CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 165

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 9

celebrada el miércoles,

26 de septiembre de 2012

ORDEN DEL DIA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Secretaría segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000018) ... (Página2)


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Empleo (Hidalgo Tena), para informar sobre:


- Los planes de actuación y objetivos de las políticas del área de su competencia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000035) ... (Página2)


- Los efectos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en el mercado de trabajo, así como los cambios estadísticos producidos en relación con los expedientes de regulación de empleo. A
petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000455) ... (Página2)


- La política del Gobierno en materia de formación para el empleo. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000260) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000018).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar con el orden del día de la sesión de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social y el primer punto es la elección de la secretaria segunda de la Comisión. Hay un acuerdo y
una propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ostentaba esta Secretaría segunda y que propone que se designe a Patricia Blanquer Alcaraz. Si les parece, lo haremos por asentimiento. (Asentimiento.)


Pues debo decirles que tomará posesión en breves fechas, espero que muy pronto, porque en este momento por razones de salud lamentablemente no puede hacerlo. Yo creo que la Comisión le desea, desde luego su presidente, una rápida
recuperación. Si no hay ninguna consideración al respecto, damos por nombrada y designada a doña Patricia Blanquer Alcaraz.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (HIDALGO TENA) PARA INFORMAR SOBRE:


- LOS PLANES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DEL ÁREA DE SU COMPETENCIA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000035)


- LOS EFECTOS DE LA LEY 3/2012, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ESTADÍSTICOS PRODUCIDOS EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. A
PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000455)


- LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000260)


El señor PRESIDENTE: En segundo término tenemos las comparecencias de la secretaria de Estado de Empleo. En primer lugar, para informar sobre los planes de actuación y objetivos de las políticas del área de su competencia, iniciativa
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. En segundo lugar, para informar sobre los efectos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral en el mercado de trabajo así como de los cambios
estadísticos producidos en relación con los expedientes de regulación de empleo. Y por último hay una petición, inicialmente formulada a la ministra de Empleo y Seguridad Social pero que la Mesa y los portavoces acordaron, con el asentimiento del
autor de la iniciativa, que es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que aprovechara la ocasión la secretaria de Estado de Empleo para dar respuesta a esta iniciativa, y que es sobre la política del Gobierno en materia de formación
para el empleo.


Como todos ustedes saben, las tres iniciativas se han articulado de forma conjunta por el acuerdo así planteado en su momento y por lo tanto seguiremos el sistema tradicional en esta Comisión de que nuestra compareciente, a quien le doy
desde este mismo momento la bienvenida, hará una intervención y a continuación los grupos parlamentarios autores de la iniciativa, es decir el Grupo Parlamentario Socialista en primera instancia y luego el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y posteriormente intervendrán los grupos de menor a mayor. El tiempo reglamentario es de diez minutos, pero no creo ir en contra de la voluntad de sus señorías si digo, sobre todo en relación con aquellos grupos que han sido autores de las
iniciativas, que habrá una cierta flexibilidad, habida cuenta además de que se acumulan tres iniciativas. Por lo tanto, tendremos la flexibilidad debida, especialmente con los grupos parlamentarios Socialista y de Convergència i Unió. De todos
modos, ruego que en la medida de lo posible se atengan a los tiempos, pero entiendo que va a haber debate y que la materia es amplia.


Tiene la palabra la secretaria de Estado de Empleo, a quien vuelvo a dar la bienvenida.

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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Señor presidente, señoras y señores diputados, es para mí un honor acudir en el día de hoy a esta Comisión de Empleo y Seguridad Social. Como acaba de comentar el presidente, son
tres las comparecencias que se acumulan y obviamente yo les ruego un poquito de paciencia.


El actual Gobierno en nueve meses ha puesto en marcha en el marco de consolidación fiscal una profunda agenda reformista encaminada precisamente a que España recupere cuanto antes la senda de crecimiento económico y con ello la creación de
empleo. Esta acción del Gobierno no pretende sino dar una respuesta clara a la grave situación de crisis económica que España padece desde el año 2008 y que ahora por fin es abordada con determinación a través de una estrategia completa y
coherente.


Por lo que se refiere a la primera parte de esta comparecencia, sobre los efectos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, debo comenzar por destacar que la reforma laboral constituye parte de esa agenda reformista con la que el Gobierno pretende
dar un giro a la situación económica del país, superando el contexto de crisis económica que atraviesa, como he dicho, desde el año 2008. Considero que a día de hoy todos estamos de acuerdo en mayor o menor medida con el diagnóstico de nuestro
mercado laboral, que hacía necesario abordar con urgencia esta reforma. Solo quiero recordarles algunos datos. En términos absolutos, según los datos de la encuesta de población activa, nuestro país había destruido 2.207.600 puestos de trabajo
desde el inicio de la crisis, lo que supone que un 24% de la población española se encontraba desempleada en diciembre de 2011. De todos los parámetros económicos que reflejan la difícil situación económica por la que atravesamos, es sin duda el
desempleo el que más preocupación despierta no solo por la difícil situación que viven quienes se encuentran en él, sino también por la profunda incidencia que tiene sobre nuestros jóvenes, entre los que alcanza a más del 50% de los menores de
veinticinco años. En todo caso, no podemos hacer un análisis completo del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo si tenemos en cuenta exclusivamente la situación actual. Ha de desterrarse la idea -y esto es de gran importancia- de que las
debilidades del mercado laboral español obedecen simplemente a circunstancias coyunturales pues, lejos de esto, nuestra tasa de desempleo se encuentra históricamente por encima de la tasa de desempleo de otros países de la Unión Europea y de la
media de la OCDE. En julio del año 2006, en el momento de mayor expansión económica y en el que más orgullosos nos podíamos encontrar de nuestra situación de empleo, la cifra de parados registrados ascendía a casi 2 millones de personas.
Obviamente ha habido también una apuesta por la contratación temporal, característica de nuestro mercado de trabajo y que excede mucho a la media de nuestros socios europeos. Así, según datos de Eurostat del año 2010, nuestra tasa media rozaba el
25% frente a una tasa media de la Unión Europea del 14%; esto es, 11 puntos inferior a la española. Es cierto que determinados sectores, por sus características, necesitan especialmente mano de obra temporal; sin embargo, la elevada temporalidad
en España excede de la que podría justificarse por nuestra situación económica, más intensiva en sectores como el turismo, la construcción o la agricultura, como se pone de manifiesto al comparar nuestra tasa con la otros países con una estructura
económica similar.


Al elevado desempleo estructural y a la elevada temporalidad se une la escasa incidencia de las medidas de flexibilidad interna en el seno de las empresas, lo que ha limitado la utilización de mecanismos de ajuste diferentes al despido de
modo que, según datos del Banco de España, de cada 100 empresas españolas que se han enfrentado a dificultades económicas durante esta crisis, casi 70 han recurrido al despido frente a las 51 que lo han hecho en Francia o a las casi 38 en Italia.
Como consecuencia de todo lo anterior, la vía seguida por las empresas para afrontar la crisis ha sido fundamentalmente la destrucción de empleo, sobre todo el temporal. Por este motivo, abordamos ya en febrero la necesaria reforma laboral. El
objetivo prioritario era frenar la destrucción de empleo en el corto plazo, y en el medio y largo plazo sentar las bases para la creación de empleo estable y de calidad cuando la economía vuelva a crecer. Es una reforma laboral completa y
equilibrada que, de haberse adoptado antes, hubiera ayudado a reducir la destrucción de empleo en los primeros años de la crisis.


La reforma apuesta por la flexibilidad. La flexibilidad frente a la rigidez permite que empresarios y trabajadores puedan negociar y modificar las condiciones de trabajo, el sueldo, los horarios y las funciones del trabajador, y hacer
frente a la crisis evitando despidos. Pero también supone reformar toda la arquitectura institucional para modernizarla y para ponerla al servicio de la economía productiva. La reforma laboral aporta más empleabilidad a los trabajadores apostando
por la formación, entre otras medidas, a través de la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, contrato que hemos mejorado y que hemos utilizado para sentar las bases para el impulso de formación profesional dual, combinando en
mayor medida la formación teórica con el aprendizaje en el puesto de trabajo. A su vez,

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hemos reformado el marco regulador de las empresas de trabajo temporal, autorizándolas a operar como agencias de colocación. La reforma laboral también persigue fomentar la creación de empleo y reducir la dualidad laboral. Más
empleabilidad, menos dualidad, más estabilidad y también más flexibilidad interna para que cuando vengan mal dadas no haya tanto despido. La flexibilidad interna en la empresa es una alternativa a la destrucción de empleo potenciando la movilidad
funcional y geográfica, facilitando la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de jornada, flexibilizando el régimen de descuelgue de los convenios colectivos, dando prioridad aplicativa al convenio de empresa y limitando la eficacia
temporal de los convenios a un año. Todo ello, como digo, para evitar el despido.


