un primer documento que sirva de base para conocer qué estamos haciendo y qué se hace en este país en materia de políticas activas.


Este conjunto de medidas se organiza en torno a cuatro objetivos estratégicos planteados en la conferencia sectorial de 11 de abril, que definen las prioridades. Los objetivos son: mejora de la empleabilidad de los jóvenes y fomento del
emprendimiento; mejora de la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, desempleados de larga duración mayores de cincuenta y cinco años y perceptores del Plan Prepara; mejora de la calidad de la formación
profesional para el empleo y mayor vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo. Estos objetivos se suman y están interrelacionados con los veintinueve objetivos estructurales o a largo plazo también identificados y que se ordenan en
torno a seis nuevos ejes de actuación de políticas activas de empleo, seis ejes, por tanto, que ordenan las medidas y acciones de este plan para la consecución de nuestros objetivos comunes. El primer eje es de orientación, está integrado por
cincuenta acciones y medidas diferentes; el segundo eje es de formación, recoge setenta y dos acciones y medidas; el tercer eje es el que más medidas concentra, un total de ochenta y tres acciones y medidas de oportunidades de empleo; el cuarto
eje, hemos recabado veintitrés acciones y medidas para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo; el quinto eje, de fomento al emprendimiento, engloba el 22,6 % de las acciones y medidas presentadas, un conjunto de setenta y nueve
acciones; y, finalmente, el sexto eje es un eje transversal de mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo, integrado por cuarenta y tres acciones y medidas para el 2013. Son acciones y medidas que profundizan en la necesaria
colaboración entre los servicios públicos de empleo.


Quiero de nuevo señalar y subrayar la participación leal y generosa con todos los agentes implicados como una característica fundamental del ambicioso, difícil y complejo proceso de definición de un nuevo modelo de políticas activas en el
que actualmente estamos trabajando, pero deseo ahora llamar su atención sobre otra característica de este proceso que me parece fundamental y definitoria, se trata de su transparencia, ambos rasgos están relacionados y se complementan reforzándose
mutuamente. No creo exagerar si afirmo que por primera vez en el contexto de los trabajos que habitualmente desarrollan las conferencias sectoriales -y se lo digo desde la experiencia de haber pasado al menos por cuatro- hemos logrado que la
información circule de manera libre y transparente en diferentes grupos de trabajo y foros, sean estos presenciales o virtuales. La mejor prueba de ello es que hemos sido capaces de integrar en un solo documento -como les decía antes- el informe
detallado de acciones y medidas del PAPE, que se encuentra a disposición de todos nosotros, el conjunto de las actuaciones, los beneficiarios, el instrumento jurídico asociado a cada una, el coste y su naturaleza económica, así como observaciones
complementarias de las diferentes iniciativas. Constituye, por tanto, un catálogo exhaustivo y detallado, un caudal de información que tiene sin duda un efecto multiplicador que estimula la participación y fomento el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre las diferentes administraciones implicadas.


Con todas estas medidas pretendemos -como decía- avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunes y asimismo profundizar en la cultura de orientación a resultados, pero ello exige evaluación y medición. Por eso, el plan incluye un
conjunto de indicadores que servirán de base para hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de estos objetivos; en aras de la mayor certidumbre y anticipación posible, los trabajos a nivel técnico han sido intensos para contribuir al diseño de
los indicadores para el

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seguimiento y la evaluación del Plan anual 2013. Estos trabajos se han materializado en reuniones y, sobre todo, en los numerosos intercambios a través del foro on line que se abrió el pasado mes de abril. Considero que este foro ha sido
una gran herramienta para favorecer -como ya he señalado- la participación directa, la transparencia plena y, en definitiva, el mayor rigor y fundamentación del set de indicadores que hoy presentamos; unos indicadores basados en esta metodología
abierta y participativa de trabajo, en un proceso inspirado en la comitología de la Unión Europea. De hecho, quiero agradecer una vez más la gran acogida que ha tenido este proceso que ha permitido recibir hasta doscientas treinta y dos
aportaciones de las comunidades autónomas y que ya están preparadas para la siguiente fase de elaboración de los indicadores.


El Plan anual de políticas de empleo para 2013 incluye, por tanto, la definición conceptual de estos veintidós indicadores, uno por cada objetivo estratégico y al menos uno por cada uno de los seis ejes de actuación que ordenan los objetivos
estructurales. Muchos de estos indicadores están formados a su vez por varios componentes. Pongamos un ejemplo, el indicador de la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al emprendimiento. Este indicador se ha diseñado sobre la base de
tres componentes: el primero mide la eficacia de las atenciones recibidas por los jóvenes, es decir, sus resultados en términos de colocación respecto a los jóvenes que se colocan sin recibir atención; el segundo componente mide la cobertura de
las medidas proporcionadas por el Servicio Público de Empleo, número de jóvenes a los que se ofrece un servicio de formación u oferta de empleo respecto del total de jóvenes demandantes de empleo; y el tercer componente mide la mejora que supone
las medidas de apoyo al emprendimiento en comparación interanual. Por tanto, es un indicador completo y riguroso y fundamentado que recoge tanto la eficacia como la intensidad de las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, por
un lado, y por otro, las mejoras producidas sobre la base de medidas de apoyo al emprendimiento.


Todo el intenso trabajo común, al que me refería, es la mejor garantía para la robustez de nuestros indicadores de nuestro nuevo modelo y ha sido la clave para permitir que en tan solo unos meses contemos con un sistema sólido. Lo he dicho
como cinco veces pero quiero volver a poner de manifiesto en esta sala el agradecimiento al trabajo que en el seno de la conferencia sectorial se ha realizado de forma responsable por todas las comunidades autónomas y el Estado, porque creo que de
verdad ha sido un ejemplo de actuación de lo que debe ser el marco de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. En definitiva, este ha sido el núcleo del nuevo modelo, que no es otro que la orientación a resultados, la definición de
los indicadores. Como decía al principio, el Plan anual de políticas activas 2013 es una pieza fundamental en el proceso gradual de transformación y de cambio de cultura de políticas activas que iniciamos el año pasado y que requerirá de otras
actuaciones, tanto técnicas, financieras y normativas, para ordenar y formalizar esta nueva forma de trabajo, para completar el nuevo marco. Ello nos permitirá pulir definitivamente la terminología y las definiciones, ganaremos en claridad y por
ende en calidad y conseguiremos poner en su prestigio justo el conjunto de políticas activas que ahora mismo en este país, muchas de las que se conforman en él, no gozan de ese prestigio social. Entre estas actuaciones quisiera destacar la
elaboración de una serie de reglamentos que den soporte a nuestra incipiente arquitectura común. Un reglamento de servicio que sobre la base de los objetivos estructurales que hemos definido conjuntamente permita detallar y definir estos servicios,
sus tipologías rasgos, así como la codificación en nuestro Sispe, que es el sistema integrado de información, para conformar un verdadero catálogo de servicios comunes. Un reglamento de empleo para detallar los aspectos funcionales, tipología o
concreción de los programas específicos y un reglamento de formación que sistematice todos los avances que se han realizado en este ámbito, tanto en el subsistema de formación profesional para el empleo, como la normativa de certificados de
profesionalidad mediante el nuevo modelo de formación profesional dual. Para consolidar estos avances, resulta crucial un sistema de información a la altura, por ello se continúa trabajando en el seno del sistema de información de los servicios
públicos de empleo, en el Sispe, en la implementación de una base de datos que recoja la totalidad de medidas y beneficiarios de políticas activas de empleo que permita nutrir en el futuro una cuenta-formación y en última instancia una
cuenta-empleo. Se trata de un sistema de información común que constituye uno de los pilares del nuevo modelo de políticas activas, ya que permitirá conocer qué servicios ha recibido, qué beneficiarios, sus costes reales y su impacto. Todo ello,
junto con las implicaciones generales del nuevo modelo de programación, financiación y evaluación de las políticas activas, requerirá en algunas adaptaciones de la Ley de Empleo y requerirá, también, tal y como recojo en nuestro programa nacional de
reformas, superar el marco reciente, pero que la experiencia ha puesto de manifiesto que tenemos que mejorar, con la elaboración de una nueva estrategia de activación para el empleo 2014-2016. En definitiva, hemos iniciado una reforma

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en profundidad del sistema y de la cultura de políticas activas en la que debemos seguir trabajando. Este trabajo, a la vista de los importantes progresos realizados, debe contar con la colaboración y la suma de esfuerzos, como ya he dicho
muchas veces, como pieza clave del éxito.


Señorías, creo que hay un evidente compromiso con un cambio cultural en la forma de hacer las políticas activas de empleo. Me hubiera gustado que hubieran conocido de forma interna lo que se ha hablado en la conferencia sectorial, en la que
de forma unánime, todos los representantes de las comunidades autónomas, apoyan esta nueva cultura en materia de empleo. Es un compromiso que nace de la profunda convicción de que es preciso situar la cultura de la evaluación en el núcleo del
sistema, primando la eficacia, la optimización y el rigor para tomar decisiones más inteligentes que favorezcan las oportunidades de empleo de los trabajadores. Si importante es la evaluación, el segundo de los ejes de esta ambiciosa reforma de las
políticas es la calidad, porque avanzamos haciendo políticas más modernas, que se adecuen a las necesidades reales de trabajadores y empresas. Estamos tomando medidas innovadoras, proyectos en el ámbito de la intermediación laboral, en particular a
través de un acuerdo marco para la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación. Sobre la base que ya se aportó a la reforma laboral, y tras la necesaria modificación de la normativa de contratos del
sector público, el pasado 13 de agosto se publicó este acuerdo marco. Es un acuerdo que combina una arquitectura común para todas las comunidades autónomas que voluntariamente se han adherido y suficiente margen de flexibilidad para la adaptación y
las necesidades específicas a cada territorio y colectivo. Es un acuerdo para favorecer el aprovechamiento de sinergias que puedan surgir de los conocimientos y la experiencia de los agentes privados y públicos, cuyas ventajas ya recogía el Decreto
1542 de 2011, por el que se aprueba la estrategia española de empleo. Se trata, en definitiva, de agilizar la casación de ofertas y demandas de empleo, que todos puedan sumar, se trata, en definitiva, de reforzar la actuación de los servicios
públicos de empleo. Por ello, el acuerdo marco propone una preselección de agencias de acuerdo con criterios técnicos y económicos transparentes, así como un conjunto de principios comunes para estos proyectos de colaboración entre agencias
privadas y servicios públicos de empleo, pero compatible con el necesario margen para la adaptación a las especificidades autonómicas. Se trata de un acuerdo inspirado en el éxito de medidas que se han llevado a cabo en Holanda o en Reino Unido,
entre otro, basado en tres premisas: la eficacia en la colocación, la eficiencia en la selección de proveedores y el seguimiento continúo de la actividad de intermediación e inserción.


Quizá lo más destacado del acuerdo marco es que recoge el espíritu del nuevo enfoque de políticas activas de colaboración, eficiencia y esfuerzo compartido. De hecho, han sido numerosas y muy valiosas las aportaciones de las comunidades
autónomas en la fase de diseño. Se han introducido veintisiete modificaciones de las propuestas, que han sido treinta y dos; es decir, el 84,3 % de las observaciones realizadas por las comunidades autónomas están recogidas en el acuerdo marco,
porque queríamos que este fuese la arquitectura común en materia de colaboración público-privada de todos. Además, la gran mayoría de las comunidades autónomas, catorce de ellas, se han adherido de manera voluntaria a este marco común, habiendo
colaborado también todas ellas en el diseño del mismo. A este acuerdo se sumará el futuro portal único de empleo como elemento de transparencia y movilidad en nuestro mercado de trabajo. Es un proyecto en el que se está trabajando a nivel técnico
y en el que tengo una profunda confianza, puesto que permitirá dotar al mercado laboral español de una herramienta moderna que permita dar la máxima difusión posible a ofertas de empleo y de formación y agilizar con ello la transición al empleo,
respetando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el marco competencial de las comunidades autónomas.


El tercero de los grandes ámbitos de nuestra actuación es el de la transformación de la formación para el empleo sobre la base de las novedades de la reforma laboral. Señorías, han sido muchos los cambios operados sobre un sistema que
estaba alejado por la inercia de la realidad productiva; en más de un 85 % de los casos la formación no tenía incidencia, según los estudios de los que disponemos, sobre el desarrollo profesional de los trabajadores. Se centraba casi
exclusivamente en materias transversales, sin hacer énfasis en los sectores con mayor potencial de empleo y que resultaba digamos, permítanme la expresión, endogámico, con una dudosa estructura de incentivos. La reforma laboral introdujo por
primera vez la posibilidad de que los centros privados de formación pudieran competir directamente en la obtención de fondos públicos para la ejecución de programas de formación. Posteriormente se pasaron a definir áreas prioritarias acordes a las
profesiones de futuro como son la internacionalización o las nuevas tecnologías. Se potenció la teleformación y se definió detalladamente una nueva metodología técnica para la valoración de los proyectos. En definitiva, eficiencia, concurrencia y
transparencia en la formación

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profesional para el empleo; premisas que han permitido que los resultados de 2012 hayan sido positivos. Por ejemplo, el número de planes que se han presentado a la convocatoria de fondos para programas de formación se ha multiplicado por
2, y por 5,5 en la convocatoria específica para la formación de jóvenes. Además, ha aumentado también el alcance de estos programas; en concreto, se han doblado los beneficiarios en la convocatoria específica de jóvenes. Sobre esta base hemos
profundizado, mediante un proceso de interlocución continua, con los agentes sociales para la definición de las convocatorias de 2013. También con los agentes sociales continuamos trabajando a día de hoy en una mesa de negociación para alcanzar lo
que constituirá el quinto acuerdo nacional de formación para el empleo. Trabajamos para mejorar la formación, que es sin duda la mejor garantía de oportunidades de empleo a largo plazo.


Por último, unas políticas activas eficaces requieren el establecimiento de prioridades. Con una tasa de desempleo del 56 % en empleo juvenil no podíamos sino otorgar un lugar destacado a los más afectados por la crisis económica. Para
ello, antes incluso de que llegasen a formalizarse las recomendaciones europeas de desarrollar una garantía juvenil, elaboramos la estrategia de emprendimiento y empleo joven tras un proceso de diálogo también intenso con los interlocutores
sociales; una estrategia con cien medidas de choque y de más largo plazo, que atienden a un diagnóstico difícil y muchas veces complicado de la situación a la que se enfrentan los jóvenes en nuestro país. Una tasa de abandono escolar en torno al
26 %, que dobla los valores de la Unión Europea, y un desajuste de competencias por falta de cualificación intermedia de los jóvenes son razones más que suficientes para diseñar medidas potentes que ofrezcan soluciones de futuro. No me voy a
detener a analizar las cien medidas, aunque daría respuesta a una de las partes importantes que están desarrollando ustedes para fomentar el empleo en este país, pero sí me gustaría indicarles que hemos buscado un conjunto de medidas específicas
para cada uno de los perfiles de los jóvenes. El grupo de los jóvenes ni-ni, que son aquellos que ni estudian ni trabajan, ni reciben ningún tipo de formación. Según datos de Eurostat, en nuestro país el 18,5 % de los jóvenes se encuentran en esta
situación. Esta cifra, no obstante, se reduciría en España al 3,5 % si descontamos los que sí buscan empleo y una oportunidad laboral. Aquellos jóvenes que no tienen formación porque abandonaron el sistema educativo de forma prematura, muchos
atraídos por la oferta de empleo en sectores que hoy no ofrecen oportunidades. En España hay 450.000 jóvenes desempleados que no han concluido la enseñanza secundaria obligatoria. Jóvenes que tienen formación pero que necesitan experiencia. En la
actualidad están en las listas de desempleo 339.635 desempleados con titilación suficiente para un contrato en prácticas. Jóvenes que no tienen experiencia profesional. Hoy en España hay registrados 398.547 jóvenes desempleados sin empleo anterior
o con una experiencia laboral inferior a los tres meses, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal. El objetivo de las medidas que hemos configurado es romper el círculo vicioso de: no me contratan porque no tengo experiencia, no tengo
experiencia porque no me contratan. También hay parados de larga duración, es decir, que llevan más de un año en situación de desempleo y que a día de hoy son 256.698; jóvenes que reciben prestaciones por desempleo, que son 215.505; jóvenes
emprendedores o, en general, para todos los jóvenes en situación de desempleo inscritos en los servicios públicos que superan el millón de jóvenes. Ante todo hemos diseñado medidas para ofrecer oportunidades a todos ellos en función de cuál sea la
situación en la que se encuentran. Quisiera poner en valor en este sentido los más de 68.000 contratos para la formación y el aprendizaje que se han registrado en el año posterior a la reforma laboral y que están permitiendo a los jóvenes
compatibilizar el aprendizaje teórico con su aplicación en la práctica en el seno de una empresa. Son contratos que favorecen la productividad empresarial al tiempo que refuerzan el capital humano de los trabajadores, especialmente de los de menor
cualificación. Igualmente, quisiera poner en valor los 80.000 jóvenes que, gracias a la puesta en práctica de las medidas de la estrategia de emprendimiento de empleo, tienen una oportunidad.


Señorías, concluyo mi exposición inicial diciendo que la recuperación del empleo constituye la máxima prioridad para el Gobierno y son muchas las medidas que se están poniendo en marcha para favorecer ese objetivo. Estas medidas conforman
una estrategia de activación para el empleo, complementan la reforma laboral y avanzan hacia un mercado de trabajo más flexible y eficiente; un mercado laboral dinámico y adaptado a las necesidades de un nuevo modelo económico más competitivo. Son
medidas, en definitiva, que forman parte de la estrategia de reforma del Gobierno que nos están permitiendo recuperar la senda de crecimiento económico y así lo pone de manifiesto la valoración favorable que han realizado en los últimos días
organismos, instituciones nacionales e internacionales, desde el Banco de España hasta la OCDE o Morgan Stanley, que recientemente alababa la capacidad de España de llevar a cabo las reformas necesarias en su informe La nueva España. También en
fechas recientes el presidente

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de la Comisión Europea ponía a España como ejemplo de éxito por su esfuerzo reformista y los avances que se están logrando. El próximo viernes se presentará la revisión del cuadro macroeconómico con las previsiones del Gobierno fruto de las
mejoras que se vienen observando.


