CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 283

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 19

celebrada el martes,

19 de marzo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias para informar en relación con el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Por acuerdo de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Número de expediente
121/000037):


- Del señor presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja (Barato Triguero). (Número de expediente 219/000215) ... (Página2)


- Del señor representante de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG (Blanco Suaña). (Número de expediente 219/000216) ... (Página2)


- Del señor secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA (Ramos Silva). (Número de expediente 219/000217) ... (Página2)


- Del señor subdirector general de Cooperativas Agro-Alimentarias (Herrero González. (Número de expediente 219/000219) ... (Página13)


- Del señor secretario general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, FIAB (González-Alemán Sánchez). (Número de expediente 219/000220) ... (Página13)


- Del señor presidente de Promarca (Larracoechea Jausoro). (Número de expediente 219/000221)... (Página13)

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- Del señor director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ACES (Del Pino González). (Número de expediente 219/000223) ... (Página21)


- Del señor director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas (García Magarzo). (Número de expediente 219/000224) ... (Página21)


- Del señor director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Anged (Millán-Astray Romero). (Número de expediente 219/000225)... (Página21)


- Del señor director general de la OCU (Múgica Flores). (Número de expediente 219/000222) ... (Página32)


- De la señora presidenta de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España, Unccue (Ceballo Sierra). (Número de expediente 219/000226) ... (Página32)


- Del señor coordinador de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (De las Heras). (Número de expediente 219/000218) ... (Página32)


Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente
121/000037):


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (BARATO TRIGUERO). (Número de expediente 219/000215).


- DEL SEÑOR REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (BLANCO SUAÑA). (Número de expediente 219/000216).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (RAMOS SILVA). (Número de expediente 219/000217).


El señor PRESIDENTE: Quiero informar a los señores comparecientes en este primer turno, que son los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, que van a tener cada uno de ellos diez minutos. Les ruego que se ciñan al
tiempo estrictamente para que se desarrolle toda la sesión de acuerdo con el calendario y el horario previsto. Tras su exposición, responderán a las preguntas que les formulen los grupos presentes -que ruego que también sean de la máxima brevedad-
y que simplemente serán a título informativo; es decir, todas las cuestiones que les quieran preguntar los grupos políticos se referirán a aclaraciones de sus intervenciones.


Como ustedes saben, estas comparecencias tienen lugar en el trámite de enmiendas al proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria. La Mesa, en el acuerdo tomado en su última reunión, estimó oportuno y procedente la invitación a los
señores comparecientes -cuya presencia aquí les agradezco especialmente en nombre de la Mesa- para que formulen todas aquellas sugerencias que consideren de interés para una ley tan importante y esperada para el sector agrario como es la ley de
mejora de la cadena alimentaria. Sin más dilación, tiene la palabra -así me lo ha solicitado por un problema de viajes y por parte de las otras organizaciones no hay inconveniente- don Pedro Barato.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Barato Triguero): Muchas gracias, señor presidente, por invitar a la organización que presido a esta comparecencia. También quiero agradecer a todos los diputados
de todos los partidos políticos la atención que nos han prestado a lo largo de estos meses en este tema concreto y en algunos más.


Voy a ser bastante breve en mi intervención. Desde Asaja nos dirigimos a este Gobierno, y en particular al ministro de Agricultura, Miguel Arias, por la necesidad de que tuviéramos una ley donde hubiera transparencia, rigor, control y,
desde luego, que ese valor añadido se pudiera repartir entre quien produce, quien transforma o comercializa y quien vende. Con esta ley vamos a intentar, si es que ve la luz, como

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entendemos que debe ser, dar tranquilidad, fundamentalmente al sector agrario, a sus demandas -también al sector industrial, pero fundamentalmente al sector agrario-, ya que las últimas encuestas que tenemos dicen que en el sector agrario el
70,5% de los productores consideran que se llevan a cabo prácticas abusivas por parte de la industria con sus proveedores y la distribución, y que el 77,8% de los productores y el 67,3% de la industria cree que sufre prácticas abusivas por parte de
la distribución también. Esta ley, con la que casi todas las organizaciones agrarias que estamos presentes aquí coincidimos en lo fundamental, tiene unos ejes que son muy importantes para nosotros. Quisiera hablarles de lo que hemos subrayado ante
el ministerio en estos últimos días. Nosotros entendemos que el objetivo de la futura norma debe ser aumentar la eficacia y la competitividad del sector, en particular del sector primario pero también del sector agroalimentario, y reducir el
desequilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena. Nos hemos propuesto que sea un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales, y en lo que respecta a la regulación el texto que
tenemos en nuestras manos contempla para nosotros dos elementos muy importantes: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. Las normas en relación con estas últimas tienen que ser de obligado cumplimiento en las relaciones
comerciales para todos los operadores, desde la producción hasta la distribución. Por lo tanto, destacaría que los contratos se formalicen por escrito -ya lo dice el texto que tenemos ahora mismo-, cuando no se llega a un montante de 2.500 euros
existe la obligación de declararlo y asimismo subrayamos que los contratos tienen que recoger en paralelo algo importantísimo, que nosotros, las organizaciones agrarias, hemos pedido que se contemplara e incluso se fuera un poquito más lejos, y es
que las infracciones por no formalizar por escrito los contratos, así como las infracciones a quien incumpla lo que la ley vaya a establecer, se apliquen de una forma rotunda. Lo que ha habido aquí son abusos sistemáticos.


En cuanto a las prácticas comerciales desleales, entendemos que debe de estar prohibido expresamente modificar las condiciones establecidas en un contrato, salvo por mutuo acuerdo de las partes, así como que se prohíban todos los pagos
adicionales más allá de lo pactado, salvo en determinados supuestos y en condiciones estrictas. La aplicación de las sanciones en el caso de las infracciones ha de corresponder al Estado y deben ser superiores a los marcos que tenemos ahora en
algunas relaciones contractuales de las comunidades autónomas. Aquí mataríamos dos pájaros de un tiro, pues si fuera así atenderíamos también la petición de la Comisión Nacional de la Competencia.


Para cerrar mi intervención quiero decir que nosotros pensamos que se debe seguir trabajando para que la ley, cuando salga a la luz, siga contemplando, en ese modelo mixto que decía antes de regulación y autorregulación de las relaciones
comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, la obligación de formalizar por escrito los contratos cuyos elementos esenciales sean pactados por las partes; la prohibición de determinadas prácticas comerciales, como los pagos comerciales
no previstos, y que se regulen otras, como el suministro de información comercial sensible, establecer el control administrativo en la Administración del Estado, siendo el Ministerio de Agricultura el que tenga la potestad. Y por último, que se
cree el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el ministerio y las organizaciones agrarias representativas de la producción, la transformación y la industria. Y todo esto, ¿para qué? Pues para que
intentemos que no haya más cierre de explotaciones. Una explotación en el campo, cuando se cierra, ya no vuelve a recuperar la actividad. Que no haya los abusos que está habiendo ahora mismo, en el sector lácteo en particular, donde por mucho que
estamos intentando hacer y por muchos acuerdos que hacemos, donde por primera vez se sienta la distribución, es más la voluntad que hemos puesto las partes que el resultado. Todavía hay ganaderos que se enteran de lo que tienen que cobrar por un
litro de leche cuando el camión llega al mes vencido a su explotación, y que cuando preguntan por el precio para el siguiente mes, les dicen: Ya veremos. Y si te pones un poco 'próspero', te amenazan con no recoger la leche. Esta ley tiene que
tener toda la transparencia del mundo para, en este caso, fortalecer y favorecer algo que estamos pidiendo, el sector primario. Pero no olvidemos que esto tiene que tener un beneficiario final y ese beneficiario final son los consumidores. Todo
esto con transparencia. Todo esto con un reparto más equitativo de todo lo que se hace desde que se produce, elabora, transforma y vende. Tiene que haber un reparto más equitativo.


También pretendemos con esta ley dos cosas. La primera, darle el prestigio, el protagonismo y el valor que tiene que tener a lo que producimos en el campo. Con esto estoy diciendo que hay que ver cómo no se banalizan los productos
hegemónicos nuestros. Podría poner muchos más ejemplos, pero diré el aceite, el vino y la leche. Es mercado, pero si me permiten la expresión, qué cutre es el mercado cuando hacen lo que están haciendo con nuestros productos. Y la segunda cosa
que pretendemos es que no todo

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puede valer. Yo no critico que una botella de agua tenga que valer lo que vale, pero me parece que la transformación que tienen una botella de vino o una botella de leche es mucho más que la que tiene una botella de agua, y sin embargo
damos por bueno lo que vale una botella de agua pero, cómo jugamos o cómo juegan con lo nuestro cuando se hace con los productos que nosotros producimos.


Yo termino agradeciéndoles de nuevo toda la comprensión que han tenido sus señorías -creo que con las tres organizaciones pero hablo por la mía, por la que yo presido- a lo largo de este tiempo. Agradezco desde luego muy sinceramente que
esta ley vaya por el camino que va y aunque seguro que todo es mejorable y perfeccionable, y lo haremos en un futuro, el inicio que hemos tenido con esta ley creo que es positivo y así lo hemos puesto de manifiesto casi todos los agentes con
reconocimiento dentro del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias y si hay alguna pregunta que yo pueda contestar, encantado de hacerlo; pero vuelvo a agradecer la participación que han tenido para situar y fortalecer el sector que yo
represento.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Pedro, por la claridad y la brevedad de su exposición. ¿Algún grupo político desea formular alguna pregunta o recibir alguna información? (Rumores)


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, ¿no sería más razonable que las preguntas las hiciéramos al final del turno de las organizaciones profesionales agrarias?


El señor PRESIDENTE: Es mucho más razonable, pero en el caso de don Pedro Barato, él me ha pedido expresamente... (El señor Barato Triguero: He retrasado mis horarios.) Pues entonces me parece mucho más razonable acumular las preguntas al
final de las intervenciones. Ruego al resto de los comparecientes que, aunque don Pedro Barato se ha ceñido al tiempo máximo, tampoco es necesario que lo consuman porque vamos muy apretados.


Tiene ahora la palabra don Miguel Blanco, en nombre de las Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).


El señor REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): Señoras diputadas, señores diputados, a veces de la necesidad se hace virtud. Ante la necesidad que tenemos como eslabón más
débil de la cadena -el sector agrario- de enfrentarnos a una situación, a una exigencia de equilibrio de la cadena agroalimentaria, de la que dependemos, hemos unido nuestras fuerzas las tres organizaciones agrarias, pero también con la industria
agroalimentaria. Hemos hecho un frente común -como ustedes bien saben- y hemos hecho propuestas y colaborado en todo el desarrollo del borrador de este proyecto de ley y también hemos presentado conjuntamente propuestas que ustedes y sus grupos
políticos tienen. Quiero resaltar que estamos hablando de un sector estratégico, que es la agroalimentación. La alimentación es presente y es futuro, no es pasado. Estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria. La PAC, que en este
momento se está debatiendo, tiene una tendencia a la desregulación total de los mercados, cosa que nuestra organización -la COAG- no comparte, pero es así. Y tenemos en la regulación de la cadena alimentaria una base fundamental para poder ordenar
-aunque sea relativamente- los mercados y entendemos que hay que aprovecharlo.


En la propia Unión Europea -igual que en nuestro país- hay una inquietud enorme ante el creciente desequilibrio de la cadena comercial, y de ahí el Grupo de alto nivel de cadena agroalimentaria, que ha terminado con algunas conclusiones como
el Libro Verde sobre las prácticas comerciales. La Comisión Europea deja bien claro que existen prácticas comerciales abusivas, un hecho que se debe considerar. Hay un creciente desequilibrio de valor de la cadena agroalimentaria, con una posición
negociadora dominante sobre todo de las grandes empresas de distribución agroalimentaria. Como sector agrario, el eslabón más débil, quedamos en una posición absolutamente de dependencia. La distribución comercial se ha concentrado en muy pocas
manos. En 2012, el 63% de la cuota de mercado lo controlan cinco principales cadenas, que en los últimos veinte años han multiplicado por doce veces la cifra agregada de ventas -las diez primeras empresas-, la industria por cuatro veces y media, y
el sector agrario por dos veces. Además, ante la crisis económica hay una declarada guerra de precios -al menos la ha habido en los últimos años- y eso ha llevado a una presión a la baja de los precios al consumo que al final ha derivado en caída
de precios en origen. Precisamente por esto la cadena -al menos en sectores estratégicos- destruye valor, que es todo lo contrario a lo que debería hacer una cadena alimentaria, que es generar valor añadido para cada uno de los eslabones porque eso
les da equilibrio y posibilita el

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desarrollo: empleo, tejido económico, desarrollo local, etcétera. Sobre todo en sectores muy estratégicos para nuestro país como es el caso del aceite de oliva o la leche, que están claramente en cuestión en lo que se refiere precisamente
a la destrucción de valor de la cadena agroalimentaria.


Esto lo pagan también los consumidores, evidentemente, no solo lo pagamos los productores. De ahí, que se haya disparado en los últimos años el precio al consumidor -independientemente de lo coyuntural en este momento-, mientras que a los
productores se nos están pagando precios de hace veinte años aproximadamente. Nosotros sacamos el IPOD -índice de precios de origen y destino- mes a mes y como media, independientemente de la coyuntura actual, se dispara en un 450% el diferencial
de precios entre lo que se nos paga y lo que tiene que pagar el consumidor. Y nosotros dejamos bien clara nuestra posición: creemos que es justamente la gran distribución la que se beneficia de estos valores añadidos. Y lo pagan los productores
sobre todo, y los consumidores. Por eso, necesitamos normas de juego muy claras y concisas, y entendemos que esta es una oportunidad. La ley de cadena agroalimentaria es una gran oportunidad porque desde nuestro punto de vista no está resuelta -a
pesar de que existen leyes- esta regulación y este equilibrio. La Ley de Competencia Desleal, de 1991; ni la Ley de la Defensa de la Competencia, de 2007; ni la Ley de Morosidad, han resuelto esto, unas por falta de régimen sancionador, otras por
falta de concreción y marco de aplicación, otras porque se refieren a abuso de posición de dominio o porque esté afectado el interés general. De hecho, no se está actuando. Ni siquiera la CNC está actuando en una situación que es tan evidentemente
clara que ella misma la ha denunciado en el informe de 2011 sobre prácticas comerciales abusivas. Por eso necesitamos esta norma, por eso necesitamos esta ley que mejore precisamente esta situación. Quiero dejar claro que esta ley no va a mejorar
nuestra posición negociadora como agricultores ni va a mejorar necesariamente nuestros precios en origen -lo queremos dejar bien claro-, pero sí es verdad que va a aportar una mayor transparencia y seguridad jurídica, y esto es un paso, desde
nuestro punto de vista, decisivo. Queremos, en todo caso, que en el trámite parlamentario se mejore -es mejorable, evidentemente- y queremos que se mejore en el ámbito de aplicación de la obligatoriedad de los contratos, en cuanto a las prácticas
comerciales abusivas y en cuanto al régimen sancionador. Intentaré ser lo más breve posible.


Entendemos que la contractualización ha de extenderse a todas las fases de la cadena agroalimentaria, no en unos casos sí y en otros no. Entendemos que las reglas han de ser para todos los operadores para que tenga eficacia la ley y, por
tanto, que todos los operadores y todas las transacciones comerciales, no solo parte de ellas, deben estar regidas por la relación contractual, es decir, amparadas en una relación de tipo contractual. En este sentido, queremos que se modifique el
ámbito de aplicación para mejor. En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, son reconocidas por todos: venta a pérdida, subastas a ciegas, exigencias para los comerciales, descuentos injustificados, imposición de obligaciones a proveedores...
En fin, esto se está denunciando por parte de todos los organismos -ya digo, también la CNC en 2011 lo hizo-, pero para nosotros es algo fundamental que se recoja algo que no recoge la ley y que es la prohibición de la venta a pérdidas, que es lo
que más daño está haciendo al conjunto de la cadena, pero muy en particular al eslabón más débil, que es el sector productor. Es verdad que está en la Lorcomin, es verdad que está en la Ley de Competencia Desleal de 1991, pero sencillamente no está
resolviendo el problema y por eso entendemos que debe establecerse aquí, en esta ley, como prohibición expresa la venta a pérdidas, y sobre todo cuando induzca a error a los consumidores acerca del precio o de la comparativa de precios con otros
productos, cuando deteriore la imagen del producto, que es lo que hace la venta a pérdidas, y cuando elimine a un competidor o lo pretenda, que también es lo que hace. Tengo que decir que la venta a pérdidas se está utilizando en determinados
productos base como producto reclamo con el objetivo de captar clientes y, por tanto, con una intencionalidad clara de beneficio, pero perjudicando a la cadena de valor, destruyendo valor en lugar de crearlo. Ahí tenemos la leche, el aceite de
oliva, que ya hemos dicho, y ahí tenemos la banalización de los precios. Simplemente les quiero preguntar cómo se puede vender un litro de aceite en los lineales a 1,21 euros cuando el coste medio reconocido por el propio ministerio es de 2,4
euros/litro, y cómo puede ser que en alguna cadena se pueda hacer una comparativa entre un agua -no digo la marca- a 0,56 céntimos y la leche a 0,49, y es una gran empresa distribuidora de capital francés. Esto es desde nuestro punto de vista
verdaderamente escandaloso y no lo podemos permitir, porque si permitimos esto no solamente nos vemos perjudicados como sector productor sino que al final se va a ver perjudicado también el consumidor, que necesita y requiere una estabilidad
precisamente en todas estas cuestiones. Creemos que se debe sancionar el incumplimiento de los plazos de pago de la Ley de Morosidad y, aunque aquí, en este borrador de ley, se ha incluido en el régimen sancionador, entendemos que el incumplimiento
de los plazos de pago también

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debe establecerse como práctica comercial abusiva y desleal, que sí es verdad que está en la Ley de Morosidad. Las subastas a ciegas, los pagos comerciales atípicos y descuentos injustificados también se tienen que contemplar con el máximo
rigor.


Por último, consideramos que el régimen sancionador es absolutamente imprescindible para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Algunas de las leyes vigentes, justo por faltar un adecuado régimen sancionador, no están teniendo
efecto. Entendemos que se están tipificando todas las infracciones -salvo una, el incumplimiento de los plazos legales de pago- como leves y nosotros pensamos que se tiene que agravar esa tipificación de las infracciones. Por otra parte, tiene que
hacerse lógicamente de forma racional, porque no es igual una mera infracción formal administrativa que una práctica abusiva que, en todo caso, tiene que ser de consideración grave. Las sanciones también deben guardar proporción con el volumen de
facturación de los operadores, en lugar de valores absolutos. Los valores absolutos no son proporcionados ni son proporcionales y hay que guardar en ese sentido una proporción.No tengo tiempo y simplemente diré que la cuestión de los contratos
tiene que definirse muy claramente para que no haya confusión sobre quién es el responsable de esa práctica infractora; evidentemente no puede ser quien vende, tiene que ser, lógicamente, quien compra.


Por último he de decirles, señoras y señores diputados, que equilibrar y ordenar la cadena agroalimentaria es ordenar el mercado, es favorecer el desarrollo económico en sectores estratégicos para nuestra economía, que lo necesita
imperiosamente -la agricultura, la industria agroalimentaria- y es favorecer la transparencia y la seguridad alimentaria en favor de los consumidores. Al fin y a la postre, consumidores somos todos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Lorenzo Ramos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Ramos Silva): En primer lugar, quiero agradecer que mi organización, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, haya sido invitada a esta comparecencia.
Y como secretario general de la organización, pero también en calidad de agricultor que soy -productor de frutas-, quería aprovechar una comparecencia como esta para decirles que a mí me dieron la liquidación de la fruta que cogí el año pasado
-alguna en el mes de mayo- en diciembre, y cuando he echado cuentas he visto que me han pagado una media de 30 céntimos el kilo cuando esa fruta en los meses de junio, julio y agosto la vi en los supermercados por 1,50 euros e incluso por encima de
2 euros, era la norma habitual. Con lo cual yo creo que podemos empezar diciendo que con el dinero que pagan los consumidores hay margen más que suficiente para que haya un reparto más justo y más equitativo dentro de la cadena alimentaria y que
todos en justicia ganemos lo que tengamos que ganar, porque yo con los 30 céntimos no he cubierto los costes de producción y alguien ha dicho por ahí que supuestamente este año ha sido un año normal. Pues si estos son los años normales, aviados
vamos.


Las rentas de los productores han caído y siguen cayendo año tras año. Dependen principalmente del mercado. De media, el 70% de la renta es mercado y el 30% son ayudas de la PAC. Y en el futuro van a depender todavía en mayor medida del
mercado, por lo que es necesario un mercado que funcione correctamente, una cadena alimentaria que sea capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos como consumidores, de forma que puedan tener acceso a alimentos y productos alimentarios
sanos, de calidad y a precios razonables, ahora y en el futuro; un mercado que retribuya adecuadamente el esfuerzo y el valor aportado por cada eslabón de la cadena, desde los productores hasta el consumidor. Por tanto, necesitamos un mercado
sano, en el que las relaciones comerciales se rijan de manera efectiva por los principios de equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, unas relaciones comerciales que se basen en la libertad de pacto, en la buena fe, en el interés mutuo, en
la equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, en la cooperación, en la transparencia y el respeto a la libre competencia. Estos son los principios rectores que deben presidir el funcionamiento de nuestro mercado. Lamentablemente las
cosas ahora no funcionan así, la constatación de prácticas abusivas y anticompetitivas es una evidencia y se desvelan en los siguientes hechos constatables. La renta agraria está por debajo de los niveles de 2002; estamos ahora en 22.700 millones
de euros frente a 24.000 millones de euros en 2002. La mayor parte de las transacciones económicas en las que interviene el sector productor se hacen sin contratos por escrito. Aquí me gustaría hacer una llamada, porque dentro del periodo de
enmiendas las organizaciones agrarias, la industria, nos hemos puesto de acuerdo y estamos planteando enmiendas de forma conjunta, pero hay comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, que ha planteado unas enmiendas acordadas con el sector en
donde se dice que en los contratos no se puede permitir que se ponga un

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precio por debajo de los costes de producción. Me lo trasladaron así mis compañeros de Galicia y me pidieron que lo dijera en esta comparecencia.


