CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 399

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles,

18 de septiembre de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias para informar en relación con el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. Por acuerdo de la Comisión de Asuntos Exteriores. (Número de expediente 121/000051):


- De la señora presidenta de la Asociación de Familias de Diplomáticos (Vázquez). (Número de expediente 219/000460) ... (Página2)


- Del señor Miranda y Elio, del Círculo de Reflexión Internacional. (Número de expediente 219/000459) ... (Página8)


- Del señor Solano, politólogo, asesor parlamentario en Westminster y asesor diplomático, a través de videoconferencia. (Número de expediente 219/000464) ... (Página17)


- Del señor subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación (Mendívil Peydró). (Número de expediente 212/001075) ... (Página23)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES. (Número de expediente 121/000051).


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DIPLOMÁTICOS (VÁZQUEZ). (Número de expediente 219/000460).


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión con la comparecencia de doña Carmen Vázquez, presidenta de la Asociación de Familias de Diplomáticos, a solicitud del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Le agradecemos su presencia
aquí y le damos la palabra para que nos exponga su posición al respecto.


La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DIPLOMÁTICOS (Vázquez): Señorías, en primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que nos brindan una vez más, es nuestra segunda comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores,
para informarles de nuestra propuesta de modificación de la ley de acción del servicio exterior del Estado. Vengo acompañada de miembros de otros colectivos vinculados a las familias del servicio exterior. Si me permiten se los voy a presentar
aunque estén al otro lado de la mesa. Me acompañan la vicepresidenta de nuestra asociación, Adriana de la Riva; el coronel, Juan Pedro Rodríguez Manjón, que es responsable del área de agregados del Ministerio de Defensa, y don Juan Sunye Mendia,
que es el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Tenía previsto también acompañarnos la presidenta de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado que no ha podido asistir por problemas de agenda, pero que nos ha
pedido encarecidamente que hagamos llegar a sus señorías que apoya las propuestas que aquí les vamos a presentar. Este apoyo que nos brindan estas personas con su presencia significa el reconocimiento de la labor que realizamos desde la Asociación
de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior. Como ustedes saben nuestra asociación nació como una asociación de cónyuges de diplomáticos, ha ido evolucionando a tenor de la evolución de la sociedad española y, por supuesto, del
servicio exterior y ahora somos una asociación horizontal que pretende cubrir las necesidades de todos los familiares del servicio exterior, independientemente de cuestiones corporativas o de adscripciones ministeriales. Somos una asociación de
apoyo a las familias en el servicio exterior. Mantenemos una relación con los colectivos que nos acompañan hoy aquí y desde hace ya tiempo estamos iniciando contactos para que esto se amplíe y estamos empeñados en esa tarea. De tal forma que
siempre se nos vea como una asociación que defiende los intereses de las familias del servicio exterior.


Voy a ser muy breve en el planteamiento de las modificaciones sugeridas, porque entiendo que a lo mejor es más interesante que luego me hagan preguntas del tipo que consideren oportuno. El objetivo primordial de la Asociación de Familias de
Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior ha sido siempre, en primer lugar, equipararnos con los países de nuestro entorno, como bien saben ustedes, según el documento que les presentamos en nuestra primera comparecencia y, en segundo lugar,
por lo que trabajamos incansablemente, la conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios del servicio exterior. La asociación no puede por menos que felicitarse por el hecho de que por fin la ley de acción y de servicio exterior
esté ya en esta fase. Nos felicitamos por ello. Todos ustedes saben que los proyectos anteriores habían fracasado, no había sido posible llegar a este punto. Consideramos que por primera vez se hace un somero reconocimiento al papel y a las
necesidades que juegan las familias de los funcionarios del servicio exterior. Aún considerando el importantísimo avance que ha supuesto el reconocimiento, en el capítulo V, de los artículos 58 y 59 que, como saben, recogen toda la problemática de
apoyo a las familias y del trabajo de los cónyuges, hemos hecho una serie de modificaciones que son importantes y que compensarían una serie de deficiencias -y en algunos casos son muy importantes- que sufren los cónyuges funcionarios del servicio
exterior. Nuestra asociación no va a presentar ninguna modificación al artículo 58, en cuyos cuatro puntos, que ustedes saben, se recogen los principios básicos en cuanto a las condiciones, el reconocimiento y las peculiares circunstancias que
concurren en el servicio exterior. No obstante, confiamos sinceramente en que la reglamentación posterior pueda incidir más en algunos aspectos que, desde nuestro punto de vista, son muy genéricos y carecen de concreción o mandato específico de
desarrollo. Ya nos referiremos a algunos de estos desarrollos reglamentarios si surge, como el tema de educación, pues ya están reglamentados o en vías de reglamentación. Confiamos en que la reglamentación posterior sea un poco más concreta y con
un mejor mandato específico de desarrollo.

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Me voy a centrar en las modificaciones que solicitamos que reconsideren: en el artículo 59, que se refiere al trabajo de los cónyuges, y en la recuperación de dos disposiciones adicionales que estaban previstas en el borrador anterior y que
lamentablemente no están incorporadas en el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno. Simplemente, para comenzar con nuestros cambios en el artículo 59, les daré un par de datos que son muy significativos: la interrupción de las cotizaciones
durante la permanencia en el exterior alcanza el 75% a los cónyuges de los funcionarios del servicio exterior y, por otro lado, la renuncia a la pérdida temporal de empleo es del 95%. Por ser concreta he traído simplemente estos datos, aunque hay
muchos otros. Las dos modificaciones que presentaremos a su consideración se refieren al trabajo de los cónyuges, a la pérdida de los derechos pasivos y a la cobertura sanitaria de los cónyuges o parejas de hecho de los funcionarios en el exterior.
Desde la asociación nos satisface que alguna de nuestras observaciones en el trámite de audiencia haya sido recogida. Por ejemplo, el artículo 59.1 hace referencia a la firma de tratados internacionales. Nosotros habíamos sugerido -y ya se lo
hicimos saber en la comparecencia anterior durante el trámite de audiencia- que ese articulado que ahora está felizmente incorporado al artículo 59 no estuviera en la exposición de motivos, que era como estaba antes, y se ha pasado a lo que debe
ser: un punto del artículo 59. Nos felicitamos porque así haya sido. No podemos estar de acuerdo con la redacción final, por puntos, del artículo 59 por entender que solo hace referencia a los puestos que se pueden cubrir por funcionarios de la
Administración General del Estado o contratados laborales, a los puestos ya existentes, y no hace ninguna referencia a contratos que puedan ser suscritos por personal no funcionario. En este sentido, nuestra asociación se ve obligada a añadir un
tercer punto, el 59.3, en el que se haga referencia a la cobertura de puestos de trabajo en el exterior, que ya fue solicitado en su día en el trámite de audiencia, porque consideramos que la inclusión de este punto tres en el artículo 59 permite
que otros aspirantes a puestos en la Administración no sean excluidos.


Por lo que respecta a las disposiciones adicionales de las que les hablaba antes, la Asociación de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del Servicio Exterior lamenta profundamente la desaparición de esas dos disposiciones sobre el
mantenimiento de las contribuciones al régimen de protección social y cobertura sanitaria. Como ustedes saben, en nuestro país existen dos sistemas de Seguridad Social: el sistema general de la Seguridad Social y el sistema clases pasivas. Dos
sistemas que coexisten perfectamente cuando los funcionarios están destinados dentro del territorio nacional. El balance no está a favor de uno ni de otro. Tanto las contribuciones al sistema del régimen de clases pasivas como la cobertura
sanitaria están perfectamente cubiertos y no hay ninguna discriminación de uno a favor de otro por el mero hecho de que se pertenezca a dos regímenes distintos. Esto en el caso de los funcionarios que se desplazan dentro del territorio nacional.
Lo que sucede cuando los funcionarios se desplazan al exterior es que concurren unas circunstancias especiales, que no están consideradas, y que hacen que este balance de regímenes de la Seguridad Social, que en territorio nacional no supone ningún
problema, en el exterior lo sea. Me refiero concretamente a dos aspectos: uno es el tema de la cobertura sanitaria y el otro el de los derechos pasivos. Tanto en un caso como en otro siempre hay una parte de esas prestaciones de la Seguridad
Social que los funcionarios o cónyuges en el exterior pierden. Me explico, aunque algunos ya lo saben, cuando un funcionario perteneciente al régimen general de la Seguridad Social se desplaza al exterior puede firmar un convenio especial con la
Seguridad Social que le permita seguir contribuyendo a los derechos pasivos y no perder sus derechos de pensión. La contrapartida a esto es que, ese funcionario que ha solicitado ese convenio especial por acompañamiento al cónyuge, se encuentra con
que la cobertura sanitaria tiene que ser directamente gestionada por la Seguridad Social del país donde vaya. ¿Qué significa esto? Que incluso dentro de Europa los regímenes de la Seguridad Social -ustedes lo saben perfectamente- son muy
diferentes. Es muy distinto estar en Rumania que estar en Gran Bretaña, con lo cual la mayoría de las veces no se les permite adscribirse al régimen de protección sanitaria de Muface que cubre a los funcionarios en el exterior, que como todos saben
es una póliza que se contrata y que permite cubrir en el exterior. Esto por lo que respecta a los del régimen de la Seguridad Social, es decir, mantienen sus cotizaciones, porque se les permite firmar un convenio especial, pero no pueden estar en
igualdad de condiciones que el funcionario en cuanto a cobertura sanitaria.


Por lo que respecta a los funcionarios que están adscritos al régimen de clases pasivas, sucede justamente lo contrario. Están adscritos al régimen sanitario del cónyuge o funcionario destinado en el exterior, en este caso puede ser
cualquiera de las prestaciones DKV o lo que en ese momento sea, que obviamente tiene unas prestaciones mucho mejores, pero no puede suscribir nunca un convenio con la Seguridad Social en la medida en que no le está permitido. ¿Qué sucede? Que
pierde sus derechos pasivos y sus derechos a recibir una pensión. Estas dos circunstancias se recogen en las dos disposiciones

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adicionales que les hemos presentado. Por nuestra parte parece coherente sugerir también una disposición transitoria en la que se actualicen las cotizaciones. Pensamos que realmente ha habido muchos casos de funcionarios, especialmente
dentro de los funcionarios de movilidad obligada, que son los funcionarios de la carrera diplomática, que a lo mejor pasan veinte años de su vida, cuando no más, fuera y sus cónyuges están obligados a no poder cotizar y a perder los derechos de
pensión. Nuestra asociación considera que debería introducirse esta medida que permita permanecer en alta o asimilada al alta en el régimen de clases pasivas mediante el abono voluntario de cuotas y a su cargo las cotizaciones correspondientes, con
el objeto de mantener los derechos correspondientes de pensión. En ese sentido es en el que hemos planteado esas dos disposiciones adicionales, que ya en su día estaban -les insisto- en borradores anteriores y que por cuestiones que nos imaginamos,
creo recordar -no estoy muy segura- que fue un dictamen del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que lo echó abajo.


Como tienen el documento que les he pasado, quería señalarles que esta situación no afecta solamente a los cónyuges funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que es una situación que afecta a todos los ministerios, a los dos
regímenes de la Seguridad Social y también -que esto es muy importante y quisiera que tomaran nota de ello, porque a veces cuando se trata de los funcionarios del servicio exterior parece que se están reivindicando situaciones específicas, de
privilegio, que en ningún momento queremos plantear aquí- muy especialmente a los cónyuges funcionarios de los niveles inferiores de la Administración. Ahí tienen una relación en la que se constata esta circunstancia. Nuestra asociación pretende
evitar esta situación de desamparo y de discriminación, máxime cuando sabemos que hay otros colectivos, como colectivos -también lo tienen ahí, si tienen interés les puedo leer los reales decretos, porque los he traído, en los que se protege y se
busca una solución- con los que se han firmado convenios especiales con inmigrantes, hijos de inmigrantes y funcionarios internacionales que están destinados en nuestro país. Encontramos que hay un vacío legal importante y nos gustaría someter a su
consideración estas dos sugerencias. Por último, quiero comentarles que el dictamen del Consejo de Estado ha sido muy claro en este punto y estoy en la obligación de decírselo, aunque imagino que lo saben. El dictamen del Consejo de Estado
señalaba que las reiteradas peticiones relativas al régimen de previsión y derechos pasivos que se han planteado por parte de varios colectivos deberían ser objeto de ponderación urgente -creo que dice en uno de sus párrafos- con especial
virtualidad en el ámbito del servicio exterior. Es importante tener esto en cuenta con respecto a estas adicionales.


Finalmente, solo quiero comentarles que hay dos principios fundamentales sobre los que se está sustentando esta petición que hacemos hoy en esta comparecencia. En primer lugar, la asociación, las asociaciones y los colectivos afines que
comparten con nosotros este criterio y muchos departamentos ministeriales estimamos que el destino en el exterior no puede ni debe ser motivo de separación de las familias, pero tampoco puede ni debe ser motivo de un sacrificio total para el
desarrollo de una actividad profesional por parte de los cónyuges y no debe ser motivo de una renuncia a los derechos pasivos y a los derechos que legalmente les corresponde. En segundo lugar, quiero dejar constancia, porque esto es una máxima de
nuestra asociación y quiero trasmitírsela a ustedes, el mantenimiento de la unidad familiar revierte en beneficio de un mejor desempeño de la función pública en el exterior. Estos principios básicos que les acabo de mencionar no son nuestros ni de
nuestra asociación, pero nos inspiran, están extraídos de la Ley alemana del servicio exterior que para nuestra asociación es un modelo de referencia, al menos en lo que se refiere a las prestaciones y a las ayudas en materia de apoyo a las
familias. Quiero recordarles que, en la comparecencia que tuvimos en el mes de abril, les presentamos unas comparativas europeas con respecto a otros países de la Unión Europea. Por cierto, les hemos traído en formato electrónico para que todos lo
tengan, tanto la comparecencia que tienen en sus manos como la anterior, en la que se aglutinaban todos los problemas de las familias del servicio exterior, que con mucho gusto les dejamos para que tengan toda la documentación completa. Les
enseñábamos las comparativas europeas y estábamos en el lugar diecinueve en cuanto al cómputo global de las prestaciones y de las ayudas familiares a los funcionarios del servicio exterior. Esta situación nos produce una enorme pena, porque
realmente no corresponde al papel que España debería jugar. Apelamos a su criterio para reconsiderar la inclusión de estas propuestas que les hacemos.


En nuestra asociación tenemos la sensación de que la ley de acción del servicio exterior, que ahora está felizmente en esta fase de tramitación, debería ser una ocasión muy especial y única para que, a medio plazo, el servicio exterior
español se sitúe en el nivel que le corresponde en calidad, en eficacia y en proyección de su servicio exterior. Estamos a su disposición para cualquier comentario que quieran hacernos.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vázquez, por sus palabras ajustadas además muy estrictamente al tiempo. Siguiendo la pauta de la sesión anterior, tendría en primer lugar la palabra, por cuatro minutos, el portavoz del grupo proponente
y el resto de los grupos también tendrán cuatro minutos, excepto el Grupo Popular que tendrá siete. Señor Xuclà tiene usted la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora compareciente, doña Carmen Vázquez, por la información que nos ha transmitido en esta sesión y en la anterior. Le quiero recordar que varias veces ha hecho referencia a la anterior vez que nos
encontramos los portavoces del grupo con usted, pero ha habido una diferencia, esta es una sesión formal con 'Diario de Sesiones'. Lo digo a efectos de que no rehúya reiterar algún dato que quizás evitó previamente, porque así quedará reflejado en
el 'Diario de Sesiones' de estas sesiones que estamos llevando a cabo para ilustrar los elementos necesarios para conformar la tramitación de la ley del servicio exterior del Estado.


Me gustaría plantearle tres asuntos muy concretos. En la página número 13 del informe que acompaña a su exposición hay una detallada descripción del número de personas directamente afectadas por la ley y por el particular que nos ha
ilustrado. Hago referencia al número de hombres y de mujeres del cuerpo diplomático y no diplomáticos, todos ellos sumados. En el caso de hombres estamos hablando de 741 personas y en el caso de mujeres de 452 personas. Los responsables de
tramitar una ley y de elaborar de leyes tenemos que hacer leyes correctas, que pueden ser justas para muchas o pocas personas. Me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre -utilizando el lenguaje exacto del proyecto de ley- cuántos cónyuges o parejas
de hecho de todo este total al que me he referido tienen afectación directa por la problemática que nos ha planteado. Cuantos cónyuges o parejas de hecho se desplazan al exterior conjuntamente con los hombres o mujeres diplomáticos o no, cuál es la
evolución, cuál es la dinámica y la casuística en estos momentos. Insisto, no se pueden ni se deben hacer leyes ni enmiendas en función de una cantidad de personas, pero me gustaría conocer esta situación.


En segundo lugar, ha apuntado -y ha dicho que podríamos hablar un poco más de ello y creo que debemos hacerlo- los aspectos referidos a la educación. Básicamente el capítulo IV de la ley, los artículos 58 y 59, es el que nos se refiere al
objeto de su comparecencia. El artículo 58.3 podría ser un ejemplo que ilustrara aquella vieja máxima de Romanones: hagan ustedes las leyes que yo me quedo con los reglamentos. Porque claramente los aspectos referidos a la educación -leo
literalmente este artículo 58.3-: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará reglamentariamente las condiciones en las que los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero podrán percibir
ayudas destinadas a proporcionar a sus hijos, en edad escolar, una educación de calidad comparable a la del sistema público español. Fin de la cita. Señora compareciente, me gustaría que nos ilustrara más sobre esto que es lo que en derecho se
llama una redacción de estructura jurídica abierta. ¿Cuáles son para usted los mínimos necesarios para poder hacer frente a esta educación comparable?


Voy a terminar. Esto fue objeto de distintas reflexiones en la sesión de ayer y quizá también lo sea durante la sesión de hoy. Lo sabemos, pero creo que es el momento para ponerlo encima de la mesa. La ley, a través del artículo 43,
quiere que el jefe de misión, que el diplomático máximo encargado de la misión, tenga una capacidad de dirección y de coordinación más importante sobre los consejeros nombrados por los distintos ministerios. Esta es una expresión práctica y muy
importante de la unidad de acción exterior. Sabe que hay un problema muy práctico, quizás a alguien le podrá parecer muy prosaico, pero es muy notable, sobre los salarios o sueldos de la carrera funcionarial y de algunos consejeros nombrados por
parte de los ministerios. Me gustaría también conocer su opinión franca sobre este particular, si tiene alguna recomendación y si las peticiones que nos plantea en el dosier sirven también para los familiares de los consejeros nombrados por los
distintos ministerios que son no diplomáticos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Nuet tiene la palabra.


El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero agradecerle a la compareciente que haya podido venir a la Comisión, así como sus palabras. Somos conocedores de las reivindicaciones de su asociación, nos las han hecho llegar por escrito y
creo que en los próximos días vamos a mantener también una entrevista para conocerlas más profundamente. Básicamente compartimos parte de las preocupaciones que afectan a los cónyuges de los funcionarios y a su situación de indefensión. Estamos
muy interesados

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en que se pueda recoger en el proyecto de ley de una forma más precisa sus justas reivindicaciones y vamos a trabajar también en esa línea. Por tanto, sepan que por nuestra parte compartimos sus preocupaciones y pensamos que es un tema que
una ley de esta importancia, y después de tanto tiempo, no podría dejar en este momento de legislar de la forma más precisa y más correcta.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: También intervengo con brevedad, como lo ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Quiero agradecerle a la compareciente su exposición. Tenemos información de cuál es la posición de su
asociación y hemos tenido ocasión de conocer todos sus documentos y las propuestas que nos hacen para la mejora de la ley y estamos en línea con algunas de las cuestiones que ha planteado que también son comunes a los funcionarios de la
Administración General del Estado que prestan servicios en el exterior. Hay diferencias especialmente en los regímenes, general o especial de la Seguridad Social, y en los diferentes tratamientos en cuanto a las prestaciones sanitarias, clases
pasivas. Este es un tema en el que podríamos aprovechar perfectamente este proyecto de ley para de una vez por todas conseguir esa equiparación y alguna otra de las cuestiones que ha planteado. No es momento de fijar posición sobre las propuestas
que nos ha hecho, pero sepa que nuestro grupo las acoge con simpatía y vamos a ver si en el trámite parlamentario pueden ver la luz alguna de las sugerencias que ha hecho a esta Comisión en el texto mejorado del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Conde.