En la actualidad y en relación con la reforma, se encuentran en avanzado estado de tramitación cuatro reglamentos que desarrollan las previsiones comprendidas en la ley y que se refieren al contrato para la formación y aprendizaje, al
procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada, a la aportación económica por despidos colectivos realizada por grandes empresas con beneficios y que afectan a trabajadores con cincuenta y dos o más años y,
finalmente, el reglamento que estructura y regula las nuevas funciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.


Señorías, la reforma laboral tiene un carácter integral y sistemático, es compleja y para desplegar sus efectos requiere la adaptación del comportamiento de los agentes económicos y, en consecuencia, exige algún tiempo. Somos conscientes de
que por el alcance de sus efectos aún es pronto para hacer un balance de la reforma. No es una reforma pensada para el corto plazo ni como plan de choque; nunca se ha presentado en estos términos. Era urgente, no porque fuera a resolver la
angustiosa situación de desempleo en pocos meses -porque esta depende básicamente de la situación económica-, sino porque nuestro mercado de trabajo no podía continuar por más tiempo en el marco de rigidez que había generado tanto paro en tan poco
tiempo. Era urgente cambiar las reglas para que las empresas y trabajadores empezaran a funcionar de otra manera, para que los interlocutores sociales supieran con rapidez cuáles eran las nuevas reglas del juego -en particular, en la negociación
colectiva-, para que las empresas con mayores dificultades pudieran sentarse con sus trabajadores y buscar vías de salida alternativas al despido. En relación con este tema no tenemos más que fijarnos en lo que ha ocurrido en las cooperativas en
los últimos años; a pesar de que en ellas ha habido la misma crisis que en el resto de empresas, la tasa de despidos ha sido un 10% inferior debido a la flexibilidad con la que han podido adaptarse a la actual situación. Como digo, los efectos
tardarán en producirse en su totalidad y dependerán de la evolución económica. Esta conclusión no es solo mía. Observadores de reconocido prestigio han señalado que ver los principales efectos de la reforma llevará tiempo. Recientemente, el señor
Pissarides, Premio Nobel de Economía 2010, ha manifestado que la reforma laboral es una buena opción porque la flexibilización del mercado laboral permitirá crear empleo, pero es necesario darle tiempo. Ayer se manifestaba en el mismo sentido la
gerente del Fondo Monetario Internacional. Y no ha sido la única valoración positiva que ha tenido la reforma; por el contrario, como ustedes saben, ha tenido una muy buena acogida entre los organismos comunitarios -Comisión, Consejo, Banco
Central Europeo- e internacionales -Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE-. Es particularmente significativo que por primera vez dentro de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre el programa nacional de reformas del
año 2012 de España, emitidas formalmente el 6 de julio, no figure ninguna recomendación a España para que modernice o flexibilice su mercado laboral.


Coincidirán conmigo en que los efectos de la reforma laboral no pueden analizarse sin tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Con las cifras de contabilidad nacional revisadas este verano, sabemos ahora que la recesión empezó
ya intensamente en la segunda mitad de 2011 -el PIB cayó muy ligeramente en el tercer trimestre y un 0,5% en el cuarto- y se ha prolongado en lo que llevamos del año 2012, con caídas hasta el momento del 0,3 y 0,4%, todo en términos
intertrimestrales. Las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno, cerradas el pasado mes de julio, para el conjunto de 2012 son de una caída en torno al 1,5% del producto interior bruto. Con ello se dibuja una segunda fase recesiva
que, si bien no es tan aguda como la de 2009, en la que el empleo cayó hasta un 6,3% en términos de contabilidad nacional, es claramente más difícil que la situación vivida en los años 2010 y 2011. Además, la intensidad de la nueva fase recesiva ha
obligado a redoblar los esfuerzos de contención presupuestaria y a concentrarlos en el tiempo; la intensidad y no haber adoptado las suficientes medidas a tiempo.


Nada de esto es indiferente para el mercado de trabajo y, por tanto, no se da esa igualdad de condiciones con el punto de partida previo a la reforma para un análisis puro. No se da ese ceteris paribus tan querido para los economistas y es
con estas condiciones cambiantes con las que tenemos que hacer

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el análisis. Aunque pueda considerarse pronto -yo lo considero así- para poder efectuar un balance del conjunto de las reformas, siempre con prudencia y teniendo en cuenta el difícil contexto actual y el escaso tiempo transcurrido, pueden
considerarse algunos datos que apuntan en sentido positivo y que al menos permiten descartar por completo que la reforma haya producido los efectos apocalípticos que algunos auguraban. No se ha disparado la conflictividad laboral ni se han
producido oleadas masivas de despidos en lugar de medidas alternativas como las reducciones de jornada, ni los empresarios han dejado en su mayoría de buscar activamente el acuerdo con los trabajadores y sus representantes para adoptar medidas
colectivas.


El paro registrado en los últimos meses no ha experimentado una evolución negativa que quepa atribuir a las reformas adoptadas. De hecho, siguiendo un perfil estacional similar al de otros años, decreció en los meses de abril y julio y
aunque ha vuelto a crecer en agosto ha sido un incremento sensiblemente inferior al de los últimos años y se sitúa como el menor desde el año 2006, que fue un año de fuerte crecimiento económico y empleo como todos ustedes saben. Puede concluirse
de esta manera que el desempleo ha tenido un comportamiento similar al año 2011 y sensiblemente mejor que las cifras de paro del año 2009, que era el año comparable por estar también en la situación económica de recesión. La tendencia de los
últimos meses por su parte muestra que se ha frenado el ritmo de aumento del paro registrado, que había pasado desde el 3% hasta el 12,5% en los meses de mayo de 2011 y mayo de 2012. Desde entonces se ha frenado estabilizándose la tasa interanual
en torno al 12%.


Por su parte, las medidas colectivas, los ERE, en los primeros meses de 2012 han afectado a un mayor número de trabajadores que en el mismo periodo de 2011. Sin embargo, esta diferencia es coherente con la situación actual de la economía
española y no cabe atribuirla a efectos significativos de la reforma laboral. De hecho, pueden destacarse dos aspectos. El primero, la proporción de trabajadores afectados por medidas colectivas que lo están por extinciones de contrato, por
despido, ha bajado de manera apreciable, ya que en enero era el 19,3% y en junio solo el 13%. En segundo lugar, aumenta proporcionalmente el uso de medidas alternativas al despido, como suspensiones temporales y reducciones de jornada. Así, se
mantiene la preponderancia de las suspensiones por encima del 60% y la tendencia creciente de las reducciones de jornada, que en lo que llevábamos de año supone más del 20% del total. Recordemos que la reforma laboral apuesta precisamente por
facilitar a las empresas el uso de medidas de flexibilidad internas alternativas a la vía de del despido. La mayoría de las medidas, aproximadamente un 90%, siguen adoptándose por acuerdo entre las empresas y los representantes de los trabajadores,
como antes de la reforma. Las posibilidades abiertas a la reforma para adoptar medidas sin acuerdo en determinadas circunstancias no han generado mayor conflictividad, como se anunciaba por algunos con una seguridad que casi rayaba el dogmatismo.


Por último, el contrato de emprendedores está teniendo un uso notable entre las pymes. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el 13 de enero, se han registrado 57.000 contratos de apoyo a emprendedores y de ellos casi la mitad son
con jóvenes menores de 30 años.


