CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 366

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 15 (extraordinaria)

celebrada el lunes,

1 de julio de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo:


- De la secretaria de política social de la comisión ejecutiva confederal de la Unión General de Trabajadores, UGT (López Ruiz), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
(Número de expediente 219/000352) ... (Página2)


- Del secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, CCOO (Bravo Fernández), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente
219/000353) ... (Página2)


- Del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC (De la Fuente Moreno), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente
219/000354) ... (Página24)


- Del profesor titular de la Universidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del País Vasco (De la Fuente Lavín), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de
expediente 219/000355) ... (Página24)

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- Del catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha (Aparicio Tovar), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de
expediente 219/000356) ... (Página24)


Se abre la sesión a las doce del mediodía.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO:


- DE LA SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (LÓPEZ RUIZ), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.
(Número de expediente 219/000352).


- DEL SECRETARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (BRAVO FERNÁNDEZ), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente
219/000353).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a reanudar el trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo con la comparecencia de representantes de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, en
primer lugar, por doña Carmen López Ruiz, secretaria de política social de la comisión ejecutiva confederal de la UGT, y por don Carlos Bravo Fernández, secretario de protección social y políticas públicas de Comisiones Obreras, ambos, como ha
venido sucediendo en los últimos días, para informar a la Comisión sobre el alcance del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Seguiremos el mismo procedimiento de siempre. Los comparecientes hablarán en torno a quince minutos
y después los portavoces durante cinco minutos. Doña Carmen López Ruiz, representante de UGT, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (López Ruiz): Señoras y señores diputados, en primer lugar, me gustaría agradecerle de nuevo a esta Comisión su invitación
a la Unión General de Trabajadores para que volvamos a pronunciarnos sobre el trabajo de esta Comisión.


Comenzaré mi exposición realizando una consideración previa que trata de constatar un hecho que es que comparecemos sin conocer la opinión ni la posición del Gobierno sobre el factor de sostenibilidad. Es la primera vez que acudimos a esta
Comisión del Pacto de Toledo con una posible reforma de la Seguridad Social a las puertas y no podemos discutir sobre la posición inicial del Gobierno, sino que se nos plantea, en cierta manera, debatir sobre un informe elaborado por un comité de
expertos independientes que, por supuesto, no vinculan ni a los interlocutores sociales ni a los grupos parlamentarios, que ustedes representan, ni al Gobierno. Desde la Unión General de Trabajadores pensamos que no es sobre estos documentos sobre
los qué deberíamos estar debatiendo hoy, sino sobre la posición del Gobierno en esta materia. Evidentemente, esto no significa que hoy no vaya a referirme al informe, sobre todo, por referencia a esta Comisión que nos ha invitado para ello. Pero,
reitero, que nuestra labor como sindicato más representativo no es pronunciarnos sobre dicho documento, sino sobre la postura del Gobierno, pero para ello es necesario que el Gobierno se posicione; cosa que a día de hoy no ha hecho. Es importante
y necesario que aporte su propuesta lo antes posible para intentar eliminar incertidumbre dentro de la población.


Realizadas estas consideraciones iniciales, quisiera llamar la atención sobre determinados aspectos del informe del comité de expertos que en nuestra opinión merecen la pena destacar. En primer término, tengo que manifestarles que nos llama
la atención las prisas y la urgencia con la que se quiere dejar zanjado el debate y el desarrollo normativo del factor de sostenibilidad. No hay prisas, debemos actuar con responsabilidad y analizar la situación actual y futura de nuestro sistema.
El informe alude a razones demográficas y a la supuesta debilidad presupuestaria en nuestro sistema de pensiones para intentar justificar esta urgencia, que no existe. A nuestro juicio, estas razones o argumentos no se sostienen, especialmente si
tenemos en cuenta tres realidades. Cuál ha sido el comportamiento de nuestro sistema

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de pensiones durante este periodo de fuerte crisis económica, durante el que si algo ha demostrado realmente ha sido su fortaleza. Me referiré a los últimos datos expuestos por el INE sobre la esperanza de vida en España. Por último,
debemos atender a las modificaciones normativas incorporadas en la Ley 27/2011 y a los efectos que se derivan de las mismas.


Desarrollaré estas circunstancias por separado. Primera, fortaleza de nuestro sistema durante la crisis. Por un lado, si nos fijamos en cuál ha sido el comportamiento de nuestro sistema de pensiones durante el periodo de fuerte crisis
económica, podemos observar cómo, pese a la fuerte caída de la filiación, la relación cotizante-pensionista a día de hoy es de 2,32 afiliados por pensionista, lo que significa que todavía contamos con una tasa de dependencia superior a la mantenida
durante todo el periodo que va desde el año 1992 al año 2001. Desde luego el sistema nos dice en estos momentos que sigue siendo sostenible, ¿verdad, señores diputados? Cómo, en estos seis años de crisis económica, la tasa de paro ha aumentado del
9,6 % al 27,2; el sistema de Seguridad Social ha perdido casi 3 millones de afiliados; se han destruido 3,8 millones de empleos; han caído los ingresos, los años de cotización y los salarios nominales; han subido los precios al consumo y los
salarios reales han acumulado una pérdida real de 15 puntos.


Señoras y señores diputados, imaginemos que el Gobierno apostara por reactivar la economía para mantener y generar empleo, por mejorar la protección del desempleo, por revisar el funcionamiento del sistema financiero que garantice el crédito
a las familias, a las pequeñas y medianas empresas. Imaginemos de nuevo que el Gobierno hubiese optado por la no reducción de salarios de los trabajadores, por el aumento del salario mínimo interprofesional por encima del IPC y que las empresas no
hubieran tenido que solicitar aplazamiento en las cotizaciones a la Seguridad Social, nuestro sistema público sería aún más sostenible. Sí, ¿verdad? Es de justicia reconocer que el problema no es el sistema, sino las políticas de recortes
impuestas día tras día. Como ustedes conocen, nuestra Seguridad Social ha pagado escrupulosamente una media anual de más de 8,5 millones de pensiones contributivas y solo ha tenido que utilizar una parte mínima del Fondo de reserva durante el año
2012, y hay voces que dicen que también tendrá que utilizarlo en el año 2013. Esperemos a ver qué es lo que propone el Gobierno.


Paso a referirme a los indicadores demográficos actualizados. Por otra parte, si analizamos los últimos datos del INE, a 18 de junio de 2013, respecto a la esperanza de vida de España en el año 2012, vemos cómo tanto la esperanza de vida al
nacimiento como a los 65 años se ha visto reducida con respecto al año 2011. Situándose, en el año 2011, la esperanza de vida a los 65 años para ambos sexos en el 20,7 y, actualmente, se ha situado en el 20,5. Algunas de las publicaciones médicas
más prestigiosas del mundo, como el British Medical Journal, constatan que los recortes y las políticas de austeridad que se están aplicando en España están teniendo un efecto devastador en la salud y en el conjunto de las personas. Si esta
reducción de esperanza de vida mantiene una tendencia a la baja, como así nos indican los nuevos parámetros, en los años siguientes seguramente nos tendremos que plantear no aplicar el factor de sostenibilidad en un futuro. Incluso tendríamos que
reducir la edad de jubilación, todo lo indicará lo que digan los nuevos datos. Nosotros acordamos una ley en el año 2011 en la que la evolución demográfica tenía una tendencia importante, pero ya nos dicen los nuevos indicadores que está bajando.
Por tanto, tendremos que reflexionar y mirar los cambios dentro de esta ley.


Me voy a referir ahora a los efectos de la Ley 27/2011. Por último, si atendemos a las modificaciones que introduce la reforma de pensiones de 2011 y a los efectos que en el medio y largo plazo conllevará su aplicación, podemos comprobar
cómo los problemas del sistema público de pensiones en su dimensión estructural están razonablemente bien recogidos en dicha ley. La reforma de 2011 que se está aplicando desde el 1 de enero del presente año no es ningún parche, sino un gran
acuerdo, un acuerdo que fue difícil, que supuso sacrificio, pero que fue necesario. Fue una reforma importante y profunda del sistema, porque vino precedida del consenso político y social en el acuerdo de febrero de 2011, por la relevancia de las
modificaciones que se introdujeron en el régimen jurídico del sistema y porque iba a anticiparse, con eficiencia, a los retos económicos y desafíos demográficos del futuro. Algunas de las medidas que se tomaron fueron: establecer la edad de
jubilación ordinaria entre 65 y 67 años; aumentar las carreras de cotización para obtener el 100 % de la pensión de jubilación; aumentar a veinticinco años el periodo tenido en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión; endurecer
el acceso a la jubilación anticipada y la parcial y revisar el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones a partir de 2027 y su entrada en vigor en 2032.


¿Piensan ustedes que estas medidas se regularon sin tener en cuenta los retos demográficos y económicos a los que podría enfrentarse el sistema de pensiones en el medio y largo plazo? No, ¿verdad? Pero debemos reconocer que el INE refleja,
como les comentaba anteriormente, que empieza a bajar la

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tendencia de esperanza de vida, lamentablemente para las personas, porque que las personas mueran antes de lo que estaba previsto no es una buena noticia. La verdad es que ya contamos con una reforma que corrigiera los efectos negativos que
pudieran derivarse de la evolución demográfica o del aumento de la esperanza de vida y amortiguara las consecuencias que pudieran resultar del acceso a la jubilación, en las décadas siguientes, de la generación del baby boom.


Por tanto, en lo que se refiere a la moderación del gasto en pensiones, en relación con el PIB, así lo han corroborado tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Economía y Competitividad, los que han estimado un ahorro del gasto de
unos 3 puntos porcentuales del PIB en el horizonte del 2060. En este ahorro, España se situará en un gasto en pensiones en torno a la media europea de los Veintisiete, pero todavía estará por debajo de la media correspondiente a los países de la
zona euro. Nuestro gasto en pensiones no será desorbitado en comparación con los países de nuestro entorno, sino que será incluso inferior que la media de los Quince. En definitiva, tenemos que tener presente todas estas circunstancias: la
fortaleza con la que se ha comportado nuestro sistema de pensiones durante esta grave crisis económica; la reducción que se ha producido en la esperanza de vida en el año 2012; la importancia de la reforma, la cual ya tuvo en cuenta la evolución
demográfica y el previsible aumento de esperanza de vida; la incorporación a la jubilación de las generaciones futuras y que la reforma del 2011 ya recorrió un importante camino para moderar el gasto en pensiones.


Paso a comentarles la valoración del informe de la comisión de expertos. Como ustedes conocen, el día 7 de junio del presente año, sin el voto favorable de dos de sus doce miembros, el informe elaborado por la comisión de expertos sobre el
factor de sostenibilidad de las pensiones propone y aconseja precipitadamente la puesta en marcha de un factor de sostenibilidad que combina la aplicación simultánea de dos factores. Quisiera recordar que el informe de la comisión de expertos, de
forma consciente o inconsciente, va más allá de sus competencias y del mandato encomendado por el Real Decreto-ley 5/2013. Circunstancia que a nuestro juicio cuestiona desde el inicio todo el contenido del informe. Debemos llegar a una conclusión:
la aplicación del factor de sostenibilidad que se plantea en el informe de los expertos ni es urgente ni es necesaria. Se centra en la reducción del gasto para el mantenimiento de la sostenibilidad del sistema, porque parte de la premisa de que no
se debe aumentar el déficit, lo que para nosotros es un error. Dejemos que la Ley 27/2011 despliegue todos sus efectos y, en cualquier caso, veamos como evoluciona, analicemos sus efectos de forma periódica y, si hay que ajustarla, ajustémosla,
pero sin prisas, sin precipitarnos, sin imposiciones y sobre la base de datos objetivos y mediante el acuerdo y el consenso que recoge el Pacto de Toledo. Otro aspecto que nos ha llamado la atención del informe es el hecho de que el comité de
expertos ha hecho una excepción elaborando un informe que, como bien les comentaba anteriormente, no ha sido el mandato real del Gobierno, puesto que el acuerdo del Consejo de Ministros solamente les encargó que emitieran un informe con la garantía
de la Ley 27/2011, que actualmente está vigente. Entendemos que los expertos han ido más allá y han fijado dos factores de sostenibilidad de los más duros que se regulan actualmente en Europa y de graves consecuencias para los actuales y futuros
pensionistas de nuestro país. De forma muy resumida, lo que se propone en el informe de los expertos es aplicar de manera anticipada a los años 2014 y 2019, y con algunas matizaciones en cuanto a los colectivos afectados, no uno, sino dos factores
de sostenibilidad, como les comentaba -no compartimos ni adelantar dicho factor ni al año 2014 ni al 2019 por ser innecesario e injusto-, uno para los nuevos perceptores que accedan a la jubilación y otro aplicado al conjunto de los pensionistas
actuales y futuros. Si analizamos por separado cada uno de estos factores de sostenibilidad que nos sugieren podemos observar cómo, en primer término, el denominado factor de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilación
conllevará una importante reducción de la pensión inicial en términos reales. Así lo ha asumido el propio informe que admite que esta reducción de la pensión podría superar el 6,6 % en el año 2024, el 12 % en el año 2032 y el 20 % en el año 2051.
En lo que respecta al segundo factor de sostenibilidad, del denominado factor de revalorización anual de todas las pensiones, que supone en definitiva una modificación radical de la reforma en que nuestro sistema viene revalorizando actualmente las
pensiones. Las pensiones dejarían de corregirse teniendo en cuenta el índice de precios al consumo y se haría de acuerdo con la diferencia entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social y, otras variables económicas, que desde la Unión
General de Trabajadores rechazamos. Su aplicación conllevará una disminución inmediata y continua de la cuantía de la pensión, tanto en términos reales como nominales. Reducción que también ha sido admitida por el comité de expertos, como afirma
literalmente que: en las próximas décadas es previsible que la ratio de la pensión media sobre el salario medio disminuya. Es decir, la puesta en marcha de estos factores implicará, con toda seguridad, que en los próximos 10, 20 o

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30 años, tanto los actuales como los futuros pensionistas sufrirán una continua y prolongada pérdida del poder adquisitivo, lo que provocará a su vez un continuo deterioro de su nivel de vida y les situará en un claro riesgo de exclusión
social. En definitiva, las consecuencias que se derivarán de la aplicación de estos dos factores de sostenibilidad serán la reducción de la cuantía de la pensión, ya sea en el momento de acceder a la jubilación o en el de acudir a la revalorización
de la pensión; a lo que habría que sumar la reforma que ya hicimos en la Ley 27/2011; más las medidas impuestas por el Gobierno durante los años 2012 y 2013, que endurece aún más lo que se fijó en la ley 27, tanto en la duración y cotización de
los subsidios de desempleo para mayores de 55 años, en el relleno de lagunas de cotización, en aumentar las cotizaciones de los empleados de hogar y además en hacer casi inviable la jubilación anticipada, forzosa y parcial. Como ustedes
comprobarán, relatando todos estos hechos, la ley 27 ha sido aún más endurecida, sin acuerdo ni de la Comisión del Pacto de Toledo ni de los agentes sociales, por lo que estamos incluso en un escenario más negativo para la pensión del que estábamos
cuando se fijó la ley 27, con el acuerdo del conjunto tanto de los agentes sociales como de la Comisión del Pacto de Toledo.


En conclusión, desde la Unión General de Trabajadores no compartimos el diseño del factor de sostenibilidad que se contiene en el informe de la comisión de expertos. A nuestro juicio no es el camino, porque supone un cambio de la ley
vigente. Consideramos que no hay razones de peso ni demográficas ni económicas que pudieran justificar la aplicación precipitada de un factor de sostenibilidad, como tampoco existen argumentos que puedan justificar un recorte excesivo y exagerado
de las pensiones de los actuales y futuros pensionistas, que en definitiva es lo que se está planteando. Señorías, los trabajadores y pensionistas de nuestro país ya soportan en la actualidad un importante recorte de derechos sociales y una
considerable devaluación de sus salarios. Ya están sufriendo un importante recorte de su derecho a la salud pública, como, por ejemplo, la imposición del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, en el Sistema Nacional de Salud, en el que se
introducen repagos y pagos de las prestaciones sanitarias en el momento del uso. Repagos o copagos que muchos pensionistas en estos momentos, señorías, como ustedes bien conocen, no pueden pagar el uso de la medicación e incluso el uso de estas
prestaciones sanitarias que ahora mismo impone el Gobierno. Además tenemos que sumar los recortes a las personas dependientes, que ya están soportando una profunda reforma también en el sistema de pensiones.


Si cargamos sobre estos trabajadores y pensionistas una reforma más, que además provocaría un considerable recorte en la cuantía de sus pensiones, se estará poniendo en serio peligro su capacidad para vivir, su forma digna de vejez, la
invalidez y la viudedad. Nuestra Seguridad Social -la joya de nuestro Estado de bienestar- ya no servirá a aquellos principios que la Constitución considera vitales, como el principio de solidaridad o el de suficiencia de las prestaciones o el de
igualdad. Si el Gobierno aceptase este informe, la Seguridad Social ya no sería un mecanismo de redistribución de la riqueza, de lucha contra la desigualdad. Si se pusieran en marcha estos factores de sostenibilidad nuestro sistema se convertiría
en un mecanismo potente para generar más pobreza dentro de nuestro país. En definitiva, las pensiones supondrían la quiebra y los avances que en los últimos años hemos conseguido entre todos, desde luego desde esta Comisión del Pacto de Toledo y en
los acuerdos con los agentes sociales.


Señoras y señores diputados, no podemos compartir el informe y rechazamos todas y cada una de las medidas incorporadas para la reducción injusta, indiscriminada y desproporcionada de la cuantía de la pensión. No es el camino adecuado para
garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, que es realmente el que recomienda la mayoría de los expertos, a excepción del voto en contra de don Santos Ruesga y la abstención de don José Luis Tortuero. Fundamentalmente, cuando
el problema del sistema español de pensiones no es el exceso de gasto, sino la falta de ingreso en este momento coyuntural que tiene nuestro sistema. Debemos resolver el problema de ingresos provocado especialmente por la reforma laboral que se ha
convertido en una máquina de destrucción de empleo y que ha ocasionado una disminución de ingresos en el sistema de la Seguridad Social. El Gobierno tiene que despojarse de las presiones externas y dejar de aplicar recortes continuos día tras día,
dejar de cargar sobre los pensionistas el ajuste del gasto público y centrarse en unas políticas generadoras de empleo, que es el verdadero problema que tiene hoy nuestro sistema de pensiones. Nos encontrarán en este camino, en el de cómo
incrementar los ingresos de la Seguridad Social, si fuera necesario y urgente con aportaciones públicas actualmente. ¿Por qué? No podemos en estos momentos de situación de crisis tomar otras medidas. Es más, en la ley 27 ya se contempla que se
hagan aportaciones públicas más amplias, si es necesario, desde los Presupuestos Generales del Estado. No nos da miedo, ¿por qué? Porque durante muchísimo tiempo -diría que durante todo el tiempo- las cotizaciones de los trabajadores y de los
empresarios han soportado la paga y la pensión de nuestros jubilados. En un momento coyuntural, en el

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que hay problemas en los ingresos derivados de la bajada de empleo, si es necesario el Estado alguna vez tiene que responder y hacer aportaciones públicas al mismo. En el camino de cómo garantizar la suficiencia de las prestaciones, de cómo
resolver la discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el acceso a la jubilación -como bien saben en esta Comisión, no me voy a referir en este momento, aunque sabemos que es de alto calado, porque tenemos una comparecencia pendiente
sobre cómo abordar la propuesta que el Gobierno nos ha hecho llegar hace tres o cuatro días-, de cómo garantizar la pervivencia en el largo plazo de nuestro actual sistema público solidario y, al que aspira la mayor parte de la sociedad, el Gobierno
nos encontrará.


Termino. Quisiera hacer unas consideraciones finales. Es injusto e inviable el informe cuando apoya reducir el gasto en las pensiones y vincular el déficit al pago de las mismas. ¿Qué déficit, señorías? Será el déficit coyuntural por la
situación de crisis y de empleo que tenemos en este país derivado de las políticas que han abandonado los Gobiernos, como la inversión económica generadora de empleo, centrándose erróneamente en priorizar el déficit. Un déficit, señoras y señores
diputados, que no ha sido creado por la legislación o normas que regulan el sistema de pensiones, sino por las medidas y recortes implantadas en nuestro país día tras día, especialmente la destrucción de empleo que está provocando una sangría de
ingresos. Ustedes tienen que reconocer que con estas normas legislativas desde 1995 nuestro sistema ha generado un superávit. A la salida del Gobierno del señor Aznar -cuando sale-, el Fondo de reserva contaba con 15.000 millones. A la salida del
señor Zapatero contaba con 69.000 millones. A 31 de marzo de 2013 asciende a 63.469,43 millones de euros, lo que representa el 6,4 % del PIB. Según los últimos datos expuestos por el secretario de Estado de Seguridad Social en el último Consejo
del INSS, celebrado el día 27 de junio de 2013, hay cerca de 63.800 millones. ¿Creen ustedes que con este Fondo de reserva es urgente y necesario penalizar aún más a nuestros actuales y futuros pensionistas? No decimos con esto que se gaste el
Fondo de reserva, no es la salida al sistema de pensiones; la salida al sistema de pensiones público en este momento es generar empleo, activar el crédito a las empresas y a las familias y, desde luego, hacer que la economía crezca en nuestro país.
Es de justicia reconocer, señoras y señores diputados, que no son sus normas, no son sus leyes, no son sus aplicaciones las que ponen en peligro nuestro sistema, sino las consecuencias de la falta de empleo y de la caída de afiliación derivada del
paro tan bestial que tenemos ahora mismo en este país.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos Bravo Fernández, en representación de la Central Sindical Comisiones Obreras. (La señora vicepresidenta, Angulo Romero, ocupa la Presidencia).


El señor SECRETARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Bravo Fernández): Quiero agradecer una vez más la oportunidad de dirigirnos a esta Comisión en un asunto importante que intentaremos enmarcar en el
ámbito de lo que le ocurre al sistema de Seguridad Social, que es lo que nos parece verdaderamente trascendente. Seguimos acudiendo a esta Comisión con la visión de que conforma y representa un modelo de consenso, diálogo y acuerdo, que existe en
muy pocos países del mundo y, desde luego, en ninguno comparable al español. En ella se concentran todos los esfuerzos para que el gobierno de nuestro sistema de pensiones y la definición del mismo se mantengan a través de un verdadero pacto de
Estado, como es el Pacto de Toledo, que debería extenderse a otros aspectos fundamentales de nuestra vida política y económica. Es un valor a preservar y al que hay que contribuir, un valor de consenso y de diálogo que no ha impedido que a lo largo
de los últimos veinte años hayamos avanzado en reformas profundas sobre el sistema de pensiones con la colaboración y el consenso de todos, reformas que nos han permitido actuar reforzando elementos claves de contributividad y de control del
incremento del gasto en el sistema, de manera compatible con el reconocimiento de nuevos derechos para multitud de personas, derechos relacionados con mejoras en prestaciones de viudedad, acceso a jubilación anticipada, integración de regímenes
especiales o reconocimiento de periodos cotizados a personas en formación o a personas que interrumpen su actividad laboral por el cuidado de los hijos entre otras muchas. Sin embargo, no les diría la verdad si no les dijera que tenemos alguna
preocupación sobre el desarrollo y los niveles de consenso y confort que existen en el Pacto de Toledo en los últimos años, no nuevos, pero sí recurrentes en el tiempo. Nos encontramos con dificultades para que esos consensos se articulen, y el
ejemplo más claro lo tuvimos en el año 2011, cuando un acuerdo, que supuso una reforma paramétrica intensa y equilibrada, contó con el acuerdo del conjunto de los agentes sociales, empresarios, sindicatos y Gobierno y con una mayoría suficiente en
esta Cámara, pero no contó con el consenso que nos hubiera gustado y que hubiera sido necesario para darle mayor estabilidad, como los hechos están demostrando. Lógicamente, este es un elemento que no

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depende solo de nosotros, depende también de ustedes y de las circunstancias, pero todos, cada uno en su legítimo derecho de mantener y defender sus posiciones, deberíamos intentar corregirlo. De lo contrario, nos podemos encontrar con que
acuerdos que se tejen con un nivel de compromiso y responsabilidad elevado se vean luego modificados, como hemos podido apreciar con la congelación de las pensiones en 2011, con la no actualización en 2012 con diferentes Gobiernos o con
modificaciones unilaterales como las que se han producido en los últimos meses sobre el acuerdo pactado por el Gobierno actual en materias -como ha desgranado ya mi compañera- que tienen que ver con asuntos importantes como la jubilación anticipada,
la parcial, los regímenes especiales o la integración de lagunas entre otros.


Nosotros seguimos reconociéndonos en el acuerdo de pensiones de 2011, como nos reconocemos en los anteriores, y para abordar este debate del factor de sostenibilidad me gustaría hacer dos o tres referencias al respecto. Haré -no lo he dicho
al principio, pero lo digo ahora- una intervención resumida de un documento que les vamos a entregar a ustedes completo y al que me remito en su integridad. Si la felicidad de mis palabras no fuera suficientemente precisa, lo será el texto que les
hemos entregado. Como les decía, nos reconocemos en el acuerdo de 2011, un acuerdo que -insisto- abordó reformas paramétricas profundas desde una triple ecuación de equilibrio: actuó sobre el crecimiento de los gastos, actuó sobre los ingresos del
sistema y actuó sobre los comportamientos de cotización, que serán muy relevante en los próximos años. De ello se han derivado ya algunas medidas, como el incremento de las bases máximas de cotización o el incremento de las bases mínimas de
cotización de algunos de los regímenes especiales, medidas que se han implantado ya en leyes de presupuestos y que son caminos que tenemos que recorrer. En el mismo se abordaba también una referencia al factor de sostenibilidad que hoy nos reúne
aquí, con una visión, en nuestra opinión, equilibrada del mismo, tomando como referencia -porque así lo planteó el Gobierno que propuso esa incorporación y así fue aceptado por los agentes sociales en unos términos concretos- los modelos que había
en el resto de Europa, pero con una diferencia fundamental: frente a medidas orientadas exclusivamente al control o a la reducción del gasto en pensiones, que es la lógica que se plantea en el conjunto de los países comunitarios, aquí establecemos
-y es un aspecto consensuado que no hay que despreciar- que las actuaciones sobre el sistema se deberían hacer para abordar una de las cuestiones que hoy nos traen aquí, que es el aumento de la esperanza de vida a partir del año 2027, con revisiones
quinquenales, afectando al conjunto de parámetros del sistema y haciéndolo desde el ámbito del diálogo político y del diálogo social. Es ahí donde nos reconocemos, es ahí donde creemos que tenemos que actuar, y tenemos que hacerlo porque esa
ecuación de actuación sobre el conjunto de parámetros del sistema es la única que permite que el sistema de pensiones en España mantenga los niveles de legitimación social y de aceptación en el conjunto de interlocutores políticos y sociales y en
los ciudadanos y ciudadanas de este país, como consecuencia de la incorporación consensuada de medidas equilibradas para mantener y reforzar el mismo.


Pero nosotros no haremos un discurso nunca, ni aquí ni en ningún otro caso, en el que desconozcamos la evolución de los últimos acontecimientos. Claro que han ocurrido cosas desde 2011 para acá y claro que tenemos que actuar sobre esas
cuestiones, pero tenemos que identificar muy bien las situaciones coyunturales y las situaciones estructurales, que requieren actuaciones sobre el conjunto del sistema. ¿Qué es lo más relevante que está ocurriendo, en nuestra opinión, desde el año
2011 hasta hoy? Pues que las políticas que se están desarrollando y la profundidad de la crisis nos han llevado a perder más de un millón de cotizantes adicionales; que las políticas que se están desarrollando, entre otras cosas facilitadas por la
reforma laboral y la reforma de la negociación colectiva, han producido un profundo desequilibrio en la ordenación de las relaciones de trabajo, lo que ha generado una disminución salarial generalizada y una reducción de los ingresos del sistema de
Seguridad Social sobre la que quiero llamar su atención. Las bases de cotización medias de trabajadores y trabajadoras en el año 2012 son por primera vez inferiores a las del año anterior y, por tanto, por esa vía se están deteriorando claramente
los ingresos del sistema. Les haré otra referencia que no me parece menor. En relación con el producto interior bruto, los ingresos por cotizaciones en el sistema de Seguridad Social en este momento se han reducido de manera significativa. Ahí
tenemos una de las razones de los problemas que se plantean. Una cosa y otra, la disminución de cotizantes por la destrucción de empleo y la disminución de las bases de cotización medias como consecuencia de las actuaciones en el mercado de
trabajo, están teniendo una consecuencia, en nuestra opinión, negativa y que debemos corregir, que es el consumo anticipado del Fondo de reserva de la Seguridad Social, para ajustar y equilibrar las cuentas del sistema en una coyuntura en la que,
ciertamente, los ingresos financieros por cotizaciones no cubren las prestaciones, debilitando con ello la utilización de ese sistema, de ese estabilizador automático del que nos habíamos dotado, en

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los momentos en los que sabemos que nos va a resultar más necesario y que se corresponden con los inicios o la mitad de la próxima década, cuando empiecen a llegar a la jubilación las generaciones más numerosas que llegan vivas a la
jubilación en la historia de nuestro país. Nos parece que el consumo anticipado del fondo es una cuestión relevante sobre la que tenemos que pronunciarnos y que ha tenido su último capítulo en el anuncio que hizo el Gobierno el viernes pasado de
una disposición, con motivo de la paga extraordinaria de julio, con efectos de 1 de julio, de 3.500 millones adicionales, que va a colocar el Fondo de reserva en un montante de unos 60.000 y que previsiblemente necesitará, de no adoptarse medidas
que puedan corregirlo, un uso adicional antes de final de año, como ya nos ocurrió el año pasado. Llevamos 2011, con un ligero déficit, 2012, con un déficit mayor, y 2013 con un déficit similar, pese -y hay que reconocerlo de manera expresa- al
esfuerzo que se ha realizado este año incorporando 4.000 millones adicionales de ingresos del Estado al sistema de Seguridad Social, culminando con ello la separación de fuentes de financiación que acordamos los interlocutores sociales con el
Gobierno en el año 2001 y cuyo calendario vencía ahora. Pese a ese esfuerzo -que reconocemos- de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el ámbito del diálogo social, este año el sistema terminará en déficit y por tanto seguiremos consumiendo el
Fondo de reserva, de manera que de no producirse actuaciones al respecto, el Fondo de reserva de la Seguridad Social puede estar consumido al finalizar la presente década. Nos parece que este es un asunto de especial relevancia que requiere
actuaciones inmediatas. ¿Qué actuaciones inmediatas? Nosotros nos caracterizamos por ser realistas y pragmáticos y creemos que, aunque se pueden tomar medidas estructurales en el medio plazo, hoy las únicas medidas, como el propio Consejo de
Ministros ha vuelto a reconocer el viernes pasado, son incrementar los ingresos naturales del sistema, y los ingresos naturales del sistema son las cotizaciones sociales. ¿Significa esto que no puede o no debe haber ingresos adicionales? Claro que
puede y debe haberlos, pero parece más lógico en este momento plantear una medida de incremento coyuntural de cotizaciones, para evitar el consumo anticipado del Fondo de reserva de la Seguridad Social y, por tanto, pedir un esfuerzo adicional a
empresas y trabajadores con empleo, para evitar que este estabilizador automático desaparezca antes de tiempo y para que no se limiten temporalmente los mecanismos de actuación sobre el sistema que tendremos necesidad de utilizar en los próximos
años con el mismo nivel de consenso y con el mismo nivel de compromiso que hemos tenido en los anteriores. No hay que olvidar que en los últimos treinta años las cotizaciones empresariales por contingencias comunes han disminuido en 3,5 puntos. No
hay que olvidar tampoco que las cotizaciones a cargo de los trabajadores han tenido fluctuaciones, pasando de un 4,9 a un 4,7 en la actualidad en la financiación por contingencias comunes, que es donde tenemos que centrar ese esfuerzo para lograr el
equilibrio financiero del sistema en este momento. Con independencia de ello, más adelante hablaré de otras propuestas que nos parecen relevantes en esta materia.


