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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 272, de 27/02/2013
cve: DSCD-10-CO-272
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 272
CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles,
27 de febrero de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a impulsar el denominado crowfounding o micromecenazgo para las actividades culturales. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000709) ...
- Sobre el impuesto sobre el valor añadido en los productos y servicios culturales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000777) ... (Página5)
- Sobre continuidad del Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001005) ... (Página9)
- Sobre apoyo a la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001025) ... (Página12)
- Sobre fomento del turismo idiomático y cultural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001039) ... (Página14)
- Sobre la mejora de la gestión del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001318) ... (Página17)
- Sobre la elaboración de un libro blanco del mecenazgo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001325) ... (Página20)
- Sobre la devolución de la documentación del archivo general de la guerra civil española. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001313) ... (Página23)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión.
En primer lugar, les voy a proponer la modificación del orden del día, si ustedes están de acuerdo. Al día siguiente de celebrarse la Mesa se incorporaron dos proposiciones no de ley, una sobre la devolución de la documentación del archivo
general de la guerra civil española, del Grupo Parlamentario Mixto, y otra sobre la mejora de la gestión del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Los interesados me
solicitaron si se podía incorporar al orden del día y, dada la cercanía de la Mesa, accedí a ello, siempre que a ustedes les parezca bien. Por tanto, si no tienen ningún inconveniente se incorpora al orden del día. (La señora Surroca i Comas pide
la palabra).
La señora Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: En principio, nuestro grupo no tiene inconveniente, ya que básicamente se trata de hechos consumados. Lo que estaría bien por parte de la Presidencia de la Mesa, y después cuando tengamos Mesa y portavoces, es
que se estableciera un criterio claro para saber a qué atenernos. Reitero que no tengo inconveniente, pero sería importante establecer ese criterio para que no vuelva a haber ninguna sorpresa de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Señora Surroca, lleva usted toda la razón, y desde ahora advierto que, como no fuera una cosa muy, muy excepcional, y consultando previamente a cada uno de los portavoces, no se admitirán más puntos del orden del día
que los que se hayan previsto en la Mesa; lo de hoy es una excepción y no se hará más.
También quiero decirles que, a petición del señor Tardà, porque hay varias comisiones en las que tiene que intervenir, vamos a modificar el orden del día y empezaríamos por el punto 6.º, sobre la devolución de la documentación del archivo
general de la guerra civil española.
El señor TORRES MORA: Señor presidente, como no teníamos conocimiento de este cambio, el interviniente socialista está a su vez en otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ¿qué hacemos? A mí me gustaría que se pusieran ustedes de acuerdo y que no fuera la Presidencia la que tuviera que decidir, ya que si no esta no tiene más remedio que respetar el orden que estaba
establecido.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, entiendo que lo lógico es que no se produzca el cambio, ya que hay un compañero que no está. Por tanto, ¿sería posible pasar esta iniciativa de Esquerra Republicana al último punto de la Comisión
para que me diera tiempo a ir al resto de comisiones?
El señor PRESIDENTE: Parece ser que por parte de los portavoces no hay problema y por la mía tampoco.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A IMPULSAR EL DENOMINADO CROWDFOUNDING O MICROMECENAZGO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000709).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 1.º, relativo a impulsar el denominado crowdfounding o micromecenazgo para las actividades culturales. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència y Unió, para cuya defensa
tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Nuestro grupo parlamentario plantea esta iniciativa porque uno de los elementos que constantemente acompaña el proyecto político y social de Convergència i Unió es el de potenciar la colaboración público-privada
en actividades de interés general. Como bien saben, en estos años de grave crisis y de necesaria austeridad en el sector público, hay muchas actividades de interés general que reciben menos ingresos y no tienen otras alternativas para captar
financiación. El mecenazgo, además de unir sinergias entre el sector público y el sector privado en actividades de interés colectivo, es una alternativa realista a la financiación pública y puede revitalizar la financiación de estas actividades.
En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ha presentado y defendido en esta legislatura varias iniciativas para impulsar una reforma de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de mecenazgo; es una constante de Convergència i Unió dedicar esfuerzos
para convertir en una realidad la nueva ley, que además, como bien saben, no afecta únicamente al sector cultural sino que también afecta al tercer sector, al deporte, a la sanidad, a la investigación. Nos sorprende que el Gobierno, a pesar de
haber declarado en varias ocasiones que esta es una de sus prioridades, no haya impulsado aún esta reforma tan esperada, y más cuando ha aprobado un importantísimo aumento del IVA cultural. No hay financiación pública, se aumenta la fiscalidad y no
se ofrecen alternativas.
La regulación actual se apoya en la aplicación de distintos incentivos fiscales. Por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades hay una deducción del 35% de la donación con un máximo del 10% en la base imponible; y en el IRPF hay una
deducción del 25% de la donación con un máximo del 10% en la base imponible. Y si procedemos a hacer balance de la actual ley, es de destacar que aproximadamente hace dos años el Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria de nuestro grupo,
proporcionó unos datos que ponían claramente de manifiesto que los estímulos fiscales al mecenazgo no funcionaban correctamente. Concretamente, en el conjunto del Estado en el año 2004, etapa -recordemos- aún de bonanza económica, 345.000 personas
físicas hicieron donaciones por un importe global de 134 millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2008, los donantes habían disminuido a 146.000 personas, menos de la mitad de los donantes de 2004, y el importe global de las donaciones
disminuyó a 43,9 millones de euros. No disponemos de los datos para personas jurídicas, pero estamos convencidos de que la situación es similar. En síntesis, estamos hablando de unas cifras muy bajas de movilización de recursos. En otros países
de nuestro entorno la situación es muy distinta. Sin entrar en detalles, por ejemplo en Francia, con una legislación de 2003, esa movilización de recursos es muy superior porque su regulación es más ambiciosa que la del Gobierno español.
Nuestra propuesta y prioridad continúa siendo, como no puede ser de otra manera, la proposición no de ley que defendimos en su día. Pero en espera de ver si se convierte o no en una realidad, creemos que el Gobierno debería abrir algunas
vías que ayudarían enormemente al sector cultural, y de ahí la razón de ser de esta proposición no de ley que tiene por objetivo el apoyo y fomento del micromecenazgo, que también forma parte de la mencionada proposición no de ley de Convergència i
Unió. En este punto planteamos un cambio radical, en la línea de lo que está regulado con éxito en Francia. Así, una de las principales modificaciones que incorpora nuestro grupo en la mencionada proposición no de ley es, en primer lugar, el
incremento de las deducciones para donaciones a entidades sin fines lucrativos contempladas en la Ley de Mecenazgo, del 25% al 65% para personas físicas, y del 35% al 55% para personas jurídicas. Pero además, los primeros 150 euros donados serían
deducibles en un 100% del IRPF. Entendemos que esta medida es un estímulo claro a la donación a entidades con las que la sociedad se identifica.
Nosotros agradecemos enormemente el esfuerzo de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, en concreto el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Al respecto tenemos que decir que no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular
porque, como hemos dicho a lo largo de nuestra exposición, creemos que es una prioridad, una demanda del sector cultural y de muchos otros sectores que se encuentran en enormes dificultades en estos momentos, y que ya es hora de tomar medidas
concretas e inmediatas; aceptar la enmienda del Grupo Popular supondría dilatar en el tiempo la adopción de esas medidas que creemos que son del todo necesarias. En cambio, la enmienda del Grupo Socialista recoge totalmente el espíritu de nuestra
proposición no de ley, porque precisamente incorpora o concreta también esa parte que les estaba explicando de nuestra proposición no de ley, en ese aspecto de que los primeros 150 euros donados sean deducibles en un 100% del IRPF. Por lo tanto, es
una propuesta que también es nuestra, que la hemos defendido en distintas ocasiones y recientemente en el Pleno del Congreso, también como propuesta de resolución en el debate del estado de la Nación lo incorporamos plenamente. En definitiva,
aceptaríamos esa enmienda. Por último, quería mencionar que hemos
presentado una autoenmienda por cuanto que hemos tenido que adaptar en el tiempo el contenido de nuestra proposición no de ley. La presentamos en 2012; por el calendario de comisiones la vemos hoy, y por lo tanto nos hemos visto en la
necesidad de formular esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Figueres.
La señora FIGUERES GÓRRIZ: El objeto de esta proposición no de ley, el micromecenazgo, se enmarca inevitablemente en el ámbito más amplio del mecenazgo. Se trata de facilitar recursos privados que se impliquen de forma activa en el proceso
de creación y difusión cultural, aunque no exclusivamente en ese ámbito. Para conseguirlo es necesario arbitrar un mecanismo adecuado y una serie de medidas, y esto es precisamente lo que pide el Grupo Parlamentario Catalán en su PNL. El tema no
es nuevo en esta Comisión ni en esa Cámara, existen muchos antecedentes parlamentarios, entre ellos un proyecto de ley que presentó la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular y cuyo ponente fue precisamente el entonces portavoz de Cultura,
el señor Lassalle, hoy secretario de Estado. De todos en esta Comisión es conocido su interés en este asunto. El secretario de Estado ha manifestado en repetidas ocasiones que quiere que el mecenazgo sea uno de los elementos vertebradores de su
departamento. Además, era uno de los puntos básicos del programa electoral del Partido Popular. Por tanto, en el Grupo Parlamentario Popular no dudamos ni por un momento de que la nueva ley de participación en actividades de interés general y de
mecenazgo se aprobará en esta legislatura.
El Gobierno de España no puede adoptar de manera inmediata medidas de tipo fiscal que impliquen un detrimento en la recaudación del IRPF ni del impuesto sobre sociedades, pues lo primordial en este momento es la reducción del déficit. La
política de reformas de este Gobierno ha permitido un avance importante en la consecución del objetivo marcado, y de momento hemos de seguir por ese camino; cuando la economía se estabilice y alcancemos un nivel de déficit dentro de los límites de
lo soportable, podremos acometer otros proyectos a los que ahora, en un ejercicio de responsabilidad, nos vemos obligados a renunciar. Y entre esos proyectos, uno de los primeros será la nueva ley de participación en actividades de interés cultural
y de mecenazgo, una ley amplia y ambiciosa dirigida no solo al sector cultural, sino que será también de aplicación en los ámbitos educativo, social, científico, deportivo y de la innovación.
Señora Surroca, estamos de acuerdo en la necesidad de arbitrar medidas para promover la captación de recursos económicos destinados a financiar actividades a través del micromecenazgo mediante plataformas web que exponen proyectos que buscan
financiación durante un tiempo limitado, transcurrido el cual, si no se ha alcanzado el nivel de apoyo necesario, se libera a los contribuyentes del compromiso de aportación. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el micromecenazgo es
un instrumento eficaz para la financiación colectiva de actividades culturales o de otra naturaleza, que es un elemento estimulador de la financiación privada de proyectos interesantes, que permite esa participación con un coeficiente multiplicador
muy alto; y nos consta que desde el Gobierno hay un firme propósito de apoyarlo. De hecho, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de sus líneas de ayudas en régimen de concurrencia incluidas en el vigente Plan de fomento de las
industrias culturales y creativas estimula y ayuda la realización de proyectos que están vinculados a la creación y funcionamiento de plataformas de micromecenazgo. O sea, el Gobierno ya está aplicando medidas para fomentar la captación de
financiación colectiva de actividades de interés general, incluidas las culturales. Además, la nueva ley, como ya he apuntado anteriormente, potenciará los atractivos fiscales y el reconocimiento social de quienes participen en esta modalidad de
donación.
En esta línea, el Grupo Parlamentario Popular consideramos adecuado apoyar su iniciativa, aunque ya nos ha dicho que no nos va a aceptar la enmienda. Señora Surroca, no podemos apoyar la iniciativa tal cual. No podemos apoyar esa urgencia
que usted plantea en su proposición no de ley. Por eso, hemos planteado una enmienda que, coincidiendo en el objeto, impulsar medidas destinadas a promover la captación de recursos económicos destinados a financiar actividades culturales a través
del micromecenazgo, elimina la referencia a la urgencia para adoptar esas medidas y añade: en la medida en que lo permita el actual marco de consolidación fiscal. Si el Grupo Parlamentario Catalán se lo piensa mejor y acepta esta enmienda,
votaremos a favor de su propuesta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: Quiero anunciar al inicio de mi intervención que votaremos a favor de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió; también quiero agradecer las palabras de la señora Surroca y la aceptación de nuestras
enmiendas.
Señorías, de lo que verdaderamente estamos hablando hoy es de la realidad en la que está la cultura. Hoy la cultura está sufriendo, por un lado, los recortes económicos del Gobierno del Partido Popular y, además, el ataque de mal gusto que
hacen algunos de sus ministros. Tenemos, por un lado, a Montoro que ataca en lo económico, y además poniendo en duda el prestigio social de los creadores y en este caso de los actores, y el silencio cómplice de ver que nada hace. Efectivamente,
estamos en un momento estratégico para la cultura. Mientras el Partido Popular acaba con el modelo de financiación de la cultura, los creadores no tienen acceso a fuentes de financiación, pero es que además se les castiga, por un lado, a los
creadores subiéndoles el IVA, y por otro lado a los usuarios, con un IVA cultural criminal que está acabando con la cultura. Mientras tanto, lo que hacemos es escuchar medidas, palabras, palabras, palabras del Partido Popular proponiendo una ley
del mecenazgo que nunca llega. Y efectivamente, como bien decía la señora Surroca, esta es una medida urgente y es una medida necesaria. Y hoy veremos nuevamente cómo el Partido Popular no se compromete y otra vez deja la cultura a su libre
suerte.