El incremento de desempleo que se plasmó en la última encuesta de población activa se debió fundamentalmente a la destrucción de empleo público y al incremento de la población activa. A pesar de la situación de recesión el empleo privado se
ha incrementado, destacando el incremento del empleo indefinido que se ha incrementado en mayor medida que en ejercicios pasados. Por otra parte, la destrucción de empleo autónomo ha sido mucho menor que en los ejercicios pasados. Así, si bien es
cierto que el número total de ocupados se redujo en torno a 15.000, esta caída se debió a la intensa caída de ocupados en el sector público, 63.000 personas. Obviamente, no se puede achacar esta medida a la reforma laboral, sino al proceso de
racionalización en el que se hayan inmersas por el proceso de consolidación fiscal las administraciones públicas. Además, los últimos datos disponibles muestran cómo se han causalizado los despidos, canalizándolos a través del despido objetivo en
detrimento de los despidos improcedentes. Así, mientras que en mayo de 2009 los despidos objetivos representaban un 18,36% del total, en el mismo periodo de 2012 supusieron un 44% del total y, de forma inversa, mientras que en el periodo de marzo a
mayo de 2009 el número de despido improcedentes ascendió a 182.000, en el mismo periodo de ese año se limitaron a 91.951, esto es, casi un 50% menos. No obstante, una evaluación de la reforma deberá hacerse con detenimiento y sobre bases sólidas.
Los informes precipitados, basados en datos de pocos meses y que no tienen en cuenta las circunstancias económicas, no son útiles para ayudarnos a entender los efectos de la reforma y lo que sí le puedo decir es que, aunque se ven determinadas
magnitudes que ponen de manifiesto que los objetivos de la reforma pueden ser una realidad, mientras exista la situación de desempleo que existe en este país nunca jamás

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nos vamos a encontrar satisfechos, solo cuando haya crecimiento económico y generación de empleo podremos hablar de esperanza y de datos positivos.


Una vez dicho lo anterior, déjenme concretar cuáles creo que serán los aspectos en los que tendrá efectos la reforma y cuáles son en mi opinión los indicadores que debemos observar para ver su impacto en el corto, en el medio y en el largo
plazo, como he dicho antes, después de un análisis sereno y con datos y bases sólidas. En este sentido, habrá que observar cómo evoluciona la negociación colectiva, si los convenios de empresas cubren a un mayor número de trabajadores que hasta
ahora proporcionándoles un instrumento más adaptable a las condiciones de la empresa; igualmente habrá que ver si crece el número de acuerdos de descuelgue, especialmente propicio para que las pymes encuentren también esas vías de adaptación;
tendremos que examinar también cómo se aplican en las empresas los instrumentos de flexibilidad interna que se han potenciado y en particular el peso de las medidas de suspensión temporal de contratos. Será muy revelador en este sentido ver si
estas medidas se siguen tomando mayoritariamente por acuerdo, como hasta ahora. En la contratación habrá que observar qué papel tiene el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores y también nos interesa analizar la evolución del contrato de
formación y aprendizaje y si despega de las cifras tan reducidas de contratación que venía registrando. Para ello, la aprobación del desarrollo reglamentario regulador de este contrato será decisiva, pero también a medio plazo deberíamos ver los
efectos derivados de la negociación colectiva más adaptable a la situación de las empresas. Lo que le puedo asegurar, señoría, es que estaremos muy pendientes de los efectos de la reforma laboral para lo que elaboraremos los indicadores adecuados
que nos permitan hacer el seguimiento previsto en la ley y que esperan nuestros socios comunitarios. A tal fin se ha constituido un grupo de trabajo interno en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que están presentes todas y
cada una de las unidades que están directamente involucradas en la generación de datos. En dicho grupo se han priorizado los trabajos técnicos dirigidos a la identificación y uso de información de la máxima calidad referida a los efectos de la
reforma, como he dicho anteriormente, para dar cumplimiento tanto a lo establecido en la ley como a las recomendaciones de la Comisión Europea.


Señorías, en relación con la segunda parte de la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista, que se refiere a los cambios estadísticos de los expedientes de regulación de empleo, debo aclarar que no se ha decidido ningún cambio en el
tratamiento estadístico de los datos relativos a la regulación de empleo. En la publicación de los datos estadísticos de medidas colectivas, de los ERE, se produjo un error que afectaba a un aspecto concreto de carácter pactado y no pactado de las
medidas en los meses de marzo, abril y mayo de 2012. Los datos erróneos no afectaban a los datos globales de las medidas adoptadas, los expedientes tramitados o los trabajadores afectados por ellas, así como tampoco a su distribución por tipo de
medida, ámbito geográfico o de actividad. El error se ha debido a un tratamiento informático incorrecto de los datos para este periodo. Como consecuencia de las modificaciones del procedimiento de tratamiento de datos para adaptarse a la reforma
laboral, la aplicación atribuyó por defecto al carácter de no pactado a las medidas que no venían correctamente identificadas con los nuevos códigos. Hay que recordar que la estadística se confecciona agrupando datos procedentes de cerca de 60
autoridades laborales. Este procedimiento se realiza de forma altamente automatizada y el error fue de escasa entidad para marzo, más importante para abril y muy significativo para los datos de mayo, momento en el que se detectó. Siguiendo el
código de buenas prácticas de las estadísticas europeas adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo y que se aplica a la elaboración de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez que se detectó la incidencia se
procedió a eliminar de la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los cuadros de la estadística afectados y se sustituyeron por los datos correctos en el menor plazo de tiempo posible, advirtiéndose públicamente del error. Así, a diferencia
de lo que indicaban los datos inicialmente publicados, los datos revisados muestran que el peso predominante de las medidas pactadas se mantiene respecto a periodos anteriores. La inmensa mayoría de las medidas se adoptan por acuerdo en el seno de
las empresas, ya que representan a un 86% de los trabajadores afectados por las mismas en el periodo acumulado de enero a mayo de 2012. En el mes de mayo este porcentaje alcanzaba al 90% de los trabajadores. Los datos erróneos daban una imagen de
las medidas colectivas completamente distorsionada, que no respondían a la realidad, y así lo entendieron los observadores cercanos de los procesos de regulación de empleo, entre los que los sindicatos son protagonistas cualificados. En particular,
no respondía a la realidad atribuir a la reforma laboral un cambio radical en la actitud de las empresas y de los trabajadores hacia la adopción de las medidas colectivas. Estas siguen adoptándose -como he dicho antes- en la inmensa mayoría de los
casos por acuerdo,

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como corresponde a un comportamiento razonable de los protagonistas de las relaciones laborales. En definitiva, señorías, se trata de una mera incidencia que no responde a ninguna decisión de los responsables del departamento de modificar
el tratamiento estadístico de unos datos que forman parte de las estadísticas laborales de este país, sino que dicha incidencia se circunscribe al ámbito estrictamente técnico del funcionamiento de una aplicación informática, cuya gestión
corresponde a la Subdirección General de Estadística, cuyos técnicos, señorías, son los mismos que realizan con acreditada cualificación este tipo de operaciones desde hace años.


Como parte de mi exposición sobre política general de la Secretaría de Estado, voy a exponerles las líneas básicas en materia de política de empleo. El sistema español de protección por desempleo garantiza a quienes han perdido un empleo
asistencia suficiente mientras que con el apoyo de los servicios públicos de empleo busca y encuentra otro trabajo. Como bien saben, el reparto constitucional de competencias determina que las políticas activas de empleo son asumidas por las
comunidades autónomas, mientras que las pasivas, esto es el pago de prestaciones y subsidios, es asumido por el Servicio Público de Empleo Estatal. Este marco competencial exige una colaboración muy estrecha entre los servicios de empleo
autonómicos y estatal en la que queda mucho por hacer y que ha sido asumida desde el principio como objetivo fundamental de este Gobierno. En esta línea, las recomendaciones de la Comisión Europea del pasado mes de mayo ya indicaban que es
necesario llevar al máximo de su eficacia las políticas activas y vincularlas con las pasivas. Esta necesaria vinculación se enmarca en una gestión impregnada de los principios de orientación a resultados, competencia y evaluación. Es decir, la
eficacia y la eficiencia para la gestión de las políticas de empleo exigen, por un lado, someter las políticas a una evaluación que permita concentrar los esfuerzos y recursos en aquellas que tengan un mayor impacto en la empleabilidad de los
trabajadores y, por otro lado, ligar estas acciones de empleabilidad con la percepción de la prestación. Creo que no es admisible que se estén dedicando recursos públicos para que las personas que sufren el drama del desempleo encuentren un trabajo
y en ningún momento se plantee si las medidas están funcionando o no están funcionando.