Junto con ello, hay que seguir desarrollando el acuerdo de pensiones de 2011 y la Ley 27/2011, con algunas medidas que también tienen impacto inmediato sobre el conjunto de los ingresos del sistema. Estoy pensando en la reciente sentencia
que ha tenido que volver a colocar encima de la mesa lo fue objeto del acuerdo de 2011, que es el derecho a la cotización de las personas jóvenes, en proceso de formación y becarios, que supone más de un centenar de miles de cotizantes inmediatos en
el conjunto del sistema -150.000 estimó el secretario de Estado de la Seguridad Social en el momento en que firmamos el acuerdo- y un potencial de ingresos por cotizaciones que beneficiará además, al reconocerles carreras de cotización, a los más de
2 millones de estudiantes de formación profesional y universitarios que tenemos en este momento. La aplicación de esta sentencia, con los efectos desde noviembre de 2011 que se deben derivar de ella, debe suponer un incremento de cotizantes al que
no debemos renunciar y por ello emplazamos al Gobierno para que no ceda a presiones, como ocurrió en la legislatura anterior, y aplique de manera cabal el compromiso que alcanzamos Gobierno e interlocutores sociales en febrero del año 2011.


De la misma manera, no podemos olvidar un aspecto clave en materia de pensiones, que son las actuaciones sobre el mercado de trabajo. Lo he dicho antes y lo quiero reiterar ahora: O las políticas de austeridad giran y se complementan con
políticas de incentivo económico que nos permitan generar empleo o las dificultades serán evidentes. Cuanto antes hagamos eso, menos tiempo será necesario el incremento coyuntural de cotizaciones que proponemos, menos tiempo será necesario utilizar
recursos adicionales. Por tanto, la construcción del mercado de trabajo, modificando profundamente la reforma laboral y el esquema de negociación colectiva, que se alteró y se desequilibró de manera clara hace algo más de un año, es un elemento
determinante de la cotización del sistema de pensiones, como lo son también -y alguna acción anuncian el Gobierno y la Unión Europea en ese momento- las actuaciones

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en materia fiscal. El sistema de pensiones, como los demás, tiene la ventaja sobre otros de que tiene fuentes de financiación autónomas en las cotizaciones sociales, pero las políticas fiscales -acabar con la anomalía de que este país tenga
9 puntos menos sobre el PIB de ingresos fiscales, con una legislación que debería actuar de manera comparable a la de los países de nuestro entorno, y, como consecuencia de ello, un gasto de 6,5 puntos menos sobre el PIB que los países de nuestro
entorno- son un elemento sobre el que tenemos que actuar, de manera normativa, para mejorar la equidad fiscal, y a través del control del fraude y la elusión fiscal, que son dos asignaturas pendientes fundamentales y que, si se hicieran las cosas
como corresponde, permitirían modificar profundamente las políticas de incentivo económico a la actividad económica y a la generación de empleo.


Junto con ello tenemos -se ha comentado también, pero hoy no es objeto de la comparecencia y no voy a profundizar en ello- la necesidad de abordar de manera inmediata la adaptación de la normativa española a la sentencia del Tribunal
Constitucional y a la sentencia del Tribunal Europeo de 22 de noviembre del año pasado. La primera declara nula la regulación de la cotización de los contratos a tiempo parcial y con ello genera el reconocimiento de prestaciones a personas que no
las tenían -razonable-, aplicando el principio de contributividad a quien tiene carreras más cortas -no hay que aplicar solo el principio de contributividad para exigir más, también hay que aplicarlo a las carreras más cortas-, pero genera también
efectos perniciosos y perjudiciales para muchos y muchas trabajadoras, que tenían en la regulación anterior mecanismos de protección de sus contratos a tiempo parcial que hoy no tienen. Debemos abordar esa cuestión. Quiero llamar su atención
también, de cara a los debates de esta Comisión, sobre los efectos que esa doctrina tiene más allá de los contratos a tiempo parcial, que probablemente deberían aceptar una revisión del período de carencia que se exige en el sistema de pensiones
español, porque si se entiende que existe discriminación por razón de género, como consecuencia de la concentración de mujeres en la modalidad de contrato a tiempo parcial, como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, podemos aplicar un criterio
similar a aquellas personas que no alcanzan los quince años cotizados, cuya concentración en materia de género es claro. Por tanto, hay que resolver un problema de manera urgente, pero no hay que desconocer que existen otros colectivos en los que
se pueden generar disfunciones importantes. Me limitaré a ponerles un ejemplo. Si se aplícase -espero que con acuerdo- una modificación normativa de esa doctrina, que reconociese derechos de pensión a personas que han cotizado dieciséis o
diecisiete años con pequeñas jornadas de trabajo al día, no sería comprensible para ningún ciudadano o ciudadana de este país que una persona con trece o catorce años cotizados a jornada completa no vea reconocidos derechos de pensión. Esto no se
le puede explicar a nadie. Son elementos que sin duda tendremos que abordar.


¿Cuáles son los retos que el sistema tiene que abordar? Lo he dicho antes: mantener sus niveles de protección y actuar para que, a partir de mediados de la próxima década, se mantengan niveles de protección vinculados al salario de manera
comparable a los que podamos tener en estos momentos para generaciones cada vez más numerosas; cada vez más numerosas, pero no indefinidamente en el tiempo. Esto es algo que no debemos olvidar nunca. Cuando desaparezcamos las generaciones del
baby boom de este país, las generaciones que nos sucedan serán mucho menos numerosas. Este es un asunto que en ningún momento debemos olvidar. Por todo ello, entendemos que, junto a la propuesta de incremento de cotizaciones, se debe trabajar
mediante una medida inmediata, que es esa que he comentado, y medidas, primero, tras la evaluación de los acuerdos de 2011 y, segundo, en el marco natural de debate del Pacto de Toledo, para que el Estado asuma todos los costes de bonificaciones y
reducciones a cotizaciones a la Seguridad Social. Se siguen generando políticas con cargo a las cotizaciones sociales, políticas que en muchos casos apoyamos, pero que no deben ser financiadas con cotizaciones sociales. Lo dijimos con el Gobierno
anterior, cuando se subieron las pensiones mínimas -medida que apoyábamos- pero no se financió la subida y se cargó contra cotizaciones sociales, y lo decimos con el Gobierno actual, cuando se implementan estrategias de apoyo al emprendimiento o al
empleo juvenil o a colectivos concretos, pero se hace sin aportación económica. Espero que el anuncio del presidente del Gobierno del viernes pasado de que los fondos europeos se van a destinar a fomentar y por tanto a asumir desde algún sitio
distinto a las cotizaciones sociales las medidas de incentivo de empleo juvenil se concrete en una realidad. Sigue siendo necesario un debate sobre la asunción de los gastos de administración del sistema de Seguridad Social, así como del resto de
servicios públicos. Sigue siendo necesario un debate no sobre las aportaciones directas que el Estado tendrá que hacer para equilibrar las cuentas del sistema en los años en los que sea necesario -que es lo que se deriva directamente de la
legislación actual y que espero que nadie pretenda cambiar-, sino sobre el hecho de que las aportaciones adicionales del Estado

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desde el sistema fiscal pueden venir por dos vías: por esas aportaciones directas que se deben producir y por la posibilidad de que los presupuestos del Estado, y por tanto la imposición general, asuman una parte de los sistemas de
protección social que hoy se asumen con cargo a las cotizaciones. Es un debate profundo, un debate de largo calado que no se debe resolver en cuatro pinceladas. Tenemos que diferenciar entre las prestaciones contributivas, de naturaleza
estrictamente contributiva, y aquellas otras derivadas de las contributivas que tienen un componente asistencial y donde es posible que las aportaciones del Estado financien una parte significativa del sistema.


Quiero referirme ahora a la revalorización de pensiones, una de las materias que se han hablado en relación con el factor de sostenibilidad. Nosotros creemos que aquellas personas que llegan a la jubilación y se les reconoce una pensión
tienen que tener garantizada su capacidad de compra, su poder adquisitivo. Las personas que ya no tienen capacidad de reacción deben tener garantizado que aquella pensión que se le reconoció no se devalúe, no pierda peso durante el resto de años de
su vida, en los que en muchos casos van a necesitar gastos adicionales porque van a entrar en situaciones de dependencia u otras. Eso se resuelve hoy con una revalorización de acuerdo con el IPC, cumpliendo el mandato constitucional de
actualización periódica de las pensiones. Cualquier modificación sobre esa materia, que debe ser acordada aquí, tiene que partir de ese mismo principio. Creemos que la revalorización con el IPC es adecuada. Lo que no puede ocurrir es que el
balance sea una devaluación de las pensiones reconocidas que se han generado con la contribución a lo largo de toda la vida laboral. Si la gente contribuye para determinar sus pensiones debe tener una pensión reconocible el resto del tiempo.


Me gustaría terminar comentando algunas cuestiones sobre las que quiero expresar nuestra especial preocupación. La primera es que tenemos que abordar -puede que también desde el sistema de Seguridad Social, en este caso estoy pensando en la
parte no contributiva- una realidad de necesidad social grave, y es que hay 600.000 hogares en este país sin ninguna renta, y cuando digo ninguna renta es ninguna renta, ni RAI ni Prepara ni desempleo ni subsidios ni rentas mínimas de comunidades
autónomas ni prestaciones contributivas por desempleo ni pensiones ni, por supuesto, salarios. Este es un asunto que hay que abordar como una necesidad y como una prioridad. Tenemos que eludir uno de los problemas que el sistema de pensiones está
padeciendo en los últimos tiempos, y es que las recomendaciones y las políticas del Gobierno no están siendo determinadas de manera autónoma en este país por el debate entre los agentes políticos y sociales, sino que están sujetas a recomendaciones
o exigencias de instituciones que tienen mucha legitimidad, pero ninguna competencia sobre esa materia. Ese es un asunto que, de manera compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales que este país tenga, debe abordarse en esta
sede parlamentaria y en el ámbito del diálogo social, puesto que empresas y trabajadores son los que financian el conjunto del sistema. ¿Para qué? Para garantizar la confianza en el sistema de las actuales generaciones y de las futuras, de las más
numerosas y de las menos numerosas que vendrán después, que son nuestros hijos, que son jóvenes y que tienen que mantener una confianza en las prestaciones del sistema del futuro. La segunda es que tenemos un gran camino que recorrer para alcanzar
niveles de esfuerzo siquiera comparables a los de otros países de la Unión Europea. No insistiré en el diferencial de transferencia intergeneracional en relación con el PIB que tenemos. La tercera es que el factor de sostenibilidad está definido
en el acuerdo de 2011 y debe resolverse aquí, y debe hacerse en los tiempos que se plantean en ese acuerdo, y para poder hacerlo tenemos que salvaguardar el Fondo de reserva de la Seguridad Social y es fundamental un incremento de ingresos
inmediatos en el sistema, en nuestra opinión, a través de la fórmula que les hemos planteado.


Estamos, como se ha dicho ya, a la espera de que el Gobierno concrete cuál es su posición; no la conocemos. Conocemos el informe de la comisión de expertos y ya hemos dicho que no nos reconocemos en ese informe ni nos vincula. Lo dijimos
desde el momento en que se constituyó la comisión de expertos. Dijimos que no era ahí donde se iba determinar la posición de Comisiones Obreras, que no podía serlo. La posición la determinan nuestros órganos y la determinaremos en los ámbitos en
los que el sindicato intervenga como tal, con independencia de los contenidos del mismo que son rechazables, que los hay, y de los que son compartibles, que los hay. Con independencia de ello, no nos reconocemos en ese informe y no lo compartimos.
El factor de sostenibilidad está determinado en el acuerdo de 2011 y a él nos vamos a atener.


Quiero terminar con una cuestión. Nosotros pedimos al Gobierno que no regule un factor de sostenibilidad de manera anticipada. En esta materia como en cualquier otra, que no regule sin evaluar los efectos de la última reforma y que no
regule sin consenso político y diálogo social. Esa es la petición expresa que trasladamos al Gobierno. Si el Gobierno desoye esa petición, trasladamos una petición a los grupos de la oposición. Ninguna regulación de ningún factor de
sostenibilidad ni de ninguna otra cuestión

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trasmite confianza a terceros si no tiene consensos amplios. Si no los tuviera, quienes hoy están en la oposición deben, más allá del ejercicio de la oposición -permítanme que se lo diga-, asumir compromisos para que las cosas se hagan
cuando estén en el Gobierno con los niveles de consenso político y social que corresponda. Insisto, actuamos de la misma manera con todos los Gobiernos. Por eso se lo pedimos a este y se lo pediremos a cualquiera que pueda serlo en el futuro.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Mixto, que va a repartir su tiempo. Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer tanto a la señora López Ruiz como al señor Bravo su comparecencia y las aportaciones que nos han hecho en sus intervenciones.


Desde mi punto de vista, ha quedado claro que la sostenibilidad del sistema está total y absolutamente vinculada a la sostenibilidad del empleo. Tratar de que el sistema de la Seguridad Social sea sostenible sin garantizar que el empleo lo
sea es imposible en un modelo como el que tenemos. Por otro lado, me ha quedado claro que la sostenibilidad del sistema no está relacionada tanto con la tasa de sustitución como con la calidad que pueda tener esa sustitución, es decir, podemos
tener una ratio de 3/1 y una capacidad contributiva tan baja que sea peor que si tuviéramos una ratio de 1/7, que es la que el informe del comité de expertos baraja para el año 2050. Es decir, no se trata tanto de la ratio como de la capacidad
contributiva que se pueda generar desde las bases de cotización. En este momento el problema no es solo que se haya incrementado el paro y por tanto hayan disminuido en un millón de personas los afiliados a la Seguridad Social, sino en que han
disminuido los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, la capacidad contributiva del sistema se ha reducido mucho más allá de lo que podría indicar la disminución de afiliados. Lo que me parece fundamental es insistir en
potenciar el empleo e implementar medidas que vayan dirigidas a la creación de puestos de trabajo.


Hay otra cuestión, que ha tocado el señor Bravo, que me parece muy importante, y es que no podemos seguir haciendo políticas de fomento de empleo a base de bonificaciones a la Seguridad Social. No sé si esto se va a solventar o no con estos
fondos europeos acordados estos días, pero las últimas medidas del Gobierno en relación con el fomento del empleo siempre implicaban bonificaciones a la Seguridad Social sin la transferencia de los fondos del Estado, que en otras ocasiones sí las
hubo, y que se plasmaron en algunos reales decretos-ley. El incremento de 4.000 millones en transferencias de los Presupuestos Generales del Estado al sistema está más relacionado con cumplir con la Ley de 2011 de garantizar la separación de
fuentes que con apoyar esas bonificaciones que el Gobierno ha aprobado mediante reales decretos. De ahí que, desde nuestro punto de vista, las aportaciones que se han hecho por parte de los dos representantes sindicales nos parezcan fundamentales.


Ustedes han valorado el informe de los expertos, y si bien la señora López Ruiz ha hecho una valoración de los dos factores de sostenibilidad, creo haber entendido que el señor Bravo solo ha valorado la revalorización. Me gustaría conocer
su opinión en relación con eso que se denomina equidad intergeneracional. Lo de la equidad no lo entiendo muy bien, porque puede haber una equidad en la distribución del sistema, pero no en la distribución a los pensionistas. Evidentemente, quizá
sea un tema que se escape a mi capacidad de entendimiento, pero creo que es bastante interesante que lo dejen claro.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señora Fernández Davila, ha consumido prácticamente los cinco minutos.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Pido benevolencia en este día.


Solamente haré otra pregunta. Quisiera saber qué margen ven ustedes en relación con las propuestas de mayor contributividad por parte de empresas y trabajadores, y si ese margen puede referenciarse en los niveles de salarios que se puedan
tener.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): A continuación, tiene la palabra el señor Cuadra Lasarte.


El señor CUADRA LASARTE: En primer lugar, quiero dar las gracias a los comparecientes por las explicaciones que han dado.


Cuando estuvieron en esta Comisión los distintos técnicos, la patronal, la CEOE, y el partido en el Gobierno, todo el mundo hablaba de la necesidad de consenso, de diálogo y de llegar a acuerdos. Creo

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que convendría aterrizar un poquito más en cosas concretas, y lo voy a intentar en relación con los aspectos que me parecen fundamentales. Tanto las fundaciones de los sindicatos, aquí presentes, como los datos oficiales del Instituto
Nacional de Estadística dicen que en las últimas décadas, y durante el periodo de crisis, la evolución en el reparto de la tarta ha sido muy favorable a las rentas del capital y perjudiciales para las rentas salariales. Este es un hecho objetivo.
Creo que también hace falta señalar, y me parece que es otro dato que se ha puesto de manifiesto, que como consecuencia tanto de las reformas contenidas en la Ley 27/2011 como de las medidas posteriores tomadas por el Gobierno en relación con el
tema de las jubilaciones parciales y anticipadas, congelaciones y medio congelaciones, en el capítulo de pensiones se ha producido una disminución global, analizado en los plazos en los que se han producido estas reformas, que he leído que se puede
cifrar, sin exageración alguna, en un 20 o un 25 % , y ahora, en el informe de los técnicos y según el Gobierno, se plantea la necesidad de hacer unos ajustes adicionales.


El otro día, cuando estuvo aquí, el presidente de la patronal, de una forma muy descarnada y sin complejo alguno -evidentemente, con este Gobierno del Partido Popular estaba jugando en casa-, no se conformó solo con aplaudir el informe de
los técnicos sino que fue a saco e hizo referencia a la necesidad de aumentar el número de años para el cálculo de las pensiones extendiéndolo a toda la vida laboral, a acelerar los periodos de implantación de las reformas de 2011, a dar más
competencias a las mutuas patronales, incluso habló de planes privados individuales y colectivos a nivel de empresa. Es decir, la patronal va bastante más allá de esta reforma que se nos plantea por el comité de expertos, que ya de por sí
ocasionaría en el futuro otros recortes más a añadir a los que se están padeciendo.


Quiero terminar con unas preguntas y les pediría que las respuestas fueran lo más concretas posibles. En los últimos años ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los salarios en relación con el PIB -me refiero al reparto de la renta
nacional- y también se ha producido una pérdida global del sistema y del poder adquisitivo de las pensiones. En este marco en el que la patronal dice que se le queda corto el informe de las pensiones, ¿qué opinión tienen Comisiones y UGT en
relación con la posibilidad de que exista margen para llegar a algún acuerdo? Hace falta que el Gobierno y los agentes sociales hablen claro, porque se quiera o no este diálogo al que se hace referencia, estos acuerdos, estos consensos, deben ser
una pieza esencial para que haya un respaldo sindical y social. Creemos que en alguna medida lo que ahora se está discutiendo tiene que ver con una puerta que ya se abrió en 2011 a este factor de sostenibilidad, que en este momento se está
interpretando de muy distintas formas por el Gobierno, por los expertos, por ustedes, etcétera. Haría falta hablar un poquito más claro. En Euskal Herría la mayoría sindical vasca hizo una huelga general en contra de aquellas reformas. Hoy toda
la clase trabajadora, la población en general, está expectante viendo cómo se está modificando el escenario del juego y quisieran tener clara la postura de las centrales sindicales.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Debe ir terminando porque también ha excedido sobradamente su tiempo.


El señor CUADRA LASARTE: Desde su punto de vista, ¿existe margen para que hoy se pueda llegar a un acuerdo? Si este margen existe, ¿en torno a qué puntos sería posible? Si no existe este margen, ¿cuál es el escenario sociolaboral que
ustedes prevén para hacer frente a todos estos recortes?


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente, en primer lugar, para manifestar a los comparecientes el agradecimiento de mi grupo por su asistencia y por las ideas que han aportado al debate. En segundo lugar, para certificar que
hemos tomado nota con respeto y con interés de lo que aquí han manifestado, porque consideramos que la opinión de los agentes sociales tiene que ser uno de los elementos importantes en un debate como el que aquí nos ocupa, que va a afectar a
millones de personas durante décadas.


Tan solo quería hacer dos preguntas o pedir dos aclaraciones sobre lo que nos han explicado. En primer lugar, don Carlos Bravo ha planteado la posibilidad de un aumento de las cotizaciones como vía para lograr más recursos en el sistema.
Creo que es una propuesta un tanto polémica, porque se suele considerar que las cotizaciones son relativamente altas en España y que desincentivan la creación de empleo. En cualquier caso, si se adoptase esa propuesta, ¿podría proporcionarnos
alguna estimación

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cuantitativa del nivel de recaudación adicional que se podría lograr aplicando lo que ha planteado? En segundo lugar, haré una pregunta en la línea anteriormente planteada. En vista de lo que han manifestado los dos comparecientes,
¿consideran que hay un margen de negociación con el Gobierno si este se compromete a dotar de más recursos adicionales al sistema, aunque sea por la vía impositiva, o consideran que no hay ningún margen porque con lo ya planteado se cierra cualquier
posibilidad de acuerdo para las centrales sindicales?


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero agradecer, en nombre de Gaspar Llamazares, en el mío propio y en el del conjunto del grupo, la comparecencia y, sobre todo, la responsabilidad con la que se abordan siempre los temas de Seguridad Social
desde las organizaciones sindicales, que hay reconocer que desde fuera parece no ser siempre correspondida.


Con independencia de la posición que cada grupo adoptara en relación con la Ley 27/2011, quiero comenzar diciendo que compartimos la valoración que han hecho los dos comparecientes sobre lo que pudiera llamarse una interpretación torticera
de esa ley por parte del actual Gobierno, cuando no un incumplimiento importante: lagunas de cotización, jubilación anticipada, jubilación a tipo parcial, etcétera, y, como ha dicho la compareciente, doña Carmen López, no precisamente para mejorar
sino para empeorar los términos establecidos en su momento. También queremos constatar una cosa importante, que el Gobierno olvida en muchas ocasiones, y es la profunda relación existente entre el sistema de Seguridad Social y nuestro modelo de
mercado de trabajo; todos, pero especialmente el nuestro, tienen un fuerte componente contributivo, y en ocasiones parece que el Gobierno ignora que cada movimiento que hace en materia de legislación laboral, del mercado de trabajo, termina
incidiendo en la estabilidad del sistema de Seguridad Social. Les agradecemos mucho que hayan puesto encima de la mesa un dato que hasta ahora el Gobierno ha venido negando, que es que la reforma laboral ha provocado, entre otros desastres, una
caída de la base media de cotización como consecuencia de la caída de los salarios. Lo digo porque de cara al balance de la reforma laboral este dato resultará útil.


Constatamos también una coincidencia en una cuestión importante: no negar la necesidad de estar permanentemente reformando el sistema de Seguridad Social no significa estar permanentemente meneándolo, sobre todo, sin el rigor necesario.
Compartimos también lo que han dicho los dos comparecientes en relación con que nada justifica, salvo las imposiciones, posiblemente de terceros, la famosa troika, y la asunción acrítica y bastante subalterna del Gobierno español, que en estos
momentos, a cinco o seis meses de la entrada en vigor de los aspectos significativos de la Ley 27/2011, se esté planteando otra nueva reforma en términos urgentes, que no vemos justificada en ningún caso.


Queremos agradecerles también que hayan hecho lo mismo que gran parte de los expertos, que es abrir la mirada en relación con el futuro del sistema de pensiones, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno, que ha sido
cerrar el zum y focalizarlo en cosas muy concretas, en este caso, en el factor de sostenibilidad. Quiero decirles que, curiosamente, lo que ha hecho una gran parte de los expertos que han comparecido ante esta Comisión, incluso los que forman parte
de la Comisión de expertos nombrada por el Gobierno, ha sido abrirnos la mirada. Nos parece oportuno que hayan puesto el foco del equilibrio financiero del sistema no solo en el gasto sino también en los ingresos para deshacer esa falacia que se da
en otros aspectos de las políticas presupuestarias de que se identifica la estabilidad solo con reducción de los gastos y no con mejora de los ingresos y de su calidad. Si me lo permiten, quiero poner de manifiesto las coincidencias que supone el
hecho de que hayan puesto en duda unas interpretaciones sesgadas, cuando no deterministas, tanto del futuro de las pensiones como del propio factor de sostenibilidad, que se haya aclarado en sus intervenciones exactamente qué es lo que pone la Ley
27/2011. Se esté o no de acuerdo, esto es muy importante para evitar las lecturas deformadas, unidireccionales, interesadas, predeterminadas y prejuiciosas que está haciendo el Gobierno y que, en su nombre, se han podido también trasladar al ámbito
de la comisión de expertos.


Si es posible, nos gustaría que nos dieran su opinión en relación con la valoración, la interpretación que está haciendo el Gobierno en estos momentos -que no ha hecho ninguna propuesta, pero sí algunas valoraciones- de los datos
demográficos. La verdad es que todos los miembros de la Comisión quedamos gratamente impactados el otro día cuando compareció un responsable del Centro de Estudios Demográficos de la Generalitat, porque la verdad es que hizo un traje a medida a las
perspectivas demográficas del Gobierno, porque puso en duda algunas cosas -me ha parecido escucharlas también hoy aquí-, como

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que situar la evolución demográfica estrictamente en relación a los años en los que hay dificultad sin tener en cuenta que después se produce una caída demográfica es como mínimo torticero, como decía antes; pero sobre todo dejando patente
que esas previsiones demográficas del INE sin impugnarlas apuntan a unas tendencias que tienen más de una interpretación y no solo la que le está dando el Gobierno. Nos gustaría conocer su opinión sobre ese tema.


Queremos agradecerles que hayan puesto encima de la mesa propuestas alternativas para mejorar, por ejemplo, los ingresos contributivos. Suele ser frecuente que el Gobierno desacredite a todo aquel que se opone a sus planteamientos
diciéndole que no tiene propuestas, aunque las haya presentado hace cinco segundos. Todo lo que sea una mejora de ingresos contributivos, incluso la separación de fuentes, que en modo alguno, a nuestro entender, se ha culminado -se ha avanzado en
ella pero no se ha culminado,- nos parece una idea importante. También les agradecemos que hayan puesto de manifiesto elementos de mejora de los ingresos fiscales, posiblemente, no solo por la vía de apoyar sino de transferir la responsabilidad de
algunas prestaciones no estrictamente contributivas. El otro día, uno de los expertos, don Felipe Serrano, nos hizo una propuesta -sobre la cual nos gustaría conocer su opinión, si no es muy apresurada la pregunta-, que consistía en la posibilidad
de que en esa reconsideración del conjunto del sistema algunas prestaciones no directamente contributivas por parte del beneficiario, concretamente viudedad y orfandad, pasaran a ser sostenidas con fondos fiscales. También queremos agradecerles que
hayan hecho un esfuerzo para deshacer ese entuerto monumental del Gobierno y de quienes le soportan -bueno, quienes le soportamos somos nosotros-, mejor dicho, de quienes le dan soporte parlamentario, que es confundir los problemas coyunturales con
los elementos estructurales. Por muy rápido que se pusiera en marcha el factor de sostenibilidad, el problema del impacto del mercado de trabajo en la caída de los ingresos y el papel que puede jugar el Fondo de reserva no tienen ninguna
virtualidad, ninguna utilidad, porque son planos, y creo que todos los miembros de esta Comisión deberíamos tenerlo muy presente, porque de lo contrario vamos a confundir y a hacernos trampas de trileros.


Algunas de las cosas que se han puesto encima de la mesa, como han hecho también algunos expertos, ponen de manifiesto que posiblemente el margen de la actual redacción del Pacto de Toledo no digo que se haya quedado estrecho, cada uno lo
puede valorar como quiera en sus pros y en sus contras, pero en los términos en los que ha servido para la reforma puede ver agotada su spinta propulsora, que dirían los italianos. A lo mejor ha llegado el momento de no poner tantos parches ante la
presión de tantos poderes fácticos, que yo discrepo de que tengan legitimidad, porque la tendrían si fuera el Parlamento Europeo, pero desgraciadamente esos input externos no nos vienen de allí sino de espacios ademocráticos. Permítanme un último
excurso antes de terminar. Se da una circunstancia curiosa y es que los poderes económicos y muchos Gobiernos se niegan a que los temas de Seguridad Social, como los del mercado de trabajo, sean competencia de la Unión Europea, pero luego resulta
que hay gente que dice hablar en nombre de la Unión Europea que mete el cazo en todos los temas de Seguridad Social y nos dice exactamente, al milímetro, qué es lo que tenemos que hacer, con lo cual uno llega a la conclusión de que lo que quieren no
es que Europa no intervenga sino que no intervenga una institución democrática europea y que lo puedan hacer los poderes fácticos.


