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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 346, de 18/06/2013
cve: DSCD-10-CO-346
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 346
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
18 de junio de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Martínez Vázquez), para:
- Informar sobre las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000971) ... (Página3)
- Informar de los planes de actuación al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000800) ... (Página3)
- Informar de las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior ante el asalto a la valla fronteriza de Melilla con Marruecos, que la Delegación del Gobierno de Melilla denomina como 'invasión en toda regla'. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000421) ... (Página3)
- Informar sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de información Schengen de segunda generación (SIS II), y la plena aplicación del acervo Schengen a Bulgaria y Rumanía. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000624) ... (Página3)
- Informar de los reiterados incidentes y la situación de la inmigración en la Ciudad Autónoma de Melilla. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000739) ... (Página3)
- Dar cuenta de los movimientos migratorios y, en concreto, de los reiterados episodios de entrada irregular de inmigrantes que se vienen produciendo en la Ciudad Autónoma de Melilla en los últimos meses, así como de las políticas que sigue
el Gobierno para controlar esta situación. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000765) ... (Página3)
- Que explique los motivos por los que un elevado número de agentes de Policía Nacional intervinientes en las actuaciones policiales contra las movilizaciones ciudadanas de los pasados días 12M-15M no portaban ningún tipo e identificación.
A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000368) ... (Página3)
- Que explique las últimas detenciones de miembros de la banda terrorista ETA en Francia. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000746) ... (Página3)
- Que explique las directrices que se están dando desde el Ministerio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto a la policía nacional, en las situaciones de desahucios y desalojos de ciudadanos y ciudadanas de sus
viviendas, así como la razón por la que la Policía Nacional utiliza la violencia cuando se trata de casos humanitarios y ciudadanos indefensos. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000592) ...
Preguntas:
De la diputada doña Susana Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Tiempo que se tarda en que los traslados de presos se hagan efectivos, una vez que España lo haya solicitado y los países respectivos se hayan puesto de acuerdo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/017792). (Número de expediente 181/001008) ... (Página43)
- Número de presos españoles que pudieron ser trasladados desde cárceles extranjeras a nuestro país en 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/017793). (Número de expediente 181/001009) ...
(Página43)
Del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Nuevas inversiones comprometidas tras la visita del delegado del Gobierno a los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014385). (Número de expediente
181/000769) ... (Página43)
- Inversiones en cuarteles de la Guardia Civil que se van a acometer en los Presupuestos Generales del Estado en el año 2013 en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014386). (Número de
expediente 181/000770) ... (Página43)
- Inversiones ejecutadas en los cuarteles de la Guardia Civil de la comarca del Moncayo en el año 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014389). (Número de expediente 181/000771) ...
- Inversiones licitadas en los cuarteles de la Guardia Civil de la comarca del Moncayo en el año 2012 y que prevé licitar en el año 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/014390). (Número de expediente
181/000772) ... (Página43)
- Causas en las que se basan las denuncias tramitadas en la provincia de Soria durante el año 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/018074). (Número de expediente 181/000959) ...
- Opinión del Gobierno acerca de si a más denuncias más seguridad o si es más conveniente 'prevenir' al máximo y evitar que haya denuncias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/018076).
(Número de expediente 181/000960) ... (Página45)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTÍNEZ VÁZQUEZ), PARA:
- INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000971).
- INFORMAR DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN AL FRENTE DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000800).
- INFORMAR DE LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE EL ASALTO A LA VALLA FRONTERIZA DE MELILLA CON MARRUECOS, QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA DENOMINA COMO 'INVASIÓN EN TODA REGLA'. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000421).
- INFORMAR SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN DE SEGUNDA GENERACIÓN (SIS II), Y LA PLENA APLICACIÓN DEL ACERVO SCHENGEN A BULGARIA Y RUMANÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000624).
- INFORMAR DE LOS REITERADOS INCIDENTES Y LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000739).
- DAR CUENTA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y, EN CONCRETO, DE LOS REITERADOS EPISODIOS DE ENTRADA IRREGULAR DE INMIGRANTES QUE SE VIENEN PRODUCIENDO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN LOS ÚLTIMOS MESES, ASÍ COMO DE LAS POLÍTICAS QUE SIGUE
EL GOBIERNO PARA CONTROLAR ESTA SITUACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000765).
- QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE UN ELEVADO NÚMERO DE AGENTES DE POLICÍA NACIONAL INTERVINIENTES EN LAS ACTUACIONES POLICIALES CONTRA LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS DE LOS PASADOS DÍAS 12M-15M NO PORTABAN NINGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000368).
- QUE EXPLIQUE LAS ÚLTIMAS DETENCIONES DE MIEMBROS DE LA BANDA TERRORISTA ETA EN FRANCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 213/000746).
- QUE EXPLIQUE LAS DIRECTRICES QUE SE ESTÁN DANDO DESDE EL MINISTERIO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, EN CONCRETO A LA POLICÍA NACIONAL, EN LAS SITUACIONES DE DESAHUCIOS Y DESALOJOS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE SUS
VIVIENDAS, ASÍ COMO LA RAZÓN POR LA QUE LA POLICÍA NACIONAL UTILIZA LA VIOLENCIA CUANDO SE TRATA DE CASOS HUMANITARIOS Y CIUDADANOS INDEFENSOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000592).
El señor PRESIDENTE: El objeto de esta sesión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados es sustanciar las solicitudes de comparencia que el propio secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Martínez Vázquez, y distintos
grupos han formulado en relación con una serie de temas que figuran en el orden del día que ha sido previamente distribuido. Existe un segundo punto del orden del día, condicionado a la evolución de la propia Comisión, que consistiría en sustanciar
las preguntas orales generadas por transformación de algunas escritas que, aunque en este caso han sido remitidas con cierta dilación, me consta que la mayor parte sí que han llegado a los interpelantes, en este caso. En consecuencia, al acabar lo
que es propiamente la comparecencia, preguntaré al señor Lavilla, que es el titular de las
preguntas orales, si las mantiene o no en el orden del día. Su compañera, la señora Sumelzo, hizo un escrito de retirada, con lo cual esas ya pueden darse por eliminadas del orden del día, no así las que, como me indicaba el señor Lavilla,
quedarán en función del nivel de satisfacción que la comparecencia del secretario de Estado produzca.
Si me permiten también, antes de iniciar formalmente y ceder la palabra al señor Martínez Vázquez, una felicitación y una condolencia. La condolencia en el caso del señor Jané, vicepresidente del Congreso, por el reciente fallecimiento de
su padre. Entiendo que es el sentir de toda la Comisión y de todos los asistentes transmitirle nuestro sentimiento más profundo y nuestro ofrecimiento de cualquier ayuda que pudiera ser útil para sobrellevar momentos difíciles. Y en el caso del
secretario de Estado, quiero felicitarle -no procede darle la bienvenida a esta casa puesto que la conoce mejor que yo, son muchos años de buen trabajo profesional- y desearle, obviamente, todo el éxito posible en su función porque será un éxito del
conjunto de la sociedad.
Dicho eso, y desde el perfecto conocimiento de las reglas procesales que rigen este tipo de comparecencias, informo que habrá una primera intervención del secretario de Estado; habrá un turno por parte de los grupos, teniendo prioridad
aquellos cuyas solicitudes de comparecencia son coincidentes con los objetos también detallados en la solicitud del secretario de Estado -estos turnos, y permítanme que sea tal vez tenaz hasta la pesadez, tendrán un tiempo máximo de diez minutos,
porque, insisto, suele haber una confusión frecuente entre los tiempos máximos y los tiempos mínimos, los tiempos máximos serían de diez minutos-; se procedería a una nueva intervención por parte del señor secretario de Estado y unas réplicas que
en ningún caso debería exceder los cinco minutos. Todo ello con el fin de que se pueda finalizar esta sesión sin tener una presión o una sobrepresión derivada, como bien saben todos los miembros de la misma, de la celebración del Pleno de esta
tarde. Dicho lo cual, y como creo que no debo ser más extenso, porque así el tiempo lo podrán aprovechar mejor tanto el señor secretario de Estado como los distintos portavoces, doy la palabra al señor secretario de Estado, don Francisco Martínez
Vázquez, insisto, deseándole éxito en su nueva responsabilidad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Muchas gracias, señor presidente.
Miembros de la Mesa, portavoces, señoras y señores diputados, permítanme que comience mi intervención señalando -y lo decía el presidente- que por mi condición de funcionario de esta casa me he sentado en muchas ocasiones en esta mesa, pero
es la primera vez que enciendo el micrófono y hago uso de la palabra. Si me aceptan una reflexión, que tal vez es improcedente pero sí de orden estrictamente personal, les diré que es un honor poder hacerlo y que espero estar a la altura de esta
Comisión y de sus señorías, por el enorme respeto que me merece la institución y la función parlamentaria que todos ustedes desempeñan y porque si durante varios años tuve la responsabilidad de estar a su servicio, desde el pasado 14 de enero he
sido llamado a otros cometidos que exigen la rendición de cuentas ante las Cortes Generales, lo que hago muy consciente de la responsabilidad que supone y de que en ello estriba la grandeza de nuestra democracia parlamentaria.
Señorías, ha pasado un año y medio desde el inicio de la legislatura y seis meses desde mi toma de posesión como secretario de Estado de Seguridad. Los retos, los desafíos de la Secretaría de Estado de Seguridad no han variado en lo
sustancial, puesto que se incardinan en ese esquema de prioridades que el ministro del Interior presentó ante esta Comisión el pasado 31 de enero de 2012 y que se estructuraba en diez grandes ejes de acción. Ha habido, sin embargo, avances en este
periodo que nos permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados y afinar las prioridades en la gestión de un servicio público esencial para los ciudadanos como es la seguridad. Precisamente, en el terreno de las novedades que definen el
contexto en que se desenvuelve el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad, sí me gustaría destacar una novedad como es la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 31 de mayo de la estrategia de seguridad nacional 2013. Es evidente
que el contenido de la estrategia de seguridad nacional excede del ámbito estricto de las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la misma forma que es evidente que las tareas de la secretaría de Estado caen todas ellas bajo el
ámbito de lo que sistematiza la estrategia. Por ello quería al inicio de mi intervención subrayar dos ideas que inspiran el documento y que tienen una importante incidencia en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La
primera es la seguridad integral. Las amenazas a la seguridad están íntimamente relacionadas y deben ser afrontadas de una manera global. La segunda es el concepto central de hacer al ciudadano corresponsable de su seguridad. Evidentemente, no se
trata de hacer dejación de deberes
públicos, sino de incorporar al ciudadano a la importante tarea de velar por su propia seguridad. Proporcionar seguridad es responsabilidad, sin ninguna duda, de los poderes públicos, pero también es un ámbito de corresponsabilidad de los
ciudadanos, sin cuya activa participación e implicación no será posible alcanzar las metas propuestas. La seguridad es en el siglo XXI un concepto complejo, poliédrico, imposible de analizar de manera aislada desde una perspectiva únicamente
policial sin tener en cuenta la evolución de las amenazas, el contexto económico, el contexto social y la demanda legítima que hacen los ciudadanos de un servicio público de calidad, a la altura de una cultura cívica que exige transparencia,
rendición de cuentas, participación y compromiso responsable a los poderes públicos. Ese es, señorías, el desafío de la gestión pública en el ámbito de la seguridad y es, por tanto, el prisma desde el que el actual equipo que tengo el honor de
dirigir quiere evaluar su desempeño. Con este punto de arranque quiero presentar esta mañana, en primer lugar, el balance de la gestión realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad en un año y medio de legislatura y, simultáneamente, las
principales líneas que desde mi toma de posesión he adoptado como prioridades y, por tanto, como ejes estratégicos al frente de esta responsabilidad.
Permítanme para ello que centre esta primera comparecencia en ocho ejes o áreas que constituyen desafíos de la seguridad pero también plantean oportunidades para nuestro país. En primer lugar, hablaré de la amenaza que representan el
terrorismo y el crimen organizado, fenómenos cada día más transnacionales e interconectados, que permiten a España demostrar su compromiso con la seguridad global y la adopción de un enfoque proactivo en la cooperación policial internacional. En
segundo lugar, el desafío de la ciberdelincuencia, un nuevo reto que requiere y, a la vez, impulsa la modernización de nuestras fuerzas policiales, así como la necesidad de colaborar con las instituciones privadas que operan las infraestructuras
críticas y las redes de comunicación. En tercer lugar, la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que se lucran a través de un fenómeno tan lamentable como es el tráfico de seres humanos, lo que constituye un desafío para España y para
Europa, en tanto que nuestra gestión contribuya a la construcción del Espacio Europeo de Seguridad, Libertad y Justicia. En cuarto lugar, me referiré a la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad que adoptan la forma de nuevas tipologías
delictivas que exigen un esfuerzo permanente de actualización de conocimientos y perfeccionamiento constante del trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ponen de manifiesto -si me permiten la expresión- nuevas
tendencias del crimen capaces de alterar la libre y pacífica convivencia de los ciudadanos. Me referiré a continuación, como quinto eje, al ámbito de competencias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a los objetivos que
perseguimos en este campo. Como sexto eje de mi intervención abordaré las medidas impulsadas desde la secretaría de Estado para proteger a lo que de manera genérica denominamos los grupos de población más vulnerables. Seguidamente haré alusión al
objetivo de lograr una mayor transparencia en la gestión pública de la seguridad y una mayor cercanía al ciudadano. El ciudadano no solo recibe un servicio público de seguridad. Como decía al principio, es también corresponsable de su seguridad y,
por tanto, debe ser, si me lo permiten, también cómplice de aquellas políticas públicas encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y a garantizar la seguridad ciudadana. Finalmente, terminaré mi exposición haciendo
referencia a los aspectos relacionados con la gestión eficiente de los recursos materiales y con la mejora de todos aquellos aspectos que, a pesar de parecer instrumentales, constituyen la base imprescindible para lograr la excelencia en la
prestación del servicio público por antonomasia.
Comienzo, por tanto, con lo que anuncié como primer eje, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Señorías, abordar, en primer lugar, los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado parece
coherente con las prioridades que vertebran la gestión al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se traducen cada día en el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, coordinado por los dos organismos que realizan
inteligencia estratégica y tareas de coordinación en cada uno de estos ámbitos, bajo la directa dependencia del secretario de Estado de Seguridad. Me refiero al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y al Centro de Inteligencia contra el
Crimen Organizado. Comenzaré, señorías, refiriéndome a la lucha contra el terrorismo de ETA, en la que todos conocemos el camino recorrido, recordamos a las numerosas víctimas y no bajamos la guardia. No puede haber otra actitud hasta que ETA
desaparezca de manera definitiva, se disuelva incondicionalmente, entregue sus armas y asuma la responsabilidad de sus actos. Hasta entonces, promoveremos la máxima eficacia en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
potenciaremos la cooperación internacional y facilitaremos a jueces y fiscales la aplicación del ordenamiento jurídico penal frente a los terroristas. Estos son los ingredientes de la lucha antiterrorista y
es bien conocido que han dado frutos: eficacia policial, cooperación internacional y aplicación del Estado de derecho por jueces y fiscales. No hay subterfugios ni fisuras, sino una directriz nítida que preside la actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado: aplicar la ley hasta conseguir la desaparición de la organización terrorista cruel y sanguinaria que ha causado un inmenso dolor a varias generaciones de ciudadanos empeñados frente a ETA en vivir en paz y en
libertad. La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con países socios y amigos -y me van a permitir que destaque especialmente la cooperación de Francia, pero también del Reino Unido, Italia, Brasil-, ha permitido
que desde el 22 de noviembre de 2011 hayan sido detenidos 59 miembros de ETA, 13 miembros de la kale borroka, 5 integrantes de los GRAPO, 8 de Resistencia Galega y 21 miembros de grupos terroristas de carácter internacional, bien sean terroristas
yihadistas o integrados en el PKK.
En concreto, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo yihadista, que causa conmoción en la comunidad internacional, podemos afirmar que España es un socio fiable y activo. Los riesgos del terrorismo mutan y se hacen más
difíciles de prevenir y de perseguir y, en consecuencia, no debemos tener miedo a introducir en el debate nuevas herramientas más proactivas y preventivas. Por ello, en el último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea el
ministro del Interior ha propuesto una reforma legislativa para incorporar una nueva definición del delito de terrorismo que incluya el llamado adiestramiento pasivo. La lucha contra el terrorismo internacional debe ser un esfuerzo concertado en
todos los ámbitos, en la prevención de la radicalización, la lucha contra la financiación o la detención de los responsables de las acciones criminales más atroces. En concreto, la prevención de la radicalización aparece como un eje estratégico de
primer orden en la lucha contra el terrorismo yihadista y constituye, por tanto, una prioridad de la acción de la secretaría de Estado, en necesaria coordinación con otros actores públicos y privados, para lograr conjurar una de las amenazas que
socava los cimientos de la convivencia de las sociedades libres. En este campo, desde la secretaría de Estado damos prioridad a la ejecución de la estrategia integral contra el terrorismo internacional y la radicalización, aprobada en 2012 y
dirigida a neutralizar la amenaza que representa el terrorismo internacional y reducir la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, haciendo frente a los procesos de radicalización que lo pueden preceder o sustentar. La estrategia, que se
desarrolla en veintinueve líneas de actuación, fue adoptada en el seno del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista que asume, precisamente, la tarea de coordinar las actuaciones de los organismos e instituciones implicadas en la elaboración,
supervisión y seguimiento de la citada estrategia, con un esquema basado en tres grandes líneas de acción: actuar en el origen y sobre las causas que generan la radicalización, es decir, prevenir; disminuir nuestras vulnerabilidades, es decir,
proteger, y hacer frente a la actividad terrorista, es decir, perseguir.
En esta misma línea de prevención de la radicalización, podemos decir que el campo de acción de la secretaría de Estado tiene también un trabajo específico en el ámbito penitenciario, donde la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias ha actualizado las iniciativas que desarrollaban los centros penitenciarios para prevenir y combatir la radicalización, incorporando la experiencia acumulada durante años, recogiendo iniciativas adoptadas por otros países e intentando
adaptar nuestros controles a las más recientes formas de captar activistas para la yihad o propiciar una evolución ideológica que permita su reclutamiento en el exterior. Este campo, como les he dicho, es una de las prioridades de la acción de la
Secretaría de Estado de Seguridad en la que resulta absolutamente crucial robustecer los vínculos con otros países y fomentar una cooperación eficaz con nuestros socios de la Unión Europea y también fuera de las fronteras europeas. Hemos visto
recientemente cómo la actuación de los llamados lobos solitarios puede generar una enorme alarma social y por este motivo debemos poner medios al servicio de la lucha contra esta amenaza, que se convierte así en una clarísima prioridad.
Permítanme a continuación referirme a la lucha contra el crimen organizado, que amenaza nuestra seguridad interior y la de todos los Estados. Soy muy consciente de que abordo este ámbito de actuación de la secretaría de Estado
inmediatamente después de hablar del terrorismo internacional y lo hago deliberadamente, pues la experiencia policial revela que existen vínculos entre las tramas de delincuencia común, especialmente en actividades relacionadas con el tráfico de
drogas, y los focos de radicalización, sin olvidar las estructuras dedicadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. El crimen organizado es un desafío que debe afrontarse desde una cooperación internacional reforzada, pero,
como todo desafío, es también una oportunidad para que España demuestre su compromiso con la seguridad global. No debemos pasar por alto que la seguridad es también parte de la imagen país que queremos proyectar en el exterior, y lo es en una doble
vertiente: la seguridad interior de España hace más atractivo nuestro país como lugar de destino e inversión, pero al mismo tiempo la aportación que España hace a la
seguridad internacional redunda en su buena imagen exterior. La posición geográfica de España y sus vínculos con América, Europa y África hacen que nuestro país tenga una especial responsabilidad y un peso específico en la lucha contra el
crimen organizado. El otro componente que hace a España especialmente valiosa es la profesionalidad, la excelencia de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los vínculos con las fuerzas policiales de diferentes países. Pues bien, la vigente
estrategia española de lucha contra el crimen organizado para el periodo 2011-2014 pone de relieve la diversidad de delitos de las organizaciones criminales: narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales, cibercrimen, tráfico y explotación de
seres humanos, robo de propiedad intelectual, fraude impositivo y falsificación. Pero también resalta esta estrategia que no son delitos aislados, sino que las mismas redes, los mismos canales de transporte, las mismas operaciones de lavado de
capitales y la misma financiación opaca sirven a un complejo delictual íntimamente entrelazado. Con la coordinación que aporta el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están
logrando resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico. En lo que va de año se han incautado 15 toneladas de cocaína; en todo el año 2012, fueron 20 toneladas. Respecto al hachís, en lo que va de 2013 se han aprehendido 180 toneladas;
en todo el año 2012, fueron 325 toneladas. La mejor prueba de nuestra aportación a la lucha internacional contra el narcotráfico es que España intercepta el 73% de todo el hachís incautado en la Unión Europea y el 41% de la cocaína. Por nuestra
posición geográfica y vínculos culturales, la responsabilidad de España en la lucha contra el tráfico de drogas es especialmente grande, como lo es, como lo ha de ser, la magnitud de nuestra respuesta.
Un problema colateral relacionado con el tráfico de drogas tiene que ver con su almacenamiento y custodia después de la incautación. Entenderán que un nivel tan alto de aprehensiones llevó a provocar un problema de almacenamiento, con el
consiguiente riesgo para la seguridad y también para la salud pública. Por eso, este año la secretaría de Estado, a través del CICO, se ha propuesto mejorar los mecanismos de destrucción de la droga, y así se ha hecho mediante el impulso de las
reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permiten la destrucción automática transcurrido un mes desde la aprehensión y previa toma de muestras, salvo que la autoridad judicial, obviamente, disponga expresamente lo contrario, así como
mediante la ejecución del protocolo de colaboración entre el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en materia de destrucción de drogas, que fue firmado el 3 de octubre de 2012 y que ha facilitado enormemente esta tarea de
destrucción de la droga almacenada. Señorías, aunque cueste creerlo, hasta este año solo existía una relación formalizada entre el CICO y un centro de cremación adaptado para eliminar la droga en España. Dicho centro se encontraba y se encuentra
en Asturias, y ha realizado un magnífico trabajo. Pero evidentemente ese centro no era suficiente. En la actualidad hay ya otros cuatro centros: en Almería, Cádiz, Tarragona y Madrid. El resultado es que además de la sustancial disminución de
riesgos de custodia, el gasto por tonelada destruida ha pasado de 560 euros a tan solo 210. El Ministerio del Interior se ha fijado como objetivo para 2013 destruir toda la droga almacenada. En lo que va de año se ha destruido o están en estos
momentos en proceso de destrucción, 300 toneladas de droga. Pero, sin duda, hablando de crimen organizado, la actividad moral y socialmente más reprobable del mismo es la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay nada más
repugnante que convertir a una persona en cosa, en mercancía. Por esta razón, tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía tienen en vigor y actualizan constantemente planes operativos contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. Se estima que en España hay 12.000 personas víctimas del negocio de la explotación sexual. Pero también en este sector, una acción policial determinada y eficaz ha dado frutos. En 212, casi 1.000 víctimas de explotación sexual
fueron liberadas en España. Pero aún queda mucho por hacer, y para esta batalla las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitarán de una mayor concienciación y colaboración ciudadana.
Señorías, paso a abordar el segundo eje estratégico de la acción de la Secretaría de Estado de Seguridad, el dedicado a la ciberdelincuencia y a la protección de infraestructuras críticas. Actualmente, después de la prostitución y el
tráfico de drogas, el delito más lucrativo a nivel mundial es el cibercrimen. En el espacio virtual tienen cabida prácticamente todas las modalidades delictivas, desde la pornografía infantil, los -si me permiten la expresión- timos tradicionales,
los ataques a sistemas de información a las estafas más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico. Según datos de la Administración de los Estados Unidos, en 2012 las pérdidas debidas al cibercrimen ascendieron a un 1,75% del PIB mundial.
El modelo de negocio del cibercrimen y de las organizaciones criminales que actúan en la red es muy distinto al de la delincuencia organizada tradicional. La infraestructura de Internet permite un modelo en el que no hay jerarquía y sí existen, en
cambio, diferentes grupos que comercializan desde información financiera
hasta malware, exploits, troyanos, etcétera, orientados a cometer delitos, ya sea para la obtención de dinero, datos o información. A esta actividad se le denomina en lenguaje policial crime as a service, el crimen al servicio. Señorías,
en Internet existen auténticos supermercados virtuales del crimen que desconocen las fronteras físicas y cuya condición extraterritorial hace muy difícil la reacción con medios convencionales. Por eso la prevención y la detección del cibercrimen
es, sin ninguna duda, otra de las grandes prioridades estratégicas de la secretaría de Estado.