Señorías, no quisiera terminar mi intervención sin decir, primero, que queda mucho por hacer y remarcar que el empleo continúa siendo el objetivo prioritario del Gobierno y que tenemos una hoja de ruta ambiciosa e intensa por delante, una
hoja de ruta diseñada desde la profunda convicción de que ahora más que nunca es imprescindible acometer reformas. Y en esta hoja de ruta es necesaria la suma de todos, la colaboración profunda de las comunidades autónomas. Hay mucho en juego, son
necesarias reformas y medidas que permitan fortalecer esta incipiente recuperación y el modelo de políticas de activación para el empleo que hemos puesto encima de la mesa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su extensa e importante intervención.


A continuación, es el turno de los grupos parlamentarios. Por Convergència i Unió tiene la palabra su portavoz, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora secretaria de Estado, por su información y por la comparecencia.


He de empezar diciendo que mi grupo no tiene la impresión de que estemos ante una nueva política en esta materia y, es más, respecto a aquello que existía en este ámbito hasta que ustedes empezaron a gobernar, hemos retrocedido en dos
aspectos sustanciales, y a ello me referiré. He de recordar que usted ha hecho referencia de pasada a este cambio, que fue en la anterior legislatura, fruto de un acuerdo del Grupo Vasco y de Convergència i Unió con el Ministerio de Trabajo y el
Grupo Socialista, con el anterior Gobierno, donde pasamos de ese modelo de políticas de empleo reguladas por el Estado a un modelo basado en objetivos y en libertad de las comunidades autónomas para desarrollar esas políticas. Ese modelo, que fue
concretado en la estrategia de empleo que se aprobó entonces, necesitaba la puesta en marcha por parte del nuevo Gobierno a partir de esa legislatura. No fue esa una negociación fácil porque durante muchos años el Servicio Público de Empleo Estatal
se había resistido a ese cambio de paradigma. En estos momentos se está desarrollando esa política, pero fíjese que ahí, en relación con aquello que se pretendía en 2011, que era dar libertad a las comunidades autónomas para que desarrollasen las
políticas específicas a sus necesidades territoriales, se está produciendo un retroceso.


Usted ya nos ha anunciado tres reglamentos distintos -uno sobre servicios, otro sobre empleo y otro sobre formación- y, además, a través de la metodología de objetivos, ustedes están dejando menos libertad de actuación en la práctica a las
comunidades autónomas y, a través del acuerdo marco con las agencias de colocación, están utilizando su poder de gasto para obligar a las comunidades autónomas a adaptarse al modelo que han diseñado. Por eso no es casualidad que Andalucía, el País
Vasco y Cataluña no hayan suscrito ese acuerdo marco. Por tanto, en términos de libertad para las comunidades autónomas, porque desde esa libertad puedan dar respuesta a los problemas del desempleo, no se ha producido un avance respecto a aquello
que teníamos en 2011, al contrario, se ha producido un retroceso. Pero lo más grave en esta materia es que, además, en la configuración de cuál es el gasto en las políticas de empleo tampoco ha habido cambio respecto a aquello que era objeto de
crítica en 2011 en términos de comparación con otros Estados de la Unión Europea. Continuamos gastando mucho más en políticas pasivas que aquello que estamos gastando en políticas activas y en políticas activas somos los que más gastamos en
bonificaciones a la contratación y menos en reforzar los servicios públicos de empleo para poder desarrollar las políticas de orientación, acompañamiento, reciclaje, etcétera, a los desempleados.


La principal crítica que se había hecho desde siempre a la configuración de la política pública española en esta materia era esa desproporción del gasto en políticas pasivas respecto a políticas activas y concentración del gasto en
bonificaciones. En lo que llevamos de legislatura, inicialmente ustedes redujeron las políticas activas de empleo que desarrollan las comunidades autónomas: piense que tan solo en Cataluña han reducido el presupuesto en un 57 %; un 57 % menos de
recursos para que el Servicio Público de Empleo de Cataluña pueda orientar a los desempleados, acompañarlos y facilitar su empleabilidad. Por tanto, su nueva política es peor que la que teníamos anteriormente. Incrementan el gasto en
bonificaciones. Esa cifra de 30.000 millones de euros, que usted y la ministra utilizan para justificar el recorte en las políticas de empleo, la formulan en términos de la poca eficacia de esas políticas e incluso citan -hoy no lo ha hecho- un
informe de la Agencia de evaluación de las políticas públicas y un informe aprobado por esta Comisión en la pasada legislatura donde la ineficacia se refería a las

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políticas de bonificación y se ponía el acento precisamente en esas políticas que son desarrolladas por los servicios públicos de empleo, directamente por ellos o en colaboración con otros actores de carácter privado, con ánimo de lucro o
sin él. Y, fíjese, todas las recomendaciones que la Unión Europea está trasladando a España -las recomendaciones de la Comisión y las del Parlamento Europeo- ponen el acento en reforzar el papel de los servicios públicos de empleo. La pregunta es:
¿qué medidas ha tomado el Gobierno en un contexto de reducción de los recursos de las políticas activas de empleo, de no renovación de los contratos de los orientadores profesionales, que son fundamentales para desarrollar estas políticas, para
reforzar el papel de los servicios públicos de empleo? Nuestra impresión es que ninguna, y nos amenazan con un nuevo proceso de regulación desde el Estado de esa libertad de las comunidades autónomas para operar.


Quizá, señora secretaria de Estado, el gran cambio que necesitamos en esta materia es que se cierre el Servicio Público de Empleo Estatal y que se proceda a que los recursos que gestiona dicho servicio, que son los recursos de las políticas
pasivas de empleo, sean gestionados por parte de las comunidades autónomas. La sentencia de 23 de mayo avanza en una línea clara, esa línea en la que la eficacia de la vinculación entre las políticas activas y las políticas pasivas pasaría por que
sea un mismo gestor quien gestione unas y otras y que tengan más incentivos las comunidades autónomas para poder gestionar con mayor eficacia esas políticas de empleo a través de la reducción también del gasto del coste por el desempleo. Ésa es la
línea a recorrer. Insisto, la sentencia de 23 mayo apunta en esa dirección. Además, señora secretaria de Estado, usted no ha comentado un hecho, que no es menor, y es que a 24 de septiembre de 2013 no han procedido a transferir los recursos de las
políticas activas de empleo que deben gastarse este año. El Gobierno de la Generalitat ha sacado la convocatoria para poder desarrollar sus políticas de empleo -si no recuerdo mal de cerca de ciento noventa y pico millones de euros- sin tener ese
dinero en la caja de la Generalitat y con ciertas incertidumbres sobre si eso va a cobrarse antes de final de año. Lo encuentro escandaloso. Además, existe un rumor que corre insistentemente que es si para 2014 esos recursos van a existir. Sería
bueno que hoy martes, y antes de este viernes, la secretaria de Estado confirmase que en los Presupuestos Generales del Estado van a existir recursos para las políticas activas de empleo y que se ha iniciado la senda para recuperar el gasto en estas
políticas.


He de recordarle -y no es precisamente un periódico marxista-leninista- que el The Financial Times, cuando ustedes aprobaron los presupuestos de 2012, se escandalizó por el recorte que ustedes habían producido en las políticas de empleo. Es
inconcebible que en una crisis como la que estamos viviendo, con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, con un número creciente de parados de larga duración, con un perfil de muchas de las personas desempleadas con déficit de formación,
su opción sea recortar las políticas de empleo o que su opción sea destinar más gasto de la política para formación de los trabajadores ocupados al reciclaje profesional de los trabajadores desempleados. Eso pone incluso en riesgo a esos
trabajadores ocupados a los que en la reforma laboral les garantizamos el derecho a la formación con la idea de que, si en algún momento pierden su empleo, tengan una empleabilidad que les permita volver a encontrar empleo, estamos reduciendo la
capacidad de invertir en su formación permanente porque estamos financiando la formación de los desempleados con los recursos de los trabajadores ocupados. Eso se inició en la pasada legislatura, y nos parece una política equivocada.


Termino, señora secretaria de Estado, con dos preguntas. Por un lado, discapacidad. El actual modelo de financiación del empleo protegido es insostenible. En el caso de Cataluña con los recursos que ustedes nos transfieren es imposible
garantizar la subvención salarial del 50 % del SMI de los trabajadores en los centros especiales de empleo. Es imposible. El déficit es cerca de 42 millones de euros. Eso debe corregirse si no quieren poner en riesgo el tejido de economía social
que permite garantizar en Cataluña más de 8.000 personas ocupadas en los centros especiales de empleo. En este sentido, ¿cuál es la previsión del Gobierno en relación con el proyecto de ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad al
que está comprometido?


No podré escuchar su réplica. El señor Picó se incorporará en su momento, y espero que nos aclare las cuestiones que nos preocupan.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz de La Izquierda Plural don Joan Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: En un contexto con el 27 % de desempleados y 6 millones de parados en el que la reducción de la población ocupada en los últimos doce años es mayor aún que en los doce años anteriores a la reforma laboral, sin
duda las políticas en empleo son importantísimas, lo son

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siempre, pero lo son más en estos momentos para cumplir sus dos funciones: hacer más fluidos los flujos y la casación entre oferta y demanda, pero, sobre todo, contribuir a que, de aquellos colectivos que por sí mismos no pueden acceder al
empleo, lo puedan hacer los que están en mayor riesgo de exclusión.


Déjeme que le diga que en este contexto sin duda el eje de las políticas activas de empleo está situado en otro ámbito, en otro vagón de la política del Gobierno, fundamentalmente en dos vagones que están en vía muerta, que son el del
crédito, sin crédito es imposible; y sobre todo con las políticas restrictivas que están asfixiando el consumo en un país donde tres de cada cuatro puestos de trabajo dependen del consumo empleo. El empleo no crece ni va a crecer por muchos
masajes que ustedes le den con las llamadas políticas activas de empleo mientras no se resuelva el problema de fondo. Usted nos ha presentado el que se conoce como PAPE 2013, y me ha costado saber exactamente a qué siglas respondía y escuchándola a
usted ya lo he entendido, es el plan adanista de políticas de empleo. A partir de ahora, empieza el mundo de las políticas de empleo. Además, la música es dulce, la letra es bonita, los hechos están maravillosamente construidos, pero están por
ver. Si aquí hubiera un italiano, señora secretaria de Estado, le diría aquello de tra il dire, il fare, después de decir, hacer. Eso es lo que, desgraciadamente, no está pasando.


En cuanto a su plan de empleo, con toda la buena voluntad del mundo, es imposible estar en contra de todas esas cosas tan bonitas que usted ha dicho como eficiencia, eficacia y atención a las personas con mayor riesgo. Es tan encantador
todo que es imposible estar en contra. Pero vamos a ver los hechos. El PAPE 2013 nace con vicios de origen que condicionan negativamente su ejecución y su utilidad. Hay que recordar que se publica el 28 de agosto, es decir, transcurridos ocho
meses del año y que en estos momentos quienes tienen que ejecutarlo no disponen aún de los recursos. Estamos a 24 de septiembre y han pasado nueve meses. Se aprueba sin diálogo social. Usted ha vuelto a usar el nombre del diálogo social en vano,
lo utilizan siempre. Es decir, cada vez que machacan el diálogo social se llenan la boca de ello. Le recuerdo que el mismo día 2 de agosto los sindicatos más representativos de este país denunciaron que ustedes les presentaron el plan el 24 de
julio, el 2 de agosto lo aprobaron sin tener en cuenta sus aportaciones y lo publicaron el 28 de agosto. Su plan no tiene lo mínimo que tiene que tener una cosa de estas para poder decir que además se cambian las cosas, que es una mínima evaluación
de lo que ha pasado en 2012. Si usted no me desmiente, por no tener no tenemos ni la ejecución presupuestaria de ese periodo. Sin duda, con eso volvemos otra vez a lo mismo.


Déjeme que le diga -y me gustaría que se lo transmitiera a la ministra- que ustedes no pueden continuar presumiendo de ser los primeros gobiernos del mundo que hacen evaluaciones de las políticas. Nos lo dijeron con el Prepara -después de
haberlo dicho, no sabemos qué ha sido de aquello- y nos lo ha vuelto a decir con la reforma laboral en un documento balance, que es más un documento de agitación y propaganda que un balance real.


Déjenme decir otro cuarto elemento que creo que sitúa negativamente al tema. Ustedes aprovechan este plan de nuevo para una intromisión importante en las competencias de las comunidades autónomas -se lo ha dicho el diputado Campuzano
anteriormente-, pero es mucho peor desde el punto de vista de los usuarios, porque en estos momentos el plan no identifica cuál de las funciones, de las competencias y de los objetivos que ustedes dicen perseguir es responsabilidad de los niveles de
las administraciones públicas y eso es básico para los ciudadanos, saber a quién le pueden exigir las cosas.


Permítame que le diga que ustedes cometen algunos errores del pasado, pero con más confusión. Gastan menos, gastan peor y gastan con criterios erráticos y, además, más tarde que nunca. Les recuerdo que ustedes empezaron en esta legislatura
rechazando la filosofía de las bonificaciones para el empleo a la contratación, recogiendo el famoso informe Toharia, que demostró que durante todo este tiempo hemos estado tirando el dinero con las bonificaciones a las contrataciones. Ustedes lo
rechazaron en principio, durante el año pasado cambiaron tres veces de criterio y hoy sus políticas de bonificaciones es una jungla donde hay que abrirse paso a machetazos para encontrar algún criterio objetivable. Tengo un profundo convencimiento
por mi múltiple experiencia laboral en muchos ámbitos en cuanto a las relaciones laborales y es el siguiente, señora secretaria de Estado. Por favor, tengan en cuenta ustedes y todos los que vayan a gobernar este país en el futuro que en el actual
contexto del mercado de trabajo las bonificaciones al empleo son como ir a buscar agua con un cesto de esparto, le echas agua y se va derramando y perdiendo. Eso deberíamos utilizarlo para hacer otras cosas. Se lo hemos dicho muchas veces, por
ejemplo, para mejorar los programas individualizados. ¿Quién está en contra de los programas de atención individualizada? Nadie. ¿Se puede hacer con una estructura de los servicios públicos de empleo, con los recursos que eso supone? Han
reducido ustedes de 7.000 a 3.800 millones

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los recursos disponibles y están asfixiando a las comunidades autónomas, porque, además, el ajuste no es proporcional, sino que ha jibarizado más a las comunidades autónomas y ha hecho un cuerpo de las políticas públicas de empleo bastante
deforme.


Déjenme que les diga una cosa -se lo he dicho ya al señor Campuzano- y es que ustedes -esto es muy grave y hay cosas que se pueden intentar cambiar el año que viene- con su trato a todos los proyectos que tienen que ver con las iniciativas
sociales de tratamiento de la discapacidad, de los colectivos en especial situación de exclusión, están hundiendo el trabajo de treinta años. Se están cargando instituciones de treinta años y eso no requiere tantos recursos, sino gastar mejor. A
ver si es verdad eso que usted dice tanto, y su ministra también, de que gastar más no es gastar mejor; pues a ver si gastar menos sí que es gastar mejor. Al menos no hundan ustedes proyectos con los que llevan treinta años trabajando, con el
esfuerzo de iniciativas sociales desde este ámbito.


Tengo que decirle que nos parece tremendamente positivo su planteamiento de situar objetivos cuantificables y evaluables, con la condición de que eso se cumpla y de que eso no sea un mecanismo -desgraciadamente, me parece que así puede ser-
para que aquellas comunidades autónomas que aún no han recibido nada y que van a ver condicionado -creo que hasta el 40 % de sus partidas antes de 2015- al cumplimiento de esos objetivos, y a finales de año aún reciban menos, sobre la base de no
haber cumplido los objetivos. ¿De verdad cree usted que puede exigir objetivos a las comunidades autónomas cuando el plan se aprueba el 28 de agosto y el 24 de septiembre aún no se han entregado los recursos? Para ser tan perfectos en la
modulación de los planes, en teoría, hay que ser un poco más coherente en su ejecución. Desde ese punto de vista, el planteamiento es correcto, pero sin duda su plasmación concreta no puede ser.


Para ser útil, le pido, señora secretaria de Estado, que hagamos lo siguiente, que dediquemos unas cuantas sesiones de esta Comisión a una reflexión en profundidad sobre cuál debe ser la orientación de las políticas de empleo en ese sentido.
Voy a intentar resumir la aportación que les puedo hacer. En un contexto con tanto desempleo -6 millones de desempleados-, desgraciadamente, los mecanismos que tienen las personas para encontrar empleo pasan mucho por mecanismos informales porque
no pueden esperar al funcionamiento de los formales, para España y para el extranjero. La gente que tiene movilidad exterior está buscando mecanismos de todo tipo para salir al exterior a buscar. Ahí es imprescindible dejar de disparar la
perdigonada y disparar con mira telescópica. A mí no me sirve de nada que usted identifique en este plan de empleo los colectivos de los jóvenes, los mayores de cincuenta y cinco años y los parados de larga duración, porque esos son 6 millones de
parados y con los recursos que hay eso no se puede dirigir. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dirigimos esos escasos recursos, además de ampliarlos, a aquellos colectivos con mayor riesgo de exclusión social, a los cuales los mecanismos
informales y los propios mecanismos del mercado de trabajo estructurados como tal jamás les van a ofrecer una oportunidad? Porque estas personas no solo tienen el riesgo de no encontrar trabajo, sino también de entrar en situaciones de exclusión
que son personal y socialmente mucho más duras y que al final terminan costando más caras. Concentremos lo que tengamos. Yo le voy a pedir que tengamos más recursos, pero los que tengamos concentrémoslos muy bien. En 2014 no debe haber
bonificaciones a la contratación, salvo para colectivos muy específicos en los que nos tengamos que poner de acuerdo; lo otro es tirar el dinero, señora secretaria de Estado, y lo demostró el informe Toharia hace ya mucho tiempo. Desgraciadamente,
no se tuvo en cuenta, porque es muy bonito para un gobierno hacer agitación y propaganda, sea del color que sea, explicando que va a ayudar a la contratación. ¿Qué ayuda a la contratación? El empleo, que se crea y se destruye, pero no vía
bonificación. Si no hay empleo, no hay mecanismos para colocar a las criaturas. Creo que estamos tirando el poco dinero que se utiliza en ese tipo de cosas y se lo planteo. Todas las políticas, bonificaciones, intermediación, asesoramiento y
formación deben focalizarse en esos objetivos.