La señora CONDE MARTÍNEZ: Vaya por delante, señora Vázquez, mi agradecimiento en nombre del Grupo Popular por sus palabras y por sus interesantes aportaciones que, sin duda, van a enriquecer el contenido definitivo de la ley y, si no es el
caso, porque algunas de las cuestiones que ha comentado son muy concretas o específicas, como comentaba anteriormente mi compañero señor Xuclà, se podrían incorporar en un desarrollo reglamentario, lo que es igual de importante o más. Si la
conciliación de la vida personal y profesional es importantísima y a veces muy complicada en parejas o cónyuges que viven en ciudades distintas o en una misma ciudad dentro de territorio español, estas dificultades se multiplican de manera
exponencial en el caso de familias de parejas o cónyuges a los cuales les separan miles de kilómetros. Esta ley que ha planteado el Gobierno es sensible con estas cuestiones y por ello un apartado específico de la misma se refiere a ellas. Como
usted bien decía, el Gobierno entiende que el acompañamiento de las familias a los empleados públicos destinados en el exterior es positivo. La propia ley entiende que los cónyuges o parejas de los empleados públicos en el exterior hacen
importantes renuncias en su vida familiar y profesional para acompañar a sus compañeros, a sus familiares y, como usted ha puesto de manifiesto en su exposición, reconoce unos derechos que anteriormente no estaban reconocidos. Este reconocimiento
de derechos es esencial para colocarnos en la línea de otros países de la Unión Europea y una de mis preguntas va en ese sentido. Usted ha comentado la posición de España en un ranquin de coberturas de carácter social. Nos gustaría saber, para
tenerlo como una referencia positiva, cuáles son los países más avanzados en esta línea y qué coberturas ofrecen esos países que no se ven contempladas en esta ley y podrían ser recogidas en un desarrollo reglamentario posterior. Voy a ser breve,
como el resto de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero quiero reforzar esa idea que todos hemos comentado y es que el hecho de que estos derechos de carácter social se vean reconocidos explícitamente en el articulado de
la ley que nos ocupa es positivo.


Para terminar, me gustaría que destacase alguna de las prescripciones que se han incorporado en la ley, aquella que usted considere más positiva y que crea que más avanza con respecto a la situación anterior. En su exposición ha hecho mucho
hincapié en los derechos pasivos y las cotizaciones sociales, que son esenciales para ustedes, pero me gustaría que me dijera qué cuestión de las que ustedes han trabajado -me consta que se han reunido con el ministerio para poderlas aportar- se ha
quedado finalmente en el tintero y podría incorporarse posteriormente.


El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, tiene diez minutos para su respuesta.


La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DIPLOMÁTICOS (Vázquez): Les agradezco sus intervenciones.


Con respecto a su primera pregunta sobre los cónyuges o parejas de hecho desplazados al exterior, es un problema contabilizarlos. Tenemos datos fundamentalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Desconocemos los datos de otros ministerios, pero el número de cónyuges funcionarios oscila entre un 18 y un 20% del número total. Efectivamente, como usted decía, no se puede legislar para un solo caso, pero esta es una realidad que no
vamos a ocultar, una realidad que existe. Esto plantea a su vez qué pasa con el resto, con el otro 80% de los que no son funcionarios, y conlleva serios problemas a la hora de priorizar nuestras peticiones. Con el artículo 59.1, que prevé la
celebración de tratados internacionales que puedan ayudar a que los que no son funcionarios encuentren apoyo y trabajo, no queda realmente cubierto este tema. Sin embargo, somos de la opinión de que una vez que esto se abra para los funcionarios
que están en esta situación de desamparo y discriminación, puede abrirse reglamentariamente la posibilidad de cotizaciones, por ejemplo, si eres autónomo y estás trabajando por tu cuenta destinado al exterior. Si usted se refería al tanto por
ciento de cónyuges que son funcionarios, le puedo decir que en el Ministerio de Asuntos Exteriores nos movemos entre un 18 y un 20%. Creo que en otros ministerios, como el de Economía y Comercio, la ratio es más elevada. En otros colectivos que
vamos a tratar de captar, porque, como les decía, nuestra asociación es horizontal, el porcentaje es mucho más elevado. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación la relación de cónyuges funcionarios es mucho más elevada que en el caso del
Ministerio de Asuntos Exteriores.


En cuanto a su pregunta sobre educación, me alegro mucho que nos la haga. Ya les he comentado que no íbamos a plantear ninguna objeción al artículo 58.3, que se refiere a la educación, porque existe ya una normativa que regula las ayudas
por indemnización escolar. Sin embargo, estas ayudas, tal como les explicamos en el documento que les hemos adjuntado, no han tenido el alcance que las familias del servicio exterior hubiéramos deseado, entre otras cosas porque desde el año 2001 no
se ha actualizado su cuantía. Ya les avanzo que la idea de nuestra asociación, junto con otras asociaciones vinculadas, es interponer un recurso para que se actualicen las ayudas por indemnización que están previstas en dos reales decretos, uno de
1995 y otro de 2000. La situación de la educación plantea muchísimos problemas. No es suficiente con esta reglamentación a la que estoy haciendo alusión, que está en funcionamiento y que, según el Consejo de Estado, bastaría con aplicar realmente.
En el texto que les he pasado, en una de las notas a pie de página, tienen el dictamen del Consejo de Estado que se manifiesta en ese sentido. Las ayudas existen, aunque no han sido actualizadas, pero cubren un 60% de lo que cuesta una
escolarización forzosa en otro régimen educativo distinto al español. Ustedes saben que el número de colegios y centros educativos españoles en el exterior es muy pequeño, por lo que el funcionario está obligado casi en el 95% de los casos a
escolarizar a sus hijos en sistemas distintos al español. Todavía no se ha llegado a lo que dice el artículo 58.3, es decir, que estarán en igualdad de condiciones que los alumnos que estudian en España. Todavía hay mucho trabajo que hacer en ese
terreno y mucha reglamentación que desarrollar, porque no es suficiente con la que hay. No obstante, no vamos a insistir en ello, porque creemos que se podrá hacer reglamentariamente con posterioridad.


En cuanto a la cobertura de puestos de trabajo, he creído entender que me preguntaba si valía también para consejeros no diplomáticos. Los consejeros no diplomáticos no son diplomáticos de carrera, pero son diplomáticos en el exterior.
Efectivamente nosotros nos referíamos a la cobertura de puestos de trabajo en igualdad de condiciones y, dada la horizontalidad de nuestra asociación, no solo estamos hablando de los diplomáticos de carrera, sino también de la posibilidad de que
todos, por ejemplo el cónyuge de un agregado cultural, puedan acceder a los puestos no cubiertos, siempre que haya plazas de la Administración General del Estado y que concurran en igualdad de condiciones. No sé si eso responde a su pregunta.


En cuanto a la intervención del portavoz de La Izquierda Plural, quiero agradecerle la acogida que ha dado a nuestras propuestas. Le agradecemos que las apoye. También quiero mostrar, en nombre de mi asociación, nuestro agradecimiento al
señor Sáez. Nos produce una estupenda impresión que se hayan recogido con interés las propuestas relativas a pensiones y contribuciones.


Contesto ahora a la señora Conde, del Grupo Popular. En su primera pregunta me pedía una aclaración sobre la situación en otros países. Con mucho gusto le remito la comparativa que hemos hecho. La asociación hizo estas comparativas en
colaboración con Eufasa, que es la Asociación Europea de Familias. En esas comparativas, de las que se dedujo la posición de España, se tocaron varios temas, como complementos, excedencias y pensiones, fomento del trabajo en misiones en el
exterior, fomento del trabajo en la Administración exterior, educación de los hijos -con todo lo que significa en cuanto a complementos, ayudas y facilidades-, cursos de idiomas y preparación al puesto y viajes periódicos de acompañamiento al
puesto. Se emitieron unos cuestionarios en los que se fueron contestando estas preguntas -los tenemos aquí y con mucho gusto se lo haremos llegar- y se elaboró un ranquin, en el que Suiza, Finlandia y nosotros estábamos por encima solamente de
Portugal, Chipre y Grecia. A la

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cabeza se situaban países como Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania. La mayor parte de los países tienen ayudas a la educación, algunos de ellos consideran incluso compensaciones económicas al trabajo de los cónyuges y los que no las
contemplan ofrecen muchas facilidades. Hay muchos que contratan sistemáticamente a los cónyuges de familias en el exterior para puestos que se cubren en la embajada. Eso es muy habitual, por ejemplo, en el Reino Unido. Otros países, como Italia,
consideran que el cónyuge realiza una labor importante en beneficio del servicio exterior, como así es. El caso más extremo es el de la ley alemana, que reconoce explícitamente el trabajo de los cónyuges y los incorpora a todas las disposiciones
del servicio exterior, en la medida en que consideran que sin el trabajo de los cónyuges difícilmente se podrían realizar el servicio diplomático y la acción exterior con contundencia. Italia, como iba diciendo, reserva un 10% del sueldo del
funcionario, que pasa directamente al cónyuge como un complemento para la ayuda que recibe. No todos los países la tienen, pero los más cercanos a nuestro entorno, como Francia y Alemania sí contemplan la cotización por excedencia. Es un cuadro
muy extenso y no hay tiempo para que se lo explique, pero se lo haré llegar con mucho gusto al finalizar esta comparecencia para que se haga una idea mejor. Lo que sí es importante destacar es que todos esos conceptos que he enumerado nos colocan
en puesto 19 global, muy por debajo del nivel que debería tener nuestro papel en el servicio exterior. El hecho de que solamente tengamos por debajo tres países nos coloca en Europa en una situación francamente mala en este punto.


También me preguntaba si queríamos reforzar más la idea de los derechos de carácter social. No sé si he entendido bien la pregunta. Realmente la cuestión prioritaria es esta. Estamos refiriéndonos a funcionarios y ahí queda, como le decía
al señor Xuclà, un hueco importante de profesionales que renuncian a su profesión. Todos nos hemos encontrado en esa situación y producimos un hueco en el currículo por estar fuera, especialmente los cónyuges de funcionarios con movilidad obligada,
como son los diplomáticos de carrera.


Me pedía que destacara una de las prescripciones más positivas de la ley. El hecho de que hayamos podido introducir la problemática de las familias nos produce una enorme satisfacción. En ese artículo 58 están recogidas las peticiones de
las familias de quienes trabajan en el servicio exterior que durante treinta años de lucha ha defendido nuestra asociación. Ahora bien, la reglamentación posterior será la que resuelva todo esto y estaremos muy pendientes de ella. Con esto
contesto en parte a su cuarta pregunta. No sé si he contestado suficientemente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez, por su presencia aquí. Los grupos parlamentarios quedan a su disposición, tal como lo han manifestado en el transcurso de sus intervenciones.


Un minuto de descanso y pasamos a la siguiente comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR MIRANDA Y ELÍO, DEL CÍRCULO DE REFLEXIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 219/000459).


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la segunda de las comparecencias, la de don Carlos Miranda, del Círculo de Reflexión Internacional, a petición del Grupo Socialista. Tiene la palabra por un tiempo de veinte minutos. Después, tras la
intervención de los grupos parlamentarios, le daré la palabra diez minutos más para responder o complementar su intervención.


El señor MIRANDA Y ELÍO: Veo que quiere que hable veinte minutos, pero mi intención es hablar muchísimo menos. En cualquier caso, quiero agradecer la oportunidad de dar una opinión en esta Comisión de Asuntos Exteriores acerca del proyecto
de ley de acción y servicio exterior del Estado.


En primer lugar, ¿que cabe esperar de una ley de estas características? Esencialmente dos cosas. Para empezar, como en toda ley, que dé respuesta a los problemas que regula, que tenga visión de futuro y vocación de permanencia, aportando
con su regulación claridad en cuanto a los objetivos, coherencia en su tratamiento y una eficaz y realista adecuación de los medios a los fines que se persiguen. Además, tratándose de una ley que regula una materia tan sensible como la acción
exterior del Estado, en definitiva, la política del Estado, debe ser objeto de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas e incluso sociales, única forma de garantizar su trascendencia. Ninguno de estos dos requisitos se cumple con este
proyecto. En su informe, el Consejo de Estado no ahorra calificativos negativos sobre la coherencia interna del proyecto, su rigor conceptual o su técnica jurídica. El calificativo perturbador es uno de los más repetidos junto a innecesario,
inapropiado e inconveniente. Es bien sabido por sus señorías que el proyecto llega a este Congreso sin contar con el consenso que reclama para su aplicación, y tras un proceso de

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elaboración que parece haber adolecido de falta de transparencia y de las necesarias consultas, contando solamente con el apoyo del Gobierno.


El objeto y el ámbito de la ley merecen en dos comentarios. El primero, sobre la conveniencia o no de regular conjuntamente en una misma ley la acción exterior y el servicio exterior. Son dos cuestiones de evidente y diversa entidad. La
primera, merecedora ciertamente de una regulación por ley, pero no así la segunda, de carácter meramente organizativo, más propio de normas de rango reglamentario. Regular por ley esas cuestiones contingentes y organizativas supone introducir una
rigidez absolutamente inconveniente para la buena marcha del servicio exterior y complicar innecesariamente su adaptación a las circunstancias cambiantes de cada situación y momento. El único tema que habría que regular en esta ley en relación con
el servicio exterior serían las consecuencias de la aplicación del principio de unidad de acción, lo que solo requiere un artículo definiendo la autoridad del embajador. En cuanto a los llamados ámbitos de acción exterior, recogidos en los
artículos 15 al 32, considero que es acertada la opinión del Consejo de Estado de que es una relación innecesaria y perturbadora, en la que se mezclan objetivos, directrices y líneas de acción, y que en su conjunto supone una acotación innecesaria
de la acción del Estado, que debe predicarse sin limitaciones en todos aquellos ámbitos que afecten a los intereses de los ciudadanos.


La ley debería establecer con mayor claridad, asimismo, los papeles centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en el interior y del embajador en el exterior, en la planificación, desarrollo y ejecución de la política
exterior y en la articulación de la acción exterior del Estado. Ninguno de estos elementos está recogido, desgraciadamente en el proyecto. El papel del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aparece totalmente desdibujado, como siendo
simplemente uno más de los miembros del burocrático Consejo de Política Exterior, en el que llegan a atribuirse al Ministerio de Hacienda responsabilidades directas en la fijación del despliegue exterior. Es sabido que sin dinero no hay posibilidad
de despliegue, pero una cosa es que no haya dinero para el despliegue y otra muy distinta es que el guardián de la bolsa lo determine. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no aparece ni como un primus inter pares, lo que alejaría
incomprensiblemente nuestro sistema del que prevalece en todos nuestros aliados y socios, incluidos los de articulación territorial y políticas más complejas.


Por otro lado, la plasmación del principio de unidad de acción en el exterior, que ya he citado, es absolutamente insatisfactorio y farragoso, como denuncia el Consejo de Estado. Como señalaba hace un momento, un solo artículo afirmando la
autoridad del embajador sería más sencillo y mucho más eficaz. No se entiende que no se quiera confiar la carga esencial de la dirección y coordinación de nuestra política exterior a la carrera diplomática española, compuesta mayoritariamente por
gente muy competente, como ocurre en aquellos países que pueden ser un modelo para nosotros, como, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos o Suiza, cuyos servicios diplomáticos y actuación exterior son de calidad y eficacia. El
proyecto parte de un planteamiento de desconfianza hacia esos servidores públicos que no está justificado y que nos separa, una vez más, de los modelos de nuestros socios estratégicos. Respecto a la mención en el proyecto del rol de las comunidades
autónomas, solo trasluce esencialmente la sujeción de las mismas al Gobierno central, cuando sería más eficaz señalar las numerosas aportaciones con las que estas pueden contribuir. Esto se refleja, entre otros aspectos, en la cooperación
transfronteriza, en la que participan muchas de ellas, aspecto ausente en el proyecto de ley.


Haré tres comentarios finales. Es necesaria una revisión en profundidad de la exposición de motivos, en particular de sus partes I y IV, que parecen grandilocuentes, ideologizadas y parciales. Ojalá el buen criterio de sus señorías
continúe y profundice la vía de rectificación ya comenzada. Las menciones a la marca España deben ser eliminadas del texto de la ley. El Consejo de Estado es muy claro y expresivo en las recomendaciones contenidas en las páginas 31 a 33 de su
informe. No puede confundirse política con imagen ni la iniciativa tiene entidad para figurar en una ley con vocación de permanencia. Asimismo, preocupan especialmente las disposiciones adicionales y finales, también objetadas por el Consejo de
Estado. En ellas se establecen en regímenes especiales para las Fuerzas Armadas, los centros educativos, el Cervantes, y se modifica la importantísima Ley de cooperación internacional para el desarrollo, que requeriría una reflexión aparte más
rigurosa y, desde luego, gozar del mayor consenso posible al constituir una parte muy importante de nuestra acción exterior, con participación directa de numerosas instituciones y ciudadanos.


En conclusión, los defectos del proyecto son numerosos y graves. A primera vista no parece posible corregirlos mediante la presentación de enmiendas, toda vez que incluyen elementos de filosofía, enfoque,

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técnica legislativa, rigor conceptual y distintos niveles normativos. Lo razonable sería que el texto fuera devuelto al Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para su revisión en profundidad y volver a presentarlo cuando esos fallos
se hayan corregido y se haya generado el suficiente nivel de consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso a las intervenciones de los grupos. Teniendo en cuenta que fue el Grupo Socialista quien solicitó la comparecencia del señor Miranda, tendrá la palabra, en primer lugar, su portavoz, el señor Sáez
Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer al compareciente, don Carlos Miranda, su presencia aquí y su informe sobre los puntos de vista que el Círculo de Reflexión Internacional tiene sobre
la ley. Debo darle las gracias por la claridad con la que ha expresado su opinión, incluso por sus palabras finales, que sugieren a los grupos parlamentarios que actuemos en consecuencia en este proyecto de ley. Nosotros ya hemos dicho en alguna
ocasión que tiene algunos defectos estructurales importantes, y pensamos que en el trámite parlamentario puede ser difícil enmendar las dudas que esta ley suscita porque, tras treinta años sin ley de acción exterior, no sabemos si va a poder
conseguir los objetivos que plantea como, por ejemplo, la coordinación. Quisiera conocer la opinión que tiene el conjunto de la carrera diplomática sobre el proyecto de ley, porque hemos conocido, ya que apareció en la prensa, una carta que
suscribieron algunos diplomáticos en la que hacían ciertas críticas a la ley.


Le formularé algunas cuestiones relacionadas con el proyecto para que exprese su opinión al respecto. En primer lugar, quiero conocer su opinión sobre la posibilidad de trasladar el modelo organizativo y los servicios comunes que tiene la
Reper. También quiero preguntarle sobre la dicotomía entre embajadores políticos y embajadores de carrera. ¿Cree que la ley abre la posibilidad de designar embajadores políticos? ¿Piensa que está bien regulado o habría que establecer alguna
concreción más? Le preguntaré por algo que el propio Consejo de Estado indica como una posible dificultad en esta ley, y que también ha mencionado en su comparecencia, y es si se respeta suficientemente el principio de unidad de acción en el
exterior, si esa dependencia jerárquica y funcional que plantea el proyecto de ley realmente puede crear problemas y si no hay un cierto desapoderamiento al embajador o al jefe de misión.


Usted ha hecho una mención expresa al informe del Consejo de Estado y quisiera saber qué opinión le merece la referencia a la innecesariedad de que en el capítulo II exista una regulación expresa sobre los sujetos de acción exterior, cuando
algunos son órganos constitucionales que merecerían estar en una ley orgánica. Por el contrario, en el caso del título IV y el tratamiento que hace de la organización del servicio exterior, quisiera saber si opina que es más reglamentista o que es
más propio de una ley ordinaria.


Desde nuestro punto de vista hay una cierta desproporción en el tratamiento de los temas y quizá algo que debía informar la propia ley sería la puesta en funcionamiento del servicio de acción exterior en la Unión Europea. Me gustaría que me
diera su opinión sobre si todo el capítulo que hace referencia a la acción exterior en la Unión Europea, incluso de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, tiene un tratamiento suficiente o si tal vez se desaprovecha una oportunidad básica para
mejorar la eficiencia y la coordinación con el recientemente puesto en marcha servicio exterior de la Unión Europea.


Quisiéramos conocer su opinión sobre uno de los temas más polémicos del proyecto de ley, que es esa voluntad recentralizadora, de control de algunos sujetos de la acción exterior, singularmente de las comunidades autónomas y entidades
locales. El Consejo de Estado dice que, tal como están establecidos los artículos 13 y 14 -si no recuerdo mal-, la necesidad de información al ministerio de la acción exterior de las comunidades autónomas se formula en términos negativos. Quisiera
saber si comparte con mi grupo que hay una voluntad recentralizadora o de control exhaustivo de la acción exterior de las comunidades autónomas, cuando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya están perfectamente establecidos los límites
de la misma.


Nos gustaría conocer qué diferencias conceptuales hay en el proyecto entre política exterior y acción exterior. Queremos saber su opinión sobre la exposición de motivos, que a nosotros nos parece -compartiendo la opinión del Consejo de
Estado de que es demasiado extensa- que en algunas de sus frases es crítica con la herencia dejada en política exterior por otros Gobiernos. También quisiéramos saber qué piensa sobre la estrategia de política exterior, que tal como está en el
proyecto de ley creo que adolece de cierta indefinición, y también el Consejo de Estado hace referencia a ello.

