CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 227

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 15

celebrada el martes

4 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Torres-Dulce Lifante), para la presentación de la memoria correspondiente al año 2011. (Número de expediente 285/000001). A petición de los grupos parlamentarios Socialista (número de
expediente 212/000480) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000736)... (Página2)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero en nombre de toda la Comisión de Justicia dar la bienvenida a esta casa al señor don Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado y también a todo el equipo de la Fiscalía General del Estado
que nos acompaña esta mañana con motivo de la celebración de la Comisión de Justicia con un punto del orden del día, que es la comparecencia del fiscal general del Estado para la presentación de la memoria correspondiente al año 2011, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.


Reitero esa bienvenida al fiscal general del Estado. Él y todo su equipo saben que en la Comisión de Justicia estamos encantados de sus comparecencias. Quiero agradecerle personalmente la diligencia que ha tenido en poder establecer esta
comparecencia dentro del mismo año, en un año que ha sido complejo. No queríamos que pasara al año 2013 la presentación de la memoria del año 2011 y en este sentido también quiero agradecer a todo el equipo técnico, a las letradas de la Comisión el
esfuerzo que han realizado para hacer posible esta sesión de la Comisión. Recuerdo a sus señorías que una vez que el fiscal general del Estado haga una primera exposición sin límite de tiempo, intervendrán los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios, como viene siendo tradicional en este tipo de comparecencias, en un turno de menor a mayor, por un tiempo de diez minutos, aunque seremos flexibles en el marcaje de ese tiempo.


Sin más preámbulos, le damos la palabra al fiscal general del Estado, don Eduardo Torres-Dulce.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Señor presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, señoras y señores diputados de esta Comisión, tengo el honor de comparecer hoy ante sus señorías para dar
cumplimiento al mandato estatutario del artículo 9.1 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que prescribe al fiscal general del Estado el deber de presentar a las Cortes Generales la memoria anual que recoge la actividad del ministerio fiscal,
la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. Se trata de un acto que, más allá de un mero concepto protocolario en las relaciones institucionales, reviste una notable
significación simbólica, en la medida en que contribuye a escenificar y hacer patente la estrecha vinculación que el ministerio público, defensor de la legalidad, mantiene con el órgano depositario de la soberanía nacional y titular de la potestad
legislativa.


La ocasión me resulta especialmente grata, pues no hace tanto tiempo, a comienzos de este mismo año, comparecía ante esta Comisión ilusionado y expectante a rendir cuentas, conforme demanda el artículo 29.2 del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, de mis condiciones personales y profesionales de mérito e idoneidad, en orden a asumir el cargo de fiscal general del Estado para el que había sido propuesto por un Gobierno de la nación que había sintonizado con mis aspiraciones
personales hacia un ministerio fiscal autónomo en su ordenación institucional y objetivo en su desempeño profesional. Fue aquella una ocasión de inapreciable valor para mí, para dar cabal expresión al núcleo básico de tales aspiraciones a cuya
materialización dedico hoy lo mejor de mi tiempo. Entonces les expuse la importancia que para mí alcanza el principio de imparcialidad como elemento definitorio del ministerio fiscal, inscrito en el código genético de nuestra institución desde su
remodelación constitucional. El artículo 124 de la Constitución nos ha permitido a los fiscales evolucionar desde un modelo de ministerio público concebido como órgano de comunicación o representación del Gobierno ante los tribunales hacia una
institución autónoma, con órganos propios, consagrada a la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley. Hice entonces una somera referencia a un nuevo desarrollo estatutario que
recogiera las buenas aportaciones de las reformas de 2003 y 2007, y profundizase en el desarrollo de nuestra autonomía funcional, reforzando el papel de la Fiscalía General del Estado como órgano de dirección del ministerio fiscal y el del Consejo
Fiscal como órgano representativo con facultades decisorias creíbles.


También me referí a la necesidad de lograr una singularización presupuestaria que nos permitiese un control suficiente de las partidas que más directamente afectan al desenvolvimiento de nuestras funciones, a la elaboración de un libro
blanco que nos facilitase una imagen fiel de nuestra situación presente y nuestra proyección futura y, finalmente y consciente de que el auténtico valor de la institución que dirijo está en las personas que la integran, a un control de la formación
inicial y continuada de los fiscales adecuadamente servido desde la Fiscalía General del Estado. Pues bien, el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Justicia para hacer real y efectiva la autonomía del ministerio fiscal comienza a dar frutos
reales. En estas fechas puedo constatar que la elaboración del Libro Blanco del ministerio fiscal entra ya

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en el seno del Consejo Fiscal, en la recta final de su elaboración. Espero presentarlo ante sus señorías antes de que finalice el próximo periodo de sesiones parlamentarias, según compromiso que asumí al inicio de mi mandato. De igual
forma, por parte del Ministerio de Justicia se han transferido de facto a la Fiscalía General del Estado la formación inicial y continuada de fiscales, que era una de las reclamaciones que, de forma histórica, ha hecho el ministerio fiscal.
Finalmente, se han dado por parte del Ministerio de Justicia pasos decisivos, como tendré ocasión de desvelar más adelante, en el orden de las imprescindibles individualización y singularización de las partidas presupuestarias destinadas al
ministerio fiscal, otra de las reclamaciones históricas y que tiene presencia normativa desde la reforma estatutaria del año 2007.


Paso ahora a cumplimentar la finalidad propia de la presente comparecencia, que no es otra que la de informar de la evolución de la criminalidad y rendir cuentas de la actividad desplegada por el fiscal, mediante la exposición y comentario
de los datos, análisis y propuestas encerrados en la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Además de rendir cuentas de la actividad desplegada por el ministerio público durante el año 2011 y, por tanto, bajo la competente dirección de
mi predecesor en el cargo, don Cándido Conde-Pumpido Tourón -reputado jurista, miembro de la carrera judicial, que en el desempeño de su cargo dejó una impronta esencial en la carrera y a cuya energía innovadora y capacidad de organización hemos de
tributar un justo reconocimiento-, expondré ante sus señorías los grandes retos a los que se enfrenta la institución que dirijo, los medios con los que cuenta para hacer frente a los mismos y los cambios que deben acometerse, en mi opinión, para que
la misma pueda hacerlo en condiciones que garanticen un adecuado nivel de servicio al ciudadano. La memoria de la Fiscalía General del Estado es un instrumento de comunicación institucional del ministerio público con los poderes del Estado pero
también es un documento que contiene relevante información estadística y sociológica de la que debe beneficiarse toda la sociedad sin demora. Considero que es necesario salvar en años venideros -si así lo estimare el Gobierno y sus señorías- la
instancia temporal que media entre el año objeto de análisis y el momento de presentación de los datos, que no debiera retrasarse hasta el mes de octubre del siguiente año, como sucede ahora. Mi compromiso es hacer posible que al finalizar el
primer trimestre del año siguiente puedan hacerse públicos al menos los datos estadísticos recabados por los órganos del ministerio fiscal y que sean más representativos de la evolución de la criminalidad. También me propongo introducir un formato
nuevo de memoria. La consolidación de la presencia institucional del ministerio fiscal en el ámbito autonómico -que tiene su reflejo en la presentación de la memoria de cada fiscal superior ante los correspondientes parlamentos- debe llevar
necesariamente una nueva formulación de la memoria de la Fiscalía General del Estado. Del mismo modo, la estadística ha de ser contemplada desde otra dimensión, más global y centrada en la propia actividad del fiscal. En cualquier caso, el interés
sociológico y criminológico que naturalmente suscita el valioso caudal de información que manejamos en ningún caso debe hacernos olvidar que la realidad cuantificada en nuestros asientos estadísticos no es la delincuencia en sí misma considerada,
sino la actividad desplegada por los órganos judiciales y fiscales para su esclarecimiento y persecución. La existencia en nuestra sociedad de una masa crítica de delincuencia oculta, no denunciada o descubierta por motivos diversos, es un
desafortunado hecho que debemos considerar a la hora de aquilatar el acercamiento de estos datos a la entidad real del delito en nuestra sociedad. Debe evitarse particularmente el establecimiento de una simplista equivalencia matemática entre el
número de causas y delitos. El crecimiento o decrecimiento del conjunto de procedimientos judiciales o intervenciones fiscales en su comparación con ejercicios anteriores no guarda necesariamente proporción con el crecimiento o decrecimiento del
índice real de la delincuencia.


Hechas estas salvedades, siguiendo la tradición al uso y el mandato estatutario, les expongo a continuación la evolución que ha tenido en el orden cuantitativo la criminalidad en España conforme a su reflejo en los procedimientos judiciales
penales, así como las diligencias de investigación del fiscal, incoados y sustanciados a lo largo del año 2011. Dada la variedad de cuestiones abordadas en la memoria, me permitirán que sea particularmente breve en la reseña de estos datos. Me
limitaré tan solo a destacar algunos detalles de esa fotografía panorámica, cuya imagen completa, de la que sus señorías ya disponen por un ejemplar de la memoria, me resultaría imposible reflejar aquí. En cuanto a los principales indicadores de la
actividad del ministerio fiscal, la información que se brinda en la memoria no debe limitarse al estricto ámbito penal en que es clave el protagonismo el ministerio fiscal, sino que debe referirse también al resto de los órdenes jurisdiccionales,
donde nuestra presencia va cobrando cada vez mayor relevancia.


Para romper la creencia general de que es la jurisdicción penal la que ocupa la mayor parte de la actividad del ministerio fiscal, sirva como ejemplo -y a partir de este momento, y para una mayor claridad expositiva, he intentado que mi
exposición se refleje en la pantalla con una presentación de power point-

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que la asistencia a vistas civiles alcanza ya más de la mitad de las penales por delito -civiles, 83.602 vistas frente a 150.887-, aunque aún todas estas se ven abrumadoramente superadas por los más de 300.000 juicios de faltas que se
celebran con intervención del fiscal. Hemos de subrayar que el esfuerzo que el ministerio fiscal y los órganos judiciales del orden penal de primera y segunda instancia dedican a este tipo de infracciones leves -las faltas de naturaleza leve-
resulta a todas luces desproporcionado por excesivo. El grado de alarma y la trascendencia social que la mayoría de estas infracciones genera en la sociedad es de tan escasa entidad que la consagración de instancias tan caracterizadas en el
desenvolvimiento diario de la justicia criminal, como son los juzgados de Instrucción, para su enjuiciamiento y resolución, dispersa y debilita de manera innecesaria unas energías que convenientemente aplicadas al impulso y resolución de
procedimientos de mayor enjundia, contribuirían poderosamente a la descongestión de la justicia penal sin merma alguna del erario público.


Solicité del Gobierno una completa desjudicialización de las faltas tipificadas en el libro III del Código Penal, conservándose solo aquellas que poseían verdadera trascendencia de infracción penal. El anteproyecto del Código Penal, del que
debe informar próximamente, el día 11, el Consejo Fiscal, inicia, aunque con excesiva timidez, esa propuesta de desjudicialización, acompañándola de algunos problemas de organización procesal que, en su momento, en dicho informe se pondrán de
manifiesto. Aun con menor importancia cuantitativa pero creciente como consecuencia de las reformas procesales, la intervención del fiscal en los órdenes social y contencioso no hace sino incrementar la necesidad de asistencia del fiscal a los
mismos, hasta el punto de tener que reconocer que en algunas ocasiones nos encontramos con la imposibilidad -y así hay que decirlo aquí- de cumplir con la previsión legal por falta de recursos humanos y de una adecuada coordinación entre la
organización judicial y fiscal, verdadera asignatura pendiente a la hora del servicio de la Administración de Justicia.


A la hora de analizar la evolución de la criminalidad no es mi intención volver a poner sobre el tapete la espectacular cifra de casi 5.300.000 procedimientos incoados en el orden penal pero si hay que utilizarla, solo ha de ser para
resaltar cómo esta cifra distorsiona cualquier cálculo y puede llevar al error cualquier decisión, porque cerca del 90% de las diligencias previas se archiva casi en el mismo momento en que se incoan, dando lugar, sin embargo, a una actividad en los
órganos judiciales y en la fiscalía absolutamente improductiva. Sin abordar ahora el futuro de la reforma procesal, esta disfunción podría resolverse si con el debido control judicial o fiscal, la policía solo remitiera los atestados que
requirieran de actividad investigadora. Frente a la ineficacia procesal de las diligencias previas, en el caso de las diligencias urgentes, en las que se produce la mitad de las acusaciones del ministerio fiscal, el 70% de los procedimientos que se
incoan generan una acusación que en el 79% de los casos produce una sentencia de conformidad, lo que debe conducir a una valoración muy positiva de esta modalidad procesal que evita la celebración de juicios y, por tanto, descarga de trabajo a los
órganos de enjuiciamiento. Resumiendo, de los 5.500.000 procesos penales que se incoan en el año, el fiscal viene a formular unas 300.000 acusaciones, aunque estas pueden ser referidas a procedimientos incoados y por hechos acaecidos en años
anteriores. Sin embargo, el que esta relación se ofrezca año tras año le otorga un cierto valor al carácter absoluto de las cifras. De estas 300.000 acusaciones, 150.000 se producen en diligencias urgentes, otras tantas en el denominado
procedimiento abreviado y apenas un 1% de ese porcentaje se tramitan en sumarios, que es el cauce procesal previsto para los delitos de mayor gravedad en cuanto a su entidad de naturaleza y en cuanto a su entidad penológica, como homicidios,
agresiones sexuales, etcétera. Solo en el caso de las diligencias urgentes se produce una cualificada relación de coincidencia temporal durante el ejercicio estadístico entre el hecho mismo, la incoación del procedimiento, la acusación y la
sentencia.


Entrando más en detalle, las diligencias urgentes, repito, aquellas donde la regla general es la cercanía entre el hecho y la acusación del ministerio fiscal, están monopolizadas por los delitos contra la seguridad vial -un 43%- y conductas
relativas a la violencia de género y doméstica -un 24%-; por el contrario, en el caso de los procedimientos abreviados, los delitos contra el patrimonio representan el 54% y los delitos contra la integridad física el 19%. Las más graves formas de
delincuencia, que como les he dicho a sus señorías anteriormente se tramitan en la especialidad procesal de sumario, ocupan un mínimo porcentaje de apenas el 1% de las calificaciones que dictamina el ministerio fiscal y contemplan la presencia
predominante, dentro de ese 1% prácticamente en tercios repartidos, de las conductas atentatorias contra la libertad sexual y las más graves formas de atentado contra la vida y la integridad física, con algo más rezagados los delitos de tráfico de
drogas. Estas grandes cifras representan un panorama en el que la justicia penal en general y el ministerio fiscal en particular están comprometiendo

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una parte trascendental de sus recursos en la tramitación y enjuiciamiento de conductas con un impacto social considerable pero que cada vez con mayor urgencia requieren un tratamiento procesal radicalmente distinto. Y ello, no cabe
olvidar, puede ir en detrimento de la persecución de otros delitos de tanta o mayor gravedad.


Mención aparte en esta actividad merece la de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que está asumiendo la investigación de las más complejas formas de delincuencia económica. Creo que existe un amplio consenso social en
el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción. Así al menos me lo he propuesto yo. No podemos permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, su imagen internacional, la
integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas. Junto a la furiosa agresión del terrorismo, no hay forma más devastadora de ataque a la democracia y a sus
valores que la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables. Vuelvo a repetir aquí, en el Congreso de los Diputados, ante sus señorías, mi beligerante compromiso de lucha contra esta lacra con la conciencia clara de que en
esta partida nos jugamos mucho más que un mero interés económico. En esta lucha la Fiscalía contra la Corrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada tanto en sus propios medios personales y materiales como en los de las unidades
adscritas a la misma, así como la plena colaboración de cuantos órganos de la Administración sean requeridos a tales fines.


Otro órgano judicial de especial importancia en la estructura de la Fiscalía es la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, a través de sus juzgados Central y de Instrucción, se ha experimentado una importante reducción
de incoaciones. Desde las diligencias previas se han incoado 1.151, de las que 994 corresponden a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 39 a la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, y 118 a la Fiscalía Antidroga. Esta reducción en
el número de incoaciones se debe fundamentalmente a dos factores: la disminución de la actividad terrorista relacionada con ETA y su entorno, que sin embargo se ha mantenido con 82 detenciones en el año 2011 frente a las 143 del año 2010; cinco
actos de terrorismo callejero en el año 2011 frente a los 37 del año 2010, y 177 diligencias de investigación por el enaltecimiento. Debe decirse que además de esta disminución de la actividad terrorista relacionada con ETA y su entorno, la
limitación de la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de falsificación de moneda, tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje en los casos en que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales, han reducido asimismo la
presencia estadística en la memoria del año 2011. Las limitadas competencias que el fiscal tiene hasta este momento como investigador de asuntos penales -a reserva de la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se anuncia- se
materializa en las denominadas diligencias de investigación penal. Sumadas todas las diligencias de investigación penal que han sido incoadas en el año 2011 tanto por órganos territoriales como centrales del ministerio fiscal, la cifra asciende a
14.439, lo que implica un aumento en torno al 5% respecto del año anterior. De ellas, un 44% han derivado en denuncias o querellas ante los órganos judiciales; es decir, el ministerio fiscal casi realiza la mitad de dichas diligencias de
investigación procediendo a la apertura directamente de un proceso penal.


En cuanto a la evolución cualitativa de la delincuencia, a la hora de abordarla en pro de la claridad y evitando la oscuridad que un excesivo desglose de cifras podía producir en sus señorías -que no obstante pueden hallar toda la
información transparente en la memoria documental y electrónica de la Fiscalía General del Estado-, permítanme que les haga una exposición de grandes líneas a modo de titulares. Les aclaro que el dato va referido a asuntos reflejados en las
conocidas como diligencias previas, cuantitativamente importantes, centradas en el ejercicio estadístico pero en las que por su propia naturaleza la calidad estadística del dato es baja y pendiente de la depuración que la propia tramitación del
proceso supone. Así pues, con tales salvedades les puedo anticipar que en cuanto a las diligencias previas, los delitos incoados suponen básicamente a este respecto en cuanto al patrimonio, un 54,2%; en cuanto a la vida e integridad, un 18,9%; en
cuanto a la violencia doméstica de género, un 2,4%, reservando casi una cuarta parte, el 25%, para el resto de las actividades tipificadas como delictivas. Desgranando estas cifras, les puedo decir que los delitos de homicidio y sus formas
presentan un discreto incremento de menos de dos décimas, que nos permite concluir una relativa estabilización de este sector de la criminalidad. La figura cualificada de asesinato repunta un 16% y el homicidio imprudente un 10%. Del primer dato
cabe inferir una preocupante intensificación cualitativa en la gravedad de los medios comisivos empleados para atentar contra la vida humana. Los delitos de lesiones presentan en su cómputo global un poco apreciable incremento que apenas supera el
1%, aunque en lo concreto se produce un repunte

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superior al 15% -que nos preocupa- en las lesiones relacionadas con asuntos de violencia de género y doméstica de carácter no habitual.


Los delitos contra la libertad experimentaron un descenso del 9%, que parece consolidar la línea descendente que ya se observó el año anterior. Por contrapartida, el dato concreto de la modalidad más grave de delito contra la libertad
personal, la detención ilegal, experimenta un sensible incremento del 18%. En relación con los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, de tanto impacto social, se observa un incremento cercano al 7%, lo que rompe la tendencia a la baja
en este sector de la criminalidad que se había detectado el año anterior. Especialmente significativo resulta el incremento del 28% observado en las causas por delito de violación. El aparente salto desproporcionado de las agresiones sexuales a
menores -el abuso sexual a menores, el acoso a menores mediante telecomunicaciones- no obedece en el año 2011 sino a la importante reforma operada en esta materia en el Código Penal a partir de diciembre del año 2010, en virtud de la cual las
agresiones y abusos sexuales a menores de trece años se tipifican a partir de entonces separadamente mediante las figuras agravadas introducidas en el artículo 183 del Código Penal, creándose asimismo el tipo penal nuevo de acoso telemático de
menores, conocido como child grooming. Esta nueva figura permitirá en años sucesivos hacer un seguimiento específico de la evolución de la delincuencia en un ámbito tan sensible como es el de la protección de los niños frente a intromisiones
tecnológicos en su esfera de la indemnidad sexual.


En el apartado de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el incremento a este nivel de diligencias previas no es estadísticamente significativo, levemente superior al 2%, lo que rompe en todo caso la tendencia a la baja
observada el año anterior. Estos delitos supusieron el 10% de las diligencias de urgentes y el 9% de las calificaciones evacuadas por el ministerio fiscal en dicho tipo de procedimiento. Más preocupante, en mi opinión, es el crecimiento que
experimentan las causas abiertas por delitos cuyo medio comisivo atenta no solo contra el patrimonio sino también contra bienes jurídicos eminentemente personales como la integridad física, la libertad o la seguridad. En concreto, los delitos de
robo con violencia e intimidación que suben algo más del 14%; la inviolabilidad del domicilio se ve afectada igualmente por los robos con fuerza en casa habitada, que sufren un preocupante incremento del 19 %. También se produce un incremento
significativo del delito de usurpación de bienes inmuebles, cuya figura penal comprende entre sus supuestos los casos de ocupación no autorizada de edificios y pisos vacíos que no constituyan morada, que se incrementa -probablemente por la situación
económica- en un 50%, o los concursos de acreedores y suspensiones de pagos fraudulentos, que suben un 5%. En materia de delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, se ha producido un descenso de casi el 20% en la cifra de incoaciones
de diligencias previas. En lo que se refiere a las causas incoadas por tráfico de drogas, los procedimientos referidos a las denominadas drogas que no causan grave daño a la salud sufren un incremento del 13% mientras que los relativos a las
sustancias que ocasionan grave daño a la salud experimentan un descenso del 17%. Los delitos contra la Administración pública experimentan en su conjunto un ligero descenso algo superior al 2%, aunque con incrementos en modalidades delictivas de
gran trascendencia como la prevaricación administrativa, que experimenta un aumento cercano al 3%; el cohecho, que crece en un 45%; el tráfico de influencias en un 44% y la malversación de caudales públicos en un 24%. En definitiva, tras el
descenso de la criminalidad que se pudo observar en el año 2010 -del que se hizo eco la anterior memoria del año 2010-, el año 2011 se caracteriza por una estabilización de las cifras totales aparentemente representativas de un mantenimiento de las
tasas delictivas generales. Un análisis cualitativo y discriminado de los diferentes tipos penales englobados en las cifras generales proporciona, sin embargo, una imagen menos halagüeña de nuestra situación. Se observa una evolución al alza de
tipologías y medios comisivos caracterizados por la lesión o puesta en riesgo de bienes jurídicos eminentemente personales, como la integridad física y moral, la libertad, la seguridad y la intimidad de las personas, particularmente visible en el
incremento de las modalidades del asesinato, los robos con violencia e intimidación, los robos en casa habitada, las extorsiones e incluso actos coactivos ejecutados sobre denunciantes, partes e intervinientes en procesos judiciales. También es
reseñable el incremento de causas contra la Administración pública en tipologías clave, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos. Quizás el aumento proceda de una mayor eficacia
investigadora, sin que ello sirva de lenitivo a la preocupación que esta progresión suscita, pues estas cifras acreditan la persistencia de un fenómeno sintomáticamente representativo de un deficiente tono ético en el desempeño de ciertos cargos
sobre el que hemos de reflexionar como sociedad. La honradez en el ejercicio de las funciones públicas es presupuesto necesario de una democracia de calidad social.