¿Qué es lo que no se debe hacer? Hay cosas que ustedes plantean en el PAPE 2013, y yo creo que no deben hacerlo. Las iniciativas dirigidas a impulsar el emprendimiento deben ir orientadas a las actividades de promoción del empleo del
Ministerio de Economía, si se me permite la expresión. No se deben cargar aquí. Ya sé que el emprendimiento también es empleo, pero no se pueden cargar sobre este departamento, sobre esa partida. Sobre todo hay una cosa que podrían hacer ustedes,
además de concentrar todos esos recursos, entender que eficiencia en el gasto sí, pero ahorro no. Por ejemplo, uno de sus objetivos me parece una barbaridad. Plantear priorizar que se incentive la colocación de aquellas personas que tienen
prestación no va orientado a un objetivo de eficiencia económica, sino a ahorro en el gasto y se comete una injusticia porque se hunde en el pozo a aquellos trabajadores de larga duración sin subsidio, que, como no son un ahorro para el sistema,
cada vez están más enquistados desde ese punto de vista.

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Si de verdad usted está dispuesta a abrir el planteamiento, vamos a poder aportar algunas cosas. En relación con los servicios públicos de empleo, se han reducido los recursos para las comunidades autónomas; en cambio, tienen ustedes
recursos para privatizar. Fíjense ustedes bien, no solo para contratar a agencias de colocación, sino para permitirles, con la última reforma, la subcontratación. O yo entiendo muy mal el negocio de estas empresas o si ha de vivir, porque al final
es un negocio, la empresa, la agencia de colocación con la que ustedes tienen el contrato-programa más aquella a la que se subcontrata, no parece que eso sea una utilización correcta de los recursos; lo mejor será concentrarlos y que no pasen
tantas manos por ahí, que no utilicen tantos recursos.


Termino con una sugerencia que le hago para el año que viene porque este año está todo el pescado vendido. Discutir sobre el PAPE 2013 en estos momentos es una ucronía política como la altura de la Torre Eiffel. Sugiero lo siguiente para
el año que viene, a ver si podemos ayudar. Hagan un balance del 2012, que no está hecho, a ver si de verdad hay tanto adanismo en su plan, con ejecución presupuestaria; inicien ahora un proceso de dialogo social con los interlocutores sociales y
con las comunidades autónomas para el PAPE 2014 y tráigannos el resultado de este proceso en forma de anteproyecto, discutámoslo y que lo apruebe el Gobierno antes de finalizar el año 2014. Es lo único sensato que se puede hacer. Y le haré un
último comentario, señora secretaria de Estado. Un lapsus lo puede tener cualquiera, pero, por favor, no repita usted lo de los ni-ni, usted no. Usted es la única que no puede hacerlo. Ni-ni es una expresión que, además de estigmatizadora en
relación con esos colectivos, no describe nada, porque los que ni estudian ni trabajan son los mayores de dieciséis años que no han terminado sus estudios con condiciones adecuadas y son los doctores en Física, con seis másteres y veinte idiomas,
que ni estudian porque lo han estudiado todo ni trabajan porque no tienen trabajo. Los ni-ni no explican nada en términos de políticas de empleo y encima son estigmatizadores. Le pido, por favor, que usted no lo haga.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señora secretaria de Estado, le damos la bienvenida a esta Comisión, en la que tenemos que lamentar que se prodigue usted poco, y vaya por delante que a mi grupo le gustaría tener la ocasión de dársela más a
menudo, pues entre comparecencias sin atender y preguntas sin responder sobre asuntos que se inscriben en el ámbito de su responsabilidad permítame que le diga que no estamos asistiendo a que esta Comisión ejerza la función que le corresponde en el
ámbito de control parlamentario, cuando precisamente una gestión como la que le compete es del máximo interés no solo para mi grupo, sino que afecta en buena medida a una de las principales, si no la mayor aspiración de los ciudadanos de este país
en este momento, como es el empleo. Confío en que reconsidere usted venir más asiduamente cuando repase las peticiones de información, y se lo agradeceremos todos los grupos.


Antes de entrar en materia, tengo que hacerle otro ruego; y lo siento, pero se nos acumula la tarea. No creo que sea necesario, señora secretaria de Estado, que me esfuerce aquí en explayarme sobre la dramática situación de desempleo que
vive nuestro país ni sobre la desesperación que ello provoca en cientos de miles de familias y millones de ciudadanos. En este contexto, mi grupo entiende que se impone extremar la responsabilidad y el rigor. Puede que no esté en su mano ni mucho
menos atemperar la euforia con la que se evalúan los datos de evolución del paro que se van conociendo por parte de miembros del Gobierno del Partido Popular, pero sí es usted responsable de custodiar una información que no merece ser anticipada
para su uso partidista por ningún responsable político ajeno al Gobierno. Ninguna cifra, tampoco la de 31 desempleados menos, puede ser adelantada en un acto partidario, como hacía hace poco la secretaria general del Partido Popular. Es un hecho
que hemos denunciado y que esperamos que no se repita. Y tenga en cuenta no el ruego ya de este grupo, que debe tenerlo en cuenta, sino la frustración que añade a la desesperación de esas cientos de miles de familias que, desgraciadamente, no se
ven reflejadas en esa cifra.


Paso al tema que nos ocupa. Nos presenta usted el Plan anual de empleo para 2013, en vigor desde hace catorce días. Lo primero que cabe destacar, además de la fecha de su aprobación, señora Hidalgo, es qué ha pasado en el Plan 2012, ya que
no se nos presentó tras su aprobación -por cierto, también en la segunda mitad del año-, al menos, nos gustaría conocer con un poco de detalle los resultados de su ejecución. Ya que hacen ustedes tanto hincapié en algo, que, por otra parte, no es
novedad, pues estaba recogido en la estrategia de empleo y en el Real Decreto 3/2011, de reforma de las políticas activas, que ustedes votaron a favor, como es la evolución, nos gustaría conocer qué conclusiones materiales, no formales, en cuanto a
su gestión, ha extraído el Gobierno de las medidas puestas en marcha sobre su

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idoneidad en función de los impactos que han tenido en los distintos ámbitos de intervención de ese plan. Es una cuestión que nos interesa, máxime cuando de este Plan 2013 se extrae que han iniciado ustedes con él -cito textualmente sus
palabras de otra comparecencia- una nueva estrategia que se plasmará en un nuevo modelo de programación y en un nuevo marco. Hablan de una estrategia para 2016 -desconocemos la que la estrategia 2012 establecía, que había que presentar en el año
pasado, en al artículo 4 bis- y que no se establece antes sino después de los planes a los que pretende inspirar.


Más allá de la retórica y de algún cambio metodológico poco clarificador -objetivos estratégicos, estructurales, ejes- creemos sinceramente, señora secretaria de Estado, que este plan aporta poco. Creemos que no es esta la respuesta al
actual contexto de desempleo que requiere nuestro país. Ha hecho usted referencia en alguna ocasión -y leo textualmente- que están acometiendo la reforma más importante que se haya acometido en materia de políticas activas de empleo nunca en
nuestro país. Y añadía, textualmente: Insisto, es un avance histórico. Es una reforma que en su materialización, al menos con este plan y con el anterior, como se ha mencionado, no cuenta ni siquiera con el aval de los agentes sociales, al
contrario del de 2011, que partió de un acuerdo social y económico que se firmó en febrero. Señora secretaria de Estado, aquí mucho nos tememos que lo que pasará a la historia, aunque no en forma de avance, es el recorte presupuestario que vienen
aplicando ustedes en los presupuestos generales que llevan aprobados en los dos años que llevan al frente del Gobierno y que comprometen muy seriamente la capacidad de las acciones y medidas que conforman el conjunto de estas políticas para cumplir
con su cometido. Esta sí es una novedad, que responde, permítame, a una lógica inversa, aunque a la luz de los efectos y del contexto que estamos viviendo podría calificarse muy bien de perversa o, al menos, de inexplicable. Este recorte se hace
cuando la cifra de paro alcanza cotas, estas sí históricas, pero en sentido negativo. Quizá esto obedezca a que las quinientas veintisiete acciones y medidas del Plan de 2012 se han quedado este año en trescientas cincuenta, según el texto del
propio plan. Señora secretaria de Estado, ¿cree usted que cabe reducir presupuesto o escatimar actuaciones en políticas activas de empleo en un contexto como el actual? ¿Cree que puede recurrir de nuevo al relato de la eficiencia en esta
circunstancia, a la excusa del más con menos, o es que la eficiencia se agota en una determinada cantidad, que es la que ustedes asignan a los presupuestos y no cabe mayor eficiencia?


Por si fuera poco el recorte presupuestario, se ha mencionado también, hay dos factores que no se pueden excluir del análisis del alcance de estas políticas: una política económica que está asfixiando cualquier posibilidad de crecimiento y
de generación de empleo y que está disparando los niveles de pobreza y desigualdad como no imaginábamos hace pocos años, y no como consecuencia de la crisis sino de la recetas, porque son consecuencia directa de una opción que no solo es injusta
desde el punto de vista social, sino ineficiente y nada rentable desde una óptica económica; y una reforma laboral que ha agravado la destrucción de empleo de manera clara y ha precarizado las condiciones de trabajo en este país. Con este
panorama, ponen ustedes el acento -lo ha hecho usted hoy mismo, de nuevo- en resaltar y engrandecer aspectos formales de metodología, de gestión del plan, las condiciones de su financiación, lo que, por otra parte, ya estaba en marcha, solo hay que
leerse la estrategia o Real Decreto 3/2011 para, permítame que le diga, esconder la inconsistencia de las políticas activas de empleo, lo que no es más que un elemento, insisto, formal de la gestión. Están ustedes vaciando de contenido estas
políticas y, por mucho énfasis que pongan en esas cuestiones, no creemos que vayan a mejorar sus resultados.


Ante esta situación, el Grupo Socialista quiere expresar una preocupación, de la que no vemos que se ocupe el Gobierno en este nuevo modelo de políticas activas de empleo, en este aparente nuevo modelo, que es la reducción preocupante de la
población activa en nuestro país. La desconfianza, la falta de expectativas están provocando el desistimiento de una parte muy importante, cada vez más, de personas desempleadas que dejan de acudir a los servicios públicos de empleo a recibir la
atención a la que tienen derecho, personas sin prestación que mucho nos tememos, como se ha dicho ya antes, que puedan ser objeto de desahucio por parte del Gobierno, y presa fácil de la exclusión, que alcanza ya unos niveles alarmantes. Esta,
probablemente, sea una de las señales de alerta más graves que tiene que atajar una política activa de empleo que pretenda ser eficaz, y un elemento a introducir en esa evaluación y en esa orientación de resultados. Le pregunto, señora secretaria
de Estado, cómo piensa activar a este sector de la población hacia su mayor empleabilidad; qué mecanismos ha previsto este nuevo modelo, y me refiero tanto a los que han agotado su prestación como a los jóvenes que no han accedido todavía a ella y
que, por tanto, no se inscriben en los servicios públicos de empleo. No quiero pensar que estén valorando la tentación de sopesar los rendimientos que en términos de reducción de paro registrado representa este fenómeno. Espero que tenga alguna
respuesta sobre el enfoque ante el empleo también de larga duración,

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porque hay precedentes preocupantes en este sentido. Ustedes pretenden acabar, por ejemplo, con el fracaso escolar expulsando prematuramente del sistema educativo a quienes no superen la reválida. Espero que no quieran acabar así con una
buena parte de las cifras de paro.


He dicho que no hay novedad, pero sí la hay: la privatización de los servicios públicos de empleo. La estrategia es conocida. Primero reduzco la plantilla de estos servicios, le resto capacidad de cumplir con sus objetivos, con lo cual
tengo la justificación para cambiar el modelo ante la evidente y, por otra parte, pretendida falta de eficiencia de los mismos. En relación con la colaboración público-privada, tenemos que decir que utilizan ustedes el término colaboración como un
eufemismo, otro más. No estamos ante un supuesto de colaboración sino de efectiva sustitución de los servicios públicos de empleo por estas agencias. No están incrementando con una dotación adicional las posibilidades de intermediación, sino
desplazando la función de estos servicios, que pierden su centralidad en el sistema. No es esta tampoco la recomendación que les hacía el Consejo de la Unión Europea, sino la de fortalecer estos servicios, pero después de reducir la plantilla en
más de tres mil efectivos y con el recorte presupuestario de las políticas activas entendemos que efectivamente tengan ustedes el caldo de cultivo para acometer una reforma, con la que desde luego no estamos de acuerdo. El Gobierno opta por
emplear, según las valoraciones conocidas, unos 200 millones de euros en dos años destinados a las agencias de colocación, que serán seleccionadas en base a un pliego que resulta, cuando menos, señora secretaria de Estado, llamativo en alguno de sus
aspectos. Solo voy a mencionar, porque no tengo tiempo, alguno. ¿Por qué se remunera mejor y es, por tanto, más rentable para una agencia de colocación insertar a una persona mediante dos contratos de seis meses de duración que mediante uno de
doce? ¿Por qué se incentiva la temporalidad? ¿Cree que la tasa de temporalidad en nuestro país no es lo suficientemente elevada? Hay muchas dudas, pero voy a ir avanzando porque no tengo tiempo. La estrategia de empleo, que usted ha mencionado y
que aprobó un Gobierno socialista, planteaba la elaboración de un plan estratégico de los servicios públicos de empleo. ¿Algo que decir en el Plan 2013 a este respecto?


Voy a pasar, antes de hablar de la comparecencia que ha solicitado mi grupo, a alguna cuestión a la que usted ha hecho referencia. Habla usted de coordinación con las comunidades autónomas. Imagino que es consciente de que a fecha de hoy,
como ya se ha dicho, las comunidades no han recibido ni un euro de la financiación que les corresponde para este año para políticas activas, y lo peor es que, ante las protestas encendidas de los directores generales en una reunión de hace una
semana, se sugería desde el ministerio que sean los consejeros autonómicos los que se dirijan al señor Montoro y le metan presión. Pero es que, además, muchas de ellas difieren de este reparto, del 60/40 entre financiación fija y variable, sobre la
base de unos indicadores estratégicos que no están nada claros: se confunden objetivos con instrumentos; fines con medios; las fuentes de información y las metodologías están por determinar; falta claridad respecto a si lo que se va a medir es
la capacidad de adaptación de una comunidad autónoma o el objetivo de llegada. Todo esto se produce en un escenario de impago y donde se introducen además estos indicadores cuando ya ha comenzado el ejercicio económico y que se aplicarán cuando
esté a punto de finalizar, por la fecha en la que estamos. Luego hablan ustedes de ejecución presupuestaria. A ello se añaden la dificultad de la restricción aprobada por el Gobierno en febrero de este año y que no se ha publicado la orden de
transferencia a las cruces autónomas. Eso está provocando la suspensión de la aplicación de las políticas activas de empleo, porque las agencias autonómicas de las comunidades autónomas no pueden asumir el adelanto de ese fondo.


En materia de comunidades autónomas y de colaboración, tengo que insistir en la denuncia de que los criterios de reparto que se habían comprometido en la legislatura anterior se han alterado y se han modificado sin justificación confesable,
y ello ha perjudicado a comunidades autónomas, como la comunidad autónoma de Andalucía, la que mayor tasa de desempleo tiene. Tanto es así que no solo protestó Andalucía, sino que protestó Canarias y protestó Extremadura, aunque en ese caso hubo
planes especiales; no tuvimos esa suerte los andaluces. En cualquier caso, los criterios no son transparentes ni existe una correlación lógica entre necesidades y recursos.


En Andalucía hemos pasado de ver cómo se destruían 197 empleos al día en la legislatura anterior a cómo ese terrible registro diario crecía más del doble y alcanzaba los 500; se han destruido más empleos que en los dos años anteriores
juntos; y cuando se alcanzaban precisamente cifras históricas de tasa de desempleo -6,2 millones de personas desempleadas-, el Gobierno no es que destinara menos dinero a las políticas activas de empleo, sino que destinaba la mitad que en el año
2011 -en ese razonamiento inverso al que me refería antes-, y aparte de endurecer las condiciones de acceso a prestaciones, además han reducido la cuantía y la duración. Tampoco tienen ustedes previsiones mucho más halagüeñas en materia de empleo,
pero nos piden paciencia.

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La distribución territorial ha sido desequilibrada, injusta y perjudicial para Andalucía. No se trata solo de que una persona sin empleo en Andalucía contara en 2011 con un esfuerzo en políticas activas de empleo por valor de 705 euros, y
que ahora cuente solo con 268, sino que teniendo esa cantidad tiene 24 euros menos que cualquier persona desempleada del resto del territorio de nuestro país. Insisto en que hubo planes de empleo especiales para Canarias y Extremadura; en
Andalucía no solo no tuvimos la misma suerte, sino que cuando se solicitó un criterio justo de reparto y que se elevara la partida del Fondo social europeo lo que nos encontramos, vía BOE, porque la señora ministra no respondió, fue que se
incrementó esa partida para que los fondos procedentes del Estado que se destinaban a Andalucía no alcanzaran ni siquiera el 9 %. Es decir, a resultas de esa maniobra lo que le correspondía a la comunidad autónoma que representa el 17 % de la
población es el 8,8 % de los fondos estatales.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, le ruego vaya concluyendo.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Termino ya, presidente.