Como el funcionamiento de Internet es similar en todos los países, las amenazas y los riesgos a los que hay que hacer frente son también muy homogéneos. En esta línea podemos enumerar de manera esquemática las principales amenazas que
derivan de lo que podemos llamar la utilización criminal de la red. En primer lugar, en el ámbito de los menores, además de la pornografía infantil, se dan numerosos casos de grooming (acoso sexual), cyberbullying (vejación), captación de menores
por parte de pederastas en las redes sociales, publicación incontrolada de datos personales, etcétera. Desde la secretaría de Estado hacemos una firmísima apuesta por la protección y la seguridad de los menores, en estrecha colaboración con otros
departamentos ministeriales y con otros países. Algunas cifras son realmente escalofriantes. Por poner un ejemplo, les diré que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estima que hay más de un millón de imágenes pornográficas de
niños en Internet, que crecen al ritmo de 200 nuevas imágenes por día. Los datos de utilización de Internet por menores también son impresionantes. La edad promedio en la que empiezan a usar Internet es a los nueve años. En Europa, de los niños
entre nueve y dieciséis años, el 40% ha buscado hacer amigos en Internet; el 34% ha agregado a su lista de amigos a personas que no conoce, y el 15% ha enviado fotos o vídeos a alguna persona que no conoce. Estas cifras dan idea del tremendo
peligro que corren los menores en manos de entre 50.000 y 100.000 pedófilos involucrados en redes de pornografía organizadas en todo el mundo.
En segundo lugar y continuando con el eje relativo a la ciberdelincuencia, querría referirme a la ciberdelincuencia organizada, dedicada básicamente a la obtención de beneficio económico. Se distribuyen las tareas de forma que unos crean el
malware y otros se encargan de la recogida de dinero en lo que policialmente se conoce como una estructura de mulas. También la delincuencia organizada está detrás de actividades como el robo de datos bancarios, financieros o personales. En este
apartado se puede encuadrar, por ejemplo, la reciente operación Ransom, realizada por el Cuerpo Nacional de Policía, en la que fueron detenidas diez personas de los países del Este, nueve en España, y el propio autor del malware, de nacionalidad
rusa, detenido en los Emiratos Árabes, adonde había ido de vacaciones. Se trataba de una estafa popularizada, conocida como el virus de la policía que infectaba el ordenador y lo bloqueaba, solicitando el pago para su desbloqueo de 100 euros a
través de diversas pasarelas y formas de pago electrónicas. Afectó no solo a España sino a numerosos países europeos y del continente americano. En tercer lugar, el hacktivismo. Los ataques de denegaciones de servicio pueden tener múltiples
intenciones entre las que se encuentran las de índole económica, la competencia desleal entre empresas del mismo sector y la principal motivación que es el mero componente reivindicativo, entre comillas, o hacktivismo en sentido estricto. El
espionaje industrial es también una amenaza real y muy importante puesto que una empresa en la que su principal activo es el know how o la investigación y desarrollo supone que la pérdida de esta información que vaya a parar a la competencia puede
generar pérdidas irreparables. Por último, y también en este ámbito, quiero referirme al ciberterrorismo, que se puede dar bajo dos aspectos, usando Internet como instrumento de ataque a infraestructuras críticas o a objetivos estratégicos. Me
detendré en este último punto para hacer referencia específicamente a la protección de infraestructuras críticas. La nueva estrategia de seguridad nacional 2013 llama a fortalecer la seguridad de los sistemas de información y las redes de
comunicaciones que soportan infraestructuras críticas (redes eléctricas, centrales nucleares, suministro de agua, red de transporte, etcétera). La Secretaría de Estado de Seguridad adopta en este ámbito un compromiso inequívoco apostando por un
modelo de seguridad preventivo, no reactivo, que implique a los operadores públicos y privados en la defensa de los servicios esenciales para la comunidad frente a las nuevas amenazas, no ya de carácter físico sino lógico, que pueden convertir el
uso siniestro de la tecnología en el arma más mortífera.
Señorías, la apuesta por la protección de las infraestructuras críticas nos sitúa en el siglo XXI y en la concepción vanguardista de la seguridad. Estamos ante el desafío de los próximos años e incluso décadas. Ser dependientes de las
tecnologías de la información y las comunicaciones -y todos lo somos- nos hace también vulnerables. Ahora debemos tomar las decisiones que garanticen la paz y la seguridad de las próximas generaciones. Con esta intención, la secretaría de Estado
ha decidido reforzar la plantilla del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el Cnpic, con la incorporación de cuarenta
nuevos especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la creación en su seno de la nueva oficina de coordinación cibernética. El Cnpic, en coordinación con otros organismos públicos y con una política de estrecha
colaboración con los operadores privados, es el instrumento de coordinación de todas las medidas destinadas a prevenir la amenaza terrorista contra infraestructuras de telecomunicaciones, energía, transporte, finanzas, etcétera, imprescindibles para
el normal funcionamiento de una sociedad moderna. Con esta misma finalidad, el pasado 4 de octubre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información firmaban un convenio por el
que se creaba el primer Centro para la respuesta a incidentes en infraestructuras críticas, es decir el primer CERT de infraestructuras críticas. El Cnpic y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Telecomunicación, el Inteco, trabajan en
colaboración para mejorar la ciberseguridad del país combinando el aspecto tecnológico con las demandas de seguridad. En definitiva, frente a las nuevas amenazas España tiene un firme compromiso con la seguridad global y debe hacer valer su
aportación a la seguridad de Europa y de los países de nuestro entorno. En materia de seguridad España va a los foros internacionales a solicitar colaboración para los problemas que la aquejan y no puede acometer en solitario pero también siempre a
aportar y a contribuir activamente. A mayores amenazas globales mayor debe ser el compromiso de España con la seguridad global. No podemos escudarnos en la actual crisis o en la tentación de caer en una interminable introspección para rehusar
nuestras obligaciones en el escenario internacional. No queremos que se diga dónde estaba España cuando hubo que afrontar la amenaza de los lobos solitarios o de la ciberseguridad o de la correcta regulación de los flujos migratorios. España tiene
una actitud proactiva en los foros policiales internacionales, en la cooperación policial contra el crimen organizado, en el impulso de las colaboraciones multilaterales o bilaterales. Es nuestra obligación como país responsable que cree que a las
amenazas globales se les da respuesta en coordinación con nuestros socios, pero esta actitud también es el fruto de la constatación de que lo que hagamos en Europa, en el Mediterráneo, en Iberoamérica o en el ciberespacio redunda en la seguridad de
todos los ciudadanos.
Abordo ya el tercer eje, dedicado a la inmigración y a España como frontera europea. Hace tan solo seis o siete años, señorías, posiblemente hubiera comenzado mi comparecencia hablando de inmigración irregular. En los años 2006-2007
parecía imposible atajar la acción de las mafias dedicadas a este terrible negocio que reduce a mercancía al ser humano. En aquellas fechas, la inmigración irregular era la segunda preocupación de los españoles que sentían que sus fronteras, y en
especial en Canarias, eran vulnerables y asistían consternados a un drama humanitario en el que miles de personas arriesgaban sus vidas. La determinación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, así como de otras instituciones
públicas, y la estrecha colaboración con los países de origen lograron conjurar lo más crudo del reto de la inmigración irregular. Las cifras atestiguan el éxito: en 2006 llegaron a las costas de las islas Canarias 31.678 inmigrantes irregulares y
en 2012 solo 173, un 99,5% menos. En cuanto a las cifras globales totales del año 2012, el año pasado se logró que la inmigración irregular que llegó al conjunto de las costas españolas descendiera en un 30% respecto al año anterior, pasando de
5.441 personas a 3.804. Hay que mantener el esfuerzo y, además, siempre cabe mejorar la ordenación de los flujos migratorios. España siempre ha tenido sus puertas abiertas a quienes han venido a contribuir al futuro y a la prosperidad de este
país, pero la inmigración debe ser un fenómeno regulado y reglado que fomente el respeto a los derechos de los inmigrantes y que impida una inmigración desordenada. Es preciso además garantizar la seguridad de nuestras fronteras y luchar contra las
mafias que trafican con personas. Una pieza clave del control migratorio es una política activa de colaboración con los países de origen y tránsito. Queremos apostar decididamente por las vías de inmigración regladas, controlar en el origen los
flujos de inmigración irregular y colaborar con organismos como la Organización Internacional de las Migraciones en el fenómeno de los retornos voluntarios desde zonas como el norte de Marruecos que sufren una gran presión migratoria. El enfoque,
una vez más, debe ser global. Entre los proyectos para un mejor y mayor control de la inmigración irregular cabe destacar la puesta en marcha del proyecto comunitario Eurosur, el desarrollo del plan piloto Fronteras inteligentes, una activa
política de repatriaciones y acuerdos de readmisión, el refuerzo de la cooperación bilateral, el proyecto de retorno voluntario de inmigrantes irregulares subsaharianos auspiciado por la Organización Internacional de las Migraciones, los planes
policiales contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral y los nuevos mecanismos para la protección de menores extranjeros no acompañados. Un reto de particular importancia es reforzar la seguridad de las fronteras que
sufren más de cerca la presión migratoria. Me refiero a Ceuta y Melilla. Es importante recordar que al reforzar sus fronteras contra la inmigración irregular apoyamos y
alentamos a los ceutíes y melillenses que pueden comprobar cómo un problema que les atañe de cerca suscita la respuesta de todos los españoles. Respecto a la lucha contra la inmigración irregular, tan solo quiero recalcar la vertiente
europea de las tareas que España acomete. Así como en las incautaciones de droga, de acuerdo con las cifras que antes les he expuesto, el esfuerzo de España es superior al de la media de los países europeos, también son los países del sur y del
este de Europa los que realizan una mayor contribución a la lucha europea contra la inmigración irregular. Esa es la razón por la que, cara a las perspectivas financieras 2014-2020 de la Unión Europea, España presentará programas y proyectos para
maximizar la participación en el Fondo de seguridad interior, que incluye el actual Fondo para las fronteras exteriores, y el Fondo de asilo e inmigración, que engloba los actuales fondos para el retorno, para el asilo y para la integración de los
inmigrantes.
Me refiero ahora a lo que he denominado, de manera muy genérica, la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad. Voy a abordar, de forma sintética, un eje de prioridades de la secretaría de Estado que podríamos resumir bajo el título de
lucha frente a amenazas emergentes, que ponen de manifiesto la necesidad de dedicar un importante esfuerzo a la formación y actualización de técnicas, procedimientos y protocolos de actuación para lograr que la respuesta al delito sea siempre más
rápida y eficaz que el propio fenómeno delictivo. Algunas de estas amenazas, señorías, consisten en nuevos focos de radicalización que en algunos casos son conocidos en otros países y que comienzan a tener implantación en España, y de ahí que una
acción preventiva y coordinada sea la clave para evitar la expansión de estos fenómenos. En primer lugar me referiré al movimiento anarquista violento. En referencia a la evolución del anarquismo violento, en Europa encontramos lo que los
servicios de información de las policías europeas denominan el triángulo del anarquismo radical formado por activistas de Italia, Grecia y España. Como en otros fenómenos delictivos, serán Internet y las redes sociales los elementos coadyuvantes a
este desarrollo al favorecer la interacción de estos grupos y su coordinación a nivel global. En segundo lugar existe el fenómeno de las bandas latinas, agrupaciones juveniles delincuenciales y violentas. Se componen de los denominados capítulos
que se financian a través de toda clase de actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad han detectado hasta treinta y nueve grupos entre los que destacan, por su especial acción violenta: Latin King, Ñetas, Domican Don't Play, Forty Two y
Trinitarios. Preocupa también la implantación de las denominadas maras centroamericanas, auténticos grupos criminales organizados y fuertemente jerarquizados, cuya actividad criminal supera a las bandas latinas. Ciertamente en nuestro país no se
dan los factores potenciadores de los países de origen, pero, como no es posible descartar fenómenos de imitación, es también un área en la que los servicios policiales trabajan activamente. En la misma línea están las llamadas bandas moteras,
grupos organizados delincuenciales internacionales con una estructura fuertemente jerarquizada. Se componen también de los denominados capítulos y se financian asimismo a través de todo tipo de actividades ilícitas. Se han detectado hasta un total
de setenta bandas de esta naturaleza entre las que destacan, con nombres ciertamente llamativos, los Hell's angels, Bandidos, Gremiuns, Pawnees, Outlaws y otros. Por último, en este capítulo de las nuevas amenazas, está la proliferación y el
contrabando de material de defensa y doble uso. La comunidad internacional ha venido prestando durante los últimos años una especial atención a la proliferación de armas de destrucción masiva, dados los riesgos -evidentes- que para la estabilidad
internacional conllevan las mismas, especialmente teniendo en cuenta que las zonas de mayor proliferación de este tipo de artículos coinciden con aquellas áreas con una más frágil estabilidad política e institucional. Entre los artículos de
fabricación nacional que mayor preocupación pudieran conllevar desde el punto de vista de la proliferación se encuentran los de las industrias aeronáuticas y espaciales, susceptibles de ser desviados a programas de misiles, así como los aviones
aéreos no tripulados, de gran proyección actualmente y que pueden ser utilizados como medios de lanzamiento por sí mismos. También exigen una especial atención las máquinas y herramientas de gran empleo en todo tipo de programas sensibles y que son
utilizadas para múltiples tareas industriales, desde la fabricación del cono de un misil balístico hasta la mecanización de un tapón de tungsteno para un artefacto nuclear de tipo pistola; todo ello sin contar con el gran número de válvulas, tubos,
aluminios, etcétera, de fabricación nacional que pudieran ser mal empleados para la fabricación de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, intercambiadores de calor de industrias nucleares o columnas de destilación para ámbitos químicos, por
mencionar algunos ejemplos, ámbito en el que la cooperación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con otros cuerpos policiales es intenso y también evidentemente exige una decidida acción preventiva. Me podría referir a otros fenómenos
delictivos de nuevo cuño, pero no hago más larga esta parte de mi exposición. Simplemente citaré aquellos que han llamado la atención de las fuerzas policiales y, por tanto, han generado estrategias concretas
para detectarlos y atacarlos como puede ser el cultivo de marihuana indoor, el cepo capturador en cajeros o cash trapping, la contratación telefónica fraudulenta, el robo de catalizadores, la compraventa ilegal de oro y plata, incluyendo la
venta de oro falso, etcétera.
A continuación, señorías, me voy a referir al ámbito de instituciones penitenciarias, por tanto a las prioridades en el campo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La población reclusa en las instituciones penitenciarias
españolas, excluyendo Cataluña, territorio en el que la competencia es exclusiva de la Generalitat, ha descendido en los últimos años desde la cifra de 65.563 internos en 2009 hasta 58.958 internos en 2013. Conviene poner estas cifras en el
contexto internacional. De acuerdo con datos del World Prison Brief de finales de marzo de 2013, España tenía 68.900 reclusos o, lo que es lo mismo, una población de 149 reclusos por cada 100.000 habitantes. La cifra es superior a la de otros
países europeos, salvo el Reino Unido, que tiene una tasa similar; sin embargo, los grandes países de Iberoamérica, Brasil y Méjico, tienen respectivamente 274 y 209 reclusos por cada 100.000 habitantes y Estados Unidos hasta 716. Actualmente en
el territorio español, excluida Cataluña, como digo, hay en funcionamiento 68 centros penitenciarios, 2 hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social, por lo que en la actualidad hay capacidad suficiente para hacer frente a la situación
de la población reclusa. Próximamente se aprobará la revisión del Plan de infraestructuras penitenciarias en el que se reconsiderará la necesidad de terminar las infraestructuras pendientes de finalización. Se tendrá para ello en cuenta la
evolución de la población penitenciaria, las previsiones de crecimiento y las necesidades de plazas. En aras de una mayor racionalización del gasto, se eliminarán aquellos elementos y equipamientos no necesarios que incrementan el coste de
construcción y mantenimiento. También en los centros de inserción social se están analizando modificaciones en los proyectos para reducir superficie y presupuestos. Se quiere así liberar recursos para dedicarlos a la mejora, sustitución y
ampliación de la vida útil de los centros. En cuanto a los programas específicos de tratamiento penitenciario, se mantienen programas en cuestiones como prevención de suicidios, control de la agresión sexual y resolución dialogada de conflictos.
En 2012 se implantó un programa específico contra el tabaquismo y en 2013 se inicia contra el alcoholismo. En lo relativo a la formación y a la incorporación al mercado laboral en el curso escolar 2012-2013, la participación educativa a comienzos
de curso fue de 18.910 alumnos. En el ámbito laboral se han firmado convenios con diversas empresas para facilitar la inserción laboral de los internos. Durante el año pasado se incorporaron al mercado laboral de manera efectiva un total de 245
internos mediante el convenio firmado con la fundación La Caixa. Se promueve la formación en el interior del centro y las prácticas en el exterior. En 2012 se beneficiaron 1.309 reclusos de las actividades de formación adoptadas en el seno de este
convenio.
Desarrollo a continuación otro de los ejes estratégicos de la secretaría de Estado como es la protección de los grupos más vulnerables. En el asunto primordial de la lucha contra la violencia de género el sistema de seguimiento integral en
los casos de violencia de género ha resultado ser una herramienta de gran utilidad en la prevención de tan repudiable modalidad delictiva. A fecha de 31 de mayo de 2013, el sistema de violencia de género gestiona información sobre un total de
273.312 mujeres víctimas, de las cuales más de 68.000 se encuentran en situación de caso activo y se han realizado un total de 1.245.582 valoraciones de riesgo desde la fecha de entrada en funcionamiento de este sistema que fue el 26 de julio de
2007. El sistema, al permitir la conexión de las distintas policías, instituciones penitenciarias, jueces y fiscales, al realizar valoraciones sobre los niveles de riesgo y adoptar medidas de protección policial necesarias, establece una tupida red
que permite un mejor seguimiento y protección de forma integral y efectiva de las víctimas de violencia de género. Teniendo en cuenta su diseño modular y escalable, el objetivo que persigue en estos momentos la secretaría de Estado es extender este
sistema a otros colectivos vulnerables como mayores maltratados o abandonados, niños y adolescentes en situación de riesgo o discapacitados entre otros. En cuanto a las mejoras que pretendemos impulsar, incluiremos nuevas versiones de formularios
de valoración del riesgo, ampliaremos su capacidad técnica para enviar de forma automática mensajes telefónicos a las víctimas advirtiendo de situaciones de riesgo y concluiremos la interconexión con el sistema de información de gestión
penitenciaria, permitiendo con ello conocer en tiempo real los permisos y movimientos de internos penados, así como la conexión con sistemas policiales receptores de denuncias.
Por lo que se refiere, señorías, a los menores, la Secretaría de Estado de Seguridad desarrolla el acuerdo de colaboración en casos de desaparición de recién nacidos en cuya virtud se han creado sendos puntos de contacto en el Cuerpo
Nacional de Policía y en la Guardia Civil con la finalidad de canalizar los diferentes flujos de información y recabar la colaboración ciudadana en los momentos inmediatamente
posteriores a la desaparición, ya que, como es sabido, las horas inmediatamente posteriores a la misma son cruciales. Además, el sistema realizará todas las gestiones relacionadas con la desaparición y facilitará la tramitación de las
denuncias, activándose, como es lógico, la oportuna investigación policial y judicial.
A continuación voy a abordar otro de los ejes prioritarios en el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad como es la apuesta por un modelo de gestión pública de la seguridad que haga a los ciudadanos partícipes y corresponsables de
las decisiones. Para ello el primer requisito es obviamente proporcionar adecuadamente la información sobre los fenómenos delictivos en España, es decir apostar por la transparencia. En esa órbita se encuadra la decisión de hacer públicas las
estadísticas de criminalidad, con periodicidad trimestral, lo que nos ofrece una imagen de la delincuencia en España que permite adoptar planes específicos en los que se plasma ese esfuerzo de participación al que antes me he referido y que afecta
tanto a otras administraciones públicas como al sector privado y a los propios ciudadanos. No se pueden establecer planes de seguridad para los mayores sin contar con sus opiniones; planes contra los robos en el campo sin conocer las opiniones del
sector; un plan turismo seguro sin las recomendaciones de hoteleros, restauradores, turoperadores y ayuntamientos de localidades turísticas. Resulta una obviedad, pero no se debe olvidar. Debemos obligarnos a pensar siempre en primer lugar en el
ciudadano, en lo que quiere y necesita para servir mejor a sus intereses. Señorías, las cifras nos sitúan como uno de los países más seguros de Europa, probablemente el continente más seguro. La tasa de criminalidad en España fue en 2012 de 48
delitos por 1.000 habitantes. En el primer trimestre de 2013 la tasa bajó un 2,5% sobre el mismo periodo del año anterior. En comparación, países como Francia, Alemania o Reino Unido tienen tasas superiores; solamente por referirme a los que he
citado: 53,9, 74,4 o 67,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Otro factor que no deja lugar a dudas sobre la baja criminalidad en nuestro país es la tasa de homicidios, que en 2012 fue de 0,84 por cada 100.000 habitantes, una de las menores de
Europa y del mundo. En la Secretaría de Estado de Seguridad somos conscientes de que proporcionando un alto grado de seguridad ciudadana se favorece a amplios sectores económicos. La seguridad no es solo un valor social sino que tiene también un
claro valor económico. Uno de los sectores que se beneficia directamente de una España con altos índices de seguridad es, obviamente, el turismo; prueba de ello es que el 82% de los más de 57 millones que llegan a España de turismo cada año son,
si me permiten la expresión, repetidores. Pues bien, además de las acciones generales de seguridad ciudadana estamos promoviendo iniciativas concretas de apoyo al turista extranjero que se encuadran en el Plan turismo seguro y que se basan en la
participación de ayuntamientos y diputaciones para crear las oficinas del Servicio de atención al turista extranjero, los llamados SATE. El objetivo es ofrecer a los turistas que sean víctimas de una infracción penal una atención personalizada y,
en la medida de lo posible, en su propio idioma. Para ello se cuenta con la colaboración entre expertos policiales e intérpretes. En marzo de 2012 el ministerio del Interior inauguró en Málaga la primera oficina del SATE en la Costa del Sol y está
además en funcionamiento un Servicio de atención al turista extranjero en Madrid y firmados los convenios para su apertura en Marbella y en Benidorm. En breve se firmará también con el ayuntamiento de Gandía y están en estudio convenios con
Sevilla, con varias localidades de las Islas Baleares, con Almuñécar o con la provincia de Cádiz. Además de los SATE, el pasado 30 de mayo pude firmar un convenio con la Universidad de la Islas Baleares para proporcionar estudiantes, traductores e
intérpretes en prácticas a las comisarías y cuarteles, de tal manera que puedan prestar ayuda en la atención a los turistas extranjeros que no hablen español. La intención es extender esta modalidad de colaboración con la universidad a otros
ámbitos territoriales y, por tanto, a otras universidades.
Otro de los ámbitos en los que es imprescindible la participación en el diseño y ejecución de políticas de seguridad es el de los robos en el campo. De 2010 a 2011 los robos en el campo aumentaron en un 32%, de 2011 a 2012 aumentaron en un
14%, sin embargo en los cuatros primeros meses de 2013 las cifras permiten apreciar que ese incremento se va moderando y que la cifra se estabiliza. Para hacer frente a esos delitos ya en abril de 2011 se puso en marcha el Plan contra el robo en
instalaciones agrícolas y ganaderas. El plan ha conseguido mejorar las tasas de esclarecimiento del último año, aumentar el número de detenidos e imputados y frenar el fuerte incremento existente. En todo caso se van a tomar nuevas medidas para
abordar el problema de una forma global. La Guardia Civil ya está preparando el lanzamiento de una nueva fase del plan con énfasis en la mejora de la inteligencia sobre dicha criminalidad y la puesta en marcha de un sistema de denuncias
electrónicas. Se han comenzado a elaborar mapas de cultivos, evidentemente con la colaboración del sector, con informaciones sobre periodos de maduración y fechas de recogida para orientar e intensificar la vigilancia en cada zona en los momentos
críticos. Otro aspecto de la delincuencia que se ha recrudecido en los últimos años es el robo del cable de
cobre, que afecta no solo a particulares y sus instalaciones, sino incluso al tendido eléctrico; por tanto tiene un evidente impacto en la prestación de servicios esenciales. La entidad de esta problemática ha hecho necesario poner en
marcha medidas adicionales que complementen a las que se habían venido adoptando hasta el momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde la secretaría de Estado se está impulsando una respuesta de carácter coordinado promoviendo
un plan de actuación contra el robo de cobre que incluya a todos los sectores afectados. A tal fin ha dado comienzo un calendario de actuaciones que incluye la activación de diversos grupos de trabajo en los que se analiza este problema y se
abordan líneas de actuación para su resolución desde distintos enfoques. Por un lado, conforman un grupo todos los órganos de la Administración General del Estado con competencias en la materia; evidentemente además de la Secretaría de Estado de
Seguridad están la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría General de Industria, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, etcétera. Por otra parte, se ha activado otro grupo con todos los
representantes del sector industrial relacionado con la elaboración y manipulación del material de cobre. En tercer lugar, se encuentran los principales agentes públicos y privados que gestionan o utilizan los servicios públicos o redes de
distribución que padecen una parte importante de la comisión de estos delitos. Por último, se ha conformado otro grupo de trabajo con los especialistas en la materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas.