Mi pregunta es si considerarían oportuno en estos momentos no abordar las cosas con urgencia sino con una cierta tranquilidad; abordar lo que podría suponer una cierta actualización del Pacto de Toledo que pudiera reconducir esas cosas que
ustedes y muchos otros comparecientes han puesto encima de la mesa. La última pregunta es -me parece que han dicho algo ustedes- si piensan que tiene algún sentido que el Gobierno que ha hecho la reforma, por ejemplo, la jubilación anticipada y a
tiempo parcial, llenándose la boca de contributividad, contributividad, contributividad, que ha llegado a modificar hasta el 0,5 % en relación con el baremo de acceso a la jubilación anticipada, continúe manteniendo situaciones tan injustas y faltas
de contributividad como las de los quince años de carencia para el acceso a la pensión de jubilación, no solo en términos comparativos sino absolutos, o la carencia bonificada de dos años ¿No piensan que ese es un tema que debería abordarse y al
mismo tiempo incorporar más justicia y más contributividad al sistema?


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Quiero agradecer, como ha hecho el resto de compañeros, la comparecencia de los representantes de los sindicatos. La semana pasada acudieron los representantes de las patronales y creo que está bien conocer ambas
opiniones. Además, estas opiniones, como bien se dice aquí, conforman el diálogo social, son una parte muy importante del mismo.

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Coincidimos en que la actual situación de déficit del sistema es puramente coyuntural por la caída del número de cotizantes; por eso mi grupo ha reclamado, y reclama continuamente, la necesidad de activar medidas de choque para la creación
de empleo. Sin ninguna duda, es una de las necesidades que tenemos, la más perentoria en estos momentos. Desde 1995 hasta el presente hemos tenido tres reformas importantes del sistema de pensiones: la del año 1996, la del año 2003 y la última,
la del año 2011. Creemos, evidentemente, que el sistema necesita reformas para adaptarse a los entornos cambiantes en cada momento que, además, lo que han hecho ha sido activar cosas que son provechosas en estos momentos en que tenemos un déficit
importante del sistema, por ejemplo, la separación de fuentes o el Fondo de reserva; Fondo de reserva que está ayudando al sistema público a tener un colchón para que el conjunto de la Administración no tenga que recurrir a más déficit. De hecho,
creo que somos el único grupo parlamentario que ha participado en esas tres grandes reformas, repito, la de 1996, la de 2003 y la de 2011, votando favorablemente a las tres. Lo que podemos decir como Convergència i Unió también puede decirlo
Comisiones Obreras, y así lo ha hecho desde el ámbito del diálogo social. Coincidimos, además, en la necesidad del consenso social y político. Cualquier reforma relevante del sistema público de pensiones exige el máximo acuerdo social y político.
Además, el Gobierno en este sentido va tener más dificultades para construir ese consenso, porque en la pasada legislatura no se quisieron asumir ciertas responsabilidades apoyando una reforma que, seguramente, es una de las más importantes de las
tres. Por tanto, es imprescindible buscar el acuerdo social para encarar cualquier nueva reforma del sistema de pensiones.


Haré un par de preguntas en este sentido. A pesar de que alguno de los comparecientes se ha referido a ello, me gustaría que lo evaluaran de una forma más profunda. Mi grupo entiende que el informe no tiene en cuenta la reforma del año
2011, que realizó cambios importantes en el sistema de pensiones, por ejemplo, la modificación de la edad legal de jubilación, la modificación del periodo de cálculo, la modificación de los años necesarios para cobrar el 100 % de la pensión o la
perspectiva del año 2027. La verdad es que son cambios importantes y creemos que debería evaluarse suficientemente el resultado de esa reforma antes de abordar otros cambios sustanciales.


En relación con la propuesta de modificación del mecanismo de actualización de las pensiones que contiene el informe, el FRA tiene en cuenta los ingresos, el número de pensiones, el efecto de sustitución y la diferencia entre ingresos y
gastos a lo largo de un ciclo económico en función de unas previsiones públicas, como han sido hasta ahora las previsiones macroeconómicas, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras se han referido a ello. ¿Creen ustedes que es necesario
cambiar el sistema de actualización de las pensiones? ¿Tienen algún método alternativo al propuesto en el informe para actualizar esas pensiones?


Agradeciendo su comparecencia, reitero la necesidad de un consenso especial, de un consenso político para alcanzar cualquier tipo de reforma importante en el sistema de pensiones.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, en nombre de mi Grupo Parlamentario, quiero dar la bienvenida a esta Comisión a Carmen López y a Carlos Bravo, que no son nuevos, porque ya tienen una cierta antigüedad aquí y saben cómo
funcionamos.


Creo que en todas estas discusiones que estamos teniendo hay algo que todo el mundo, especialmente el Gobierno, está olvidando, y es que en estos momentos de crisis la Seguridad Social es la que está garantizando parte de la paz social que
tenemos, porque en muchos casos son los pensionistas los que están aguantando a la familia con su pensión, manteniendo a los hijos, incluso a veces a los nietos. Lo que el comité de expertos está haciendo, tal y como se ha presentado y tal como se
está trasladando a la sociedad, es crear una alarma importante entre los futuros pensionistas. Es más, creo que desde que empezó lo del comité de expertos, gente que podía jubilarse pero que no tenía esa intención lo está haciendo, porque dicen:
que no me pillen las nuevas reformas. Está siendo un efecto llamada para nuevos jubilados.


Desde nuestro punto de vista, tanto en la Ley 27 como en el real decreto se hablaba de un factor de sostenibilidad, pero el comité de expertos ha aumentado la productividad de su trabajo y ha añadido dos factores de sostenibilidad. Estamos
dispuestos a hablar en esta Comisión del factor de sostenibilidad ligado a la expectativa de vida, pero no creemos que deba entrar en vigor antes de que la Ley 27 esté en plena aplicación. Es verdad que siempre se puede poner alguna salvedad, pero
como dentro de tres años -espero que sigamos- el Pacto de Toledo tiene que hacer de nuevo las recomendaciones, también

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sería un buen momento para hablar. De todas formas, repito, no podría hacerse antes de que la Ley 27 estuviese en vigor. Sin embargo, el factor de revalorización anual de todas las pensiones para nosotros es una línea roja que no estamos
dispuestos a traspasar. Si les decimos a los pensionistas que sus pensiones van a subir en función de los ingresos, es decir, del número de pensionistas, y de una serie de análisis que van a incluir salarios, previsiones y demás, teniendo en cuenta
que el gasto estricto en pensiones, sin aumentos salariales de ningún tipo en los últimos años, siempre ha estado en torno a 4,6 % o al 5 % , y que incluso este año puede pasar algo del 5 % , qué aumento salarial tendríamos que tener para garantizar
que les íbamos a subir algo. Creo que la fórmula que nos plantean significa que en el futuro se congelarán las pensiones muchos años. Es más, se habla de un suelo para la pensión. Al pensionista que hoy está cobrando se le dice: mire usted, si
cobra 900 euros no se preocupe, porque se los garantizamos aunque no le subamos la pensión. Pero a los futuros pensionistas no se les dice lo mismo. Aplicando ese factor que viene aquí, los futuros pensionistas podrían empezar cobrando 1.000 euros
y encontrarse al cabo de dos años cobrando 950 euros. Por tanto, creemos que se debe utilizar el sistema actual de revalorización de las pensiones, y ahí no vamos a admitir ningún cambio, no vamos a negociar nada en este sentido.


En su Plan de estabilidad, el Gobierno ya plantea que la Seguridad Social volverá a superávit en el año 2018. Pues bien, el problema de la Seguridad Social, desde nuestro punto de vista, es un problema coyuntural, que no estructural, un
problema de coyuntura, que evidentemente está ligado al mercado de trabajo, porque tener 6 millones de parados es un problema de los gordos. Si en estos momentos tuviéramos en la Seguridad Social 3 o 4 millones más de cotizantes, seguramente no
estaríamos hablando de ningún problema y no tendríamos el sistema en déficit, a pesar de que, como bien ustedes han manifestado, la reforma laboral ha bajado el salario medio y la cotización media y el salario mínimo también está congelado. Repito,
como, desde nuestro punto de vista, creemos que es un problema coyuntural, en estos momentos tenemos el Fondo de reserva que nos da para los próximos tres o cuatro años la tranquilidad de ver la solución con una visión sin prisas y simplemente
analizar si las reformas paramétricas introducidas en la Ley 27/2011 dan los frutos y los cálculos, porque cuando ustedes pactaron el acuerdo de pensiones y cuando nosotros elaboramos la Ley 27/2011 es evidente que manejamos las proyecciones a
futuro, hasta el año 2027 y hasta el año 2050, es decir, trabajamos con parecidas proyecciones con las que está trabajando el Gobierno. Si entendimos mayoritariamente que aquellas eran las soluciones, creemos que hay que darle la oportunidad a que
la ley entre en vigor y a que lo demuestre y también por darles seguridad a los futuros pensionistas. Tal como dice el comité de expertos, a los pensionistas les decimos que la Ley 27/2011 les va a afectar en dos parámetros importantes, como es el
cómputo para saber su cuantía de pensión y los años que necesita para tener derecho al 100 % de pensión, y ahora les decimos que van a poner otro factor que también les va a afectar. Es decir, estamos cargando sobre un par de generaciones todas las
reformas últimas. Tenemos tiempo, podemos hacerlo con tranquilidad y hablar de este tema. Para hablar del futuro de la Seguridad Social, para garantizar un sistema de pensiones, que cuando decimos suficientes sean adecuadas con una tasa de
sustitución que le permita al pensionista vivir en similares condiciones de las que vivía cuando estaba en activo, siempre vamos a estar dispuestos. Para cambiar una fórmula de la revalorización que garantiza que la mayoría de años los pensionistas
no tengan ninguna actualización de pensión y que los futuros pensionistas puedan incluso ver rebajada su pensión desde luego no nos van a encontrar.


Termino. Como le iba a preguntar lo de las aportaciones y ya lo han hecho, qué piensan sobre algunas insinuaciones que hace el informe. Una, por ejemplo, el tema de la viudedad. También si no creen ustedes que a lo mejor ha llegado el
momento de sentarnos a hablar de la situación de la Seguridad Social llevada al límite en el que ha estado muchos años -no voy a poner muchos años para atrás-, pero desde que empezó el Pacto de Toledo hemos tenido muchos años en los que la Seguridad
Social ha estado pagando complementos a mínimos, legítimamente, unos más y otros menos, pero ahí se ha aportado mucho dinero que ya no le correspondería aportar. Ahí tenemos también un colchón que la propia aportación del Gobierno podría compensar
en función de que la Seguridad Social ha mantenido unos complementos a mínimos en un momento en que las cuentas del Estado tenían una situación complicada, ahora también podríamos hacerlo al revés. Muchas gracias por sus comparecencias.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Para concluir este turno de portavoces, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, doña Carolina España Reina.


La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar, quiero agradecer tanto a Comisiones Obreras como a UGT su comparecencia. Efectivamente, desde esta Comisión del Pacto de Toledo queríamos conocer

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su postura sobre este informe del comité de expertos del factor de sensibilidad, porque reitero que es una propuesta inicial del comité de expertos. No es la propuesta ni del Gobierno ni del Grupo del Partido Popular y cuando conozcamos la
propuesta del Gobierno seguramente volveremos a solicitarles su presencia para conocer su postura acerca de la misma. La señora López hablaba de las prisas, creo que no hay que confundir responsabilidad, por la situación en la que estamos y por las
previsiones, con prisa, ni mucho menos. También hablaba de que la esperanza de vida, según los últimos datos del INE, se ha reducido entre junio del 2010 y julio de 2011. Es una reducción insignificante como consecuencia -según dijeron los
expertos que estuvieron aquí- del aumento de la mortalidad en los meses de enero, febrero y marzo del año 2011 por las condiciones climatológicas. Algo que parece que ya ocurrió también en el año 2003 por una oleada de calor y que entienden que lo
importante es si ha cambiado la tendencia y no es un hecho puntual.


Comisiones Obreras, en concreto don Carlos Bravo, hablaba que no se debería de regular sin consenso. Estoy de acuerdo con usted. De hecho estamos debatiendo y analizando en la búsqueda de ese consenso, pero también hay que recordar -como
usted bien ha dicho- que la ley 27, la anterior reforma socialista de las pensiones solo la apoyó el Grupo de Convergència y Unió -no tuvo el consenso que todos hubiésemos deseado-, y que tampoco se debe regular sin diálogo social. Por supuesto,
usted es consciente de que el diálogo social se está buscando y está existiendo. En cuanto a la reforma laboral, que siempre sale en todas las comparecencias, aunque sean de otros temas, ha permitido frenar la destrucción de empleo y, si se hubiese
llevado a cabo antes de cuando se ha llevado, nos hubiésemos ahorrado la pérdida de muchos puestos de trabajo, porque también hay que recordar que este Gobierno se ha encontrado más de 5 millones de parados y 2.300.000 cotizantes menos en la
Seguridad Social, es decir, que la situación de partida era bastante complicada. Hay que reconocer que este informe del comité de expertos expresa una convergencia de opiniones plurales muy amplia, como demuestra que lo hayan suscrito personas con
procedencia y desempeño muy dispares.


Señora Chamosa, el Gobierno no puede olvidar el papel que tiene el sistema de la Seguridad Social de cara a la paz social, por eso precisamente hemos subido las pensiones un 2 % en el año 2013 para el 75 % de los pensionistas y por eso hemos
llevado a cabo, con un importante esfuerzo, la separación de las fuentes de financiación, porque eso ha supuesto que el Estado ha tenido que aumentar las transferencias a la Seguridad Social de 9.000 millones de euros a más de 15.500 millones de
euros y eso de alguna forma es apostar por la viabilidad del sistema de la Seguridad Social, evitando también, como ha ocurrido en otros años de Gobierno socialista, que se cargaran gastos impropios al sistema de la Seguridad Social. Lo que está
claro es que tenemos un reto demográfico, como ha quedado expuesto por las personas que han comparecido las semanas anteriores, vamos a pasar de 9 millones de pensiones actualmente a 15 millones de pensiones en el año 2050. El gasto en pensiones ha
aumentado cerca de un 80 % en los últimos diez años. Veíamos la nómina mensual del gasto en pensiones, con respecto a 1 de junio, que se había incrementado un 5 % con respecto al mismo mes del año anterior y es una buena noticia que vayamos a vivir
más años, pero hay que pagar más pensiones durante más tiempo a más personas. Desde el Partido Popular entendemos que no podemos quedarnos cruzados de brazos, como proponen otros grupos, a la espera de que la reforma socialista de la ley 27 dé sus
frutos en el año 2027. Nos parece que sería bastante arriesgado e irresponsable. Reforma socialista, que ya se ha dicho aquí, pero quiero repetirlo, que introduce en su artículo 8 que hay que definir ese factor de sostenibilidad. Es decir, el
factor de sostenibilidad no es algo que se haya inventado ni el Partido Popular ni el Gobierno, es algo que ya quedó claro en la ley 27 de reforma socialista y que ya lo están aplicando la mayoría de los países de nuestro entorno. Con respecto al
Fondo de reserva, se ha hablado aquí de aplicarlo en los años siguientes. Efectivamente, tenemos un Fondo de reserva potente y sólido que podía ser más potente y más sólido si se hubiese cumplido la ley en los anteriores años de Gobierno
socialista. Usted lo sabe, señor Bravo, que hubo 15.000 millones que no se dotaron al Fondo de reserva en los años 2008 y 2009, que eran excedentes de la Tesorería de la Seguridad Social. Entendemos, como han dicho los expertos que han
comparecido, que el Fondo de reserva puede dar para cinco o seis años, por lo que no puede ser la solución definitiva para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de nuestro sistema de la Seguridad Social, entre otras cosas porque, como se ha
dicho aquí, el sistema entró en déficit en los años 2010, 2011, 2012 y sigue en déficit en 2013. Es un déficit importante y no podemos quedarnos cruzados de brazos, como he dicho anteriormente. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. No
podemos hablar alegremente de recorte de pensiones, sino todo lo contrario. El factor de sostenibilidad se diseña precisamente para asegurar su pago. Lo que recorta pensiones es no ser previsores y que no haya recursos para pagar las pensiones.

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Me resulta curioso y contradictorio, porque la señora López i Chamosa dice que hay una línea roja que no va pasar, que es la de la revalorización con respecto al IPC. Resulta que el único partido que en este país ha congelado las pensiones
ha sido el Partido Socialista y es el que dice ahora que esa línea del IPC no la va pasar. (La señora López i Chamosa: Una vez). Le tengo que decir que sería bueno aclarar, por que así viene en el informe, aunque parece que nos cuesta trabajo
decirlo, que existe una cláusula suelo para que los pensionistas actuales no vean perder poder adquisitivo y con respecto a los futuros, siempre digo que tenemos que analizar en la Comisión del Pacto de Toledo, entre los grupos parlamentarios y con
los agentes sociales, cómo lo vamos a aplicar. Tenemos que consensuar cómo y cuándo se va a aplicar. Aunque, en principio, el FEI, el factor de equidad intergeneracional, parece que conllevaría una disminución inicial de la pensión para los nuevos
pensionistas, también han dicho aquí los expertos que es poco probable que implique la caída de la pensión inicial en términos reales. Eso lo han dicho aquí los expertos.


Con respecto a la revalorización -y ya voy terminando, señora presidenta-, quiero preguntarles qué les parece la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, porque habla precisamente de que habría que valorar la posibilidad de utilizar otros
índices de revalorización, como ya están haciendo en otros países de nuestro entorno, como el crecimiento de salario, la evolución de la economía, el comportamiento de las cotizaciones en la Seguridad Social. Con respecto al factor de
revalorización, también han dicho aquí los expertos que el escenario más probable es que las pensiones medias reales vayan ganando poder adquisitivo en el medio y largo plazo. Por supuesto que es importante crear empleo, también ha salido aquí ese
tema, de ahí las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular. Llevamos ya varios meses consecutivos con un aumento en el número de cotizantes a la Seguridad Social. Espero y deseo que sea un cambio de tendencia. Creo que todos
debemos hacer una reflexión. Nuestra mano está tendida. Aquí se ha hablado mucho de consenso. No duden ustedes que desde el Partido Popular vamos a buscar ese consenso, con diálogo y con la mano tendida. Entendemos que el consenso es posible,
pero también es necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad que la tenemos aquí en la Comisión del Pacto de Toledo. Por último, los expertos también hablaban de que la fórmula era inocua, es decir, que si las previsiones se cumplen estamos
garantizando el sistema de la Seguridad Social y estamos avalando y reforzando que se pueda realizar el pago de las pensiones actuales y futuras y que si las previsiones no se cumplen, es decir, que disminuya la esperanza de vida, que aumente la
natalidad, que se produzca el efecto de la inmigración, también decían que los mayores ingresos al sistema de alguna forma van a redundar en mejores pensiones. Nosotros no entendemos esos miedos. Creemos que sería una irresponsabilidad y bastante
arriesgado quedarnos cruzados de brazos y no adoptar ninguna medida para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Tienen la palabra los señores comparecientes, si les parece utilicen el mismo orden de intervención que en la primera parte. Señora López Ruiz.


La señora SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (López Ruiz): Primero quisiera dar las gracias al conjunto de los portavoces y agradecerles de nuevo poder compartir con
ustedes cada una de las reflexiones y de las preguntas que se han hecho. Voy a intentar englobar las respuestas en una y no ir contestando uno a uno. Hay un tema por el que me gustaría empezar, se nos dice que están las manos tendidas para un
acuerdo, para un consenso, para un Pacto de Toledo, no entiendo las manos tendidas. Hasta donde conozco, el Gobierno no ha hecho ninguna propuesta de cambio. El Gobierno no ha puesto encima de la mesa ni a esta Comisión del Pacto de Toledo ni a
los agentes sociales que quiere cambiar la ley. El Gobierno lo único que ha constituido a día de hoy es una comisión de expertos independientes. Una comisión de expertos independientes, señoras y señores diputados, que no cuenta -por lo menos así
lo entiende la Unión General de Trabajadores- con expertos en Seguridad Social, es decir, aquellos expertos que realmente conocen qué se cuece, las tripas reales de nuestra Seguridad Social, tanto en gasto como en previsiones. Sí que me da miedo,
en algunas de las intervenciones o algunas de las aclaraciones que se han hecho por algún diputado o diputada, en las que no sé muy bien si es que parece que tenemos que estar discutiendo aquí sobre el informe de esta comisión de expertos, cuando
ustedes saben que este informe no vincula a ninguna de las partes, ni a ustedes, ni a nosotros ni al Gobierno. Simplemente es un informe, y deberíamos de tomarlo como tal. Porque, si no, sí que me da miedo lo que decía en una de sus comparecencias
hace pocos días el señor Llamazares: no será que estemos pretendiendo cambiar esta Comisión política y que comisiones de expertos, trabajos externos, hagan el

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trabajo que le corresponde al Pacto de Toledo. Ojo con esto, porque entonces a mi organización nos preocuparía muchísimo lo que se está poniendo encima de la mesa. Han hecho consideraciones múltiples y, desde luego, quiero compartir con
ustedes que evidentemente nuestro sistema tiene un problema de empleo y de ingreso; lo hemos estado diciendo, lo he dicho en la comparecencia. Se ha bajado el salario. Aparte de la ley 27, de aquel acuerdo que logramos, las pensiones van a bajar,
porque tienen que bajar, porque los salarios son menores por lo que la cotización va a ser menor. El ingreso es menor, sí. Se habla de si estamos de acuerdo o no en aumentar las cotizaciones sociales. Repito, el Gobierno no ha hecho ninguna
propuesta. No sé si ustedes la conocen, nosotros no. Nosotros hemos firmado un acuerdo y hay una ley vigente. Si el Gobierno piensa cambiarla que lo diga alto, claro y con propuestas, porque, si no, lo que estamos haciendo en esta Comisión -y
perdónenme ustedes- es entretenernos, crear incertidumbre al conjunto de los pensionistas, de los futuros pensionistas, y al conjunto de la población.


Les voy a contestar. No estamos en contra de subir las cotizaciones sociales, pero en estos momentos creemos que no es la solución ni para la pequeña ni para la mediana empresa. Creemos que no es la solución para los trabajadores en este
momento, porque supone aún un esfuerzo más en lo que tiene que aportar de cotización. Como bien decía la señora España, en otros momentos la Seguridad Social ha hecho pagos impropios e indebidos, pero había que hacerlos, como cuando se tenían que
pagar los complementos a mínimos -estoy de acuerdo con usted-, pues a lo mejor hoy toca que sea el Estado el que haga ingresos de aportaciones públicas en este momento coyuntural tan difícil que tiene nuestro sistema. Tampoco es tan difícil,
tampoco introduzcamos tanta alarma. El año pasado el Gobierno habilitó y cambió la Ley del Fondo de reserva sin acuerdo, sin negociación ni con los agentes sociales ni creo que con esta Comisión del Pacto de Toledo, porque necesitaba utilizar el
Fondo de reserva para aquello que no fue creado, que era para el déficit estructural. Lo que tenemos ahora mismo en el sistema es un déficit coyuntural. Esto se cambió, se aplicó diferentes años para su utilización y el año pasado se utilizaron 11
millones de euros. Si se tienen que utilizar, que se utilicen. No pasa nada, pero antes de utilizarlo hay que hacer otras cosas en el sistema y es generar empleo, no bajar el salario de los trabajadores, no congelar el salario mínimo
interprofesional y, desde luego, una generación de empleo y activar la economía en este país. Nos guste o no a todos, el Gobierno no puede seguir incidiendo en más recortes y en más miseria para el conjunto de los ciudadanos y de los pensionistas
de este país.


Han estado comentando y nos han preguntado sobre un tema muy concreto que es si estamos de acuerdo o no con que si la pensiones de viudedad y orfandad deben de estar dentro del nivel contributivo. Señoras y señores diputados, no entremos
tampoco en esta Comisión en adelantarnos a los cambios que posiblemente tengamos que hacer a partir de 2027. Porque les recuerdo a todos que hay una ley, un acuerdo que está vigente, y que ya es evidente que incluso el estudio de la comisión de
expertos ya nos dice que hay mucho gasto con las pensiones de viudedad y de orfandad. Nos gustaría, si es que el Gobierno quiere cambiar esas pensiones, que nos aporten en la próxima propuesta que haga y gustosamente la discutiremos, pero
entendemos que la ley 27 tiene que seguir vigente, tiene que hacer su recorrido y estamos convencidos de que con una vez que salga su aplicación en todo momento va a tener unos grandes resultados, porque se tuvieron en cuenta los cambios
demográficos, los ingresos y los gastos.


Se nos dice que el nivel de vida, es decir, los resultados del INE, la esperanza de vida, seguramente sea a consecuencia de un golpe de calor, no lo sé. Desde luego son un número importante de personas las que han fallecido. Con un
acuerdo, hace un par de años solamente, ya el INE nos dice que nos hemos confundido, a nosotros también. Nadie viene aquí a criticar a ningún partido político ni a ninguna organización. A nosotros ya nos corrigen los datos del INE. Nos dice:
oiga, ustedes, en las previsiones que han hecho en la ley para 2027 parece ser que la tendencia va a bajar en la esperanza de vida. Ya demuestra que ha bajado, posiblemente baje. Tendremos que asumir esos datos. No podemos utilizar el INE cuando
nos interesa y dejar de utilizarlo cuando no nos interesa.


Señoras y señores diputados, simplemente, porque ya les comenté que no iba a ir una por una, dejemos que se aplique la ley, dejemos de crear incertidumbre al conjunto de los pensionistas y, desde luego, igual que hicimos un sacrificio desde
la Seguridad Social y estuvimos pagando complementos a mínimos durante un tiempo, que no eran pagos propios del sistema, pedimos -y creemos que es necesario-, si es necesario, que se hagan aportaciones públicas al sistema, porque sería de justicia
reconocerlo, igual que en algunos momentos muy determinados se ha tenido que hacer que se haga ahora. No creo que tengamos que estar en el rifirrafe entre los partidos políticos. La separación de fuentes es una recomendación de esta Comisión del
Pacto de Toledo desde 1995 y no se ha hecho nada más que lo que se ha acordado y es que se aplicara en el año 2013 y se finalizara la separación de fuentes en el

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conjunto. Nos guste reconocerlo o no, porque, si no, parece que los que estamos aquí no pintamos mucho en los acuerdos que se llevan a la ley. Aquí estamos todos para el cumplimiento de la ley y de nuevo hacemos un ruego y un llamamiento
al Gobierno. El Gobierno no puede pasar ni un día más sin pronunciarse sobre si el informe de la comisión de expertos lo hace suyo o no. El Gobierno no puede pasar ni un día más sin decirnos si la ley 27 es una ley válida para el Gobierno o no.
El ruego es: la comisión de expertos ha sobrepasado lo que le ha recomendado y lo que le ha dicho el Gobierno para determinar el factor de sostenibilidad. El Gobierno dice que tiene que ser con arreglo a la esperanza de vida, es decir, a lo que
dice la ley 27 y no a otro factor de sostenibilidad. No es que lo digamos nosotros, lo dice el real decreto, pero además al propio Gobierno, en algunas reuniones que se han mantenido, poquitas, desde luego, no le preocupaba el factor de
sostenibilidad y cuando se tenía que aplicar. Se comenta que no hay prisas. En algún momento determinado hay veces que se niega que haya habido prisas para hacer el informe. La verdad es que un informe que diga cómo va a estar este país, cómo van
a ser las pensiones, cómo van a ser los ingresos, de aquí al año 2060, y hacerlo en un mes escaso, deben de ser adivinos, cosa que no dudo, pero tenemos que reconocer en esta Comisión que las previsiones hechas a futuro y sobre todo a tantos años
nunca se cumplen. En dos años, a nosotros, a los agentes sociales, a los agentes empresariales y a ustedes mismos, que apoyaron la ley 27 -no todos-, pero si no me confundo el Partido Socialista, el Gobierno, Convergència i Unió y el PP, a
excepción -creo que leí ayer el 'Diario de Sesiones', no hay ningún problema- de la horquilla de pasar de 65 a 67 años la edad de jubilación, nos han corregido. Por cierto, se dijo que si gobernaban bajarían la edad de jubilación de los 67 a los
65. No es que lo quiera decir es que en aquel momento ya estaban en la negociación y la verdad es que con la que hoy es ministra tuvimos un pequeño rifirrafe, bueno, sin llegar a más. Seguramente con los datos del INE tengamos que reconducir
aquella posición que pusimos en la negociación. Muchas gracias de nuevo y les agradezco que nos hayan invitado.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señor Bravo.