El sector trata de adaptarse a la nueva situación y sólo recoge buenas palabras del secretario de Estado de Cultura -que no se las negamos-, ataques de Montoro, silencios de Wert y ninguna ayuda. ¿Y qué hace mientras el sector? Pues busca
nuevas formas de financiación. Frente al inmovilismo del Gobierno, lo que hace el sector es moverse para buscar nuevas formas de financiación, y la población se mueve y se compromete también con la cultura. El micromecenazgo es una alternativa a
los sistemas de financiación existentes, pero por desgracia hoy se ha convertido en la alternativa a la nada. La situación en la que está hoy en día la cultura necesita, efectivamente, legislar, legislar apoyando ese micromecenazgo. Me sorprende
que en la enmienda que ha presentado el Grupo Popular no haya reproducido aquello que ya había manifestado, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Popular, el 28 de enero de 2011 en la proposición no de ley, que decía en su modificación del
artículo 19 que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrán derecho a deducir una cuota íntegra del 70%. Y hoy nos dicen que, con la excusa de la estabilidad presupuestaria -y repito, con la excusa de la
estabilidad presupuestaria, porque estamos hablando, y permítanme la expresión coloquial, del chocolate del loro-, en aquellas actividades en las que los ciudadanos se comprometen y ayudan al sector cultural y el sector cultural tiene una vía de
financiación, dicen también que no.
Nuestra enmienda va en la línea de ayudar en dos sentidos: por un lado, facilitando que se puedan hacer esas donaciones para esos proyectos de micromecenazgo y, por otro lado, para que las pequeñas aportaciones de 150 euros que realizan los
ciudadanos y las ciudadanas puedan ser desgravables. Es una medida que favorece, por un lado, la participación de los ciudadanos en la cultura, dar soluciones a la cultura, ya que el Gobierno del Partido Popular hoy no se las da, y además que los
creadores puedan tener recursos para desarrollar sus proyectos. Sinceramente, hoy, como nos imaginábamos, hemos recibido palabras y buena voluntad del Partido Popular, pero la realidad es tozuda, y los creadores y la cultura necesitan de ayuda; y
hoy nuevamente el Partido Popular ha demostrado que no está con la cultura y que no está por ayudar a ese sector. Y además, lo que mejor hemos comprobado y llevamos comprobando, y ya hemos solicitado en muchas ocasiones esa ley de mecenazgo, es que
tenemos un ministro, el ministro Wert, que está preso del ministro Montoro y sin ninguna capacidad de maniobra; y mientras tanto, la cultura cayendo cada día más con ataques cada vez más duros y con menos recursos.
El señor PRESIDENTE: Parece que no hay ningún grupo que quiera fijar posición en esta proposición no de ley.
- SOBRE EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000777).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el impuesto sobre el valor añadido en los productos y servicios culturales, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su
presentación tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nosotros hemos tenido también que actualizar la proposición no de ley en la que exigíamos que no se subiera el IVA en los servicios culturales y sumamos a este hecho
-evidentemente por las circunstancias actuales- la necesidad de retirar y corregir, rectificar en última instancia, la política que ha seguido el Gobierno en torno al IVA en los productos culturales. Como bien se sabe, se ha subido de una
forma espectacular, podríamos decir, siguiendo la errónea senda marcada por algunos otros países europeos, algunos de los cuales han tenido también que rectificar. No ha habido ni un solo ejemplo en todos los países europeos en el que la subida del
IVA en aspectos culturales haya tenido como consecuencia una mayor recaudación. Al contrario, nos hemos encontrado con un desplome. Esto era algo que se podía prever, como habíamos insistido anteriormente, porque una subida del IVA también
desincentiva la compra de productos culturales, y al final el efecto neto puede ser desolador.
Es cierto que en el aspecto de los cines nos hemos encontrado con dos taquillazos que han permitido compensar esta dinámica; nos hemos encontrado en los datos de septiembre a diciembre de 2012 con una caída en la recaudación de solo un
2,22%, lo que indicaría que el efecto no ha sido tan gravoso como nosotros habíamos predicho. Pero también tenemos la oportunidad de tener los datos de Canarias que -como se sabe, allí no se aplica el IVA cultural sino otro impuesto, el IGIC- han
permitido comprobar que, como allí se ha subido menos, la recaudación se ha disparado un 10,71%. Estos dos datos nos permiten contrastar realmente el efecto que tiene una subida impositiva sobre la recaudación en el sector. Es decir, no solo se le
pone la puntillita a un sector cultural ya atacado por los recortes presupuestarios dirigidos desde el Ministerio de Hacienda particularmente y desde el Gobierno soportado por el Partido Popular, sino que además nos encontramos con una errática
política económica que no sirve ni a los objetivos que ella se plantea. Por esa razón entendemos que sería una buena política para el Gobierno, y para el sector de la cultura especialmente, rectificar y dar marcha atrás en esta subida en el sector
cultural.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Bolarín.
La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Señoría, esta iniciativa ya hemos tenido ocasión de debatirla en Pleno y en esta Comisión de Cultura. Por tanto, reiteramos hoy los argumentos que entonces expusieron mis compañeros de grupo parlamentario. Hemos
invocado que la solidaridad y la determinación para salir de la crisis constituyen los ejes fundamentales de la actuación del Gobierno. Dicha solidaridad no puede ser ajena al mundo de la cultura, ya que hay unos objetivos que cumplir si queremos
que nuestro país supere la situación de dificultad que en estos momentos estamos viviendo.
La propuesta que hoy vamos a debatir como consecuencia del Real Decreto de julio de 2012, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, incluye medidas muy duras, difíciles de tomar por el Gobierno, duras de explicar y
difíciles de asumir por la sociedad en su conjunto, pero necesarias e imprescindibles en los momentos actuales que estamos viviendo. El incremento del IVA vinculado en sus distintas modalidades es una medida tributaria que atiende a la actual
coyuntura de nuestra economía. El Gobierno es consciente de los sacrificios que todas estas medidas suponen para todos, incluida la industria de la cultura, pero es la única vía para superar la difícil situación como consecuencia de la
irresponsable gestión del anterior Gobierno socialista. Entre las medidas adoptadas por dicho real decreto se modificaba la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido, para establecer el nuevo tipo impositivo, que pasa del 18% al 21% el
general y del 8% al 10% el reducido, y se mantiene el 4% para el superreducido; se mantiene el tipo reducido para gran parte de productos y servicios culturales, como la entrada a museos, archivos, bibliotecas, galerías de arte y pinacotecas. Y
además, se mantiene el 4%, superreducido, para los libros de texto, periódicos, revistas, que no contengan fundamentalmente publicidad. Por tanto, no es riguroso hablar en general del IVA cultural, ya que lo que ha sido reclasificado al tipo
general ha sido la venta de entradas a teatros, circos y demás espectáculos, así como los servicios prestados por intérpretes y artistas, directores y técnicos, productores de películas cinematográficas y organizadores de obras teatrales. De igual
modo, el Gobierno defiende ante las instituciones comunitarias la equiparación del IVA del libro electrónico, actualmente en un 21%, al libro en formato físico superreducido al 4%, de conformidad con la resolución que aprobamos en esta Comisión el 8
de marzo de 2012. La reforma del IVA cumple con los requisitos de la Unión Europea; y es que la Unión Europea ha recomendado a España incrementar el número de productos de tipo impositivo reducido que pasan a tipo general. Permítanme recordarles
que España es el país de la Unión Europea que más porcentaje de gasto tiene sujeto a este tipo reducido. Por otro lado, el impuesto sobre sociedades sigue recogiendo una serie de incentivos por inversiones de interés cultural y ediciones de libros.
Finalizo, señorías, recordándoles que para el Gobierno de España la cultura es en sí misma un valor social, es un activo básico irrenunciable, siendo conscientes de la necesidad de cuidar la cultura; en definitiva, el derecho de acceso a la
cultura está garantizado. Me gustaría destacar también que a pesar
del incremento del IVA, los grandes estrenos del cine español, como han sido, entre otros, Lo imposible o Las aventuras de Tadeo Jones, van a dar como resultado uno de los mejores años en recaudación y cuota de mercado del cine español. En
la actualidad, además, varios departamentos ministeriales trabajan junto con el sector en el seno de una comisión en la elaboración de un nuevo marco de financiación del cine español. Por todo ello, este grupo parlamentario presenta la siguiente
enmienda, que nos gustaría que contara con el apoyo del resto de los grupos: Continuar apoyando el sector de las industrias culturales y creativas para mejorar su competitividad como sector económico y como pilar para el acceso de todos los
ciudadanos a la cultura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: En estos tiempos de recesión económica y de ataque continuado del Partido Popular a los servicios públicos, la derecha da por hecho que el gasto público en cultura es prescindible porque no es tan esencial para la
vida como otras necesidades. Sin embargo, la cultura nos constituye como seres humanos y es sustancial para nuestro desarrollo integral. Por la crisis, y también gracias a la subida del IVA del 8% al 21% en buena parte de los productos culturales,
y también gracias al recorte presupuestario del Gobierno, las industrias culturales viven tiempos inciertos. Lo cierto es que se constata un escenario desolador en el que se encuentra la financiación de la cultura, y específicamente aquella que
nace desde una concepción social transformadora, por aquello de la notable reducción de las subvenciones. Pero seamos claros. Los desprecios al ecosistema cultural, financiado en su día en buena medida con recursos públicos, forman parte del
proceso de desmantelamiento de la sociedad del bienestar, es un ejemplo más. Los especialistas del mundo educativo y artístico -y no me refiero al señor Bárcenas- afirman que cuando se promueve el conocimiento, el arte y la cultura desde la
infancia se produce un mayor desarrollo de todas las áreas de la sociedad. Añaden que esta manera de entender la cultura como una inversión social debiera mantener aportaciones públicas porque contribuye al desarrollo integral de los seres humanos
y hace que podamos ser más libres. No cabe duda de que la vitalidad democrática de la sociedad depende de nuestra vida cultural, de nuestra capacidad para el conocimiento, imaginación, opinión, crítica y decisión. Y estas se reafirman más cuando
tenemos acceso a la educación y a la cultura sin barreras, y se transforman cuando las formas artísticas más comprometidas con su tiempo activan su potencia estética y política. Sin embargo, el Ministerio de Cultura reclama que, de acuerdo con la
idea imperante de la derecha, que considera un intervencionismo la presencia de la Administración en la financiación del mundo cultural, sea la iniciativa privada la que, mediante el mecenazgo, asuma mayor responsabilidad en la financiación y
gestión de la cultura. Los socialistas nos tememos que se acabó el tiempo de la cultura entendida como un bien público. Desde luego, no confiamos especialmente en las fundaciones privadas de entidades bancarias porque no creemos que vayan a
rescatar al mundo cultural. Lo cierto es que lejos queda ya la modernización de nuestro mapa cultural, que se llevó a cabo en los años ochenta al abrigo de las instituciones democráticas, especialmente de los ayuntamientos, y sin embargo, las
diferentes administraciones públicas actuaron entonces, en los años ochenta, siguiendo modelos europeos de la sociedad del bienestar; fueron años de una cultura democrática que permitió la creación de centros culturales municipales y la reforma de
servicios culturales heredados del franquismo. Aquel crecimiento se hizo en la mayoría de los casos de acuerdo con las necesidades sociales y se aplicó una política de favorecer el acceso a una oferta cultural compensatoria y, desde el punto de
vista de la inversión económica, contenida. Sin embargo, la dinámica de competencia entre las ciudades condujo en los años noventa de una manera lamentable a una especie de carrera sin fin por conseguir los equipamientos más espectaculares. A la
sombra de una burbuja inmobiliaria se desarrolló una política de grandes inversiones, en ocasiones innecesarias, a las que se dirigió el excedente de capital, concepto fundamental para entender la deriva económica del capitalismo más especulativo:
grandes infraestructuras vinculadas a las ciudades marca y subordinadas principalmente a intereses empresariales de una economía de ocio y del entretenimiento.
Este cambio de tendencia supuso el avance de un modelo cultural que se inscribe en una dinámica de banalización de la experiencia, en la que el ciudadano es considerado como un elemento más en una cadena de consumo y no como un potencial
capaz de activar mecanismos de crítica, de implicación política, de participación y de activismo social para la regeneración democrática. El modelo de gestión dejó poco margen a la participación ciudadana y a las iniciativas independientes, que a
lo largo de estos
años se han visto abocadas a una dinámica perversa de relaciones con la Administración basadas fundamentalmente en políticas de subvención y no en el fomento de la corresponsabilidad.
Asistimos, por tanto, hoy a un cambio radical de paradigma en el sistema. Es una forma de exclamar el '¡basta ya!' porque se ha acabado la fiesta; por lo menos para la izquierda, ha llegado el momento de pensar que la cultura se va a
potenciar desde unos parámetros que no permiten recuperar su sentido social ni tampoco invertir en el valor pedagógico de la cultura. Frente al modelo liberal no intervencionista que propone la definitiva privatización del sistema cultural público,
muchos seguimos defendiendo la participación del Estado en la financiación de la cultura, entendida como una herramienta para la igualdad y no como un lujo o un privilegio. Pensamos que los diferentes niveles de la Administración deben garantizar
el funcionamiento de los servicios e instituciones culturales, garantes de la igualdad de derechos en el acceso al conocimiento, para contribuir a una mayor cohesión social. Los retos inmediatos obligan a asumir determinados cambios para poner el
aparato de gestión cultural al servicio de una ciudadanía maltratada que reclama el mantenimiento de la red de servicios públicos, la oferta cultural, y que asegure el flujo democrático de recursos económicos en una sociedad civil que quiere seguir
siendo creativa para seguir siendo también crítica, innovadora y motor de la transformación de la sociedad.
Todo este mundo parece estar de acuerdo (el mundo de la derecha) en que, debido a los efectos devastadores de la crisis económica, el modelo público de financiación de la cultura ha llegado a su fin, y todo indica que se abre una nueva época
en la que la iniciativa privada está llamada a jugar un papel destacado. Nosotros, los socialistas, seguimos empeñados en poner en valor el papel de las administraciones públicas para preservar el valor social del arte y la cultura, aunque la
derecha parece ser que ha llegado a la conclusión de que es un tiempo de cambios y es un tiempo en el que deben ser las fuerzas económicas empresariales quienes asuman un papel de impulso e incentivo del sector cultural.