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También es preocupante el panorama reflejado por alguna de las nuevas tipologías introducidas en la reforma penal operada en el año 2010 que, al individualizar determinados comportamientos antijurídicos, determinan el afloramiento
estadístico de patologías sociales de extraordinario impacto criminológico, que hasta la fecha permanecían agazapadas en epígrafes más genéricos y de las que quizá no éramos suficientemente conscientes. Es el caso de la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y laboral, auténtica prolongación de la esclavitud en la era contemporánea, con frecuentes ramificaciones transnacionales, que sume a colectivos desvalidos, principalmente mujeres e inmigrantes, menores de edad incluidos,
en condiciones de vida infrahumanas, o los atentados contra la indemnidad sexual de los niños y preadolescentes, en ocasiones mediante el empleo insidioso y abusivo de las nuevas tecnologías de comunicación, que comprometen un valor determinante de
nuestro futuro, como es la infancia, del que no podemos desentendernos.


A continuación, voy a efectuar un diagnóstico de la situación actual del ministerio fiscal sobre la gestión de la complejidad y del modelo de gestión. Como decía al principio de mi intervención, me gustaría realizar un diagnóstico de la
situación de la institución que dirijo con relación a los medios con los que se cuenta para hacer frente a los retos actuales y a los que en un futuro próximo se le plantearán. Los recursos humanos son, sin duda, el principal activo con el que
cuenta el ministerio fiscal. Disponemos en este momento de 2.333 fiscales y 1.910 funcionarios, que consiguen engranar una maquinaria que debe garantizar el principio de unidad de actuación en un complejo mapa competencial. La gestión de la
complejidad es una cuestión de la máxima actualidad en todas las organizaciones y a la que no puede sustraerse el ministerio fiscal. Esta complejidad natural en cualquier organización de su dimensión se ve incrementada, en primer lugar, porque,
aunque se integra con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, carece de medios propios de gestión, correspondiendo a otro poder del Estado, el Ejecutivo, la misión de proporcionarle el adecuado soporte administrativo para que pueda cumplir
sus funciones, misión esta que el Poder Ejecutivo debe realizar sin menoscabar su autonomía, respetando su capacidad autoorganizativa y sus planteamientos estratégicos. Las peculiaridades derivadas de esta fórmula de gestión no se presentan en
ningún otro ámbito de la Administración de Justicia. En segundo lugar -lo tienen ustedes en la pantalla-, la actual distribución de competencias en materia de justicia entre el Estado y las comunidades autónomas hace que el proveedor de servicios
administrativos y de gestión del ministerio fiscal no sea único. En la actualidad, son trece los proveedores de esta clase de servicios con los que cuenta la institución, y cada uno de ellos con estrategias propias en materia presupuestaria,
organizativa y tecnológica que, obviamente, competencialmente deben respetarse. La gestión de los recursos humanos dentro del ministerio público padece la complejidad derivada del modelo de gestión existente en el conjunto de la Administración de
Justicia y conduce a una estructura de personal asimétrica y multiforme; asimétrica porque provoca la existencia de dos grupos claramente diferenciados: fiscales por un lado y personal funcionario (auxiliar, subalterno) por otro. Mientras que las
competencias de gestión de personal de los primeros son compartidas entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, las de los segundos, las de los funcionarios, subalternos de auxilio del ministerio fiscal, corresponden al
Ministerio de Justicia en su territorio; cinco comunidades autónomas que no tienen transferencias aún, a las que se añaden las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y a los Gobiernos autonómicos en el suyo, conservando el primero -el ministerio-
una serie de competencias generales de coordinación, homogeneización y armonización. Es multiforme porque la política de recursos humanos es diversa en cada territorio y distinta según se refiera a fiscales o al personal funcionario.


Cuando ya no se habla de gestión propiamente dicha sino de cifras concretas, estas en el ministerio fiscal tampoco ayudan a encontrar soluciones a este problema de la complejidad. La carrera fiscal ha experimentado en los últimos diez años
un aumento que no ha venido acompañado de incrementos de personal en la oficina. Necesidades de carácter estructural se han ido cubriendo con personal de refuerzo y los importantes cambios que ha experimentado el ministerio fiscal, especialmente
los derivados de la reforma del estatuto orgánico operado por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, no han tenido reflejo en la plantilla funcionarial. Hoy existe un ministerio fiscal con un despliegue territorial adaptado a la realidad socioeconómica
de nuestro siglo, que ha apostado por la especialización como modo de enfrentarse a esa realidad compleja y cambiante. Por el contrario, la oficina fiscal ha permanecido ajena a esta transformación que ha experimentado la institución a la que debe
servir y de la que debe formar parte. Del total de funcionarios de justicia -lo tienen en la pantalla-, 41.526, solo un 4,4 %, 1.910, presta sus servicios en las fiscalías. Si consideramos el ratio de funcionarios por fiscal, vemos que alcanza de
media los 0,81 funcionarios por fiscal, lo que sugiere una ineficiente gestión de recursos, dado que, como no puede ser

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de otra manera, atendiendo al reducido tamaño de la oficina, los fiscales día a día asumen tareas administrativas de bajo valor añadido que restan eficacia a otras de sus importantes tareas. Además, el reducido tamaño de la oficina ha
aumentado la brecha existente entre dos grupos que conforman las fiscalías: fiscales y personal auxiliar, dado que estos últimos han quedado relegados a tareas repetitivas y poco creativas, desvinculándose progresivamente del trabajo de los
fiscales y perdiendo en gran parte la implicación en el trabajo de estos.


Como mi compromiso exige aportar soluciones, como herramienta para solventar estos problemas y conscientes de que la situación económica no permite crecimientos de personal, la Fiscalía General del Estado ha diseñado un proyecto de nueva
oficina del fiscal, que, asumido por el ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas, supone una reorganización del personal existente y una reingeniería de los procesos que tiene como objetivo presentar un modelo de base
reconocible y único para todo el territorio, de manera que todas las fiscalías trabajen de la misma forma con independencia de quién sea el proveedor de sus medios personales. En la actualidad este modelo solo está implantado en el País Vasco,
siendo de vital importancia para la institución que el Ministerio de Justicia y el resto de comunidades autónomas con competencias en materia de justicia que han dado sus primeros pasos aborden de manera decidida e inaplazable su implantación. La
dimensión del proyecto, que puede ser concluido a corto plazo, su mínimo coste económico y su rentabilidad hacen que merezca la pena cualquier esfuerzo y que los pretextos formales con que nos estamos encontrando a día de hoy puedan y deban
desaparecer.


En cuanto al mapa tecnológico del ministerio fiscal, la complejidad del modelo de gestión, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas, como solemos decir 12+1, también ha tenido su expresión en el ámbito de la tecnología. Los sistemas
de información fueron considerados, a mi entender, erróneamente como medios materiales en la política de transferencias, siendo transferidos de este modo a las comisiones autónomas a medida que el proceso de transferencias se iba materializando,
dando lugar -lo tienen sus señorías en la pantalla- a un inextricable mapa tecnológico en el que conviven una pluralidad de estrategias, múltiples redes de comunicaciones y hasta diez aplicaciones judiciales y fiscales de contenido informático. La
necesidad de alinear esta diversidad de estrategias con las exigencias constitucionales derivadas del principio de unidad de actuación hace de la gestión de la complejidad una cuestión clave dentro de los retos organizativos a los que se enfrenta el
ministerio fiscal. Por eso, para el ministerio fiscal alcanzar la solución de los problemas de la incompatibilidad de los sistemas de gestión y de las comunicaciones dentro de la Administración de Justicia va más allá de la modernización y mejora
de los métodos de trabajo en los órganos judiciales o en las fiscalías. En el caso de la fiscalía esta diversidad representa además un serio obstáculo para el ejercicio de las funciones que le encomienda la Constitución, procurar que la ley se
aplique y se aplique por igual a todos los ciudadanos. Si ahora es ya difícil concebir que nos estemos moviendo en el terreno de la diversidad y la incompatibilidad, más difícil es pensar en un futuro en el que la responsabilidad en la
investigación de los delitos se encomiende al fiscal sin los instrumentos necesarios para facilitar la dirección y coordinación inherentes a la organización de los fiscales. La reforzada autonomía funcional que al ministerio fiscal le reconoce el
estatuto reformado en 2007, su creciente complejidad organizativa, el despliegue territorial emprendido, el incremento de sus funciones y su apuesta por la especialización necesitan ineludible, inevitablemente y de forma urgente el soporte de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación sin más demora. Desde la óptica del ministerio fiscal hemos procurado contribuir a la realización de esos objetivos con la comprensión y el apoyo del resto de instituciones implicadas.


El Parlamento ya en el año 2003 introdujo en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal una modificación precisamente en la línea apuntada, creando un sistema de información y una red de comunicaciones propias para asegurar la unidad de
actuación con el soporte administrativo y tecnológico del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas. Esta misma línea se ha consolidado con la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal de octubre de 2007 con el reforzamiento
de la autonomía del fiscal y la individualización presupuestaria al servicio de las reconocidas competencias para la definición y gestión del sistema de información por los órganos competentes de la Fiscalía General del Estado. Ahora, que la
crítica situación de la economía nos empuja como nunca al máximo aprovechamiento de los recursos y a abandonar las posiciones individualistas que no han tenido ningún impacto en el conjunto de la Administración de Justicia, se debe afinar en la
fijación de prioridades, y el ministerio fiscal las ha tenido claras desde hace tiempo en la convicción de que la escasez de recursos impone prudencia.

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Respecto de la materia presupuestaria, el artículo 72.3 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, tras su modificación por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, realiza dos previsiones de distinta naturaleza que desde perspectivas diferentes
tienen por objeto reforzar la autonomía del ministerio fiscal. La primera de ellas es la singularización presupuestaria. Va dirigida a conseguir que tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de las comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de justicia identifiquen aquellas partidas presupuestarias destinadas a financiar el funcionamiento del ministerio fiscal en su conjunto, de manera que sea posible conocer los recursos que el erario público destina a la
institución y, por tanto, cumplir con el principio de transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas, así como realizar los oportunos análisis de eficiencia en la gestión. La segunda garantiza la existencia de una partida
presupuestaria gestionada por la unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado y destinada a atender los gastos de funcionamiento del órgano directivo del ministerio fiscal que en la práctica se ha traducido exclusivamente en una cantidad
asignada para hacer frente a los gastos corrientes.


La previsión contenida en el artículo 72.3 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal relativo a la singularización presupuestaria está siendo objeto de un cumplimiento desigual por parte de las administraciones responsables. Solo algunas
comunidades autónomas -quiero citar especialmente a Navarra, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Cantabria- han iniciado, aunque sea tímidamente, la senda de la singularización, identificando exclusivamente hasta el momento algunas de las
partidas correspondientes a gasto de personal, capítulo I, y gastos corrientes, capítulo II. No obstante, todas las comunidades autónomas, a excepción de Asturias y la Comunidad Valenciana, han proporcionado información del gasto ejecutado durante
el año 2011 para sufragar el funcionamiento del ministerio fiscal. Sorprende que las que proporcionan el dato correspondiente al gasto ejecutado en tecnología para el ministerio fiscal reconozcan que el mismo en ningún caso supera el 7% del gasto
total en nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, lo cual no parece equilibrado si tenemos en cuenta que existen 2.300 fiscales frente a 4.800 jueces y que, atendiendo a esta proporción, el gasto en tecnología para el ministerio fiscal
debería rondar al menos el 30% del total. Centrándonos ahora en los Presupuestos Generales del Estado, hemos de reconocer que el esfuerzo realizado ha sido mayor, pero en cualquier caso dista mucho del que sería necesario para dar un adecuado
cumplimiento a la previsión estatutaria. Dentro de los Presupuestos Generales del Estado el ministerio fiscal cuenta con un programa presupuestario propio en materia de formación y dos servicios presupuestarios, uno para el ministerio fiscal y otro
para la Fiscalía General del Estado, en que se individualizan gastos de personal y gastos corrientes, pero no el gasto en tecnología, tan importante y esencial en el día de hoy para la institución que dirijo.


Me habría gustado poder realizar ante sus señorías un ejercicio de transparencia presupuestaria y de responsabilidad en la gestión, pudiendo ofrecerles números reales de la cantidad de recursos que el Estado invierte en financiar la
actividad del ministerio fiscal; sin embargo, la fragmentación de los presupuestos en tantos como comunidades autónomas tienen competencia en materia de Justicia y la falta de singularización de las partidas destinadas a financiar la institución
que dirijo me impiden tal ejercicio. Nuevamente me gustaría que los obstáculos formales que están poniendo freno al cumplimiento del mandato legal del Estatuto orgánico del ministerio fiscal hubieran desaparecido en mi próxima comparecencia ante
vuestras señorías en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el protocolo de ejecución presupuestaria que anualmente firmarán el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia, que ha sido bien acogido por las comunidades autónomas, es
un instrumento que logrará romper la inercia existente y ayudará sin duda a cuantificar las necesidades del ministerio fiscal. Extrapolando las cifras del Estado, y omisión hecha del gasto de tecnología, al que ya he hecho referencia, podemos decir
que del total del gasto que el Ejecutivo realiza en sus labores de soporte al poder judicial el 85% corresponde a los órganos judiciales, exactamente 1.179.990.370 euros y solo el 15% al ministerio fiscal, 210.691.860 euros. Si el análisis lo
realizamos exclusivamente sobre el sueldo del personal funcionario el desequilibrio es aún mayor, dado que la cantidad destinada a sufragar las necesidades de personal de las fiscalías no alcanza sino el 5% del total. Del análisis de estas cifras
resulta clara la rentabilidad de las inversiones realizadas en la fiscalía, dado que comprometiendo una mínima cantidad de recursos el impacto que los mismos producen en un presupuesto tan reducido como el descrito es muy alto.


Comenzaba mi intervención hablando de la gestión de la complejidad como el gran reto al que el ministerio fiscal debe enfrentarse. Sus señorías han podido observar cómo el ministerio fiscal se mueve en un mapa organizativo de gestión de
recursos tecnológicos y presupuestarios complejo y deficiente. Para que el ministerio fiscal pueda hacer frente a sus responsabilidades y pueda hacerlo garantizando el

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principio de actuación que le exige el artículo 124.2 de la Constitución, cualquiera que sea el punto del territorio en el que actúe, es necesario dotarle de mecanismos de coordinación efectivos, y esta responsabilidad recae necesariamente
en la Fiscalía General del Estado, vértice de la institución, la única que puede realizar adecuadamente las tareas de planificación, organización, dirección y control, y que con pleno respeto a nuestra posición constitucional dentro de los poderes
del Estado no pueden estar residenciadas en otros ámbitos de poder. Solo cuando la Fiscalía General del Estado pueda controlar la gestión del presupuesto, diseñar en coherencia con el resto de los actores implicados su estrategia en materia de
nuevas tecnologías y articular políticas de recursos humanos uniformes en todo el territorio será posible gestionar la extraordinaria complejidad en la que se mueve la institución y garantizar la pervivencia de la unidad de actuación como nota
distintiva del ministerio fiscal en su exigencia de diseño constitucional.


Finalizo aquí mi exposición relativa a la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2011, agradeciendo a sus señorías la atención e interés que me han prestado y quedo a su disposición para cuantas cuestiones hayan
suscitado mi exposición. Muchas gracias de nuevo por su atención.


El señor PRESIDENTE: Tal como establecimos al comienzo de esta sesión vamos a dar la palabra a los portavoces con un turno de menor a mayor por tiempo de diez minutos, con un cierto grado de flexibilidad. Se me ha solicitado por otras
ocupaciones de ámbito parlamentario en esta casa que la primera intervención en vez de ser del portavoz del Grupo Mixto, que está de acuerdo, sea del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. En consecuencia, el señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente, y gracias sobre todo a los compañeros que se ha manifestado de forma tan amable permitiéndome intervenir en primer lugar. Intentaré compensarles realizando una exposición breve.
Sé, señor presidente, que estas promesas que formulo suelen ser vanas, pero tampoco tengo la consciencia de que esto sea pecado después de saber que en el portal de Belén no había ni mula ni buey y que los Reyes Magos -por lo que se ve- procedían de
la zona de Lepe.


Al margen de estas circunstancias y abandonando la teología, señor presidente, quiero indicarle al señor fiscal general del Estado que le agradezco en primer lugar la elocuencia y la facundia de su exposición y, en segundo lugar, la
prolijidad de información con la nos ha obsequiado: una memoria de más de 2.000 folios que hemos intentado leer como hemos podido. Señor Torres-Dulce, hay muchas cosas que se comentan con mucha pertinencia y otras que no se indican con la
profundidad que a mi grupo parlamentario le hubiese gustado. Hay algunos elementos importantes. En cuanto a la inmediatez de las diligencias practicadas tras la comisión del hecho presuntamente delictivo y que se producen con una celeridad o
proximidad en el tiempo, se ha referido a dos patologías o a dos fenómenos criminales: la violencia de género y los delitos contra la seguridad vial. Por cierto, le quiero felicitar por una operación in eligendo, cuando usted ha seleccionado a
doña Elena Prieto que le acompaña manejando el ordenador en este momento. Imagino que no solo estaba buscando una brillantísima fiscal que en el ámbito de la seguridad vial desarrolló prestaciones importantísimas para la reducción de la
siniestralidad en las carreteras, sino que además sus conocimientos de informática pueden cubrir estas lagunas que usted lamentaba en materia de informatización del ministerio público. Por tanto, ha elegido bien, y quiero felicitarle por esta
elección tan notable que, sin embargo, ha dejado un tanto desguarnecida -por qué no decirlo- a la fiscalía especializada en seguridad vial. El señor Vargas hace lo que puede ahora que carece de una persona tan competente.


Al margen de estas circunstancias, señor fiscal, quiero comentarle que la violencia de género es un tema recurrente en este Parlamento desde una perspectiva normativa y que preocupa a todos los grupos parlamentarios en tanto en cuanto la
patología no se puede reducir de forma significativa. No sé cuál es el papel o el rol que nos corresponde a cada cual; quizá no legislemos tan bien como deberíamos en esta materia. Hay una ley troncal, la Ley 1/2004 a la que usted se ha referido,
pero hay muchas leyes complementarias a esa que dimanan o están vinculadas a ella y tienen que ser objeto de aplicación simultánea en unos casos por la Administración central del Estado, en otros casos por las administraciones autonómicas, en otros
casos en el ámbito jurisdiccional por la fiscalía mediante la práctica de la acción penal y en otros casos por los jueces. En cuanto a normas de naturaleza penal, ha habido cuatro reformas recientes en materia de la identificación de esta figura
delictiva. Son muchas, lo que quiere decir que desde una perspectiva legislativa no se termina de topar con la exacta esencia del injusto penal y cómo reprimirlo a través del reproche penal, ni tampoco se cumplen los mecanismos de prevención
especial y

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general que a las penas se le atribuyen. Tampoco desde la perspectiva de la legislación sanitaria o asistencial -que también es una legislación de aluvión, que en unos casos corresponde a las comunidades autónomas y en otros casos al
Estado- se termina de buscar elementos de coordinación o de orden en la aplicación de estas normas para reducir significativamente esta aberración. Esta aberración, además, ha sido amplificada por una sentencia del Tribunal Constitucional, que
usted conoce con toda seguridad, la sentencia 59/2008, que establece que el delito de violencia de género ya no solo acoge las agresiones entre parejas o cónyuges sino que se extiende a la violencia recíproca, a la violencia de descendientes, a la
violencia a ascendientes, de ascendientes a descendientes, etcétera. Mediante esta sentencia del Tribunal Constitucional se amplifica mucho el ámbito subjetivo de aplicación de la norma y, por tanto, se dificulta a un ministerio público que no está
precisamente supradotado de medios -ni personales, ni materiales, ni, que se sepa por ahora, informáticos- para reprimir eficientemente esta patología.