En el sector productor está absolutamente generalizada la venta a resultas, sistema de pago que no significa ningún riesgo para los compradores pero que está llevando a los agricultores a la mayor de las penurias económicas. España es el
país en el que menos innovaciones alimentarias se lanzan. Numerosos sectores productores como el del aceite de oliva y el de la leche están en situación crítica y las tablas de costes-precios del ministerio revelan que la destrucción del valor está
en todo el sector. En estos sectores en la propia distribución se demuestra que está perdiendo, pero no asume las pérdidas, sino que las traslada a todo el sector, siendo los más perjudicados siempre los productores. La venta a pérdidas y el uso
de productos reclamo son unas prácticas abusivas que, sin embargo, no están perseguidas por las diferentes administraciones competentes y los plazos de pago establecidos en la ley de morosidad no se están cumpliendo.


Debemos señalar que la UPA lleva trabajando muchos años por conseguir una ley que ayude a reequilibrar el poder de la negociación en la cadena y que contribuya a garantizar unos ingresos razonables a los agricultores y ganaderos. Hace más
de cinco años, la UPA inició una campaña de precios justos que venía a denunciar los profundos agravios y la diferencia en el poder de negociación a lo largo de la cadena. El proyecto de ley que hoy nos convoca a esta comparecencia responde al
planteamiento y esquema que la UPA ha venido demandado. Por eso quiero dejar totalmente claro el apoyo a esta ley y la confianza en que al final de la tramitación parlamentaria se podrá mejorar para responder a las grandísimas expectativas que ha
creado. Hay ciertas cuestiones que deben ser mejoradas y pido a sus señorías que las incorporen a las enmiendas que estén elaborando.


Como el tiempo es escaso, me gustaría centrarme en la venta a pérdidas -y de ello ha hablado también Miguel Blanco-. La venta a pérdidas es una práctica, en nuestra opinión, claramente abusiva que persigue atraer a los consumidores a un
establecimiento con el reclamo de precios extremadamente bajos, si bien las pérdidas que en este caso tienen las cadenas comerciales en esos productos gancho son compensadas con los beneficios que tienen en otros productos. En el márquetin
comercial se las conoce como gotas de pérdidas en un océano de beneficios. Con mucha frecuencia se observan precios de venta al público que resultan inferiores a los precios constatados en origen. Se trata de una práctica muy extendida en algunos
productos alimentarios básicos como el aceite de oliva y la leche. El verano pasado también vimos que se hacía con las canales de conejos.


Hemos denunciado estas prácticas repetidamente tanto ante las autoridades de comercio de las comunidades autónomas como ante la Comisión Nacional de la Competencia, ya que la venta a pérdidas está prohibida en la Ley de Comercio Minorista y
en la Ley de Competencia Desleal, pero se sigue haciendo impunemente, lo que indica que esta regulación ha fracasado por falta de precisión y de control administrativo eficaz.


Se han puesto algunos ejemplos por parte del compareciente anterior, Miguel Blanco, sobre el aceite. Ya saben que he tenido muchas comparecencias con muchos de ustedes en estos días y contaba el ejemplo que me ocurrió a mí este otoño pasado
en un congreso del COPA en Budapest donde uno de los intervinientes era el secretario general de Carrefour y le pregunté cómo podía ser que se estuviera ofertando leche procedente de productores franceses en Francia, marca blanca Carrefour, a 0,97
céntimos, mientras que en España esa misma leche, marca blanca Carrefour, procedente de Galicia estaba a 0,55 céntimos. Es decir, 0,42 céntimos más cara la leche en oferta en Francia que en España. Un país excedentario como Francia puede tener una
leche más cara, mientras que nosotros, que somos deficitarios, la ofertamos más barata. Se está jugando con los productores de una forma absolutamente vergonzosa. Y me negaba la mayor. Me decía que esto no podía ser, que alguna diferencia habría.
En las reuniones que he tenido con cada uno de los grupos y en la comparecencia que tuvimos dejé las ofertas para que las tuvieran y en las de hoy mismo sigue a 0,97 céntimos la leche en oferta de marca blanca Carrefour en Francia y en España a 0,55
céntimos, con lo que siguen los 0,42 céntimos de diferencia. No era solamente lo que ocurría en el verano y, por tanto, es absolutamente vergonzoso lo que está ocurriendo.


En el caso del aceite con los precios que hay, y que comentaba Miguel, es todavía más claro. En esa oferta, comparando el precio en origen, que son de 2,80 euros, y el precio global del litro de aceite que en esa oferta sale a 1,80 euros,
los agricultores podríamos ir a los centros comerciales, comprar todo el aceite que hay envasado, llevárnoslo, vaciarlo, echarlo en cisternas, devolverlo al mercado y ganaríamos dinero. Es absurdo lo que está ocurriendo en esta campaña de productos
reclamo que se está llevando en algunas grandes superficies, sobre todo en España, no ocurre tanto en otras zonas de la Unión Europea.

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Nosotros entendemos que la venta a pérdidas tiene que ser contemplada como una práctica abusiva y, lógicamente, tiene que recogerse, tal y como lo ha marcado la Comisión Nacional de la Competencia indicando una serie de conceptos, en
concreto tres. Primero, cuando pueda inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del establecimiento. En particular, se entenderá que se cumple este supuesto cuando el precio del producto se ha
publicitado fuera del establecimiento. Segundo, cuando pueda deteriorar o banalizar la imagen de un producto o una marca. Y tercero, cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
Creemos que esto debería contemplarse en la venta a pérdidas realizada por un operador de la cadena a bajo coste o a bajo precio de adquisición como práctica abusiva en estos casos que les he nombrado.


El señor PRESIDENTE: Lorenzo, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Ramos Silva): Termino.


Me centro, esperamos contar con todo el apoyo de los grupos parlamentarios. Creo que en las reuniones que hemos mantenido hemos visto una muy buena disposición y, por lo tanto, esperamos que al final esta ley salga adelante. Parece ser que
además puede ser que lo haga en corto plazo. Estamos esperándola como agua de mayo, porque creemos que puede resolver la mayor parte de los problemas que en estos momentos tenemos los agricultores y ganaderos y es la falta de un precio que haga que
nuestras explotaciones sean competitivas.


El señor PRESIDENTE: A continuación, señoras y señores diputados, dado que vamos ajustados de tiempo, les rogaría -antes de que comparecieran en el segundo turno las organizaciones que está previsto que empiecen a las diez y media- que se
ciñeran a la máxima brevedad todos los portavoces de los grupos parlamentarios para formular simplemente aquellas cuestiones que consideren interesantes para aclarar las intervenciones que han tenido lugar. No se trata de abrir debate, se trata
simplemente de obtener la información sobre algunas de las cuestiones que han planteado los representantes de las organizaciones profesionales agrarias.


Vamos a abrir el turno de menor a mayor. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar, quiero agradecer a todos los comparecientes el análisis de la ley que nos han hecho en el breve tiempo disponible. Compartimos que es una ley absolutamente necesaria y esperada y que hace un
diagnóstico -como ustedes han hecho- de los enormes desequilibrios que existen hoy en la cadena agroalimentaria. Pero entendemos que las medidas del contenido de esa ley se quedan cortas ante el diagnóstico que ustedes mismos hacen y que, a nuestro
entender, es dramático. Compartimos que es una ley que mejora la transparencia y la seguridad jurídica, pero no cambia sustancialmente la posición de dominio que tienen. Ahí está el quid de la cuestión y en este Congreso en el trámite
parlamentario deberíamos insistir en aquellas cuestiones para mejorar la equidad en la cadena y alterar la posición de dominio; si no, esos desequilibrios van a persistir en el tiempo.


Les planteó algunas cuestiones para que, si pueden, insistan un poco en ellas en su respuesta. Se habla de código de buenas prácticas, pero entendemos que ante esa situación de dominio y ante esos desequilibrios un código de buenas
prácticas no es suficiente en la mayor parte de los casos de los que estamos hablando. Nos gustaría saber si comparten este punto. Han insistido mucho en la prohibición de venta a pérdidas y para nosotros es fundamental si queremos cambiar o
responder mínimamente a las expectativas de esta ley. Pero nos gustaría saber si para aplicar un sistema de prohibición de venta a pérdidas deberíamos incluir también un sistema de indicadores que sea fiable y transparente sobre cuáles son los
costes de producción; y, a partir de ahí, acogernos a esa prohibición de venta a pérdidas. Está también la cuestión de contratos por escrito que entendemos que excluye demasiadas situaciones y al final puede quedar desvirtuada. Sobre el régimen
sancionador han planteado en diversas ocasiones -y lo compartimos- que se queda muy corto ante la dimensión y el poder de la distribución. Entendemos que un régimen sancionador tiene que ser proporcional al volumen de facturación y disuasorio, pero
ante el número de sanciones o de causas consideradas leves y su cuantía, entendemos que queda muy lejos.

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Finalmente, me referiré a dos cuestiones. A nuestro entender, se debería fortalecer y dotar de más recursos a la inspección y a la investigación para que sean realmente efectivas. Hoy tenemos estas situaciones de desequilibrios y de malas
prácticas, pero tenemos un nivel de denuncias muy bajo. Aquí debería ser muy activa la Administración y, por lo tanto, se deberían fortalecer esos organismos. Por otro lado, entendemos que una ley como esta debería introducir algún mecanismo para
potenciar los circuitos cortos de comercialización, porque esto cambia sustancialmente la posición en la cadena alimentaria. Por lo tanto, nos gustaría saber su opinión y que ustedes insistieran en algunas de estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, don Alejandro Alonso tiene la palabra. Le recuerdo que el tiempo previsto para las intervenciones es de tres minutos.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, muchas gracias por su gentileza de tiempo.


Me sumo a los agradecimientos del resto de los grupos.


Me puede contestar cualquiera de ustedes. La ley establece una regulación nueva de organizaciones interprofesionales agrarias, pero ninguno de los tres han hecho ninguna referencia a ello. ¿Podemos entender que la regulación que se hace y
las modificaciones que se establecen son correctas y no requerirían ningún tipo de enmienda?


En segundo lugar, sobre el tema de contratos he entendido que querrían ampliar el ámbito, pero ¿podríamos interpretar que el ámbito sería a la totalidad de los contratos que se hacen y no solo una modificación relativa al tema del importe
-al que han hecho alguna referencia-, sino incluso a los tipos? Aquí se hacen excepciones, por ejemplo, entre operadores que tienen la condición de pyme y otros que no; de pyme a pyme, sí; hay también excepciones en los casos de comercialización
de productos no transformados en los contratos que se hacen a una agrupación y otra; o las situaciones de dominio que se establecen en la ley en el 30%. ¿Podríamos entender que lo que ustedes desearían es que la obligación de contrato fuera en
cualquier caso, independientemente del importe y del tipo de empresa?


En relación con las prácticas abusivas, han hecho referencia los tres a las ventas a pérdidas, pero me gustaría conocer si hay prácticas abusivas que afecten exclusivamente a la producción. Es decir, en el momento de la compra del producto
desde un operador -sea la distribución directamente o a la industria- a un agricultor, ¿qué prácticas abusivas habría que intentar definir y, en su caso, evitar? He interpretado también que el régimen sancionador es débil y que, por tanto, habría
que perfeccionarlo.


Por último, una pregunta. La ley establece un ámbito de control administrativo de toda la contratación en la cadena alimentaria frente al control judicial que hay en el resto de disposiciones que van a seguir operando en paralelo con esta.
Ustedes son defensores de la ley y yo les preguntaría si consideran que el Ministerio de Agricultura tiene en este momento estructura, condiciones y medios para poder asumir este control administrativo sobre millones de operaciones comerciales que
se desarrollan. ¿Ustedes consideran que un ministerio que no tiene estructura territorial ni la va a poder tener -además, la propia ley establece un mandato de no incremento de medios- puede asumir este control administrativo en las condiciones en
las que está diseñado?


El señor PRESIDENTE: No todas las preguntas son de obligada respuesta. (Risas).


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Cruz Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Yo también les quisiera agradecer su presencia en este trámite parlamentario. Me gustaría entresacar algo que han dicho todos ustedes, y es la valoración positiva que hacen de la ley. Es bien cierto que la ley se
puede mejorar y en ese sentido vamos a intentar por todos los medios mejorarla. Sus aportaciones han sido muy interesantes. Nosotros hemos tenido ya reuniones bilaterales con ustedes; nos han transmitido sus inquietudes, nos han transmitido sus
aportaciones y las posibilidades de modificar esta ley para mejorar; en eso estamos todos. Yo creo que el Gobierno del Partido Popular ha cumplido con un compromiso y ha abordado una situación de claro desequilibrio que hay en la cadena
alimentaria y, en ese sentido, intentamos poner soluciones. Es bien cierto que es una primera ley, es una ley novedosa en España y es novedosa en la Unión Europea. Vamos a ver qué podemos hacer, en qué podemos avanzar. No hay duda de que, al ser
una ley que de alguna manera interviene o pretende reformar y modificar lo que es la cadena alimentaria, también tiene ciertos problemas; muchas veces quisiéramos regular, avanzar más, pero muchas veces se hace imposible.

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Nosotros vamos a estudiar con sumo interés todo lo que han dicho en el sentido de modificar el artículo 14, las aportaciones que hacen en cuanto a venta a pérdidas. En ese sentido, todo lo que nos puedan transmitir va a ser muy bien
aceptado. Reitero el agradecimiento por su presencia aquí, así como el agradecimiento por todas las aportaciones que nos han hecho por escrito, que nos van a servir para estudiar y mejorar este proyecto de ley. En definitiva, al Grupo Popular le
satisface esa valoración tan positiva que han hecho de la ley.


El señor PRESIDENTE: Ahora pasarán a responder a las cuestiones que han sido formuladas por los portavoces de los diversos grupos parlamentarios. Contestará cualquiera de ustedes, el que se considere más aludido o el que ustedes consideren
que puede funcionar como portavoz.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Barato Triguero): Si le parece, señor presidente, haremos una intervención de un minuto cada uno.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, entonces intervendrán por el orden en el que han comparecido.


Tiene la palabra don Pedro Barato.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Barato Triguero): Intervengo no para contestar, pero sí para establecer una serie de matices, en primer lugar, a la diputada doña Laia Ortiz, que hace un repaso
generalizado de todos los asuntos, algunos de ellos bastante coincidentes, desde el código de buenas prácticas, que era su primera intervención, hasta el circuito en corto para la comercialización. Quisiera hacer una valoración sobre ello, y así
contesto también a todos los portavoces. Yo llevo presidiendo esta organización muchos años y siempre ha sido un sueño que nosotros tuviéramos una ley para ver cómo podríamos mejorar la cadena. ¿Esta ley es mejorable? Evidentemente, es
manifiestamente mejorable, pero de no tener nada a tener hoy una ley donde empezamos a hablar de tú a tú para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque las leyes están para cumplirlas. Lo que ha ocurrido con el sector primario es que al estar
disperso y al tener 900.000 explotaciones, al tener 30.000 industrias y al tener 5 en la distribución lo que han conseguido es no cumplir la ley. Hemos tenido la última, la de morosidad, en la que establece un plazo de treinta días para productos
perecederos y tenemos una media de setenta u ochenta. Hoy tenemos una nueva ley en la que podemos intentar hacer más cosas; hasta aquí no teníamos prácticamente nada.


En segundo lugar, se han hecho dos intervenciones, una de ellas del diputado Alejandro Alonso, sobre la ley de las interprofesionales, para mí fundamental. Yo tengo una experiencia personal muy grande y agradezco a las demás organizaciones
agrarias que confiaran en mí para desarrollar una, que es la del aceite. El problema es que chocamos. La ley, en el artículo de interprofesional, en el apartado i), dice: Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa
de competencia nacional y comunitaria. Tenemos un problema, y es que cuando vamos a desarrollar la normativa el propio comisario de Agricultura dice: Hablen ustedes con su comisario español, que es el de Competencia, para arreglar esto. No nos
dejan arreglarlo. Hemos pedido que nos dejen, sin poner dinero, hacer unos contratos pagados por nosotros para almacenar aceite. No nos dejan. Hay un compromiso del ministro para que, si fuera posible -debe serlo; competencia nacional,
competencia de Bruselas-, nos dejen desarrollar algunas cosas más en la ley de interprofesionales, porque es de vital importancia.


Por último, sí tendríamos que coger referencias. Usted, señor diputado, ha sido consejero. Tenemos nueve informes de consejerías de Agricultura de España, de todos los partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Convergència,
donde se elaboran los costes de producción de determinados productos. Más objetivo, imposible. Pues pongamos determinadas barreras, con esa elaboración que han hecho las propias consejerías, que creo que no son dudosas, donde haya una referencia
para ver qué puede ser lo que podemos hacer. No queremos el Boletín Oficial del Estado para tener un precio como antiguamente, por decreto-ley, pero sí que con unas medidas objetivas se pueda hacer una valoración. Si las cosas están baratas, a
consumir todo el mundo barato, pero no puede ser que un cultivo, que ha estado a seis céntimos durante todo el año -ahora, no-, como las cebollas, que se consumen mucho en nuestro país, haya estado en los lineales a más de 40 o 50 céntimos. Algo
falla.


Comparto y agradezco la última intervención. Hemos iniciado un camino. Por primera vez, tenemos una ley y, como se hace en Europa, empezaremos con ella y luego la mejoraremos. Pero hoy tenemos lo que tenemos. Los lobbies también
funcionan en España: hemos visto que por parte de alguna distribución en particular en estos últimos días ha habido una presión brutal para que todo el tema del régimen sancionador, poco y escaso, también desapareciera. Menos mal que no se ha
conseguido.

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El señor PRESIDENTE: Como veo que resulta inevitable que los comparecientes no solo contesten a las preguntas que se les han formulado, sino que hagan una valoración conjunta del proyecto, voy a repartir equitativamente los tiempos. Ya que
don Pedro ha consumido los tres minutos que estaban previstos para las tres organizaciones, les comunico a los otros dos representantes que van a disponer de ese tiempo de tres minutos, pero ahora como tope. Tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): Afortunadamente, en la defensa de este marco legislativo coincidimos y hacemos planteamientos comunes. Lo que a uno se le quede
está el otro para decirlo.


Respecto a lo que dice la diputada Laia Ortiz, es verdad que la posición de dominio no queda superada y resuelta con la ley. El abuso de posición de dominio quedará resuelto con la ley. A mayor transparencia y a mayor seguridad, menos
posibilidades para el abuso de posición de dominio. En ese marco confiamos, porque no lo tenemos, desgraciadamente. La ley es mejorable, lo hemos dicho, pero es fundamental e imprescindible.


La venta a pérdidas -y contesto al diputado Alejandro Alonso- ahí está -se ha dicho-, así como la propuesta para enmiendas de la propia Comunidad Autónoma de Galicia, donde se propone que se establezcan indicadores por parte de las
administraciones respecto a costes en un sector tan estratégico como el de la leche, que afecta a Galicia, pero nos afecta a todos, y para otros sectores también. Hay que establecer a nivel administrativo justamente eso, los costes en origen, y que
la venta a pérdidas en destino tenga que ver con todo el coste de producción, de transformación, etcétera, en toda la cadena alimentaria, porque, si no, se puede camuflar perfectamente con una mera factura la venta a pérdidas, constando simplemente
en la factura un céntimo de euro por encima de aquello que se compra. Hay que hacerlo desde el origen, y eso es lo que estamos planteando, y no lo decimos solo nosotros. Sabemos las dificultades que tienen esos indicadores de costes, como tantas
cosas, pero tenemos que intentar resolverlo. Lo difícil no es imposible. Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con el tema de los circuitos cortos -faltan cosas, y esa es una-, porque se está abriendo como posibilidad de comercio a nivel
más local, y esto es muy importante.


Respecto a lo que se dice de las interprofesionales agrarias, nosotros apostábamos por las interprofesionales. No lo hemos sacado porque, a pesar de que se hace referencia a la normativa comunitaria -y, por desgracia, esa normativa
comunitaria está por llegar-, el hecho de que se hable de negociación colectiva, el hecho de que se hable de regulación de oferta, el hecho de que se hable de contratos tipo por parte de las interprofesionales, en principio nos parece que enmarca
perfectamente unas competencias que no tenían y que sí tenían, por ejemplo, determinados sectores, como es el sector lácteo, después del paquete leche u otros sectores como el del tabaco, etcétera. Extender todo esto al resto de los sectores es
fundamental. Nos parece que en ese aspecto concreto, si es que eso después se llevara a cabo, no sería mala cosa; sería buena cosa.


En cuanto al control administrativo, es verdad que ahí tenemos la agencia de control. Nos parece que el control administrativo es importante. Evidentemente, queda el recurso a lo judicial. Es verdad que es la misma agencia de aceite de
oliva; es verdad que no hay recursos, que la propia ley habla de que no pueden aumentarse los recursos; es verdad que tenemos dificultades en la propia leche, ahora mismo el acuerdo voluntario ya está bloqueado en los recursos; pero,
evidentemente, tenemos que confiar en que se dote -y nosotros estamos pidiendo que se dote- al máximo ese control administrativo para hacerlo efectivo. La ampliación de los contratos -y termino-, efectivamente, cuando se dice que al menos uno de
los intervinientes sea pyme y el otro no, estamos dejando en el sector del aceite de oliva y en el sector, por ejemplo, del vino y otros sectores las relaciones contractuales entre dos pymes, o de compraventa entre dos pymes. Esto es mucho y, por
lo tanto, queda mucha gente fuera; otros sectores que no son perecederos, otros productos que no son perecederos también quedarían fuera. Y la facturación al 30%, o al 20% o al 40%, es igual, creemos que se debe ampliar a producciones y a
entidades que realicen operaciones de compraventa. Entendemos que es así. En todo caso, es un marco fundamental; lo necesitamos y nos gustaría que se mejorase, que no se debilitase. Sabemos que hay un juego de intereses; sabemos que es legítimo
que se defiendan los intereses; sabemos que la gran distribución también va a defender los suyos, pero nos gustaría que quedara claro que la posición de dominio no la tiene el sector productor en ningún caso. Somos la parte más débil y necesitamos
un marco legal que equilibre la cadena, porque nosotros no la estamos desequilibrando; son otros, nosotros no. Tenemos confianza en que esta ley cumpla con este objetivo.