El señor SECRETARIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Bravo Fernández): Intentaré contestar agrupando en cuatro o cinco grandes cuestiones que se han planteado en relación con mi intervención. La
primera sobre si había una valoración sobre el FEI. No he entrado en profundidad en el informe, he dicho que el informe tiene elementos que no compartimos en absoluto, elementos en los que podemos reconocer cuestiones que podemos compartir también,
pero tiene un problema fundamental en la definición de las fórmulas y es que son muy concretas en su definición, pero no en su resultado, porque los elementos dependen de variables que no están definidas en el propio informe, como reconoce el mismo.
Por tanto, entrar a hacer una disquisición sobre el impacto y significado de cada una de las medidas es difícil. No obstante, antes hablé de los dos, pero vuelvo a plantear el asunto del FEI. La medición de la evolución de esperanza de vida y el
eventual impacto que tenga en el incremento de gasto en pensiones es lo que hemos acordado en el 2011. El parámetro que observa es el mismo, lo que pasa es que aquí le da una solución y es incorporar un coeficiente corrector, que se integra a la
fórmula del cálculo de las pensiones. Nosotros lo que hemos hecho en el acuerdo del año 2011 es decir que estamos de acuerdo en medir la evolución de esperanza de vida a partir de 2027 y actuar sobre el conjunto de parámetros del sistema, porque no
quisimos abordar que la consecuencia directa de esa evolución de esperanza de vida fuera ni una disminución ni un incremento, porque la esperanza de vida puede fluctuar, pero no fuera una disminución automática del gasto en el supuesto de que
siguiera creciendo, como ha ocurrido en las últimas décadas, con alguna excepción puntual. Por tanto, el planteamiento que tenemos sobre ese asunto es que ese es un parámetro sobre el que hemos acordado operar en el año 2027 y debemos ver cuáles
son esos efectos. ¿Eso significará un incremento de gasto, porque se mantienen el incremento de esperanza de vida? Eso tendrá un impacto. ¿Cómo abordamos ese impacto? Se puede abordar de diferentes maneras. Se puede abordar desde la fórmula que
determina la cuantía de la pensión; desde las cotizaciones y los ingresos del sistema o desde otros varios. Nosotros no hemos asumido un corrector automático sobre el sistema y no hacemos nuestra esa fórmula en ese sentido. Por eso lo planteaba
antes y lo reitero ahora. Luego hablaré de los márgenes que planteaba otro de los portavoces, el señor Cuadra, porque lo han preguntado varios intervinientes y lo agruparé.


Se pedía una evaluación de nuestra propuesta de incremento de cotizaciones. Haré dos cosas, no solo evaluarla, que por supuesto, sino plantear los orígenes. Ya sé que el debate sobre si esto significa incrementar los costes del factor
trabajo en un momento de crisis como el actual está encima de la mesa,

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pero no les voy a hacer un relato del incremento de presión fiscal que ha habido en este país, al margen de cualquier programa electoral, como consecuencia de la situación de crisis. Claro que no es deseable una subida de cotizaciones, pero
la cuestión es si es necesaria. De la misma forma, cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que hablar de control de fraude y de elusión fiscal, pero tenemos que hablar también de muchas figuras fiscales, algunas con un impacto recaudatorio
relativo, pero importante: sucesiones y donaciones, patrimonio, impuesto sobre la riqueza, transacciones financieras, depósitos bancarios. Hay un montón de figuras con las que estamos todo el día trasteando, que tienen más impacto desde el punto
de vista de la equidad, pero hay otras -algo se habló en el Consejo de Ministros del viernes- que venimos demandando desde hace tiempo, como es que desaparezca la pléyade de bonificaciones y reducciones que hacen que el impuesto sobre sociedades
tenga unos tipos nominales del 25 o del 30 % y unos tipos efectivos por debajo de la renta media de una familia española -eso no hay país que lo aguante y claro que nos permite actuaciones de otro tipo- o como es el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, en el que tenemos que actuar sobre fórmulas que, sin dejar de incentivar el trabajo autónomo, eviten efectos no deseados, como son todas las facturas falsas que hay en este país y que permiten blanquear u oscurecer y que conviene
que abordemos. Por tanto, las medidas para actuar sobre ese lado de la capacidad del Estado son muchas y variadas.


He hecho el excurso a la parte social porque es relevante cuando tenemos que hablar de los esfuerzos del Estado, pero al final tenemos que financiarnos y, para hacerlo, tenemos que sacar el dinero de algún sitio. Claro que los impuestos son
una fuente, pero en este caso las fuentes solo pueden ser tres. Por eso, en el documento, más amplio que la intervención que yo he hecho, reflejamos que la subida de cotizaciones tiene que venir de un mayor esfuerzo empresarial, de un mayor
esfuerzo de los trabajadores con empleo, pero también puede venir de una reordenación de las cotizaciones actuales, y básicamente las dos figuras sobre las que se puede operar en ese sentido son las cotizaciones para contingencias comunes y las
cotizaciones por desempleo, que hoy ya tienen un régimen distinto, porque en las cotizaciones por desempleo, en los años que sobra dinero ese dinero no revierte y en los años en los que falta dinero el Estado asume la diferencia. Por tanto, a la
hora de plantear ese incremento de cotizaciones, se puede actuar tanto sobre cotizaciones empresariales como sobre cotizaciones de los trabajadores o como sobre una movilidad de cotizaciones que hoy tienen un fin y que podrían tener otro más
vinculado a contingencias comunes, equilibrando el sistema de pensiones y, en este caso, con una aportación adicional del Estado, que es la que se derivaría de la menor cotización en otro sitio. La fórmula de esas tres cuestiones, en nuestra
opinión, debería llevar a un incremento neto de 2 puntos de cotización a contingencias comunes, que en términos de dinero nos colocaría, dependiendo del mercado de trabajo, entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales, lo que creemos que permitiría
que el Fondo de reserva no se agotara en esos plazos que hemos compartido aquí y nos sirviera como estabilizador para tener los tiempos y las capacidades de actuación que nos dimos en el acuerdo de 2011 y en los anteriores. Esos son los términos
básicos de la propuesta.


En cuanto a la evolución demográfica, ya lo dije en mi intervención y lo ha recogido el portavoz de La Izquierda Plural, pero lo precisaré un poco más. Estamos convencidos, primero, de que no se pueden estar haciendo proyecciones
permanentemente sobre el sistema de Seguridad Social acotadas en el mismo periodo, porque ya sabemos -somos los primeros que lo decimos- que tenemos un reto que abordar, porque entre mediados de próxima década y finales de los cuarenta vamos a
llegar a la jubilación las generaciones más numerosas de las nacidas en España que viven a la jubilación. Por tanto, hay un proceso creciente de pensiones que, como ha comentado la portavoz del Grupo Popular, se estima en un paso de 9 millones de
pensionistas hoy -8.100.000- a más de 15 millones en el año 2040. Eso significa un esfuerzo que hay que hacer, pero en relación con la demografía hay situaciones curiosas. Hoy tenemos una situación de déficit que no la provoca la demografía. Si
tuviésemos una tasa de desempleo, no digo ya de pleno empleo, sino de desempleo comparable a la de los países comunitarios, entre un 10 y un 12 % , el sistema estaría en superávit. Nuestro déficit de hoy no lo provoca la demografía, lo provoca la
situación del mercado de trabajo, y esto es algo que tenemos que reconocer para determinar si es ahora cuando tenemos que consumir ese Fondo de reserva del que nos hemos dotado. Efectivamente, como algunos han recogido, tenemos cuantificada la
aportación en complementos a mínimos de la última década, desde 2001 para acá; podríamos irnos antes, pero nos hemos ido a 1999, la separación de la sanidad. Desde 2001 para acá estamos en 50.000 millones de euros -no llegan, son cuarenta y nueve
mil y mucho- que se han pagado de complementos a mínimos a cargo de cotizaciones a la Seguridad Social. En 2001 pactamos que se culminaría en 2013 y hemos temido seriamente que no ocurriera -lo hemos

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compartido con Gobiernos anteriores- porque no se estaban haciendo aportaciones al ritmo que se precisaba. Esto se ha consumado este año, con un esfuerzo adicional, y lo he reconocido, pero es verdad que hay 50.000 millones en la última
década. ¿Eso puede significar mecanismos de compensación o de asunción? Sí, pero no queremos entrar en un debate sobre si mi idea es mejor que la tuya. Lo que creemos es que tenemos que resolver el consumo anticipado del Fondo de reserva, porque
el Fondo de reserva, en su dimensión actual, si no lo consumimos anticipadamente, nos será de gran utilidad en la próxima década, al tiempo que seguimos trabajando en la línea de los consensos y acuerdos que tenemos. A eso, a garantizar a las
generaciones más numerosas pensiones comparables a las que estamos reconociendo, es a lo que nos tenemos que aplicar todos, sabiendo que el sistema de Seguridad Social se reequilibrará cuando vengan las siguientes generaciones. No hay que
desconocerlo. Lo que apuntaba el demógrafo que compareció el otro día aquí es así, nosotros lo decimos continuamente, la demografía no explica el déficit. Solo hay un dato incontestable, que es cuántas pensiones vamos a pagar; ni tan siquiera es
previsible su cuantía, pero sí el número de pensionistas, porque son gente que ya está aquí, que vive en España, que está empadronada, que podemos contarla uno a uno. Todos los demás factores -cuánta gente va a estar trabajando, con qué salarios,
con qué estabilidad en el empleo, cuántos inmigrantes van a entrar, cuál es la tasa de natalidad- pueden variar, y de hecho varían y suelen echar por tierra todas las proyecciones que hay. Si las cosas se comportaran de manera previsible -insisto,
con todas las cautelas- ahora deberíamos tener superávit, pero incluso con situaciones de pleno empleo habrá momentos, en los años cuarenta, en los que podamos tener necesidad de aportaciones adicionales, que se deben producir y que las debe hacer
el Estado, porque en la transferencia de renta intergeneracional no se puede tratar a unas generaciones peor que a otras por el hecho de que sean más numerosas, porque serán más numerosas entonces, pero también lo son ahora para soportar las cargas
del país. Ese es el elemento en el que nos tenemos que mover de manera constante. La demografía, este año 2012, nos ha dado un dato pésimo, porque hemos perdido 113.000 habitantes. Han salido 476.000 personas, 60.000 españolas de origen. No se
trata solamente de que retornen inmigrantes, es que han salido 60.000 personas de origen español, y el balance final ha sido una pérdida de 113.000, porque la tasa de nacimientos y fallecimientos tan solo ha aportado 50.000 positivos. Esta es la
situación de hoy. Nadie pensaba a finales de los noventa en la evolución demográfica que hemos tenido a principios de 2000. Por tanto, esas son variables sobre las que se puede actuar y sobre las que deberíamos aplicarnos también.


Las medidas estructurales deben responder a los retos estructurales del sistema. Cuando hablamos de que hay prestaciones que podrían no ser contributivas y pasar a la tributación general o a la imposición general o a los Presupuestos
Generales del Estado claro que estamos pensando en las derivadas del fallecimiento. ¿Qué ocurre? Comparto que es un asunto que hay que manejar con mucho cuidado, porque no es lo mismo la situación de aquellas personas que cobran pensiones de
viudedad como única renta y que no trabajaron nunca en su vida -en su caso lo que hay que hacer es pensar en mejorar esas pensiones, porque son muy bajas- que la de aquellas personas que, teniendo trabajo los dos miembros de la pareja y construyendo
ambos una pensión para sí mismos, tienen la desgracia de verse con una viudedad sobrevenida que les provoca un desequilibrio económico momentáneo. Ese un debate de larguísimo alcance, que hay que hacer de manera muy pausada, pero hay un debate
previo, y es: ¿Tenemos que financiar en exclusiva esas pensiones -que son un 20 % del gasto en pensiones-, sabiendo que tienen un componente asistencial, aunque de origen contributivo, con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social? Decisiones
de esa magnitud, tomadas en algún momento de manera pactada y consensuada, cambian completamente el escenario de las proyecciones futuras en el sistema de pensiones y acaban con los pronósticos catastrofistas si van acompañadas de una capacidad de
financiación que tiene que ver con la reforma fiscal, con las actuaciones en materia fiscal de las que hablaba antes. Hablamos mucho de pensiones, porque nos parece importantísimo para la gente que las cobra y para el resto del país, porque los
pensionistas se gastan la pensión y la demanda interna depende en buena parte de ellos, pero no podemos hablar de pensiones de manera aislada, tenemos que hablar del resto, y la estructura de ingresos del Estado es, en mi opinión, el gran reto de
este país. Insisto en los nueve puntos menos sobre el PIB en relación con la Unión Europea, con una legislación fiscal que creo que es comparable, por lo que nuestro problema fundamental es de cumplimiento normativo.


Plazos. Hay cosas que son urgentes. En mi opinión es urgente reforzar la estructura de ingresos y me gustaría que eso se hiciera por acuerdo. Si pudiéramos elegir, diríamos que el factor de sostenibilidad se puede diferir y, desde luego,
su entrada en vigor no debería ser anterior a la fecha prevista en el acuerdo

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de 2011, pero creemos que en materia de ingresos la propuesta de incremento de cotizaciones es urgente. ¿Para qué? Para no consumir anticipadamente el Fondo de reserva. También es urgente abordar la aplicación de la sentencia del Tribunal
Constitucional, porque no hay regulación. Esas dos cosas son urgentes. Antes preguntaban si hay márgenes para el acuerdo. El señor Cuadra apuntaba antes que la CEOE decía cosas bien distintas a nosotros. Claro, siempre dice cosas bien distintas
a nosotros, como entre ustedes también dicen cosas bien distintas, pero eso no ha sido obstáculo para alcanzar grandes acuerdos en esa materia. A veces hallamos puntos de encuentro. ¿Qué márgenes tenemos nosotros? Nosotros tenemos siempre
disposición al acuerdo. ¿Vemos un acuerdo que revise el de 2011? No. Se acaba de poner en vigor. No rompamos la lógica de las cosas que hemos hecho. Pongamos el acuerdo en vigor, evaluemos su resultado y en 2027 evaluemos el acuerdo de 2011 y
los que podamos haber hecho por el camino, si es que somos capaces de construirlos. No vemos que esa sea la fórmula. ¿Hay que actuar ahora? Sí. ¿Para qué? Para evitar el problema coyuntural que hemos planteado. ¿Cómo? Con un incremento de
ingresos vía cotizaciones y con una regulación del tiempo parcial que no desconozca los impactos que ustedes mismos han señalado en relación con el período de carencia.


Hay una cosa con la que me gustaría terminar. Nuestra disposición, la de los interlocutores sociales, está acreditada; la de las fuerzas políticas, en mi opinión, también, pero en los últimos años -lo dije en mi intervención inicial-,
desde 2010 -ya antes en ocasiones-, la posición de consensos amplios está deteriorándose y eso nos preocupa. Reconocerán ustedes que la idea de suscribir acuerdos con Gobiernos que, aunque tengan mayoría parlamentaria y consensos en el ámbito
social, son modificados de manera inmediata y en sentido distinto por otros Gobiernos que no asumen los resultados del anterior, pese a tener un gran consenso social, es poco estimulante para nadie. A nosotros, que tenemos voluntad de seguir
participando del gobierno del sistema de pensiones -porque es donde está la renta de la gente que representamos durante el resto de su vida, cuando deja de trabajar-, nos gustaría que quienes financian el sistema básicamente, como dice el Pacto de
Toledo, que son los interlocutores sociales, tuvieran la garantía de que los esfuerzos y los ejercicios de responsabilidad que hacen se corresponden en el tiempo con estabilidad normativa, cosa que no ocurre habitualmente.


Para terminar -lo había olvidado y no quiero dejarlo-, voy a decir algo sobre la revalorización de pensiones. Lo he dicho antes; lo preguntaba el portavoz de Convergència i Unió y algún otro. El Pacto de Toledo establece un principio de
actualización y el artículo 50 de la Constitución también. El Pacto de Toledo, como bien recordaba la portavoz del Grupo Popular, dice que puede haber diferentes alternativas. En España tenemos una que creemos que es correcta, que es la
revalorización con el IPC, pero más allá de la fórmula, le diré otra cosa. Cuando alguien llega a la edad de jubilación y recibe la pensión que se deriva de su esfuerzo contributivo durante toda su vida anterior no puede ser que esa pensión tenga
relación con el esfuerzo contributivo el día que la empieza a cobrar pero lo empiece a perder al año siguiente. Eso es lo que no puede ocurrir. Creemos que la fórmula del IPC garantiza eso adecuadamente. Si alguien tiene otra, debe garantizar que
a lo largo de la vida de esa persona la revalorización de las pensiones le garantice su poder adquisitivo. Uno de los problemas de la fórmula del informe de la comisión de expertos es que, aplicada sin medidas correctoras, significa una disminución
en pensiones. Lo reconoce el propio informe, que es bastante transparente en ese apartado. La cuestión es: ¿Tienen la misma concreción las medidas que el informe dice que puede haber para corregirlo? Si alguien las pone encima de la mesa, las
veremos, pero lo que planteamos es, más allá de cuál sea la fórmula -insisto, mantenemos que la del IPC es correcta y no hay por qué cambiarla-, si alguien propone otra alternativa tiene que plantear cómo funciona esa alternativa para que el poder
adquisitivo de un pensionista cuando le reconocen una pensión no se deteriore durante el resto de su vida. ¿Los salarios? ¿La evolución del PIB? ¿El IPC? ¿Otras? Quien tiene que hacer propuestas que la saga. Nosotros no estamos disconformes
con la revalorización actual, salvo en los años en los que los grupos mayoritarios tienen a bien no cumplirla.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Agradezco a los comparecientes su disponibilidad para estar en esta Comisión.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.

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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


- DEL INVESTIGADOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC (DE LA FUENTE MORENO), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente
219/000354).


- DEL PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS VASCO (DE LA FUENTE LAVÍN), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de
expediente 219/000355).


- DEL CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (APARICIO TOVAR), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de
expediente 219/000356).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos los trabajos de la Comisión con la intervención de los siguientes comparecientes propuestos por los distintos grupos parlamentarios: don Ángel de la Fuente Moreno, investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, don Mikel de la Fuente Lavín, profesor titular de la Universidad de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del País Vasco y, por último, don Joaquín Aparicio Tovar, catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha, para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Como siempre, los comparecientes tendrán en torno a quince minutos para exponer y seguiremos
después con la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en primer lugar, don Ángel de la Fuente Moreno.


El señor INVESTIGADOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC (De la Fuente Moreno): Muchas Gracias por la invitación.


Por lo que entiendo, se me pide una opinión sobre el informe del llamado comité de expertos sobre la concreción del mecanismo previsto en la última Ley de reforma de la Seguridad Social, el llamado factor de sostenibilidad. Voy a intentar
resumir muy brevemente lo que yo entiendo que es el núcleo de la propuesta del comité de expertos y después les diré lo que me parece. Les adelanto que me parece muy bien y estoy de acuerdo en que son medidas muy razonables, e intentaré explicar el
porqué. El comité propone básicamente que se implementen lo antes posible dos mecanismos automáticos de ajuste, el primero consiste en tener en cuenta la evolución de la esperanza de vida a la hora de fijar la cuantía de la pensión en el momento en
que esta se concede, de forma que, según vaya aumentando la esperanza de vida, se rebaje la cuantía de la pensión, de manera que el valor presente descontado del conjunto de ingresos derivados de la pensión se mantenga más o menos constante. El
segundo mecanismo que propone es la introducción de un factor de actualización anual que básicamente viene a ser el cálculo por la cuenta de la vieja de lo que podemos pagar de más o en qué medida podemos aumentar la cuantía de las pensiones ya
existentes sin meter al sistema en problemas. Si el sistema está en equilibrio, si los ingresos y los gastos son iguales, ese factor de revalorización se obtiene mirando lo que se podrían aumentar las pensiones teniendo en cuenta lo que se espera
en términos de ingresos del aumento de las cotizaciones y de gastos por el aumento del número de pensiones y del efecto de sustitución, es decir, del incremento del gasto automático que se produce porque las pensiones que causan baja por
fallecimiento generalmente son bastante más bajas que las nuevas pensiones. O sea, que este factor de actualización en condiciones de equilibrio es el incremento de la pensión para las pensiones ya existentes que se podría pagar sin generarle un
desequilibrio al sistema. Cuando el sistema ya no está en equilibrio sino que tiene un desequilibrio, se propone restar de esta tasa de actualización una cantidad que sería una fracción del desequilibrio existente medido en términos porcentuales, o
sea, que si los ingresos se han quedado cortos en un 10 % de los gastos, una parte de ese 10 % habría que restarlo también de la tasa máxima de actualización de las pensiones con el objetivo de ir corrigiendo poco a poco los desequilibrios que se
produzcan antes de que se hagan demasiado grandes.


El comité también propone que los cálculos que acabo de describir no se realicen con los valores anuales de las variables de interés, sino que se utilicen medias móviles de periodos relativamente largos, con el fin de suavizar los efectos
sobre la evolución de las pensiones y de contribuir a suavizar la evolución del consumo a lo largo del ciclo económico, lo que ayudaría a la política de estabilización.

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Hay una cosa que el informe no acaba de precisar del todo. Habla de varias posibilidades como, por ejemplo, qué pasaría si el factor de revalorización anual fuese mayor que la tasa de inflación o fuese inferior a cero, es decir, que
apuntase a un descenso de las pensiones. Aquí se contemplan varias posibilidades y creo que la más razonable es una que se apunta en una nota al pie en una parte del programa, que consistiría en fijar un techo y un suelo para la tasa de
actualización de las pensiones; un suelo del 0 % , de forma que las pensiones nunca bajaran en términos nominales aunque el factor de revalorización anual pudiera indicar contrario; y, por otra parte, un techo igual a la tasa de inflación, de
forma que las pensiones nunca se actualicen más que por la tasa de inflación, excepto posiblemente si se trata de recuperar terreno perdido en años anteriores. Esa sería la propuesta más razonable.


A mi entender se trata de medidas muy sensatas y muy razonables y yo les recomendaría a ustedes que las apoyen y las transformen en ley. No está en discusión que el sistema español de pensiones va a atravesar durante las próximas décadas
una zona de turbulencias, básicamente por una cuestión demográfica. La población española está inmersa en un proceso de envejecimiento muy rápido y durante los próximos cuarenta o cincuenta años el grado de envejecimiento de la población va a
aumentar de forma muy notable, lo que se va a traducir en un descenso de la ratio entre cotizantes potenciales y jubilados. Cada vez vamos a ser menos cotizando para pagar las pensiones de los jubilados, en un momento además en que la esperanza de
vida ha aumentado mucho y seguirá aumentando, como esperamos todos. Tenemos un futuro relativamente problemático.


Lo que plantea el comité de expertos es poner al sistema una especie de piloto automático; piloto automático que no excluye otras posibilidades, y que es perfectamente consistente con opciones como puede ser un aumento de ingresos vía
mayores cotizaciones o mayores aportaciones estatales provenientes de impuestos con el fin de mejorar las cotizaciones, pero asegura que sin necesidad de tomar nuevas decisiones el sistema va a seguir siendo sostenible. Es decir, aunque no nos
pongamos de acuerdo en soluciones alternativas, la cosa no va a explotar. Esta es una precaución elemental muy importante que tenemos que tomar, que es dejar la cosa bien encauzada por varios motivos. Primero, porque las reformas que puedan ir
surgiendo o puedan ser necesarias de aquí en adelante me temo que van a ser reformas impopulares y difíciles de acordar, por lo que si antes de tomarlas tenemos que ponernos a negociar desde cero y a llegar a un acuerdo en este tema, la cosa puede
ser trabajosa, las medidas se pueden prolongar en el tiempo y pueden llegar demasiado tarde. Por lo tanto, parece una cosa bastante prudente poner en marcha este piloto automático y que nos asegure, por lo menos, que no nos vamos a estrellar,
independientemente de que después también podamos tomar otras medidas correctoras en otra dirección.


Además, hay un beneficio nada despreciable de esta política de previsión que tiene que ver con la percepción de los mercados de la economía española. Nos guste o no, dependemos mucho de la percepción de esos mercados y la prima de riesgo de
la economía española, que ahora mismo debe de estar en más de 300 puntos y ha estado bastante más alta, puede ser bastante sensible a cosas de este tipo. Si conseguimos dejar bien encauzado un problema que es básico desde el punto de vista de la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas españolas, que es el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, los beneficios en términos de ahorro en tipos de interés podrían ser muy sustanciales. Incluso dejando de lado ese beneficio,
es básicamente una cuestión de prudencia. Hay quien critica las medidas del grupo de expertos diciendo que son un recorte innecesario. Si es innecesario, la fórmula no entrará en funcionamiento. La fórmula no va a recortar nada si el sistema no
sufre signos claros de estrés financiero; es decir, no se pierde nada teniendo esa cláusula de precaución ahí puesta. Si la formula nos lleva hacia recortes de las pensiones, será porque estamos teniendo problemas y será el momento de plantearnos
quizá otras soluciones complementarias, pero estaremos todos mucho más tranquilos si lo hacemos con esa salvaguardia puesta por ley y de forma automática.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Mikel de la Fuente Lavín.


El señor PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS VASCO (De la Fuente Lavín): Señoras y señores diputados, en primer lugar muchas gracias por la invitación de la Comisión para exponer un tema de
tanta importancia económica y social. Antes de hablar de la problemática del factor de sostenibilidad, me parece adecuado presentar unos datos y algunas reflexiones sobre la realidad de las pensiones y de sus últimas reformas.


La cuantía de las pensiones es muy baja en el Estado español, tanto si se mide individualmente por la cuantía de las pensiones como en proporción al PIB. Por dar solamente algún dato, casi siete millones de

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pensiones no alcanzan los 1.000 euros mensuales. La pensión media de jubilación del sistema de Seguridad Social en diciembre de 2012 era de 955,41 euros y, si se relaciona con el salario medio de ese mismo año -que según el grupo Adecco fue
de 1.639 euros al mes-, supone una tasa de reemplazo del 58 % . Sé que las cifras no son exactamente comparables o que la proporción no es exacta porque las pensiones del sistema incluyen a personal asalariado y también a regímenes no asalariados,
pero nos puede dar una idea. Frente a lo que avanzan los estudios teóricos que pronostican que la tasa de reemplazo del sistema español de pensiones da tasas muy elevadas, del 75 % , del 80 % o del 90 % , la realidad es una tasa de reemplazo más
baja, y esta tasa de reemplazo es lo que mide la generosidad relativa de un sistema de pensiones: la relación entre los salarios que se percibían y las pensiones que se empiezan a percibir cuando se deja de trabajar. Esa baja tasa de reemplazo se
debe a un mercado de trabajo con tasas de desempleo muy elevadas y, por tanto, con carencia de cotizaciones, pero también a algunas reglas especialmente restrictivas en comparación con otros sistemas de Seguridad Social. Por ejemplo, hay una
protección de escasa calidad -y además en fase de empeoramiento- en las situaciones de prejubilación, es decir, las situaciones en las cuales los trabajadores y trabajadoras mayores pierden el trabajo y tienen que acudir a algunos mecanismos de
protección del sistema diferente del de pensiones, que en el caso del Estado español quedaba cubierto para la generalidad de las personas a través del subsidio -antes de mayores de 52 y ahora de mayores de 55-, que solo es complementado de forma más
generosa a través de convenios o de acuerdos de empresa que protegen a una parte limitada de la población trabajadora, sobre todo de las grandes empresas o de los sectores económicos más potentes. Otra regla sería una caída muy fuerte en los
periodos sin cotizar, las llamadas lagunas, que afectan especialmente a la población más precarizada y diría que de forma significativa a las mujeres, que interrumpen más frecuentemente su actividad profesional por actividades de cuidado.


Es cierto que las pensiones nuevas son de cuantía más elevada. Hace poco, en mayo de 2013, se hacía pública la cuantía de las pensiones de jubilación, que podían ser de 1.400 euros, eso es cierto. Pero esa distancia en la relación entre
las pensiones nuevas y las pensiones antiguas, lo que se viene a llamar el efecto de sustitución -se recoge así, en este sentido, por el comité de expertos-, es decir, que las pensiones nuevas son de cuantía más elevada que las antiguas, muestra que
las revalorizaciones basadas en el IPC, que se presenta a veces como el non plus ultra de la generosidad de las pensiones, es decir, que mantiene el poder adquisitivo, alejan y han alejado en el pasado las pensiones medias de los salarios medios en
una coyuntura en la que los salarios han aumentado por encima del IPC. Es decir, cuando los salarios han aumentado por encima del IPC a través de la negociación colectiva, de los aumentos de categoría y antigüedad, incluso aunque hayan aumentado
menos de lo que aumentó la productividad, sin embargo han aumentado más. Eso ha dado lugar a que, aunque hayan mantenido el poder adquisitivo, las pensiones se hayan ido alejando de los salarios que se percibían cuando se estaba en situación de
actividad. Como resultado de estas evoluciones, según la encuesta europea SILC, el ingreso medio de las personas mayores de 65 años, de los que las pensiones constituyen en la Unión Europea más del 60 % , en relación con aquellos menores a esa edad
en el año 1995 era en el Estado español del 95,2 % y se ha reducido al 83 % en 2011, es decir, ha sufrido una caída de 12 puntos. Por su parte, la Unión Europea a Quince ha aumentado del 85,2 % al 88 % . Es decir, en el Estado español ha perdido
12 puntos y en la Unión Europea a Quince ha aumentado 3 puntos. Esto medido en relación con el PIB significa que el gasto en pensiones es inferior en más de 3 puntos a la media de la Unión Europea. A ello han contribuido salarios medios más
reducidos, un desempleo masivo y un proceso ininterrumpido de recortes en las pensiones públicas que se inició ya en 1985, del cual el factor de sostenibilidad es por ahora el último episodio todavía inacabado.


El último recorte de conjunto se ha realizado a través de la Ley 27/2011. Como bien saben sus señorías, la mayoría de sus disposiciones han entrado en vigor en el año 2011 y han dado lugar a un aumento progresivo de la edad de jubilación a
los 67 años, a un aumento del periodo de cálculo, que ha pasado de quince a veinticinco años, y a un aumento del periodo necesario para alcanzar el cien por cien de la pensión, que ha pasado de treinta y cinco a treinta y siete años. Asimismo han
dado lugar al aumento del periodo de cotización exigible para acceder a las pensiones anticipadas, que ha pasado de treinta a treinta y tres años si es forzoso y a treinta y cinco si es voluntaria, y al empeoramiento de los periodos en los cuales no
existen cotizaciones, las llamadas lagunas, que después de alguna modificación posterior a la de la Ley 27/2011, que ha empeorado lo que ya era un empeoramiento, se ha reducido en cuarenta y ocho meses el periodo en el que se aplica la base mínima
de cotización, mientras que el resto se integra con el 50 % de la base mínima. Les recuerdo que antes para todos esos periodos sin cotizar se aplicaba

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el cien por cien de la base mínima, ahora en cuarenta y ocho meses se aplica el cien por cien de la base mínima, en el resto va al 50 % .


