CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 274

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

Sesión núm. 14

celebrada el martes,

12 de marzo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro del Interior (Fernández Díaz), para:


- Informar sobre la política de su departamento en el ámbito de reformas legislativas, protección civil, lucha contra el terrorismo, actuaciones de la UDEF, nuevos nombramientos de altos cargos y evolución de la criminalidad en el año 2012.
A petición propia. (Número de expediente 214/000070) ... (Página2)


- Que explique cuál va a ser su política y línea de actuación respecto a la política penitenciaria, tras la multitudinaria manifestación convocada el día 12 de enero de 2013 en Bilbao, en relación con los derechos de los presos vascos, con
el lema 'Paz, Solución, Derechos Humanos, presos y presas vascas Euskal herria' y posteriores declaraciones desde el Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000549) ... (Página2)


- Que explique los detalles del 'Programa de reinserción de reclusos por terrorismo y crimen organizado' anunciado por el ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000234) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Que explique el alcance de un plan para la reinserción de presos terroristas que hemos conocido por medios de comunicación. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000233) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Que informe de las pruebas que posee el Gobierno de 'los mandantes' de Amaiur y dé instrucciones el Gobierno para comenzar un proceso de ilegalización por dicho vínculo. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
(Número de expediente 213/000474) ... (Página2)

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- Informar sobre la existencia, o no, del informe o borrador policial atribuido a la UDEF, entidad dependiente de la Dirección General de la Policía, publicado en los medios de comunicación a una semana de las elecciones al Parlamento de
Cataluña y que implica al candidato de la actual primera fuerza parlamentaria, así como de las actuaciones adoptadas por el ministerio, sea para esclarecer la existencia y publicación del informe o su borrador, sea para pedir responsabilidades a
quien lo ha publicado atribuyéndolo a la UDEF. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000448) ... (Página2)


- Informar de las medidas que está estudiando el Gobierno para incluir en una próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre las que se encuentra, según anunció ayer el director general de la Policía, la prohibición de grabación,
captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000422) ... (Página2)


- Informar de las razones del cese del secretario de Estado de Seguridad, así como de los conflictos existentes entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000522) ... (Página2)


- Informar sobre la evolución de la criminalidad en 2012. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000591) ... (Página2)


Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Quiero dar las gracias por su presencia tanto a los miembros de esta Comisión como a quien ha decidido acompañarnos en el día de hoy, al senador que nos acompaña. En la reunión de Mesa y portavoces que acaba de
celebrarse se ha fijado el definitivo orden del día. Asimismo, en dicha reunión se ha expresado lo que va a ser la ordenación de este debate para poder manejarnos con el tiempo, la diligencia y la suficiencia necesarios como para no interferir en
esa barrera infranqueable que sería el comienzo de la celebración del Pleno y la posibilidad de celebrar una pausa entre esta Comisión y la sesión plenaria. En consecuencia, la mecánica será intervención del señor ministro con libertad de tiempo,
que estoy seguro que dada su veteranía y experiencia parlamentaria sabrá administrar correctamente; a continuación intervendrán los grupos por el orden tradicional, de menor a mayor, comenzando por el Mixto y finalizando por el Grupo Popular. El
tiempo acordado en Mesa y portavoces es de doce minutos como máximo en la primera intervención -no como mínimo, me permito recordar-, disponiendo de una segunda intervención de seis minutos. La luz roja se encenderá transcurridos diez minutos, lo
cual permite a los señores parlamentarios que puedan cerrar sus intervenciones de una manera adecuada. Tras ese primer turno de los grupos habrá una réplica por parte del señor ministro, la dúplica anunciada de seis minutos por parte de cada uno de
los grupos y cerrará, como viene siendo costumbre y marca el Reglamento, el señor ministro. Con lo cual, mi obligación es no consumir un tiempo que está dedicado tanto al señor ministro como a sus señorías, y ya les anuncio que a fin de sustanciar
la comparecencia que a petición propia ha solicitado y todas aquellas que se han estimado claramente coincidentes con las seis áreas temáticas, tiene la palabra el señor ministro. Señor Fernández Díaz, cuando guste y bienvenido a esta, que sigue
siendo su casa.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en este caso por cuarta vez desde que tomé posesión de mi actual responsabilidad como ministro del
Interior. Siempre he considerado, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, que una relación fluida entre el Ejecutivo y las Cámaras legislativas, que tienen el mandato constitucional de controlar e impulsar la acción del Gobierno,
constituye un elemento de normalidad democrática -y no de excepcionalidad- en una sociedad democrática como la sociedad española. Por ello, y tal como ha señalado el señor presidente, ha sido mi intención que bajo la rúbrica extensa de mi petición
de comparecencia se pudiera dar satisfacción a algunas de las peticiones de los grupos que durante este tiempo se han ido acumulando y que, como señalaba el señor presidente, eran

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cuando menos concurrentes o compartidas con el objeto de mi comparecencia, en este caso a petición propia. También querría aclarar a sus señorías que, puesto que el nuevo secretario de Estado de Seguridad tiene previsto comparecer ante esta
Comisión, me ha parecido más operativo realizar un reparto de los temas a tratar entre él y quien les habla, dejando para esa próxima sesión de comparecencia, como digo, del secretario de Estado de Seguridad algunas de las comparecencias solicitadas
y que están relacionadas con el ámbito directo de sus responsabilidades, insisto, como secretario de Estado de Seguridad.


Señor presidente, señorías, el 31 de enero del pasado año compareciendo ante esta Comisión desarrollaba cuáles iban a ser las grandes líneas estratégicas de trabajo del Ministerio del Interior. Han transcurrido, como saben, algo más de
catorce meses desde entonces y sin embargo considero que la premisa previa del planteamiento que les exponía entonces sigue plenamente vigente. Yo decía, tal y como consta en el 'Diario de Sesiones': Hemos de conseguir que España sea cada vez un
país mas seguro. Trabajar por la seguridad es crear un campo fértil para la libertad y para la prosperidad. En última instancia, señorías, la seguridad es confianza, porque solo si España es capaz de presentarse como un país seguro y generador de
confianza podrá aflorar la prosperidad interior y la confianza exterior. Fin de esa cita.


Sin duda, una actuación en este sentido necesita de un marco jurídico adecuado porque en definitiva las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden, como es obvio, sino moverse en el marco de la ley. Por ello mismo quiero comenzar
por hacer una primera referencia, al objeto de contribuir a ese objetivo que les acabo de recordar, a las reformas normativas impulsadas desde el Ministerio del Interior. En esa intervención de enero del pasado año a la que he hecho referencia
expuse un ambicioso plan de reforma en el que estamos trabajando condicionados, eso sí -tengo que reconocerlo-, por la complejidad de las materias tratadas, lo desfasado de algunas de las normas vigentes, la extensión y sensibilidad de los sectores
afectados, así como -y no es una cuestión menor- el condicionamiento al calendario de las reformas normativas de la Unión Europea que afectan a la materia. Permítanme que en primer lugar me refiera, por tanto, a las normas ya aprobadas.


Quiero comenzar este apartado refiriéndome a las disposiciones que afectan a las víctimas del terrorismo. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Ha sido
realizada por la disposición final decimoséptima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, y mediante la Ley 17/2012, de 17 de diciembre.


Como sus señorías conocen perfectamente, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, fruto de una iniciativa legislativa parlamentaria -una proposición de ley- fue aprobada por amplio consenso en ambas
cámaras como expresión del reconocimiento y compromiso permanente de la sociedad española a través de sus representantes, y en este caso hacia todas las víctimas del terrorismo. La experiencia derivada de la aplicación del nuevo régimen de
resarcimientos, indemnizaciones y ayudas contempladas en la nueva norma tras su entrada en vigor ha hecho necesario, no obstante, introducir algunas modificaciones. Así, se modificaron algunas cuestiones puntuales del articulado que afectaron
fundamentalmente a los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas, así como a los resarcimientos e indemnizaciones reconocidas en la citada ley. Más adelante, en el proceso de elaboración del proyecto de real decreto por el que se aprueba el
desarrollo de la citada ley, se apreció nuevamente la necesidad de precisar el texto legislativo en algunos aspectos adicionales y de esta forma, mediante la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, se supedita la concesión de las ayudas y prestaciones
reconocidas en la ley a los principios reconocidos en el Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, particularmente en lo dispuesto por el artículo 8 del citado convenio. Igualmente, y siguiendo con este ámbito,
resulta necesario mencionar que en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se han introducido modificaciones de esa Ley 29/2011, así como de otras disposiciones legislativas destinadas a hacer efectivos
los mandatos referidos a la mejora de los derechos laborales de las víctimas del terrorismo y de las políticas activas de empleo. Estas medidas tienen por finalidad equiparar el tratamiento jurídico-laboral del colectivo de víctimas del terrorismo
al de víctimas de violencia de género, así como facilitar el acceso al mercado de trabajo del colectivo de víctimas del terrorismo. Se contemplan además nuevos supuestos de bonificación por la contratación de víctimas del terrorismo mediante la
modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el empleo. Finalmente se ha modificado la Ley 56/2003, de Empleo, de forma que las víctimas del terrorismo puedan beneficiarse de medidas específicas destinadas a
favorecer su acceso y permanencia en el empleo. Por estar directamente relacionado con la ley que acabo de comentar, aunque aún se encuentra en fase de elaboración -si bien fase de elaboración muy avanzada-,

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quiero tratar ahora del proyecto de reglamento de la citada Ley de protección integral a las víctimas del terrorismo. Como sus señorías recordarán, y tal y como manifesté en mi primera comparecencia ante esta Cámara, uno de nuestros
compromisos es la aprobación de este reglamento. El texto en el que estamos trabajando se inspira en los principios de equidad y de tratamiento integral del colectivo de víctimas. Por otra parte, la ley contempla igualmente su aplicación
retroactiva desde el primero de enero de 1960, circunstancia que obliga a regular en la norma reglamentaria el régimen de resarcimientos e indemnizaciones aplicables a quienes ya hubieran obtenido prestaciones por estos conceptos conforme a la
normativa anterior. La regulación del procedimiento contempla los principios de trato favorable, celeridad, confidencialidad, inmediación y colaboración institucional, de los que deriva el conjunto de derechos que asisten a los solicitantes en el
marco del procedimiento administrativo para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas. Cabe señalar que ya se ha cumplido el trámite de audiencia, en el curso del cual se han recibido alegaciones de las diversas asociaciones
de víctimas del terrorismo. En cuanto a su tramitación, está prevista ya su próxima remisión para dictamen del Consejo de Estado. Por último, quiero recordarles que en el reciente debate sobre el estado de la Nación el Pleno de esta Cámara aprobó
una resolución para impulsar al Gobierno a la aprobación del reglamento al que vengo refiriéndome, razón por la cual he considerado que era mi deber obviamente en este punto hacer especial referencia a esta cuestión.


Sigo con el ámbito de las modificaciones normativas. Con relación a la lucha contra el tráfico de drogas, que me parece que es una cuestión esencial y que afecta al ámbito nuclear de competencias del Ministerio del Interior, puesto que está
directísimamente vinculado con la seguridad y con la libertad. El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero -muy reciente por tanto-, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de
asistencia jurídica gratuita, ha modificado a su vez el artículo 367.ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo un procedimiento para solucionar un grave e histórico problema cual es el relativo al almacenamiento de las drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas intervenidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en procesos penales. El elevado coste y los problemas de seguridad y salubridad que conllevaba su conservación exigían introducir en nuestro
ordenamiento un régimen eficaz que permitiera su rápida destrucción una vez realizados obviamente los informes analíticos pertinentes y asegurando la conservación de muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones sin mermar las
garantías procesales de las partes en el correspondiente procedimiento judicial. Esto es lo que se pretendía y yo tengo que decir ante sus señorías que felizmente lo hemos conseguido, fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y
el Ministerio de Justicia, con la reforma de ese artículo de la ley procesal penal que da una magnífica solución legal a este -insisto- histórico y grave problema.


Considerando todo lo anterior, señorías, quiero aprovechar este momento de mi intervención para anunciar que próximamente voy a solicitar mi comparecencia, también por tanto a petición propia, ante esta Comisión -ya sería la quinta- para dar
cuenta de los resultados de las incautaciones de drogas realizadas a lo largo del año 2012, de acuerdo con los datos recogidos por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.


Paso a continuación a aludir a las normas que están en periodo de tramitación. Anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La finalidad de esta reforma es actualizar el contenido de la ley vigente, Ley 1/1992, de
21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana. Este nuevo proyecto pretende, desde una perspectiva amplia, la regulación de las actividades orientadas a la garantía de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que han transcurrido más de
veinte años desde la vigencia de la anterior y la experiencia pone de manifiesto que deben ser actualizados y reformados algunos de esos preceptos. Del contenido específico de este anteproyecto, del que estamos -como les digo- ultimando la revisión
y que se encuentra en un avanzado estado de elaboración, daré oportunamente cuenta a esta Cámara. Ahora quiero anunciar el compromiso de que en fecha próxima estaremos en condiciones de remitir el proyecto a los órganos constitucionales que han de
emitir el preceptivo informe por afectar a derechos fundamentales, y tras su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, la remisión del correspondiente proyecto de ley al Congreso. Segunda norma en tramitación: nueva ley de seguridad
privada. Quiero recordarles, señorías, que la actual ley vigente es la Ley 23/1992, de 30 de julio; es decir, otra ley cronológicamente prácticamente paralela a la de protección de la seguridad ciudadana. Han transcurrido también veinte años y
durante ese periodo se han producido múltiples modificaciones de la misma. Si a eso unimos el hecho de que la seguridad privada, como sin duda todas sus señorías saben perfectamente, es un sector que ha experimentado un extraordinario auge en los
últimos años y un sector

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claramente dominado por la innovación tecnológica, resulta clara la necesidad de una nueva regulación que de manera integral ordene y clarifique la normativa dispersa en estos momentos, y que se adecue a su vez a los tiempos actuales. En
este punto, señorías, quisiera enfatizar que no se trata en absoluto de privatizar la seguridad pública, sino de poner al servicio de la seguridad pública todo el potencial de la seguridad privada de forma complementaria y con absoluta y plena
subordinación a las funciones realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad


Entre las diversas novedades que incorporará este texto, que está -como les digo- en muy avanzado estado de elaboración, quisiera destacar la regulación del desarrollo de actividades de investigación privada por empresas de seguridad privada
y por despachos de detectives, todas ellas sujetas a determinadas cautelas, entre ellas: la obligación de velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato, la inscripción de la investigación en un
libro registro a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la realización de un informe de investigación por cada encargo a disposición igualmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial.


Tercera innovación normativa: el reglamento que desarrollará el régimen de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros. Sé, señorías, que este proyecto prioritario está sufriendo retrasos -ya estaba notablemente retrasado
en la legislatura anterior-, pero ello se debe a la firme voluntad de aglutinar el máximo consenso posible en torno a una norma tan sensible para la ciudadanía y para sus señorías, asumiendo para ello buena parte de las aportaciones realizadas desde
distintos ámbitos, principalmente desde los grupos parlamentarios. Señor presidente, señorías, nuestra intención es cambiar totalmente la orientación y la regulación de estos centros, que pasarán a denominarse -como ya les anuncié- centros de
estancia controlada de extranjeros, reforzando su naturaleza administrativa. Puedo asegurarles que estamos empeñados en conseguir el mejor texto lo antes posible.


Cuarto. Anteproyectos de ley de régimen del personal de la Guardia Civil y de ley de régimen del personal del Cuerpo Nacional de Policía. Ambos anteproyectos se encuentran en una muy avanzada fase de elaboración, habiendo sido sometidos a
la valoración de los departamentos ministeriales concernidos, singularmente, como no puede ser de otra manera, Hacienda y Administraciones Públicas, Defensa, en lo que hace referencia a la naturaleza militar del Cuerpo de la Guardia Civil,
Educación, Cultura y Deporte, entre otros, cuyas observaciones son objeto de estudio en estos momentos.


Quinto proyecto de reforma normativa: anteproyecto de ley del sistema nacional de protección civil y de emergencias. Este anteproyecto nace de la necesidad obvia de actualizar su regulación, buscando adaptar la vigente ley, Ley 2/1985, de
21 de enero, sobre Protección Civil. Dense cuenta de que estamos hablando del año 1985. Evidentemente hay que adaptarla al nuevo contexto institucional, competencial y normativo, producto del desarrollo del Estado autonómico en materia de
protección civil, incorporando asimismo algo esencial en estos momentos: la dimensión comunitaria en este ámbito y singularmente el mecanismo de cooperación en protección civil de la Unión Europea. El texto, como es evidente, debe ser sometido a
distintas consultas, información pública, consulta a los interesados, informe -muy importante- de las comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, Comisión Nacional de Protección Civil, Consejo General del Poder Judicial,
Consejo Económico y Social y Consejo de Estado.


Sexto. Proyecto de reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria. El desarrollo reglamentario de la ley que les he citado es un elemento destacado
en el calendario normativo del Ministerio del Interior, dense cuenta de que afecta a una materia tan sensible desde el punto de vista humanitario como es el derecho de asilo y de protección subsidiaria. Puedo anunciarles, señorías, que el
anteproyecto de real decreto se encuentra también en una fase muy avanzada de elaboración. De cualquier modo, tengo el deber de poner en conocimiento de ustedes que su redacción final viene condicionada inexcusablemente por la conveniencia de
acompasarlo y ajustarlo a los trabajos de la Unión Europea para el establecimiento del llamado Sistema Europeo Común de Asilo, SECA, que pretende precisamente ser un sistema cohesionado de normas uniformemente aplicadas por todos los Estados
miembros de la Unión Europea.


Séptimo, policías locales. Una de las características del sistema español de seguridad pública, competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1 de la Constitución, es la convivencia de los tres niveles administrativos en la
aportación a la garantía de la seguridad pública de los ciudadanos: el nivel estatal, el nivel autonómico y el nivel local. La cercanía a los ciudadanos que caracteriza a las entidades locales exige que nuestro sistema integral de seguridad se
dote de mejores medios de coordinación, dando lugar a un aprovechamiento más eficiente del valor añadido que aportan los más de 60.000 policías

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locales en las labores de prevención del delito y la seguridad vial interurbana, máxime en las actuales circunstancias económicas, donde las limitaciones presupuestarias nos exigen obviamente gestionar de la mejor manera los recursos que
siempre son obviamente también limitados. Para ello sería necesario superar la dispersión normativa y eliminar las disfunciones existentes en la práctica. Es deseable, por tanto, promulgar una ley de Policía local que delimite las competencias de
esta, de la Policía local, y coordine a su vez su actuación o participación en los distintos ámbitos policiales: seguridad ciudadana, Policía judicial, seguridad vial, formación, fijación de requisitos mínimos, etcétera, y a esos efectos ya quiero
anunciarles que hay que tener muy presente, como no podría ser de otra manera, la garantía institucional de la autonomía local, consolidada por el Tribunal Constitucional, así como las competencias de coordinación que tienen atribuidas algunas
comunidades autónomas en relación con las policías locales en sus respectivos estatutos.


Una vez enumerado este capítulo referido a modificaciones normativas, paso a un segundo capítulo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, particularmente la lucha contra el terrorismo etarra. Señorías, el Ministerio del Interior
tiene por misión esencial velar por la integridad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos y opino que no hay crimen más execrable contra esos derechos que el que llevan a cabo los terroristas, sean estos del signo que sean. Precisamente el
aniversario que conmemorábamos ayer, 11 de marzo, simboliza la necesidad de continuar el esfuerzo por terminar con esa violencia injustificable. En el día de hoy, y de acuerdo con las solicitudes planteadas, permítanme -como les he dicho- que me
centre en el terrorismo de ETA, consciente, como todos ustedes, de que evidentemente tenemos amenazas procedentes de otros terrorismos. Como todos sabemos, ETA declaró el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la actividad armada (sic). Pero,
señorías, esta declaración se ha producido por la fortaleza del Estado de derecho, por el testimonio ético de las víctimas, la unidad de los demócratas, la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el trabajo de los jueces y
fiscales. Esto es lo que ha obligado a ETA a hacer una declaración de abandono de su actividad terrorista. Y mención especial merece la cooperación internacional en esta lucha, cooperación que se ha intensificado durante estos últimos años y que
no cesa, sino que, por el contrario, se incrementa. Tengo el deber de poner de manifiesto que, gracias a la colaboración y el trabajo compartido con otros países, especialmente con Francia, pero también con otros socios europeos como Reino Unido e
Italia, ETA está más débil que nunca y no tiene evidentemente en el espacio democrático de la Unión Europea santuarios donde acogerse. Durante 2012, y pese a que ETA -como he recordado- anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, fueron
detenidas 32 personas en operaciones contra las estructuras activas de la organización, entre ellas podemos destacar la de Izaskun Lesaka, que lideraba el aparato logístico de la banda y que había sido lugarteniente de Txeroki y de Ata, y otros
integrantes de la llamada lucha callejera. En lo que llevamos de 2013 las detenciones ya son 8, de tal suerte, que podemos con hechos, y no solo con palabras, acreditar que mientras ETA no se disuelva el Gobierno va a seguir actuando. Insisto, en
el periodo que llevamos de gobierno del Partido Popular son ya 40 las detenciones de personas vinculadas o integradas en la organización terrorista. Y así vamos a seguir, por supuesto. Porque, señorías, en la actualidad es evidente que ETA está
derrotada policialmente. No anunció ese cese definitivo de su actividad porque se hubiera convertido a la democracia sino porque fue derrotada, y escenificó de aquella manera, en lugar de una rendición o una derrota, una concesión a la paz para que
otros pudieran en las posteriores elecciones capitalizar el que ellos habían conseguido que ETA diera pasos hacia la paz. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad, señorías, ETA está derrotada policialmente, ha dejado de condicionar la vida
de los españoles, como ha hecho durante décadas, pero se resiste a desaparecer. La banda aún mantiene parte de su armamento y material, que se resiste a entregar. No se ha disuelto ni ha reconocido sinceramente los crímenes cometidos y tanto daño
causado, especialmente a las víctimas del terrorismo, que sin duda han sido los más directamente afectados por su actividad y cuya dignidad debe ser permanentemente reconocida por la sociedad española. Por todo ello no podremos hablar ni podemos
hablar del final definitivo de la violencia terrorista mientras ETA no se haya disuelto.


En cuanto al comportamiento de determinadas formaciones políticas, como no podía ser de otra forma, el Gobierno velará por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en vigor, y más concretamente de las previsiones contenidas en la Ley de
Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en el contenido, por su actualidad, del fundamento jurídico décimo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, que establece una suerte de
decálogo de conductas que podrían dar lugar, caso de que fueran grave y reiteradamente producidas, a una ilegalización sobrevenida. En este ámbito y por su conexión con el terrorismo etarra permítanme hacer una referencia a la política

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penitenciaria. Como saben, una de las principales finalidades de la política penitenciaria, siguiendo el mandato de la Constitución, es lograr la reeducación y reinserción social de los penados. El artículo 25.2 de la Constitución señala
que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Esta es la dicción literal, como saben, del artículo 25.2 de la Constitución.
Quiero decir, por tanto, que de la lectura de ese artículo se infiere claramente que la reinserción social de los penados no es una potestad discrecional de la Administración, sino que es un mandato constitucional, porque alude a que las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas... No dice 'podrán estar', sino 'estarán' orientadas hacia la reeducación. Por tanto, es un mandato constitucional. También creo conveniente aclarar que las medidas de
reinserción en ningún caso sustituyen a las penas privativas de libertad; no es una alternativa -reinserción o pena privativa de libertad- sino que las penas privativas de libertad y las medidas de reinserción o los programas puestos a disposición
de favorecer la reinserción y reeducación social de los penados son medidas complementarias. De hecho, señorías, existe una gran diversidad de planes de reinserción social para diferentes colectivos de presos; por ejemplo, violencia de género y
ámbito doméstico; programas de reinserción para agresores sexuales, para drogodependientes, para ludópatas, etcétera. Pero esta obligación legal a la que me he referido, que se deriva directamente de la Constitución, cobra especial importancia
para los internos vinculados a bandas terroristas y a organizaciones criminales, ya que la mera existencia de la organización de referencia dificulta esos procesos de reinserción al tratar de mantener la cohesión y disciplina de sus miembros aunque
estos estén cumpliendo condenas en prisión. En ese contexto cobraba especial sentido disponer de un plan adecuado de reinserción para presos terroristas y vinculados con el crimen organizado. La existencia de este plan concreto dota de seguridad
jurídica y de transparencia al sistema y a la política penitenciaria y atribuye una mayor eficacia al sistematizar los requisitos y elimina todo elemento de arbitrariedad y discrecionalidad por parte de la Administración. Y por supuesto este
programa no modifica en ningún caso los requisitos que los internos tienen que cumplir para tener acceso a los beneficios penitenciarios tasados en la ley, Código Penal y legislación penitenciaria, que, como saben sus señorías, son: desvinculación
de la organización, petición de perdón, resarcimiento del daño civil y colaboración con las autoridades. He querido extenderme someramente en este punto porque había una petición de comparecencia que de forma específica aludía a este programa.