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El señor PRESIDENTE: Don Miguel, veo que también le ha resultado escaso a usted el tiempo.


El señor REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): La verdad es que sí. Lo siento, presidente, pero me pasa a menudo.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramos, por favor, no le voy a pedir que compense el tiempo, pero procure ajustarse al mismo porque ya vamos muy retrasados.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Ramos Silva): Seré muy breve, señor presidente.


Sobre algunas dudas que nos han planteado, quiero decirles que tengo la esperanza de que esta sea una ley que no se quede solo en aprobarla y que luego digamos que buena ley tenemos y no nos sirva para lo que realmente tiene que servir.
Aquí, en este foro, donde están todos los partidos políticos y todos los representantes del pueblo, tenemos que saber que hemos de tener una ley para que se cumpla y para que se pongan los medios por parte de la Administración y por parte de quien
haga falta para que sepamos que tenemos una ley. Saben que en nuestras intervenciones hemos dicho -por lo menos yo lo he dicho- que ha habido leyes que se han hecho, pero que al final no se cumplen; y, si no se cumplen, será una decepción. Toda
la ilusión que tengo es que sea una ley que se cumpla en todos los sentidos.


Como no me dio tiempo, no terminé, pero saben que todas las organizaciones agrarias, las industrias, las cooperativas, hemos presentado enmiendas de forma conjunta, pero quería destacar dos o tres que son las que me interesan. Una,
modificar la disposición final primera relativa a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias para permitir la financiación relativa al funcionamiento de estas a través de la extensión de normas y establecer mecanismos de control de
dichos gastos. La experiencia que tenemos las interprofesionales es que si se le ponen mecanismos y medios pueden valer; si no tenemos mecanismos y no tenemos medios, no sirven para nada. Se han creado muchas interprofesionales en España que, al
final, han ido desapareciendo. Otra enmienda es asegurar que las sanciones sean disuasorias y proporcionadas a la dimensión del infractor. Hay que cambiar claramente el mecanismo de sanción, porque con lo que se está planteando hay gente que puede
decir, por la multa que me van a poner infrinjo todos los días; me van a poner 3.000 euros de multa y cualquier operación es un dineral. Otra, asegurar que las infracciones previstas en el artículo 23 recogen todas las obligaciones y prohibiciones
previstas en el artículo de la ley de los que traen causa, calificarlas en leves o graves atendiendo a su mayor o menor relevancia y clarificar el sujeto infractor, el comprador, en los casos dudosos, a no ser que se aclare. Otra va en el sentido
de modificar el artículo 2 para garantizar que todos los contratos de la cadena alimentaria cumplan los requisitos del artículo 8, formalización por escrito. La última pretende la inclusión de unas condiciones mínimas negociadas conforme a los
principios rectores de esta ley.


Lo decía antes, todas las transacciones que se hagan tienen que tener un contrato por escrito y tienen que recogerse mecanismos por los que como mínimo se cubran los costes de producción. A mí no me pueden obligar a firmar un contrato, como
está ocurriendo en el sector de la leche, en que tenga que poner un precio por debajo de lo que me cuesta producir. Eso tenemos que cambiarlo y por eso decía que me parecía interesante el acuerdo alcanzado, después de una serie de movilizaciones
que habido y de las reuniones que se convocaron en Galicia. Agradezco en este caso al presidente de la Xunta que haya tomado la iniciativa con el sector y que haya mandado aquí esas enmiendas que me gustaría que se tuvieran en cuenta, porque creo
que eso es lo que tenemos que tener: unos contratos que recojan unas condiciones que todo el mundo cumpla y que como mínimo se cubran los costes de producción que tienen el agricultor y el ganadero.


El señor PRESIDENTE: Con la intervención de don Lorenzo Ramos damos por finalizada las comparecencias de este primer bloque de organizaciones profesionales agrarias. Les agradezco su colaboración y espero que se sientan muy satisfechos con
este proyecto de ley, que quisiera recordarles que va a la Comisión con competencia legislativa plena y con trámite de urgencia. Muchas gracias a todos ustedes. (Pausa).

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- DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS (HERRERO GONZÁLEZ). (Número de expediente 219/000219).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, FIAB (GONZÁLEZ-ALEMÁN SÁNCHEZ). (Número de expediente 219/000220).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE PROMARCA (LARRACOECHEA JAUSORO). (Número de expediente 219/000221).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, a continuación va a dar comienzo el segundo bloque de comparecencias. En nombre de la Comisión les agradezco a todos los comparecientes su buena disposición en colaborar con este
importantísimo proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria. Les recuerdo a los comparecientes que disponen de un tiempo máximo de diez minutos -que no es necesario que agoten- para exponer una primera intervención y que luego los grupos
parlamentarios a través de sus portavoces dispondrán de un tiempo de tres minutos, simplemente para preguntar sobre las cuestiones que no hayan quedado lo suficientemente aclaradas en sus intervenciones. A continuación, los comparecientes
contestarán a las preguntas formuladas por los portavoces de los grupos parlamentarios. Llevamos un poco de retraso y les rogaría a todos ustedes que para la buena marcha de esta sesión fueran lo más breves posible. Sin más dilación, tiene la
palabra don Agustín Herrero González, subdirector general de Cooperativas Agroalimentarias.


El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (Herrero González): Señorías, en primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de comparecer ante ustedes para exponer verbalmente algo que ya hemos tenido la ocasión de hacer
en fechas pasadas, que ha sido explicarles nuestros puntos de vista en relación con este proyecto de ley, sobre el que incluso les hemos dejado por escrito las propuestas de enmiendas que creemos que pueden mejorarlo.


Para nosotros este proyecto de ley es muy importante porque pretende ordenar, clarificar y dotar de seguridad jurídica y de transparencia a las relaciones comerciales en la cadena alimentaria, cadena alimentaria que supone el 80% de los
ingresos de las rentas de los productores agrarios en España. El sistema alimentario tiene una importancia enorme en la economía nacional. Solo citaré unos datos. La producción total del sector agroalimentario el año pasado fue de 130.000
millones de euros; el número de ocupados fue de 1.125.000 y fueron 3.864 millones de euros de balanza comercial positiva. Es un sistema extraordinariamente importante en la economía española, muy poderoso -se podría deducir de estas cifras-, pero
a su vez muy frágil por su composición. Está compuesto por empresas grandes, pequeñas, muchas pymes e, incluso, muchos agricultores individuales. Por lo tanto, esta heterogeneidad le da también una enorme vulnerabilidad.


Necesitamos que este sistema alimentario funcione correctamente, porque de él depende no solo el 80% de la renta de los productores, sino todas estas cifras que les he dicho antes y sobre todo que los consumidores tengan acceso a alimentos
sanos, variados, etcétera, en calidad y cantidad, recordando a este respecto que el año pasado el gasto total en alimentación fue superior a los 100.000 millones de euros como nos acaba de comunicar el ministerio hace unos días. Es necesario que
las relaciones comerciales funcionen correctamente, funcionen con arreglo a unos principios que describe muy bien este proyecto de ley en su artículo 4. En este momento podríamos decir que si miráramos todos esos principios que establece el
artículo 4, la excepción serían aquellas relaciones comerciales que cumplen fielmente esos principios -la excepción, me atrevería a decir-. Este sistema alimentario potente necesita renovarse continuamente, necesita invertir, necesita innovar,
porque en la economía libre de mercado en la que estamos, en este mercado globalizado y abierto, un sector que no innova, que no se renueva, que no invierte es un sector destinado a morir. Eso es lo que nos preocupa en el presente y hacia el futuro
del sistema de relaciones comerciales que tenemos en este momento, que en muchas ocasiones elimina la capacidad de inversión, elimina la capacidad de innovación del propio sector y por tanto pone en peligro su supervivencia.


Nosotros hemos presentado enmiendas junto con las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA que acaban de comparecer, junto con la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas y con Promarca, que comparecerán a continuación. Es decir,
los representantes del sector de los productores, de las cooperativas y de la industria, todos juntos, hemos puesto a un lado nuestras diferencias y hemos

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entendido todo lo que nos une, que es mucho, en relación con este proyecto de ley. Hemos hecho una valoración positiva de este proyecto de ley. Nos parece que el ministerio ha hecho un ejercicio innovador y valiente y que el proyecto de
ley, incluso tal y como está en este momento, va a ser una referencia en el debate que se está teniendo actualmente en la Unión Europea, porque este problema del mal funcionamiento de la cadena no es exclusivo de España, aunque aquí se manifiesta
con especial intensidad.


Creemos que es un proyecto de ley que está bien hecho, que es valiente, que da un paso adelante en este mundo de las relaciones comerciales. No obstante, les hemos hecho llegar unas propuestas que nos parece que mejorarían notablemente este
proyecto de ley. En concreto, les hemos planteado una propuesta para enmendar el artículo 2, que tiene que ver con el ámbito de aplicación de los contratos alimentarios. Es especialmente importante que los contratos alimentarios por escrito sean
obligatorios en todas las transacciones comerciales cuya relevancia esté por encima de los 2.500 euros o cuando no se paguen al contado, porque el contrato es el elemento clave que da seguridad jurídica y transparencia a la relación comercial. En
ausencia de contrato, en muchos casos es indemostrable una práctica abusiva, y con el ámbito que se ha planteado en este proyecto de ley, que acota muchas relaciones comerciales, prácticamente todas las relaciones comerciales de una cooperativa o de
una empresa que no sea cooperativa y que no sea pyme con la distribución quedarían fuera del amparo de la obligación de hacer contratos por escrito. Sin contratos por escrito es inaplicable el artículo 9.2, que establece que todos los contratos se
atendrán a los principios que establece la ley; principios que nos parecen esenciales, porque muchas de las prácticas abusivas, incluso las no contenidas en este proyecto de ley, quedarían amparadas por el artículo 9.2, donde se establecen los
principios que deben regir cualquier relación comercial en la cadena alimentaria. Nos parece esencial ampliar el ámbito de aplicación a todas las operaciones por encima de 2.500 euros o que no sean pagadas al contado.


También proponemos enmendar el artículo 12 para evitar que pueda haber modificaciones retroactivas de los contratos de mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo en una relación desequilibrada se convierte desgraciadamente en la imposición de la parte
poderosa sobre la parte débil. Nosotros creemos que si los contratos se tienen que modificar, el propio contrato debe contener en el momento de hacerse el mecanismo y los supuestos de su modificación. No debe haber un acuerdo entre las partes a
posteriori que permita una modificación, y mucho menos con carácter retroactivo.


Asimismo consideramos que debe modificarse el artículo 14 para que recoja de forma explícita que no deben aplicarse prácticas discriminatorias entre marcas comerciales, más allá de aquellas que estén objetivamente justificadas por interés
del consumidor o por eficiencia económica. Eso debe quedar claro y no nos parece una buena solución que el proyecto de ley remita a la Ley de Competencia Desleal, que es una ley por cierto del año 1991, momento en el que muchas de estas prácticas
no existían porque la marca del distribuidor en aquel momento era prácticamente inexistente.


Especialmente importante nos parece que pudiéramos regular la venta a pérdidas. Hemos propuesto por escrito una fórmula de definición de la venta a pérdidas basada en los tres supuestos que la Ley de Competencia Desleal establece pero
actualizando esos supuestos. Quizás no sea la solución definitiva para el tema de la venta a pérdidas, pero nos parece que recogerlo en estos términos sería un avance significativo, porque es una fórmula que encaja bastante bien con el ordenamiento
jurídico y además no es demasiado rupturista en cuanto a precios mínimos, etcétera, que siempre es un tema complejo. La propuesta que hemos hecho de enmienda de venta a pérdidas es una solución jurídicamente bastante inteligente, porque arranca de
la Ley de Competencia Desleal y recoge los tres supuestos que la propia ley ya establece, si bien adaptándolos a 2013, que es el año en el que estamos.


Igualmente nos parece relevante incorporar como práctica abusiva el incumplimiento de los plazos de pago. Esta es una práctica abusiva que ya aparece en el régimen sancionador recogida como sanción posible, pero lo que proponemos es que
aparezca como una práctica abusiva y que se explicite que no se puede percibir ninguna compensación por pagar dentro de los plazos que establece la ley, que es lo que suele pasar actualmente.


Por otra parte, nos parece importantísimo que haya un régimen sancionador, debe hacer un régimen sancionador administrativo, con todas las limitaciones que eso pueda tener, pero debe recoger como sancionable todos los supuestos que la ley
establece, no solo los contratos sino cada una de las prácticas abusivas. En el régimen actual alguna de las prácticas abusivas ha quedado fuera del régimen sancionador y no entendemos cuál es la razón por la cual deben quedar fuera. De la misma
manera, entendemos que las sanciones deben adaptarse. A nuestro juicio, el régimen sancionador propuesto en el proyecto de ley es insuficiente y deberían establecerse sanciones proporcionales al volumen de facturación del infractor.

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Por último, hemos propuesto una enmienda a la modificación de la Ley de Interprofesionales, que tiene que ver con la financiación de estas organizaciones. En la actualidad la extensión de norma que pueden aprobar está destinada
exclusivamente a las actuaciones de la extensión de norma y lo que proponemos todas las organizaciones es que una parte de ese dinero acotado pueda destinarse a financiar el funcionamiento de la organización con los debidos controles. Estas son las
enmiendas que les hemos presentado por escrito. Quedo a su disposición para una posterior intervención, si les parece oportuna.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Horacio González.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, FIAB (González-Alemán Sánchez): Señorías, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a expresar en nombre de la industria
alimentaria española a través de nuestra federación, que reúne a cuarenta y ocho asociaciones, nuestro parecer sobre este proyecto de ley. Entendemos que estamos en un momento esencial. Es la fase final de una petición que hemos ido haciendo desde
hace muchísimo tiempo desde el sector productor y también desde el sector industrial y que ha tenido sus hitos, es decir que no partimos hoy de cero. Me gustaría recordar el primer hito, que fue la celebración de un código de conducta entre la
industria y Asedas, la asociación de supermercados, en el que estuvimos más de año y medio trabajando, que al final conseguimos acordar y que a los pocos meses de empezar a funcionar saltó por los aires por incumplimiento flagrante del mismo. Ese
sería para mí el primer hito que me gustaría significar.


El segundo fue en la anterior legislatura, cuando el anterior Gobierno quiso poner en marcha una ley para regular todo este sistema. Al final proponía otro código de buenas prácticas, un código voluntario simple. Subrayo lo de simple
porque -después entraré en el detalle en este proyecto- después de haberlo trabajado durante una serie de meses vimos que las líneas rojas, como dijimos en aquel momento, eran tan grandes que era imposible llegar a un acuerdo entre los diferentes
eslabones de la cadena para que tuviéramos un código que realmente pudiera resolver la situación en la que hoy estamos.


Hoy ha llegado nuestro momento, que es el momento de la ley y debemos aprovecharlo. Ha quedado muy claro que toda la cadena agroalimentaria, agricultores, cooperativas e industrias, estamos de acuerdo en lo esencial de esta ley, que
defendemos y entendemos como un proyecto positivo no solo para nuestro sector sino también para el consumidor y por supuesto para el conjunto de la economía nacional, con lo cual se trata de una iniciativa de gran valor que queremos apoyar y por
supuesto mejorar durante el trámite parlamentario. Como se han comentado muchos temas, me voy a limitar a hacer unas apreciaciones muy generales sobre algunos de los temas que entendemos muy significativos y que básicamente serían las prácticas
abusivas, el código complementario y el observatorio -digo complementario porque es complementario de la ley, y eso quiero significarlo-, así como otras cuestiones también de interés.


¿Qué entendemos por prácticas abusivas? Está claro que la parte esencial del gasto alimentario se hace a través de lo que sería el consumo doméstico, que es aproximadamente el 70% del consumo alimentario de nuestro país. Este canal del
consumo del hogar está en manos de un grupo reducido de empresas de la distribución, que son tanto hipermercados como básicamente supermercados, y esa concentración del estadio minorista hace que el resto de la cadena, tanto productores como
industria pero incluso también, como decía anteriormente, los consumidores, acabemos dependiendo de una u otra forma de ese poder de mercado.


¿En qué se concreta este poder? Entre otros aspectos, en lo que la propia ley reconoce como prácticas abusivas. También quiero significar aquí que este concepto de prácticas abusivas no es un concepto que se haya inventado nadie ni que sea
nuevo. Es un concepto antiguo y sobre todo que viene avalado por una serie de avances que para mí son muy significativos. El primero es que la propia Comisión Europea lo ha definido así. La Comisión tiene encima de la mesa un documento que es un
libro verde sobre las prácticas abusivas en la distribución, luego estamos hablando no de una entelequia sino de una realidad. El propio Parlamento Europeo, con diferentes recomendaciones, disposiciones e iniciativas, ha dejado muy claro que
efectivamente existen estas prácticas abusivas. Y, por supuesto, tengo que citar el informe de la Comisión Nacional de la Competencia de noviembre de 2011, no el otro, sí el de noviembre de 2011.


¿Cuáles serían algunos de los ejemplos de lo que entendemos por prácticas abusivas? Estaríamos hablando de cuestiones como por ejemplo la deducción unilateral de la factura sin motivos razonables ni razonados; estaríamos hablando de la
modificación retroactiva de las condiciones generales acordadas con el cliente; del cobro de pagos comerciales o contribuciones sin contraprestación alguna para el suministrador; del cese unilateral del contrato sin justificación previa ni
razonamiento. Son este tipo de circunstancias las que nosotros entendemos que se califican como prácticas abusivas.

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El proyecto de ley -y por eso entre otras cosas lo apoyamos- recoge en su articulo 12 este concepto de prácticas abusivas, si bien merece a nuestro juicio una modificación en el apartado 1 para clarificar su redacción. En concreto, nosotros
entendemos que las modificaciones de las condiciones contractuales están prohibidas salvo que se lleven a cabo de conformidad con lo expresamente pactado en el contrato, es decir, tiene que estar pactado en el contrato, y siempre -insisto-, siempre,
guiándose por los principios rectores del artículo 4 del proyecto de ley, que a nuestro juicio recoge de manera muy clara una serie de principios esenciales como son la buena fe, el equilibrio y la reciprocidad, la libertad de pactos, la equitativa
distribución de riesgos y responsabilidades, el respeto a la libre competencia. Son principios, señorías, que todos entendemos y reconocemos como esenciales a la hora de la contratación.


¿Qué beneficios puede traer este proyecto y sobre todo esta disposición especial de las prácticas abusivas de la que les estoy hablando? Yo creo que todos, pero si me permiten voy a hacerles algunas reflexiones muy sucintas. La primera es
sobre la transparencia, como se ha dicho anteriormente. Es muy importante que los términos de la relación comercial queden reflejados en un documento para la mayor transparencia y claridad. La segunda sería sobre la equidad, vamos buscando
equidad. Cuando hablamos de no transferir una responsabilidad o los riesgos del negocio a la otra parte estamos hablando de equidad. Se trataría de desterrar unas prácticas, de volver a lo que tradicionalmente se ha llamado en derecho mercantil
los buenos usos y las buenas prácticas mercantiles que se perdieron hace muchísimo tiempo. También habría que hablar de la competencia leal. ¿Por qué tiene que asumir un suministrador un riesgo que no es suyo? ¿Por qué tiene que pagar una
contribución o un cargo de su cliente sobre algo que no le va a aportar beneficio o contraprestación alguna? Es evidente que no tiene que ser así. Y un elemento que también es importante a subrayar es la financiación. En definitiva, todas estas
prácticas abusivas acaban convirtiéndose en costes para el suministrador, para la industria o el agricultor. Si no tiene que pagarlo, si no estuviera obligado -como queremos en esta ley- a soportarlo, lo que estaríamos consiguiendo es liberar
financiación para la industria. Eso significaría fortalecerla financieramente, que en la época en la que estamos les puedo asegurar que es absolutamente crítico.


Otro comentario que creo que es importante es sobre lo que les hablaba anteriormente, las fallidas soluciones voluntaristas o, por decirlo de alguna forma, códigos de buenas prácticas voluntarios y simples. En este proyecto se habla también
de un código voluntario pero en otro contexto radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque la propia ley establece una serie de disposiciones -como aquellas de las que estamos hablando, otras que ya se han comentado anteriormente y otras que se
comentarán- que se recogen en la parte dispositiva de la ley. Ahora bien, para una mejor aplicación de esta ley, para conseguir rodarla de alguna forma sin que se creen tensiones en la propia cadena, el proyecto establece -y a mi juicio con buen
criterio- la posibilidad de que se haga un código de conducta y se establezca un observatorio como complementos a esa parte dispositiva en la que todos unidos, es decir Administración y sectores, hagamos la letra pequeña, los detalles prácticos de
la aplicación de la ley y entendamos esos ámbitos como un foro de debate y aplicación de criterios interpretativos para esa parte dispositiva. A mi juicio es el complemento perfecto de la parte dispositiva.


Hay dos temas que me gustaría subrayar antes de ceder la palabra, presidente, si tengo todavía tiempo. Se ha comentado anteriormente el tema de las interprofesionales. Comparto que todo lo que sea fortalecer las interprofesionales es bueno
para los sectores, es bueno para la economía, es bueno para la economía productiva; por tanto, claridad y transparencia me parecen esenciales en este proceso. También me gustaría apuntar al menos que en la parte que tiene que ver con la calidad de
este proyecto sería interesante -y así lo vamos a hacer valer nosotros junto con otros sectores, yo diría que prácticamente con toda la cadena agroalimentaria- realizar estudios y análisis comparativos en relación con los productos agroalimentarios,
para dejar de manera clara y evidente en una ley cuáles son las condiciones y las formas en que habría que hacer eso.