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Finalmente, para dejar tiempo a la intervención de la diputada doña Delia Blanco, me gustaría saber si usted cree que debería haber un mejor control democrático de este Parlamento sobre la estrategia de política exterior, sobre los planes
anuales, y un reconocimiento a la diplomacia parlamentaria.


El señor PRESIDENTE: Me parece bien que compartan su tiempo, pero tienen que ser conscientes de que su intervención ha durado siete minutos y no cuatro, por lo que ruego a la señora Blanco que sea brevísima.


Tiene la palabra.


La señora BLANCO TERÁN: Señor Miranda, en primer lugar, como ha hecho el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, nuestro portavoz en esta Comisión de Asuntos Exteriores, quiero agradecerle su comparecencia y que nos haya dado
su opinión de manera sintética. Usted es representativo de lo que gran parte del Cuerpo Diplomático piensa de este proyecto de ley. Conocemos la carta a la que se ha referido mi compañero, el señor Sáez Jubero, y que ustedes han estado en contra
de este proyecto tal como está formulado y tal como ha llegado a esta Cámara.


Nos encontramos ante una ley que, por primera vez desde la Constitución de 1978, aborda la acción exterior del Estado. Es de las pocas materias que en toda la andadura democrática no había tenido desarrollo constitucional. Y no lo había
tenido no porque a ninguno de los Gobiernos democráticos de la reciente historia de nuestro país no se le hubiera ocurrido elaborar una ley de acción exterior del Estado sino porque no había consenso para hacerlo. No llegó el proyecto a esta Cámara
porque previamente no había consenso sobre una de las materias más delicadas del Estado, competencia del propio Estado y que, además, en ningún momento ha sido desarrollada constitucionalmente. Le diría que incluso podría tachar de osadía que el
ministro García-Margallo haya traído a esta Cámara un proyecto de ley sin un previo consenso mínimo con los grupos parlamentarios. Es imprescindible que esta materia sea consensuada. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que desde la
Transición hasta nuestros días no es que los distintos Gobiernos democráticos no hayan tenido la idea de hacer una ley de acción exterior sino que no hubo consenso para hacerlo.


Durante la última década, una parte importantísima de la política y de la acción exterior del Estado se ha concentrado en la cooperación al desarrollo. Esta fue creciendo exponencialmente en los últimos años, también con el último Gobierno
del Partido Popular y después con los dos Gobiernos socialistas, y en estos momentos, como todos sabemos, está en una situación muy crítica. La cooperación al desarrollo, como la democracia parlamentaria, aunque yo diría que mucho más, abre puertas
que no puede abrir la democracia convencional. Que la cooperación al desarrollo se introduzca en este proyecto de ley en una disposición adicional, contemplando simplemente dos aspectos, la lucha contra la pobreza y el Plan director de la
cooperación española, es absolutamente imposible de aceptar, porque es una de las ramas, de los sujetos, de los actores más importantes de la acción exterior de cualquier Estado democrático.


No me voy a alargar más. Tendría mucho que decir sobre toda la confusión que hay en el título III, relativo a la política exterior del Estado, donde se mezclan actores con sujetos, con beneficiarios, con órganos, con competencias, etcétera,
con lo cual es prácticamente imposible aclararse, hasta el punto de que el Consejo de Estado lo llama perturbador. Creo incluso que más perturbador que lo que dice es lo que no dice esta ley.


Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia con el tiempo.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: En primer lugar, quiero presentar mis excusas al compareciente porque no he podido llegar a tiempo de escuchar su intervención. Le formularé tres preguntas y espero que no las haya contestado previamente en su
intervención. Si fuera así, por supuesto lo leeré en el 'Diario de Sesiones'.


Me gustaría saber si considera usted que la ley ayuda a transmitir en el exterior un mensaje unívoco, y no me refiero a la unidad de acción, de las comunidades autónomas y del ministerio; es decir, si el marco que establece esta ley para
cuando actúan tanto las comunidades autónomas como el Gobierno va a ayudar a que ese mensaje sea unívoco y a que no se abunde en la confusión que muchas veces se vive. Ayer le ponía a otro compareciente el ejemplo de una feria internacional en la
que hay un pabellón de España y enfrente uno de La Rioja. No sé cómo se interpreta eso internacionalmente.

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El artículo 5 del proyecto establece las funciones de unos y otros, de comunidades y ministerio. La ley dice que el ministerio hará unas recomendaciones sobre los viajes o actuaciones de las comunidades autónomas, pero no prevé cómo actuar
en caso de que no se atiendan. ¿Qué mecanismos cree que se podrían introducir para solucionar esto? En relación con la Corona, que se señala como la más alta representación internacional de España, como en efecto lo es, qué mecanismos cree que se
podrían introducir para mejorar la transparencia en relación con la dación de cuentas o con la información de los viajes y gestiones, negociaciones, intermediación en contratos internacionales, etcétera, que hace el jefe del Estado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Señor Miranda, quiero agradecerle su comparecencia y decirle que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural comparte algunas de las críticas que ha manifestado en su intervención y que hemos tomado buena nota de
ellas ya que estamos en proceso de construcción del proyecto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, le anuncio que voy a compartir el tiempo con mi compañero el señor Picó.


Señor Miranda, muchas gracias por su comparecencia y por la información que nos ha trasladado, más bien por sus reflexiones, que expresan su punto de vista. Nos decía que lo más esencial de esta ley se podría resumir en un artículo, que es
el de la autoridad del jefe de la misión y la unidad de acción, que es la redacción del artículo 43. Nos gustaría que nos expresara su opinión sobre tres aspectos de dicho artículo. En primer lugar, si usted cree que la integración entre los
consejeros nombrados por los ministerios dentro de la misión y la autoridad del jefe de la misión es suficiente. En segundo lugar, usted sabe que hay una problemática, que venimos discutiendo hace dos días y que es muy prosaica, que son las grandes
asimetrías de sueldo que existen entre un consejero nombrado por un ministerio y un jefe de misión, porque a veces se dan situaciones paradójicas como que un consejero tenga un sueldo superior al de un embajador. Me gustaría saber si usted cree que
a través de la acción del grupo de la mayoría y del Ejecutivo se deberían tomar medidas al respecto en esta ley. El artículo 43.7, después de treinta y cinco años, abre una nueva puerta a la parlamentarización de la política exterior, porque en él
se dice que el ministro de Asuntos exteriores comunicará siempre a esta Comisión el nombramiento de embajadores, a los efectos de su posible comparecencia para informar a sus miembros sobre los objetivos de su misión. Creo que esta redacción se
queda a medio camino. Deberíamos adoptar una posición sobre si es conveniente o no que esta Comisión conozca los mandatos y los propósitos, de acuerdo con la carta de instrucciones, de los jefes de misión.


Comparto con usted la excesiva presencia del Ministerio de Hacienda, que condiciona, modula e incluso frena la posibilidad de desarrollar aspectos tan importantes y estratégicos como el cierre o la apertura de nuevas embajadas o consulados.


Termino diciendo que estoy de acuerdo con sus reflexiones sobre los artículos 11 y 12 referidos a las comunidades autónomas y al desarrollo de su acción exterior en el ámbito de sus competencias. Seguramente su reflexión va más en la línea
de su primera intervención que de las preguntas que le ha formulado la colega y diputada señora Lozano. Recuerdo que en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuya tramitación fue pacífica y que fue votado por unanimidad, había un artículo
titulado relaciones con Portugal, y a veces me he preguntado que reacción hubiera habido si el Estatuto de Autonomía de Cataluña hubiera tenido un artículo que llevara por título relaciones con Francia. Creo que en los asuntos autonómicos a veces
hay sobrerrepresentación y prejuicios.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Quiero agradecer los comentarios que ha hecho el compareciente en relación con la cooperación internacional para el desarrollo como una política estratégica en la acción exterior del Estado, reflejada en este
proyecto de ley que ahora tenemos entre manos.


La diputada señora Blanco se refería a la modificación que se hace en la disposición final primera del proyecto de ley de la Ley de Cooperación Internacional ya que se suprimen los planes anuales de

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cooperación. Me gustaría hacer una referencia al artículo 23 del proyecto, que está en la parte sectorial de la acción exterior, porque me parece pobre, y no me refiero solo al artículo 23. Me gustaría que ampliara un poco los breves
comentarios que ha hecho en su exposición en relación con las referencias que el proyecto de ley hace a la política de cooperación para el desarrollo, y singularmente qué opina sobre la necesidad de reflejar en él el principio de coherencia de
políticas para el desarrollo. ¿Entiende que está incluido en el proyecto? ¿Cree que deberían ponerse referencias más explícitas?


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor Miranda, por su presencia en la Comisión, por sus reflexiones y por sus palabras. No compartimos su análisis, la crítica con una ligera denuncia de oscurantismo, porque es intención del
Gobierno -que está siendo aplaudida por el Grupo Parlamentario Popular- que haya audiencia pública, como la está habiendo, examinar el dictamen del Consejo de Estado como documento de reflexión, y buscar el consenso. Ha sido escuchada la Asociación
de Diplomáticos y con ella se ha conseguido un gran consenso, aunque falta por cerrar el tema de los familiares. Repito que no compartimos esa denuncia de oscurantismo que planteaba el compareciente.


Quiero recordar a todos los miembros de la Comisión que usted tiene un magnífico currículum como diplomático. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Washington y en Argelia; ha sido subdirector general de
Naciones Unidas en la Dirección General de Organización y Conferencias; ha sido embajador de España en la OTAN y su destino en 2004 fue de embajador de España en el Reino Unido. Particularmente, fuera de esta comparecencia, me gustaría saber qué
tipo de responsabilidad ha tenido en el foro tripartito, que no comparto, aunque ahora no es momento de hablar de ello. (Risas). Me gustaría, basándome en su currículum, que me dijese por qué cree que nunca se ha traído al Congreso una iniciativa
de este tipo, de lo que se trataba de justificar el Grupo Parlamentario Socialista, en treinta años de democracia. ¿Considera el compareciente que esta es una ley necesaria, que es necesario unificar la regulación española en esta materia?
¿Considera el compareciente positivo el refuerzo que supone la ley para el desarrollo español en el exterior, a través de la economía, superando o ampliando la tradicional representación política?


El portavoz de Convergència i Unió ha hablado también sobre la necesaria coherencia y coordinación que debe de haber para evitar duplicidades en el tema de las comunidades autónomas, de obtener una eficiencia en la acción exterior, ahorrando
y eliminando duplicidades y con cierre y apertura de otro tipo de embajadas de las que existen actualmente.


Para acabar, señor presidente, también me gustaría una consideración del compareciente, don Carlos Miranda, sobre la valoración de la planificación que plantea la ley para evaluar y dar seguimiento en el exterior a través de una estrategia
que sea eficaz para los intereses de España y que además se coordine con planes directores de cooperación; sobre esa primera pátina de reflexión que ha hecho sobre la ley, que entendemos que es tremendamente necesaria, y si considera que se debe
aprobar esta ley o que se debe abandonar, como se ha hecho en treinta años anteriormente.


El señor PRESIDENTE: Consumadas las diversas intervenciones, tiene de nuevo la palabra el señor Miranda.


El señor MIRANDA Y ELÍO: Quiero empezar por agradecer a todo el mundo sus comentarios. Voy a intentar contestar a las preguntas por el orden en que se han hecho.


Por lo que se respecta a lo planteado por el señor Sáez en cuanto a la carta de los diplomáticos. En febrero se escribió una carta firmada por 364 diplomáticos -me parece-, la mayoría de ellos jóvenes, aunque también había de otras edades
más medias y viejas. En un cuerpo que tiene 1000 funcionarios que la hayan firmado 364 es una proporción, a mi juicio, muy grande. Por otra parte, en un cuerpo como el mío, en el que a pesar de lo que familiarmente llamamos el bombo, es decir el
concurso anual, la carrera depende bastante de la discrecionalidad de la superioridad. Me parece que si han firmado 364 es que también hay una proporción de unos que hubieran deseado firmar y no la han firmado por razones personales, y hasta lo
entiendo. Hay que ser prudente en esta vida. Dicho esto, básicamente manifestaron una inquietud sobre el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores en la ley del servicio exterior y recojo esa misma idea en la intervención, en la que he señalado
la centralidad que debía tener el Ministerio de Asuntos Exteriores en la coordinación, organización y planificación de la política exterior en el marco español. Obviamente en las embajadas es el embajador el que tiene que representar el principio
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unidad de acción exterior, aunque sea función del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además del cuerpo de los diplomáticos, de los 1.000, la gran mayoría tienen la calidad suficiente y tienen una preparación llamémosla multidisciplinaria.
Finalmente, añadiré en este aspecto que la política exterior, incluso cuando se tocan temas sectoriales que aparentemente tienen una especialidad, no dejan de tener, cuando están fuera, una gran carga política. En definitiva, ese es el papel que
tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y es el papel que tienen los funcionarios para acometer esos aspectos, en colaboración y coordinación con aquellos funcionarios que los conocen mejor o más específicamente.


Me ha mencionado el ejemplo de la Reper en otras embajadas, sería maravilloso, pero no hay dinero. La Reper es una excepción, funciona muy bien, pero también es la ínsula de Sancho Panza. Es una cosa específica que se ha hecho, que tiene
una enorme autonomía incluso frente a Hacienda y con este modelo se ha resuelto bien la problemática que había ahí. ¿Es exportable el modelo a todas nuestras representaciones? Creo que sí, que es deseable. También es verdad que no es lo mismo una
representación en la que tenemos un embajador, un secretario de Embajada, un canciller y nadie más. El modelo tiene sus complicaciones de organización monetaria y financiera. El modelo es bueno, por lo menos a mí me ha gustado.


Me han suscitado la cuestión de los embajadores políticos y de carrera, mi aspiración desde que soy muy jovencito es que mi país se parezca a los que están en Europa occidental. Esa es, por así decirlo, mi familia cercana. ¿Qué es lo que
veo en mi familia cercana? Que los embajadores son normalmente de carrera. Que también hay embajadores políticos, ¡no faltaba más!, de vez en cuando está justificado. Pero la justificación tiene que ser clara y evidente. Si alguien es amigo
personal del señor Cameron me parece muy bien que haya un embajador político. Si alguien en algún momento dado, en unas circunstancias, se convierte en un gran especialista en una situación complicada, me parece muy bien. En general, teniendo en
cuenta que los embajadores ya no tienen la autonomía que tenían en siglos pasados, que están los ministerios y que el control y la interlocución son constantes, los diplomáticos están en condiciones de desempeñar su labor normalmente en las
embajadas. Por otra parte, me ha parecido leer en la ley una referencia a las representaciones permanentes de ciertos organismos internacionales que podrían ser los embajadores más especialistas. Eso me inquieta, porque como he dicho antes el
embajador tiene la función de dar la impronta de política exterior en la embajada que dirige. Desde esa perspectiva, es siempre mejor que sea un funcionario diplomático. Con la excepción, que acepto perfectamente, de que en algunos casos puntuales
puedan ser embajadores políticos. Es lo que he visto hasta ahora en Europa, y me parece bien.


En cuanto a la unidad de acción exterior, el embajador obviamente es el símbolo de esa unidad de acción exterior en la embajada y es el que tiene que personificar la unidad de funcionamiento de la embajada y de todos aquellos que la
componen. Luego volveré al tema sobre cómo hemos funcionado treinta y cinco años sin la ley del servicio exterior. A veces las leyes no son tan imprescindibles como parece. A veces incluso con la ley no se resuelve el problema. También hay
aspectos de metodología de trabajo. En una embajada se trata de coordinar todas las diversas consejerías que están en la embajada. Por lo menos yo lo he hecho así en las embajadas que he dirigido, que han sido citadas por usted; muchas gracias.
En Londres, donde había muchas consejerías; en la OTAN o en la Conferencia de desarme, en la que también estuve, la coordinación dependía más el Ministerio de Defensa. En ambos casos es importante la coordinación constante para prevenir que
algunas instrucciones que vengan de algunos ministerios no estén conformes con la política general del Gobierno, porque, en definitiva, quien debe custodiarlo en el exterior es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, también es muy
importante, aunque no solo -es mejor tener una ley, no voy a decir que no, pero es muy importante-, la metodología de trabajo y poder llevar las cosas con la suficiente coordinación y antelación. Cuando a veces surge algún problema, algo que no se
entiende, que generalmente han sido problemas de confusiones, la rapidez de los medios de comunicación hoy en día permite el contacto con la capital y decir: hay aquí una pequeña diferencia de criterio, y esto se soluciona con facilidad.


Respecto a la acción exterior de la Unión Europea, es muy importante tener un entronque bueno. Con la Unión Europea no he tenido trabajo directo, lo mío se ha centrado más en los aspectos de seguridad y desarme, pero veo que se está
organizando un servicio que no forzosamente va a englobar directamente todos los servicios diplomáticos de los demás y que va a tener su propia personalidad, sin perjuicio de que tenga funcionarios de los servicios diplomáticos de los distintos
países, pero tiene también sus propios funcionarios. El entronque es importante, porque ahí hay un juego. Soy muy partidario de la Unión Europea -y supongo que ustedes también-, pero dentro de la Unión Europea hay un juego de influencias, hay

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un juego de poderes, hay juegos en los cuales es muy importante tener funcionarios de gran calidad y que sean capaces de ir, por una parte, progresando en ese servicio o en cualquier otro parecido También pasa en la OTAN, donde hay un
funcionariado que tienen que representar y defender los intereses del colectivo, no de su país. No quita que todos somos humanos y a veces se ha ido un poco a favor del país, a la interpretación o a una presentación mejor. Es muy importante que
con la Unión Europea se tenga una relación muy estrecha en los servicios exteriores.


Respecto a la voluntad de controlar las comunidades autónomas, ya me he referido a ello. Me parece que la ley se fija más en un lado de la moneda y no se fija suficientemente en el otro. Obviamente la acción y la unidad exterior del Estado
requieren que haya una coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Vuelvo a insistir, no creo que baste simplemente con decir: lo que usted no puede hacer lo debe hacer; hay que ver también las aportaciones positivas. Por
otra parte, cuando estamos en este aspecto de comunidades autónomas, hoy en día vemos que es un problema esencialmente político. Si el problema está resuelto políticamente, el problema no se plantea en la ley del servicio exterior. Si el problema
no está resuelto políticamente, por mucho que diga la ley del servicio exterior lo que diga, habrá problemas de distinta de naturaleza.


Respecto a la herencia de la política exterior de otros Gobiernos, ha habido muchos borradores, como usted sabe, y a veces uno se confunde. Recuerdo que en alguno de ellos -creo que no es este y no se en cuál exactamente- se ponía algo así
de que con esta ley se iba a salir del aislamiento y de la irrelevancia de la política exterior de España. Cuando lo leí, la verdad es que me sentí insultado, porque llevo muchos años al servicio de mi país. Ingresé en la carrera con la dictadura,
pero afortunadamente vino pronto la democracia. En este sentido se ha hecho mucho desde el final de la dictadura y se ha avanzado muchísimo. En una política de Estado -además se ha hecho desde los distintos Gobiernos-, intentar superarse unos
frente a otros no tiene sentido. Esa frase ha desaparecido afortunadamente, pero si hay otros restos en ese sentido recomendaría que desaparecieran.


El control democrático sobre la política exterior y sobre la diplomacia parlamentaria, me parece que la diplomacia parlamentaria es buena. Porque soy de aquellos que piensan que me entenderán mejor en el Parlamento si los parlamentarios
también salen fuera y encuentran a sus colegas de otros países. Desde esa perspectiva lo entiendo. La diplomacia parlamentaria también es el control del Parlamento. Me parece que hay una pregunta más concreta sobre esto. Me parece correctísimo
que haya conocimiento, por parte de esta Comisión, de la política que se lleva a cabo. Dicho esto, también le diré que la diplomacia necesita caracteres reservados, que todo no se puede contar, que todo no se puede decir. El problema no es que se
trate de ocultar, el problema es que hay que decir las cosas con un sentido general y hablar de las mismas cuando se pueda hablar.


Doña Delia Blanco se ha centrado más en la cooperación al desarrollo y en las confusiones del título IV. La cooperación al desarrollo es una parte muy importante, como ella ha dicho, de nuestra política exterior y de nuestra imagen fuera.
Diría también que desde un carácter moral, porque aunque el mundo internacional es un mundo de lucha de intereses hay que intentar encuadrarlo mejor. La cooperación al desarrollo es una obligación para aquellos países que están en mejores
condiciones que otros. Por tanto, es muy importante seguir respaldando, fomentando y ampliando, en la medida de las posibilidades económicas, todo lo que significa la cooperación al desarrollo.