En marzo de 2013, a través del Real Decreto 5/2013, se han complementado estas medidas mediante el atraso en dos años de la edad de acceso a las jubilaciones anticipadas, tanto a la forzosa como a la voluntaria, hasta alcanzar
progresivamente los 63 y 65 años. Es decir, siguiendo la evolución del periodo de aumento de la edad ordinaria de 65 a 67, las jubilaciones anticipadas también van a aumentar el periodo al que se puede acceder. Además, en la mayoría de los casos
se ha aumentado la penalización por anticipo de la edad, sobre todo si la jubilación es voluntaria. Otro elemento a destacar es la limitación del complemento de mínimos. Ustedes saben que el complemento de mínimos es muy importante en el sistema
español de Seguridad Social, porque hay una parte muy importante de las pensiones que perciben el complemento de mínimos; es decir, que les aumenta la pensión más allá de lo que sería con la aplicación las reglas basadas en la contributividad. Ese
complemento de mínimos era percibido en 2011 por el 26,65 % de las pensiones de jubilación y el 33,60 % de las de viudedad. A partir de 2013 el complemento de mínimos ya no podrá ser superior a la cuantía de las pensiones no contributivas, que en
este año es de 364,90 euros. Antes el complemento de mínimos podía jugar un papel muy importante y podía alcanzar, por ejemplo, 400, 450 o 500 euros, que no es muy frecuente pero ocurre en un cierto número de casos cuando se está con periodos de
cotización muy cortos, antiguos y bases de cotización muy bajas. El nuevo sistema de cálculo hubiese impedido alcanzar las pensiones mínimas de jubilación, incapacidad permanente y viudedad a una cifra que una compañera ha evaluado en 530.000
personas, de las cuales un 70 % serían mujeres. La actual regulación del complemento de mínimos hubiera impedido que 530.000 personas cobrasen íntegramente el complemento de mínimos en los términos anteriores.


Otro elemento importante tiene que ver con el subsidio de desempleo, que percibían las personas mayores que perdían el trabajo a una edad avanzada y que además de proporcionarles un subsidio de cuantía muy escasa -426 euros/mes- mantenía las
cotizaciones para la jubilación. Pues bien, este subsidio ha conocido drásticos recortes. En julio de 2012 tuvo lugar una reducción o un empeoramiento de la edad de acceso al mismo, ya no se podía acceder a los 52 sino a los 55 años. Además de
ese aumento de edad es preciso que se produzca cuando haya finalizado la prestación contributiva, y además se limita hasta que se pueda jubilar una persona en cualquier de sus modalidades. Esto significa que si esas personas pueden acceder a la
jubilación anticipada a los 61 y 63 años, no podrán seguir percibiéndolo hasta los 65 o más años, evitando así la penalización de las jubilaciones anticipadas y consiguiendo años de cotización que permitan una cuantía más elevada. Además este
subsidio, cuya regulación a mi entender ha pasado bastante desapercibida a pesar de que tiene una importancia muy grande, se ha reducido por la cuantía que el Servicio Estatal de Empleo cotizaba por esas personas, pasando del 125 % de la base mínima
al cien por cien. Y, lo que quizás sea más importante, en marzo de 2013 la concesión de este subsidio, que antes se condicionaba a los ingresos de la persona solicitante, pasa a convertirse en una prestación sujeta a la escasez de ingresos de la
unidad familiar, de forma que los ingresos de la familia constituida por el cónyuge e hijos o hijas menores de 26 años o incapaces deba ser inferior a 483,98 euros por persona, que en una unidad de convivencia de dos personas suponen 968 euros.
Esto va a dejar fuera a un gran porcentaje de posibles beneficiarios, especialmente en aquellas comunidades autónomas con salarios y pensiones más elevadas. Además, tiene una consecuencia muy importante desde el punto de vista del género, ya que es
muy posible que vaya a afectar de forma especial a las mujeres casadas, porque el mayor salario medio de los hombres puede traer consigo que, a fin de que el marido de 55 años o más pueda acceder al subsidio, la esposa trabaje de forma no declarada,
y ello puede pasar muy frecuentemente en el sector del empleo doméstico, lo que impedirá o dificultará el acceso no solo a la jubilación sino a otras prestaciones de la Seguridad Social.


En una estimación conservadora se considera que, como consecuencia de las medidas de la Ley 27/2011 y de otras algo anteriores y posteriores, van a sufrir una reducción comprendida entre el 20 % o 25 % , sin tener en cuenta, por supuesto, lo
que resulte del factor de sostenibilidad.


A pesar de la evolución demográfica y del aumento de la esperanza media de vida, que daría lugar a un aumento del número de pensionistas desde los 9 millones actuales a los 15 millones en 2050, según el informe Ageing Report de 2012 de la
Comisión Europea, las medidas derivadas de la Ley 27/2011 implicarían una reducción del gasto en pensiones desde el 15,1 % previsto en el informe de 2009 al 12,9 % , que es la nueva estimación de 2012. Sin embargo -es una intuición, no lo puedo
demostrar-, tengo la convicción de que es muy posible que en los cálculos se haya subestimado el impacto del desempleo masivo, con lo que entraña de falta de cotizaciones y por lo tanto de pensiones más reducidas, y de las

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citadas medidas de la Ley 27/2011 y otras anteriores, algunas de las cuales son menos visibles, que van a reducir no solamente el peso de las pensiones en relación con el PIB, sino sobre todo, y lo que es más importante, la relación de las
pensiones que van a percibir los pensionistas. Digo que es muy posible que esté subestimado porque algunas de las cuestiones no han sido evaluadas plenamente, como las derivadas de la reforma del subsidio de desempleo de mayores de 55 años, que
aparte de privar del subsidio a la gente, va a afectar de forma muy importante al acceso a la pensión, y el recorte, aunque no sea inmediato, va a ser muy importante. Y habría otras cuestiones como por ejemplo la supresión por la Ley 40/2007 de los
llamados días cuota para alcanzar los quince años de acceso a la pensión, que va a dificultar más para algunos sectores muy precarizados, especialmente las mujeres, el acceso a la pensión de jubilación, porque implicó, sin decirse abiertamente, que
se aumentaba el periodo de carencia en veintiséis meses, ya que hasta la reforma de 2007 se computaban además de los días efectivamente cotizados los correspondientes a las pagas extraordinarias, lo que venía a ser más o menos veintiséis meses.
También están los procesos de congelación de las pensiones en 2011, 2012 y 2013, congelaciones en un caso y semicongelaciones en otros, congelación absoluta en un caso, subida del 1 % en otro e incremento del 1 % para unas pensiones y del 2 % para
otras, lo que ha supuesto una reducción acumulada que se mantiene para el futuro.


En resumen, el aumento del gasto en pensiones desde el 10,7 % del PIB en el año 2010 -último año en el que se exponen datos- al 13,7 % estimado para 2060 es de magnitud muy limitada y apenas superior en 0,8 puntos al 12,9 % estimado para la
Unión Europea a Veintisiete. Y probablemente no sería tal si se estimasen adecuadamente todos los recortes aprobados que, insisto, no son solamente los recortes de las grandes macromagnitudes sino también recortes continuados que afectan de forma
muy importante al futuro de las pensiones. Además, hay que tener en cuenta que ese mayor gasto en pensiones no sabemos si se va a producir, ya que por ejemplo una política de fomento de la natalidad cambiaría los datos de la relación de
dependencia, los datos de la relación entre personas mayores y menores de 26 años. En todo caso, se va a producir por ese dato eventual del aumento de la dependencia pero no por un aumento de la cuantía relativa de las pensiones medida a través de
la tasa de reemplazo, que si ya van a bajar, lo harían todavía en mayor medida si se aprueba la puesta en funcionamiento en los términos que figuran en el informe del comité de expertos.


Entrando en materia del factor de sostenibilidad, como ha declarado el miembro del comité de expertos Santos Ruesga, el objetivo del Gobierno al encargar el informe era, a mi entender, dar cobertura científica a una reforma del sistema
público de pensiones enfocada no solo ni en primer lugar a una sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, sino a contribuir a alcanzar los objetivos del déficit público a corto plazo acordados por la Comisión Europea y las otras
instituciones de la troika, y ello a pesar de que el Fondo de reserva de pensiones, que hasta ayer se mantenía en 63.000 millones -hoy un poco menos, después de que se haya hecho público que se va a financiar la extra de julio, que son unos 3.500
millones-, hoy en 60.000 millones de euros, permitiría soportar los déficits hasta que tenga lugar la recuperación de los superávits, que, según la previsión del mismo Gobierno, tendría lugar en 2018. La función del factor de equidad
intergeneracional, FEI, es hacer pagar a los pensionistas el aumento de la esperanza media de vida tras la jubilación. A mi entender, aunque esto se presenta como algo evidente, el alcance y significación no es evidente, por una parte, porque hasta
ahora el aumento de la esperanza media de vida ha tenido lugar fundamentalmente por una reducción drástica de la mortalidad infantil y en mucho menor medida por el aumento de la esperanza media de vida a partir de los 65 años. Ahora el pronóstico
es de aumento de cinco años hasta el año 2050, lo cual está por ver. En cualquier caso, si se mantuvieran las previsiones del INE, la aplicación del FEI supondría una reducción enorme de las pensiones que no voy a detallar porque aparece plenamente
recogida en el informe pero que, como ustedes bien saben, alcanzaría hasta el 19,8 % en 2050. Me parece importante tener en cuenta que, como la información estadística del INE no diferencia la esperanza media de vida entre las diversas categorías
sociales y profesionales, esta medida se aplica de forma indiferenciada, va a perjudicar todavía más a las personas trabajadoras cuya esperanza media de vida es inferior y, por tanto, perciben durante menos tiempo las pensiones. En efecto, es
sabido que la esperanza media de vida responde a causas sociales. Según todos los estudios, las personas más instruidas, las categorías profesionales más cualificadas y los hogares más ricos se benefician de una esperanza de vida superior y además
de un mejor estado de salud. Aunque esos estudios no han proliferado en España, algunos estudios comparativos europeos sobre las desigualdades sociales y la salud y la mortalidad muestran que los factores de riesgo y los determinantes de las
desigualdades sociales son comunes a los países europeos con mayor o menor

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intensidad, pero son especialmente importantes las diferencias que existen en España. Según Vicenç Navarro, la distancia entre burgueses y trabajadores no cualificados ascendería en el Estado español a diez años, mientras que el promedio de
la Unión Europea a quince sería de siete. En resumen, la aplicación del FEI sin diferenciar la longevidad por categorías socio-profesionales va a dar lugar a una redistribución regresiva de la reducción de la cuantía de las pensiones. Va a dar
lugar a una reducción, pero además una reducción regresiva.


En cuanto al factor de revalorización automática (FRA), sus elementos en este caso son más inciertos que los del FEI, pero lo que se puede decir es que, mientras se mantenga el desempleo masivo con la reducción de los ingresos por
cotizaciones sociales que lo acompaña, las revalorizaciones van a ser de forma sistemática inferiores al IPC y frecuentemente no va a haber ninguna revalorización. Las pensiones causadas en 2014 incluso pueden caer a términos nominales porque, como
ustedes saben, la regla de mantener las pensiones actuales sin pérdidas se aplica solamente a las pensiones antiguas, pero no a las pensiones iniciales. Las pensiones iniciales desde 2014 pueden sufrir, por una parte, el FEI, pero también la
aplicación del FRA, de forma que no tengan revalorización. Para los próximos años la congelación se puede dar por segura, lo que se suma a las congelaciones y pseudocongelaciones que antes comentaba y que ahora se quieren institucionalizar a través
del FRA. Cuando los salarios se han incrementado más que los precios, la revalorización de las pensiones conforme al IPC ha alejado a estas de la cuantía de los ingresos y salarios medios. Cuando una persona se jubilaba la pensión podía
representar el 80 % de su salario, ya no lo representaba al cabo de diez años. Si esa persona hubiera seguido en activo, habría cobrado un salario muy superior a la pensión que va a percibir. La diferencia ya no sería del 20 % , sino del 30 % o
del 40 % . Ahora, que caen tanto los salarios como el número de personas cotizantes, el FRA va a dar lugar a una pérdida del importe de las pensiones en términos constantes. De esta forma las pensiones pierden doblemente: por un lado, las
pensiones no se han beneficiado en el pasado de los incrementos de productividad y de la riqueza, y para el futuro el FRA va a suponer que frecuentemente se van a revalorizar en cuantía inferior al IPC. Por arriba el informe sugiere que el aumento
no sea muy por encima de la inflación. En un primer momento yo llegué a conocer el primer borrador, y ahí se decía que tuviera un límite, que fuera el IPC. Ahora se ha suavizado y se permite que pueda superar la inflación; eso sí, que no sea
mucho. Es decir, el riesgo es evidente. El informe, aunque considera que lo más probable es que la cuantía de las pensiones aumente en términos reales en el horizonte de 2012, reconoce en su página 20 que la aplicación de los dos elementos va a
dar lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio, que podría dificultar -señala- uno de los objetivos que recomienda la Unión Europea para los sistemas de pensiones: mantener unos estándares de bienestar
económico de la población jubilada próximos a los que mantenía en la época activa. A mi entender, ese pronóstico no es para nada verosímil, primero, porque la elevación de las bases de cotización que serían necesarias para que las pensiones
aumenten en términos reales debiera ser de una enorme magnitud, cosa que me parece escasamente probable. En segundo lugar, porque la aplicación del FRA, aunque queda por ver cómo quedará finalmente esa posibilidad de aumentar por encima de la
inflación, dará lugar a una reducción de las pensiones reales. En todo caso, la preocupación que muestra el informe por apartarse de los objetivos fijados por la Unión Europea tiene poco fundamento. ¿Por qué lo digo? Porque en el Libro Blanco
sobre pensiones adecuadas de 2012 aprobado por la Comisión Europea se plantea que los Estados deberán realizar nuevos ajustes del gasto, y ello a pesar de reconocer que esas reformas darán lugar a tasas de reemplazo más bajas. Es decir, no es
cierto que la Comisión Europea se preocupe seriamente de mejorar la situación de las pensiones; lo dice de vez en cuando, pero la preocupación fundamental de la Unión Europea va destinada a la reducción del déficit público y de la deuda pública, y
ahí las pensiones son, sin más, una variable de ajuste. Además, es muy posible que, a la vista de la voracidad de las instituciones de la troika, no solamente de la Comisión Europea sino también del Fondo Monetario Internacional y -hay que decirlo-
de las organizaciones empresariales -tal como se ha podido apreciar en la comparecencia ante esta Comisión del representante de la CEOE en la que reclamaba medidas adicionales muy duras además de las que se contemplan ya en el factor de
sostenibilidad-, se puede pensar que si el Gobierno acepta, como hasta ahora lo ha mostrado, este tipo de presiones empresariales y de la troika es muy posible que lleguen después de este factor de sostenibilidad nuevos recortes, por ejemplo,
mediante un nuevo aumento del periodo de cálculo de las pensiones, mediante una aceleración de los ritmos de aplicación de la Ley 27/2011 o de todas ellas, incluso del cálculo sobre todo la vida laboral, en línea con las exigencias planteadas hace
unos días por el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.

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¿Están justificadas y son necesarias medidas de recorte? A mi entender, no están de ninguna forma justificadas desde el punto de vista social porque, tal y como decía antes, la actual cuantía de la misma con cerca de 6.600.000 pensiones que
no alcanzan los 1.000 euros mensuales, con pensiones de las mujeres inferiores en casi el 40 % a las de los hombres, es decir una diferencia mucho mayor que la de los salarios, que además están siendo acompañadas de otras medidas que empeoran los
ingresos y condiciones de vida de los pensionistas (el copago farmacéutico, la reducción de las prestaciones de dependencia, etcétera), exige no ya mantener el actual nivel de gasto sino aumentarlo, al menos hasta la media de los países del euro.
Efectivamente, la actual regulación de pensiones exige cambios, pero en líneas diferentes de las que se plantean en el informe; por una parte, para favorecer el acceso a las pensiones por derecho propio más elevada de las mujeres, modificando los
componentes que intervienen en el cálculo de la pensión y que más les afecten, por ejemplo el periodo de carencia, que les afecta de forma importante. Antes señalaba el aumento de la exigencia de quince años de cotización para poder acceder a la
pensión. Este aumento, que tuvo lugar en 2007, aumento de los años, perjudica enormemente a las mujeres, que es el sector de la población que tiene un porcentaje más importante de miembros que tienen periodos de cotización muy cortos. También
sucede con el periodo de cálculo de la base reguladora, cuanto más amplio sea más beneficia a los salarios más altos, que son percibidos por los hombres; también impidiendo el desplazamiento de las pensiones de reparto a las pensiones de
capitalización individual, ya que las pensiones de capitalización, al tomar en cuenta la esperanza de vida -como ustedes saben, las mujeres tienen mayor esperanza de vida-, aumentarían aun más las diferencias de pensión entre hombres y mujeres. Es
decir, las diferencias que existen en el sistema público de reparto serían mayores todavía si una parte de los ingresos de pensión que proporcionan las pensiones públicas de reparto pasan a ser realizadas, pasan a ser provistas por las pensiones de
capitalización, suprimiendo también otro elemento de reforma necesaria, la infraprotección existente en algunos regímenes especiales, como el de hogar, en el que las mujeres son una absoluta mayoría. También se da para organizar una mayor tasa de
reemplazo que la media para las personas de salarios más bajos, es decir aplicar no las mismas reglas para todos sino algunas reglas para los salarios más bajos que les permitan compensar justamente su menor esperanza media de vida. Aquí tenemos
una redistribución regresiva elevada al doble. Quienes han tenido condiciones más duras de trabajo y han percibido menores salarios, van a percibir además menos tiempo la pensión. Por medios técnicos habría que establecer porcentajes que permitan
que las personas de salarios más bajos tengan un porcentaje, una tasa de reemplazo más elevada. Es un tema que está planteado en las sucesivas reformas por parte del movimiento sindical en el caso de Francia; reduciendo también la edad de
jubilación especialmente para quienes hayan trabajado durante periodos muy amplios, tal como se contempla en Francia. En estos momentos en el sistema español no hay reducción para la gente que ha podido cotizar durante periodos en muchos casos
superiores a los cuarenta años. Al revés, lo que les puede pasar es que si pierden el trabajo en los años anteriores a la jubilación van a tener una pérdida importante de pensión. Lo mismo sucedería para quienes hayan trabajado en condiciones
especialmente penosas e insalubres. La regulación en la normativa española de Seguridad Social de la anticipación por razones de penosidad y peligrosidad es todavía muy deficiente. Solo ampara a un sector muy reducido de trabajadores y
trabajadoras, pero no recoge los factores típicos de la penosidad industrial clásica (trabajo en cadena, trabajo de noche, trabajo a turnos) que frecuentemente se acumulan en los mismos asalariados, y además ahora se añaden los resultantes de la
rentabilidad máxima a corto plazo derivadas del adjusting time, del plazo de entrega al cliente, etcétera.


El argumento del envejecimiento demográfico como justificación de los recortes debe ser cuestionado. He visto hace unas semanas un estudio de los profesores de Historia Económica, Vicente Pérez Moreda y Fernando Collantes en el que se
recogía que la presión de la población no ocupada sobre la ocupada alcanzó un máximo histórico en 1981. En la actualidad, aunque la presión sobre la población activa ha disminuido, el aumento del desempleo ha reforzado la presión sobre la población
ocupada, pero muestran una reducción de la tasa del desempleo hasta el 8 % , una equiparación de la tasa bruta de actividad de las mujeres con las de los hombres. Teniendo en cuenta una definición de la edad adulta comprendida entre los 16 y los 67
años, la presión de la población ocupada sobre la ocupada sería similar a la de 1981 y ligeramente superior si la edad adulta se redujera a los 65 años -digo a los 65 años, si se diera por no puesta la elevación de la edad de jubilación a los 67-.
Esa presión aumentaría de forma importante si esas relaciones se mantienen en las relaciones socialmente insoportables de la actualidad: un desempleo del 27 % y una distancia de 13 puntos entre la tasa de actividad de mujeres y hombres (dato del
INE del primer trimestre de 2013). Para conseguir esa equiparación en el empleo es necesario implementar

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políticas fiscales que no penalicen el trabajo de las mujeres, es decir la individualización de los derechos fiscales, así como una reestructuración de los estados del bienestar para dar solución a las necesidades de incorporación al trabajo
profesional (guarderías, etcétera). En este sentido, me van a permitir considerar que algunas de las propuestas contenidas en la recomendación número 17 de la Comisión del Pacto de Toledo de diciembre de 2010, sobre mujer y aportación social, son,
a mi entender, discutibles para lograr esa equiparación. Así, la de generar pensiones a favor de los cónyuges no incorporados en el mercado de trabajo cuando el patrimonio tenga régimen de gananciales puede contribuir a mantener una división sexual
del trabajo que mantenga a las mujeres en el hogar. Además, como ha señalado la investigadora María Pazos, ya hace tiempo se ha constatado que los derechos, compensaciones otorgados basados en el trabajo doméstico y de cuidados, por una parte, son
siempre inferiores a los que resulta de la permanencia en el empleo y, por otra, nunca son suficientes para asegurar una renta que permita vivir independientemente.


Voy acabando. ¿Qué recursos son necesarios para tener pensiones dignas? El importante aumento del número de pensionistas, y con ello del gasto, se va a producir solo a finales de la próxima década lo que hace, por una parte, más
injustificada la reducción programada con carácter inmediato mientras el Fondo de reserva tenga disponibilidades. Es cierto, sin embargo, que el aumento previsible de las pensiones para el año 2050 hasta los 15 millones exige aumentar los recursos
del sistema. A mi entender, la factibilidad del aumento de los recursos no debe estar condicionada por una vuelta al crecimiento, que además de ser incierta por la creciente escasez de recursos naturales y por la crisis financiera y de la deuda no
es ecológicamente deseable, sino por una política de pleno empleo, mediante una política de reducción sistemática del tiempo de trabajo y de una priorización de los sectores que al mismo tiempo respondan a necesidades sociales -educación, sanidad,
protección para la dependencia- y que además sean altamente proveedores de empleo. Esto debe ir acompañado también de una redistribución de la renta a favor de los salarios que compense el enorme desplazamiento que ha tenido lugar en las últimas
décadas -de forma acentuada también en esta crisis- desde los salarios hacia los beneficios, durante la fase neoliberal. Según un estudio de la Fundación 1.º de Mayo la parte salarial se habría reducido del 67 % del PIB en el año 1977 hasta el 53,4
% en 2012.


El comité de expertos admite que una de las alternativas para conseguir el equilibrio financiero del sistema es aumentar los ingresos. Lo que pasa es que todo el informe está construido no sobre la base de la posibilidad y la necesidad de
aumento de los ingresos sino de la reducción del gasto. De hecho algunas referencias que se dan están muy poco desarrolladas, son muy endebles. El necesario aumento de los ingresos, ¿cómo se debe traducir? Sé que este es uno de los temas más
polémicos. Se puede realizar mediante un aumento de la participación de la fiscalidad en la financiación de las pensiones, que hasta ahora se limita a los complementos de los mínimos de las pensiones contributivas y a las prestaciones no
contributivas. Esto se podría realizar extendiendo la consideración de no contributiva a algunas prestaciones que ahora se mantienen en el nivel contributivo, pero en general no estoy a favor de que para el grueso de las pensiones se aumente el
peso de la fiscalidad afectando a las cotizaciones sociales. Aunque las propuestas son de diferente tipo. Las organizaciones empresariales, a la vez que reclaman la reducción de las pensiones, insisten en que la reducción de las cotizaciones
sociales vaya acompañada del desplazamiento de la financiación a la imposición indirecta del IVA, que obviamente daría lugar a un aumento de la desigualdad y acentuaría la redistribución regresiva de la renta. Otras propuestas plantean un aumento
en la financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos públicos, sin diferenciar. Yo entiendo que, aunque ese impuesto -el IRPF- fuese el más progresivo teóricamente, no es una buena idea porque implica un desplazamiento de la financiación
de las pensiones al conjunto de la ciudadanía y supone de alguna forma asumir que no es conveniente aumentar el coste salarial, del que las cotizaciones forman parte -porque las cotizaciones son una forma de salario-, para no afectar a la
competitividad de las empresas.


Por otra parte, además, en el contexto de la enorme presión de la troika para la reducción del déficit público -que además se ha constitucionalizado a través de la modificación del artículo 135 de la Constitución española-, trasladar a los
Presupuestos Generales del Estado una parte importante del coste de las pensiones es someterlas a un riesgo mayor del que todavía sufren. A mi entender, el aumento de las cotizaciones se puede realizar de dos formas: una, aumentando el tipo de las
cotizaciones a cargo de las empresas y, dos, ensanchando la base de las cotizaciones al conjunto del valor agregado incluyendo las aportaciones empresariales a los planes de pensiones, que en la actualidad están exentas de cotización a la Seguridad
Social. Esta última fórmula tiene la ventaja de no perjudicar a las empresas intensivas en mano de obra en relación con las más capitalizadas. Es decir que la base de cotización no se establezca

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simplemente sobre las pensiones sino sobre el conjunto del valor agregado, lo cual es plenamente posible. El ensanchamiento además de la base de cotización a los beneficios de otros dividendos no distribuidos no tendría incidencia sobre la
competitividad ya que se impone a los dividendos sin afectar a la inversión. Debería ir acompañada también de un aumento del tope máximo de cotización porque, como ustedes saben, a pesar de alguna política de liberalización de los topes que se hizo
en el pasado, todavía hay una parte importante de los salarios -ya no digo solamente de los salarios de los grandes directivos de la banca y de las grandes empresas sino de los salarios que se pagan en la negociación colectiva- por los que no se
cotiza. Esto podría dar lugar a un aumento de un 20 % aproximadamente en relación con los topes actuales. De una forma u otra ese aumento del gasto en 3 o 4 puntos es muy inferior a lo que han ganado los beneficios sobre los salarios en las
últimas décadas y debería permitir sustraer las pensiones al control del capital financiero, como se pretende también con la sanidad y otros elementos de la protección social.


- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (APARICIO TOVAR), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número
de expediente 219/000356).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio Tovar.


El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Aparicio Tovar): Señor presidente, ante todo debo comenzar por manifestar mi profundo agradecimiento porque con ocasión del debate sobre
la sostenibilidad de las pensiones me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, a esta Comisión que tanta importancia tiene en la historia reciente de la Seguridad Social, para que les exponga algunas ideas. Adelanto ya que son ideas no
exactamente mías sino un poco de la comunidad científica en la que vivo. Son fruto de reflexiones colectivas con mis compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, mis colegas y amigos de otras universidades españolas, también extranjeras, así
como de algunos centros de investigación y de otros tipos de instituciones, en concreto jueces de los tribunales de Justicia con los que habitualmente discutimos en seminarios. En cierto modo yo vengo a ser un poco el portavoz de toda esa reflexión
colectiva. Citando a Beveridge les diría que si a alguien se tiene que colgar por las opiniones vertidas aquí por mí esta tarde es a mí mismo y no a otro. Afortunadamente ya hemos abolido la pena de muerte y no se puede colgar mucho, solo un
poquito. (Risas).


La primera controversia de este debate es si tiene justificación suficiente el detonante que lo ha provocado, que no es otro que la urgente necesidad de introducir lo más rápidamente posible un factor de sostenibilidad, previsto en la Ley
27/2011, de 1 de agosto, cuya introducción debía estudiarse a partir de 2027. Esta Comisión me parece que ya ha oído opiniones muy diversas. Ni siquiera todos los miembros que estaban a favor o que firmaron el informe del comité de expertos
nombrado por el Gobierno estaban de acuerdo o eran coincidentes en este punto. Uno de ellos pensaba que habría que retrasarlo hasta 2019. Con todo el respeto por la opinión contraria, no encuentro argumentos de suficiente solidez para que se
cambie el criterio de la Ley 27/2011. La fecha de 2027 estaba elegida porque es el momento en el que las generaciones del baby boom comenzarán progresivamente a alcanzar la edad pensionable, por tanto se entendía que era el momento de analizar los
defectos de los cambios demográficos sobre el sistema de Seguridad Social. Introducir hoy el factor de sostenibilidad para conjurar peligros que en los próximos años pueden producir cambios demográficos creo que no tiene mucha justificación. Los
expertos en demografía insisten en que la fórmula del INE elegida en la redacción final del informe no dice en absoluto que la situación real dentro de treinta o cuarenta años vaya a coincidir con lo que resulta de la misma, sino todo lo contrario.
Con seguridad no coincidirá porque lo que arroja la fórmula elegida es el resultado de aplicar a los datos de hoy una ecuación matemática que no puede tener en cuenta sucesos de la vida futura.


Hay otros métodos, lo que no es desconocido por los redactores del informe, ya que en el borrador del mes de abril se utilizaba otro criterio y los resultados que aparecían eran sensiblemente distintos a los que se ven en el resultado final;
el coco demográfico era bastante menos alarmante en aquella primera redacción. ¿Por qué ese cambio de criterio? No lo sé. La subida de la esperanza de vida se ha debido, como todos ustedes saben, en importante medida a la reducción de la
mortandad infantil, que desde luego no va a seguir reduciéndose mucho más. Por otro lado, los recortes en sanidad y servicios sociales, la caída de la renta de los trabajadores, que está dando lugar a una creciente desigualdad y en muchos casos a
una mala nutrición y falta de higiene, pueden traer como consecuencia una reducción de la

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esperanza de vida. El Instituto Nacional de Estadística ya ha anunciado algún dato preocupante en ese sentido y en esta Comisión han tenido ocasión ya de hablar de ello, según creo o he visto en el 'Diario de Sesiones'. Se ha aducido una
segunda razón, que desde 2011 las cuentas de la Seguridad Social arrojan déficit. Es cierto, pero ese déficit es coyuntural debido en importante medida a la caída de los salarios y al aumento del desempleo, que arrastra a su vez la caída en las
cotizaciones. Además de otras medidas, a las que aludiré más adelante, para eso está el Fondo de reserva. El viernes pasado, como se acaba de decir, conocíamos la noticia de que será necesario tomar 3.500 millones de euros del Fondo de reserva
para sufragar la paga extraordinaria de verano. Bueno, recurrir al Fondo de reserva en este momento de aguda crisis no es nada alarmante. Como con toda sensatez ha dicho la ministra de Empleo, para eso se creó el fondo. Hay que tener en cuenta
que el grueso de las previsiones de la Ley 27/2011 ha entrado en vigor en enero de este año, y esta es una ley -también se acaba de ilustrar sobre ese punto- que se quiera o no ha endurecido las condiciones para tener derecho a una pensión de
jubilación al modificar parámetros tan importantes como el cálculo de la edad pensionable, la prolongación de la vida laboral o la base reguladora, lo que trae consigo inevitablemente una reducción de las pensiones, como se acaba de decir aquí. Que
unos meses después de la entrada en vigor de una norma, que resultó muy amarga para quienes se van a jubilar a partir de ahora, se vuelva con otra modificación que, lo más probable, a pesar de todos los cálculos, endurecerá todavía más las
condiciones de acceso a la pensión, no tiene justificación porque, en contra de lo que aquí se diga, no haría otra cosa sino crear una sensación de inseguridad, que es totalmente contraria a lo que es la idea esencial de la Seguridad Social. Creo
que ustedes son conscientes de que en los últimos años ha habido un bombardeo mediático para crear dudas en la gente sobre el futuro de las pensiones. Creo que una de las primeras obligaciones de los poderes públicos es despejar de modo contundente
todas esas dudas insidiosas.