A continuación, y siguiendo claramente con el tema que estoy tratando en este apartado, quiero hacer, por su actualidad, una referencia a la llamada doctrina Parot. No quería dejar de mencionar que el pasado 10 de julio el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por haber aplicado la denominada doctrina Parot a la miembro de ETA Inés del Río Prada. Esta sentencia fue recurrida por el Gobierno de España y va a ser revisada, tras su admisión a trámite, por
la Gran Sala el próximo 20 de marzo. Quiero recordar a sus señorías que la etarra Inés del Río Prada fue condenada por los delitos cometidos entre los años 1988 y 2000 a penas de más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos y 57 intentos de
asesinato entre otros delitos. La doctrina Parot establecida por sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo no representa en ningún caso una ampliación de la pena. El efecto es de política criminal al regular las condiciones legales que permiten la
libertad anticipada y siempre teniéndose en cuenta el principio de reinserción. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en varias sentencias que las cuestiones relacionadas con las políticas de concesión de la libertad, la forma de
aplicarlas y el razonamiento de las mismas forman parte de las competencias de los Estados miembros para determinar su propia política penal, cosa que tuve ocasión de recordar en el Consejo Europeo (JAI) el pasado jueves en Bruselas. Parece, por
tanto, lógico que España y Europa tengan el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos no solo de la amenaza terrorista, sino también de los más peligrosos criminales, tales como los que forman parte de la delincuencia organizada, los
asesinos múltiples o los violadores, que causan una honda preocupación ciudadana. La aplicación generalizada de la jurisprudencia surgida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a raíz del caso Del Río Prada que, por supuesto, el Gobierno en todo
caso acatará, como no podría ser de otra manera, significaría la puesta en libertad de un importante número de los criminales más peligrosos sin haber cumplido gran parte de las penas impuestas, con las graves consecuencias que esto conllevaría para
la seguridad pública, además de la alarma social que causaría. Quiero señalarles a continuación algunos de los condenados terroristas o por delitos comunes que serían excarcelados necesariamente si esa doctrina Parot fuera revisada el próximo día
20. En lo que hace referencia, por ejemplo, a presos de ETA a los que se ha aplicado la doctrina Parot, con delitos más graves, quiero decirles que algunos de ellos han sido

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responsables de aparatos de la organización terrorista, habiendo ordenado numerosos atentados de la macabra historia de ETA, como Baldo, Mamarru o Santi Potros. Otros han sido integrantes de comandos con una actividad criminal muy intensa.
Domingo Troitiño cometió el atentado contra Hipercor con el resultado de 21 muertos y más de 40 heridos. Inmaculada Noble Goicoetxea, integrante del comando Madrid con el huido José Ignacio de Juana Chaos, entre otros muchos cometió el atentado del
año 1986 en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, con el resultado de 12 guardias civiles muertos. Antonio López Ruiz, alias Kubati, 8 asesinatos, entre ellos el de María Dolores González Kataraín, Yoyes, y el secuestro del empresario
Jaime Caballero. Ignacio Erro Zazu, comandos Nafarroa y Donosti, 8 asesinatos. José Félix Zabarte Jainaga, responsable del comando Vizcaya en los años ochenta, que cometió 15 asesinatos, entre ellos el de la mujer embarazada de un miembro de la
Policía Nacional en abril de 1983. Podría seguir, así cuando estamos hablando de violación de derechos humanos. Y si hablamos de condenados no pertenecientes a la organización ETA, hasta la fecha la doctrina Parot se ha aplicado a 37 condenados, a
7 miembros del Grapo, a 2 miembros del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego, a 2 del GAL y a 24 narcotraficantes reincidentes con delitos graves. Entre las personas que están cumpliendo condena, a quienes se ha aplicado la doctrina Parot -que
serían excarcelados necesariamente en su caso-, tenemos a Pedro Luis Gallego Fernández, el llamado 'violador del ascensor', que fue condenado por 18 violaciones y 2 asesinatos; Pablo Manuel García Ribado, de 'los violadores del portal', dos
mecánicos de Madrid con 50 ataques a mujeres y resultados de violaciones, lesiones y robos; Miguel Ricart Tárrega, el asesino de las tres niñas de Alcàsser; Pedro Antonio Seco Martínez, 'el asesino de Villarrobledo', que es un asesino en serie
-tres consecutivos-; Félix Vidal Anido, 'el violador del estilete', en Hospitalet de Llobregat, detenido en Alcalá de Henares cuando prestaba el servicio militar: 56 delitos con cinco violaciones consumadas; Joaquín Villalón Díaz, tres
asesinatos, primero a su mujer y, posteriormente, a otras dos personas a las que asesinó cuando se encontraba cumpliendo condena en régimen abierto por el primer asesinato.


Podría continuar, señorías, pero lo que quiero poner de manifiesto es que cuando el Gobierno ha recurrido esa sentencia lo ha hecho, en primer lugar, porque considera que es su competencia y, en segundo lugar, porque considera que condenar
al Gobierno de España por violar los derechos humanos en la aplicación de las condenas a personas que han sido juzgadas y condenadas por tribunales españoles -que por su propia naturaleza son tribunales democráticos y que han interpretado y aplicado
leyes que, por su propia naturaleza, son leyes democráticas-, y que tendría como resultado poner en libertad, habiendo cumplido mucho menos de treinta años de prisión, a personas que tenían condenas de centenares e incluso miles de años, entre las
que ya he citado algunas, me parece que es algo que no se merece la sociedad española ni el Estado español. (Aplausos). Y, además, que digan que tenemos que pagar 30.000 euros por haber violado derechos humanos nos parece sinceramente que es una
ofensa al pueblo español. Por supuesto -repito-, acataremos la sentencia, pero cuando esas personas sean excarceladas, en su caso, pondremos de manifiesto quiénes han estado defendiendo que el hecho de que esas personas siguieran en prisión
significaba una violación de los derechos humanos, porque de la alarma social que causará, en un Estado y una sociedad democrática, tienen que responder los que apoyan esos hechos que después causan esa indignación y esa alarma en la ciudadanía.


En el tercer apartado paso, señorías, a aludir -también fue motivo de mi anterior comparecencia y había una petición de comparecencia mía que hacía referencia a esta cuestión- a la evolución de la criminalidad en el pasado año 2012. En la
comparecencia ante esta Comisión el 31 de enero del pasado año, anuncié que el ministerio tenía como objetivo para esta legislatura dar transparencia a sus estadísticas e informaciones. Fruto de dicho compromiso, el Ministerio del Interior ha
actuado modificando el sistema estadístico criminal, introduciendo, además de los indicadores Eurostat -cinco indicadores, como saben-, aquellos relativos a las tipologías criminales con mayor incidencia en nuestro país y que son, concretamente: la
cifra total de delitos y faltas, los homicidios dolosos y asesinatos consumados y, en tercer lugar, la delincuencia y violencia; podemos añadir, por otra parte, los robos con fuerza, la sustracción de vehículos a motor, el tráfico de drogas, los
daños y los hurtos. Además, con la finalidad de alcanzar este objetivo de transparencia -cuando yo lo decía, el 31 de enero del año pasado, no había tanta sensibilidad incluso como la que hay en estos momentos, plenamente justificada, por otra
parte-, ya ha comenzado a actuar el Ministerio del Interior, puesto que ya publicamos en la página web del ministerio los datos de criminalidad con periodicidad trimestral. La mayor precisión y objetividad de la nueva metodología, que es Eurostat,
puede tener como consecuencia que los balances que se presenten en los próximos años reflejen un incremento de las cifras de criminalidad en algún ámbito. Sin embargo, el objetivo del Gobierno

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no es disfrazar, como es obvio, las cifras sino aportar información veraz y contar de esa manera con los elementos necesarios que permitan conocer la verdadera incidencia de la delincuencia en España y, con ello, estar en condiciones
precisamente de adoptar las medidas más adecuadas para combatir eficazmente el crimen en todas sus modalidades.


Por otra parte, la Secretaría de Estado de Seguridad acaba de aprobar, el 31 de enero de este año, una instrucción por la que se regula la elaboración del sistema estadístico de criminalidad que, hasta ahora, no estaba sujeto a ninguna norma
concreta. En cuanto al año 2012 -huyendo de todo triunfalismo, por supuesto-, creo que podemos calificarlo como un año que no ha sido malo para España -estoy hablando lógicamente desde el punto de vista de la criminalidad- y, lo que es más
importante, que ha sido malo para los delincuentes y, en consecuencia, razonablemente bueno para los ciudadanos -insisto, desde el punto de vista de su seguridad y de la criminalidad-, puesto que el balance final que arroja el informe sobre la
criminalidad de 2012, a pesar de los datos de alguna concreta tipología penal, es positivo, como digo, y viene a constatar que la incidencia de la criminalidad en España se mantiene entre las más bajas de la Unión Europea. Tasas de criminalidad
Eurostat. Delitos y faltas por cada mil habitantes: se sitúa en el 48.0, inferior en 4 décimas a la tasa de criminalidad de 2011 y 9 décimas menor a la de 2010. En el año 2012 se han registrado en España un total de 2.268.665 delitos y faltas, lo
que constituye un descenso de un 0.7% respecto al año anterior. Quiero decir, señorías, que disponer de una metodología más precisa y exacta permite sin duda luchar de forma más concreta contra los delitos que menoscaban nuestra seguridad. En esa
línea, por ejemplo, la detección del notable aumento de los robos con fuerza en los domicilios -incremento que, en parte, ha sido debido a modificaciones metodológicas- ha provocado la inmediata adopción de diferentes iniciativas, como la puesta en
marcha en diciembre pasado de planes concretos por parte de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para luchar más eficazmente contra esos delitos o la campaña de comunicación que a esos efectos será lanzada la próxima Semana Santa.


Más allá de las consideraciones anteriores, en el ámbito de la criminalidad creo que no me equivoco si afirmo, señorías, que compartirán conmigo que la corrupción es, a día de hoy, una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad.
A esos efectos, me parece importante poner de manifiesto los siguientes datos: en primer lugar, quiero señalarles que la corrupción no está tipificada como tal en el Código Penal y, por tanto, cuando se habla de corrupción desde el punto de vista
de criminalidad, se trabaja con una lista de delitos que se considera que, a efectos de análisis, tienen un alto grado de vinculación a casos de corrupción. Esa relación de delitos es la siguiente: cohecho, corrupción entre particulares,
corrupción de funcionario extranjero, malversación de fondos, negociación prohibida a funcionarios, ordenación del territorio, prevaricación administrativa, prevaricación judicial y tráfico de influencias. Insisto, estos son los delitos que, a
efectos de análisis, se vinculan con la corrupción, porque -repito- la corrupción, como tal, no está específicamente tipificada en el Código Penal. Pues bien, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía, prácticamente en el ámbito de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el número total de investigaciones activas relacionadas con casos de corrupción asciende en estos momentos a un total de 59 investigaciones. Y si
analizamos por el año de inicio de las mismas, veremos que se desglosan de tal suerte que desde 2012 y a fecha 6 de marzo -o sea, prácticamente el periodo de vigencia del actual Gobierno y, por tanto, también de quien les habla en su responsabilidad
actual-, de esas investigaciones activas, el 61% han sido abiertas en el periodo de vigencia de sus tareas por parte de este Gobierno. En el año 2012 se abrieron 26, vinculadas con corrupción, que representan el 44% del total abiertas. En lo que
llevamos de 2013, 10, que representan el 17%. Se observa, por tanto, que el mayor porcentaje corresponde a las investigaciones iniciadas en 2012 y en los dos meses y pico que llevamos de 2013, que significan, del total de las 59 investigaciones
abiertas, en cifras absolutas, 36 y representan el 61% en términos porcentuales del total de investigaciones abiertas; tengo que señalar que mayoritariamente pertenecen al ámbito local y al ámbito provincial. Los delitos relacionados con
corrupción de estas investigaciones -me estoy refiriendo ahora al Cuerpo Nacional de Policía- son principalmente el cohecho, la malversación de fondos y la prevaricación administrativa. Estos tres delitos acumulan el 76% de la actividad delictiva
relacionada con la corrupción.


En cuanto a las personas encartadas que figuran en estas investigaciones abiertas, tengo que decir que son un total de 1.110 pertenecientes a diversas nacionalidades, siendo -como es obvio- los españoles los que acumulan un mayor porcentaje:
el 70% de los investigados. En cuanto al número de detenidos vinculados con investigaciones abiertas relacionadas con corrupción en los términos que les

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vengo señalando, ascienden a un total de 311. La mayoría de las detenciones se han producido en el año 2012 y en lo que llevamos del año 2013. En particular, en el año 2008 fueron detenidas por el Cuerpo Nacional de Policía por delitos
vinculados con corrupción 86 personas; en el año 2009, 15; en el año 2010, una; en el año 2011, 25; en el año 2012, primer año de gobierno del Partido Popular, 148; en el año 2013 hasta el 6 marzo -estoy hablando de personas detenidas por
delitos vinculados con corrupción-, 36. Si hablamos de investigaciones abiertas vinculadas con casos de corrupción practicada por grupos de delincuencia organizada, son en estos momentos ocho. Estos ocho grupos de crimen organizado tienen
asociadas nueve investigaciones activas. La primera investigación sobre uno de los ocho grupos de delincuencia organizada fue abierta en el año 2008; anteriormente no había ninguna. En el año 2009, se abrieron tres; en el año 2012, tres; y en
lo que llevamos del año 2013, una. La especialidad delictiva asociada a los grupos criminales es fundamentalmente el cohecho, que representa el 41% del total; la malversación representa el 24%; el tráfico de influencias, el 18%; y la
prevaricación administrativa, el 18%.


Eso en lo que hace referencia al Cuerpo Nacional de Policía, pero si aludimos a la Guardia Civil veremos que hay un paralelismo prácticamente total. En las operaciones abiertas contra la corrupción por parte de la Guardia Civil consta un
total de 112 operaciones activas de diferente entidad vinculadas con la corrupción en estos momentos. Como no puede ser de otra manera, en la Guardia Civil se consideran delitos vinculados con corrupción los mismos que antes les cité: cohecho,
prevaricación, delincuencia urbanística, etcétera. Del total de 112, cuatro se abrieron en el año 2008 y siguen abiertas en la actualidad; 2 en el año 2009; 8 en el año 2010; 20 en el año 2011; 58 en el año 2012; y en lo que llevamos del año
2013, 20. En total son 112, de las cuales 58 se abrieron en el año 2012 -primer año de gobierno del Partido Popular- y 20 en los dos meses y días que llevamos del año 2013. No consta ninguna operación activa con fecha de apertura anterior al año
2008 en el ámbito de la Guardia Civil.


Paso a continuación, señorías, abordar el siguiente punto del orden del día, relativo al informe-borrador atribuido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la
Policía. Daré cuenta en primer lugar de la sucesión cronológica de hechos que se han producido en el ámbito de la Dirección General de la Policía y, especialmente, en el marco de la investigación encargada por mí mismo a la Unidad de Asuntos
Internos desde la publicación del citado informe-borrador realizada el pasado 16 noviembre de 2012. Ese mismo día se publicó una información en la que se daba cuenta de un documento calificado como borrador pendiente de registrar correspondiente a
un borrador o informe policial cuya autoría se atribuía a funcionarios policiales de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial y en cuyo texto se hacía referencia a la titularidad de cuentas bancarias en el exterior, a autoridades y
políticos catalanes fundamentalmente, al tiempo que se identificaban acciones presuntamente delictivas relacionadas con el cobro de comisiones y el blanqueo de capitales recogidas, entre otros sumarios, en el de la financiación ilegal del Palau de
la Música actualmente en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Ese mismo día viernes 16 de noviembre ordené por escrito a la Dirección General de la Policía iniciar una investigación sobre la citada información
publicada para depurar, en su caso, las responsabilidades en que se hubiese incurrido en vía disciplinaria. El lunes 19 noviembre el director adjunto operativo de la policía, a las nueve y media de la mañana convocó al jefe de la Unidad de Asuntos
Internos y al comisario general de Policía Judicial para mantener una reunión al objeto de poner en marcha la investigación interna que yo había ordenado. El director adjunto operativo ordenó a los mandos policiales que dieran la máxima prioridad a
esta investigación y que a la mayor brevedad le informaran sobre todos los documentos de trabajo, minutas o informes que pudieran estar relacionados con las investigaciones a las que se refería dicha información periodística. En la tarde de ese
mismo día lunes 19 de noviembre se celebró una segunda reunión con el jefe de asuntos internos a las dieciocho horas para dar cuenta de las primeras averiguaciones. El 22 noviembre se remitió oficialmente un primer informe de la Unidad de Asuntos
Internos acompañado de los anexos I y II en el que se afirmaba que el denominado informe-borrador no constaba entre la documentación recibida hasta esa fecha y que se apoyaba principalmente en el informe de avance número 2 de la Agencia Tributaria
en el cual se fundamentaban a su vez los informes de la UDEF realizados hasta el 24 mayo de 2012 en relación con el llamado Palau de la Música con registros de salida 38.020 y 49.212.


El viernes 23 de noviembre -quiero recordarles que era el último día de la campaña electoral de las elecciones autonómicas que, como saben, se celebraron el 25 noviembre- el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, don José
Manuel Sánchez Fornet, ofreció una rueda de prensa en la que entregó a los medios de comunicación el texto del borrador del informe policial y aseguró que lo habían facilitado -cito literalmente- policías indignados que consideraban que había mandos
policiales que

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impedían el avance de las investigaciones sobre corrupción cuando estaban implicados cargos públicos y responsables políticos. El propio señor Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, en una entrevista
publicada el día 25 de noviembre afirmó que el informe estaba en la UDEF y que podía llevar ya dos o tres meses en una carpeta con otro tipo de documentos del denominado caso Palau. El lunes 26 noviembre el director adjunto operativo de la policía
informó de la apertura de una información reservada sobre el Secretario General del SUP como es lógico en relación con esa rueda de prensa y con esa información que dio, que posteriormente derivó en la incoación de un expediente disciplinario cuya
instrucción ha concluido y se encuentra actualmente en fase de alegaciones del presunto infractor. En dicho expediente se han investigado las circunstancias por las que secretario general del SUP tuvo acceso al mencionado borrador, quién se lo
entregó y, en su caso, quién es el autor del mismo, al objeto de exigir las responsabilidades que procedan en vía disciplinaria o, en su caso, judicial. Hasta el día de hoy el secretario general del SUP se ha negado a revelar la fuente que le
facilitó el borrador, por lo que el expediente disciplinario determinará las responsabilidades en que haya podido incurrir.


La Unidad de Asuntos Internos continuó informando de las diferentes investigaciones y de los distintos documentos que, de un modo u otro, guardaban relación con el contenido de la publicación periodística. En concreto, la información es la
siguiente. En fecha 27 de noviembre de 2012 se remitió informe consistente en anexo III al informe inicial en el que se da cuenta de una investigación registrada inicialmente con un número del que les hago gracia por ser muy complejo y relacionada
con otro informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, todo ello en relación con la empresa Europraxis Group. En esa misma fecha 27 de noviembre de 2012 se remitió al Ministerio del Interior desde la Unidad de Asuntos
Internos el anexo IV al informe inicial relativo a la investigación ordenada por quien les habla el día 16 noviembre, día en que se publicó el informe-borrador. Ese anexo es relativo a la investigación realizada en el seno de las diligencias
previas 3761/2012 de las que conoce el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, así como otras investigaciones relacionadas con la empresa Alta Partners y otras sociedades, incluyendo información procedente de testigos protegidos y relacionada con
la titularidad de cuentas en la entidad HSBC en Suiza que, por razones obvias, no puede ser objeto de mayor concreción en estos momentos por estar en avanzado estado de judicialización, pero que me fue remitida por la Unidad de Asuntos Internos en
fecha 27 de noviembre.


Con fecha 29 de noviembre de 2012 se remitió a quien les habla el anexo V al informe inicial, dando cuenta de líneas de investigación abiertas como consecuencia de declaraciones de testigos y otras fuentes, en las que se hacía referencia a
posiciones financieras en diferentes entidades bancarias fuera de España y su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales y el blanqueo de capitales. Dicha información se encuentra en estos momentos judicializada y pendiente, por lo
tanto, de las correspondientes actuaciones en fase de instrucción.


El 10 de diciembre de 2012, la Unidad de Asuntos Internos remite escrito de conclusiones preliminares en el que afirma lo siguiente: Los funcionarios que componen los distintos grupos que de una u otra manera han tenido conocimiento de las
informaciones que aparecen en el escrito informe-borrador, todos y cada uno de ellos han negado su participación en el mismo, siendo por ahora difícil dirimir si tal negativa se debe a que realmente nadie ha intervenido en su elaboración o, por el
contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello por parte de esta Unidad de Asuntos Internos. Asimismo, dichas conclusiones preliminares me señalaban que, a partir de la polémica
suscitada con la publicación del citado borrador, se ha recibido información referida a las presuntas irregularidades recogidas en el mismo que por el momento están siendo objeto de comprobación y estudio y que, en su caso, podrían remitirse a la
autoridad judicial si aportaran información suficiente sobre el asunto. Con estos antecedentes paso ahora a dar cuenta de las conclusiones alcanzadas por la Unidad de Asuntos Internos en escrito del próximo pasado 9 de marzo.


Primero, el informe-borrador no se corresponde de manera exacta o literal con ningún documento oficial elaborado en el seno de la investigación sobre el caso Palau por parte de la UDEF central, si bien el contenido del denominado
informe-borrador vertebra una parte de la correspondiente investigación policial que sigue activa en todo lo relacionado con las informaciones pendientes de comprobación. Segundo, el informe borrador contiene datos que proceden del informe de la
UDEF central 38.020, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el 20 de abril de 2012, así como datos derivados de las conclusiones finales del informe 49.212 de la UNEF, de 24 de mayo de 2012, y del informe pericial del
administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Tales datos -sigue el informe final de la Unidad de Asuntos Internos que me ha sido remitido hace tres días-

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explicarían parcialmente el contenido de la información publicada por la prensa, que podría tener como complemento otros informes judicializados en otros sumarios y aportaciones de informadores, declaraciones de testigos y otro tipo de
escritos. Las cuestiones de legalidad, la propia dinámica, complejidad y reserva de este tipo de investigaciones impiden facilitar más datos que pudieran entorpecer el futuro desarrollo de las mismas. Tercero -sigo diciendo las conclusiones
definitivas que me trasmite la Unidad de Asuntos Internos-, es práctica habitual de las unidades policiales la elaboración de escritos borradores donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos
grupos policiales, si bien es cierto que solo terminan finalmente judicializados si los jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes para ponerlas a disposición de la autoridad judicial. Cuarto, aunque
en apariencia el referido informe-borrador pudiera infundir la sospecha de que procede de la UDEF central, de la Comisaría General de Policía Judicial, en atención a la diversa procedencia de los datos contenidos en el mismo y a que una parte de la
información procede de fuentes abiertas y de datos contenidos en otros informes y declaraciones, en definitiva, información accesible a un elevado número de funcionarios policiales, no es posible por el momento concretar cualquier responsabilidad en
su elaboración y difusión dentro del ámbito del Cuerpo Nacional de Policía sin perjuicio del expediente disciplinario incoado contra el secretario general del Sindicato Unificado de Policía.


Permítanme, señorías, que les traslade ahora, tras esta exposición de hechos y conclusiones, algunas reflexiones adicionales. En primer lugar, a propósito de las filtraciones quiero insistir en que se trata de una práctica en mi opinión
censurable y merecedora del más enérgico reproche y la más estricta reacción que permite el ordenamiento jurídico. Es evidente que las filtraciones las hemos padecido todos los partidos políticos, todos sin excepción, en diversos momentos y en
todos los casos son igualmente rechazables. En segundo lugar, en relación con la actuación de las unidades de policía judicial, tengo el deber de subrayar la profesionalidad y buen hacer del Cuerpo Nacional de Policía en general, y muy en
particular de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. De hecho, y como ya he mencionado hoy en día, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un total de 59 investigaciones activas relacionadas con casos de corrupción, de las cuales el
mayor porcentaje corresponde, como les he dicho, a las investigaciones iniciadas el pasado año y lo que llevamos de año 2013. Se ha elaborado y puesto en marcha, además, un ambicioso Plan de acción contra la delincuencia económica y el blanqueo de
capitales con el que se quiere mejorar la respuesta operativa contra todos los fenómenos delictivos emergentes, especialmente los delitos contra los intereses públicos del Estado, contra el blanqueo de capitales y contra las actividades delictivas
complejas relacionadas con la corrupción. Quiero anunciarles, finalmente, que la Dirección General de la Policía ha impulsado la publicación de un código ético.


Señorías, tengo previstos algunos temas más, pero dado que creo que ya he abusado demasiado de su atención, lo dejo para en su caso contestar a las preguntas que me pudieran formular. Solo quiero decirles que lo que quedaba pendiente de
lectura por mi parte tiene que ver con el ámbito de la protección civil, con el nombramiento de altos cargos, con algunas de las peticiones de comparecencias solicitadas y con la actividad internacional del ministerio que tiene mucho que ver con la
lucha contra el terrorismo, singularmente el terrorismo de ETA y el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista, la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra la criminalidad organizada y la lucha contra el tráfico de seres humanos.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Naturalmente quiero agradecerle la concisión, en este caso, aunque le anuncio que evidentemente dispone de una segunda e incluso una tercera y última intervención, en la que si hay alguna materia que se suscita con
especial interés estoy seguro de que podrá dar cumplida respuesta.


Tal y como les anunciaba daremos comienzo al turno de grupos, empezando por el Grupo Mixto. Se halla presente en la sala el señor Urbina; no veo al señor Salvador, luego entiendo que no procede compartirlo, por lo que dispone de un tiempo
de diez más dos minutos tras los que se encenderá la luz. Señor Urbina, cuando guste.


El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor ministro, lo decía usted al comienzo de su intervención, en la comparecencia que usted hizo hace catorce meses en donde decía que la premisa previa sigue vigente. Es cierto, fundamentalmente dedicaré mi
intervención a lo que ha denominado usted como la lucha contra ETA. En este aspecto, le diría que poco nuevo nos ha contado. Es cierto que usted ha aludido a un aspecto que desde hace precisamente año y medio ha modificado en parte la cuestión
referida a la lucha antiterrorista, que es el cese de la actividad armada por parte de ETA. Usted lo ha aludido, es cierto, pero

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posteriormente cuando desarrolla usted cómo afrontar, cómo trabajar esta materia, realmente podía ser un discurso que se hubiese realizado hace diez o veinte años, porque a ese nivel creo, señor ministro, que usted no tiene en consideración
la dimensión del escenario que se abrió a raíz de esa declaración en Euskal Herria.


Le diría más, creo que la actitud que está manteniendo usted y que está manteniendo su Gobierno con relación a esta cuestión en Amaiur nos parece absolutamente intolerable. Porque no solo no se han movido un ápice en esta cuestión, y cuando
digo mover un ápice me refiero a contribuir a la consecución, a la consolidación de ese escenario que se ha abierto en Euskal Herria, un escenario de paz justa hacia un escenario de democracia, sino que además ustedes -usted en concreto y no hace
mucho, precisamente la semana pasada- se jactan de no haber dado ni un solo paso en esta materia. Como le decía, incluso hacía usted referencia a que en su vocabulario no existía la palabra proceso de paz, así como alguna otra mención que más
parece ir encaminada a saciar o a apaciguar a los sectores más ultras de su partido y de la sociedad española que verdaderamente a afrontar una cuestión que tiene una envergadura importante, y es que, señor ministro, no tengo la menor duda de que
usted también sabe que lo que quiere la sociedad vasca es la paz.


Por eso, y teniendo en cuenta la actitud que están manteniendo usted y su Gobierno, le quería preguntar si cree que si esta hubiese sido la actitud que hubieran mantenido el Gobierno de Gran Bretaña o el Gobierno de Sudáfrica se habría
llegado a donde se ha llegado en esos países, o en concreto si cree que en Sudáfrica se habría conseguido la paz, porque por la valoración o la respuesta que parece desprenderse de la actuación que está llevando a cabo su Gobierno en esta materia
parece que ustedes no quieren solucionar el problema, un problema político, parece que no quieren la paz, señor ministro. Siguen ustedes anclados en códigos de guerra, en códigos de imposición militar en Euskal Herria, y eso se denota hoy también
aquí de su intervención. El escenario que está abierto, como le decía al principio, en Euskal Herria, es un escenario de solución, de resolución, señor ministro, de reinstauración de la democracia en Euskal Herria.


Por eso ustedes no quieren atender a ETA y hacía referencia al tema del desarme. Hasta donde yo sé, de manera pública ETA ha mostrado su voluntad de desarmarse; es más, hizo un llamamiento expreso a su Gobierno en este sentido. Otra
cuestión es la actitud que ustedes han mantenido con relación a la misma. Pero tampoco quieren atender a la demanda de la sociedad vasca, no quieren atender a los facilitadores internacionales ni a expertos en resolución de conflictos porque esto
les pondría ante el espejo. Lo que transmite, lo que dice el espejo es que existe un evidente déficit democrático en el Estado español con relación al respeto a la palabra y a la decisión de la ciudadanía vasca. Por eso ustedes niegan la mayor -lo
decíamos el otro día durante el debate sobre el estado de la Nación-, niegan la existencia de un conflicto, de un problema, de una disputa política que viene de la imposición por parte del Estado español hacia Euskal Herria. Lo niegan a pesar de
que una mayoría, no solo ya en Euskal Herria, una mayoría también en el Estado y cada vez mayor, es consciente de que existe un problema. Ustedes mismos son conscientes, aunque lo nieguen; usted lo dijo en un Pleno, ¿lo recuerda, señor ministro?