En este contexto, el Plan anual de política de empleo, elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas, incorpora por primera vez la evaluación de las medidas como pilar fundamental de las políticas de empleo, previendo para ello una
evaluación continua de las medidas que las desarrollan de manera que las políticas que no funcionen puedan ser reorientadas. Sobre las bases señaladas, los objetivos prioritarios contemplados en el Plan de política de empleo son: reducir la tasa
de desempleo, para lo que se establecieron conjuntamente por las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo 101 medidas; mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro, para lo que se definen 204 medidas; apoyar
a los emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibilitar su mantenimiento en el mercado de trabajo, para lo que se establecieron 117 medidas; acentuar la colaboración público-privada con el fin de agilizar los mecanismos
de búsqueda de empleo por los desempleados, para lo que se establecieron 31 medidas; desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a personas con discapacidad, para lo que se establecieron 108 medidas, y la lucha contra el
fraude, para lo que se establecieron 9 medidas. Con el fin de alcanzar los objetivos señalados, se prevé la distribución de fondos en cuatro bloques: acciones de formación profesional, dotados con 966 millones; fomento del empleo, dotado con 318
millones; modernización de los servicios públicos de empleo, dotado con 30 millones de euros, y, en cuarto y último lugar, favorecer la flexibilidad, dotado con 4 millones. En definitiva, el Plan anual de política de empleo se configura como un
instrumento novedoso que va a permitir una mayor flexibilidad en la ejecución de las políticas activas por parte de las comunidades autónomas. Además, constituye el marco general en que se va a concretar la colaboración entre las administraciones.
En el ámbito de la formación, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas que permiten que la formación para el empleo impartida con cargo a recursos públicos sea más eficaz y eficiente. Para ello, junto a los agentes sociales, ha modificado en
profundidad el modelo existente de gestión, especialmente en lo relativo a la formación de ofertas, gestionado a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.


Permítanme que les exponga un breve diagnóstico que justifica la necesidad del cambio al que hago referencia. El diseño del subsistema de formación para el empleo parte de los acuerdos nacionales de formación continua del año 1992. Dichos
acuerdos supusieron un impulso inicial importante que permitió poner las bases de una cultura de la formación continua para los trabajadores y las empresas. Es decir, este subsistema cuenta ya con veinte años de vigencia. Ni las circunstancias
socioeconómicas ni el

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estado del arte -por decirlo de alguna manera- de la formación eran los mismos en el año 1992 que en nuestros días y, sin embargo, el subsistema que nosotros nos hemos encontrado no difiere en lo esencial de aquel modelo, superado hoy por
las tecnologías y en el actual contexto económico. La reforma era obligada no solo por la obsolescencia del sistema sino por acontecimientos externos que le afectan de manera directa, tales como el reparto competencial sobre la materia o la
aprobación de la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional, que propugna la interacción de los subsistemas de formación.


Señorías, al margen de esto, lo cierto es que el sistema que nosotros nos hemos encontrado no responde a las necesidades del sistema productivo español o no responde totalmente a las necesidades del sistema productivo español, y las razones
son las siguientes. Buena parte de los contenidos formativos están centrados en materias transversales de escasa especialización que se repiten un ejercicio tras otro incluso como áreas prioritarias frente a las exigencias relacionadas con la
evolución de la competencia y las tecnologías. Mayoritariamente se daban cursos de prevención de riesgos laborales, de gestión de recursos humanos, de márquetin y, sin embargo, se olvidaban cursos sobre las nuevas tecnologías, de idiomas o sobre la
internacionalización de las empresas. Los planes sectoriales, que en teoría deberían servir al propósito formativo específico de cada sector, se han convertido en un mero catálogo de acciones no jerarquizadas y muchas de ellas transversales. Los
propios trabajadores manifiestan en sus evaluaciones -una evaluación que se realizó en el año 2011- que la formación les satisface personalmente, pero que no está relacionada con su presente ni con su futuro profesional. Así, solo el 12,5% de los
trabajadores formados en las llamadas iniciativas de oferta reconocen que esta formación ha tenido alguna incidencia en su desarrollo profesional. El impacto de la formación sobre la realidad productiva de las empresas es limitado porque se centra
más en la mejora organizativa que en el desarrollo de nuevos servicios y productos. Precisamente por eso se han incluido la innovación tecnológica y la internacionalización como áreas prioritarias en las futuras convocatorias. Es obvio, por tanto,
que el sistema no facilitaba completamente la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo.


Señorías, se preguntarán en relación con este tema a qué obedece que estemos constantemente diciendo que si la concurrencia, que si la transparencia del subsistema, que si apertura a otros agentes distintos a organizaciones sindicales y
empresariales. Yo creo que existe una percepción ciudadana de que se había producido una endogamia del sistema por los agentes sociales y, sea o no cierta esta percepción, sí lo es que dichos agentes desarrollaban dos funciones difíciles de
conciliar: definían en exclusiva hasta la reforma laboral las prioridades de los planes formativos y a la vez ejecutaban la formación financiada, una situación que podía ser el campo de cultivo ideal para un conflicto de intereses que nunca se
había resuelto. Se trata de una opinión extendida, y así aparece en las evaluaciones, que esta situación provocaba reiteración de los contenidos formativos y un alejamiento cada vez mayor de las necesidades del mercado. Es decir, se decidía cuál
era la formación necesaria sobre la base de la oferta formativa preexistente y no en función de los requerimientos del mercado laboral de cada momento.


Existe también la percepción de que el sistema es ineficiente. Buena ejemplo de ello es el recurso a la formación a distancia tradicional, que consistía en el mero envío de un material didáctico. Las nuevas convocatorias ya disminuyen
sustancialmente esta modalidad y ponen el énfasis en la teleformación, la reducción de los costes asociados y la concurrencia sobre la base de la eficiencia económica. La imagen del sistema es también manifiestamente mejorable en lo que se refiere
a la empleabilidad. Si bien la reorientación de los recursos formativos hacia los desempleados es muy reciente, los datos no permiten un análisis muy optimista de la situación que nos hemos encontrado. Sirva como botón de muestra el dato de la
inserción estimada de algunos participantes en la convocatoria de 2011 dirigida a jóvenes desempleados, que fue del 16%. Habrá que hacer cambios en esas iniciativas que mejoren la empleabilidad, probablemente favoreciendo la formación en sectores
creadores de empleo y replanteándose estrategias relativas a la cualificación y el reconocimiento de los aprendizajes. Por ello, el Gobierno ha acometido conjuntamente con los agentes sociales, como adelantaba, una modificación en profundidad del
modelo de gestión de la oferta para el empleo mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y la Orden 1726/2012, de 2 de agosto, que han modificado respectivamente el Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y la Orden TAS 18/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el citado real decreto.


Los cambios operados que quisiera destacar son los siguientes. En primer lugar, la apertura a los centros formativos debidamente acreditados a la convocatoria de ejecución de planes de formación. Con ello se evita la tradicional exclusión
de centros especializados en formación de trabajadores de esta clase

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de convocatorias que provocaba el efecto perverso de privar al sistema de diversidad formativa. La entrada de estas entidades no puede sino ampliar la oferta formativa con una indudable mejora de calidad de los servicios y una esperada
reducción de los costes económicos derivados de la apertura del sector a la libre y leal competencia. En segundo lugar, se atribuye al Servicio Público de Empleo competente en la etapa de programación de la oferta formativa la facultad de
especificar en cada convocatoria las acciones formativas que tengan carácter prioritario. De esta manera y con la aportación de la actividad de las comisiones paritarias sectoriales, el sistema de formación podrá anticiparse a los cambios en los
modelos productivos y a las necesidades formativas ligadas a dichos cambios, además de atender a los requerimientos de los sectores más innovadores y con mayor perspectiva de crecimiento. Y, por último, para reforzar la eficacia y la eficiencia de
la utilización de los recursos, la nueva normativa ordena y limita, por una parte, las incidencias que se producen en el desarrollo de los convenios formativos y, por otra, los costes vinculados a la actividad formativa.


Estos nuevos rasgos de la gestión de la formación para el empleo están presentes en la reciente convocatoria de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal del pasado 9 de agosto, que inicia una transición progresiva del modelo
diseñado por la reforma laboral, transición progresiva y ordenada. En dicha convocatoria, además de características tales como la regulación de la teleformación o la priorización de determinados colectivos como menores de treinta años o parados de
larga duración, hay que subrayar un cambio sustancial en la metodología de valoración técnica, básica para objetividad, transparencia y eficiencia en la concesión de las ayudas. La metodología valora la acreditación de las acciones, la
planificación didáctica y la evaluación de los aprendizajes, la inclusión en áreas prioritarias y la capacidad y experiencia acreditadas de la entidad solicitante, alcance del plan de formación. Se han establecido puntuaciones mínimas de valoración
en cada uno de estos bloques. No se puede tener una adjudicación si no se tiene una puntuación mínima en cada bloque. Todo ello en aras de conseguir planes de formación que tengan un mínimo de calidad que sea nuestro estándar. A este respecto
puedo avanzarles que de acuerdo con los datos recogidos de esta convocatoria en una primera aproximación, el incremento de solicitudes para planes de formación han sido de casi el cien por cien, representando los planes solicitados por las entidades
y centros de formación debidamente acreditados el 54% del total. En lo que se refiere a las valoraciones, más del 65 por ciento de los solicitantes presentan planes situados en el plano de máxima puntuación por eficiencia, es decir, el que reduce
el coste hora-alumno entre un 15 y un 20 por ciento respecto al módulo de referencia. No obstante, hasta que no se produzca la concesión de las ayudas no es posible dar este dato con más precisión, ya que les he hecho el análisis sobre las ofertas
que se habían presentado. Hay que destacar que es para poder acceder a la financiación, y con ello se pretende evitar que un plan sin calidad no tenga financiación y no obtenga la suficiente puntuación.