El Ministerio de Cultura, con el de Hacienda, va con retraso en la elaboración de los instrumentos jurídicos que permitan una mayor presencia de la economía privada en la financiación de la cultura. Al día de hoy, lamentablemente, a pesar
de las promesas, aún no se ha presentado la propuesta de ley de incentivos fiscales de ayuda al mecenazgo ni tampoco lo que ha demandado este grupo y su portavoz, un libro blanco para conocer los problemas de aplicación de la ley vigente y abordar
el debate pendiente sobre las dificultades y orientaciones básicas de la nueva normativa sobre incentivos. A pesar -digo- de las promesas del ministerio, el pesimismo se está instalando en el sector de la cultura, y algunos consideramos que tras la
excusa de la crisis y con el argumento de que entre las principales prioridades sociales no se encuentra el fomento del arte y la cultura lo que se está avecinando es el desmantelamiento de un modelo cultural que ha tenido en lo público una fuente
importante de financiación. En este contexto avanzan otras formas de producción colectiva basadas en el interés común que permiten, mediante pequeñas aportaciones, la participación comprometida de la ciudadanía: se trata de canales, como el que se
ha citado en el punto anterior, de micromecenazgo, con una filosofía de carácter social y comunitario que debiera promoverse por el Gobierno. Dicho está o dicho ha quedado. Estos fenómenos de recaudación solidaria representan la corresponsabilidad
de la sociedad civil participativa y se inscriben en un potencial de las redes sociales para unir esfuerzos en torno a proyectos culturales socialmente rentables y sostenibles y aprovechando además la capacidad de comunicación y publicidad de
iniciativas culturales.
Para acabar, la decisión del Gobierno de la derecha, del Partido Popular, de subir el IVA para una buena parte de la actividad cultural, pasando del tipo reducido del 8% al tipo general del 21% -algo, por cierto, negado radicalmente esta
mañana por el ministro de Hacienda, señor Montoro, en el Pleno, cosa que no acabamos de entender-, dificultará aún más el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la cultura, y pone en serio peligro, como se está viendo, al sector de la industria
cultural. Además es un desprecio a la cultura y a su valor de desarrollo personal, y al logro de la cohesión social. En definitiva, con nuestra enmienda venimos a exigir al ministerio que anule la subida del IVA, que se tome en serio el problema
de la financiación de la cultura, que incremente las partidas presupuestarias (que están dejando morir muchas iniciativas y muchos gestores culturales de base), y lidere de verdad nuevas vías y nuevas fórmulas mixtas de gestión de recursos en favor
de una financiación suficiente a la cultura. Ciertamente pensamos que la última vez en la historia en que la derecha se emocionó con la cultura fue allá cuando la cantante Massiel ganó el Festival de Eurovisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Elorza, se ha pasado usted. Quiero recordar a todos los diputados que el tiempo máximo de una enmienda debe ser de cinco minutos y que esto ha sido una excepción.
Para fijar posición por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Esta proposición no de ley se suma a las muchas referenciadas en este tema. Nuestro grupo parlamentario ya ha presentado varias, e incluso en la Comisión del pasado mes de diciembre debatimos una iniciativa
propia. Por lo tanto, esta proposición no de ley está, sobre todo en su exposición de motivos, desfasada, aunque ya ha sido autoenmendada, pero a la vez ha sido premonitoria en la finalidad y espíritu de la misma a raíz de lo que al final sucedió.
Se pasó del temor de lo que se oía entre pasillos a la realidad de la subida del denominado IVA cultural. Cada vez tenemos más claro que la subida del IVA cultural fue y sigue siendo una mala decisión, y cada vez tenemos más claro que fue una
decisión arbitraria e improvisada que carecía de un análisis de impacto económico y social sobre el empleo, el consumo cultural y las industrias culturales. Por ejemplo, el dato de empleo cultural según fuentes del ministerio se cifra durante 2012
en 452.000 personas ocupadas, es decir, 36.700 personas menos en relación con 2011. Pero cuando decimos que no había o no hay un plan de impacto económico en la subida del IVA lo decimos porque desde 2008 ha habido un descenso constante de
ocupación en el sector cultural, perdiendo en cuatro años 126.000 empleos, una caída del empleo cultural de 21,8% en este periodo. Son pocos los indicadores culturales que sufren un aumento positivo. Considerando la crisis económica que sufren
tanto lo particular como lo público planteamos una vez más la utilidad y eficacia de esa decisión política de incremento del IVA cultural.
Sabemos que el Grupo Popular y el Gobierno hablaron de medidas impopulares pero imprescindibles, y en algunos casos se habló incluso de temporalidad. Se nos repite con ánimo mesurado que no se podía hacer nada más. Y lo hecho, hecho está.
También se dice que ya se verá realmente el impacto que esta medida ha tenido, tiene o tendrá, y que por lo tanto nos tendríamos que alejar de planteamientos apocalípticos y sin futuro, y también que quizás este sea un buen momento para reconducir,
analizar, revisar, replantear e inventar nuevas fórmulas de apoyo al sector cultural que fomenten la producción pero también el consumo cultural. No por oírlo más veces nos convence más, pero como de reiteración parece que también se vive, pues
déjennos reiterar nuestras propuestas. Recordemos la fórmula. Si sumamos las siguientes variables: la actual crisis económica, más la reducción de la demanda, más los efectos de la debilidad del sistema financiero (lo que implica la negación de
financiación a numerosas actividades culturales), más una reducción drástica de la financiación pública de actividades culturales, más el alza explícita de la fiscalidad (que grava con un 13% más de IVA las actividades del sector cultural), el
resultado es la fórmula perfecta para cargarse el sector cultural de todo un país. Si además añadimos a todas esas variables que no se contempla ni una medida compensatoria, como hemos propuesto hoy, que permita favorecer el mantenimiento o
reactivación de las actividades culturales, podemos concluir que el futuro del sector está, como mínimo, complicado.
Recordemos también que en el pasado debate del estado de la Nación nuestro portavoz Duran i Lleida habló de cultura y presentamos una propuesta de resolución en este sentido que recogía varios puntos; uno de ellos era el IVA cultural. En
definitiva, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley porque va en la línea de todas las iniciativas que hemos presentado con anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, ¿acepta su grupo alguna de las dos enmiendas que se han presentado?
El señor GARZÓN ESPINOSA: Aceptamos la del Grupo Socialista, que es una actualización.
- SOBRE CONTINUIDAD DEL PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º, sobre continuidad del Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial. Tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GÓMEZ: La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular tiene por finalidad impulsar, apoyar y dar continuidad al Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial. Como sus señorías saben, el ordenamiento jurídico
español contiene escasas referencias al patrimonio histórico inmaterial. Y en las mismas no se especifica cuáles deban ser los instrumentos, los criterios y las metodologías adecuadas para su salvaguarda. De aquí la importancia de contar con un
Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial, un plan que ha sido aprobado por el Consejo del Patrimonio Histórico en su reunión celebrada el 11 de octubre de 2011, y cuya vigencia será de diez años con una revisión de los objetivos alcanzados a
los cinco años.
El objetivo general de este plan es la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, entendiendo por salvaguarda las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial mediante actuaciones de identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, transmisión y revitalización de este patrimonio cultural. Dada la complejidad de este tipo de patrimonio, su alta vulnerabilidad y el escaso y disperso apoyo existente para su
protección, el Grupo Popular desea impulsar, con el deseable acuerdo del conjunto de los grupos parlamentarios, este plan. Y todo ello mediante el apoyo a la consecución de los siguientes objetivos. Primero, estableciendo el concepto,
características y ámbitos del patrimonio cultural inmaterial en España: sistema de registro, documentación y difusión, estudio de riesgos y amenazas, así como estrategias y líneas de actuación específicas. Segundo, elaborando proyectos para la
identificación, documentación, difusión y promoción de las manifestaciones culturales inmateriales. Tercero, sensibilizando a la sociedad y logrando el reconocimiento institucional en el marco de las políticas culturales. Cuarto objetivo y último:
facilitando la información y la coordinación entre las administraciones en materia de patrimonio cultural inmaterial.
Señoras y señores diputados, desde su aprobación el plan nacional ha supuesto el desarrollo de algunos proyectos que han culminado ya y de otros que están en fase de desarrollo. Dado que la vigencia del plan nacional es de diez años con una
revisión a los cinco, entenderá el Grupo Parlamentario Socialista que no podamos admitir la enmienda presentada, que significaría, por un lado, ignorar el diagnóstico de la realidad pasada en la que se funda el plan y, por otro lado, impedir su
adecuación futura de acuerdo con la evolución y la evaluación de las actuaciones previstas en dicho plan.
Decía Cervantes que el tiempo es el gran descubridor de todas las cosas; pues bien, la enmienda presentada es una enmienda de ocultación, pretende ocultar en su primer punto el tiempo pasado, su huella, que es la que nos ha traído a las
actuales circunstancias económicas. Y entiendo que ustedes quieran hacerlo a la vista de los resultados que ustedes mismos obtuvieron en esta materia en el pasado. Pero lo que nos preocupa, lo que más nos preocupa a la vista del punto 2 de su
enmienda, es que también quieran ocultar el paso del tiempo, es decir, que pretendan ocultar el futuro, el futuro de este plan cuya duración es de diez años y que está sujeto, y así será, a una revisión dentro de cinco años.
Señoras y señores diputados, los planes nacionales de patrimonio son instrumentos pluridisciplinares, de gestión integral, en los que participan diversas administraciones y otras entidades públicas y privadas; son planes que tienen por
finalidad la programación de actuaciones de conservación preventiva, restauración y difusión, y la coordinación de actuaciones sobre unos bienes culturales complejos. Por eso estamos seguros de que sus señorías tendrán buena ocasión de interesarse
por los mismos y contribuir así a realizar el seguimiento parlamentario del plan, a dotarlo de visibilidad y a darle la continuidad que este Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial merece por parte de esta Comisión de Cultura y que desde
luego el Grupo Popular desea impulsar con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Señor Ruano, permítame tener que calificar esta iniciativa que ustedes presentan de vacua, evanescente, ectoplasmática; en todo caso, como su propio contenido, inmaterial. Trataré de explicarme un poco.
Ustedes nos dicen en esta iniciativa que efectivamente existe un Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial. Es cierto. Ustedes incluso certifican sus orígenes, su creación. De hecho, en su propia exposición de motivos, si subrayamos
lo que está copiado y pegado del plan, es el 90% de lo que ustedes nos cuentan aquí. ¿Y qué piden ustedes, a qué instan al ministro? Pues solicitan la continuidad de exactamente lo mismo que existe. Es más, lo que piden ustedes es exactamente lo
que dice la página 71 del plan existente, que también la han copiado ustedes literalmente, tal y como viene aquí. Es decir, piden ustedes la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que contribuirá a la protección y al establecimiento de
criterios, medidas y metodologías adecuadas para la perpetuación del patrimonio cultural inmaterial. Exactamente lo que ya está escrito y lo que está aprobado. Por cierto, ustedes hablan de patrimonio cultural inmaterial, el libro del plan habla
del PCI, ustedes no lo ponen así para que no lo confundamos -claro está- con el Partido Comunista Italiano. Está bien la claridad.
Por lo tanto, en su iniciativa hablan ustedes de un plan del que acreditan su existencia y solicitan ustedes exactamente lo que el plan indica en sus conclusiones. Yo entiendo, señor Ruano, que a veces ser del equipo de gobierno obliga a
presentar cosas así, o entiendo que el trabajo ministerial es tan amplio y de tanto calado que ustedes no tienen otra cosa más que presentar en esta Comisión, lo puedo entender
también. Pero, claro, puedo entender otra cosa. Puedo entender que consideran ustedes que el ministro no se entera del plan y quieren darle un aviso. Está bien, eso está bien. Es raro, porque la partida figura en los Presupuestos
Generales del Estado. Es decir, existe un plan vigente, figuran las partidas, el ministro no ha renegado -que sepamos- del plan, y ustedes piden que siga con el plan. A no ser, señor Ruano, y esto sería grave, que por información privilegiada, por
ser ustedes del equipo de gobierno, sepan que el ministro tiene otro plan para el plan, que haya perversas intenciones con respecto al plan. Si es así, entiendo que es acertada absolutamente nuestra enmienda, que no pretende nada más que ayudarles
a ustedes, señor Ruano; no la entienda usted mal, nuestras enmiendas quieren ayudarle a usted a defender el plan.
¿Por qué queremos eliminar el último párrafo que ustedes dicen? Porque dicen ustedes que las circunstancias económicas han llevado al Gobierno (al Gobierno actual) a ajustar en su política cultural los gastos y a asumir los compromisos...
Hablan de ajustar. A ver si el ministro va a leer eso y va a entender que lo que ustedes le piden es que ajuste más y que recorte más lo que ya ajustó y recortó en este plan. Porque este plan, que en 2011 tenía 200.000 euros, ha pasado con ustedes
a 70.000 y a 90.000, y eso figura así. No sea que el ministro entienda que ustedes quieren que recorte más. Por eso decíamos que usted quitara eso; no entiendo para nada su abstrusa explicación de por qué queríamos quitarlo nosotros. Y la
segunda parte es hija de la primera: no vaya a ser que el ministro, en ese ajuste de recorte, también quiera recortar parte de ese plan. Por eso decimos que sea en su integridad.
Mire usted, vamos a ser amables y nos vamos a creer que ustedes quieren que este plan siga, y lo vamos a votar a favor, estén ustedes de acuerdo o no con nuestra enmienda. Ahora, sepan ustedes que nos marchamos con cierto regusto raro,
porque ustedes lo que quieren evitar es que quitemos lo que habla de ajustes y recortes, así como que nosotros digamos que el plan se atienda en su integridad. De verdad que no entendemos que ustedes nos quiten esto, pero sea por la buena voluntad
de que esto siga adelante, que es lo que todos queremos.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: El Grupo Parlamentario Popular propone mediante esta iniciativa dar continuidad al Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial y, de entrada, Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa, sobre todo y muy
resumidamente porque lo que se pretende precisamente es dar continuidad. Y como hasta ahora ha funcionado, si se pretende dar continuidad en los mismos términos de colaboración que se han venido desarrollando, nuestro grupo parlamentario va a darle
su apoyo.
El Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), que depende del Ministerio de Cultura, empezó a trabajar en la elaboración del Plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en el año 2010. Se cumplía de esa manera
con el mandato de la Unesco mediante la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, de París 2003, para tomar las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio inmaterial: identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de ese patrimonio en sus aspectos más diversos. Este instituto hizo un llamamiento a todas las comunidades autónomas para crear una comisión o grupo de
trabajo representativo con antropólogos y otros técnicos de distintas comunidades. También invitó a personas expertas de reconocido prestigio en el ámbito de la etnología y antropología para desarrollar el mencionado plan. Este se presentó
públicamente en octubre de 2011, y así consta en la página web del ministerio. Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas que han participado de manera muy activa en la elaboración del plan, y actualmente en las comisiones de seguimiento
según el programa de actuaciones marcado. El representante de Cataluña es un técnico del departamento de Cultura que tiene atribuidas las competencias. Las reuniones de las comisiones de seguimiento son periódicas y se prevé que se vayan llevando
a cabo, de momento, de manera indefinida mientras el ministerio mantenga la partida presupuestaria y mientras no haya ninguna iniciativa parlamentaria que pida lo contrario. La última reunión tuvo lugar recientemente, y están previstas otras
convocatorias en el mes de mayo, por ejemplo. Desde el departamento de Cultura de la Generalitat se continúa trabajando en este plan y en principio, como he dicho, si lo que realmente se pretende es darle continuidad y en los mismos términos en los
que se ha venido llevando a cabo hasta el momento, nuestro grupo parlamentario no tiene nada que objetar y por lo tanto vamos a darle nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Le pregunto al señor Ruano, ¿aceptan ustedes la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista?
El señor RUANO GÓMEZ: Como ya he comentado en mi intervención, no.
- SOBRE APOYO A LA DECLARACIÓN DE LA ALPUJARRA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, sobre apoyo a la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para su defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la
señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Quiero decirles que para mí es un honor estar esta tarde aquí compartiendo en esta Comisión de Cultura la iniciativa que trae el Grupo Socialista sobre la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad.
La comarca de la Alpujarra se encuentra ubicada en la falda de la ladera sur de Sierra Nevada, dividida entre las provincias de Granada y Almería. Su nombre deriva del término árabe al-Busherat o albgscharra, que podemos traducir como 'la
tierra de pastos' o 'la tierra de hierba'. Aunque existen otros historiadores, como Pedro Antonio de Alarcón, que da otra versión además de esta y considera que proviene de la palabra abuxarra, que quiere decir 'la rencillosa', 'la pendenciera' y
también 'la indomable'.
La Alpujarra es una de las zonas de Europa con más superficie protegida jurídicamente desde el punto de vista histórico-patrimonial, ya que está declarada como sitio histórico, y concretamente el barranco del Poqueira está declarado como
conjunto histórico. También desde el punto de vista ambiental tiene varias protecciones, ya que es parque natural, parque nacional y reserva de la biosfera. Se trata de una de las comarcas con mayor personalidad por sus condicionantes geográficos
-su difícil orografía- que han dificultado el desarrollo de esta comarca, si bien en las últimas décadas, debido a las inversiones en desarrollo rural y turístico, así como en infraestructuras, se ha conseguido un desarrollo turístico importante,
unido a la instalación de tradicionales talleres artesanales -de cerámica, de piel, telares-, a la ubicación de importantes empresas de transformación agroalimentaria y al cultivo ecológico. Todo ello está consiguiendo una fijación de la población
al territorio muy significativa.
También es cierto que su propio aislamiento, debido, como decía, a su orografía, ha permitido la conservación de tradiciones y modos de vida propios de otros siglos. Es un territorio que tiene unas características muy definidas que la hacen
una comarca única en sus características históricas, políticas, sociales, naturales y, cómo no, culturales. La belleza de sus paisajes, que son unos paisajes de contrastes, sus pueblos encaramados al sur de Sierra Nevada, sus costumbres y
tradiciones, y la amabilidad de sus habitantes junto a su pasado histórico, donde aún se pueden oír los ecos de la cultura musulmana, hacen de esta tierra una comarca completísima desde el punto de vista turístico.
Por todo lo dicho, el Grupo Parlamentario Socialista trae aquí hoy una iniciativa para que la Alpujarra sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Consideramos que la Alpujarra tiene méritos sobrados para ser declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Alcanzar este reconocimiento sería un impulso decisivo para la preservación de sus valores, así como para darle una proyección internacional a un territorio que aprovecharía esta declaración para incentivar su desarrollo
cultural, económico, social y turístico. Además, esta declaración redundaría de manera positiva en el conjunto de las dos provincias en las que se ubica y en general en Andalucía.
Es una proposición que cuenta con un gran respaldo. Ya ha sido aprobada por unanimidad una iniciativa similar en el Parlamento de Andalucía. También la diputación provincial aprobó en este sentido una declaración institucional a la que se
están adhiriendo los ayuntamientos de la zona. El pasado sábado, a instancias de la Unesco, se ha constituido el equipo de trabajo que coordinará la Universidad de Granada para comenzar la redacción del proyecto. Ahora toca delimitar el territorio
y los valores que se propongan como excepcionales para su preservación. Debe ser una iniciativa muy participada desde el territorio, un territorio que está concienciado y es consciente de que la conservación trae riqueza y constituye una gran
oportunidad para su desarrollo.
Por su especial interés, consideramos que la Alpujarra tiene que ser declarada Patrimonio de la Humanidad para que sea un territorio respetado, disfrutado y preservado para futuras generaciones.
Esperamos que esta iniciativa que trae esta tarde aquí el Grupo Socialista tenga el respaldo del resto de los grupos que están aquí presentes porque, insisto, es una iniciativa que ya en el territorio cuenta con un gran respaldo y con un
consenso significativo por parte del resto de los grupos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Santa Ana.
La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro apoyo a la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.
La Alpujarra es una comarca única, de una belleza admirable en cuanto a su paisaje, con un marcado cambio en las distintas estaciones del año; en cuanto a sus costumbres; en cuanto a su arquitectura pegada al terreno, con sus
características chimeneas de launa; en cuanto a su fauna, a su flora y a su gastronomía. Posee, por tanto, como ha dicho mi compañera del Partido Socialista, condiciones más que suficientes para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por parte
de la Unesco. Ello supondría además una importante proyección internacional, una preservación de sus valores y a la vez una puesta en valor de los mismos para su desarrollo y para su actividad económica. También las condiciones históricas de la
Alpujarra han generado un paisaje singular de aprovechamientos tradicionales. Son llamativas las acequias moriscas, que llevan las aguas del deshielo de Sierra Nevada por sus laderas para poder regar los cultivos y los huertos tradicionales. Todas
ellas son razones de peso para buscar un reconocimiento tan importante como el que puede otorgar la Unesco.
Ubicada la Alpujarra en la ladera sur de Sierra Nevada, permítanme que haga un recordatorio de que en el año 1989 se obtiene la declaración de Parque Natural para Sierra Nevada; en el año 1999 las cumbres de Sierra Nevada, con unas 86.000
hectáreas, fueron también declaradas Parque Nacional, sobre todo haciendo referencia a la flora de alta montaña mediterránea, de la cual es representativa. La Alpujarra es un territorio contenido ya en buena parte en la Reserva de la Biosfera de
Sierra Nevada, declarada por la Unesco en 1986, con una superficie de 172.318 hectáreas. A su vez, el parque nacional está acreditado con la Carta europea de turismo sostenible desde el año 2004 y dispone de un plan de acción propio. Por ello
ahora, con el reconocimiento por parte de la Unesco, se podrá poner aún más en valor ese patrimonio rural e intangible de esta comarca, que ya hace tiempo es un destino consolidado como turismo rural.
Señorías, se está haciendo un esfuerzo muy importante desde distintas instituciones en referencia a esta iniciativa que ha sido impulsada por la Diputación de Granada. Sin más -y lo ha recordado también mi compañera del Partido Socialista-,
el pasado fin de semana desde el municipio alpujarreño de Bubión se constituía un grupo de trabajo denominado Alpujarra Patrimonio de la Humanidad. Ese grupo está conformado por una docena de instituciones que a través de diversas comisiones de
trabajo elaborarán el expediente que se elevará a la Unesco para que la comarca sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad. En estos momentos ese grupo de trabajo está presidido por el rector de la Universidad de Granada. Están presentes
instituciones tan importantes como el Centro Unesco de Andalucía, Unesco Alpujarra, la Universidad de Granada, la Diputación de Granada, el Patronato Provincial de Turismo de Granada, la Junta de Andalucía a través de diversas consejerías como la de
Educación y Cultura, Agricultura y Medio Ambiente, y Turismo; el Parque Nacional de Sierra Nevada, la Asociación de Desarrollo Rural de la Alpujarra, la Comunidad de Regantes de la Alpujarra, la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra, y la
Asociación Cultura Abuxarra. Dicho grupo, además, potenciará la importancia que tiene recabar el apoyo social de la población del territorio de la Alpujarra para que esa sociedad haga también suyo este importante proyecto. Es un camino largo,
desde luego, pero queremos trabajar todos conjuntamente para que la Alpujarra logre su objetivo gracias a su paisaje, a sus costumbres, a su historia y a su propia idiosincrasia. El grupo de trabajo ha acordado además licitar con la máxima urgencia
la redacción del expediente para incluir la Alpujarra en la lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad, como todo el mundo sabe requisito previo imprescindible antes de ser elevado para su estudio por parte de la Unesco.
Creo que es tremendamente importante que hoy también desde la Comisión de Cultura del Congreso pretendamos dar un importante empuje y un importante apoyo a esta candidatura para que sea una realidad lo antes posible. Por tanto, creo que es
necesario, que es lógico, que es importante y que será fructífero instar al Gobierno a que, una vez recibida la petición por parte de la Junta de Andalucía, y previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y de su grupo de trabajo de Patrimonio
Mundial, y una vez
que haya sido incluida en la lista indicativa, también con el acuerdo de estos organismos, apoyemos y defendamos en las instancias internacionales oportunas la candidatura como Patrimonio Mundial de la Alpujarra granadina y almeriense. Yo
creo que hoy, con el voto a favor de esta importante iniciativa, pondremos nuestro granito de arena y pondremos ese impulso para que en el futuro, que deseamos sea lo antes posible, este importantísimo proyecto pueda ser una realidad.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al Grupo Parlamentario Socialista, ¿aceptan la enmienda del Grupo Popular?
La señora RAMÓN UTRABO: Sí, la aceptamos.
- SOBRE FOMENTO DEL TURISMO IDIOMÁTICO Y CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001039).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, sobre fomento del turismo idiomático y cultural. Tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar a la consideración de la Comisión una proposición no de ley que al fin y a la postre lo que pretende es atraer como señuelo de la corriente
de turistas hacia España aquello que es común a todo el territorio nacional, que es nuestra lengua y nuestro patrimonio cultural. El Grupo Parlamentario Popular entiende que poner en valor el importante patrimonio que este país ha ido acumulando a
lo largo de toda su historia es algo fundamental, nos sitúa en una posición de ventaja comparativa ofreciendo un producto primor que no tiene competencia con otras culturas de otras partes del mundo, y por lo tanto puede ser muy interesante.
Además, si este impulso político que hoy intentamos transmitir al Gobierno desde esta Cámara tuviera un cierto grado de éxito, como es nuestra intención favorecerlo, estaríamos en condiciones de crear todo un nuevo sector económico en torno al mundo
de la cultura y el mundo de la lengua, sector económico que ha sido generado, creado por otros países de nuestro entorno como son Gran Bretaña y Francia, y por desgracia nosotros no hemos sido capaces de cuajar. Creo que en este momento, en la X
legislatura, en la que la creación de empleo y la creación de renta, y al final la prosperidad de los ciudadanos son algo notable, debemos aprovechar esta singularidad que ofrecer a la economía global, al mundo en su conjunto.
En el mes de septiembre del año 2012 tuve la oportunidad de presentar una pregunta escrita con mi compañero José Antonio Bermúdez de Castro, que además de compañero es amigo, y nos dieron una serie de datos que quiero poner en conocimiento
de la Comisión porque creo que contribuyen a sostener el argumento que estoy intentando desarrollar. En efecto, por la respuesta que obtuvimos del Gobierno a aquella pregunta, que, como digo, se presentó en el último trimestre del año anterior,
podemos conocer que en el conjunto del mundo, entre hispánicos, usuarios de la lengua española y estudiantes de la lengua española en todo el mundo, podemos estar hablando de una cifra en torno a los 495 millones de personas, desde luego una cifra
nada desdeñable. Es evidente que el futuro y el interés de la lengua española está en franco desarrollo creciente. Según las estimaciones que nos hizo llegar el Gobierno, en tres o cuatro generaciones el 10% de la población del mundo será
hispanohablante y, por ejemplo, un país como los Estados Unidos de América en el año 2050 puede que sea el primer país hispanohablante del mundo. Creemos que estos datos demuestran que existe una demanda, que existe mucha gente en el mundo
interesada en conocer bien, conocer mejor, manejar el idioma, la lengua española como una lengua enriquecedora para el conjunto de sus habilidades y como complemento de su formación como persona.
Hay otra serie de datos que también venían en la respuesta del Gobierno a esa pregunta y que tienen un carácter algo distinto a los manejados anteriormente. Son algunos datos relacionados con el valor económico de este tipo de actividad.
Por ejemplo, el turismo idiomático en España, según los datos de que hemos tenido conocimiento, en el periodo 2000-2007 creció un 137%, luego parece que tiene recorrido de crecimiento. Los ingresos del turismo idiomático en el año 2008 superaron
los 460 millones de euros, que es una cifra nada desdeñable. Si encima pudiéramos incrementarla, sería mucho mejor.
Por otro lado, es algo evidente que quienes tienen habilidad o facilidad para expresarse o manejar una segunda lengua, tienen mayores posibilidades de empleabilidad y me satisface poner en conocimiento de la Comisión que hoy la lengua
española es la tercera en uso en la red. Quizá por eso el número de matrículas que hoy existen en el Instituto Cervantes superan las 220.000, motivo por el cual manejábamos la cifra de 18 millones de estudiantes en el mundo que tienen interés en
manejar correctamente el idioma
español. Hay que señalar también -y creo que es importante que la Comisión lo conozca a los efectos de valorar la iniciativa que estamos proponiendo desde el Grupo Parlamentario Popular- que un gran peso de esta demanda se centra en países
como Alemania, Estados Unidos y Francia, que tienen una aportación muy notable al conjunto de las personas que están estudiando el idioma.