Presidente, con esto he acabado mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Horacio, por su intervención que ha resumido estupendamente, porque además ha sido uno de los pocos comparecientes a los que les ha sobrado algo de tiempo, y lo ha dicho todo.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, FIAB (González-Alemán Sánchez): Me lo guardaré para las preguntas. Gracias.

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El señor PRESIDENTE: No se relaje.


Tiene la palabra ahora don Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca.


El señor PRESIDENTE DE PROMARCA (Larracoechea Jausoro): Ante todo quiero agradecer que me hayan dejado comparecer en un tema tan trascendental para nosotros como el de este proyecto de ley. También debo afirmar que todo lo que han dicho
aquí las organizaciones que me han precedido -UPA, Asaja, COAG, Cooperativas y FIAB- es asumido al cien por cien por Promarca y no voy a repetir muchas de las cuestiones porque son coincidentes en su totalidad. Una reflexión es que siendo
organizaciones tan distintas y siendo clientes y proveedores entre nosotros, fíjense lo claro que debe estar el tema para que vayamos juntos. Creo que es un dato muy a tener en cuenta.


Lo tercero que quisiera decir es que nuestra valoración del proyecto de ley es muy positiva en su conjunto y vamos a ver si con las enmiendas podemos ir a por nota, como se suele decir. En mi intervención me voy a centrar en la modificación
del artículo 14.1, para garantizar que la discriminación de las marcas independientes solo responda a razones de eficiencia económica y bienestar de los consumidores, evitando tener que remitir a otras normas que ya se han demostrado ineficaces para
prevenir esta discriminación injustificada. En concreto, es la referencia en el artículo 14.1 a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de Competencia Desleal. Pensamos que estaría mejor expresado el problema si sustituyéramos ese texto
por: evitando prácticas discriminatorias que no estén objetivamente justificadas por razón de su eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.


En la Comisión Nacional de la Competencia y en la memoria de esta ley se hace una referencia a cuatro discriminaciones contra las marcas independientes, también conocidas como marcas de fabricantes. Los tipos de discriminación de las que
son objeto son: la negativa de referenciación o desreferenciación, imposición de márgenes discriminatorios, la negativa a aceptar acciones de promoción de la marca del fabricante y la colocación estratégica de los productos en los lineales. Estas
cuatro discriminaciones han traído en la práctica varias consecuencias negativas y hay que tener en cuenta varias cosas. Nosotros no defendemos a las marcas sino al consumidor y queremos ser procompetitivos, pero hemos observado en los últimos
veinte años tres consecuencias negativas. La número uno, la desaparición de marcas. En la última década han desaparecido un 22% de las marcas. Eso se traduce directamente en una reducida capacidad de elección del consumidor, que es uno de los
pilares del bienestar del mismo. La segunda consecuencia es la reducción de la innovación. En los últimos cuatro años ha habido una reducción de la innovación de los fabricantes en un 60%. La causa de esta reducción es sencillamente la práctica
de no referenciar nuestras innovaciones. Tenemos como ejemplo que un 50% del mercado ya observa surtidos limitados. Las tiendas, las cadenas de surtidos limitados tienen una negativa muy alta a la hora de aceptar las referenciaciones de las
innovaciones de los fabricantes, y eso repercute en que al no conseguir un retorno los fabricantes no tienen incentivos a innovar. Esto es gravísimo; esta práctica en España es mucho más exagerada que en los otros países europeos. Tengo una
presentación que me gustaría distribuir para que se pueda comparar que nuestras innovaciones alcanzan solo un 25% de distribución ponderada, como media -en innovaciones relevantes, no las no relevantes-, y es bajísimo porque con un 25% de
distribución es imposible invertir para que el consumidor conozca una innovación. Las más exitosas en España alcanzan un 50% de distribución. Si las cadenas que tienen surtido limitado ya son el 50% del mercado, es muy difícil superar este 50%,
mientras que países como Francia e Inglaterra alcanzan ratios del 80%. Esta es una diferencia muy importante.


Pero, por si esto no fuera suficiente, la tercera discriminación es en cuanto a márgenes, y esto para nosotros es uno de los aspectos más graves. A las marcas de fabricantes se nos asigna un margen promedio del 33% sobre coste, a la marca
propia de la cadena un 8%, lo que significa que hay una discriminación en precios de 25 puntos porcentuales. Le voy a dar un ejemplo que ha salido publicado en una sentencia en la Comisión Nacional de la Competencia sobre la leche. La leche se
vende del campo a la industria con 5 céntimos de diferencia entre marca blanca y marca de fabricante. La industria incrementa la diferencia en 10 céntimos más porque hace I+D+i, porque hace publicidad, porque tienen costes de personal más altos.
Por tanto se vende a la distribución con 15 céntimos de diferencia. Una leche de marca muy conocida, cualquiera de ellas, podría venderse por tanto con solo 15 céntimos de diferencia, y aparece en la estantería de venta al público con 33 céntimos
de diferencia. Ese diferencial de 18 céntimos es artificial en imputación de costes artificiales que nada tienen que ver con el coste, por lo que entendemos que es una discriminación injustificada que no se basa en nada en el bienestar del
consumidor.

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Por si esto tampoco fuera suficiente, un estudio de Brattle demuestra que las marcas blancas o marcas de la distribución a medida que van aumentando su cuota de mercado suben sus precios. Es decir, a medida que va subiendo la cuota de
mercado de la marca blanca tiene que subir sus precios porque tiene que asumir muchos de los costes que hoy asumimos las marcas de fabricantes, que en ese caso estaríamos bajando. Por último diré que el surtido limitado no se traduce en mejores
precios para el consumidor. Las tiendas de surtido limitado, según un estudio del Ministerio de Comercio, representan entre un 6 y un 9% de precios más altos que los hipermercados, por ejemplo, que son de surtidos muy amplios. Por lo tanto el
argumento de que el surtido limitado es más eficiente habría que demostrarlo, pero no se ve ni en el precio de las marcas de fabricantes ni en el precio de las marcas blancas, donde son más altos. Todo esto en los últimos tres años ha traído
nefastas consecuencias para España. El trasvase de volumen de la marca de fabricante a la marca de la distribución, según un estudio de Esade, ha traído como consecuencia 86.000 puestos de trabajo perdidos, 800 millones de euros menos en valor
añadido, 1.600 millones menos en impuestos para las arcas del Estado, y un 20% menos de inversión en I+D+i. Son consecuencias realmente graves, por lo que necesitamos evitar la discriminación injustificada. Nosotros queremos respetar todos los
modelos de negocio pero creemos que esta enmienda está absolutamente justificada y supone una intervención necesaria para evitar que la gestión discriminatoria de marcas destruya el valor de sectores estratégicos de la economía española; de hecho
restringe la competencia entre distribuidores y reduce la innovación, la variedad, y la libertad de elección de los consumidores. Este sector es clave, es el primer sector industrial, segundo sector de nuestra economía, y hay que proteger a los
generadores de valor que tenemos, las marcas que crean empleo, que innovan y que exportan en beneficio de España y de sus consumidores.


El señor PRESIDENTE: Se abre ahora un turno para que los portavoces de los diversos grupos parlamentarios que deseen intervenir formulen las preguntas que estimen convenientes a los comparecientes. ¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa).


Don Alejandro Alonso, por favor.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias a los tres comparecientes por sus informaciones; les formularé unas breves preguntas. Todos ustedes han hecho especial hincapié en lo que denominan como prácticas abusivas. Recogiendo literalmente la
intervención de don Agustín Herrero, ha indicado de que hay prácticas abusivas no contempladas en esta ley, como dándonos a entender que efectivamente se pueden quedar fuera de regulación -entiendo yo si no las definimos bien- determinadas prácticas
abusivas, o lo que sería peor, -en mi interpretación-, que quien en este momento practica determinadas prácticas consideradas abusivas podría llevarlas a contrato, y por tanto legalizar dichas prácticas si la ley no lo contempla. Por tanto pregunto
directamente a don Agustín, o a cualquiera de los tres, qué prácticas consideran ustedes abusivas, con nombres y apellidos -no una definición genérica, sino con nombres y apellidos-, que deberían incorporarse directamente a un catálogo de prácticas
abusivas que figurara en la ley.


En segundo lugar, preguntando ya a cualquiera de los intervinientes, desearía que nos aclararan esto un poco a los que tenemos que formular enmiendas: en la documentación que nos ha remitido el Gobierno se ha incluido un informe de la
Comisión Nacional de la Competencia, un informe aprobado el 8 de enero, un informe concreto, no genérico sobre la cadena de valor, sino sobre el texto de la ley donde se hacen algunas valoraciones muy preocupantes. Para despejar nuestras dudas y
que nos clarifiquen un poco su posición quisiera conocer cómo pueden ustedes contrarrestar u opinar en contra de algunas de las cosas que dice la Comisión Nacional de la Competencia, por ejemplo que de aprobarse esta ley, tal y como está redactada,
se pondría en riesgo de ruptura la unidad de mercado. Habla Competencia. ¿Ustedes consideran que hay riesgo de ruptura de la unidad de mercado si se aprueba esta ley conforme está redactada? Incluso propone Competencia la eliminación del régimen
sancionador. Hasta ahora los comparecientes anteriores -en el caso de ustedes no sé si lo he escuchado o se me ha pasado- han propuesto un incremento del régimen sancionador haciéndolo más duro en su importe y en su tipificación. Pero entre estos
dos planteamientos -lo que dice la Comisión Nacional de la Competencia, que propone suprimirlo, y un endurecimiento-, quisiera saber si el criterio de Competencia es una burocratización excesiva en relación a la aplicación administrativa de esta ley
y de las distintas intervenciones administrativas de distintos Gobiernos: autonómicos, nacional, con competencias en esta materia.

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Por último, la tercera pregunta se refiere a uno de los temas que está en la ley y al que no se ha hecho referencia, pero que es de gran actualidad porque crece, me refiero a las subastas electrónicas. ¿Ustedes consideran que el redactado
que tiene la ley referido a subastas electrónicas es el correcto o convendría modificarlo?


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Quisiera dar la bienvenida no solamente a los comparecientes, sino también a los asesores que han venido. Nos hemos podido hacer comparecer a todos aquellos que habíamos solicitado los grupos -casi setenta
organizaciones y personas eran las que habíamos propuesto- pero en definitiva creo que todos ustedes nos van abrir los ojos y van a ponderar la bondad de esta ley. Creo que todos ustedes han reconocido que esta es una ley importante, es una ley
novedosa, y es pionera en la Unión Europea. Eso es lo que ha pretendido el Gobierno. El Gobierno ha sido consciente de las asimetrías que se producen en la cadena alimentaria, y en ese sentido esta ley viene como compromiso del Gobierno para
aumentar la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario en su conjunto. Y como sector estratégico que es, también conseguir un mayor equilibrio y transparencia, y sin duda también fortalecer la posición del productor. Ese ha sido el
objetivo de esta ley.


Es bien cierto que se puede mejorar no solamente desde esta ley, sino desde otras leyes y reestructurando la cadena alimentaria. De hecho tenemos en este Congreso de los Diputados una ley de integración cooperativa que de todas maneras
redundará en una mejor reestructuración. Estamos avanzando hacia un nuevo modelo y hacia una forma de ver, considerar y mejorar el funcionamiento, de ahí el título de esta ley. Habida cuenta de sus intervenciones positivas veo que de alguna manera
se puede mejorar. Parece ser que el eje y el objetivo fundamental de todos sus planteamientos y reflexiones tiene que ver -a mi juicio- con dos cosas, principalmente. Hay otras cosas que siendo importantes pasan a un segundo plano, como puede ser
el régimen sancionador, aun siendo importante, pero hay dos temas que de alguna manera ustedes destacan sobre otras cuestiones, como son la gestión de las marcas y las prácticas abusivas. Y dentro de esas prácticas abusivas me gustaría que me
dijeran qué le falta a esta ley para mejorar la definición de práctica abusiva, que no viene contenida en esta ley. Simplemente les formulo esas preguntas y les agradezco de nuevo su presencia en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Señor González-Alemán, tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos, y no solo puede contestar las preguntas que se les han hecho, sino aprovechar la ocasión para hacer una valoración conjunta de la ley.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, FIAB (González-Alemán Sánchez): Gracias a los portavoces por sus comentarios. Quisiera detenerme en tres temas que se han comentado.
Primero, la hipotética ruptura de la unidad de mercado. Creo que más bien esta ley es todo lo contrario. Es una ley integradora, que pretende efectivamente evitar que se rompa el mercado. Y de acuerdo con alguna reflexión que he hecho alguna vez,
si estoy en un parte, del territorio nacional me interesa que se resuelva el problema en esa parte pero en el resto del territorio también. Con lo cual creo que no debería haber ningún problema en ese sentido. Todo lo contrario, insisto, creo que
es bueno y que vela por la unidad de mercado. En segundo lugar, se ha hablado de que esta ley impondría una mayor burocracia, que complicaría la vida a las empresas. Creo que todo lo contrario. Se trata de poner en un documento a las partes
esenciales del contrato y las reglas que lo van a regular, y a partir de ahí el contrato anda. No estamos hablando de que cada vez que haya una compraventa tenga que haber un contrato, eso son falacias. Estamos hablando de un contrato y ese
contrato se va perfeccionando en diferentes operaciones. Con lo cual tampoco entiendo que haya burocracia mayor en este caso. Quiero recordar que hay sectores, situaciones y casuística en los que la contratación sí es realmente excesiva. Estoy
pensando simplemente en la legislación laboral. Está todo completamente estudiado, completamente tasado, completamente regulado. La contratación general cuando estamos comprando un billete de avión... No creo que en ningún caso estemos
incurriendo en mayores burocracias, sino simplemente -como hemos dicho anteriormente- en transparencia y en claridad.


En cuanto a las subastas electrónicas personalmente entiendo que están bien recogidas, con lo cual no tienen mayor problema. Respecto a las prácticas abusivas creo que la modificación que les hemos propuesto anteriormente a nosotros como
industria nos dejaría tranquilos. Hay que tener en cuenta que

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muchas veces la inteligencia humana sobrepasa límites. Muchas veces la práctica es mucho más rica que la norma o que la realidad, con lo cual referirse simplemente -como hace la propia ley- a una serie de conceptos y luego enmarcarlos
dentro de ese propio contrato, y a su vez en una serie de principios generales, permite una aplicación sana y realista de esta ley. Insisto también en lo que comentaba anteriormente. No olvidemos que esta ley tiene una parte dispositiva pero
también tiene una parte de código voluntario, de observatorio, y lo que vamos a intentar es desarrollar y darle sentido a esa realidad que muchas veces es mucho más rica que cualquier disposición.


Básicamente esos serían mis comentarios, presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Agustín Herrero.


El señor SUBDIRECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (Herrero González): Suscribo lo que acaba de decir el representante de la industria y solo quiero añadir las prácticas que no están, que era una de las preguntas que había.
Efectivamente creo que la práctica comercial puede dar pie a determinadas situaciones que no están estrictamente recogidas en la ley: penalizaciones diversas, condiciones de entrega que a veces son difíciles de cumplir o que cambian en función de
la situación del mercado, transferencia de riesgos en caso de robo o pérdida, condiciones de conservación y responsabilidad del producto. La casuística es muy amplia, lo que pasa es que a nosotros nos parece que si la relación comercial se
establece por escrito en los términos del artículo 8, y con arreglo a los principios del artículo 9.2, eso da cobertura suficiente a la casuística que se pueda dar. Toda relación comercial tendrá que respetar los principios que establece el
artículo 4 de la ley, y nos parece que ese es un planteamiento que engloba lo presente y cualquier otro tipo de planteamiento que se pueda producir. Por tanto nos parece que esa es una buena solución, y con eso estamos bastante satisfechos, siempre
y cuando el ámbito de aplicación del artículo 2, como he dicho al principio, se amplíe y no se restrinja en los términos que está planteado ahora, porque muchas de las relaciones comerciales incluso actuales podrían dejar de tener que contratarse
por escrito, y podría ser una invitación a no establecer contratos por escrito a partir de ahora en función de que la ley no lo considera necesario. Nos parece que eso sería retroceder respecto al punto en que estamos ahora, y eso sí que nos parece
grave; pero si la contratación se hace por escrito en todos los casos de operaciones significativas y no pagadas al contado, y respetando los principios del artículo 4, creo que damos un paso muy importante.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ignacio Larracoechea.


El señor PRESIDENTE DE PROMARCA (Larracoechea Jausoro): Intentaré no repetirme. Creo que la CNC reconoce los abusos y su existencia en su informe de enero de este año, lo que pasa es que a nuestro juicio la solución que propone no es
eficaz, porque se remite a la Ley de Competencia Desleal, que es del año 1991, y que no recoge -puesto que en aquel entonces no existía realmente la problemática que tenemos ahora- que nuestro distribuidor es a la vez nuestro mayor competidor. Creo
que este es un punto que no he dicho antes, y que quizá tendría que haber dicho. Cuando un señor nos niega el acceso al lineal, cuando nos imponen márgenes distintos -y cito las discriminaciones de la CNC en su informe de octubre de 2001-, cuando
se niega a aceptar una promoción de un fabricante o una reducción de precios, y cuando se reduce el espacio lineal habrá que preguntarse por qué; ¿lo hace con un criterio de distribuidor o de competidor? A mi juicio las leyes actualmente no han
acotado bien esta dicotomía. Por tanto lo que pretendemos es hacerlo aquí. También es verdad que casi todas estas prácticas están ya en un libro verde puesto en circulación a nivel europeo, luego no somos nosotros los únicos que pensamos que la
actual situación exige una solución nueva.


En cuanto a los códigos de buenas prácticas tengo que manifestar un escepticismo total. Aquí ha habido un código de buenas prácticas firmado en el año 2006-2007, me parece, entre FIAB y Asedas. Al cabo de un año y medio o dos un
distribuidor echa 800 referencias, sin previo aviso o sin el aviso suficiente, y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? El miedo a represalias. La Ley de Competencia Desleal exige también la tramitación por la jurisdicción ordinaria, que
es muy costosa en términos de tiempo y también en publicidad. Por tanto ningún proveedor va a denunciar a su cliente en ese contexto. Nos hace falta un nuevo procedimiento de sanción.


El señor PRESIDENTE: Damos por terminado este turno de comparecientes. Muchas gracias don Horacio González-Alemán, muchas gracias don Agustín Herrero, y muchas gracias don Ignacio Larracoechea, por su colaboración. (Pausa).

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- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS, ACES (DEL PINO GONZÁLEZ). (Número de expediente 219/000223).


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS, ASEDAS (GARCÍA MAGARZO). (Número de expediente 219/000224).


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN, ANGED (MILLÁN-ASTRAY ROMERO). (Número de expediente 219/000225).


El señor PRESIDENTE: Va a comenzar ahora el tercer bloque del turno de comparecientes para comentar el proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria. El trámite que ha acordado la Mesa es que cada uno de ustedes va a disponer de un
tiempo máximo de diez minutos -que no es necesario que se agote- para que planteen aquellas iniciativas que crean convenientes para mejorar si cabe el proyecto de ley, y a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios van a disponer de un
plazo de tres minutos para preguntarles sobre aquellos aspectos de sus intervenciones que no hayan quedado suficientemente aclarados, tras lo cual todos ustedes van a disponer de tres minutos para contestar a las preguntas, incluso para hacer una
valoración conjunta del proyecto de ley que hoy nos trae aquí. Para empezar tiene la palabra don Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ACES.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS, ACES (Del Pino González): Ante todo quiero agradecer al presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la invitación a comparecer,
así como mi agradecimiento sincero a los restantes miembros de la Comisión, portavoces y vocales, que sabemos que tienen el máximo interés en conocer nuestra valoración acerca del proyecto. La postura de la asociación es una postura que hemos
tenido ocasión de poner de manifiesto en muchos foros, no solo ahora como consecuencia de la presentación del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, sino también en otras ocasiones, y el planteamiento
quiero que les quede a ustedes muy claro antes de empezar: es, en primer lugar, la total disposición desde una organización sectorial como la nuestra para contribuir al mejor diagnóstico, de la situación y de los problemas que aquejan a nuestro
sector productivo, especialmente el sector agrario; además de esa disposición para contribuir al análisis y al diagnóstico desde un planteamiento técnico, riguroso y profesional, nuestra disposición a colaborar en la medida de lo posible, y siempre
dentro del marco de cumplimiento más estricto de la ley, para realizar actuaciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los sectores agroalimentarios. Esa propuesta de colaboración la hemos explicitado y hemos conseguido materializarla en
muchas ocasiones, tanto a través de nuestra participación directa en los foros diseñados por el ministerio -como el observatorio de precios de los alimentos- como en foros que se han establecido a nivel autonómico. Hemos firmado convenios de buenas
prácticas comerciales en algunas comunidades autónomas como Cataluña, donde además hacemos un trabajo directo y efectivo. La semana pasada por ejemplo estuvimos cerrando importantes acuerdos en materia de gestión de la cadena. Pero además, también
en la medida en que el marco de legalidad nos lo permite, nos comprometemos en acuerdos tales como los acuerdos sobre el sector lácteo que firmamos en el año 2009, y los que hemos firmado en 2012 y 2013 con los sectores representativos de la cadena
de valor de los productos lácteos y el propio ministerio.