La señora Lozano, de UPyD -no ha podido llegar a tiempo, pero tengo la intención de dejar al señor presidente el texto de mi intervención para que cualquiera que lo desee lo encuentre aquí-, me ha hablado del aspecto unívoco de las
comunidades autónomas y del Gobierno. He estado en Londres entre 2004 y 2008 y tuvimos una feria muy importante de turismo. Los ingleses son la mayoría de nuestros turistas, el contingente más importante. En unas salas enormes había pabellones de
todas las comunidades autónomas y también pabellones gubernamentales, centrales. Esto es compatible, se puede llevar bien, lo que no tiene sentido es actuar en contra del conjunto. Pero al final quien quiere arrastrar turismo a Andalucía está en
competencia con quien quiere llevar turismo a Cataluña o a Asturias o a Madrid y este es un marco en el que hay que tener flexibilidad y llevar las cosas con coordinación sensata y siguiendo el adagio de que hablando se entiende la gente. Luego hay
cosas que a veces tienen sus excepciones. Recuerdo una feria del libro en la que una editorial particular señalaba que los catalanoparlantes que podían leer libros en catalán sumaban las poblaciones de Cataluña, Valencia y Baleares. Esto no
gustaba, no digo a los de carácter centralista, sino a los otros. A veces uno no puede impedir ciertas cosas, pero vuelvo a insistir en que es esencialmente un problema de entendimiento político, que es lo que permite ir en la buena dirección.

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En cuanto a la Corona, hay una Ley de Transparencia y la Corona debe dar cuentas, pero también hay que actuar con sensatez. No se pueden exigir las cosas de la misma manera que se pueden exigir al Gobierno, que está sujeto al voto en las
elecciones. La Corona debe dar cuenta de sus viajes, de sus actividades, creo que hay que pedírselas, pero esto no tiene que convertirse en una crítica a la institución. La institución tiene que ser más transparente y tiene que explicar las cosas
que hace y eso debiera estar incluido en la Ley de Transparencia.


Se ha referido a viajes, avisos, etcétera, a los problemas de los viajes de las comunidades autónomas y de sus autoridades, lo que a mí me gustaría, si estuviera en una embajada, sería que mi Ministerio de Asuntos Exteriores me dijera que va
a venir fulanito o menganito, que me diera el trabajo hecho de alguna manera. Si recibo directamente todos esos avisos me van a colapsar el funcionamiento de la embajada. Lo primero es coordinar las cosas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
y las embajadas.


Quiero agradecer al portavoz de La Izquierda Plural sus comentarios y como no ha hecho ninguna pregunta me abstendré de darle ninguna contestación.


El portavoz de Convergència i Unió ha suscitado un tema doloroso, el de los sueldos. Lo ideal sería que todos cobrásemos lo mismo por el mismo trabajo. Tengo la impresión -digo que tengo la impresión, porque no me he metido generalmente en
estas cosas- de que los demás ministerios tienen sus pequeños servicios diplomáticos, como el consejero de Turismo, que son una pequeña parte de su ministerio. Se quiere buscar la calidad en aquellos que salen fuera y premiarles con autonomía
presupuestaria, lógicamente también el de Exteriores, por lo que cobran más que los diplomáticos, eso también lo veo dolorosamente. Pero no solo es esto, me he encontrado situaciones -voy a decir una bobada- de que el de al lado tenía una
fotocopiadora en color y yo tenía una en blanco y negro de las de toda la vida. Es decir, incluso en los medios tienen más. Obviamente, cuando hablamos de un servicio común todo eso está muy bien, me parece estupendo, pero ¿quién va a
recentralizar esos servicios comunes? Entiendo que tendría que ser el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dudo mucho que los demás ministerios estén dispuestos a hacerlo.


En cuanto a la integración, he entendido que era física en las embajadas, siempre es mejor que la gente esté junta. Tampoco me he planteado nunca que haya problemas porque estén en otras oficinas, ya que están los teléfonos y el whatsapp.
Cuando estaba en Londres tenía regularmente reuniones con todas las demás consejerías y casi a diario con las cancillerías diplomáticas donde había otras consejerías. Considero que es mejor, pero tampoco es absolutamente necesario.


Lo de que los embajadores vengan aquí a explicar cuál es su misión, me parece estupendo. Me hubiera impuesto mucho y me hubiera puesto muy nervioso. Sin embargo, eso lleva también a que se vaya en una dirección que yo no he visto y es que
se den unas instrucciones cuando se va a un sitio. Los embajadores franceses, según me cuentan, tienen seis meses después de llegar a su puesto para mandar su plan de acción. Se lo aprobarán o no y se lo modificarán, pero hay una dirección en la
que ir. En España somos menos organizados y más intuitivos y con nuestra intuición no funcionamos tan mal. Lo que me da miedo a veces, cuando hay un exceso de planificación, es que se nos vaya la flexibilidad, que a veces también es necesaria.


En cuanto a las comunidades autónomas -creo que ya he contestado de alguna manera-, pienso que es un problema básicamente político, un problema cuya resolución la tienen ustedes que son los políticos. Si las cosas están bien asentadas, lo
estarán en lo demás y, si no, por muchas leyes que me den ustedes habrá problemas. Cuando estaba en Londres vinieron de la Generalitat para abrir una representación, me dijeron que querían estar en la lista diplomática de la embajada y me pareció
muy bien, pero eso no lo podía decidir yo, lo tenía que decidir Madrid, pero cuando fueron a inaugurar la representación no hubo una bandera española y yo me tuve que abstener de estar presente. El tema es político, no es de otra naturaleza.


Señor Picó, no he tomado bien nota de sus preguntas.


El señor PICÓ I AZANZA: Le he pedido que nos ampliara sus observaciones en relación con la cooperación internacional y singularmente con el principio de coherencia de políticas.


El señor MIRANDA Y ELÍO: La cohesión y la coherencia de las políticas es un tema básico y complejo de explicar a la vez. En esto soy muy anglosajón y pienso que cuantas más reuniones mejor y cuantas menos leyes también y las leyes cortas y
todo lo que es para reglamento que vaya a reglamento. Este es uno de los graves defectos de esta ley.

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Señor Landaluce, muchas gracias por sus palabras. En esta ley, en este momento, hay transparencia, pero tenía que haber venido aquí ya consensuada y tenía que haber habido un diálogo previo. Ha citado la asociación de la ADE. Plantearon
muchísimas enmiendas, lo que me ha llegado es que se les explicó que muchas no se podían recoger porque ya se había llegado a acuerdos con otros ministerios. Esta es una de las dificultades de esta ley, que hay que acordarla con los demás. Ahí es
donde juega un papel importante la Presidencia del Gobierno, que es la que si todo el mundo no se pone de acuerdo es la que tiene que hacerlo. Si se deja a la pura discusión en la que Exteriores es uno más, que es como está reflejado en la ley, eso
no va por la buena dirección. Si Exteriores para poder sacar algo tiene que negociar -si el consejero de Comercio va a cobrar más o menos y al final te doy el apoyo a la ley- no me parece bueno desde el punto de vista del ministerio. Por eso
pienso que hay que prever un poco esta cuestión.


¿Si la ley es necesaria o no? Es mejor que haya una ley, pero he funcionado bien sin la ley, también por metodología de trabajo. Eso no quiere decir que no haya tenido problemas, claro que los he tenido de vez en cuando, pero con una buena
coordinación en las embajadas las cosas se pueden llevar bien. Dicho esto, como he contestado antes a uno de sus colegas, es bueno que se intente dar una dirección y un sentido, que haya una coordinación, pero tiene que ser de carácter general.
Probablemente en algunos casos tendrán que ser más precisos, pero no hay que olvidar que en política exterior e interior hay una diferencia. En política interior un Gobierno puede intentar -y lo logra muchas veces- planificar las cosas que se van a
hacer -en una fecha esto, en otra lo otro, un viaje- y en el mundo internacional se puede planificar, pero está uno muy a merced de los acontecimientos imprevisibles e imprevistos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Miranda, por su comparecencia.


Descansamos un minuto y pasamos a la tercera comparecencia mediante videoconferencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR SOLANO, POLITÓLOGO, ASESOR PARLAMENTARIO EN WESTMINSTER Y ASESOR DIPLOMÁTICO, A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. (Número de expediente 219/000464).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia de don Xavier Solano, politólogo, asesor parlamentario en Westminster y asesor diplomático, a petición del Grupo Mixto, en particular de Esquerra Republicana. La videoconferencia está
preparada. Por favor, silencio.


Tiene la palabra.


El señor SOLANO: Antes que nada, quiero agradecer la invitación para comparecer hoy aquí. Voy a presentarme un poco. Me llamo, Xavier Solano. Espero que se me oiga bien. Soy politólogo. Actualmente soy asesor en el Parlamento británico
y con anterioridad fui asesor del embajador en la Embajada de Eslovenia en el Reino Unido y delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en el Reino Unido. Antes de eso ejercí de asesor en el Parlamento escocés y de analista en el Gobierno
escocés. Soy licenciado en Ciencias Políticas y mi corta presentación irá dirigida a la relación entre las embajadas y las delegaciones de las comunidades autónomas en el extranjero. Luego, con mucho gusto, intentaré responder a las preguntas que
me quieran hacer.


Ejercí de delegado del Govern de la Generalitat entre 2008 y 2011 y tuve la suerte y el placer de tratar con dos embajadores excelentes, Carlos Miranda y Carles Casajuana. Les comentaré un poco lo que ellos me dijeron. Lo primero fue que
era un momento delicado. Era la primera vez que había una delegación del Gobierno catalán en el extranjero y por tanto era la primera vez que había un contacto directo entre embajada y delegación en un marco que no era la Unión Europea. Los
embajadores me comentaron que era muy importante tener en cuenta la unidad de acción en el exterior, la lealtad institucional y la coordinación. Estos son los principios rectores de este proyecto de ley. Estoy totalmente de acuerdo con los
embajadores. Es muy importante que haya unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y coordinación entre aquellos que prestan los servicios exteriores. Voy a compartir con ustedes la experiencia de cómo intentamos respetar estos
principios rectores sin un proyecto de ley como el que hoy estamos debatiendo.


Antes que nada, voy a explicar muy brevemente cuál es la función de un delegado del Govern de la Generalitat en el extranjero. En mi caso fue establecer contacto con el Gobierno británico, los Gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte
y también con los Gobiernos de la República de Irlanda y de Islandia para tratar temas de competencia de la Generalitat de Catalunya. Mi función es también ir un poco más allá y establecer relaciones de trabajo con los parlamentos, así como con la
comunidad empresarial, las universidades, etcétera.

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La relación entre la delegación y la embajada fue en todo momento muy cordial. He de reconocer que nunca tuve ningún problema ni con los embajadores ni con el personal de la embajada y espero que ellos puedan decir que tampoco tuvieron
nunca ningún problema con mi persona o con mi cargo. No voy a hacer distinción de quién dijo qué, pero es muy importante que se entienda que el embajador de España y el delegado del Gobierno de Cataluña en el Reino Unido tuvimos que establecer una
relación que permitiera que, de cara al exterior, no se viera que un Gobierno hacía una cosa y otro Gobierno hacia otra completamente diferente, porque esto podría afectar negativamente no solo al Gobierno de España sino también al de Cataluña. Fue
una relación muy natural, con base en el tiempo. Se ganó confianza y se fundamentó en unos principios muy básicos, que fueron: diálogo regular, fidelidad mutua, mucho sentido común y una actitud abierta para compartir información que se
consideraba relevante para nuestra representación. Otro factor importante fue la presencia tanto de la Embajada de España como de la Delegación del Gobierno catalán en el Reino Unido en aquellos actos en los que una parte invitaba a la otra y,
sobre todo, mostrar una relación cordial y muy cálida en todos los actos públicos en los que las dos representaciones eran invitadas. Puedo dar muchos ejemplos de cómo funcionaba esta relación. Tuve el placer de ser invitado en varias ocasiones a
las reuniones de coordinación de la Embajada de España. Allí, el embajador y los representantes de las diferentes consejerías, de los consulados y de los organismos de los Gobiernos autonómicos se reunían una vez cada cierto tiempo para discutir
sus iniciativas. Era una iniciativa muy útil, que nos permitía conocernos a todos, identificar sinergias para poder hacer cosas juntos y sobre todo saber cuáles eran las líneas de cada uno de nosotros. Una de las cosas que ayudó mucho a estas
relaciones fue que la embajada en Londres aceptó muy gratamente introducir los datos de contacto de la delegación del Gobierno catalán y de otros Gobiernos autonómicos en su website. Esto da una imagen muy corporativa del Estado y sus diferentes
representantes en el exterior. Por desgracia, hoy mismo lo he buscado en la website de la embajada en Londres y no lo he sabido encontrar. No sé si lo han cambiado o sencillamente ha caído. El mensaje básico es que estas prácticas permitieron que
hubiera un nivel de confianza entre el embajador y un servidor, que sirvió para evitar situaciones que podrían haber sido embarazosas en círculos diplomáticos. Era una relación que se venía llevando a la práctica en otros ámbitos, sobre todo en el
comercial y en el cultural, desde hacía bastantes años y que funcionaba bastante bien. La conclusión es que esta relación permitió que tanto la embajada como la delegación del Gobierno de la Generalitat hicieran su trabajo de manera eficiente,
confiasen la una en la otra y pudieran colaborar en los casos que fueran beneficiosos para las dos partes.


He estado leyendo el proyecto de ley y creo que hay cosas positivas y otras que no son tan positivas. Me da la sensación de que a la larga, en lo referente al papel de las comunidades autónomas y a la manera en la que deben relacionarse con
las embajadas y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en vez de potenciar esa relación de confianza mutua puede dificultarla más.


Me he concentrado mucho en el capítulo I, en los artículos que hacen referencia a las comunidades autónomas, y he visto con preocupación que sus actividades se supeditarán a los principios que se establecen en esta ley, que estarán sujetas a
las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno. Esto, depende de cómo se entienda -porque cada Gobierno autonómico tiene sus planes de acción y podría ser que el Gobierno de España tuviera un plan de acción muy
diferente al plan de acción de la comunidad autónoma-, podría crear un conflicto de intereses de cara no solo al delegado y a su equipo sino también al embajador y al personal de las embajadas. Por eso, me gustaría preguntar si esto va a afectar a
las competencias exclusivas del Gobierno de España en política exterior o si también va a afectar a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Hago estos comentarios básicamente porque estoy muy relacionado con la política británica
y he conocido de primera mano la política exterior canadiense y la belga y sé que estos tres países -comparto lo que comentaba Carlos Miranda, que las leyes son cortas- tienen mucho sentido común y tratan de que las cosas sean lo más sencillas
posible. En el caso británico, los representantes de los Gobiernos autonómicos -vamos a llamarlos así- de Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen mucha libertad para tratar todos los temas que hacen referencia a sus competencias y los
representantes del Gobierno británico tienen toda la libertad del mundo para tratar lo que hace referencia a las suyas. Hay una relación cordial entre ellos, pero al mismo tiempo no hay una exigencia de una parte hacia la otra, de hecho no hay un
mecanismo de coordinación estable entre los representantes y tampoco hay ningún documento que exija que los representantes de los Gobiernos escocés, galés o norirlandés tengan que dejar de hacer lo que su Gobierno autonómico les ha indicado porque
puede ir en contra de la otra parte. Lo que quiero decir es que las competencias están tan bien divididas que dan capacidad para que los representantes de los

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Gobiernos actúen en su ámbito concreto y, a través de un mecanismo de coordinación informal, actúen de una manera unificada de cara al exterior. Esto es muy importante. Por ejemplo, desde hoy precisamente queda un año para el referéndum de
independencia de Escocia. Nunca dos Gobiernos han podido estar más separados o tener visiones más distintas de lo que es el Estado, en cambio en la representación exterior no se ha registrado ningún problema entre el Gobierno escocés y el Gobierno
británico.


Hay otro aspecto que me gustaría destacar. Tanto en el caso canadiense como en los casos de Bélgica y del Reino Unido, los representantes de las comunidades autónomas o de los entes subestatales son considerados diplomáticos belgas,
canadienses o británicos. Esa es una cosa que no he visto en este proyecto de ley. Me gustaría saber si hay intención de introducir este concepto. Como ha dicho bien Carlos Miranda, esta es una de las cosas que yo, como primer delegado, le pedí.
Él aceptó la petición, la tramitó a Madrid y se tomó una decisión, que en este caso fue no integrar a los delegados del Gobierno de Cataluña en el Reino Unido como diplomáticos de la Embajada Española. Estamos buscando la unidad de acción y la
coordinación, pero cualquier profesional de los servicios exteriores de cualquier país del mundo, cuando vea que los representantes de los Gobiernos autonómicos no están dentro del personal del servicio exterior con estatus diplomático, pensará que
hay discrepancias o que no hay una coordinación lógica como la hay en otros Estados que se encuentran en situaciones similares a la de España, es decir, en los que hay una descentralización política.


No me quiero extender más, porque estoy interesado en intentar responder a sus preguntas. Como conclusión, me gustaría decir que comparto plenamente los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y coordinación.
Me ha sorprendido el nivel de información que se va a requerir a las comunidades autónomas, que tendrán que informar al Ministerio de Exteriores sobre las visitas, encuentros, acciones, planes y actividades que vayan a realizar en el extranjero, y
sobre todo el nivel de las personas implicadas. Entiendo que cuando el presidente de una comunidad autónoma se desplaza al exterior tenga que haber una información y una coordinación entre la embajada y la delegación de la comunidad autónoma, si es
que la hay, para asegurar que todo salga perfectamente bien, pero me ha sorprendido mucho que esto se llevara hasta el nivel de alto cargo. Cuando era delegado de la Generalitat de Cataluña en el Reino Unido era alto cargo de la Generalitat y esto
hubiera implicado que tendría que haber informado a la embajada de cada encuentro, cada iniciativa, cada reunión, cada viaje y cada contacto. Esto hubiera implicado un gran volumen de trabajo no solo para la delegación sino para la embajada. Si no
recuerdo mal, cuando estaba como delegado había representación no solo de Cataluña sino también de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Andalucía, aunque fueran solo las agencias de turismo o de comercio. Estas agencias tienen un
volumen de actividades importante que implica las visitas de consejeros y de altos cargos, sean secretarios generales o secretarios sectoriales, y de muchos diputados de parlamentos autonómicos. Solo por poner un ejemplo, recuerdo que la Oficina de
turismo de Cataluña en el Reino Unido, solo esa oficina, planeó más de 120 iniciativas para un año. Obviamente no a todas iban a ir el presidente, los consejeros, los secretarios o los altos cargos, pero yo iba a muchas, el consejero iba a muchas y
muchos diputados del parlamento de Cataluña también participaban en muchas de esas actividades y en todas se hubiera tenido que informar.


En principio, por lo que he leído, sobre todo en los capítulos referentes a las comunidades autónomas, no veo que estas medidas -como mínimo las que he comentado- vayan a ayudar a fortalecer la unidad de acción en el exterior ni la lealtad
institucional ni la coordinación, lo que creo que van a provocar son nuevos niveles de burocracia administrativa que desgraciadamente van a incrementar la ineficiencia de los servicios exteriores de las dos bandas. Espero que no reduzcan demasiado
los niveles de confianza.


Si me quieren hacer alguna pregunta, intentaré responder lo mejor que pueda.


El señor PRESIDENTE: Doy ahora la palabra a los grupos parlamentarios. Como la comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Mixto, particularmente por Esquerra, doy al palabra a su portavoz, el señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Quiero plantear un tema al experto que comparece hoy, no sin agradecerle que haya dedicado una parte de su tiempo a exponer su opinión sobre el tema y que lo haya hecho por videoconferencia desde Londres. Le
agradecemos que haya tenido este detalle.


Como seguramente usted sabe muy bien, el partido nacionalista más importante que en estos momentos tiene representación en el Congreso de Madrid, que es el Partido Popular, partido nacionalista español, y la prensa nacionalista más radical,
que como sabe muy bien es la prensa nacionalista española, esgrimen con frecuencia el argumento de que las representaciones catalanas en el exterior salen muy

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caras y que sería mucho mejor condensarlo todo en una sola representación del Reino de España, que encarrilaría los temas relativos a la comunidad autónoma que fuera. Se esgrime con mucha frecuencia el argumento económico, se repite que
esto sale caro y que no rinde o no rinde lo suficiente. Quiero pedirle su valoración como experto. ¿Cree usted que canalizar la acción exterior de todo el Reino de España a través de una sola embajada daría mejores resultados en términos de
eficiencia económica? ¿Cree que eso favorecería en términos económicos no solo a cada una de las naciones o de las partes que tienen representación en el extranjero sino al conjunto de las gentes que viven en el Estado español?


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nuet, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero agradecerle que haya dedicado una parte importante de su tiempo a ayudarnos en el análisis de este proyecto de ley. El otro día compareció en esta Comisión la secretaria de Acción Exterior de
la Junta de Andalucía y centró su intervención en los aspectos competenciales de la ley referidos a las comunidades autónomas y al servicio exterior de las mismas. Ella expresó algunas dudas respecto al proyecto de ley de una forma más teórica,
jurídico-constitucional o jurídico-estatutaria. Usted hoy nos hace una aportación importante, porque nos da una visión muy práctica de esas relaciones en un caso concreto, en una situación concreta, analizando las potencialidades, pero también las
dificultades que habría en el caso de hacer una interpretación restrictiva de ese control que, según la ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería ejercer sobre la representación exterior de las comunidades autónomas, tanto desde el punto de
vista de representación diplomática como desde el punto de vista de los intereses comerciales. Creo que usted ha explicado muy bien el elemento central. Estamos hablando de un principio de coordinación de la acción exterior, pero cualquier postura
recentralizadora en la lectura del texto podría llevarnos al caos y por tanto a limitar las potencialidades que la acción exterior desarrollada por las comunidades autónomas tiene no solo para la política exterior de España sino para los intereses
legítimos que desarrollan mediante sus competencias los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas.