Señorías, no puedo finalizar este apartado de mi comparecencia dedicado a la formación sin referirme al contrato de formación y aprendizaje. La crisis económica ha hecho evidente que los trabajadores con mejor formación tienen más
posibilidades de mantener su empleo. Por eso la reforma laboral configura la formación como un derecho individual de los trabajadores y, a la vez, como ya he señalado, se opta por favorecer su empleabilidad, en particular mediante el contrato de
formación y el aprendizaje. Como es sabido, este contrato tiene por objeto lograr la cualificación profesional de las personas entre dieciséis y veinticinco años que carecen de ella, que les permita hacer un contrato en práctica, es decir, que no
tienen una titulación oficial o equivalente. En nuestro país, debido al boom inmobiliario por el que muchos chavales abandonaron los estudios, hay muchas de esas situaciones. A tal fin, este contrato alterna actividad laboral en la empresa con
actividad formativa en el marco de la formación profesional, sea para el empleo, sea para el sistema educativo. El tiempo de trabajo efectivo que podrá hacerse compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas no podrá ser superior al
75% durante el primer año o el 85% por ciento durante el segundo, y el tercer año de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo. La reforma laboral potencia esta figura ampliando el campo de actuación de este contrato en varios aspectos.
Entre otras novedades se amplían los márgenes temporales del mismo, seis meses mínimo-tres años máximos, para poder adaptarlo a toda clase de actividades económicas. Posibilita que el trabajador que quiera adquirir una segunda cualificación
profesional en la misma empresa, pueda celebrar un nuevo contrato y permite que los centros formativos de las empresas que sean autorizadas puedan acreditar la formación impartida. Por otra parte, el desarrollo reglamentario de esta figura
contractual prevé las condiciones de impartición de la formación teórica en los centros autorizados, detallando las modalidades de impartición, la relación entre las empresas y el centro formativo o las tutorías en ambos ámbitos deben existir. Este
reglamento sobre el contrato para la formación y el aprendizaje, además de

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profundizar en el contenido formativo de esta tipología contractual supondrá un paso decisivo en el establecimiento progresivo de la formación profesional dual. Un sistema de formación profesional dual basado en la formación en alternancia,
en el conocimiento mutuo de las empresas y de los centros formativos y de la colaboración entre estos es la garantía de que la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo se haga con éxito. A tal fin, los ministerios de Empleo y Seguridad
Social y de Educación, Cultura y Deporte se encuentran trabajando estrechamente para que en el marco general de la reforma educativa anunciada por el Gobierno la formación dual sea una eficaz herramienta que garantice a nuestros jóvenes una
formación de calidad y su inserción en el mercado laboral.


Paso a abordar las cuestiones relacionadas con las medidas de políticas pasivas de empleo en este ámbito. El Gobierno aprobó con el Real Decreto-ley 20/2012 un amplio paquete de medidas que tratan, por una parte, de ajustar el gasto a la
situación económica y, por otra, de introducir reformas que racionalicen el sistema público de prestaciones de forma que se garantice su sostenibilidad, ordenándolo, generando eficiencia y dotándolo de coherencia. Sería un error pensar que las
medidas en materia de empleo que se comprenden en el citado real decreto se dirigen exclusivamente a reducir el gasto público, ya que la norma contiene profundos cambios en el sistema de políticas activas y pasivas de empleo, imprescindibles para
asegurar la viabilidad futura del sistema de protección, generar eficiencias y dotarlo de coherencias. Y, finalmente, para impulsar una utilización más inteligente de los recursos públicos destinados a las políticas de empleo. Los objetivos
buscados con este real decreto-ley pueden agruparse en cinco puntos. Primero, el necesario ajuste presupuestario debe ser compatible con la especial protección de las situaciones de pérdida de empleo y aquellas que requieren una especial atención,
adaptando las prestaciones a una configuración y a un nivel sostenible en el tiempo. Segundo, facilitar o incentivar el retorno a la ocupación. Tercero, es necesario que el sistema de políticas activas y pasivas de empleo contribuya al
envejecimiento activo, destinando especiales esfuerzos a prolongar de manera voluntaria la permanencia en el mercado laboral. Cuarto, es necesario reformar el sistema de políticas activas sobre la base del principio de eficacia y permitir que los
recursos disponibles se destinen a aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los trabajadores. Y, por último y en quinto lugar, es necesario racionalizar el sistema en su totalidad y dotarlo de mayor coherencia interna,
seguridad y equidad. La adopción de las medidas que se contienen en el real decreto no se han realizado solo desde un criterio de eficiencia en el gasto sino, como no podía ser de otra forma, con una perspectiva de sensibilidad social y tratando
con especial cuidado aquellos colectivos que se están viendo especialmente afectados por la crisis económica.


En línea con estos principios, el Gobierno ha aprobado en los últimos peses el Plan Prepara. Ahora bien, a diferencia de las dos prórrogas anteriores, esta ha sido precedida de un proceso de análisis y de evaluación de los resultados de los
planes precedentes. Es preciso poner de manifiesto que sin perjuicio de que otros agentes y otras instituciones hayan realizado sus propias valoraciones, ha sido en julio y agosto de 2012, y no antes, cuando por primera vez el Gobierno ha dado
cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 2.10 del Real Decreto-ley 1/2011, por el que se aprobó el Prepara que exige la realización de una evaluación de los resultados obtenidos por este programa. Los resultados de elaboración no fueron
muy esperanzadores. Del total de acciones realizadas por los beneficiarios del programa el 78% correspondía a actuaciones de orientación individual, el 19% a acciones de orientación grupal y menos de un 3% a acciones formativas, a pesar de las
evidentes deficiencias del colectivo de beneficiarios en este aspecto. Solo el 7% de los beneficiarios había accedido a acciones formativas y en algunas autonomías donde las necesidades formativas tienden a ser mayores, el porcentaje era aún
inferior. También llama la atención que menos del 2% de los beneficiarios participó en acciones de impulso al emprendimiento y que el 36% no accedió a una tutoría individual que constituye el primer paso para el diseño de un itinerario
personalizado de inserción. El número medio de acciones por beneficiarios es de 3,22%, a pesar de que los beneficiarios estuvieron desempleados de media el 85% del tiempo de la prestación, tras acciones en seis meses y teniendo en cuenta la escasa
incidencia de acciones formativas, acciones además de corta duración. Esta cifra es muy difícil justificarla, teniendo en cuenta que los servicios de Empleo están llamados a volcarse con este colectivo, ya que es el último eslabón de la protección
en el ámbito del empleo. Si los datos de evaluación de las acciones de políticas activas son muy preocupantes, el análisis de la tasa de inserción no es mucho más positivo. Más de dos terceras partes, el 67% de los beneficiarios, no estuvieron
ocupados durante la duración del programa ni un solo día. El 8% estuvieron ocupados menos de un mes, y solo el 18% lo estuvieron más de dos meses. En definitiva, la evaluación ha puesto de manifiesto que la gran mayoría de los beneficiarios no
consiguió ninguna ocupación y los que la

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lograron obtuvieron trabajos predominantemente de corta duración. Así, el Gobierno, en un escenario de recesión económica, teniendo en cuenta la evolución del desempleo de larga duración y el número de hogares con todos sus miembros
desempleados y una vez analizado y evaluado el Plan Prepara desde su creación hasta la actualidad, consideró necesario prorrogar el citado programa, pero introduciendo modificaciones para mejorar su resultado.


Las modificaciones introducidas respecto al diseño inicial del programa pretenden incrementar las oportunidades de empleo de los beneficiarios así como centrar los esfuerzos de los servicios de Empleo en aquellos desempleados que se
enfrentan a condiciones más desfavorables. En coherencia con el principio de equidad y para la consecución de la justicia social, el programa se ha redefinido y ha centrado su función protectora en el colectivo de desempleados que no teniendo
derecho a otra prestación o subsidio presentan cargas familiares u ostentan la condición de parados de larga duración.