Asimismo, y entro en la cuestión que refería usted en segundo lugar, la política penitenciaria, ese espejo al que aludía dice que siguen vulnerando derechos fundamentales de las personas presas. Usted, concretamente la semana pasada y hoy
aquí, hace además apología de esa vulneración del derecho en concreto a la libertad, señor ministro. Hacía referencia en materia de política penitenciaria al Plan de reinserción. En este sentido, simplemente quiero referirme a dos cuestiones con
relación al mismo sin profundizar mucho más, dos cuestiones que son fundamentales y que creemos que son la clave para abordar también la cuestión de las personas privadas de libertad, de los presos vascos. En su fórmula, en el Plan de reinserción,
faltan dos ingredientes vitales y que de manera intencionada -así se desprende de su propia intervención- se dejan al margen. Una es el hecho de que los derechos se cumplen, se respetan y no están sometidos a ninguna otra condición. No lo pueden
estar, no lo pueden estar. Los presos, así lo establece el reglamento -así lo establece el propio espíritu del Código Penal y del reglamento penitenciario-, deben cumplir las condenas impuestas lo más cerca posible a su lugar de residencia con un
objetivo muy claro, señor ministro, y es el que se desprende claramente de la ley. En cualquier caso hablamos no de legalidad -que también-, sino de respeto a derechos. Decía que había dos cuestiones, una es la que acabo de comentar y diría que la
segunda podría ser el ingrediente mágico -por lo menos es el ingrediente que se ha utilizado en el resto del mundo en conflictos de esta naturaleza; denomínenlo como quieran- en las disputas y conflictos como los que se han vivido en los últimos
años en este país. Me refiero a una terminología clave: proceso de resolución del conflicto, señor ministro.

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Como decía, es el ingrediente mágico, es el ingrediente que se ha utilizado, el criterio internacional para afrontar lo que tenemos en este momento ante nosotros. Estos dos ingredientes faltan en ese Plan de reinserción y creemos que son
fundamentales; también creemos que no es casual que falten ambos.


Por último, también en relación con lo que denominaba política penitenciaria y con el primero de los ingredientes a los que hacía referencia, es que los derechos se respetan. Ha hecho una mención expresa y extensa en lo que ha ocupado su
intervención sobre la lucha contra ETA de la doctrina Parot. Como le decía antes, lo que realmente está haciendo usted es una apología de la vulneración del derecho fundamental a la libertad, y no lo ha hecho solo aquí hoy sino que lo hizo también
la semana pasada en el Consejo de Europa, una intervención que creemos absolutamente intolerable en ese sentido. Básicamente de su intervención en el día de hoy, y con todos los datos que nos ha ofrecido, ha venido a plantear -o eso ha entendido
este portavoz- que como los delitos cometidos por estas personas son muy graves está justificada su vulneración del derecho fundamental a la libertad. Esto se desprende básicamente de su intervención, señor ministro, y a este nivel la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos es tajante y evidente, y mi pregunta es clara: ¿Por qué no han cumplido todavía esa sentencia, puesto que no da lugar a la duda? Entre lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
-vulneración del derecho a la libertad- y lo que plantea usted aquí y se plantea como fundamento en el recurso interpuesto ante la Gran Sala -falta de competencia-, señor ministro, hay una clara distancia. Entendemos claramente que debe priorizarse
el derecho fundamental a la libertad.


Decía, además, y voy finalizando...


El señor PRESIDENTE: Siento que sea el primero, pero es el que va a marcar la pauta y no quiero discriminaciones respecto a ningún grupo. Ha cumplido los dos minutos. Gracias, señor Urbina. Dispondrá en cualquier caso de un segundo
turno, con la duración prevista.


Tiene la palabra a continuación el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradecería que si me excedo en el uso de la palabra realice las admoniciones que con tanta elegancia usted suele realizar.


El señor PRESIDENTE: Desde la vieja amistad que nos asiste lo haré.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Usted es conocedor de mi propensión a cierta exhuberancia verbal que pretendidamente no se corresponde con un valor antropológico de los vascos, que me dedico a pulverizar sistemáticamente.


Señor ministro, tenía una pregunta planteada que hay que amplificarla, dada la dimensión de su intervención. Usted ha presentado nada menos que un nuevo programa de gobierno. Su intervención en la mañana de hoy se parece más a esas
comparecencias que se realizan al inicio de la legislatura que a las cuestiones atinentes a las preguntas hechas por los distintos grupos parlamentarios. No podemos obviar algunas de las cuestiones que configuran la cotidianeidad política en este
momento de forma particularmente perversa. Se ha referido en último o anteúltimo lugar a la corrupción. Me parece muy bien que se haya referido a la corrupción y además se haya referido a la corrupción con valentía, entre otras cosas porque la
corrupción, señor ministro, es en este momento, según el último barómetro del CIS, el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos del Estado español; antes era el tercero, ahora es el segundo y si las cosas siguen como van, terminará siendo
el primero, suponiendo que sea posible emular este problema con 6 millones de desempleados, que es lo que evidentemente más preocupará siempre a los ciudadanos.


En todo caso, le hago una reflexión: cuarenta y seis jueces decanos, que son los cuarenta y seis jueces decanos que existen en el Estado español, han afirmado rotunda y enfáticamente que la corrupción en el Estado español es sistémica, es
decir, está vinculada estructuralmente al sistema político. A mí me parece una expresión exagerada, lo que pasa es que la exageración cuando es pronunciada por personas con esta relevancia no solo jurídica o no solo política en el sentido
aristotélico del término, sino con esta relevancia simbólica, cuando cuarenta y seis jueces decanos -todos los existentes en el Estado español- hacen una afirmación así, los responsables políticos nos debemos preocupar en serio con la corrupción.


Usted ha citado el primer problema al que habría que enfrentarse, que la corrupción como tal, el injusto penal de corrupción no existe en nuestra norma penal, no existe en el Código Penal del año 1995 ni en las reformas posteriores del año
2003 y del año 2010. Lo que no ha dicho es si le gustaría que existiera. ¿Por qué le pregunto si el delito de corrupción, que tendría que transformarse en un injusto que

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mencione o que dicte algo parecido al enriquecimiento injusto o ilícito de los partidos políticos o el enriquecimiento injusto o ilícito de los responsables políticos o de los militantes de los partidos políticos, deberían ser tipos
incardinables en la reforma del Código Penal que su Gobierno está preparando? Nos gustaría conocer su opinión. ¿Por qué se lo digo? Porque no es una cuestión técnicamente pacífica. Hay una moción que se va a debatir esta tarde sobre la
tipificación de estos delitos que desde una perspectiva técnica jurídico-penal me suscita dudas, porque cuando el enriquecimiento de un partido político o el enriquecimiento de un responsable político es ilícito, es injusto, seguramente es porque ha
cometido alguno de los delitos que usted ha desglosado o ha cometido un delito de cohecho o ha cometido un delito de prevaricación o ha cometido un delito de tráfico de influencias o alguno de los demás. Yo no sé hasta qué punto es necesario ubicar
un tipo penal cualificado específico que haga referencia a la corrupción política. Todos los tipos que usted ha citado son delitos de corrupción política, incardinables en el concepto, metajurídico, si quiere, de corrupción política.


Luego la extensión acometida en una reforma reciente a los partidos políticos y organizaciones sindicales de los actos ilícitos cometidos por sus afiliados también me parece algo delicado y discutible, técnicamente discutible. Ustedes
votaron que sí a una proposición de UPyD, del partido de la señora Díez, que va a defender la moción esta tarde, acogiendo la reforma del año 2010, la primera norma penal que atribuía responsabilidad a las personas jurídicas, pero a personas
jurídicas que instrumentalmente se configuren para la comisión de delitos de corrupción política, no a todas las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque se vulneraba un aforismo ya viejo en el derecho penal, que es el consistente en afirmar que
societas delinquere non potest, las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir, tienen que delinquir las personas físicas. Esa extensión a la totalidad del partido político de los delitos cometidos por uno de sus militantes, ¿qué
consecuencias tiene? A mí me extrañó mucho el voto favorable, cuando en el año 2010 el Partido Popular votó en contra de esta reforma y de la atribución de responsabilidad incluso a las sociedades o a las personas jurídicas creadas
instrumentalmente para la comisión de delitos. Me imagino que no podrá ingresar en prisión una sociedad, salvo que usted conozca algún método o la UDEF o el Cuerpo Nacional de Policía le haya explicado algún método sobre cómo proceder al ingreso en
prisión de una sociedad o de una persona jurídica. Pero son cuestiones que debatiremos con más prolijidad. Me gustaría conocer su opinión sobre la necesidad de tipificar mediante un tipo penal cualificado, un injusto penal cualificado y específico
el delito de corrupción.


Lo que no me ha gustado de su intervención, señor ministro -se lo digo honestamente con el afecto que sabe que le profeso-, han sido sus reflexiones sobre la doctrina Parot. La doctrina Parot es una doctrina discutible. Nosotros hemos
manifestado en más de una ocasión que vulnera las previsiones del Código Penal en materia de concurrencia de penas y de acumulación de las penas que se deben cumplir, que se basa en el criterio general de que la pena máxima a cumplir por cualquier
delito no tendrá que superar el triple de la máxima de las aplicadas a ese delincuente, a ese penado, en caso de concurrencia de delitos. Pero además no solo esto, sino que ya la reforma del Código Penal 7/2003 ya estableció el incremento de las
penas a los comitentes de delitos de terrorismo a cuarenta años de cumplimiento efectivo, es decir, el reproche penal para los terroristas no es pequeño en el Estado español, desde luego es de los más altos de Europa y también es de los más altos
del mundo. Pero además es que en la reforma 7/2003 se establece otra previsión, que en el caso de que por aplicación de los beneficios penitenciarios el penado por un delito de terrorismo no cumpla la mitad de la condena impuesta, los beneficios
penitenciarios se aplicarán sobre la totalidad de las penas impuestas. De ahí surge la doctrina Parot, avalada por el Tribunal Supremo de forma sorprendente. Pero no creo que sea pertinente que usted y yo discutamos sobre le adecuación o no al
ordenamiento jurídico-penal de la doctrina Parot. A mí lo que me ha sorprendido notablemente en una persona además de profundas convicciones democráticas como usted es la refutación de la primera sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que ha
declarado la doctrina Parot contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y de una eventual resolución de signo similar que se efectuará con toda probabilidad. No conozco un solo presupuesto, un solo precedente de una deslegitimación de las
secciones por la Gran Sala en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con toda seguridad, la Gran Sala va a realizar la misma formación de la contradicción de la doctrina Parot con la Convención Europea de Derechos Humanos y con el derecho a la
tutela judicial efectiva, tal como está configurada en la Convención Europea de Derechos Humanos, porque sería tanto como negar la validez de la Convención Europea de Derechos Humanos.


Pero sobre todo usted ha realizado una expresión llamativa, ha dicho que usted señalará a las personas que han buscado la tutela judicial efectiva recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos

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Humanos. Yo no sé qué sentido le quiere dar a esta expresión, la palabra señalar, pero usted sabe también que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental en la propia Constitución española y el derecho a la tutela
judicial efectiva se puede suscitar en los tribunales españoles y en los tribunales o en la justicia internacional, en los tribunales europeos. Le aconsejaría, le recomendaría con toda amistad y con toda humildad también que no refute las posibles
decisiones que sobre esta doctrina peculiar decida en su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se dicte sentencia por parte de este tribunal. Usted ha dicho que la acatará con cierta resignación. Pues no, la acatará pero sin
resignación; la acatará, entre otras cosas, porque, seguramente lo que dictamine la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos se va a aproximar más a lo que prevé el propio Código Penal que la aplicación que del Código Penal se está haciendo
avalada por el Tribunal Supremo; con toda seguridad, será así. Usted y yo participamos en el debate del Código Penal del año 1995, lo dos éramos diputados, y sabe que ahí se pactó un equilibrio que en este momento está a punto de vulnerarse, que
es que se establecerían penas muy importantes para determinados fenómenos delictivos, uno de ellos era el terrorismo, pero luego se buscaría el equilibrio compensatorio mediante la posibilidad de acceso a la libertad condicional y la progresión de
grado prevista en la Ley General Penitenciaria y su reglamento; pues esos equilibrios se han roto después en reformas posteriores, particularmente la del 2003.


Dicho esto, en relación con la política penitenciaria, que era el contenido de mi pregunta -y ya acabo, señor presidente-, usted nos ha comentado sencillamente que va a seguir aplicando la ley. Me gustaría una reflexión sobre el contexto en
este momento, en la situación de paz que en este momento es más que una expectativa, es una realidad en Euskadi y en el Estado español. Parece que un responsable político, y sobre todo un responsable político de su dimensión, no debiera estar ajeno
a esta circunstancia. Me han gustado mucho también sus referencias a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y a un problema, que aquí es recurrente y nosotros solemos presentar, relativo a la permisividad de la Ley de Seguridad Ciudadana en el
uso de armas blancas. Con armas blancas se cometen el 80% del total de los delitos que se cometen en el Estado español y, sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana actualmente vigente posibilita o considera legal el uso de armas blancas que posean
menos de 11 centímetros de hoja. Me parece una aberración que debería ser considerada por usted. Quiero decirle en cuanto a la seguridad privada y las empresas de detectives privados que no formen parte de la coyuntura con la que todos estamos
conviviendo de forma tan atribulada y perturbadora, que todos los controles que usted quiera introducir sobre esta materia, serán bienvenidos. Y sobre los CIE, señor ministro, los CIE no son centros de internamiento, no son centros penitenciarios,
pero las características de algunos son peores que los centros penitenciarios más modernos del Estado español. Le pido, por favor, que este tema se lo tome en serio, se lo tome en serio de verdad. Y en cuanto a las policías locales, cualquier
regulación de las policías locales que consista en la mejora de la formación de estas policías en materia de derechos humanos, en materia de protección de los derechos humanos y de las funciones y del principio de legalidad que le corresponde
tutelar y -esta es mi última reflexión, señor presidente- la desestructuración de aquellas policías locales que en algunos municipios son poco más que la guardia pretoriana del alcalde y de algunos concejales, merecerá por parte de nuestro grupo la
adhesión más incondicional que usted se pueda merecer. Dicho lo cual, señor ministro, como las admoniciones del presidente de la Comisión ya están pasando de lo semiótico y se van a convertir en admoniciones verbales, abandono el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Sabe que agradezco desde el afecto más profundo el que se adapten los grupos al tiempo preestablecido.


Tiene a continuación la palabra, por parte del Grupo de UPyD, la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor ministro, por toda su exposición, por los muchos asuntos que ha abordado en la misma, que, lamentablemente, por la lógica reducción del tiempo que tenemos todos los portavoces no voy a poder abordar.
Seguro que tendremos oportunidad en el futuro de abordar cada una de las cuestiones, algunas de ellas novedosas, que usted ha planteado, Y por todas ellas y por su presentación, yo le agradezco su exposición, su prolijidad y su claridad en algunas
cuestiones. Voy a utilizar mi turno para centrarme en dos cuestiones que ha planteado el señor ministro en su intervención, aunque voy a acercarme a ellas de una manera diferente a como el ministro las ha planteado.


Señor ministro, ha insistido mucho en su intervención sobre dos cuestiones: una, la corrupción política; y otra, el fin de ETA, lo que yo llamaré la derrota de ETA y que usted ha llamado el fin, aunque también la derrota. Una primera
reflexión, ministro, por ver si la compartimos, sobre el tema de la corrupción política.

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A mí juicio, a modo de ver de esta portavoz no hay mayor corrupción política que tener una actitud comprensiva hacia ETA en cualquiera de sus expresiones. La mayor corrupción de la democracia en España se produce cuando hay una actitud
comprensiva -insisto- hacia ETA en cualquiera de sus expresiones: hacia la ETA que mata o hacia la ETA que amenaza con matar; hacia la ETA que actuando de testaferro de la que mataba explica que aquello no fue una persecución por parte de una
organización terrorista contra personas inocentes con el objetivo de acabar con la democracia y con las instituciones políticas que representaban la pluralidad, sino que fue producto de un conflicto. Una actitud comprensiva, la mayor de las
corrupciones, hacia aquellos que aún hoy siguen negando la diferencia, inaceptable desde nuestro punto de vista que no sea así, entre los verdugos y las víctimas, hacia aquellos que equiparan verdugos y víctimas como si los dos -insisto- fueran
parte o formaran parte de un conflicto político, víctimas inocentes en ambos casos. La actitud comprensiva hacia todo eso es, a mi juicio, la mayor de las corrupciones políticas. Un país que acepta eso, que no lucha contra eso denodadamente con
todos los instrumentos del Estado de derecho, es un país en el que desgraciadamente la calidad de la democracia es de bajo nivel.


Por tanto, señor ministro, le pregunto a usted, que en un debate con el portavoz de un grupo político llamado Amaiur, el señor Errekondo, le denominó a él como portavoz de sus mandantes, y dijo expresamente: Le digo una cosa, transmítaselo
a sus mandantes; le pregunto qué diferencia hay entre mandantes y testaferros, porque en el diccionario no la hay, y qué quiso usted decir cuando reconoció al portavoz de Amaiur que era mandante de una organización terrorista, y si ese
reconocimiento de que estaba hablando en nombre de una organización terrorista no le lleva a su Gobierno y a usted mismo a tomar alguna decisión para que no haya ningún tipo de comprensión hacia quienes representan desde las instituciones políticas
a una organización terrorista, que es el único rescoldo vivo del franquismo; el único rescoldo que existe en España de la Dictadura se llama ETA. Le pregunto, ministro, aunque creo saber su respuesta, si entiende usted, como esta portavoz, que la
batalla que hemos librado el conjunto de la sociedad española contra ETA no es una batalla por la paz, sino una batalla por la libertad. Porque en la España de la Dictadura había paz, se llamaba la paz de los cementerios; lo que no teníamos era
libertad, y es por esa libertad por la que la sociedad española en su conjunto, la inmensa mayoría de los españoles, todos los demócratas, hemos luchado en Euskadi y en el resto de España; por la libertad, que no por una paz concedida por los
asesinos; por la libertad para todos los españoles, para todos los ciudadanos, y no, insisto, por una paz concedida por los asesinos, pero no porque -como usted muy bien ha dicho- se hayan convertido en demócratas, sino por el trabajo incansable de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el acuerdo entre demócratas y por la colaboración internacional para derrotar a ETA. Le pregunto, ministro, si usted comparte con esta portavoz que la derrota de ETA es la derrota de toda su
historia, de todos sus argumentos, la derrota de todo lo que supuso una organización terrorista desde el mismo momento en que instauró una víctima, y que la derrota es que nada de aquello por lo que asesinaron lo puedan conseguir, nada de aquello
por lo que asesinaron. Le pregunto, ministro, si la derrota es el reconocimiento de que lo que hicieron no tuvo ninguna justificación, ninguna, ni ante las víctimas ni ante la historia. Le pregunto, ministro, en relación con la reinserción, si no
considera usted que un elemento clave para conceder la reinserción a los terroristas es la colaboración con la justicia para que se esclarezcan los 326 asesinatos que aún están pendientes de esclarecer, si eso no ha de ser en el futuro un horizonte
o un requisito imprescindible antes de abordar siquiera la reinserción. Le pregunto si sigue usted pensando que la libertad de Bolinaga era un requisito obligatorio para el Gobierno, si ustedes hubieran prevaricado de no haber tomado la decisión
que tomaron, que dio paso a una libertad condicional posterior; lo que ustedes decidieron fue el tercer grado.


Ministro, desde el punto de vista de la filosofía o de la teoría en relación con estas cuestiones que le estoy planteando seguramente podemos ponernos de acuerdo; lo hemos hecho en el pasado. Es verdad que poco después de haber sido
elegido ministro, y en una moción que en nombre de mi grupo presenté y defendí para que se iniciara un procedimiento de ilegalización sobre Bildu, Amaiur y EH Bildu, sobre las tres marcas, usted, cuando yo le interpelaba sobre por qué cambiaban de
posición en relación con esta materia, me dijo: Ahora somos Gobierno, como justificación de un cambio de posición. Yo prefiero quedarme no con esa parte, sino con la parte en la que hemos tenido una historia de unidad a la hora de entender lo que
representa la derrota de ETA. Ministro, ¿no cree que ya ha llegado la hora de que ustedes inicien de verdad, con instrucciones desde el Gobierno a la fiscalía y a la Abogacía del Estado, un procedimiento de ilegalización de ETA en todas sus marcas?
Digo bien lo de ETA en todas sus marcas porque la propia portavoz de Bildu, antes de ser elegida de EH Bildu, cuando hacía campaña para las

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elecciones en el País Vasco manifestaba expresamente:¡Vaya tragedia la de este país que para seguir siendo uno mismo tenga que cambiar trece veces de nombre! Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que si hay continuidad,
es que hay continuidad. Respecto de hacer algo reiteradamente, decía usted: Si hay reiteración y gravedad. ¿No es grave lo que le acabo de leer? ¿No es un hecho grave y reiterado las declaraciones del portavoz de Sortu, Joseba Álvarez? Dijo
que, abro comillas, la izquierda abertzale fue ilegalizada en 2002, una travesía de diez años en la que hemos ido a la cárcel. El Estado español preveia que nos íbamos a diluir como azucarillo en el agua. Diez años más tarde han tenido que
legalizar Sortu porque decidimos presentar unos estatutos a conveniencia de la legislación del Estado.


Por último, Señor ministro, hoy conocemos la noticia de que Sortu paga a los nuevos abogados de la sanguinaria etarra Inés del Río; 68.000 euros para pagar a los abogados de una terrorista. Yo le pregunto, señor ministro, aunque ahora sean
Gobierno -lo que puede significar que ahora vean las cosas desde otra perspectiva-, ¿no cree usted que ha llegado la hora de iniciar un procedimiento de ilegalización? ¿No cree usted que la democracia tiene la obligación de defender al conjunto de
la sociedad, quienes representan a la democracia, en este caso, el Gobierno, quien tiene la capacidad de defender al conjunto de la sociedad de los enemigos de la democracia? ¿No cree usted que no hay, como le decía antes, peor corrupción política
que la de la comprensión en cualquiera de sus grados hacia los terroristas, hacia quienes les ayudan, hacia quienes les protegen y hacia quienes nunca los han condenado? ¿No cree, señor ministro, que lo que hoy hemos visto en esta sesión, el
discurso que aquí se ha escuchado, tendría que hacernos comprender que algo no hemos hecho políticamente bien para que se pueda hacer apología desde esta misma sala y desde esta misma institución que representa la democracia y la soberanía nacional?
Usted ha dicho, ministro, reiteradas veces que ETA está derrotada policialmente. Y a la vista de lo que usted mismo, como yo, ha escuchado esta mañana, a la vista de todas estas cosas que vienen ocurriendo y cuya referencia breve le he citado, ¿no
cree usted que la derrota policial no se corresponde en el momento presente con una derrota política? ¿No cree usted que para que haya una derrota política su Gobierno, el Gobierno, tiene que tomar una iniciativa que hasta el momento no ha tomado?


El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Lo cierto es que hacía unos cuantos meses que no contábamos con su presencia en esta Comisión, señor ministro. Voy a empezar por una cuestión de actualidad porque me siento obligado a ello en nombre de mi grupo.
Me referiré a las declaraciones que hizo usted en una conferencia celebrada en Roma no hace mucho tiempo relativas al matrimonio igualitario y la continuidad de la especie, haciéndole una reflexión. Si la naturaleza de su cargo y la de su persona
no fuesen inextricables, yo no estaría haciendo esta intervención, pero usted no puede separar su persona de ser ministro del Gobierno de España y esas declaraciones las hizo un ministro del Gobierno de España en esa intervención. Para nuestro
grupo parlamentario -y yo no pretendo arrogarme la representación de nadie más que de mi grupo parlamentario- resultan unas declaraciones no asumibles para el Gobierno de España, un Estado en el cual el Tribunal Constitucional ha sentenciado
definitivamente esa cuestión. Por lo tanto, no toca en ningún caso que un miembro del Gobierno de España vuelva a abrir un cuestionamiento sobre el matrimonio igualitario. Por eso, le insto a que en sede parlamentaria se disculpe por esas
desafortunadas consideraciones que, en el ámbito personal quedarán como suyas, pero en el ámbito de un miembro del Gobierno, desde mi grupo parlamentario no podemos asumir.


Respecto de su comparecencia hoy aquí, ha venido con los temas marcados, seis cuestiones, y desde mi grupo parlamentario hemos planteado unas cuantas peticiones tratando de enmarcarlas en los temas que usted quería tratar hoy en Comisión y
parece que se nos han caído. No obstante, no me resisto a mantenerlas y a trasladarle desde mi grupo parlamentario la preocupación enorme que tenemos, señor ministro, respecto de la política de su ministerio sobre las movilizaciones sociales, sobre
las protestas sociales que, como usted sabe, son consecuencia de la crisis que nos acosa. Por ello, habíamos acordado que las cuestiones más directamente policiales y respecto de lo sucedido en manifestaciones, las reservaremos para cuando venga el
director general de la Policía o, en todo caso, el secretario de Estado de Seguridad. Pero nos interesa tratar una cuestión que entendemos está relacionada con los derechos fundamentales, que son las investigaciones e informes policiales respecto
de personas que participan en manifestaciones, en movimientos sociales y demás, sobre todo porque se está confundiendo la aplicación de la legislación vigente. Es decir, en última instancia todos tendremos que asumir que la Ley Corcuera -que usted
quiere modificar, lo ha dicho en su intervención- dice lo que dice respecto de los que instigan

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una manifestación, pero desde luego no podemos entender ejemplos como el de Córdoba, en el cual un informe policial no habla ya de qué personas instan una manifestación, sino que nos encontramos con lo que nosotros llamamos auténticas listas
negras de participantes en movilizaciones sociales, de participantes en movimientos sociales. Y el de Córdoba no es el único caso, sino que nos hemos encontrado con hechos tan sorprendentes -y le hemos dirigido una pregunta parlamentaria que ya se
nos ha respondido- como que en reuniones en lugares cerrados, amparados por el ordenamiento jurídico de nuestro Estado, interviene la Policía Nacional para identificar a personas. Le quiero hacer una reflexión de conjunto. Todo esto forma parte
una política de intervención respecto de los movimientos sociales, respecto de la calle, respecto a la protesta ciudadana, de la cual también forman parte las multas que se están imponiendo deliberadamente y de forma absolutamente arbitraria, porque
arbitrarias son las respuestas cuando hay recursos, multas que se están imponiendo a la gente que participa en movilizaciones. Estas listas negras, estos informes, todo esto forma parte de una política que desde mi grupo político no podemos más que
criticar. Además, observamos con suma preocupación que usted, en su comparecencia de hoy, haya desglosado una serie de modificaciones legislativas, diciendo que están trabajando en diversas reformas, algunas de las cuales le puedo decir que podemos
compartir y en qué línea, pero desde luego en otras le diríamos que siguieran ustedes trabajando, y mucho, antes de traer los proyectos de ley a esta Cámara. Respecto a la modificación de las cuestiones de las víctimas del terrorismo, no vamos a
entrar en ello, pero me gustaría hacerle una reflexión: que en todas las modificaciones y en todas las actuaciones que haga su Gobierno respecto a las víctimas del terrorismo no establezcan víctimas de primera y víctimas de segunda. Y se lo digo
respecto a algo tan prosaico como puede ser el reparto de las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo; le hemos dirigido una pregunta a su Gobierno. Permítame que le haga esta reflexión: no establezcan víctimas de primera y
víctimas de segunda.