En segundo lugar, se ha referido también a los delitos en materia de siniestralidad laboral. Yo no sé hasta qué punto a usted le preocupa como fenómeno la proximidad entre la comisión del presunto hecho delictivo, del presunto hecho
infractor, con la práctica de las primeras diligencias. En materia de seguridad vial tengo que felicitarle a usted, al fiscal especializado en materia de seguridad vial y de nuevo a la señora Prieto, que ocupó la posición de adjunta en esta
fiscalía especializada. Fue casi tan relevante la función de la fiscalía, si me lo permite -no creo que cometa una reflexión excesiva ni exagerada-, como la propia función de las administraciones públicas que ostentan competencias en materia de
tráfico. En este momento convivimos con unas cifras de siniestralidad en el ámbito de nuestras carreteras que son equiparables a la década de los sesenta, señor fiscal general del Estado, pero con un parque móvil que multiplica por diez
prácticamente los que existían en la década de los sesenta. Esto quiere decir que las cosas no se han hecho mal, desde una perspectiva punitiva, desde la incorporación del carné por puntos y de las reformas de la Ley de tráfico. Quizás ha habido
cierto regodeo en la utilización del derecho punitivo -algunas veces el señor Vargas y yo lo hemos discutido-, pero ha funcionado. También ha funcionado bien la actuación de la fiscalía especializada, ha funcionado el ejercicio de la acción penal,
ha funcionado bien el ejercicio de la jurisdicción en este ámbito y sobre todo ha funcionado bien el ejercicio de las administraciones públicas y las policías que tienen competencias en materia de tráfico, que no son solo las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, sino algunas policías autonómicas como los Mossos en Cataluña y la Ertzaintza en Euskadi. Desde esa perspectiva yo le quiero felicitar. Me ha parecido notar una cierta reflexión crítica en relación con la posibilidad de
frenar la dimensión de este fenómeno de los delitos cometidos en las carreteras -quizás le he entendido mal-, pero me gustaría que hiciera alguna reflexión colateral.


En materia de delitos contra la corrupción, usted ha hecho unas reflexiones generales que compartimos en sus propios términos. Es un tema de rabiosa actualidad, acaban de detener al ex presidente de la patronal española, al señor Díaz
Ferrán; con esto esta dicho casi todo. En este momento hay 760 causas penales abiertas en el Estado español por corrupción política, en las que están implicados en algunas ocasiones funcionarios, en otras responsables políticos y en otras personas
que conectan con estos para delitos que deben poseer dos sujetos, un sujeto comitente y un sujeto que desde el ejercicio de sus potestades administrativas exorbitantes posibilite la comisión de este delito. Nos estamos refiriendo a los delitos de
prevaricación, de cohecho y a esa miríada de delitos que prevé el Código Penal en materia de delitos de corrupción en el sentido más etimológico y más amplio de la expresión. Yo no sé si 700 causas penales son muchas o pocas; falta quizás un
estudio comparativo con otros países de nuestro contexto para analizar la dimensión de esta patología. Tampoco sé si el fenómeno -esto lo vamos a debatir la semana que viene en una proposición presentada por el Grupo de UPyD-, la dimensión tan
pavorosa del fenómeno, que está generando verdadera alarma social, se debe a que haya tantas causas penales abiertas y tantas diligencias practicadas por delitos de corrupción política y de corrupción económica, se debe a que el funcionamiento de la
Administración de Justicia, en el sentido más amplio del término, es eficaz o a que realmente estamos ante una plaga de unas dimensiones pavorosas -no sé cuál es su opinión desde esta perspectiva-, y si hay alguna propuesta de reforma normativa,
alguna mejora o alguna propuesta de mejora de los medios disponibles y de la cualificación de las personas disponibles en el ministerio público en relación con este fenómeno, que, por cierto, se ha complicado por una reforma reciente de la
legislación en materia de lucha contra el fraude fiscal, contra los delitos contra la Seguridad Social, un fraude en materia de Seguridad Social y contra los delitos relativos a las subvenciones de la Unión Europea, manteniendo un umbral de
punibilidad muy alto, señor Torres-Dulce, 120.000 euros para la comisión del delito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tramas de corrupción muy

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sofisticadas, seguramente internacionales o internacionalizadas, y requiere la incorporación del ministerio fiscal español a esos órganos de coordinación que existen en la Unión Europea. Yo no sé con qué eficiencia se ha producido, porque
en su memoria no consta, y si ustedes colaboran activamente en instituciones como Eurojust, Europol y otras que tienen que afrontar fenómenos que tienen una dimensión internacionalizada y cada vez más sofisticada, puesto que estamos hablando de
grandes defraudadores; no tanto los de Seguridad Social, porque para cometer un delito contra la Seguridad Social de 120.000 euros hay que cometer muchas infracciones en este ámbito. Cuando hablamos de un delito fiscal o un fraude a la Hacienda
pública de 120.000 euros realmente nos estamos refiriendo a grandes defraudadores, y no es infrecuente o no son pocas las personas que desde esta perspectiva requieren una actuación eficiente por parte del ministerio fiscal fundamentalmente.


Voy acabando, señor presidente. Las fiscalías de menores. En materia de fiscalía de menores, a pesar de que se acredita algo muy importante que usted ha dicho, que es la protección de los niños contra los problemas de la red -vamos a
utilizar esta expresión genérica- y el uso de la red para abusar de niños, para utilizarles muchas veces como víctimas de delitos verdaderamente aberrantes -y no hay que glosar de cuáles estamos hablando-, hay dos fenómenos, a los que se refiere muy
de refilón la memoria de la fiscalía. Uno es el aumento de las pandillas juveniles, de las pandillas violentas -yo no creo que se produzca ningún elemento de estigmatización por utilizar esta reflexión-, muchas veces constituidas por jóvenes
extranjeros, segundas generaciones de personas que vinieron aquí a trabajar. Aquí están implantadas ya todas las bandas juveniles que existen en el mundo prácticamente, aquí están ya las maras, están los Latin Kings, están la Calle 13, están todas.
Hay que hacer una reflexión sobre este aumento de las pandillas juveniles que provocan un fenómeno que quizás no incremente mucho la delincuencia o las infracciones, si estamos hablando de la responsabilidad penal de los menores, cometidas muchas
veces por niños y otras veces por jóvenes, pero con gran crueldad y escaso arrepentimiento, sin una convicción clara. Hay que tomarse en serio una reflexión sobre una eventual reforma de la Ley de responsabilidad penal de los menores, y desde esa
perspectiva me gustaría saber en el ámbito de la especialización si este fenómeno es objeto de una atención específica porque empieza a preocupar por la visibilidad del fenómeno, en tanto en cuanto estas pandillas van perfectamente uniformadas, van
armadas con armas blancas y con armas de fuego en muchas ocasiones y no son infrecuentes, no son frecuentes, no son recurrentes, todos los fines de semana se provocan acontecimientos que acaban muchas veces en homicidios provocados por
organizaciones de múltiple tipo y de muchas características, cometidas muchas veces por niños, porque son los niños por ser -ya acabo, señor presidente- no imputables, a los que se les encarga desde la pandilla, y este es un fenómeno perfectamente
estudiado por la Ertzaintza, por ejemplo, para evitar la inimputabilidad, es el niño el que aprieta el gatillo para asesinar a determinada persona o para cometer un delito de homicidio.


Para acabar, señor presidente, quiero decirle que en materia de menores también hay otra patología, que sencillamente en la memoria que usted ha presentado ni siquiera es objeto de cita, que es el acoso escolar. En materia de acoso escolar,
yo le pediría un esfuerzo muy particular. Yo tengo una gran sensibilidad por problemas diversos y sobre todo porque hay muchos padres y muchas personas que padecen un fenómeno que se sufre por los niños en silencio en centros escolares, donde es
muy difícil definir, en donde mecanismos autodefensivos del centro escolar impiden una investigación eficiente por parte de las fiscalías de menores en este caso, pero que está provocando suicidios, muchos más de los que se presumen, porque no
siempre es fácil determinar la relación de causalidad entre una situación de acoso, acoso al que proveen paradójicamente y donde abundan más estos suicidios o estas autolesiones o estos fenómenos de desafección al sistema escolar, no en la escuela
pública, sino en la escuela privada y sobre todo en centros concertados, religiosos o concertados por otro tipo de elementos de aglutinación, en donde las estructuras de poder, las estructuras de poder docente en estos centros están aglutinadas por
ser partícipes de la misma concepción religiosa o de la misma concepción ideológica, son una suerte de secta, en donde solo se adhieren padres que participan de esa militancia y los profesores que obviamente forman parte integrante de esa militancia
religiosa o ideológica, y eso hace que sean particularmente impermeables a los supuestos de acoso porque les cuesta más reconocerlos y sobre todo son muy refractarios a la hora de reconocer que en un centro de estas características se producen unos
sistemas de autoprotección, tanto por las AMPA como por otras estructuras de dirección de estos colegios.


Este un problema gravísimo, es un problema que está creciendo, el del acoso, es un problema que los niños no se atreven a denunciar, que requeriría, señor Torres-Dulce -y con esto de verdad acabo ya mis palabras, señor presidente-, el
establecimiento de protocolos, incluso de actuaciones de oficio, sobre

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cualquier elemento indiciario en donde se pudiera observar que un niño empieza a presentar signos depresivos o signos evidentes de desafección al rendimiento escolar o que es objeto, o a sus padres lo pueden comentar muchas veces, de un
acoso que es muy sutil, que no está muy definido, pero que tiene muchas manifestaciones, no solo físicas, sino también psicológicas y que puede acabar, como ha acabado en muchas ocasiones, en el suicidio de estos niños.


No todos los suicidios de los infantiles y juveniles -esta es mi última reflexión- obedecen a causas desconocidas, y esto lo he podido comprobar en los centros de pediatría de determinados hospitales. Muchos de estos suicidios están
vinculados a este fenómeno que se oculta, que se invisibiliza, muchas veces conscientemente. ¿Por qué? Porque el diferente en determinados centros escolares es objeto de preterición y hay una especie de inducción, muchas veces incluso expresa pero
cuando menos tácita, por parte de los centros escolares hacia la exclusión mediante el acoso; acoso que puede ser transversal, de compañeros a compañeros, o incluso vertical, del centro docente contra el niño, que está provocando una patología que
creo que merita ser estudiada por el ministerio fiscal.


Le digo lo que siempre le señalo, ojalá la instrucción sumarial en la próxima reforma procesal corresponda a la fiscalía evidentemente bajo la dependencia o tutela de un juez de garantías. Esto requeriría mejorar mucho el número de fiscales
y sus estructuras o problemas orgánicos que ha explicado en la parte final de su exposición. Ustedes no son como la Policía, ustedes forman parte de la Administración de Justicia a pesar de la expresión anfibológica que utiliza la Constitución
cuando se refiere al ministerio fiscal. Ustedes son Administración de Justicia no en el sentido amplio de la expresión, sino en el sentido estricto de la expresión, de la dependencia parlamentaria, tanto en cuanto a la designación del ministerio
fiscal como a su control. Sus presencias aquí tienen un componente un tanto reglamentario y formalista. Nos gustaría que la dependencia del ministerio fiscal fuese de las Cortes Generales del Estado por una razón. Yo comprendo que la Policía
tiene que depender del Ministerio del Interior o las policías de los departamentos...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que concluya.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... pero desde luego el ejercicio de funciones públicas y cuasipúblicas, como son las que ejerce el ministerio fiscal mediante el ejercicio nada menos, aunque no la patrimonialice, de la acción penal, merita que se
reflexione sobre la dependencia parlamentaria del ministerio fiscal.


Siento no poder decirle muchas más cosas que le diría si tuviera tiempo, porque ya veo que he agotado no el tiempo de cortesía, sino el que me corresponde reglamentariamente e incluso lo he ampliado. Pero, como hemos quedado en que, dada la
fluctuación de las reflexiones del Vaticano sobre lo que es pecado y lo que no es pecado, esto de la tolerancia puede ser incluso algo legítimo, señor presidente, le agradezco la amabilidad que ha tenido. Agradezco también a mis compañeros la
gentileza que han tenido cediéndome el uso de la palabra anticipadamente y al señor Torres-Dulce, en cuanto pueda volver le atenderé atentamente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, por sus palabras. Retomamos el turno como estaba establecido. Le correspondería la palabra al Grupo Mixto. La diputada señora Barkos tiene la palabra.


La señora BARKOS BERRUEZO: Deseo agradecer también la presencia en Comisión del fiscal general del Estado, del señor Torres-Dulce. Con el permiso del compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, yo sí seré breve. Entiendo que lo
completo del resumen que el fiscal general del Estado nos ha hecho en torno a la memoria que se nos remitía, como se ha dicho ya en esta sesión, amplia y larga memoria que se nos ha remitido respecto al pasado año, así lo permite, y no solo eso,
sino que además comparto una primera reflexión que realizaba el señor Torres-Dulce en torno a la lejanía en que se produce el análisis de esos datos y la comparecencia en Comisión; una lejanía -si se me permite ahondar en la reflexión- que afecta
no solo al devenir de esta Comisión, sino que incluso afecta a ese divorcio existente entre el grueso de las instituciones -también la Fiscalía General del Estado- y los intereses generales, las necesidades y las urgencias de la sociedad. No se
trata solo de que estemos hoy analizando los datos de 2011 cuando vamos a terminar el año 2012, sino que son un grueso y un cúmulo de circunstancias en la acción de diferentes instituciones. Creo que este dato es remarcable y por lo tanto, si me
permite el fiscal general del Estado, el señor Torres-Dulce, me gustaría abundar en el tiempo que tenemos tras su

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exposición en otros asuntos de una mayor urgencia que están centrando en estos momentos el interés de la opinión pública.


El pasado mes de mayo el propio fiscal general del Estado, el señor Torres-Dulce, anunciaba haber dado orden al fiscal jefe anticorrupción para que se depuren -y leo textualmente- todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse
de la gestión de las cajas de ahorros y se examine, entre otros asuntos, si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursas en algún tipo delictivo. Lo digo porque este es un tema de enorme urgencia y de interés
para la opinión pública y, por lo tanto, para la sociedad a la que nos debemos. Entiendo que tendremos ocasión de hablar de ello esta mañana. Señalaba en aquel momento que son varias y variadas las investigaciones que se están llevando a cabo, y
me gustaría saber si vamos a poder tener algún tipo de noticia sobre ellas. Reclamaba colaboración del Banco de España fundamentalmente. En una posterior comparecencia pública el fiscal general del Estado ya afirmó que esta colaboración en el
ritmo investigativo era más que oportuna. Posteriormente, el pasado mes de octubre en una comparecencia pública anunciaba que la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han formado equipos conjuntos y que existen en
estos momentos en torno a una decena de investigaciones de casos.


El señor Torres-Dulce se refería a posibles hechos delictivos vinculados a la comercialización de participaciones preferentes, otro de los asuntos que, si se me permite, tiene enorme interés. Afirmaba también que la fiscalía en estos
momentos -hablo de principios de octubre de este año- tiene un mapa bastante completo de lo que ha ocurrido en determinadas entidades financieras, mientras que respecto de otras está en el momento inicial de las investigaciones. En lo referido a
esta cuestión, he leído con detenimiento muchas de sus manifestaciones y son más que lógicas algunas afirmaciones a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía general se van a dedicar a hacer una inquisición general -creo que esta era la
palabra concreta que utilizaba- en torno a la actuación de una caja u otra. Lo que no es menos cierto es que aquellas entidades financieras, cajas o bancos, que están generando en estos momentos una cierta alarma en la opinión pública tienen
nombres y apellidos y que, a su vez, exige la acción de la justicia y, en este caso, de la fiscalía para hacer frente a este tipo de situaciones y actuaciones.


Le voy a dejar encima de la mesa un dato muy concreto que corresponde a la circunscripción a la que pertenezco y que me trajo a esta Cámara, Navarra, que no sé si es merecedora o no -me gustaría saber su opinión- de algún tipo de
investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción o de la Fiscalía general. Me refiero al caso de Caja Navarra, que a 31 de diciembre del año 2009 tenía un valor patrimonial de 1.295 millones de euros y en el canje de acciones con Caixabank el
valor contable fue de 250 millones de euros, es decir, en menos de tres años ha tenido una pérdida de valor patrimonial de 1.000 millones de euros. A casos como estos les pongo nombre y apellidos porque los tienen para el conjunto de la ciudadanía
y para la sociedad. Más allá de eso, me gustaría tener hoy una reflexión general del fiscal general del Estado sobre casos como estos que entiendo -y me gustaría poder compartirlo con usted, señor Torres-Dulce- que exigen la presencia de todas las
herramientas e instrumentos judiciales, también, como no puede ser de otra manera, de la fiscalía.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia la señora Díez tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervendré brevemente porque tengo que marcharme ahora mismo.


Me gustaría poder tratar con el fiscal general del Estado algunas cuestiones a las que él mismo ya ha hecho referencia que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial en su conjunto y con la independencia de su ministerio, de la
Fiscalía General del Estado. Me gustaría hacer alguna apreciación en relación con algunas de las observaciones que se contienen en la propia memoria, en la que pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y se
queja de algunas actuaciones que, a su juicio, la ponen en riesgo. En relación con esto quisiera preguntarle si le parece que el actual proceso de elección del fiscal general del Estado garantiza esa independencia que es muy deseable en cualquier
Estado que se quiera llamar democrático y que no se quiera poner democrático entre comillas.


Asimismo, me gustaría reflexionar -no lo puedo hacer con tiempo- sobre algunas de las cuestiones que también recoge en la memoria de la que ha dado cuenta y también en que a la hora de hacerlo se ha fijado en lo relativo a la falta de
personal, la falta de coordinación y la necesidad de actuaciones que permitan que la fiscalía realice en condiciones su tarea. Me llama la atención en este sentido, no únicamente, que en la memoria de la fiscalía se haga referencia concretamente a
que, por ejemplo, en la

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fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía no haya los recursos necesarios, ni siquiera los que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía establece, con lo cual se sigue encontrando francamente limitada la falta de plantilla auxiliar
eficiente, lo que hace imposible el cumplimiento de la tarea. Quisiera preguntarle al fiscal si cree que con las estimaciones de recursos humanos y materiales efectuados por el Gobierno para este ejercicio va a poder acometer la tarea que tiene
encomendada. He escuchado sus explicaciones sobre algunas ideas que tiene para, sin recursos humanos y materiales, sacar adelante su tarea, pero me parece francamente propio de malabarismo. Ojalá lo consiga, pero me hubiera gustado en relación con
esta materia ver al fiscal en su intervención tan beligerante -entre comillas, si quiere usted, y en minúsculas- como aparece en lo que queda escrito en la memoria que usted hoy ha presentado.


Por último, y me detendré un poquito más en esta cuestión, quisiera hacer una reflexión en relación con la actuación de la fiscalía en materia de lucha contra el terrorismo. No me voy a referir, señor fiscal general del Estado, a las
cuestiones que forman parte de lo que cada cual pueda entender respecto de lo que está ocurriendo en ese mundo; me refiero al mundo de las personas que con nombre de distintos partidos políticos o agrupaciones electorales han entrado a formar parte
de las instituciones democráticas, tanto a nivel autonómico, local, foral o incluso en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No me referiré, por tanto, a lo que forma parte de una apreciación, que es la apreciación de este grupo
parlamentario, y que seguramente su señoría conoce bien porque ha merecido presentación de iniciativas legislativas en las que nuestro grupo parlamentario ha solicitado al Gobierno que a su vez solicite o dé instrucciones a la fiscalía o a la
Abogacía del Estado para que inicie el procedimiento de ilegalización. Me referiré respecto de esta cuestión simplemente a lo que dice la memoria, a lo que usted dice al respecto, así como a la sentencia de legalización de Sortu y de Bildu en
relación con lo que ustedes, la fiscalía, dicen en su memoria. En la memoria, el fiscal general señala que si bien es cierto que el nivel de amenaza de ETA en España se ha reducido -estoy leyendo textualmente-, aunque ese riesgo realmente no ha
desaparecido al mantener todavía la estructura operativa, es lo cierto -dice la memoria- que todas las afirmaciones efectuadas por la llamada izquierda abertzale hacen pensar que actualmente ETA no va actuar -y leo textualmente- siempre que sea
factible el logro de los que han sido sus tradicionales objetivos. Dice la memoria que está convencido de que ETA no actúa porque ha decidido en su estrategia conseguir sus objetivos, objetivos criminales y antidemocráticos, por otras vías. Eso lo
dice la memoria no el grupo parlamentario al que represento. Asimismo, recoge la memoria que la nueva estrategia de ETA y de la izquierda abertzale ha sido adoptada por una cuestión de supervivencia y de eficacia para alcanzar los objetivos de
siempre ahora con otros métodos. Por tanto, no está relacionado con una reflexión o autorreproche de tipo ético o moral por los atentados terroristas perpetrados por ETA. Eso dice también la memoria, así como también que la organización terrorista
no ha expresado ninguna intención de disolverse y que intenta mantener de facto un tutelaje efectivo del proceso.