Esta no es solo una cuestión en la que nosotros funcionemos a impulso de las demandas de los sectores o de la Administración, sino que también en muchos casos hemos tomado la iniciativa, y así como asociación en el año 2007, -a través de un
estudio muy importante que encargó la asociación en el marco del convenio de colaboración que teníamos con el ministerio-, fuimos más allá anticipándonos a la crisis y viendo qué es lo que tenía que hacer nuestro sector agroalimentario para estar
mejor preparado para afrontar los retos de la economía global. Así en este informe del año 2007, -que pongo a disposición de sus señorías cuando lo consideren oportuno-, hacíamos ya un diagnóstico, que la crisis nos ha demostrado que era realmente
certero, en el que pensábamos que nuestro sector agroalimentario tenía que funcionar como cualquier sector productivo con una orientación muy clara, desde el punto de vista de los objetivos, que es el de la rentabilidad de las actividades
agroalimentarias a corto y medio plazo. Para tener esa rentabilidad hace falta, en primer lugar, -y aquí definíamos unas orientaciones estratégicas después de haber consultado a múltiples agentes de la cadena agroalimentaria-, la integración de la
cadena de valor. Nosotros estimábamos que el productor agroalimentario tiene que integrar tanto hacia

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atrás, es decir, hacia los insumos que son necesarios para su producción, como hacia delante, es decir, los procesos de comercialización en toda su actividad para tratar de apropiarse de aquellos aspectos de la cadena de valor que le
pudieran generar mayor rentabilidad y eficacia. Pero también había otra orientación estratégica muy importante, resultado de todos los trabajos de campo, que era la necesidad de tener una dimensión competitiva. Es decir, el sector agroalimentario,
las pymes y cooperativas agroalimentarias fundamentalmente tienen que tener un tamaño que les permita una capacidad de negociación en los mercados. Es la capacidad de negociación la que te permite equilibrar la cadena, y lo que te tiene que forzar
para reequilibrar esa cadena es tratar de ganar más dimensión. La concentración en sí es un fenómeno que desde el punto de vista económico da potencia a cualquier economía. Por tanto hay que forzar que, al igual que hay algunos sectores
industriales que están fuertemente concentrados, también en el sector agrario se produzca esa concentración, porque es la garantía de que esas estructuras funcionen mejor en un sector más competitivo.


Además de estas orientaciones estratégicas también poníamos de manifiesto una cosa que era muy necesaria, y era que el sector agrario estuviera enfocado a las demandas del mercado. No podemos tener un sector agrario competitivo si no está
enfocado a lo que pide el mercado. Nosotros planteamos siempre en todos los foros que nuestro sector trabaja mucho mejor con las estructuras empresariales organizadas, profesionalizadas, bien dimensionadas, innovadoras y rentables. Quiero que
sepan ustedes que estos objetivos estarán siempre apoyados por el trabajo de nuestro sector y en lo que podemos discrepar es en la forma de conseguir estos objetivos. Ya que pensamos que nuestra economía funciona bien nosotros, como sector muy
imbricado en la estructura productiva y beneficiándonos de la riqueza de nuestra sociedad, tratamos de funcionar mejor.


He cambiado un poco el esquema de mi intervención porque he tenido la oportunidad de asistir a las de los comparecientes anteriores. Por eso, me gustaría hacer referencia a dos temas básicos. En primer lugar, en relación con la estructura
productiva, queremos poner de manifiesto que las alegaciones que hablan de la excesiva concentración de la distribución frente al resto adolecen de un enfoque distorsionado, porque realmente la capacidad de negociación de la industria alimentaria es
mucho mayor en muchos casos. Según un reciente informe del IESE, hay muchos sectores de producción en los que la industria alimentaria tiene un 70% del mercado y la negociación se realiza producto a producto; es decir, el productor de tomate en su
relación vertical de la cadena de valor del tomate no tiene ningún tipo de relación con el productor de leche. Por tanto, la negociación se hace en cadenas verticales de productos y el sector primario negocia fundamentalmente con la industria
alimentaria a la que le vende el 70% de su producción, según datos de la misma industria. Entendemos que con que la ley tratara de enfocar fundamentalmente las relaciones entre la industria alimentaria y la producción primaria se conseguirían
arreglar muchos de los problemas, como así se ha puesto de manifiesto en los acuerdos a los que hemos llegado en el caso del sector lácteo. Si nos referimos a productos frescos, el restante 30% de la producción va a través del canal minorista y de
ese canal minorista la distribución organizada tiene tan solo el 50%; es decir, realmente esta capacidad de negociación o esa concentración de la distribución comercial afecta solo a un 15% de los productos frescos y se reparte entre todas las
cadenas.


También quería hacer referencia a una serie de afirmaciones inexactas o incorrectas que han vertido los comparecientes anteriores y me gustaría aprovechar esta ocasión para aclararlas. En primer lugar, destaco el hecho de que la
distribución comercial no vende a pérdidas. La regulación de la actividad minorista desde el año 1996 hace que esté prohibida esta práctica en todos los casos y que la distribución comercial esté sometida a la intensa actividad inspectora de las
comunidades autónomas. De hecho, muchas de las denuncias que se han planteado por alguno de los comparecientes anteriores se han acabado resolviendo en el sentido de que realmente la distribución no vende a pérdidas; y, cuando esto sucede, sucede
de forma incidental o anecdótica. De hecho, la propia Comisión Nacional de la Competencia afirmó en su informe de noviembre del año 2011 que tendría que haberse cambiado la regulación de ventas a pérdidas actualmente recogida en la Ley de
Ordenación del Comercio Minorista para acercarla al régimen de regulación que existe en el artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia. Por tanto, sin querer entrar en el debate sobre las ventas a pérdidas, entendemos que, de acuerdo con el
texto de las enmiendas -que no conozco, pero que he tenido ocasión de poder intuir a través de las intervenciones de los anteriores comparecientes-, no parece razonable ni justificado que a través de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena
alimentaria se introduzca una nueva regulación adicional de las ventas por debajo de coste; y, de introducirse, se tendrían que regular exclusivamente en aquellos aspectos que afectan a las relaciones entre los productores agrarios y la industria.

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Una segunda afirmación inexacta ha sido, desde mi punto de vista, que la distribución comercial no estaba pagando correctamente en los plazos requeridos. Quisiera que supieran sus señorías -y lo saben seguramente por el conocimiento que
tienen del ordenamiento jurídico- que desde el año 1999 todos los productos frescos se están pagando a treinta días y desde el año 2004 todos los productos de alimentación a sesenta días, fundamentalmente después de la interpretación que se produjo
en el año 2010 con la modificación de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


En tercer lugar, en cuanto al volumen de facturación, se han vertido también algunas afirmaciones con respecto al importe de las sanciones en relación con la facturación. Entendemos que es un auténtico disparate tratar de extrapolar al
volumen de facturación de la distribución comercial, que factura muchísimos productos, cualquier incidencia que se produzca en relación con la cadena de valor de un producto concreto. Sería una auténtica distorsión desde el punto de vista del
derecho comparado y ni siquiera la propia normativa de la Comisión Nacional de la Competencia iría tan lejos.


En cuarto lugar, otra afirmación que a mi juicio es inexacta es aquella en relación con los códigos de buenas prácticas, donde se ha dicho que en las negociaciones que se tuvieron a lo largo de la legislatura anterior en el marco del
Ministerio de Agricultura no se llegó a un acuerdo porque se habían establecido unas líneas rojas. Lo que sí queremos que sepan sus señorías es que en esas mesas estuvimos trabajando y nosotros...


El señor PRESIDENTE: Perdone, don Aurelio, quería decirle dos cosas. La primera es que el tiempo máximo era a efectos orientativos y el objeto de su comparecencia hoy no es abrir debate con otras organizaciones que han tenido la ocasión de
plantear, como todos ustedes, todas aquellas apreciaciones que consideren oportunas a todos los grupos para que en el trámite de enmiendas, que es en el que estamos, puedan ser valoradas sus consideraciones sobre el proyecto de ley. Es más, esta
Presidencia no tenía previsto que coincidieran los diversos bloques porque temía que se abriera un debate que creo que es innecesario y que no era el objeto de esta comparecencia. Todos ustedes, cualquier interviniente de la cadena alimentaria,
tienen todo el derecho del mundo -para eso se ha previsto esta comparecencia- a plantear y exponer sus puntos de vista y trasladarlos a los portavoces de los grupos parlamentarios en este trámite de enmiendas a ese proyecto de ley. Por lo tanto,
don Aurelio, le ruego que no desviemos el objeto de la comparecencia. Asimismo, como hemos rebasado el tiempo disponible, le ruego que termine.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS, ACES (Del Pino González): Un minuto entonces, presidente.


Disculpe, presidente, y disculpen sus señorías si acaso he distorsionado el objetivo de mi intervención. Yo entiendo que son informaciones que en cualquier caso eran necesarias para entender la postura de nuestra organización y, por lo
tanto, ese ha sido el motivo de haberlo dicho, sobre todo en este último caso. Y puesto que se ha hablado por parte de los otros comparecientes de un ámbito más amplio, quería hacerlo también a modo de referencia y decir que lo que sí es verdad es
que hemos estado dispuestos -aquí ya no estoy contestando a ningún compareciente- a negociar códigos de buenas prácticas; de hecho hemos estado sentados hasta el final, y si no se llegó a ningún acuerdo es porque directamente se disolvieron las
Cortes y no se llegó a tramitar el anteproyecto de ley que se presentó a esta misma Cámara durante la legislatura anterior. Pero nuestra disposición sigue siendo plena para negociar códigos de buenas prácticas porque entendemos que la
autorregulación era necesaria. Aquí tan solo quiero dedicar un minuto -perdón por el exceso de tiempo, presidente- para decir que en este ámbito de la regulación sigue estando abierto el debate a nivel europeo. Entendemos que España tendría que
estar en sintonía o coordinación con el debate europeo, que sigue abierto. Que, como consecuencia de lo que he dicho anteriormente, seguimos planteando que esta ley trate de enfocar fundamentalmente las relaciones entre el sector agrario y ganadero
y no entre las grandes compañías. Creemos que el ámbito de las relaciones comerciales o mercantiles entre las grandes compañías, tanto en el sector de la distribución agroalimentaria como en los restantes ámbitos de la economía, debe dejarse en el
marco de la regulación general sobre competencia desleal y defensa de la competencia. Además entendemos que el proyecto de ley no ha explorado suficientemente las alternativas que proponía la propia Comisión Nacional de la Competencia en su informe
al anteproyecto, en el sentido de que hubiera cabido explorar a través del desarrollo de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de la Competencia Desleal un ámbito más profundo para tratar de mantener este tipo de relaciones en el marco del
derecho mercantil.


Disculpe, presidente, por haberme excedido en el tiempo. En cualquier caso, en la fase del turno de preguntas estaré dispuesto a completar cuantas cuestiones considere.

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El señor PRESIDENTE: En absoluto, don Aurelio. También quisiera que disculpara el tono de mi intervención, no quisiera parecer ácido, pero de la misma forma que el anterior bloque no ha tenido la oportunidad de conocer sus puntos de vista,
la equidad de las comparecencias es lo que me ha obligado a hacerle esas reflexiones, que ruego que las tome en el buen tono. Estoy absolutamente convencido de que ese buen ánimo y disposición que ustedes han manifestado va a presidir hasta el
final el trámite de esta ley. Si ustedes quieren plantear alguna propuesta de enmienda por escrito a todos los portavoces, este es el trámite y el momento procesal oportuno.


Tiene la palabra ahora don Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS, ASEDAS (García Magarzo): Señor presidente, señorías, muchísimas gracias por su invitación.


Como conocen ustedes, Asedas representa a cadenas de supermercados de ámbito nacional, centrales de compras de alimentación y cadenas regionales. Les agradezco mucho su invitación para comparecer en esta sede y tratar este importante
asunto, la ley de la cadena agroalimentaria. No sentimos una parte indispensable de esta cadena. Los 230.000 trabajadores de las empresas de Asedas todos los días acercan los productos de los agricultores españoles, de la industria
agroalimentaria, a los consumidores. Por ello consideramos este proyecto de ley una iniciativa de la máxima importancia y nos sentimos plenamente identificados con sus objetivos de hacer una cadena más fuerte al servicio de los consumidores y
también sostenible.


Como saben sus señorías y ha mencionado el anterior compareciente, venimos colaborando desde hace muchos años con este y los anteriores Gobiernos en cuantas iniciativas se nos proponen para la mejora del funcionamiento de la cadena. También
en este caso, en la fase prelegislativa, hemos tratado de hacer llegar al Gobierno esta visión de cadena, que es la que promueven nuestras empresas, muy alejada de quienes pretenden que los distintos eslabones estén enfrentados. No aceptamos, por
tanto, que este sea un proyecto de ley contra la distribución. Lo rechazamos decididamente, porque tenemos la convicción de estar contribuyendo desde hace muchos años a la mejora del sistema agroalimentario español.


Sus señorías, que son grandes conocedores del mundo agroalimentario de nuestro país, saben los efectos de las relaciones que han establecido las empresas de supermercados cuando se han acercado desde hace años a los productores primarios y
al campo. Estamos muy orgullosos de que junto a nuestras empresas hoy haya un buen número de productores primarios, de industriales, de pymes, que están haciendo crecer al sector en su conjunto y contribuyendo al bienestar del consumidor y de todo
nuestro país. La verdad es que no todo el sector agroalimentario está en esas mismas condiciones, no toda la cadena está igual de bien integrada. Somos conscientes de que existen muchos problemas y este proyecto de ley trata de solucionar algunas
de las que podríamos llamar patologías del sistema en el ámbito de las relaciones comerciales, pero esperamos sinceramente que esta ley se vea muy pronto superada por la realidad de los hechos, porque los datos nos permiten afirmar hoy que los
modelos de negocio de más éxito, no solo en España sino en otros países de la Unión Europea, están protagonizados por aquellas empresas agroalimentarias que colaboran mejor con otros eslabones y, por tanto, nos parece que, en tanto esto es así, esta
ley viene a intentar solucionar algunos de estos problemas en materia de relaciones comerciales en concreto, que, como se ha señalado ya, es solo una parte de los problemas que aquejan a nuestro sector productor.


Para no alargarme, como el tiempo es muy limitado, voy a identificar telegráficamente algunas de las soluciones normativas que propone el proyecto de ley y darles brevemente mi opinión al respecto. El proyecto de ley trata de mantener un
equilibrio difícil entre la visión del contrato como eje central de las relaciones comerciales y el afán de intervenir en las relaciones de los distintos operadores, de definir claramente por la ley lo que los operadores pueden y no pueden hacer.
La semana pasada en Estrasburgo el comisario Barnier de Mercado Interior lo llamaba el contract approach para hablar precisamente de eso, de hacer del contrato el eje de toda la regulación en las relaciones comerciales. Creo que esta ley y el
proyecto que trae el Gobierno optan por esa visión, no por la visión de intervenir en todas las relaciones, sino por hacer que el contrato sea el centro de la relación comercial, y en ese ámbito nosotros estamos de acuerdo, ya que nos parece una
buena aproximación. Y también estamos básicamente de acuerdo con el contenido mínimo de las obligaciones que fija para ese contrato, aunque es verdad que alguna de ellas,

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como por ejemplo la de conservación de documentos, puede generar en el futuro cargas que se conviertan en costes para la cadena, costes que todos tendremos que asumir. También estamos de acuerdo con el ámbito que define la norma, porque nos
parece que las obligaciones formales -que, insisto, son las que en el futuro pueden generar mayores costes para los distintos operadores- deben ser más exigentes con aquellos operadores que están en situación de desigualdad, cuando estén en juego
las relaciones con un agricultor, con una pyme, con industriales o distribuidores que estén en situación de dependencia económica unos respecto de otros. No parece lógico que si la ley lo que trata es de reequilibrar las relaciones, se dé a todas
las relaciones el mismo nivel de protección. Nos parece lógico, como hace el proyecto enviado por el Gobierno, en el caso de las obligaciones formales, y sugeriríamos que fuera más allá y que se estableciera un régimen de obligaciones claramente
distinto para distintos tipos de operadores, pero, insisto, con el objetivo de defender más a aquellos que están en situación de debilidad haciendo una discriminación positiva a su favor.


Me referiré a uno de los aspectos más controvertidos de la ley, que es el sistema de control. Después de un trabajo intenso -que nos consta- durante meses, el Gobierno ha traído a esta Cámara simplemente un sistema de supervisión
administrativo de las relaciones comerciales. Es una opción simple pero que hace recaer sobre la Administración una tarea vasta y muy compleja, porque son muchos miles de relaciones las que, en teoría, habría que supervisar, y puede dar lugar a
costes y, sobre todo, a desigualdades entre territorios, como ha señalado la CNC. La cuestión de la unidad de mercado en este ámbito es muy sencilla: no depende de lo que haga esta ley sino de lo que vayan a hacer en el futuro las comunidades
autónomas. El ámbito competencial que define la ley puede habilitar al Estado central, a la Administración General y al Ministerio de Agricultura a intervenir sancionando estas prácticas. Pero es muy difícil evitar que, ejerciendo sus competencias
asumidas, las comunidades autónomas en el futuro definan otro, porque el título competencial de ambos -del Estado y de las comunidades autónomas- en este caso exige una definición que nos parece que en la ley se ha tratado insuficientemente.


La CNC proponía soluciones alternativas que, en nuestra opinión, no han sido suficientemente valoradas, como ya se ha señalado esta mañana. La modificación de las leyes mercantiles de competencia desleal o de la propia Ley de Defensa de la
Competencia para adaptarla a las necesidades del sector agroalimentario, como mínimo, debería ser valorada en más profundidad antes de dar un paso tan importante a medio plazo como es huir hacia el derecho administrativo y convertir las relaciones
en el ámbito de la cadena agroalimentaria en relaciones supervisadas por el derecho público en el futuro. En resumen, compartimos los fines, compartimos el ámbito y lo esencial de las obligaciones, aunque nos preocupa que algunas puedan generar
costes difíciles de asumir, pero nos preocupa un sistema de control que pueda generar problemas, cargas no deseadas y ruptura de la unidad de mercado.


Hasta aquí lo que opinamos sobre el contenido del proyecto de ley, pero no me resisto a trasladarles a sus señorías cuál es ahora mismo nuestra máxima preocupación, que no es lo que dice el proyecto de ley, los objetivos que pretende
conseguir el Gobierno cuando lo trae a esta Cámara, sino -permítanme la expresión un tanto dura- lo que algunos pretenden obtener de esta nueva regulación del sector, tratando de que la ley entre de lleno en el ámbito no de las relaciones
comerciales sino de la posición de los distintos operadores que compiten dentro de un mismo plano en el mercado agroalimentario español. Me refiero a la presión acompañada por una singular campaña mediática -de la que ustedes están siendo testigos-
para convertir esta ley en la ley contra la marca del distribuidor. Nos parece que este debate está muy alejado de los fines de la ley de la cadena, muy alejado de los intereses generales y muy alejado de los intereses de los sectores que esta ley
viene a proteger.


Y dada una vez más la limitación de tiempo, solo quiero transmitirles algunos datos que apoyaré con mucho gusto en una información que pondré a su disposición, si lo estiman interesante, no sin antes pedirles perdón porque tengan ustedes que
asistir a este debate que es fundamentalmente comercial, en mi opinión, porque de lo que se trata es de evitar el crecimiento de determinado tipo de productos; un intento, por cierto, que en mi opinión no tiene precedentes. Yo no conozco ninguna
regulación en el mundo en el ámbito de la que aquí se está proponiendo a raíz de los aspectos abiertos por el proyecto de ley. Obviamente los productos de marca del distribuidor provienen de la misma cadena agroalimentaria que los que no lo son,
que los que son de marca del fabricante, y objetivamente están siendo muy bien valorados por los consumidores en los últimos años. Y ese probablemente sea el problema, que esos productos preocupan fundamentalmente porque tiene éxito. Para evitarlo
estamos asistiendo a un intento de ligar su crecimiento a un supuesto daño al interés general y un intento de promover medidas que le pongan coto o freno. Pues bien, frente a ese intento, el Gobierno, consciente de lo delicado de esta

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materia que entra de lleno en el ámbito de la competencia en el mercado, ha regulado este asunto en el artículo 14 del proyecto simplemente haciendo una referencia a la necesidad de respetar las normas de propiedad industrial y las normas de
competencia desleal. Las normas de propiedad industrial, que son las que protegen el ámbito de las marcas propiamente dichas, tienen un sistema de garantía extraordinariamente consolidado en España, a nivel europeo y a nivel internacional, pero
esto no parece ser suficiente. Lo que se plantea es ir más allá de este ámbito de protección de las marcas como derechos y regular el surtido de los distribuidores en esta futura ley apelando a una supuesta discriminación de unos productos respecto
de otros, y aquí es donde está el problema conceptual del debate al que ustedes están asistiendo. ¿Por qué deben protegerse unos productos respecto de otros? Y, sobre todo, ¿con qué criterios?, ¿quién decide qué productos son objetos de
protección y cuáles no?


Simplemente quiero darles unos datos para terminar. En España existen 460.000 productos de alimentación y de gran consumo, 460.000 códigos de barras de Aecoc. Todos los distribuidores tienen el surtido limitado, obviamente, porque todos
tienen que elegir de entre ese medio millón los productos que se adaptan a los 12.000 o 15.000 que puede tener como máximo un supermercado, o pongamos el doble o triple que podría tener el hipermercado más grande. ¿Con qué criterios se realiza esa
selección? Con el criterio que fijan los consumidores que votan todos los días con los pies. Es falso que los consumidores españoles sean cautivos hoy de la distribución, porque, al contrario de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, a
diez minutos andando o quince minutos en un vehículo los consumidores españoles tienen una oferta excelente de todo tipo de establecimientos y formatos, supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, comercio tradicional, mercados municipales,
tiendas de todo tipo. Valoren por su experiencia como consumidores si esto es así en España o no y valoren si los consumidores que han dado pasos como recorrer en coche la distancia entre una comunidad autónoma y otra para evitar el euro por
receta, que en algunas comunidades se imponía, no son el ejemplo de lo que hacen los consumidores día a día para comprar alimentación que es cruzar la calle o cambiar de calle o de barrio para encontrar los productos de mejor calidad-precio en su
valoración. En estas condiciones la competencia obliga a los distribuidores a seleccionar su surtido de forma excelente para fidelizar a los clientes. ¿Y de quién los seleccionamos? Pues de un millón de agricultores, 3.000 cooperativas y 31.000
industrias alimentarias. A juzgar por los resultados, las que fabrican marca del distribuidor tienen una implantación muy importante en nuestro mercado. Según el estudio de 2012 de la Federación Agroalimentaria de la Unión General de Trabajadores,
de las cien primeras industrias agroalimentarias de España setenta fabrican marca del distribuidor, casi todas junto a otras marcas, a sus propias marcas. Del resto, de las treinta restantes, quince son bodegas. Lo que quiere decir que en el
ámbito no estrictamente del vino o de las bebidas, solo quince compañías industriales, si bien es cierto que con una gran implantación en nuestro mercado, son puramente marquistas. Pues lo que se sugiere en torno a este debate es la posibilidad de
intervenir evitando discriminaciones en el surtido que definen cada día los distribuidores en las condiciones de competencia que les he descrito.