Vuelvo agradecerle su intervención y no le pregunto nada, sobre todo porque con su ejemplo ha dado una buena muestra de donde están algunas de las líneas rojas que a algunos nos preocupan.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor Solano, por las reflexiones que ha trasladado a la Comisión. No es la primera vez que hay una videoconferencia en el Parlamento, pero es la primera vez en mis años de vida parlamentaria que
interactúo con un compareciente a través de videoconferencia. Es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías le han ahorrado tiempo a usted y presupuesto a las Cortes.


Le voy a formular una sola pregunta, porque comparto varias de sus observaciones, especialmente las referidas a los artículos 11 y 12, sobre la acción exterior de las comunidades autónomas y los entes locales, a los que hay importantes
referencia. Creo que en el artículo 12 hay un prejuicio que se refleja en el hecho de que para cualquier apertura de una oficina de una comunidad autónoma o de una ciudad autónoma en el exterior se requiera el informe de hasta tres ministerios.
Pero sobre esto no le quiero preguntar.


Si no he entendido mal su exposición inicial, usted nos ha dicho que durante su etapa de delegado del Gobierno catalán en Londres pidió, supongo que siguiendo instrucciones del mismo, integrar la delegación de la Generalitat en la misión
diplomática española. Cuestiones de azar han hecho que la persona que le ha precedido en las comparecencias haya sido justamente el embajador Carlos Miranda, que también nos ha hablado de este asunto. No nos ha despejado la solución final, pero
nos ha dicho que trasladó la petición a Madrid y que esperó la indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si he entendido bien su exposición, el Ministerio de Asuntos Exteriores se manifestó contrario a integrar la delegación de la
Generalitat dentro de la representación diplomática española. Si esto es así, me gustaría que desarrollara brevemente esta experiencia vivida, porque este es un fracaso que puede ilustrar el porqué de algunas circunstancias actuales sobre las que
debemos reflexionar. Por ejemplo, en un Estado pluricultural y plurilingüístico como es España es muy importante que las expresiones culturales y lingüísticas tengan representación en órganos como la Unesco. No es lo mismo tener que firmar
convenios puntuales con la Unesco que poder integrar dentro de la representación diplomática española ante la Unesco, con rango

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de representación diplomática, a un representante de una comunidad autónoma con lengua propia distinta de la lengua castellana. Me gustaría que nos ilustrara sobre este particular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Señor Solano, debo felicitarle por su comparecencia por videoconferencia. Yo también me estreno en la posibilidad de interactuar a través de este medio, que me parece útil y eficiente. Debo felicitarle porque ha sido
una comparecencia expuesta en términos positivos y razonables. Además, ha sido útil, porque una coincidencia ha permito que antes que usted compareciera el anterior embajador en Londres, el señor Miranda, que ha expresado sus experiencias cuando
usted estaba al frente de la delegación en el exterior del Govern de la Generalitat. Esta experiencia de convivencia con normalidad, en términos positivos, de entendimiento institucional ha arrojado luz sobre un conflicto que no existe, pues ha
mostrado que la acción exterior de las comunidades autónomas puede ser compatible con la misión diplomática del Estado español, de España y puede reforzarla, siendo útil a la vez a los objetivos tanto económicos como de promoción en el exterior que
tienen los Gobiernos autonómicos en diferentes países, como el Reino Unido. Sirva como ejemplo la representación en Londres, que tiene gran importancia. Usted ha hecho referencia a esa normalidad, a esa confianza con la que trabajaron con el
embajador Miranda, y mi pregunta sería si tras treinta años sin ley de acción exterior, de la lectura del texto del proyecto de ley se puede desprender, por lo que se refiere a esa relación de confianza mutua, que puede haber elementos que provoquen
distorsión, desconfianza institucional entre la acción exterior que pueden desplegar las distintas comunidades autónomas y la del Estado. Quisiera saber si piensa que tal como está el texto actualmente lejos de mejorar la situación puede
empeorarla.


Mi compañero el señor Xuclà se ha referido a los artículos 11 y 12, que hacen referencia específicamente a la acción exterior de las comunidades autónomas. Tal como dice el informe del Consejo de Estado creemos que es una redacción que se
formula en términos negativos, y quisiéramos saber si no sería posible, en vez de decir a las comunidades autónomas lo que no puede comportar su acción exterior, incluir en esta ley las posibilidades que tiene dicha acción exterior. Es decir,
hacerlo en términos positivos y no negativos, como se establece en el proyecto (El señor vicepresidente, Landaluce Calleja, ocupa la Presidencia).


El proyecto de ley quizá habla más de subordinación que de cooperación, y usted nos da una visión muy positiva del papel de las delegaciones de las comunidades autónomas en el exterior. Nos gustaría saber cómo podría completarse o
reflejarse mejor en el trámite parlamentario la situación real de la representación de las delegaciones de los Gobiernos autonómicos en el exterior.


La representante de la Junta de Andalucía, la secretaria general de Acción Exterior, María Sol Calzado, en una comparecencia muy interesante y coincidente con la suya en algunos términos, planteó la posibilidad de introducir en la ley algún
órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas o, como sucede en otros ámbitos sectoriales, una conferencia sectorial de la acción exterior en la que las comunidades pudieran ser copartícipes de la estrategia de la acción exterior
o de los planes anuales. Me gustaría saber qué piensa sobre esta propuesta que hacía la representante de la Junta de Andalucía, si le parece útil.


Le reitero mi felicitación por su comparecencia y le deseo éxito en su nuevo trabajo en Londres. Quedo a su disposición para escuchar cualquier sugerencia que pueda hacernos para mejorar el texto en el trámite parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señor Solano, muchas gracias por su presencia en la distancia a través de esta videoconferencia. Le agradezco sus reflexiones, que creo que son de gran interés, dada su experiencia, y que pueden ser válidas en algún
momento de la tramitación de esta ley.


Hay una parte que creo que es de las más interesantes cuando queremos ver la eficacia de la ley, que es la integración de las comunidades autónomas en la política exterior, en la acción exterior. Ya hay más de diez comunidades autónomas que
se están integrando en esta misión. Me interesaría que especificase un poco más qué se puede aportar para que no dispersemos los esfuerzos y lograr una gran coordinación entre comunidades autónomas, incluso, como decía el embajador Miranda, para
evitar competencias entre comunidades autónomas en la representación exterior. Él hacía una referencia clarísima a los temas

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de turismo, aunque también podría tratarse de temas económicos. Si la acción exterior no está coordinada y no intenta, como se hace en la ley, tener un punto de unión, puede ser absolutamente perversa, ya que podrían hacerse la competencia
entre unas comunidades autónomas y otras, perjudicando al conjunto de España. Me gustaría que hiciera una reflexión sobre cómo se pueden resolver estos problemas para hacer mucho más eficaz nuestra política exterior.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación, tiene la palabra don Xavier Solano para contestar como considere conveniente a los distintos portavoces de los grupos.


El señor SOLANO: Intentaré seguir el orden de las intervenciones. En primer lugar, responderé al señor Bosch. Creo que las delegaciones han demostrado ser positivas no sólo para las comunidades autónomas sino para el conjunto de España.
Un hecho interesante es que Cataluña no es la única comunidad autónoma que tiene delegaciones, porque creo recordar que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene una delegación muy potente en Lisboa por razones estratégicas de su plan exterior.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Perdón, señor Solano, ¿sería tan amable de elevar el tono de voz?


El señor SOLANO: Comentaba que cada vez hay más comunidades autónomas que tienen delegaciones en el exterior, porque Cataluña no es la única, también hay otras que tienen delegaciones, como Extremadura en Portugal. Creo que las
delegaciones son positivas en el sentido de que añaden un nivel institucional que muchas veces puede abrir puertas que no pueden abrir las oficinas de comercio. Recuerdo el caso -no daré muchos detalles- de una multinacional que tiene su base en
Barcelona que necesitaba establecer contacto con un ministro en concreto para tratar un tema que estaba en un mercado regulado. Llamaron a varias puertas y una de ellas fue a la de la Delegación del Gobierno de Cataluña en Londres. Tuvimos suerte,
conseguimos ese contacto ministerial y a partir de ahí a esta empresa se le abrieron las puertas comerciales para hacer negocios en ese particular sector. Este es un caso muy concreto, pero un contrato de esas características justifica el
presupuesto de varios años de la Delegación del Gobierno de Cataluña en Londres. Esa es solo una acción concreta.


Respondo a las preguntas de los otros portavoces. En lo relativo al estatus diplomático, lo que he dicho es que el Gobierno de la Generalitat en Barcelona me pidió que hiciera oficial la petición de intentar integrar al delegado como
personal diplomático de la Embajada de España. Eso no quiere decir que integremos físicamente la delegación del Gobierno catalán en la Embajada de España en Londres, por una sencilla razón, porque la Generalitat de Catalunya en Londres tiene cinco
oficinas y quince trabajadores y ocuparíamos demasiado espacio. De hecho, creo que la Embajada de España no tiene tanto espacio como para integrar estas oficinas. Se hizo la petición, fue muy bien recibida y se remitió a Madrid. Los contactos se
llevaron directamente entre Barcelona y Madrid y hasta que dejé de ocupar el cargo, por lo que yo supe, Madrid no había tomado una decisión definitiva sobre este tema. Yo entré en 2008 y lo primero que hice fue esta petición. No se nos dijo que
no, se nos contestó que se hablaría del tema, pero yo salí en 2011 y por lo que tengo entendido aún no se ha cerrado esta cuestión. Ese es un tema interesante, porque, como he dicho antes, Canadá tiene como personal diplomático a los representantes
del Gobierno de Quebec en Londres; Bélgica tiene como personal diplomático en Londres a los representantes de los Gobiernos flamenco y valón; Reino Unido tiene como personal diplomático a los representantes del Gobierno escocés en Washington y en
otros sitios. A aquellos que puedan pensar que este tema toca a naciones dentro de Estados o nacionalidades, como se le quiera llamar, les diré que he mantenido reuniones con representantes de Gobiernos de los Estados australianos, por ejemplo, de
Victoria, que están integrados en la Embajada australiana en el Reino Unido y también gozan de estatus diplomático.


Por lo que se refiere a la siguiente pregunta, sobre la normalidad y el sentido común que hemos intentado mantener en nuestras relaciones -nuestro caso en particular- con la Embajada española y esta con nosotros, les diré que creo que fue un
éxito. Hay que tener en cuenta que había mucha tensión política, pero los diplomáticos de la Embajada española, así como los trabajadores de la Delegación del Gobierno catalán pudimos mantener la sangre fría para que los ánimos estuvieran calmados.
Creo que este proyecto de ley, como decía el señor diputado, quizá tiene un elemento más de subordinación y menos de cooperación, y en el caso de que se apruebe ya veremos qué consecuencias trae. Lo que me da un poco de lástima es que creo que en
general las cosas funcionaban bien y que existía la oportunidad

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de construir sobre esa experiencia y de innovar. Eso va ligado con los comentarios que ha hecho el mismo diputado sobre si creía que haría falta la creación de un órgano de cooperación. En el caso canadiense, con las provincias de Canadá
en el exterior no existe ese órgano de cooperación o coordinación; tampoco existe en el caso belga ni en el británico. Creo que España podría innovar a nivel internacional y ser un ejemplo a seguir si se creara un órgano de coordinación en el que
se delimitaran muy bien las responsabilidades de uno y otro y que tuviera un espíritu de cooperación y no de subordinación.


Por lo que respecta a la última pregunta del diputado del Grupo Popular, le diré que mientras fui delegado la unidad de acción fue una prioridad para mí. En cuanto a si se podrían coordinar mejor las cosas para hacerlas más eficientes,
tengo que contestarle que sí y que hay varios ejemplos. Uno de ellos, sería lo que hacen la UKTI, que es la agencia de comercio e inversión británica, y el SDI, que es la agencia de comercio e inversión escocesa. Cuando una empresa se dirige a
UKTI y les pide información sobre Escocia, automáticamente esta los envía a la agencia escocesa, que toma el control de esa situación. Eso es importante, porque a veces me da la sensación de que el ICEX y las agencias comerciales de las comunidades
autónomas duplican trabajo. Creo que ahí se podría hacer alguna cosa.


Finalmente, en materia de turismo, se ha puesto un ejemplo que es obvio. Creo que es importante potenciar que el turismo vaya a España, pero en este caso -lo voy a decir una forma muy amistosa y muy sana- Cataluña y Andalucía son
competencia; por tanto, lo que tiene que hacer la Agencia Catalana de Turismo es conseguir que el turista vaya a Cataluña, no digo que no vaya a Andalucía, pero prioritariamente que vaya Cataluña. Creo que en ese aspecto sería difícil crear una
coordinación más eficiente.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Señor Solano, muchísimas gracias por haber participado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y por su aportación. Si tiene algún tipo de documentación o alguna
información que nos ayude en nuestra labor, la recibiremos gustosamente y seguro que nuestra magnífica letrada nos la hará llegar.


- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Mendívil Peydró). (Número de expediente 212/001075).


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Está con nosotros el señor subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, a petición del Grupo Parlamentario Popular.


Comenzaremos con su exposición y luego los distintos grupos le harán llegar sus iniciativas, sus demandas, sus preguntas o sus inquietudes. Después podrá responder a todos ellos.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Mendívil Peydró): Señorías, muchísimas gracias por prestarme atención en un asunto que considero que es de enorme importancia y trascendencia. No voy a aburrirles ni a hacerles
perder el tiempo con una introducción relativa a la importancia que en el mundo en que vivimos tienen hoy las relaciones internacionales y la política exterior, así como su desarrollo a través de la acción exterior en sus distintas manifestaciones.


Hoy en día adquiere, desde luego, una fundamental relevancia la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan una acción exterior coherente con la política exterior. Esa necesidad ha sido sentida desde el inicio del proceso democrático
en España y ha sido confirmada por todos los Gobiernos, de la Transición y posteriormente de la democracia, que se han sucedido en la aspiración de lograr la aprobación de un texto legal específico, el que voy a intentar presentarles, señorías. La
verdad es que en el inicio de este proceso, que fue anunciado inmediatamente en la legislatura actual, fue una satisfacción la reunión que se celebró en el Palacio de Viana con todos los ministros de Asuntos Exteriores de la democracia, que
aprobaron sin reservas esta iniciativa, aún a sabiendas de las enormes dificultades que tal tarea implica.


Señorías, este es el cuarto intento, tras tres borradores cerrados y un estudio interministerial, uno más, en 2006, ninguno de los cuales llegó a ver la luz por diversos motivos. Ese borrador de 2006, elaborado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, a iniciativa del Gobierno socialista, y que fue muy completo, en muchísimos aspectos ha servido de inspiración para redactar el texto actual. Quiero aprovechar para dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento por aquel esfuerzo que,
como el que hicieron otros tres anteriores equipos del Ministerio de Asuntos Exteriores, no pudo verse, pero que dejó una semilla que ha sido de enorme utilidad para nuestros trabajos. No hace falta que me extienda demasiado en la dificultad de
elaboración de esta ley, porque después de treinta y cinco años de democracia por fin hoy estamos hablando de ella en sede parlamentaria. Hay que señalar, sin desdeñar los primeros escollos de carácter corporativo en el seno de la Administración
General del Estado, que hemos tratado

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de buscar un equilibrio satisfactorio que respetara las competencias reconocidas por la Constitución, las leyes y la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconocen, como saben perfectamente su señorías, competencias en acción exterior a
todas las instituciones constitucionales, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas, a las entidades locales y, en definitiva, a muchas otras que encuentran ese reconocimiento en nuestro
ordenamiento jurídico.


Al inicio de este cuarto intento se volvió a constatar la anomalía que suponía que en España no existiera una acción del servicio exterior, puesto que desde hace muchos años este tipo de leyes, y muy semejantes, no en el contenido, pero sí
en el formato y en su estructura, existen en países tales como Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos de América. Quizá una explicación de la anomalía, de cómo no hemos podido llegar a la elaboración de este texto, es porque efectivamente
la acción exterior del Estado durante estos treinta y cinco años se ha venido conformando y consolidando según se iba desarrollando la Constitución española e iban apareciendo los distintos estatutos de autonomía, sus desarrollos y cambios. Ahora,
que parece que ya se encuentra esa acción exterior como una normalidad en el sistema democrático español, parece el momento idóneo y abonado para que fructifique finalmente este texto legal. Esta ley, que está adaptada a nuestras propias
peculiaridades constitucionales, se verá también completada por la ley de tratados que, como saben ustedes, señorías, está ya sometida al dictamen del Consejo de Estado y que viene a completar y a perfeccionar algunos aspectos del texto que hoy
estamos analizando.


La ley procura favorecer la afirmación y la promoción de los valores e intereses de España, con objeto de reforzar su presencia e imagen en el mundo. Quiere trasladar un mensaje de la existencia de una acción exterior compacta, consistente
con nuestra política exterior y fiable, que refuerce la imagen de España en el exterior, favoreciendo su credibilidad. No les ocultaré que muchas embajadas se han interesado por el contenido y objetivo de esta ley, todas ellas de países
democráticos y próximos a nosotros. Procura también el fortalecimiento de nuestra participación en el progreso de integración europea y la coordinación de nuestra acción exterior con los países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Finalmente -lo he dejado para lo último por su especial relevancia-, procura la garantía de una adecuada asistencia y protección de los españoles en el exterior, como objetivo fundamental y razón de ser del propio servicio exterior del Estado y de
la acción exterior de todos los sujetos que en ella participan. A este respecto, e incidentalmente, señalaré que esta preocupación ha motivado la creación de un grupo de emergencia consular, al que, dado que se constituye en el seno del Consejo de
Política Exterior, podrán ser invitados y participar, según la naturaleza de los hechos y de los asuntos a tratar, representantes de comunidades autónomas y entidades locales. Evidentemente, ligado a todo ello, procura contribuir al bienestar de
todos los españoles y a la defensa y protección de los intereses de las empresas españolas en el exterior.


Naturalmente pensarán sus señorías que considero que esta es una buena ley; sinceramente así lo pienso, y voy a explicar por qué. Porque es respetuosa con todos los actores de la acción exterior del Estado. Tras establecer una
diferenciación entre lo que es la política exterior y la acción exterior del Estado, sentando los principios de aquella, se reconoce el legítimo ejercicio de la acción exterior por parte de los órganos constitucionales y las distintas
administraciones, bien sean comunidades autónomas, ciudades autónomas, entidades locales y otras. Porque es inclusiva, puesto que pretende reforzar la participación de los distintos actores a través de los instrumentos de planificación y
seguimiento, como son la estrategia de acción exterior y el plan anual. Porque pretende, igualmente, el logro de una mayor eficiencia través de la coordinación; una coordinación que se busca tanto en el interior como en el exterior.


Por lo que se refiere al interior, ha sido muy comentada la demanda de información de viajes y visitas de distintos sujetos de la acción exterior y el establecimiento de que las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y otras entidades
mantendrán informado al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior para que ese departamento pueda informar y, en su caso, emitir recomendaciones, que señalo motivadas, sobre la adecuación
de la propuesta de actuación, en el marco de las directrices, fines y objetivos de la política exterior del Gobierno -y recalco lo de la política exterior del Gobierno-, a la que están subordinadas todas las acciones exteriores, sea quien sea quien
las ejerza y desempeñe. Esta disposición hace referencia a los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de los presidentes autonómicos, de los miembros de sus consejos de Gobierno y de sus altos cargos, así como de los miembros de su Asamblea
legislativa. También se compadece esta obligación con la que tienen los ministros, los órganos superiores de los departamentos ministeriales y los directivos

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de los organismos, entidades e instituciones públicas, que también han de informar al Gobierno de las actividades desarrolladas para el ejercicio de su acción exterior, dentro de su ámbito competencial.


Esta ley supone, además, un refuerzo de los mecanismos de toma de decisión colegial sobre lo que debe hacerse en el exterior y con qué medios debe hacerse. Así, se pone en marcha un nuevo instrumento de planificación, la estrategia de
acción exterior, que será acompañado de un informe anual de acción exterior. En la elaboración de esa estrategia y de los correspondientes informes anuales, participa toda la Administración General del Estado que actúa en el exterior, incluyendo
las comunidades autónomas y las entidades locales. Se da voz, por tanto, a todos los actores en la elaboración de una estrategia conjunta de actuación, lo que hasta ahora realmente no existía. Es una aspiración inclusiva, basada en la lealtad
institucional, una estrategia impulsada por todos y, por tanto, con un alto grado de legitimidad. En esa estrategia de acción exterior se establecerán nuestras áreas geográficas y temáticas de prioridad, y ese criterio regirá la totalidad de la
acción exterior.