Otra razón podría ser la de atender a las exigencias hechas por la Unión Europea -también se ha aludido aquí a ello-, pero me parece que tampoco es consistente. Algunos altos exponentes de la Unión Europea de un modo claro y abierto están
pidiendo a España nuevas reformas que debiliten aun más la posición de los trabajadores en la relación de trabajo y modifiquen in peius las reglas de cálculo y de acceso a las pensiones a cambio de suavizar las exigencias del equilibrio
presupuestario. Parece que se quiere aprovechar la triste y dura realidad que estamos viviendo para dar un golpe brutal al llamado modelo social europeo. El presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, ya lo recuerdan, se permitió
aquella famosa afirmación de social state is gone, el Estado social ha muerto. La Comisión Europea en sus libros verde y blanco de 2010 y 2012 respectivamente recomienda hacer reformas que den como resultado un esquema de pensiones basado en tres
pilares: uno público, obligatorio, que podría ser de reparto, que garantice prestaciones universales mínimas; un segundo pilar, obligatorio pero de fondos de capitalización, que entre nosotros diríamos de modalidad de empleo en manos privadas; y,
en tercer lugar, un pilar, también privado, de fondos de capitalización individuales y voluntarios. No es nada nuevo, esto es lo que en 1994 publicó en un libro el Banco Mundial. La Comisión insiste en que los fondos de pensiones, aun reconociendo
que desde 2008 han tenido importantes pérdidas, han de tener un papel relevante en la economía de la Unión Europea y ser importantes jugadores en el mercado financiero, como se dijo en el G-8. Parece que estos veinte años pasados, desde 1994 a
2013, no han servido nada para que la Comisión aprenda la desastrosa experiencia de los fondos de pensiones para aquellos que los suscribieron, no para los administradores de los mismos. Al final volveré sobre el caso chileno. Aplicar este modelo
en España, que es a lo que en último término conducirían las reformas pedidas, tiene, desde mi punto de vista, problemas insuperables de constitucionalidad y de legalidad. En primer lugar, porque hoy por hoy, de acuerdo con el artículo 153 del
Tratado del funcionamiento de la Unión Europea, la Seguridad Social es una competencia de los Estados que no está atribuida a la Unión; la Unión se limita simplemente a apoyar y complementar la acción de los Estados. Tampoco en el Tratado de
estabilidad, coordinación y gobernanza, ni en el Tratado del mecanismo europeo de estabilidad -que son la legalidad paralela que se ha creado fuera del Tratado de la Unión y fuera del Tratado de funcionamiento para encarar la crisis- podemos
encontrar una base jurídica para que la Unión Europea imponga a los Estados ese modelo de tres pilares. En segundo lugar, porque la Seguridad Social en España -de la que las pensiones de jubilación son una parte esencial de su acción protectora- es
el corazón del Estado social y democrático de derecho, cuyas prestaciones hacen posible la realización de los valores superiores de justicia, igualdad y libertad establecidos en el artículo 1.1. La declaración del Tribunal Constitucional 1/2004 es
meridianamente clara: Hay límites en la atribución del ejercicio de competencias soberanas a la Unión Europea que -leo textualmente- se traducen en el respeto a la soberanía del Estado, de nuestras

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estructuras constitucionales básicas y del sistema de valores y principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución en el que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia. Una doctrina similar fue mantenida por el
Tribunal Federal Constitucional alemán en su sentencia de 30 de junio de 2009, en la que reconocía que existe en la Constitución alemana una garantía de eternidad de la cláusula social del Estado democrático frente a las posibles agresiones por
parte del derecho de la Unión Europea mientras no exista un pueblo europeo sobre el cual repose la soberanía y se dé una constitución auténtica. Nuestro caso es igual. En fin, las presiones de la Unión Europea orientando en el sentido indicado la
reforma de la Seguridad Social son ilegítimas. Todos nosotros, pero de manera especial el Poder Legislativo, es decir, ustedes tienen la obligación de contestar al señor Draghi que no pueden matar el Estado social si antes no cambiamos la
Constitución.


Podría argumentarse que con la introducción del factor de sostenibilidad no se pone en cuestión el sistema de Seguridad Social. Es cierto, en abstracto no, pero depende de cómo se articule y de los efectos que produzca. Cualquier reforma
de la Seguridad Social sabemos todos que tiene que moverse dentro de los límites impuestos por la Constitución, en concreto por los artículos 41 -por cierto, absolutamente desconocido en el informe-, 50, 1.1 y 9.2, que son fundamentales. El
artículo 41 impone a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad. El artículo 50 obliga a los poderes públicos a
garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. La suficiencia de las prestaciones está ligada a los valores de justicia, libertad e igualdad, para cuya realización
los poderes públicos deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, artículo 9.2. El primer poder público obligado es el Legislativo, obviamente. En importante medida, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social está mal enfocado, porque se ha desplazado desde hace varios años la discusión hacia los medios para cuestionar los fines del sistema de Seguridad Social. El mensaje catastrofista -y aquí no comparto la opinión de mi estimado colega que
intervino en primer lugar acerca de que inevitablemente entraremos en turbulencia y habrá grandísimos problemas; no, la Seguridad Social puede superar perfectamente, no hay tanto debate en ese punto, al menos no hay unanimidad- de que las pensiones
no se podrán pagar en el futuro solo es posible si hay un poder público que incumpla las obligaciones impuestas por la Constitución. La obligación de todos los poderes públicos -en concreto, del Legislativo- es buscar los medios para cumplir el
fin, que no se puede discutir, porque la opción por la Seguridad Social -por decirlo con palabras de nuestro maestro Alonso Olea- es una opción que ya está tomada por el constituyente de 1978, no por este Gobierno ni por el anterior, ni por la
Comisión Europea, ni por nadie más. Este es el mensaje claro que hay que mandar a la ciudadanía.


Además, como ustedes bien saben, tampoco el Poder Legislativo es libre para hacer cualquier reforma en esta materia, porque la Seguridad Social está protegida por una garantía institucional. El artículo 41 de la Constitución -dice la
sentencia del Tribunal Constitucional 37/1994- impone a los poderes públicos la obligación de establecer o mantener un sistema protector que se corresponda con las características técnicas de los mecanismos de cobertura propios de un sistema de
Seguridad Social. La garantía institucional -sigue diciendo el Tribunal Constitucional- impone que no se pongan en cuestión rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen. Conviene destacar tres de esos rasgos: la
publicidad, la obligatoriedad y la solidaridad. La Seguridad Social es, por definición, siempre pública; no existe Seguridad Social privada. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, es una función del Estado. Los fondos de pensiones,
colectivos o individuales, obligatorios o voluntarios, no son Seguridad Social, sino algo muy antiguo: ahorro. La Seguridad Social es obligatoria porque si no, no existiría. No puede dejarse a la gente, como dijo sir William Beveridge, la opción
de pertenecer o no pertenecer al esquema protector porque, si así fuera, los que tienen menos posibilidades de sufrir estados de necesidad -es decir, los más ricos- no se integrarían en él. Todos tenemos que estar en el sistema, especialmente los
más ricos. Por eso tiene que ser pública, porque solo el Estado puede imponer por ley obligaciones a los ciudadanos. Y en tercer lugar, solidaridad, que en Seguridad Social no es una palabra hueca de uso propagandístico; se expresa a través de
dos técnicas muy concretas: la ruptura de la relación sinalagmática entre lo que se aporta y lo que se recibe y la consideración conjunta de las contingencias. Cuando se habla de ruptura de la relación sinalagmática sobre lo aportado y lo
percibido se quiere decir que la Seguridad Social es una institución corporativa que crea un ámbito jurídico en el que los sujetos incluidos en su campo de aplicación, a resultas de la posición que ocupen en el mismo, tendrán que soportar cargas
-obligaciones- y ventajas -derechos-, pero no hay relación directa entre cargas y ventajas, entre

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aportaciones y prestaciones. Será la ley la que establezca unas y otras, como ha reconocido la sentencia del Tribunal Constitucional 134/1987. Esa técnica exige para su correcto funcionamiento un sistema financiero de reparto, es decir,
que los actuales activos financien las prestaciones de los actuales pasivos, lo que da lugar a una solidaridad intrageneracional -de los sanos con los enfermos, por ejemplo- e intergeneracional, de los jóvenes con los viejos. Es un terreno en el
que está excluida la voluntad individual y, por tanto, el contrato. La consecuencia es que la ley establece la suficiencia de la prestación, que no está ligada directamente a la capacidad contributiva de los sujetos, a lo aportado. Es decir, de
esta forma podremos conseguir que se produzca una redistribución de rentas desde los que tienen más hacia los que menos tienen.


Esto nos lleva al asunto de la contributividad tal como se está entendiendo últimamente que, en mi opinión, emponzoña un tanto el debate sobre la sostenibilidad. La contributividad no quiere decir otra cosa que los sujetos obligados a
hacerlo deben contribuir al sostenimiento del sistema. Las opciones son hacerlo mediante impuestos o mediante cuotas calculadas sobre los salarios. Nuestro sistema, como otros muchos, utiliza un esquema mixto, que es bastante razonable. El modo
más correcto de clasificar las prestaciones del sistema es si se exige o no para tener derecho a las mismas superar o no superar la prueba de la necesidad. Las prestaciones que exigen la superación de la prueba de la necesidad son las que llamamos
asistenciales. Los sistemas de Seguridad Social que merezcan ese nombre deben dispensar el grueso de sus prestaciones sin prueba de la necesidad; hay razones históricas muy potentes que exigen esto. Solo mediante las prestaciones sin prueba de la
necesidad se puede conseguir el objetivo de la igualdad a la que aspira el sistema. Lo único que debe pedir el sistema en ese tipo de prestaciones es que se cumplan determinados requisitos del hecho causante sin ninguna consideración a la situación
personal del sujeto protegido. En lo sistemas de financiación mixta, como el nuestro, para algunas prestaciones, como la jubilación -pero, atención, no con todas- esos requisitos están ligados al cumplimiento previo de algunas obligaciones, en
especial de cotización, y de modo correlativo la determinación de la base reguladora, sobre la que se obtiene la cuantía de la prestación, guarda una cierta relación con el salario. Es una técnica que busca la suficiencia de la prestación
intentando que el tenor de vida de cuando se es pasivo no sea muy distinto al que se tenía cuando se estaba en activo. Ese es el sentido de esa técnica, que naturalmente, dependiendo de cómo se aplique, se puede pervertir más o menos. Las
cotizaciones calculadas sobre los salarios tienen la ventaja de que son finalistas, es decir, están adscritas solamente a la garantía de las prestaciones. Cuando el artículo 86 de la Ley General de la Seguridad Social clasifica las prestaciones, lo
hace con otro criterio. Lo hace según el modo de financiación de las mismas y llama contributivas a las prestaciones económicas que enumera allí, que son varias, como todos ustedes saben. Dice que se financiarán básicamente con cotizaciones, pero
fíjense que no está impidiendo otros medios de financiación, como podrían ser los impuestos. La contributividad correctamente entendida se debe entonces predicar del conjunto del sistema, pero no de modo necesario de la relación de cotización y de
la relación de prestación de cada sujeto individual que, como bien sabemos, son relaciones independientes. Pero lamentablemente la contributividad ha dado un viraje en estos últimos años hacia lo individual cuando se la ha hecho acompañar de
criterios como el de la proporcionalidad, que ahora no es entendida como un postulado de ponderación, y del de equidad, que tampoco es entendida de modo tal que tenga que ver con el criterio de búsqueda de la justicia basado en principios que tratan
de conseguir -cito textualmente- una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta -para decirlo con palabras de Aristóteles-.


Desde 1997 la equidad no es más que un reforzamiento de la proporcionalidad, entendida como una relación directa entre lo aportado y lo percibido por cada sujeto individual, que no tiene en cuenta la redistribución de rentas y, por tanto, se
aleja poco a poco de la solidaridad. La idea de equidad que ahora parece imponerse es bastante distinta a la que se expresaba en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que según opina una cierta o importante corriente doctrinal aún sigue
vigente; algunos creemos que no está derogada, pero es discutible. Esta Ley de Bases decía: la Seguridad Social puede contribuir eficazmente a una redistribución de la renta total de la comunidad política según criterios de justicia y equidad y
puede por tanto considerarse uno de los instrumentos para reducir los desequilibrios en el tenor de vida entre los ciudadanos. Prácticamente estaba bebiendo en las fuentes directas de Beveridge y sus discípulos. El juego combinado de la
proporcionalidad, la equidad y la contributividad que se hace ahora supone introducir un razonamiento propio de los sistemas de capitalización dentro de un sistema de reparto como el nuestro, que induce al equívoco, aunque solo sea en la mentalidad
de los sujetos

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protegidos, porque parece tender a una restauración de la relación sinalagmática entre la cuota y la prestación, cosa que -bien sabemos- está vedada en la Seguridad Social.


Diseñar un factor de sostenibilidad que no se pregunte sobre la suficiencia de la prestación sino que -como explícitamente se dice en el informe, página 30-: nace para moderar el crecimiento de las pensiones si los recursos del sistema no
son capaces de soportar un crecimiento mayor, y al tiempo se mueve en la idea de financiación por cuotas y la de contributividad, según se acaba de señalar, es claro que tiene que llevar inevitablemente al equilibrio presupuestario por la vía de la
reducción de las prestaciones individuales. Ciertamente, en el informe se dice que el poder público puede allegar nuevos recursos, pero no se recoge ninguno en la fórmula automática del FEI o del FRA. Por lo tanto, ese piloto automático, al final,
exige volver otra vez a los pactos y a la necesidad de la reforma del sistema si queremos mantener auténticamente el nivel de suficiencia de las prestaciones y por lo tanto una de las ventajas que aquí se ha dicho esta tarde desaparecería. La
sostenibilidad tiene que tener también en cuenta las fuentes de financiación necesarias para la garantía de las prestaciones, que no tienen por qué ser necesariamente solo las cuotas sobre salarios. Si con menos trabajadores se producen más bienes
y servicios es bastante razonable que se recurra, por ejemplo, a un tributo afectado a la financiación de las prestaciones de la Seguridad Social. Es decir, hay que tener en cuenta la productividad. El FEI, el factor de equidad intergeneracional,
se presenta como un instrumento para conseguir la equidad, pero creo que no hay tal, sino que en realidad -como se dice en la página 10 del informe- se trata de proteger al sistema de pensiones de la incidencia sobre el mismo de la mayor longevidad
de los futuros jubilados. Es un razonamiento propio del seguro y no de Seguridad Social. Viene a decirse que, dado que los longevos se aprovechan más del sistema, hay que penalizarles con un coeficiente reductor en el cálculo inicial de su
pensión. Lo sorprendente es que se dice que eso se hace por equidad, porque los que se jubilaron antes tienen una esperanza de vida menor y se aprovecharon menos del sistema. Pero es pasar de la contributividad general a la individual e ir en
contra de la esencia, de la idea de sociabilidad del riesgo, que es fundamental en Seguridad Social porque se culpabiliza al anciano de serlo. Habría que recordar, además, que la esperanza de vida no quiere decir que todos los sujetos protegidos
-como se ha dicho esta tarde aquí-, que son siempre personas de carne y hueso, vayan a vivir esos años; algunos ni de lejos lo harán. Las diferencias de clase, de género o de profesión se dejarán sentir. En concreto, puesto que las mujeres tienen
una esperanza de vida más larga que la de los hombres, serán penalizadas, lo que casi con total seguridad es un caso de discriminación indirecta prohibida. Cambiar la referencia al IPC por el nuevo FRA, que en esencia busca un equilibrio entre
ingresos y gastos, es alejarse de la aspiración a la suficiencia de la prestación y -creo yo- contrario al artículo 12.3 de la Carta Social Europea, ratificada por España, que dice así: Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
Seguridad Social, las partes contratantes se comprometen: 3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.


No se puede hablar de sostenibilidad sin buscar medios para mejorar los ingresos del sistema. Yo encuentro algunos que, sin que sea necesario esperar a una grandísima reforma -que puede ser buena y deseable pero no hace falta, hay medios
más sencillos-, están al alcance de ustedes, del Poder Legislativo. Una de las medidas -se ha aludido ya varias a veces en estos días a la misma- es acabar con el tope máximo de cotización, que por cierto se introdujo en los años ochenta del siglo
pasado, no es tan antiguo, y que hoy está fijado en 3.425,70 céntimos de euro al mes. Quiere decir que quien gana menos de esa cantidad cotiza, es solidario, por el cien por cien de su salario, pero los más ricos, los que ganan más de esa cifra,
dejan ya de participar por encima de ellas en el esquema protector, lo que es desde mi punto de vista una evidente injusticia. Hay otra materia que se puede perfectamente arreglar sin mucho esfuerzo y sin necesidad de entrar en mayores honduras en
el problema de las mutuas. Creo que es necesario acabar con la viciosa práctica de que la Tesorería General de la Seguridad Social corra con los gastos de prestaciones que derivando de contingencias profesionales se hacen pasar por comunes; es el
caso de muchas enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo, como los cánceres. En Francia y en el Reino Unido, del total de cánceres, el 7 % son considerados profesionales o del trabajo; el 13 % en Alemania, pero en España solo lo es el
1 % . Algo no cuadra.


Por otro lado, se deben mejorar los salarios, lo que sin duda repercute en la financiación de la Seguridad Social. Para eso se debería elevar el salario mínimo -que es lo que realmente afecta sobre todo a los ingresos en la Seguridad
Social- e incentivar los convenios colectivos del sector, frente a la tendencia actual de incentivar los convenios de empresa o simplemente no negociar convenios, que es lo que estamos viendo que ocurre últimamente. Los salarios en España -también
se ha dicho esta tarde-

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son escandalosamente bajos. Ya se ha dicho aquí, el salario medio en 2013 es de 1.639 euros al mes. Pero, atención, hablo del salario medio porque el salario más frecuente es muchísimo más bajo, ya que en España hay una diferencia bastante
grande entre los salarios de los directivos y los salarios de los no directivos. La caída del poder adquisitivo desde 2012 es, según aparece en los datos -no soy experto en ello, pero he estado mirando multitud de estadísticas y parece que
coinciden-, de un 2,3 % . Todo esto es coherente con que desde 2012 la participación de las rentas del trabajo en el producto interior bruto ha caído por debajo del 50 % , mientras que la del capital ha superado esa cifra con el consiguiente
aumento de la desigualdad.


Otra medida que se podría poner en práctica es equiparar a los colectivos de reciente integración en el régimen general de la Seguridad Social, como los funcionarios de la Administración del Estado de nuevo ingreso, con la cotización
ordinaria porque como saben ustedes ahora cotizan muy por debajo de ella.


Por último, es necesario acabar con las subvenciones y bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social para incentivar el empleo. Llevamos años con este tipo de técnicas y ya vemos donde estamos, en el 27 % de desempleo. Es decir, es una
medida que no ha funcionado para conseguir empleo, pero drena de recursos al sistema de Seguridad Social. Beveridge llamaría a esto una operación auxiliar de limpieza, con bastante desprecio. Y si además no funciona, hay que abandonarla.


Esas medidas también repercutirían sobre la suficiencia de las prestaciones que es donde, desde mi punto de vista, debe centrarse el debate, porque una prestación suficiente es la que permite el goce de los derechos fundamentales a todo el
mundo reconocido. Quien está en la miseria de facto no tiene derechos. En España el 70 % de las pensiones medias contributivas no llega a 1.000 euros al mes, un 25 % más bajo que la media de la Unión Europea. La pensión media de jubilación es un
poco más, 972,15 euros al mes ahora, en el mes de junio, un 59,5 % -he echado la cuenta esta mañana con una calculadora- del salario medio al que antes nos hemos referido. Por no hablar de las pensiones no contributivas, que ya hemos visto lo bajas
que son.


Es muy alarmante que el 26 % de los hogares tengan como referencia a un pensionista. Con la tasa de desempleo que tenemos -en torno al 27 % - introducir un factor de sostenibilidad que de modo automático traería una reducción de la pensión
es, desde mi modesto punto de vista, contrario a lo previsto en nuestra Constitución, según lo que ya antes he argumentado. Las pensiones en España, por el contrario, deben subir y no por ello serían insostenibles. Repitamos los datos de Eurostat:
En 2010 nuestro gasto en pensiones era del 10,7 % del producto interior bruto mientras que el gasto medio en la Unión Europea era del 13 % ; la presión fiscal en España es de un 32,6 % , mientras que en la Unión Europea es del 40 % , y ello sin
hablar de fraude fiscal. Es decir, hay un largo camino que nos queda por recorrer para mejorar las pensiones y alcanzar mayores cotas de igualdad sin que por ello cruja nada ni se hunda el sistema. Reducir las pensiones del sistema de Seguridad
Social a un mínimo para complementarlas con un fondo de pensiones, además de contrario a la Constitución según lo ya dicho, sería un desastre. En Chile, cuya reforma en un tiempo se presentaba como modélica -ya no-, la imposición que hizo Pinochet
en 1981 de los fondos de capitalización gestionados por entidades privadas -las llamadas administradoras del fondo de pensiones- ha dado lugar a que hoy haya un altísimo número de personas excluidas de toda protección y que más de la mitad de los
que tendrían derecho a una pensión no llegue ni siquiera al mínimo -que es un mínimo bastante bajo allí-, que deberá ser cubierto por el Estado. Tanto liberalismo para que al final sea el Estado el que pague los platos rotos. Pero fíjense lo
curioso, los militares y carabineros no entraron en ese sistema y siguieron en el seguro social o sistema antiguo, como allí dicen. Como ha dicho un gran jurista chileno amigo mío, eran criminales pero no estúpidos (Rumores).


Estamos obligados a mantener nuestro sistema de Seguridad Social, señorías, porque es la garantía de la permanencia y de la continuidad en el alivio de los estados de necesidad. Nuestro sistema debe ser valorado mucho más de lo que lo está.
Tiene una Administración, desde muchos puntos de vista, modélica, eficaz y nada costosa, y además servida por un personal de extraordinaria competencia en quien se puede confiar. Los países de nuestro entorno deberían aprender más de nuestro
sistema para que en Europa la Seguridad Social -cuyo fin es la igualdad- siga siendo ejemplo para el mundo en un camino -cito a Beveridge- hacia la libertad desde la necesidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio Tovar.


Vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Ya saben cuál es el tiempo establecido. En primer lugar intervendrán los portavoces de Grupo Parlamentario Mixto. Señor Cuadra
Lasarte.

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El señor CUADRA LASARTE: Lo primero que quiero es agradecer la exposición que se ha hecho por parte de los ponentes, y lo segundo -ya que estamos en la última sesión de esta ronda, por la que han pasado los componentes de la comisión de
expertos, así como representantes de la patronal, de los sindicatos y los representantes de los distintos grupos parlamentarios- creo que es hora de hacer un balance. A la hora de hacer un balance lo primero que se me antoja es señalar cómo este
debate ha estado condicionado de una forma muy importante por un encargo del Gobierno que ha mediatizado mucho las discusiones. El Gobierno ha creado una comisión que, como en El Génesis, era un poco a imagen y semejanza suya y de la patronal de
seguros, bancas y algunas otras grandes empresas con las cuales estas personas mantenían una vinculación relativamente estrecha. No sé si conocerán ustedes la leyenda de Procusto, un bandido que no sé si era sardo, siciliano o lombardo, que se
dedicaba a asaltar y secuestrar a todas aquellas personas que pasaban por su territorio, a atarlos a su cama -al lecho de Procusto- y todo lo que sobresalía, fueran manos, piernas o cabezas, era algo que sobraba. (El señor vicepresidente, Fernández
García, ocupa la Presidencia). Yo creo que el informe de la comisión de expertos tenía también algo del lecho de Procusto en cuanto que se trataba de que todo se ajustara a una interpretación demográfica muy sui generis y bastante discutida por
cierto y, en cualquier caso, a cualquier fórmula que no fuera entender que el déficit planteado en la Seguridad Social se tuviera que solucionar por una vía distinta a la contención y a la reducción del gasto. Este es el lecho de Procusto que nos
ha tendido esta comisión creada a imagen y semejanza del Gobierno y de la patronal.


El debate sobre las pensiones tiene una problemática propia, es indudable, y guarda relación con temas económicos y demográficos, pero después de escuchar las dos últimas intervenciones yo creo que guarda relación con una contrarreforma
global que nos ha venido marcada desde fuera, desde la troika y desde el Gobierno del PP. Se ha señalado por el señor Aparicio que el Estado social ha muerto. Yo creo que más que morir lo que se está haciendo es intentar matarlo. Esto es lo que
tenemos encima. Existe una contrarreforma global que se está practicando en distintos ámbitos: en el ámbito laboral, creando paro, que vacía las arcas de la Seguridad Social; en el ámbito financiero, con una transferencia ingente de recursos
públicos a la banca privada para solucionar todos sus rotos y descosidos, en vez de dedicar este dinero a las prestaciones sociales; una contrarreforma social, pues existen analogías evidentes entre lo que se quiere hacer con las pensiones y lo que
se ha hecho ya con educación y la sanidad; y por último, estamos abordando aquí un tema, el recorte de las pensiones, para seguir expurgando de las arcas públicas y de los bolsillos de 9 millones de personas lo que es necesario para solucionar esos
problemas de déficit público entendido de la forma como lo entienden la troika y la banca.


Los objetivos de esta contrarreforma, en la cual encajan perfectamente estos recortes de las pensiones, tienen que ver con una ingente transferencia de dinero público de las rentas más bajas a las rentas más altas y a la banca, con la
destrucción de derechos y conquistas laborales y sociales logrados a través de bastantes décadas de pelea, con la creación en cualquier caso de un nuevo marco legal y social que posibilite al capital, a las rentas altas y a la banca incrementar sus
tasas de ganancia, y -esto tiene que ver también con el tema de las presiones- con abrir más que nichos, yo creo que serían cementerios enteros, al capital privado para que se haga con partes importantes de la educación, la sanidad y las pensiones
públicas. Esta es la película que me ha quedado después de todas estas comparecencias, después de escuchar a los dos últimos intervinientes.


Quería realizar una única pregunta a don Mikel de la Fuente, ya que viene de Euskal Herria, del País Vasco. La reforma de las pensiones de 2011 no fue suscrita ni refrendada ni por la mayoría de las fuerzas políticas, ni sindicales ni
sociales existentes allí. Fue una reforma que, aparte de tener un contenido reaccionario, desde mi punto de vista también era sustancialmente antidemocrática. Quiero hacer una pregunta y termino. En aquel rechazo hubo reivindicaciones que tenían
que ver con la soberanía reclamada para Euskal Herria en materia de Seguridad Social y de pensiones. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema?


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siento no haber podido oír las tres intervenciones, pero parte de la del segundo interviniente y la totalidad de la del tercero son particularmente ilustrativas para quien les habla. Yo no he tenido la fortuna de
conocer la leyenda de Procusto. No sé si la conoce muy bien tampoco el señor Cuadra en tanto en cuanto no puede identificar su nacionalidad. (El señor Cuadra Lasarte: Sí, sí). En todo caso, sí conozco la leyenda del sistema chileno, que fue
configurado por el Gobierno

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pinochetista pero tuvo un diseñador, un ingeniero, el señor Piñera, no el actual presidente de Chile, su hermano. No solo se excluyó a los carabineros y altos funcionarios militares y al ejército, sino también a altos funcionarios de la
Administración chilena. No sé hasta qué punto los diseñadores de ese sistema eran unos apologetas de un sistema de capitalización puro que se ensayó casi como fórmula experimental, como si Chile tras el golpe de Estado fuera una suerte de
laboratorio donde ensayos de esta naturaleza y otros similares que llevaron a la quiebra y a la ruina a este país se pudieran realizar con la legitimidad que proporcionaba la potencia dominante en aquellas épocas.