El análisis de la evaluación del programa ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo a través de una mayor coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los
servicios de empleo de las comunidades autónomas. A su vez se garantiza el cumplimiento del principio de equidad revisando el régimen de incompatibilidad de la ayuda económica con otras de naturaleza similar y, por último, se refuerza la
supervisión y el análisis de los resultados obtenidos por la aplicación del Plan Prepara como medio para incrementar su eficiencia, garantizar una asignación óptima de los recursos y extender la cultura de la evaluación continua de las políticas de
empleo a las que me he referido en mi primera intervención.


Señorías, como parte de mi exposición de política general de la Secretaría de Estado voy a informar a continuación sobre las actuaciones referidas a los autónomos. El Gobierno es consciente de que una parte importante de la salida de la
crisis y de la recuperación del empleo se producirá como consecuencia del apoyo a la actividad de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. No se debe olvidar que las pymes y los trabajadores autónomos constituyen más del
95% del tejido productivo y económico a nivel nacional. En España hay más de 3 millones de personas, exactamente 3.068.808, que se encuentran en situación de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de
trabajadores autónomos, una cifra que supone el 18% del total de afiliados a la Seguridad Social, además, más de 408.000 autónomos tienen trabajadores a su cargo. Por todo ello el Gobierno ha apoyado un conjunto de medidas de fomento del
autoempleo, algunas aprobadas ya en la reforma laboral, como la posibilidad de capitalización hasta el cien por cien para inversión de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 que inicien una actividad como
trabajadores autónomos. Igualmente hemos aprobado una modificación del 50% en la cotización a los familiares colaboradores de los trabajadores autónomos. No quisiera dejar de destacar que tras la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012 se
mantiene la mayor parte de las bonificaciones que afectan a los autónomos, se trata de las que contempla el contrato de apoyo a los emprendedores, las bonificaciones a jóvenes y personas con discapacidad que inician su actividad como autónomos, las
bonificaciones por sustitución de los trabajadores autónomos en determinados supuestos y aquellas que existían para los profesionales autónomos que ejercen su actividad en determinados sectores en las ciudades de Ceuta y Melilla.


Señorías, como he señalado anteriormente, es propósito de este Gobierno lograr los objetivos en materia de empleo de una manera eficiente, esta eficiencia exige una decidida lucha contra el fraude, que va a suponer una estrecha colaboración
de todas las áreas del departamento del ministerio en este ámbito. El pasado 27 de abril el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, aprobó el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la
Seguridad Social, una acción prioritaria de este Gobierno para abordar con rigor y con los instrumentos necesarios un problema que genera alarma en la sociedad. La lucha contra el fraude implica a todos: a los ciudadanos, a las empresas y a los
poderes públicos. Formando parte del plan se ha elaborado en el ministerio el proyecto de ley integral de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social que tiene como finalidad abordar esa lucha de forma integral, sistemática y
coordinada por parte del conjunto de organismos públicos competentes. El texto incluye modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Ordenadora de la Inspección y la Ley de infracciones y sanciones del orden social. El principal
objetivo del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social es perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas. El plan
pretende impulsar el afloramiento de la economía sumergida, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social

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y corregir la obtención y disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo. La decidida puesta en práctica de este plan permitió que a principios del mes de agosto se hubieran efectuado 143.000 inspecciones con 52.453 empleos
aflorados, un 14,5% más que el año pasado. En el ámbito de la protección por desempleo debe destacarse la detección de 992 fraudes a través de empresas ficticias organizadas para obtener prestaciones por desempleo, un 586% más que en el año 2011 y
la imposición de 4.260 infracciones a empresarios que recibían indebidamente los servicios de perceptores de prestación por desempleo. En último lugar debe señalarse la detección de 6.263 casos de compatibilización ilegal de prestación por
desempleo con trabajo.


Finalmente debo señalar que en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal las medidas que hemos adoptado específicas en el servicio público se pueden dividir en tres grupos: medidas para reforzar el seguimiento de la disponibilidad
para el empleo con reforzamiento del control de la presencia ante oficinas de empleo y cumplimiento de los compromisos de actividad; medidas para verificar el cumplimiento de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación mediante
colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, revisando los actuales cruces de información para lograr mayor efectividad en la detección de fraude;
intensificación de la colaboración además con órganos del ministerio implicado, con las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión de las políticas activas de empleo.


Señorías, no les quepa duda de la decidida voluntad de este Gobierno para garantizar un sistema de protección social que ha sido resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo de todos los españoles que hace posible el pago de las pensiones,
la asistencia sanitaria, las becas o las prestaciones por desempleo. No podemos permitir que algunos ciudadanos irresponsables defrauden no ya a la Administración sino a sus conciudadanos, al conjunto de la sociedad y en un contexto como el actual,
especialmente difícil para todos. Son muchas más las competencias que me gustaría poderles contar en el ámbito de la Secretaría de Estado, del Fogasa, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la nueva estrategia de higiene y
seguridad en materia de empleo pero creo que lo dejaremos para la siguiente comparecencia.


Concluyo mi exposición, señorías, diciéndoles que durante estos nueve meses de gobierno hemos trabajado y continuaremos haciéndolo en la realización de todas aquellas reformas estructurales necesarias para que nuestro mercado de trabajo se
convierta en dinámico y flexible, capaz de adaptarse mejor a las diferentes circunstancias económicas a que deba enfrentarse. Hemos trabajado y continuaremos haciéndolo para dotar nuestras políticas de empleo de un marco jurídico lo suficientemente
amplio y flexible que permita actuar cómodamente a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias y coordinadamente y en colaboración con ala Administración General del Estado. Hemos trabajado y continuaremos haciéndolo para mejorar
la empleabilidad de los trabajadores, garantizando la mayor eficacia de los recursos destinados a la formación y hemos trabajado y continuaremos haciéndolo para combatir el desempleo de los jóvenes, incorporando a la legislación nacional
experiencias exitosas en otros países como el sistema de formación dual o a través de lo que será la futura estrategia española de emprendimiento y empleo. Y todo ello, señorías, desde la profunda convicción de que es imprescindible acometer las
reformas a las que acabo de referirme desde una nueva cultura de la evaluación, reconociendo que se ha hecho mucho, que queda mucho por hacer y que tenemos que ser capaces de hacer un seguimiento, un análisis y una valoración rigurosa de los
efectos, haciendo que primen la eficiencia y la optimización en la utilización de los recursos públicos, premisas ineludibles para guiar cualquier actuación de Gobierno en las actuales circunstancias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, como el Grupo Parlamentario Socialista es autor de dos de las tres iniciativas acumuladas, para su intervención tiene la palabra doña Pilar Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: De antemano le agradezco la generosidad, señor presidente, porque cierto es que son muchos los temas a tratar en el día de hoy y ha sido también mucho el tiempo de espera para poder tener su intervención, que
consideramos que era clave para que esta Comisión pudiera seguir trabajando en la línea que lo está haciendo. Agradezco también a la secretaria de Estado su extensa exposición de los temas solicitados tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo
de Convergència i Unió y en mi comparecencia haré un repaso de las cuestiones que a nuestro juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, son de máximo interés, siendo muy concreta en aquellos extremos que nos gustaría que quedasen aclarados
a lo largo de esta tarde.


En primer lugar, querría destacar que ya hace diez meses que tienen la responsabilidad de gobierno y que hasta hoy no había comparecido usted aquí para explicar las líneas generales de su departamento.

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Sin pretender que suene a reproche, le aviso que haré valoraciones sobre los compromisos que ya adquirieron, tanto la ministra en su comparecencia inicial y en sus intervenciones posteriores en esta Cámara como usted misma en su
comparecencia en relación con la Ley de Presupuestos para el presente año. Hay varios temas de especial interés que su departamento se ha comprometido a acometer y que han sido repetidos hasta la saciedad -algunos de ellos, no todos, los ha vuelto
a repetir usted hoy mismo-. Para nosotros todos son acuciantes, pero hasta la fecha no hay noticias de ellos y destacaré cinco que para el Partido Socialista son centrales: en primer lugar han anunciado ustedes, a bombo y platillo, un plan de
empleo juvenil que se comprometieron a traer durante el mes de septiembre a esta Cámara. Estamos a día 26 y nos gustaría saber cuándo lo van a hacer público porque nosotros no lo tenemos, no hemos podido participar, lógicamente, y las comunidades
autónomas -al menos las gobernadas por otras fuerzas políticas que no son la suya- tampoco tienen noticias de dicho plan. Entiendo que, siendo las comunidades autónomas competentes en el desarrollo de las políticas activas de empleo, algo podrán
aportar al diseño del plan antes de que se lo den cocinado desde el ministerio.