También se revitaliza el Consejo de Política Exterior como órgano colegiado de apoyo al presidente del Gobierno en su función de dirección y coordinación de la política exterior, al que podrán ser convocados autoridades y altos cargos de las
comunidades autónomas y entidades locales, según los asuntos a tratar. Por su parte, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior promoverá planes de ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del servicio exterior del Estado. En
ese sentido, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, elaborará un informe sobre la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales, de tal manera que se pueda disponer cuál es su mejor utilización. Se ha
dicho en algunos casos que la Administración española no conoce cuáles son los medios que tiene a su disposición en el exterior. Eso es parcialmente verdad, pero no es cierto. Es decir, cada ministerio, dando a un botón y accediendo a las bases de
datos, conoce exacta y puntualmente que personal tiene, qué categorías tienen y donde están, y lo mismo sucede por lo que se refiere a inmuebles y a todo tipo de mobiliario. Lo que no hay, eso es absolutamente cierto, y es lo que va hacer el
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, es un agregado de todo ello. Esto permitirá, efectivamente, estudiar en cada uno de los países cuáles son los medios de que disponemos, tanto personales como materiales, para determinar moverlos, si ello es
necesario para una mayor eficiencia del conjunto del servicio exterior.


Esa coordinación no se busca solamente desde un punto de vista de los organismos e instituciones en el interior, porque también se trata de ordenar y racionalizar la proyección de España, de la Administración General del Estado en el
exterior, que es el título III que sus señorías conocen bien. En cierto sentido, parte de él ya se apuntaba tímidamente en el Decreto 632/1987, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior. En este sentido, lo primero que se
quiere hacer es reforzar la figura del embajador como representante que es del jefe del Estado y del Estado español. El embajador es el superior jerárquico de la misión y el jefe de todo su personal. La ley quiere garantizar, a través de la figura
del embajador, el principio de unidad de acción en el exterior, concediendo a los embajadores y representantes permanentes, en su condición de órganos directivos en el exterior, la dirección, el impulso y la coordinación de la acción exterior y del
servicio exterior del Estado. Se ponen diversos instrumentos y herramientas a su servicio y no deja de ser una novedad, quizá no muy bien conocida, la posibilidad que existirá ahora de recurrir a la Inspección General de Servicios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, no teniendo que depender, sobre todo en aquellos casos claros de posible influencia corporativa, a la propia Inspección de Servicios del correspondiente ministerio. Es muy importante -y una novedad- que el
embajador disponga de una carta de instrucciones. Eso refuerza su autoridad y además su dirección, coordinación e impulso. Esta carta de instrucciones, que es una nueva figura, emana de una estrategia de acción exterior participativa e inclusiva.
La iniciativa será del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en la elaboración de esta carta de instrucciones, en la que participarán todos los ministerios concernidos, también podrán participar las comunidades autónomas y aquellas entidades que
consideren que, al comunicársele que el Gobierno ha nombrado a un nuevo embajador, podrán manifestar cuáles son los puntos en que, bien sea un ministerio bien sea la comunidad autónoma bien sea una entidad local, tenga interés concreto en que el
embajador les preste una atención especial y un impulso continuo para la resolución de aquellos asuntos que se les planteen.


Dentro de esta situación de coordinación en el exterior hay otras cosas que parecen menores, pero considero que esta ley les concede una importancia fundamental. Se refiere, por ejemplo, al uso de locales, con la tendencia a reunificar
todas las dependencias de la Administración General del Estado allí donde sea posible. Actualmente, hoy en día, es complejo, porque las embajadas se han ido creando por adición, es decir, normalmente se creaba una embajada, la misión diplomática
-stricto sensu-,

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dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que posteriormente -y en fechas distintas- se le iban sumando agregadurías sectoriales. Eso hacía que las previsiones iniciales de instalaciones no dieran cabida a la entrada de estas
oficinas sectoriales que se iban diseminando, procurando estar cerca de la sede de la embajada, a lo largo de la ciudad. Hay sitios donde España ha construido las embajadas pensando en ello y ya están agregadas todas las oficinas sectoriales. La
voluntad que hay, después de este ejercicio que he señalado antes del Comité Ejecutivo de Política Exterior, es precisamente avanzar en esa dirección e ir sustituyendo alquileres y viendo qué sinergias podría haber. De tal manera que o bien se
alquilen todos conjuntamente un edificio para agruparse o poco a poco ver la posibilidad de, si fuera posible, en vez de pagar tanto alquiler -hay que tener en cuenta que hay sitios en los que hay seis o siete dependencias distintas, con siete
alquileres, siete servicios de teléfono, siete seguridades, siete servicios de limpieza, etcétera-, se podrían agregar creando unas economías de escala fundamentales. Se apunta también como novedad la sección de servicios comunes. Se dice que allá
donde se pueda, porque hay sitios actualmente en los que hay siete edificios y es evidentemente que no se puede tener propiamente dicha una sección de servicios comunes, aunque sí puede preverse -y eso lo decidirá el Comité Ejecutivo de Política
Exterior- la posibilidad de hacer unas contrataciones comunes, aunque no sean servicios comunes, en beneficio de las arcas del Estado. En este aprovechamiento de los edificios, sus señorías saben bien que el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya
antes de la ley, aunque la ley lo incorpora, ha ofrecido la integración de las comunidades autónomas en los locales de las embajadas y oficinas comerciales y ya hay protocolos de colaboración firmados por 14 comunidades autónomas, bien con el
Ministerio de Asuntos Exteriores o bien con el ICEX para introducirse en las oficinas técnicas comerciales. También se prevé la posibilidad, que ya hemos utilizado, de la integración de las embajadas en los locales de la Unión Europea. Además
-como señala el articulado- de la creación de misiones conjuntas con la Unión Europea o de oficinas sectoriales e incluso consulares. Nosotros ya nos hemos instalado en el Yemen, donde mantenemos un diplomático con los servicios básicos y
fundamentales y, asegurándole su propia seguridad, hemos dejado un encargado de negocios que está ya trabajando y utilizando los servicios de la delegación de la Unión Europea en Sanaa, en Yemen. Esa misma idea se prevé para el establecimiento de
oficinas conjuntas con los países iberoamericanos. En consecuencia, se trata de que todos los medios en el exterior, humanos y materiales, estén al servicio de España y no solo de los organismos de los que orgánicamente dependen.


He señalado antes que, al inicio, el primer escollo que se creó fue el corporativo. La verdad es que fue una experiencia importante para todos los que trabajábamos en aquel equipo, porque nos dimos cuenta que nos encontrábamos entre dos
fuegos. Estaba el resto de los ministerios que pensaban que el Ministerio de Asuntos Exteriores pretendía hacer una ley para la carrera diplomática y había una gran parte de la carrera diplomática que pretendía que esta ley fuera una ley de la
carrera diplomática. Naturalmente, nosotros estamos buscando -y eso es lo que pretendemos- una ley de Estado, para todos, para la Administración General del Estado, para las comunidades autónomas y para todas aquellas entidades que tienen una
acción en el exterior. Se ha resuelto el problema, porque ya estamos trabajando en un reglamento de la carrera diplomática que realmente es lo que se merece para acabar con los escasos artículos que todavía permanecen del reglamento de la carrera
diplomática existente del año 1955.


Esta ley tiene una vocación de ser inclusiva, como he señalado, integradora, abierta a la participación y a la colaboración de todas las administraciones, basada en la mano abierta, la lealtad institucional y en la voluntad de trabajar todos
juntos. Es un mensaje -lo he dicho antes- a la comunidad internacional. España no solamente sabe lo que quiere en su política exterior, sino sabe cómo conseguirlo a través de su acción exterior, coherente y compacta. También quiere ser eficiente
en el uso de los recursos de toda índole puestos al servicio de la acción exterior del Estado. En definitiva, encauzar la acción exterior y el servicio exterior del Estado de forma coordinada, coherente, integradora, con objeto de reforzar la
imagen y la credibilidad de España que permita una participación mayor y más sólida en la escena internacional, lo que sin duda ha de redundar en beneficio y bienestar de todos los españoles. Insisto, una ley de Estado.


Evidentemente que tiene alguna laguna, pero no voy a insistir sobre ella, porque la presidenta de la Asociación de Familias de Diplomáticos, doña Carmen Vázquez, ya les ha presentado una serie de lagunas y aspiraciones de todos los
funcionarios del servicio exterior. Quiero reiterar que todos los funcionarios del servicio exterior son del servicio exterior, independientemente del ministerio o del organismo del que procedan. En el momento en que se llega al exterior, todos
son miembros de la misión diplomática. Una vez más debe quedar muy claro que la propia Administración General del Estado y la

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presencia de España, a través de sus misiones diplomáticas en el exterior, deben de mostrar la unidad de esa acción exterior que desarrollan las oficinas sectoriales y deben dar una imagen de absoluta coordinación. El embajador tiene el
deber de coordinar y dirigir y las oficinas técnicas comerciales de lealtad hacia el embajador de informarle de cuáles son las instrucciones que reciben de su propio departamento.


Muchísimas gracias, señorías, por su atención. Les ruego, muy sinceramente, su comprensión y apoyo a esta ley treinta y cinco años después. Supone una ausencia en el entramado legislativo español y en la comunidad internacional que ya
viene siendo demasiado larga y una permanente anomalía que espero que en este caso podamos subsanar.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación tomará la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido el grupo que propuso como compareciente al señor subsecretario. Señor Beneyto, tiene
usted la palabra.


El señor BENEYTO PÉREZ: En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y felicitarle por la elaboración de esta ley, tanto a él como a la secretaría general técnica y al
equipo, porque conforme más leo, reflexiono, analizo y escucho a personas que analizan y debaten con nosotros la ley -es lo que hemos estado haciendo durante una mañana y una tarde en ocho comparecencias- creo que es una ley que sinceramente avanza.
Es una ley que puede suponer el hito tan fundamental que necesitábamos desde el punto de vista de esa proyección exterior, de una unidad de acción en el exterior de España. Voy a señalar también, de cara a mis compañeros y colegas portavoces de los
otros grupos, que han sido enormemente enriquecedoras y útiles las ocho comparecencias. Quiero agradecer a todos los comparecientes, aunque no están aquí, que han hecho un trabajo útil. Quisiera señalar en particular las aportaciones realizadas
por los dos catedráticos de derecho internacional y relaciones internacionales, el profesor don Javier Díez-Hochleitner y la profesora doña Araceli Mangas, que fueron muy rigurosas y que pueden ayudar a refinar y a introducir algunos aspectos que
acaben de perfeccionar la ley. La ley ha sido fruto de una gran elaboración y de un largo diálogo y debate con la sociedad. No es verdad que esta ley no haya estado abierta a la discusión. Ha tenido un período de audiencia pública importante, un
dictamen del Consejo de Estado, que en gran medida ha sido integrado, estamos ahora con las comparecencias y con el inicio del debate parlamentario. La voluntad del Gobierno es que sea verdaderamente una ley de Estado, con el máximo consenso
posible. El partido que sustenta al Gobierno tiene una mayoría parlamentaria, pero nuestro deseo es que, como estamos hablando de la ley del servicio exterior del Estado, sea fruto del máximo consenso. Esa ha sido nuestra voluntad de manos
abiertas desde el primer momento.


Quiero explicar a los otros portavoces por qué me parece que es una ley necesaria, que aporta y que, como todo en la vida, no es perfecta, pero sí es muy positiva en muchos aspectos. En primer lugar, tiene una visión estratégica y una
coherencia interna. Por ejemplo, la determinación de los principios básicos de la política exterior fue una aportación realizada a lo largo de la elaboración previa de la ley por parte de los representantes del Grupo Socialista, y se clarifica
mucho más al tener esos siete principios básicos al principio de la ley. Aquí hay una estructura de coordinación, de conceptualización, de instrumentos de planificación, de clarificación en lo que hace referencia al servicio exterior del Estado, de
clarificación fundamental de las funciones y de la jerarquía que debe ostentar el jefe de misión. Hay elementos también de innovación y modernidad importantes y hay una clarificación y mejora de los derechos de los empleados públicos en el
exterior. Todo esto es positivo y debe valorarse en lo que significa de aportación.


Por ejemplo, en lo que hace referencia a la coordinación. Es cierto que se responde a ese aumento de la pluralidad de actores y órganos que ha experimentado la acción exterior. Ahí tenemos esa conceptualización, que gracias al Consejo de
Estado ha quedado ahora mucho más clara en la ley, entre lo que es servicio exterior, acción exterior y política exterior. Son tres conceptos distintos a los cuales responde la ley de una manera ordenada, pero dando respuesta a la existencia de esa
pluralidad de actores y órganos que incluyen otros órganos de la Administración del Estado, órganos constitucionales, las comunidades autónomas y los instrumentos de diplomacia parlamentaria y pública que se han desarrollado en las últimas décadas
como consecuencia de la globalización. La ley, en esa coordinación con respecto a la Administración Central del Estado, a los otros departamentos ministeriales, como con respecto a la estructura territorial del Estado, que encarna y ha hecho
posible nuestra constitución, intenta en todo momento ser escrupulosamente respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional en lo que hace referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia exterior. Se ofrece una

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posibilidad de integración. Hemos visto que además ha sido respondida de forma muy positiva por parte de un número significativo de comunidades autónomas, han sido 14. Ese modelo Reper, que hemos estado debatiendo ayer aquí, es un modelo
de integración que a la vez mantiene la autonomía plena de cada uno de los departamentos ministeriales o de las oficinas de las comunidades autónomas, pero bajo el principio fundamental de unidad de acción exterior del Estado y, por tanto, del
principio de jerarquía que debe de tener el jefe de misión.


Hay unos instrumentos de planificación útiles, como son la estrategia de acción exterior, inclusiva, en la que va a haber una participación de todos esos actores y órganos que participan en la acción exterior. No va a ser un documento
impuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las entidades locales, las comunidades autónomas y los diferentes departamentos ministeriales, todos esos actores de la acción exterior que aparecen en la ley, van a tener parte en la formulación de
la estrategia. Vamos a tener una estrategia cada cuatro años, que va a ser trasladada al Parlamento. Le haría una pregunta o sugerencia al subsecretario del ministerio, quizá podríamos matizar, no únicamente que se haga una traslación -lo que dice
la ley es: se pone en conocimiento del Parlamento la estrategia de acción exterior-, sino que se dé la posibilidad de que exista un debate parlamentario sobre la estrategia de acción exterior. Vamos a tener el informe anual de acción exterior, un
seguimiento estratégico y exhaustivo anual, los planes directores de la cooperación española, los informes de la marca España, ese Consejo de Política Exterior y ese Consejo Ejecutivo de Política Exterior revitalizados, que van a hacer posible que
desaparezca ese problema permanente de los corporativismos, las dificultades a la hora de tomar decisiones por parte de un ministerio que afectan a otros ministerios, que se ancle esa racionalización de los recursos y esa creación de unidades de
servicios comunes y de uso conjunto de inmuebles en un órgano -el Consejo Ejecutivo de Política Exterior- que va a tener la autoridad y la participación de los otros departamentos ministeriales para poder llevar a cabo esa función. También ahí se
avanza, se clarifica y se ayuda a la eficiencia y a la racionalización.


En lo que hace referencia al servicio exterior del Estado -y quiero preguntarle al subsecretario respecto a ello-, sería útil que nos clarificara las diferencias entre dependencia jerárquica, funcional y orgánica. Ha sido uno de los puntos
que ha estado planeando permanentemente a lo largo de las comparecencias. La ley establece la dependencia jerárquica respecto al jefe de misión de todas las consejerías y los miembros de la misión diplomática que, como bien ha señalado el
subsecretario, serán todos actores de la acción exterior, serán todos miembros del servicio exterior del Estado, lo cual supone una diferenciación importante respecto a la situación que tenemos ahora y también un avance que incluso, desde el punto
de vista corporativo, en el sentido positivo, puede ser auxiliar.


En cuanto a la innovación y modernidad, es innovadora y útil la integración en delegaciones del servicio europeo de acción exterior, que eso ya se ha llevado a cabo en Yemen. Es un elemento de eficiencia y racionalización. Además es
absolutamente lógico y coherente con lo que significa el proceso de integración europea. Hemos escuchado en la última comparecencia cómo Gran Bretaña lo hace de manera habitual con otros países de la Commonwealth, también nosotros podemos y
deberíamos hacerlo con oficinas sectoriales conjuntas con países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esto abre una nueva perspectiva más flexible, más integradora, más facilitadora de una relación permanente con el SEAE y con otros países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Le preguntaría al subsecretario -este ha sido alguno de los comentarios que ha surgido en las comparecencias- si quizá la ley no se queda un poco corta en las referencias que hace a la Unión Europea.
Solo hay referencias al SEAE en este apartado, también se habla de la Reper, pero de una manera muy tangencial, y si no se debería en algún momento hacer una mayor referencia a la inmensa transformación de nuestra política exterior que supone la
pertenencia a la Unión Europea, que en definitiva lo que hace es convertir amplias áreas de la política exterior en política interna, como todos sabemos.


Por lo que se refiere a la clarificación y mejora de derechos de los empleados públicos en el exterior, hemos escuchado a la representante de los empleados públicos en el exterior. Ahí también cabe introducir las modificaciones que se han
señalado a favor de los regímenes de la Seguridad Social y reunificación.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Disculpe, señoría, vaya terminando.


El señor BENEYTO PÉREZ: Por último, en lo que hace referencia a la diplomacia parlamentaria, en el artículo 43.7 se dice: posible comparecencia de los embajadores. Esto también añade la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Exteriores
pueda solicitar la comparecencia de embajadores una vez hayan recibido su carta de instrucciones y una vez que esa carta esté basada también en la propuesta que los

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propios embajadores hayan hecho al ministerio. En definitiva, vamos a tener aquí una calificación sobre cuáles son las funciones y objetivos de cada una de las misiones. Pero en la ley deberíamos clarificar que, a petición de la Comisión
de Asuntos Exteriores, se puedan realizar esas comparecencias. No será de todos los embajadores, pero sí de aquellos que la Comisión estime que, por la situación internacional o por sus funciones, sean particularmente interesantes.


Esta es mi última observación. Varios comparecientes han comentado el excesivo énfasis en la imagen de España, en la marca España, ahí también hace una referencia el Consejo de Estado. En la elaboración y a la hora de refinar el lenguaje
de la ley podríamos, en algunas ocasiones, intentar que no estuviera en el núcleo de la política y de la acción exterior única y exclusivamente la idea de imagen de España o la idea de marca España que da un excesivo efecto de mercantilización, que
sin ninguna duda es necesario. Mientras que la política exterior y la acción exterior de España -y hacía referencia a ello la profesora Araceli Mangas, tanto Estado español- o la acción exterior del Estado español y la política exterior de España,
aquí hace falta una cierta clarificación, lo que vendría bien. En conjunto, completada además esta ley por la ley de tratados, ya en marcha, y una posible ley de inmunidades de los Estados extranjeros, que aquí se nos hacía una observación en
alguna de las intervenciones iniciales de los comparecientes, pero sobre lo cual valdría la pena pensar, completaría enormemente el recopilatorio legislativo para el cual esta ley resulta verdaderamente un avance, así quisiera trasladarlo a los
otros portavoces parlamentarios. Al señor subsecretario ya le he planteado las preguntas o comentarios, aunque quiero agradecerle de nuevo su presencia aquí esta tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Señor Bosch, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra.


El señor BOSCH I PASCUAL: En primer lugar, quisiera agradecer al compareciente, subsecretario de Estado, que dedique una parte de su tiempo a venir aquí a explicarnos el espíritu de este proyecto de ley, así como la debida transparencia,
que es una misión del Gobierno, pero no por eso olvidaremos la cortesía de agradecérselo. También le quisiera reconocer otra cosa que quizá le sorprenda un poco más que es la colaboración que dedica a la causa. No sé si es la suya, pero sí es la
nuestra, en un sentido que después intentaré explicar.