En 2013 ese agravio se ha consolidado: de los más de veinte millones de euros en que han incrementado ustedes las dotaciones a las comunidades autónomas a Andalucía solo le han correspondido 62.000 euros más, y ello en una comunidad que
quiero subrayar que está teniendo un comportamiento en cuanto a incremento del paro inferior a diez comunidades autónomas en el último año, aun incorporando más población activa en su mercado de trabajo, y que es responsable de un 40 % de la
disminución del paro registrado. Por todo ello, volvemos a insistir en la petición que ya hemos hecho aquí, que se ha hecho en el Parlamento de Andalucía y que le han hecho a usted los responsables del Gobierno andaluz, y es que Andalucía cuente
con una mayor dotación de políticas activas de empleo y con un plan especial. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Sabino Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Como se ha dicho, la señora secretaria ha tenido muy bonitas palabras, y nos ha abrumado también con muchísimos datos; grosso modo ha diseñado un futuro en el que todos seremos felices y comeremos perdices. En
cualquier caso yo quería hacer referencia a algunas cuestiones previas a todo lo que nos ha comentado, y que creo que deberían haber estado presentes también en su discurso.


Viniendo hacía aquí en el tren he leído cómo los señores de negro del Fondo Monetario Internacional estaban de visita -después vendrán los de la Comisión Europea y los del Banco Central Europeo a ver cómo va lo suyo-, y que se iban a
entrevistar con banqueros, empresarios, etcétera. Por lo que se decía en la agenda no tenían ninguna entrevista concertada con sindicatos, ONG, Cáritas, asociaciones de jubilados, etcétera. Este reino no es el suyo. Su economía, la economía de la
troika, únicamente es la de los bancos, de los banqueros; no es la economía de las personas con caras, con problemas, con familias. Las personas son sin más un subproducto a considerar cuando atajemos los problemas fundamentales, y usted lo ha
dicho al principio: las tres líneas mayores de actuación de este Gobierno tienen que ver con la consolidación fiscal, con el saneamiento del sistema financiero, con las reformas estructurales. La gente no aparece por aquí, sino que aparecerá
bastante más allá.


Lo primero que quiero recordar respecto a las políticas de impulso al empleo es algo de lo que se olvida usted, y es que llevamos dos presupuestos seguidos en los que las partidas destinadas a este tema están siendo recortadas bruscamente, y
en este sentido quería comentar un par de cosas. En primer lugar, voy a hablar de salarios. Según el Instituto Nacional de Estadística desde 2010 hasta ahora los salarios han perdido un 6 % de poder adquisitivo. Tan solo durante 2012 lo hicieron
en un 3,4 %, y este año después del descuelgue generalizado que se va a dar en muchísimos convenios a partir del 1 de julio, como consecuencia de la desaparición del principio de la ultraactividad, veremos descensos importantes en este sentido.
También se nos habla de que como consecuencia de la reforma laboral, de esta flexibilidad que se ha introducido en materia de horarios, de jornadas, de calendarios, de funciones, de facilitar los ERE, etcétera, está incrementándose, y bastante, la
productividad de las empresas. La cuadratura del círculo se cierra: bajan los salarios, sube la productividad y las ganancias de las empresas, sobre todo de las gordas, son bastante importantes. Se calcula que los beneficios de las empresas del
IBEX durante 2012 serán de unos 32.000 millones de euros, y en este sentido quería hacer un par de comparaciones. Primero, estos beneficios de las empresas del IBEX, estos 32.000 millones que han sacado el año pasado,

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es una cantidad un poquito mayor que todo lo que se ha dedicado en los Presupuestos Generales del Estado al impulso del empleo y al pago de las prestaciones por el mismo. Es decir, tan solo con que -y siendo muy generosos- estos beneficios
hubieran sido la mitad y que se hubieran destinado a la realización de políticas activas en cuanto a creación de empleo, la situación de paro que tendríamos hoy en día sería bastante inferior a la que actualmente tenemos.


Otra coincidencia es que el FROB acaba de señalar que de los 52.000 millones de euros que se metieron en las cajas nacionalizadas, 37.000 pueden darse ya por perdidos. Al mismo tiempo sabemos -la semana pasada nos lo dijo el Gobierno- que
el ahorro, entre comillas, en pensiones, es decir, el mazazo brutal que se va a dar a las pensiones quitando poder adquisitivo a 9 millones de pensionistas, iba a ser de 33.000 millones; es decir, otra cifra parecida. Si en vez de darle este
dinero a una banca corrupta, que ha propiciado en buena medida la situación de crisis y de pelotazo urbanístico que hemos tenido, se hubiera dedicado a sanear la situación de 9 millones de pensionistas, probablemente estaríamos mejor. Resumo, la
política del Gobierno en líneas generales, en lo grueso, en lo que es apoyo a la banca en detrimento de las pensiones, en lo que es favorecer los beneficios de las multinacionales del IBEX en detrimento de las políticas activas de empleo, toma una
opción muy clara a favor de las multinacionales del IBEX y a favor de la banca.


Se nos ha dicho que la política del Gobierno desde la modificación de la Constitución tiene como objetivo reducir el déficit público para llegar a ese sacrosanto objetivo del 3 % marcado por Europa, sin embargo todos los objetivos parciales
que se ha puesto el Gobierno en 2012 y en 2013 se están viniendo abajo. Es decir, no se cubren ni por el forro los objetivos previstos por el Gobierno. Este año a últimos de julio estábamos con el 5,27 % del PIB cuando el objetivo fijado para todo
el año era de un 6,5. Estoy convencido de que en definitiva subordinar todo a cumplir los objetivos de déficit, que se ha puesto por el Gobierno como su primer y principal mandamiento, es un tremendo fraude. Yo creo que es una gran disculpa para
introducir, como se está haciendo en todos los presupuestos del Estado, sobre todo en cuanto a servicios sociales, educación, sanidad, prestaciones por desempleo, pensiones, en todos estos capítulos, unos fortísimos recortes. Lo del déficit es un
cuento, porque su política no está sirviendo para ello, no se está reduciendo, no se está cumpliendo ningún año ninguno de los objetivos que se han fijado ni por el forro, a pesar de que en los recortes -en eso sí- son bastante acreedores de todo
tipo de credibilidad, porque los objetivos los cubren al cien por cien.


Amaiur piensa que la política que se debería realizar es una política completamente diferente, como ya he señalado antes: quitar de donde hay beneficios para impulsar políticas activas de empleo; quitar ayudas a la banca para desarrollar
políticas sociales. Esta es la línea fundamental a trabajar, y en este sentido hay dos grandes pilares sobre los cuales podría recapacitar un poco el Gobierno, y que en definitiva es repartir las riquezas y el trabajo. Es obvio que no puede haber
millones de personas en este Estado que carecen de ingreso salarial o social alguno mientras que hay personas que tienen patrimonios de 40.000 millones de euros, como es el caso de Amancio Ortega. No puede existir una situación de empleo en la cual
haya seis o siete millones de personas sin trabajo a la par que se están realizando jornadas cada vez más extenuantes, jornadas con unos ritmos cada vez más altos, horas extraordinarias, etcétera. Hace falta reducir la jornada de trabajo. Hay
criterios europeos que están acordados desde hace bastante tiempo que hablan de jornadas de trabajo de treinta y cinco y treinta y dos horas. Se podría caminar un poco por aquí


Yo quería terminar señalando otro aspecto. Nosotros siempre estamos exigiendo la necesidad de contar en nuestro país, en Euskal Herria, con un marco propio en relación con esta materia, con el tema del empleo, de las prestaciones sociales,
etcétera. No es un planteamiento ideológico sin más, es un planteamiento político muy práctico. Nosotros tenemos nuestra propia realidad política, social y sindical, nuestras propias mayorías políticas, sindicales y sociales, que son muy
diferentes de las que existen a nivel estatal, y con minorías nos están imponiendo a nosotros decisiones que estamos rechazando. Nosotros tenemos una realidad laboral que es diferente de la existente a nivel estatal, unas tasas de paro bastante
inferiores, unos niveles salariales superiores en cualquier caso. Queremos que nuestra propia realidad sea gestionada por nosotros mismos con criterios soberanos y propios, y lo que se está haciendo con todas estas políticas, y también con las que
usted nos ha diseñado aquí, es quitar cada vez más competencias a las comunidades, a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, y acrecentar el poder que el Gobierno tiene en relación con todo esto. Repito,
reivindicamos un marco soberano propio al cien por cien en materia de promoción de empleo, porque estamos convencidos de que lo vamos a hacer bastante mejor, porque vamos a trabajar con criterios de solidaridad y de justicia social, no como ustedes,
cuyos objetivos entendemos claramente reaccionarios.

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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora secretaria de Estado, muy agradecido por su prolija, desde una perspectiva fundamentalmente contable y metodológica, exposición. Tengo que reconocerle que estoy en este momento perturbado por un cierto
sentimiento de desorientación en cuanto a los contenidos materiales del plan, no en cuanto a la enunciación de las medidas, que he llegado a contar que son más de mil seiscientas, a tenor del sumatorio en los distintos bloques en los que se
desagrega la metodología que usted ha expuesto. Nos faltan algunos elementos de referencia sobre qué items son los que van a caracterizar la política de empleo de la secretaría de Estado y de su ministerio, y sobre todo con qué presupuestos van a
contar. Presupuestos sabemos, es el único dato cierto que sabemos, presupuestos por segundo ejercicio presupuestario minorados, quebrantados. No es la mejor forma.


El señor Coscubiela nos pedía antes un italiano. Podríamos hablar del profesor Carnelutti, del ilustre jurista italiano Carnelutti, que comentaba cómo el mejor sucedáneo para la falta de recursos, para la falta de ideas incluso en materia
de actuación en distintos ámbitos es la fertilidad legislativa. Lo que no faltan son leyes en materia de promoción del empleo. Hay una ley de emprendimiento juvenil que ya está aprobada, una ley de emprendedores que dimana del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que también será aprobada la semana que viene, y una ley de empleo que ustedes han anunciado y que presentarán a corto plazo. Nos gustaría saber alguna referencia de la interacción de estas leyes y de esta
exuberancia legislativa que dimana de su ministerio y de otros, sobre todo elevando casi el emprendimiento a la categoría de paradigma, de fórmula fundamental de creación de empleo, en sustitución de las clásicas, como es el acceso al mercado de
trabajo a través de contratos dependientes. Hay un problema de espacios. Usted sabe perfectamente que desde la perspectiva macroeconómica no podemos elevar el emprendimiento a la categoría de paradigma nunca, porque no hay espacios para tanto
emprendedor en ningún sector de actividad. Tenemos que buscar un punto de equilibrio razonable entre la contratación a través de contratos de trabajo dependientes y la posibilidad de emprender actividades económicas de forma autónoma. Todo esto
está muy bien, pero por ahora solo vamos viendo leyes de emprendedores, leyes de emprendimiento, ley de emprendimiento juvenil, y veremos qué nos traen ustedes en la ley de empleo y cómo se interacciona con estas mil seiscientas medidas que usted ha
anunciado.


Decía el señor Coscubiela asimismo que es un plan adanista -también empieza por a la locución- realizado por accesión de propuestas, si lo he entendido bien, nada menos que trescientas cincuenta propuestas que -no sé si lo he entendido bien-
dimanan o derivan de las comunidades autónomas, están propuestas la mayoría de ellas por las comunidades autónomas. Si es así me gustaría que me lo aclarara, sobre todo porque este plan nace con un cierto déficit de legitimidad. Hay tres
comunidades autónomas importantes que no lo han aprobado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha presentado reservas importantes, y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y sobre todo hay un déficit de
legitimidad que es la falta de acuerdo con los interlocutores sociales en relación con la configuración del mismo.


Me preocupa algo, ya en la estructura de lo que he podido entenderle, puesto que sus reflexiones han sido más estadísticas y contables que materiales o determinadoras de las fórmulas de actuación contra las distintas manifestaciones que son
por su propia naturaleza multidisciplinares del fenómeno del desempleo o de la desgracia del desempleo. ¿En materia de formación profesional va a haber innovaciones? ¿Estamos ante un plan adanista, parafraseando de nuevo al señor Coscubiela, o no
va a haber innovaciones? ¿De qué estilo? ¿Cuál es el sentido? La formación profesional admite muchos mecanismos y muchas formas de actuar, utilizando fórmulas ya ensayadas con eficiencia en otros países, como el fortalecimiento del contrato dual,
la conexión con los requerimientos en ámbitos territoriales reducidos de los mercados de trabajo, fraccionando el mercado de trabajo y utilizando esos requerimientos de las distintas partes en que se fracciona el mercado de trabajo en la oferta
formativa que se realiza, y evitando sobre todo el fraude, particularmente, señora secretaria de Estado, evitando el fraude, hasta el punto de que los contratos formativos se están erigiendo, junto con las becas, desafortunadamente, en la fórmula
ordinaria de integración de un joven en el mercado de trabajo. En tanto en cuanto se posibilita que un joven pueda dedicarse a realizar una pretendida formación, que es falsa porque lo que realiza son las actividades ordinarias de la empresa con un
20 % de formación específica, evidentemente es una gran tentación para cualquier empresario recurrir fraudulentamente a este tipo de mecanismos de contratación que posibilitan el acceso de los poquísimos jóvenes que acceden al mercado de trabajo.

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Si a esto le añadimos las becas y la terrible temporalidad rotatoria que afecta a la contratación de los jóvenes, nos encontramos ante un drama. Primero, están desempleados el 56 %, y el resto, el 44 % que accede al empleo lo hace a través
de fórmulas manifiestamente precarias, con todas las perversiones que eso significa, entre otras cosas la imposibilidad de articular una carrera de seguro para generar su propia pensión y contribuir a la financiación del sistema público de
pensiones. Cuando son contratos temporales acaba la temporalidad de uno y no se le renueva, no vaya a estabilizar su situación en la empresa. Se sustituye por un segundo joven, por otro contrato temporal, normalmente bonificado también. Cuando
acaba la temporalidad del segundo contrato del joven se sustituye a este segundo por un tercero, con el que se concierta otro contrato laboral también bonificado. Y así sucesivamente. Se evita la estabilización y los empresarios obtienen
determinados beneficios que dimanan de la propia regulación jurídica de estas fórmulas de contratación tan peculiares, cuando no acceden a través de becas en las que no hay ningún tipo de protección social, ni siquiera se cotiza por contingencias
comunes, o cuando no se llega a la utilización de estos beneméritos contratos formativos que se han regulado en la reforma laboral presentada por su Gobierno, donde se pueden realizar durante el 80 % de la jornada actividades ¿formativas? No.
Actividades ordinarias, las actividades ordinarias que constituyen la actividad de la empresa, perversión y fraude que la Inspección de Trabajo ha detectado ya y va a denunciar. Me imagino que ustedes estarán actuando en consecuencia en virtud de
las denuncias sobre estos mecanismos fraudulentos que con tanta recurrencia se están utilizando.


En cuanto a las demás medidas a nosotros los acuerdos marco nos provocan cierta urticaria, como concepto y por conocer cuáles son los efectos a la postre recentralizadores o centralizadores de todo tipo de acuerdos marco en relación con las
competencias autonómicas, sobre todo cuando una de las siluetas o perfiles que caracterizan esta legislatura es la recentralización de competencias mediante los procedimientos clásicos -una sobredimensión de la legislación básica, de la legislación
marco, de la alta Inspección del Estado, de los principios inspiradores generales de la economía-, y otros nuevos que en estos momentos se les han ocurrido como la incorporación de directivas comunitarias o del derecho europeo o la utilización de
títulos competencias impropios, como el del artículo 149.1.1 de la Constitución, recurrentemente utilizado en todas sus leyes como mecanismo atributivo de competencias, cuando no lo es, porque consagra un principio general, el de la igualdad de
todos los ciudadanos. No es un título atributivo de competencias. Y por último la varita mágica, la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que evidentemente penetra en el ámbito financiero y tributario
de las comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias, incluso de carácter exclusivo.


Acuerdos marco en materia de calidad, en el epígrafe de calidad que usted ha vinculado además -está vinculado- al epígrafe intermediación en el mercado laboral; acuerdos marco con las agencias de colocación. En esta previsión uno percibe o
tiene un fumus de privatización de la intermediación, que ni es buena ni es mala, depende de cómo se haga, pero depende también de los controles administrativos que impidan los abusos sobre los mecanismos de contratación que usan habitualmente las
agencias de contratación para que no se llegue a una precarización todavía mayor del mercado de trabajo. Y les recuerdo las indicaciones o el reproche de la troika al Reino de España desde la perspectiva de que las estructuras precarizadoras no son
una fuente generadora de riqueza, en tanto en cuanto quien trabaja en el ámbito de la precariedad no puede ni consumir ni puede generar ni puede emanciparse ni puede crear sinergias que regeneren el tejido económico que cree riqueza y que a la
postre creen empleo. Todo lo contrario, la precarización lo que hace es crear dificultades adicionales a las empresas para poder colocar sus productos en el mercado y crear pobreza; un círculo vicioso sobre el cual ustedes han sido advertidos por
la propia troika. Desde esa perspectiva me gustaría que me precisase un poco qué características tiene este acuerdo marco, y cuáles son los mecanismos de control de la Administración sobre las agencias de colocación. Y también de algo de lo que se
ha hablado menos: sobre lo muy sobrelegitimadas que han sido en la reforma laboral las empresas de trabajo temporal, las ETT. Esto es lo que le tenía que decir con carácter general.