De los trabajos ya realizados se ha obtenido una primera definición de los distintos ámbitos de actividad a los que se deben orientar las medidas que se encuentran actualmente en estudio, y en concreto se han identificado las siguientes áreas:
medidas a adoptar por empresas u organismos titulares o usuarios de redes o servicios víctimas de estos delitos, medidas a adoptar en relación con las empresas productoras de cobre, medidas a adoptar en relación con las empresas de recuperación y
reciclaje y las operaciones de compra venta, medidas relativas al transporte por carretera de material de cobre, medidas de control sobre la exportación, medidas policiales, medidas normativas y lo que podríamos llamar medidas complementarias, en
las que entrarían acciones formativas o de divulgación.
El esfuerzo por acercar las tareas de seguridad a los ciudadanos y crear esa cultura de seguridad se impulsa no solo promoviendo la participación ciudadana en asuntos como los distintos planes a los que he hecho referencia, sino también
fomentando una mayor transparencia en el trabajo de las fuerzas policiales; colaboración ciudadana por un lado y mayor escrutinio por otro, así se profundiza en la democratización. En consonancia con lo anterior, uno de los objetivos estratégicos
del ministerio es acercar a los ciudadanos a la labor desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello se ha puesto a disposición de los ciudadanos diversos canales de información y medios ágiles de intercomunicación que
permiten, entre otras funciones, denunciar actividades delictivas de forma segura y confidencial. Un buen ejemplo, si me lo permiten, es el funcionamiento de la cuenta de Twitter del Cuerpo Nacional de Policía, que la semana pasada alcanzó los
500.000 seguidores. En el mundo solo hay un cuerpo policial que supera esta cifra, que es el FBI. Es además un canal muy seguido por nuestros jóvenes y sirve tanto para mandar recomendaciones de seguridad como para abrir una vía novedosa para
hacer llegar denuncias o información a la Policía. Por esta vía la Policía recibe de media unos 150 mensajes de denuncia, que son obviamente muy útiles en las investigaciones. Por último, y en este mismo esfuerzo de proximidad al ciudadano, se
encuentran aquellas iniciativas que pretenden facilitar el cumplimiento de trámites absolutamente cotidianos. En concreto, y como ejemplo, para atender a los distintos colectivos con problemas de desplazamiento se han habilitado 93 equipos para la
tramitación del DNI dirigidos a la atención de la población rural, de las personas internadas en centros hospitalarios, en centros penitenciarios y, en general, a aquellas personas que por sus condiciones físicas no pueden desplazarse a una oficina
policial.
Termino, señorías, con una referencia obligada a lo que he denominado octavo eje de prioridades de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la gestión de los recursos materiales en tiempos de fuertes restricciones. Si todo reto debe
interpretarse como una oportunidad, el reto de afrontar unos presupuestos más ajustados da lugar no a una sino a dos oportunidades -si me lo permiten-: por un lado, nos fuerza a racionalizar el gasto, revisar la oportunidad de determinados
programas, potenciar otros y buscar mayor eficiencia en todos ellos; por otro lado, la revisión de los gastos en pro de una mayor racionalización facilita otra gran oportunidad, como es la de la modernización. Son dos realidades que se
retroalimentan. La búsqueda de la racionalización en el gasto nos empuja a apostar por la modernización, y esta por su parte es una magnífica herramienta para aumentar la eficiencia y contener el gasto. La Secretaría de Estado de Seguridad está
acometiendo un ambicioso pero en todo caso necesario esfuerzo de austeridad
que ha permitido en un solo año reducir la deuda del departamento en más de 157 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011 la deuda reconocida era de 217 millones de euros, mientras que en la actualidad es de tan solo 60 millones, una
reducción del 72% en dieciocho meses. Además de esta reducción de la deuda se ha logrado al mismo tiempo que se reduzca el gasto de la secretaría de Estado, que ha disminuido en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 en un 9,8%. Lo más
importante es que todo ello se está llevando a cabo sin que se hayan resentido los resultados obtenidos en el ámbito de las competencias de la secretaría de Estado, como lo acreditan algunos de los datos que ya les he facilitado. Así pues, se ha
logrado reducir sensiblemente la deuda contraída, reducir el gasto de la secretaría y, sin embargo, mantener un alto grado de prestaciones. Es preciso en todo caso seguir avanzando en el uso eficiente de los recursos disponibles. Además de lo
hasta ahora expresado, la Secretaría de Estado de Seguridad desarrollará un plan estratégico de gestión de infraestructuras con el triple objetivo de: mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario afecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, facilitar la planificación de las inversiones, establecer estándares constructivos y de calidad para de este modo potenciar el ahorro y la eficiencia energética de las instalaciones y avanzar sistemas de mantenimiento integral con vistas a
potenciar la sostenibilidad de las nuevas construcciones.
El reto de menos presupuesto se ha traducido en una decidida apuesta por la modernización en el asunto crucial de los sistemas de información, bases de datos y sistemas de comunicación que utilizan de manera conjunta las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Durante la presente legislatura se han fijado por tanto dos objetivos principales: primero, consolidar, mejorar y actualizar todos los sistemas activos adaptándolos al nuevo esquema nacional de seguridad y, segundo,
desarrollar nuevos proyectos para mejorar la seguridad del ciudadano y su relación y comunicación con las fuerzas policiales. Voy a destacar solo cuatro proyectos. El primero es el proyecto Fronteras Inteligentes, una prioridad de la Unión Europea
y de España. Tiene un presupuesto de 15 millones de euros para el periodo comprendido entre 2013 y junio de 2015. El proyecto se pondrá en práctica en los aeropuertos de Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y Tenerife Sur, así como en el aeropuerto
de Algeciras y en su última fase incorporará un centro nacional de gestión y coordinación de fronteras. El proyecto Fronteras Inteligentes mejorará el control de los ciudadanos que provengan de fuera del espacio Schengen, tanto ciudadanos europeos
como de fuera del espacio, y harán más fluido el tránsito de viajeros, algo que estamos seguros de que agradecerán nuestros visitantes, nuestros turistas.
El segundo es un sistema de localización de vehículos robados en carretera en tiempo real. Se utilizarán para ello los equipos instalados en carretera por la Dirección General de Tráfico y permitirá el envío de datos de coches robados para
efectuar la baja temporal inmediata del vehículo.
El tercero consiste en el desarrollo del nuevo sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado, que el nuevo Sirdee, que permitirá incluir todas las novedades tecnológicas de banda ancha que las comunicaciones de las
fuerzas policiales. Se prevé que el nuevo servicio entre plenamente en funcionamiento el 1 de enero de 2016.
El cuarto, para mejorar las capacidades de comunicación de los ciudadanos con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil, es que antes de finales de este año se pondrá en funcionamiento el denominado Simasc, sistema de movilidad de
alertas de seguridad ciudadana. Se trata de una aplicación móvil, o App, que permitirá agilizar la comunicación de incidentes, incorporar información como fotos, video, o posición de los mensajes, establecer multicanales, chats o multimedia. Por
otro lado, el sistema quiere eliminar dos barreras: la lingüística para facilitar las denuncias de turistas, y la auditiva para que personas con discapacidad puedan también comunicarse con los servicios de seguridad, con las fuerzas policiales a
través de pictogramas.
Señorías, termino ya mi comparecencia con un mensaje final. He tratado de poner de relieve que, ante amenazas transnacionales e interconectadas, España puede y debe demostrar su compromiso con la seguridad global y su enfoque proactivo en
la cooperación policial internacional. No vamos a Europa a buscar fondos. Vamos a Europa a aportar soluciones y a construir y reforzar ese espacio de seguridad, libertad y justicia que es, sin duda, uno de los mayores y mejores logros de la Unión
Europea. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la sociedad civil, las empresas, las universidades, las asociaciones, tienen gran parte del conocimiento y los medios sin los que sería imposible abordar muchos de los desafíos de la
seguridad. Ante los posibles vaivenes económicos y presupuestarios se debe responder con estrategias flexibles, que sepan mantenerse fieles a la misión de seguridad que los ciudadanos nos encomiendan y con la visión puesta en el futuro que queremos
alcanzar. Para ello, es necesario ser flexibles, no cejar en el esfuerzo por modernizar continuamente medios y estructuras, y es necesario
hacer más con menos; es decir, mejorar la eficiencia. Y, por fin, ante los ciudadanos que nos exigen mayor seguridad, ante los grupos que plantean problemas que les afectan directamente, debemos contentarles no con palabras sino con
hechos, involucrándoles directamente en el diseño y en la puesta en práctica de planes y dispositivos de seguridad. La seguridad es algo demasiado serio, demasiado cercano a valores como la libertad y la justicia como para dejarlo en las exclusivas
manos de los poderes públicos. En materia de seguridad, como en tantos ámbitos de la política, debemos profundizar en la democratización. Facilitar que el ciudadano sea partícipe de las decisiones que afectan a su bienestar es el mejor tributo que
podemos hacer a su propia libertad.
Por último, si el escenario que he descrito es complejo, si el escenario en el que nos encontramos es complejo, es posible en cambio defender un proyecto ilusionante de gestión pública de la seguridad. Y es así en grandísima medida por el
extraordinario valor del amplio equipo humano que presta servicio en la Secretaría de Estado de Seguridad. Los más de 25.000 funcionarios de prisiones, más de 70.000 policías y más de 81.000 guardias civiles constituyen el mejor recurso que los
españoles tienen al servicio de su seguridad; hombres y mujeres que nos permiten estar cada día orgullosos porque sabemos que, gracias a ellos, España está en la vanguardia mundial de la lucha contra el crimen. Señorías, este es el principal
activo de la Secretaría de Estado. No en vano la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía son las instituciones más valoradas por los españoles. Créanme que conociendo de cerca su trabajo entiendo que así sea y estoy seguro de que hoy, más
que nunca, España prosperará si somos capaces de adoptar en muchos ámbitos, también en el de la gestión pública y en el de la gestión política, el modelo que para todos representan hoy policías y guardias civiles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Va a haber ahora una referencia explícita a aquellas materias que han sido coincidentes en las solicitudes de los grupos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Abordo a continuación las comparecencias que han sido solicitadas incluidas en el orden del día, con el permiso del señor presidente.
En primer lugar, empiezo por la comparecencia que reúne tres solicitudes de información del Grupo Socialista relativas a la Ciudad Autónoma de Melilla. La situación geográfica de Melilla la hace especialmente atractiva para las
organizaciones mafiosas que trafican con inmigrantes subsaharianos hacia Europa. Los asentamientos situados en las faldas del monte Gurugú son un centro de reunión para los que intentan acceder de forma irregular a Melilla mediante el asalto de su
valla fronteriza que, en ocasiones, sufre ataques masivos simultáneos desde varios puntos distintos. Estos asaltos son un reto no sólo para las fuerzas de seguridad españolas, sino también para las autoridades marroquíes, cuyo despliegue militar
alrededor del perímetro fronterizo se ve, en ocasiones, desbordado por el número de inmigrantes asaltantes. La violencia que han adquirido estos hechos se puso de manifiesto el pasado mes de febrero cuando inmigrantes irregulares intentaron entrar
en Melilla a través de los puestos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana. Conducían vehículos a gran velocidad arrollando a cuantas personas y estructuras encontraron a su paso. El 25 abril y el 14 mayo se produjeron sendos asaltos al vallado
fronterizo por grupos de 200 y 150 inmigrantes respectivamente consiguiendo acceder a la Ciudad Autónoma de Melilla alrededor de 70 en cada uno de los intentos.
A la vista de tales hechos se han programado las siguientes actuaciones para reforzar la seguridad en la valla fronteriza y de los puestos de entrada. El servicio de vigilancia de fronteras de la Guardia Civil se ha complementado con el
apoyo de un helicóptero dotado de cámara térmica y foco y, dependiendo de la situación, se suma un segundo helicóptero. Se ha reforzado servicio de vigilancia con dos módulos de intervención rápida pertenecientes a la Agrupación Rural de Seguridad.
En cuanto a la seguridad activa y pasiva se tiene previsto efectuar las siguientes reformas y mejoras. En primer lugar, sustitución de cables y muelles tensores del perímetro, así como sistemas de sensorización en zonas defectuosas;
actualmente se encuentra en proceso. En segundo lugar, la implementación de un nuevo centro de mando y control y actualización de los sistemas de cámaras y videograbadores; incluye la instalación de tres cámaras térmicas y nuevas cámaras Domo; se
ha aprobado ya el expediente y, por tanto, se encuentra actualmente en trámite. Tras el desprendimiento de una gran cantidad de tierra, que afectó tanto la pista de seguridad como al vallado perimetral fronterizo, está prevista la reparación de los
cortados de Aguadú y del vallado que la zona de costa; el expediente se encuentra también aprobado y en trámite. Existe el proyecto de nueva instalación eléctrica de baja tensión en todo el perímetro fronterizo; la instalación de bloques de
plástico tipo New Jersey y que, en forma de zig-zag, obligan a los vehículos que circulan por el recinto fronterizo a hacerlo a una velocidad mucho más reducida. La puesta en
funcionamiento de dos frenos hidráulicos en sendos carriles de salida hacia el país vecino, tanto para impedir que vehículos robados en Melilla se dirijan a Marruecos a gran velocidad saltándose los controles policiales, como para evitar la
entrada de los que hemos llamado ya coches kamikazes; y la utilización de un sistema de lectura automática de matrículas de vehículos y de detección de latidos, procedimiento muy eficaz en la localización de inmigrantes ocultos en dobles fondos de
vehículos. Todas estas disposiciones son prueba de que el Gobierno y el Ministerio del Interior están tomando las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de los 80.000 habitantes de Melilla y para facilitar el tránsito regular y legal
que trabajadores y de visitantes entre Marruecos y la ciudad autónoma.
A continuación, con el permiso del señor presidente, abordo otra solicitud del Grupo Parlamentario Socialista en la que se reclamaba la comparecencia del ministro del Interior para informar sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de
información Schengen de segunda generación, el llamado SIS II, y la plena aplicación del acervo Schengen a Bulgaria y Rumania. Lo haré comenzando por la segunda de las cuestiones enunciadas.
Como señorías saben, algunos países, Alemania principalmente, mantienen sus posiciones de veto respecto a la participación en el espacio Schengen, y por tanto en el SIS, de Bulgaria y Rumania. El pasado 7 marzo se reunió el Consejo JAI para
aprobar si podría alcanzarse la necesaria unanimidad a favor de la participación plena de ambos países que, dicho sea de paso, cumplen con todas las prescripciones técnicas y jurídicas que se les han exigido. No hubo, sin embargo, apoyo unánime de
los Estados miembros, por lo que el Consejo decidió abordar la cuestión de nuevo a finales de 2013 y estudiar la posibilidad de una entrada en el acervo Schengen en dos etapas: una primera fase que incluya la participación en el SIS en el ámbito de
la cooperación policial y el levantamiento de las fronteras interiores aéreas y marítimas y una segunda fase en la que procedería ya la eliminación de las fronteras terrestres.
Respecto a la otra cuestión por la que se interesaba el Grupo Parlamentario Socialista en cuanto al sistema de información Schengen de segunda generación, el SIS II entró en funcionamiento el 9 de abril de este año. Se trata de una
importante mejora de uno de los instrumentos que permiten que se desarrolle plenamente el principio de libre circulación de personas y mercancías y facilita que se eliminen los controles fronterizos en el territorio de todos los Estados miembros de
la Unión Europea a excepción de Bulgaria, Chipre, Irlanda, Reino Unido y Rumanía, así como otros países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El SIS II, el SIS de segunda generación, incorpora notables mejoras. Se pueden utilizar datos biométricos que contribuyen a una identificación más rápida y segura. Piensen sus señorías en los enormes beneficios que esto aportará a la
seguridad de nuestras fronteras, pero también a la seguridad jurídica y la comodidad para los demandantes de visados, que se verán libres de sospechas de fraude. El nuevo sistema incorpora además nuevos tipos de alerta y la posibilidad de vincular
los avisos, como una alerta relativa a una persona o a un vehículo, y la posibilidad de realizar consultas directas sobre el sistema. También garantiza -eso es una mejora nada desdeñable- una mayor protección de los datos personales. El SIS II es,
por tanto, una importante herramienta en la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Con el permiso del presidente abordaré a continuación la comparecencia solicitada por La Izquierda Plural, que me pide explique los motivos por los que un elevado número de agentes del Cuerpo de la Policía Nacional que intervinieron en las
actuaciones policiales contra las movilizaciones ciudadanas de los pasados días 12 a 15 de mayo no portaba ningún tipo de identificación. Esta cuestión estaba ya solventada, pero daré a sus señorías una breve explicación con un cierto recorrido
histórico.
A través de la instrucción 13/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, todos los componentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía están obligados a llevar el número de identidad personal en un lugar bien visible y que
se pueda leer sin dificultad a una distancia prudencial. Sin embargo, la singularidad, que a ninguno se le escapa, del servicio que realizan las unidades de intervención policial hace que deban cubrirse con prendas de protección que no son de uso
individual, ya que eso no sería operativo ni factible, sino de uso colectivo. Esta circunstancia ha impedido la exhibición de la tarjeta de identificación profesional, pero este problema ha quedado resuelto a través de la resolución de la Dirección
General de la Policía de 19 de abril, en la que se establece el número de identificación en las prendas accesorias de uniformidad, las de protección a las que antes me refería, y que son, como les decía, de uso colectivo. Desde ahora, los llamados
chalecos antitrauma de los efectivos de las unidades de intervención policial llevarán una identificación de alta visibilidad, con un soporte de 27 centímetros de largo por 6,5 centímetros de ancho y números de 4,5 centímetros de alto, medidas lo
suficientemente grandes para que
la identificación se pueda hacer sin dificultad. El número corresponderá con el puesto orgánico del funcionario en la unidad de intervención y tendrá un máximo de seis cifras. Para resolver la cuestión de las prendas de uso colectivo se
adherirá al chaleco mediante un velcro. Por su parte, la Guardia Civil está adoptando también las disposiciones oportunas para que los efectivos de la Agrupación de reserva y seguridad que intervengan en dispositivos de seguridad ciudadana porten
en las prendas de protección externa un número que permita la fácil identificación.
La penúltima solicitud de comparecencia es la respuesta a la solicitud formulada por Unión Progreso y Democracia en relación con las detenciones de miembros de la banda terrorista ETA en Francia. Sus señorías permitirán que les recuerde que
la lucha contra la banda terrorista ETA prosigue al ritmo que marcan las detenciones, la puesta de los detenidos a disposición de la justicia y las propias sentencias judiciales. Este ritmo está asegurado en buena parte por la extraordinaria
cooperación policial con otros Estados que saben que el mejor servicio que se puede prestar a un país es acabar con la amenaza terrorista.
Quiero destacar, por tanto, de manera particular la excelente colaboración con las autoridades francesas en este ámbito. Gracias a ello se ha producido la detención de veintiséis miembros de ETA, seis de ellos el pasado 7 de mayo en una
operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía francesa. Las detenciones se produjeron, como les digo, gracias a una operación múltiple ejecutada de forma simultánea en tres localidades francesas: Blois, Brive-la-Gaillarde y Montpellier.
En Blois, al suroeste de París, fueron detenidos Ekhiñe Eizaguirre Zubiaurre y Kepa Arkauz Zubillaga, integrantes del talde dedicado a la falsificación y suministro de documentación personal y de vehículos. En la operación fueron intervenidos un
revólver, dos ordenadores portátiles, documentos falsos, dinero y un vehículo robado con placas de matrícula falsas.
En Brive-la Gaillarde, al sur de Limoges, fueron detenidos Raúl Aduna Vallinas y Antonio Goicoechea Gabirondo, que constituían el talde dedicado a gestionar y conservar los zulos de depósitos de armas, explosivos y material de ETA. Se
intervinieron dos revólveres, tres ordenadores portátiles, documentación falsa, dinero y un coche robado con juegos de placas falsificados y materiales para la fabricación y mantenimiento de zulos.
Finalmente, en Montpellier, al noroeste de Marsella, se detuvo a Igor Uriarte López de Vicuña y a Julen Mendizabal Elezcano. Ellos dos constituían el llamado talde robacoches, encargado de sustraer vehículos en Francia para abastecer al
resto del aparato de ETA. Fueron intervenidos un revólver, dos ordenadores, documentos falsos, dinero y un vehículo robado con placas falsas. Las armas intervenidas eran las que fueron robadas por ETA en 2006 en la localidad francesa de Vauvert.
Esta operación supone la desarticulación de la logística operativa de ETA. Se han logrado desmantelar tres servicios básicos, como son los de falsificación, zulos y vehículos, vitales para la actividad de la organización terrorista, que queda por
tanto, después de esta operación de la Guardia Civil y la Policía francesa, aún más debilitada.
Para finalizar, ahora sí, con el permiso del presidente, por el Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego solicita al ministro del Interior que comparezca y explique qué directrices se están dando desde el ministerio a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en concreto a la Policía Nacional, en los casos de desahucios y desalojos de ciudadanos de sus viviendas y explique también por qué razón la Policía Nacional utiliza la violencia cuando se trata de casos humanitarios y de
ciudadanos indefensos, términos literales en los que estaba redactada la solicitud de comparecencia.
El Ministerio del Interior no ordena ni puede ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúen contra quienes manifiesten su desacuerdo de forma pacífica. Ahora bien, también estoy seguro en que convendrán conmigo que lo
que la Policía no puede hacer es dejar de cumplir la ley o dejar de asistir a la justicia en el cumplimiento de las sentencias judiciales. Un policía obviamente no puede situarse por encima del ordenamiento jurídico ni erigirse en juez. Su tarea
es tal vez más humilde, pero es la que le reserva la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una tarea prevista también en el artículo 104 de nuestra Constitución: garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y
velar por la seguridad de todos, y garantizar también el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando por tanto las órdenes que reciban de las autoridades.
Conviene recordar además que el eje vertebral de nuestra Constitución lo configuran tanto derechos y libertades como deberes, entre ellos un deber fundamental, que es el de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y
tribunales. El artículo 118 de la Constitución así lo establece. Por ello, señorías, si una resolución judicial se ve obstaculizada en su ejecución por la acción de un grupo de ciudadanos, los tribunales reclamarán con toda lógica el auxilio de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
para hacer ejecutar lo juzgado. La actuación policial, evidentemente, se modulará de acuerdo con la gravedad de los acontecimientos a los que deban enfrentarse y siempre bajo los principios de proporcionalidad, oportunidad, congruencia y
haciendo el uso mínimo de la fuerza que sea absolutamente imprescindible.
El señor PRESIDENTE: Tal como anunciaba al comienzo de esta sesión, procederemos al turno de grupos parlamentarios. Hay dos representantes del Grupo Mixto, el señor Salvador y la señora Pérez. Les pregunto si van a hacer ambos uso de la
palabra a efectos del reparto del tiempo de diez minutos. (Asentimiento.-El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Una cuestión de orden. Pediría -invocaría a la amabilidad de los dos representantes del Grupo Mixto- que me permitan iniciar este turno de preguntas o de intervenciones, en tanto en cuanto debo acudir a la sala
contigua, donde va a comparecer un experto que nos va a ilustrar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, cosa que también está muy vinculada a la seguridad, como es obvio.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, si no existe inconveniente por parte de ambos grupos; lo que sí me atrevo a rogarle, como al resto de intervinientes, es la máxima brevedad.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy agradecido a los dos grupos intervinientes que me han cedido el uso de la palabra y particularmente al señor Martínez Vázquez por su prolija e ilustrativa información.
Yo tenía algunas cuestiones previas que comentarle. Usted ha dado información sobre los problemas en los CIE de las personas que invocan el acceso al derecho de asilo y su condición de refugiado, pero ha llegado a nuestro conocimiento que
determinadas organizaciones que se dedican a la protección de los refugiados fundamentalmente, en concreto CEAR, en virtud de la morosidad de las administraciones, una de ellas el ministerio al que usted representa, en relación a subvenciones ya
reconocidas, tienen dificultades para ejercer su función en algo tan relevante como el asilo a los refugiados y nos piden una mayor diligencia a la hora de las subvenciones ya reconocidas que ascienden a una cuantía, según los datos proporcionados
por ellos, de 1.500.000 euros, de manera que no impidan entre otras cosas el cierre o el cese de la actividad de alguna de estas organizaciones. Es un problema de morosidad administrativa. Le pediría que se informe de esta circunstancia y
practique la diligencia en el ámbito del libramiento de la subvención que impide que estas organizaciones que realizan funciones tan importantes dejen de actuar.