Respecto a la modificación legal sobre el almacenamiento de drogas, celebramos que por fin se puedan destruir y no nos veamos sometidos al espectáculo de los asaltos a los almacenes -menos mal que se solucionan algunas cosas-.


La modificación de la Ley Corcuera, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, es un tema que nos preocupa muchísimo y que ligo a lo que le estaba comentando antes, a la política que lleva su ministerio respecto a la represión de la
movilización ciudadana. En la faceta de la calle, lo hablaremos cuando venga el director general de la Policía, pero ya le traslado la preocupación de nuestro grupo político porque no compartimos esa ley cuando se hizo en su momento, no compartimos
la Ley 1/1992, de Seguridad Ciudadana, y creo que no vamos a compartir la reforma que usted va a traer a este Congreso. Mucho tendrá que trabajar para que podamos compartir la mejora de esa ley.


Sobre la modificación de la Ley de Seguridad Privada que usted anuncia, nos parece bien todo lo que sea incremento de los controles, porque estamos viendo últimamente un espectáculo que resulta lamentable, con espionajes y demás cuestiones,
y habría que corregirlo mediante las modificaciones legales oportunas.


Respecto al reglamento de los CIE, debe de estar en el cielo de los justos, porque mostró usted buena disposición trasladándonoslo a los grupos parlamentarios, hicimos modificaciones, las hicieron las organizaciones que trabajan con los
inmigrantes, y no sabemos cuál ha sido el camino de esas modificaciones. En todo caso, todo lo que sea que los CIE no son un instrumento válido y que hay que proceder a su cierre lo antes posible, cualquier acercamiento al carácter administrativo y
no penitenciario, lo compartiremos. Efectivamente, tengo que decirle que, después de la experiencia de haber visitado alguno, tienen un carácter penitenciario que hay que eliminar completamente; hay que eliminar de estos centros el carácter
penitenciario que tienen. Y respecto a la política de inmigración, no quiero dejar pasar una llamada de atención, señor ministro, respecto a la actualidad más concreta, y son las imágenes de ayer de la patrulla de la Guardia Civil que aborda una
patera. Es una reflexión sobre la inmigración y sobre las expulsiones que se hacen a través de estos CIE: no resulta de recibo que se expulse de España a inmigrantes que están incursos en determinados procedimientos, como este caso, en el que las
personas que fueron abordadas y que tendrían derecho a la asistencia jurídica en España han sido sometidas a un proceso de expulsión.


En cuanto a los anteproyectos de ley del régimen de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quiero mostrarle nuestra preocupación al respecto porque, como usted ya sabe, nosotros no compartimos el actual modelo policial en el Estado español,
nos gustaría otro modelo policial más homologable a otros países de la Unión Europea en el que no contásemos con diferentes cuerpos y, sobre todo, con un cuerpo de policía militar, o militarizado, o sujeto a la disciplina militar como es la Guardia
Civil. Queremos llamarle

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la atención sobre las limitaciones que se están dando a los derechos constitucionales de los guardias civiles, sobre todo en cuanto a la defensa de las cuestiones más profesionales -salarios y demás- que se están viendo afectadas. En cuanto
a la reforma de la legislación sobre protección civil, lo compartimos también; es una cuestión que hay que mejorar.


Sobre el derecho de asilo, que usted ha comentado, quiero trasladarle nuestra preocupación por ese diferente trato que hay. Cuando en un país de la Unión Europea se concede un derecho de asilo -y hemos dirigido alguna pregunta al respecto-
y en otro país de la Unión Europea no se asume eso directamente, se pueden producir perjuicios. Vamos a compartir esa modificación en tanto en cuanto homologue los derechos en todo el conjunto de la Unión Europea.


Respecto a la regulación del tema de la policía local, compartimos que es necesario tratar de regular esta cuestión, siempre y en todo caso respetando competencias de comunidades autónomas, pero es necesario establecer unos cuantos mínimos.
Y comparto la reflexión del señor Olabarría cuando ha dicho que hay auténticos cuerpos de milicias locales en algunos ayuntamientos, que sirven para la protección de las autoridades locales.


La segunda cuestión que usted ha abordado es la del terrorismo. Seré muy breve. Repiten como un mantra el tema de la disolución de ETA y quisiera preguntarle qué entenderían por la disolución: ¿la autodisolución?, ¿una declaración?,
¿una verificación? Usted ya sabe que nosotros no compartimos la política de ilegalización de partidos y que también cuestionamos seriamente la doctrina Parot. En todo caso, una reflexión a este respecto: no podemos cuestionar las decisiones de
los tribunales internacionales, hay que amoldarse a las sentencias que nos vengan y España ha sido condenada; veremos la resolución al final. Pero sobre todo un ruego: no utilice la cuestión de los delincuentes comunes respecto a la abolición de
la doctrina Parot porque supone mezclar dos temas absolutamente diferentes y no ayudaría en nada a la solución del problema terrorista.


En relación con las estadísticas, nos ha dicho usted que la tasa de criminalidad en España es de las más bajas de la Unión Europea y esa cuestión -y voy concluyendo- habrá que ponerla en relación con que también tenemos el número de policías
más alto por habitante de la Unión Europea o de los más altos y también que nuestra población penitenciaria es de las más altas de la Unión Europea.


En la prolija intervención del señor ministro sobre las investigaciones de corrupción, nos ha desgranado aquí una serie de datos y ha dicho que muchas de las investigaciones son de nivel local y provincial. Su objetivo era decir que el
Partido Popular está trabajando mucho en estas investigaciones y la pregunta es cuántas investigaciones corresponden al ámbito estatal. A este respecto...


El señor PRESIDENTE: Dispone de un segundo turno, señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Una preocupación -me gustaría que el ministro lo pudiese contestar porque nos hemos quedado con una pregunta en el aire respecto a la investigación de la corrupción- es que en la última reunión de la Comisión, creo
recordar, o en la antepenúltima, la portavoz de Coalición Canaria trajo aquí una orden que se ha dado desde la dirección del ministerio para que se informase al ministerio cuando se produjesen detenciones de políticos y registros de sedes de
partidos políticos. La respuesta que hemos obtenido no nos da ninguna satisfacción porque nos remite otra vez a una declaración que hizo el director general de la Guardia Civil en esta sede y que no contestó a la pregunta porque le pilló en ese
mismo momento. Nos gustaría, señor ministro, que desvelase esa cuestión porque la responsabilidad del que dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a la investigación de cuestiones que afectan a los propios partidos políticos en
los cuales se milita es altamente complicada.


El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación el turno el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, a cuyo efecto doy la palabra al señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, Convergència i Unió quería que las primeras palabras de hoy, toda vez que ayer fue 11-M, el 9.º aniversario de esos atentados terroristas, fueran de recuerdo a las víctimas, de apoyo a las mismas y de
unidad contra cualquier forma de terrorismo, como siempre ha hecho Convergència i Unió en esta Cámara y en todas las legislaturas. Por tanto, sean esas mis primeras palabras y sean también de apelación, señor ministro, a algo que es esencial en
nuestro Estado compuesto: la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también las policías autonómicas, como en Cataluña los Mossos d'Esquadra, y las policías locales, todos, rememos juntos en ese objetivo compartido de
prevenir el terrorismo, las bandas organizadas. Todos debemos estar en el mismo camino

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y de ahí, señor ministro, decirle que lamento que en la pasada sesión de esta Comisión de Interior se rechazara una propuesta de Convergència i Unió para que policías como los Mossos d'Esquadra pudieran compartir las bases de datos para ser
más eficaces todos en el objetivo común de prevenir la delincuencia y asegurar la propia seguridad ciudadana, que es el valor que todos defendemos. Por tanto, quería que estas fueran mis primeras palabras. Sólo un ejemplo. El pasado sábado fue el
Día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Yo estuve en El Prat de Llobregat en un acto de homenaje a las mismas y se sigue reivindicando la necesidad de que se compartan bases de datos con mayor fluidez para ser más eficaces. Es una
asignatura pendiente que tenemos, señor ministro.


Usted hoy nos ha relatado aquí una amplia ruta legislativa. Quizá esa amplia ruta legislativa no se ha concretado en estos primeros meses de legislatura, pero debo decirle de entrada que desde Convergència i Unió tendrá colaboración, aunque
también exigirá la máxima observancia del marco competencial, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, usted ha citado el próximo proyecto de ley de protección civil y emergencias. Ha cambiado muchísimo desde la actual ley del año 1985,
entre otras cosas porque el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 132, reconoce una competencia propia de la Generalitat de Cataluña en materia de protección civil. Usted ha aludido ya a ese informe de las comunidades autónomas
antes de traer el proyecto de ley y le pedimos -en este y en todos los anunciados- el máximo respeto a las competencias de las comunidades autónomas, sobre todo de aquellas como Cataluña que tenemos policía propia, en este caso los Mossos
d'Esquadra.


También ha hablado de la lucha contra la criminalidad y de estadísticas. Quiero recordarle, señor ministro, que todavía está pendiente el registro de faltas. Para ser eficaces ante esta pequeña delincuencia que tanta alarma causa es
necesario crear ese registro de faltas y no lo estamos haciendo. Se anunció por parte de su Gobierno en la primera comparecencia y quiero recordarle que con ello incluso incumplimos la disposición adicional segunda de la última reforma del Código
Penal, que se aprobó en el año 2010 con una enmienda de Convergència i Unió en la que se daba un plazo para crear ese registro de faltas. No se ha cumplido y sería muy eficaz en ese objetivo compartido.


Después de estas reflexiones preliminares pasó ya, señor presidente, señorías, a centrarme en la petición que Convergència i Unió le viene haciendo desde hace cuatro meses, desde el pasado 20 de noviembre en que la Mesa calificó la petición
de que se informara en esta Cámara sobre el pretendido informe policial de la UDEF que se publicó en plena campaña electoral catalana. Desde entonces han pasado cuatro meses. Usted afirmaba hoy que esta es la cuarta comparecencia que realiza en
Comisión como ministro en esta legislatura y hablaba también tanto de la normalidad democrática que ello supone como de una relación fluida. Pues bien, señor ministro, desde Convergència i Unió tenemos que decir que en lo que se refiere a ese
informe, pretendido informe, a ese borrador, pretendido borrador, la información no es fluida y llega tarde y mal. Llega tarde porque llega tras cuatro meses de conocerse las filtraciones y llega mal porque no hemos podido despejar las principales
incógnitas planteadas no ya desde Convergència i Unió -aunque evidentemente tenemos motivos más que sobrados para estar indignados por lo que le pasó-, sino desde la propia sociedad que nos observa. La ciudadanía en general vivió esa publicación,
que se reflejó en todos los medios de comunicación en primeras páginas y todavía hoy tenemos lo que se difundió por el Sindicato Unificado de Policía, ese documento que lleva el membrete del Ministerio del Interior, lleva el membrete de la Dirección
General de Policía, lleva el membrete de la UDEF, pero usted hoy nos ha dicho que no es un documento oficial de la policía -no lo es-, nos dijo el jefe de la UDEF que no era un documento de la UDEF -no lo es-, y nos dijo la Policía judicial y el
propio juez que no se había encargado ningún documento adicional tras los últimos documentos que ya había entregado la UDEF en sede judicial. Por tanto, estamos ante un documento anónimo -no viene firmado- y sin fecha, pero que causa daño, señor
ministro; que causa perplejidad e indignación. Y todavía hoy no podemos decir quién ha elaborado este documento, quién le ha dado la apariencia de borrador policial cuando usted hoy, como ministro, nos dice que no lo es, y quien ha utilizado el
membrete de su ministerio, el membrete de la UDEF para trasladar a la opinión pública un documento que no es un documento oficial del ministerio. ¿Y por qué se tardan cuatro meses, señor ministro? Usted dice que hace tres días le entregaron las
conclusiones de la investigación interna, una investigación interna que entendemos que llegan mal porque no somos capaces de ponerle el cascabel al gato y atribuir la autoría del documento. Simplemente están interrogando a aquel que lo entregó, el
representante del Sindicato Unificado de Policía, pero, señor ministro, en ningún caso se dice quién lo elaboró. Señor ministro, ¿es que hay agentes policiales que van por libre y que no atienden las órdenes de sus superiores? ¿Es que se elaboran
-con la gravedad de que esto se difunde en plena campaña electoral- borradores para después ser filtrados? Y evidentemente con un gran

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impacto para la opinión pública y para las personas que salen en esos informes, algunos de ellos candidatos a la presidencia de la Generalitat o expresidentes de la Generalitat. Usted nos decía hoy que parte del contenido que se publica en
este documento -no es un informe policial; no lo llamemos más informe policial, porque usted hoy nos ha dado una vez más la prueba de que no se puede considerar informe policial- estaba en anteriores informes judicializados. Pero es que
precisamente la parte que no se había judicializado antes, la parte que más afectó a la campaña electoral catalana, esa parte nueva nadie es capaz de decir de dónde ha salido, pero ha afectado a personas concretas y ha tenido una repercusión
mediática evidente.


Señor ministro, creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo en que esto no es bueno que nos pase. No es bueno ni es positivo. Esto causa alarma y hay que depurar responsabilidades, señor ministro. Alguien tiene que asumir su
responsabilidad y decir quién está detrás de esto. Los propios periodistas que informaron al juez, porque hay querellas presentadas, aludieron a que se les entregó desde la UDEF este pretendido documento policial. En sus declaraciones judiciales
dijeron que altos cargos del Ministerio del Interior estaban al tanto y daban cierta validez a la información que ellos difundieron. Debo preguntarle: ¿es cierto esto? ¿Conocía usted, señor ministro, la existencia de este borrador, que no es
informe policial? ¿Conocía usted la existencia de este borrador antes de que se publicara? ¿O, una vez publicado, conocía quién de su ministerio podría estar detrás? Necesitamos saber esas verdades, señor ministro, porque si no, hay una sombra de
duda que no beneficia a los cuerpos policiales ni a su ministerio. Creo que vamos a coincidir en que hay que depurar responsabilidades y saber quién está detrás de esto. Hemos tardado cuatro meses. Ahora estamos viendo, señor ministro, a raíz del
tema del espionaje que ha saltado en Cataluña, que la celeridad ha sido absoluta, con detenciones rápidas. Aquí tardamos cuatro meses para llegar hoy ante esta Comisión y no aportar datos concretos sobre quién es el autor de algo que ha sido tan
grave, tan perjudicial y que ha causado tanta sensación. Quien nos escucha hoy también nos va a ver a distancia; va decir: viene el ministro del Interior y tras cuatro meses, que nos parece un período tan dilatado, no somos aún capaces de saber
que esto lo ha elaborado tal agente policial. Habría que depurar responsabilidades. Entretanto, señor ministro, también se han dado reuniones entre altos cargos policiales y fiscales anticorrupción en Cataluña y el propio Consejo Fiscal y la
Fiscalía General del Estado han tenido que salir a decir que eran reuniones que no venían al caso y que no eran esclarecedoras para el tema que sí esta judicializado. Lo han tenido que decir el propio Consejo Fiscal y la propia Fiscalía General del
Estado alertando de este tipo de maniobras policiales de querer intervenir en supuestos judicializados que ya tienen sus informes policiales y que, evidentemente, cualquier nueva información debe aportarse al juez, como es lo que en democracia todos
debemos exigir.


Señor ministro, termino ya porque el presidente...


El señor PRESIDENTE: El principio de equidad me obliga a ello.


El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya. Usted hablaba de un código ético. Le aplaudo que hagamos un código ético, un código de actuación política, pero ante esas alarmas suscitadas, ante todas esas informaciones que han ido saliendo le
pedimos, señor ministro, que vele por algo a lo que usted hoy también se ha referido, que evitemos las filtraciones. Evitemos las filtraciones cuando afectan a sumarios secretos y en ocasiones a hechos sin contrastar, pero que se publican; vienen
de una fuente, alguien ha pasado eso. Pues en ese código ético velemos muy mucho por todo lo que sea buscar quién hace la filtración y quién es el responsable. Tiene trabajo dentro, señor ministro; tiene que depurar esas responsabilidades y saber
quién fue capaz de elaborar un documento que al final no es un documento policial y del que nadie asume, tras cuatro meses, su autoría.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y aprovecho la ocasión para darle la bienvenida y desearle éxito en sus nuevas funciones de portavoz, tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Una cosa por otra; quiero empezar haciendo una pequeña introducción referida a un ruego, un consejo y un recordatorio necesario para el señor ministro. El ruego sé que va a ser del agrado del señor presidente, y es
pedirle al ministro que nos ayude con su influencia en los responsables del ministerio para que comparezcan de forma más reiterada, porque si no se nos carga demasiado el orden del día. El propio presidente tuvo hoy que tratar de ordenar un orden
del día excesivamente extenso que nos impide profundizar en temas que, estoy seguro, tanto usted como nosotros desearíamos poder profundizar más en ellos. En segundo lugar, el consejo. Mire, señor ministro,

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aunque sé que usted lo sabe, tengo que recordarle que el deber institucional está incluso por encima de nuestras propias convicciones personales. Sus principios personales tienen todo mi respeto, pero cuando se es ministro del Interior hay
una obligación de defender todo el ordenamiento jurídico vigente, y el matrimonio entre personas del mismo sexo forma parte de él. Mi grupo le aconseja que lo tenga en cuenta y obre en consecuencia mientras sea ministro. Y en tercer lugar, un
recordatorio. Quería recordarle uno de los compromisos que usted adquirió en su primera comparecencia en esta Comisión. Nos dijo: en cuanto a la transparencia pública, lideraremos la reforma ética del sistema de seguridad garantizando su
funcionamiento sobre la base de criterios exclusivamente profesionales, y a tal fin pretendemos efectuar una apuesta decidida por ofrecer una información veraz de la gestión de resultados de los servicios. Le creo, señor ministro, el problema es
que me tengo que remitir a las pruebas y las pruebas me indican lo contrario. Si en algo se está especializando el Ministerio del Interior es en no contestar sistemáticamente a las preguntas que le venimos realizando o en dar unas contestaciones
que son la mejor forma de seguir sin aportar información a los diputados. Creo que se empieza a rozar la desconsideración y una cierta prepotencia, y no le hago responsable a usted porque sé que esto es de los diferentes servicios.


Voy a ponerle un ejemplo relativo a la Dirección General de la Policía. Pregunté en su momento por un hecho que tiene hoy cierto interés. El pasado 17 de mayo de 2012 la esposa del extesorero del PP, encausado en aquel momento en la
operación Gürtel, compareció como imputada en la Audiencia Nacional. Las dependencias las abandonó por el garaje para evitar a los medios de comunicación, algo que no es usual en los imputados que comparecen ante dicho tribunal. Yo le preguntaba
qué responsable del Cuerpo Nacional de Policía autorizó una actuación tan poco usual. Pues la respuesta en nada atiende a la pregunta. Dice: Como procedimiento general, la entrada a la Audiencia Nacional por acceso distinto al ubicado en la calle
Génova obedece a circunstancias específicas derivadas de criterios de seguridad y debidamente valoramos que se aplique en aquellos casos en los que la situación lo requiere. Si las circunstancias aconsejan adoptar dicha medida, se informa personal
y previamente al presidente de la Audiencia Nacional autorizando el jefe de seguridad el acceso por la zona de garaje. Por otra parte, el hecho de acceder a través del garaje no supone en modo alguno una circunstancia que pueda calificarse como
irregular, tratándose de un procedimiento que ha sido activado en otras ocasiones. Para nada se contesta a lo que se pregunta. Pero no fue solamente este tema el que choca en esta actuación, es que hubo más. Los medios de comunicación informaron,
según fuentes de la Policía, que en esa personación la decisión de que saliera por el garaje fue adoptada después de que el equipo de seguridad de la Policía recibiera la llamada de una persona, cuya entidad no aclararon, para pedir que dicha señora
entrara por el garaje. ¿Quién fue la persona que hizo la llamada? ¿Qué persona recibió la llamada? La contestación de la Dirección General de la Policía fue la misma que le indico: nada, absolutamente nada de lo preguntado. Pero no acabó ahí.
Durante su estancia en el tribunal, dicha señora estuvo acompañada de varios miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de paisano que le prestaron protección, algo también completamente inusual. Preguntaba yo qué responsable del Cuerpo Nacional
de Policía tomó dicha decisión, si contaba con autorización para ello y qué medidas ha tomado al respecto el director general de la Policía. La contestación fue la misma; una contestación tipo que para nada resuelve lo que se pregunta. Incluso
podría estar equivocado en mis preguntas y el indicarlo sencillamente hubiera sido ya una respuesta convincente. Pero fíjese bien, en este mismo mes el Partido Popular impidió que la Policía inspeccionase su sede por carecer de orden judicial ante
una denuncia del marido de aquella señora, del señor Bárcenas. Estamos hablando del 2 de marzo. Y la única actuación desde ese punto de vista de responsables de la Policía parece ser que fue del comisario provincial -y me gustaría que usted me
indicara si fue así o no- que había ordenado que no se hiciera tal inspección, aunque no precisaron en qué momento dio esa instrucción. Después es cierto que hubo una serie de descoordinaciones entre la Policía pero que ya no vienen al caso.


Usted nos habla, señor ministro, de todos los datos de la lucha contra la corrupción en el Ministerio del Interior, pero este es un elemento central de ese aspecto en la vida política española. Y, fíjese bien, las órdenes que en los últimos
meses está recibiendo el Cuerpo Nacional de Policía respecto a Bárcenas van evolucionando a lo largo de este tiempo igual que la opinión del PP sobre él: de compadreo amistoso a la hostilidad manifiesta. Y este es un asunto fundamental porque hoy
es el que tiene más repercusión en ese ámbito de la corrupción en la opinión pública española.


Después de esta introducción sí me gustaría hacer un pequeño análisis de toda la labor del Ministerio del Interior, sobre todo en aquello a lo que usted se ha referido hoy aquí. Ahí hay tres cuestiones diferentes: está la casa, están los
vecinos y está la calle. Empiezo por la casa, que lógicamente es el propio ministerio.

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Tiene que decirnos algo de la epidemia de estos meses en el ministerio; la epidemia de ceses o dimisiones. Hay un auténtico récord. Dimitió el asesor señor Gabriel Fuentes, dimitió o cesó el comisario general de la Policía judicial, el
jefe superior de Policía del País Vasco, el jefe de gabinete del director general de la Policía, la jefa de gabinete del secretario de Estado, el propio secretario de Estado. Señor ministro, una epidemia de ese tipo exige cuando menos que nos haga
alguna referencia al respecto. Y después tenemos otra cosa, tiene usted cargos en el propio ministerio que están escondidos. Usted lo ha dicho aquí, ha venido cuatro o cinco veces y nos anuncia que volverá. Pero es que tiene usted algunos
responsables del ministerio que aún no los hemos visto en toda la legislatura y tenemos hasta cinco peticiones de comparecencia. En concreto me refiero, por ejemplo, al secretario general de Instituciones Penitenciarias. Mire, hay algún problema
serio en este aspecto. En este tiempo se han mantenido unas políticas de acuerdos, algunos más amplios que otros, entre los dos grandes partidos; uno de ellos -quiero reafirmarlo hoy aquí- nosotros con ustedes en materia de política
antiterrorista. Quiero decirle que seguimos de acuerdo y le damos nuestro apoyo. Pero otro era en el ámbito de la lucha contra las drogas, y están ustedes poniendo en riesgo el consenso muy amplio que existe en ese aspecto. Un elemento básico
para la lucha contra la drogadicción y sobre todo para la rehabilitación del drogadicto está en los centros penitenciarios y está en la experiencia más relevante que tiene España en esta materia. Esa experiencia nos está diciendo que los resultados
de la UTE, la Unidad Terapéutica Educativa, son los mejores del sistema penitenciario español y que sirven de referencia para otros sistemas penitenciarios europeos, así como de ámbito internacional, y que está valorada muy positivamente, pero que
se está desmontando aceleradamente. Esto se ha señalado desde diferentes ámbitos, e incluso en algún momento el señor Llamazares y yo mismo le hemos dicho que nos preocupaba especialmente, que había que buscar una solución. Desde que hablamos con
usted se ha acelerado más el desmontaje de este tema, y no sé qué opinión le merecerá, pero además de la de los grupos quiero leerle una que dice: con tristeza y rabia estamos asistiendo al desmantelamiento a pasos acelerados de la Unidad
Terapéutica Educativa del centro penitenciario de Villabona. Es conocida su eficacia rehabilitadora y el valor de sus resultados. Si nadie hace nada, hombres y mujeres internos allí y sus familias verán esfumarse sus ilusiones y medios para dejar
la droga y la cárcel. Lo firma Pedro Jiménez Sarasa, cura-párroco que ha servido tres años en la cárcel como capellán director de la pastoral penitenciaria diocesana allí dentro. Si no nos cree a nosotros vaya a otras fuentes -que las tiene- para
darse cuenta de lo que está pasando, y sobre todo para evitar que un elemento de acuerdo muy amplio que tenemos se rompa en los próximos meses, por las iniciativas para desmantelar estas unidades terapéuticas que está llevando a cabo el secretario
general de Instituciones Penitenciarias.


Quería hablarle de algunos temas relativos al personal. Seguramente coincidiremos usted y yo en que es uno de los principales elementos que tiene el propio ministerio. ¿Cómo lo están tratando? Señor ministro, el personal del Ministerio
del Interior ha disminuido su salario en un 7,2% anual aproximadamente, en las bajas médicas les han reducido al 50% las retribuciones cuando hay enfermedades de corta duración, se está produciendo un envejecimiento porque como ya sabemos no hay
convocatoria de plazas, la Ley de Tasas les suprime su derecho a recurrir sin abogado, lo cual para ellos es un peso más, pero resulta que ustedes ahora les meten una tasa más, a través del Real Decreto-ley 3/2013, que no existía. Se trata de una
tasa que no tenían los funcionarios, necesaria para iniciar el proceso contencioso-administrativo, y que se les exige desde la interposición del recurso, aunque nunca se llegue a formular la demanda. Al personal, señor ministro, no lo tienen
demasiado bien tratado.