En segundo lugar, quiero aprovechar la ocasión para preguntarle por un plan de empleo para mujeres que anunció la ministra Mato en su comparecencia en la Comisión de Igualdad y del que tampoco tenemos noticias. Teniendo en cuenta el impacto
negativísimo que la reforma laboral está teniendo para el empleo femenino, que más tarde explicitaré, sería conveniente que no lo dejasen esperar mucho más tiempo. Ha hablado usted de nuevo de la necesaria vinculación entre políticas activas y
pasivas para hacer que funcionen todos los programas, fundamentalmente el programa Prepara, y seguro que los grupos aquí presentes estamos todos de acuerdo en dicha necesidad, pero quisiera que fuese un poquito más explícita y nos contestara cómo lo
van a hacer, cómo van a lograr esa vinculación entre políticas activas y pasivas porque, entre otras cosas, como consecuencia de sus decisiones, tanto en la Ley de Presupuestos como en la Ley 3/2012, los centros de empleo autonómicos, los servicios
públicos autonómicos en su mayoría, han perdido el personal que ayudaba a afrontar el trabajo extraordinario como consecuencia de la crisis -y hablo de los orientadores y de los promotores de empleo-. Y también le pregunto si no cree usted que es
un poco difícil hacer ciertas cosas sin contar con efectivos suficientes. Asimismo, ha dado una explicación sobre la política de formación para el empleo, pero en este momento, y a pesar de que existen numerosas incógnitas, al Grupo Socialista le
preocupan dos cuestiones fundamentales: una, si ustedes tienen intención de intervenir de alguna manera en la nueva ley de educación. Queremos saber qué papel tendrá la formación del sistema de empleo en la nueva formación profesional. La otra
preocupación que tenemos es cómo cree usted que se podrá dar respuesta al número creciente de desempleados con un recorte del 54% en las políticas activas de empleo. Le pedimos encarecidamente que utilice usted toda la buena voluntad que ha
mostrado en su intervención para impedir que el señor Montoro vuelva a rebanar -y permítame la expresión- la partida que intenta ofrecer futuro a las personas que se encuentran en situación de desempleo, ofreciéndoles una prestación, una ayuda al
desempleo. Quisiéramos, si es posible, que nos aclarara todo eso hoy.


Finalmente, y en relación con el programa Prepara, quisiéramos saber cuándo van ustedes a empezar a reconocer las ayudas y a pagarlas. A fecha de hoy, un mes después del calvario que sufrieron quienes estuvieron esperando su decisión,
quienes pensaron que no iban a poder acceder a ella, aún no han percibido esos euros que les permite vivir con lo mínimo. ¿Saben ustedes que están haciendo declararse a la gente personas sin recursos para poder acceder a esta ayuda? ¿Saben que
declarándose insolventes pierden la tarjeta sanitaria? ¿No consideran ustedes que es tremendamente injusto que los que menos tienen paguen tan caras las decisiones de este Gobierno?


Para terminar con esta primera parte, le diré que es imprescindible hacer evaluación, una evaluación rigurosa, una evaluación acordada -de hecho se ha estado haciendo durante los últimos años-. Tan importante es para nosotros que
solicitamos ya hace tiempo que nos hicieran llegar la evaluación del programa Prepara y aún no hemos recibido respuesta. Pero déjeme indicarle que, cuando existe un desajuste entre el objetivo pretendido y el evaluado, los resultados suelen ser
erróneos. Por ejemplo, para ustedes -como ha repetido la ministra y usted misma en el día de hoy- el éxito del programa Prepara sería la inserción laboral exclusivamente, pero permítame que le exprese que me parece una falta de conocimiento
profundo, incluso una obscenidad, evaluar cualquiera de las políticas activas de empleo, en un contexto de recesión, solo en términos de inserción laboral.


Pasaré ahora a valorar el segundo tema, relativo a la reforma laboral y, sin que sirva en absoluto de agravio hacia su intervención, quisiera destacar que hubiese sido importante que, dado el calado de las intervenciones solicitadas por los
dos grupos y aquellas que tenemos pendientes sobre los datos de la

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última encuesta de población activa -se nos viene encima la siguiente y todavía la ministra no ha venido a explicarnos qué ha pasado sobre la situación de la afiliación a la Seguridad Social-, parece que sería interesante -y también porque
el Gobierno se comprometió en el mes de agosto a que, entre otras, la ministra de Empleo compareciese en esta Cámara- que viniese a explicarnos tantos temas que tenemos acumulados en la reserva y sobre los que creo que es conveniente que nos den
explicaciones. Ha hecho usted un relato de algunos de los efectos que la reforma laboral está teniendo en nuestro mercado de trabajo, pero mucho me temo que tenemos relatos distintos de lo que está ocurriendo, o sea que hacemos distintas
interpretaciones de los mismos datos o, incluso, me atrevo a decir que no jugamos en el mismo campo, ya que ustedes -la señora ministra en particular- utilizan datos que no están publicados. Así y todo, procederé a exponer lo que desde el Grupo
Socialista hemos constatado que son los efectos de esta reforma laboral injusta y desequilibrada; insisto en los calificativos, porque tanto usted hoy como la señora Báñez de forma habitual -yo diría que machacona- repiten sin cesar que es una
reforma para la flexibilidad y para el empleo, completa y equilibrada. Pero siento decirle que no por mucho repetir ese desiderátum se va a convertir en realidad y se lo demostraré con datos.


Un recientísimo informe elaborado por el sindicato UGT sobre los efectos que la reforma laboral está teniendo es bastante esclarecedor sobre la cruda realidad, sobre lo que ya sabíamos todos -y creo que ustedes también-; el libro que se
está escribiendo desde que entró en vigor la reforma laboral podría titularse Crónica de una muerte anunciada. Iré desgranando cada una de las partes que contiene la reforma y cómo se está comportando. El nuevo contrato de emprendedores, señora
Hidalgo. La reforma laboral crea un nuevo modelo de contrato indefinido -indefinido, supongo, a partir del día 366 de contrato porque antes de eso se trata de un contrato sin ataduras, sin ningún tipo de indemnización, es decir, lo que se llama un
contrato libre- y, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, este nuevo contrato puede mejorar la estadística pero no la realidad, aunque ya hemos constatado que no mejora ni lo uno ni lo otro. Por cierto, y hablando de estadísticas, sería
conveniente que publicasen, en aras de la transparencia, los datos de este contrato como categoría individual, ya que por un lado lo asimilan al contrato indefinido ordinario mientras que por otro la ministra sí da los datos desagregados de vez en
cuando. Por ejemplo, hace apenas quince días en el Congreso, ante una pregunta oral, aseveró -palabras textuales- que se habían firmado 51.367 contratos de emprendedores en el sector privado, pero que el dato se había maquillado con el aumento del
desempleo en el sector público; supongo que para la ministra el empleo público no es empleo, pero esto no viene ahora al caso.


Señora secretaria de Estado, quisiéramos sacar el máximo partido a esta comparecencia y necesitaríamos más datos que ilustrasen la situación de la contratación indefinida. Además de la evolución de este modelo de contrato desde su puesta en
marcha y desagregado por tipo de contratación, nos agradaría conocer qué tiempo medio de duración están teniendo los contratos, cuántos de estos contratos son conversiones de otros modelos contractuales -como los temporales, los contratos de
formación, de relevo o cualquier otra modalidad de contrato- y cuántos son bonificados o tienen incentivos fiscales. Necesitamos una información más clara y concisa, más accesible, más actualizada, porque según los datos que tenemos hasta la fecha
vemos cómo están sucediendo movimientos que llevan a una mayor precariedad de los empleos ya de por sí precarios.


En cuanto a la enlazabilidad en el mercado de trabajo -y relacionándolo con las preguntas que le he hecho hace un momento-, estamos constatando que lo que iba a ser la panacea contra la dualidad en el mercado de trabajo resulta que ha
generado el 6% del total de los contratos en el mes de agosto. Señora Hidalgo, dentro de la poca contratación que hay, siguen aumentando los contratos temporales. Además, tenemos datos engañosos como que hay un leve incremento de la contratación
indefinida ordinaria que en realidad viene provocada, como usted bien sabe, por la desaparición del modelo contractual de contrato de fomento de la contratación indefinida, que ya no se usa, y también por las conversiones de contratos que han
supuesto un 14,3%. En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, y dado que el tiempo que tenemos es excesivamente limitado para tantos temas como hemos acumulado, le pediría que nos explicase el desfase entre la estadística que publica su
departamento con los datos que maneja el señor Rajoy, dada la gran diferencia que existe entre ambas. La realidad es que se han incrementado los expedientes de regulación de empleo en un 55%; que la negociación colectiva ha caído estrepitosamente
y que ha crecido el despido objetivo individual que como usted sabe ha sustituido al despido exprés solo que cuesta una cuarta parte de lo que costaba y sin salarios de tramitación. Tampoco conocemos -no sé si por fallo estadístico o por qué
motivo- cuáles de las prestaciones por desempleo son según causa del

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derecho. Es decir queremos saber en ese incremento que ha habido en el 30% de las prestaciones contributivas, por qué causa de derecho están solicitando el desempleo.