En segundo lugar, una pregunta de naturaleza muy concreta. Sé que usted ya ha tenido contactos con el departamento de Interior del Gobierno vasco y con la propia consejera. Llama la atención que las reiteradas peticiones de convocatoria y
reunión de la junta de seguridad no hayan recibido respuesta por parte del ministerio. Desde esa perspectiva, le pregunto si dentro del calendario que prevén, prevén también la convocatoria y reunión urgente ya de la junta de seguridad en donde hay
que tratar cuestiones no baladíes, cuestiones relevantes.
Me gustaría preguntarle, es otra inquietud que dimana no solo del departamento sino de la ciudadanía vasca, a qué se debe la existencia de 4.000 controles de la Guardia Civil el año pasado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero no
4.000 controles de la Guardia Civil de carácter ordinario, sino 4.000 controles de la Guardia Civil con un despliegue de medios abrumador mediante la expresión que se suele utilizar dentro de la nomenclatura vulgar, no de la nomenclatura técnica,
de: como los de antes; es decir, controles de los sectores especiales de la Guardia Civil o de los cuerpos especializados con elementos de protección de la identidad y mediante el uso de un armamento que para los ciudadanos que deambulamos por las
carreteras de Euskadi resulta abrumador y un tanto atemorizante. No sé si hay algún tipo de fenómeno delictivo, salvo los que ya conocemos todos, que merita un despliegue de 4.000 controles durante un año, nada menos, que superan los que
seguramente se pueden estar realizando en lugares como Afganistán o en otros sitios donde la Guardia Civil también está desplegada. Es una cuestión que llama poderosamente la atención, sobre todo cuando no se informa al departamento de Interior,
como es preceptivo y obligatorio, de las razones justificativas de un despliegue y de una utilización de este tipo de controles tan frecuentes y que además suelen coincidir en el tiempo, según comentan, con algún tipo de declaraciones públicas
realizadas por la consejera de Interior. Será coincidencia, no quiero pensar en otro tipo de eventualidades que no sean la mera coincidencia estadística, pero el hecho es que la coincidencia está comprobada, es comprobable y yo le puedo
proporcionar este tipo de datos.
En tercer lugar, algo tan recurrente como que en el nuevo sistema Schengen, que usted ha explicitado tan bien, sabe usted que la Ertzaintza ha realizado unos esfuerzos, y voy acabando, señor presidente, de configuración de sus sistemas
informáticos que le permitirían integrarse ya en los requerimientos en materia del sistema Schengen como policía integral. Lo mismo ocurre con los Mossos D'Escuadra con toda seguridad. Por lo tanto, resultar policías eficaces, como policías
integrales que son, en tanto en cuanto pueden llegar a disponer de la misma información que necesitan para el cumplimiento de funciones policiales de naturaleza integral, de naturaleza absoluta. La Ertzaintza y los Mossos D'Escuadra pueden realizar
funciones de policía judicial, pueden realizar funciones íntegras de seguridad ciudadana y de protección civil. La carencia de información intermediada y transmitida por otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es suficiente para el
desarrollo eficaz sobre las funciones de una policía de carácter integral. Por tanto, le solicito cuáles son las previsiones que podrían tratarse en esta junta de seguridad, cuya convocatoria le pido que se realice con frecuencia, un mecanismo de
integración de las policías integrales existentes en el Estado español en el sistema Schengen y -ya añadiré yo- en el sistema Europol e incluso en el sistema Eurojust en su dimensión policial, porque son estructuras trasnacionales en donde cualquier
policía integral debería estar presente.
Usted ha comentado algo recurrente por nuestro grupo que es la lasitud y flexibilidad del reglamento de armas en cuanto al uso de armas blancas. Esto lo conectamos con alguno de los fenómenos delictivos de nuevo cuño que usted ha tratado.
Uno de ellos, que preocupa de forma importante, es la proliferación de las bandas juveniles. Me gustaría saber qué están haciendo ustedes desde la perspectiva de la prevención, de la inteligencia y de la legítima represión de la actuaciones de
estas bandas en tanto en cuanto cualquier persona que tiene la suerte o la desgracia -es una imponderable difícil de definir- de tener hijos adolescentes sabe que estas bandas pululan por todas las ciudades, al menos por las ciudades grandes del
Estado español, sin ninguna excepción y con aparente sensación de impunidad y con un elemento de amedrentamiento a los jóvenes en los lugares de ocio y esparcimiento que provocan no pocos problemas. Da la impresión de que hay una cierta tolerancia
-no sería la palabra- o impunidad pero sí existen estas bandas y además son perfectamente visibles porque van específicamente uniformadas. Cada cual tiene su perfil, su uniforme, sus tatuajes y llama la atención -y es un comentario muy generalizado
que provoca cierta alarma social- la proliferación y recurrencia de la existencia en los espacios públicos, y particularmente de ocio y lúdicos, para los jóvenes y para los niños de bandas que usted ha cifrado en un número de treinta y nueve.
Probablemente sean más, aquí estarán las más agresivas, las más peligrosas del mundo. Están los Latin Kings, los Ñetas, las Maras, los Trinitarios y otras muchas que podríamos citar aquí. Y algunas también que podemos calificar como bandas
juveniles indígenas que no pertenecen a las que ya son conocidas y tienen presencia en el mundo entero.
Me ha llamado la atención, dentro de los instrumentos de los nuevos fenómenos criminales, su invocación a la radicalización en el ámbito del terrorismo yihadistas. Me gustaría preguntarle, por las recomendaciones -algunas en mi opinión
interesantes- de la Comisión de investigación del 11-M y cuáles son las que ustedes están tomando en consideración. Ahí había prevención o incluso recomendaciones atenientes a la actuación policial. Pero usted ha comentado que están pensando en la
regulación de una nueva figura delictiva, de un nuevo injusto penal que consistiría en una suerte -así lo ha denominado- de adiestramiento pasivo. Yo puedo intuir lo que es el adiestramiento pasivo aunque parezca que esto constituye una especie de
contradictio in terminis. El adiestramiento es activo o carece de virtualidad, pero ustedes sabrán como van a denominar, el nomen iuris, esta nueva figura delictiva y su contenido material. En todo caso le pediría prudencia en cuanto a su conexión
con la libertad de expresión, donde buscar los puntos de conexión y los puntos de equilibrio entre un derecho fundamental como el de libertad de expresión y una figura delictiva nueva vinculada al adoctrinamiento y la radicalidad en el ámbito
yihadista ya figuraba entre las recomendaciones de la Comisión del 11-M y desde luego debe ser objeto de prevención. Vemos que siguen deteniéndose células yihadistas en el Estado español con lo cual la fenomenología criminal sigue activa, sigue
latente.
El señor PRESIDENTE: No me gustaría que llegase tarde, señor Olabarría, a su próxima cita. (Risas).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No se preocupe. Estaba mirando la luz que marca la disponibilidad del tiempo. Puedo seguir un poco más. Perdón, señor presidente, sé que me he adelantado pero tendrá usted la amabilidad.
En cuanto a la ciberdelincuencia, estamos muy preocupados, señor secretario de Estado, por fenomenologías delictivas vinculadas sobre todo a la inclusión en la red por pedófilos, e incluso por
jóvenes y por compañeros, de imágenes con contenido sexual. Este es un fenómeno creciente exponencialmente. Alguna concreción o alguna reflexión de naturaleza adicional sí que nos gustaría conocer.
En cuanto a la situación de los CIE y la imposibilidad en su seno de poder realizar una invocación de la condición de asilado o de ser una persona perseguida, y por tanto merecedora de la concesión del derecho de refugio, es uno de los
problemas que afectan a los CIE, sin perjuicio de otros muchos. Los CIE no son centros de detención, ni siquiera son centros de retención; son centros de estancia o de permanencia de personas que han ingresado en el Estado español en situación
irregular. Tanto en este ámbito como en el de la seguridad privada le pediría negociación con los demás grupos parlamentarios a efectos de regenerar una situación, la de los CIE, que es manifiestamente insostenible. Y ya con esto acabo, señor
presidente, dadas sus invocaciones, el paradójico cambio de color de la luz (Risas) tras su peculiar intervención, recordándome que tengo otro compromiso, cosa que le agradezco, aunque me acordaba que lo tenía. Sobre estas cuestiones estaríamos
dispuestos a colaborar desde esta perspectiva proactiva que en los temas de seguridad mi grupo siempre ha manifestado. En todo caso, intentaré volver para escuchar sus reflexiones, sus referencias, sus respuestas a las preguntas, sobre todo a las
preguntas específicas y concretas y, en todo caso, las podré leer en el 'Diario de Sesiones'.
Muy amable, señor presidente, particularmente por sus recordatorios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Salude de mi parte al señor Pérez Díaz.
Doy la palabra a continuación a la señora Pérez Fernández, haciéndole notar que deberá compartir su tiempo con el señor Salvador, con lo cual la programación de tiempo que le haré será de cinco minutos, puesto que son diez para ambos.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, señor secretario de Estado, señores diputados y señoras diputadas, nosotros habíamos pedido la comparecencia del ministro, tal y como usted ha leído, para que explicase la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la Policía Nacional, en los casos de desahucios. Aparte de los desahucios, hay otros casos de movilizaciones sociales que podríamos citar, pero casi nos vamos a ceñir a esto. Usted dijo,
señor secretario de Estado, al principio de su primera intervención que para poner en marcha la estrategia de seguridad nacional acordada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta el contexto
económico y social, y las demandas de los ciudadanos. Pues bien, nosotros creemos que el contexto social y económico no se está teniendo en cuenta precisamente por parte de aquellas autoridades que dan órdenes que en todo caso interpretamos como
una actuación de la Policía con contundencia y desproporcionalidad en casos de manifestaciones pacíficas y en situaciones fundamentadas en problemas sociales como son los desahucios. También estamos observando, y me voy a referir ahora en concreto
al caso de Galicia, que hay una extralimitación y una desproporcionalidad en la actuación del delegado del Gobierno en Galicia a la hora incluso de calificar estas movilizaciones sociales. Como usted sabrá, recientemente, el delegado del Gobierno
ha hecho unas manifestaciones públicas por las que intenta criminalizar a estos movimientos sociales, incluso a determinadas organizaciones políticas, como el Bloque Nacionalista Galego, recurriendo a aquella vieja artimaña a la que recurren a
menudo determinados miembros del Gobierno relacionándolos con el terrorismo. Sepa, señor ministro, que en el Bloque Nacionalista Galego siempre hemos rechazado el terrorismo y en el caso de los movimientos sociales, en concreto de la plataforma de
Afectados por la Hipoteca, que, como usted sabe, ha recibido recientemente en la Unión Europea el Premio Ciudadano Europeo 2013, no creemos que sea por su comportamiento desmedido.
En definitiva, señor secretario de Estado -y acabo-, se están produciendo -me estoy refiriendo al caso de Galicia y en concreto también al desahucio llevado a cabo hace unos meses en la ciudad de A Coruña de una anciana de más de ochenta y
dos años- unas actuaciones por parte de la Policía Nacional que consideramos absolutamente fuera de lugar, que consideramos que se limitan, como antes dije, y que se dirigen a imponer el miedo precisamente para que los ciudadanos no se manifiesten
pacíficamente, como lo vienen haciendo, no solo los ciudadanos sino también los miembros de las organizaciones políticas. Una sola frase, señor presidente. Estos comportamientos no solo se están produciendo en el tema de los desahucios; se están
imponiendo sanciones a manifestantes afectados por las preferentes y por otras problemáticas sociales, con lo cual nosotros creemos que ahí hay una directriz determinada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Inicio mi intervención uniéndome a las condolencias por la muerte del padre del señor Jané y dando la bienvenida al secretario de Estado, agradeciéndole sus amplias explicaciones. Le deseo mucho éxito en su
gestión de la política de interior. Nosotros, desde luego, en Unión del Pueblo Navarro consideramos que esta es una política de Estado y por tanto, hablar de seguridad es hablar indistintamente de libertad. Proporcionar seguridad significa
garantizar libertad. Nosotros siempre hemos considerado que esta es una política de Estado y vamos a tratarla como tal, porque España sigue teniendo sus desafíos, sigue teniendo amenazas, viejas y nuevas, y sigue teniendo enemigos. Por tanto, que
nadie espere que mi partido tenga otra disposición o actitud que no sea la de colaborar de manera crítica cuando toque, pero también de apoyar y desde luego de no utilizar la política de interior para, si me lo permiten, entre comillas, politiquear.
Quisiera abordar una pequeña reflexión sobre política antiterrorista, al hilo de tres hechos que se han producido de manera simultánea o consecutiva, espero que no de forma coordinada. Una, la presentación del informe del Gobierno vasco
sobre la vulneración de derechos humanos en el caso vasco, a nuestro juicio realmente lamentable; dos, la celebración en Biarritz de un acto de autobombo, de homenaje por parte de ETA y de sus afines, por parte de los prófugos huidos en su
literatura de exiliados, y tres, el conocimiento que hemos tenido estos días de la colaboración de un organismo dependiente del Ministerio de Educación noruego con la izquierda abertzale en unas conferencias legitimadoras de la violencia terrorista.
Quiero agradecer las palabras que en torno a esta materia usted ha pronunciado y sus compromisos, pero es obvio que la persecución obligatoria no debe hacernos descuidar la prevención. La prevención es fundamental en esta materia; es estudiar el
origen, las causas del odio, las estrategias, las piezas bien situadas de la organización y de sus plataformas, de sus colaboradores y de sus cómplices, de quienes se aprovechan de toda esta violencia, de todo este terror social al que nos somete la
banda.
Desde mi punto de vista, ETA es una enfermedad incurable hoy por hoy. España es un enfermo crónico. Mientras se siga educando en el odio a España, se producirá ese odio inteligente en movimiento que no deja de ser esta banda terrorista;
una banda que aprende, que se adapta a las circunstancias y que también enseña, y que a nosotros nos debe enseñar que no debemos bajar la guardia, que debemos mantener el tratamiento. Y digo incurable no porque nos vaya a ganar la partida, pero en
el caso de que abandonemos el tratamiento, el seguimiento, la monitorización, la evaluación permanente y la actuación, puede debilitarnos. Me interesa el relato que nosotros podamos tener, cómo cooperar y cómo compensar todas estas iniciativas a
favor de esta organización. Hoy escribe en un diario nacional una víctima del terrorismo, Salvador Ulayar, hijo de Jesús Ulayar, buen navarro asesinado por ETA hace muchos años, indignado por el papel de tontos útiles que algunos quieren
desempeñar. Las víctimas, señor secretario, nos han dado desde siempre su confianza para defender su memoria, y creo que nosotros nos debemos a eso. Vamos a afrontar un futuro con una ETA travestida de movimiento popular que sigue manteniendo
grandes fortalezas para imponer un sistema totalitario en el País Vasco y Navarra, es verdad que sin tanto foco, sin tanta presión mediática, pero con otra estrategia de largo alcance, adaptada al tiempo, con su propia fenomenología que debemos
saber combatir y conocer exhaustivamente. Estamos dispuestos a trabajar juntos para que no venza. Usted sabe cómo en Navarra estamos trabajando en este sentido para recuperar la memoria del terror en nuestra comunidad y la memoria y la dignidad de
las víctimas. Quiero pedirle hoy aquí, como ya lo he hecho de manera privada, su colaboración en este empeño.
Por la amistad que le tengo, señor secretario de Estado, sabe que le deseo mucha suerte porque su éxito, como decía el señor presidente, será el éxito de la sociedad entera.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Díez. Le hago notar que en un momento anterior el señor secretario de Estado ha hecho referencia explícita y exhaustiva al hecho mencionado. Cuando guste, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, conozco la referencia, la respuesta que ha dado el secretario de Estado, sus servicios han tenido la amabilidad de dármela escrita; por tanto, conozco la respuesta que me ha dado. Empiezo por
disculparme. Tuve que salir para esas cosas que nadie puede ser sustituido justo en el momento en el que el secretario de Estado respondió a la pregunta. Agradezco su comparecencia y todas las explicaciones que ha dado sobre la materia de su
competencia, en materia de seguridad. Quiero plantearle alguna cuestión relativa a nuestra petición de comparecencia y a algunas otras cuestiones que el señor secretario de Estado ha planteado en su intervención.
Me sumo a la petición -por no ser reiterativa- de datos complementarios que ha planteado el señor Olabarría en relación con los CIE. El secretario de Estado sabe que el Ministerio del Interior comprometió
y anunció de forma inminente hace más de un año la aprobación de un reglamento para los centros de internamiento de extranjeros. Sin embargo, a día de hoy ese reglamento no ha sido aprobado por el Gobierno. A esto añado la promesa que hizo
el ministerio en abril del año 2012 de reservar 2.500 plazas de esos centros de internamiento para inmigrantes que hubieran cometido algún delito, mientras que aquellos inmigrantes que demostraran que tenían un arraigo y no tuvieran cuentas
pendientes con la justicia quedarían fuera de esos centros. Creo que eso todavía no se ha resuelto; hay muchos inmigrantes que no tienen cuentas pendientes con la justicia y que siguen ahí internados. Al hilo de la reflexión que en ese sentido le
ha hecho el señor Olabarría, quisiera saber qué pasa con ese reglamento, a quién se le está consultando, quién está teniendo participación en la elaboración y, sobre todo, cuándo prevé el secretario de Estado que pueda ser aprobado por el Consejo de
Ministros.
Otra cuestión que ha planteado el secretario de Estado que me ha llamado la atención -he de decir que en mi caso positivamente- ha sido ese anuncio de un nuevo delito -vamos a llamarlo de esta manera, coloquialmente- que usted ha definido
como adiestramiento pasivo. Se estaba refiriendo en su intervención al terrorismo yihadista -así lo he entendido yo-, era en el apartado en el que hablaba del terrorismo yihadista y de las actuaciones que el Gobierno de España está poniendo en
marcha y está manteniendo vivas para combatirlo. Llamaba la atención el señor Olabarría sobre lo que parece una contradicción en sí misma pero creo que todos sabemos lo que usted quiere decir cuando habla de esta cuestión. No sé si de forma pasiva
o activa pero podemos coincidir en que se produce un adiestramiento de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a ver a través de los medios de comunicación cuando se habla de adiestramiento -no se les ve en los montes, no están disparando
pistolas, no se les está enseñando cómo montar bombas- pero hay un adiestramiento para ser terroristas. He entendido que usted se refería a eso. Lo que le quiero preguntar es si este delito solo sería para terroristas yihadistas o sería para
terrorismo en general. Usted ha hablado de este asunto dentro de la lucha contra el yihadismo. El señor Olabarría al comentar esto y justificar que se haga algo ha dicho que esta es una fenomenología criminal que sigue activa, y yo diría que como
la de ETA, en cierto modo.
Paso a lo que ha sido mi solicitud de comparecencia sobre estas cuestiones. Usted ha contestado a la pregunta concreta en relación con los terroristas detenidos en Francia el 7 de mayo, e incluso nos ha brindado sus nombres. Yo quiero
hacer una reflexión en relación con todos los terroristas de ETA detenidos desde que esta declaró su alto el fuego en octubre de 2011. Si no tengo mal los datos, estamos hablando de 37 detenidos pertenecientes a la banda terrorista ETA desde
octubre de 2011 y todos ellos, o prácticamente todos, según los datos que Interior nos ha venido suministrando, encargados de logística, como los últimos seis detenidos en Francia. Cuando se habla de encargados de logística, Interior nos dice que
se trata de personas encargadas de cubrir las necesidades de los miembros de la banda en la clandestinidad para que puedan seguir viviendo en la misma. Cuando ETA estaba activa -y hablo en términos de cometer atentados terroristas-, esos encargados
de logística que ahora han sido detenidos se ocupaban del suministro para que el resto de la banda terrorista organizara los atentados. En todo caso, estamos hablando de una parte de la organización terrorista que ha sido siempre fundamental, bien
para suministrar las armas, los explosivos o la infraestructura para cometer los atentados o bien para cubrir las necesidades cotidianas, económicas, de encubrimiento, para que sigan en la clandestinidad quienes siguen perteneciendo a una banda
terrorista que, quiero recordar, sigue existiendo y que, por tanto, merece, como así afortunadamente se hace, el seguimiento y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nacionales y en muchas ocasiones con la colaboración de
otras policías europeas, particularmente la francesa.
En relación con esta cuestión, lo que quiero plantearle al secretario de Estado es si el que se mantenga activa la banda, el que se estén haciendo tantas detenciones que tienen que ver con su logística, no le hace ver al ministerio, al
Gobierno, que quizá haya actuaciones políticas -porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan, a mi juicio, de manera muy correcta, y menos mal que siguen haciéndolo- que no son suficientemente incisivas. El señor Salvador planteaba
alguna en relación con acontecimientos que se han producido en las últimas semanas o con noticias que hemos tenido y sobre las que quiero insistir. El pasado sábado, en Biarritz hubo un acto público de enaltecimiento de ETA. Permítame que lo diga
tal cual yo lo he vivido y veo. Respecto de quienes allí hablaron no solamente nos han dicho que habían acreditado ante la Audiencia Nacional -lo hemos leído- que eran personas sin causas pendientes para tener seguridad a la hora de actuar. Y la
primera cuestión que le deseo formular es si eso es verdad, si es cierto que han pedido a la Audiencia Nacional que les acredite que si salen a hablar públicamente no les va a poder detener nadie. Si esto fuera cierto, me parece algo verdaderamente
delicado; si no lo es,
dígamelo usted. Pero, en todo caso, allí hubo personas que salieron a reivindicar la historia de terror de ETA, y no solamente su historia de terror sino su relato alternativo para conseguir, a través de su intervención, algo así como la
victoria política de los que están derrotados por la acción de la democracia y particularmente por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, el señor Urquijo, dijo ayer o antes de ayer que ese acto tendría consecuencias en un breve plazo. Yo quiero preguntarle cuáles van a ser las consecuencias porque si lo dice el delegado del Gobierno
es porque supongo que el Gobierno está pensando en alguna actuación. Le pregunto sobre si hay una queja al Gobierno de Francia, si dieron ustedes orden o sugerencia de que se produjeran detenciones, si efectivamente la Audiencia Nacional contribuyó
a que la gente pudiera hablar con plena libertad sabiendo que no les iba a ocurrir nada. En definitiva, cuáles son las consecuencias porque, como se suele decir, usted ha dicho que hay que juzgarles por los hechos y no solo por los discursos y yo
me apunto a eso pero, permítame que utilice el refranero popular, obras son amores y no buenas razones. Y en esta materia, que en un país como Francia se monte un espectáculo de estas características que insulta a la democracia española...Aquí no
se trata de una cuestión únicamente penal, es una cuestión de carácter político. No me imagino haciendo una cosa similar en cualquier país de la Unión Europea en referencia a la democracia, a la calidad del sistema democrático y a la crítica a la
democracia de cualquier otro país miembro. No me lo imagino sin una respuesta inmediata, automática, posterior si no ha podido ser preventiva, del Gobierno de la nación, en este caso del Gobierno de España ante las autoridades francesas. Y he
leído también en los medios de comunicación que había un senador y dos diputados franceses en ese acto, socialistas los tres, por cierto. Lo he leído, no sé si es verdad o no, pero tiene implicaciones de carácter político, con mayúsculas. Y yo le
pregunto si eso ha merecido alguna respuesta y qué quieren decir las palabras del delegado del Gobierno.
Oslo, la siguiente. La noticia que hemos tenido sobre la financiación de seminarios. Ese seminario entraría claramente, o podría entrar, en ese supuesto que usted ha planteado de adiestramiento pasivo. Podría entrar porque si se legitima
la historia, no solamente no se combate la propia historia, o se critica o denuncia o condena, sino que se enaltece, no sé si eso pudiera entrar en un supuesto... A lo mejor les parece demasiado hilado, pero ¿cómo es posible que un país amigo, un
país europeo...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, voy concluyendo.
... financie sin una reacción por parte del Gobierno de España? También le pregunto: ¿ha habido una reacción del Gobierno? ¿Le hemos dicho algo al Gobierno noruego? ¿Nos hemos quejado, le hemos pedido explicaciones, lo van a hacer, van a
pedirle explicaciones? Y por último, también en relación con esto y también en la línea de que obras son amores, hemos conocido asimismo a través de los medios de comunicación que, al parecer, respondiendo a un plan del propio Gobierno anunciado
por el ministro, ha habido treinta terroristas, sin causas pendientes al parecer, que se han inscrito en el Consulado español en Bayona, que han presentado su documentación y sus papeles para poder volver a España y para que les acrediten que no
tienen causas pendientes. Me consta que las asociaciones de víctimas han querido saber quiénes son, muy en la línea de todo lo que se ha venido planteando en esta materia. Oiga, hay que conocerlos y hay que pedirles que colaboren con la justicia
aunque no tengan causas pendientes. Hace tres semanas aprobamos una resolución por unanimidad en la Comisión en este sentido. Si no sabemos ni quiénes son, ¿cómo vamos a pretender que colaboren con la justicia? ¿El ministerio ha dado
instrucciones al consulado de que no se sepa quiénes son esas personas? ¿Tienen intención de que sepamos quiénes son?