Termino diciendo que hay problemas -algunos muy importantes- en la Guardia Civil. A las necesidades de apoyo al laboratorio de criminalística fundamentalmente para realizar identificaciones de ADN, donde hay problemas serios, se ha añadido
un tema que acabamos de conocer. Para nosotros es un elemento fundamental que se den explicaciones muy amplias sobre el problema entre la patrullera y la patera. Señor ministro, aquí tenemos un muerto y seis desaparecidos. Tenemos unas versiones
oficiales mantenidas por responsables de su ministerio y por la delegada del Gobierno en Canarias que acaban de saltar por los aires, porque contradecían las versiones de las personas que iban en la patera, y que curiosamente hoy están expulsadas,
por tanto va a ser difícil que accedamos a esos testigos. Esto exige que el secretario de Estado de Seguridad, que sé que ya tenía pensado venir a comparecer, lo haga cuanto antes. Hoy hemos solicitado que con carácter de urgencia comparezca para
dar explicaciones, para que se clarifique por qué las explicaciones que se dieron desde ámbitos ministeriales no se corresponden -por lo que ahora conocemos- con las pruebas que tenemos, y sobre todo, señor ministro, para que se den cuenta de que
los recortes en materia presupuestaria pueden traer estos problemas.

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Acuérdense ustedes de que en la aprobación del último presupuesto -con esto acabo-, además de lo recortado ya por el Ministerio del Interior, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda por la cual se recortaron en un millón de
euros las inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios de las embarcaciones de la Guardia Civil. Como parece que estamos ante un accidente producido entre otras cuestiones por problemas del funcionamiento -puede
ser así- de la propia embarcación, adquiere cada vez más evidencia que los recortes tienen que tener un límite, porque después las consecuencias las vemos en el día a día. Como hay un segundo turno, señor presidente, continuaré después.


El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, cuando guste, tiene la palabra por parte del Grupo Popular.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Quiero empezar expresando desde el Grupo Popular el agradecimiento al ministro por su exposición, una exposición que no dudo en calificar de detallada, minuciosa, completa, amplia, y añadiría otro calificativo, y
es que ha hecho, señor ministro, un ejercicio absoluto de transparencia parlamentaria suministrando, facilitando datos hasta donde ha podido ser posible, ciertamente relevantes e interesantes para esta Comisión. Me detengo en este aspecto, en el
respeto al devenir parlamentario, porque creo conveniente, fundamental, destacar desde nuestro grupo ese respeto permanente al Congreso de los Diputados por parte del ministro y por parte de su equipo. Agradecemos que ustedes -usted como
responsable a la cabeza y todo su equipo- se hayan mostrado siempre dispuestos a acudir a esta Comisión, en este caso a petición propia, pero intentando -como en el caso que ahora nos ocupa- incorporar la mayoría de las peticiones de los grupos. En
este caso también saludamos la futura comparecencia del nuevo secretario de Estado, buen conocedor de esta casa, y también tenemos que señalar en estos comienzos de la intervención la razonable posición de los grupos de la oposición, que esta misma
mañana ha permitido que se celebrara esta sesión incorporando más de diez solicitudes que se agrupan en esta comparecencia.


Hago referencia a este último dato porque quien me ha precedido en el uso de la palabra, el Grupo Parlamentario Socialista, parece que afeaba al ministro o a su equipo que no vinieran a la Comisión o al Congreso. Señor ministro, usted ya ha
mencionado una cifra: es la cuarta ocasión en la que comparece; ha comprometido también su presencia en una próxima ocasión -será ya la quinta vez-, y eso contrasta con que en la pasada legislatura, la IX, lo cierto es que solo tres comparecencias
a lo largo de toda la legislatura fueron sustanciadas por parte de los grupos de la oposición, solo tres comparecencias por parte del señor Rubalcaba. Si mis datos son ciertos, estamos hablando de que ya con la comparecencia de hoy, más las
celebradas, más las que se van a celebrar, estamos hablando de que se ronda la veintena de comparecencias atendidas por parte de los grupos de la oposición, lo cual pone muy en contraste cuál es la posición de unos y de otros. Mientras unos venían
a trancas y barrancas, o por decirlo de otra manera poco y casi de las orejas, usted viene a iniciativa propia a cumplir una tarea parlamentaria que, dicho sea de paso, le honra, y entro ya en lo que afecta al contenido de la comparecencia.
Seguridad, libertad y confianza; esos son los tres calificativos con los que yo me dirigiría a usted, señor ministro, valorando su comparecencia, que es tanto como decir que son los cimientos de la convivencia, y es tanto como decir que es la
garantía de una saludable actividad económica en España, algo que a todos nos preocupa.


Ha explicado, señor ministro, un plan de reformas normativas que compartimos, y cuyo repaso -ahí quiero hacer énfasis- nos alegra especialmente que comience con quien es el referente ético de una sociedad democrática, y me estoy refiriendo a
las víctimas. Las víctimas son ya no solamente el referente ético, sino que son nuestra memoria social, y son las víctimas las que afianzan los principios de una sociedad verdaderamente sana. En contraposición, el terrorismo es el delito quizá más
abominable y su persecución tiene que ser efectivamente implacable. Pero precisamente por eso la dignidad de las víctimas de esa barbarie no puede limitarse simplemente al recuerdo, sino que tiene que tender a recuperar en su integridad a esas
personas. Por eso damos la bienvenida a las reformas introducidas y a las que usted ha anunciado, porque dibujan un verdadero estatuto para la víctima, y demuestran la especial sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy -en este caso del ministerio
que usted preside- para con las víctimas. Ese es un acto de grandeza y un acto de justicia social.


Cambiando el tercio, destacamos en esas reformas todo aquello que afecta a la ágil destrucción de las sustancias estupefacientes -compartimos con otros grupos que eso era una necesidad-, y dentro de las mismas destacaría el hecho de que
todas las reformas que usted comprometió avanzan a buen ritmo. Además una novedad importante: que legisla usted escuchando. Se legisla desde el Gobierno de

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Mariano Rajoy, desde su ministerio escuchando a todos los sectores, algo muy importante cuando se habla de cuestiones como la Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene que actualizarse -estamos hablando ya del año 1992- algo muy importante
cuando se habla de los reglamentos de centros de internamiento, que según usted ha manifestado ya se van a llamar centros de estancia, enfatizando así y suscribiendo esa vocación de acogida y las nuevas funciones que les van a ser encomendadas a
esos centros. Le diré más, nunca un reglamento, porque estamos hablando de un reglamento, había contado con tanta participación, con una tan elevada sensibilidad con un asunto que evidentemente demuestra una enorme talla de humanidad para tratar
estas cuestiones. La Ley de Seguridad Privada, también un sector como usted muy bien ha dicho en auge, pero siempre sometida a los principios de complementariedad y subordinada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los anteproyectos de
ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil demuestran una vez más que el compromiso del Gobierno del Partido Popular es dar más herramientas, más oportunidades, mejor ámbito de actuación a los verdaderos
protagonistas de la seguridad: Policía Nacional y Guardia Civil. En ese marco de reformas felicitamos la incorporación de esa futura ley de coordinación de policías locales, estamos hablando de que dentro del respeto a la autonomía local son más
de 60.000 agentes los que se van a incorporar de una manera más ordenada, más efectiva -ya lo hacen- pero aún más, en beneficio de la seguridad de todos. Saludamos también el nuevo reglamento del derecho de asilo.


Entrando en algo que a nosotros siempre nos preocupa desde el punto de vista político, entrando en materia de terrorismo, coincidimos con usted en que el Estado de derecho ha derrotado efectivamente a ETA; coincidimos con usted en que no se
debe bajar la guardia, y ahí están los datos que usted ha comentado: en el año 2012, 32 personas detenidas vinculadas a terrorismo etarra. ETA, señorías, cierto es que continúa sin disolverse; ETA continúa sin pedir perdón; sin entregar las
armas; sin reconocer el daño causado, y lejos de hacerlo parece que ha emprendido una estrategia en la que conduce a sus presos a un nueva espiral, a una nueva condena sin salida. Ahí coincidimos con la postura del Gobierno de Mariano Rajoy, con
su Gobierno, señor ministro. Seguimos esperando la condena del único grupo parlamentario que aquí no ha condenado la violencia etarra. Hablando de exigencias parlamentarias exigimos y seguimos exigiendo esa condena que aún no se ha producido. Ahí
ese grupo tiene y sigue teniendo todo por aprender en lo que es el verdadero código que a todos nos une, el código de la democracia, ni más ni menos. Seguimos esperando ese reconocimiento que todavía no se ha producido porque, señorías, convendrán
conmigo que el Estado de derecho es el que no se tiene que mover; se tienen que mover otros, porque la raya de la legalidad y de la Constitución sigue estando en el mismo lado, luego aquí no hay que hacer bipolaridades extrañas; quien se tiene que
mover es ETA, su entorno y quien apoye a ETA y a su entorno, y punto. Y no hay más que añadir al respecto.


En este contexto, señorías, me sumo a las reflexiones, a las inquietudes respecto a la doctrina Parot. Señor Olabarría, me dirijo a usted por una precisión jurídica que conviene compartir en sede parlamentaria. El Estado español, España,
por decirlo de una manera rotunda, la Constitución española es probablemente la más avanzada en lo que afecta a derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 10 de la Constitución -creo no equivocarme-, incorpora automáticamente toda la
doctrina del Tribunal de Derechos Humanos. Todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Derechos Humanos se incorporan a nuestro derecho interno y nos vinculan automáticamente, no hay ninguna otra constitución que recoja ese postulado. Luego,
desde esa legitimidad jurídica podemos decir desde este grupo que la Abogacía del Estado está haciendo un excelente y muy solvente trabajo. Nos sumamos a las reflexiones que ha hecho la propia presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar
Blanco, porque España y Europa mantienen la esperanza de que el 20 de marzo la Gran Sala del Tribunal europeo de Derechos Humanos acoja los argumentos legales, pero ante todo escuche el clamor social de quien quiere protegerse de terroristas, de
asesinos y quien exige que se cumpla ni más ni menos que el máximo tiempo legal en prisión. Eso es lo que esperamos. Eso no es un argumento jurídico, eso es un argumento social que desde la legitimidad jurídica nosotros volvemos a plantear, porque
el principal derecho fundamental convendrán conmigo que es ni más ni menos que el de la vida, y eso también merece una especial protección.


Voy acabando, señor presidente, con alguna referencia que se ha hecho a la actuación de la UDEF y su vinculación con la corrupción. Más allá de matices jurídicos o de la tipificación penal a mí me parece, señorías, que el ministro ha estado
ejemplar en la explicación que ha hecho. Ha traído aquí a colación en sede parlamentaria todo aquello para lo que se comprometió, y se comprometió a brindar toda la información al Congreso en cuanto fuera posible, y eso se ha hecho. Eso es lo que
acaba de hacer el ministro. De esa información lo que se colige es lo siguiente: el 61% de las investigaciones en materia de

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corrupción han coincidido en la etapa de Gobierno del Partido Popular, un dato ciertamente relevante. Segundo dato que yo, a la vista de la intervención del Partido Socialista, tengo que decirlo hablando de datos y hablando de compartir
información, lo verdadero es que el único partido hoy condenado por financiación ilegal es el Partido Socialista. Me parece que esa es una certeza puramente fáctica o estadística. La tercera reflexión al hilo de todo esto es expresar la confianza
desde el Grupo Parlamentario Popular en que la UDEF, en que todos los organismos que dependen del Ministerio del Interior están funcionando en beneficio de todos, que la seguridad tiene que llegar a todos los lugares, que no hay ningún espacio para
la impunidad, y que lo mejor que podemos hacer nosotros, los partidos políticos, precisamente es confiar en que se están haciendo bien las cosas porque se están haciendo bien, en colaborar y en apoyar la magnífica labor que está realizando desde su
ministerio, y por supuesto traslade esa felicitación a todas las dependencias policiales que de usted dependen. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Agradezco sinceramente a todos los intervinientes la colaboración con la Presidencia para poder mantener el acuerdo fijado en Mesa y portavoces.


En su segundo turno, sabiendo que habrá un último de cierre, tiene la palabra el señor ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): En su intervención el señor Urbina, del Grupo Parlamentario Mixto, de Amaiur, ha dicho que no coincide en absoluto conmigo; la verdad es que me preocuparía que coincidiera conmigo, eso me
preocuparía, porque es evidente que la visión o el concepto que tiene usted de lo que es la libertad, de lo que son los derechos humanos, de lo que es la democracia sinceramente, a juzgar por lo que aquí ha dicho y por lo que es la trayectoria del
grupo al que usted representa, tiene muy poco que ver efectivamente con el concepto y con la idea de la democracia, de la libertad y de la paz que tengo yo. No me atrevo a hablar en nombre de nadie más, aunque estoy seguro de que muchos de los aquí
presentes comparten esas ideas, esos conceptos. Señor Urbina, piense que todo exceso es mediocre: todo exceso por su propia naturaleza es mediocre. Decir que se vulnera el derecho fundamental a la libertad, ¿de quién? ¿De un etarra que ha
asesinado a 17 personas? Supongo que tendrá el derecho a la vida la persona o las personas asesinadas, a ver si hablamos un poco con seriedad y con rigor, sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan serias como es efectivamente la libertad, el
derecho a la vida, el terrorismo, y de lo que estamos hablando. Ustedes pueden creerse su propia película y hacer su propio diagnóstico sobre lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el País Vasco y en el conjunto de España en las últimas décadas,
con ocasión o por consecuencia del terrorismo de ETA. Ustedes pueden montarse sus películas, pero yo le voy a decir con mucha brevedad el diagnóstico que hace el Gobierno respecto de lo que ha sucedido en relación con la organización terrorista
ETA. Ustedes hablan de las causas y consecuencias del conflicto; si ya lo sabemos, hay un conflicto político irresuelto, y como consecuencia de ese conflicto hay víctimas, y ahora ETA, que es muy buena, ha decidido que quiere la paz y nos ha
concedido la gracia de cesar de matar, de secuestrar, de extorsionar, al parecer tenemos que darle las gracias por dejar de secuestrar, de extorsionar, de amenazar y de matar, y los malos de la película somos los que hasta ahora hemos estado siendo
las víctimas, la inmensa mayoría de la sociedad vasca y de la sociedad española, que ha padecido las consecuencias de la actividad de una organización que lo que pretendía es conseguir unos presuntos objetivos mediante el secuestro, la extorsión y
el terror. La lectura y el diagnóstico que hacemos nosotros no es ese; simplemente, hay una organización terrorista que ha pretendido conseguir sus objetivos por la vía del terror, y como es lógico un Estado democrático actúa como actúa un Estado
democrático, ha actuado con el imperio de la ley, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado, los tribunales de justicia han actuado, han interpretado y han aplicado unas leyes que por su propia naturaleza, porque estamos en un
Estado democrático, son democráticas, y ahora estas personas están cumpliendo condena.


Desde luego permítame que le diga que es ofensivo que diga usted que etarras, insisto, etarras que están cumpliendo condenas por haber asesinado a muchísimas personas, diga usted que tienen el derecho fundamental a la libertad y que se les
está violando porque están cumpliendo sus condenas. De verdad, si no fuera porque tengo la impresión de que me está usted hablando en serio, le diría, usted está hablando en broma, pero una macabra broma, porque supongo que usted no pretenderá
sinceramente sostener que esas personas tienen el derecho fundamental a la libertad, y es lo que ha dicho usted; por tanto, seamos un poco serios, cuando hablamos de cosas serias, decir que estamos vulnerando los derechos humanos de los presos. La
legislación penitenciaria española es de las legislaciones más avanzadas de cualquier país democrático del mundo, de las más avanzadas. Usted sabe que la Ley Orgánica General Penitenciaria, que

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data del año 1979, fue la primera ley prácticamente que desarrolló la Constitución, fue modélica en su género, desarrollando precisamente las previsiones del artículo 25 de la Constitución. Es un modelo la legislación penitenciaria
española. Si en un momento determinado hay una infracción en relación con el cumplimiento de esa legislación, para eso están lógicamente los tribunales; pero la legislación penitenciaria española es un modelo, es un modelo en el mundo. No sé si
usted conoce el mundo, pero si lo conociera, no diría las barbaridades que ha dicho aquí, desde luego o desde la ignorancia o desde el desconocimiento o desde la mala fe, o desde todas las cosas, pero no las diría. Vaya usted por el mundo
defendiendo las cosas que está diciendo en relación con el modelo penitenciario español y los derechos fundamentales a la libertad de los asesinos terroristas, atrévase usted a decirlo en foros serios, y verá cómo le escuchan.


Por cierto, ya que habla de foros, usted ha criticado en relación con la doctrina Parot que el Gobierno, y quien le habla en particular, en el Consejo Europeo JAI del jueves pasado hablara de eso, ¿y las intenciones de la izquierda abertzale
y todos los movimientos que están haciendo en Bruselas y en todas las partes, qué pasa, que están muy bien? Tiene usted una moral doble: las gestiones que haga el Gobierno son impropias de un Estado democrático; las gestiones que hace la
izquierda abertzale -y no me pretendo comparar con la izquierda abertzale- están fantásticas. Por lo menos sean coherentes en su discurso: no digan que cuando lo hacen ustedes está muy bien y cuando lo hace el Gobierno está muy mal; por lo menos
en su discurso, que es un discurso que no comparto en absoluto, sean ustedes coherentes y no digan una cosa y la contraria. Yo se lo ruego en aras de la seriedad y del respeto que nos debemos en un debate en sede parlamentaria (Aplausos).


Ya le he dicho que hay una discrepancia de base, y lo que me preocuparía es que coincidiéramos. Claro que hay un déficit democrático, hay un déficit democrático porque hay una fuerza política que se niega a condenar el terrorismo, que se
niega a exigirle a ETA la disolución incondicional, que todavía estamos esperando que condene todo el daño causado, que ha estado acompañando durante muchos años, muchos de los que forman parte de esa formación política a la que usted representa,
que han estado jaleando y apoyando, y que estamos esperando que pidan perdón por lo que han hecho. Ese es el déficit democrático que existe de verdad; ese es el verdadero déficit democrático.


En cuanto a lo de la doctrina Parot y lo que ha dicho de la etarra Inés del Río, lo único que le puedo decir es que no puedo aceptar que diga que no lo hemos cumplido. Me parece que ustedes conocen los procedimientos. Sabe usted que la
Gran Sala ha admitido a trámite el recurso, y sabe usted además que lo que sucede en estos casos es que la sentencia o el fallo tiene que ser trasladado en este caso a la Audiencia Nacional, que lo hace propio, y es la Audiencia Nacional la que nos
tiene que transmitir a nosotros que se ejecute un fallo. Eso no lo ha hecho la Audiencia Nacional; en España hay separación de poderes, el Poder Judicial es independiente, y en ningún momento la Audiencia Nacional nos ha trasladado a nosotros que
tuviéramos que ejecutar ese fallo. Por tanto hemos cumplido escrupulosamente la sentencia en primera instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, como evidentemente la acataremos y la cumpliremos, sea cuál sea el fallo el día
20; pero una cosa es acatar, que estamos obligados a acatar, y otra cosa es el legítimo derecho a discrepar. Y yo le digo que decir que el Gobierno de España tiene que compensar con 30.000 euros a una etarra, a la que, si computamos el tiempo que
lleva de condena y las conductas por las que fue enjuiciada y condenada, le sale a menos de un año por asesinato, y que por eso se han violado los derechos humanos hasta el punto de que la sociedad española tiene que compensar con 30.000 euros a esa
etarra, me parece una ofensa, así de claro; me parece ofensivo, y por tanto de ese fallo, que obviamente acato, discrepo radicalmente, y lo puedo decir más alto, pero no más claro, y eso vale para otros supuestos. Hay que cumplir el ordenamiento
jurídico, pero hay que saber lo que son las sentencias, que hay que acatarlas, pero se tiene el legítimo derecho a discrepar de ellas, entre otras cosas porque están abiertas las vías de los recursos, y porque en algunos supuestos, si no pudiéramos
discrepar de las sentencias, evidentemente el ordenamiento jurídico quedaría fosilizado, quedaría fosilizado. Si hay un procedimiento de un tribunal que dice que determinada norma cabe en la Constitución, y tú la tienes que acatar, faltaría más,
pero no puedes discrepar, sobre la base de ese planteamiento el ordenamiento jurídico quedaría fosilizado, no tendríamos derecho a reformar ninguna ley. Por lo tanto a ver si tenemos una idea clara de lo que significan las obligaciones de un
gobernante y de cualquier ciudadano, sobre todo si tiene responsabilidades públicas, en cuanto a lo que es el deber de acatar y el derecho legítimo de discrepar, que son cosas muy distintas. Señor Trevín, conviene que tengamos las ideas claras al
respecto.


Por lo demás, usted ha dicho, señor Urbina, que ETA ha mostrado su buena voluntad; es lo que ha dicho, su buena voluntad, o sea que le debemos dar las gracias a ETA por que deje de matar. En todo caso

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yo desearía que pasara de mostrar su buena voluntad a que mostrara las armas que debe entregar, sería un paso mucho más eficaz. Yo le ruego a usted que tome buena nota, y que efectivamente el grupo político al que representa le pida a ETA o
le exija a ETA que si tiene esa buena voluntad que usted afirma que la demuestre no con palabras, sino con hechos, y como se me ha preguntado qué significa la disolución, lo dije en sede parlamentaria, a que anuncie la disolución, igual que
anunciaron un día determinado, el 20 de octubre del año 2011, que dejaban definitivamente su actividad terrorista, pues que anuncie que se disuelve y a partir de ahí... Disolución, ¿qué es? Entregar las armas que tiene, disolver las estructuras
diezmadas, debilitadas, que mantienen operativas en la clandestinidad. Nosotros no necesitamos verificadores internacionales, ni grupos internacionales de contacto para verificar que esa declaración es cierta, con la Guardia Civil y la Policía nos
basta y nos sobra, que quede muy claro. Eso se lo dije al señor Antigüedad, antes de que abandonara el Congreso de los Diputados, y se lo repito hoy aquí, ahora, a usted para que quede claro lo que para el Gobierno significa disolución y, cuando
añado incondicional, supongo que queda muy claro, quiere decir que no va a haber negociación política con el Gobierno, que lo tenga muy claro: ni hemos negociado, ni negociamos, ni vamos a negociar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se negocia con
otro es porque se parte de la premisa, que se acepta, de que el otro tiene razones, que ninguno está en posesión de la verdad, y que por tanto negociaremos para ver si hacemos concurrentes, compatibles, complementarias las razones del interlocutor
con las nuestras, y llegamos a un pacto. Pero los terroristas no tienen razones, una persona que está actuando con bombas y con pistolas no tiene razones, y por lo tanto no hay nada que negociar con terroristas. Ese es nuestro principio y así
vamos a actuar. (Aplausos).


Señor Olabarría, le agradezco tanto el tono como su contenido. Sabe usted que por parte del grupo al que representa y el Gobierno vasco existe la mejor de las voluntades de mantener un diálogo y una colaboración basada en la lealtad
institucional que empieza, como usted sabe perfectamente, por una confianza recíproca desde posiciones políticas, como es evidente, distintas, discrepantes, pero de absoluta lealtad institucional entre el presidente del Gobierno y el lehendakari.
La semana pasada tuve ocasión de recibir a la nueva consejera de Seguridad del Gobierno vasco, doña Estefanía Beltrán de Heredia, y desde la lógica diferencia de posiciones políticas -porque una cosa evidentemente es el Partido Nacionalista Vasco y
otra el Partido Popular, y eso es normal, forma parte del pluralismo democrático, del pluralismo social- tenemos una voluntad clara de mantener unas relaciones basadas en la lealtad institucional, en la mutua y recíproca confianza que, si en todos
los ámbitos es conveniente, es especialmente necesaria y recomendable en el ámbito de la seguridad pública. Si hablamos de territorios fuera de Cataluña o País Vasco, que tienen policías autonómicas -Mossos d´Esquadra, Ertzaintza-, donde no existen
policías autonómicas y tenemos que coordinar porque coexisten en el territorio en el ejercicio de sus respectivas competencias el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, cómo no va a tener que ser eso especialmente conveniente y necesario
en zonas o territorios como el País Vasco o Cataluña, donde además hay una Policía autonómica que tiene competencias en materia de orden público y de seguridad ciudadana. ¿Eso hemos de verlo como un problema? No, en absoluto. Hemos de ver, por
una parte, como normal que puedan existir disfunciones, es normal. Existen disfunciones entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, es lógico, estamos hablando de colectivos, en un caso, de más de 70.000 efectivos y, en el otro, de más
de 80.000 efectivos. Eso es humano, es normal, pero esas disfunciones, esas descoordinaciones cuando existen se corrigen con voluntad de superarlas. En el caso del País Vasco, para eso está, entre otras cosas, la Junta de Seguridad. Es evidente
que hay que hacer un esfuerzo para coordinar cuerpos policiales que ejercen sus respectivas competencias concurriendo en el mismo territorio. Yo se lo dije así a la consejera, doña Estefanía Beltrán de Heredia, y encontré en ella la máxima
receptividad a mis planteamientos, así como yo mostré máxima la receptividad a los suyos, insisto, desde posiciones políticas distintas, pero creo que lo fundamental en política es la lealtad institucional, la voluntad de cooperación, y usted sabe
como yo que existe la máxima voluntad por parte del Gobierno de España de mantener esas relaciones con el Gobierno vasco. Es verdad que usted no habla aquí en nombre del Gobierno vasco, sino en nombre de su grupo parlamentario, pero no podía dejar
de manifestarlo en la medida en que el Gobierno vasco se sustenta en estos momentos en el partido al que usted actualmente representa.


Ha aludido usted a la tipificación del delito de corrupción política y ha dicho que se va a debatir esta tarde una moción. Sabe usted perfectamente -porque además conoce muy bien estas cuestiones, pues ha sido vocal del Consejo General del
Poder Judicial y sabe muy bien de lo que habla- que esa moción trae causa de una interpelación que le fue formulada al ministro de Justicia. Por tanto, la tipificación de los

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delitos, qué duda cabe -y usted lo sabe muy bien, insisto- entra en el ámbito no excluyente, pero sí propio del Ministerio de Justicia. Cuando ahora se han planteado reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del Código Penal, es
evidente que en la medida en que la libertad y la seguridad es un binomio inseparable y que corresponde específicamente la defensa de una de las partes del binomio al Ministerio del Interior y otra al Ministerio de Justicia, en esos ámbitos hemos de
colaborar estrechamente los dos ministerios y lo estamos haciendo. Así, tanto en la reforma del Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que antes he mencionado en relación con la destrucción de esos almacenamientos de droga que
tantos problemas causan desde el punto de vista de la salubridad, la seguridad, etcétera, hemos llegado a acuerdos muy satisfactorios entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. También en relación con la reforma del Código Penal,
la multirreincidencia, etcétera, que son temas que preocupan, lo cierto es que la iniciativa legislativa le corresponde al Ministerio de Justicia.