Ante estas cosas que recoge la memoria, yo le pregunto al fiscal si están justificadas, a su juicio, su inactividad y la del Gobierno. Si la Fiscalía General del Estado deja por escrito que ETA no actúa criminalmente porque pretende
conseguir los objetivos criminales por otras fórmulas, por otras vías, pero no ha renunciado a conseguir esos objetivos criminales -que son objetivos antidemocráticos que quieren terminar con la democracia y con la sociedad plural en la que vivimos,
que es la que se corresponde con cualquier democracia-, y si eso lo hacen desde las instituciones porque han encontrado esta fórmula para acabar con la democracia y para derrotar la sociedad plural, insisto, y la propia democracia, le pregunto al
fiscal, si esta es su reflexión -que es la reflexión que aparece por escrito en la memoria-, si está justificado no actuar y hasta qué punto está justificado no hacerlo porque tiene instrumentos para actuar. Tiene instrumentos y -si me permite-
incluso recomendación. No hay más que leer el considerando quince de la última sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la legalización de Bildu, en la que establece, como no podía ser de otra manera, que hay instrumentos para
ilegalizar a posteriori si se dan las condiciones. Le pregunto también al fiscal cuáles tienen que ser las condiciones, qué más tiene que pasar o qué es lo que tiene que pasar para que la fiscalía entienda que hay líneas rojas, que es algo que se
ha puesto muy de moda en el discurso político. ¿Es una línea roja que el ministro del Interior en sede parlamentaria cuando contesta a un diputado de Amaiur le recomiende que les diga a sus mandantes equis? ¿Es una línea roja que el propio
Ministerio del Interior considere que el diputado que está hablando está hablando en nombre de una organización terrorista y se refiera a él diciéndole que le diga a quien le da instrucciones, a sus mandantes exactamente? ¿No es línea roja eso?
¿Es línea roja que ayer mismo -por citar algo de actualidad- uno de los dirigentes de esa organización, Pernando Barrena, explique que no van a pedir perdón porque han conseguido mucho? Dice textualmente que se sienten muy

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orgullosos de lo que han aportado a la lucha por la libertad de este pueblo, que asesinando han conseguido mucho. Por tanto, no van a pedir perdón porque se sienten orgullosos, no es que no condenen el terrorismo, es que se sienten
orgullosos. ¿Es línea roja eso o tampoco lo es? Le pregunto, señor fiscal, qué es lo que tiene que ocurrir para que ustedes consideren que se está cumpliendo lo citado en el considerando quince de la sentencia del Constitucional, para hacerlo
dentro de esas propias recomendaciones, todas las cosas que se han producido desde que estas organizaciones están en las instituciones públicas, en coherencia -insisto- con lo que ustedes mismos escriben en su memoria, que califican como parte de la
estrategia de la organización terrorista su actuación desde dentro de las instituciones. ¿A qué esperan para actuar? Le quiero preguntar eso. ¿Dónde está la línea? ¿Qué tienen que hacer? Para que lo sepamos los ciudadanos que no podemos hacer
aquello que tiene usted competencia para hacer, pero que no está en nuestra mano hacer.


Haré una última consideración en esta materia. Hemos leído la pasada semana que el rey le ha mandado una solicitud. Le ha pedido que investigue sobre los 326 asesinatos de ETA que aún siguen sin resolverse. Quiero preguntarle qué piensa
hacer con esa misiva de su majestad el rey. Pero más que eso le quiero preguntar: ¿Acaso la fiscalía necesita que el rey le escriba para hacer esa tarea? ¿Habían iniciado unas pesquisas al respecto? ¿Tenían alguna intención de hacer algo al
respecto? Porque personalmente y al grupo al que represento le tranquilizaría mucho saber si la fiscalía está haciendo esas cosas sin necesidad de preguntárselo. Porque de la misma manera hay otras cuestiones que también se han puesto sobre la
mesa y que son preocupantes como, por ejemplo, la reflexión que ha hecho el señor Olabarría, que comparto totalmente, en relación con el acoso escolar. Me gustaría mucho saber que, sin necesidad de que salgan en los periódicos las cosas que están
ocurriendo y que un diputado, como es el caso del señor Olabarría, lo plantee hoy aquí, la fiscalía está actuando en ello porque eso me tranquiliza. En esta materia de lucha contra el terrorismo y de clarificación y persecución de los enemigos de
la democracia me gustaría saber cuáles son las actuaciones que están ustedes llevando a cabo, si están llevando a cabo alguna, si le parece que está justificada la inactividad que -a mi juicio- se está produciendo dentro de la fiscalía y si,
sencillamente, creen ustedes que tiene que ocurrir algo más para que actúen en defensa de la democracia, que es la ley, el Estado de derecho, en fin, todas las cosas a las que no tengo que referirme y que es aquello a lo que al fin y al cabo está
usted obligado a cumplir.


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al turno del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En su nombre, el señor Llamazares tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Del mismo modo que mis compañeros portavoces, agradezco la comparecencia del señor fiscal general del Estado, y empezaré haciendo una valoración de su intervención.


Es verdad que la memoria necesita evidentes cambios. No es un ejemplo de memoria inteligible para el órgano parlamentario. Pero un primer cambio, en mi opinión, es que esa memoria se corresponda con su tiempo, que no sea anacrónica, y creo
que en este caso es una memoria anacrónica. Pero es que además no he deducido de la intervención en la Cámara una relación entre la memoria y las reflexiones y propuestas de la Fiscalía General del Estado. Me ha dado la impresión de que iba por
una parte la memoria, de otro lado los principios sobre la independencia, la autonomía del Poder Judicial, de la fiscalía, y por otra parte los problemas de la complejidad. Me ha llamado mucho la atención la gestión de la complejidad. Me ha sonado
a nostalgia de la homogeneidad, a nostalgia de una concepción centralista, además sin mucha razón para ello teniendo en cuenta que el instituto fiscal tiene unidad jerárquica, y no creo que eso sea una cuestión que afecte ni a su viabilidad ni a su
funcionamiento en nuestro país. Pero no he sabido establecer -no he podido quizás, ha sido un problema mío- una relación entre los datos que apunta en la memoria y las propuestas que nos hace el fiscal general del Estado. Incluso leyendo la
memoria, las propuestas de reforma legal son de baja intensidad. Es decir, da la impresión también aquí -quizás también tiene que ver con el anacronismo- de que esas propuestas no se corresponden incluso con algunas de las reflexiones que ha hecho
el fiscal general del Estado ante esta Comisión, por ejemplo, con respecto a las faltas y su incidencia en el funcionamiento de la justicia y demás. Por tanto, en primer lugar, una reflexión sobre el anacronismo y sobre la endogamia que he
percibido en la intervención del fiscal general, como si el gran problema de la fiscalía fuera un problema organizativo, un problema de gestión de la complejidad. Creo que nos equivocaríamos -también nos equivocaríamos los parlamentarios- si
creyéramos que ese es el gran problema de nuestro país.


Yo creo que el gran problema o uno de los grandes problemas es la profunda crisis de legitimidad de la democracia. Y dentro de la profunda crisis de legitimidad de la democracia en un contexto de crisis, de

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crisis económica, una crisis de la justicia: los ciudadanos -y además lo dicen en las encuestas- no solamente critican a la justicia porque es lenta, perciben que no hay justicia. Perciben que hay justicia de dos velocidades, una para
fuertes y otra para débiles, y creo que eso debería provocar una reflexión, una reflexión política pero también una reflexión por parte de la fiscalía.


De los datos que ha presentado con relación a 2011 se deducen, en mi opinión y la de mi grupo, dos cosas. En primer lugar, que no ha lugar al populismo penal; no ha lugar porque estamos ante una estabilización de los datos de criminalidad
-lo dice la propia memoria-, si bien hay lo que podríamos denominar un incremento de los delitos de violencia. Y, en segundo lugar, llama la atención los datos que ya conocíamos, pero muy importantes, de corrupción. Es decir, se estabilizan los
delitos, no ha lugar por tanto al populismo penal, al endurecimiento de las medidas del Código Penal, que siempre es muy socorrido en cualquier reforma y sobre todo desde el punto de vista de las campañas publicitarias del Gobierno de turno, en este
caso del Gobierno del Partido Popular. Y, en segundo lugar, nuestro gran problema es la corrupción, un problema con casos muy abundantes y con casos muy llamativos. Yo apuntaría un tercer problema, que no aparece en los datos pero que debería ser
una prioridad del ministerio fiscal. Ante una crisis económica -antes decía que había justicia de primera y de segunda-, los que más sufren son los más débiles, los más vulnerables. Pues bien, en relación con la memoria del 2011 o, sobre todo, en
relación con las preocupaciones del ministerio fiscal para un próximo futuro, a corto plazo, debería estar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y nuestro interrogante es si la Fiscalía Anticorrupción no debería
acotar más sus tareas. Además de incorporar, digamos, de manera extensiva la lucha contra el crimen organizado, creemos que la corrupción tiene entidad en sí misma y gravedad deslegitimadora de la democracia y, por tanto, debería ser una prioridad.
Pero luego, en otras fiscalías y en otras actividades de la fiscalía, en nuestra opinión, quizás habría que aumentar la extensión; por ejemplo, la fiscalía que tiene que ver con la siniestralidad laboral. En estos momentos, el mismo marco laboral
de este país es un siniestro, por no decir un siniestro total, sobre todo después de alguna legislación reciente. ¿Qué va a hacer la fiscalía para defender a los débiles, a las víctimas de ese marco laboral que es un siniestro total? Por otra
parte, hablaba de los débiles, de los que en estos momentos son más vulnerables, ¿qué va hacer la fiscalía con respecto a menores y discapacitados, que son también pasto de la crisis económica y, sobre todo, de las políticas de ajuste, con un 23% de
pobreza, y más pobreza infantil, y con una situación de discapacidad que aparece continuamente en los medios de comunicación y de desprotección? Me parece que la fiscalía debería tener entre sus prioridades estas cuestiones, que para mi grupo son
determinantes: las víctimas de la crisis económica y, por otra parte, los que podemos llamar los responsables de la crisis, hasta ahora impunes; en buena medida impunes, aunque en los últimos tiempos se hayan abierto procedimientos frente a esos
responsables, pero de manera mucho más lenta, mucho más débil que con respecto a otras cuestiones.


Otro aspecto que le preocupa a mi grupo parlamentario es lo que podríamos llamar la deriva policial, la deriva represiva. Ante la crisis económica y el desmantelamiento de lo social, lo que se está produciendo es un conflicto en la calle,
que es parte de la democracia, y que va a aumentar, señor fiscal general del Estado. Y no me han gustado sus declaraciones; no me ha gustado esa declaración que establece cautelas a los derechos constitucionales básicos, entre los cuales está el
derecho de manifestación. No me parece que eso sea conveniente, sobre todo en un marco, dentro de su propia memoria, que apunta a un incremento importantísimo de la movilización, del conflicto social y, en consecuencia, también de la deriva
represiva del Estado. En este caso, el Estado debería actuar con cautela para no convertir la deslegitimación que se está produciendo de la democracia en un boomerang contra la democracia. En ese sentido quería transmitirle la preocupación de mi
grupo parlamentario. Es verdad que estamos hablando de la memoria de 2011 y algunas cuestiones que se han planteado pertenecen más a 2012, al periodo de su responsabilidad; en relación con la memoria de 2011 me gustaría que aclarase lo de la
gestión de la complejidad. Hasta ahora, en este país teníamos teníamos como un valor esa complejidad; es decir, sabíamos que el país era complejo y reconocíamos también que las distintas administraciones tenían complejidad y, por tanto,
apostábamos por la cooperación y la coordinación. Yo he creído percibir, como he dicho antes, una nostalgia de la uniformidad en relación con el ministerio fiscal cuando desde el punto de vista de la organización del ministerio fiscal creo que eso
no tiene sentido y, por tanto, quiero preguntarle sobre la parte nuclear de su intervención, la que tiene que ver con la reorganización: qué nos propone en realidad, aparte de lo de siempre, un sistema interoperativo en materia informática o
algunas medidas que usted ha mencionado.

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Termino. Señor fiscal general del Estado, en su primera intervención ante esta Cámara yo saludé las palabras sobre la independencia y la autonomía con que iba a ejercer su función. Estoy convencido de que si hubiera una reforma
constitucional y una reforma de las leyes podría haber otra forma de independencia y de autonomía de nuestra fiscalía, pero situándonos en la legalidad, en la Constitución, hay lo que se llama una autonomía de ejercicio y yo creo que usted hasta
este momento no ha demostrado esa autonomía de ejercicio. He hecho un repaso de sus intervenciones públicas en el tiempo que le conozco y, más que autonomía de ejercicio, lo que he percibido es identidad política con el Ministerio de Justicia.
Solo le conozco una discrepancia, la que tiene que ver con el populismo penal, y la saludo, pero en otras materias usted ha coincidido milimétricamente con el Ministerio de Justicia, es decir, más que autonomía parece identidad -no sé si decir
subordinación- y en otros casos, que también es algo que me preocupa, ha trasladado esa identidad a una intervención política. Tengo que decirle que si usted tiene identidad con el Gobierno y con el Ministerio de Justicia, al menos no utilice el
ministerio fiscal para dar proclamas o hacer valoraciones de carácter político, ideológico, moral; la última, sobre el caso de Madrid Arena, me puso los pelos de punta, apuntaba responsabilidades que creo que son inaceptables. Esa reflexión
sobraba; esa reflexión sociológica, que seguramente tiene sentido, sobraba en un responsable de la Fiscalía General del Estado. Pero es que usted empezó su gestión -yo no lo esperaba- queriendo reabrir, y cerró abruptamente, el caso 11-M; es
decir, incorporándose a la paranoia que en este país está devaluando ese juicio y esa sentencia, y yo creo que eso no ha sido bueno. Usted ha entrado en debates de carácter político y electoral, recientemente en las elecciones catalanas. Creo que
no es así como se defiende la autonomía y la independencia de la fiscalía; esa identidad por una parte y esa intervención política de la fiscalía, en opinión de mi grupo, no son adecuadas.


Termino con un apunte nada más sobre un tema que me ha preocupado al acudir a la página de la Fiscalía general. En el órgano de formación Instituto de Estudios Jurídicos veo con estupefacción una denominada Tertulia 52ª, donde ustedes, con
el título de Crisis de valores, crisis económica, invitan a don Manuel Pizarro, académico y vocal de FAES. Me preocupa que ustedes utilicen la autonomía en materia de formación y en materia de formación continuada para hacer ideología y no para
hacer formación; en ese sentido, también quiero apercibir al fiscal general del Estado con respecto a esta deriva. Como dije en su primera intervención ante esta Cámara, yo esperaba que las proclamas de independencia y de autonomía se concretaran
en la práctica; yo expreso hoy mi preocupación acerca de que el ejercicio de la Fiscalía General del Estado no vaya por ese camino.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En su nombre, la señora Pigem tiene la palabra.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor fiscal general del Estado, mis primeras palabras sean para, en nombre de Convergència i Unió, darle la bienvenida a esta Comisión de Justicia y agradecerle la información que nos ha aportado tanto en la
comparecencia como en la presentación de la memoria que hemos recibido con antelación y que, como otros años, supone un trabajo colectivo de gran entidad que apreciamos enormemente y que desde Convergència i Unió queremos poner en valor.


Valoramos también positivamente el anuncio que nos ha hecho del desiderátum de que para próximos años la presentación de la memoria pueda estar más cercana a los datos que nos presenta. Ciertamente las memorias tienen un valor sociológico
indudable y la proximidad con la fecha de esos datos va a ser, si cabe, todavía más provechosa para los análisis que estamos haciendo.


Hemos leído la memoria y nos gustaría hacer alguna reflexión previa sobre la misma. En la introducción a la memoria se afirma que podemos congratularnos de disponer de un ministerio público en plena posesión de sus energías gracias a la
entrega y dedicación personal que cada uno de sus miembros demuestra en el desempeño de las variadas funciones que el ordenamiento jurídico les confía. Lo leo textualmente. Pues en Convergència i Unió estamos completamente de acuerdo y, si se nos
permite, queremos singularizarnos en una institución que nos es muy grata, que es la institución del fiscal superior de Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña, creada en la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal del año 2007 con
una participación, si se me permite recordar, muy relevante de mi grupo parlamentario, y en especial de don Jordi Jané, que fue ponente en aquella reforma legal, se corresponde con la necesidad de adaptar la estructura del ministerio fiscal a la
realidad autonómica y a lo dispuesto en los nuevos estatutos de autonomía. Por cierto, al respecto quiero señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña nada dijo en contra de esta
adaptación del ministerio fiscal a la complejidad territorial del Estado. Queremos resaltar el buen trabajo

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que realiza la Fiscalía Superior de Cataluña en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y, si me lo permite, quiero destacar y valorar muy positivamente la función de las personas que han desempeñado y desempeñan el cargo
de fiscal superior, tanto doña Teresa Compte como don Martín Rodríguez Sol, que lo han hecho y lo hacen con gran sentido de la responsabilidad y, como decimos los catalanes, con gran seny, con sentido común. Son personas con un currículum
profesional intachable que encarnan el auténtico papel que a la fiscalía les reserva el artículo 124 de la Constitución cuando dice: '...promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados...'. Precisamente por esto, por esta valoración positiva que tenemos, le he de trasladar que nos cuesta entender la reciente desautorización, especialmente moral, que ha
realizado en la persona de don Martín Rodríguez Sol en medio de una campaña electoral y nos sumamos en lo menester a las palabras que se han expresado también en este sentido por el señor Llamazares.


Esta reflexión sobre la Fiscalía superior y su regulación en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal nos lleva a poner sobre la mesa la necesidad de la creación de un organismo al que se hace referencia precisamente en el artículo 36 del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que es el consejo de justicia de las comunidades autónomas. Porque efectivamente ahí, en un ordenamiento jurídico vigente, se prevé ya que para nombrar al fiscal superior deba ser oído necesariamente el
consejo de justicia de las comunidades autónomas. La creación de estos consejos de justicia es algo que, como usted conoce bien, ha sido reclamado insistentemente por mi formación política y por otras formaciones políticas sin que hasta el momento
presente hayamos tenido ningún éxito, esta es la verdad, pero, como está previsto en muchos estatutos de autonomía y está previsto también de manera positiva ya en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, nos gustaría conocer cuál es su
valoración respecto a la necesidad de crear estos organismos a los que ya se hace referencia, como digo, en el artículo 36 del estatuto.


Otra cuestión, tema también de actualidad. Estamos en tiempo de contestación social, estamos en tiempo de que el malestar se refleja en el ámbito judicial, estamos en tiempo del reflejo de la crisis en la justicia. Me gustaría que usted
valorara el pronunciamiento de la Comisión Interasociativa de Conflicto de Jueces y Fiscales que, después de valorar positivamente las concentraciones realizadas el pasado 23 de noviembre, porque realmente asistieron masivamente jueces, fiscales,
abogados y otros colectivos preocupados por la reforma en materia de justicia, ha aprobado unos acuerdos para que se aborde, entre otras cosas, la grave situación de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, la limitación
del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia que van a suponer sin duda ninguna las tasas que se acaban de aprobar, la necesaria protección de los colectivos desfavorecidos por las ejecuciones hipotecarias y también anuncian algo que
a nuestro juicio es muy preocupante, y es que se van a dirigir a las instituciones europeas para expresarles el grave peligro que corre en nuestro país el principio de división de poderes. Con todo lo que supone la cierta radicalización cuando se
expresa un malestar social, me gustaría conocer cuál es su opinión y valoración respecto a estas declaraciones.


Temas de futuro. Nos gustaría saber si usted tiene noticia de cuáles van a ser las intenciones del Gobierno con respecto al papel del ministerio fiscal en la fase de instrucción penal y, si realmente va a tener un mayor papel, si a su
juicio esto debería comportar nuevas reformas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y qué reformas cree que debería comportar. Ha aludido usted a la supresión de las faltas y quiero manifestarle que a Convergència i Unión no nos parece mal
esta sugerencia. Realmente ocupan una bolsa muy importante, importantísima, de la actuación judicial y que realmente muchos temas podrían ser faltas administrativas, siempre y cuando, y espero que esto sea así, aquellas faltas más relevantes de
cara a la percepción de seguridad o a la inseguridad, de cara al perjuicio que causan a las personas, tendrían que pasar a delitos; a delitos quizá con una pena pequeña, pero a delitos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los hurtos. Respecto a
la plantilla, la Fiscalía Superior de Cataluña muestra su preocupación por la imposibilidad en la cobertura de las plazas de la carrera fiscal, que a su juicio se ha convertido no solamente en un problema crónico, sino en una característica que
configura el despliegue del ministerio fiscal en esa comunidad, a lo que se suma la inestabilidad de los destinos por parte de las promociones sucesivas de fiscales, que genera una situación de trasvase permanente. Con el modelo actual de fiscalía,
en Cataluña se necesita un aumento de plantilla para poder participar en todos los actos presenciales, y de manera especial en los procesos que usted señalaba, que muchas veces se olvida que el ministerio fiscal además de actuaciones penales tiene
actuaciones civiles. Es necesaria presencia de muchos más fiscales en los procesos de familia, así como seguir potenciando la especialización. Las necesidades se nos dice que son de unos 20 fiscales más. Mi pregunta es si es sostenible convocar
tan pocas plazas de

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fiscal como las que al parecer se van a convocar en 2012, que serían al parecer unas 15, sin perjudicar el servicio, teniendo en cuenta que al parecer se quieren suprimir también los fiscales sustitutos, que en Cataluña realmente tienen un
porcentaje elevado: en Tarragona, el 37%; en Girona, el 36% y en Barcelona, el 20%. Querría también saber si podría informarnos de cómo está la reordenación de la fiscalía de cara a la nueva oficina fiscal con el paso a servicios comunes,
relación de puestos de trabajo con responsabilidad de unidades, etcétera.


También quisiera trasladarle una petición que tuve la oportunidad de hacerle ya personalmente con respecto a las localidades de Vic y Amposta. A petición de la fiscalía, el Gobierno de la Generalitat informó favorablemente la creación de
una sección territorial de fiscalía en Amposta y la creación de una subsede de la Fiscalía de área Manresa-Igualada en Vic. La de Amposta se justifica por las necesidades del servicio, ya que la actual sección territorial de Tortosa abarca un
territorio muy amplio dentro del cual Amposta representa aproximadamente el 40% del total de la carga de trabajo de la sección territorial de Tortosa. Dejando aparte las dotaciones de fiscales que el ministerio considerara convenientes, no
implicaría un mayor coste ya que se dispone de sede. Por lo que respecta a Vic, representa un 27% de la carga total de trabajo de la Fiscalía de área de Manresa-Igualada y podría reducir -y esto nos parece importante- los constantes desplazamientos
de fiscales de una sede a la otra que se producen en la actualidad. No implica ningún aumento de personal sino tan solo una redistribución del mismo y tampoco mayor coste, puesto que existen instalaciones en donde ubicarla. Nos gustaría que nos
pudiera dar alguna noticia al respecto, puesto que nos consta ya que está en la Fiscalía General del Estado.