Si además de la importancia que se ha señalado del español en el mundo le añadimos al polinomio el valor de nuestro patrimonio cultural, la oferta resulta enormemente atractiva. Obsérvese que la cultura española es muy rica en
manifestaciones de muy distinto signo. La cultura española tiene raíces y muestras de su creatividad en distintas partes de la geografía nacional. La cultura española ha sido determinante en la formación de la cultura de Occidente y desde luego en
la formación de la cultura de Europa y podemos decir sin ningún tipo de duda que España en su conjunto, con tantos siglos de historia, tiene un papel determinante en el mundo de la cultura internacional. Por lo tanto, creo que impulsar esta
presentación de España como gran hacedora de cultura en sus distintas manifestaciones y en sus distintas partes geográficas o territorios resulta enormemente enriquecedor y además muy aprovechable en los momentos en que España quiere abrirse al
exterior para poder ofrecer a sus ciudadanos un margen de prosperidad y de progreso.
Para poder desarrollar este ambicioso proyecto tenemos que valorar como muy positivos también otros aspectos que son generales para muchas actividades que se pueden desarrollar en el futuro en nuestro país, como es que España goza de una
estupenda climatología, de una magnífica red de infraestructuras, de un hospedaje de calidad, además tiene unos parámetros muy buenos de seguridad ciudadana y la atención sanitaria es de primer orden, todo ello, todas estas condiciones generales que
se dan en España más la importancia de nuestra lengua y su peso en el mundo y el valor tan rico de nuestro patrimonio cultural, hacen posible que nuestro país, nuestra lengua y nuestra cultura resulten de interés para muchos visitantes, y es justo
eso lo que queremos promover, ese es justamente el impulso político que hoy queremos dar desde esta Comisión en los términos de la proposición no de ley presentada por mi Grupo en esta Cámara, que está publicada en el boletín oficial de la Cámara de
4 de diciembre de 2012, incorporando como modificación en la primera parte de la misma el texto de la enmienda que ayer se presentó.
Espero que los grupos que quieran y puedan participar en el debate apoyen esta oferta. Es una oferta integradora y beneficiosa que trata, como he dicho anteriormente, de dar satisfacción a una demanda que existe realmente en el mercado, una
demanda que existe en quienes desean conocer nuestra cultura y nuestro idioma y que además puede tener unas repercusiones muy positivas para el devenir de nuestro país. Espero que los grupos parlamentarios compartan los argumentos que he manejado
que, como ven, tienen el máximo carácter objetivo, no tienen sesgo de ningún tipo de ideología política y lo único que pretenden es defender el interés general de nuestra ciudadanía. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Efectivamente, hay casi 500 millones de hablantes de español repartidos por todo el mundo y han pasado más de quinientos años desde el 18 de agosto de 1492, dos meses antes del descubrimiento de América, cuando el
andaluz y humanista Antonio de Nebrija publicó la primera Gramática de la lengua castellana -es verdad que en latín; entonces se necesitaba dotar de normas a la lengua castellana-. La dedicó a la reina Isabel la Católica y ya en el prólogo
manifestaba sus intenciones, a su manera y teniendo en cuenta las sensibilidades de la época. Quería que la lengua fuera compañera del imperio; ningún otro elemento para expandir nuestra cultura y para extender por todos los territorios
descubiertos y por descubrir como la lengua, es decir, para que una vez que sirviera para dotarlo de las normas gramaticales precisas, el castellano estuviera a la altura del latín.
El Grupo Parlamentario Socialista está muy de acuerdo en que se inste al Gobierno a que se cuide y se promocione el español como lengua de expansión y vehículo principal de nuestra cultura, muy de acuerdo. La prueba evidente de que podemos
estar de acuerdo en todo o en casi todo es que nosotros durante los Gobiernos socialistas hemos hecho un enorme trabajo y un enorme esfuerzo en infraestructuras y en los institutos Cervantes, tanto en lo que se refiere a la dotación de personal como
a la creación de nuevos centros Cervantes. Pero sinceramente, señorías, señor De Luis, esta PNL nos parece en cierto modo un brindis al sol; está muy bien, estamos de acuerdo, pero, claro, cuando sabemos las dimensiones que ha alcanzado ya la
enseñanza del español, la importancia que se le ha dado al español dentro de España, del territorio nacional, y fuera de España, si esto no se traduce en un presupuesto adecuado, no
estaríamos hablando de nada. Si el presupuesto general de Cultura en los dos últimos años, desde el año 2011, se ha reducido en un 35% en total y el del Instituto Cervantes, que es en cierto modo el que se dedica sobre todo a la divulgación
del español fuera, se ha reducido casi en un 15%, si a esto le añadimos las penurias por las que pasan las academias americanas de la lengua e incluso la Real Academia Española de la Lengua, estaríamos pensando en que verdaderamente no hay una
intención, nada más que efectivamente una declaración voluntarista de que esto se lleve a cabo.
Nosotros queremos que esto salga adelante y que lo haga además con el máximo consenso posible. No podíamos estar más de acuerdo en que se presentara aquí hoy, pero nos gustaría que, si es posible -y hemos hecho una enmienda de sustitución
que podríamos además apalabrar ahora para que fuese una transaccional-, se incluyeran las lenguas cooficiales de España en el sentido que decimos aquí. Aceptaríamos, porque es mucho más clarificadora, la autoenmienda del Grupo Popular, porque se
citan todos los organismos, pero nos gustaría que se nombraran también las lenguas cooficiales. Digo que nos gustaría y repito lo que he dicho antes. No nos vamos a oponer a algo que creemos que tiene un enorme futuro como es el uso de nuestra
lengua en el exterior y también el incremento de aquellos que nos visitan. Sabemos que con el turismo lingüístico, por así decirlo, aunque a mí no me gusta demasiado la expresión, recibimos un gran número de estudiantes extranjeros para nuestros
programas especiales de enseñanza del español como segunda lengua, que además llevamos al exterior también -en Brasil, por supuesto, y en Estados Unidos, en un territorio tan grande como el de este país-. Solo por poner un ejemplo -este dato no lo
he tomado de Internet, lo señalo por experiencia propia-, en los últimos veinte años, en un territorio tan extenso como Estados Unidos se ha incrementado de tal modo la demanda del estudio del español y de la cultura española que es difícil no
encontrar un departamento de español en la mayoría de las universidades americanas y en los colleges; se rifan a los profesores españoles y están allí enseñando el español, que es muy demandado. El estudio del español en estas universidades
americanas, que son el futuro indudablemente, en el territorio de Estados Unidos, ha pasado de ser considerado como una necesidad a ocupar ya el lugar del francés, que era considerada la lengua de cultura; eso supone que ha pasado a una categoría
superior, en mi criterio. Si a esto le añadimos la cantidad de alumnos Erasmus que vienen a nuestras universidades para estudiar el español y la cultura española, estaríamos hablando no solamente de un turismo y de una realidad económica, sino
también de una realidad cultural que nosotros los españoles deberíamos poner en valor. Por eso -repito- apoyaremos la PNL del Grupo Popular. Nos gustaría que se hiciera una referencia a las lenguas cooficiales y también que se dijera por lo menos
que se iban a dotar presupuestariamente, porque, si no, no estaríamos hablando nada más que de una acción voluntarista. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: La verdad, esta portavoz no pensaba intervenir en esta proposición no de ley, básicamente por el esfuerzo que tengo que hacer personalmente para contenerme, y no quiero entrar en términos personalistas (El señor
De Luis Rodríguez: ¡Cuidado, cuidado! - Rumores), sino en el redactado que se le ha dado a la misma, con todos mis respetos.
Desde nuestro punto de vista, esta proposición no de ley sería merecedora de una enmienda a la totalidad. Nuestro voto evidentemente va a ser un no rotundo. ¿Y por qué? Pues porque, si me permiten, de su literalidad no se nos ocurre otra
cosa que calificarla de rancia y reveladora de un absoluto y total desprecio por las demás lenguas que conviven en el Estado español. Además demuestra un total desprecio por las competencias de las comunidades autónomas tanto en materia cultural
como lingüística. Señores del Grupo Popular, procuren revisar de vez en cuando el marco competencial que corresponde a cada cual, porque no se cansan de aludir o recurrir a la necesidad de respetar la legalidad vigente, como no puede ser de otra
manera, pero estaría bien que en determinados casos también se lo aplicaran, e, insisto, se lo digo desde el máximo respeto y sin cuestionar en ningún momento muchos de los datos que han aportado.
Claro que sí, el valor de la lengua española es enorme, es un potencial que todos apreciamos y tenemos que colaborar para sacarle el máximo rendimiento en todos los niveles, ahora bien, respetando siempre el marco competencial, respetando
las demás lenguas que conviven en el Estado español. Porque a lo largo de la exposición de motivos -que tiene la dimensión que tiene, tampoco ha sido más larga su exposición-, la verdad es que no hay ni una sola mención a las demás lenguas del
Estado español, que en algo merecerán también que se las tenga en cuenta. Solamente a título de ejemplo,
téngase en cuenta que la lengua catalana está en el decimocuarto puesto como lengua más hablada de la Unión Europea. En algo tendremos que tenerla en cuenta.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa, pero no tanto porque no considere que la lengua española tenga que aprovecharse en todas sus dimensiones, como tiene que ser, sino porque hay una absoluta
falta de respeto por las demás lenguas que conviven en el Estado español.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, ¿El Grupo Popular acepta la enmienda del Grupo Socialista?
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La enmienda del Grupo Socialista no la podemos aceptar porque lo que pretendemos aquí es un impulso político. El presupuesto del Instituto Cervantes tiene suficiente margen para poder contribuir a ese impulso,
como las demás unidades administrativas que están señaladas en la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, conteste, ¿la acepta o no la acepta?
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: He dicho que no, presidente.
Simplemente, a efectos de precisar la intervención de mi compañera del Grupo de Convergència i Unió, también con todo el respeto -yo no me tengo que contener de nada porque no tengo ninguna razón para contenerme ni quiero calificar tampoco
ni como de desprecio ni como rancia la intervención de la compañera de Convergència i Unió-, solo quiero decirle que lo que intentamos es aprovechar la demanda.
El señor PRESIDENTE: Este debate lo está iniciando usted sin el permiso de la Presidencia, porque, si no, tengo que dar la palabra a todos.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Yo no estoy iniciando el debate, presidente, yo estoy replicando a una alusión clarísima. Pues que empiecen a hablar todos, no me importa, pero yo he sido aludido directamente por la diputada de Convergència i
Unió y creo que tengo derecho a hacer unas ciertas precisiones.
- SOBRE LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001318).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º, que era el 7.º en el orden del día, pero como le habíamos dicho al señor Tardà que iba a ir el último, vamos a adelantarlo. Es del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor
Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: La historia de los diferentes ejércitos españoles es muy extensa, como todas sus señorías saben. Los sucesivos ejércitos y sus unidades han acumulado un patrimonio histórico-artístico muy variado con el
paso de los años que actualmente es superado únicamente por el patrimonio que posee la Iglesia católica.
Desde el siglo XIX los diferentes ejércitos comenzaron a interesarse por la difusión cultural de todo lo relacionado con el ejercicio de su función y de las misiones que realizaban. Por ello se crearon los primeros museos militares,
archivos históricos y bibliotecas militares, que comenzaron a compilar el patrimonio cultural que hasta entonces estaba disgregado por numerosos cuerpos militares. El vasto patrimonio cultural castrense se custodia, organiza, gestiona y difunde a
través de diferentes organismos que forman parte de la estructura orgánica de cada ejército. Sin embargo, las diferentes unidades responsables de gestionar el patrimonio no siempre disponen de los medios y fondos necesarios para poder gestionar
correctamente este patrimonio, evitar su deterioro y fomentar su exposición para que así pueda ser admirado por todos los ciudadanos.
Con la transición de la Dictadura a la democracia los diferentes departamentos ministeriales del Ejército, Marina y Aire se unificaron administrativamente bajo el Ministerio de Defensa. Desde entonces la difusión del patrimonio cultural e
histórico castrense ha sido utilizada como un instrumento para acercar a los ciudadanos la historia y la labor de las Fuerzas Armadas a lo largo de nuestra historia, así como una forma de concienciar a la población de las diferentes acciones y
misiones que actualmente desempeñan los profesionales de las Fuerzas Armadas por diferentes lugares del mundo. Para ello el Ministerio de Defensa colaboró con el de Cultura promoviéndose entre ambos intercambios de formación e incluso
asignación de puestos funcionariales de facultativos y de técnicos civiles. El Ministerio de Defensa poseía una Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico encargada de coordinar la labor de mantenimiento y difusión del
patrimonio cultural castrense que poseen las diferentes unidades militares. Sin embargo, aunque su función poseía deficiencias operativas como la falta de vinculación directa con los centros de gestión y exposición del patrimonio
histórico-artístico castrense y con los cuarteles generales de numerosas unidades que poseen estos elementos histórico-culturales, también es de reconocer que realizaba una labor aceptable.
La última remodelación orgánica del Ministerio de Defensa ha eliminado esta Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico integrando las funciones atribuidas a esa subdirección general en un órgano denominado Publicaciones y
Patrimonio Cultural, en el que las misiones relacionadas con la conservación y gestión del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas ha perdido importancia y prioridad en la gestión. Por todo ello se presenta la siguiente proposición no
de ley: Instamos al Congreso de los Diputados -y al Gobierno por lo tanto- a reordenar en el órgano central del Ministerio de Defensa las competencias gestoras de los organismos culturales castrenses responsables del control y exhibición del
patrimonio histórico-cultural que actualmente poseen las Fuerzas Armadas, asignando dicha función a una subdirección general específica que tenga una relación fluida y funcional con los diferentes centros culturales existentes en España; asimismo a
dotar a esta nueva subdirección general de los medios y recursos suficientes necesarios para la correcta gestión, conservación y exhibición del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Araújo.