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, no me gustaría incurrir en discriminación de trato y con el mismo cariño y afecto que al señor Olabarría, le ruego que concluya.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pues para que usted no incurra en discriminación de trato, esta diputada finaliza con estas preguntas su intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Tiene la palabra a continuación por parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Damos la bienvenida al señor secretario de Estado y le agradecemos la respuesta a nuestra interpelación. Hubiera sido nuestra voluntad que se hubieran visto hoy todas las peticiones de comparecencias que tenemos
pendientes con la secretaría de Estado, incluso desde la época de su antecesor en el cargo. Vista la síntesis que ha mostrado a la hora de responder, hubiera sido perfectamente posible haberlo incluido todo.
Sobre la cuestión concreta que pedíamos en la comparecencia, el tema de las identificaciones policiales; y visto la voluntad del ministerio de poner una partida presupuestaria para la adquisición de material de defensa para el cuerpo
antidisturbios y la explicación del velcro, parece ser que en un primer momento los chalecos iban a llevar un número aleatorio que no correspondía a la identificación personal del policía y lo que usted acaba de comentar me parece que es diferente,
es decir que el número de identificación será el que irá en un velcro. Me gustaría que clarificase esto.
Y sobre otras cuestiones que han quedado pendientes y que están relacionadas con temas que para nosotros son fundamentales como determinadas actuaciones de la Policía Nacional en ciertas manifestaciones y otras actuaciones, nosotros
consideramos que forman parte de una estrategia deliberada por parte del ministerio que definimos como criminalización de la protesta ciudadana en un contexto de crisis muy importante. Estoy hablando concretamente de la imposición de multas a gente
que participa en concentraciones independientemente de que hayan comunicado o no su celebración a la Delegación del Gobierno. En ese sentido, quiero mostrarle nuestra extrañeza por el trato diferente que se produce cuando determinadas
movilizaciones tienen lugar ante la puerta de un cargo público de un partido determinado -lo que se viene a conocer como escraches- y cuando se producen en la puerta de una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Lo digo por una respuesta
que nos ha dado su ministerio, en la que se dice que en ningún caso se ha puesto ninguna multa por ninguna concentración no autorizada ante ninguna clínica -preguntábamos en concreto por una de Madrid- de interrupción voluntaria del embarazo. Para
nosotros se da un trato muy diferente frente a un tipo de manifestación o protesta ciudadana y frente a otro tipo que también se desarrolla con una cierta violencia, al menos verbal, hacia la gente y los técnicos que acuden de forma perfectamente
legal a esas clínicas.
Nos gustaría que en algún momento se hablase, en algunas de las comparecencias de alguna autoridad del ministerio, de las infiltraciones de los policías en las manifestaciones; un tema que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, que
ha dado mucho que hablar en la protesta ciudadana, que ha llevado a actuaciones y a imágenes muy controvertidas que están en las redes sociales, y lo pongo en relación con las labores de inteligencia policial en los entornos de la protesta. Usted
ha hablado además -y me ha extrañado- del anarquismo violento en un apartado en el que ha hablado también de las bandas de moteros y de las bandas latinas. No ha comentado nada o me ha pasado desapercibido que haya comentado algo sobre la extrema
derecha y, de momento, la extrema derecha en España tiene unos cuantos muertos encima de la mesa por sus actuaciones. Afortunadamente para todos, no presenta el mismo bagaje otro tipo de movimientos políticos con los cuales tampoco comprendemos que
se realice una labor de inteligencia policial como se viene desarrollando. Lo digo por identificaciones de reuniones que se producían en el parque del Retiro o incluso en locales cerrados, lo cual ha dado lugar a preguntas de este diputado con
respuestas un tanto difuminadas por parte del ministerio. Quiero comentar que nos hubiese gustado incluir en la comparecencia de hoy alguna explicación -me parece que no afecta a su mandato directamente sino a ministerios de anteriores Gobiernos-
sobre la colaboración con el ministerio del ultraderechista Hellín, un tema que saltó a los medios de comunicación y una petición de comparecencia que tenemos todavía pendiente y que nos gustaría sustanciar para escuchar las explicaciones del
ministerio en algún momento.
También quiero comentar que nos ha extrañado que en su intervención el recientemente aprobado proyecto de ley de seguridad privada no haya suscitado ningún comentario. Nos hubiese gustado poder intervenir al respecto porque después de una
primera lectura aproximada de este texto legal nos parece que tiene bastantes cuestiones controvertidas que por parte de nuestro grupo político suscitarán las correspondientes enmiendas -ya lo anuncio-. Sobre todo, nos ha llamado mucho la atención
la voluntad de privatizar determinados servicios de seguridad que se dan ahora por parte de la Guardia Civil, me refiero a la vigilancia exterior de los centros penitenciarios o incluso de los CIE. El propio proyecto de ley avanza una serie de
privatizaciones que desde nuestro punto de vista -porque se remiten después a una regulación a nivel de reglamento- suponen una apertura injustificada al sector privado a determinadas cuestiones que hasta ahora la legislación reserva a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, quiero señalar también nuestra extrañeza de recuperar en este proyecto de
ley el rango de autoridad para los vigilantes de seguridad. Sabemos que es una reivindicación suya pero la legislación española en un momento determinado no lo contempló así. Este hecho, dar el rango de autoridad a los vigilantes de
seguridad, puesto en relación además con las disposiciones transitorias de este proyecto de ley, que hacen que lo que ahora mismo está en marcha se mantenga con unas condiciones que no cumplirán lo que dictamina el propio proyecto de ley, hace que
la situación en la que nos podamos encontrar sea, como mínimo, desde nuestro punto de vista, harto conflictiva.
Respecto a otras cuestiones que ha comentado en su comparecencia concretamente no puedo evitar referirme a la situación de Melilla, en una petición que ha hecho el Partido Socialista. Recientemente, en una visita tuve la oportunidad de
hablar con diferentes sectores, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de organizaciones no gubernamentales, y recorrerme la valla y ver la problemática. Ha comentado usted aquí una serie de compromisos para actuaciones y
mejoras en concreto, de algunos nos alegramos, porque eran cuestiones que nos habían comentado que estaban fallando, como por ejemplo el detector de latidos que no le funcionaba a la Guardia Civil desde hacía no sé cuánto tiempo, y sobre todo el
tema de la inclusión de barreras para evitar los coches que en determinado momento se han internado en territorio español, y que han provocado peligro para los funcionarios que están en la frontera. Quiero mostrarle nuestra preocupación por algo
que nos trasladaban las ONG, que son las deportaciones automáticas que se producen; es decir, cuando a un ciudadano extranjero -no introducido por una mafia- que ha conseguido de alguna forma saltar la frontera se le pone en determinadas ocasiones
al otro lado de la frontera automáticamente, con el consiguiente incumplimiento de la legislación vigente, y además en algunos de estos casos con el consiguiente peligro para las personas que han conseguido traspasar la frontera, porque la recepción
que les brinda la Gendarmería marroquí no es todo lo legal que se contempla en nuestro ordenamiento jurídico.
Algunas cuestiones más que usted ha comentado y que han suscitado preguntas por parte de nuestro grupo en algún momento. En cuanto a gestión de recursos se ha referido a una cuestión para mejorar el tratamiento a los extranjeros y a las
personas con deficiencia auditiva por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -algún sistema de traducción para inglés o francés-. Desde mi grupo político le pedimos que no se olviden de que en el Estado español hay más lenguas
oficiales, no está solamente el castellano, están el catalán o el vasco. No voy a hacer aquí la enumeración, pero hemos tenido y seguimos teniendo muchos problemas con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen dificultad
no ya de entender a extranjeros, sino de entender a ciudadanos españoles que se expresan en lenguas diferentes al castellano. Por tanto, que esas mejoras sirvan para lenguas diferentes al castellano, pero que también son lenguas protegidas por
nuestro ordenamiento jurídico.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo con dos cuestiones. Una, reiterar la petición de que comparezca lo más urgentemente posible el director general de Instituciones Penitenciarias -nos parece importantísimo poder hablar de política
penitenciaria y no voy a entrar más en esta cuestión-, y segundo, el tema de las estadísticas. Usted ha ponderado la voluntad de clarificación de las estadísticas por parte del Ministerio del Interior y sigue siendo una cuestión muy opaca. Hace
pocas semanas salieron varios artículos en prensa que hablaban de una situación muy poco transparente al respecto; y no solamente lo dicen los medios de comunicación, sino que lo han dicho también personas responsables del mundo universitario que
han afirmado que las estadísticas del Ministerio del Interior son poco prácticas para los estudios que se realizan. Creo que en este campo hay mucho que mejorar y no me alargo más. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al siguiente grupo, voy a anticiparme. Señor Olabarría, si en mis palabras ha habido algún elemento que haya podido molestarle, presento públicamente mis disculpas, no tengo ningún
inconveniente.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco sus disculpas, señor presidente, de naturaleza preventiva. Ahora mismo le iba a manifestar qué es lo que me ha sorprendido. Iba a usar la expresión -a efectos de que conste en acta- de exagerado. Me
ha sorprendido, primero, porque usted es un buen presidente, es de los mejores presidentes de esta Cámara, y en segundo lugar, porque es mejor amigo que buen presidente, y este diputado que está hablando en este momento ha sido interrumpido durante
el tiempo que le correspondía para intervenir, mediante un chiste gracioso que ha provocado una gran
hilaridad, sobre todo al portavoz de su grupo parlamentario; creo que estos chistes y estos gracejos pueden tener un efecto taumatúrgico bueno para el funcionamiento de la Comisión, no lo niego, señor presidente, pero de lo que tengo dudas
es de que se correspondan con el decoro que se puede mantener a la hora de intervenir y exponer cuestiones que son, en mi opinión por lo menos, señor presidente, de particular trascendencia.
El señor PRESIDENTE: Nada que objetar a lo que usted ha dicho. Desde luego lo que le puedo garantizar es que no hay ánimo alguno de ofender, antes bien el de intentar que se desarrolle la sesión con la mayor normalidad posible, y desde un
respeto que creo que llevo acreditado desde el año 1986, igual que usted. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Socialista el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Quiero iniciar mi intervención aportando las condolencias al señor Jané en nombre del Grupo Socialista. En segundo lugar, quiero hacer una felicitación antes que ninguna otra cosa al secretario de Estado por la
liberación de los asturianos Concepción Marlasca y Ángel Sánchez, secuestrados en Colombia, quiero que traslade esta felicitación a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y colombianas que participaron en una brillante operación; así pues le
trasladamos nuestras felicitaciones como grupo al propio ministro.
Asimismo le damos la bienvenida en esta su casa; yo incluso esperaba que hubiera venido antes porque aquí tiene que encontrarse muy cómodo, sabe que estaremos encantados de tenerlo aquí cuantas veces quiera, y me ya interesado mucho su
intervención porque constato muchas coincidencias. Lo que pasa es que sabe que hay un refrán español que para esto es muy ilustrativo: una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. En la prédica coincidimos en un porcentaje altísimo, en el trigo la
cosa ya empieza a no coincidir.
Voy a tratar de ir llevando parecido orden al que usted nos ha planteado en su intervención. En primer lugar, nos interesa en ese ámbito la lucha antiterrorista,esa propuesta que llevó el ministro a la reunión del Consejo de Ministros de
Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, de la que se ha hablado ya, el adiestramiento pasivo, con lo que se pretende penalizar no solo al que cuelga una información en la web o al que la difunde a través de un púlpito radical, sino al
que la consulta o escucha. En ese sentido me gustaría saber si esa propuesta piensan introducirla ustedes en el anteproyecto de Código Penal, creo que es un elemento importante para, a partir de ahí, hacernos una idea de lo que se pretende. Y
también me gustaría conocer, si tiene usted el dato, la acogida que tuvo esta propuesta entre el resto de los miembros del consejo de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea. Me alegra que coincidamos en la necesidad de una estrategia
integral contra el terrorismo internacional y la radicalización para elaborar una estrategia nacional de ciberseguridad, el Grupo Socialista en el Senado en junio de hace cuatro años ya hizo una propuesta que fue aprobada por unanimidad, es decir,
que hay una coincidencia, y trabajaremos codo con codo con ustedes a lo largo de todo ese recorrido.
Plantea también la lucha contra todas las modalidades de crimen organizado dentro de ese primer punto, abordando incluso, como planteaba el ministro, el fenómeno de la delincuencia del siglo XXI con los instrumentos del siglo XXI. Le repito
lo que le dije al señor ministro ya en su momento: estamos de acuerdo en que acabar con el blanqueo es uno de los elementos principales en la lucha contra la delincuencia organizada; convenzan ustedes al señor Montoro de que la amnistía fiscal es
la peor contribución en este sentido que el actual Gobierno de España ha hecho a este elemento imprescindible para luchar contra el crimen organizado, es decir, una persecución efectiva del blanqueo que se ha impedido en gran parte con esa amnistía
fiscal. En segundo lugar, en ese ámbito tengo que plantearle también aquí otra coincidencia, la coincidencia de que la seguridad es probablemente uno de los mejores activos que tenemos para la promoción económica y para la promoción de la imagen
turística de España. ¿Dónde empieza la divergencia, señor secretario de Estado? En el trigo. Ustedes sacan el Plan de turismo, y usted hizo aquí una defensa del valor económico que tiene ese Plan de turismo. Para ese plan de turismo ha
disminuido en dos años; es decir, entre el año 2011 y 2013 el Plan de turismo seguro que para el verano en España tiene 13.576 efectivos menos de Policía y Guardia Civil, han reducido un 30% el número de efectivos. No solamente se trata den del
número de efectivos, sino que como consecuencia de la misma todas las ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad como Ávila, Cáceres, Cuenca, Mérida, Salamanca, Segovia, Santiago de Compostela y Toledo, no entran en ese Pan de turismo, es decir,
no van a tener un despliegue de seguridad complementario para afrontar esa época. Hay menos policías y guardias civiles, hay menos agentes adicionales, hay un 30% menos como le digo, más de 13.500 de reducción en solo seis años.
La sensación que sacamos de este dato es que la seguridad deja de ser una de las apuestas importantes del Gobierno para un turismo de calidad, y por eso le decía que coincidimos en la prédica, pero solamente con el trigo que se da realmente
un Gobierno demuestra la prioridad que pone en sus políticas en determinados aspectos, y en este, siento decírselo, no la han puesto. Mi compañero de Comisión, y además portavoz de turismo, Sebastián Franquis, y yo mismo estamos muy preocupados con
este tema, y ya le anuncio que estableceremos diferentes iniciativas al respecto.
Hay una parte que a usted le corresponde también en su trabajo, que sé que además trata de hacerlo con la mayor eficacia, que es la coordinación entre Guardia Civil y Policía, tanto en su coordinación como en su despliegue, y algunos
problemas tenemos. Si el ministro planteaba que hay que totar la lucha policial del siglo XXI con más medios del siglo XXI, una vez que revisamos los presupuestos, -y ahí estábamos de acuerdo-, nos encontramos con que hay poco presupuesto, y además
la racionalización de la distribución geográfica que nos anunció el ministro no parece que sea la finalidad de las políticas que están implementado, porque tanto los Greco como los ECO tenían esa implantación geográfica, pero ustedes lo están
reduciendo a su mínima expresión. Por eso le pregunto: ¿han revisado su estrategia? ¿Y qué medios del siglo XXI están poniendo a disposición del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil?
Uno de los mejores elementos para luchar contra la delincuencia es la estrategia contra la multirreincidencia porque además provoca, y usted lo sabe igual que yo, una gran alarma social. Seguramente esa sensación de inseguridad la tenemos
más por la multirreincidencia que por los grandes delitos puntuales en un momento dado, y por tanto compartimos que hay que luchar contra ella. Habíamos establecido en la Ley Orgánica 15/2010 que el Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas con competencias, estableciera en el plazo de un año un sistema electrónico de registro de faltas. En vez de hacer esto el Ministerio del Interior ya con el anterior secretario de Estado, usted lo continúa ahora, firmó el 19 de junio de
2012 dos convenios en materia de cooperación judicial en el que se contempla otra medida, y nos vale si es efectiva. ¿Qué medida es? El envío de oficiales de enlace a más de 400 juzgados de toda España para luchar contra la multirreincidencia.
¿Quiénes son estos oficiales de enlace? La mayor parte son escoltas de Guardia Civil y de Policía que ejercían, sobre todo en el País Vasco, su función y ahora no son necesarios. Nos llama la atención que se envíen para estas labores, que son muy
importantes, y coincidimos, y que al mismo tiempo tenga que ponerse seguridad privada en puestos que estaban desarrollando ellos en prisiones o al menos la Guardia Civil. En fin, como le digo, coincidimos en el objetivo. Sí queremos saber cómo se
han implementado estos convenios y cómo están funcionando.
Nos habló de proteger a los grupos más vulnerables y hay coincidencia también. Como ve, en el sermón coincidimos, otra cosa es la práctica de la gestión diaria. Uno de los aspectos que menos interesa respecto a los grupos vulnerables
-también a ustedes en la formulación de objetivos- es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Hace muy pocas fechas tanto el propio ministro como los diferentes niveles del ministerio presentaron en medios de comunicación un
nuevo plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se habla de que es una lacra de grandes dimensiones; de acuerdo. Se habla de que es dramático; de acuerdo. Se habla de que quienes la sufren pierden su
libertad y sus derechos y se convierten en nuevos esclavos de nuestro tiempo; de acuerdo. Pero, señor secretario de Estado, a Dios rogando y con el mazo dando. El problema es que el ruego al Señor sí se lo dan, pero con el mazo no ejecutan. ¿Por
qué se lo digo? La única forma eficaz de luchar contra esto es la acción constante de Policía y Guardia Civil en los puntos concretos donde se puede desarrollar la trata. Ustedes en el año 2012 respecto a 2011 disminuyeron un 8% las inspecciones y
pasaron de 2.375 a 2.201. Estoy hablando de los datos que aportaron ustedes a preguntas de mi compañera Ángeles Álvarez sobre a en cuántos clubes o puntos donde puede existir el problema de la lacra de la explotación sexual se realizaron
inspecciones. Pero mucho más preocupante es que levantaron un 58% menos de atestados; de 87 atestados pasaron a 55. Por tanto, como le digo, rogaría que pusieran mayor vigor en el mazo, porque en la definición de los objetivos estamos
absolutamente de acuerdo.
Algunos otros aspectos nos interesan también respecto a los grupos más vulnerables. ¿Qué está pasando con los planes contra la droga en zonas de ocio y con el Plan de lucha contra las drogas en el entorno escolar, que van dirigidos
fundamentalmente a colectivos juveniles? Me gustaría también que nos dijera cómo está funcionado el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas, creado por resolución de 25 abril de 2007. También estamos muy preocupados porque a pesar de la
lucha contra la violencia doméstica, que sé que están tratando de impulsar, tenemos sin embargo un alto número de mujeres fallecidas que indica que algo hay que cambiar.
En cuanto a la emigración irregular usted ha dado algunas contestaciones respecto a Melilla. Aquí no solamente hay que predicar y dar trigo, como le indicaba antes, sino que según se está sentado en una parte o en otra es completamente
diferente el mensaje. Uno de sus altos cargos que ocupó el puesto de portavoz desde la oposición no le quiero ni leer lo que decía respecto a Melilla en esta misma Comisión hace cuatro años; le daría vergüenza. En este sentido tengo que
recordarle que en los últimos meses se han reiterado los asaltos a la valla de Melilla. El Gobierno socialista había reforzado esa valla con 28 millones de euros, aun sabiendo que cuando las mafias se unen con la desesperación de las personas es
muy difícil la seguridad; les entendemos en este sentido. La huida de la miseria es una fuerza terrible a la que hacer frente.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Pero aparte de este tema, ustedes han tenido un último incidente, en la cadena, que ha sido la entrada de la patrullera de gendarmes marroquíes en el puerto de Melilla, en la madrugada del martes al miércoles de la
semana antepasada. El Gobierno ni siquiera lo consideró un incidente grave. El subsecretario del Ministerio del Interior, en una muestra de ignorancia inexcusable, llegó a afirmar que las buenas relaciones que existen entre las autoridades
marroquíes y las españolas fue la razón para que la embarcación entrara en aguas de Melilla. Acabo ya. El mismo delegado del Gobierno llegó a afirmar que era una cuestión normal. Pero la misma persona, con un Gobierno socialista en España y con
un delegado socialista en Melilla, ¿saben lo que dijo ante uno de los asaltos de la valla? Que era una auténtica invasión marroquí en toda regla; el mismo al que le parece absolutamente insignificante que una policía extranjera ejerza actuaciones
policiales en territorio español. Si hubiera pasado esto cuando gobernaba el Partido Socialista, imagínense lo que este mismo delegado del Gobierno hubiera llegado a decir. Acabo ya para ser riguroso con la petición del presidente. Quiero
indicarle que en este aspecto de la lucha antiterrorista tenemos coincidencias importantes, y que estamos muy interesados en hablar con ustedes para llegar a un acuerdo en la ley de seguridad privada; tenemos barreras infranqueables, pero estamos
interesados en hablar de ello. Hay elementos de cooperación en los que estoy seguro que vamos a encontrar caminos comunes, porque coincidimos exactamente en lo que es la definición del problema y cuáles deben ser las soluciones, pero tenemos
también mucho interés en que en el trigo, en concreto en los granos, empecemos a tener mayores coincidencias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el Grupo de Convergència i Unió. Me consta que van a repartir el tiempo en la proporción que tengan a bien el señor Jané y el señor Guillaumes. Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las palabras de pésame que se han pronunciado hoy en esta Comisión de Interior por la reciente muerte de mi padre. Asimismo quiero agradecer al secretario de Estado su
primera comparecencia en esta que es su casa, porque ha estado trabajando de letrado y de responsable de relaciones internacionales durante muchos años. Ha realizado bien su labor y le deseamos lo mejor en un trabajo no menos duro y muy sacrificado
como es la Secretaría de Estado de Seguridad. Esperamos que pueda asumir esta alta tarea con responsabilidad, con acierto, y con plena colaboración.
Quiero hacer también una brevísima referencia a otro aspecto. La pasada semana hubo un contacto institucional desde la Generalitat de Catalunya con la propia Secretaría de Estado de Seguridad. Hay una agenda de trabajo compartida, pero aún
hay asuntos pendientes especialmente en el tema competencial. Toda vez que hoy mismo la Mesa de la Cámara ha calificado la entrada del proyecto de ley de seguridad privada como el primero de una serie de proyectos legislativos en los que el
Gobierno deberá buscar la colaboración de los grupos, quiero pedirle encarecidamente que en ese proceso legislativo seamos capaces de preservar el ámbito competencial de aquellas comunidades autónomas, como Cataluña, con policía propia y con un
estatuto que marca un ámbito competencial propio que debemos respetar. Esta va a ser una constante de nuestro grupo, y nos gustaría encontrar en esa negociación la máxima receptividad para no conculcar el estatuto y para realmente abrir ese ámbito
de colaboración.
Termino ya porque en el turno de portavoces voy a ceder la palabra al portavoz adjunto de nuestro grupo, el diputado Feliu Guillaumes, pero antes de hacerlo quiero decirle que en una amplia moción que usted conoce muy bien, porque ya estaba
dentro del Ministerio del Interior, y que se aprobó en el Pleno de la Cámara el pasado 19 de julio, entre los muchísimos puntos que se acordaron hay uno en el que este
portavoz tiene especial interés en que se lleve a cabo, como muy bien sabe el secretario de Estado. Se pedía y se aprobó que con urgencia el Gobierno afrontara el registro de faltas en determinados aspectos para atajar la
multirreincidencia. Esto ya estaba aprobado en la pasada legislatura en el Código Penal y no se ha cumplido. Además existe el compromiso de la Cámara del pasado 19 de julio -pronto hará un año- y tampoco se ha cumplido, por lo que le pedimos que
también en ese aspecto urja lo que debería ser un instrumento muy útil para hacer frente a esa multirreincidencia. Sería bueno que pudiéramos conocer a través de ese registro el historial de tantas y tantas personas que han ido cometiendo pequeñas
faltas en sitios dispares, pero que en su conjunto demuestran una actuación delictiva; su conocimiento nos sería a todos, a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y a todas las policías locales
de gran utilidad.