Con respecto a la evolución cuantitativa y cualitativa de la criminalidad, usted ha hecho la afirmación general de que en 2012 ha habido un descenso y de que en 2011 hubo una estabilización de las cifras totales, lo que indica un
mantenimiento de las tasas delictivas generales. Pero nos preocupa -y queríamos ponerlo encima de la mesa- el alza de tipologías y medios comisivos caracterizados por lesión o puesta en riesgo de la integridad física o moral, el incremento de las
modalidades de asesinato o robo con violencia o intimidación en casa habitada. Nos preocupa también un aumento del 3,62% en cuanto a los hurtos, un aumento de las causas contra la Administración pública -prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias y malversación de caudales públicos-, un aumento en la usurpación de bienes inmuebles -sin duda consecuencia de la actual crisis que tenemos-, un incremento en la sustracción parental de menores y un incremento en algo que es novedad en
la memoria -fue una tipificación que se introdujo en la reforma del año 2010-, que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, lo que se llama la esclavitud del siglo XXI. Nos preocupa también un 28,3% de aumento en las
violaciones y, por lo que respecta a Barcelona, que haya aumentado un 31% el impago de las pensiones de alimentos.


Por último, señor presidente, con respecto a las propuestas de reformas legislativas, quiero decirle que estamos de acuerdo con la propuesta de tipificación de delitos relativos al odio de los artículos 510 y 607.2 del Código Penal por su
actual dificultad interpretativa y también por los compromisos supranacionales del Estado español, que hacen conveniente su modificación. También vamos a valorar la modificación que se propone del párrafo segundo del artículo 57 del Código Penal
sobre la actual aplicación automática de la pena de alejamiento en los delitos de violencia de género. Esta es una cuestión controvertida y no es la primera vez que se pone sobre la mesa. Es evidente que el hecho de tener que poner
obligatoriamente la pena de alejamiento produce efectos no deseados y conductas muchas veces sorprendentes, puesto que son las propias mujeres las que quieren reunirse con el maltratador y son ellas las que pueden inducir al quebrantamiento de la
pena. Queremos también valorar muy positivamente la actuación del fiscal Vargas respecto a la siniestralidad vial. Asimismo, nos parece muy interesante la propuesta de un nuevo artículo en el Código Penal para que se regule la suspensión de la
ejecución de pena de prisión en aquellos casos de multirreincidencia de delitos de conducción en estado de embriaguez o sin haber obtenido el carné de conducir. Como alternativa a la prisión en los casos en que la multirreincidencia quede
constatada por una alteración de la conducta debido al consumo de drogas o alcohol, la propuesta es que se suspenda la pena, supeditándola siempre a la sumisión a programas de desintoxicación o de recuperación tras previo informe penitenciario.


Ya finalizo, señor presidente. Como una de las misiones de la presentación de la memoria es hablarnos de algunas propuestas en cuanto a la prevención de los delitos, nos gustaría saber si tiene su señoría algunas propuestas que hacernos
llegar a los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz, el señor Villarrubia, tiene la palabra.

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El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor fiscal general del Estado, por comparecer y, más que por comparecer, por la información que nos ha dado. Quiero agradecer también la presencia del conjunto del equipo de la fiscalía y el
trabajo -al margen de alguna cuestión que diré con posterioridad- que con carácter general está realizando la fiscalía en nuestro país.


Señor fiscal general del Estado, usted compareció hace ya casi un año, en enero. A nosotros nos gustaría que compareciera en alguna que otra ocasión más y no solo para presentar la memoria, en el bien entendido de la lealtad institucional
en el ámbito de la colaboración y no del control o fiscalización de la actividad. Me va a permitir que le plantee algunas cuestiones y que haga algún comentario en relación con lo que usted ha manifestado y, cómo no, acerca de algunos aspectos que
consideramos importantes y sobre los que no se ha pronunciado. Lo haré telegráficamente, porque son muchos los temas y poco el tiempo, pese a la generosidad que, no dudo, va a tener el presidente con este portavoz, igual con el resto.


Paso a hablar de temas concretos: singularización de las partidas presupuestarias. Lo demandaba usted ya en el mes de enero, con alguna reserva incluso, no en la línea de excesiva autonomía, que no la consideraba ni siquiera necesaria para
la institución. En este ámbito, y unido al comentario hecho en la parte final de la exposición reconociendo el esfuerzo de los Presupuestos Generales del Estado, tengo que hacerle una primera crítica: una importante falta de reivindicación.
Porque hablar de comprensión y generosidad en el ámbito de los presupuestos de Justicia de este año es excesivamente generoso, ya que lo que tenemos que hacer es levantar todos la voz y decir que así no se puede seguir, que se está atropellando el
funcionamiento de la justicia de este país con una asfixia absoluta en los medios personales y materiales. Señor fiscal, este año 1.507 millones de presupuesto, de los cuales 1.243 son gastos de personal; por tanto, quedan 264 millones de euros
para toda España y para todos los capítulos de gasto corriente, modernización, inversiones, transferencias; es decir, ni para pipas. Esto es absolutamente intolerable, porque se está deteriorando de forma grave y rápida el servicio público de la
justicia y también el de la fiscalía. Tenemos que reivindicar todos, señor fiscal general del Estado, nosotros con usted, porque cuantitativamente es poco y sin embargo el daño que se está produciendo en el funcionamiento del servicio público de la
justicia es muchísimo. Esto hay que decirlo, no ocultarlo y, mucho menos, decir lo contrario; además, con ningún sesgo partidista, sino para defender lo que decimos que defendemos, ya que además es nuestra obligación hacerlo. En realidad tendría
que preguntarle cómo valora la incidencia de los recortes, no la generosidad del presupuesto y de las partidas, que no existe. ¡Si se han minorado tanto que casi han desaparecido! Luego tibiamente hablamos de que en formación... ¡Es que no hay ni
para pipas, no podemos funcionar así! Se ha cortado el proceso de modernización, tibio pero con dinero pese a estar en crisis, iniciado en 2009. Estamos con un presupuesto del año 2009 cinco presupuestos después. Así no podemos hacer la
modernización tecnológica, por mucho que lo presentemos modernamente no hay un euro para llevarla a cabo. ¿Dónde está esa reivindicación? ¿Dónde esta ese funcionamiento?


Tampoco ha mencionado -yo creo que estará en línea pero no es mi función hacerlo- el mayor papel del Consejo Fiscal, cosa que sí, aunque de pasada, se ha hecho por otros grupos. Yo creo que hicimos una buena reforma en el estatuto -la Ley
24/2007- y que se ha mejorado dentro del ámbito de la Constitución, por supuesto, la autonomía, las causas de cese, el propio sistema de elección que pasa, con ciertas carencias, sí, por los tres poderes del Estado. Pero precisamente esa
posibilidad y esas garantías tienen que hacer que el fiscal general del Estado sea tal y no un fiscal general del Gobierno, como parece -se lo digo con todo el respeto y afecto que sabe que le tengo-, porque cada vez más se está produciendo un
desliz en la posición de ser una vez más, y créame que me gustaría decir lo contrario, un fiscal general más de este Gobierno que un fiscal general de Estado y de los ciudadanos, aplicando esos principios y valores a los que se comprometió en el mes
de enero y que para nosotros son fundamentales. Esos principios y valores dedicados a la gente, porque vamos a pasar dentro de muy poco a otra situación, señor fiscal general del Estado, y cuando hay que actuar es cuando estamos donde estamos y
hacer cuando podemos hacer; cuando no podamos, el lamento no va a servir absolutamente de nada, y le diré por qué en algunos casos.


El nuevo Libro Blanco, al que se ha referido, creo haber entendido que lo van a presentar en todo caso antes del mes de junio de 2013; esperamos a ello. No ha hecho mención a la más importante reforma, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
y si quiere podría hacer alguna mención para saber la participación de la Fiscalía General del Estado en los trabajos y las aportaciones que ha hecho, porque es evidente que es una reforma absolutamente necesaria y urgente. No ha hecho mención,
solo por encima, y yo le pregunto si se está encontrando cómodo y si apoyará y mantendrá el nuevo modelo de oficina fiscal sobre el que

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ya se había venido trabajando y realizando importantes propuestas. En relación con los presupuestos, ha tocado un tema importante y me gustaría, si pudiera ser, que se pronunciara sobre la plantilla, sobre el personal. Conoce perfectamente
que se ha hecho un ERE, entre comillas -entre comillas desde el punto de vista jurídico-, con los jueces sustitutos y los magistrados suplentes que nos parece un manifiesto y grave error, porque una cosa es -y lo defendemos nosotros siempre- que
defendamos la profesionalización en la Administración de Justicia y cosa diferente es que, sin incrementar el número de jueces, eliminemos mil sustitutos y magistrados suplentes, con lo cual el colapso está garantizando, con un criterio meramente
economicista y de trampa en el origen de la propuesta, diciendo que es para profesionalizar la justicia. Le pregunto, porque alguna noticia tenemos y nos gustaría saber su posición, si también se está barajando por el Gobierno aplicar otro ERE en
el ámbito de la fiscalía, porque nos parecería especialmente grave, y si fuera así, cuál es su posición y qué es lo que van a hacer.


Señor fiscal general del Estado, hay en marcha y nos parecen de especial relevancia algunas reformas o contrarreformas -como se les quiera llamar- importantes en nuestro país. Junto al adelgazamiento, a la asfixia económica, a la
paralización del servicio público de la justicia y de todo su desarrollo, se produce en paralelo una serie de reformas -unas ya iniciadas y otras en marcha- o de contrarreformas con populismo punitivo, con recorte de derechos y libertades, para
ocultar ese problema de fondo que es al que tenemos que dar respuesta entre todos, y nos preocupa en algún caso la actuación de la fiscalía, señor fiscal general del Estado.


Una de las reformas sobre las que ha emitido informe el pasado 3 de agosto el Consejo Fiscal es la reforma del Código Penal, no esta que va a venir pronto y sobre la que van a emitir informe el día 11, no, una previa, que constituye a
nuestro juicio un auténtico atropello y le voy a decir por qué. En una llamada ley de transparencia y de lucha contra el fraude, cuando el Consejo General del Poder Judicial realiza un informe demoledor, resulta que el Consejo Fiscal es
absolutamente acrítico, cuando no complaciente, con algo que puede ser incluso inconstitucional. Es que una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos, y si eso es así no vamos bien. ¿Qué hace esa reforma? Se lo voy a decir, señor fiscal
general del Estado, hacer que exista una auténtica impunidad con los delincuentes de cuello blanco, con los grandes defraudadores, muy lejos de decir tolerancia cero contra la corrupción, en lo que tendrá siempre nuestro apoyo. Tenemos que
felicitarnos por el trabajo, que lógicamente no es del último año sino que viene de bastante tiempo atrás, que está dando resultados lamentables por un lado pero positivos por otro en defensa de lo que usted ha dicho que defiende, y que yo le quiero
creer. Pero, ¿qué hace esta reforma, con su complicidad acrítica, señor fiscal general del Estado? Dice: delincuentes fiscales, defraudadores fiscales, solo delito de más de 120.000 euros. Pero añadimos ahora: si devuelven la cantidad, desvalor
de la conducta, no es delito; no excusa absolutoria, desvalor de la conducta, pero ¡ah!, si tienen la mala suerte de ser pillados, si lo devuelven en 60 días, bajamos la pena uno o dos grados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Luchar contra el fraude o
proteger a quién? Pero lo que es todavía peor, señor fiscal general del Estado, artículo 307 ter, se criminaliza sin comentario ni oposición alguna a los pensionistas, a los trabajadores, a los desempleados, no por 120.000 euros, sin cuantía
alguna, por cualquier fraude en una prestación. El que pinta una fachada cobrando el desempleo o el que cobra indebidamente algún mes los 400 euros de prórroga, pena de seis meses a tres años. ¿En qué país estamos, a dónde vamos? ¿Con silencio?
¿Eso es defender los intereses generales de los ciudadanos o es tener una complicidad poco deseable de quien defiende esos principios y valores? Pero es que se produce otro añadido, en este populismo desmedido, sin informe de ningún tipo, con una
enmienda de un grupo parlamentario en trámite de último minuto de Comisión ¡cómo no, si es lo que hay que oír en la calle!, responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¡Cómo no van a estar ahí los partidos políticos y los sindicatos! Me
gustaría conocer su opinión al respecto.


Tenemos otro tema importante sobre el que me gustaría también saber su opinión, señor fiscal general del Estado, que es este conocido popularmente como copago o tasazo judicial que, a nuestro juicio, merma sustancialmente el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva, creando, como alguien ha dicho, una justicia para ricos y otra para pobres. Este es un tema de defensa de los intereses generales, es un tema fundamental para nuestro país, para el funcionamiento del
servicio público de la justicia y la defensa no solo de la legalidad y del interés público, sino de los derechos de los ciudadanos, como dice el artículo 124.2 de la Constitución. Todo el mundo -y digo bien, todo el mundo- está absolutamente en
contra de este atropello. Mi grupo parlamentario ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque, a nuestro juicio, puede vulnerar -voy abreviando, señor presidente- varios preceptos constitucionales, al menos cuatro o
cinco, pero de entrada parece claro el principio de igualdad

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y el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, se produce una tremenda inseguridad jurídica porque, señor fiscal general del Estado, se aprueba la ley, se publica en el BOE el día 21 para que entre en vigor al día siguiente y, mediante
una instrucción del ministerio, se anula la entrada en vigor de la ley. Estamos mejorando la calidad de nuestra democracia de manera sustancial. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. También nos gustaría, señor fiscal general del Estado,
que, de verdad, en lo fundamental fuera beligerante, no contra el Gobierno -para nada-, sino para defender los principios y valores que usted manifestó en enero y hoy también. Cuando habla de luchar contra la corrupción con tolerancia cero tiene,
insisto, nuestro apoyo total y absoluto, pero cuando se está protegiendo la corrupción y a los delincuentes de cuello blanco tenemos que ser coherentes, levantar la voz y oponernos, si es que lo cree, salvo que considere que es acertado y comparta
esas medidas. Estos días ha salido algún escándalo en relación con determinados indultos. Le diré que mi grupo parlamentario, no ahora por la razón de oportunidad, sino el 6 de septiembre, presentó a la Mesa de las Cortes -y se verá en próximas
fechas- una proposición no de ley para instar al Gobierno a modificar la regulación existente y, en todo caso, a no aplicar con carácter general indultos en delitos de corrupción, y ahora añadiremos algún otro tipo de delitos como el que nos
comentaban el otro día de torturas, porque se está produciendo un evidente abuso. No vamos a poner el retrovisor, no voy a decir ahora más o antes, sino que lo que importa es que, ante esa falta de credibilidad, esa desafección que los ciudadanos
tienen -a veces con mucha razón- de la actividad política, de las instituciones, de la justicia, de la fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial, señor fiscal general del Estado, hagamos lo posible, cada uno en el lugar que estamos -y usted
está en un lugar privilegiado para ello- para intentar paliar este daño colectivo tan importante.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Como sabe que suelo hacer caso, interiorizo la indicación del presidente y corto mi intervención agradeciéndole de verdad, señor fiscal general del Estado, su exposición, su trabajo -sobre todo el del
conjunto de la fiscalía-, porque hay que aplaudirle. Defienda también -concluyo de verdad- el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que multiplicamos y que de unos cuantos años para acá está dando sus frutos. Sabe que se están recortando los
medios personales y materiales. Defiéndalo levantando la voz y no permita que ese esfuerzo que empezamos a hacer y que es bueno para el sistema democrático continúe debilitándose con un Gobierno que no cree en esta lucha o al menos así lo ha venido
demostrando antes y ahora.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: En primer lugar y para no ser menos que el resto de portavoces, quiero agradecerle su presencia, señor Torres-Dulce, en su segunda comparecencia ante esta Comisión, si bien es cierto que es la primera vez que acude
a ella para rendir cuentas de la actividad desarrollada por el ministerio fiscal.


Quiero iniciar mi intervención felicitándole en nombre del Grupo Popular por la magnífica labor que usted y su equipo vienen desarrollando desde su nombramiento y muy especialmente por la elaboración de esta memoria. Una memoria prolija,
extensa y bien documentada que deja patente la intensa labor del ministerio fiscal y que don Eduardo, con gran sentido institucional, ha sabido exponernos de manera clara, sintética y precisa. Una exposición de la que, no le quepa la menor duda,
desde el Grupo Popular vamos a tomar buena nota, como también del contenido íntegro de la memoria. Y como la labor parlamentaria en esta comparecencia no es constituirnos en mesa redonda de debate sobre las propuestas legislativas del Gobierno,
pues no es el momento procesal adecuado, como tampoco la de ejercer funciones de control, sino la de solicitud de información, de recabar esos datos que nos permitan hacer más eficaz nuestra labor parlamentaria, no puedo ni pretendo analizar en
profundidad su extenso informe, sino realizar algunas observaciones y valoraciones sobre las que, al menos desde el punto de vista de mi grupo, nos parece oportuno reflexionar.


Comenzaré refiriéndome al análisis cuantitativo de los procedimientos iniciados en el año 2011 que, conforme a los datos obrantes en la memoria y según nos ha explicado, prácticamente no han presentado incremento. En este punto, el número
de diligencias previas y urgentes que se han incoado en el año 2011 -en cifras redondas, 4.400.000- sería muy similar a las del año pasado, como nos ha señalado, y algo inferior a las de los años 2007, 2008 y 2009, lo que acredita una relativa
estabilización en el último lustro.

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Así pues, aunque la incoación de diligencias previas urgentes es un criterio muy discutible al no poner de manifiesto ni mucho menos la cantidad de delitos que se cometen ni el índice de criminalidad, sí nos permite conocer con exactitud el
volumen de asuntos que entran en los juzgados y el volumen global de trabajo. Es decir, el papel que tienen que manejar los órganos judiciales. Este dato nos obliga a realizar una primera reflexión en cuanto a que las cifras reflejan una enorme
carga burocrática difícilmente asumible. Ello resulta hoy por hoy un problema de muchísima importancia, pues precisamente la elevada carga judicial es lo que motiva la lentitud de la tramitación de los procesos y a su vez se convierte en la
principal causa de protesta ciudadana en materia de justicia.


Junto a esta enorme carga global de trabajo, voy a referirme igualmente a los datos que nos ha ofrecido sobre los procedimientos que dan lugar a una acusación del fiscal y a la apertura de un juicio oral, pues esto sí que nos ofrece la
imagen real de la litigiosidad penal. En este caso, como nos ha señalado en su exposición, el número de acusaciones realizadas en 2011 arroja la no despreciable cifra de más de 300.000. Pues bien, no podemos olvidar que estas acusaciones evacuadas
por el ministerio fiscal dan lugar al dictado de un número similar de sentencias que además es necesario que se ejecuten de manera rápida y eficaz. En este punto se provoca un nuevo problema con la ejecución de este cúmulo de resoluciones
judiciales, pues al existir un dictado de sentencias tan cuantioso, la ejecución de las mismas por la oficina judicial resulta francamente compleja porque no podemos negar -y en esto también estamos de acuerdo con usted- que los medios materiales y
personales de los que disponen a día de hoy los juzgados no soportan una carga de tanta envergadura. Por eso es importante, y nos alegramos, que desde el ministerio fiscal se valore positivamente que entre las fórmulas que pueden contribuir a
disminuir, y a hacerlo de forma razonable, el enorme volumen global de asuntos que anualmente se acumulan en nuestros juzgados y tribunales, se deba considerar la desjudiscialización de determinados procedimientos de la mano, por ejemplo, de la
despenalización de determinadas conductas que hoy tienen calificación de faltas, así como el fomento de soluciones extrajudiciales de conflicto a través de la conciliación o mediación de las partes afectadas. Pues bien, sobre estas soluciones
planteadas desde la fiscalía, como bien sabe, está ya trabajando el Ministerio de Justicia, concretamente en la despenalización de las faltas porque el número de juicios de faltas que se hacen a diario en España está en torno a los 2.400. El
problema no es convocar y celebrar 2.400 juicios de faltas diarios a los que deben acudir testigos, peritos y, por supuesto, las personas afectadas y a los que los juzgados de instrucción tienen que destinar buena parte de su tiempo y recursos de su
oficina -que de por sí es escasa y cuenta con unos medios muy limitados-, sino que lógicamente deben dictarse las correspondientes sentencias y luego tienen que ejecutarse, lo que conlleva un trabajo complementario para el personal del juzgado y
también para la propia fiscalía. Con ello, la investigación criminal de los grandes delitos, las investigaciones criminales complejas, no son postergadas pero sí asumidas de una forma muy limitada, por eso valoramos muy positivamente que desde el
ministerio fiscal se respalde esta iniciativa del Ministerio de Justicia que pretende buscar una alternativa, la sanción gubernativa sin control jurisdiccional, para aliviar esta carga a los tribunales. Ello permitirá contar con mucho mayor tiempo,
con espacios suficientes, con funcionarios dedicados a la investigación criminal, a la investigación de los delitos que afectan más directamente a nuestros ciudadanos.


A mí me gustaría tratar este tema con algo que también se ha puesto sobre la mesa tanto por la memoria como en sede parlamentaria por el ministro de Justicia, en cuanto parten de una reflexión común: la necesidad de ahondar en la mediación
en el ámbito penal. Hay que tener en cuenta que los términos mediación y jurisdicción penal históricamente se han considerado incompatibles al entenderse que no es posible colocar en una situación de igualdad a las partes enfrentadas. Así ocurre
expresamente con la violencia de género, donde la ley orgánica prohíbe cualquier forma de mediación. No obstante, la mediación es un elemento propio del derecho penal que ha evolucionado y por ello hoy día procede hacer esta reflexión y profundizar
en esta fórmula alternativa de resolución de conflictos también en este ámbito. Me gustaría, si lo estima procedente, alguna valoración a este respecto. En todo caso, creemos que estas medidas son fundamentales para aliviar la carga de trabajo del
personal. En este punto quiero hacer especial referencia tanto al personal de los juzgados como de las distintas sedes de la fiscalía general y de las distintas fiscalías provinciales, para reconocer aquí la encomiable labor que están realizando,
especialmente en estos momentos de dificultad. También vamos a coincidir en que es necesario agilizar y racionalizar los asuntos pendientes por la necesidad de prestar al ciudadano una justicia más ágil, por ello recogemos y hacemos nuestra la
propuesta que ha reiterado en diferentes ocasiones y que pone de manifiesto la necesidad de actualizar los sistemas informáticos que, como nos ha explicado, en la

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actualidad cuentan con diez aplicaciones informáticas diferentes en nuestro país y que en gran medida son incompatibles para poder coordinar ámbitos tan importantes como el de las propias ejecuciones de sentencias, así como agilizar y hacer
más eficaz el servicio de la Administración de Justicia a través de una transformación tecnológica en la que ya se viene trabajando pero en la que todavía tenemos un gran camino por recorrer. Mantenemos el compromiso de nuestro grupo de trabajar
por mejorar esa organización y optimización de los recursos materiales y humanos que ahora mismo existen en los juzgados y en las fiscalías como un método real para agilizar nuestra Administración de Justicia y seguir consolidando al ministerio
público como una parte fundamental de nuestro sistema judicial. A este respecto, las medidas que nos ha explicado en torno a la reforma y modernización de la oficina fiscal nos parecen de todo punto necesarias y muy bien encaminadas.