Vemos que esta es una propuesta legislativa, una iniciativa que, como ha dicho, citando sus palabras, pretende, entre otras cosas, reforzar la figura del Estado, del jefe del Estado, del Gobierno, e impulsar una mayor unidad de acción en el
exterior. La pregunta -y si tiene la amabilidad de responderla se lo agradeceré también- es por qué. Este esfuerzo, que es claramente recentralizador, a qué obedece. Los dos últimos comparecientes que hemos tenido, uno embajador de España en el
Reino Unido y el otro delegado del Gobierno catalán también en Londres, nos han expuesto con toda claridad y ejemplaridad cómo en el exterior las relaciones han sido excelentes y no vemos por qué motivo ahora se impulsa esta recentralización. El
único motivo que podemos ver, no es de orden práctico, ni económico, entre otras cosas porque, tal como se nos ha contado y como sabemos, el problema principal no es material. Para citar una sola cifra, lo que cuestan todas las delegaciones
catalanas en el exterior, que en estos momentos ronda los 1,8 millones de euros, es menos de la mitad de lo que costaba la reforma de la residencia del embajador de España en Marruecos, en Rabat; menos de la mitad. No puede ser en ese orden de
cosas y de magnitudes que se nos esté hablando de un problema económico, de gasto o de ahorro. No entendemos por qué este esfuerzo de recentralización, como no sea por lo que apunta el mismo compareciente, es decir, por reforzar la figura del
Estado, del jefe del Estado, la mayor unidad de acción, es decir, una intención más bien política, politizada o incluso ideológica. Vemos que sin motivo real, practicó, económico o logístico se está aspirando a incrementar el control sobre las
delegaciones de las comunidades autónomas en el exterior, a pedir más requisitos, a imponer, por ejemplo, la obligación de pedir permiso para según qué cuestiones. En definitiva, a recortar la libertad de acción de estas delegaciones. Cuando
entendemos que no es necesario, que la experiencia nos demuestra -y así nos lo han ilustrado los últimos comparecientes- que eso no es indispensable. Esta ley, que no tiene motivo práctico ni económico claro, demuestra lo que venimos diciendo y
argumentando desde hace mucho tiempo y es que lo mejor para un país como Cataluña es disponer de su propio Estado, de sus propios instrumentos de Estado también en el exterior y que una diplomacia catalana ágil, independiente y con libertad de
acción favorecería mucho más los intereses que tiene el país, la población, la sociedad y la economía catalana.

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Insisto, le agradecemos por doble partida que esté aquí. Primero para explicar su proyecto de ley y después por contribuir a acrecentar y reforzar los argumentos que nosotros desde siempre hemos esgrimido a favor de disponer de una
república catalana con su propia diplomacia.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo UPyD, la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Gracias al compareciente, señor subsecretario. No voy a hacer una valoración global de la ley, porque el momento será cuando tenga lugar propiamente el debate parlamentario y no en estas comparecencias de expertos
sobre la ley. Le agradezco mucho su intervención, señor subsecretario, y, desde el más profundo respeto, creo que ha hecho su papel. Pero no me ha interesado mucho, más que nada ha hecho una defensa de la ley lógica y esperable, la misma que hace
el Grupo Popular y el Gobierno. Es responsabilidad del Grupo Popular, porque estas comparecencias tienen interés en la medida en que expertos independientes vienen a emitir su opinión sobre la ley. Me parece empobrecedor que un grupo
parlamentario, ya de por sí bastante sometido al Gobierno, no haya sido capaz de encontrar un experto -insisto mucho, no es nada personal ni lo digo en demérito de su intervención- que no venga a hacer una apología de la ley desde el punto de vista
gubernamental. Porque de esas ya hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Me parece empobrecedor desde el punto de vista político e intelectual y es un reproche que le hago al Grupo Popular y no a usted. Le formulo una pregunta porque agradezco su
presencia y me gustaría que me diera su punto de vista. El artículo 5 explicita la relación de las comunidades autónomas con el ministerio en la acción exterior. El texto dice que las comunidades autónomas mantendrán informado al ministerio, pero
no especifica que sea con carácter previo, y después dice que el ministerio emitirá en su caso recomendaciones motivadas. Me gustaría saber si usted cree que este artículo, en los términos en los que está redactado actualmente, si no sufre
enmiendas -que espero que las sufra-, puede servir para contener la deslealtad de algunas comunidades autónomas en su acción exterior, tal como se ha venido produciendo en épocas anteriores y se sigue produciendo en la actualidad. El embajador en
Londres nos ha contado que la oficina de la Generalitat cuando abrió en aquella ciudad no tuvo la gentileza de poner la bandera de España. Es un pequeño detalle, si es una representación de España. ¿Cree usted que ese artículo, tal como está
redactado, va a servir para contener este tipo de deslealtades e incluso acciones en el exterior que perjudiquen claramente los intereses y la imagen de España, como ha ocurrido recientemente con determinadas comunidades autónomas? ¿Cree que
satisface la reciprocidad que sería esperable? En los estatutos de autonomía se establece la obligación inversa del Estado de informar a las comunidades autónomas con carácter previo de las actuaciones que va llevar a cabo en el exterior y que les
afectan y creo que esa reciprocidad no queda satisfecha, puesto que aquí se habla de mantener informado al ministerio de una manera -valga la redundancia- bastante informal, bastante genérica y sin que se establezca ningún instrumento -no sé si
usted tiene alguna sugerencia al respecto- para que las recomendaciones del ministerio sean llevadas a la práctica por las comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación, tiene la palabra el señor Xuclà, en nombre del Grupo Catalán.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor subsecretario por su comparecencia. Todo es subjetivo, pero yo considero políticamente interesante que culminemos estos dos días de comparecencias para ilustrar a los grupos parlamentarios
sobre esta ley con la del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, porque su palabra en sede parlamentaria tiene valor político y además tiene valor para enfocar la reflexión que necesitaremos hacer en las próximas semanas
para formular las enmiendas oportunas y para continuar la necesaria modificación de algunos aspectos de esta norma en su tramitación en ponencia, en Comisión y en el Pleno de esta Cámara. También es cierto, señor subsecretario, que estamos en sede
parlamentaria y que a partir de la semana que viene o la siguiente tendremos que hablar con el señor Beneyto y con el resto de los ponentes. Insisto en que su comparecencia puede ser relevante; depende de sus respuestas, claro, porque usted es un
diplomático y diplomáticamente me va a responder.


Quiero plantearle algunos asuntos, unos vinculados con temas autonómicos y otros no, que me parecen relevantes. Un compareciente decía esta tarde que lo más importante era el artículo 43, las misiones y el principio de unidad de acción.
Esta es ciertamente una novedad muy importante, que algunos

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consideran suficiente y otros que aún se tendría que integrar más. Me gustaría hacerle una pregunta muy prosaica que he hecho también a otros comparecientes. Continuamos con los consejeros nombrados por los ministerios, más coordinados con
el jefe de misión, pero con unas asimetrías en los sueldos muy notables, hasta el punto de que el consejero de un ministerio puede cobrar más que el embajador. Me gustaría saber si es voluntad de este Gobierno introducir vía legal, vía decisión del
Ejecutivo, una cierta racionalidad en este aspecto, porque -perdónenme que vuelva a insistir- algo dice del peor funcionamiento de la Administración que a veces enviar un consejero de un ministerio al país equis sea la forma de resolver aquello
propio del siglo XIX y XX de la cesantía. No digo más, porque ya he sido suficientemente explícito. Este es un punto relevante.


En este proyecto de ley está muy presente el Ministerio de Hacienda. Entiendo la indispensable coordinación de todos los ministerios con el de Hacienda, pero usted conoce seguramente mejor que ninguna otra persona de su departamento las
extremadas limitaciones operativas que supone la comunicación constante de su ministerio con el Ministerio de Hacienda a la hora de redefinir algo que el ministro anunció en su primera comparecencia, hará pronto dos años, que es el mapa de embajadas
y consulados. Conozco la voluntad del Gobierno de abrir una primera embajada en la zona del Cáucaso, seguramente en Bakú, zona muy importante, pero para ello, con las restricciones presupuestarias actuales, seguramente habría que cerrar otra
embajada en África. Usted sabe que en estos momentos el ministerio está excesivamente condicionado más que por una voluntad política por una burocracia que hace muy poco ágil el despliegue del nuevo mapa consular, del nuevo mapa de embajadas. Me
parecería oportuno que nos hiciera algún comentario sobre el particular.


El señor Beneyto decía que la carta de instrucciones es una pieza positiva. Estoy de acuerdo con él, pero es una pieza positiva si viene a integrar la voluntad propia de un Estado compuesto, con un ámbito de competencias establecido en los
artículos 148 y 149 de la Constitución española, y con estatutos de autonomía, que son bloque de constitucionalidad y leyes orgánicas que también recogen la voluntad de las administraciones de las comunidades autónomas. Hablaré un poquito más
después de las comunidades autónomas.


El artículo 43.7 abre la puerta a la comparecencia de los jefes de misión ya nombrados por el Ejecutivo en esta Comisión, que puede llamarlos en el uso de su autonomía parlamentaria. La comparecencia inicial de algunos de estos embajadores
puede ser muy interesante según el interés de su destino, pero quizás podríamos reflexionar sobre la importancia de una comparecencia no solo al inicio del mandato, porque puede suceder algún hecho extremadamente relevante que haga oportuna la
comparecencia del jefe de misión, del embajador durante su mandato, sabiendo que habitualmente será el ministro o el secretario de Estado los que darán cuenta. Tendríamos que reescribir el 43.7 para que esto se pudiera alargar en el tiempo.


Termino, señor presidente, señor subsecretario, refiriéndome a algunos temas de carácter competencial en relación con la acción exterior de las comunidades autónomas. No nos gusta la redacción actual de los artículos 11 y 12 de este
proyecto de ley, que son los referidos a la opción legislativa del Gobierno respecto a la acción de las comunidades autónomas. El artículo 11 nos parece una definición en negativo del perímetro de las capacidades de las comunidades autónomas. Nos
preocupan especialmente las últimas líneas, referidas a la comunicación previa de cualquier tipo de acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, que deberá informar. De esto podemos hablar durante la tramitación legislativa.


El artículo 12, señor subsecretario -lo he dicho ya en otras comparecencias-, nos parece la cristalización de un estereotipo creado en algunos ángulos mediáticos que ha terminado rebotando en un proyecto de ley. La caricaturización de las
llamadas embajadas de algunas comunidades autónomas en el exterior ha cristalizado en el artículo 12, con un montón de informes y comunicaciones previos. Ayer estuvo aquí la secretaria de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y esta tarde se ha
demostrado que las relaciones entre el ministerio y las delegaciones de las comunidades autónomas, las de todos los colores políticos, han funcionado razonablemente bien. Me parece que el artículo 12 está ligeramente cargado de algunos juicios
previos, también llamados prejuicios.


Esta tarde nos han ilustrado sobre la negativa -estoy de acuerdo en que fue con Gobiernos anteriores- a la integración de las delegaciones de las comunidades autónomas no en las oficinas, no en los despachos, sino en la representación
diplomática ante organismos internacionales. Esta tarde hemos sido ilustrados sobre la petición de integración de la delegación de la Generalitat en la representación diplomática en Londres que hizo el Gobierno llamado tripartito que estaba en esa
época y de la respuesta negativa por silencio administrativo. Sería interesante explorar, por ejemplo, la representación de aquellas

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comunidades con lengua propia distinta del castellano en la Unesco, pero representación con rango diplomático, porque esto es posible de acuerdo con los instrumentos legales de la Unesco y con el Convenio de Viena. Lo dejo apuntado y me
gustaría conocer su opinión sobre el tema.


Termino con una última consideración. Usted sabe, señor subsecretario -por eso creo que su comparecencia es relevante esta tarde-, que en estos momentos el Gobierno de la Generalitat de Catalunya está trabajando en un proyecto de ley sobre
la acción exterior del Gobierno catalán en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía de Cataluña; un Estatuto que criticamos profundamente cómo fue tratado por el Tribunal Constitucional -no solo porque fue recortado,
sino por el lenguaje de la sentencia-, pero que en los capítulos referidos a la política europea y a la política exterior quedó tal como salió de las Cortes Generales y fue refrendado por el pueblo de Cataluña. Una redacción casi idéntica es la que
tiene el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Este proyecto aún tiene que pasar por muchas fases y hemos trabajado mucho en sus 19 artículos para que fueran perfectamente compatibles con el marco estatutario y con el marco constitucional. Nos
gustaría saber cuál su opinión sobre este proyecto de ley, porque para nosotros es un elemento muy importante a la hora de iniciar un trabajo de colaboración con el grupo de la mayoría y con el resto de los grupos de esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Voy a compartir mi turno con mi compañera Delia Blanco.


Empiezo agradeciendo al señor Mendivil, subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, su presencia hoy aquí para explicar el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior. Quiero darle la bienvenida nuevamente, porque es el
miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores que más veces ha comparecido ante esta Comisión. Seguramente volveremos a verle pronto, en el debate de presupuestos. Siempre es un placer tenerle aquí. Le felicito por su comparecencia y por sus
explicaciones.


No vamos a abrir un debate sobre el proyecto de ley de acción exterior. No voy a iniciar un debate con mis queridos amigos y compañeros de la Comisión en relación con la valoración del mismo. Seguramente no tengo la misma visión positiva
de la ley que tiene mi compañero, el señor Beneyto. Nuestro grupo parlamentario cree que hay defectos estructurales en ella que nos hacen difícil apoyarla. Tenemos la mejor predisposición para trabajar en la mejora de este texto. También tenemos
una valoración distinta a la que han hecho otros portavoces de cómo están transcurriendo estas comparecencias, en las que muchos comparecientes han hecho críticas amables y no tan amables del proyecto de ley. Esto debe ser tenido en cuenta por la
Comisión, porque para eso se celebran estas comparecencias.


Señor subsecretario, ha reiterado varias veces que existen reticencias a este proyecto de ley dentro de la casa, tanto en el Ministerio de Exteriores como en la propia carrera diplomática, que han sido expresadas a través de distintas
manifestaciones. En mi modesta opinión, algunos de los escollos que todavía subsisten y que deberíamos cambiar en el trabajo parlamentario -otros comparecientes también han hecho referencia a ellos- se refieren a los actores de la acción exterior
y, singularmente, a la desconfianza institucional que rezuma la ley y a la pérdida de confianza mutua en relación con las comunidades autónomas y las entidades locales. Se ha hecho referencia -y no voy a insistir en ello- a los términos negativos
de los artículos 12 y 13, en los que se refleja una voluntad de subordinación más que de coordinación, cuando hemos visto que la realidad es menos difícil de lo que su escenificación política muestra. Esta tarde nos han contado un buen ejemplo de
entendimiento y de cooperación entre la Embajada en el Reino Unido y la delegación de la Generalitat. Este es un tema francamente importante de esta ley.


El Consejo de Estado ha hablado también de las carencias y desequilibrios de esta ley. También el señor Beneyto se ha referido a ello. Creemos que en un momento en el que se está poniendo en marcha el servicio exterior de la Unión Europea,
se ha desaprovechado la oportunidad de establecer instrumentos de coordinación y de intensificar la importancia de la participación de España tanto en la Unión Europea, a través de la Reper, como en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y de
insistir en la necesidad de que la Unión Europea actúe con esa voz común que tanto reclamamos y de la que tanto adolece en muchos conflictos, por ejemplo en el actual el conflicto en Siria. ¿Cree usted que cabe una revisión? ¿Vería mal el
ministerio que en el trámite parlamentario se solventase esa pata que cojea en el tema de la Unión Europea?


Le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre lo que ha dicho el Consejo de Estado y sobre otras cuestiones. El Consejo de Estado ha hecho algunas críticas de técnica legislativa. En el capítulo II, los

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sujetos de la acción exterior, se hace referencia a órganos constitucionales que no deberían tener un tratamiento de ley ordinaria sino estar en una ley orgánica.


En cuanto a la Corona, ha habido algún compareciente que ha sido favorable a que haya un artículo que haga referencia únicamente al papel de la Corona en la política exterior, su prestación única de consentimiento en los tratados
internacionales, y ha sido crítico con el hecho de que apareciera como sujeto de la acción exterior.


También se ha criticado el tono reglamentista que existe en el título IV, especialmente cuando habla de la organización del servicio exterior, en el sentido de que eso debería ser llevado al reglamento y no a la ley. Por otro lado, en la
ley es confusa la distinción entre política exterior y acción exterior, aunque los distintos borradores del proyecto han ido perfeccionando esa diferencia conceptual. Me gustaría saber si cree usted que todavía subsisten algunas inconcreciones.


Sobre la marca España, un tema polémico, el Consejo de Estado dice que tal vez debería definirse en una norma de rango legal. Algunos comparecientes han dicho: Eliminemos ya este concepto, que es más bien un eslogan político, un concepto
de política de comunicación, pero no de política exterior. ¿Cómo valoraría la desaparición de la referencia a la marca España en la ley?


También me gustaría conocer su opinión sobre la estrategia de política exterior, que queda un poco desdibujada en el proyecto de ley. ¿Considera que en el trámite parlamentario puede mejorarse la definición de esa estrategia?


Asimismo, quiero preguntarle por la diplomacia parlamentaria, escasamente reseñada en la ley. Quizás deberíamos aplicar la experiencia de la Comisión Mixta de la Unión Europea a este proyecto de ley de acción exterior. Esta Comisión de
Asuntos Exteriores puede ser el marco adecuado para celebrar debates anuales de política exterior, para el debate de la estrategia de política exterior. La obligatoriedad de la comparecencia del Gobierno en la Comisión Mixta en los semestres de
Presidencia del Consejo Europeo ha creado una dinámica de aportación de los grupos en el marco de la política de la Unión Europea. Esa experiencia debería ser trasladada a esta Comisión de Exteriores, porque podría ser útil.


Cedo la palabra a mi compañera, Delia Blanco, para que continúe.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Tiene la palabra la señora Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento por la comparecencia del señor subsecretario. Bienvenido a esta Comisión, que por otra parte es la suya. Supongo que usted ha sido sujeto activo de la redacción de
este proyecto de ley. Nuestro grupo considera muy pertinente la comparecencia de alguien que ha contribuido a la redacción y al espíritu de la ley.


Voy a hacerle tres preguntas muy concretas. La primera se refiere a la cooperación al desarrollo, un instrumento que se ha demostrado absolutamente eficaz dentro de la acción exterior del Estado y que ha sido recogida y modificada en la
disposición adicional primera, restándole un protagonismo que ha sido sustancial en las últimas dos décadas. Alguien tan poco sospechoso como el presidente del Intermón Oxfam, en un artículo publicado en ABC el pasado julio, decía: La marca España
solo ha sido en realidad y solo será la cooperación al desarrollo. Antes de las empresas ya estaba la cooperación, cuando se han ido las empresas se ha quedado la cooperación y cuando se ha ido el dinero ya no hay cooperación. Usted lo sabe,
porque es funcionario de carrera, porque es subsecretario y porque la conoce bien, que la cooperación es absolutamente imprescindible en la acción exterior del Estado. ¿Le parece realmente útil que dentro de la primera ley que desarrolla
constitucionalmente la acción exterior del Estado la cooperación al desarrollo quede desaparecida, cuando es un instrumento absolutamente eficaz dentro de nuestra acción exterior? Por otra parte, si es así, ¿por qué no cambian el nombre del
ministerio y lo vuelven a llamar Ministerio de Asuntos Exteriores? En las dos legislaturas anteriores ese nombre cambió porque la cooperación al desarrollo se consideró verdaderamente importante. Si ahora no es así, quítenle el nombre de
cooperación y déjenla con su ley, que no está mal y puede funcionar, aunque siga dependiendo de ustedes. Mi primera pregunta es: ¿Cree usted que debería desaparecer la palabra cooperación de la ley del servicio exterior, ya que no está contemplada
como instrumento?


La segunda pregunta se refiere al artículo 54.1 del anteproyecto de ley, concretamente a los funcionarios del cuerpo diplomático. ¿Cree usted que no modifica el Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, sobre la provisión de puestos de trabajo
de los funcionarios de la carrera diplomática? Si es así, si no modifica este real decreto, ¿considera que con este anteproyecto de ley se garantizarán las decisiones de la junta de la carrera atendiendo a mérito y capacidad y excluyendo la
arbitrariedad en la provisión de puestos de trabajo, como ha ocurrido en marzo de 2012? Usted lo sabe. Ha salido publicado, es decir, ha trascendido

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las puertas de una casa -el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación- de la que es difícil que trasciendan las cosas e incluso ha llegado a los tribunales.


Mi tercera pregunta se refiere a la carta del 14 de febrero de este mismo año, escrita por 364 integrantes de la carrera diplomática y dirigida a usted, al ministro, al secretario de Asuntos Exteriores, al secretario de Estado para la Unión
Europea y al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Muchas de las cosas que plantea esta carta son escollos corporativos de la llamada carrera, pero también hace alusión a temas importantes dentro de la ley de acción
exterior. Sienten que no han sido consultados y que el último borrador les ha llegado en el último momento, justo antes de entrar en esta casa.


Señor subsecretario, vuelvo a repetir con plena convicción y en nombre de mi grupo parlamentario que su comparecencia era necesaria. Necesitábamos tener aquí a alguien que hubiera participado en el espíritu y en la redacción de este
anteproyecto. Usted es el que mejor puede contestar estas preguntas.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Mendivil Peydró): Señorías, han planteado ustedes cuestiones muy interesantes y muy sensibles para la ley y para la carrera diplomática. Procuraré ser ordenado.