Cedo ahora la palabra a mi compañero Feliu Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: En primer lugar, señor secretario de Estado, quiero agradecerle su comparecencia y el grado de detalle al que ha llegado su informe. Le vamos a plantear algunos de los puntos -no todos- que usted ha tratado.
Es muy interesante y estamos básicamente de acuerdo en todo el tema de la ciberseguridad. Pero aquí estamos con lo de siempre: las policías del Estado español, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los cuerpos de seguridad de las
comunidades autónomas siguen sin tener bases de datos interconectadas, siguen sin poder acceder a través del CNP, de la Guardia Civil, la Europol o la Eurojust. Sería bueno que si nos preocupa la ciberseguridad empezáramos por dar un modelo
unitario capaz de ofrecer una respuesta global. Soy de la teoría de que el policía debe tener al menos las mismas ventajas que el delincuente, y si puede ser más; pero al menos es deseable que tenga las mismas. Por tanto el tema de las bases de
datos sería bastante importante.
Ley de seguridad privada. Nos preocupa el espíritu que está informando el proyecto de ley de seguridad privada, ya que parece que establece una especie de jerarquía entre administraciones, cosa que no corresponde, como usted sabe mejor que
yo, al diseño constitucional, donde prima el principio de competencia de cada una. Me parece importante extender esta preocupación.
Una vez más, y lo lamento porque supongo que no será la última, tenemos que sacar el famoso informe de la UDEF, que afectó durante la campaña catalana al presidente Mas y al expresidente Pujol. Se archivaron las querellas presentadas en su
momento, pero en el auto de archivo el fiscal dijo, curiosamente, que lo archivaba sobre la base de informaciones del Ministerio del Interior, lo cual nos resulta bastante alarmante. La respuesta del ministro de que no pueden encontrar al filtrador
entre tantos funcionarios del ministerio aún nos alarma más, porque ustedes son el departamento encargado de investigar. Si el ministro dice que no puede encontrar un filtrador entre 200.000 funcionarios, espero que nunca utilice el argumento de
que no puede encontrar un criminal entre 45 millones de ciudadanos, porque entonces sí que nos asustaríamos mucho. El argumento no es válido. Su departamento no puede decir que no encuentra algo porque hay demasiada gente donde buscar.
Tema de los CIE. Lo consideramos importante. Se nota que una sociedad es democrática en circunstancias como estas -no son meros detalles-. Está claro que Los CIE han de limitar la capacidad ambulatoria de los inmigrantes ilegales sin
conculcar ninguno de sus otros derechos; si no, tendría otro nombre, que no pronunciaré, y entonces estaríamos haciendo algo francamente mal. El mal de nacimiento que ha sido citado es justamente el normativo; debe ser una de las situaciones
normativas más surrealistas del ordenamiento español, regido en este momento por una ordenanza, ni siquiera un reglamento, que emana de una ley orgánica que está derogada hace más de diez años. Estamos pendientes de un reglamento para los CIE que,
con permiso del presidente y del secretario, compararía con la figura mítica del Yeti, porque todo el mundo ha oído hablar de él, pero nadie lo ha visto. El reglamento que ha de regular los CIE parece que cumple las mismas condiciones que el Yeti.
Parte del problema es ese, francamente normativo. Repito que es algo emblemático cómo acaba considerando un país este tipo de cosas.
Me ha parecido extraordinariamente interesante el concepto de entrenamiento pasivo, y coincido en este caso, algo que no suele ser habitual, con el portavoz de La Izquierda Plural en que si hay un sector ideológico en la red que utiliza lo
que usted ha definido como entrenamiento pasivo es la extrema derecha. Puede buscarse, porque no tiene ninguna especial dificultad. La extrema derecha tiene una presencia amplísima incluyendo llamamientos a hacer de lobo solitario en estos
términos, etcétera. En su discurso no ha mencionado este tipo de actuación de la extrema derecha y que es importante, porque en su momento también han demostrado que saben matar.
Me referiré también muy brevemente a preguntas muy concretas. De hecho, siguiendo las que ha hecho don Jordi Janè sobre la moción que presentamos -pronto hará un año, un 19 julio-, él ha hablado del registro común de faltas y yo hablaría
también de que se pedía -repetimos- una moción aprobada, la modificación urgente de la Ley Orgánica 1/1992 de protección de seguridad ciudadana; de promover una modificación de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión para armonizar
diferentes normativas y promover, también, una modificación -aquí sí se ha referido brevemente el secretario, si no lo he entendido mal- del Código Penal para dar respuesta eficaz a nuevos elementos delictivos, como es el robo del cobre, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Guillaumes, le ruego vaya concluyendo.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: He terminado, he conseguido atenerme al tiempo, presidente, y no he dicho ni una sola vez: como no podía ser de otra manera, lo cual también es meritorio. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Gracias por su siempre amable colaboración, señor Guillaumes.
Para cerrar el turno de grupos, tiene la palabra el señor Escobar por parte del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Quiero empezar haciendo mías las palabras del señor presidente en torno al pésame, que le trasladamos también desde de nuestro grupo, al señor Janè. A continuación, y entrando en la comparecencia, señor
secretario de Estado, por decirlo coloquialmente y nunca mejor dicho, está usted en su casa. Sabíamos y conocíamos, todos los que aquí desarrollamos actividad política, de su buen hacer en el terreno profesional como letrado; pero nos ha
sorprendido y muy gratamente como ha volcado esa sapiencia jurídica en beneficio, en este caso, de la seguridad de todos. Ha sido una exposición, me atrevería a decir, pedagógica, muy interesante, clarificadora y, desde luego, coherente con las
líneas que ya expresó el propio ministro en esta Comisión parlamentaria. A partir de ahí, comienzo también incorporando al discurso de nuestro partido, del Grupo Popular, esas referencias que hacía a que la seguridad tiene que contemplarse como un
fenómeno integral. En segundo lugar, que el papel de ciudadano está llamado a ejercer una mayor responsabilidad en la seguridad de todos, y eso es importante. El protagonista de la seguridad es ni más ni menos que el ciudadano, lo ha dicho usted
en dos o tres ocasiones y nos felicitamos por esa consideración, por ese compromiso. Y, en tercer lugar, en los tiempos que corren y no menos importante es el hecho de que la imagen de España se ve claramente beneficiada cuando nos caracteriza una
buena seguridad. En ese sentido me van a permitir que diga que ayer tuvimos ocasión de compartir, por encargo de la Presidencia de esta Cámara, una comisión de parlamentarios mexicanos y saludaban la aceptación y el grado de seguridad de que
disfrutamos en España, con lo cual podemos ser merecedores de recibir inversiones y proyectos económicos que, insisto, es especialmente importante.
De las líneas que usted ha expuesto en materia de seguridad, me voy a detener en una que engloba a todas, y es que España es uno de los países más seguros y mejor protegidos de toda Europa. Nuestro índice de criminalidad, si no le he
entendido mal, está 16 puntos por debajo de la media europea, en torno al 48 por 10.000. Además esos datos van acompañados de otros no menos importantes, como usted ha mencionado, y es el hecho de que se viene experimentando un descenso en los
delitos graves, está mejorando también la efectividad policial -esto tiene mucho que ver y le contestaré al representante del Grupo Socialista-, se está incremento el número de personas detenidas y muy importante, mejora la percepción de seguridad
de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto se hace -corríjame también si mi información no es correcta- contando con un número de efectivos de los más altos de toda Europa, si sumamos Policía Nacional, Guardia Civil, las policías
autonómicas e incluso si podemos incorporar ahí las policías locales. Por tanto, con esas ratios podemos decir que hoy España es un país seguro y bien protegido.
De las líneas que usted ha expuesto quiero detenerme en algunas que para nosotros siempre despiertan un especial interés. La primera es el combate del terrorismo, empezando por el terrorismo de ETA. Coincidimos -como aquí se ha dicho- que
frente a esta lacra aquí no valen ni impunidades ni valen buenismos de pancarta ni valen coacciones, sino que aquí únicamente vale la aplicación estricta de la ley y del Código Penal -es el único camino que cabe ahora mismo aplicar-, y en
definitiva, cumplir la pena. Además nos sumamos a las palabras acertadas también de las representantes de las asociaciones de víctimas, de Mari Mar Blanco y de Ángeles Pedraza, que siempre seguirán siendo nuestro referente en el
actuar en este terreno. Hasta el definitivo desmantelamiento de esta organización terrorista hay que ser absolutamente implacable en el terreno policial. Ahí, señor secretario de Estado, tiene el más entusiasta de nuestros apoyos, como
tiene que ser. En otro orden para su departamento no pasa desapercibido que el terrorismo cobra nuevas formas. De esas modalidades terroristas a nosotros también nos preocupa la modalidad que tiene que ver con el yihadismo. Por eso saludamos
entusiastamente a ese Centro Nacional de Coordinación en el que se contempla -he creído entenderle, corríjame- veintinueve líneas de actuación para combatir el terrorismo. Hay que desplazar nuestra frontera allá donde estén las amenazas. Hoy las
fronteras no son las geográficas sino que las fronteras tienen que ir allá donde puede existir una amenaza terrorista para cualquier país. Por eso es importante la colaboración, por eso es importante analizar, procesar y administrar la información.
Le voy a preguntar en ese sentido por unos proyectos que me parecen punteros en la cooperación policial, los centros de cooperación policial de Algeciras y Tánger, que me consta que están dando un excelente resultado y que suponen un proyecto
absolutamente pionero en el ámbito europeo. Saludamos, más allá de cualquier otro legítimo matiz jurídico, la posibilidad de tipificar la conducta del adiestramiento pasivo. Perseguir este tipo de conductas terroristas pasa también por intervenir
en la prevención.
En el capítulo de inmigración ilegal que ciertamente es un desafío a rajatabla para cualquier sociedad democrática, somos conscientes de que detrás de ese fenómeno inmigratorio se esconden muchas veces esperanzas rotas, ilusiones pisoteadas
y desgraciadamente muchos de esos inmigrantes ven en nuestro país la entrada a un sueño que al final se vuelve pesadilla. Por eso es importante trabajar desde el control de nuestras fronteras, es importante prevenir los flujos, pero también es muy
importante incorporar mucha humanidad para quienes sufren esa lacra, para con las víctimas. Por eso saludamos esa campaña contra la trata de seres humanos y fundamentalmente contra aquellos que tengan que ver con la explotación sexual, porque esta
campaña ilustra gráficamente cómo se tienen que abordar desde un punto de vista integral, pero también incluyendo el componente de sensibilidad, cómo se tiene que abordar un fenómeno de esas características. He creído entenderle, señor secretario
de Estado, que se ha producido un descenso en el fenómeno migratorio que llega a nuestro país -corríjame si no es así, porque este tema es importante-. Imagino que este descenso tendrá mucho que ver con la colaboración con Marruecos, Senegal y con
los diferentes instrumentos en los que participa España con la agencia Frontex, la operación Minerva, Hera, etcétera. En este recorrido no puedo dejar de mencionar -porque, si no, el portavoz adjunto me lo afearía- una referencia expresa a unos
territorios españoles muy queridos para todos, que son Ceuta y Melilla. Sabemos que ahí hay que intervenir con toda la fuerza, con todo el rigor, también con toda la eficacia, por eso nos reconforta todo el despliegue tecnológico y material que
usted ha anunciado. No creemos que haya que mirar permanentemente en el espejo de lo que se ha hecho antes. En materia de seguridad lo importante es mirar hacia el futuro, y yo creo que en toda España, pero también en Ceuta y Melilla, es mucho más
esperanzador y mucho más seguro en términos de flujos migratorios, porque si mis datos son correctos se viene experimentando en términos globales un descenso en el flujo migratorio que llega a Ceuta y Melilla.
En lo que afecta al narcotráfico, quiero destacar que fue el propio ministro el que insistió en este proyecto en sede parlamentaria y dijo una frase que hacemos nuestra desde el grupo y que ilustra claramente cuál es el papel que tiene que
desarrollar nuestro país, porque todo aquello que sea bueno para España en este terreno será bueno para Europa. España es el muro de contención ahora mismo de la droga en Europa. Si mal no recuerdo es el primer lugar europeo en incautaciones en
coca o en hachís y es el tercer lugar en incautaciones en éxtasis. Hay que emplear toda la tecnología a nuestro alcance no solamente para que en España estemos seguros, sino para frenar un fenómeno que tiene una dimensión mundial y que
desgraciadamente acaba con muchas vidas. Por eso nos sumamos al agradecimiento en cuanto supone evitar uno de los riesgos más críticos de ese fenómeno, y es la destrucción inmediata de la droga. Le he entendido -corríjame, señor secretario de
Estado- que el objetivo es destruir toda la droga que ahora mismo está almacenada en algún departamento policial. Eso siempre es una buena noticia.
Termino con una referencia expresa a lo que supone para mí una novedad fundamental con la que nuestro grupo comparte una especial sensibilidad. Me estoy refiriendo al desafío de la ciberseguridad, que coincidimos va a ser el desafío de la
década. Sabe, señor secretario de Estado, que en esta Comisión tiene una apuesta abierta para trabajar de cara a corregir ese fenómeno, en este caso en algo muy concreto, que es el uso responsable de las redes sociales y la prevención de la
delincuencia en las redes sociales. Aquí estamos para trabajar en la prevención del ciberdelito, porque coincidimos en que la red es
ahora mismo uno de los cauces más frecuentes para el delito y tenemos que actuar con inteligencia. Acabo como empecé. Señor secretario de Estado, muchas gracias por su intervención. Aquí tiene nuestro apoyo y quiero insistirle en que no
deje de lado ese compromiso que ha hecho para que el ciudadano sea el verdadero protagonista de la seguridad porque es el camino más seguro para todos los españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra para responder a algunas de las cuestiones planteadas el señor secretario de Estado de Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, que valoro como enormemente constructivas, tanto por el tono como por el contenido, lo cual hace especialmente grata esta
mi primera comparecencia en sede parlamentaria. Voy a tratar, en la medida de las posibilidades del tiempo y de la información disponible, de dar respuesta a las cuestiones que han suscitado, teniendo en cuenta que muchas de ellas han sido
planteadas por varios portavoces, por tanto, me permitirán abordarlas de manera conjunta. En relación con las cuestiones que planteaba quien ha intervenido en primer lugar -voy a seguir, si no les parece mal, este orden, porque es como he ido
tomando las notas-, el portavoz del Grupo Vasco, por razones de asistencia a otra convocatoria de la Cámara, hacía en primer lugar el señor Olabarría referencia a la situación en los CIE y a una cuestión muy concreta, como es la deuda en materia de
subvenciones de CEAR y el problema de la morosidad. Le tengo que decir que estoy absolutamente dispuesto a enterarme de esta cuestión, a tratar de darle en fechas próximas una respuesta concreta, aunque es verdad que los temas de asilo y refugio no
están estrictamente en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, sino que dentro de la división de áreas en la que se estructura el ministerio dependen del subsecretario, y concretamente dentro del área de la Subsecretaría
de la Dirección General de Política Interior. Ese es el motivo por el que no puedo en estos momentos dar una respuesta, pero lo haré obviamente interesándome por la cuestión que suscitaba el señor Olabarría. Sí tengo la idea, pero como no quiero
ser impreciso, me hago una cierta reserva para que esa información sea más precisa en el futuro, de que no existe deuda pendiente, por tanto, no hay tal morosidad del ministerio con CEAR, pero en todo caso, para no dar un dato erróneo, lo
confirmaré.
Hablaba el señor Olabarría también de la posibilidad o de la necesidad de convocar una junta de seguridad con el Gobierno vasco. En ese sentido, como creo que él mismo ha señalado en fechas muy recientes, el pasado día 11, tuve ocasión de
reunirme con el viceconsejero para abordar diversos temas. El ánimo por parte del secretario de Estado es que se celebren todas las reuniones de trabajo que sean precisas y necesarias, porque hay muchísimos ámbitos de interés común. La relación
con el viceconsejero fue una relación muy cordial, fue una reunión de trabajo intensa en la que abordamos distintos temas y en la que, con independencia de la decisión de convocar de manera inmediata la Junta de Seguridad, estamos absolutamente de
acuerdo en que hay ponerse a trabajar los equipos técnicos para poner de manifiesto cuáles serían eventualmente los temas que se abordarían, que se llevarían a esa Junta de Seguridad. Requisito imprescindible para que cualquier convocatoria,
cualquier encuentro, tenga éxito, es que primero estemos de acuerdo en cuál va a ser el orden del día y los asuntos que queremos abordar. Por tanto, eso ya es paso dado, eso ya es una decisión adoptada que desde este momento los servicios técnicos,
los respectivos gabinetes de la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco y de la Secretaría de Estado de Seguridad se ponen a trabajar de cara a la identificación de los ámbitos de interés y de trabajo común. Todo ello con independencia de otras
decisiones que en el mejor ámbito de colaboración entre nuestras dos administraciones se han puesto ya en marcha como el deseo de una próxima integración de la Ertzaintza en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado que resulta
absolutamente conveniente, para lo cual está invitado el Gobierno vasco. A estos efectos hemos puesto a su disposición también todas las posibilidades de conocimiento, de visita y de las reuniones que sean precisas para llevar a cabo esta
integración.
A propósito de la integración en el sistema Schenghen y, en definitiva, la participación de la Ertzaintza en distintas herramientas de coordinación, bases de datos y, por tanto, estructuras organizativas que tienen que ver con la
coordinación de la seguridad, le podría decir al señor Olabarría que las policías autonómicas españolas ya participan en estructuras organizativas y en la información dimanante del sistema Schengen asisten a las reuniones, forman parte de los grupos
de trabajo que se organizan para la puesta en práctica de los sistemas SIS I y SIS II, tienen también oficiales de enlace en la Oficina Sirene, por lo que pueden conocer y agilizar los asuntos que les competen, pero yo mismo se lo decía: nuestro
interés es que la coordinación y que, por tanto, el flujo de información entre las policías autonómicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea el mejor, porque entendemos que ello va a redundar claramente en una mejora del
objetivo común que es la protección de la seguridad ciudadana. En esta misma línea apuntaba sobre la conveniencia de la participación y de la integración de la Ertzaintza en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que es algo creo
que deseable para todos. También se hacía referencia en su intervención al problema de la proliferación de bandas latinas, y en concreto -he identificado algunas de las que podríamos llamar nuevas amenazas o retos emergentes de la seguridad, pero
no he pretendido que fuese en ningún caso con ánimo exhaustivo- hay muchos fenómenos delictivos a los que no he hecho referencia y eso no quiere decir que no se contemplen, que no sean importantes o que no estén trabajando sobre ellos la Policía
Nacional y la Guardia Civil. Obviamente, están trabajando, obviamente se contemplan pero, para no hacer esta exposición más agotadora de lo que ya ha sido para todos ustedes, me he concentrado en lo que me parecía más significativo. Pero en
particular, como se interesaba el señor Olabarría, y alguno de los otros portavoces lo hacía, por la reacción frente a este fenómeno de la violencia juvenil y en concreto a las bandas latinas, maras, etcétera, quiero decirle que con fecha reciente
de 10 de abril de 2013 se firmó la instrucción 4/2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad para reimpulsar, para dar continuidad al plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil, prorrogando
un año más su vigencia, y comenzando, al mismo tiempo, trabajos para elaborar una nueva instrucción que permita mejorar aquellos aspectos que deban ser corregidos y que incorporen las experiencias durante los años previos de vigencia de ese plan,
que son ya varios. Esta es una forma integral de abordar este fenómeno delictivo, que es tal vez más correcto decir la violencia juvenil en sus distintas manifestaciones, una de las cuales es la de las bandas latinas y la de las maras.
En este contexto además les podría dar algunos datos, pero a lo mejor sería excesivamente prolijo, de detenciones que se han producido, 125 personas detenidas por el Cuerpo Nacional de Policía por su integración en estas bandas latinas en el
año pasado. Por tanto, eficacia policial también en este campo en el que hay que tener una estrategia que no solo vaya al ámbito puramente reactivo sino también al ámbito preventivo. Por esta razón, todos estos fenómenos delictivos se incorporan a
planes mucho más amplios de coordinación y de cooperación que exigen en muchos casos incorporar experiencias de otros países, en particular en este caso concreto de las bandas latinas que, como es natural, en algunos países latinoamericanos se
conoce el fenómeno muy bien y nosotros tenemos la obligación de aprender lo que en esos países se ha hecho para combatirlo. La semana pasada se celebraba en la localidad de Carrión de los Condes la primera Escuela Iberoamericana de Policía, otra
iniciativa en el marco de la cooperación internacional del ministerio, en concreto una iniciativa hija de la Cumbre Iberoamericana de Ministros del Interior y de Seguridad en la que se abordó específicamente con expertos de las policías
centroamericanas y latinoamericanas en particular, el fenómeno de las bandas latinas. ¿Por qué? Porque allí es más conocido, lamentablemente para ellos mucho más extendido, pero también han tenido más experiencia para tener una reacción policial
eficaz y adecuada. Nosotros en lo que podemos aportamos, pero además nos gusta aprender de otros países.
El interés por el adiestramiento pasivo lo han mostrado varios portavoces. Con mucho gusto les trato de dar algo más de concreción en este sentido. La decisión marco del año 2008 en la Unión Europea pone de relieve la necesidad de
coordinar la tipificación de los delitos de terrorismo en sus distintas modalidades, en sus distintas manifestaciones, lo que en varios países de la Unión Europea, esta es una iniciativa liderada por el ministro del Interior pero de forma coordinada
y muy positivamente por parte de otros ministros asistentes a esta reunión del JAI, es hacer frente a un fenómeno para el cual no había respuesta legislativa. Es que en el ámbito del terrorismo yihadista, y no quiere decir que esta sea una
respuesta solo al terrorismo yihadista, es una respuesta al terrorismo, pero donde se ha manifestado con mayor gravedad es en el ámbito del yihadismo del terrorismo internacional, el fenómeno del adiestramiento y de la exaltación radical, sobre todo
a través de Internet, a través de redes sociales, es enormemente preocupante. Por tanto, nos encontramos con que nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal en concreto, el nuestro y el de muchos países de la Unión Europea, no tiene una
respuesta a la altura de la gravedad que está adquiriendo este fenómeno. La respuesta a la altura de la gravedad significa que con todas las garantías, como siempre que se legisla en el terreno penal, como no podía ser de otro modo, seamos capaces
de identificar cuál es el tipo delictivo que comete no ya la persona que promueve la radicalización a través de la red -que eso es evidente porque siempre habrá un fenómeno, llamémosle en términos técnicos como se quiera, pero siempre hay una
exaltación, un enaltecimiento del terrorismo, una promoción de las
acciones terroristas-, sino quien participa, y por eso lo de pasivo que le llamaba la atención a don Emilio, quien participa, quien se deja radicalizar en esa participación activa, deliberada y consciente en ciertos foros, en ciertas redes,
en ciertos ámbitos que lamentablemente estamos viendo donde terminan. Estamos viendo que esos procesos de radicalización se producen fundamentalmente a través de la red, se producen en muchos casos de una manera como es lógico emboscada, sin
capacidad en ocasiones de detectarlos a tiempo. Sin embargo, cuando se producen son enormemente activos, son tremendamente violentos, utilizan todo tipo de medios, es decir, la imagen, la palabra, la exaltación, el mensaje reiterado y en muchos
casos, lamentablemente, consiguen su finalidad de radicalizar a los individuos. Muchos de los supuestos que nos estamos encontrando de terroristas, actores individuales, lobos solitarios que están convencidos de ir a hacer la yihad bien en otros
países o en países de la Unión Europea -como hemos visto lamentablemente de forma muy reciente- han sufrido ese proceso de radicalización a través de foros y a través de Internet. Por tanto, la respuesta penal es siempre la última ratio, pero
también debe estar ahí y creemos que el ordenamiento jurídico, en España y en otros países de la Unión Europea, tiene algunas lagunas para hacer frente a estas nuevas modalidades de terrorismo. Esa es la finalidad de presentar esa iniciativa en el
ámbito europeo con la intención de que se trabaje en ella de forma coordinada y conjunta y con muy buena acogida por parte de países que también están sufriendo este mismo fenómeno, algunos de ellos como todos ustedes saben, en fechas muy recientes.
Hacía también referencia el señor Olabarría, pero lo han hecho varios de los portavoces y si me lo permiten lo trataré en este momento, al anteproyecto de ley de seguridad privada -si no estoy mal informado se remitía para su calificación y
admisión a trámite por la Mesa de la Cámara en la mañana de hoy- que será materia para el trabajo de esta Comisión en las próximas semanas. No he querido entrar, no porque no considere que sea un proyecto importante sino porque entiendo que no debo
en este momento hurtar el debate parlamentario que a ustedes les corresponde en fechas muy próximas. Sin embargo, sí quiero decir que agradezco mucho -me parece un síntoma de algo que ya conocíamos pero que en este caso se vuelve a poner de
manifiesto- la intención de muchos grupos de ser constructivos en el debate de este anteproyecto. Lo agradezco porque los asuntos que son competencia del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad -este es uno de ellos, la
adecuada regulación de la seguridad privada- exigen una gestión del consenso y de la participación de todos los grupos lo más ambiciosa posible. Por eso aquí también no solo les agradezco sino que les ruego que su participación sea constructiva.