Respecto del efecto que esto pueda o no tener sobre la innovación, yo les garantizo que hoy en día las empresas que fabrican marca del distribuidor, que son la mayoría, son tan innovadoras o más como las que no lo fabrican. Es verdad que la
crisis obliga a nuestros industriales a hacer menos lanzamientos de los que antes se llamaban de márquetin, extensión marca o packaging, que hoy son rechazados por los consumidores porque probablemente no estén dispuestos a pagar por ellos, pero
también es verdad que con la marca del distribuidor se está innovando muchísimo en nuestro país y también apelo a su experiencia como consumidores en cualquier tienda. Piensen si no quién ha innovado, por ejemplo, en etiquetado para consumidores
afectados por problemas como la celiaquía o alérgenos. Han sido los distribuidores no solo los de mi asociación sino los del resto de las que están aquí representadas.


Sobre este debate simplemente quiero reiterarles que nos parece que el Gobierno ha sido extraordinariamente prudente para no traspasar la línea de los intereses comerciales de empresas que trabajan en fuerte competencia dentro de nuestro
sector. Y sobre el resto de asuntos a los que me he referido, con mucho gusto les trasladaremos en este trámite, como ha señalado el presidente, las enmiendas para tratar de mejorar el proyecto en la medida que sea posible.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ignacio García.


Antes de darle la palabra al futuro compareciente, quiero recordarles lo que he dicho al principio de todas las intervenciones, que los trámites tienen que ajustarse a unos tiempos que han sido ampliamente excedidos por sus compañeros en
este turno de comparecencia y esto nos retrasa muchísimo el horario.

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Por tanto, le ruego al próximo compareciente, don Javier Millán, que se ciña a los diez minutos y que luego todos nos ajustemos a los tiempos porque realmente es posible sintetizar y resumir las intervenciones para la buena marcha de la
organización de estas comparecencias.


Tiene ahora la palabra don Javier Millán.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN, ANGED (Millán-Astray Romero): Voy a intentar ajustarme a los diez minutos que se me han concedido en la intervención toda vez que, por otra parte,
nuestros análisis coinciden con los de los dos intervinientes de las dos organizaciones que me han precedido en el uso de la palabra y de tal modo que también nuestras propuestas de enmiendas serán conjuntas. Si me permiten, sí me gustaría muy
brevemente aprovechar esta comparecencia, a la cual quiero agradecer que me hayan convocado, para intentar aportar a sus señorías una información que contribuya a enriquecer el debate y sobre todo a enriquecer las consecuencias que puede tener este
proyecto de ley en un ámbito tan sensible para la actividad económica española y para los consumidores y ciudadanos españoles. Personalmente creo que en este debate que se viene haciendo en los medios de comunicación durante los últimos meses o
incluso años muchas veces tendemos a convertir la anécdota en categoría y la categoría la solemos convertir en anécdota. Me gustaría evitar, en la medida de lo posible, que se reprodujeran en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley
este tipo de cuestiones. Me gustaría también restituir de alguna forma la imagen y la importante función social que la distribución está desempeñando en la cadena alimentaria, y restituirla sobre la base de datos e informes muy concretos y
objetivos.


En primer lugar, me gustaría señalar que normalmente se suelen unificar y homogeneizar las relaciones de toda la cadena. Todo es lo mismo, se habla de la cadena alimentaria en un conjunto como si fuera un todo homogéneo, cuando realmente
son dos mercados radicalmente distintos. No tiene nada que ver el mercado de productos frescos, de frutas y verduras, con el mercado de las producciones envasadas y con la industria; no tiene nada que ver el mercado de las relaciones entre la
distribución con los agricultores con el mercado de las relaciones entre la distribución y la industria alimentaria, básicamente porque las estructuras son radicalmente distintas. En el mercado de productos frescos es muy importante tener en cuenta
que un 50% prácticamente de la comercialización de esos productos frescos en España se realiza a través del comercio tradicional, cosa que es absolutamente inusual en la mayoría de los países europeos. Aquí en España el comercio tradicional, el
pequeño comercio, tiene una cuota de mercado superior al 50% de productos frescos. Otra parte muy importante de la producción de esos productos frescos se canaliza a través de la industria. Como la propia FIAB indica, el 70% de la producción
agraria va destinada a la industria. Por lo tanto, la incidencia que la gran distribución tiene en las relaciones con el mercado de los productos frescos de frutas y verduras es relativamente pequeña. De hecho, en el top 5, es decir las cinco
mayores empresas de distribución, la cuota de mercado de comercialización de productos frescos no llega al 25% de la parte que se comercializa. De ahí hay que quitar, como he dicho, la parte que va a la industria -por tanto, son relaciones directas
entre la industria y el agricultor- y la parte que va a comercio exterior. Desde hace muchos años nosotros venimos solicitando que se nos aclare esta división en el Ministerio de Agricultura, en el Observatorio de precios, y todavía no lo hemos
conseguido, pero creo que sería importante conocer qué parte de la producción agraria va a la industria, qué parte va al comercio exterior y qué parte va a la distribución al comercio interior. Y de esa parte que va al comercio interior sería bueno
conocer qué parte comercializa el pequeño comercio, que es en torno al 50%, y qué parte del resto de la distribución organizada.


Por el contrario, en el mercado de las relaciones de la industria con la distribución la estructura cambia radicalmente. Esas cinco grandes empresas de distribución representan el 57% de la cuota de mercado de productos envasados. Esta
cuota de mercado de España de productos envasados se encuentra justo en los términos medios de concentración de los países europeos, es decir, normalmente casi todos los países desarrollados europeos tienen un grado de concentración de la
distribución superior a ese 57%. Normalmente se tiende a hablar del conjunto de las 30.000 industrias que hay en España, pero de esas 30.000 industrias que hay en el mercado relevante de la distribución hay muchas que por su tamaño,
fundamentalmente muy pequeñas o artesanales, no pueden estar en el ámbito comercial de la gran distribución. Por tanto, hacer ese análisis general de la distribución -en el cual, por cierto, no se suele incluir a los cerca de 50.000 pequeños
comerciantes de la alimentación que todavía quedan-, comparar esas 30.000 industrias con las 5 grandes empresas de distribución no tiene ningún fundamento científico porque el grado de concentración de la industria hay que analizarlo en función de
las diferentes categorías

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o familias de productos. El profesor Toribio del IESE hizo ese estudio a través del índice de Herfindahl, que es un índice asumido generalmente por todos para analizar el grado de concentración de la distribución -cuando se supere el
coeficiente de 1 es cuando puede haber problemas de exceso de concentración-. En ese sentido, la distribución en su conjunto tiene un índice de Herfindahl del 0,10, frente al 0,14 de la industria, es decir, objetivamente en España no existen
problemas de concentración en la industria ni en la distribución. Y si analizamos por categorías o familias de productos, cuando se habla del exceso de concentración de la distribución hay que pensar que hay 40 categorías o familias de productos de
la industria que sobrepasan ese coeficiente de 1 donde, según el índice de Herfindahl, se podrían presentar problemas de competencia. Por tanto, esa imagen de una distribución todopoderosa frente a una industria inerme, cuando se analiza como se
debe hacer, basándose en categorías, no es tanto.


Me gustaría seguir con hechos para restituir un poco el papel de la distribución que en este debate se ha deteriorado, desde mi punto de vista, de una forma absolutamente improcedente e injusta. Los datos son los siguientes: desde el año
2008 hasta el año 2012 el IPC de alimentación, es decir, los precios en los cuales el distribuidor vende los productos de alimentación, ha crecido tres puntos menos que el IPC general. Esto quiere decir que los cuarenta y tantos millones de
ciudadanos españoles en términos reales han ganado poder adquisitivo en el sector de la alimentación. Por tanto, sí creo que es importante que se reconozca esa relevante función social que la distribución ha cumplido mejorando el nivel de vida y
sobre todo el poder adquisitivo de los consumidores. Esto no lo he visto en ningún lado, pero es así, son datos del IPC. También según datos del INE, desde el año 2008 hasta el año 2012 los precios de la industria alimentaria ha crecido el 12,4%
mientras que los precios al consumo de la distribución han crecido el 8,4%, es decir, han crecido cuatro puntos menos de lo que han crecido los precios de la industria alimentaria. Objetivamente esto no parece congruente con un mercado donde se den
prácticas monopolísticas por parte de la distribución; los proveedores pueden aumentar un 12,4% los precios y la distribución no traslada a los precios ese mismo porcentaje de incremento que se produce en los proveedores. Por tanto, me gustaría
dejar constancia de que la distribución ha hecho un extraordinario esfuerzo en contención de precios, y ustedes como consumidores lo habrán visto. Si la distribución hubiera tenido un comportamiento monopolístico no se hubiera producido esa guerra
de precios que se ha producido de manera objetiva y clara en los últimos cuatro años. No es ese el comportamiento de un mercado monopolístico, sino todo lo contrario, es el comportamiento característico de un mercado fuertemente competitivo. En
este sentido, sí me gustaría aclarar, porque creo que ahí está el fondo de la cuestión -se ha referido también don Ignacio García Magarzo-, la finalidad esta ley. En este proceso, para conseguir bajar los precios a los consumidores en una época de
crisis importante, donde el consumo alimentario ha bajado casi ocho puntos en los últimos cuatro años -a veces parece que la crisis no va con el sector-, ha sido necesario introducir un extraordinario componente de eficacia en la cadena. ¿Que se
pueden producir prácticas con carácter marginal que no son leales o que son abusivas? Sí, pero no solamente en el ámbito de la distribución. El contrato escrito se viene produciendo con carácter general en la distribución desde siempre. Por
tanto, no entiendo por qué ese afán en convertir esta ley en la ley contra las prácticas abusivas de la distribución. Por otra parte, cuando se habla de equilibrio, de equilibrar la cadena, ¿qué se pretende? ¿Aumentar la eficiencia de los
eslabones menos eficientes en cuyo caso no habría problema o, por el contrario, restar competitividad al agente más eficiente para introducir ineficiencias en la cadena que remuneren la ineficiencia -valga la redundancia- de los agentes menos
competitivos? El sector productivo español tiene problemas estructurales muy serios de ineficiencia, lo han reconocido todos los niveles, desde el propio ministro hasta la Comisión Nacional de la Competencia, etcétera, y es ahí donde hay que
resolver los problemas. Esta ley no se puede convertir en una ley cuyo objetivo sea debilitar la competitividad de la distribución. En ese sentido -y con esto termino- hay dos aspectos de la ley que nos preocupan extraordinariamente por las
consecuencias que pueden tener sobre el interés general, sobre el nivel general de precios de la alimentación en España, que, por cierto, nadie lo ha dicho pero se encuentra entre los países más baratos de la Unión Europea. Estas dos preocupaciones
fundamentales son que, desgraciadamente, podemos encontrarnos dentro de un año o dos con que esta ley ha sido replicada en diez, doce, quince o diecisiete comunidades autónomas, cada una con una interpretación absolutamente distinta y diferente de
la otra, porque ya está ocurriendo. Esto no es una realidad que nos inventemos, es que ya está ocurriendo con muchas leyes de bases. En el marco constitucional, legítimamente las comunidades autónomas consideran que ellas son competentes para
desarrollar esa ley y desarrollarla en la misma línea o no de lo propuesta por la ley estatal. Esto puede convertir la cadena alimentaria en un marco absolutamente intransitable donde en cada comunidad autónoma, en función del proveedor, de la

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procedencia del proveedor con el que trates tengas que establecer unas normas u otras. Por tanto nuestra posición, que coincide con la de la Comisión Nacional de la Competencia, es que si hay prácticas comerciales abusivas se regulen dentro
del ámbito del derecho mercantil, que es dónde deben estar y dónde están en la inmensa mayoría de los países europeos. Sin embargo, parece que aquí lo que se quiere hacer es un régimen administrativo, donde se fijan unos principios generales que
luego van a ser interpretados o desarrollados en un observatorio de los precios alimentarios que nadie sabe su composición; desde luego, si se compagina con la composición actual, yo veo que cuando se reúne hay cincuenta o sesenta representantes de
los cuales de la distribución somos tres o cuatro.


El señor PRESIDENTE: Don Javier, le ruego que vaya concluyendo.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN, ANGED (Millán-Astray Romero): Por último, y con esto termino, lo que se refiere a la ruptura de la unidad de mercado. Esa advertencia que hace la
Comisión Nacional de la Competencia sobre la unidad de mercado no debemos echarla en saco roto sino que debemos analizarla, porque -como digo- nos podemos encontrar aquí dentro de uno o dos años con diez, doce, catorce o dieciséis leyes similares a
esta, que hagan absolutamente imposible la relación mercantil entre los diferentes agentes de la cadena.


Finalmente quiero señalar que una ley que inicialmente tiene su origen en un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, cuando posteriormente se desarrolla y se articula tiene un juicio extraordinariamente negativo por parte de esa
misma comisión. Yo creo que cuando la Comisión Nacional de la Competencia dice que a lo mejor esta ley lo que hace es generar más problemas de los que va a solucionar, es que requiere un análisis más sosegado, más detenido y más amplio.


Termino, y no desespero más al presidente. Cuando se está tramitando un proyecto de ley de unidad de mercado que atribuye a la Comisión Nacional de la Competencia un papel primordial a la hora de definir los riesgos de esa ruptura, si esa
comisión está diciendo y advirtiendo que esta ley tiene riesgos serios de ruptura de la unidad de mercado deberíamos proceder con una cierta coherencia en este sentido.


Pido disculpas por haberme excedido -lo que me haya excedido, no he mirado el reloj-, y agradezco la paciencia del presidente y de sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Cada uno de ustedes se ha excedido en más de un 50% del tiempo inicialmente previsto. Por lo tanto, para agilizar el debate y para no retrasarnos más sobre los horarios previstos porque hay otros comparecientes que
están esperando y vamos muy retrasados, propondría a los portavoces de los grupos parlamentarios que no abrieran debate y que simplemente hicieran las preguntas que consideren conveniente y que no han quedado aclaradas. Y en cuanto a los tres
comparecientes, que uno de ellos -porque prácticamente las intervenciones se han solapado en bastantes puntos- contestara por los tres en un tiempo máximo de tres minutos, porque llevamos más de media hora de retraso que precisamente se ha producido
en este bloque de comparecencias.


¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa).


Don Alejandro Alonso, por el Grupo Socialista tiene la palabra.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Agradecemos la información que nos han facilitado los tres representantes de las patronales de la distribución y lógicamente tomamos muy buena nota de sus observaciones. Es evidente que las intervenciones,
comparativamente hablando, de este bloque en relación con los dos anteriores son contrapuestas, y ahora está el buen juicio de los grupos parlamentarios para tratar de equilibrar sus propuestas.


Vaya por delante también, para que lo sepan -lo debería haber dicho al principio-, que el Grupo Socialista propuso, aunque la mayoría no aceptó, que compareciera en este turno de intervenciones un representante de la Comisión Nacional de la
Competencia. Creo que hubiera sido interesante que el autor del informe más crítico y específico con respecto a la ley hubiera comparecido aquí para que los portavoces le hubiéramos podido solicitar explicaciones sobre ese informe, que
efectivamente es muy duro en relación con el proyecto de ley presentado por el Gobierno.


Todavía estamos en plazo de enmiendas. Yo no creo que ningún grupo parlamentario esté considerando -el Grupo Socialista por supuesto que no- la posibilidad de presentar enmienda de totalidad, es decir, la devolución del texto al Gobierno.
Nosotros no lo vamos a hacer y entiendo que ningún grupo parlamentario lo va a plantear porque efectivamente la necesidad del establecimiento de una ley de equilibrio de la

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cadena alimentaria es un objetivo de hace años. Ya el Gobierno anterior, recogiendo este reto, trabajó, discutió, debatió y presentó un proyecto de ley que finalmente no se tramitó por el adelanto de las elecciones. En definitiva, creo que
hay conciencia absoluta en España de la necesidad de abordar un proyecto de ley. Otra cosa es el contenido. En ese sentido, les agradeceríamos que nos hicieran llegar propuestas concretas de mejora del texto, lógicamente en el buen entendido de
que pretendemos que el texto llegue a su fin. Es decir, en qué sentido podría modificarse el texto de la ley para hacer compatibles esos buenos deseos que ustedes comparten con los objetivos de la ley y las medidas que contiene.


De sus intervenciones, yo llego a la conclusión de que ustedes prefirieran que la ley caminara por el fortalecimiento de las instituciones que dan cobertura a los códigos de buenas prácticas comerciales. Es decir, que la autorregulación
primara sobre el establecimiento de un procedimiento de supervisión administrativa, en este caso a partir de la autoridad del Ministerio de Agricultura. En este sentido va mi pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede acreditar ese sistema de los
códigos de buenas prácticas? Lo que escuchamos, lo que hemos escuchado aquí de los anteriores comparecientes es que son papel mojado. Incluso uno de los comparecientes, haciendo referencia a un código de autorregulación suscrito entre una de sus
organizaciones con la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, ha sido tremendamente crítico con la validez o el cumplimiento. Por eso me gustaría que pudieran ser más explícitos al defender ese acuerdo, en qué sentido deberían ir o
modificarse los acuerdos de buenas prácticas entre la distribución y el resto de operadores de la cadena alimentaria.


El segundo aspecto al que me gustaría que me contestaran es relativo a la referencia que han hecho ustedes de que el ámbito de aplicación de la ley les parece correcto, es decir, dejar fuera contratos por cuantía o por el tipo de empresa.
Nosotros en principio creemos que establecer dos caminos en una misma regulación es complicado y plantea muchas incógnitas. Pienso que una industria que vende leche, aceite o vino, si no es PYME de acuerdo con los criterios que marca la normativa
europea -trabajadores y facturación-, no estaría sometida a la regulación de esta ley. ¿Una empresa grande que les vende a ustedes el vino no y una pequeña sí? ¿Esto qué genera? ¿Beneficios para quién? Esta redacción del artículo 2.2, en el
sentido de introducir excepciones, tenemos entendido que responde a un planteamiento que hizo la distribución, una propuesta al ministerio para que lo dejara fuera, pero a nosotros se nos plantean muchas dudas en el sentido de que si hay una ley que
pone el contrato como obligación, que regula las prácticas, debería afectar a toda la cadena. Si deja fuera a parte... No sabemos en qué sentido esto puede mejorar la situación actual. En cualquier caso, les reitero mi agradecimiento y les
pediríamos que, si es posible, nos hicieran llegar propuestas de modificación de la ley en el bien entendido de que nosotros pensamos que la ley no va a ser objeto de enmienda de totalidad y seguramente el partido en el Gobierno no la votaría si la
hubiera.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Javier Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Tengo tres minutos y voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera, para agradecer a don Aurelio, don Ignacio y don Javier su comparecencia en esta Comisión y la exposición que nos han hecho en defensa
del sector de la distribución, así como su disposición y las propuestas que nos acaban de presentar. Quiero reconocer también en esta primera parte la importancia que para nuestro grupo tiene el sector de la distribución, así como su importancia en
la cadena alimentaria. Lógicamente, cuentan con todo el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.


En cuanto a los objetivos que persigue esta ley, que han ido saliendo aquí y con los que creo que están de acuerdo, son: fortalecer el sector productor; incrementar la transparencia del mercado alimentario con contratos por escrito, siendo
el contrato el centro de la relación comercial, como nos indicaba don Ignacio; perseguir posibles prácticas abusivas que se pueden dar en determinadas circunstancias, y favorecer la búsqueda de acuerdos de autorregulación, que se sumaría a los de
regulación y sanciones. Estos son los objetivos que creo que compartimos y que como segundo punto quería comentar y recordar. En cuanto al portavoz del Grupo Socialista, quiero indicarle que entendemos que el informe de la Comisión Nacional de la
Competencia es un informe lo suficientemente exhaustivo como para no pedir la comparecencia en esta Comisión. Entendemos que es bastante claro y detallado.


Para concluir, como último punto, me gustaría solicitar la remisión por escrito de las propuestas, enmiendas, iniciativas que han comentado en esta comparencia. Que, por favor, nos hicieran llegar por escrito tanto las enmiendas como su
justificación.

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El señor PRESIDENTE: Les propongo que en un solo turno, lo ampliamos si les parece a cinco minutos, se contesten las preguntas que se han formulado por los diversos grupos. Les recuerdo que estamos en el trámite de audiencias y que todos
ustedes se pueden reunir con los portavoces de los diversos grupos parlamentarios y entregar por escrito todas las sugerencias a este proyecto de ley. Entonces, ¿quién de ustedes contesta? (Pausa).


Señor García Magarzo, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de cinco minutos.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS, ASEDAS (García Magarzo): Telegráficamente. Acuerdos de autorregulación. El acuerdo entre la FIAB y Asedas, al que ha hecho referencia el
portavoz del Grupo Socialista, está vigente y continúa permitiendo que se solucionen controversias de empresas vinculadas a las dos organizaciones; lo ha hecho al menos en trece ocasiones, que yo recuerde en estos momentos, desde que se suscribió
en 2007, la última de ellas en octubre de 2012. Tras su firma se promovieron una serie de actos para difundirlo entre las empresas industriales que, obviamente, por su número, 31.000, tienen más dificultades para acceder a su contenido que las
empresas de la distribución. A mediados de 2008, la propia federación estimó oportuno no continuar en esa labor de difusión después de dos actos y anulando uno que teníamos previsto, y no utilizarlo como ejemplo de autorregulación promovida porque
pasó a promover que hubiera regulación, y perdón por el juego de palabras, algo que respeto absolutamente, pero que no comparto. La autorregulación tiene un papel muy importante en el futuro del sector, entre otras cosas porque es una de las
opciones que más seriamente esta barajando la Comisión Europea.