Con carácter particular y en relación a Euskadi, señora secretaria, aquí las políticas activas siempre han tenido una configuración mediante un mecanismo de actuación triple: primero, las subvenciones gestionadas; segundo, las
bonificaciones de cuotas que han sufrido las alternancias que ya han sido explicadas y explicitadas por el Informe Toharia, y tercero, la formación profesional. Son los troncos clásicos de las políticas activas que yo no sé si van a ser objeto de
una novación creativa -voy acabando, señor presidente- o se van a mantener estos tres troncos como configuradores de las políticas activas. Cuando se transfirieron a Euskadi, como sabe usted la última comunidad autónoma que percibió esta

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transferencia -junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que todavía no la han recibido-, se transfirió todo. Se transfirieron las competencias en materia de subvenciones gestionadas, las competencias en materia de bonificaciones
de cuotas, y la competencia en materia de formación profesional en régimen de concierto económico. Es decir, concertando a través de la Comisión mixta de cupo y de Concierto el ejercicio y los flujos financieros dimanantes de estas competencias,
hasta el punto de que en este momento la Comunidad Autónoma del País Vasco está aplicando una política propia de bonificaciones de cuotas diferentes a las del Estado, reponiendo como hacen ustedes -como hace el Estado y las demás comunidades
autónomas- a la Tesorería de la Seguridad Social el quebranto que supone para la Tesorería de la Seguridad Social la política en materia de bonificación de cuotas. De repente hemos redescubierto en estas leyes que le he citado antes que la política
de bonificación de cuotas es útil; es útil entre otras cosas porque las bases de cotización del Estado español son las segundas más altas de la Unión Europea. Es útil, pero a mí me gustaría que en todas estas medidas que usted no ha enunciado no
haya una especie de novación perversa o recentralizadora de los términos en los que se negoció la competencia de las políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque entonces solo por esta razón nuestra actitud, señor
presidente -y con esto acabo-, tendría que ser una actitud beligerantemente contraria a las propuestas que usted inicia.


Por lo demás, en cuanto a las propuestas, ya se lo han dicho otros portavoces. Suenan bien sobre el papel; la partitura está bien escrita, pero todavía no hemos oído a la orquesta tocar esta música que tiene una aparente buena factura.
Vamos a ver cuando empiece a sonar la orquesta. Pero con menos recursos, con tantas leyes que interaccionan de forma contradictoria a lo que ustedes hacen, y con medidas además muchas veces difícilmente discernibles o comprensibles, incluso con un
cierto desorden normativo entre ellas, tenemos algunas dudas razonables respecto a la eficiencia de lo que usted nos ha presentado. Ojalá nos equivoquemos y podamos ir avanzando en una buena utilización de las políticas activas, y en acabar con el
problema más importante que tiene el Estado español, que es su abultado desempleo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su nueva comparecencia en esta Comisión que para el Grupo Parlamentario Popular es siempre una satisfacción, y además un elemento aclaratorio de las
políticas que en su ministerio se llevan a cabo. Por tanto desde nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, nuestro agradecimiento y también nuestro apoyo al trabajo intenso que está realizando en su materia.


El Plan de políticas activas del que hoy estamos hablando, como muy bien ha explicado la secretaria de Estado, trae su origen en la estrategia española y en el Plan de empleo que el Reino de España ha presentado, también dentro del Plan de
reformas, todo ello en una política absolutamente coordinada, en una política con un solo objetivo que es conseguir el crecimiento económico y la creación de empleo. Todas las medidas a las que se ha referido la secretaria de Estado y todas las que
está desarrollando el Gobierno que preside Mariano Rajoy, a juicio de nuestro grupo, van dirigidas en esa misma dirección y por lo tanto son muy positivas. Sobre todo porque son unas políticas -creo que lo hemos repetido hasta la saciedad y está en
cada una de las medidas que se están adoptando- que van dirigidas a las personas, a las personas con mayúscula. Yo me asombro muchísimo de que aquí haya grupos que digan que el Gobierno del Partido Popular considera a las personas un subproducto,
cuando hay otros que las han considerado mucho menos que un subproducto y que les han tenido bastante poca valoración. Sinceramente me parece que nuestras políticas, las políticas de este Gobierno van dirigidas justamente a las personas. Así es
como las presentamos siempre y así es como las estamos gestionando. Por lo tanto nuestra satisfacción y nuestra felicitación porque las personas son nuestro objetivo, todas y cada una de ellas, y mientra haya un solo parado seguiremos insistiendo
en la necesidad de seguir trabajando por esa finalidad. Por lo tanto, insisto, este nuevo contexto de las políticas activas presenta una mayor coordinación -se diga lo que se diga- entre las propias administraciones públicas y los agentes que
intervienen en la formación y en la empleabilidad, y para nosotros eso es algo muy positivo. Es por lo tanto un elemento clave para mejorar la coordinación entre estos servicios públicos -servicios de empleo autonómicos, los servicios de empleo
estatal-, y también para conseguir una mayor eficiencia y una mayor transparencia a través de la evaluación. Para nosotros esta es una de las mayores cualidades y novedades que presenta este plan, que por fin lleva unos elementos que van a permitir
medir la eficacia de cada una de esas medidas.

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Cuando aquí se está hablando, por parte de algunos grupos, concretamente por el Grupo Parlamentario Socialista, de que hay mayores recortes y que por tanto no se va a poder conseguir esa eficiencia, les recuerdo que -lo ha dicho la
secretaria de Estado- desde el año 2008 a 2011 ha habido un incremento muy sustancial en el presupuesto de las políticas activas, pero también en paralelo ha habido un incremento muy sustancial de personas que han perdido sus puestos de trabajo,
hasta 3.500.000 personas en ese mismo periodo. Por tanto no hay una clara relación en esa ecuación, en ese binomio más gasto o más presupuesto, más eficacia. Ni muchísimo menos. Señorías, yo creo que en ese sentido tenemos que entender el
contexto económico en el que nos estamos moviendo, la necesidad de adecuar esas políticas a la situación de déficit y de control presupuestario, y conseguir esa mayor eficiencia.


Efectivamente la conferencia sectorial aprobó el 11 de abril, con el respaldo de las comunidades autónomas, este nuevo modelo de políticas activas con un enfoque integral que comprende todas las fases. Desde luego el principal enfoque que
tiene este nuevo modelo es la orientación a la evaluación de resultados. Propone una serie de medidas que va a realizar el Servicio Público de Empleo por sí mismo, otras que van a realizar las comunidades autónomas por sí mismas, y otras que van a
ser de una actuación común desde un punto de vista de objetivos y de medidas acordadas. Por tanto, en ese contexto se presentan estas 350 medidas y acciones a desarrollar, como he dicho, unas por las comunidades autónomas o bien por el Servicio
Público de Empleo Estatal o por ambas, que incluyen tanto medidas que se financiarán con fondos estatales como aquellas que correrán a cargo de los propios recursos de las comunidades autónomas. Por lo tanto libertad la hay, pese a lo dicho por
algún representante, y también respeto a las competencias de las comunidades autónomas, respeto al marco jurídico de la Constitución y al reparto de cada una de esas competencias que vienen establecidas en nuestro marco de convivencia, pero desde
luego respetando e incrementando la participación de las comunidades autónomas y su propia libertad para definir aquellas medidas que sean específicas y necesarias en sus economías, en su contexto autonómico.


Los objetivos comunes, como ya se ha dicho aquí, se enfocan entre 29 objetivos estructurales orientados a largo plazo, y los 4 estratégicos, que son los que en este momento se abordan en esta programación de 2013, como es la mejora de la
empleabilidad, la mejora de la empleabilidad para jóvenes y también para otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, mejora de la calidad del sistema de formación, y refuerzo de la vinculación entre políticas activas y pasivas de
empleo. A esto también haré referencia porque se ha hablado aquí mucho sobre esas cuestiones en cuanto a la vinculación o a los recortes. Vamos a ver, si queremos más vinculación entre políticas activas y pasivas -y eso se ha dicho aquí
reiteradamente-, parece razonable -y esto lo ha dicho concretamente el señor Campuzano- y parece lógico que haya una vinculación entre las personas que cobran prestaciones y las políticas activas. Me parece que si estamos apostando por esa directa
vinculación entre políticas pasivas y activas tendremos que hacer que a todo aquel que esté en una política activa podamos darle una formación para que pueda convertirse en una política activa, y que por lo tanto esa prestación tenga un resultado
final en la empleabilidad de las personas. Cuando el señor Campuzano hablaba de las políticas activas y pasivas y decía que no le gustaba que las personas que estén cobrando prestación sean participantes en una política activa, no creo que esté
sugiriendo que simplemente las políticas pasivas se queden en unas políticas de prestaciones que al final terminen por vencer en su plazo, y esas personas queden sin ningún tipo de cobertura.


Como muy bien ha dicho la secretaria de Estado, estas 350 medidas se resumen en seis ejes de actuación que no voy a repetir. Asimismo hay también un sistema de hasta 22 indicadores que es lo que va a servir para hacer una correcta
evaluación posterior de todas ellas. Por tanto desde nuestro grupo nuestra valoración es que existe mayor eficiencia en este modelo y mayor transparencia. Nos parece que es el binomio más adecuado y de mayor rigor técnico en este momento.


Voy a realizar algunos breves apuntes sobre algunas cuestiones que han dicho algunos de los grupos, y que desde luego para el Grupo Parlamentario Popular son bastante llamativas. Ya me he referido a algunas de ellas, pero por ejemplo
respecto de lo que ha dicho la señora Rodríguez, representante y en este caso portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a su naturaleza andaluza, aunque lo sea -y me parece extraordinario que cada uno se sienta muy de su tierra-, yo lo
soy también de la Comunidad Autónoma de Madrid, le recuerdo que aquí somos diputados nacionales y por lo tanto estamos hablando del contexto de todos los ciudadanos españoles (Rumores), y no refiriéndonos exclusivamente a la problemática andaluza,
que estoy segura que tiene representantes y compañeros suyos que no solo lo pueden defender, sino que lo están gestionando. Yo entiendo que sea complicado poder actuar en esa dicotomía de Andalucía

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y nivel nacional cuando las diferencias son tan evidentes. Pero, en fin, ya que está tan preocupada por los recursos con los que puede contar o no el Servicio Público de Empleo de Andalucía, yo lo que le digo es que quizá podrían haber sido
más cuidadosos y no introducir en unos expedientes de regulación de empleo a personas que nunca habían trabajado en esas empresas, y que lo que estaban haciendo era detraer recursos que correspondían y a los que tenían derecho las personas que han
trabajado (Protestas), y que pueden quedarse en situación de desempleo por una política económica fallida y por un no reconocimiento de una crisis existente, y por tanto son responsables de todas esas situaciones que se están produciendo en
Andalucía, y desde luego con las políticas del Partido Popular se está decidido a acabar con ellas.


Señorías, también se han mencionado algunas cuestiones que sinceramente me parecen bastante preocupantes, si bien en algunas coincido. El señor Coscubiela ha dicho que sin crédito y sin conseguir mayor consumo, es decir, que sin arreglar
los problemas de fondo es difícil pasar a la segunda ecuación, que es la de la creación de empleo. Fíjese, Señor Coscubiela, que nosotros coincidimos plenamente con usted, y por eso hemos hecho unas políticas que en primer lugar arreglen las
cuestiones de fondo porque nos parece que sin hacerlo es imposible. Usted dice que hay que mejorar las situaciones del crédito, yo creo que es verdad, y ahí está nuestra prima de riesgo. Todos los esfuerzos del Gobierno en estos meses que gestión
han ido dirigidos a este aspecto. Usted me dirá que no es igual la situación que había hace año o año y medio a la que hay en el día de hoy con nuestra prima de riesgo, y eso, le guste o no, incide directamente en las posibilidades de crédito y de
financiación del Reino de España, y a partir de ahí de la financiación que los bancos puedan ofrecer a las empresas. Esto es así.


Ayer se produjeron unas declaraciones del señor Draghi en las que decía que iba a seguir apostando por ese tipo de políticas en la Unión Europea, en la financiación, incluso después de la victoria de la señora Merkel, mal que le pese a mucha
gente, y por lo tanto usted debería reconocer aquí que algo de lo que dijo ayer el señor Draghi está en la misma línea que está usted reclamando. Le recuerdo que usted, cuando vino el señor Draghi, claramente le insultó en esta misma sala en una
comparecencia que hizo en el Congreso de los Diputados (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra). Yo creo que va en la línea de lo que usted pide: mejorar la financiación para las empresas, conseguir mejores créditos para que todo ello permita
un mayor consumo, y por lo tanto tengamos una economía que crezca. Si no hay empresas, si no hay crecimiento económico, todo lo demás se vuelve vano porque no hay posibilidad de generar empleo. Después podemos coadyuvar, pero esa es la realidad de
fondo, y por eso le decía que coincido con usted cuando dice que hay que arreglar los problemas de fondo, quizá en lo que no coincidamos sea en las herramientas para arreglar esos problemas de fondo.


Por último, señorías, siento que no esté el señor Campuzano, mi buen amigo y compañero de esta Cámara, porque se ha referido a algunas cuestiones que me parecen importantes. Él hablaba de libertad de las comunidades autónomas y nosotros
creemos que este modelo respeta profundamente las competencias y las libertades de las comunidades autónomas para decidir en qué quieren invertir. Pero es más, le voy a poner un ejemplo. Creo que hay que decir que en este reparto de las políticas
activas concretamente Cataluña tiene 21 actuaciones de políticas activas no comunes, es decir, propias de la comunidad autónoma, y 20 comunes, que suman un total de 41. Pero para situarnos en el ejemplo total de las 350 de las que se ha hablado
aquí, 314 no son medidas comunes y 36 sí lo son. Por lo tanto creo que hay un reparto avalado por el hecho de que las comunidades autónomas han estado detrás de este reparto, detrás de este nuevo modelo de políticas activas, porque entiendo que les
permite tener una especificidad y además participar de un presupuesto y de unas políticas globales que van a beneficiar a todos, porque han sido diseñadas también en común por todos. Entendemos que son necesarias en todo el territorio del Estado, y
además, posteriormente están esas otras medidas específicas para cada una de las economías regionales o autonómicas que se consideren pertinentes.


Para finalizar, señor presidente, he oído que el señor Campuzano ha dicho que este Plan de políticas activas del Gobierno es peor que lo anterior. Quiero decirle al señor Campuzano que, a la vista de los datos, con las medidas que el
Gobierno lleva implantando, hemos reducido el crecimiento de paro del 18 % y el último dato que teníamos es que crecía al 3, y lo he dicho varias veces en esta Comisión. Por tanto, creo que 3 es menos que 18, y no es que sea para alegrarnos, es
para saber que vamos en la buena dirección. Pero yo le preguntaría al señor Campuzano si eso que él considera peor es peor para los gobernantes o es peor para los ciudadanos, porque quizá de lo que estamos hablando es de que hay algún Gobierno en
alguna comunidad autónoma al que no interesa este tipo de políticas o este tipo de acuerdos. Nosotros entendemos que estamos trabajando, como dije al principio, para las personas y para los ciudadanos de todo el Estado español.

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El señor PRESIDENTE: El señor Coscubiela me ha solicitado la palabra. Vamos a continuar, y si quiere lo podrá aclarar en su turno, dejándole más tiempo por la alusión que le ha hecho la diputada Carmen Álvarez-Arenas.


A continuación tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): He debido de transmitir con poca claridad lo que hemos estado trabajando conjuntamente las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en el nuevo marco de políticas
activas, he debido de transmitirlo incorrectamente. He de decirles que si ustedes cogen cualquier acta de las conferencias sectoriales en las cuales estaban los consejeros de las comunidades autónomas, independientemente del color político que
representasen o que gobernara en cada una, verán, punto primero, que no ha habido ni un solo consejero ni un solo participante de las citadas comunidades autónomas que pusiera de manifiesto que se estaban eliminando competencias a las mismas, que se
estaba restando libertad o que no se estaba respetando de forma taxativa lo que está establecido en la Constitución y los estatutos, y punto segundo, no ha habido nadie que dijera que no se estaba produciendo un avance importante en el sistema de
políticas activas. Por tanto, llama la atención que exista discrepancia a la hora de manifestar sus opiniones entre los integrantes de los mismos grupos políticos.


Voy a intentar en mi réplica transmitir lo que hemos dicho y me voy a referir al marco competencial. Está absolutamente definido en la Constitución y está absolutamente definido y puesto de manifiesto en la normativa actualmente vigente.
Las políticas activas son competencia, con algunas excepciones, de las comunidades autónomas y las políticas pasivas son competencia del Estado. Dentro de las políticas activas, yo diría que hay una parte que son competencias concurrentes o
competencias compartidas, de tal forma que cuando se hizo la transferencia se puso un coste efectivo -el coste de las personas que trabajaban, el coste de los medios materiales, el coste de los edificios, el coste de los contratos- y se transfirió a
las comunidades autónomas; además, se les dio la gestión de una cosa que se llama subvenciones gestionadas, que están definidas en la Ley General Presupuestaria, en el artículo 86 creo recordar, donde se dice que la financiación aparecerá en los
Presupuestos Generales del Estado y la gestión será por las comunidades autónomas. Así aparece en algunos decretos de transferencias que se han realizado. Pero tiene que quedar claro que se traspasa la competencia y la financiación a las
comunidades autónomas, y esas subvenciones gestionadas que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado, según las sentencias del Tribunal Constitucional y los diferentes tribunales, tienen como objetivo la financiación de proyectos específicos
en las comunidades autónomas pero no para atender los gastos recurrentes que se han ido transfiriendo y que se pusieron de manifiesto en el coste efectivo. Por tanto, tenemos un marco competencial y un marco financiero perfectamente definido.
Obviamente, eso también se tiene que poner de manifiesto a la hora de analizar la financiación, el marco, las decisiones, las medidas y los costes. Ahora bien, una vez establecido ese respeto absoluto al marco competencial que acabo de señalar, no
me negarán ustedes que si una conferencia sectorial tiene un objetivo claro es conseguir la coordinación en aquellas políticas que tengan que implementarse conjuntamente por el Estado y por las comunidades autónomas para conseguir una mayor eficacia
y una mayor eficiencia. Por cierto -y contesto a algunos de los intervinientes-, cuando hablo de eficacia y de eficiencia y cuando hablo de dinero y de respeto a la competencia, no lo estoy haciendo del color de los peces, de cosas alegres, de
colores ni de sentimientos, señorías, estoy hablando de principios que deben inspirar siempre de forma responsable la gestión de los dineros públicos. No creo que en mi intervención haya hecho alusión en ningún momento a ni un solo elemento que no
fuera objetivo y que permitiera que ustedes tiñeran de bonito o de poco pragmática la intervención que he hecho. Eso no quiere decir que no sea una convencida de que las políticas públicas se puedan mejorar en la gestión y que sea una convencida de
que solo mediante la coordinación en el supuesto de competencias compartidas, como es el caso, se pueda trabajar bien en aras de esa eficiencia. Para hacer el análisis tenemos que partir del marco competencial que tenemos y del marco financiero que
está asociado a ese marco competencial, porque, si no, podemos hacer elucubraciones diversas.