Antes, al hablar de la corrupción, he aludido a que, como usted señalaba, como tal el delito de corrupción no está tipificado en el código, pero es verdad que hay otros delitos que se pueden considerar claramente subsumidos en esa definición
genérica de corrupción. En ese sentido, he dado esos datos estadísticos, que creo que son muy reveladores de lo que es no solo la voluntad política del Gobierno, sino lo que son los hechos políticos del Gobierno, que ponen de manifiesto su decidido
compromiso de lucha contra la corrupción. Desde el Ministerio del Interior no hay nada más verificable que los datos que he proporcionado. El número de investigaciones abiertas por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en
relación con la lucha contra la corrupción, en los términos que manifesté, son los que son, y el número de detenidos es el que es. Con eso no pretendo hacer revisionismo del pasado, quede claro, pero lo que nadie podrá cuestionar es el compromiso
firme del Ministerio del Interior, y, por extensión, del Gobierno, en la lucha contra la corrupción, en los delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencia, etcétera, así como la cifra de detenidos que se han producido en los catorce
meses de Gobierno del Partido Popular en delitos de estas características más allá, insisto, de declaración de voluntades y otras fórmulas retóricas, y no me estoy refiriendo a su señoría, evidentemente. Ahí están los datos. Si es conveniente o no
que se tipifique ese delito específicamente, pues, doctores tiene la Iglesia, y seguro que entre esos doctores, y hablo en serio, está su señoría, pero no es competencia de quien le habla como ministro del Interior, aunque, qué duda cabe, podría ser
un avance. Yo les invito a que trabajen juntos con el Ministerio de Justicia y los demás grupos parlamentarios para conseguir un consenso que si en todos los ámbitos es conveniente, creo que en este seria necesario.


Señor Olabarría, ha hablado usted también de la doctrina Parot, y con la misma humildad y amistad con la que usted se dirigía a mí, yo me dirijo a usted. Usted sí que sabe de qué estamos hablando y habla seriamente y con conocimiento de
causa. El Tribunal de Primera Instancia falló lo que falló y usted, repito, que sabe de lo que habla, sabe que el Gobierno no ha desacatado, como no podía ser de otra manera, el fallo de primera instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sabe también perfectamente que son muy pocos los supuestos en los que la Gran Sala admite recursos. En este caso ha admitido el recurso. Yo no sé lo que hará la Gran Sala, faltaría más, el próximo día 20; pero es evidente que si el Gobierno ha
recurrido es porque considera que está absolutamente justificado y está en su deber el recurrir y, por tanto, lo que no tendría sentido es que yo no defendiera esos argumentos y no creyera en lo que el Gobierno, a través de la Abogacía General del
Estado ha interpuesto como recurso ante la Gran Sala. Si la Gran Sala decidiera otra cosa, la acataríamos. Pero yo tengo el deber, como ministro del Interior, de poner de manifiesto dos cosas. Una, que los Estados miembros de la Unión reivindican
la política criminal y la política penal como propia y que forma parte de la política criminal la interpretación y aplicación en cuanto al cumplimiento de las condenas que establecen o dictan los Tribunales de Justicia. Nosotros tenemos la opinión
de que lo que está en cuestión fundamentalmente aquí es eso; y eso lo ha desarrollado la Abogacía General del Estado de manera muy extensa en el recurso que ha interpuesto. Eso si hablamos en términos jurídicos. Pero yo, repito, tengo el deber de
poner de manifiesto que además de los argumentos jurídicos están las consecuencias que se derivan de esos hechos. Y yo he puesto de manifiesto que si la Gran Sala falla en contra del recurso interpuesto por el Gobierno de España, por supuesto que
acataremos la sentencia, faltaría más, pero tengo el deber de advertir de las consecuencias, y es que no solo terroristas de ETA sino de otros grupos terroristas serían puestos en libertad, y delincuentes comunes con delitos gravísimos a sus
espaldas -he hablado incluso de personas con quince violaciones múltiples, con asesinatos múltiples-, se verían en libertad, y eso usted sabe como yo que causará alarma social en su momento. Y como siempre, será el Gobierno de turno -digo el de
turno, porque pasa así- el que asumirá las consecuencias, y yo tengo el deber de decir: oiga, no, aquí que cada palo aguante su

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vela, y que seamos consecuentes y coherentes con lo que hemos defendido. Si algunos están tan a favor de que se derogue la doctrina Parot, al margen de argumentos jurídicos -que son muy importantes-, que ponderen también las consecuencias
de esas decisiones, porque después habrá alarma social, habrá mucha, mucha preocupación y mucha indignación social cuando se vea que determinados penados, no necesariamente terroristas sino de otro tipo, penados comunes, son puestos en libertad. Y
algunos mirarán para otro lado y otros tendremos el deber de decir: mire usted.


Por eso, con argumentos jurídicos y apoyados en argumentos de hecho interpusimos en su momento el recurso y advertimos -porque las posiciones políticas son importantes- que sería bueno que el Gobierno no se encontrara solo o casi solo en
esta posición, porque eso también tiene importancia a la hora de determinados fallos.


En relación con la política penitenciaria, evidentemente, hablé con la consejera de Seguridad en el ámbito de las competencias que tiene el Ministerio de Interior. Qué duda cabe que la colaboración del Gobierno vasco es muy importante y
nosotros la vamos a tener en cuenta. Recojo el que usted está muy de acuerdo con determinados aspectos que hacen conveniente la reforma de la Ley orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, como en lo relativo a las armas blancas, que es un
ejemplo paradigmático, efectivamente, de la necesidad de actualización de esa reforma, de la seguridad privada, de los CIE, policías locales, etcétera. Le agradezco esa colaboración, como le he dicho que le agradezco sinceramente su tono.


Por lo que se refiere a la señora Díez, creo que con lo que he dicho en relación con ETA difícilmente va a discrepar conmigo. Entiendo que la mayor discrepancia que mantiene usted con nosotros es en cuanto a que deberíamos instar el
incidente de ilegalización sobrevenida de las diferentes marcas de ETA, como ha dicho su señoría. No fue el Gobierno el que legalizó a Sortu, ni fue el Gobierno el que legalizó a Bildu, como sabe muy bien su señoría, fue el Tribunal Constitucional.
Le puedo asegurar que tengo un entusiasmo descriptible con esas sentencias del Tribunal Constitucional, pero tengo el deber de acatarlas y cumplirlas, aunque pueda discrepar de esos fallos, y estamos hablando de un ámbito muy concreto como es el de
Sortu o Bildu. La sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu -la he recordado- efectivamente en su fundamento jurídico duodécimo dice algo que he explicitado reiteradamente, y es que no es una declaración retórica de intenciones ni
nada parecido, es recordar lo que dice la Ley de Partidos y la Ley orgánica del Régimen Electoral General en relación con las posibilidades de ilegalización sobrevenida, cuando esas conductas se producen de forma grave y reiterada. En ese caso,
entran en vigor las previsiones de la Ley de Partidos Políticos instando a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía General del Estado con su correspondiente incidente de ilegalización ante la Sala 61 del Tribunal Supremo.


No tenga usted ninguna duda, señora Díez, de que el Gobierno, como dije en su momento, ha puesto el marcador a funcionar y de todos los supuestos de conductas de esas características que se van produciendo vamos tomando nota y vamos
trasladándolas a quienes tienen en su caso y en su momento el deber de iniciar el incidente de ilegalización. Pero creo que no haríamos un favor a la democracia si instáramos un incidente de esas características sin tener plena garantía de que hay
base sólida y fundamentada como para que ese incidente de ilegalización prospere. No tengan ninguna duda los pertenecientes a esas organizaciones políticas, Sortu y Bildu, que han sido legalizadas por el Tribunal Constitucional, que una cosa es que
estén legalizadas y otra cosa es que la legalización les dé derecho a la impunidad. La legalización lo que quiere decir es que pueden actuar en el marco de la ley, pero evidentemente sujetándose al marco de la ley. Evidentemente, como no se
sometan en su actividad al cumplimiento del marco de la ley y por el contrario vayan incumpliendo de forma grave y reiterada algunos de los supuestos -que saben muy bien cuáles son-, el incidente de ilegalización se pondrá en marcha, que lo tengan
muy claro. Creo que estamos dando sobradas muestras, señora Díez, de que efectivamente nosotros no nos conformamos con la derrota policial de ETA, con el cese definitivo de su actividad terrorista el día 20, entre otras cosas con las cuarenta
detenciones practicadas desde que anunciaron ese cese definitivo de su actividad terrorista. Como tampoco creo que nadie tiene dudas de que no estamos negociando con ETA. Por lo tanto, si no estamos negociando con ETA, si seguimos actuando con ETA
de tal manera que si localizamos a una persona con vinculación, relación o integración en banda armada la detenemos y la ponemos a disposición de la justicia hasta el punto de que pese a su cese definitivo de actividad terrorista -repito- en catorce
meses han sido detenidas y puestas a disposición judicial cuarenta personas vinculadas con ETA, estamos demostrando -insisto- con hechos y no solo con palabras que nuestro compromiso es serio. Por supuesto que la derrota de ETA significa algo más
que la

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derrota policial, evidentemente, significa que todo aquello por lo que han estado asesinando y aterrorizando a la población durante tantos y tantos años no quede impune y tiene mucho que ver también con el relato de la historia, de la verdad
histórica y, por eso, aludí antes precisamente al diagnóstico de unos respecto a la situación, causas y consecuencias del conflicto y el relato de otros. Aquí ha habido unos que han matado y otros que han sido asesinados, que quede muy claro, y no
hay equidistancia posible entre los que han sido los asesinos, los que han sido los terroristas y los que han sido las víctimas del terrorismo, y eso tiene mucho que ver con el relato de la historia, de la verdad histórica.


Señor Sixto, sin perjuicio de que efectivamente va a comparecer el nuevo secretario de Estado de Seguridad y de que contestará a las diversas peticiones de comparecencia que están vinculadas de una manera o de otra con la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -y eso es así porque quien tiene la misión inmediata de coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el propio secretario de Estado de Seguridad y, por tanto, parece razonable que sea él quien
responda en primera instancia a esas cuestiones que en muchas ocasiones son muy prolijas y muy casuísticas-, ha hecho usted una reflexión de conjunto -la ha denominado usted así- y es en relación con la política del Gobierno respecto a los
movimientos sociales. Señoría, la política respecto a los movimientos sociales y la política en general respecto al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana por parte del Gobierno se resume en cuatro palabras: cumplimiento de la
ley. Tenemos muy claro, porque lo dice así además el artículo 104 de la Constitución, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen por misión velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y por
la seguridad ciudadana, y eso es lo que están haciendo el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, velar por que un derecho fundamental, por ejemplo, como es el de manifestación o el de reunión, se ejercite libre y pacíficamente y en el marco
de la ley. Ahora, si hay algunos que no se manifiestan pacíficamente, de forma hipotética, convendrá conmigo en que la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidentemente evitarlo y exigir además que ese derecho fundamental de
reunión y de manifestación, que tiene una especial garantía jurisdiccional, se ejercite en el marco de la ley, y el marco de la ley también significa que se cumpla la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión del año 1983 y que se comuniquen
esas manifestaciones y esas reuniones a la autoridad gubernativa, no para controlarlas sino para que con la comunicación previa, como ha señalado el Tribunal Constitucional, se esté en mejores condiciones operativas de garantizar su libre ejercicio
por parte de quien lo tiene encomendado que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta es nuestra política, créame que no hay ninguna otra. Llevamos un año y un poco más de gobierno y hemos tenido en España dos huelgas generales y
miles de manifestaciones y sinceramente creo que tendrá que aceptar conmigo que no se compadece con la realidad decir que esté reprimido en España el ejercicio de manifestación. Hay miles de manifestaciones en España, se han producido dos huelgas
generales y creo que para satisfacción de todos podemos decir que, dadas las circunstancias, se han producido en un clima general en el que esos derechos fundamentales se han visto garantizados y reconocidos y que además esas manifestaciones se han
producido pacíficamente. La excepción es lo contrario a la norma y la norma ha sido lo que he dicho.


En relación con lo que me ha comentado del modelo policial español, le voy a decir una cosa. Usted me ha dicho que no comparte ese modelo policial y tiene todo el derecho a no compartirlo, faltaría más; me preocuparía que lo
compartiéramos, pero no me disgustaría que lo compartiéramos, sobre todo por ustedes, porque es el modelo policial imperante en los países más importantes de la Unión Europea, que son países con tradición democrática. Francia tiene un modelo
policial como el español. Tiene una fuerza gendármica de naturaleza militar. También en Italia, en Portugal, etcétera. Y si vamos fuera de la Unión Europea podemos hablar en los mismos términos. Por tanto, el modelo policial español no es
exclusivo en el mundo, pero créame que es el que está mayoritariamente implantado. Porque parece muy eficaz que haya dos cuerpos policiales básicamente -hago extracción ahora de que el modelo policial español se complementa evidentemente con las
policías locales por un lado y con las policías autonómicas, singularmente los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Ertzaintza en el País Vasco, es evidente-, como fuerzas policiales desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional en el
ejercicio de sus funciones está el Cuerpo Nacional de Policía, que es de naturaleza civil, y la Guardia Civil, que tiene naturaleza militar, cuerpo gendármico. Ese es un modelo policial que está implantado en la mayoría de países democráticos.
Además, le voy a decir una cosa. Si usted reflexiona, estoy seguro de que llegará a la convicción de que es mejor tener dos cuerpos policiales complementarios de esas características que no

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un único cuerpo policial, y me quedo ahí. Estoy seguro de que si reflexiona estará de acuerdo en que es mucho mejor.


Usted me ha hablado y también el señor Trevín, y por eso, si me permite, acumularé la respuesta en los dos, porque creo que es importante, del incidente de la patrulla de la Guardia Civil, la colisión con esa patera. Tengo un especial
interés en aclarar eso porque, entre otras cosas, es profundamente injusto, y yo como ministro del Interior no puedo aceptarlo, que no se reconozca la labor extraordinariamente, entre otras cosas, humanitaria que está haciendo la Guardia Civil,
salvando a miles de personas en el mar con riesgo en muchas ocasiones de sus vidas; es profundamente injusto. Tengo que decirle que ese vídeo fue aportado por la Guardia Civil al juez. Por tanto, no aporta nada nuevo. Ese vídeo, repito, fue
aportado por la Guardia Civil al juez. La Guardia Civil reconoció en su momento la colisión y aclaramos que, aun con la avería, los guardias civiles arriesgaron sus vidas para salvar a diecisiete inmigrantes. Incluso se tiraron al mar para
rescatar dos cuerpos. Por tanto, es profundamente injusto que se diga lo que se ha dicho. Lo atribuyo al desconocimiento porque estoy seguro de que no se debe a la mala fe ni a la ignorancia, pero la ignorancia cuando es culposa empieza a ser
preocupante y grave, y yo tengo el deber de salvar aquí el honor y la verdad en lo relativo a esta actuación de la Guardia Civil y lo digo así porque es así. (Aplausos).


Respecto a las policías locales, veo que algunas de las reflexiones y aportaciones que usted ha hecho, como otros portavoces de otros grupos parlamentarios, ponen de manifiesto que sin perjuicio, evidentemente, de respetar, como no puede ser
de otra manera, la facultad de coordinación sobre las mismas que tienen atribuidas algunas comunidades autónomas en sus respectivos estatutos y la garantía institucional de la autonomía local, según doctrina jurisprudencial muy consolidada del
Tribunal Constitucional, es evidente que conviene una ley que en estos momentos muchos alcaldes nos están pidiendo. No entro en otras consideraciones que usted ha comentado y que incluso en privado podríamos compartir.


A continuación, por lo que se refiere al señor Jané, ha habido dos partes, si me permite, en su intervención y dejo para el final la relativa al informe borrador de la UDEF. En cuanto a lo primero, usted ha dicho, señoría, que han de remar
todas las policías juntas en la misma dirección. Faltaría más, solo que cada uno en su lado, unos a babor y otros a estribor, y cada uno con el remo que le corresponde. Es decir, que cada uno con las competencias y funciones que le atribuye el
ordenamiento jurídico. Pero qué duda cabe de que todos con sus competencias remando en la misma dirección, que es la dirección de conseguir cada vez mayor seguridad para nuestros conciudadanos, haciendo que precisamente esa seguridad sea la
condición previa y necesaria para que puedan ejercitar sus derechos en libertad y garantizar asimismo una convivencia ciudadana libre y que solo puede entenderse como libre en la medida que es segura.


Comparto lo que ha dicho respecto al registro de faltas, en el sentido de que la implementación de ese registro es necesaria para una mayor eficacia en la lucha contra determinadas modalidades delincuenciales que generan alarma social,
cuando no una indignación que está más que justificada. Es evidente que cuando vemos determinadas conductas o personas que han sido detenidas en innumerables ocasiones, la gente se indigna y con razón, y nosotros, los legisladores, tenemos el deber
de dictar las normas que hagan que esas conductas no se puedan producir. Evidentemente, el registro de faltas es condición previa para que podamos acreditar si se produce o no una reincidencia o multirreincidencia. Por tanto, en ese sentido le doy
la razón, pero sepa que nosotros y el Ministerio de Justicia estamos trabajando en ello.


En cuanto a protección civil ha aludido al artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para exigir pleno respeto a la competencia en materia de protección civil de la Generalitat. Por supuesto que lo tenemos, faltaría más, pero
cuando hubo un incendio en el mes de julio en algunas comarcas geroninas, en Cataluña, la dirección del operativo, como no puede ser de otra manera, le correspondió a las autoridades de la Generalitat, en ese caso al conseller de Interior. Fue él
quien en un momento determinado solicitó la intervención de un instrumento del Estado que es fundamental para prevenir determinadas catástrofes, la Unidad Militar de Emergencias. Dicha unidad estuvo desplegada en la zona y su colaboración fue
decisiva y determinante para una rápida y eficaz extinción de esa catástrofe, de ese incendio. Por tanto, desde el pleno respeto, que reconoció el propio conseller de Interior -yo estuve allí-, a las competencias de las comunidades autónomas, en
este caso de la Generalitat de Catalunya, tenemos el deber de cooperar. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, el deber de cooperar no está establecido explícitamente en la Constitución, pero es un principio que se deriva necesariamente de ella
y nos obliga a todas las administraciones públicas a cooperar en aras del bien común. En este caso la experiencia pone de manifiesto que así ocurre si por hipótesis de trabajo -estamos hablando de la Ley de Protección Civil y Emergencias- nos
viéramos abocados a ello. Ayer precisamente tuvimos en Palazuelos, en

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Segovia, un simulacro de incidente que daría lugar a una emergencia de nivel 3 decretada por el Ministerio del Interior, donde evidentemente tenemos que colaborar todos, porque estamos ante supuestos donde todos somos necesarios de manera
ordenada y nadie por sí mismo se basta y sobra para actuar en favor de los ciudadanos. Tenga la seguridad de que la nueva ley de protección civil tendrá muy presente, como no puede ser de otra manera, el desarrollo del Estado autonómico -que es del
año 1985- y que se hará en plena sintonía y diálogo con las comunidades autónomas, además de los otros interlocutores que he citado. Además, y lo repito, también en el ámbito comunitario está muy desarrollada la protección civil. Fíjese lo que
suponen las plagas de incendios en el sur de Europa en la etapa veraniega -por ejemplo, en países como Grecia-, por lo que si tenemos aviones disponibles para prestarnos unos a otros, por ejemplo, mucho mejor, pues las peticiones son innumerables.
Hay que tener muy presente las políticas comunitarias en materia de protección civil, políticas que en el año 1985 sencillamente no existían. Todo eso lo vamos a intentar conjugar en una nueva norma, que desde el respeto a la autonomía política de
las comunidades autónomas adapte y actualice esa normativa y que nos haga más eficaces para que, en el supuesto de que nos veamos abocados a actuar ante una catástrofe o emergencia que precise que todos colaboremos, lo hagamos con unos marcos
jurídicos adecuados y actualizados.


Me ha hablado de los Mossos d'Esquadra con relación a su acceso a las bases de datos. Señor Jané, los mossos no participan en el sistema nacional de violencia de género, pero porque no quieren, o no quieren quien les manda. Han sido
formados 120 Mossos d'Esquadra por el Ministerio del Interior y han sido habilitados 583. A pesar de haber firmado en el año 2009 un convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, no
acceden al sistema. Los Mossos d'Esquadra, o sus autoridades políticas -no tengo ninguna duda de la disciplina y la sujeción a la ley de los Mossos d'Esquadra-, solo dan datos de la primera denuncia -estoy hablando de violencia de género-, que se
produce mediante servicio web y no hacen valoración de riesgo, y eso, créame, para luchar contra la violencia de género no ayuda demasiado. Ahí usted ha aludido al acceso de datos y sería bueno que ese acceso de datos que no hace el Cuerpo de los
Mossos d'Esquadra lo hiciera por el bien de todos; sobre todo por el bien de las mujeres que padecen la violencia de género.


En cuanto al informe-borrador, ya he explicado exhaustivamente lo que podía y debía decir. No tengo más que añadir porque, entre otras cosas, el mismo 16 noviembre, día en que se publicó ese informe-borrador, está registrado y documentado
que yo pedí a la Unidad de Asuntos Internos de la policía una investigación. El día 9 asuntos internos me ha dado sus conclusiones definitivas y le puedo asegurar que no estoy en mejores condiciones que asuntos internos para hacer una investigación
más exhaustiva y que pueda depurar responsabilidades con mayor precisión de lo que han hecho ellos. Si usted es capaz, viene y me lo explica. Vaya usted a cualquier cuerpo policial y diga que un responsable político está en mejores condiciones que
la Unidad de Asuntos Internos para depurar una investigación de estas características. En todo caso, ya he dicho que salió una persona, que es el secretario general del SUP, que en rueda de prensa dio a conocer el informe-borrador. Él dijo -no yo-
que se lo habían dado dos policías indignados porque los mandos políticos no tramitáramos con la celeridad adecuada los casos de corrupción cuando afectaban a políticos. Se le ha incoado expediente disciplinario. Él se ha negado a dar
documentación o información acreditativa sobre qué policías le habían dado ese informe. Se le ha incoado expediente disciplinario que está ya en fase de resolución, pendiente de las alegaciones a las que tiene derecho. El Cuerpo Nacional de
Policía tiene más de 71.000 efectivos. Si sale una filtración y usted cree que es muy fácil acreditar quién la ha filtrado, viene y me lo explica. Ya me gustaría a mí que supiéramos quién ha hecho determinadas filtraciones -documentos, borradores,
informes, fotocopias, etcétera- o quién los ha elaborado. Si usted lo sabe, explíquemelo a mí. (Un señor diputado: Pues menos mal que es el ministro del Interior).


Me ha dicho usted que tengo que depurar responsabilidades y me ha preguntado incluso, señor Jané, si yo conocía ese informe-borrador antes de que fuera publicado. Con el respeto y el aprecio que sabe que le tengo le digo que eso me ofende.
Así de claro. Si usted está hablando para determinados medios políticos de Cataluña, como también conozco Cataluña y soy político de Cataluña, le digo que me ofende la pregunta. Usted me ha preguntado si yo conocía ese informe-borrador antes de
que fuera publicado, que es tanto como decir que yo consentí o propicié su publicación. Eso es una ofensa. Como le conozco y estoy seguro de que usted no quiere ofenderme, le rogaría que lo retirara. Si no lo retira, tomo buena nota de lo que
usted ha dicho. Usted me ha dicho si lo conocía y si sabe el ministerio quién lo ha elaborado. Ya le he dicho que la Unidad de Asuntos Internos me ha dicho que, tras haber interrogado a todos y cada uno de los miembros de la UDEF que podían
haberlo elaborado, todos ellos negaron

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haber sido los autores. La UDEF -por si no lo sabe- tiene 300 efectivos y asuntos internos ha hecho una investigación exhaustiva al respecto. La Unidad de Asuntos Internos me ha dicho lo que yo aquí he dicho y, evidentemente, no voy a
corregir a la Unidad de Asuntos Internos, de la que me fío absolutamente. Sobre eso ya no tengo nada más que decir, salvo compartir con usted -eso sí- que ojalá no haya filtraciones de ningún tipo. Todos las hemos padecido sin excepción y sería
muy bueno que no hubiera filtraciones. He hablado del código ético de la policía y usted me ha dicho que espera que en ese código ético tengamos en cuenta las filtraciones. Efectivamente, vamos a ser más exigentes en la depuración de
responsabilidades para evitar que haya filtraciones. Pero espero que todas las instancias apliquen esa misma lógica y sean muy exigentes para evitar en sus respectivos ámbitos de competencia o de actuación que haya filtraciones, porque aceptará que
no solo existen filtraciones en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía en este país.


Por último, como usted lo ha citado, y para zanjarlo -lo dije en su momento-, he de decir que de la reunión que hubo por parte de determinados policías con fiscales en Barcelona, la investigación relativa al caso Palau, que la lleva el
Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, inicialmente la tenía atribuida -lo digo porque a lo mejor les suena por algún caso reciente- el Cuerpo Nacional de Policía, y en un momento determinado se trasladó de la Policía judicial, por parte del
juez, en uso de sus competencias, a los Mossos d'Esquadra; eso es lo que pasó. El Cuerpo Nacional de Policía tiene por norma -creo que eso se entenderá muy bien-, que cuando actúa como Policía judicial y en un momento determinado de la
investigación el juez competente le retira la condición de Policía judicial para atribuírsela a otro cuerpo -estoy hablando con carácter general porque lo hace así siempre-, quiere saber a qué es debido pero no para cuestionar una decisión judicial
que es absolutamente impecable desde el punto de vista de la competencia del juez, sino para saber si ha fallado en algo que haya motivado el que se le haya retirado esa competencia y, en esa medida, haciendo autocrítica, procurar mejorar y que ese
presunto error que ha llevado a que se le retire la competencia como Policía judicial no se pueda reproducir en el futuro. Así se ha actuado siempre a lo largo y ancho del territorio nacional por parte del Cuerpo Nacional de Policía. No tenía por
qué ser una excepción Cataluña cuando se le retiró la competencia que tenía atribuida en relación con el caso Palau y se le pasó a los Mossos d'Esquadra. Eso es lo que motivó fundamentalmente esa reunión. Tengo que decirle que de esa reunión yo no
tenía conocimiento previo -espero que me crea-, y contesté en sede parlamentaria cuando se me preguntó, porque una vez que salió en los medios inquirí qué había de verdad en eso y se me dio esta explicación. Lo dije en su momento en el Congreso de
los Diputados, en los pasillos del Congreso a los medios, y hoy aquí, en la Comisión de Interior lo reitero; esa es la verdad de lo que sucedió según a mí me la ha trasladado la Policía, y por supuesto, al igual que con la Guardia Civil, yo tengo
la presunción de inocencia en relación con la Policía en el sentido de que lo que me dicen, salvo demostración de lo contrario, me lo creo.


Señor Trevín, me ha dicho que no contestábamos, y yo le voy a decir que tengo aquí un dato en relación con las preguntas con respuesta escrita que afectan al Ministerio del Interior. En lo que llevamos de legislatura han sido recibidas
3.099 y contestadas 2.712, es decir, el índice de respuesta a día de hoy es del 87,51%. Usted me puede decir: sí, pero no contestan a lo que le preguntamos, y yo le puedo decir que no contestamos como a usted le gustaría que contestáramos, y ahí
estaríamos debatiéndolo. Repito, el índice de respuesta es del 87,51%, que quede claro. En cuanto a comparecencias, por mi parte esta es la cuarta y ya he dicho que voy a pedir una quinta, y no he contado la comparecencia ante la Comisión de
Seguridad Vial, que es del Ministerio del Interior pero no está en el seno de la misma. Pero no se preocupe que, como le he dicho, el nuevo secretario de Estado de Seguridad comparecerá para responder a aquellas cuestiones que ustedes han
formulado, por las que han pedido su comparecencia, y que tienen directa relación con lo que es su competencia como responsable inmediato de coordinar a los dos cuerpos policiales, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, así como otras
cuestiones que están directamente vinculadas con su inmediato ámbito competencial.