El señor ARAÚJO GIL: Señor presidente, me corresponde en esta mi primera intervención ante esta Comisión de Cultura defender la postura de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ante la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de UPyD. Señorías, como estoy completamente seguro de su conocimiento, me van a permitir que precise una serie de temas que considero de gran importancia para defender la enmienda que me corresponde.
El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el cual se reestructuraron los departamentos ministeriales, modificó la estructura existente hasta ese momento y la de sus organismos autónomos con el objeto de desarrollar el programa
político de reforma del Gobierno, consiguiendo la máxima austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado.
En segundo lugar, en el caso del Ministerio de Defensa esta reestructuración se completó con lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica de este ministerio, en el que se
suprimieron entre otros órganos la Subdirección General de Publicaciones y la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico, que hemos referido, y se creó la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Además se encomendó
a la Subsecretaría de Defensa la función de impulsar la difusión del patrimonio cultural de la defensa, y a la Secretaría General Técnica la función de coordinar las bibliotecas, archivos y museos del departamento y su patrimonio cultural, lo que es
acorde al objetivo de lograr la máxima eficiencia mediante la simplificación de la estructura.
Por su parte, desde hace muchos años los Ejércitos y la Armada, en aras del principio de gestión centralizada y de ejecución descentralizada, continúan disponiendo de instituciones u órganos específicamente dedicados a la gestión del
patrimonio cultural en su ámbito de responsabilidad, como son el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, el Órgano de Historia y Cultura Naval y el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, todos ellos con
dependencia funcional del órgano central del Ministerio de Defensa. A la situación orgánica anteriormente descrita hay que añadir la unificación de tareas y responsabilidades entre los distintos órganos empeñados en la gestión del patrimonio
cultural como consecuencia de la aplicación de normativa específica.
La entrada en vigor del Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de archivos militares, articula el sistema archivístico de la defensa, compuesto por cuatro subsistemas, uno del órgano central y uno por
cada uno de los tres Ejércitos... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ARAÚJO GIL: En esta estructura se coordinan las tareas archivísticas en el ámbito del ministerio.
Muchas gracias, señor presidente, porque la verdad es que me cuesta seguir la intervención.
De manera similar, la orden DEF/92/2008, de 23 de enero, por la que se aprueba el reglamento de bibliotecas de Defensa, supone la puesta en marcha de la red de bibliotecas de Defensa con la participación de centros bibliotecarios existentes
en el órgano central y también en los Ejércitos. En la actualidad, en fase de proyecto, se está elaborando otra normativa que definirá la red de museos y colecciones museográficas de Defensa, que al igual que las anteriores obligará a la
coordinación unificada de las tareas en esa materia. Señorías, con las modificaciones orgánicas y los desarrollos normativos expuestos no solo se cumplen las directrices de austeridad y eficacia fijadas por el Gobierno, pasando de dos
subdirecciones generales a una, sino que por primera vez desde la creación del Ministerio de Defensa la gestión del patrimonio cultural, incluidas las bibliotecas, se centraliza en un único centro directivo.
En tercer lugar, de acuerdo también con el Real Decreto 257/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, la Subdirección General del Patrimonio Cultural de España, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español y el Consejo de Patrimonio Histórico Español, investiga, conserva y difunde el patrimonio cultural. La protección, conservación y difusión del patrimonio cultural en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte se lleva a cabo mediante la elaboración y ejecución de planes para la conservación y restauración del patrimonio cultural, el estudio de métodos y técnicas actualizadas para la restauración y conservación del mismo, el archivo, tratamiento
técnico y difusión de la documentación disponible acerca de ese patrimonio y de la referida a los proyectos, intervenciones y trabajos realizados en cada caso concreto; la difusión e intercambio con organismos internacionales, la formación de
técnicos y la propuesta de celebración de convenios con otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas para la conservación del patrimonio.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte protege el patrimonio cultural cuya competencia está atribuida a la Administración General del Estado por la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, es decir, aquel que es de titularidad y
gestión estatal, dentro del cual se encuentra incluido el patrimonio cultural del Ministerio de Defensa. Para ello colabora habitualmente con el Ministerio de Defensa autorizando actuaciones, prestando asesoría técnica y participando en muchos
proyectos conjuntos, especialmente aquel en el que se fija el marco del Plan nacional de arquitectura defensiva. Este plan nacional creado en 2006 y recientemente revisado y aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico tiene por finalidad el
inventario, la catalogación, la protección, la conservación, la investigación y la difusión de este importante patrimonio cultural. Entre estas numerosas intervenciones llevadas a cabo juntamente con el Ministerio de Defensa, se podrían también
citar la del castillo de Figueres, el hidroavión Dornier, el submarino Peral, fondos del Museo Naval y un largo etcétera.
En cuarto lugar, creemos oportuno y queremos manifestar que las relaciones que pueda establecer un órgano estatal con otros centros culturales existentes en España no se facilitan con el hecho de que exista una subdirección general
específica para ese asunto, sino por la disposición de los órganos a establecer esas relaciones, hecho este que es indudable en el ámbito del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como he comentado anteriormente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, propone la siguiente enmienda de sustitución: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con la correcta gestión, conservación y exhibición del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas desde sus instituciones. Dado que el Gobierno está realizando esas funciones desde
todas sus instituciones, creemos evidente que refuerza el papel que tiene cada una de ellas y tenemos la seguridad de que multiplicar estructuras para hacer lo mismo es totalmente ineficiente.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista está de acuerdo con el objetivo de cuidar, administrar, catalogar, proteger, exponer y difundir el patrimonio histórico acumulado por los ejércitos españoles y en este sentido estamos de
acuerdo con una parte de la exposición de motivos de la proposición presentada por UPyD.
En la etapa de Gobierno socialista, a pesar de que hubo una reducción de direcciones generales y órganos, había una Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico con un peso y funciones importantes, dependía directamente de la
secretaría de Estado, y no solo eso, además existía la Dirección General de Relaciones Institucionales, que también ha desaparecido, cuyo objetivo era impulsar la acción cultural del departamento de Defensa en el exterior.
También ha habido actuaciones importantes a lo largo de los últimos años que podríamos recordar, como la inauguración del Museo del Ejército de Toledo, que no solo proporcionó una nueva sede para una amplia colección, sino que permitió
recuperar el edificio del Alcázar y exhibir los restos romanos, visigodos y árabes, y ha habido obras importantes para recuperar otros espacios, como el Oratorio de San Felipe Neri en Córdoba o el castillo de Sant Ferrán en Figueres, adonde se han
trasladado las colecciones del Museo Montjuïc, en el cuartel de instrucción de marinería de Cartagena, que ahora alberga varias facultades de la Universidad Politécnica de Cartagena, etcétera, una serie de rehabilitaciones.
En cuanto al presupuesto y a los medios, está claro que se han visto reducidos; por tanto se ha producido un claro retroceso en la promoción de la cultura del patrimonio de Defensa y en la promoción del patrimonio histórico-artístico de los
ejércitos. Sin embargo, creemos que conseguir o no ese objetivo que todos creemos necesario no depende necesariamente del organigrama interno del ministerio, porque por un lado, según el artículo 10 de la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, en cuanto a la creación, modificación o supresión de órganos y unidades administrativas, estos se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a
propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas. Así pues, no hay nada que objetar a la supresión en el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, de esa subdirección general, ni por supuesto a la integración en una sola dirección de las
subdirecciones generales de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Por eso nos parece que la defensa de la subdirección general carece de fundamento. Yo le pediría al señor Cantó que nos explicara un poco más ese objetivo, porque da la sensación de
que puede defender la situación concreta de un colectivo. En este caso, además, es un grupo que casi siempre está proponiendo eliminación de organismos y supresión de instituciones y ahora de repente nos viene con esta. No lo entendemos muy bien.
Por otro lado, nosotros no somos partidarios de decirle al Gobierno cómo tiene que organizarse, pero sí le vamos a exigir que cumpla esos objetivos y ese compromiso en la forma en que decida. Nosotros hemos criticado mucho que en otros
momentos tanto el Grupo Popular como el Grupo de UPyD u otros grupos nos exigieran qué ministerios tenía que haber, cuántos, con qué organigrama, etcétera; por lo tanto, como no estábamos de acuerdo entonces, no estamos de acuerdo ahora.
También me produce curiosidad esta defensa por parte del señor Cantó de una Subdirección General de Patrimonio en el Ministerio de Defensa mientras hace cosas tan raras como la de ayer, de verdad, de difundir datos falsos sobre la situación
de las víctimas de violencia de género, con el daño que eso produce a la sociedad. En fin, son cosas que no acaban de encajarme.
Por esa razón, porque no nos parece lógico ni coherente ni vamos a decirle al Gobierno cómo se tiene que organizar, pero sí nos parece importante el objetivo, hemos presentado una enmienda en el sentido de promover el buen mantenimiento,
gestión y difusión de tan importante patrimonio, y ahorro el tiempo de lectura porque figura en el documento de la Comisión como enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).
¿Por cierto, dónde está el señor Cantó?
El señor PRESIDENTE: Para conocimiento de los dos grupos enmendantes, sepan que el señor Cantó, que se ha tenido que marchar, nos ha manifestado que no acepta ninguna de las dos enmiendas. (Un señor diputado: Pues no la votamos).
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO BLANCO DEL MECENAZGO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001325).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley punto 8.º del orden del día, 7.º en el orden de tramitación que estamos llevando ahora, sobre la elaboración de un libro blanco del mecenazgo. Para su defensa, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Señor presidente, las razones de la presentación de esta proposición no de ley están recogidas en la exposición de motivos de la misma. No quisiera prolongar demasiado la
sesión ya abundando sobre ellas, pero sí quisiera hacer un breve resumen de dichas razones. Señorías, en mi juventud, cuando tenía que decidir qué estudiaba estaba muy deseoso de cambiar el mundo y, como el portavoz del Grupo Popular, elegí
estudiar Sociología porque pensaba que antes de cambiar la realidad convenía conocerla, y siempre me sentí un poco mejor que los abogados porque pensaba que ellos intentaban legislar la realidad, pero no se molestaban en conocerla en profundidad
previamente. Con el tiempo he comprendido que en mi siguiente reencarnación me haré abogado (Risas), con lo cual retiro mi crítica a los abogados, pero sí reivindico la necesidad de conocer muy bien y en profundidad las realidades que pretendemos
cambiar con nuestras leyes.
Hay una gran aspiración social por una ley del mecenazgo. Se han creado grandes expectativas en el ámbito de la cultura y nosotros, desde la política, desde el Parlamento, alimentamos esas expectativas. Creo que sería bueno previamente
hacer un esfuerzo de racionalización de cuál es la verdadera situación de la financiación de la cultura y del papel del mecenazgo en la financiación de la cultura, no sea que vayamos a cambiar una realidad que no conocemos suficientemente y que, en
lugar de mejorar las cosas, terminemos complicándolas. Entonces, sería interesante la elaboración por parte del ministerio -estoy seguro de que además el señor Montoro nos va a dejar, o sea que no hay problema, que nos va a dar tiempo- con cierto
rigor de un trabajo sobre cuál ha sido el efecto de la actual legislación, es decir, qué consecuencias ha tenido, qué repercusión ha tenido, qué fruto ha dado la legislación que tenemos en este momento, qué es lo bueno que deberíamos mantener y qué
deberíamos cambiar, qué pretendemos, qué indicadores queremos medir para, al cabo de unos años, cuando nosotros veamos u otros legisladores vean las consecuencias de lo que hicimos, poder decir: bien, acertaron, se equivocaron, fue útil,
consiguieron lo que se proponían, o, sencillamente: legislaron de manera errónea o inadecuada en estos o en aquellos aspectos. Ese es el sentido de la propuesta. Como creo que vamos a tener tiempo, como creo que el señor Montoro nos va a dar
tiempo, aprovechémoslo para que cuando nos den la oportunidad de legislar podamos legislar con rigor sobre una realidad que conozcamos rigurosamente. Esa es la propuesta.
Nos ha presentado una enmienda el Grupo Popular, de corrección técnica, que nos parece muy adecuada y que asumimos en su integridad. Nos parece que mejora técnicamente nuestra propuesta, nos parece sensata y además la agradecemos. Esta es
la posición del Grupo Socialista y estamos encantados de asumir la enmienda y de votar sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Señor presidente, yo he estudiado Derecho y soy abogada (Risas), no como el señor Torres Mora y el señor Ruano, que han estudiado Sociología; sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con él en que es muy importante
conocer la realidad para cambiar las cosas.
Señorías, efectivamente al sector de la cultura le ha afectado mucho la actual crisis económica que vive España. Esta realidad ha provocado que exista la necesidad en el sector de una cierta reinvención, especialmente en el ámbito de la
financiación. No se puede mantener una situación en la que el peso de la financiación de la cultura recaiga casi en exclusiva en las arcas públicas. Hay que buscar alternativas y romper con el prejuicio de que la cultura se debe reducir al
presupuesto público de un país. Es fundamental sustituir progresivamente el actual modelo basado en subvenciones. Debemos conseguir sinergias entre todos los recursos, públicos y privados, pero para ello es muy importante reconocer e incentivar la
participación privada en actividades de interés general.
El Grupo Parlamentario Popular lleva muchos años afirmando en esta Cámara que el mecenazgo es la forma de involucrar a los particulares y a las empresas en la financiación y en la promoción de la cultura. Reivindicábamos su importancia y
necesidad para el sector cultural cuando estábamos en la oposición; fue una propuesta principal en nuestro programa electoral y ahora es una prioridad para el Gobierno. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha declarado
reiteradamente que la ley de mecenazgo es uno de los ejes centrales de su política cultural, porque es necesario generar nuevas dinámicas de participación social en este ámbito. El Gobierno está procediendo a una nueva regulación del mecenazgo
porque quiere dar respuesta a las necesidades del sector.