Una vez dicho que creo sinceramente que se ha respetado al máximo el marco competencial y que no ha habido una sola manifestación en contra por los representantes de las comunidades autónomas, he de añadir que se ha avanzado de forma
importante solo con la definición del modelo. Yo les puedo preguntar a ustedes cuánto se gastaba en políticas activas en España. No he encontrado en el ministerio ningún trabajo que diga: esto es lo que se ha gastado, esto era lo que se gastaba
por el Estado, esto

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era lo que se gastaba por cada comunidad autónoma. Siempre que se habla de las políticas activas se habla de la partida de los Presupuestos Generales del Estado, pero realmente hay que cogerse las liquidaciones de cada año de los
presupuestos de cada comunidad autónoma para ver exhaustivamente qué es lo que se ha gastado.


Enlazando con la ejecución del presupuesto, estamos en un proceso de consolidación absolutamente necesario en este país ya que habíamos estado gastando bastante más de lo que se podía y la realidad es que hemos tenido que hacer un proceso
entre todos, con el sacrificio de todos los españoles. Se han adoptado medidas difíciles pero estoy convencida de que estamos en la buena senda y que las reformas están dando su fruto. Detrás del saneamiento financiero, detrás de la consolidación
fiscal, detrás de las reformas estructurales usted dice que no hay personas, pero las medidas que hemos adoptado han sido para hacer la vida más fácil a las personas que actualmente están buscando un trabajo, para que lo puedan tener porque haya
crecimiento económico, y también por una cosa muy importante, para poder mantener en este país el Estado del bienestar que entre todos los españoles nos hemos dado en los últimos años. Por tanto, señorías, sí que hay personas detrás de esas
medidas. Es verdad que estamos poniendo en marcha un paquete de medidas difíciles pero, obviamente, con el objetivo que acabo de señalar.


Entre los años 2012 y 2013 en el ministerio hemos hecho un proceso de consolidación fiscal, como en el resto de los ministerios; en materia de políticas activas, como he dicho, hemos tocado sustancialmente las bonificaciones. El señor
Olabarría decía que las bonificaciones están dando buen resultado en el País Vasco, las nuevas que están poniendo, frente a usted que decía precisamente que se quitasen. Yo digo que ni una cosa ni la otra; creo que no pueden quitarse las
bonificaciones como el fomento al empleo de los discapacitados, creo sinceramente que no se puede quitar; no se pueden quitar las bonificaciones que fomentan el coste de las empresas cuando la mujer o el hombre se dan de baja por maternidad, creo
sinceramente que no se puede tocar. Lo que hemos hecho ha sido reordenar las bonificaciones y dejar aquellas que teníamos conciencia de su eficacia y del impacto que podrían tener y, obviamente, estamos dispuestos, señor Olabarría, a poder estudiar
conjuntamente las buenas prácticas o los buenos resultados que se están dando en el País Vasco porque justamente eso es lo que pretendemos en el seno de la conferencia, poder intercambiar las buenas prácticas.


En cuanto al empleo subvencionado que menciono siempre, no parece razonable que estemos inmersos en un proceso de racionalización que ya nadie se cuestiona en el ámbito de la administración de personal que estamos abordando. Nadie lo
cuestiona. No hubiésemos abordado ese mismo proceso en la parte de políticas activas que lo que hacían era financiar de forma reiterada al personal. No tiene sentido que se haga un reajuste y pueda haber una disminución de personal en materia de
contratos laborales y, sin embargo, se mantengan permanentemente los contratos que estaban financiados con el personal subvencionado de las políticas activas, porque eso es un empleo -entre comillas- hasta que se acabe la subvención. Creemos que es
mucho más potente destinar el dinero de políticas activas a otro tipo de actuaciones.


Vayamos a los dineros, desde el respeto máximo porque sé que estamos en un proceso de consolidación fiscal que compartimos y que apoyamos, pero lo que me parece mal es hacer demagogia. Cuando uno analiza los presupuestos de las comunidades
autónomas y ve el presupuesto del servicio de empleo catalán, antes de que en los Presupuestos Generales del Estado hubiese ninguna disminución, ya en el año 2010 se había bajado un 25 % en el servicio de empleo catalán. Esta reducción tuvo un 16 %
adicional en los años siguientes, y no solo eso, si vamos a la ejecución, nos damos cuenta de que la ejecución en los presupuestos iniciales es un 70 %, con lo cual, hagamos el análisis de cuál ha sido el gasto real realizado por las comunidades
autónomas, porque tengo que decirles una cosa, y es que todo el gasto que había en los Presupuestos Generales del Estado en todos los años se ha ejecutado al cien por cien menos en aquellas cosas que no se han justificado por las comunidades
autónomas. Debe de estar en torno al 98 o el 99 % lo que se ha justificado. No sucede así en las comunidades autónomas.


Hemos hablado mucho de Andalucía. Usted manifiesta un trato no preferente a la Comunidad Autónoma andaluza, y yo le digo que el gasto medio en los Presupuestos Generales del Estado por cada parado andaluz está por encima de la media. Eso
se lo demuestro con números. Lo pusimos de manifiesto en la última conferencia sectorial y ese dato es así. Tenemos que dejarnos de demagogias, porque si uno mira -sin tomar el año 2012, no quiero que vayan a pensar que contamino, sino los años
anteriores- el año 2010, el crédito definitivo del servicio de empleo andaluz era de 1.569 millones y la obligación reconocida -lo que al final de año se denomina ejecución, que es lo que se viene a contar a la Cámara y

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lo que realmente se ha gastado- era de 1.007 millones. Es decir, habían dejado de gastar 1.569 menos 1.007. Pero es que en 2011, señorías, el crédito definitivo era de 1.340 millones de euros y el Gobierno de Andalucía reconoció
obligaciones ese año por 496 millones de euros. Con esto quiero decir que entiendo perfectamente las dificultades financieras y los ajustes que hay que hacer desde la responsabilidad porque nos encontramos en la situación en la que nos encontramos,
pero lo que no puedo entender es que la vara de medir sea absolutamente diferente cuando usted analiza la actuación de este Gobierno y la actuación del Gobierno de Andalucía. Eso me parece una falta de lealtad y de responsabilidad, porque, señoría,
de 1.340 millones de euros definitivos que había en presupuestos, reconocieron obligaciones por 496 millones. Este posible problema ya se había puesto de manifiesto. Son datos sacados de la cuenta general de Andalucía, es decir, si se entra en la
cuenta general, organismos autónomos, servicio de empleo, ahí se pueden obtener los datos referidos a todos los años en los que hay cuenta general. En cualquier caso, como pronto se celebrará la comparecencia de presupuestos, seguiremos ahondando
en esta materia.


En cuanto a la distribución tardía de los fondos, han hecho ustedes muchas referencias a cómo se va a poder ejecutar un plan si la distribución ha sido tardía. Sinceramente, no se puede focalizar el problema solo en el dinero que aparece en
los Presupuestos Generales del Estado. Hay una parte muy importante de actuación en políticas activas en que está garantizada la financiación en los presupuestos de las comunidades autónomas, porque está reconocida la competencia y la suficiencia
financiera a través de la Lofca, es decir, a través de los mecanismos que con el sistema de financiación se han implantado para establecer la suficiencia financiera en aquellas competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Esto es
así. No podemos dar la sensación de que porque no se haya hecho la transferencia del Estado el presupuesto de empleo tiene que ser cero en la comunidad autónoma porque eso no es cierto, señorías. El presupuesto de las comunidades autónomas debe
estar configurado por lo que financia la comunidad autónoma; es más -se lo digo desde una técnica presupuestaria absolutamente ortodoxa-, cuando una transferencia como la que se ha venido haciendo desde el Estado se hace un año, otro y otro -hasta
ahora no se ha dejado de pagar ningún año, haya estado el partido político que haya estado-, y cuando los Presupuestos Generales del Estado se aprueban normalmente unos días antes que los de las comunidades autónomas, lo que parece razonable es que
para poderlo ejecutar en los presupuestos iniciales aparezca en gastos el dinero que se va a dar por la subvención del Estado y en ingresos el ingreso que va a llegar del Estado. Esa es la técnica presupuestaria ortodoxa. No entremos tampoco en
dinámicas de que si no llega el dinero del Estado es imposible financiar esto. Además, en la situación en la que nos encontramos, nos hemos dado una modificación de la Constitución y, en aras de conseguir esa estabilidad presupuestaria, que es
necesaria para poder hacer las transferencias a las comunidades autónomas, ver cuál es la ejecución en el déficit. Por tanto, se hace preceptivo el informe del Ministerio de Hacienda y, en función de cómo están evolucionando los déficits de cada
una de las comunidades autónomas, ese informe es el que permite que por parte del Ministerio de Empleo se eleve la distribución de fondos a acuerdo del Consejo de Ministros. Este es el marco normativo que tenemos y que en absoluto impide la
ejecución. El año pasado se pagaron y cuando tengamos la autorización del Ministerio de Hacienda se procederá a hacer lo mismo, con lo cual tampoco hagamos un drama. Yo no estuve en la reunión de directores generales, pero si hubo alguna comunidad
autónoma que dijo esto, seguro que le contestaron lo mismo que yo. Lo que le puedo asegurar es que este Gobierno, en materia de coordinación y de trabajar conjuntamente, no tiene por costumbre echar la culpa un ministerio a otro por lo que hace.
Se lo puedo garantizar porque la política del Gobierno es única; se lo digo desde el más absoluto respeto.


Es verdad que la situación es difícil y lo está siendo para todos. El Partido Socialista, en el año 2011, implantó la necesidad en la Ley de Empleo de hacer una estrategia de empleo en la cual se pusiera de manifiesto qué se hace en cada
comunidad autónoma, qué se hace en el Estado, cómo se suma, cómo se mide, qué impacto tiene, si esta política es buena o es mala, si es mejor la que otro hace y la modificamos -que es de lo que estamos hablando-; una ley que se aprobó en noviembre
de 2011 y que nosotros aplicamos el primer año, pero detectamos una serie de errores que hemos puesto de manifiesto en la conferencia sectorial y ese ha sido el motivo de que hayamos modificado algunos parámetros en el plan del año 2013. Aprender
de los errores es de inteligencia natural y, evidentemente, todas las comunidades autónomas sin excepción han estado de acuerdo con esa modificación. Hay que dar pasos en la buena dirección para conseguir que las políticas activas en este país sean
una realidad eficiente, conjuntamente con las comunidades autónomas. No pueden decir en ningún momento que haya menospreciado en esta sala el trabajo que ustedes habían hecho, en ningún momento. Solo he manifestado que se había ahormado, que lo
implementamos la primera vez muy deprisa y que a partir de ahí hemos sacado unas conclusiones.

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Decían ustedes que los avances que estamos haciendo van en sentido contrario. El señor Olabarría me decía que vamos a recentralizar. No. Para poder sumar tiene que ser peras con peras y manzanas con manzanas, y mientras no se demuestre
otra cosa eso es así. ¿Sabe qué pasa? Que o sabemos las políticas que se hacen en cada sitio para que podamos sumar, o no vamos a poder elaborar indicadores y no vamos a conseguir resultados. ¿Eso quiere decir que intentemos disminuir alguna
competencia? No. Habrá medidas que sean comunes para todos y otras que sean absolutamente específicas, porque el valor añadido que tiene trabajar como estamos trabajando es ser capaces de dar unos servicios mínimos a todos y además atender las
especificidades de cada una de las comunidades autónomas. Desde el respeto a esa materia, tenemos que poner medidas encima de la mesa que nos permitan saber si una cosa a la que han cambiado el nombre al hacerse la transferencia es lo mismo que era
antes o distinta. Cuando yo les decía que no estamos dando pasos atrás es porque nunca se había elaborado el documento en el cual se ponía qué medidas iba a adoptar la comunidad autónoma equis. Ahora sale una relación de medidas que,
independientemente de cuál sea la financiación de lo que va con las subvenciones gestionadas o lo que va con la suya propia, están perfectamente determinadas, porque hay algunos programas en algunas comunidades autónomas que dicen: programa no sé
cuántos; beneficiarios, cien mil; financiación, capítulo 1 de la comunidad. Es decir, hasta las cosas que hace el personal que se transfirió a las comunidades autónomas, que evidentemente está trabajando en las políticas activas, estamos
intentando poderlo cuantificar y ponerlo en valor en ese conjunto de medidas que se hacen desde las comunidades autónomas. Probablemente, usted se refería al tema del acuerdo marco cuando ha dicho que no se había apoyado al País Vasco, Cataluña y
Andalucía. En primer lugar, ¿qué pretendemos con el acuerdo marco? Lo he dicho, señoría. En ningún momento otra cosa que no sea el refuerzo de los servicios que se hacen en los servicios públicos de empleo. He de decirle, señoría, que en la
estrategia que ustedes aprobaron en noviembre de 2011 ya se hacía referencia explícita al acuerdo de colaboración con las agencias privadas. Sin embargo, viene hoy usted aquí y me dice que vamos a privatizar. Como he dicho, el Partido Socialista
siempre utiliza dos varas de medir; cuando lo hacen ellos es fantástico, es eficiencia, y cuando lo hacemos nosotros es que vamos a privatizar. Pues sepa su señoría que esto estaba recogido en la Ley de estrategia de noviembre de 2011. Por lo
menos es un modelo que ustedes no han rechazado de plano, porque, si no, no lo habrían puesto.


Señora Rodríguez, señor Olabarría ¿qué hemos pretendido con el acuerdo marco? Primero, la arquitectura común, solo la arquitectura común. A partir de esa arquitectura común, todas las comunidades autónomas podrán desarrollar programas
específicos basados en su situación y en la realidad de las personas que están buscando un empleo en la comunidad autónoma. ¿Por qué esa arquitectura común? Porque creemos que es muchísimo más eficiente hacer un marco donde movernos. ¿Qué hemos
pretendido? Después de muchos estudios, después de mucho trabajo, después de mucha colaboración con las comunidades autónomas, hemos determinado un modelo, como he dicho antes, basado básicamente en el modelo inglés, porque es el que está teniendo
más éxito y en el cual hay una cosa que está clara, y es que solo vamos a pagar a beneficio; es decir, cuando una persona lleve trabajando seis meses es cuando a la agencia o a la ETT se le reconoce algún tipo de prestación. Hemos puesto algo que
es muy fácil, una parte variable. Una parte variable que está ligada a la dificultad de la persona a la que vamos a emplear y que está a definir y a decidir por cada una de las comunidades autónomas, porque no es lo mismo hacer un plan o sacar un
contrato para coger a personas con discapacidad o a personas que llevan más de dos años en desempleo, personas mayores de cincuenta años, que coger a gente que se va a colocar en dos meses. Ese margen de maniobra es lo que permite a las comunidades
autónomas definir perfectamente qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. He de decirle, señor Olabarría, que Cataluña, el País Vasco y Andalucía han colaborado de forma importantísima en la elaboración de esos pliegos de condiciones, y
lo agradezco sinceramente. Después habrán habido razones para que no se hayan adherido, pero le puedo asegurar que su actuación en el marco de la conferencia sectorial ha sido ejemplar y que las aportaciones que han hecho han sido consideradas
todas o casi todas en el acuerdo marco. Por tanto, primero, apoyo total a lo que están haciendo los servicios públicos de empleo; el que pueda sumar tiene que sumar utilizando todas las sinergias. Segundo, colaboración con las comunidades
autónomas y respeto máximo a sus competencias. El objetivo último es conseguir que si una persona puede tener más oportunidades de encontrar un empleo, estamos dispuestos a poner encima de la mesa la modernización de los mecanismos que sean
necesarios. Tampoco hay que ir contra corriente, ya que todos los países de Europa, todos los países de nuestro entorno tienen la colaboración público-privada como una forma adicional de actuar.