Me ha planteado usted señor Trevín, dos cosas más a las que de manera especial quiero contestar. A una ya le contesté, que es la relativa al vídeo en relación con ese incidente, esa colisión entre una patrullera de la Guardia Civil y una
patera. Ha preguntado usted por el cese de determinados altos cargos en el ministerio y ha dicho que había una especie de epidemia. Ha citado entre ellos a don Gabriel Fuentes, un comisario que jamás ha tenido destino en el Ministerio del
Interior. Sinceramente, no entiendo cómo usted me habla de epidemia de ceses y de dimisiones en el Ministerio del Interior, salvo que usted considere que un comisario local o un jefe superior sea un alto cargo del Ministerio de Interior. Me ha

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hablado también del jefe superior del País Vasco. ¿Le tengo que explicar por qué cesó el señor Pamies como jefe superior de la Policía del País Vasco? Creo que no se lo tengo que explicar, hágame el favor de que no tenga que hacerlo. Por
tanto, que me diga usted que eso es una epidemia de ceses y dimisiones me parece un poco excesivo por su parte, señor Trevín. El único relevo de alto cargo que se ha producido en el Ministerio del Interior ha sido el del secretario de Estado y se
produjo de común acuerdo entre él y yo, porque va a aspirar a una plaza de juez en el Tribunal de Luxemburgo. Dada su formación -es magistrado de carrera, fiscal de carrera y tiene experiencia de colaboración en la Unión Europea-, nos parecía que
su experiencia y biografía profesional le hacen especialmente idóneo para optar a esa plaza de juez español en ese tribunal. Y para que hubiera solución de continuidad entre su condición de alto cargo y su aspiración a estar en un cargo de esas
características, pareció conveniente su relevo. Ese es el único alto cargo que ha sido relevado. Si a eso le llama usted epidemia, no sé lo que será cuando sea una pandemia, pero eso es lo que ha sucedido.


Por otra parte, se ha referido, señor Trevín, al tema de las UTE. Me interesa mucho aclarar el tema de las unidades terapéuticas educativas. Me lo ha planteado usted y me ha dicho que la lucha contra la droga y -creo entender que lo ha
dicho- el desmantelamiento de las UTE rompería el consenso existente en un ámbito tan sensible e importante como la lucha contra las drogas. Le tengo que decir que no ha habido ni se va a producir ningún desmantelamiento de las unidades
terapéuticas educativas. Ha citado en particular la de Villabona. He contestado recientemente al señor Llamazares en pregunta escrita, tres folios, sobre el particular. Él se interesó en el Congreso sobre esa cuestión, y ya se lo dije. No ha
habido ningún tipo de desmantelamiento. Digo aquí solemnemente que no es voluntad política del Ministerio del Interior -y se lo digo yo, que alguna autoridad tengo por lo menos de momento al respecto- desmantelar las unidades terapéuticas de
educación, ni en Villabona ni en ningún sitio. Es más, existen unidades de esas características, UTE, a lo largo de España en territorio gestionado por el Ministerio del Interior en el ámbito de las instituciones penitenciarias en dieciocho
establecimientos penitenciarios y están sometidos a los tratamientos correspondientes más de 2.000 internos y pretendemos incrementarlo. Por tanto, nada más alejado de la realidad que afirmar que queremos desmantelar las UTE, poniendo además como
ejemplo el caso de la UTE del centro penitenciario de Villabona para atribuir al Ministerio del Interior una voluntad que, créame -pretendo tranquilizarle, señor Trevín-, no existe; todo lo contrario. Otra cosa es que se deseen determinadas cosas
so pretexto del desmantelamiento. Y no quiero ir más allá en relación con lo que ha pasado en Villabona, precisamente porque no quiero romper el espíritu de consenso. Pero quédese, por favor, con mi compromiso de que esas UTE no van a ser
desmanteladas, sino que en la medida de nuestras disponibilidades van a ser generalizadas. Del caso de Villabona hoy no quiero hablar específicamente porque, posiblemente, señor Trevín, romperíamos el espíritu de consenso, que en este ámbito quiero
mantener con ustedes.


Termino dando las gracias a don Conrado Escobar, portavoz del Grupo Popular. Es evidente que a nadie va a sorprender que el portavoz del Grupo Popular esté en sintonía con el Gobierno y, en este caso, con el ministro del Interior, pero eso
no exime de que yo le agradezca muy sinceramente las manifestaciones que ha hecho y el apoyo que en todo momento da, como portavoz del Grupo Popular en esta Comisión, a las políticas del ministerio y que, por tanto, se lo quiera reiterar. De manera
especial, todo el discurso que ha hecho en relación con ETA, sobre que sigue sin disolverse, sin pedir perdón, sin hacer todo lo que tiene que hacer, que es desaparecer del mapa, reconociendo todo el daño que ha causado, y, al mismo tiempo,
exigiendo a algunas fuerzas políticas aquí presentes y que se han manifestado, que la mejor manera que tendrían para colaborar en ese empeño es exigirle a ETA su disolución incondicional y que pusiera a disposición de las fuerzas de seguridad o de
quien quiera las armas que todavía tienen. Le agradezco además, señor Escobar, que usted haya aludido a la libertad, a la seguridad, a la confianza, como conceptos que están indisolublemente unidos, y a que la voluntad del Gobierno, con el apoyo
del Grupo Popular, es que cada vez podamos generar más confianza porque cada vez más desde el Ministerio del Interior contribuyamos a la seguridad de los ciudadanos y, por tanto, al ejercicio libre de sus derechos fundamentales.


El señor PRESIDENTE: Abrimos un segundo turno de los distintos grupos en igual orden y, en este caso, ya les anuncio que la luz se encenderá al concluir cinco minutos, con lo cual tendrán ustedes la referencia para poder llegar a hasta seis
en el cierre. A partir de los seis me vería obligado, lógicamente, a interrumpirles.


Iniciamos este turno con el Grupo Mixto, el señor Urbina.

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El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señor ministro, en primer lugar hay una cuestión que no es la primera vez que sale y quería dejar absolutamente clara; los mandantes de Amaiur son sus propios miembros, nadie más. Si de algo
estamos haciendo apología, y llevamos meses trabajando en este sentido en el Congreso, es de la solución y de solicitar democracia para Euskal Herría. Evidentemente, lo hacemos sobre una lectura política tan legítima como puede ser la que hace
cualquier otro grupo parlamentario, cualquier otro político, o así lo entendemos. De esa lectura política llegamos a la conclusión -o analizamos- que existe un conflicto, un problema -no nos vamos a quedar en la terminología porque no es la
cuestión- que es previo a ETA, que ha sido coetáneo y que, posiblemente, será en el futuro si no modifica el Gobierno la posición. Un conflicto que, en términos generales, proviene precisamente de lo que anteriormente decía, de la existencia de un
déficit democrático. Esto ha llevado a Amaiur, a EH Bildu, a una posición política en relación con una serie de exigencias que ha realizado el ministro y el portavoz del Partido Popular; la posición política en relación a la resolución de este
conflicto, a cómo solucionar este problema, está establecida -en lo que corresponde a Amaiur- claramente en tres declaraciones que estoy seguro, señor ministro, de que usted las conoce, que son: la declaración del Kursaal, de Aiete y de Gernika,
que son lo suficientemente explícitas en muchas o en casi todas de las exigencias que usted ha hecho a este portavoz.


Es cierto, y creo que es importante, porque quiero remarcar que la voluntad de Amaiur es sincera. Seguimos creyendo que la manera de solucionar esta situación -la situación que se ha vivido en las últimas décadas en nuestro pueblo, en
Euskal Herría- pasa por abordar la resolución del proceso de manera integral; y esto no puede ser puesto -o así lo vemos nosotros- en contradicción con una cuestión que evidentemente tiene una carga humana ineludible, y es el reconocimiento y la
reparación de los que más han sufrido en esta situación. Remarco que no puede ser puesto en contradicción; es nuestra apuesta política, es nuestra receta, la que creemos que verdaderamente nos va a llevar a una convivencia que todos, todos,
queremos en Euskal Herría. Por eso, en esta situación tampoco podemos entender -en respuesta al portavoz del Partido Popular- que el Gobierno español es un agente neutral que no ha tenido intervención en toda esta situación. No es así, y por eso
es fundamental que mueva ficha, que se mueva, que salga del inmovilismo. Tiene un ámbito a su alcance -y lo decía en mi intervención anterior- y es el ámbito penitenciario, simplemente en una clave, respeto a los derechos. No sé valorar el mundo
que tiene este portavoz o no. Lo que sí sé es que debe coincidir con los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en su sentencia, en la de Inés del Río, determinan que se produce una vulneración del derecho a la libertad, lo
determinan claramente. Y, sinceramente, la aseveración que ha hecho el ministro en este momento en relación con esta cuestión, el poner en relación el derecho a la libertad de una persona presa con los hechos que le llevaron a cometer ese delito,
en términos jurídicos es una aberración. Por eso, señor ministro, creo que hoy tenía usted la ocasión -la tienen de manera continua-, hoy era una de esas ocasiones para reconocer y corregir la vulneración de derechos que se están produciendo con
relación a los presos vascos y era una buena opción, y ha perdido usted la ocasión también, de reconocer y declarar el respeto a la palabra y a la decisión de la ciudadanía vasca como miembro del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Corresponde el uso de la palabra al señor Olavaria, si así lo desea. Ya sabe que no es obligatorio.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a hacer un ejercicio responsable de la voluntariedad utilizando el uso de la palabra.


Señor ministro, me alegra -no sabe hasta qué punto- las buenas relaciones que parece que se inician con la nueva consejera de Interior del Gobierno vasco, buenas intenciones que se irán concretando en algún tipo de hechos de los que
reivindica la consejera de Interior del Gobierno vasco y el propio Gobierno vasco. Me estoy refiriendo en concreto al reagrupamiento, al despliegue y repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza en tanto en cuanto
la Ertzaintza es una policía integral. Cuando se habla de una policía integral se habla de una policía que ejerce todas las competencias que pueden ejercer las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado salvo las tasadas como exclusivas de
estos, que es la emisión de determinados documentos oficiales y la persecución de algunos delitos de carácter supraautonómico y temas vinculados a cuestiones de naturaleza fronteriza. Esto está tasado tanto en la Constitución como fundamentalmente
en el Estatuto de Autonomía. Por lo demás, la Ertzaintza es una policía integral que ejerce funciones de seguridad ciudadana,

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que ejerce funciones de policía judicial y que ejerce las mismas funciones de protección civil que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.


La sobredimensión de efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi dimana de dos circunstancias: la existencia del hecho terrorista durante muchos años que seguramente obligó a multiplicar los efectivos, incluso
existiendo ya la Ertzaintza, que cumple esas funciones también de persecución de la actividad terrorista, y sobre todo una perversión que dimana no tanto del ministerio como de los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, los cuales
cuando se iniciaba el enjuiciamiento, la instrucción sumarial de delitos de terrorismo normalmente atribuían la función de persecución, de indagación o de práctica de diligencias policiales no a la Ertzaintza como hubiera sido correcto en virtud de
los requerimientos del Estatuto de Autonomía de Gernika sino a la Guardia Civil ubicada en Euskadi o al Cuerpo Nacional de Policía, vulnerando las competencias que en materia de policía judicial posee la Ertzaintza. Habiendo desaparecido esta
circunstancia y siendo ya un hecho evidente que la paz se puede considerar una expectativa más que cierta, que la paz se está consolidando en Euskadi -yo por lo menos soy de los optimistas en este ámbito, señor ministro, y me da la impresión de que
usted también, no sé si lo podrá reconocer formalmente en esta Comisión o no pero pienso que usted también-, no tiene sentido, porque ya no va a haber jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional, que encomienden a un desmesuradamente nutrido
cuerpo de la Guardia Civil o miembros de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía funciones atinentes a investigaciones relativas a la persecución de delitos de terrorismo, delitos de terrorismo que todos esperamos, usted y yo y todos los
que estamos aquí presentes posiblemente, que no vuelvan a suceder en la vida, jamás en la historia, ni en Euskadi ni en el Estado español. Desde esa perspectiva, cuando la consejera de Interior del Gobierno vasco le pide que se replanteen el
despliegue y repliegue de la Ertzaintza y de las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad del Estado lo hace por estas razones, sin perjuicio de que haya un mantenimiento residual de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aquellas
competencias que el Estatuto de Autonomía les asigna en exclusiva. Pero para las demás, señor ministro, usted sabe que la Ertzaintza posee competencias plenas y efectivos suficientes como para poder ejercer eficientemente todas las funciones en
materia de seguridad ciudadana, de policía judicial y de protección civil. Dicho esto, esperemos que las buena relaciones, parafraseando la última expresión de la película 'Casablanca', este inicio de una buena amistad que parece haberse iniciado,
concluya en lo que le reivindicó y reclamó la consejera de Interior del Gobierno vasco y el dimensionamiento de unas policías y otras sea el que se corresponda con el bloque de constitucionalidad y con las competencias previstas en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía de Gernika.


En relación con la doctrina Parot, señor ministro, no me gustaría regodearme en un debate con usted sobre esta materia, pero el principio de legalidad nos afecta a todos. Yo le puedo asegurar que no hay ningún país en el mundo donde el
sistema de concurrencia de penas y de acumulación de penas, en el caso del supuesto que se hayan cometido por una misma persona diversos delitos, sea perfecto y que esté bien conectado con las previsiones de la legislación penitenciaria en materia
de beneficios penitenciarios. No hay ninguno, pero lo que pasa es que el que hay se tiene que respetar y el que se tiene que respetar es el que está previsto o consignado en el derecho positivo, en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y
en el reglamento de desarrollo y la reinterpretación de estas normas por los tribunales y de forma particularmente característica, en virtud del invocación del artículo 10 de la Constitución, que hacía -y yo comparto- el portavoz del Grupo Popular,
particularmente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto se tiene que hacer no con resignación ni invocando las situaciones aberrantes que puedan dimanarse. No hay ningún país en el mundo, señor ministro, en el que la
satisfacción con relación al tiempo de duración de penas por determinadas conductas que son aberrantes, que repugnan a la totalidad de la población, sea absoluta. La enumeración de ejemplos es una trampa dialéctica porque en todos los países salen
en libertad delincuentes que han cometido delitos aberrantes y deleznables antes del tiempo que la sociedad desearía, pero a nosotros no nos corresponde mensurar el tiempo que la sociedad desearía.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya cabo con estas palabras.


A nosotros, señor ministro, nos corresponde mensurar el tiempo que la legislación y los tribunales nos imponen, y esta es nuestra obligación como políticos. No hagamos trampas en esta materia y no utilicemos ejemplos que en todos los países
del mundo se producen. Por lo demás, quiero mostrar nuestra

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colaboración a las importantes líneas de actuación de su ministerio, de las cuales ninguna de ellas es irrelevante ni baladí. Yo sí que comparto el binomio de que...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...seguridad es un concepto simétrico con libertad y libertad es igualmente simétrico con seguridad. Buscar los puntos de equilibrio nos corresponde en virtud de los consensos parlamentarios a todos.


El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No se me ocurre que en ninguna reunión del Parlamento alemán se levantara un diputado de cualquier grupo político a revisar la historia del nazismo. No se me ocurre que se levantara ningún -insisto- diputado de
ningún grupo político sin un reproche inmediato de carácter político, que afortunadamente en Alemania sería un reproche penal también, para alguien que practicara el negacionismo, que no es ni más ni menos que la revisión de la historia, que una
distorsión ilegítima del registro histórico para justificar lo que había supuesto o lo que fue realmente en este caso el nazismo en Alemania y en toda Europa. Aquí se nos ha dicho que existe en Euskadi un conflicto político -textual- previo a ETA y
que seguirá -textual- en el futuro, si el Gobierno no modifica su posición. Yo le pregunto al ministro del Interior si estas palabras a su juicio no son además de negacionismo, amenazas, porque yo las he copiado textualmente; si además de
justificación de la historia de ETA y de la historia de terror, no son amenazas. Le pregunto al ministro del Interior si le parece que eso es así y si no le parece que una buena muestra de que en España tenemos una democracia de baja calidad es que
esto se pueda producir, que estén dentro de las instituciones grupos políticos que creen -porque de hecho así es- que pueden decir estas cosas y sostener este discurso, sin que pase absolutamente nada desde la perspectiva de la ley y del Estado de
derecho.


ETA estará derrotada cuando en España el negacionismo esté penado política y penalmente, y hoy, señor ministro, no está penado ni política ni penalmente, de ninguna de las dos maneras porque, para desgracia nuestra -es la posición de esta
portavoz-, quienes nos acompañaban en la penalización política de determinadas expresiones que acompañan y justifican la historia de terror de ETA en este momento dicen: soy Gobierno, y por tanto no hacen algunas cosas que querían hacer cuando eran
oposición. Ministro, con todo respeto y con toda firmeza le digo: obras son amores; en este caso, también. En relación con ese mundo, obras son amores. Iniciar un procedimiento de legalización es pasar de las palabras a los hechos que son
coherentes con las palabras que usted hoy nuevamente ha pronunciado en esta Comisión, palabras de compromiso a favor de la derrota de ETA.


Le he hecho algunas preguntas, le he preguntado, por ejemplo, si a usted le parece que el hecho de que Sortu pague al abogado de la defensa de esta terrorista sanguinaria no es un elemento para actuar, si no es una reiteración y un elemento
ya grave. Le he preguntado también si sigue usted pensando que conceder el tercer grado a Bolinaga no fue un error político de una enorme dimensión de su Gobierno y si sigue pensando que eso fue prevaricación, y si no le parece a usted que a estas
alturas estaríamos muy bien si el Gobierno de Zapatero no tuviera un De Juana Chaos y el Gobierno de Rajoy no tuviera un Bolinaga, y le he preguntado también si no considera importante para esa batalla que tenemos que librar todos juntos que a la
hora de plantearse la reinserción de los presos terroristas se les exija colaborar para resolver los 326, por lo que yo sé, contados, crímenes que están sin resolver. Le pediría, señor ministro, que me respondiera a estas cuestiones porque, en lo
fundamental estamos de acuerdo, como usted ha expresado. Yo le diría que mucho más cuando ustedes estaban en la oposición que ahora que están en el Gobierno. En cualquier caso, en lo fundamental estamos de acuerdo y esta portavoz hará todo lo
posible para que en la práctica así sea siempre, pero contésteme, señor ministro, a estas cuestiones porque, si no, por acción u omisión resultará que aceptamos algo que es inaceptable, y que sé que lo es para usted de la misma manera que lo es para
mí, y que es eso de que de una manera o de otra, por activa o por pasiva, víctimas y verdugos sean tratados siquiera semánticamente de la misma manera. Eso, para la democracia, para cualquier demócrata, para cualquier ciudadano de bien es algo
inadmisible. Contra eso, obras, no solamente discursos, señor ministro.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Jané. (Pausa). Perdón, somos humanos y quizá la duración de la sesión empieza a hacer mella en la capacidad intelectual del propio
presidente. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, un despiste lo tiene cualquiera.


Señor ministro, como no podía ser de otra forma, usted solamente puede decirnos aquí que cumple la ley y que su objetivo es cumplir la ley, pero la realidad es otra. La realidad es que la policía española redacta informes en los cuales se
identifica a personas que están en las manifestaciones, no como los responsables, a los que se identifica en un apartado, sino como participantes. Además, no se les pide la identificación, se les identifica por otras referencias. Curiosamente
algunos son senadores, diputados en Andalucía, miembros del Gobierno andaluz que estaban un día en una manifestación y hay un informe policial que los identifica por su presencia en una manifestación. (Muestra un documento). Usted no tiene otra
opción más que decir que cumple la ley porque, si no, exigiríamos automáticamente su dimisión, pero la realidad es otra. La realidad es que se imponen multas que no están justificadas por estar en manifestaciones a gente que no estaba en esa
manifestación, por ser instigadores a gente que prácticamente no participaba en esa manifestación sino que simplemente pasaba por una calle vecina. Usted cumple la ley pero su departamento, el ministerio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado no la cumplen en algunos sitios, y hay una opacidad preocupante. No es legal el sistema que utiliza la Guardia Civil para incorporar datos de la ciudadanía a la base de datos. Tampoco es su responsabilidad porque ya venía de antiguo, estaba
antes de que llegase usted ahí. No puede decir otra cosa: la ley se cumple, pero la realidad es otra.


Respecto de su política de criminalización de la protesta ciudadana que existe, es real, porque se multa a la gente por ir a las manifestaciones, a las múltiples manifestaciones. Una de las pocas preguntas que nos ha contestado su
departamento - me sumo a las críticas del Partido Socialista-, con efectividad y buen trabajo, ha sido el número de manifestaciones habidas por provincias en toda España, y el incremento ha sido exponencial. Debido a ello, su departamento está
realizando una política que, por mucho que usted se empeñe en que su cumpla la ley, yo le digo que no se está cumpliendo. Le pido que, cuando los recursos a las multas que se están imponiendo lleguen a su ministerio -porque están llegando ya-, los
recursos de alzada en procedimientos que no se contestan a las personas que están recurriendo, le pido que no los deje caer por silencio administrativo, que les dé una respuesta y que atienda a las personas que están recurriendo y que tienen razón.
Atienda usted a las personas que están recurriendo multas injustas e injustificables por movilizaciones que están ocurriendo a cientos en nuestras calles debido a la crisis capitalista en la que estamos imbuidos.


Segunda cuestión que le quería comentar. No puede usted arrogarse la bandera y ser el único defensor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo cuando en esta Comisión nadie las ha atacado en el tema del atropello de la
patera por la patrullera. De lo que pasó esa terrible noche de diciembre en aguas canarias, de lo que pasó allí las responsabilidades las dirimirán los tribunales, que para eso está ese tema en los tribunales. Lo que aquí se ha criticado -al menos
por parte del grupo que yo represento- es la gestión que desde la Delegación del Gobierno y desde el ministerio se ha hecho de la información relativa a lo que pasó esa noche, porque en el primer momento se dieron unas versiones, luego se dieron
otras, luego los abogados dijeron que se viesen estas imágenes que al final se han visto, que son imágenes que tiene la propia Guardia Civil, pero que salen meses después. ¿Y al final qué pasa? Que de toda esta cuestión, en lugar de procederse a
una investigación interna que dirima las responsabilidades que toca y luego los tribunales hagan lo tienen que hacer, nos encontramos con que la delegada del Gobierno dice una cosa y al final, tres meses después, es titular en los medios de
comunicación que hay imágenes de la propia Guardia Civil que desmienten la versión que había salido de los representantes del Gobierno. Esa es la gestión que no se debe hacer. Lo terrible de todo esto es que hay siete muertos, que nosotros
sepamos, en este asunto y que se ha expulsado, menos a dos personas, al resto de las personas que iban en esa patera, cuando el procedimiento judicial no se ha cerrado y esas personas podrían tener que ir a declarar en el juicio. Eso, señor
ministro, es lo que le hemos reivindicado desde mi grupo, que no se expulse a las personas -como ha pasado también en otros casos de malos tratos en Andalucía- que tienen que testificar ante la justicia española por cosas que están pasando, porque
cuando el juez vaya a buscarlos no los encontrará porque no puede notificar en Marruecos, en Argelia o en Senegal. Insisto, le pedimos que no expulse a esas personas.

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Por último, concluyo ya -señor ministro, no me ha contestado usted por dónde yo había empezado-, terminaré diciéndole que no se preocupe usted por la continuidad de la especie, porque la especie tiene muchos elementos para reproducirse por
más matrimonios igualitarios que se hagan y que se seguirán haciendo por muchos años en este país.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, ahora sí, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, coincidirá conmigo en que lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro meses es de una extrema gravedad, y en ningún caso pretendo ofenderle o decir que usted estuviera detrás. Ya el presidente del
Gobierno le dijo al señor Duran que él no tenía conocimiento alguno; y usted tampoco. Por tanto, no tengo ánimo de ofenderle pero comprenda usted, señor ministro, que lo que ha ocurrido es de extrema gravedad, porque lo publicado no es un informe
policial, usted lo ha dicho hoy aquí.


Después de cuatro meses investigando no se trata de un borrador policial, no se trata de un borrador de la UDEF, pero lo cierto es que se utilizó ese borrador que no existía, ese documento que alguien elaboró y no sabemos quién. Esto es muy
grave, no poder saber quién pone al final el membrete del ministerio en un documento. Esto causa alarma al conjunto de la sociedad. Incluso miembros de su Gobierno, no usted, y destacados dirigentes de su partido aprovecharon la publicación de ese
informe, que no es tal informe policial, para lanzar insinuaciones sobre pretendidas cuentas en Suiza de quien era el principal candidato de Convergència y Unió en esas elecciones, actual presidente, y de quien era el expresidente de la Generalidad.
Esto se lanzó y se utilizó, y nadie ha pedido disculpas después de que usted hoy nos diga que, después de investigar, no se ha conseguido conocer quién está detrás de esa elaboración.


Insisto en que debemos depurar responsabilidades. Señor ministro, es un colectivo muy amplio, 71.000 efectivos, pero es cierto también que la acotación sobre la supuesta fuente es mucho menor, porque los propios informadores periodistas que
lo publicaron han declarado judicialmente que fue alguien de la UDEF y que no querían revelar la fuente exacta por el secreto profesional, pero identificaron que alguien de esa unidad les dio ese documento, que no es informe policial, e incluso
ellos dijeron que altos cargos del Ministerio del Interior habían validado que ese documento era bueno. Pues bien, señor ministro, estamos en el momento en que no podemos quedarnos como si nada hubiera pasado, porque el daño está hecho. El
presidente de la Generalitat y el expresidente han pedido judicialmente comisiones rogatorias internacionales que acrediten que el presidente Mas o el expresidente Pujol no tienen esas cuentas en el extranjero. Lo han pedido judicialmente, pero lo
cierto es que tenemos que seguir insistiendo dentro del ministerio para ver quién está detrás de ese informe del que nadie asume la autoría. Por eso es grave. Lo sucedido es grave, ya no únicamente de cara al Grupo de Convergència y Unió, al que
se le causó una grave ofensa en plena campaña electoral. Eso no es positivo para Convergència y Unió ni para nadie en general. Usted coincidirá en que como ministro del Interior tiene la voluntad de llegar hasta el final y conocer quién está
detrás de esa elaboración con datos que afectaban directamente a personas que concurrían a las elecciones, en plena campaña electoral, con datos que venían, según la lectura de aquel documento, de denuncias anónimas, pero que nadie había
judicializado en anteriores informes de la UDEF. Busquemos la fórmula para dar a la sociedad en su conjunto, no ya a Convergència y Unió, la respuesta adecuada ante ese interrogante.