Dicho esto, quiero decirle que en el tiempo de que disponemos, señor presidente, nosotros no podemos hacer una glosa de tantas reflexiones tan abigarradas, tan relevantes y que además comparto en sus propios términos, como seguramente mi
buen amigo Enrique las comparte también. En relación con este informe, cuya solvencia y solidez ha sido glosada por algunos portavoces del Gobierno antes, pretérito imperfecto, cada vez se oyen menos glosas y menos reflexiones apologéticas en
relación con la calidad del informe, sí en los primeros tiempos, nos hemos encontrado a través de las sucesivas comparecencias con algo verdaderamente singular, primero las críticas de los que presentaron votos particulares, particularmente el
profesor Tortuero y algún otro, que también comentó la ausencia de todo tipo de referencia al ordenamiento jurídico, como si el ordenamiento jurídico fuera algo manifiestamente irrelevante en relación con lo que se denominan eufemísticamente canales
democráticos para la reforma del sistema, canales democráticos que parecen los de Viena, por lo intrincados; todos, menos los del ordenamiento jurídico, los demográficos, los econométricos, los vinculados a la prospectiva sociológica, en fin, todo
menos el ordenamiento jurídico. Hay que recurrir en una institución de esta naturaleza, donde se legisla, a la fictio iuris de que el ordenamiento jurídico no existe, cosa que llama poderosamente la atención. Dicho esto, incluso los apologetas,
los redactores del informe, entre otras personas tan relevantes como el jefe de estudios del BBVA o importantes personas de Unespa, fueron particularmente autocríticos y recelosos con las propuestas realizadas por ellos mismos. Qué no decir de las
intervenciones de los expertos ex post, los que no han participado en la redacción del informe, ninguna reflexión positiva que yo haya oído -no he oído la primera, lo siento, no me he podido disculpar-, ni una sola reflexión positiva en relación con
el contenido del informe. Luego, la pregunta casi de naturaleza kantiana que hay que plantearse ahora, el dilema con el que nos topamos es quién sigue defendiendo este informe y si este informe va a servir de soporte a algún tipo de propuesta
normativa que vamos a conocer probablemente a corto plazo, en tanto en cuanto los apologetas se han difuminado en alguna tercera o cuarta dimensión. Desde esa perspectiva, no solo es la ausencia de requerimientos a dos preceptos, que son los que
consagran o configuran nuestro sistema público de pensiones. El señor Cuadra ha hecho una reflexión importante, nuestro sistema público de pensiones es un sistema estatal, pero que no es estatal por la naturaleza de las cosas o por los
requerimientos del ordenamiento jurídico, tendría que ser compuesto por los requerimientos del ordenamiento jurídico. Hay una disposición en el Estatuto de Autonomía de Gernika, la transitoria quinta, que establece que corresponderá al Gobierno
vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio, en un régimen de concierto. ¿Por qué? Porque la fuente de financiación de la Seguridad Social no es una fuente tributaria, es una fuente basada en cotizaciones
sociales obligatorias. Esa es la única justificación de la utilización de un nomen iuris diferente al concierto económico, la del convenio.


Al margen de esta circunstancia, que no vamos a refutar ahora porque este es un tema que está muy desgastado en esta Cámara, quiero decir que no sé cómo se puede realizar un ordenamiento jurídico sin atender a los requerimientos del
ordenamiento constitucional, de la jurisprudencia constitucional, muy prolija, que consagra los derechos constitucionales de los futuros pensionistas y de los actuales, utilizando además elementos discutibles, uno de los cuales es la desvinculación
de las revalorizaciones desde la perspectiva de la suficiencia que ha sido comentada, de la evolución del IPC, cuando hay numerosas sentencias, se podrían glosar varias, ya desde el año 1987, en relación con los Presupuestos Generales del Estado del
año 1985, y me refiero al sinalagma entre el pensionista y las obligaciones de los poderes públicos en el momento de garantizar una pensión de naturaleza pública, de carácter universal para todas las situaciones de necesidad y suficiente, si el
sinalagma no forma parte del derecho de propiedad privada consagrado por el artículo 33 de la Constitución. Si se puede disponer, como manifestación específica que es del derecho de propiedad, el derecho a una cuantía determinada de pensión, sin
una invocación de causa pública del derecho a una cuantía determinada de pensión basada en la contributividad, sin un expediente de expropiación y sin la correspondiente indemnización. Sería muy interesante glosar otra vez la sentencia tantas veces
citada aquí del año 1987, interpuesta en forma de cuestión de inconstitucionalidad

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por el extinto Tribunal Central de Trabajo en relación con la Ley de presupuestos del año 1985, donde se incorporan por primera vez las medidas anticúmulo. De todo eso se ha prescindido, y uno se pregunta por qué se prescinde de los
requerimientos del ordenamiento jurídico cuando se intenta ordenar el futuro del sistema de pensiones, y se recurre a los conocimiento brillantes, legítimos, que yo respeto profundamente desde el respeto debido, desde quien ignora estas enigmáticas
ciencias, endosándole la responsabilidad a demógrafos de todo tipo, a económetros de todo tipo, a economistas de todo tipo, a sociólogos e incluso a historiadores, por no citar los perfiles profesionales de algunos de los que han compuesto esta
comisión de expertos. Voy a creer en la independencia porque uno todavía, a pesar de su larga experiencia y de su luenga presencia en esta Cámara, tiene un punto de ingenuidad, señor presidente, que intenta mantener. Voy a pensar que el jefe de
estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es una persona que hace un esfuerzo de independencia a la hora de especificar cuales son las previsiones respecto al futuro del sistema público de pensiones, y los miembros vinculados a la patronal del
seguro, también. ¿Por qué no vamos a pensar que son independientes? Pero son independientes como lo somos todos. Desde una perspectiva aristotélica...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Señor Olabarría, le ruego que termine.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.


Desde una perspectiva aristotélica, independiente no es nadie. Todos tenemos nuestras previsiones, todos tenemos nuestras invocaciones, todos tenemos nuestro acervo intelectual, todos tenemos nuestra estructura intelectual. Desde esa
perspectiva, ustedes han dicho cosas muy importantes, pero lo más importante es la vinculación -y con esto acabo de verdad, señor presidente- a un elemento que se produce ex post a la adquisición de la condición de jubilado como es las expectativas
de vida, que es algo promediado por el Instituto Nacional de Estadística, uniformador y desvinculador del carácter individualizado que sirve para configurar la pensión que corresponde a cada ciudadano en virtud de su carrera de seguro, de lo
contribuido, de las bases de cotización que le han afectado, la configuración de su período de carencia, etcétera, la vinculación a algo ex post, cuando el sistema de pensiones se basa en su configuración por elementos ex ante, anteriores a la
adquisición de la condición de jubilado, como son todas las circunstancias que he dicho, si no es un cambio de modelo, se le parece mucho. Me gustaría conocer su opinión sobre si estamos ante un cambio de modelo o estamos ante una situación en
donde requerimientos de naturaleza ajenas al ordenamiento jurídico nos llevan a esta reflexión -y con esto le prometo solemnemente, señor presidente, que acabo- que hacía un ministro en esta Cámara con una sinceridad o inocencia digna de mejor
causa, cuando dijo que la única fuente de derecho que reconocen es el ahorro, prescindiendo de las teorías del profesor Kelsen y su estructura de fuentes y la pirámide invertida. Si la única fuente de derecho en este momento que, dada la situación
de crisis que nos afecta a todos, es el ahorro, yo puedo terminar de admitir cualquier aberración, porque el ahorro es un concepto metajurídico que puede servir para justificar cualquier cosa. Ahora, si seguimos utilizando los elementos y las
fuentes de derecho, el principio de legalidad, el sometimiento del legislador a los requerimientos de la Constitución y de los tratados internacionales y la supremacía del derecho comunitario, la única fuente de derecho no puede ser el ahorro. No
se puede obstar de un informe pretendidamente magnífico, de una solidez incuestionable, de los requerimientos más elementales del ordenamiento jurídico-constitucional. A nosotros nos acusan de que no somos constitucionalistas...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Discúlpeme, señor Olabarría. Mi laxitud con el tiempo intento que sea exactamente igual que el diámetro de mi cintura, pero en ambos casos he llegado al límite de la elasticidad.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Su cintura es maravillosa; es casi como la de Neymar, señor presidente. (Risas).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Tiene medio minuto más.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Al margen de la circunstancia de su fina cintura, que le tengo que agradecer, quiero decir: ¿dónde están los constitucionalistas en esta materia?


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Tiene la palabra, en nombre de La Izquierda Plural, el señor Llamazares.

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El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero dar las gracias a los tres comparecientes por su comparecencia. Además de valorar sus aportaciones a esta Comisión, que me parecen muy importantes, quisiera hacer también un balance del conjunto de las
comparecencias, toda vez que estamos al final del periodo de comparecencias y, por tanto, nos quedaría en este trámite exprés y sumarísimo la comparecencia de la ministra de Trabajo como paso previo a la imposición de la ley. Digo bien, imposición
de la ley, porque si algo he concluido de las comparecencias es que el Gobierno no cuenta con nadie. No contó con nadie en relación con la llamada contrarreforma de las pensiones y no cuenta con nadie ni en el espacio social -con los agentes
sociales- ni tampoco en el espacio político; no ha contado con nadie. Me da la impresión de que por las comparecencias y el sentido de las posiciones, el Gobierno va a tener muy difícil argumentar el consenso. La verdad es que en los últimos
tiempos ese consenso se dice siempre pero no se corresponde en absoluto con la realidad y menos en este caso, donde hay más bien desacuerdos y confrontación que acuerdo en relación con esta materia.


Yo quisiera comenzar mi intervención hablando de ese trampantojo del Gobierno, esa trampa de la comisión de expertos. Está ya muy claro que esta reforma de las pensiones públicas españolas tiene un autor material, el Gobierno de España.
Puede tener también un autor intelectual y unos inductores. Autor intelectual que pueden ser los fondos de pensiones, el sector de seguros y unos inductores que pueden ser la troika, las instituciones europeas, el Fondo Monetario Internacional,
etcétera. Pero el autor material es el Gobierno. Para ello no necesito hacer ningún tipo de valoración, me basta con referirme al informe que recibió esta Comisión por parte del Gobierno en donde estaban encima de la mesa dos aspectos
fundamentales que nos diferenciaban de los peores regímenes, de los más duros en el marco europeo: el factor de sostenibilidad o de equidad intergeneracional y el factor de corrección de la revalorización de las pensiones. Por tanto, el autor
material de esta contrarreforma -yo diría de este crimen social- es el Gobierno. Reforma que no es inocua -esta mañana lo dijo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, yo diría que es inicua, porque inocuo es que no va contra la justicia;
inicuo es que va contra la justicia y la equidad. Yo creo que esta iniciativa va contra la justicia y contra la equidad.


Se ha visto cómo esta reforma, encadenada con otras, muestra una carencia muy importante en la elaboración de la comisión de expertos y en la posición del Gobierno, y una carencia que no es involuntaria sino voluntaria. Es decir, que no
existieran en esa comisión de expertos, aparte de los intereses que había detrás, ningún experto en derecho constitucional, ningún experto en derecho laboral, apuntaba claramente a intentar soslayar la Constitución. Claramente a intentar soslayar
fundamentalmente el derecho a la Seguridad Social, que aquí se ha glosado por parte de comparecientes y que a mi me parece muy importante. Que no existiera ningún demógrafo o ninguna demógrafa en esa comisión de expertos también apuntaba en un
determinado sentido: la manipulación de la demografía como principal argumento catastrofista del Gobierno. Yo creo que eso está encima de la mesa y en mi opinión es así. Mi grupo afirma que este recorte no solo es ilegítimo sino que es
inconstitucional. ¿Por qué es ilegítimo? Es ilegítimo en un Gobierno que anunció lo contrario. Este Gobierno defendió la jubilación a los 65 años y anunció la reversión de la medida del Gobierno del Partido Socialista, y ahora toma una medida que
recorta lo recortado; ilegítimo. Y es inconstitucional porque, en opinión de mi grupo parlamentario, este Gobierno intenta soslayar dos elementos fundamentales con las dos medidas de corrección. Por una parte, intenta soslayar el derecho a la
Seguridad Social, a una pensión justa, porque vamos camino de una pensión cada vez más injusta, cada vez más insuficiente; e intenta soslayar la revalorización, intenta soslayar la actualización. Esos dos elementos que son, en nuestra opinión,
elementos constitucionales y no solamente elementos legales.


Decía que nuestra valoración respecto a las comparecencias es muy clarificadora tanto en la comisión de expertos como en el resto de los comparecientes. Hay un mantra de la comisión de expertos que a mí me resulta muy clarificador -y vuelvo
a repetir la misma palabra, no encuentro otra-, que es el mantra del tercio; no el tercio de Flandes, no, sino el tercio que la comisión de expertos dice que supuso la reforma de 2011. Dicen: la reforma de 2011 solo fue un tercio de las
necesarias reformas del sistema público de pensiones. Quiere decirse que la deconstrucción del sistema público de pensiones era una deconstrucción parcial. Se trata, por tanto, en estos momentos de una deconstrucción total, que pase de ser un
sistema de medio estar -que es el que tenemos en este país- a un sistema del malestar, del malestar social y también del malestar en materia de pensiones, y para ello se aplica al sistema público de pensiones un criterio general y un criterio
particular que no le corresponden. Al sistema público de pensiones se le aplica el criterio general, que se antepone al derecho a la Seguridad Social, a la Constitución española, se le aplica el artículo 135, modificado mediante modificación
parcial, de la Constitución

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española. Es decir, anteponemos la deuda a los derechos sociales de los ciudadanos. Pero, en segundo lugar, se le aplica al sistema de pensiones un criterio que no le corresponde, el caballo de Troya del sistema público de pensiones, que
es aplicarle criterios de un sistema de capitalización, como es el factor de sostenibilidad, que no es otra cosa que aplicación de un sistema de capitalización a un sistema de pensiones públicas, de contribución, que no tiene nada que ver con el
sistema de capitalización. Creo que esos dos caballos de Troya son los que en estos momentos intentan abrir las puertas del sistema público de pensiones a sus enemigos. Y lo hace un Gobierno que debería tener como principal tarea lo contrario,
defender al sistema público de pensiones de sus enemigos. Bien, nos vemos también ante la situación en que la política no solamente, digamos, deja hacer, sino que colabora en el desmantelamiento de lo público, en este caso en el desmantelamiento
del sistema público de pensiones.


Esas son las valoraciones de mi grupo parlamentario. Sí quisiera hacer una precisión respecto a una de las comparecencias, que también me parecen lúcidas, que se han producido a lo largo de los últimos tiempos aparte de lo que he dicho
respecto a las comparecencias que han glosado a la propia Constitución española y el derecho laboral o el derecho en materia de Seguridad Social. Me refiero a la comparecencia relacionada con la demografía. Después de esa comparecencia tenemos ya
muy claras cuáles son las víctimas fundamentales de esta reforma. Sabemos que en general la reforma apunta a un recorte que atenta contra la suficiencia del sistema público de pensiones. Pero las principales víctimas, y ya no solamente tenemos el
dato de la esperanza de vida, sino que sabemos ya el dato de la mortalidad, y la mortalidad se ha incrementado; o sea, que ya no es, digamos, un dato parcial, sino que tenemos varios datos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Tiene que ir concluyendo, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señor presidente.


Los principales afectados -yo diría: las principales afectadas- son las mujeres, que han sido afectadas en reformas de las pensiones anteriores y que tienen carreras laborales discontinuas, parciales, en nuestro país, y, por otra parte, los
trabajadores manuales. ¿Por qué esa preocupación por la equidad intergeneracional donde hay diferencias como mucho de dieciséis o diecisiete meses y ninguna preocupación por la equidad intrageneracional donde hay diferencias de siete a diez años de
esperanza de vida? Es incomprensible. No estamos hablando de equidad, estamos hablando de otra cosa. Por tanto, mi grupo parlamentario agradece las comparecencias, considera que han sido enormemente clarificadoras y piensa que se ha escrito un
crimen; autor material, el Gobierno; autor intelectual, los fondos de pensiones, los sectores privados de pensiones que creen ganar con esto una parte de la cuota de mercado; inductor o inductores, la troika. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: En primer lugar, quiero agradecer a los comparecientes su presencia en esta Comisión y además, sobre todo, sus aportaciones. Creo que no les sorprenderá nuestra preocupación ante las gestiones que está haciendo el
Gobierno en relación con el sistema de pensiones. En primer lugar, en relación con la Ley 27/2011 quería comentar algunas cosas. Todos los planteamientos que se hacen ahora en relación con la demografía y la esperanza de vida, ya fueron debatidos
previamente, en el tiempo anterior a la ley, pero se hicieron en el ámbito en que era obligado hacerlo, en el Pacto de Toledo, donde ya se habló del envejecimiento de la población, de la baja natalidad, de la inmigración. Por ello, se llegó al
consenso de que eran necesarias las medidas que se incluyeron en la referida ley. Por tanto, no es nueva la preocupación por los cambios demográficos -no entendemos la urgencia- y por su repercusión en el sistema de pensiones español. Pero es
obvia la primera pregunta porque, aunque esto se ha repetido en otras comparecencias, me interesa también saber su opinión. ¿Por qué creen que esta vez no ha sido válido el marco de acuerdo social y análisis, debate y consenso dentro del Pacto de
Toledo como se venía haciendo hasta ahora?


La situación ha cambiado rápidamente, es cierto, pero no por los cambios demográficos a los que están acudiendo, sino por la rápida destrucción de empleo y la situación económica en el sistema de bienestar que están ocasionando las
decisiones de austeridad, y solo austeridad, que está imponiendo el Gobierno del Partido Popular, no solo por las presiones del Fondo Monetario Internacional, no solo por Europa, sino porque les viene muy bien para sus fines. Introducir ahora el
factor de sostenibilidad de forma precipitada pone de relieve una estrategia de utilización de la coyuntura de crisis como coartada para el

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recorte de los derechos. En todas las reformas/recortes realizadas por el Gobierno actual se ha diseñado siempre la misma estrategia: una fase previa de desprestigio del sector al que se iba a reformar o recortar, alarmar diciendo que es
insostenible, culpabilizar a las personas y después acudir como salvadores, tomando decisiones difíciles y dolorosas. Así ha ocurrido con los sueldos de los empleados públicos, con recortes en la incapacidad temporal, con el sistema sanitario, con
los copagos a pensionistas, con la Ley de la Dependencia.


Llegado el momento de las reformas/recortes del sistema de pensiones, ¿a quién culpabilizar? El Fondo Monetario Internacional lo tenía muy claro. Así, en abril de 2012 ya advertía en su informe del riesgo de longevidad, con esa crueldad,
el riesgo de vivir demasiado, de vivir por encima de sus posibilidades. Esto supone una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar el nivel de endeudamiento público y, en paralelo, un riesgo para la solvencia de las
entidades privadas prestadoras de estos servicios. Este es el motivo de la urgencia, de nuevo un riesgo financiero. Esta claro, ante la elección de proteger a las personas o proteger a otras entidades, ya sabemos cuál es la opción del Gobierno.


En segundo lugar, me voy a detener en el factor de equidad intergeneracional, el FEI, que supone aplicar un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Una mayor esperanza de vida, un
logro conseguido con esfuerzo de todos, que la esperanza de vida sea una de las mejores de Europa ahora resulta que es un riesgo. La esperanza de vida es un valor medio; hay personas que vivirán después de los 65 años, veinte años o más, pero
otras pueden vivir uno o dos años. Si viven menos, se cobra menos pensión porque otras personas viven más. ¿Cómo puede saber un pensionista que se jubila en qué lado le va a tocar, en los que viven más o en los que viven menos? Puesto que los
longevos se aprovechan más del sistema hay que penalizarles con un coeficiente reductor en el cálculo inicial de su pensión. Lo sorprendente, como ya se ha comentado también por algunos comparecientes, es que se dice que eso se hace por equidad.
El Gobierno y los expertos se olvidan de que en la mortalidad influyen muchos factores, como el nivel socioeconómico, patologías más o menos graves, trabajo que se haya desempeñado, etcétera, siendo así que las personas con más patologías y menor
nivel económico vivirán menos. De nuevo, las reformas y los recortes serán más injustos para las personas más vulnerables. ¿Se podría plantear algún corrector, creen que se lo plantearán?


Se ha comentado y analizado el impacto de género por algunos de los comparecientes, pero me gustaría también preguntar: ¿puede caer el Gobierno en la tentación de hacer un cálculo por sexo teniendo en cuenta que la mujer tiene mayor
supervivencia? Parece una burla del destino que justo cuando se hace público el informe de los expertos advirtiendo del peligro del envejecimiento se publican los datos el INE donde por primera vez se disminuye la esperanza de vida y se incrementa
la mortalidad, como ya se ha comentado. Es una situación puntual, dicen algunos, pero creo que no; todos sabemos la importancia de los determinantes de la salud: el desempleo, la alimentación deficiente, las viviendas inhabitables, el riesgo de
pobreza, todo esto incrementa la mortalidad. Ya lo advertía David Stuckler en una conferencia que hizo hace unos días en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada: el coste humano de las políticas de recorte. ¿Cómo cambiaría la situación si
estos avances, si estos progresos en la esperanza de vida siguen disminuyendo, cómo cambiarían las cosas?


En segundo lugar, en relación con el factor de revalorización, en este caso utilizado como eufemismo como todo el lenguaje del Gobierno, porque todos sabemos que no va a responder a su significado, no va a aumentar el valor de una cosa, ¿por
qué no se cambia ese nombre del factor actualización que parece que se cuestionaba por algunos de los expertos? En virtud de este factor se sustituyen mecanismos de actualización automática conforme al incremento del IPC por una nueva previsión que
condiciona la revalorización de las pensiones a la situación financiera del sistema de pensiones. ¿Realmente creen ustedes que se van a revalorizar las pensiones? Algunos ya han dado su opinión pero me gustaría que la dieran todos. La pensión
media apenas alcanza los 900 euros mensuales y más del 50 % de todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional. Me gustaría preguntarles, aunque ya se ha comentado en otras comparecencias también: ¿qué
creen que es una pensión suficiente? Cuando estaba preparando la comparecencia no podía evitar pensar en los minijob, y me decía: a ver si nos van a poner también las minipensiones. En el informe de expertos se advierte de que el factor de
sostenibilidad es un mecanismo de alarma para que el Gobierno pueda tomar medidas en caso necesario, y mi pregunta es: ¿Por qué creen que no las han tomado ya? ¿No tendría mayor efecto en las pensiones incrementar el empleo, poner en marcha
medidas que estimulen el crecimiento sobre todo en los mayores? Por ahí hay que empezar según nuestro criterio, eso sí que es una urgencia.

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Por último, en varias páginas del informe se refieren a la importancia de la transparencia, transparencia con una fórmula que es muy difícil de entender para que la ciudadanía pueda participar en el debate público y pueda tener margen para
tomar decisiones en relación con su jubilación. ¿Cómo creen ustedes que puede participar la ciudadanía en estos debates si a los que somos sus representantes no nos están dejando participar? ¿Qué decisiones pueden tomar los ciudadanos, jubilarse
más tarde si su estado de salud y los requerimientos de su trabajo se lo permiten, o elegir un sistema privado de pensiones, que es lo que pretenden? Voy a destacar algo positivo -por destacar algo- no en el informe porque no se hace mención pero
sí en algunas comparecencias, porque se ha puesto en valor la aportación de la inmigración a nuestro país, algo que ahora merece la pena recordar. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. El Gobierno está inventando un futuro que no
nos gusta y haremos todo lo posible por cambiarlo. Quiero terminar de una forma muy sencilla: mi padre siempre me pregunta: ¿crees que el Gobierno me va a bajar la pensión? Contéstenlo ustedes, por favor. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): En nombre del Grupo Popular tiene la palabra doña Teresa Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los tres comparecientes y agradecer su disponibilidad para explicar a los grupos parlamentarios en principio lo que era su opinión sobre el informe acerca del factor de
sostenibilidad elaborado por un comité de expertos, aunque quizás sea de lo que menos se haya hablado hoy aquí. Ante todo debemos partir de lo que es un sentir común compartido por todos -desde luego compartido por todos los miembros de mi grupo
parlamentario por mucho que algunos se quieran empeñar en expulsarnos de ese sentir por meros intereses partidistas de erigirse ante los ciudadanos en una especie de Robin Hood que afortunadamente nadie se cree-, como digo, nuestro sentir de la
necesidad de seguir disponiendo de un sistema de pensiones público de reparto que tenga como objetivo garantizar pensiones dignas y adecuadas, pero no solo a la generación presente sino también a los futuros pensionistas. Insisto en que nadie en el
Grupo Parlamentario Popular tiene otras intenciones ni tiene intención de reformar, en el sentido que algunos expresan nuestro sistema de pensiones sino que lo que se pretende -como digo- es garantizar nuestro actual sistema de pensiones. Para
conseguir esto y para cumplir con lo previsto en la Constitución española de garantizar a los ciudadanos pensiones dignas y adecuadas, es por lo que mi grupo considera que hay que tomar medidas. Además, muchos expertos a los que hemos escuchado
incluso consideran que esas medidas hay que tomarlas ya. He escuchado absolutamente todas las comparecencias íntegramente, y me sorprende escuchar a algunos portavoces que dicen que nadie ha defendido aquí lo que aparece en el informe de los
expertos. Se puede hacer algo tan sencillo como irse a los diarios de sesiones de esta Comisión y se comprobará que eso no es así. Aquí ha habido opiniones para todos los gustos y de eso se trataba en esta Comisión: de tener oportunidad de
escuchar las distintas opiniones que sobre la aplicación de un factor de sostenibilidad pudieran existir. Ya no se puede dudar de que tenemos una población más envejecida en la que además ha disminuido también considerablemente el número de
nacimientos. Algunos cuestionan ahora la validez de las proyecciones demográficas por los últimos datos del INE, que hasta ayer parecían ser sagrados para hacer determinada legislación, pero hoy se cuestionan porque existen otros datos que, como se
ha explicado, son puntuales. Respondiendo en este caso a lo que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, responden a datos del año 2010 a 2011, es decir, en los que el actual Gobierno no estaba aplicando políticas ni en materia de
salud ni de Seguridad Social ni de educación ni de nada de nada.


Si -según ustedes dicen- la gente ha muerto más por esas políticas, será responsabilidad de ustedes y no de este Gobierno al que no se refieren esos datos. Pero como no quiero entrar en esas polémicas -porque ustedes no se merecen este
discurso entre partidos, sino que vienen aquí a otra cosa-, quiero decir que entendemos como un hecho incuestionable que el envejecimiento de la población y la cada vez menor ratio entre cotizantes y pensionistas exigen tomar medidas. Para nosotros
eso es una realidad y es una temeridad, incluso una irresponsabilidad grave, ignorar ese hecho. En un sistema que se basa -como decía uno de los comparecientes- en que unos pagan para que otros cobren, hay que adoptar medidas para asegurar ambas
cosas. De ahí que todos los países de nuestro entorno tengan fijado un factor de sostenibilidad para asegurar sus pensiones públicas. Por lo que aquí se ha escuchado parece que el factor de sostenibilidad fuera un invento de hace quince días. Ya
se hablaba del factor de sostenibilidad y se mandataba en el artículo 8 de la Ley 27/2011; esa que ahora algunos quieren hacer inamovible y que, sin embargo, ya mandataba establecer un factor de sostenibilidad. Lo que entendemos que ha hecho el
Gobierno al encargar este informe es dar cumplimiento a ese mandato, pero escuchando

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previamente la opinión de un grupo de expertos sobre cuál sería el factor a aplicar que haga más sostenibles, viables y garantistas nuestras pensiones. Y eso es lo que estamos haciendo también los miembros de esta Comisión: escuchar
distintas opiniones.


No podemos estar de acuerdo con las calificaciones que desde algunos grupos parlamentarios se dan a los miembros del comité de expertos. Se ha dicho incluso que han estado teledirigidos por parte del Gobierno y que ya iban con un mandato
fijo de lo que tenía que decir ese informe. Si hubiera sido así, le hubiera salido fatal al Gobierno viendo la existencia de votos particulares. Si hubiera querido dirigirlo hacia un sistema privado de pensiones, no se hubiera pedido que distintos
grupos parlamentarios o incluso algún sindicato -como Comisiones Obreras- tuvieran un miembro en ese comité, por tanto, hay cosas que no me parece coherente afirmar.


En relación con estas dos cosas, me gustaría señalar que no se está tratando una reforma del sistema de pensiones, sino de cómo asegurar estas ahora y para las siguientes generaciones, especialmente las que nacieron en esa época que todos
conocemos como del baby boom, y el Gobierno aún no se ha pronunciado. Estamos en una fase de diálogo, de escuchar a técnicos antes de tomar cualquier decisión política, que es la forma más correcta de actuar. Decir lo contrario es faltar a la
verdad, porque si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué llevamos haciendo aquí durante varias semanas? ¿Para qué habrían sido necesarios el informe y las comparecencias de los miembros de esos informes, de los agentes sociales y de personas, como ustedes,
designadas, una por cada grupo parlamentario? Si el Gobierno no quisiera hablar, si los grupos políticos, en este caso el grupo que sustenta al Gobierno, nos habríamos ahorrado todo esto. Por lo tanto, como digo, se está haciendo y se está
estudiando una cuestión de la que ya se hablaba en la Ley 27/2011. Nosotros pensamos que con el factor de sostenibilidad se hace visible lo que el sistema puede pagar por sí mismo, y eso, lejos de ser un peligro, es una ayuda para tomar decisiones
en relación con su viabilidad. Es decir, introduce tranquilidad y no recorta ni congela pensiones, lo que recorta o congela pensiones es que no haya recursos para financiarlas. En este aspecto me quiero referir a la necesidad de agotar el Fondo de
reserva. El Fondo de reserva no puede ser la panacea o la única solución para garantizar las pensiones, máxime si volvemos a encontrarnos con Gobiernos como el anterior, que hurtó al Fondo de reserva más de 15.000 millones de los excedentes de la
Seguridad Social que debieron ingresar en el fondo. Además el factor diseñado por los expertos evidencia los desequilibrios y deja en manos de los canales democráticos la decisión de cómo corregir esos desequilibrios por la vía de los ingresos y
por la vía de los gastos.


Por lo que respecta a los dos factores, me gustaría comentar que los expertos han dicho que es poco probable que el FEI suponga una bajada de pensiones, además se habla de establecer una cláusula suelo para que los pensionistas presentes no
pierdan poder adquisitivo. Y respecto al FRA, ¿ustedes no creen que cumpla la recomendación segunda del Pacto de Toledo y no de ningún comité de expertos?


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Vaya concluyendo.


La señora ANGULO ROMERO: Voy terminando, señor presidente.


No le hablo de ningún comité de expertos, sino de la recomendación del Pacto de Toledo de utilizar otros factores distintos del IPC para revalorizar las pensiones. Eso está dentro de las recomendaciones que esta Comisión hizo sobre el
sistema de pensiones. Por eso para terminar me gustaría plantearles algunas cuestiones. ¿Creen que el sistema es sostenible en el tiempo si mantenemos la situación actual sin aplicar ninguna medida o factor? ¿Creen que solo con lo contemplado en
la Ley 27/2011 es suficiente para garantizar las pensiones presentes y futuras? ¿Son partidarios de agotar íntegramente el Fondo de reserva antes de aplicar ningún factor de sostenibilidad?