En cuanto a las organizaciones de la distribución, de la industria y de las marcas, vamos a suscribir el próximo mes de mayo un acuerdo de autorregulación a nivel comunitario que hemos alcanzado después de año y medio de trabajo y que hemos
presentado recientemente a la Comisión de la Unión Europea en un intento de demostrar la madurez de los sectores. ¿Qué es la autorregulación a estos efectos? En realidad, las condiciones que deben constar en el contrato y el sistema de
autorregulación no son un código de buenas prácticas para buscar un árbitro independiente, sino un medio para obligar a que las condiciones comerciales de las empresas a partir de determinado tamaño y, en este caso, si así lo creen voluntariamente,
se tengan que hacer públicas, sean conocidas y no solo por sus proveedores, sino por la sociedad en general y por supuesto por los organismos reguladores y supervisores del funcionamiento de la cadena, incluyendo un sistema de solución de
controversias que sea eficaz y creíble. Este es el esquema que modestamente en su momento intentamos promover en España, este es el esquema que se impone a nivel comunitario y este es el esquema que se podría promover si, en vez de crear una
supervisión administrativa pura y dura, como hace esta ley, se cambiaran las leyes mercantiles y de defensa de la competencia para exigir que, por ejemplo, a partir de cierto nivel los sistemas de autorregulación en este ámbito de hacer públicas las
condiciones comerciales fueran obligatorios.


Finalmente, respecto del ámbito sobre el que el portavoz del Grupo Socialista tenía dudas, le diré que si la ley trata de fortalecer al sector productor y la ley tiene una carga fuertemente intervencionista en el ámbito de una relaciones
comerciales que implican a muchos miles de empresas que, multiplicados por los miles de productos, son muchos miles de contratos, nos parece lógico, por razones de eficiencia, por razones de coste y por razones de adaptarse a la realidad de un
sector que es de los más dinámicos de la economía española, que se limite el ámbito de determinadas obligaciones formales y se hagan especialmente exigentes para los operadores que, por su posición de debilidad, merezcan esa especial protección.
Obviamente, las relaciones entre una cooperativa de productores y una empresa de la gran distribución no son iguales ni tienen el mismo nivel de equilibrio que las que tiene esa misma empresa de distribución, grande, mediana y pequeña -por cierto,
yo también represento a empresas de distribución que son pequeñas-, frente a grandes multinacionales de la industria alimentaria que tienen su capacidad para intervenir en las relaciones comerciales, como ha descrito don Javier Millán-Astray, en
relación con su peso en el mercado y con la cuota de mercado que tienen en distintas familias.


No sé si con esto he contestado a todos.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado este trámite de comparecencias. Agradezco muchísimo a don Aurelio del Pino, a don Ignacio García Magarzo y a don Javier Millán-Astray sus documentadas, amplias y muy interesantes intervenciones,
que sin duda contribuirán a enriquecer el proyecto. (Pausa).

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- DEL SEÑOR COORDINADOR DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (DE LAS HERAS). (Número de expediente 219/000218).


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA OCU (MÚGICA FLORES). (Número de expediente 219/000222).


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE (CEBALLO SIERRA). (Número de expediente 219/000226).


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el último bloque de comparecencias para informar sobre el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Vamos con notable retraso y rogaría -aunque no son ustedes
los culpables de ese retraso- a todos los intervinientes que ajustaran al máximo sus intervenciones a los tiempos previstos. Cada uno de ustedes tiene un tiempo máximo de diez minutos, a raíz de los cuales los portavoces de los grupos
parlamentarios les formularán preguntas sobre aquellas cuestiones que no hayan quedado suficientemente claras y luego ustedes dispondrán de un tiempo máximo de tres minutos para contestar.


En primer lugar, tiene la palabra José Manuel de las Heras por la organización profesional Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que a efectos organizativos ha quedado incluido en este punto de orden del día. Le ruego que disculpe
este cambio de horario -aprovecho la ocasión para felicitarle en el día de su santo-. Le ruego que resuma su intervención en un tiempo máximo de diez minutos.


El señor COORDINADOR DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras): Señoras y señores diputados de los grupos de la Cámara, en nombre de los agricultores y ganaderos que representa la Unión de Uniones, les agradezco la
oportunidad que los grupos parlamentarios nos ofrecen para expresar nuestra opinión sobre el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, opinión que nos hubiera gustado dar en el bloque de las organizaciones
agrarias porque es lo que somos, una organización profesional agraria que en las elecciones celebradas en los últimos cuatro años ha quedado en algunas ocasiones en primer lugar y en otras en segundo lugar. De todas formas, tenemos confianza en que
la nueva ley de representatividad que el ministro Miguel Arias Cañete ha prometido sea una realidad pronto para evitar estas suspicacias. En cualquier caso, nunca -nunca, insisto- vamos a intentar imponer a quiénes tienen que recibir sus señorías y
cómo deben hacerlo. Creo que no es nuestro papel.


Dicho esto me ceñiré a leer un texto porque si lo voy interpretando corro el riesgo de alargarme mucho más y a lo largo de mi intervención quiero decir cosas que creo que son importantes. No es un problema solo español ni es fácil de
resolver. Hace tan solo unos días, el 5 de marzo, dos periódicos de mucha importancia en Francia como Le Monde o Le Figaro publicaban un comunicado de la agroindustria francesa agrupada en la asociación INA donde denunciaban -y cito textualmente-
presiones escandalosas y hasta psicológicas del sector de la distribución agroalimentaria en el país vecino. Estas presiones tenían que ver con fijar los precios de compra por parte de la distribución para el año 2013. En este comunicado se hacía
también un llamamiento a las autoridades galas para que tomasen medidas con carácter de urgencia.


Les pongo este ejemplo para que sepan que los agricultores somos conscientes de que los problemas a resolver en la cadena alimentaria ni ocurren solo en nuestro país ni tienen fácil solución, pero eso no significa en absoluto que haya que
cruzarse de brazos, sino más bien todo lo contrario: se hace más necesario que nunca abordarlos sin más dilación. Considero un acierto del Gobierno la iniciativa de presentar un proyecto de ley sobre este asunto por su conveniencia y necesidad.
También me parece positivo el hecho de que por parte de los grupos de la oposición no se hayan interpuesto enmiendas a la totalidad, lo que pone de manifiesto a mi entender una buena predisposición de todos los grupos políticos. Estas
circunstancias deberían permitir el enriquecimiento del texto inicial hasta conseguir entre todos una buena ley para resolver los problemas que actualmente tiene el funcionamiento de la cadena alimentaria.La apertura de comparecencias acordada por
esta Comisión para escuchar a la sociedad a través de colectivos con diferentes intereses muestra, al menos en esta ocasión, a un Poder Legislativo que no quiere dejar a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, sino que quiere legislar
adoptando medidas acordes con las necesidades reales de la sociedad.

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Nuestros problemas no solo son una cuestión de precios. Por eso, aunque se apunta brevemente en los objetivos del presente proyecto, quiero hacer hincapié en la importancia de los asuntos a tratar, ya que no solo tienen que ver con la
necesidad de satisfacer una función primaria de todo ser humano como es la alimentación, lo que ya en sí tiene una importancia capital, sino también con la estrecha relación que existe en algunos países como el nuestro entre la producción de
alimentos, la cultura, el paisaje y el territorio. La cultura gastronómica, la riqueza, calidad y diversidad de nuestras producciones se debe a la relación creada tradicionalmente entre la naturaleza, la mano del hombre, la economía y la sociedad y
hace posible a lo largo de siglos el mantenimiento de un tejido rural basado en una vertebración que ayuda a mantener la existencia de miles de pueblos.


Quiero recordar que la estructura productiva de la mayor parte de los sectores ganaderos o agrarios del país ni se puede improvisar ni crear ni recrear cuando se destruye. Los paisajes que conforman el olivar de Jaén o las estepas
cerealistas de la meseta castellana con sus rebaños de ovejas, la dehesa extremeña o salmantina, los mares de viñedos manchegos, los arrozales y las huertas del Levante mediterráneo o las praderas del norte no son una casualidad, ni son fábricas, ni
se montan ni se desmontan. Nuestra agricultura y ganadería tradicionales suponen una verdadera alianza entre la naturaleza y lo que ella nos puede ofrecer cuando está unida al trabajo de la mano del hombre, que ha buscado así tradicionalmente su
sustento. Esta alianza hace posible la calidad de un aceite virgen extra de sierra Mágina o de Borges Blanques, un vino de Ribera del Duero, un Albariño o un buen cava. Estos productos no nacen por generación espontánea, no pueden fabricarse como
si de tornillos estuviéramos hablando; como tampoco un buen queso manchego ni un jamón ibérico, un ternasco de Aragón o una buena paella con arroz y verduras procedentes de la Albufera y huerta valenciana. Hay incluso en nuestro país algunos
ejemplos memorables resultado de la relación entre agricultura y paisaje como es el trabajo de viñedos que dan lugar a los vinos de Malvasía de la comarca de Geria, en Lanzarote, donde se generan paisajes sorprendentes fruto de la lucha del hombre
por producir, defendiéndose de la naturaleza a la vez que se alía con ella.


Pongo esto de manifiesto porque me temo que a lo largo de estos debates o con ocasión de ellos, siempre habrá quien manifieste o dé a entender que la problemática de la cadena alimentaria es solo cuestión de precios y que lo que los
agricultores queremos es subir los precios de la alimentación a los consumidores, lo que resultaría muy inconveniente para un país con muchas familias que atraviesan situaciones económicas difíciles y que no puede permitirse un aumento de los
precios de la alimentación. Esto como norma general es falso. Solo en contadas ocasiones y para determinados productos hemos planteado que la solución sea que los consumidores paguen más. La inmensa mayoría de las veces el problema es que los
bajos precios que percibimos se multiplican a lo largo de la cadena hasta llegar a los consumidores y estos desmesurados aumentos no tienen justificación técnica ni económica. Es precisamente ahí donde esta ley puede y debe incidir mucho para hacer
más transparente todo el proceso de la cadena, donde ya les anticipo que muchos agricultores y ganaderos vamos a ser aliados de los consumidores y de una buena parte de la pequeña y mediana industria agroalimentaria nacional, que sufre presiones
similares e igualmente insoportables que las que recibe la producción.


Hay algunas excepciones donde los precios que paga el consumidor no son un problema en cuanto se ofrecen a los consumidores mediante ofertas de reclamo. Precios por debajo de los costos de producción suelen usarse para estas campañas de
productos emblemáticos. Me refiero claramente a la leche de vaca en oferta o al precio del aceite cuando se venden a precios que no permiten cubrir costos y con prácticas que pueden suponer abuso de dominio y/o venta a pérdidas. En este sentido,
no puedo dejar de citar el sector lácteo con la grave situación que atraviesan miles de ganaderos, productores de leche, y por lo ilustrativo que puede resultar. La leche de vaca se paga en España por parte de las pocas industrias que la compran a
precios más baratos que la media de Europa. Sin embargo, somos un país deficitario. Hemos producido tradicionalmente por debajo de la cuota que hemos tenido asignada. El inferior precio que reciben los ganaderos en nuestro país no se debe por
tanto a la ley de la oferta y la demanda, sino a otro tipo de razones que después apuntaré. Esta situación que viene siendo mantenida en el tiempo está literalmente arrastrando la cabaña ganadera de leche de nuestro país. Por ello hemos pasado de
tener 136.321 explotaciones en los años 1993-1994 a menos de 20.000 en la actualidad según los datos oficiales aportados por el FEGA. La destrucción del entorno socioeconómico rural se produce cuando en un pueblo desaparecen las vacas, el camión de
la leche lógicamente no la recoge, el veterinario no hace falta, el camión del pienso no necesita llevar nada a la granja ni reposta en la gasolinera del pueblo; si esto ocurre en muchos pueblos, la fábrica de piensos no necesita producirlo; si

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el ternero no se cría, el matadero local deja de ser necesario, las vitaminas o medicamentos que los animales necesitan cuando enferman tampoco hacen falta, los seguros del camión, de la vaca, de la explotación tampoco, y así un sinfín de
cosas.


En la actualidad todo este entramado en el sector lácteo se está trasladando al país o países vecinos, mientras que aquí vamos camino de quedarnos como meros consumidores, si podemos pagarlo -esa será otra cuestión-, o sea, nos quedaremos
para solo bebernos la leche y comernos el yogur mientras todo el empleo o el valor añadido de estos productos se lo dejamos en buena medida a otros países, porque parece que nosotros nos hemos conformado con que produzcan ellos. ¿Verdad que parece
una barbaridad sin lógica ninguna que esto ocurra en un país con la crisis y el desempleo que tenemos? Pues eso es exactamente lo que se está haciendo y tolerando. La estructura industrial y de distribución a lo largo de la cadena alimentaria lo
está haciendo posible. ¿Es como consecuencia de la aplicación de la economía libre de mercado? Me temo que no, que lo que ocurre es que alguien está forzando la libre competencia en una batalla a largo plazo para quedarse con los consumidores y
mercados ajenos, en este caso los nuestros. Si quieren saber nombres concretos de empresas que pueden estar actuando así, solo hay que saber el origen de sus capitales y seguir la senda del dinero. Quizás alguien haya decidido que España y sus
consumidores son un buen destino para sus excedentes y que la ganadería española es parcial o totalmente prescindible, para que sobrevivan otras. Para los consumidores españoles puede incluso parecer positivo que los precios de determinados
productos lácteos de baja calidad sean más baratos en España, pero ya les anticipo que solo será por el momento. Cuando no tengamos ganadería nuestros consumidores pagarán lo que alguien, que no seremos nosotros, decida que se pague.


Con el aceite de oliva se realizan las mismas prácticas de venta, si bien la situación de competencia internacional y las repercusiones económicas internas son diferentes. Lamentablemente no dispongo de tiempo para exponerlas, pero están
trayendo graves perjuicios económicos a miles de olivareros que no deberían permitirse. Por lo tanto, cuando hablo de la estructura del medio rural no estoy hablando de cosas etéreas o de poesía. Hablo de economía, de empleo, de calidad
alimentaria, de nuestra cultura, de vertebración de una sociedad que en este país no vive solo en grandes ciudades, como ocurre en buena parte de América Latina o de Estados Unidos.


El señor PRESIDENTE: Don José Manuel, le ruego que vaya concluyendo porque ha terminado su tiempo.


El señor COORDINADOR DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras): En este caso quería referirme a que no valen los análisis superficiales ni simplistas de los problemas de la cadena alimentaria. En este sentido, me
permito recordar que el artículo publicado en ABC hace cuatro días denominado Marcas blancas las consideraba un peligro para nuestra economía, porque un informe sobre el modelo actual indica que desde el año 2008 se han perdido 86.000 empleos en el
sector del gran consumo y han bajado las inversiones en I+D+i en torno a un 20%. No olvidemos por tanto que la libre competencia no consiste en dejar que unas cuantas empresas con clara posición de dominio hagan lo que quieran con el conjunto de
los consumidores, con el pequeño y mediano comercio, con los agricultores y con la vertebración de nuestro medio rural.


He tenido que resumir un poco mi intervención al final, pero agradezco mucho el hecho de que se me haya escuchado. Mi intervención y un documento anexo los tendrán ustedes para poder analizarlos y como aportación a esta ley, que ojalá
busque un intermedio entre los intereses de las partes de la cadena: productor-consumidor y distribución.


El señor PRESIDENTE: Don José Manuel, le agradezco que facilite esa documentación para que pueda ser consultada y aprovechada. Creo que básicamente ha tenido tiempo para exponer la totalidad de su intervención.


A continuación, tiene la palabra -otro don José: felicidades- don José María Múgica, director general de la OCU.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA OCU (Múgica Flores): Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo profundamente la invitación que desde esta Comisión de Agricultura se ha hecho a la OCU para que haga presente su opinión sobre el contenido
de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en primer lugar porque significa para la OCU un reconocimiento al trabajo que desde el año 1975 viene realizando en la defensa de sus más de 305.500 socios, que se rascan
el

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bolsillo y pagan 10 euros al mes, y de los intereses de todos los consumidores españoles, y sobre todo porque se trata de una problemática que ocupa un lugar muy importante en el catálogo de preocupaciones de la OCU.


Digo de entrada que la OCU comparte el objetivo de la ley porque el beneficio de los consumidores siempre mejora con la competencia, una competencia que entendemos que se pretende potenciar y que es la que da sentido a todos nuestros
comentarios. La OCU considera que es necesario aportar transparencia a la cadena alimentaria como medio de garantizar la competencia y, por ende, el beneficio de los consumidores. Todas las ineficiencias que se produzcan a lo largo de la cadena
alimentaria en cualquiera de sus fases repercutirán siempre finalmente en los consumidores. De ahí la importancia que para nosotros tiene esta norma y la necesidad de creación de mecanismos eficaces que permitan garantizar su correcto
funcionamiento a lo largo de todo el proceso, de forma que, al igual que hay una ley que vela por la transparencia y la seguridad alimentaria -el famoso eslogan Del campo a la mesa-, ocurra lo mismo desde el punto de vista económico y de
competencia.


Como pueden encontrar sus señorías en la documentación que aportamos y que tienen en la mesa a mano derecha, en el dictamen que sobre la ley ha realizado el Consejo de Consumidores y Usuarios al que pertenecemos, la OCU -que comparte sus
planteamientos- incorporó al mismo su voto particular en el que nos centramos en un aspecto que consideramos muy importante en esta ley. La eficacia de esta ley depende de la capacidad de generar competencia entre los distintos sectores de la
cadena y sobre todo de la que tenga para evitar determinados comportamientos que la ponen en riesgo, en particular de los que se opongan a aquellas prácticas que atacan la capacidad de elección de los consumidores.


Así, desde la OCU entendemos que el mercado debe funcionar con arreglo a una competencia efectiva que permita el deseado equilibrio entre los distintos actores del mercado para que los consumidores puedan beneficiarse de una oferta
suficiente de productos, de buenos precios y de la llegada al mercado de nuevos productos fruto de la innovación, siempre que vayan más allá de un mero cambio en los colores o la forma del envase. Por contra, la OCU entiende que la falta de
competencia por un lado origina una indeseable concentración e incide en el precio de los productos -esto está comprobado de una manera bastante directa- y como consecuencia de la concentración de los distribuidores, la prevalencia de las marcas de
distribución -para nosotros mal llamadas marcas blancas, pero es la terminología que habitualmente se utiliza a la hora de referirse a ellas; para nosotros son siempre marcas de distribución- puede determinar la expulsión del mercado de segundas y
terceras marcas del fabricante -cada vez vemos que este fenómeno se repite con más frecuencia-, el protagonismo de determinados supermercados frente a otros formatos comerciales que terminan por desaparecer y la indeseable práctica de la negación de
suministro como manera de controlar precios: si no vendes determinado producto al precio que yo te indico, no te lo sirvo, con lo cual se está incidiendo de manera directa sobre un factor fundamental, que es el precio de los productos. En ese
sentido, la OCU expresa su preocupación por los riesgos de la falta de competencia que nuestros estudios empiezan ya a poner de manifiesto.


Hemos identificado cuatro de esos riesgos, aunque posiblemente pueda existir alguno más. El primero es la concentración del mercado, ya que cada vez hay menos enseñas, y esto tiene incidencia directa sobre el nivel de precios. El segundo
es la menor oferta de marcas en los establecimientos presentes en nuestras encuestas, hasta el punto de que en algún caso, aparte de la marca que se llama líder, apenas existen marcas de distribución, con lo cual se reduce de una manera drástica la
capacidad de elección el consumidor. Esto se comprueba perfectamente con el tercer fenómeno que consideramos, que es la exclusión de segundas y terceras marcas del fabricante, lo que hace que la capacidad de elección del consumidor se reduzca de
una manera bastante importante. El cuarto riesgo importante que consideramos es la subida de precios, que es más acusada en los productos de marcas de distribución -las llamadas marcas blancas- que en marcas llamadas líderes. En la última encuesta
que hemos realizado en los supermercados hemos podido comprobar cómo los precios de las marcas de distribución han subido de una manera mucho más espectacular a cómo lo han hecho los precios de las llamadas marcas líderes.


Sobre la agencia de información y control alimentario que aparece en una disposición adicional, no dudamos en valorarla positivamente, siempre que en el trámite parlamentario se clarifiquen sus objetivos y recursos y se convierta en el
necesario órgano de control de la calidad de los alimentos y de los posibles fraudes -esto es muy importante-, así como del control de los mercados y de vigilancia de las relaciones comerciales entre los distintos actores de la cadena alimentaria.
Los alimentos deben tener la calidad que se predica de ellos y ser lo que se dice de ellos. Casos como el aceite de oliva virgen extra o como el más reciente de la famosa carne de caballo etiquetada como de ternera no deberían repetirse ni ser
posibles.

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Es necesaria una agencia cuyas funciones de información y control deberían orientarse a este fin, es decir, debería ser definida para gestionar los sistemas de información, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por los
operadores -en especial en lo que se refiere a la competencia, que insisto que para nosotros es un elemento fundamental en el mercado- y para garantizar que la calidad de los alimentos se corresponde con lo que el consumidor recibe. Insisto en que
si el consumidor cree que está comprando aceite de oliva virgen extra, tiene que recibir una botella de aceite de oliva virgen extra y no otra cosa.


Debe ejercerse también el control del fraude y para ello inspeccionar el cumplimiento sin previo aviso. Nos parece fundamental que se recoja que las inspecciones no pueden realizarse con aviso previo, porque eso hace que prácticamente el
efecto de la inspección quede reducido a la nada. Además, debería hacerse un informe anual y público de los hechos y fraudes descubiertos. Es curioso, pero vivimos en el marco de una ley tremendamente garantista y desde nuestro punto de vista
sería muy importante que los consumidores tuviéramos información de aquellos que de alguna manera rompen o fracturan la confianza que tenemos depositada en los alimentos y que sean identificados aquellos que no cumplen, precisamente para resaltar a
aquellos que sí que lo hacen.


Añadiré una palabra sobre un aspecto señalado que creemos de gran importancia, que es la necesidad de que las sanciones sean de tal naturaleza que sean consideradas como importantes pero no disuasorias, que es lo que con mucha frecuencia
estamos viendo. En este sentido, casa mal esta condición con el hecho de que el régimen sancionador se atribuya a la conferencia sectorial, salvo que este aspecto se regule de una manera adecuada.