Le pido también una disculpa pública. El Gobierno, alguien de su Gobierno, no usted ni tampoco el presidente -ambos han declarado en esta Cámara que no conocían nada de ello y no tengo por qué no creerles, sabe usted que no tengo ningún
ánimo de no creerle-, lo utilizó en plena campaña electoral, y después resulta que ese informe no es oficial y no es un informe policial. Si alguien coge el papel del presidente de la Comisión de Interior, con su membrete, y escribe algo y lo
filtra, no es el presidente de la Comisión de Interior, pero cuando él vea que se utiliza su membrete seguro que va a querer esclarecer quién está detrás de aquel que ha utilizado un membrete que no se correspondía con la realidad porque, según ha
dicho usted, ni la policía lo elaboró ni la UDEF lo tiene como informe propio. Nos sabe mal, señor ministro, que todo esto no se aclarara con mayor inmediatez porque que en plena campaña electoral se especulara sobre esos datos para nada es
positivo y para nada es edificante; que en plena campaña electoral se utilizara un informe que después usted en sede parlamentaria nos está afirmando que no es un informe encargado por la UDEF ni elaborado por la UDEF ni es un informe policial.
Por tanto, quedan, señor ministro, demasiados interrogantes en este sentido por resolver, y le pido esa depuración de

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responsabilidades dentro del ministerio para saber exactamente quién está detrás porque lo exige el conjunto de la ciudadanía y de la opinión pública, saber quién está detrás de esas informaciones que salieron filtradas en plena campaña
electoral y que hoy cuatro meses después podemos tener la rotundidad del ministro en Comisión que dice que no es un informe policial, que no es un informe de la UDEF.


El señor PRESIDENTE: Ruego al resto de intervinientes sean compasivos con las señorías que han de acudir al Pleno a primera hora.


Tiene la palabra a continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor ministro, está convencido de que tiene la decisión de luchar contra la corrupción. Le pido entonces una cuestión: transparencia; la transparencia es una cuestión cualitativa, señor ministro, no cuantitativa.
No me dé cantidades de preguntas contestadas, porque cada vez que preguntamos por una operación que no nos quieren contar contestan con las características del escudo nacional, y esto se está haciendo sistemáticamente desde diferentes departamentos
del Ministerio del Interior.


En segundo lugar, señor ministro, ¿qué queremos respecto al incidente entre la patrullera y la patera? Primero, hay un elemento básico, las imágenes contradicen las diferentes explicaciones que se dieron por los responsables del Ministerio
del Interior, y queremos saber lo que pasó, entre otras cosas queremos saber si problemas de la patrullera, si problemas de tripulación tuvieron que ver con el resultado final. No me haga nunca más esto, señor ministro, no me esconda usted lo que
son responsabilidades del Ministerio del Interior detrás de los uniformes de la Guardia Civil, de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, cuyos méritos aquí nadie ha puesto en duda, y que hemos aplaudido siempre que ha sido necesario. En tercer
lugar, hablamos cuando quiera de nuevo de la UTE porque me deja usted muy preocupado. Usted me niega la mayor, dice que no hay desmantelamiento de la UTE. Dicen que hay desmantelamiento acelerado de la UTE las siguientes personas: todas las
asociaciones de familiares; lo dicen todos los partidos políticos asturianos, excepto el Partido Popular; lo dice el Gobierno asturiano; lo dicen todas las ONG civiles y laicas que están presentes, y lo dice hasta el capellán de la prisión. En
esto tienen ustedes, señor ministro, la postura de quien va en sentido contrario en la autovía y piensa que son todos los demás los que van a contrapelo. Como queremos mantener el consenso en materia de lucha contra drogas y por la reinserción
estamos dispuestos a hablar, pero la postura que están manteniendo es de un desmontaje acelerado de la UTE.


Acabo con dos cuestiones, señor ministro, usted tiene problemas con los vecinos y hay un problema en la calle. Usted tiene un problema con los vecinos que se sientan con usted en el Consejo de Ministros. Tiene problemas, en primer lugar,
con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está manejando un borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el cual la Policía judicial pasa a depender orgánica y funcionalmente de jueces y fiscales. Lo que queremos saber es si
este cambio de modelo radical usted lo avala o no lo avala. Tiene malos vecinos porque no le ayudan en su lucha contra la criminalidad organizada, lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que decide dar una
amnistía fiscal que impide perseguir el resto del dinero y además permite blanquearlo a bajo precio. Pero por si esto no fuera suficiente, se lleva a cabo una reforma del delito fiscal que permite que si pagas se borre el delito, por tanto, tampoco
habrá antecedentes, y como el delito de blanqueo exige la existencia de un delito previo al no existir no se podrá perseguir el blanqueo. Este es un problema para la lucha contra el crimen organizado. Tiene un problema con el Ministerio de Defensa
que en la nueva reforma del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas ha introducido una normativa que afecta a los guardias civiles y a su derecho de asociación. Nosotros compartimos con usted el modelo policial y habíamos consensuado hasta
ahora todo lo relativo a la Guardia Civil, y este no se ha hecho con nuestro acuerdo. Este tema queremos acordarlo con ustedes, pero es un perjuicio muy serio porque prevé incluso de forma colectiva la separación del puesto de trabajo de los
responsables de delitos colectivos.


Señor ministro, no quiero entrar en el tema del Palau, la UDEF y los detectives de opereta de estos días, pero ¿no cree que en la política catalana en los últimos meses ha habido una excesiva presencia de temas relacionados con el Ministerio
del Interior? Además, señor ministro, sobre todo en los casos de más actualidad en estos días, no precisamente con un nivel que tenía el célebre detective Carvallo, de Vázquez Montalbán, culto, gastrónomo, perspicaz, sino más bien parece que están
intentando remedar a la agencia de información de Mortadelo y Filemón.


Para acabar, tiene un problema en la calle, señor ministro. En la calle están pendulando entre el pasarse y el no llegar. Se pasan en el orden público. El despliegue permanente, en muchas ocasiones

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excesivo, de antidisturbios puede entenderse más, no digo que sea su objetivo, como un medio de intentar amedrentar y disuadir a los ciudadanos para que no ejerciten en las calles sus derechos y planteen sus reivindicaciones, que como
garantía de mantenimiento del orden público. Incluso, intentar llevar de forma subrepticia a la Audiencia Nacional a algunos de los manifestantes nos parece ostensible. Por último, no llegan en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Independientemente de que hayan cambiado la estadística con criterios que no hemos consensuado, me parece bien, la estadística dice dos cosas muy claras: primera, que los robos violentos han aumentado un 10,4% el pasado año. Segunda, que los robos
en domicilio han aumentado casi un 25,4% y los hurtos también han subido. Como diría el célebre protagonista de las novelas de Leonardo Padura, el detective Mario Conde, señor ministro: 'el robo con fuerza está al tolete.' Tiene usted que tratar
de controlar este aspecto concreto. Pediremos su comparecencia en la Comisión de drogas. Queremos mantener el consenso, pero tienen que empezar a pensar por qué son los únicos que van en dirección contraria respecto a la opinión de
desmantelamiento de la UTE.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, en el turno de grupos tiene la palabra el señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Hago mía la cariñosa observación del presidente para contribuir a que todos lleguemos al Pleno.


Únicamente me voy a referir, señor ministro, a algunas cuestiones que me parece fundamental destacar como principios, desde el Grupo Parlamentario Popular. Primera cuestión: en España no necesitamos ningún experto internacional para
aclarar ninguna cuestión y no necesitamos que nadie nos diga que aquí, en España, en nuestra querida tierra vasca, no hay conflicto alguno. Aquí lo único que ha habido es una banda terrorista que mataba. Aquí ha habido mucho sufrimiento, mucho
dolor y aquí ha habido víctimas. Para resolver esa situación, solo hay un camino: la ley, la Constitución y el propio Estatuto de Guernica, que también es una ley española. Hay otro camino, el del respeto permanente a las víctimas. En lo tocante
a la doctrina Parot, más allá de las consideraciones jurídicas que ha expuesto, una vez más, atinadamente el señor Olabarría, lo cierto es que desde el Parlamento, desde esta Comisión, no podemos por menos que hacernos eco de la alarma social que
supondría aplicar una decisión judicial determinada. Esa alarma social que provocaría la excarcelación de terroristas etarras, la excarcelación de violadores, la excarcelación de asesinos antes del tiempo legalmente establecido, con todo el respeto
y acatando, como no puede ser de otra manera, la futura decisión que adopte el Tribunal de Derechos Humanos. Pero eso creemos que es acercarnos también a la justicia. En lo tocante a alguna de las cuestiones que se han planteado aquí sobre otro
bien jurídico que creemos que es fundamental defender en estos tiempos, me estoy refiriendo al bien jurídico de la convivencia, es importante defender y garantizar la libertad de todos, es importante defender el derecho de manifestación de todo el
mundo, allá donde se produzca. Pero también es importante, insisto, defender otro bien jurídico igualmente importante que es el de la convivencia de todos los españoles.


Al Partido Socialista me tengo que referir inevitablemente para decirle dos apuntes nada más, señor Trevín. La obligación, en términos parlamentarios, es contestar a las preguntas, no que la respuesta le pueda satisfacer a usted. Lo que ha
quedado claro es que el Gobierno contesta a las preguntas; otra cosa es que a usted no le gusten esas respuestas. Lo que usted no puede pretender es que el Gobierno conteste de determinada manera. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Pero el Gobierno
cumple con la obligación de contestar. Resulta sarcástico, señor Trevín, que usted hable desde el Grupo Parlamentario Socialista, de problemas con los vecinos. Digo sarcástico porque la actualidad política nos lleva desde sus filas a Cataluña, a
Galicia o últimamente a Ponferrada, hablando de cuestiones relacionadas con los vecinos.


Acabo ya, señor presidente, con una referencia importante a lo que a todos nos une en esta Comisión. Señor ministro, se lo digo a todos nos une en esta Comisión Señor ministro, se lo digo a usted y se lo traslado a todas sus señorías, en lo
tocante al delito, en lo tocante a los temas de interior, en lo tocante a catástrofes naturales, a calamidades de cualquier tipo, no podemos refugiarnos ni en fronteras naturales porque los incendios o las inundaciones no entienden de fronteras
naturales. No podemos refugiarnos en competencias administrativas, no podemos refugiarnos ni siquiera en uniformes. Aquí, para combatir el delito, para ser eficaces en la prevención de catástrofes naturales, para salvar vidas tenemos que ir todos
a una, y para ello necesitamos esforzarnos en tres principios constitucionales absolutamente fundamentales: coordinación, cooperación y colaboración. Contamos con los mejores ingredientes; contamos con una Policía Nacional ejemplar; con una
Guardia Civil que sabe lo que tiene que hacer; con una Policía local que también cumple con su trabajo; con autoridades en materia de protección civil; con las comunidades autónomas que saben lo que tienen que hacer en todo momento; con medios
técnicos suficientes. Pero

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necesitamos aportar por nuestro lado para que esas fronteras, esas barreras administrativas se queden concentradas a la más mínima expresión.


Al portavoz de CiU simplemente le voy a recomendar en ese sentido, amablemente una lectura, el último Premio Planeta, de Lorenzo Silva. Precisamente habla de la colaboración, en ese caso, entre Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
Léaselo -no sé si lo ha leído-; es un referente sobre cómo se tienen que hacer las cosas, en este caso en materia policial. A partir de ahí acabo con un llamamiento a la responsabilidad y a la lealtad. No hacemos ningún favor a la seguridad de
todos los españoles dando pábulo a sospechas, a comentarios, a bulos, a cotilleos, a opiniones aunque sea una opinión tan cualificada como la del responsable religioso de una prisión.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia tiene la palabra el señor ministro, señor Fernández Díaz.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor Urbina, me dijo que yo había perdido una magnífica ocasión para corregir la vulneración de los derechos de los presos. En mi opinión, quien ha perdido una ocasión más para exigirle a
ETA su disolución incondicional es usted. Por cierto, ya que habla de los presos y parece que le preocupan tanto los presos de ETA, la disolución de ETA traería de entrada una consecuencia en relación a los presos, y es que aquellos que quisieran
acogerse, en el marco de la ley, a los programas de reinserción podrían acogerse libremente, sin la coacción que la organización terrorista ejerce sobre ellos. Si tanto le preocupa haga usted eso. Hoy ha perdido una ocasión más, ya que le
preocupan, para decirlo.


Señor Olabarría, vuelvo a repetir que agradezco su tono. Desde la representación que no ostenta en este caso del Gobierno vasco pero sí de su partido, que en definitiva gobierna en el Gobierno vasco, tenga la certeza de que vamos a
colaborar con lealtad institucional aunque como somos realidades políticas distintas, desde la discrepancia pero buscando los puntos de encuentro y los acuerdos que sin duda superan las diferencias y que, en todo caso, en un momento como este nos
exigen los ciudadanos. Solo quiero decirle una cosa porque usted es un jurista fino, permítame la expresión. Se suele hablar de policía integral desde Cataluña y desde el País Vasco. En ningún texto legal existe el concepto de policía integral,
en ninguno. ¿La Guardia Civil es policía integral sí o no? ¿El Cuerpo Nacional de Policía es policía integral sí o no? Si por policía integral entendemos una policía omnicomprensiva y omnicompetente, no hay ninguna policía en España que sea
integral, porque evidentemente el Cuerpo Nacional de Policía no tiene, por ejemplo, el resguardo fiscal, ni tiene competencia en relación con el tráfico de armas y explosivos; no lo tiene. Y, sin embargo, el Cuerpo Nacional de Policía tiene
competencia en materia de control de extranjería, documento nacional de identidad, expedición de pasaportes... Ese concepto de policía integral que se han inventado no existe en la ley; no existe en la ley ni existe en el sentido común, se lo digo
con todo respeto aprovechando que usted lo ha dicho porque lo repiten con reiteración los nacionalistas catalanes y ustedes. Policía integral, ¿dónde está?, ¿en qué ley existe esa policía integral? Y repito, ¿qué quiere decir policía integral?
¿Una policía que tenga todas las competencias? En Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía no es policía integral y la Guardia Civil no es policía integral, y no existen ni la Ertzaintza, que yo sepa, ni los Mossos d'Esquadra en Madrid, ni en Burgos,
ni en Badajoz. La Guardia Civil tiene sus competencias y el Cuerpo Nacional de Policía tiene las suyas. Por tanto, ese concepto de policía integral sencillamente no existe. Se trata de que cada policía ejerza en el marco de la ley sus
competencias y, en la medida en que concurren en el territorio, exista la coordinación necesaria para que esa concurrencia en el territorio en el ejercicio de las competencias legales por cada cuerpo no lleve a disfunciones o a problemas, y para eso
existen, entre otras cosas, órganos institucionales, como son las juntas de seguridad, para resolver esos problemas.


Y ya que me ha hablado del repliegue, yo se lo dije a la consejera de Seguridad, con toda cordialidad: en la política del Gobierno no existe en estos momentos, en absoluto, una política que pudiéramos llamar de repliegue de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; en absoluto, que quede claro. Por tanto, cuando se convoque la Junta de Seguridad, que quedamos la consejera y yo en que se convocaría, porque hay muchos temas que exigen o aconsejan la convocatoria y la reunión de
la Junta de Seguridad, no va a ser para hablar de repliegue, ya se lo digo. La Guardia Civil va a seguir en el País Vasco y el Cuerpo Nacional de Policía va a seguir en el País Vasco. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están
desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para ejercer sus competencias, que evidentemente en el País Vasco y en Cataluña son distintas que en Extremadura, o Castilla-La Macha, o Castilla y León, por razones obvias, porque no tienen la
competencia de orden público y seguridad

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ciudadana, pero tienen otras muchas competencias que exigen su presencia allí y, por tanto, van a seguir en el País Vasco y van a seguir en Cataluña, evidentemente. Eso se lo dije a la consejera, que lo entendió, porque tenemos posiciones
discrepantes, pero tengo el deber, como ministro del Interior, de decir que ni el Cuerpo Nacional de Policía ni la Guardia Civil se van a replegar del País Vasco y que esa terminología o ese concepto de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el País Vasco no existe hoy en la agenda política del Gobierno de España y del Ministerio del Interior. Así de claro y con toda cordialidad, querido señor Olabarría, por supuesto.


Doña Rosa Díez, yo le rogaría, también con toda cordialidad, que no manipule mis palabras ni las saque de contexto, porque ya por segunda vez me ha hecho referencia a unas afirmaciones que sacadas de contexto evidentemente tienen un sentido,
y en su contexto y desde la buena fe tienen otro sentido, tienen su sentido que es otro muy distinto. Y a veces me da la sensación, se lo digo con toda cordialidad, que usted busca el consenso a puñetazos. Es que dice unas cosas... Viene otra vez
a sacar aquí el caso Bolinaga, con De Juana Chaos. El señor Bolinaga está en libertad condicional, cumpliendo unas reglas de conducta. Por cierto, recientemente la Fiscalía, a instancias del juez de vigilancia penitenciaria, ha considerado que no
procedía retirarle la libertad condicional, pero en todo caso fue el juez de vigilancia penitenciaria quien le concedió la libertad condicional y después, ante el recurso de la Fiscalía, fue la sección correspondiente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, es decir, los jueces, los que concedieron la libertad condicional. Libertad condicional -como usted sabe- no es libertad, libertad condicional es una modalidad de cumplimiento de la condena y el condicional es relativo al
cumplimiento de unas reglas de conducta que, en la medida en que se violen, pueden hacer que se le revoque esa libertad. Y esa libertad en España solo la puede dar un juez, y en el caso de ese señor, de esa persona, de ese etarra, se la han dado
los jueces en dos instancias. ¿Qué quiere que le haga? En el caso de De Juana Chaos, es que me ofende la comparación, no hubo ningún juez que interviniera, se le aplicó el 100.2, y prefiero quedarme ahí. Me ofenden según qué tipo de
comparaciones. Por eso le digo que parece que busca usted el consenso a puñetazos, porque hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo y muy importantes, pero no enfatice la diferencia con la intención de que aparezcan fisuras en cosas en
que no es bueno que aparezcan. Usted ha dicho obras son amores; efectivamente, 40 detenciones en un año cuando ETA no está actuando, son obras. Y que no haya negociación política, son obras y muy importantes. Y podría continuar, pero para no
abusar y que se puedan ir a comer sus señorías, y a instancias del señor Aparicio, que nos preside, me quedo ahí.


Señor Sixto -ahora no me equivoco; tengo tendencia a equivocarme, tomo Sixto como nombre propio en vez de apellido porque tengo otro amigo que se llama Sixto y eso me lleva a confundirme-, (El señor Sixto Iglesias: Al menos es por una cosa
buena) me permitirá que me preocupe porque me tomo en serio que usted diga que estamos criminalizando a los manifestantes en España. En España está habiendo manifestaciones permanentemente, es un derecho fundamental y no pasa nada, pero no me diga
que estamos criminalizando las manifestaciones. Le ruego que, por favor, seamos un poco más serios y rigurosos a la hora de hablar, porque cualquiera que le oyera podría preguntarse qué está pasando en España. En España está pasando que, por mor
de la crisis económica y de la crisis social y porque tenemos la situación de paro que tenemos y que todos lamentamos profundamente, tenemos muchas manifestaciones, pero la inmensa mayoría de las manifestaciones se están produciendo con plena
normalidad. Y me ha hablado de multas, pero se multa cuando ese ejercicio del derecho de manifestación no se produce en el marco de la ley, así de claro. Usted no me puede pedir que, como me ha dicho, mire para otro lado en relación con los
recursos y acepte usted a esos manifestantes, porque esas multas injustas e injustificables... Hay sentido común; aunque usted no lo crea, hay sentido común. Como humanos nos podemos equivocar, pero desde luego multas injustas e
injustificables... Presénteme una y le prometo que la voy a atender con todo interés en el sentido de que me la voy a leer y voy a preguntar cómo se ha podido producir esa injusta e injustificable multa. Normalmente, tengo entendido que cuando se
producen es porque ha habido alguna actuación que está tasada en la ley que justifica dicha multa y, luego, por supuesto, está la capacidad de recurso. Pero normalmente las multas se producen, entre otras cosas, porque hay manifestantes en
manifestaciones ilegales en tanto en cuanto no se han ajustado al marco de la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, por ejemplo.


Señor Jané, ha dicho usted que las personas que se vieron ofendidas han pedido comisiones rogatorias internacionales, incluso han pedido que actúe la justicia judicialmente. Me felicito y ya está, no tengo nada más que decir. Que actúe la
justicia. Yo le he dicho que hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Desde el primer día pedí a asuntos internos que investigara para averiguar la autoría

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y, en su caso, depurar las responsabilidades a que hubiere lugar. Asuntos internos me ha enviado varios informes, el último, como he dicho, el pasado día 9. Yo ya no puedo decir más de lo que he dicho. No tengo nada más que decir.
Simplemente diré que me ha enviado mucha documentación desde el primer informe que me envió y que no la he hecho pública, o bien porque estaba judicializada, o porque previsiblemente sería judicializable, pero le puedo asegurar que si hubiera dado a
conocer toda la información que me ha enviado asuntos internos seguramente se estarían quejando de por qué hemos dado a conocer toda la información. Simplemente, no la podíamos dar a conocer porque previsiblemente será judicializada. Le agradezco
que me haya dicho que no quería ofenderme porque, entre otras cosas, creo que a usted y a mí nos une -como en Casablanca- una buena amistad, pero me ha ofendido anteriormente con lo que ha dicho.


Por último, señor Trevín, es verdad que no es lo mismo cuantitativo que cualitativo, pero decía lord Kelvin que cuando un fenómeno lo podías mesurar lo identificabas de manera más adecuada. Ustedes saben que lord Kelvin fue quien estableció
el cero absoluto en 273 grados bajo cero. Yo soy ingeniero de formación y me gusta lo cuantitativo. También lo cualitativo, pero me gusta lo cuantitativo y tengo el derecho y el deber de poner de manifiesto que la inmensa mayoría de
investigaciones abiertas en relación con delitos relacionados con la corrupción política en España se han abierto gobernando el Partido Popular. A lo mejor a usted no le gusta, pero es la verdad. En segundo lugar, en relación con las UTE, ya se lo
he dicho. Usted puede creerme o no. Le he dicho que el caso de Villabona no sirve para justificar en absoluto que pensemos eliminar las unidades terapéuticas de educación, sino todo lo contrario. Otra cosa es que se pretendan mantener privilegios
abusivos o ilegales para un reducido número de funcionarios que trabajan en la UTE y que la Administración penitenciaria ni puede asumir ni va a tolerar y de los que, al parecer, algunos se hacen portavoces. (El señor Trevín Lombán hace gestos
negativos). Antes no se lo he querido decir en aras del consenso, pero me lo han vuelto a reiterar. Quiero mantener el consenso, pero por encima del consenso está la verdad. Dicho queda.


En cuanto a la relación con mis vecinos, señor Trevín, infórmese mejor. El ministro de Justicia no ha presentado un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en que atribuya a la Policía judicial la condición de Policía judicial que
dependa orgánicamente del ministerio público. Eso es un informe que un comité de expertos ha elaborado, simplemente eso. No es anteproyecto, ni es proyecto, ni es nada del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, que tiene previsto
elaborar una nueva ley procesal penal, ha encargado a un comité de expertos un estudio y en ese estudio figura eso. El Gobierno, como no podía ser de otra manera, respeta ese estudio, lo va a analizar y dentro de unos meses presentará su
iniciativa. Por lo tanto, no tengo ningún problema con el ministro de Justicia en relación con este asunto que usted plantea y tampoco con el ministro de Defensa. Fíjese usted si no tengo problema, que yo pedí al ministro de Defensa que lo
incluyera. La posición del Gobierno es querer reforzar la naturaleza militar de la Guardia Civil, así de claro. Porque como policía civil ya está el Cuerpo Nacional de Policía. Lo que no tendría sentido es que hubiera dos policías civiles;
evitamos el bis in idem. Tiene sentido en el modelo policial español y en muchos otros países como Francia, Italia, etcétera, que haya un cuerpo de policía civil y un cuerpo de policía gendármico, de naturaleza militar, como los Carabinieri en
Italia, como la Gendarmería en Francia, que son países democráticos que yo sepa. La posición del Gobierno y de quien les habla es reforzar la naturaleza militar del Cuerpo de la Guardia Civil y lo que hemos hecho y lo que ha hecho el ministro de
Defensa es atender a una petición que quien les habla le hizo para que determinados aspectos que tienen que ver con esa naturaleza militar se incorporen. Por tanto, no solo no tengo problemas, sino que le agradezco que haya atendido mi petición y
en el proyecto de ley correspondiente haya incluido esa disposición.


En cuanto a la política catalana, creo que hay demasiada presencia de la corrupción; no del Ministerio del Interior, sino de la corrupción. Hay demasiada presencia de la corrupción, sí. No estoy señalando a nadie en particular, por
supuesto. Las encuestas ponen de manifiesto que en Cataluña se considera en estos momentos que hay demasiada corrupción, simplemente eso. Y que quede claro que no estoy hablando de corrupción en particular de nadie, sino de que hay demasiada
corrupción. Porque si hablamos de casos de diferentes partidos políticos nos encontraremos con que efectivamente están aflorando demasiados casos de corrupción, como el caso Mercurio, etcétera. Pero como habla usted del tema de la agencia de
detectives Método 3 y hablando de Mortadelo y Filemón, le tengo que decir que lo que ha hecho este ministerio ha sido que, ante un hecho que había causado una gran alarma social al transmitirse que desde esa agencia se estaba haciendo espionaje
político a todo tipo de personas, se detuvo por parte del Cuerpo Nacional de Policía al director y a tres personas más de esa agencia y poniéndolos a disposición

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judicial. Y se solicitó del juez, que era el juez titular del Juzgado 21 en funciones de sustituto de la titular del Juzgado 14 -que era quien tenía atribuido ese caso y que está de baja por maternidad-, la orden para poder acceder a
determinados despachos y domicilios y revisar la documentación correspondiente. Se hicieron seis peticiones por parte del Cuerpo Nacional de Policía, a las seis peticiones accedió el juez. Se plantearon dos hábeas corpus en relación con las
detenciones, las dos las rechazó el juez. Y en estos momentos ya no hay alarma social. Eso es lo que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía en relación con ese caso. Por cierto, el juez ha debido considerar que no ha actuado mal la policía porque
le ha pedido que actúe como Policía judicial. Por cierto, lo que sí es llamativo es que haya ese enfado por parte de las autoridades políticas de la Generalitat porque el juez haya considerado que el Cuerpo Nacional de Policía era el adecuado para
actuar como Policía judicial. Eso es lo llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que la inspección, el control y la sanción relativa a esta agencia históricamente la ha llevado a cabo el Ministerio del Interior y por tanto, allí, el Cuerpo
Nacional de Policía. Eso es lo llamativo, pero a eso no puedo contestar yo, deberían contestar otros que efectivamente están haciendo algunas cosas como las que usted califica de Mortadelo y Filemón.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, y permítanme que no sea tópico el que agradezca el esfuerzo que han realizado tanto el personal de megafonía como los taquígrafos y los ujieres: gracias a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.