El Plan estratégico general de la Secretaría de Estado de Cultura 2012-2015 que presentó el secretario de Estado en comparecencia en esta Comisión, en el objetivo 4, se refiere a garantizar la sostenibilidad de un modelo transversal que
implique a todos los poderes públicos y al conjunto de la sociedad. En el marco de este objetivo se está elaborando la futura ley de participación en actividades de interés general
y mecenazgo. Se trata de una nueva regulación de amplio recorrido que va a incluir una serie de principios básicos como son una mejor gestión que multiplique la eficacia de los recursos públicos destinados a actividades de interés cultural,
la reforma de la colaboración público-privada en las iniciativas de interés general y un nuevo modelo de responsabilidad y participación social de los ciudadanos. El Gobierno quiere elaborar una ley amplia y ambiciosa que mejore los incentivos
fiscales. Se planteará un incremento para alcanzar porcentajes similares a las desgravaciones fiscales de otros países europeos. Se pretende mejorar los incentivos en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, siendo los beneficiarios tanto las
personas físicas como las jurídicas.
Por otra parte, el reconocimiento público de la condición de mecenas o benefactor es un estímulo que no se ha desarrollado en todo su potencial. Por ello también va a ser uno de los ejes básicos en la nueva regulación. Puesto que se trata
de una legislación cuyo contenido es transversal, desde hace prácticamente un año, desde marzo de 2012, se ha constituido un grupo de trabajo que se reúne para la elaboración del anteproyecto de ley de participación en actividades de interés general
y de mecenazgo, en el que se integran, además del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El ministro Wert ya afirmó que en esta materia existe un espíritu de cooperación entre todos los ministerios
implicados. Somos conscientes de que el sector espera ansioso la nueva ley de mecenazgo. Es una prioridad para el Gobierno y el trabajo está avanzado, así que no falta mucho tiempo para que entre en esta Cámara. Es cierto que legislar sin
información suficiente conlleva el riesgo de producir leyes que no sean útiles o adecuadas. Por ello, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Consideramos adecuado y conveniente que el Gobierno nos proporcione un estudio sobre el papel del
mecenazgo en la financiación de la cultura en el que se incluya el rendimiento de la actual legislación sobre mecenazgo.
No quisiera terminar, señorías, sin agradecer al grupo proponente y a su portavoz, el señor Torres Mora, que hayan aceptado nuestra enmienda. Es una enmienda que no modifica la esencia y el objetivo principal de la proposición no de ley,
pero sí la mejora modificando la redacción y algunos aspectos técnicos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: La posición del Grupo de Convergència i Unió en esta proposición no de ley va a ser de abstención, básicamente por un concepto de tiempo. Hablar de mecenazgo para nosotros quiere decir hablar de ya, de una medida
para hacer ya de manera inmediata. Cualquier propuesta que signifique ampliar o excusar en el tiempo la aplicación o la presentación de una ley sobre el mecenazgo en este Parlamento, para nosotros es una pérdida de tiempo. Como el tiempo es de las
pocas cosas que se tienen que se puede perder, entendemos que en cultura y en mecenazgo no tenemos por qué perderlo. Nuestro grupo ya presentó una iniciativa de ley en su momento que fue rechazada. Por tanto, si el grupo de trabajo está tan
avanzado y queda ya tan poco tiempo para presentar el proyecto de ley, pues que se presente de manera inmediata y en el trámite del proyecto de ley que se puedan incorporar estudios varios, que se pueda pedir la consulta o comparecencia de los
profesionales del sector para que puedan aportar proposicionalmente medidas para evaluar, por ejemplo, como dice la enmienda del Grupo Popular, el rendimiento actual de la legislación sobre mecenazgo. En definitiva, no nos escudemos en un trabajo
previo antes de legislar; legislemos, y en el trámite legislativo intentemos agilizar cualquier medida que pueda servir.
Como entenderán ustedes, nosotros hemos presentado hoy mismo una PNL en la cual se fijan periodos inmediatos de ejecución de propuestas en este caso para micromecenazgo. El señor Duran, en el debate del estado de la Nación, preguntó una
cosa muy clara y muy directa al presidente del Gobierno: ¿para cuándo la ley de mecenazgo? Por lo tanto, no preguntamos para cuándo un libro blanco o para cuándo tendríamos estudios rigurosos a tal efecto, porque entendemos, como he dicho, que el
estudio riguroso parece más una excusa para demorar en el tiempo que una realidad para abordar el problema de una vez por todas. Por tanto, nosotros nos abstendremos; no podemos estar en contra de cualquier medida de este tipo, pero en cualquier
caso lo que no podemos hacer es dar soporte a una iniciativa que lo que pretende es demorar una cosa que para nosotros es prioritaria para el sector de la cultura.
- SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001313).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que corresponde al punto 6.º, sobre la devolución de la documentación del archivo general de la guerra civil española. Para su defensa, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En primer lugar, le agradezco a usted y al resto de portavoces que hayan sido tan flexibles con nosotros a la hora de intentar hacer encaje de bolillos en esta tarde en la que nos vemos obligados a estar en distintas
comisiones. Defenderé nuestra iniciativa y me marcharé enseguida, por lo que pido disculpas, así todavía tendré tiempo de poder dirigir unas palabras a la ministra Mato en la Comisión de Sanidad (Risas.-Rumores); palabras, por supuesto,
agradables.
Señorías, el 26 de abril del año 2012 el ministro de Cultura comunicó públicamente a los medios de comunicación, y también en la primera reunión que mantuvo con el actual conseller de la Generalitat de Catalunya, que el día 30 de junio del
año 2012 ya habrían culminado todos los retornos, las devoluciones de la documentación incautada y depositada en Salamanca, que por ley -Ley del año 2005- tenían que retornar a sus propietarios vía Generalitat de Catalunya, que es lo que mandata la
ley. Debo decirles que fue muy bien recibida aquella noticia. ¿Por qué? Porque veníamos de muchos incumplimientos anteriores. Yo les recuerdo -y me sabe mal tener que decirlo a los compañeros socialistas, porque gracias a ellos hubo ley en el
año 2005-, para que lo sepa todo el mundo, que pocos días antes de celebrarse las últimas elecciones nos consta -y puedo dar fe de ello aunque no puedo decir nombres, pero si hiciera falta los diría (Risas)- que la ministra González-Sinde tenía
contratada ya la empresa que tenía que hacer los portes a Cataluña, y que desde Moncloa se valoró que políticamente no era el momento de hacerlo. Bien, la verdad sea dicha, nosotros teníamos una garganta profunda en el ministerio que nos lo contó.
(Risas). Ustedes entenderán por qué lo digo, aparte de las bromas. Me recuerda un cuento en catalán que en castellano creo que es el cuento del lobo, es decir, que nosotros estamos un tanto quemados, porque llevamos muchos incumplimientos.
Repito, lo cortés no quita lo valiente, gracias al Gobierno socialista hubo ley, pero la verdad es que hemos pasado un calvario, ha sido un Gólgota enorme. Por esto, las palabras del ministro Wert fueron muy bien recibidas y dijimos: bien, el
ministro Wert se va a poner una medalla, porque el Partido Popular no estuvo por la labor, pero en cambio el ministro Wert se podrá permitir el lujo, con los miles de documentos que quedan todavía, de ser él quien haga el acto político final de
resolución de un conflicto. La promesa era para el 30 de junio de 2012 y estamos en 2013 y la cosa no pinta demasiado bien, la verdad es que no pinta demasiado bien.
Ustedes saben que lo que sí cumplió el Gobierno socialista -costó pero cumplieron- es el retorno de la documentación pública de la Generalitat de Catalunya; ahora lo que falta, o buena parte de lo que falta es la documentación que
corresponde a personas físicas o jurídicas que por ley tiene que ir a la Generalitat de Catalunya, y luego la Generalitat de Catalunya tiene que trasladarlo a aquellos ciudadanos que lo soliciten, ciudadanos o personas jurídicas. Es decir, que
estamos hablando de personas que muchas de ellas ya tenían una edad avanzada cuando se aprobó la ley, y que ahora, de verdad, quedan pocos; es más, incluso los hijos ya son muy mayores, y estamos hablando en muchos casos incluso de documentación
muy íntima, muy personal, y hablamos de documentación que pertenece también a entidades, sindicatos, etcétera; es decir, incluso desde el punto de vista sentimental, emotivo, patrimonial, tiene más valor esta última documentación que la pública,
porque es evidente que la pública es pública. En cambio, esta segunda remesa que no ha llegado pertenece a personas -repito- físicas y jurídicas.
La verdad es que pasan los meses y esto no avanza, no avanzamos. Por tanto, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que se vote al menos el punto 3 -y entenderán por qué- separado del 2. Hay un conflicto abierto, que es el conflicto que proviene
del incumplimiento o la demora en la ejecución de la Ley de 2005; y luego hay otro problema, que ya introducimos aquí, que es la documentación que pertenece a los municipios. Debo decir que en su momento no se consiguió incorporar en la ley la
documentación de los municipios. La seguimos reclamando, y es cierto que además enumeramos en la exposición de motivos un conjunto de municipios catalanes que la reclaman. Es cierto, no podemos apelar a la ley porque la ley no lo dice, pero
nosotros lo que decimos es que los municipios la piden, y es una documentación que también se incautó con fines represivos, aunque es cierto que no está incorporado en la ley, aun cuando el mismo Gobierno ha incurrido en contradicciones, porque se
encontró una documentación incautada que al final se quedó en el Gobierno Civil de Barcelona porque supongo que algún camión se la dejó, y en
cambio esta sí que el Gobierno no tuvo ningún reparo en retornarla al Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué esta, que un camión la dejó a medio camino, sí y la que llegó a Salamanca no? En algún momento habrá que resolverlo. Por eso,
planteamos en el punto 3 de la parte dispositiva que se vote, aun cuando entiendo que aquí todavía queda mucho trecho por recorrer. Ahora bien, respecto a los dos primeros puntos, ¿qué es lo que pedimos? Que todo aquello que ya ha sido
digitalizado se traslade de una vez por todas y que se convoque la comisión bilateral para que los últimos efectos residuales que quedan se digitalicen y se tramiten cuanto antes mejor. Estamos hablando de 86.000 imágenes que todavía quedan que
corresponden a 225 cajas. Es una parte importante pero no es la parte más importante.
Termino, porque me tengo que ir. La compañera del Grupo Popular ha presentado una enmienda que dice lo siguiente, y me veo obligado a hacer mención a ella por lo que he dicho: El Gobierno se compromete a culminar el proceso de devolución.
Bien, eso va de soi. Lo que nosotros le hemos pedido es que ponga fecha, que diga dentro de tres meses, de cuatro meses, de cinco meses. Al parecer, solamente puede afirmar que se hará en esta legislatura. Pues bien, la verdad es que esta
enmienda no podemos aceptarla. En todo caso, si el Gobierno no está en disposición de decir que lo hará de forma inmediata o al menos en el plazo de dos, tres, cuatro meses, la verdad es que preferimos que se vote en los términos que lo hemos
planteado, y lo lamentamos mucho. Por tanto, pedimos que se voten en bloque los puntos 1 y 2 y que el 3, que afecta a los municipios, se vote de forma separada. De todas formas, todavía espero a ver si el Grupo Popular a última hora puede
ofrecernos al menos un pequeño calendario, un calendario de, no sé, seis meses, ¿qué le parece?
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Hoy se nos traen a esta Comisión de Cultura los mal llamados papeles de Salamanca, un asunto relativo al patrimonio documental que ha sido motivo de gestiones intergubernamentales, vivos debates, interesantes
artículos e incluso ha tenido un relevante eco mediático desde hace más de treinta años. El Grupo Mixto, a instancias del diputado don Joan Tardà, viene a reclamar la devolución a Cataluña de la documentación del archivo general de la guerra civil
española. Es intención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ajustar su actuación al cumplimiento de la Ley 21/2005, así lo ha manifestado el ministro en varias ocasiones; no cabe otra actuación por parte de un Gobierno responsable que la
de cumplir las leyes vigentes.
El 23 de mayo y el 21 de junio de 2012 se reunieron, como conoce el señor Tardà, la Comisión mixta Gobierno-Generalitat y los miembros de trabajo para valorar los nuevos fondos solicitados por la Generalitat, entre los que figuran los
relativos a orden público, militares y masonería. El 1 de octubre la Generalitat inició la digitalización de la documentación para posteriormente entregar las copias al Centro Documental de la Memoria Histórica. A continuación, decisión acerca de
los fondos relativos a orden público y a las logias masónicas radicadas en Cataluña, y ahora se procederá a convocar, cuando sea posible, el patronato, que debe ser informado previamente a la devolución de los fondos. Ahora bien, es un ejercicio de
responsabilidad igualmente comprobar el cumplimiento de la ley antes referida. Aquí hemos de aclarar que ha habido un gran descontrol del Gobierno anterior en la ejecución de esta ley. Sí, señorías, ha faltado transparencia, se ha vulnerado la ley
porque no ha habido una relación detallada ni una catalogación ni un control en la identificación de cada documento a transferir, y se ha constatado una deficiente o incompleta digitalización de los documentos. Y si no existe esto, ¿cómo se sabe lo
que uno entrega y cómo se sabe lo que uno recibe? Por ello, este grupo, en orden a poner luz en esta restitución de documentos, cree que hay que extremar los controles en este sentido. Transferencia, sí, pero no incondicionada, limitada a entregar
los documentos a los legítimos propietarios. Cumplimiento y respeto escrupuloso de la ley, sí, pero siempre que no se vulneren los procedimientos a seguir ni la función social del archivo.
En cuanto al punto 2 de la proposición, no podemos aceptar el carácter de urgencia, ya que el ministerio tiene previsto convocar próximamente, con el acuerdo de los máximos representantes de ambas administraciones en la comisión, una próxima
reunión de la Comisión mixta Gobierno-Generalitat. Ha habido hasta ahora un proceso de diálogo con el fin de dar una solución satisfactoria. El ministerio ha seguido y seguirá los procedimientos y requisitos que marca la ley una vez que los
técnicos hayan realizado su tarea. Prueba de ello es la próxima convocatoria de esa comisión mixta. Respecto al punto 3, el Gobierno, en la misma línea que decía anteriormente, va a cumplir la ley; y como conoce su señoría, lo que planteaba el
señor Tardà no está contemplado en el artículo 2 de la misma. Eso sí, y en el ánimo de satisfacer ese interés, a los ayuntamientos se les entregará -y así fue decidido por los expertos- copias digitalizadas, de modo que se recupere la memoria
práctica de estos fondos.