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Una de las frases que más me ha chocado hoy, señor Coscubiela, ha sido lo que ha dicho de los centros públicos de empleo: No se carguen un modelo que lleva treinta años funcionando. Es duro, pero a usted no le interesan más las personas
con discapacidad que a mí. La actuación que se está llevando a cabo en materia de centros especiales de empleo me parece responsable. Desde el punto de vista de la financiación, tengo aquí los datos de cada una de las comunidades autónomas en la
parte de financiación, con las plantillas, con lo que se les ha pagado en 2102, con todo, y he de decirle que, con el margen de flexibilidad que se dio en materia de ejecución de las políticas activas -se dijo que había una parte que es flexible
para gastar en lo que se quiera-, todas las comunidades autónomas han tenido financiación, incluso Cataluña -no está el señor Campuzano-, para hacer frente a esos centros especiales de empleo y a las personas que trabajan en ellos. A 31 de
diciembre de 2012 le diré que hay 53.020 personas que están trabajando en esos centros especiales de empleo. También le diré que en el año 2012 la partida que más creció fue la destinada a los centros especiales de empleo en materia de políticas
activas. Es más, nosotros dijimos en el seno de la conferencia sectorial que se estaba dando un tipo de disfunción en los centros especiales de empleo, que había centros especiales de empleo que, por las circunstancias y por la configuración de los
mismos, podían tener sobrefinanciación en cuanto a la subvención y otros que podían tener algún tipo de deficiencia en la financiación, y que además queríamos tener una realidad exacta de lo que estaba pasando en los centros de empleo para tomar
aquellas medidas, señor Coscubiela, que -al revés- permitiesen potenciarlos, apoyarlos y conseguir los máximos beneficios para estas personas, porque sabemos que es un sistema que funciona. Que 53.020 personas estén trabajando y estén teniendo esa
oportunidad nos parece una obligación. He de decirle que se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la conferencia sectorial, que en ese grupo de trabajo han estado trabajando, además de la Administración central -SEPE, Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales e Igualdad-, representantes de las comunidades autónomas y representantes del sector de la discapacidad -Cermi; Feacem; Conafe...- y que a fecha de hoy tenemos una foto clarísima de los datos cuantitativos, lo que no estaba
perfectamente actualizado. Le puedo decir que en diciembre existían 1.912 centros, cuáles son de gestión privada, cuáles son de gestión por fundaciones, cuáles son instituciones sin fines de lucro y qué tipo de capacidad tiene cada uno, si es
sensorial, si es psíquica o el porcentaje de discapacidad. Obviamente, antes de tomar decisiones hay que hacer un diagnóstico de la realidad, y este diagnóstico se ha hecho con la información que se ha dado por las comunidades autónomas y por todas
las personas que han sido los integrantes del grupo. Hay un conjunto de propuestas ya elaboradas por ese grupo de trabajo que iremos poco a poco estudiando, implantando poco a poco y viendo poco a poco con las comunidades autónomas. Le digo solo
algunas de las propuestas. Unificar los requisitos para su creación y crear un registro estatal -esto salió del grupo de trabajo-. Se propone primar en las ayudas a los centros a las personas con discapacidad severa, los contratos indefinidos y
los centros sin ánimo de lucro. También sabemos ya cuánta gente está con contratos indefinidos y cuánta gente no está con contratos indefinidos, derivado de la foto que he dicho. Se pide una normativa más flexible en materia de tránsito a la
empresa ordinaria y la necesidad de proceder a una actualización legislativa. Aprovecho para decirle, señor Olabarría, que lo más dramático no es hacer leyes, lo más dramático es meter la cabeza debajo de la mesa y no mirar la realidad y, desde
luego, lo que más efecto tiene en las personas. Para hacer leyes hay que pensar y, casi siempre, del pensamiento salen buenas ideas. También en esta materia propone el grupo la necesidad de abordar una actualización legislativa, que espero que no
le parezca improductiva, señor Olabarría. Estamos haciendo un trabajo, tanto de diagnóstico como de propuestas, que nos permita tomar las medidas necesarias para no solo no cargarnos el modelo sino potenciarlo, señor Coscubiela, desde la equidad y
hacerlo mucho más equilibrado, consiguiendo que los centros tengan la financiación mucho más ajustada a la realidad de las personas a las que atienden. No creo que sea un objetivo nimio y, además, lo estamos haciendo desde el mayor respeto al
diálogo. Cuando hablo de diálogo social no estoy hablando de pájaros y de moscas. En la estrategia de emprendimiento y de empleo hemos estado trabajando tres meses, y yo he estado sentada en la mesa, señor Coscubiela. Y cuando digo que en el
ámbito de formación hay una mesa de diálogo abierta para cambiar el modelo de formación -ahora le diré, señor Olabarría, lo que opinamos del modelo de formación-, yo soy la que estoy en la mesa sentada, obviamente con la gente del servicio público
de empleo, de las direcciones generales respectivas. No estoy hablando de cosas que nos estemos inventando en el papel, ni mucho menos, porque creemos profundamente en el diálogo social. A través del diálogo hay veces que se alcanzan acuerdos -la
estrategia, las órdenes que hemos sacado de formación en el año 2013- y hay otras veces que no, pero eso no invalida el diálogo. Siempre que hablo de diálogo lo hago con el más absoluto respeto; ha sido una de las

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cosas que ha imperado en materia de los centros especiales de empleo y lo que nos permitirá adoptar medidas en los siguientes meses. Además, tendremos también que dar respuesta a lo que aparece en la reforma laboral en materia de
discapacidad -no está aquí el señor Campuzano, que lo conoce bien-.


Respecto a Andalucía, no se pueden hacer afirmaciones sin tener los números detrás. Como decía anteriormente, las subvenciones del Estado van a la Comunidad Autónoma andaluza y en ayudas de políticas activas están por encima de la media,
pero si miramos el resto de indicadores, es decir, el resto de prestaciones por desempleo, personas que cobran el Prepara, tasa de cobertura, etcétera, no se puede decir que Andalucía sea una comunidad autónoma que no goce de las mismas ayudas, del
mismo apoyo que cualquier otra comunidad autónoma. Al Gobierno de la nación le da lo mismo el color político del Gobierno de la comunidad autónoma, señora Rodríguez. Lo importante es que hay personas que tienen que estar atendidas por un sistema
de protección muy potente que nos hemos dado todos y por las ayudas que sean necesarias para que cuanto antes tengan esa oportunidad, con lo cual cuando quiera vemos los datos y, ¡ojo!, este dato de por encima de la media es sin contar el Aepsa, sin
contar los 200 millones de euros que en el sector agrícola se destinan a los parados, sin contar esa variable, porque, si contamos esa variable, este año nos vamos mucho más allá de la media. Como le digo, creo que hay que hacerlo desde la
responsabilidad.


Se han referido a la reforma laboral, a lo que ya está acostumbrado uno aquí. Solo digo una cosa -y me parece que es el dato más apabullante-. El año pasado por estas mismas fechas, la tasa interanual de paro crecía al 12,5 %. Según los
últimos datos que hemos dado sobre desempleo, con absoluto respeto a la configuración y a cómo damos los datos, señora Rodríguez, ha crecido un 1 %. Es decir, ha habido una disminución del 12,5 al 1 %, dato relevante que pone de manifiesto que el
primer objetivo de la reforma laboral, que era frenar la sangría de destrucción de empleo, se está consiguiendo. Ya sé que ustedes no ven nunca nada bueno ni en los datos de desempleo, ni en los datos que da el Banco de España, ni en los datos de
las consultoras, ni en los datos de los organismos independientes; no. Cuando lo decían ustedes eran brotes verdes; ahora, cuando lo decimos otras personas del Gobierno que estamos llevando a cabo la política económica, no sé cómo lo consideran.
Creo que este país tiene muchísima fortaleza, creo que somos un país con un potencial inmenso, que estamos trabajando todos con muchísimo sacrificio y que lo único que merecemos es que esos datos que se están vislumbrando se asienten de verdad y de
verdad consigamos que cuanto antes haya en este país crecimiento económico y, con ello, creación de empleo, y de eso nos deberemos alegrar tanto nosotros como ustedes, porque lo que hay detrás de eso son personas, no le quepa la menor duda.


Señor Coscubiela, en cuanto a lo del plan adanista de empleo, solo le digo una cosa. Como dice que no es el primero y que no es la primera vez, dígame dónde está escrito el conjunto de actuaciones y el dinero que se empleaba en materia de
políticas activas en 2008 en este país. Dígame: en esta comunidad autónoma se hizo esto y en esta comunidad autónoma se hizo esto otro; dígamelo. Si, como me ha dicho, no es innovador y no hemos hecho nada -totalmente al contrario de lo que
dicen los miembros de la conferencia sectorial-, dígame dónde se contenía esto antes, con lo cual lo de la evaluación es absolutamente imprescindible y tenemos que mejorar mucho en este sentido, no le quepa la menor duda. Estamos dando los primeros
pasos. Definir un indicador en el grupo técnico de trabajo puede llevar cuatro reuniones de dicho grupo -definirlo-; poner la ponderación que va a tener cada una de las partes que integran el indicador puede llevar otras cuatro reuniones de
trabajo. No estamos hablando de un trabajo nimio. Este año -fue el primer ensayo- hemos repartido el 15 % de los fondos a las comunidades autónomas basándonos en esos indicadores, y en conferencia sectorial se determinó que el año que viene se
repartiría el 40 % de los fondos sobre la base de esos mismos indicadores, totalmente aprobado, y seguiremos trabajando en ese sentido juntamente con las comunidades autónomas, con lo cual la evaluación es absolutamente imprescindible.


Decía usted, señor Coscubiela, que teníamos que atender a las personas en exclusión, a las personas que tuvieran más dificultad para encontrar un empleo y que estuvieran en riesgo de exclusión. Ha sido y puede ser una apuesta. Primero,
hemos considerado el Prepara con carácter permanente hasta que la tasa de paro baje al 20 % y en la configuración de otras muchas políticas estamos teniendo eso en cuenta como elemento sustancial. Cuando vayamos a sacar en cada comunidad autónoma y
por parte del Estado el marco de las agencias de colaboración es también un mecanismo muy importante para poder trabajar sobre aspectos como el riesgo de exclusión y definir contratos específicos destinados a estas personas con políticas activas, o
bien definirlos por otras vías y que los servicios públicos de empleo se destinen más intensamente a estas políticas. En cualquier caso, sabemos que es lo más difícil y por lo que más tenemos que trabajar y comparto con usted plenamente que ahí es
donde tenemos que hacer más esfuerzo.

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A la señora Rodríguez no le gusta el nuevo marco. No sé por qué no le gusta si va totalmente en coherencia con la estrategia que ustedes aprobaron. (La señora Rodríguez Ramírez: ¿En qué quedamos?). En coherencia, señoría, se lo he dicho
antes. Objetivo: evaluar. Hemos hecho el primero y se han puesto de manifiesto deficiencias, pero ustedes no son infalibles, como tampoco lo somos nosotros. De cualquier modelo se pueden sacar en su primera aplicación cosas que se pueden mejorar
y eso es lo que vamos a hacer. Es un poco como: pongo una cosa en la ley, pongo el acuerdo de colaboración público-privada en la ley y después digo que privatizan ustedes cuando ustedes aplican la ley, con lo cual hay poco que decir.


Señorías, desde el respeto máximo a las competencias, desde el respeto máximo a la financiación establecida y desde el respeto máximo a que tenemos que trabajar en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, teniendo como
objetivo básico que las personas encuentren cuanto antes un trabajo, creo que tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que se ha hecho en el marco de la Conferencia sectorial de asuntos laborales y ustedes representan a muchos de los partidos
que allí se sientan. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el turno de puntualizaciones o como lo quieran denominar, tienen dos minutos. Tiene la palabra el señor Coscubiela, que si adicionalmente quiere hacer algún comentario con relación a la alusión que
se produjo antes, lo puede hacer también.


El señor COSCUBIELA CONESA: En dos minutos me da tiempo para tres citas. La primera tiene que ver con una cosa que me golpea la mente desde que la he escuchado tantas veces en este Congreso: se ha hecho siempre así. Me sonaba tanto esa
frase que fui a buscarla y parece que ya Voltaire dijo algo así como: En nombre de: se ha hecho siempre así, la humanidad ha cometido las mayores atrocidades. Lo dejo aquí por si este Congreso tiene a bien modificar algunos de sus ámbitos,
concretamente en esta Comisión. Debe ser esa manera o debe ser algo implícito en nosotros -no sé si se dan cuenta ustedes-, pero el debate o los diálogos -si es que se pueden llamar diálogos- se parecen bastante al método Ollendorf, ese pedagogo
lingüista del siglo XIX -cuando lo vean seguro que lo conocen, ya verán por qué-. Hoy por ejemplo -vamos a ver si nos entendemos, señora secretaria de Estado-, le he dicho que las políticas de bonificaciones actualmente no sirven y le he dicho que
tanto esas políticas como el resto, para no ir a perdigonadas, deben ir concretamente a los colectivos en riesgo de exclusión, entre ellos los discapacitados. Eso es lo que he dicho. No he negado las políticas activas de empleo.


En segundo lugar, en cuanto a los centros especiales de empleo, no dudo de los compromisos, aquí somos muchos los que tenemos muchas razones políticas y personales para eso, pero obras son amores y no buenas razones. La responsabilidad no
es solo del ministerio, pero en estos momentos gran parte de estos centros están en situación límite. Me lo dicen, nos lo dicen, semana sí y semana no. ¿Que ustedes están poniendo en marcha...? Está muy bien, pero de momento estamos en esta
situación. Seguro que es responsabilidad también del Gobierno de Cataluña en cuanto a lo que yo conozco más directamente, pero esa no puede ser nunca una respuesta.


Tercer elemento. A ver si nos entendemos, en cuanto a la fecha de la aprobación, no es que no se hagan cosas, es que usted no puede venir a presentarnos un plan que es adanista. Por supuesto, si le preguntan a Adán si Adán fue el primero,
va a contestar que sí.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor COSCUBIELA CONESA: Por lo tanto, usted contesta, pero no puede venir poniéndolo todo bonito. El plan se publicó el 28 de agosto y el 24 de septiembre los recursos no están disponibles. Eso es lo que le digo y le he hecho una
sugerencia para hacerlo mejor.


Por último, señora Álvarez-Arenas, un servidor tiene muchos méritos, pero los que tiene, otros no. Mi función el día de la comparecencia de Draghi, mi único mérito, fue grabar clandestinamente la intervención y colgarla en la red para
evitar que esa intervención fuera clandestina, dadas las actuaciones del presidente de este Congreso. (El señor Abad Pérez: ¡Y encima lo dice!). Precisamente porque estuve haciendo eso, yo no tuve oportunidad de hablar, quien habló fue el señor
Garzón y lo que hizo no fue insultarle, sino poner al señor Draghi delante de sus responsabilidades. Si tira usted balas, acierte en la diana, porque si no todo lo demás queda un poco vacío.

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Y sí, tiene razón, Carnelutti, exactamente es lo que yo quería decir. Lo ha dicho mi amigo aquí. Cuando no hay políticas, cuando no se dedican recursos, se hacen leyes y normas de manera inflacionaria. Eso es lo que hace este Gobierno en
materia de empleo.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, terminó su tiempo.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino con una cosa.


Señora secretaria de Estado, está usted tan empeñada en debatir con nosotros que a lo mejor se ha olvidado de que una parte muy importante de estas sesiones son para ver qué puede usted utilizar de las aportaciones que nosotros le hacemos.
Le he hecho al final de mi intervención dos sugerencias. Una tiene que ver con el método de futuro. Nos gustaría que se comprometiera. La otra, por favor, prométame que no va a volver a utilizar lo de los ni-ni. No se escabulla usted.


El señor PRESIDENTE: Me van a permitir que antes de seguir con el turno de los grupos haga una nota bene, porque se ha referido a esa situación de que esto siempre se ha hecho así y se ha referido también a esta Comisión. He de decirle que
no siempre se ha hecho así, que no siempre ha habido este turno del que ahora ha disfrutado usted, que no siempre ha habido la misma flexibilidad a la hora de los tiempos que se otorgan para intervenir a los grupos parlamentarios, que ha habido
momentos en que el Reglamento se ha aplicado al pie de la letra y que ha habido debates legislativos en los que no ha habido segundo turno como en esta legislatura se está produciendo. Como creo que es un hecho objetivo y de justicia y desarma en
parte ese argumento -ha recurrido usted hasta a Voltaire-, se lo quería aclarar.Aclarado esto también quiero aclarar que al señor Coscubiela le he concedido más tiempo de los dos minutos estrictos porque quería él hacer -y tenía derecho a hacer en
mi opinión- la aclaración con relación a una intervención precedente.


A continuación tiene la palabra doña María José Rodríguez por tiempo de dos minutos.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señora secretaria de Estado, no me ha respondido a qué acciones piensan acometer desde su secretaría y desde su responsabilidad para frenar esa reducción alarmante de población activa y evitar bolsas de
desempleados que queden sin atención. Tampoco sabemos muy bien qué garantías se reserva la Administración para que la privatización de los servicios públicos de empleo no suponga discriminación ni trato desigual a los colectivos de más difícil
inserción.


Hablando de servicios públicos de empleo, usted ha hablado de sumar, pero ustedes no suman, restan. Efectivamente, nosotros introdujimos la colaboración. Colaboración significa colaboración, no sustitución. La prueba evidente de lo que
digo es que el Gobierno anterior reforzó la plantilla de los servicios públicos de empleo en 3.000 efectivos entre orientadores y promotores de empleo.


En cuanto a Andalucía, señora Hidalgo, y en cuanto a la propia gestión de este plan, no se ha comprometido usted a que las comunidades autónomas vayan a disponer antes de que termine este mes de septiembre de los fondos y a tener un plazo de
ejecución acorde con el retraso del propio plan. En cuanto a presionar a Montoro, se habrán roto las reglas, señora Hidalgo. Infórmese, porque la excusa que daban en esa reunión era precisamente que había un bloqueo y que el señor Montoro había
cerrado el grifo. Aparte de la técnica presupuestaria, le recomiendo que se lea el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de este año, porque anula ese automatismo del que usted habla y a día de hoy impide que las comunidades autónomas
dispongan de los fondos necesarios. Por tanto, están con muchas dificultades, no pudiendo algunas ni siquiera asumir el adelanto de los fondos para ejecutar las políticas activas de empleo.