Son muchas -lo he dicho al inicio de mi intervención- las cuestiones interesantes que se han recogido en la memoria, pero el tiempo es limitado y seguro que tendremos nuevos puntos de encuentro donde seguir analizándolas. No obstante, para
terminar, me gustaría referirme a uno de los aspectos en los que también ha incidido el señor Torres-Dulce, concretamente a los fiscales adscritos a los servicios especializados del ministerio público, que como sabemos vienen haciendo una labor
verdaderamente encomiable gracias precisamente a este proceso de especialización funcional, lo que ha permitido afrontar de manera más eficaz la lucha contra la criminalidad. Y es que los fenómenos delictivos sobre los que inciden los fiscales
especializados en materias como la delincuencia urbanística, la delincuencia ambiental, la siniestralidad laboral, menores, o la violencia de género, vienen teniendo, gracias a esa especialización, un mejor tratamiento, desapareciendo algunas dosis
de impunidad que se produjeron en su momento. Por ello, la especialización es un instrumento consolidado que en el futuro se tendrá que incrementar -así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular-, siendo necesario profundizar en la
unificación de criterios por parte del ministerio público, especialmente cuando se trata de materias tan extraordinariamente sensibles como la violencia de género, además de reforzar la coordinación y cooperación entre instituciones.


Quiero también felicitar al ministerio fiscal por el trabajo que vienen realizando las fiscalías, trabajando desde la responsabilidad con la más absoluta discreción y eficacia a fin de evitar los indeseables espectáculos mediáticos. Esto
nos llevaría a toda una reflexión jurídica sobre la difusión de las investigaciones, pero también a una reflexión ética sobre el problema de la publicidad del sumario, que para contar con un marco procesal adecuado debería tener reflejo en la
anunciada nueva ley procesal que esperemos supere pronto la ley de don Manuel Alonso Martínez que, como saben, fue elaborada en 1881.


Termino agradeciendo de nuevo la intervención del señor Torres-Dulce y reconociendo su labor -como decía al principio-, caracterizada desde el primer momento por una absoluta defensa de la autonomía del ministerio fiscal. Así se lo
reconocemos y agradecemos. Vuelvo a reiterarle el compromiso del Grupo Popular para que a pesar de la lógica exigencia de austeridad que las circunstancias nos imponen, podamos dotar a la institución de los instrumentos, de los medios, de las
garantías y del marco organizativo y funcional necesario para el cumplimiento de su función y así conseguir el servicio más eficaz de la justicia del ciudadano en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, la protección de los más
débiles y en particular a las víctimas del delito. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Llegado este punto, le corresponde tomar nuevamente la palabra al señor fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Gracias, señor presidente.


Les agradezco a todos los portavoces de los grupos parlamentarios las observaciones, las críticas y la presentación de propuestas que han hecho en sus intervenciones, que he encontrado extremadamente interesantes y de utilidad. Mis
disculpas porque han sido tantos los temas, que voy a intentar contestar lo más pormenorizadamente posible, pero si en algún caso se me olvida o no doy respuesta a algo, no es en modo alguno por no querer hacerlo sino porque el catálogo de
observaciones, de reflexiones de la exposición más allá de mi análisis así lo hace.


Empiezo por el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría, le agradezco las observaciones que ha hecho respecto de la participación de las fiscalías especiales, especialmente la referencia a mi querida compañera Elena Prieto -me temo que la
ha situado en varias fiscalías; tiene mucha capacidad pero para estar en tantas fiscalías a la vez... No ha llegado a estarlo-; es cierto que su presencia ahora mismo en la unidad de apoyo resulta extraordinariamente valiosa, como sucede con el
trabajo del señor Bueren, de don Francisco Moreno y doña Esmeralda Rasillo, que conforman una unidad de apoyo que desde ahora mismo siento que resulta especialmente insuficiente y que en su momento debería ampliarse a

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otros campos no estrictamente jurídicos para dar respuesta desde la Fiscalía General del Estado a algunas de las observaciones de satisfacción de intereses generales y sociales que se me han hecho esta mañana.


En cuanto a la violencia de género, comparto las referencias que ha hecho el señor Olabarría de forma completa y total, incluso esa extensión a la que hace referencia la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional. Es algo que está siendo
objeto de debate continuo en el consejo fiscal. Como sabe el señor Olabarría, se presenta un informe semestral por parte de la fiscalía de violencia de género que está siendo continuamente sometido a debate, a proposiciones, a mejoras. Lo pongo a
disposición del señor Olabarría y del resto de los grupos parlamentarios para que comprueben el incesante trabajo que hace esta fiscalía en la prevención y represión de estas conductas tan absolutamente condenables. Es cierto que no logramos una
reducción de los delitos, sino muy al contrario, e incluso de las muertes violentas. Intervienen una serie de factores realmente muy dispersos y conviene decir -han hecho alguna observación tanto el señor Llamazares como el señor Villarrubia, que
comparto- que en muchos casos el reproche penal no es la única solución a los problemas, aunque lo merezcan las conductas correspondientes. Hay que seguir trabajando en políticas de prevención, en políticas de asistencia, en políticas que en
definitiva -sin olvidar el enorme avance por parte de la actuación de la fiscalía y de los juzgados- se han producido en esta materia. Solo tengo buenas palabras para la fiscalía especial, creo que está haciendo un buen trabajo, pero ese trabajo
implica una autorreflexión acerca de si la actuación de la fiscalía aún puede mejorar más en cuanto al trabajo que nos corresponde, que no es solamente el reproche penal de las conductas, sino que intervenimos en observatorios contra la violencia en
diversos foros para intentar hacer llegar prevención e incluso en su caso reformas que no son solamente exclusivamente de tipo penal, sino que serían también de tipo procesal. Hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está resultando
objeto de polémica -no se sabe si es positivo o negativo-, pero me temo que los tipos penales están ya absolutamente aquilatados. No creo que se puedan aquilatar más unos tipos penales que incluso nos plantean problemas de concursos con las
lesiones, precisamente por el esfuerzo titánico de intentar reflejar en los tipos penales la realidad criminológica subyacente de esta situación. En cuanto a las referencias que hace a seguridad viaria, estamos absolutamente de acuerdo. No se va a
limitar en modo alguno esta especialidad, que tiene una presencia realmente activa, en este caso con éxitos ciertamente notables. Tengo que decir que los casos de seguridad vial son los que alcanzan casi hasta un 80% de conformidades en los
procesos urgentes a los que he hecho referencia y agradezco la felicitación para el señor Vargas, que yo hago también a este respecto.


En relación con la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, he dicho en mi exposición -y me anticipo a algunas preguntas que se me han planteado por el señor Llamazares y el señor Villarrubia- que considero imprescindible un
incremento en la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción, no solamente porque la memoria del 2011 evidencia un incremento de estos fenómenos de corrupción -y no solo administrativa, también política, social y financiera-, sino porque necesitamos dar
una respuesta. Que conste que la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado tiene una plantilla, desde mi punto de vista, insuficiente. La hemos reforzado con una adscripción temporal, con un destacamento temporal de una compañera que
viene de Navarra; hemos pedido el incremento de dos delegados en Madrid -de momento hemos conseguido uno y estamos esperando al otro- y no descarto en futuras ampliaciones de plantilla reforzar esta que, a su vez, tiene una estructura territorial
de delegados en las diferentes fiscalías reforzadas además con secciones de delitos económicos en otras fiscalías. Insisto en que en este momento la presencia de sociología criminal de estos fenómenos, entre otras razones por la crisis pero también
por una mayor actividad de fiscales y de juzgados, exige, para mantener e incrementar la eficacia, un incremento de plantilla; incremento que, además, debo solicitar también -y así se lo he hecho llegar al Gobierno- respecto de las unidades
auxiliares de esta fiscalía, básicamente de unidades policiales con mayor adscripción, aunque la mayor parte del peso lo pueda llevar la UDEV o la Udyco en determinadas circunstancias -unidades policiales y de la Guardia Civil-, pero también, y
básicamente, de agentes tributarios. He de decir a este respecto que efectivamente tenemos una colaboración muy activa en estos momentos por parte del Banco de España con la formación de equipos conjuntos respecto a actividades abiertas -contestaré
con esto a otra pregunta que se me ha hecho anteriormente- e igualmente vamos a abrir, aunque no tienen tanta plantilla para hacerlos, equipos conjuntos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores a cuya presidenta he solicitado también la
realización de los mismos.


Hay algo en relación con lo que ha dicho el señor Olabarría que quiero poner de manifiesto, y es la presencia permanente en la cooperación penal internacional contra el fraude, la lucha contra el fraude y

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la criminalidad organizada que tiene el ministerio fiscal. Actualmente España y la Fiscalía general está liderando la creación de una fiscalía europea para los denominados crímenes PIF, es decir, los fraudes a subvenciones comunitarias como
embrión de una fiscalía europea. Esto correspondió a la Presidencia española de la pasada legislatura y a los esfuerzos del anterior fiscal general del Estado, que asumo como completamente necesarios. La presencia de fiscales -tres miembros
nacionales y dos adjuntos- en Eurojust es constante, ha permitido el juicio del Prestige y va a permitir igualmente la transferencia de información a Francia para las denominadas prótesis mamarias, entre otros ejemplos. Creo que Eurojust es un buen
ejemplo de la colaboración europea y de la implicación de la fiscalía en estos trámites de la corrupción. Tenemos igualmente una presencia activa de fiscales en la OLAF, la Oficina Antifraude, y quiero anunciar que el próximo lunes viene a Madrid
Giovanni Kessler, a iniciativa de la Fiscalía General del Estado, para solicitar del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Exteriores un incremento de la colaboración en este terreno de la OLAF y el apoyo para la
fiscalía europea; también ha venido para hablar con el fiscal general del Estado, con la Fiscalía general, Robert Badinter, como enviado directo del presidente de la república para estos crímenes de subvenciones europeas que tienen que ver con un
carácter cada vez más transnacional y de imbricación en las sociedades correspondientes. En cuanto a la reflexión sobre los tipos penales, he de decir que estamos en ello concretamente, y en la reforma del Código Penal en curso hacemos
observaciones al respecto.


Respecto del tema de menores, he de decirles que nos preocupa extraordinariamente la difusión de conductas contra menores en Internet, de tal forma que he decidido la refundición en la Fiscalía informática de todas aquellas actividades que
tienen que ver con menores, igualmente de los discursos de odio. He propuesto la creación de secciones especializadas en aquellas ciudades en las que los discursos de odio están presentes; tengo que decir que hay un fiscal en Barcelona, Miguel
Ángel Aguilar, que representa una lucha constante para ello; existe también aquí, en Madrid, y he incardinado en esta Fiscalía informática, por la especial difusión que tienen estos discursos de odio, las funciones que anteriormente se
residenciaban más difusamente en la Fiscalía del Tribunal Supremo. En cuanto a la presencia de las pandillas juveniles, las reflexiones que ha hecho el señor Olabarría las comparto íntegramente; trasladaré a la Fiscalía del Menor y a la de
Extranjería estas reflexiones. La idea que manifiesta la memoria del año 2011 es que existe un control debido de esas actividades, aunque continuamente aparece en la prensa este tipo de actividades sobre las que no quiero cargar en modo alguno
alguna reflexión de tipo xenófobo, que sería absolutamente injusta. Trasladaré de igual forma al Ministerio del Interior la atención policial de control de todo ello.


En cuanto a la reforma procesal penal concretamente -a la que me referiré más adelante con especial significación- y la dependencia del Parlamento respecto al nombramiento del fiscal general y a cualquier modificación constitucional que se
hiciera a este respecto que asegurara el ámbito de la credibilidad, aparte de actuaciones personales del fiscal general del Estado, no lo veo sino absolutamente positivo. Le agradezco, como siempre, al señor Olabarría las observaciones que ha hecho
e insisto fundamentalmente en que pongo a disposición no solamente del señor Olabarría sino del resto de los portavoces de los grupos parlamentarios los informes semestrales de violencia de género que se someten al Consejo Fiscal para debate y
juicio crítico.


En relación con las observaciones de la señora Barkos, representante del Grupo Mixto, comparto, como ya he dicho, la lejanía de los datos. He ofrecido, siempre que ello sea posible legal y reglamentariamente -si no, sugeriría modestamente
una modificación-, la posibilidad de que el fiscal general del Estado comparezca en el primer periodo de sesiones del año para ofrecer los datos de los que disponemos al menos en fiscalía, dejando, si no se reformara la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la intervención al inicio del curso de septiembre. Me parece lógico que los señores parlamentarios y la Comisión de Justicia hagan un juicio crítico, valorativo, ponderativo, de la exposición de la posición de la Fiscalía General del
Estado respecto del año, no ya en el mes de diciembre, en el que estamos, sino con proximidad. Siempre, si se me permite, con la reflexión acerca de los datos estadísticos que pudiéramos tener, pero creo que en torno al mes de abril podríamos tener
ya unos datos recogidos, eso sí, en la fiscalía exclusivamente para ofrecer una primera valoración crítica. Por lo tanto, si hay que hacer algún tipo de cambio reglamentario, el fiscal general del Estado se muestra absolutamente partidario de ello,
y así se lo he transmitido ya al ministro de Justicia, para que en la posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluso se cambie esa posición un tanto anacrónica -por emplear la expresión del señor Llamazares- en la concepción del
inicio del curso judicial y la evolución de la criminalidad.

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En cuanto a las reflexiones de la señora Barkos respecto de la Fiscalía Anticorrupción, las comparto totalmente. La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertos una serie de procesos referentes a actividades financieras presuntamente delictivas
de bancos y cajas de ahorros que no afectan exclusivamente a indemnizaciones sino a actividades propias de fusiones, de salidas a Bolsa, etcétera. No voy a enumerar las cajas que están, lo he dicho en alguna ocasión; he solicitado al señor Salinas
-aquí presente- la máxima prioridad en la tramitación de estos asuntos porque creo que debemos transmitir a la ciudadanía el compromiso de la justicia y de la Fiscalía General del Estado, en este caso, para dar respuesta eficaz y eficiente
investigando que aquello que sea delito sea perseguido y lo que no sea delito, tenga o no entidad ilícita financiera, quede fuera, y debemos hacerlo cuanto antes.


El criterio que le he expresado igualmente al señor Salinas es que deseo la mayor concentración de objetivos en estas investigaciones, es decir, no perdernos en enormes inquisiciones generales, sino concentrarnos en lo que, si se me permite
decir la expresión de un fiscal federal que nos visitó en la fiscalía en los años noventa, establecía el método Capone. Si se me permite explicarlo brevísimamente, las actividades de Capone eran totales y completas en la actividad, durmiendo
incluso estaba cometiendo hechos delictivos, según nos dijo este fiscal federal. Era mucho más efectivo socialmente concentrarse en una condena de efectividad penal, en este caso de cadena perpetua, que intentar un desbroce completo de la
actividad, sin olvidar que lo que sea delictivo debe ser perseguido delictivamente. Por ello, y muy especialmente en el caso Bankia, hemos acotado todo lo que hemos podido respecto de esa situación y esperamos que se produzca esta rapidez en la
tramitación, dentro de la enorme complejidad que existe en estos procesos; procesos en los que, para empezar, hay multiplicidad de imputados, multiplicidad de partes personadas que tienen un comportamiento procesal absolutamente legítimo, pero
además favorecido por una estructura procesal realmente dilatada. Al menos, si tenemos la precisión por parte de la fiscalía de fijar públicamente cuáles son los objetivos procesales en esos procesos, fijar las imputaciones, pedir medidas de
naturaleza cautelar e intentar acelerar los procesos, estaríamos muy particularmente en algún caso de indemnizaciones indebidas de percepción en un plazo razonable en términos de vista oral. Esas son al menos las previsiones que tenemos dentro de
la Fiscalía General del Estado y muy especialmente de la Fiscalía Anticorrupción, a la que agradezco este trabajo. Como ustedes se pueden imaginar, en este plano financiero es esencial la colaboración del Banco de España y de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Hemos logrado formar equipos conjuntos que para nosotros es absolutamente esencial porque se nos da una información sin la cual no podríamos operar y tendríamos que recurrir evidentemente a dictámenes periciales, etcétera.
Esa colaboración se está produciendo de forma absolutamente eficaz y leal tanto por parte del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y creo que podremos ofrecer resultados ciertamente notables.


En cuanto a las preferentes, hemos celebrado una Junta de fiscales superiores, donde hemos marcado las líneas del ministerio fiscal. Hay unas líneas en las que el ministerio fiscal legislativamente se encuentra muy reducido, que son los
aspectos civiles, donde solo vamos a unas acciones de anulación. La mayor parte de las acciones de anulación ya están hechas; en la medida en que se nos permita colaborar como coadyuvantes procesales en acciones de rescisión o cualquier otra, allí
estaremos porque hay que dar. De alguna forma la presencia activa del ministerio fiscal, más otra serie de circunstancias, ha activado algún criterio paliativo, un criterio que de todas formas es injusto. Hemos estudiado la posibilidad de plantear
desde el punto de vista penal estas situaciones de las acciones preferentes. Vamos a ir a situaciones muy individualizadas donde el engaño bastante, la condición del sujeto pasivo pudiéramos tenerla, y hay algún caso, y no puedo citarlo por razones
de reserva y de concreción, de entidad bancaria en el que estamos estudiando si la emisión de las acciones preferentes se hizo en un contexto en el que, vamos a decirlo de alguna forma, el engaño bastante en términos de estafa se hubiera podido
producir. La Fiscalía Anticorrupción está estudiando el caso de esa entidad financiera concreta y determinada. Me ha puesto el ejemplo de Caja Navarra y no sé si tenemos abierto algo respecto de Caja Navarra, no creo en este momento. Tomo nota
por si hubiera que abrir unas diligencias de investigación. La señora Barkos me lo ha situado como un ejemplo dentro del panorama financiero que creo que nos preocupa a todos y que preocupa al fiscal general del Estado, y estoy intentando darle la
mayor precisión posible en este aspecto, insisto, porque creo que una respuesta pública, eficaz y cercana de la situación transmitiría a la ciudadanía que no hay, como el señor Llamazares ha dicho y a mi me preocupa extraordinariamente, una justicia
de doble velocidad y de doble consideración social. Insisto, son procesos complejos, pero el papel del ministerio fiscal es intentar que la complejidad se reduzca lo máximo posible dentro de esas estructuras procesales que tenemos.

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En cuanto a la intervención de la señora Díez, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, la primera reflexión la hace acerca de si la elección del fiscal general del Estado garantiza la independencia del mismo.
Señora Díez, vuelvo a insistir en lo que he dicho anteriormente: cualquier mejora del sistema sería bienvenida por parte de todos los grupos parlamentarios, de este fiscal general del Estado y de la ciudadanía, puesto que la transmisión de la
distinta consideración de imparcialidad e independencia de la figura del fiscal general del Estado y de la Fiscalía General del Estado es siempre bienvenida. Estoy absolutamente abierto, sin ningún tipo de reservas, a cualquier tipo de modificación
legislativa que permitiera visibilizar, aparte de los comportamientos que podamos tener cada uno -y alguno de ellos se me ha reprochado durante esta mañana, y lo acepto- de los fiscales generales del Estado.


En segundo lugar, me ha hablado de la situación de la Fiscalía de Andalucía, a modo de ejemplo, y de los recursos correspondientes en cuanto a las plantillas auxiliares. En mi presentación ya he dicho con absoluta claridad cuál es la
situación de las ratios que tenemos. Tenemos una dedicación enorme respecto a las plantillas de jueces y de personal auxiliar y apenas un 5% de la plantilla del ministerio fiscal. Ya he solicitado del Gobierno un cambio radical, solicito
igualmente la presencia de los grupos parlamentarios en los debates presupuestarios no solamente en el Estado central, sino también en las comunidades autónomas, porque esa situación debe ser reversible. Hay algunos casos, como el de la Fiscalía de
Málaga, en que la situación es absolutamente límite. Que estemos muy por debajo de la ratio de un funcionario por un fiscal es importante y además hay que cambiar radicalmente las percepciones del personal auxiliar. Necesitamos más expertos en
estadística, en informática, más documentalistas que mecanógrafos, que la informatización del ministerio fiscal va sustituyendo. Es absolutamente necesaria una reflexión sobre las plantillas, incluso -y así lo he expresado públicamente- en términos
de carestía económica.