En definitiva, los hechos, no solo ya las proyecciones, exigen tomar medidas para asegurar que todos podamos seguir disfrutando de un sistema de pensiones de reparto justo, equitativo, digno y adecuado, pero además fuerte, que se anticipe a
todas las fases económicas minimizando las tensiones que los ciclos económicos puedan provocar. Esto no solo no genera pánico, como decía antes, sino que, al contrario, da tranquilidad. En cualquier caso, nosotros agradecemos las distintas
visiones sobre este tema. Desde luego mi grupo parlamentario las analizará y las estudiará -es de lo que se trataba con estas comparecencias- para, una vez escuchadas todas las opiniones, decidir con mucho mejor criterio. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Concluidas las intervenciones de los portavoces de los grupos, tienen la palabra los señores comparecientes en el mismo orden que antes han intervenido.

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Tiene la palabra don Ángel de la Fuente.


El señor INVESTIGADOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC (De la Fuente Moreno): Visto que he sido con diferencia el que menos se ha extendido, incluyendo a los portavoces, me van a permitir que diga ahora algunas
cosas que quizás debía haber dicho antes, pero entendía que se me hacía una pregunta muy concreta y ahora veo que no, que aquí se puede hablar de todo.


Me gustaría empezar diciendo que nuestro problema demográfico es un hecho, no es una teoría, no es una suposición, es un hecho real, es un hecho científico. España es un país que hasta mediados de los años setenta tenía una tasa de
natalidad muy alta para lo que son los países desarrollados. De repente, a mediados de los setenta, en cinco o diez años, la tasa de natalidad española se desploma y, desde entonces, hemos sido uno de los países con una menor tasa de natalidad en
el mundo. Al mismo tiempo, la esperanza de vida de los españoles -gracias a Dios y a un buen sistema público de salud que ya era alta- ha ido mejorando cada vez más. Nos hemos encontrado con una situación en la que cada vez tenemos menos niños y
cada vez tenemos más viejos; y eso, le den las vueltas que le den es así. Esta situación se ha aliviado transitoriamente durante la segunda mitad de los noventa y principios de la década de los años dos mil con un enorme influjo migratorio. Hemos
tenido un montón de inmigrantes y eso ha invertido transitoriamente, por lo menos ha estabilizado, el problema. Ahora bien, eso ya no es así. De hecho, nuestros inmigrantes no sólo ya no vienen sino que muchos se están yendo; incluso muchos
nativos jóvenes están empezando a irse. Tenemos un problema demográfico se mire como se mire, y es un problema que -he hecho muchos números sobre estas cosas- con cualquier hipótesis razonable incluso muy optimista, sobre la futura evolución del
empleo, sobre la tasa de participación femenina, sobre los influjos de inmigrantes de otros países, esto se puede moderar en alguna medida pero no desaparece.


Durante los próximos cuarenta o cincuenta años la tasa entre la gente que está en edad de cobrar la pensión y la gente que está en edad de trabajar va a cambiar mucho; y va a cambiar mucho en la dirección mala. Nos va a obligar a
concentrar la mayor parte de los gastos crecientes en una fracción cada vez más pequeña de la población española. Esto es así le den las vueltas que le den. Tenemos un problema. Alguno de ustedes, en algún momento, ha dicho que a lo mejor con
políticas de fomento de la mentalidad; vale, pero las políticas de fomento de la natalidad, suponiendo que empezaran a funcionar hoy tardarían dieciséis o dieciocho años en generar gente que pueda empezar a trabajar. O sea que el problema está ahí
y los gobiernos españoles -aquí me van a permitir que exprese mi decepción con los dos grandes partidos- siempre han hecho lo mismo. Cuando no quedaba otro remedio, el Gobierno ha adoptado medidas y ha hecho una reforma que siempre se ha quedado a
medio camino y el partido de la oposición se ha puesto de perfil. Cuando el PSOE, obligado por las circunstancias, tuvo que hacer una ley de reforma en la que se enfrentaba al problema el PP no quiso saber nada de eso. Y ahora que la situación es
la contraria y es el PP el que está en el Gobierno, es el PP el que hace la ley, es el PSOE el que no quiere saber nada de esto. Les pediría que se pusieran de acuerdo y ejercieran su responsabilidad ante los ciudadanos del país y pensaran menos en
sus intereses particulares como partidos.


La Ley de reforma del sistema de Seguridad Social del PSOE fue una ley que iba en la dirección correcta; una ley que ampliaba de forma gradual la edad de jubilación; una ley que exigía más tiempo de cotización y hacía menos generoso el
sistema no por masoquismo, no por joder, sino porque el sistema no daba para más; es decir, la cosa iba en la dirección que tenía que ir. Esa ley planteaba una medida a futuro, aunque la ponía un poco lejos, pero abrió la puerta a una cosa muy
interesante, que es el factor de sostenibilidad. La idea de incorporar al sistema mecanismos automáticos o casi automáticos de reequilibrio que tienen varias ventajas. Una de ellas es que no requieren un acuerdo cada vez que hay que hacer algo,
sino que ya van moviendo el sistema en la dirección correcta sin necesidad de que todos ustedes se pongan de acuerdo. El PSOE no llegó a regular ese mecanismo pero lo puso en la ley, y al cambiar el Gobierno, el nuevo Gobierno se plantea la
necesidad o la conveniencia de dar forma a ese mecanismo y convoca una comisión de expertos para que haga propuestas sobre cómo habría que regular ese mecanismo. Eso es lo que la comisión de expertos ha hecho. La comisión de expertos no ha
intentado cargarse el sistema de Seguridad Social, no ha intentado redefinir el sistema de Seguridad Social, no está hablando de pasar a un sistema de capitalización, y desde luego no son esclavos de la patronal de nadie; son una serie de personas,
buenos profesionales, que han hecho las cosas lo mejor que sabían y punto.


Las recomendaciones del comité de expertos son buenas y, como decía antes, no prejuzgan. Algunos de ustedes pueden estar a favor de hacer lo que haga falta en términos de subir cotizaciones o destinar más dinero de los presupuestos públicos
para mejorar el gasto en pensiones, a pesar del envejecimiento

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si hace falta. Aquí ha salido varias veces la idea de que España gasta menos que Europa en pensiones y es verdad, pero fundamentalmente por una razón y es que vamos atrasados en términos de la revolución demográfica. Esa caída de la
natalidad y ese proceso de envejecimiento de la población que estamos experimentando ahora, empezó en otros países años atrás, y por eso tienen una población más envejecida y en buena parte gastan más en pensiones que nosotros. También tienen
pensiones más altas, pero es que son más ricos; es muy difícil pagar pensiones muy altas cuando los salarios son bajos. No pidamos peras al olmo, seamos realistas. La situación es la que es, no podemos pagarnos un sistema de Seguridad Social a la
sueca -ya lo siento porque estaría muy bien~_. En cualquier caso, la pregunta que se le plantea al comité es una pregunta específica que no cambia la naturaleza del sistema de pensiones y no supone una revolución, supone un ajuste de definir algo
que ya estaba previsto en una ley del PSOE. La forma en que se ha propuesto definir ese mecanismo es muy razonable y muy sensata. Esto, una vez más, no quita que se puedan hacer otras cosas y no es un atentado contra nada. Es razonable y es
sensato porque ¿qué se está haciendo? Se están haciendo dos cosas. Primero, indexar la pensión al aumento de la esperanza de vida. Piensen ustedes que cuando se creó el sistema de Seguridad Social la gente se jubilaba ya a los 65 años y la
esperanza de vida no era mucho mayor. La mayor parte de la gente no cobraba una pensión muchos años, más bien pocos y muchos no llegaban a jubilarse. Desde entonces hasta ahora, aunque ha habido un aumento de la esperanza de vida que, viene por la
disminución de la mortalidad infantil, el incremento de la esperanza de vida de las personas de 65 años ha sido muy notable, ha aumentado mucho. Al llegar a los 65 años ahora la gente puede esperar a vivir del orden de casi veinte años, mientras
que en su día podían esperar a vivir cuatro o cinco. Una pensión de cuatro o cinco años no es lo mismo que una pensión de quince o veinte años; es mucho más caro y eso hay que pagarlo. Además, si las personas que lo tienen que pagar son cada vez
menos, hay que tener en cuenta el problema e intentar adaptar el sistema.


No acabo de entender si aquí se entiende bien o no cómo funciona el ajuste por la esperanza de vida. Se ha dicho que es discriminatorio contra las mujeres, pero para que eso fuera cierto lo que tendría que pasar es que la esperanza de vida
de las mujeres tendría que aumentar más en el futuro que la de los hombres y no es el caso, lo mismo sobre los pobres versus las clases acomodadas, etcétera. No se está hablando del nivel de la esperanza de vida, sino de qué va a pasar y cómo va a
evolucionar en el futuro. No hay discriminación ni de género ni de clase en el futuro, salvo que haya un patrón de evolución de la esperanza de vida que me parece bastante poco probable. Lo más lógico sería que aquellos que ahora están peor son
los que más tienen que ganar con los avances de la medicina y con la mejora del nivel de vida. Los pobres presumiblemente van a estar menos mal con relación a los ricos en el futuro, pero en cualquier caso esa es una especulación y no hay en el
patrón de aplicación de este factor ningún elemento discriminatorio.


El segundo elemento es calcular el factor de actualización de las pensiones. Aquí hay una decisión o una propuesta de extender el sacrificio que hay que hacer y que pueda ser compartido en parte por los que ya son pensionistas. Hasta ahora
han estado aislados de las reformas, siempre se han respetado los derechos adquiridos de los que ya estaban, pero todos los demás hemos estado expuestos al recorte. Quizás no es del todo irrazonable que una parte de los costes que hay que hacer los
tengan que soportar las personas que ya son pensionistas, siempre sujetos a que existan unas pensiones de mínimo. De hecho esto ya ha pasado, es verdad que la ley dice que las pensiones se actualizarán con la inflación, pero lo dicen desde no hace
tanto, debe hacer quince años o alguna cosa así, pero tampoco se ha hecho siempre. En la práctica, lo que hemos tenido y lo razonable además es una especie de compromiso de que se hará cuando se pueda. Ha habido dos veces en las que no se ha
hecho. (El señor Coscubiela Conesa: Hay muchas cosas que no se pueden decir). Se pueden decir muchas cosas. En cualquier caso, el cálculo del factor es muy razonable, es decir, vamos a ver cuánto podríamos pagar sin que haya problemas y si vemos
que no llega, entonces habrá que revisarlo (El señor Coscubiela Conesa: Somos políticos pero no estúpidos). Puede usted estar de acuerdo o no, pero la propuesta no es marciana, no es un atentado contra nada y me parece una forma bastante sensata
de asegurar que nada explota mientras nos ponemos de acuerdo en cambios que pueden ser de mayor calado sobre qué hacemos con el sistema. Me parece una propuesta de elemental prudencia para dejar al sistema bien encaminado, en piloto automático.
Luego hagan lo que quieran con él, pero que no se nos vaya de las manos y que no nos estrellemos mientras esperamos a que se tomen las medidas necesarias en momentos de crisis.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Muchas gracias.

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Tiene a continuación la palabra el señor De la Fuente Lavín.


El señor PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS VASCO (De la Fuente Lavín): En relación con la primera pregunta, del señor Cuadra Lasarte, referente a lo que él llamaba el sistema vasco de
Seguridad Social, como el señor Olabarría recordaba en el Estatuto de Autonomía estaba recogida la transferencia de la gestión de régimen económico de la Seguridad Social en el ámbito de un convenio. Eso no se ha realizado a pesar de que han
transcurrido ya treinta y cinco años desde que se promulgó el Estatuto de Gernika, en 1978. Creo recordar que cuando hubo el paquete de transferencias de 2011 se previó el estudio futuro del asunto, que ha quedado parado. Esa es una transferencia
limitada, porque era una transferencia no de la capacidad normativa del sistema sino de la gestión del régimen económico, pero es un hecho que eso tampoco se ha realizado. Lo que está ocurriendo es que las sucesivas reformas -no solamente esta,
sino también la de 2011, que contó con el desacuerdo muy mayoritario de la población vasca y de sus representaciones sindicales y políticas- han sido vistas como una imposición que ha traído el empobrecimiento absoluto y relativo de las pensiones,
no solamente es el factor de sostenibilidad, también la reforma de 2011. Se expresa -aparte de una voluntad que se está extendiendo como también en Cataluña de tener soberanía- en esto más concretamente, porque está afectando a las condiciones de
vida de la población en materia laboral y de Seguridad Social. Esto es lo relevante, lo relevante no es tanto la cuestión de los flujos, si se gana o se pierde con la transferencia -porque en los últimos tiempos ha estado muy concentrada entre la
gente que defendía que era ventajoso porque los ingresos eran superiores a los gastos, o viceversa-, lo relevante era que hay una reclamación de aplicar otra política, porque las políticas que están llegando del marco estatal -en algunos casos con
acuerdo de los sindicatos mayoritarios estatales y también con acuerdo de la mayoría política- allí, en Euskalerría, son rechazadas, no cuentan con el apoyo de la mayoría sindical y en algunos casos tampoco de la mayoría política, pero de la mayoría
sindical, clarísimamente. Esto es lo relevante, es decir no es tanto una cuestión de si es para ganar o perder en términos de flujos en las relaciones entre Euskalerría y el Estado español, sino para aplicar otra política que defienda los intereses
de la mayoría de la población, que en estos momentos considera que cada decisión normativa que está llegando del Parlamento español no cuenta con apoyo y además tiende a degradar las condiciones laborales y sociales de la población.


El señor Olabarría preguntaba que quién apoya esta reforma. Sí hay apoyo para esta reforma, la apoya la CEOE. A la CEOE le parecía escasa la reforma del factor de sostenibilidad, creía que además de mantener esta son necesarias otras. Yo
creo que la mayoría de la prensa también la apoya. Es decir, que sí es de temer que la reforma de este factor -evidentemente puede haber modificaciones- vaya hacia delante.


Estoy de acuerdo con él en que puede ser un cambio de modelo en lo que representa el FEI. Me parece paradójico -estoy con él- que para defender un derecho social, como es el derecho social a la pensión, haya que invocar el derecho a la
propiedad individual. No me niego, lo que pasa es que es limitado. Yo creo que utilizar la vía del derecho a la propiedad tiene un límite, ya ha pasado en alguna otra sentencia en la Unión Europea en materia social, que se ha invocado el derecho a
la propiedad para defender derechos sociales, pero los derechos sociales hay que tratarlos como tales.


El señor Llamazares decía -y estoy de acuerdo- que los principales afectados son las mujeres y los trabajadores manuales, pero son afectados no necesariamente porque haya decisiones o previsiones del factor del informe de los expertos que
regulen o afecten de forma separada a las mujeres y a los mayores. Por ejemplo, creo que es evidente que el factor de estabilidad va a conducir a una reducción de las pensiones. En cuanto al FEI, clarísimo, lo dice claramente el informe: 19,8 % ,
y en cuanto al factor de revalorización automática, del que hablaré luego, yo creo que también. Eso abre un espacio para las pensiones privadas. Yo no había tocado antes eso, pero creo que está claro que se abre el espacio para las pensiones
privadas, que no podrá ser ocupado por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque los trabajadores y trabajadoras que están viendo reducidos sus salarios no van a poder dedicar una parte de sus ahorros a las pensiones privadas, ya sean
individuales o colectivas. Pero otra parte de los asalariados, los asalariados con mayores ingresos, sí van a acudir a las pensiones privadas para compensar lo que pierdan de las pensiones públicas, y ahí van a perder claramente las mujeres, porque
en las pensiones privadas -y eso viene de una directiva europea- la cuantía de la prestación está en relación inversa con la mayor esperanza de vida. En la medida en que esta reforma conduce a ensanchar el espacio de las pensiones privadas afecta
claramente a las mujeres, porque una parte de sus pensiones va a depender de la esperanza de vida. Y para los trabajadores manuales, porque no contempla en

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positivo, como entiendo que debiera hacer, que la mayor penosidad de su trabajo debe tender no a aumentar su mantenimiento en la actividad, como realizó la reforma de 2011, sino a reducir la edad en la cual pueden acceder a una pensión sin
penalización, y además -algo que yo he dicho en mi intervención- debiera contemplarse una mayor tasa de reemplazo, es decir, un mayor porcentaje de la pensión teniendo en cuenta que van a vivir durante menos tiempo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


La señora Fernández Moya me preguntaba si se podría hacer un cálculo por sexo que perjudicaría especialmente a las mujeres. Por poder se puede hacer. De hecho, en la historia del Pacto de Toledo -yo creo que los más veteranos se acordarán-
hubo algún miembro de alguna Comisión que llegó a proponer que se tuviera en cuenta la mayor esperanza de vida de las mujeres para reducir. Creo recordar que se produjo una dimisión al poco tiempo de aquello, porque iba en contra de toda la lógica
de los sistemas de reparto, que tienden a no penalizar a la gente que tiene mayor esperanza de vida y que compensa, al menos parcialmente, la menor cuantía de sus pensiones por sus menores salarios y por las carreras laborales más discontinuas.


¿Se van a revalorizar las pensiones? Yo creo que se van a revalorizar, pero me va a permitir la señora Angulo que puntualice que en el informe de los expertos no se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Lo que
se garantiza es el valor absoluto de las pensiones. Es decir, que las pensiones no van a reducir su cuantía, sino que se van a mantener, pero no que se van a revalorizar ni siquiera conforme al IPC. Yo entiendo que una revalorización conforme al
IPC evidentemente es mejor que ninguna revalorización, pero no es una revalorización que me parezca adecuada. Desde mi punto de vista las pensiones debieran revalorizarse conforme a los salarios o conforme a los ingresos medios de la sociedad. Una
revalorización conforme al IPC aumenta la distancia entre pensiones y salarios y conduce al empobrecimiento de las personas mayores, porque el empobrecimiento es un criterio relativo, el empobrecimiento tiene que ver con la distancia entre un
ingreso y el ingreso medio de la sociedad.


Alguien se pregunta qué es una pensión digna y justa. Evidentemente, esto es discutible, yo diría que por lo menos un criterio mínimo es que las pensiones deben evitar las situaciones de pobreza. Por lo tanto, una pensión, como mínimo,
debiera evitar las situaciones de pobreza fijadas internacionalmente bajo el criterio de alcanzar un 60 % de los ingresos medios, pero para la mayoría de la gente debe proporcionar un ingreso próximo al salario. ¿Cuánto? Es discutible, 75 % , 80 %
. Pero cualquier cosa que no respete, por un parte, llegar a alcanzar el nivel mínimo para evitar la pobreza, no se puede considerar una pensión digna. Por otra parte, por encima de eso cualquier ingreso que tienda a degradar y que baje un
estándar próximo al salario por lo menos del 75 % , tampoco sería una pensión digna.


¿Van a bajar las pensiones? Yo creo que sí. Van a bajar las pensiones porque está ya programada su reducción en la Ley 27/2011. Lo siento, sé que usted apoyó esa ley, pero esa ley organiza una reducción programada de las pensiones de
notable amplitud. Si ahora se aprueba el informe van a reducirse a doble título porque se acumula una reducción con la otra. Se van a reducir con seguridad por el FEI y muy probablemente también a través del FRA.


Se nos preguntaba a todos si se debe agotar el Fondo de reserva antes de introducir un factor de sostenibilidad. Creo que el Fondo de reserva debe atender a las necesidades acuciantes. En estos momentos hay una necesidad acuciante y a mí
me parece bien que en este momento se haga frente a esta paga y a la otra con el Fondo de reserva. Evidentemente, al ritmo de uso del Fondo de reserva en los últimos años el Fondo de reserva se acabaría relativamente pronto, en seis, siete u ocho
años. Es cierto, pero después lo que habría que hacer no es ya introducir el factor de sostenibilidad ahora, cuando todavía no hace falta y tenemos un Fondo de reserva importante, pero tampoco dentro de seis o siete años, sino que habría que
organizar desde ya y en todo caso poner en práctica en el futuro un incremento de los recursos, no una reducción de las pensiones sino el incremento de los recursos. Creemos que una economía que ha crecido como lo ha hecho la economía española en
los últimos veinticinco años puede permitirse en el futuro tener pensiones más dignas porque hay más gente que es pensionista debido al aumento de la esperanza media de vida, que es un dato positivo. Además de crecer y si no se crece, por lo menos
con otra redistribución de la riqueza que contrarreste los efectos de lo que se ha producido en los últimos años.


El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio Tovar.


El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Aparicio Tovar): Muchas gracias a todos los miembros de

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esta Comisión porque es un placer estar aquí, discutir con ustedes y hablar de temas tan sugestivos, por lo menos para aquellas personas a las que nos interesan desde hace muchos años estas materias.


¿Es necesario hacer reformas? Es que la Seguridad Social está siempre haciendo reformas. Desde 1971 en que empecé a estudiar la Seguridad Social los que nos dedicábamos a esta materia decíamos que era muy árida justamente por esto, porque
se tenía que estar a golpe de boletín todos los días, y no solamente por las leyes. Aurelio Desdentado, un gran jurista y magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, tiene un artículo precioso -si no lo han leído ya, recomiendo que lo lean-
que se llama La nostalgia del sistema, donde hace una crítica justamente a la carencia de técnica legislativa en la legislación en cascada en materia de Seguridad Social que es continua. Hay deslegalización normativa, se mantienen reglamentos que
se dictaron con ocasión de una ley parcialmente vigente y parcialmente no. El volumen de la legislación de la Seguridad Social es enorme. Es una vieja historia. ¿Que hay unos inmovilistas? No, la Seguridad Social nunca es inmóvil, porque la
esencia de la Seguridad Social es su dinamismo, se tiene que adaptar a las condiciones que hay si quiere sobrevivir. Pero eso no es nada dramático, es así, la Seguridad Social es dinámica y por eso existe. Desde que empezó a funcionar el sistema
de la Seguridad Social en 1966 con el texto articulado y ante un sistema de seguros sociales, el cambio ha sido continuo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha degenerado? No, ha sido más fuerte y cada vez más potente. Lógico. Con la Constitución toma
realmente carta de naturaleza un auténtico sistema de la Seguridad Social en tanto en cuanto se hace ya universal, como debería haberse hecho hace muchísimo tiempo.


El problema es hacia dónde van las modificaciones. Ese es el asunto. Se dice en el informe que hay que buscar ahora un factor de sostenibilidad porque el sistema se debe sostener a sí mismo. Eso es una tautología, el sistema no se
sostiene a sí mismo; el sistema se sostiene porque se hacen aportaciones de los sujetos obligados a hacerlas. Lo que tenemos que decir es quién tiene que hacer aportaciones y en qué cantidad. Entonces, querido y dilecto colega, discrepo muchísimo
de la afirmación que hacen frecuentemente los de tu profesión, que hay ciertos datos científicos que son incuestionables: la demografía. Bueno, el borrador de abril del propio informe manejaba los siguientes datos: que en 2060 el aumento de la
perspectiva de vida de los mayores de 65 años sería de 2,5 años. Sin embargo, en el que aparece en la redacción final del informe, en el anexo II, se dice que es de 4 años y 2 meses. Con qué nos quedamos, ¿con uno o con otro? No da lo mismo, es
importante porque pagar pensiones 4 años más o menos no es igual.


En segundo lugar, hay otra cuestión importantísima. Desde 1900 hasta hoy la riqueza española ha crecido 24 veces y la población 1,5 veces. Establecer automáticamente correlaciones entre población y las pensiones no es correcto. El
problema es quién paga y cómo se paga. Es redistribución. En mi intervención anterior he dicho claramente que un sistema de Seguridad Social que merezca ese nombre tiene una técnica muy concreta y por eso se habla de ruptura del sinalagma entre
cuota y prestación; es decir, no se pagan prestaciones de acuerdo con lo que yo he pagado. Eso no existe en un ningún sistema de Seguridad Social y no es así ahora, todavía. Lo que pasa es que se confunde y la gente no acaba de verlo. Ese es el
error gordo del informe que confunde la contributividad general del sistema con la contributividad individual, y ese es un error manifiesto que además tiene problemas de legalidad y la legalidad está para todos, para los economistas incluidos.
(Risas). La legalidad es para todos y no podemos saltarla.


¿Cuál es el asunto? Siempre he tenido gran confianza en el sistema de Seguridad Social. He tenido y tengo gran confianza en ustedes, en los parlamentarios, porque hacen la afirmación públicamente de mantener el sistema público de Seguridad
Social, lo cual está muy bien. Pero eso tiene que transmitirse claramente a la población porque lo que leemos en los periódicos es otra cosa. Incluso, con toda confianza y afectuosidad, el ex presidente del Gobierno señor Aznar ha hecho alguna vez
alguna declaración en algún medio diciendo que el sistema de bienestar ya es insostenible. Lo ha dicho también la señora Aguirre y algunos exponentes de otros partidos. Esto tiene un altavoz mediático pero a usted no la escuchan, señora Angulo.
Yo sí. Me gustaría que la escucharan a usted y no a ellos. ¿Por qué los medios de comunicación recogen unas voces y no recogen otras? Por eso estoy tan contento de haber venido, porque aquí sí hay un cierto consenso de base, más allá de ciertas
dificultades que son útiles. Además, yo creo que hemos de tener una gran confianza en los administradores de nuestro sistema de Seguridad Social. La administración de la Seguridad Social española es ejemplar y creo que basta con que el poder
público haga unas leyes más o menos bien -aunque todo se puede mejorar- para que lo lleven a cabo y lo apliquen bastante correctamente. Yo sigo insistiendo: el problema es la suficiencia de la prestación. Se me ha preguntado: ¿Cuál es la
suficiencia de la prestación? Está claro que tiene que ver con el nivel de la pobreza. Las pensiones nunca pueden permitir que los ciudadanos españoles caigan en la pobreza.

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Los instrumentos de medición de la pobreza -se utilizan distintos patrones- están en el campo de juego del pluralismo político. Algunos partidos pueden tener una opinión sobre cuál debe ser ese nivel y otros partidos pueden tener otra, y es
lícito, porque ese es el campo de juego del pluralismo político porque es un concepto jurídico indeterminado. Pero, atención, no discrecional; no vale cualquier cosa cuando hablamos de suficiencia. Cuando hablamos de suficiencia decimos hasta
aquí sí y hasta aquí no. El problema es lo que siempre se dice cuando nos explicaban qué era un concepto jurídico indeterminado, que un arroyo lo es cuando nace pero luego llega un momento en que ya es río. ¿Cuándo pasa de arroyo a río? Ese es el
margen en el que las mayorías parlamentarias pueden jugar y buscar un acuerdo. Pero, desde luego, sí sabemos que en ciertos momentos es un arroyo, cuando estamos en la pobreza, y que en ciertos momentos es un río, cuando estamos muy por encima de
cubrir las necesidades que permiten a la gente una vida digna. ¿Dónde está? Yo diría que hay que buscar varios indicadores. Para eso ustedes tienen gran sensibilidad social, unos grandes conocimientos y además tienen unas obligaciones y sabrán
encontrar ese punto de equilibrio y enmarcar donde está ese nivel. He dicho en mi intervención que no era tan tonto el sistema de calcular la prestación teniendo en cuenta las cotizaciones, no porque se hubiera cotizado eso y eso fuera lo que uno
aportaba al sistema; lo ha aportado a la caja general, no a sí mismo. Eso sería capitalización. Ya lo decía William Beveridge, que no era ningún revolucionario, dicho sea de paso, que era un lord, que había que tener en cuenta los distintos
niveles de vida y no pretendía que, en una sociedad clasista, se alterasen radicalmente pero que la gente viviese más o menos como había estado viviendo. En el más o menos de nuevo podemos entrar en el punto de discusión, pero creo que el factor de
sostenibilidad no está yendo en esa línea sino que, si se aplica el piloto automático, lo que provoca es una bajada, a no ser que, como se dice en el informe, se inyecten nuevos recursos en el sistema. Pero entonces el automatismo se pierde porque
habría que discutir cuál es la cantidad que tenemos que ingresar. Yo creo que el sistema español hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, con todos sus problemas, y creo que la población está muy tranquila.


Desde una opinión no técnica, sino casi de charla, hay un dato interesante. En los países donde hay un sistema de pensiones públicas fuerte -Francia, por ejemplo- los fondos de pensiones tienen un campo de juego muy pequeño; en los países
-como Estados Unidos- donde existe un sistema de pensiones público débil, los fondos de pensiones tienen un campo de juego mucho más amplio. Es claro, porque el Libro verde y el Libro blanco de la Comisión Europea apuestan profundamente por
desarrollar los fondos de pensiones. Lo dicen. Y yo no creo que este sea el camino más correcto, en mi modesta opinión, que naturalmente dejo en sus manos para que lo consideren, si lo tienen a bien.


Por último, hay una gran parte de la población sueca que está muy disconforme con el cambio que se ha producido en el sistema de cuentas nacionales, muy disconforme. A algunos profesores de Derecho del Trabajo colegas míos no les gusta nada
y preferirían el sistema anterior.


El señor PRESIDENTE: El señor De la Fuente Moreno me había pedido la palabra y yo se la cedo muy gustosamente.


El señor INVESTIGADOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC (De la Fuente Moreno): Intervengo solo para decir una cosa que antes se me olvidó y que creo que es importante. He oído varias veces esta tarde cosas que a mí
me parecen contradictorias e inconsistentes. Por un lado se dice que el sistema que se propone va a generar una bajada de las pensiones y por otro que es innecesario porque no hay ningún problema. Yo quiero dejar claro que una de las cosas que
hace el sistema y por las que me gusta es precisamente porque solo va a bajar las pensiones si hay necesidad. Es un mecanismo en el que si todo va bien, como dicen algunos, y no hay ningún problema, entonces seguiremos actualizando con la inflación
y no habrá ningún problema. Si es verdad que el sistema reduce el valor real de las pensiones será porque el sistema está dando señales de estrés, porque los ingresos están creciendo menos que los gastos. O sea, que o una cosa o la otra; las dos
a la vez, no.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.