Claro que somos un gran país, a pesar del Gobierno, señora Hidalgo. Habla usted de Andalucía y ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho: seguiremos hablando. Eso no pinta bien para el próximo escenario presupuestario. Desgraciadamente
son muchos los precedentes, el Partido Popular es reincidente en trato discriminatorio a Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, ha concluido su tiempo holgadamente.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Dos cuestiones con las bonificaciones.


El señor PRESIDENTE: Lo siento. Esto es como las preguntas en el Pleno. Uno puede ser flexible, pero no indefinido.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: ¿Y por alusiones a la señora portavoz del Grupo Popular?

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El señor PRESIDENTE: No ha habido ninguna alusión que yo sepa. Ha habido el propio debate político que ocurre en cualquier intervención, como usted sabe muy bien. Otra cuestión es la referida al señor Coscubiela, al cual se le ha dicho
que produjo un insulto y él ha aclarado la cuestión. Aquí no ha habido nada más que la dialéctica política habitual. Si empezamos a abrir turnos así, no llegaremos al Pleno, porque estaremos todavía discutiendo aquí.


Tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señora secretaria, señora portavoz del PP, insisto, las personas sí son subproductos en la política del Partido Popular. Son un subproducto evidente, tienen que ponerse siempre en la cola. Aquí no es esto de que
primero las mujeres y los niños. Aquí los primeros son los banqueros, los segundos los empresarios y el que venga detrás que arree. Esto es lo que está pasando. En los datos positivos que nos da el ministro Montoro todas las semanas se nos habla
de la prima de riesgo, del comercio exterior, del Ibex, pero de esto no vive la mayor parte de la población, de esto no come toda esta gente. De lo que come es del sueldo y los sueldos están bajando para 19 millones de trabajadores y trabajadoras.
Las pensiones están bajando mucho, un 20 % ya y otro 20 % en cartera para los 9 millones de pensionistas. Las prestaciones de desempleo se están recortando también y la pobreza muerde ya a un 23 % de la población. Todas estas personas, que son la
mayor parte de la población, son las que esperan en la cola, porque la situación en relación con ellas se está agravando.


Es muy grave lo que está ocurriendo. Aquí manda el dinero y caen los ancianos, porque no hay un puesto para ellos. Se trata de una eutanasia escondida. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el papa Francisco. Estamos ante una eutanasia
escondida que está afectando no solo a estos ancianos, está afectando también a estos 9 millones de pensionistas, hombres y mujeres, y a toda esa gente parada. Yo diría más. Se trata de un crimen social lo que se está impulsando con esta política
reaccionaria del Gobierno. Las personas son subproductos, por desgracia. Aquí los que únicamente cuentan y están en la primera fila de las intenciones y de los objetivos del Gobierno son los banqueros, son los empresarios y son los altos
rentistas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Hidalgo, después de las citas a Voltaire, a Carnelutti y al santo papa, le voy a citar solo a Rajoy con toda la humildad del mundo. Yo no sé cómo usted puede ser una persona con proyecciones tan
complacientes con relación a la evolución del empleo cuando en el propio cuadro macroeconómico presentado por su Gobierno se consigna que en el año 2016 -fíjese, 2016 nada menos- seguiremos conviviendo con un 25 % de desempleados, que no es un 25 %
real, porque en el año 2016 la población activa habrá disminuido 3 puntos, estamos hablando de un veintiséis y pico por ciento de hoy. Luego las perspectivas, según el cuadro macroeconómico de su propio Gobierno, no son buenas a pesar de esta
inflación, de esta fertilidad legislativa que se está practicando por parte del legislador, en parte provocada por su ministerio y sobre todo por el omnisciente Cristóbal Montoro, que es el que nos reenvía o envía real decreto-ley tras real
decreto-ley sobre las materias más diversas, pero todos tienen alguna conexión con la empleabilidad, con la creación de riqueza, con el incremento del producto interior bruto en definitiva, que es lo que sirve para crear empleo a la postre.


Señor presidente, para acabar, puesto que además veo que ha adquirido una cierta posición de rigidez en el uso de los tiempos, cosa que no suele ser habitual en usted, pero parece pertinente dada la hora a la que estamos, lo único que le
pido, señora Hidalgo, es que en la configuración de la transferencia a una comunidad de régimen foral como la de Euskadi se mantengan los términos pactados, entre otras cosas porque cuando se transfieren las competencias a las comunidades forales se
hace concertándolas a través de los requerimientos del Concierto Económico. Fueron transferidas las bonificaciones de cuotas -en las que yo sí creo, más que en las subvenciones gestionadas, fíjese en lo que le voy a decir, es una enunciación: no
veo tanto la virtualidad de las subvenciones gestionadas como de las bonificaciones de cuotas- en materia de formación profesional y le pido que esto se preserve, que esto se conserve.


El señor PRESIDENTE: Por concluir con los grupos parlamentarios, la señora Álvarez-Arenas tiene la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Reitero nuestro agradecimiento a la brillante réplica de la señora secretaria de Estado y me reafirmo en el nuevo marco en que nos encontramos con estas políticas activas de empleo, que respetan
profundamente el marco competencial, el marco financiero, como bien

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ha dicho ella, y que se afianzan en el diálogo institucional y social, que, por cierto, señor Olabarría, no es lo que da legitimidad al Gobierno. Lo que da legitimidad al Gobierno no es el diálogo social sino las urnas. Aparte de eso, es
verdad que la responsabilidad de Gobierno es lo que lleva al ministerio a ese diálogo institucional y social. Por tanto, ¿qué ha conseguido? Colaboración, coordinación, flexibilidad para mejoras en los cambios necesarios que desde esa estrategia
se han visto demostrados, como muy bien ha explicado la señora secretaria de Estado, y objetividad para que con los indicadores se pueda actuar en aquellos que cumplan mejor esos objetivos que van dirigidos a las personas.


Por terminar, entiendo que el señor Coscubiela sea solidario con su grupo. Así lo he entendido cuando he hablado de ese insulto, no personalmente por usted sino porque el Grupo de La Izquierda Plural así lo hizo en la comparecencia del
señor Draghi. Además, puesto que usted ya se ha declarado confeso en una grabación ilegal, reléase, si grabó a todos los grupos o solamente al señor Draghi -eso no lo sé-, cómo fueron los insultos que su grupo profirió al señor Draghi.


Por último, evidentemente, señorías, señora secretaria de Estado, el Grupo Popular comparte con ustedes que España es un gran país, pero no a pesar del Gobierno como se ha dicho aquí, sino gracias al Gobierno, y gracias al Gobierno porque
estuvo a punto de dejar de ser un gran país por la irresponsabilidad del Gobierno socialista anterior. (Aplausos.- La señora Rodríguez Ramírez: Teníamos menos paro).


El señor PRESIDENTE: Para concluir esta Comisión y responder lo que juzgue procedente, tiene la palabra... (El señor Coscubiela Conesa: Dos segundos.- La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Estaremos así...). Pues yo ruego que no estemos
así en la voluntad de sus intervenciones. (El señor Coscubiela Conesa: Me imputa un delito). Tiene esos dos segundos.


El señor COSCUBIELA CONESA: Fíjese usted bien, señor presidente, para arreglar una metedura de pata me imputa un delito: grabación ilegal. (El señor Abad Pérez: Lo ha dicho usted). Yo he dicho clandestina, que son cosas distintas.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, no intercambien palabras.


El señor COSCUBIELA CONESA: Aún sé un poquito de derecho. Grabación clandestina es una cosa; ilegal es otra.


El señor PRESIDENTE: Le he otorgado la palabra, señor Coscubiela. A ver si nos entendemos.


El señor COSCUBIELA CONESA: Simplemente eso. Si para resolver una metedura de pata se me imputa un delito... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Mantengo ilegal).


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señor Coscubiela.


Para concluir, como decía, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): En primer lugar, señor Coscubiela, creo de verdad en el diálogo en el sentido de poner las buenas prácticas encima de la mesa y aceptar las sugerencias. Estoy de acuerdo con usted.
Este año ha sido el primer año que hacíamos un trabajo conjunto tan intenso. Estoy segura de que el siguiente año nos costará mucho menos, porque la mayoría de los indicadores que estamos definiendo este año valdrán, porque la mayoría de los
objetivos estructurales estarán configurados, con lo cual nuestro compromiso es poder aprobar el plan anual de política de empleo antes en el tiempo. No le quepa la menor duda, por eso estamos trabajando y así debe ser, cuanto antes mejor, porque
los trabajos tienen que desarrollarse en el marco de la conferencia, pero pondremos los plazos mínimos posibles para tener un trabajo riguroso y cuanto antes. Totalmente aceptada la sugerencia.


En cuanto al marco de diálogo, bajo mi punto de vista, donde se tiene que desarrollar -se lo digo desde el respeto- es en la conferencia. No debemos abrir otros marcos distintos: la conferencia, el Congreso de los Diputados y por supuesto
también informar a todos los interlocutores sociales que así lo vean, pero la obligación se incardina en el marco de la conferencia sectorial. Le puedo asegurar que no he dicho ni-ni de una forma despectiva, porque tengo el máximo respeto y hago el
mayor trabajo por esas personas que sé que tienen que tener cuanto antes una oportunidad, porque son los que más futuro tienen y los que más se lo merecen. En definitiva, no podemos tener una generación de gente que pase el tiempo y no tenga esa
oportunidad. Solo por el hecho de que usted considere que el término tiene un aspecto peyorativo, le prometo que no lo volveré a decir en esta Comisión, aunque no lo he dicho bajo ningún

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concepto entendiendo que tenía un carácter peyorativo, porque no lo habría dicho. Por supuesto, si a usted le molesta, es un término que jamás volveré a decir o intentaré no volver a hacerlo. Me puedo equivocar porque como usted sabe un
lapsus lo puede tener cualquiera.


En cuanto a las buenas prácticas, creo que tiene que ser algo que se fije en nuestro país, que seamos capaces de aprender de lo que está haciendo el País Vasco en una materia y de lo que está haciendo Cataluña. Aprovecho, señor Olabarría,
para decirle que no solo respeto absoluto a lo que se acordó con el País Vasco, faltaría más, y con el resto de comunidades autónomas, con los que se ha firmado un acuerdo de transferencia que es muy importante y que ha puesto de manifiesto el
diseño competencial de nuestro país. Respeto absoluto a las competencias que están incardinadas, a las que ustedes tengan y además a las que sé que están desarrollando y trabajando en otros ámbitos.


Señora Rodríguez, me dice que no le he dicho lo que está haciendo el Gobierno para atender a las personas que actualmente no tienen un empleo y no tienen cobertura. Lo que estamos haciendo es trabajar de forma intensa en los últimos veinte
meses para que cuanto antes esas personas puedan tener una oportunidad. Cuando digo trabajando no me voy a poner a detallar el paquete de reformas que se ha abordado por este Gobierno, pero creo sinceramente que están dando resultados para
conseguir eso. Yo podría caer en la demagogia, señora Rodríguez, y decirle que desde diciembre del año 2009 hasta diciembre de 2011 la tasa de cobertura, esa gente que usted dice que no tiene ninguna atención, con ustedes gobernando cayó del 79,98
al 69,2 % y ustedes no hicieron nada adicional aparte de aprobar el Prepara por seis meses. Pero como sé perfectamente que esa tasa está condicionada por el tiempo de permanencia de la gente que tiene desempleo, por la gente que está trabajando,
por la gente nueva que se incorpora al mercado de desempleo, no voy a decir que sea únicamente responsabilidad de ustedes, no. Tanto ustedes como nosotros hemos trabajado conjuntamente por darnos un sistema de protección al desempleo que creo que,
si lo comparamos con los países de nuestro entorno -siempre se puede hacer más-, es un sistema de protección al desempleo sólido. Tanto a ustedes como a nosotros, como a todos los grupos del arco parlamentario, nos preocupan esas personas que
llevan mucho tiempo en el desempleo y que tienen riesgo de exclusión. En ese sentido estamos trabajando intentando hacer que el conjunto de políticas que estaban diseñadas y otras más que estamos añadiendo sean cuando menos lo máximo que seamos
capaces de hacerlas eficaces y eficientes y no hagamos políticas -las hemos estado haciendo todos- en las comunidades autónomas y en el Estado sin saber muy bien cómo estaban resolviendo las situaciones de esta gente. En algunos casos, como en
determinados aspectos de las políticas activas, con sensación de que no se sabía cómo se gastaba el dinero ni en qué ni cuáles eran los resultados socialmente. Eso tenemos que ser capaces de superarlo. Eso juntamente con haber puesto en marcha la
estrategia de empleo y emprendimiento joven, que yo creo que va a ser la aplicación de la garantía juvenil en España, que les puedo asegurar que nos ha permitido ir a Europa con los deberes hechos y ponerlo encima de la mesa. Creo que en ese
sentido nos tenemos que apoyar conjuntamente, porque como bien saben la garantía juvenil puede inducir a que se tomen medidas en el ámbito del empleo joven que den una oportunidad a esas personas jóvenes de las que estábamos hablando.


Usted ha dicho: lo que nosotros hacíamos no era privatizar; lo que ustedes hacen sí, porque nosotros apoyamos los servicios públicos de empleo reforzándolos con una plantilla de 3.000 personas. Eso no es cierto, señora Rodríguez, y usted
lo sabe. Ustedes, con las subvenciones gestionadas en el marco de las políticas activas, desde el ministerio realizaron la contratación de orientadores con carácter coyuntural. Entiendo que no lo iban a hacer con carácter estructural, ya que, como
usted sabe igual que yo, con ese dinero no se pueden financiar gastos recurrentes y mucho menos gastos de personal, con lo cual, evidentemente, esa gente no está en los servicios públicos de empleo porque ustedes reforzaran las plantillas, sino
simplemente porque se adoptó con carácter coyuntural, con carácter puntual ponerlos en los servicios públicos de empleo. Tampoco hay ninguna medición respecto a cuántas actuaciones más de orientación se hicieron y, les vuelvo a recordar, los
orientadores estaban en el coste efectivo de la transferencia. Es lo mismo que si yo -y lo dije en otra comparencia-, después de que transferimos los profesores de educación, ahora dijéramos desde el Estado: los transferimos pero ahora vamos a
poner, financiados desde los Presupuestos Generales del Estado, otra vez profesores de educación. No, señoría, eso es duplicidad en el gasto; eso es falta de eficiencia en el gasto y eso se puede hacer, bajo mi punto de vista, desde los
presupuestos que tienen que financiar los gastos de personal, que en este caso son los presupuestos de las comunidades autónomas, porque así se contiene en los decretos de transferencia.

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En cuanto a la colaboración público-privada, dice usted: si usted lo hace es privatización; si lo hago yo, no. ¿En qué se diferencia? Un acuerdo de colaboración público-privada es decir a los servicios públicos de empleo que no solo se
les apoya, sino que los queremos potenciar, queremos que sean lo más eficientes posible y les vamos a dar los instrumentos. Por ejemplo, la cita previa ha supuesto una descarga de los servicios públicos de empleo y una organización del trabajo en
los mismos muy importante. Hay mecanismos y medidas que se pueden poner encima de la mesa para potenciar los servicios públicos de empleo. Junto a eso, en el marco de colaboración público-privada, el que pueda sumar que sume. No entiendo la
diferencia en el concepto filosófico distinto: si lo hace usted, un Gobierno del Partido Socialista, o si lo hace un Gobierno del Partido Popular. Realmente no soy capaz de entenderlo, pero es una prueba más de la demagogia que muchas veces
utilizan ustedes para hablar de temas que a mí me parecen profundamente serios.


Hay algo que quiero poner de manifiesto. Llevo interviniendo en ruedas de prensa desde que llegamos al ministerio y hablando de materias de desempleo y de paro desde hace casi veinte meses y creo que ni una sola vez he puesto encima de la
mesa algo que no sea la seriedad, el análisis riguroso y el no hacer ninguna previsión que no fuera totalmente basada en datos, porque me parece que mientras exista en este país el número de parados que existe, solo se puede hablar desde esos
parámetros. Mientras tengamos unas cifras tan dramáticas, solo podemos decir: estamos trabajando; estos son los datos; tenemos un paquete de medidas encima de la mesa que están empezando a dar resultados y tenemos que seguir trabajando en la
misma línea. Le puedo asegurar que nunca he dado ni un dato no riguroso, como alguno de ustedes ha puesto de manifiesto en su intervención. Permítanme que les diga que los datos que he dado de ejecución de la Comunidad Autónoma de Andalucía son
anteriores al acuerdo de Consejo de Ministros de 2011, señora Rodríguez. He dicho textualmente que no introduzco en el análisis el 2012 porque es un año en el que ha habido cambios sustanciales, solo he tomado el año 2011 en el análisis, cuando,
como usted sabe, no existía el acuerdo de Consejo de Ministros. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con la filosofía imperante tanto en el acuerdo de ministros como en la modificación de la Ley de Estabilidad y en la modificación que fue
necesaria en la Constitución y que ustedes, como bien sabe, apoyaron.


Permítanme que aluda a lo dicho por el señor Cuadra, aunque ya sé que no está en la sala. A mí personalmente -y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones'- me parece que hablar ante un grupo de personas que trabajamos de forma
responsable, cada uno desde una ideología, cada uno desde unos principios y desde una responsabilidad obviamente, de eutanasia escondida, de crimen social, me parece una profunda falta de respeto al trabajo que hacemos cada uno desde nuestro sitio y
cada uno pensando, desde luego siempre con buena fe, que estamos trabajando por los ciudadanos y por el bienestar de los españoles. Estoy convencida, señora Rodríguez, de que este país lo hemos hecho grande entre los Gobiernos del Partido
Socialista y los Gobiernos del Partido Popular, con una diferencia, que a nosotros siempre nos toca arreglar los problemas, pero como los arreglamos desde la responsabilidad, estoy convencida de que España volverá a ser un gran país.


Muchísimas gracias por el tono de su intervención, muchísimas gracias por haberme escuchado y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora secretaria de Estado. Con su intervención damos por concluida esta Comisión.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.