Paso al capítulo de antiterrorismo. La memoria es del año 2011, pero la hago mía, y se me reprocha la inactividad del fiscal general del Estado y del Gobierno en este punto. Señora Díez, como no podía ser menos, le acepto el reproche que
se me hace. Le puedo asegurar que no es ese mi propósito, sino el contrario. Nos movemos en un terreno que viene marcado por las sentencias de legalización de Sortu y Bildu, donde el ministerio fiscal fue beligerante con su legalización, tanto
ante el Tribunal Supremo como ante el Tribunal Constitucional. Como no puede ser de otra manera, respetamos, aunque podamos no compartirlas, las dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Ha citado el famoso considerando 15 que, es
verdad, está presente y nos marca, si se me permite otra expresión, una hoja de ruta para comportamientos en el futuro, pero conviene no olvidar que ese considerando 15 no es cláusula de salvaguardia de la sentencia, sino que hay que situarlo en el
marco más general que fijan las dos sentencias, que son ya muy restrictivas. Nuestra posición al respecto es que continuamente estamos recibiendo informaciones de la Policía y de la Guardia Civil que están actuando por cada uno de los posibles
indicios en esa hoja de ruta. ¿Y por qué no hemos actuado hasta ahora? Desde nuestro punto de vista y fundamentalmente, porque con la actual composición de esos grupos y las sentencias de Bildu y Sortu, tanto la Abogacía del Estado como nosotros
consideramos que no es posible. En primer lugar, porque las actuaciones que se citan en el servicio de información de la Guardia Civil en relación con intervenciones de significados miembros de la izquierda abertzale en actos públicos, así como
otras que han sido puestas por algunos colectivos respecto de la realización de actividades contrarias a los principios democráticos, tienen casi imposible encaje en las tipologías de conducta que describen los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de
Partidos Políticos. Segundo, tales conductas serían en todo caso atribuibles de modo genérico a las coaliciones electorales que se han descrito, pero no a las formaciones políticas que las integran, sin que la interpelación, en su caso, de las
acusaciones anteriores haya sido dirigida contra alguno o todos los partidos políticos que las conforman. Tercero, habrían podido ser realizadas a título individual por cargos electos que figuraron en las listas de aquellas, pero que figuran como
candidatos independientes ciertamente pertenecientes al entorno de la denominada izquierda abertzale y que en dicha calidad de candidatos independientes se han integrado en sus listas, pero que no proceden de ninguno de los partidos políticos que la
conforman, por lo que la actuación de aquellos no puede reputarse más que como a título individual, lo que podría justificar, en su caso, y de cumplirse la exigencia de los correspondientes tipos -que entendemos que no concurren-, la integración de
dichas conductas en los tipos penales de terrorismo perseguible por una vía procesal y ante una jurisdicción distinta. Le estoy leyendo el informe que me somete periódicamente la Fiscalía de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. No
es que no queramos actuar o que estemos inactivos, es que con el marco legal, las

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informaciones de que disponemos y las características de las coaliciones no podemos actuar, lo cual no significa que si en el futuro se cumpliesen esas condiciones, no lo haríamos así. Estamos en actitud de vigilancia permanente y
actuaremos cuando ello suceda.


Finalmente, menciona la petición, que me ha hecho llegar la casa de su majestad el rey, de una asociación de víctimas del terrorismo, Covite, y que me había hecho llegar ya anteriormente la señora Ordóñez, que creo que es la que preside o la
portavoz de esta asociación de víctimas. Desde que llegué a la Fiscalía general se me informó por parte del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aquí presente, del trabajo de investigación que se estaba realizando acerca de 360 causas no voy a
decir olvidadas, pero que no tenían una presencia física en la actividad. Ese informe está ya terminado, ha sido remitido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, se va a hacer una reunión con todas las asociaciones de víctimas y nos
falta exclusivamente la parte final, que es establecer si en algún caso no ha sido indemnizada alguna víctima que debería haberlo sido. Están identificados todos aquellos procesos que hemos podido identificar, teniendo en cuenta la enorme
dificultad que supone la anterioridad a la constitución de la Audiencia Nacional con la dispersión de juzgados en los que se llevaron estas actuaciones, incluso de jurisdicción militar. El listado está completo y estoy dispuesto a enviárselo cuando
quieran los señores parlamentarios, particularmente a la señora Díez que me interroga al respecto. Por tanto, no es necesario que se dirijan a mí la casa del rey ni Covite, aunque lo encuentro perfectamente lógico, lo acepto y lo agradezco. Ha
sido una actividad permanente desde el mes de febrero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Está completo en la medida de lo posible y damos respuesta pormenorizada a cada uno de los casos que se nos han planteado. Si aparecieran otros casos
una vez que presentemos el informe al Gobierno y a las víctimas -e insisto en que lo pongo a disposición de los grupos parlamentarios aquí presentes-, naturalmente estaremos absolutamente a su disposición para cualquier colaboración que signifique
mejorar dicho informe. En todo caso, le agradezco a la señora Díez las observaciones que me ha hecho y tomo nota de algunas de ellas.


En cuanto a la intervención del portavoz de La Izquierda Plural, el señor Llamazares, comparto la calificación de anacrónica a la concepción de la memoria -no solo temporalmente, sino también en cuanto al contenido- y voy a intentar en la
medida de lo posible cambiar algunos contenidos para hacerla más cercana a las necesidades de los ciudadanos. Quizá me he expresado mal y le pido disculpas al señor Llamazares, pero no puedo compartir la observación acerca de la nostalgia de la
homogeneidad. No tengo ninguna nostalgia. Soy un defensor acérrimo del Estado de las autonomías con sus luces y sus sombras, porque creo que tiene muchísimas más luces que sombras. De igual forma, creo que las transferencias de competencias a las
comunidades autónomas ha permitido una implicación de las mismas en las tareas de la Administración de Justicia con mucha generosidad y en muchos casos con carácter absolutamente presupuestario. Pero esto no puede ni debe impedir que la
distribución competencial que se hizo en el pasado no merezca reflexiones acerca de la deriva que ha podido tener en algún momento por falta de coordinación, que es a lo que realmente me estoy refiriendo. Cuando empleo el término complejidad es
porque acepto la pluralidad, pero reconozcamos todos que en este momento se complica todo extraordinariamente para una institución como la del ministerio fiscal que, por supuesto, tiene que actuar con dependencia jerárquica, pero con unidad de
actuación y que tiene que enfrentarse con el mapa que han visto sus señorías de diez sistemas informáticos distintos, algunos tabicados en su momento para no poder acceder a ellos. Si le digo que ahora mismo tenemos controlados todos los presos
provisionales, todos los sujetos en prisión provisional, pero que me gustaría como Hacienda tocar una tecla y poderlo saber en este momento y no lo puedo hacer, es porque comprenderá su señoría que lo único que quiero es mejorar el sistema y que las
observaciones que he hecho han sido para, desde la pluralidad y la complejidad del sistema, hacerlo más eficaz y que las funciones y misiones del ministerio fiscal se puedan llevar a cabo a este respecto concretamente. No vea en absoluto ninguna
crítica por mi parte -se lo aseguro totalmente, señor Llamazares- al sistema de distribución competencial; no las hago, soy un firme defensor de ese criterio. Lo único que deseo, y en eso estamos en las Comisiones mixtas, es la función. El
ministerio fiscal está permanentemente en contacto con todas las comunidades autónomas y en todas ellas solamente encontramos colaboración para implantar la Oficina del fiscal, para implantar aplicaciones informáticas de sentido común y, por tanto,
en modo alguno puedo decirle nada a este respecto. Tomo nota de las observaciones sobre la crisis de la legitimidad social de la democracia y de la justicia hechas por parte del señor Llamazares. Evidentemente, puedo compartirlas en algunos
extremos y disentir en otros, pero es una reflexión de carácter personal que respeto absolutamente, sin ningún género de dudas.

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En cuanto a las observaciones referentes a la corrupción, ya he contestado en buena medida, pero si quiere alguna especificación más, estoy dispuesto a dársela, señor Llamazares; el compromiso de la Fiscalía general y de este fiscal general
es absoluto. Y en cuanto a la siniestralidad laboral, le puedo asegurar que la Fiscalía especial está absolutamente vigilante y hemos crecido extraordinariamente en el número de acusaciones que estamos formulando en siniestralidad laboral, porque
es un terreno en el que el ministerio fiscal tiene que estar muy presente para dar las respuestas correspondientes; sin ningún género de dudas, estamos ahí presentes, al igual que ocurre con los menores. En relación con los discapacitados, existe
una preocupación especial del ministerio fiscal. Dentro de la Fiscalía Civil del Tribunal Supremo tenemos una sección de discapacitados y esta funciona en todas las fiscalías. Tengo que decir con orgullo que el Cermi, que el otro día se
manifestaba por las calles de Madrid, ha premiado la labor de la fiscalía. Creo que en ese terreno es ejemplar don Carlos Ganzenmüller en la Fiscalía del Tribunal Supremo, doña Nuria López Mora en Madrid y cantidad de fiscales que están muy
implicados, muy concernidos con este grupo de personas muy marginadas por las leyes y por la sociedad, a las que hay que dar respuesta y con cuyos recortes en absoluto puedo decir que estoy de acuerdo, en modo alguno.


Respecto a la deriva policial y la represión de los conflictos sociales, ya he dicho que no soy nada partidario de una represión penal. No es que no sea partidario, es que yo soy de los que creen que el Código Penal es la última ratio, que
debe regir el principio de intervención mínima y que tenemos un Código Penal excesivamente regulatorio en muchos aspectos. Ha expresado críticas respecto a mis cautelas del derecho de reunión y manifestación. No recuerdo cómo me he expresado
concretamente, pero mi posición es clara al respecto. El otro día tuve que intervenir en un curso de especialistas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y dije que para mí, tras veinte años de experiencia en la Fiscalía del Tribunal
Constitucional, la preferencia de los derechos fundamentales es absoluta; lo dije y lo he vuelto a decir. Por lo tanto, la vigilancia o el compromiso para que se respeten los derechos de reunión y manifestación es completo y total, pero debo decir
que en aquellos supuestos en los que los derechos de reunión y manifestación desborden los límites absolutamente amplios que les concede la Constitución, el ministerio fiscal debe estar lógicamente a la exigencia de la legalidad correspondiente.


En cuanto a la complejidad, le he contestado con anterioridad y debo decir que agradezco las palabras con respecto al populismo penal que ha hecho el señor Llamazares. En cuanto al caso del 11-M, creo que ha habido -con todo mi respeto a
las opiniones- una cierta confusión de situación. Me limité simplemente a dar el visto bueno a la Fiscalía de Madrid, a la que habían presentado una denuncia para investigar unos restos del 11-M, pero en cuanto se aclaró la situación, esta se
archivó. Para mí el caso del 11-M está cerrado, absolutamente cerrado, es una cosa juzgada y en modo alguno he pretendido abrir el caso correspondiente.


Tomo nota de lo de las tertulias. Se ha intentado que participara todo tipo de personas. Asistí a la del señor Pizarro, que fue absolutamente crítico -si se puede decir- con la política económica del Gobierno. Tomo nota, para que en modo
alguno se vaya a especular con esa información, porque no es mi propósito sino todo lo contrario, y si de alguna forma se ha cometido un error de pluralidad en ese aspecto así lo transmitiré al CEJ y así lo transmitiré a mis unidades
correspondientes.


Respecto de las elecciones catalanas, con todo el respeto que tengo a la opinión del señor Llamazares -y contestaré inmediatamente a la señora Pigem-, yo precisamente he querido ser absolutamente neutral en las elecciones catalanas.
Simplemente tuve que hacer una aclaración pública, que ahora mencionaré a la señora Pigem, precisamente sobre una actividad que desde mi punto de vista podía comprometer la neutralidad, independencia e imparcialidad de la fiscalía. No he
intervenido en nada del proceso electoral catalán, como en ningún otro tipo de proceso, que está fuera de las competencias de la Fiscalía General del Estado; en modo alguno. Le agradezco todas sus observaciones. Sabe el señor Llamazares, como el
resto, que estoy a su disposición. De sus reflexiones acerca de mi compromiso con el Gobierno -igual que ha hecho el señor Villarrubia- tomo nota, por si en algún caso no he podido transmitir esa imagen de independencia que pretendo, pero mi
compromiso es absoluto con respecto no al distanciamiento del Gobierno sino simplemente a la reserva de mi criterio de autonomía.


A la portavoz de Convergència i Unió, la señora Pigem, le agradezco la felicitación por lo de la memoria. Paso directamente a las observaciones que ha hecho sobre el fiscal superior de Cataluña. Al fiscal superior de Cataluña le he
propuesto yo. Con eso queda aclarada mi absoluta confianza, como la tuve -si hubiera querido renovar, hubiera renovado- en doña Teresa Compte, magnífico ejemplo de fiscal, eficaz, eficiente, comprometida con las realidades sociales y perfectamente
atenta a cualquier situación que se produjera,

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colaborando en el periodo de tiempo en el que ha estado, hasta el mes de julio, con absoluta lealtad con la Fiscalía General del Estado. No tengo ningún problema con los fiscales generales de Cataluña, en absoluto, ninguno. La intervención
-se lo he anticipado anteriormente al señor Llamazares- se debió pura y simplemente a que, ante una advertencia mía, clara y tajante de no tener ninguna participación pública en las elecciones, salvo en aquellos asuntos que fueron judicializados, no
se entendió así. Hubo un desentendimiento, que yo no pude compartir, por parte del fiscal superior de Cataluña. El asunto estaba ya judicializado y no procedían las diligencias de investigación y desde mi punto de vista, concretamente, ante esa
judicialización había que haber sido más prudente en la expresión. Con eso no califico en modo alguno los hechos, si hay un delito de injurias o calumnias. Eso se decidirá en los tribunales y el ministerio fiscal tendrá la posición
correspondiente. Lo que ha significado un desentendimiento no supone por mi parte una desautorización, pero estoy en la obligación de revelar que hay un principio de dependencia jerárquica en este caso, que -con todo el respeto- no se había
entendido en sus justos términos con las advertencias de carácter general que le había expresado al señor Rodríguez Sol, que tiene toda mi consideración personal y que no la ha perdido en modo alguno. Por supuesto, pese a alguna petición, no voy a
cesar a alguien que goza de mi absoluta confianza, evidentemente.


Me señala la creación de los consejos superiores de justicia de las comunidades autónomas. Mire usted, todo aquello que esté en el término de la sentencia del Estatut yo lo acepto de forma completa y total. Piénsese que para el ministerio
fiscal el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica es un mandato constitucional que habría que ver cómo se vertebra. Estatutariamente yo escucho a la Generalitat de Catalunya, como al resto de los Gobiernos de las comunidades
autónomas, cuando hay que designar tanto a los fiscales superiores como incluso a los fiscales de la Audiencia Provincial, porque me parece que amén de una exigencia estatutaria es una exigencia de sentido común.


En cuanto al futuro, me pregunta por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No tengo ninguna noticia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía General del Estado no ha sido invitada -es una decisión del ministerio- a formar parte de
ese grupo de expertos. Dije aquí, y la mantengo, cuál es la posición de este fiscal general del Estado: uno, absolutamente favorable a que la investigación de los delitos se residencie en el ministerio fiscal; dos, creo que no se puede aceptar un
cambio legislativo tan importante sin un estudio de las consecuencias económicas y presupuestarias, sin un estudio de plantilla, porque en este momento dispongo de 2.400 fiscales, mientras que están haciendo labores de instrucción 1.800 jueces.
Cómo vamos a realizar las labores de investigación con respecto a esa plantilla es algo que habrá que decidir no voy a decir antes pero al menos a la vez que la reforma procesal correspondiente. Además, he exigido siempre y lo vuelvo a reiterar
aquí que para mí es condición sine qua non -en alguno de los casos que se dan en la actualidad lo tenemos- la adscripción de dependencia exclusiva de la fiscalía de unidades de policía, de peritos tributarios y de agentes sociales imprescindibles
para la investigación. Si no se nos da la verdadera investigación que significa el gobierno de la investigación, estaremos transmutando la realidad actual a un cambio puramente semántico del modelo, y yo como fiscal general del Estado no lo voy a
aceptar. Lo he dicho públicamente y lo digo aquí ante la Comisión de Justicia. Lo considero absolutamente sine qua non.


Dicho eso de paso, hay dos aspectos técnicos que hay que resolver. Todo esto se lo he transmitido al principio de mi mandato al ministro de Justicia. El primero, no es posible que un trabajo a veces de meses, de mucho tiempo, como está
sucediendo actualmente en las diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal no tenga fehaciencia y haya que volver a reproducirlo ante el juez. Hay que lograr que esa investigación del ministerio fiscal ya en sede procesal tenga una
fehaciencia. Apunto una posibilidad, que es la adscripción de secretarios judiciales a esa labor de investigación en la fiscalía, aunque puede haber otras. Apunto esto como algo absolutamente necesario. El segundo, es preciso garantizar la
igualdad de partes, que es el gran problema que tiene la modificación procesal en Alemania en decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cómo cohonestar el papel protagonista del ministerio fiscal en la investigación de los delitos con la
existencia de acciones populares, sea cual sea su estatuto, de las acusaciones particulares y de la presencia de las víctimas, juntamente con el derecho de defensa de los acusados imputados en el delito. Ese principio esencial que es el de igualdad
de partes del proceso, por mucho que tengamos una preeminencia constitucional, hay que asegurarlo, y está así presente. Además de ello he dicho -sigo insistiendo en esa situación- que es imprescindible acometer esa reforma, desde mi punto de vista,
procesal integral. Pienso -ya he dicho lo de las faltas- que en la reforma del Código Penal se hace una supresión de las faltas -yo lo digo aquí, y lo va a decir, espero, el Consejo Fiscal- insuficiente. Mi posición era mucho más radical,
apuntando a lo que decía usted: solo aquellas que tengan

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verdadera entidad deben permanecer. Las de carácter administrativo nunca debieron estar en el Código Penal, deben tener su ubicación administrativa. Las que no tienen ninguna entidad de reproche no tienen más que una significación
ciudadana de Policía municipal, que es donde deberían tenerlo. Creo que la reforma del ministerio -que agradezco y que está bien orientada- es demasiado tímida y nos va a complicar extraordinariamente la complejidad de la transmutación de las
faltas correspondientes. Insisto en que mi posición es muy radical y creo que sensata. Dedicar los esfuerzos, como se está haciendo, a 800.000 juicios de faltas cuando podíamos dedicar recursos económicos de personal y de organización a todo ello
es ciertamente importante.


Segundo, he insistido, y creo que lo hemos hecho todos, en que la agenda judicial no puede ser criterio anejo a la independencia judicial. Afecta a todas las partes que asisten a los tribunales, afecta a los propios ciudadanos y hay que ir
a una agenda judicial compartida y única que nos permita, por ejemplo, que teniendo diez fiscales tengan diez señalamientos en todo el territorio de una provincia, sencillamente porque nadie coordina esas agendas judiciales correspondientes.


Tercero, hay una zona en la que es imprescindible dar una respuesta inmediata y pronta a la ciudadanía, que son los delitos flagrantes, semiflagrantes y que necesitan urgencia. Para ello hay que ir a juzgados permanentes, trabajando
permanentemente 24 horas, con todo tipo de garantías, de defensa, de asistencia jurídica gratuita de calidad. Es imposible seguir con una situación en la que -no diré qué provincia de España- la fiscalía califica en tres días y se señalan los
juicios urgentes para un año y medio después. Esto es una burla de lo que significa la tutela judicial efectiva, y nadie está auditando cómo están funcionando los procesos y las leyes correspondientes. Creo que para ir a una reforma procesal hay
que operar con unos criterios de organización, de consenso con los colegios de abogados y procuradores para representar todos los derechos de las partes. Si consiguiéramos que un núcleo importante de la jurisdicción penal, que corresponde al 70% de
las jurisdicciones que son las faltas, fuera expulsado y que los asuntos urgentes se vieran en un máximo de 72 horas, nos quedaría ese 1% de la actividad importante de los delitos donde la investigación del ministerio fiscal tiene realmente su
sentido.


Respecto del jurado es una institución que está funcionando razonablemente bien. Creo que hay que adelgazar sus competencias, hay que adelgazar el plazo de instrucción que es excesivo y tenemos un serio problema con el objeto del veredicto,
que está dando lugar a una jurisprudencia. Hay que confiar en la justicia popular. Una exigencia de hipermotivación del veredicto no tiene sentido. Conviene reflexionar si se hace una reforma al respecto. Esto es lo que he transmitido al
Ministerio de Justicia, y hay -si se me permite la expresión- algunas líneas rojas que yo, como fiscal general del Estado, no puedo aceptar en esa reforma porque comprometerían gravemente el funcionamiento de la institución y la visibilidad del
compromiso con los ciudadanos en la represión de actividades criminales de todo tipo por parte del ministerio fiscal. Esto ya lo sabe el Ministerio de Justicia. Cuando tengamos el anteproyecto, que exijo que venga acompañado de una real memoria
económica y de una real reflexión acerca de las plantillas -estemos en la situación económica presupuestaria en la que estemos-, daré mi opinión y la dará, evidentemente, el Consejo Fiscal.


En cuanto a las plantillas, me gustaría decirle que el problema en Cataluña se va a solucionar. Nominalmente se va a solucionar porque a junio del año que viene tendré completa la plantilla de todo el ministerio fiscal. Los aproximadamente
2.400 puestos de fiscales estarán ocupados, con lo cual ni en Cataluña ni en el resto de España va a haber ninguna vacante. No significa que no haya permisos de maternidad, por enfermedades y otras situaciones coyunturales. Para ello estarán los
sustitutos y las medidas de refuerzo que consideremos necesarias. Por primera vez en Cataluña y en el resto de España va a haber plantillas completas del ministerio fiscal, y con pocas posibilidades de modificación si se cumplen las previsiones de
plantillas, a las que me referiré más adelante, y que ha mencionado el señor Villarrubia. En este momento a muchos procesos civiles no puede ir el fiscal porque no hay uno disponible; insisto, en muchos casos por insuficiencia de plantillas pero
la mayor parte de las veces por falta de coordinación en la organización de señalamientos entre la fiscalía, el Poder Judicial, órganos de magistrados, jueces.