Concluyo. No vea, señor Tardà, polémica donde no la hay. El Gobierno vela por una política que defienda principios y objetivos en cuanto al patrimonio común del Estado español, sea en lo que se refiere a los archivos generales o al
patrimonio cultural de todos, porque no olvidemos que hablamos del archivo de Salamanca, pero realmente se trata de un archivo español con sede en esa hermosa ciudad castellana. No solamente hay una buena voluntad por parte del ministro, sino
tranquilo puede estar el señor Tardà porque este Gobierno no se queda en palabras huecas ni falta a sus compromisos, sino que cumple con sus obligaciones. Nuestra política es la siguiente: cumplir la ley y acatar la sentencia. Dejen ustedes,
señorías, aparcadas cuestiones partidistas y luchas territoriales, abandonen por un momento ese cliché nacionalista; de nada sirve, el guión está escrito y los papeles tienen su destino nos guste más o nos guste menos. Dejemos trabajar, por tanto,
a los técnicos de las distintas administraciones. Me parece bien que usted quiera dar un impulso parlamentario a este asunto, pero si alguien ha retrasado la creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica con sede
en Salamanca, ese ha sido el Gobierno anterior. Nadie como el ministro Wert y como este Gobierno apuesta por el entendimiento y el diálogo; y nos entenderemos al afirmar que cada acción ha de ser rigurosa, responsable y en los términos debidos.
Solo así podremos realmente hablar de justicia y de legitimidad histórica.
Por todo lo anterior, sugerimos una enmienda de sustitución, a la que paso a dar lectura: Finalizar el proceso de restitución, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y en los términos previstos en la Ley 21/2005, de 17 de
noviembre, de los documentos incautados con motivo de la guerra civil que se encuentran en el archivo general de la guerra civil española y de la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Yo pensaba que el señor Tardà no iba a decir
que no a esta enmienda. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Voy a utilizar mi turno de fijación de posición también para poner en valor lo que fue la aprobación de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con
motivo de la guerra civil; una ley que sin duda ha sido muy importante para contribuir a cicatrizar viejas heridas y a construir entre todos la memoria colectiva de nuestro país. Quiero poner en valor, y así lo ha hecho el señor Tardà, pero
conviene recordarlo, que fue fruto también del acuerdo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, en aquel momento la ministra Carmen Calvo y la consellera Caterina Mieras, y la colaboración con otras fuerzas parlamentarias, también
de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana. Asimismo, quiero recordar con emoción el apoyo que tuvimos de nuestros compañeros en Castilla y León y, hoy que lo tengo aquí, de mi compañero don Mario Bedera, que compartimos una intervención muy
sentida en el Pleno del Congreso en el día de su aprobación; su posición no era fácil en Castilla y León, y prefiero olvidarme de la posición de algunos en Castilla y León, de otras formaciones políticas, las cosas que se dijeron aquellos días, y
que afortunadamente, cuando escucha a la portavoz del Grupo Popular, parece que van cayendo en el olvido, y yo también quiero contribuir al olvido de viejas posiciones.
Señorías, es una ley muy equilibrada en una doble vertiente, porque, por una parte, hace justicia y restituye documentos de las instituciones, de sindicatos, de la Generalitat, pero también muchos documentos de particulares, auténticos
fondos de bibliotecas, cartas personales, que deben restituirse a personas que, como bien ha glosado el señor Tardà, muchas de ellas ya en una edad avanzada, quieren poseer de alguna manera aquellos viejos recuerdos que son de su propiedad. Y por
otra parte, yo comparto también lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, esa ley tiene una doble vertiente que es precisamente la creación y puesta en funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, y por eso también
me parece oportuna la aportación que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, un centro que nosotros queremos que sea un auténtico centro de referencia de la memoria y para el estudio de la guerra civil, donde deberán constar todos estos documentos
digitalizados del fondo del archivo de Salamanca. Cuando nosotros estábamos en el Gobierno siempre pensamos que sería bueno que el archivo pudiera nutrirse también de otros fondos documentales de otros archivos, por ejemplo de fondos militares.
Saben ustedes que, pese al empecinamiento de algunos en criticar esta ley que llevó a la Junta de Castilla y León a interponer un recurso de constitucionalidad contra esta ley, recientemente el Tribunal Constitucional ha considerado que el retorno a
Cataluña de estos documentos no vulnera desde ningún punto de vista la obligación que tiene también el Estado de custodiar los documentos de valor histórico. Con ello también el Constitucional contribuye ya a acabar con este debate que todavía
persiste en algunos sectores en Castilla y León.
Señorías, señor presidente, estamos conformes con la iniciativa que ha presentado el Grupo Mixto, Esquerra Republicana, de que deben devolverse de manera inmediata los documentos que ya están digitalizados; sus copias digitales ya están en
Salamanca y, por tanto, los originales deben entregarse de inmediato al Archivo Nacional de Cataluña en Sant Cugat del Vallès. Debe procederse también a la digitalización de los documentos que todavía están pendientes de digitalizar. Es cierto que
esto debe ser tratado en la comisión bilateral, y también es cierto que el Gobierno de la Generalitat, en su compromiso con el Gobierno de España, es quien debe facilitar los técnicos y los recursos para proceder a esta digitalización. Por lo que
se refiere al tercer punto, que habla de iniciar el diálogo para que los documentos de muchos ayuntamientos -en este caso doce de Cataluña, pero otros ayuntamientos también de Aragón y del Pais Valencià (La señora Figueres Górriz: La Comunidad
Valenciana)- que están también en Salamanca puedan algún día devolverse sus originales a estas instituciones, también lo vamos a votar favorablemente. Incluso, como ustedes conocen, hay una demanda de las instituciones vascas porque hay documentos
del Gobierno vasco que están todavía en Salamanca; debe iniciarse también un proceso de diálogo para ver cómo pueden restituirse a estas instituciones estos documentos.
Me ha sorprendido la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que apela a la reunión de la Comisión mixta Govern de la Generalitat-Gobierno de España, atendiendo a que tras doce o trece meses de gobierno del Partido Popular el Gobierno
de España no ha tenido a bien convocar esa comisión mixta, que tiene muchos temas pendientes, entre otros los derivados de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el presidente Rajoy ha mostrado franca dejadez a la hora de convocar
esta comisión, al contrario de lo que sería su obligación como presidente del Gobierno. Señorías, presidente, anuncio nuestro voto afirmativo a esta iniciativa parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Desde Convergència i Unió vamos a apoyar la iniciativa presentada por Esquerra Republicana, sumándonos así a la petición de proceder al inmediato retorno de la documentación y efectos del archivo general de la
guerra civil española, que a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de este larguísimo proceso, a día de hoy aún no ha culminado.
Antes de entrar en el fondo de la iniciativa, creo que es importante recordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso formulado contra algunos preceptos de la Ley 21/2005. La demanda únicamente discutía la
constitucionalidad de la restitución prevista en la ley a favor de las personas físicas o jurídicas privadas, y finalmente ha ratificado el proceso de restitución iniciado. En la sentencia se recoge claramente que la restitución de los documentos
no constituye ningún expolio. En segundo lugar, que el hecho de que el Estado atribuya a la Generalitat la gestión de la restitución de los documentos no infringe la distribución de competencias. En tercer lugar, que la transferencia de la
Generalitat de los documentos es únicamente a efectos de su restitución. En cuarto lugar, que no es arbitrario que sea la Generalitat y no otras personas jurídicas la que restituya los documentos. Y por último, que los documentos restituidos no
quedan desprotegidos.
Por lo tanto, celebramos que finalmente haya recaído este pronunciamiento del alto tribunal y que avale sin género de dudas el camino iniciado hace años, no sin dificultades, por todas aquellas personas, y en especial la Comisión de la
Dignidad, que consiguieron el reconocimiento legal del proceso para restituir una tremenda injusticia. Y aunque todo ello se haya producido lentamente, estamos satisfechos de este aval del Tribunal Constitucional que simboliza la resolución
satisfactoria de muchas cuestiones que aún estaban en el aire. De hecho, creemos que esta sentencia tendría que zanjar definitivamente muchas de las polémicas que incluso hoy se han reiterado en este debate. Por ello, por parte de nuestro grupo
parlamentario no vamos a incidir nuevamente en ellas. No obstante, a pesar de esta nota positiva, como bien recoge la proposición no de ley de Esquerra Republicana, aún queda pendiente la restitución de una parte de la documentación y efectos.
Así, queda pendiente documentación privada que pertenece a personas físicas y jurídicas, documentos aislados como calendarios, láminas, carteles, y un tercer apartado de objetos, libros y publicaciones periódicas. Además, se han llevado a cabo
importantes trabajos de digitalización de gran parte de esa documentación, habiendo obtenido un gran número de imágenes. Y en otro apartado tenemos que mencionar documentación en materia de orden público posterior a los hechos de mayo de 1937, más
otro volumen de documentación sobre la que aún está pendiente de aplicar la Ley de Restitución. En este sentido, por lo tanto, quedan aún algunos puntos pendientes de aclarar, y desearíamos que se hiciera cuanto antes.
Habiendo descrito de forma sumaria cuál es la situación, diremos que la Generalitat de Cataluña, y en concreto del conseller de Cultura, ha expresado en más de una ocasión que no existe ya ningún motivo que obstaculice el proceso y que es
necesario acelerarlo para llegar a su conclusión lo antes posible. En este sentido se ha trabajado y se continúa trabajando desde el departamento de Cultura de la Generalitat. No obstante, como ha mencionado también el proponente, es necesario que
esta voluntad sea recíproca. Y para que ello se culmine, es necesario que se reúna la comisión para concretar cuándo tiene que restituirse lo que queda pendiente en estos momentos. También es importante que el Gobierno español responda a esa
necesidad de celeridad, y que en ese marco se establezcan los mecanismos necesarios de diálogo, tal y como se recoge en la proposición no de ley que debatimos.
En definitiva, Convergència i Unió comparte el objetivo de esta proposición no de ley, que básicamente pretende resolver lo antes posible este larguísimo proceso, que se ha dilatado en exceso en el tiempo, para hacer justicia con una
situación que tiene que ver con la dignidad de las personas.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, quiero recordar a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los distintos grupos que cuando se levante la sesión tendremos aquí mismo la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión que
estaba convocada.
En dos minutos iniciamos las votaciones. (La señora Monteserín Rodríguez pide la palabra).
¿A qué efectos, señora Monteserín?
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Me gustaría que constara en acta una queja. Realmente estoy muy extrañada de la actitud del señor Cantó. Ha venido aquí, ha defendido una proposición no de ley y no ha tenido ni la más mínima cortesía
parlamentaria de contestar a los grupos que teníamos enmiendas si las aceptaba o no las aceptaba. Yo comprendo que él tiene una tarde complicada, pero en todo caso alguien de su grupo podría solucionarlo, o antes de marchar dar una explicación.
Realmente está defendiendo en esa PNL algo que habitualmente UPyD no suele defender, no le encontramos explicación, y por lo menos que diga a los grupos que hemos enmendado, a mi grupo que ha hecho una enmienda, si la acepta o no. Porque es un
diputado que suele ser muy exigente con el trabajo parlamentario en el Pleno, posiblemente porque allí hay muchas cámaras delante. Pero aquí, en el Parlamento, se trabaja en las comisiones. Las comisiones son un lugar serio de trabajo y yo me lo
tomo muy en serio y pido la misma seriedad a ese grupo y a ese diputado. Y quiero que conste en acta.
El señor PRESIDENTE: Señora Monteserín, queda reflejada su queja en el 'Diario de Sesiones' y lo único que le puedo decir es que el señor Cantó, antes de irse, me ha manifestado a mí que no aceptaba ninguna de las dos enmiendas. Eso es
todo lo que le puedo decir. En los otros aspectos...
En dos minutos iniciamos las votaciones. (Pausa).
Señorías, comenzamos las votaciones.
Al punto 1.º, relativo a impulsar el denominado crowdfunding o micromecenazgo para las actividades culturales, se ha presentado una enmienda transaccional que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1.
Impulsar durante el presente ejercicio 2013 un conjunto de medidas destinadas a promover la captación de recursos económicos destinados a financiar actividades culturales a través del denominado crowdfunding o micromecenazgo. 2. Incluir la figura
del crowdfunding o micromecenazgo en la futura ley de participación en actividades de interés general y mecenazgo. 3. Crear mecanismos abiertos, ágiles y flexibles para las aportaciones a proyectos financiados por micromecenazgo. 4. Apoyar a las
industrias culturales y creativas en el uso de estas tipologías de captación de fondos.
Suscriben esta transaccional Convergència i Unió, el Partido Popular y el Partido Socialista.
¿Se aprueba la transaccional?
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 2.º del orden del día, sobre el impuesto sobre el valor añadido en los productos y servicios culturales. La proposición no de ley se vota con la enmienda del Grupo Socialista, que es la que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 3.º, sobre continuidad del Plan nacional de patrimonio cultural inmaterial.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 4.º, sobre apoyo a la declaración de la Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 5.º, sobre fomento del turismo idiomático y cultural, con la autoenmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a dejar para el final el tema que está pendiente de la transaccional. Votamos ahora la proposición no de ley sobre la mejora de la gestión del patrimonio histórico-cultural de las Fuerzas Armadas, en los términos en los que se ha
planteado puesto que no ha sido aceptada ninguna de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto siguiente, sobre la elaboración de un libro blanco del mecenazgo, con la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional del punto 6.º, sobre la devolución de la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, desearía que se leyera para que constara en acta la transaccional.
El señor PRESIDENTE: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar en el plazo de seis meses el proceso de restitución, en colaboración con la Generalitat de Cataluña y en los términos previstos en la Ley 21/2005, de 17 de
noviembre, de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, y según la sentencia del Tribunal Constitucional
020/2013, de 30 de enero de 2013.
¿Se aprueba la transaccional?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.