La OCU espera, pues, de la sensibilidad de sus señorías y de los poderes públicos que se adopten con la mayor celeridad las medidas planteadas en la ley, con el fin de garantizar, por un lado, la competencia que consideramos imprescindible,
única manera de que esta ley tenga la presencia que deseamos, y, por otro, la existencia de esa agencia de información y control con capacidad de inspección y de sanción.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Ana Isabel Ceballo, presidenta de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España.


La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE (Ceballo Sierra): Muchas gracias por la invitación que se hace a la organización que represento, que son cooperativas de consumidores y usuarios
de España. Somos pequeñas y medianas cooperativas que ostentan la doble condición de ser, por un lado, consumidores, y, por otro, empresas de distribución, por supuesto adscritas a los principios cooperativos que todos conocen, como propiedad
colectivizada, gestión democrática, solidaridad, etcétera.


He cambiado el orden de mi intervención en vista de todo lo que he estado escuchando -ha sido inevitable porque estaba aquí y he estado escuchando-, y para que ustedes entiendan en lo que voy a basar mi intervención concreta con respecto a
la ley tengo que hacer referencia inevitablemente al último dictamen del Comité Económico y Social, en su sección de NAT, que ha sido publicado el 16 de enero de 2013. Este dictamen se llama Relaciones comerciales entre la gran distribución y los
proveedores de productos alimentarios; situación actual. Entre otras cosas, me gustaría destacar que este dictamen constata -y tengo que decirlo porque he estado oyendo negar la evidencia una y otra vez-, primero, que las empresas de la gran
distribución en todos los países constituyen un oligopolio, que solo compiten entre sí. Constata la gran opacidad en el ámbito de la formación de precios y márgenes de los distintos intervinientes. Constata que no existe libertad comercial desde
el momento en que una parte impone las condiciones a la otra, prácticas abusivas y anticompetitivas. Constata el fracaso del mercado, pues las cosas siguen degradándose en un sistema insuficientemente supervisado. Constata que la autorregulación
no constituye un remedio suficiente para las distorsiones observadas. No serán -y lo dice textualmente- los códigos éticos los que reequilibren las relaciones comerciales. La propia naturaleza de las prácticas abusivas exige y justifica que sean
prohibidas por ley. El CESE pide a la Comisión que estudie los efectos de estos oligopolios, cuyas prácticas se asemejan a monopolios, y, consecuentemente, modifique los principios regulatorios de la competencia. El CESE pide que se incorpore al
precio de la compra del producto el precio de todos los distintos servicios contratados, para saber lo que el productor recibe realmente por su producto y lo que nosotros no recibimos en el precio. El CESE solicita encarecidamente a la Comisión que
abandone la idea de la autorregulación y proponga textos jurídicos vinculantes, estimulando la competencia no falseada. Por último, el CESE considera que cabe legislar otra opción societaria más allá de la sola lógica mercantil, a fin de frenar la
tendencia de concentración a la que tiende

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la gran distribución, y promover otras formas de comercio, como los pequeños minoristas independientes, los mercados de barrio, la venta directa de los productos al consumidor, etcétera. En este contexto, el CESE solicita a la Comisión
especial atención a las cadenas más cortas en materia de lucha contra el desperdicio de los alimentos.


Pues bien, si he leído todo esto ha sido porque, primero, es muy reciente y, segundo, porque si ustedes ahora trasladan todo esto a nuestro texto verificarán que nada de esto está recogido. Para empezar, cuando se habla de la intención de
equilibrar la cadena en beneficio de los consumidores ya estamos partiendo de dos errores conceptuales. Primero, cuando hablamos de la cadena, de su funcionamiento, estamos pensando y poniendo la hipótesis de que el mercado existe. Un mercado en
el que no hay competencia, no existe. Pasa igual que con el mercado energético, que no hay competencia, luego el mercado no existe. Por tanto, equilibrar algo que no existe ya es muy complicado. Segundo, en beneficio de los consumidores.
Insistimos en el error tozudamente de legislar para los consumidores sin los consumidores. Nosotros no somos agentes pasivos, somos la tercera parte del eslabón de la cadena. Se dice en el texto, cuando se habla de los agentes de la cadena, que
son dos eslabones. Eso no es una cadena, en todo caso será una minicadena, producciones y distribución. No, el tercer eslabón somos los consumidores.


Señor presidente, ruego que me avise cuando me queden tres o cuatro minutos.


El señor PRESIDENTE: Estoy a punto.


La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE (Ceballo Sierra): Entonces, voy muy rápido.


Hablando del texto en general, cuando se habla de las prácticas desleales, nada se dice en este texto en cuanto a la discriminación de marca de fabricante y distribución, nada o muy poco; nada se dice de la venta a pérdidas, de los
productos gancho, de las amenazas de sacar de las listas a los proveedores; nada se dice o muy poco de la posibilidad o no de pagos por otros servicios no contemplados en los contratos, lo que siempre lleva a incrementar los precios a los
consumidores. En cuanto al régimen sancionador, ya he hablado sobre los códigos de buenas prácticas, cosa que nosotros hemos denunciado reiteradamente porque sabemos en lo que termina: en papel mojado. Pero si además, como dice el texto, damos la
posibilidad a que esos códigos se reproduzcan y se multipliquen sectorial y territorialmente, la eficacia ya es absolutamente nula. En cuanto a las sanciones -ya se han referido a ellas-, no tienen ningún efecto disuasorio. Que una sanción a una
gran distribución pueda llegar hasta 3.000 euros va a afectar en nada a su modificación de hábitos. No se habla nada de poder efectuar las denuncias anónimas. Los productores no pueden denunciar, tienen miedo, y tendremos que ser los consumidores,
a través de las organizaciones de consumidores organizadas, o el propio Estado y las administraciones las que lo hagan, y a ser posible de forma anónima para luego no tener lo que todos ustedes ya conocen. Nos resulta un poco anacrónico además que
se esté legislando ahora, aunque es bienvenida la legislación, puesto que está a punto de salir la legislación europea. No se reconoce para el equilibrio de la cadena -insisto- la cada vez más importante labor de los consumidores, y hablamos de
consumidores como se habla del consumidor en Europa, consumidor ciudadano. Ese consumidor ciudadano no es un agente pasivo, sino que es aquel que incorpora a sus criterios de compra otro tipo de criterios, de consumo ético, de consumo justo,
medioambientales, etcétera. A pesar de que tengo que agradecer el estar aquí, de las quince alegaciones que hizo el Consejo de consumidores al texto solo se han admitido dos y son precisamente las más pequeñas. Insisto en que en este preámbulo de
la ley el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria para el beneficio del consumidor las dos hipótesis se incumplen, por tanto, lamento mucho que no vaya a haber una enmienda a la totalidad.


En cuanto al título I, se habla de todos los agentes...


El señor PRESIDENTE: Doña Ana Isabel, siguiendo su recomendación, solo le quedan dos minutos y medio.


La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE (Ceballo Sierra): Concluyo.


Si este texto no se mejora en el trámite parlamentario o se cambia, a nuestro parecer, casi íntegramente, estaremos perdiendo la esencia que lo inspira. Los consumidores no somos agentes pasivos que solo buscamos precio. El pequeño reducto
de consumidores que en los años noventa nos resistíamos a entrar

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en la distribución masiva hemos visto incrementada nuestra fuerza con toda la incorporación de las nuevas generaciones, que no cambian de hábitos sino que traen otros hábitos nuevos. Son esos consumidores más informados y que se organizan
incluso a través de cooperativas de consumidores y de otras formas societarias para tener un consumo alternativo al de la gran distribución.


Les pediríamos que no se centren en la concentración del sector de los proveedores, porque entonces en vez de tener un oligopolio tendremos dos y en vez de tener un error tendremos dos. Apoyen esta cantidad de alternativas que se están
sucediendo y que ya son hechos reales, no solo en Europa sino también en España, e incorporen en la cadena alimentaria, en su dialéctica, en su semántica y en los textos a los consumidores como parte fundamental de la cadena alimentaria. Si
nosotros no somos los que discriminamos positivamente, nunca va a funcionar ninguna ley. Somos nosotros los que tenemos que hacer que la ley funcione.


Muchas gracias a todos. Espero haber cumplido, por lo menos, con el tiempo.


El señor PRESIDENTE: El tiempo se ha rebasado en media hora y se ha finalizado el trámite previsto. Ruego a todos los portavoces concreción en las preguntas y la misma brevedad a los intervinientes, que tienen la posibilidad de contestar
con un tiempo de tres minutos.


¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Voy a intervenir brevemente para mostrar mi agradecimiento a los comparecientes y manifestar mi perplejidad porque estábamos en el bloque de los consumidores y hemos visto, señor presidente, que comparecía el
representante de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en el turno de los consumidores. Por tanto, queremos mostrar nuestra perplejidad porque se suman dos comparecientes que representan intereses absolutamente diferentes en una misma
comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: En línea con lo manifestado por el señor Baldoví y en nombre del Grupo Socialista le agradecería que nos informara, y sobre todo lo pediría para otra ocasión que cuando la Presidencia decida unilateralmente modificar
el orden del día de la Comisión, tenga al menos la deferencia -no digo ya la obligación reglamentaria que usted analizará con su letrado- de comunicar a los grupos parlamentarios que ha modificado el orden del día en el sentido que sea. Porque
nosotros hemos recibido un orden del día donde el cuarto compareciente en el primer grupo de comparecientes era el señor De las Heras y, finalmente, por una decisión que no conocíamos y que no sabemos a qué obedece, plantea sus propuestas en el
tercer grupo junto con la organización de consumidores. No he querido intervenir al principio de la reunión, señor presidente, pero usted debería respetarnos un poquito más. Le hablo con la representación que tengo del Grupo Socialista, y creo que
tengo derecho. En cualquier caso, la buena relación en esta Cámara le obliga a comunicar a los portavoces si va a operarse alguna modificación en el orden del día, como se ha producido en este caso, y las causas que motivan esa modificación.


Dicho esto, tanto a unos como a otros, al representante de la Unión de Uniones y a los representantes de la OCU y de la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, quiero agradecerles la información que nos han facilitado. En
primer lugar, me referiré a la intervención del representante de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a sus reflexiones, en concreto a la petición que ha hecho al final de la intervención de que se regulen de manera más precisa -y creo
que eso es razonable- posiciones de dominio a lo largo de la cadena alimentaria en el sentido de que, a través de una mejor regulación y mejor tipificación de ese supuesto, podamos impedir que esas posiciones de dominio lesionen los intereses de
otros operadores o de otros interesados en la cadena alimentaria, ya sea en el sentido hacia abajo de la producción, de los productores, o de los consumidores.


En relación con las informaciones que nos han facilitado las dos organizaciones de los consumidores, recogemos una y otra. La OCU parece que ha sido un poco más benévola que la otra organización. Pero con relación a la información que nos
ha dado el representante de la OCU, yo ya he dicho a lo largo de la intervención de hoy que me preocupa tremendamente este sistema de control administrativo que se establece en esta ley y la encomienda que se hace en el mismo a las autoridades del
Ministerio de Agricultura o de las comunidades autónomas, en el caso de que los operadores solo realicen esa función de compraventa en una sola comunidad. Esto me preocupa tremendamente porque el Ministerio de Agricultura no tiene estructura, y si
no la tenía hace unos años, con estos recortes prácticamente es

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imposible que el Ministerio de Agricultura pueda efectuar este mandato legal de supervisar y controlar los contratos, porque no estamos hablando de un supuesto ni de cosas genéricas, de analizar lo que se hace, sino de vigilar su
cumplimiento y poder intervenir. Estamos hablando de cientos de miles de operaciones comerciales, de miles y miles de operaciones que se hacen diariamente. Por tanto, no soy capaz de entender cómo una Administración que no tiene estructura, que no
tiene funcionarios, que ha desmantelado incluso los servicios de fraude que históricamente funcionaban, va a realizar ese tipo de control. Quizás ese sea el elemento más importante.


Coincidimos en el tema de las sanciones, lo han dicho tanto el uno como el otro, que hay que incrementarlas y ampliar su ámbito. En cualquier caso, les agradeceríamos a los tres representantes que nos hicieran llegar las propuestas de
modificación concretas del texto de la ley porque, en definitiva, nos guste más o menos el proyecto de ley, estamos ya en trámite de enmiendas y, por tanto, la capacidad que tenemos ahora es enmendar artículo a artículo para perfeccionar en la
medida de lo posible el contenido final de la ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Intervendré brevemente. Simplemente quiero hacer unas reflexiones, en primer lugar, sobre lo que ha dicho el portavoz de la Unión de Uniones. Nosotros creemos que en este proceso de mejora de la cadena
alimentaria el sector productor es fundamental dentro de lo que es la configuración del mundo rural. No se entiende el mundo rural sin agricultores, sin ganadería y sin los alimentos que se producen.


En cuanto a las organizaciones de consumidores, les quiero dar las gracias por sus aportaciones; son aportaciones importantes. Su propia comparecencia aquí pone en evidencia que al menos al partido que sustenta al Gobierno, al Partido
Popular, le preocupan los consumidores. Yo creo que eso es un reconocimiento.


También quiero decirle que es cierto que esta es una ley novedosa y que tiene carencias. Vamos a intentar entre todos mejorar la configuración y todos los postulados y preceptos que en estos momentos tiene la ley, los vamos a intentar
mejorar hasta la línea roja que nos marcan las prácticas que nos impone sobre libre competencia. Yo creo que hay un tema muy importante que de alguna manera recoge alguno de los planteamientos propuestos por la OCU y también por la Unión de
Cooperativas de Consumidores de España y es el tener un observatorio. Se crea un observatorio con amplias competencias, con unas funciones bien delimitadas y que se puede mejorar e incluso dar más presencia a los propios consumidores, pero los
consumidores siempre se han tenido en cuenta.


En cuanto a si no tiene estructura el ministerio, ya se dirá. Por lo menos se crea la figura del observatorio, ya veremos cómo se desarrollan esas funciones y cuáles son los medios que pone el Gobierno para desarrollar esas funciones, pero
no vayamos a criticar algo que no ha empezado a funcionar. Cuando se apruebe la ley y se cree el observatorio veremos qué funcionamiento se le da y hasta dónde puede llegar, porque hay una cuestión que es bien clara: el control de fraudes es una
competencia estrictamente autonómica y contemplada en los estatutos de Autonomía y, por tanto, el Gobierno central está muy limitado en cuanto a esos controles sobre los fraudes. Vamos a intentar ver, sobre la base de las buenas relaciones que se
puedan establecer con las comunidades autónomas, cómo se mejora la persecución del fraude y todas estas publicaciones que menciona la OCU. En todo caso, estamos dando un paso nuevo, es una ley novedosa en España, es una ley novedosa en la Unión
Europea y a ver de qué manera la podemos poner en funcionamiento. Todos la han valorado positivamente, es bien cierto que algunos son más críticos porque dicen que tiene muchas carencias, pero vamos a ver hasta dónde podemos mejorar en este trámite
parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. La voluntad del Partido Popular ha sido abordar el problema que tenemos en España, abordar el problema que tenemos en Europa e intentar dar soluciones a todos estos problemas, sobre todo para
mejorar la posición del sector productor que en estos momentos, y dentro de la cadena alimentaria, es el sector más débil. Ese ha sido el sentido que ha orientado al Gobierno y al Partido Popular a elaborar y presentar esta ley.


El señor PRESIDENTE: Antes de conceder el turno a los tres comparecientes, a quienes ruego la mayor brevedad, quiero decir a sus señorías, ya que aquí se han hecho una serie de observaciones, que hay dos formas de variar el orden del día.
Ustedes lo deberían saber, en especial usted, señor Alonso, que lleva varias legislaturas. El orden del día se puede variar sustancialmente y consiste en que o se cambian los asuntos a tratar o se cambian los comparecientes o se mutila el orden del
día. Hay otra práctica

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frecuente que utilizamos casi en cada sesión, que es cambiar el orden de los asuntos que integran el orden del día. Imputar una intencionalidad -vaya usted a saber en cuál está pensando- en alterar el orden en el que interviene un
compareciente que estaba previsto que viniera en el primer bloque y llegue al final del orden del día y atribuir a esta Presidencia presuntas intenciones aviesas, qué quiere que le diga... Por mucho que se empeñen algunos, por mi culpa nunca se van
a estropear las relaciones entre los grupos parlamentarios ni la buena marcha de la sesión. Si esta Presidencia ha cambiado, en el uso de las atribuciones que le son conferidas -puede usted consultar el Reglamento-, el orden del día o el punto en
el que podía intervenir un determinado compareciente ha sido por cuestiones organizativas. El señor don José Manuel de las Heras, a quien esta Presidencia localizó a última hora de ayer -por lo que me fue prácticamente imposible avisar a los
portavoces, a no ser que hubiera interrumpido su plácido sueño-, hizo el favor a esta Presidencia de estar de acuerdo con esa grave alteración que ha supuesto que una intervención que tenía prevista a primera hora de la mañana haya sido sustanciada
a última hora, lo que no ha impedido a ninguno de los comparecientes que pudieran escuchar a todos, porque todos han venido desde el primer momento hasta el último y en cuanto han querido. Por tanto, no me parece una cuestión relevante, son muchas
veces ganas de buscar problemas donde no los hay. (Rumores.-Un señor diputado: Usted se lo dice todo). He dicho lo que yo quería decir. ¡Hasta ahí podíamos llegar! (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


Simplemente concedo la palabra a los comparecientes. Los tres comparecientes tienen la palabra por un tiempo máximo de tres minutos, si lo estiman conveniente, para responder a las preguntas que se les han formulado a ustedes, no a esta
Presidencia, que ya las ha contestado cumplidamente. (Risas).


En primer lugar, tiene la palabra don José Manuel de las Heras.


El señor COORDINADOR DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras ): Intervengo muy brevemente. Me va a sobrar parte de los tres minutos.


En lo que respecta al tema de la posición de dominio, en nuestro documento pedimos precisamente que en esta ley se defina muy claramente porque hay sentencias en las que con concentraciones muy fuertes se ha considerado que no hay posición
de dominio, y esto es algo que le falta a la ley por escribir técnicamente. Independientemente de esto, como se hablaba de los órganos de control para que al final se hiciera público, quiero decir que esta ley es algo muy positivo, que va a ser
clave para algo que apuntaba el diputado señor Alonso, para que haya una buena coordinación entre ministerio y comunidades autónomas, y aun así será muy difícil de controlar lo que aquí se ponía de manifiesto. Es muy importante que esta ley, que se
echaba en falta desde hace muchos años, se ponga encima de la mesa. En este sentido, nosotros vamos a colaborar activamente en este trámite de enmiendas, como se nos ha pedido.


Con respecto a lo que puede haber ocurrido, me imagino que ha habido muchas presiones. No quiero echarle la culpa al señor presidente de esta Comisión. Él sabrá cómo tiene que llevarla. Son sus señorías los que tienen que decir si lo ha
hecho bien o mal. Es cierto que Unión de Uniones al final ha intervenido y ha expuesto lo que quería decir ante la Cámara donde reside la soberanía del pueblo, y lo que creo sinceramente es que en la soberanía del pueblo, que reside aquí, nadie que
no haya sido legitimado por las urnas puede obligar a cambiar ninguna toma de decisión. Por eso, en mi intervención inicial decía que ojalá tengamos la capacidad de decir quién es quién con procesos democráticos y no con un cúmulo de prebendas para
unos cuantos con procesos electorales caducos. En este sentido les pido, señorías, que apoyen el que haya cuanto antes democracia en el campo volviendo a reestablecer lo que en su día se hizo, procesos electorales para acabar con la sinrazón de lo
que hoy aquí ha ocurrido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Ana.


La señora PRESIDENTA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ESPAÑA, UNCCUE (Ceballo Sierra): Con respecto a esta polémica en concreto quiero decir que el destino de los consumidores y el de los pequeños productores van
inequívocamente juntos, con lo cual sinceramente no me importa que los pequeños productores estén aquí, en la misma mesa que yo. Por no extenderme, y en cuanto a la referencia que se ha hecho al observatorio de la cadena alimentaria, no tengo que
recordar lo que decía Romanones porque es verdad, y efectivamente lo que se dice y se deja abierto en el texto es el desarrollo de un reglamento posterior. Esperamos que en ese reglamento no nos dejen fuera a los consumidores una vez más y que
efectivamente sirva para algo.


El señor PRESIDENTE: Don José María.

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El señor DIRECTOR GENERAL DE LA OCU (Múgica Flores): Solamente quiero referirme, en respuesta al señor Alonso, al aspecto del observatorio que entiendo que tiene bastante que ver con la agencia de información y control que se crea en una de
las disposiciones adicionales. Desde nuestro punto de vista es fundamental que con respecto a esta agencia, que en principio nace dentro de una cierta confusión, se aclaren fundamentalmente dos aspectos: qué objetivos va a tener y con qué recursos
va a contar. Si no, mucho nos tememos que, como bien ha dicho, todo quede en un brindis al sol donde no tengamos unos contenidos realmente fuertes.


Termino diciendo que hay un aspecto que nos parece muy importante y al que también ha hecho referencia la presidenta de Unccue, y es la necesidad de que el régimen sancionador, bien sea por parte del Ministerio de Agricultura o bien por
parte de las comunidades autónomas que tengan transferida esta competencia, sea realmente eficaz en cuanto a una consideración de disuasión frente a cualquier comportamiento que nosotros entendemos como un fraude, y desde luego para nosotros es muy
importante el elemento de la publicidad con respecto al fraude cuando este se cometa. El hecho de que muchas veces los consumidores sepamos quién nos ha engañado puede ayudarnos bastante. Sabemos que no es muy fácil encontrar acomodo legislativo a
este tema, pero la identificación del que comete el fraude para nosotros sería un elemento muy importante a considerar.


El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada la sesión de estas comparecencias y les agradezco mucho a todos ustedes, doña Ana, don José Manuel y don José María, su comparecencia aquí y su colaboración en la tramitación del proyecto de ley de
mejora de la cadena alimentaria.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.