El anteproyecto ha planteado por parte de los portavoces reflexiones que van en dos órdenes. Algunos han hecho alusión al tema del reparto de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en particular en esta
materia en el caso de Cataluña y del País Vasco. -Lo ha suscitado el señor Olabarría y lo suscitaba también el portavoz del Grupo Catalán-. En esta línea le quiero decir que el diseño del marco de distribución de competencias que realiza el
anteproyecto es el que recoge la situación real, actual, no ya legislativa sino fruto del reconocimiento por la jurisprudencia de esa distribución de competencias. Por tanto, me parece absolutamente no solo respetuoso sino, si me permite,
vanguardista en ese reconocimiento de las competencias que le corresponden a la Generalitat o al Gobierno vasco en su caso. Se ha tenido en cuenta, como le digo, no solo cuál es el marco heredado de distribución de competencias en esta área sino
también cuál ha sido la evolución en este campo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto se asume un planteamiento que debería ser satisfactorio para las fuerzas políticas que ustedes representan, porque ha sido una cuestión que
en todo momento se ha tenido muy en cuenta.
La otra reflexión no tenía ya tanto que ver con el ámbito de la distribución constitucional de competencias sino con la reflexión que planteaba el señor Sixto y también en cierta medida el señor Trevín a propósito de esa posible o llamada
privatización de la seguridad. Le puedo asegurar que el anteproyecto de ley de seguridad privada está absolutamente en las antípodas de la privatización de la seguridad. No hay un ánimo privatizador; lo que hay es un ánimo de regular
ordenadamente un sector que económicamente es próspero e importante, crea empleo y crea riqueza y, además, es un sector necesariamente complementario, necesariamente subordinado al de la seguridad pública pero también importante. Si ustedes tienen
la curiosidad de consultar los datos que yo les facilitaría gustosamente de la ratio de policías públicos por cada 100.000 habitantes podríamos ver que en España tenemos una muy satisfactoria. Sin embargo, la ratio de vigilantes de seguridad es, en
el caso de España, más reducido, más bajo que en otros países de la Unión Europea. Eso no significa en sí mismo nada; simplemente que nosotros en el caso concreto de este anteproyecto de ley queremos dar una respuesta adecuada a la regulación de
la seguridad privada
en lo que creemos que es un ámbito que puede ser coadyuvante, cooperador, y por tanto un complemento muy importante de la seguridad pública, pero siempre bajo el principio de preeminencia. No hay, por tanto, privatización de nada, lo que
hay es una regulación exhaustiva, mucho más completa, de los servicios que puede prestar la seguridad privada. Fíjese que la ley vigente es de 1992, por tanto en muchos ámbitos esa ley ha quedado superada; presentaba lagunas e incluso había algún
problema de técnica normativa. Había materias que no estaban reguladas en una norma con rango de ley, ni siquiera en una norma reglamentaria, sino en órdenes ministeriales o incluso en resoluciones de la Dirección General de la Policía, y
entendemos que es lo suficientemente delicado este ámbito de prestación del servicio de seguridad privada por su relación con el servicio público para que esté todo regulado de forma armoniosa y coherente en una norma con rango de ley. Ese es el
principal objetivo, por tanto no hay ningún ánimo privatizador.
Esto me lleva también al asunto, que creo que planteaba el señor Trevín, de la privatización de la seguridad de las prisiones. Señoría, niego la mayor: no hay privatización de la seguridad de las prisiones, no es así. Ustedes saben que
hay modelos respetables, pero desde luego no es el nuestro, en los que la gestión de los centros penitenciarios se concierta con empresas privadas; ese modelo existe en otros países, pero no es el nuestro, ni desde luego esta ley se parece en nada
a eso. Esta ley lo que permite es que uno de los ámbitos en los que intervengan las empresas de seguridad privada sea también el de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, pero -insisto- no para sustituir a nadie sino para reforzar
y complementar en tareas muy concretas y además de una manera gradual y hasta cierto punto experimental, por lo que se ha puesto ahora mismo sobre la mesa. Es decir, no se ha sustituido a ningún policía, a ningún guardia civil por vigilantes de
seguridad privada, absolutamente a ninguno. Lo que se ha hecho es una experiencia de fortalecimiento de la seguridad perimetral de los centros penitenciarios con vigilantes de seguridad privada, para evaluarla en un número reducido de centros,
veintiuno en concreto, y mediante la incorporación de un número reducido de vigilantes de seguridad privada, para que trabajen en áreas de responsabilidad muy específicas que no supondrán, en ningún caso, ninguna dejación de las funciones que
corresponden a la Policía o a la Guardia Civil en lo que a la vigilancia perimetral se refiere y, por supuesto, a los funcionarios de instituciones penitenciarias en el ejercicio de sus competencias. Ese equilibrio no se altera; ahora bien, si la
seguridad privada en este como en otros ámbitos puede complementar a la seguridad pública, ¿por qué vamos a negarnos a ello? En todo caso será el resultado, la evaluación del resultado de esta primera experiencia lo que nos permitirá ver cuáles son
los siguientes pasos. Entre eso y la privatización de la seguridad de los centros penitenciarios hay un abismo. No hay por tanto ningún riesgo ni ningún ánimo en esa dirección.
A propósito de la intervención que realizaba -continúo con el orden en el que fueron haciendo uso de la palabra- la portavoz del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, en relación precisamente con el motivo por el que había solicitado la
comparecencia, las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía, en las que ha hablado, por ejemplo, de imponer el miedo, actuaciones absolutamente fuera de lugar, yo lo que le puedo decir es que la actuación de las unidades de intervención policial
es siempre profesional, siempre guiada por el ánimo de hacer compatible el ejercicio de derechos fundamentales, entre los cuales, no le quepa ninguna duda, se considera, por su enorme importancia en términos constitucionales, el derecho de reunión y
manifestación, pero también evidentemente otros. No hay absolutamente ninguna instrucción en la dirección que usted planteaba, al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, sino que lo que tienen que hacer, como es lógico, funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, que realizan un trabajo complejísimo, complicadísimo, para el cual están muy, muy bien preparados y que en muchos les pone en situaciones límites, en situaciones que difícilmente otros podríamos soportar; para ese
trabajo, para el que están, como le digo, muy bien preparados y son muy conscientes de cuál es su cometido, la única instrucción que preside su actuación es preservar el libre ejercicio de derechos fundamentales y proteger la seguridad ciudadana, y
eso se refleja después en datos concretos. Usted tal vez hacía referencia a experiencias puntuales que no ha hecho explícitas, pero le puedo decir de una manera más resumida o global cuáles han sido algunos datos en este sentido. El ejercicio del
derecho de reunión y manifestación durante el año 2012 se ha traducido en unas 6.125 concentraciones -siempre cifras aproximadas-; eso supone con respecto al año anterior un incremento del 40%. Los funcionarios de las unidades de intervención se
han visto, como todos los funcionarios, sometidos a los lamentables recortes, fruto de las políticas económicas que se han tenido que poner en marcha por la situación existente, sin embargo han tenido que hacer, si me permiten la expresión, un uso
más intensivo del recurso policial, es decir, han tenido que trabajar mucho porque, por razones que también son comprensibles, el número de
concentraciones y manifestaciones ha sido muy superior. Le hablo de un incremento de nada menos que del 40%. Fíjese que de esas 6.125 concentraciones ha habido -lo que podríamos llamar incidentes- solo 271, y de ellos solo se ha recurrido
al uso de material de protección en 39 ocasiones; es decir, solo en 39 ocasiones de 6.125 -lo cual es un porcentaje ínfimo- ha habido que hacer uso del material de protección porque se han producido lo que podríamos llamar incidentes graves.
Evidentemente, como se puede imaginar, lo deseable es que en ningún caso hubiese que hacer uso de ese material de protección, pero lo cierto es que la proporción o el porcentaje no revela ningún problema grave y pone de manifiesto una enorme
profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le podría dar más datos, pero con esa reflexión que usted trasladaba acerca de las posibles directrices de actuar en determinados casos ante ejercicios del derecho de manifestación
no le quepa la menor duda de que la única directriz que hay es que se respete la ley y el ejercicio compatible de los derechos de todos. En ocasiones es verdad que cuando ese derecho de reunión se realiza en el ámbito privado, en el domicilio
particular, a lo mejor también hay que tener en cuenta que hay que ponderar otros derechos, no derechos del cargo público que se ve sometido a la concentración o manifestación sino de personas que conviven con él (menores de edad, familiares o
vecinos). Obviamente, el ejercicio de derechos fundamentales -no estoy descubriendo nada, creo que es doctrina más que consolidada del Tribunal Constitucional- supone la limitación de unos por otros y el necesario equilibrio entre ellos. Por
tanto, ¿protección del derecho de manifestación? Sí, creo que lo protegen de una manera ejemplar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero cuando entran en juego otros derechos y libertades lógicamente también tendrán que ponderarse y
protegerse. En ocasiones eso se resuelve en sede judicial a través del procedimiento que nuestro ordenamiento jurídico contempla para ello, que es un procedimiento obligatorio, la comunicación, no la autorización sino la comunicación, de las
convocatorias a efectos de que se pueda armonizar ese ejercicio de derechos y libertades. En esos casos, cuando se comunica previamente, es posible conseguir un ejercicio armonioso de todos los derechos -creo que hay ejemplos más que suficientes-;
en otros casos, si no hay comunicación previa, es mucho más difícil.
A propósito de la intervención del señor Salvador, le agradezco mucho el tono y el fondo. Compartimos -hemos tenido ocasión de hacerlo en muchas ocasiones en el ámbito privado- muchas de las cosas que aquí se han dicho a propósito de la
lucha antiterrorista, de la prevención y del trabajo que se realiza para recuperar la memoria. Yo se lo diría también a la portavoz del Grupo de UPyD. Creo que muchas de las legítimas y más que comprensibles afirmaciones que se han realizado a
propósito de la lucha contra ETA también tienen que ver con un ámbito muy concreto, que es lo que se ha llamado la defensa del relato, que en realidad está muy relacionado con algunos de los acontecimientos a los que usted ha hecho referencia, en
los que se trata de alguna forma de tergiversar, manipular o hacer aflorar un relato edulcorado de lo que ha sido la organización terrorista ETA y su acción criminal y sanguinaria durante muchos años. Yo me he referido a los ámbitos que más
estrictamente corresponden a mis competencias, es decir a la eficacia policial, a la promoción y cooperación internacional y a la defensa de la ley y del Estado de derecho, pero también evidentemente todas las fuerzas políticas somos responsables de
que se promueva un relato adecuado y acorde a la realidad, por tanto ser firmes en todas esas visiones que en el ámbito interno y externo puedan generar sospechas que tratan de poner de manifiesto una equidistancia o una situación que no se
corresponde en absoluto con lo que ha sufrido este país y con lo que han sufrido todos los ciudadanos como consecuencia de las acciones terroristas de ETA. Eso tiene que ver con muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Sabe que en eso la
intención de la secretaría de Estado es que nadie pueda imponer una verdad edulcorada o adulterada y que ETA quede siempre reflejaba como lo que ha sido y como lo que es hasta que se produzca ese deseable escenario de su desaparición y de su
disolución incondicional. Para ello a ETA y a su entorno desde hace tiempo les sobra el teatro y les falta la decisión de verdad, la que todos nos vamos a creer, que es la decisión de su desaparición, disolución incondicional y el desmantelamiento
de absolutamente todas sus estructuras. Todo lo demás que signifique teatralizar determinadas situaciones no merece la pena ni siquiera entrar a comentarlo. Sabe que desde el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad merece toda la acción,
toda la energía de la eficacia policial, de la cooperación internacional y, por supuesto, de la defensa -en el caso concreto de Navarra usted sabe bien que así es- de un relato que no venga contaminado por ningún tipo de elemento terrorista. En
todo caso, gracias por sus deseos de éxito. Sabe en cuántos ámbitos podemos estar de acuerdo y colaborar; en definitiva, le agradezco que lo haya formalizado expresamente como lo ha hecho tantas veces en la relación privada.
Señalaba la señora Díez, portavoz de UPyD, en primer lugar su interés a propósito del reglamento de los CIE, al que se ha referido el portavoz de Convergència como el reglamento Yeti. En fin, más allá de lo curioso de la denominación,
desconocido el proyecto no será porque, entre otras cosas, para un proyecto elaborado por el Gobierno en el ejercicio de sus competencias como es la potestad reglamentaria, se celebró un trámite de audiencia con los portavoces de los grupos
parlamentarios. No digo que esto sea lo que haya que hacer siempre pero, desde luego, obligatorio no es. En este caso, la intención del ministro fue que en un reglamento que tiene una importancia crucial -nadie lo duda- la participación y el
involucramiento de todos los afectados, incluyendo por supuesto a sus señorías, fuese decisiva. Por eso un gran desconocido no es el anteproyecto. Se podría haber obviado ese trámite pero entendemos que es constructivo, saludable y que, en todo
caso, todos ustedes han realizado aportaciones que, en la medida de lo posible -creo que en una gran medida-, han sido incorporadas al texto. Le doy cuenta, en todo caso, de cuál ha sido la extensión de ese trámite de audiencia desde que se manejó
el primer borrador hasta el texto actual, del denominado en su día anteproyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de estancia controlada -saben que cambia la denominación, pasan
de ser CIE ha ser CEC-. En el proceso de elaboración de esta disposición normativa se ha requerido la participación -insisto, además de la Comisión de Interior del Congreso- de los siguientes organismos: el Consejo General del Poder Judicial, el
Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad...
El señor PRESIDENTE: Le agradecería, señor secretario de Estado...
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Se lo ahorro.
El señor PRESIDENTE: Si nos hace gracia de la lectura pormenorizada se lo agradezco, pensando sobre todo en las condiciones físicas -las del secretario de Estado son envidiables, pero no sé si las de todos los diputados están a su nivel-.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Muchas gracias, por la parte que me toca.
Se lo ahorro pero la intención que tenía era decirles que el proceso de elaboración de este reglamento ha sido enormemente participativo, y ello genera también un cierto retraso en su aprobación.
A continuación y a propósito de lo que señalaba la señora Díez, al hacer referencia y responder a la intervención del señor Salvador en relación con los actos celebrados recientemente y en los que se ha producido una exaltación o un
enaltecimiento -decía la portavoz de UPyD- en Biarritz de ETA y cuáles han sido las respuestas políticas, la respuesta política es evidente. Como es lógico, la relación y la cooperación con Francia es constante, continua y permanente también en
este campo. Cualquier presencia de etarras -mal llamados refugiados- huidos, fugitivos de la justicia en muchos casos, que tengan órdenes de detención internacional pendientes o causas pendientes, va a suponer la reacción de la policía francesa y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España para su puesta a disposición judicial, como no podía ser de otro modo. También es verdad -en ese sentido creo que también lo ha dicho en alguna ocasión el ministro- que la acción coordinada
con el Ministerio de Asuntos Exteriores por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad ha llevado a que se haga un análisis de las situaciones en las que se podría remitir la documentación correspondiente trabajando coordinadamente. A cualquier
ciudadano que no tenga causas pendientes o que no sean conocidas y que solicite que se le entregue el pasaporte en un consulado, los funcionarios consulares tienen la obligación de entregárselo. Por tanto, hay que tener una estructura muy
coordinada, permanentemente activa de engrase, de trabajo para que no se pueda producir la entrega de esa documentación a alguien que tenga causas pendientes. Eso lógicamente requiere mucho trabajo, y así se está haciendo. Por tanto, creo que la
respuesta política indudablemente no se puede desligar de la que se está dando desde la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En cuanto a la intervención del señor Sixto a propósito de los chalecos y del material de identificación de las unidades de intervención policial, el número se adhiere con velcro y recoge el encuadramiento orgánico de cada policía dentro de
su unidad de intervención. Por tanto, es una forma de identificación del policía en ese equipo y en esa unidad de intervención. La intención es cumplir una recomendación reiterada por el Defensor del Pueblo en su día y también actualmente. Por
tanto, se trata de hacer mucho más transparente la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de las
unidades de intervención policial, en la convicción de que su profesionalidad es indudable. El hecho de que sean identificados no plantea ningún problema porque la excelencia de su trabajo y su profesionalidad no deja ninguna duda. Hacía
usted referencia también al ámbito de la seguridad privada y a la privatización de centros penitenciarios. Creo que ya he dado respuesta en cuanto a la condición de autoridad. Como tendrán ocasión de verlo en el debate legislativo, se plantea solo
parcialmente, a efectos de protección jurídica de quienes son vigilantes de seguridad y sufren una agresión, pero también en el sentido de exigencia de una mayor responsabilidad a la acción de esos vigilantes de seguridad. Verá que ese
reconocimiento de la condición de autoridad es muy limitado y concreto a un ámbito que no solo era demandado por el sector sino bien apreciado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que han participado activamente
en la elaboración del texto.
A propósito de la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias que usted reclamaba, le puedo decir que, sin meterme en el ámbito de competencias de la Mesa de la Comisión, creo que es algo que se va a plantear en
próximas fechas. Respecto de las estadísticas de criminalidad, hacía usted alusión a que son poco transparentes. Yo le podría dar mucha información sobre cómo se han modificado esas estadísticas de criminalidad con la intención de unificarlas y
armonizarlas en su metodología a los criterios seguidos en Eurostat, de publicarlas con carácter trimestral, de hacer pública también la normativa del sistema estadístico de criminalidad, coordinarlas y, por tanto, permitir que sean intercambiables
con otros cuerpos policiales y podamos, como es lógico, recibir sus aportaciones, así como mejorar el anuario del Ministerio del Interior para ofrecer esa información. Ahora se hacen públicas cada trimestre a través de la página web, por tanto creo
que tienen poco de opacidad y mucho de transparencia. Si usted me señala que todavía se podría ser más transparente, le diría que por supuesto, sí; en eso estamos, pero desde luego el esfuerzo ha sido claro y está muy lejos de la opacidad.
Tanto usted como el portavoz de CiU también hacían referencia al tema de la extrema derecha. Yo he querido mencionar algunos fenómenos delictivos que creo que se pueden catalogar bajo esa rúbrica de amenazas emergentes, pero obviamente no
ha pretendido ser exhaustiva porque, si no, el señor presidente estaría ahora mismo recriminándomelo. No ha sido exhaustiva, pero podríamos hablar de la extrema derecha, del ecologismo violento, de la extrema izquierda. Podríamos hablar de
muchísimos movimientos que yo creo que no tienen absolutamente nada que ver con la política -en eso seguro que estamos de acuerdo- sino con la acción violenta al servicio de los fines que sean. Yo no he querido entrar en ese detalle, pero eso no
quiere decir que no estén previstos en los programas y planes de actuación de la secretaría de Estado y de los cuerpos policiales.
En cuanto al portavoz del Grupo Socialista, señor Trevín, le agradezco la felicitación por la liberación de los secuestrados. Es una felicitación que no tiene nada que ver con mi persona pero que yo traslado gustosamente al Cuerpo Nacional
de Policía y a la Policía colombiana, que son los responsables y protagonistas de que una situación extremadamente angustiosa que han vivido dos ciudadanos de Avilés, dos asturianos, haya tenido un desenlace tremendamente feliz, como pudieron ver
ustedes en el día de ayer. Creo que eso solo es posible porque existe una estrechísima cooperación y porque nuestros funcionarios policiales, concretamente de la sección de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial,
revelando unas destrezas realmente dignas de mención en el ámbito de la negociación y de la resolución de conflictos, se desplazaron tanto a Avilés, para asistir a la familia, como a Colombia, para cooperar con las fuerzas colombianas, y todo ello
con un feliz desenlace. Le he dado respuesta al adiestramiento pasivo en cuanto a la reflexión sobre la seguridad. Por tanto, y respecto de lo que dice sobre que coincidimos en la prédica y no en el trigo, bien está que por lo menos coincidamos en
buena medida en la prédica; malo sería lo contrario. Creo que coincidimos mucho más en bastantes ámbitos más concretos, pero probablemente el tiempo de la exposición no ha permitido ponerlos de manifiesto. No es verdad, sin embargo, que se haya
producido la disminución en 13.500 efectivos dedicados al Plan turismo seguro. Lo que ocurre es que ante las envidiables y ya lejanas ofertas amplias de empleo público en los cuerpos, era posible enviar alumnos en prácticas en funciones de refuerzo
en la época estival, con lo que el número de provincias reforzadas podía ser mayor. En la actualidad no hace falta que le diga que la oferta de empleo público se ha reducido enormemente; nos ha obligado a restringir los refuerzos exclusivamente a
las provincias costeras, no con ánimo de desairar a ninguna otra zona de interés turístico sino haciendo una evaluación de la llegada de visitantes, de la evolución de la criminalidad en esas zonas y por tanto priorizando. En ningún caso se supone
que Policía y Guardia Civil de las plantillas de esas provincias del interior que han quedado sin refuerzo vayan a dejar de atender sus responsabilidades de
seguridad en su propia demarcación, aunque tengan que hacerlo sin esos refuerzos que llegaban en aquella época en que las ofertas de empleo público eran muchísimo más amplias.
En cuanto a las estrategias contra la multirreincidencia, yo no he querido entrar en el detalle -lo planteaba también el portavoz de CiU-, pero evidentemente es una prioridad del ministerio y se recogerá en el Código Penal y también en esos
convenios a los que usted hacía referencia. Por lo que se refiere a la protección de grupos vulnerables, creo que he dado cuenta exhaustivamente del sistema de protección integral contra la violencia de género, en el que el ánimo es que se
incorporen cada vez más fuerzas policiales y que la protección de las mujeres sea cada vez más amplia. También en esa misma dirección le pude expresar la semana pasada al representante de la Conselleria de Interior de la Generalitat nuestro deseo
de que también ellos se incorporen; que la Generalitat de Catalunya, sin menoscabo por supuesto de sus competencias, pueda hacer compatible su sistema de prevención de la violencia de género y su sistema de evaluación del riesgo y de alerta a las
distintas fuerzas policiales y lo hagan lo antes posible, de forma inmediata.
En la trata con fines de explotación laboral, en el año 2011 hubo 27 hechos o delitos conocidos, de los que se esclarecieron veinte, el 74%; en 2012 se produjeron 35 hechos, de los que se esclarecieron 29, lo cual supone un 82% de eficacia
policial. En cuanto a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en 2011 hubo 132 hechos o delitos conocidos, de los que se esclarecieron el 78%; y en 2012 hubo 123 delitos, de los que se esclarecieron el 81%. Las cifras totales
creo que revelan eficacia policial e indican que hemos pasado a un número de esclarecimientos mayor que lógicamente, dada la atrocidad de estos delitos, nunca nos va a permitir estar satisfechos pero sí ver al menos una evolución de la eficacia
policial y de las tasas de esclarecimiento razonable.
Voy abreviando por la hora. En cuanto a la intervención que realizaba el señor Jané -por supuesto, aunque no esté presente, me sumo a las condolencias por el fallecimiento de su padre-, a propósito de la búsqueda de las mayores consensos en
el ámbito legislativo, así tiene que ser; ese es nuestro deseo, y eso robustecerá la acción del Ministerio del Interior también en ese terreno en el que a nosotros nos corresponde la iniciativa y a ustedes el producto final. En este anteproyecto y
en los que puedan venir después, como la seguridad privada e -insisto- los que vengan después, nos encantará encontrarnos con el mayor de los consensos. Hacía referencia posteriormente el portavoz al reglamento de los CIE. Creo que he dado
cumplida respuesta a ello. Acerca del plan de robo de cobre, creo que lo he explicado exhaustivamente, pero con mucho gusto le facilitaré más información, porque también en este caso creo que es importante la coordinación entre administraciones
públicas. En lo que se refiere al registro de faltas, se trata de una herramienta que habrá que acompasar a la nueva regulación que el Código Penal establezca de la tipificación de las faltas. Por tanto si estamos caminando hacia una dirección que
es evidentemente la de la destipificación de las faltas y su regulación en el ámbito administrativo, eso también exige dar una visión nueva a las decisiones impulsadas en aquella proposición no de ley, entre ellas la creación del registro de faltas.
A lo mejor tenemos instrumentos que son más eficaces en estos momentos para hacer frente a la multirreincidencia, que es -no tenga ninguna duda- un anhelo y un objetivo compartido.