Voy a empezar uniendo dos preguntas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista, referentes a la junta de la carrera, a la ADE, a la carta que llamamos de los trescientos -aunque son más- y a los problemas que se planteaban en ella,
que están muy vinculados con la diferencia entre la dependencia orgánica y la funcional y jerárquica. Hay una cosa que me gustaría que se supiera, porque hay mucha gente que no la sabe y no que no quiere saberla. Sinceramente, señoría, está mal
informada. Desde el inicio de este proceso y por primera vez en la historia de la democracia el ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido dos veces con el pleno de la junta de la carrera. Yo tengo treinta y cuatro años de carrera -ingresé en
enero de 1975- y es la primera vez que el ministro de Asuntos Exteriores se reúne con la junta de la carrera diplomática y con la ADE, la Asociación de Diplomáticos Españoles, en sesión conjunta; dos veces, en sesión plenaria: cuarenta personas.
Les ha explicado lo que quería y les ha pedido colaboración. De esta ley ha habido cuatro borradores oficializados, cuatro borradores que fueron transmitidos cuando consideramos, después de un cierto periodo de trabajo -esto ha durado un año y
pico-, que ya estaban maduros para presentárselos al resto de la Administración del Estado. Esto se comunicó inmediatamente a todos los miembros de la ADE y de la junta de la carrera diplomática -menos en una ocasión, que fue la primera-, con la
libertad absoluta de transmitírselo a todos, cosa que hicieron, mandando el borrador por correo electrónico a toda la carrera. Eso fue como se lo estoy contando, señoría. Además, a lo largo de todo el proceso, dentro del grupo reducido -por
llamarlo así- que venía trabajando en este proyecto -secretaría general técnica, colaboradores de mi propio gabinete y asesoría jurídica- se crearon grupos de trabajo formados por dos personas de la ADE y dos de la junta de la carrera, que se han
reunido -no quiero que me acusen de exageración, pero me van a acusar de equilibrado- por lo menos quince horas en distintos periodos, algunas veces en sesiones de siete horas, para discutir todo este asunto.


Paso ahora a la carta. La carta se produjo en un periodo que podríamos llamar no maduro. Había muchísimas inquietudes, alentadas por ciertos sectores que preferían -yo se lo decía- la incertidumbre y la instalación en el descontento al
miedo al cambio y a la incertidumbre de los que les podía venir. Esa carta planteaba fundamentalmente un punto -si la tiene el señor presidente quizás me pueda corregir porque haya alguno más-, que era la gran discusión entre la dependencia
orgánica y la dependencia funcional. Los que no estaban de acuerdo con la formulación que finalmente está en el texto, consideraban que era escasa la mención a la dependencia jerárquica, en el sentido de que ser el jefe, el representante del
Estado, ser el embajador, representar al conjunto de la Administración, dirigir, coordinar e impulsar la acción exterior del Estado, tener la potestad indirecta pero disciplinaria de recurrir a una figura nueva, que era la Inspección General de
Servicios de Hacienda, no era suficiente. Pretendían la dependencia funcional y orgánica, que ya adelanto que no existe en ningún país de nuestro entorno, ni en Francia ni en Inglaterra. ¿En qué consiste? Ahora contesto al Grupo Popular. La
funcional es quién da instrucciones de hacer qué. Realmente es difícil pensar en un embajador en cualquier país del mundo, con varias consejerías, que tenga la capacidad de decir al consejero de Medio Ambiente lo que tiene que hacer en materia de
cooperación, de ríos, de aprovechamiento de aguas, de riegos; es decir que tenga esos conocimientos, esa especialidad y que pueda dar instrucciones a un consejero para que lo desarrolle. Lo que sí se debe

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exigir -eso es lo que se pretende- a ese consejero en cada uno de los países, que naturalmente recibe de su ministerio especializado la información y las instrucciones de lo que tiene que hacer y desarrollar, es un deber de lealtad hacia el
embajador y que le explique cuáles son las instrucciones que recibe de su ministerio y las acciones que va a tomar, para que el embajador, en el marco de la política exterior de España, valorando las implicaciones de tales decisiones, en un momento
dado pueda decirle: Adelante, te apoyo -porque naturalmente tiene que apoyar-, o bien: páralo, porque a mí me parece que interfiere en cierto momento político o en cierta situación, porque por nimio que esto parezca puede interpretarse como un
mensaje a un determinado Gobierno de que todo va normal, cuando en realidad estamos discutiendo problemas muy importantes de los que no tenemos que distraernos con estos asuntos. Ese deber de lealtad es el que debe producirse. Naturalmente,
insisto, el embajador no puede pretender ser un técnico comercial, un experto en educación, en turismo, en CNI, en temas de interior, etcétera. Me parece que lo normal es que vaya de abajo a arriba y que los ministerios especializados den a sus
hombres las instrucciones que correspondan, que para eso los tienen. Esa es la dependencia funcional, que me parece imposible y que, repito, ningún Estado tiene; desde luego, yo he hablado con embajadores ingleses, franceses, alemanes y ninguno la
tiene.


Ahora vamos a la orgánica. ¿Qué supone la dependencia orgánica? Que el embajador sería dueño y señor de todo el dinero de la representación. Eso tiene varios inconvenientes. Sinceramente les digo -quizá sea una respuesta un poco
prosaica- que no estamos preparados para ello. Yo he sido embajador y esto no me interesa para nada. No quiero tener el dinero para decirle al consejero de Defensa que no le cambio la moqueta o una lámpara o que el aparato de aire acondicionado no
funciona y no tengo dinero para reparárselo. Eso debe decidirlo su propio ministerio. Lo que sí espero es que toda la misión, y más aún cuando esté integrada, tenga un nivel de calidad y de dignidad equivalente en todas las oficinas sectoriales.
Eso ocurre así en todos los países de nuestro entorno, en los que el embajador no tiene por qué meterse a gestionar los dineros o en si viaja o no viaja; que lo pague su ministerio. Lo que le tiene que decir al embajador es: Por esta misión me
voy a desplazar tres días a una determinada ciudad. Esa es la orgánica. Otra cosa son los servicios comunes. En ese momento, cuando se puede, por ejemplo en las Reper, cuando hay solo edificio sí hay una coordinación. En ese caso -hablo por
Exteriores, y de momento, tal como están las cosas me parece lo más sensato-, cada uno aportará la parte alícuota que le corresponde por el servicio determinado que se contrata a una sola empresa, con economías de escala.


¿Por qué digo eso? Voy a explicarlo. En los momentos actuales no me interesa tener el dinero de todo el mundo por una sencilla razón, porque cuando desgraciadamente se me rebajan un 3% o un 4% los gastos corrientes se me rebajan a mí y en
la cancillería diplomática yo tendré que administrar el dinero que me va a dar el Ministerio de Asuntos Exteriores; el de Defensa se tendrá que administrar el suyo y el comercial el suyo. Pero si yo tengo todo el dinero y me bajan el 3%
globalmente ya empezamos con las peleas de si a uno le pongo la moqueta y a otro no, y bastantes problemas tenemos en la situación actual, insisto, como para crearnos uno nuevo. ¿Qué sucede? Que tanto la funcional como la orgánica son una
manifestación de poder. El embajador, sea quien sea, no tiene por qué ser un diplomático, puede fusilar a los consejeros al amanecer en el patio mayor de la embajada, pero no se trata de eso.


Como he señalado antes, parte de la carrera diplomática pensó que esta era una ley de la carrera diplomática. Antes de organizar eso, organicémonos nosotros mismos con el reglamento, veamos nuestro sistema de ascensos, nuestro sistema de
valoración, nuestro sistema de méritos y todo ese tipo de cosas que decide la junta. Eso sí que es materia de reglamento y va a estar en un reglamento. Naturalmente, en el actual Decreto de provisión de puestos y de ascensos en el exterior se
establecen doce materias sobre las cuales se juzga al funcionario para destinarlo a un sitio o a otro, que van desde el conocimiento de idiomas a la antigüedad, a los servicios prestados y, naturalmente, al mérito y a la capacidad y al trabajo que
ha desarrollado. Creo que con esto he contestado concretamente a la pregunta.


El artículo referente a la posibilidad -entre comillas- de que un embajador nombrado venga a explicar su misión y a responder a las preguntas que la Comisión considere oportuno formularle en sede parlamentaria, posiblemente es una mala
redacción, porque lo que se dice es que el ministro de Asuntos Exteriores informará inmediatamente del nombramiento de embajador a los efectos de su posible comparecencia. Quizá, repito, está mal redactado, pero si les informa inmediatamente a esos
efectos, se supone que dependerá de si quieren o no quieren recibirle, pero no porque sea posible o imposible desde el punto de vista, en este caso, de la persona que dirige, el ministro de Asuntos Exteriores, la política de España en el exterior.
No hay ningún problema, y si se pretende una clarificación en el sentido de que puede comparecer, estamos dispuestos, porque ese es el espíritu de esa norma.

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Se ha insistido aquí en el tema de la marca España. Hay un artículo concreto, no recuerdo exactamente su título, que se refiere precisamente a la política de la imagen de España en el exterior, en el que no se menciona marca España si no el
Plan marca España, igual que se menciona el Plan de cooperación. No creo que haya una incidencia con la creación del Alto Comisionado de marca España. Existe ese Plan marca España y parece lógico que se mencione, porque es un plan de la política
exterior de España y de la acción exterior de España. Por lo que se refiere a la promoción de la imagen de España en el exterior, no se menciona para nada la marca España intencionadamente.


Quiero aprovechar para decir una cosa relativa al ámbito de la cooperación. El ámbito de la cooperación está bien concretado y reflejado como tal y tiene dos apartados en los ámbitos. Esto, señorías, también planteó problemas al principio,
porque todo el mundo quería figurar con su foto y decir: Soy yo el que lo hago. Eso nos llevó a suprimir toda referencia a órganos. Esta es una ley de todo el Estado, y todos los ámbitos que aquí se mencionan están abiertos a la acción exterior
de todos aquellos sujetos que hacen acción exterior. Medio ambiente no es el Ministerio de Medio Ambiente ni economía es el Ministerio de Economía, sino todos aquellos que hacen una acción exterior enmarcada en ese ámbito.


Se han mencionado por el Grupo Popular las inmunidades de Estados extranjeros. Tengo que decir que eso es complicadísimo, porque existe el convenio de Viena que se refiere a ello. Además, exigiría un convenio internacional, porque entiendo
que por nuestra parte, unilateralmente, no se puede hacer una regulación de las inmunidades de los Estados si ellos a nosotros no nos ofrecen la reciprocidad correspondiente. Eso sería una articulación internacional, como lo fue en su día el
Convenio de Viena de relaciones consulares y diplomáticas. Me parece una aspiración loable pero muy complicada, que desde luego no está en el marco de esta ley.


El representante del Grupo de Esquerra Republicana me preguntaba que por qué reforzar la figura del Estado. Tengo que recordar que el único sujeto de relaciones internacionales es el Estado. Otros hacen acción exterior, pero no son sujetos
de relación internacional. La imagen de un Estado la da el Estado, lo que acarrea una acción exterior. Lo lógico es que ese Estado, que tiene competencia exclusiva en la política exterior, se preocupe de que la acción exterior de todo el mundo sea
consecuente y esté enmarcada en lo que es la política exterior del Estado, único capacitado en el mundo, en todos los países, para establecer dicha política. Pero es más, lo que se está ofreciendo aquí es participar, lo que se está pidiendo es que
participen con nosotros; se está abriendo la política exterior, la acción exterior del Estado y estamos ofreciendo por todas las vías que haya una participación y una integración de todas aquellas aspiraciones de acción exterior que, de acuerdo con
la política exterior del Estado, pretendan llevar a cabo los distintos organismos y entidades. Es más, cuando se dice que lo comuniquen es para poder ayudarles y recomendar motivadamente -no se trata de un capricho-, porque, por ejemplo, hay
determinados viajes de miembros de un ministerio que se le comunican a Exteriores y este dice: no vayas ahora, por favor, porque es incoherente con la política que estamos siguiendo con ese país. Es lógico que esa política coherente se mantenga.
Le aseguro, señoría, que eso es lo que valora y da credibilidad a la política exterior de un Estado y a la propia acción exterior, y no el que cada uno vaya por donde quiera. Por otra parte, nadie ha hablado de pedir permiso, porque lo que se ha
dicho es que se comunicará, se informará y, en su caso, se harán recomendaciones; desde luego, lo que sí se dice es que se les dará apoyo.


En cuanto a que las oficinas autonómicas tienen buenas relaciones con la embajada, lo único que puedo decir es que sí, pero también tengo que decir que las tienen cuando las necesitan. En cuanto a la política de las oficinas de las
autonomías, le diré que yo he tenido ocho en una misma embajada a las que convocaba regularmente y les explicaba lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer y les preguntaba si ellos estaban haciendo algo que necesitara mi apoyo, pero no les
preguntaba qué hacían. Les decía: Después de explicarles lo que está ocurriendo en la política exterior de España en este país y los proyectos que tenemos, sean económicos o de cualquier tipo, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudarles? Nos reunimos
periódicamente y, desde luego, el catalán estaba allí. Es verdad que esa relación formalmente era muy buena, aunque era prácticamente en sentido único. Alguien ha dicho que soy diplomático. En las cosas serias procuro ser correcto y educado, pero
si no hay que ser diplomático no lo soy. En ese momento el catalán estaba incluido, pero también todos ellos, porque cuando hay un problema en el exterior no es de nacionalidades, ni siquiera las autoridades locales te tratan como nacional, da
igual que tú seas gallego o seas vasco, si tienes un problema eres español. En ese momento venían a pedir el apoyo y la ayuda de la embajada y del embajador, que por encima de todos, incluso de los técnicos comerciales, es el único que tiene
relación directa, como representante del Estado -no hay que olvidarlo-, con los distintos departamentos y ministerios. Es el único que es recibido por un ministro. Yo preguntaría aquí qué ministro

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del Gobierno de España recibe a un técnico de cualquier embajada, sea el cultural, el comercial, el agrícola o el que sea. No hay un ministro en España que reciba más que al embajador del país correspondiente. En ese sentido, tenían
absolutamente todo el apoyo, indiscriminado y total, porque el Estado tiene la obligación de considerar a todos los españoles como tales y de ayudar a todo el mundo. Señoría, discúlpeme, pero no hay nada de política ni de politización ni de
ideologización.


Me siento aludido por UPyD, aunque sinceramente ha sido muy amable, porque dice: Qué nos va a aportar usted que se lo sabe todo, que está implicado, que conoce este mundo; usted viene aquí a vender el producto. Quiero decir que no hay
mejor vendedor del producto que el que lo trabaja. Hay que valorar y escuchar a cada uno en la medida de sus conocimientos y de su especialidad. Conozco a excelentes catedráticos de Derecho Internacional que han venido por aquí, pero que no han
pisado nunca una embajada, no saben cómo funciona; sin embargo, cuando tengo problemas de derecho internacional recurro a ellos -de hecho lo estamos haciendo ahora con la ley de tratados-, y también para este mismo proyecto he preguntado cosas a
especialistas en derecho internacional. Pero, desde luego, él me tendrá que preguntar a mí cómo funciona una embajada, qué supone una dependencia orgánica y funcional, porque en el funcionamiento ordinario todo eso lo desconocen. Yo agradezco
profundamente que se me permita venir aquí a explicar esto desde mi posición de treinta y tantos años de servicio, muy ligado, por cierto, a las cuestiones de gestión en el servicio exterior y ahora en la subsecretaría.


En algunos casos que me ha mencionado le diría que no hay medidas de retorsión por una actuación desleal, porque, como ya he dicho, uno de los principios que aquí se recoge es la lealtad institucional. Todos somos miembros de un Estado,
debemos ayudarnos mutuamente y ser leales los unos con los otros. ¿Por qué voy a pensar que me van a desautorizar, me van a engañar o no van a cumplir lo que les pido? Tengo que partir de eso, porque si no esto sería el Código Penal. No se trata
de eso sino de establecer mecanismos de funcionamiento, de sinergias y de coordinación. Insisto en que me baso en la lealtad institucional y, desde luego, creo que cuando un embajador jefe de misión toma posesión en un puesto lo primero que tiene
que tener es lealtad institucional a todos los organismos presentes, vengan de donde vengan.


Han hablado de los sueldos. Yo lo digo todo, no hay ningún problema. Efectivamente hay diferencias salariales que vienen derivadas, en primer lugar, de la época histórica en la que se creó la embajada. Desgraciadamente, no es lo mismo
abrir una embajada en época de vacas gordas que abrirla en época de vacas flacas. Los sueldos, y todo, van a estar en consonancia con el tono económico que existe en ese momento en el país. Si hubiera una necesidad se cubriría, pero se va a pagar
menos sueldo a ese embajador que al de la embajada que se creó en el país vecino en época de vacas gordas. Es una aspiración de la carrera, de la ADE, pero creo que hay momentos y momentos; y así como creo que es el momento de tener una ley del
servicio exterior, que va a tener un valor añadido en la comunidad internacional, creo que no lo es de hablar de sueldos, de poner sobre la mesa si tú cobras más o yo cobro menos; ya hablaremos de eso cuando haya dinero para repartir. Creo que no
es el momento de abrir otro frente de peleas y me parece que es mejor dejarlo como está. En aras de la verdad, tengo que decir que cuando fui director general del servicio exterior hice un estudio sobre esto. Había tres grupos: había sitios donde
los diplomáticos cobraban más -estoy hablando de la relación técnico comercial-segundo de la embajada-; otros donde cobrábamos exactamente lo mismo -no hay más que coger la RPT, porque aunque es un trabajo de chinos allí se hizo-; y otros donde
los comerciales, sobre todo en los países subdesarrollados difíciles y complicados, a los que normalmente nadie quiere ir, estaban mejor pagados. Es verdad también que se produce un fenómeno curioso, y es que a veces el segundo cobra casi lo mismo
que el embajador, pero también eso hay que analizarlo con sensatez y cabeza. El embajador tiene una serie de privilegios que no tiene el segundo; por ejemplo, tiene una residencia, un soporte, un servicio que le facilita la labor de representación
que no tiene el segundo porque tiene que alquilarse la casa y buscarse el servicio, etcétera. Todo es cuestión de pensar con sentido y sin reivindicaciones corporativas para hacer algo razonable. De todas formas, insisto en que indirectamente lo
puede hacer el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, que para eso está, porque no solo sirve para saber quién está dónde sino para que cualquier problema que se suscite se ponga encima de esa mesa. Por otra parte, alguien ha mencionado que
estábamos condicionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este ministerio ha hecho un gran esfuerzo, porque ha aceptado esas funciones del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Actualmente la negociación es bilateral.
Exteriores negocia con Hacienda a solas y no sabe lo que está negociando con comercio o con Educación. Ahora todo se va a poner sobre la mesa. Como he dicho antes, cuando se abre una embajada se enteran los demás el día que se lleva a la Comisión
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subsecretarios y secretarios de Estado, y ahora en el Consejo ejecutivo se va a decir: España tiene interés en abrir en Bakú -donde, por cierto, diré que ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea para meternos de momento en sus
instalaciones-, y en ese momento se preguntará: ¿Quién quiere venir? Economía dirá: Yo quiero ir. Turismo dirá: Yo también quiero ir. Entonces haremos el plan de a qué vamos, cómo vamos y para qué vamos. Es decir, racionalizamos nuestra
presencia en el exterior.


Naturalmente estamos condicionados en el despliegue. Los redespliegues, es decir, el ahorro por el cierre, son muy complicados, muy caros y exigen una inversión inicial importante, sobre todo la referida a la indemnización por razones de
despido de los empleados, que en algunos casos tienen mucha antigüedad. Para que se hagan una idea, les diré que lo que cuesta cerrar tres consulados que prestan un servicio, pero que no está cubierto por el cónsul, y uno relativamente pequeño,
aproximadamente son 900.000 euros. Esto quiere decir que no es tan fácil hacer ese tipo de ejercicios, aunque en ello estamos.


Creo que ya he explicado al Grupo Socialista que no hay ninguna reticencia hacia las comunidades autónomas. Hemos procurado ser exquisitos con la Constitución, con los estatutos, con el Consejo de Estado e incluso con la doctrina del
Tribunal Constitucional y con sus propias sentencias. No hay desconfianza ninguna, lo que queremos es ser inclusivos e integradores para poder jugar todos juntos una batalla en la que nos ven no como entes que se presentan de manera disgregada sino
como una unidad. En el exterior, España es el Estado español, y aunque nosotros tenemos nuestro propio sistema constitucional queremos que todo el mundo tenga derecho a su propia acción exterior, pero también que la imagen que se dé sea compacta y
coordinada.


Si sus señorías desean hacer alguna modificación en las referencias a la diplomacia parlamentaria, por supuesto que no tenemos absolutamente ninguna reticencia ni inconveniente. Si me he dejado algo, les agradeceré que me lo recuerden.


Una vez más, les doy las gracias por haberme escuchado.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Señorías, damos por concluidas las sesiones de comparecencias que teníamos marcadas para enriquecer las propuestas que los grupos harán llegar para el debate posterior.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la tarde.