La nueva oficina fiscal -anticipando la respuesta al señor Villarrubia- la tengo, entre comillas, heredada del pasado y la asumo porque me parece que tiene un magnífico diseño. La vamos a implantar en toda España. Tenemos la máxima
colaboración por parte de todas las comunidades autónomas. Creo que vamos a dotar a las fiscalías de un instrumento de respuesta nada burocrática, pendiente de todas estas situaciones. Insisto, la colaboración de todas las comunidades autónomas,
una vez que hemos presentado el modelo, es realmente grande. Creo que en un plazo razonablemente corto podremos tener

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un modelo de oficina fiscal común, razonable y sin grandes costes económicos, yo diría que con mínimos porque es un criterio absolutamente organizativo. Me plantean las peticiones de Vic y Amposta -la señora Pigem melas ha hecho llegar
personalmente~_. El inspector fiscal, aquí presente, ya me ha hecho un informe que trasladaré. Una vez que las ubicaciones materiales de infraestructuras son correctas -no voy a ubicar una subsede en un sitio penoso en cuanto a instalaciones, cosa
que no es el caso en modo alguno-, estamos pendientes exclusivamente del aspecto legislativo, si necesitamos un real decreto o un reorganización interna. El informe está prácticamente acabado, así que se lo haré llegar a la señora Pigem para que,
si se trata de una reforma que necesita un real decreto, lo consensuemos con el Ministerio de Justicia para hacerlo llegar, porque me parece una petición sustancial.


Me ha hablado también de la evolución cuantitativa. Coincido absolutamente. Precisamente en todas aquellas zonas de repunte he dado instrucciones a todas las fiscalías para que observen a lo largo de este año 2012 si se consolidan o si van
atrás y que estudiemos el origen de esos repuntes, a ver si podemos actuar y ver en qué medida no podemos estar respondiendo en este momento. Respecto de las reformas legislativas -en cuanto a los discursos de odio-, ya he dicho anteriormente que
vamos a sacar una circular con instrucciones específicas para los discursos de odio. Estamos instaurando secciones especiales contra estas actividades negacionistas o de odio, de xenofobia, en todas las fiscalías donde hemos detectado que pueda
haber este problema concretamente. En cuanto a la pena de alejamiento, sabe que está pendiente de una decisión -demasiado tiempo está tardando-, y coincido con su idea de que hay que plantearlo con mucho cuidado, porque en los delitos de violencia
de género nunca sabemos donde está cada una de las partes en conflicto, pero sabemos quién es la víctima en la mayor parte de los casos. La protección de la víctima en situación de inferioridad es algo que hay que mantener legislativamente y desde
el punto de vista de la actuación del ministerio fiscal. Le agradezco la felicitación, y así se lo haré llegar al señor Vargas y a las fiscalías de la seguridad ciudadana. Estamos en ese camino de la prevención de los delitos.


En cuanto al Grupo Socialista, igualmente agradezco al señor Villarrubia no solamente sus palabras sino la franqueza en la exposición, que es algo que se agradece siempre. He contado siempre con la lealtad del Grupo Socialista en general, y
particularmente de la del señor Villarrubia. Así que, gracias por sus palabras, aunque algunas de ellas sean críticas, como corresponde además a una comparecencia que no será de control sino de expresión de discrepancias, para que en la medida de
lo posible, si por parte del fiscal general del Estado se asumen determinadas situaciones, cambien ciertas perspectivas o por lo menos se dé respuestas a ello. Por tanto, no debo hacer ningún reproche, y no lo hago.


Me critica que no haya puesto objeción a los presupuestos de Justicia. Mi exposición no iba por ahí, señor Villarrubia. Simplemente lo único que he dicho es que por primera vez vamos a tener en los Presupuestos Generales del Estado y de
algunas comunidades autónomas - ya hemos empezado- una individualización presupuestaria, y es un avance firmar un convenio-protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia para obligar a la ejecución de determinadas
partidas presupuestarias. Es una exigencia que viene desde el año 2007 en el estatuto. Debo felicitar a quien ha impulsado este avance; vamos a incrementarlo todavía más -yo creo que estamos ya en un 75% o en un 80% de transparencia
parlamentaria-, lo que me permitiría venir a la Comisión de Presupuestos, o donde corresponda, para dar respuesta de las políticas que yo hago según ese criterio. Señala que no he dicho nada de los presupuestos de Justicia. Si usted me pregunta
cuál es mi opinión, yo voy a decir que son absolutamente insuficientes. Yo he dicho públicamente que he recibido un hachazo en temas de formación, en becas, en idiomas. Habrá sus razones por parte del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de
Economía o del Ministerio de Justicia, pero comparto con usted la preocupación como fiscal general del Estado de una disminución ciertamente notable de los presupuestos, que si no comprometen al menos dificultan determinadas políticas del ministerio
fiscal. Esa no era mi parte de la exposición. Me lo pregunta, y yo, entendiendo la situación general del país y las razones que puedan esgrimir, le contesto que no estoy feliz como fiscal general del Estado con unos recortes ciertamente
importantes.


Al hilo de ello, aprovecho para referirme -no sé si he contestado a la señora Pigem- a la situación de plantillas, sobre la que creo que me ha preguntado usted. La situación en este momento, según se nos transmite por parte del Ministerio
de Justicia, es, en lo que queda de legislatura, de unas previsiones de aproximadamente cincuenta plazas para cada año de legislatura. En el próximo año serán treinta o veinte. La posición del fiscal general del Estado, del ministerio fiscal, es
clara y tajante: necesitamos plazas. Si me permite decirlo, no puedo compartir esa cifra de doscientos cincuenta de las que se habla en el manifiesto de los jueces y de los fiscales, concretamente, primero porque me gustaría hacer una reflexión

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acerca de cuáles son las misiones del ministerio fiscal, la reforma procesal, y después sentarnos. Creo que aumentar por aumentar las plantillas, la burocratización, dificulta presupuestos. Con eso no digo que no sean necesarias. Me
gustaría una reflexión serena acerca de las necesidades. Con estas cincuenta plazas, una vez cubierta la plantilla -parece ser que van a ser treinta de jueces y veinte de fiscales; no voy a decir que sea un parche-, bienvenidas sean sin ningún
género de dudas, y en una política de refuerzos creo que nos podremos bandear de momento. Insisto -al hilo de una reflexión hecha anteriormente sobre la Fiscalía Anticorrupción-, deberíamos hacer seriamente una consideración acerca de las
plantillas.


Respecto de la reforma del Consejo Fiscal, tengo abierta una reflexión estatutaria en toda la carrera para ver qué se piensa de la evolución del Estatuto del año 2007 y al hilo de la reforma procesal qué necesidades habría de hacerlo. Este
es un proceso que está abierto, que va a venir de abajo a arriba, con participación democrática de todas las fiscalías, como ha sido el libro blanco -ya veremos qué es lo que resulta de ello-, pero me parece imprescindible -así se lo he hecho saber
ya al ministro de Justicia- que si se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a organización y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo unas funciones de investigaciones al ministerio fiscal, parece que los cambios estatutarios,
aparte de otros que hay que hacer como las especialidades, etcétera, que están gobernadas por circulares e instrucciones y no tienen su reflejo estatutario, habrá que hacerlos. El libro blanco lo tendrán en las fechas previstas, y espero que sea un
instrumento útil. Ya advierto que viene con conclusiones y propuestas; no es simplemente hablar -perdón- del mar y de los peces, de lo mal que estamos, etcétera, sino que es una reflexión autocrítica que vendrá con propuestas, algunas
legislativas, algunas otras de otro tipo, y con conclusiones acerca de la reflexión que hemos hecho internamente del ministerio fiscal.


En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal le he contestado ya, aunque si quiere alguna aclaración más se la ofreceré. He procurado ser lo más exhaustivo posible. En cuanto a la oficina fiscal mi asunción es total; la está llevando el
fiscal jefe de la unidad de apoyo, aquí presente, don José Luis Bueren, y concretamente el desarrollo me parece absolutamente perfecto. En cuanto a las plantillas ya le he contestado. En cuanto a lo de jueces sustitutos y suplentes, es verdad que
por parte del Ministerio de Justicia se nos ha hecho llegar el propósito de ir progresivamente a la sustitución de fiscales sustitutos. El panorama en este momento es el siguiente. En primer lugar y fundamentalmente tenemos que saber que hay una
reivindicación histórica -que recoge el manifiesto de jueces y fiscales- que es ir a la reducción del número excesivo, en principio, que pudiera haber por defectos de plantillas estructurales o por otro tipo de defectos, por ejemplo legislativos, de
las plantillas de jueces y magistrados suplentes y fiscales sustitutos. Esa reflexión es común en la carrera judicial y fiscal y está en el manifiesto del que se ha hablado aquí esta mañana, y yo lo comparto en este punto. Ahora bien, la
reivindicación histórica es que la sustitución que sea posible entre fiscales se puede hacer en uno, dos o tres fiscales. Esa es una aspiración histórica de la carrera fiscal que está presente en el manifiesto y que está ahí, pero habrá plantillas
en las que esa sustitución resulte imposible por el volumen de trabajo, con lo cual nunca van a desaparecer los sustitutos, nunca van a desaparecer aquellos refuerzos que a veces se producen como consecuencia, por ejemplo, de que se refuerza un
juzgado con un juez, y eso significa que el fiscal que llega al juzgado tiene el doble de trabajo o una cuarta parte del trabajo. Por tanto se trata de introducir una reflexión exclusivamente acerca de las posibilidades que hay de sustitución
interna de las plantillas de aquellas en las que el volumen de trabajo lo permita. En aquellas plantillas en las que el volumen de trabajo no lo permita estarán presentes los sustitutos y, evidentemente sin ningún género de dudas, aquellos
sustitutos de refuerzo, aparte de los defectos estructurales que tengan en plantilla. Piénsese que a junio del año que viene las plantillas del ministerio fiscal van a estar completas totalmente, con las sustituciones de permisos de maternidad,
paternidad, sustituciones por enfermedades o algunas otras sustituciones coyunturales que pueda haber y que habitualmente la propia plantilla las puede asumir en algunos casos, pero en otros serán necesarias las sustituciones correspondientes.


En cuanto a las reformas del Código Penal, esperen ustedes al día 11. Ya anticipo que va a ser una reflexión muy crítica con la reforma del Código Penal, que probablemente plantea serios problemas. Voy a ser respetuoso con el Consejo
Fiscal puesto que, si me permite decirlo, ahí el fiscal general del Estado es uno más. Es decir, los informes legislativos del Consejo Fiscal se adoptan por votación. Yo voto por uno y no puedo vetar el informe por mucho que no me guste, ni
siquiera hacer un voto particular, sino asumir el carácter colectivo y democrático del Consejo Fiscal. Discrepo de usted, señor Villarrubia, matizadamente, sobre el informe de los delitos fiscales. Creo que el informe era muy próximo al del
Consejo General del

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Poder Judicial, que fuimos muy críticos con la estructura de los delitos correspondientes. Yo acepto totalmente su percepción desde otro punto de vista o, concretamente, que pudiéramos haber ido más allá. Me gustaría discutirlo con usted
en términos generales, aunque no tenemos tiempo aquí. Si tuviera el crítico y se hiciera la lectura se vería que no fuimos nada complacientes con la reforma que planteaba, no solamente en cuanto a políticas fiscales de favorecer impunidades -a las
cuales estamos absolutamente opuestos- sino incluso desde el mero campo de la discrepancia de técnica jurídica, porque existían ciertamente discrepancias. Creo que era bastante próximo al Consejo General del Poder Judicial, pero si usted y su grupo
no lo han percibido así admito totalmente la discrepancia a este respecto.


En cuanto a las tasas judiciales, la ley no pasó a informe de la Fiscalía General del Estado, con lo cual no hay una posición de la Fiscalía General del Estado. Mi posición es clara y tajante a este respecto: han existido y existen tasas
judiciales en la Administración de Justicia ahora mismo. La posición del Tribunal Constitucional es de cajón, totalmente. La tasa es posible con las finalidades propias de la tasa siempre que no impida los derechos fundamentales. Con la ley que
tenemos la posición y el estudio lleva a que pudieran limitarse sus derechos fundamentales correspondientes, por lo tanto que la cuantía de las tasas pudiera no resultar absolutamente ajustada para ello. En la fiscalía estamos estudiando ese punto
de vista. Voy a esperar al informe del Consejo General del Poder Judicial para tener otro elemento de razón, pero creo que el punto absolutamente esencial es que no se impida el acceso a la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción, el
acceso a los recursos correspondientes. Creo que hay un margen de corrección si en algún momento eso así se hubiera producido.


Respecto a la corrupción, en cuanto a los indultos que ha planteado el señor Villarrubia la Fiscalía del Tribunal Supremo ha sido tajante. Ha informado en contra de esos indultos; la decisión de gracia del Gobierno le corresponde con la
responsabilidad no solamente política sino de ejemplaridad que pudiera producirse. Lo que habla acerca de la limitación de la iniciativa legislativa -siempre que no se coarte el derecho constitucional de gracia del Gobierno- no me parece mal,
porque la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de cualquier fiscalía es tajante: salvo aquellos casos especiales que merezcan, conforme con la ley, una corrección no procede el indulto y mucho menos en aquellos delitos que deben tener una
posición de ejemplaridad correspondiente.


En cuanto a la defensa de la Fiscalía Anticorrupción me tiene usted en primera línea y en primer tiempo de saludo. Es una fiscalía absolutamente esencial. Despacho a diario -como con la Fiscalía de la Audiencia Nacional- con los fiscales
jefes correspondientes y tienen mi apoyo absoluto. Manifiesto mi rechazo a cualquier otro tipo de vinculación a actividades de la Fiscalía Anticorrupción contra un partido político o a favor de determinadas situaciones. Son fiscales ejemplarmente
profesionales que en muchos casos soportan una presión de trabajo y mediática ciertamente grande, y es un elemento esencial para que la satisfacción de los intereses sociales por la fiscalía en este terreno de la corrupción -con la que soy
absolutamente beligerante- esté presente. He comentado públicamente -lo he dicho aquí y lo he transmitido al Ministerio de Justicia- la necesidad absoluta de incrementar estos medios. Soy responsable ante ustedes de las actividades de la Fiscalía
Anticorrupción en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, y particularmente de la corrupción política, y aceptaré cualquier observación, cualquier crítica que a este respecto tengan porque piensen que de alguna forma no estamos organizándolo
bien.


Finalmente, al señor Castillo, portavoz del Grupo Popular, le agradezco las palabras no solamente para mí sino por el trabajo de los fiscales, porque la tarea de la memoria corresponde a una actividad de mi predecesor y me he limitado a
darle el visto bueno.


Estoy totalmente de acuerdo en las observaciones sobre las diligencias previas. He pedido y pido en sede parlamentaria que las estadísticas las hagan los estadísticos. Necesitamos un cuerpo de estadísticos en la Administración de Justicia
si las estadísticas van a servir para valorar nuestro trabajo, para exigirnos responsabilidad, para plantear soluciones a políticas criminales o cambios legislativos. En nuestro querido país no se auditan las leyes, no sabemos cómo están
funcionando las leyes. Se abandona el seguimiento de las leyes, y creo que sería bueno que la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Parlamento pudiéramos saber de qué forma se está desarrollando el cumplimiento y
la ejecución de leyes esenciales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice de la carga de burocratización. Le he expresado mi idea sobre lo que considera esencial en cuanto a la modificación de los denominados juicios urgentes. Celebro que
usted haya puesto encima de la mesa un agujero negro del que no habla nadie y que preocupa esencialmente porque afecta a la satisfacción de intereses de los ciudadanos que acuden a los tribunales, y es la ejecución de las sentencias, verdadero
agujero negro en la Administración de Justicia. Creo que hay que hacer un estudio pormenorizado de cómo están funcionando las ejecuciones.

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Nosotros en la fiscalía tenemos un servicio de ejecuciones fiscales dedicado solamente a vigilar las ejecuciones, pero es un agujero negro enorme porque, si se trata de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con dictar una sentencia no tenemos
suficiente, hay que ejecutarla, hay que hacerla efectiva.


Aprovecho para decir que he hecho una propuesta al Ministerio de Justicia para crear las oficinas de recuperación de activos, de tal forma que en todos los delitos contra la corrupción -delitos de droga también- podamos activar la
recuperación de activos que sirva para dar satisfacción a responsabilidades civiles, indemnización a las víctimas e incluso presupuestarias a la propia Administración de Justicia. Es un servicio que está en la mayor parte de los países europeos y
sería esencial la creación urgente, cuanto antes, de esa oficina de recuperación de activos. Así, una iniciativa parlamentaria en este camino sería bien vista por todo el mundo y particularmente por este fiscal general del Estado.


Sobre las faltas, ya he contestado anteriormente. Estoy de acuerdo y soy partidario de una reflexión acerca de introducir el principio de oportunidad reglada que permita manejar al ministerio fiscal ciertas situaciones de los acuerdos, de
la mediación, aunque reconozcamos que en el campo penal el terreno de la mediación tiene la preocupación de las víctimas y un encaje mucho más complejo, más dificultoso que en el terreno civil. Pero ya he expresado públicamente -y coincido con
usted- la necesidad absoluta de incrementar estos medios de resolución de conflictos previos o en el propio seno del proceso correspondiente. La agilización de los asuntos pendientes para mí es absolutamente esencial; no solo el instrumento
tecnológico nos daría un nivel de control, necesitamos un adelgazamiento no de las garantías, sí de los trámites procesales, un incremento de la oralidad y un buen calendario de organización de las vistas correspondientes porque los señalamientos a
largo plazo, como dice usted, es algo absolutamente inasumible en términos generales. Ya he contestado a la modernización de la oficina fiscal; es completamente esencial la adscripción de fiscales a las distintas especialidades y ojalá pudiera
disponer de un incremento de plantilla para mejorar algunas especialidades que requieren una presencia realmente muy activa. Menores, extranjeros o corrupción -ya lo he dicho- son zonas en las que la presencia de los fiscales tiene que ser muy
activa -estamos muy activamente- y donde las plantillas no dan más de sí y se rompen las costuras por las exigencias correspondientes.


Muchas gracias, señor Castillo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y sus observaciones, de las que tomo buena nota, incluidas las críticas, que acepto porque creo que es mi papel aceptarlas. Intentaré corregir aquellos aspectos
que de alguna forma permiten una percepción de mi no independencia respecto del Gobierno, siempre manteniendo el criterio que crea que deba mantener al respecto, y quedo a su disposición por si desean hacer algún otro tipo de aclaración. (El señor
Olabarría Muñoz pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: No, señor Olabarría, en este trámite no le voy a dar la palabra porque así lo habíamos convenido y no es cuestión ahora de hacer réplicas y dúplicas.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para otra cuestión.


El señor PRESIDENTE: ¿Es otra cuestión relacionada con la comparecencia del señor fiscal?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Colateralmente sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Sabe su señoría que luego tenemos reunión de la Mesa y portavoces.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es una aclaración al señor fiscal que me costará tres segundos hacer.


El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Torres-Dulce, primero quiero agradecerle su amabilidad y luego su facundia, su lucidez. Pero hay dos cuestiones en relación con dos reflexiones mías que, por su contestación, parecería que no fueran mis
reflexiones pertinentes o decorosas. Cuando usted ha hablado de xenofobia en relación con las pandillas, yo no me refería a las pandillas extranjeras, me refería a todas, también a las constituidas por ciudadanos jóvenes españoles. En relación con
el considerando quince al que se ha referido la señora Díez, ¿qué está vigilando usted exactamente? Usted ha citado la sentencia que legaliza a Bildu, pero yo voy a citar la sentencia que declara legal la Ley de Partidos Políticos, donde se
establece expresamente que se prohíbe o no se incorpora a la legislación española lo que se llama en Alemania democracia militante. Si usted lo que está vigilando son declaraciones que puedan ser

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inconstitucionales o antijurídicas de la izquierda abertzale, se está equivocando, no está cumpliendo con los requerimientos de la sentencia de legalización de la Ley de Partidos Políticos, por eso me ha preocupado terriblemente esta
reflexión, porque aquí declaraciones inconstitucionales se pueden hacer, en esta casa se hacen sistemáticamente, ya no le voy a hablar de incumplimientos, porque esto nos llevaría a la melancolía.


El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Si me he expresado mal, lo siento. Lo que he querido expresar es que en modo alguno -precisamente lo he dicho así- en sus palabras he encontrado ningún resto ni rastro de
xenofobia, por eso he querido aclararlo. Y desde luego -y así consta precisamente en el informe que pongo a su disposición de la Fiscalía de lo Contencioso-, precisamente lo que dejamos aparte es la denominada democracia militante, eso que quede
absolutamente claro.


Yo no estoy vigilante de nada, simplemente se me da traslado a través de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo de aquellas actuaciones que pudieran incurrir en actividades de tipo ilegal y evidentemente el considerando establece un
catálogo de ellas concretamente, pero, desde luego, de democracia militante le puedo asegurar que, mientras yo sea fiscal general del Estado, la fiscalía jamás va a hacer ni declaraciones ni actuaciones que pongan en juego ese concepto de democracia
militante, que rechazo totalmente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor fiscal general del Estado, por su comparecencia. Reiteramos también el agradecimiento a todo su equipo que ha tenido la amabilidad de acompañarnos a lo largo de toda la mañana. Nos quedamos,
señor fiscal general del Estado, con esas propuestas de que determinados informes se hagan llegar a los portavoces de los grupos parlamentarios, también con ese anuncio de ver en los primeros meses no solo la presentación del libro blanco que tiene
en marcha, sino también lo que podría ser una comparecencia de estas características en relación con lo que habrá sido ya en el mes de marzo o abril el ejercicio 2012. Eso sería para todos nosotros un avance muy positivo y en todo caso, con
independencia de que se mirará el Reglamento, si la Fiscalía General no remite ese avance del informe, con que cualquier grupo parlamentario hiciera la solicitud, como han hecho en este caso, inmediatamente podríamos fijar una fecha para su
comparecencia; insisto en que yo creo que sería un gran avance respecto a la modernización del funcionamiento del Parlamento.


Muchísimas gracias a todos. A sus señorías les recuerdo que ahora tenemos en dos minutos reunión de Mesa y portavoces.


Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.