Deseo agradecerle al señor Escobar el tono de su intervención y por supuesto también la felicitación hacia mi persona. En grandísima medida, todos los temas que ha suscitado revelan que existe coordinación entre el grupo parlamentario y la
secretaría de Estado para centrar las prioridades. Así es, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación policial, y me encanta que haya hecho referencia a los centros de Algeciras y Tanger-Med, que están funcionando extraordinariamente bien y que
revelan una excelente colaboración. ¿Por supuesto podría ser mejor? Claro que podría ser mejor, pero estamos en un momento envidiable de relación con países vecinos, y en este caso concreto con Marruecos; también los centros de cooperación
policial con Francia reflejan esa excelente relación y colaboración. En cuanto a la destrucción de la droga y la ciberseguridad, evidentemente son dos ámbitos en los que la secretaría de Estado ha puesto sus prioridades. La intención es hacer
frente a esa situación difícil de explicar de la acumulación de la droga como un peligro para la salud pública y la necesidad de organizar aparatosos desplazamientos para la destrucción en Asturias. Hemos pretendido que el mapa de los depósitos de
droga se corresponda con un mapa de centros de destrucción, y eso es lo que nos permite enfrentarnos a ese reto de hacer la destrucción de todo el stock acumulado. Por lo que se refiere a la ciberseguridad las iniciativas que se están planteando en
el ámbito de la Comisión y las que se puedan proponer serán todas enormemente valoradas por la secretaría de Estado que tiene, como les he dicho, en este campo una de sus clarísimas prioridades estratégicas.
Muchas gracias y perdón por el abuso del tiempo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Está en su derecho, y conoce el Reglamento igual o mejor que yo. No hay ningún problema.
Se podría conceder un turno a máxima brevedad de tres minutos a los distintos grupos. ¿Desean hacer alguna precisión?
El señor TREVÍN LOMBÁN: Lamento tanto como usted estar aquí tanto tiempo pero al menos manténganos los cinco minutos y seremos rigurosos con ellos.
El señor PRESIDENTE: Concederé tres minutos y según las circunstancias actuaré con mayor o menor flexibilidad.
Como por parte del Grupo Mixto, el señor Salvador renuncia y no hay ningún otro representante, ni se encuentran presentes, por razones de coincidencia de otros actos parlamentarios, el señor Olabarría y la señora Díez, si el señor Sixto lo
desea puede hacer uso de los tres minutos.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervendré muy brevemente, señor presidente. El señor secretario de Estado ha hablado del reglamento de los CIE pero no ha dicho cuál es la causa concreta de tanto retraso, entre otras cosas porque el ministro en
reiteradas intervenciones -estuvo muy bien que se nos pasase a los grupos- habló de muchas reformas legales, y esta es la primera reforma legal que tenemos con la ley de seguridad privada que promueve la privatización de determinadas cuestiones.
Solo solicito esa precisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su colaboración, señor Sixto.
Señor Trevín, cuando guste.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Quiero empezar con una paradoja y acabar con un ¡cuerpo a tierra que vienen los nuestros! Empiezo con la paradoja, que nos tiene que hacer reflexionar a todos, señor secretario de Estado. Perdone que pueda parecer
muy cortante pero el tiempo me obliga a contar una serie de cuestiones y tengo que ser muy rápido. Algo no funciona en este país, en una parte pequeña -voy a concedérselo-, en el ámbito de la seguridad. No podemos ser uno de los países -que lo
somos- más seguros de Europa y al mismo tiempo el país de Europa que tiene mayor número de reclusos por habitante. Fíjese bien, solamente empata con nosotros Inglaterra con un 50% más de inseguridad, según el índice que tenemos. En el conjunto del
sistema -no me refiero al Ministerio del Interior- algo estamos haciendo mal para que se dé esa paradoja; no lo podemos presentar como un elemento exclusivamente positivo sino más bien de reflexión, y no lo digo como un tema contra el Gobierno sino
de reflexión general para todos.
Segundo, un clásico. Le habrían avisado de que el portavoz socialista le va a preguntar por UTE de Villabona, y le voy a preguntar por la UTE de Villabona. Solamente tres preguntas. Primero, ¿cuándo van a acabar con el acoso y derribo de
la UTE de Villabona? Segundo, ¿cuándo van a acabar de negar que están acosando y derribando a la UTE de Villabona de Instituciones Penitenciarias? Y tercero, ¿cuándo van a negociar con las instituciones asturianas o bien con el Parlamento para dar
solución a este problema? Dos advertencias. Primera, en el ámbito de fenómenos emergentes de violencia se ha hablado de varias cuestiones, y quiero aportar únicamente una: los grupos de extrema izquierda, pero especialmente los grupos de extrema
derecha violentos -repito, especialmente los de extrema derecha- incrustados en grupos radicales de seguidores deportivos. Hay un problema serio con este tema, y se lo señalo a nivel de sugerencia para su trabajo. Sobre el Plan de turismo no me
puede despachar con el tema de los agentes como usted lo hizo, porque los agentes adicionales de los que me habla disminuyeron en 1.654. ¿Sabe cuántos guardias civiles y policías disminuyeron de los de verdad? 11.922 efectivos; de esos 11.922 de
policías y guardias civiles más los agentes adicionales o en prácticas, 1.654, salen los 13.576 que disminuyeron ustedes en el Plan de turismo seguro para este año. Por tanto, le pido que planteen alguna solución.
Tercero, inmigración. Vamos a ser responsables con ustedes, pero les pedimos: primero, que se respeten los derechos de los inmigrantes, que no se devuelvan a Marruecos sin control alguno y muy en el límite de la ley; que se respeten los
mínimos derechos humanitarios de los inmigrantes y que se esclarezcan las denuncias sobre devolución de dos menores tutelados por las autoridades melillenses que no han sido todavía aclaradas. Al mismo tiempo, exigimos que se respeten los derechos
y se apoye
adecuadamente a la Guardia Civil y a la Policía que está en este duro trabajo haciendo frente a situaciones de mucha o de gran violencia y a veces incluso con dificultades personales para saber si su respuesta puede traer posteriormente
consecuencias disciplinarias o penales; pedimos mayor apoyo en ese sentido.
En transparencia, usted tiene la respuesta a un problema de esta Comisión. Lo he planteado yo como portavoz y lo han hecho más portavoces. Tenemos la sensación de que hay desconsideración con el Parlamento desde el Ministerio del Interior
en muchas de las contestaciones; muchas pasan por su secretaría de Estado -no digo que pasen por usted- y le pido que lo reconsideren, porque o bien tenemos que plantearnos que hay desconsideración o que hay un intento de ocultación y no creo, por
lo que usted nos ha dicho hoy aquí, que sea su sentir ninguna de las dos cuestiones, pero la sensación que tenemos es esa -y ya le digo que no solamente es mía, sino de varios portavoces-.
Hace muy bien en presumir de la reducción que hacen ustedes de deuda, pero diga también que ya no tienen que pagar los DNI y los pasaportes, que era lo que ocasionaba la gran deuda con Hacienda porque ahora lo paga Hacienda. Me alegro de
que se descargue de ese gran coste al Ministerio del Interior, pero digamos las cosas como son.
Una pregunta muy concreta y un fenómeno nuevo...
El señor PRESIDENTE: Va a alcanzar los cinco minutos. Tiene usted que terminar.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Acabo en un momento, señor presidente.
Las personas que están condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad ¿van a tener la obligación de estar presentes en ruedas de reconocimiento? Es decir, si se acogen a cumplir las penas en beneficio de la comunidad, ¿también están
obligados a estar presentes en esas ruedas de reconocimiento? Le pasaré por escrito preguntas sobre el régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, sobre derechos y deberes del citado cuerpo, sobre su jornada laboral. Le pasaré preguntas
sobre el Madrid Arena, porque doña Cristina Cifuentes no se puede lavar las manos así como así; ha habido intervención del Cuerpo Nacional de Policía en el Madrid Arena y tiene que explicarnos bastantes cosas todavía de esa intervención. Por
último, lo que le indicaba: cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Usted tiene un papel muy importante, el papel de mando único, de coordinación de la Guardia Civil y la Policía. Tiene que poner fin a algunos acontecimientos incluso
bochornosos: al acontecimiento en los puertos de Valencia de discrepancias en intervenciones entre Guardia Civil y Policía, a que entren en una persecución caliente -es decir, con la posibilidad de que anden a tiros- en una ciudad como Cáceres
delincuentes perseguidos por Policía portuguesa y por Guardia Civil sin que se entere el Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres y, por tanto, sin saber a quién tiene que disparar o a quién tiene que contestar. En tercer lugar -y por último-,
especialmente el caso aquí en Madrid, en el consulado francés, con un equipo de Tedax del Cuerpo Nacional de Policía detenido dos horas por la Guardia Civil para ver quién se tenía que hacer cargo de un paquete, un paquete sospechoso que, si hubiera
sido de explosivos, hubiera acabado muy mal.
Lamento el tono que se pueda inferir de mi intervención por tener que correr para decirle tantas cosas, pero quería decírselo con el mismo interés y con el mismo ánimo de intentar colaborar con el Ministerio del Interior para mejorar la
situación de la seguridad. Muchas gracias por todas sus contestaciones y por su participación en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.
Señor Escobar, ¿desea el uso de la palabra?
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muy brevemente, y sin ánimo de abrir ningún debate, porque algunos han elegido las tres y diez de la tarde para abrir un debate cuando ya estamos en la parte final de la comparecencia. Por parte del Grupo
Popular quiero decirle, señor secretario de Estado, que la percepción de nuestro grupo es de absoluta transparencia. Otra cosa es que las respuestas que se puedan dar no les gusten a algunas de sus señorías, pero las respuestas se dan y eso creo
que es importante en términos democráticos.
En segundo lugar, se ha hablado aquí mucho de competencias en materia de seguridad. Creo que hay algo que tenemos que tener todos muy presente. Cuando se habla de política internacional, la competencia recae única y exclusivamente en el
Gobierno de España, que es quien vincula la voluntad de todos los españoles en virtud de los acuerdos internacionales, eso vale para seguridad y vale para cualquier ámbito de actuación administrativa.
Tercera reflexión: modelo de seguridad. Al hilo de las suspicacias que planteamos antes de empezar el debate parlamentario con el proyecto de ley de seguridad privada, es importante destacar que el ánimo que a todos nos impulsa y nos mueve
es conseguir que los recursos de la seguridad privada, que los recursos de las empresas de seguridad privada, que son voluminosos, que son importantes, beneficien a la seguridad de todos, a la seguridad pública, y que la seguridad pública la sigan
ostentando la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sigan ostentando las funciones de tutela y papel protagonista principal, el resto que sea un papel complementario.
Y, como última reflexión, he de felicitarle porque, tal como usted acaba de explicar, si los datos que yo manejo son los correctos, se han mejorado los índices de criminalidad en España dentro de ese ejercicio de transparencia que usted y
que el propio ministro han hecho, y además esos índices de criminalidad se han conseguido sin merma de efectivos y reduciendo el gasto y el esfuerzo por parte de sus ministerios, según acaba de explicar, con lo cual es un ejercicio de eficacia y de
eficiencia digno de considerar.
El señor PRESIDENTE: Cierra el turno el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Lo haré muy brevemente también.
En relación con la pregunta del señor Sixto, como yo iba a dar cuenta de esa larguísima fase de audiencia que ha tenido la elaboración del reglamento, le puedo decir que esa es la razón del retraso, que se ha producido no solo una primera
consulta, sino en ocasiones hasta una segunda y una tercera a distintos ministerios, y en concreto no le ocultaré que la anuencia del Ministerio de Hacienda, como es lógico, en cualquier iniciativa es importante, pero también a otros organismos y
otras administraciones públicas. Por ponerle solo un ejemplo, la Agencia de Protección de Datos, entre otras, ha tenido que informar el proyecto y eso es lo que ha conducido a ese retraso, que, por otra parte, entendemos que un pequeño retraso de
unas semanas o unos meses, si al final el texto va a tener un carácter mucho más consensuado y de mayor participación, merecerá la pena. En estos momentos estamos ultimando esa fase de recibir informes y de ajustar también la parte presupuestaria
para poner en marcha el nuevo reglamento, en el que ha habido, como le digo, una amplísima participación de distintos sectores, colectivos, organizaciones no gubernamentales, etcétera.
En cuanto a las múltiples cuestiones que me ha planteado el señor Trevín, claro que me esperaba lo de la UTE de Villabona y le digo que sobre ello dará cumplida cuenta el secretario general de Instituciones Penitenciarias, pero no tiene
usted ninguna razón, no hay absolutamente ningún ánimo de desmantelar -no sé qué palabra ha utilizado- la UTE de Villabona y buena prueba de ello es que yo me he reunido con el consejero de Presidencia del Principado, hemos hablado del asunto, hemos
puesto de manifiesto nuestras posturas y después se han desarrollado las distintas reuniones técnicas, han remitido iniciativas y las estamos estudiando. La UTE de Villabona tampoco es un producto exclusivo en el régimen penitenciario, forma parte
de un modelo organizativo de intervención y de tratamiento extendido en varios centros penitenciarios y este en concreto no tiene ningún problema, no tenemos ningún ánimo de desmantelarlo, absolutamente ninguno; yo le invito a que a quien le haya
trasladado esa inquietud le haga llegar nuestra sorpresa porque sobre este asunto se haya generado tanta polémica cuando entendemos que lo único que hay es un ánimo de regularizar situaciones de acuerdo con la normativa de la Función pública en el
ámbito penitenciario, regularizar situaciones para hacerlas acordes al régimen vigente, pero mantener no solo muy viva sino absolutamente impulsada y apoyada esta unidad terapéutica de la que nos sentimos muy orgullosos. Yo no le puedo decir mucho
más porque creo que este empieza a ser un debate un poco bucle en el que permanentemente ustedes nos dicen, nosotros respondemos, yo se lo dije al consejero, con el que tuve una gratísima reunión y ojalá en las explicaciones que le pueda dar el
secretario general de Instituciones Penitenciarias se quede usted, don Antonio, convencido, porque verdaderamente le puedo asegurar que no hay ningún ánimo de nada con la UTE de Villabona.
La reflexión sobre el tema penitenciario es mucho más compleja y desde luego no la voy a abordar ahora, pero también le digo que estamos hablando de una población penitenciaria en régimen decreciente, es decir, en una tendencia decreciente y
que la comparación con otros países exigiría analizar legislación penal, fenómenos delictivos como puede ser el terrorismo y otros y que, obviamente, no podemos fijarnos solo en una comparativa porque hay otros países con los que llegaríamos a
conclusiones muy distintas, por lo que probablemente esa sea una reflexión que deberíamos abordar de una manera mucho más sosegada.
Ha hecho referencia también al ámbito y no comparto -pero me temo que no puedo extenderme mucho más- su crítica al desinterés por dotar de medios el Plan turismo seguro. Creo que ha sido una de las clarísimas apuestas de la secretaría de
Estado en la que a lo mejor hay que pensar que atender adecuadamente la seguridad de los turistas no solo se hace con efectivos, que también, por supuesto, pero también hay que pensar en nuevas tecnologías, hay que pensar en la colaboración de los
propios sectores afectados, hay que reunirse con los hoteleros, hay que saber qué necesitan y hay que focalizar de alguna manera los esfuerzos para que sean más eficaces. No hay ninguna duda de que estamos haciendo eso y evidentemente nuestro
objetivo, y por eso lo del discurso compartido, es el mismo.
En otras consideraciones que usted hacía, no tenga ninguna duda de que me tomaré todo el interés en que las preguntas que usted, su grupo y todos los grupos puedan remitirme en relación con el funcionamiento de la secretaría de Estado sean
abordadas con todo el rigor. Creo que así ha sido, pero, en todo caso, asumo el compromiso de hacerlo de una manera especialmente cuidadosa y, como es evidente, no hay ningún ánimo por mi parte ni por parte de todos los que formamos el equipo del
Ministerio del Interior de desairar en las respuestas a sus señorías, sino todo lo contrario, dar toda la información con la mayor exhaustividad posible. Creo que así ha sido, pero, en todo caso, les aseguro que así lo haremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Agradezco al secretario de Estado su disposición y las amplias explicaciones que ha tenido a bien trasladar a esta Comisión. Se han sustanciado así los nueve primeros puntos del orden del día.
PREGUNTAS:
DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- TIEMPO QUE SE TARDA EN QUE LOS TRASLADOS DE PRESOS SE HAGAN EFECTIVOS, UNA VEZ QUE ESPAÑA LO HAYA SOLICITADO Y LOS PAÍSES RESPECTIVOS SE HAYAN PUESTO DE ACUERDO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/017792). (Número de expediente 181/001008).
- NÚMERO DE PRESOS ESPAÑOLES QUE PUDIERON SER TRASLADADOS DESDE CÁRCELES EXTRANJERAS A NUESTRO PAÍS EN 2012 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/017793). (Número de expediente 181/001009).
El señor PRESIDENTE: Como he indicado al comienzo de la sesión, la señora Sumelzo ha retirado por escrito sus preguntas.
DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- NUEVAS INVERSIONES COMPROMETIDAS TRAS LA VISITA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO A LOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL DE LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014385). (Número de expediente
181/000769).
- INVERSIONES EN CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL QUE SE VAN A ACOMETER EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN EL AÑO 2013 EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014386). (Número de
expediente 181/000770).
- INVERSIONES EJECUTADAS EN LOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL DE LA COMARCA DEL MONCAYO EN EL AÑO 2012 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014389). (Número de expediente 181/000771).
- INVERSIONES LICITADAS EN LOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL DE LA COMARCA DEL MONCAYO EN EL AÑO 2012 Y QUE PREVÉ LICITAR EN EL AÑO 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/014390). (Número de expediente
181/000772).
El señor PRESIDENTE: Los restantes puntos, del 10 al 15, son preguntas orales procedentes de transformación de preguntas escritas y el señor Lavilla tiene la palabra para expresar cuál es su posición una vez desarrollada esta sesión.
Señor Lavilla, cuando guste.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado y miembros de la Comisión, con la resistencia numantina que tenemos aquí porque hemos esperado hasta estas preguntas que proceden de un conjunto de seis que tienen que ver con
inversiones presentes y futuras por parte del Ministerio del Interior en la provincia de Soria y la visita del delegado del Gobierno el pasado 17 de diciembre de 2012 a la comarca soriana del Moncayo y, más concretamente, a la localidad de Ólvega,
anticipo, señorías, que si por su parte el señor secretario de Estado en sus respuestas se ajusta y reconoce los hechos objetivos que generan estas inversiones en especial al cuartel de la Guardia Civil de Ólvega, con la información deliberadamente
incompleta que se facilitó en esa visita que he citado, el 17 de diciembre de 2012, me daría por contestado con la información recibida y además con las respuestas escritas del Gobierno, aunque tardías, razón por la cual estamos hoy aquí. Confío en
que así sea y, emulando al poeta y dramaturgo alemán Goethe, que decía: si los hombres, una vez que han hallado la verdad, no volvieran a retorcerla, me daría por satisfecho. Espero estar satisfecho con su respuesta. Espero que en su respuesta se
reconozca esta verdad y, si es posible, adelante algunas de las inversiones previstas para Soria.
En primer lugar, no veo justificación alguna a cómo se disfrazó la inauguración de la casa cuartel de la Guardia Civil en Ólvega, cuyas gestiones fueron realizadas en la práctica totalidad por el anterior Gobierno, en unas gestiones
complicadas en las que tuve la oportunidad, como usted muy bien sabe, de luchar para lograr la visita a la que me refiero.
Tengo que decir antes de nada que el pasado domingo 23 de junio recibí la llamada personal del delegado del Gobierno en Castilla y León aclarando no conocer él los antecedentes, el error en la gestión de esta visita, algo que le reconozco, y
le agradezco y lo hago constar, aunque es evidente, como a él también le dije, que la responsabilidad principal tras sus palabras recae principalmente, como no podría ser de otra manera, en la subdelegada del Gobierno en Soria, puesto que conocía,
ya que estaban a su alcance, todos los antecedentes sobre las inversiones provinciales. Le solicito, como decía, que le traslade al delegado del Gobierno mi agradecimiento por esa llamada.
Espero y deseo que las inversiones logradas en la pasada legislatura, que suponen 7.265.763 euros, tengan continuidad, que tengan continuidad, por ejemplo, los cuarteles futuros como el de San Esteban y otros, la comisaría nueva de Policía
en la ciudad de Soria. Al hilo de su comparecencia, me gustaría que me aclarara, si puede, si no, haré una pregunta escrita, si el centro penitenciario de Soria, cuyas obras se han iniciado, va a tener continuidad o no porque evidentemente está ya
muy iniciado.
Centrándonos en el cuartel de la Guardia Civil...
El señor PRESIDENTE: Señor Lavilla, no me gustan las innovaciones procedimentales. Normalmente existe un método prefijado para este tipo de preguntas. Comprenderá que, si no, el control del tiempo es absolutamente imposible. No sé si
está preguntando; y lo digo con la máxima amabilidad. Dispone de un tiempo. En este caso, el tiempo máximo del primer turno según antecedentes sería de seis minutos y ya está a punto de alcanzarlo. (El señor Lavilla Martínez: Cuando me ha
cortado, señor presidente, llevaba dos minutos. Y lo hago constar en acta).
Perfecto. Adelante. Tiene la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Estaba refiriéndome a las preguntas que he formulado sobre las inversiones y también sobre la visita. Y también lo hago constar.
Centrándonos en el cuartel de la Guardia Civil de Ólvega, quiero dejar claros los antecedentes. Es una reivindicación histórica, como he dicho. El día 26 de octubre hubo una moción a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se
presentó en el Senado y fue aprobada. Fue incluido en el plan de actuación específico de Soria el 6 de mayo de 2005, junto con otras inversiones en Burgo de Osma y San Leonardo, y las tres inversiones fueron ejecutadas en la pasada legislatura. El
30 de agosto nos reunimos con el ministro del Interior y a partir de este momento se recogen ya partidas presupuestarias. Quiero hacer constar mi agradecimiento -dice el refrán que de bien nacidos es ser agradecidos- el impulso y apoyo del anterior
responsable de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, Giese, el general Gonzalo Jar Couselo, que en paz descanse. Una vez convencido, tuvo una implicación decisiva y quiero hacerle este pequeño reconocimiento y
que figure en el 'Diario de Sesiones'. Como le
comenté al delegado del Gobierno de Castilla y León -y termino ya-, la visita debió organizarse de otra manera y, en todo caso, se debió hacer justicia a la vista de los hechos. Así lo pienso, así lo hago constar y espero que usted lo
ratifique.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martínez Vázquez): Señor Lavilla, le agradezco mucho el planteamiento y soy consciente de que no se le había dado respuesta en tiempo a estas preguntas. Asimismo, soy consciente de que se había
producido una situación difícil o imposible de justificar, que creo que ha podido explicarle de manera detallada y pedir las disculpas correspondientes el señor delegado del Gobierno. Yo también lo hago con el ánimo de que se ponga de manifiesto
que efectivamente usted ha estado en todo momento interesado por una serie de obras e inversiones en la provincia de Soria a la que representa y por las mejores condiciones para la Guardia Civil. En eso volvemos ante un ámbito de intereses
compartidos. Le agradezco también la referencia que hace al general fallecido. Además de las respuestas escritas que usted conoce, y reconociendo lo desafortunado de aquella situación que vivió -evidentemente tengo la intención de que no se
vuelvan a producir situaciones de esa naturaleza-, manifiesto mi plena disposición a facilitarle la información complementaria que usted requiera y a poner de manifiesto cuáles son nuestras intenciones con respecto a las inversiones en los
acuartelamientos en la provincia de Soria. No le quepa la menor duda de que tendrá siempre las puertas del ministerio abiertas para facilitarle información. En este caso usted ha puesto de manifiesto que su intención estaba presidida por un ánimo,
que insisto que compartimos, que es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la Guardia Civil. Usted ha trabajado activamente en el pasado por ello -soy muy consciente-, veo que lo sigue haciendo y, por tanto, en esto siempre encontrará
nuestra complicidad y en este caso la información que requiera a la altura de la implicación que usted ha tenido y que nuevamente le agradezco.
- CAUSAS EN LAS QUE SE BASAN LAS DENUNCIAS TRAMITADAS EN LA PROVINCIA DE SORIA DURANTE EL AÑO 2012 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/018074). (Número de expediente 181/000959).
- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI A MÁS DENUNCIAS MÁS SEGURIDAD O SI ES MÁS CONVENIENTE 'PREVENIR' AL MÁXIMO Y EVITAR QUE HAYA DENUNCIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/018076).
(Número de expediente 181/000960).
El señor PRESIDENTE: Señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Doy por retiradas el resto de las preguntas. Sobre el tema por el que me he interesado que no figuraba en el orden del día, como no tendría por qué dar respuesta al no conocerlo, haré la correspondiente pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lavilla. Gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y veinte minutos de la tarde.