Señora Hidalgo, mientras sigan utilizando discursos engañosos sobre la conciliación de la vida laboral y personal cuando en realidad se están reduciendo los derechos laborales para las mujeres; mientras sigan utilizando perífrasis para no
llamar a las cosas por su nombre y llamen 'envejecimiento activo' al alargamiento de la vida laboral; y hablen de 'activar a los desempleados para la búsqueda de empleo' cuando en realidad lo que están haciendo es recortar las prestaciones, los
subsidios y las políticas activas de empleo, será difícil que se pueda llevar a cabo una política de empleo realista y eficaz. Espero que en su respuesta aclare algunas de las cuestiones solicitadas, porque nosotros hemos esperado diez meses, pero
las personas que están en desempleo creo que ya no pueden esperar más. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, a usted, señora Lucio, y además por su capacidad de sintetizar su intervención.


A continuación tiene la palabra en representación de Convergència i Unió don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, yo también deseo agradecer la comparecencia de la secretaria de Estado y decirle que la agenda de cuestiones planteadas en su intervención es tan enorme que difícilmente podré referirme a
todas ellas y por tanto centraré mi intervención tan solo en algunas. Con una consideración previa. Me parece que la situación de desempleo que vivimos exigiría casi una presencia continuada del Gobierno y de la secretaria de Estado en esta
Comisión para permitir que el Parlamento pueda ejercer sus funciones de control e impulso de la acción de Gobierno de la manera más eficaz posible. El solo hecho de que en esta comparecencia hoy debamos abordar tantísimas cuestiones es evidente que
dificulta el trabajo parlamentario. Por tanto, señor presidente, sería bueno que quizás en una próxima reunión de Mesa y portavoces de la Comisión planteásemos con normalidad una comparecencia mensual de la secretaria de Estado en esta Comisión
para poder analizar una agenda que sin lugar a dudas es de las más relevantes para el conjunto de la ciudadanía.


Mi grupo apoyó sin ningún tipo de complejos la reforma del mercado de trabajo que se aprobó hace muy pocos meses. Ya advertimos en su momento que esta medida, como ninguna de las otras reformas del mercado de trabajo, no iba a crear empleo
a corto plazo, que era una reforma orientada al medio y largo plazo y en términos de mejorar la salud de nuestro sistema de relaciones laboral. Y habría que esperar un cierto tiempo para que pudiéramos empezar a hacer un cierto balance de la misma.
Introdujimos enmiendas en esa reforma precisamente para mandatar al Gobierno a elaborar una información que nos permitiese evaluar la misma. Vamos a esperar por tanto a que ese tiempo razonable empiece a pasar para determinar si la reforma está
siendo útil o no está siendo útil


Ahora bien, hecha esa afirmación, también hemos denunciado que el conjunto de la política de empleo del Gobierno está siendo profundamente incoherente. En 2012 el proyecto de ley de presupuestos, aprobado por su mayoría, implicó un enorme
recorte de las políticas de empleo. Hemos podido discutir en diversas ocasiones sobre ello; ha sido objeto incluso de crítica por parte de la prensa económica internacional, mi grupo se ha referido en diversas ocasiones al editorial que el
Financial Times dedicó a esta cuestión; pero además posteriormente a este recorte sobre las políticas activas de empleo, este verano ustedes aprobaron una nueva normativa que implica la práctica desaparición de las bonificaciones a la contratación.
Las han reducido para determinados supuestos. Han fundamentado esa medida basándose en diversos informes de expertos que denunciaban el efecto peso muerto de la configuración del sistema de bonificaciones, pero lo cierto es que con la tasa de
desempleo más alta del conjunto de la Unión Europea, la política presupuestaria del Gobierno es reducir sustancialmente los recursos de las políticas públicas dirigidas al mantenimiento y a la creación de empleo. Porque también les decíamos, cuando
discutíamos la reforma laboral, que esa reforma que debería tener efectos en el medio y largo plazo, necesitaba medidas que en el corto plazo ayudasen a la creación y al mantenimiento del empleo. Y llegó la Cámara incluso a la aprobación de un plan
de choque en este sentido. Focalizábamos además ese plan de choque en relación con dos colectivos, en los jóvenes y en los mayores de 55 años. E incluso la Unión Europea nos viene reclamando desde finales del año pasado que pongamos medidas en
relación con el empleo de los jóvenes. Nos volvía a recordar este verano, junto con la denuncia por parte de la Comisión Europea, la necesidad de proceder a la reforma de las políticas activas de empleo o incluso a esa vinculación entre políticas
pasivas y políticas activas.


Cuando mi grupo denuncia esa incoherencia y dice, oiga, no hay plan de choque, se reducen las políticas activas, se reducen las bonificaciones, no hay plan de empleo para los jóvenes, no hay medidas

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para los mayores de 55 años -más de medio millón de desempleados tienen más de 55 años-, existe ahí una enorme incoherencia por lo tanto. Y recientemente además las organizaciones empresariales de Cataluña y singularmente Cecot, usted la
conoce, es una organización de las más dinámicas del mundo de la pequeña y mediana empresa, centrada en las comarcas del Vallès, ponía de manifiesto que la desaparición de las bonificaciones a la contratación, en la medida en que también afecta a
bonificaciones ya comprometidas por el Gobierno, a contratos realizados por empresas basándose en las expectativas de rebaja de sus costes laborales fruto de esas bonificaciones, está generando un incremento de los costes laborales para esas
empresas que contrataron a esos trabajadores creyendo que el coste laboral iba a ser sustancialmente inferior. Estamos hablando de costes entre 300 y 400 euros al mes por puesto de trabajo. Para pequeñas y medianas empresas ese recorte de las
bonificaciones implica un sustancial aumento de sus costes laborales y pone en riesgo el mantenimiento del empleo.


Nos consta que Cecot ha trasladado a la ministra, al presidente del Gobierno y al ministro Montoro su preocupación. Mi grupo hoy le plantea formalmente que el Gobierno revise esa medida y permita que aquellas empresas que contrataron a
trabajadores basándose en los beneficios que se derivaban de las bonificaciones a las cotizaciones sociales puedan mantener esas bonificaciones. Porque si no con esa medida lo que hacen ustedes es facilitar, estimular la destrucción de empleo,
especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Y para las bonificaciones de trabajadores mayores de 45 años, debo recordarle las dificultades que cualquier trabajador de esas edades tiene hoy y va a tener para que pueda volver a
encontrar un empleo. Señora secretaria de Estado, le reclamo que el Gobierno sea sensible a esa demanda que le ha trasladado Cecot y que sean capaces en la próxima discusión presupuestaria de resolverlo. Le anuncio que en cualquier caso en el
proyecto de ley de medidas contra el fraude laboral mi grupo va a presentar una enmienda en ese sentido que nos gustaría que pudiese ser aprobada.


La segunda cuestión que mi grupo plantea hoy, y por la que específicamente pedíamos su comparecencia, hace referencia a la reforma del sistema de formación para el empleo. La semana pasada esta Comisión pudo mantener una reunión de trabajo
con un grupo de diputadas y diputados de la Comisión de Presupuestos del Bundestag. Nos plantearon fundamentalmente dos cuestiones, una genérica -si éramos capaces en España de alcanzar consensos para hacer frente a la crisis- y una segunda,
específica, muy vinculada a cómo pensábamos articular nuestra política de recualificación de nuestros desempleados. Los diputados alemanes nos advertían y nos veían desde Alemania con un grave problema de falta de cualificación de nuestros
trabajadores y singularmente de nuestros trabajadores desempleados. Razón de más para que podamos dedicar un buen rato -ojalá más rato del que hoy podremos tener- a discutir esa cuestión que en términos del corto plazo y en términos del medio plazo
es fundamental. Si no hay inversión en las personas difícilmente va a haber cambio del modelo productivo e incluso -y el señor Azpiroz en eso tiene enorme sensibilidad- frente a nuestra realidad demográfica con un escenario en la perspectiva del
año 2020 en que se pueden haber alcanzado situaciones óptimas de empleo, no fruto de la mejora económica, sino fruto de la propia realidad demográfica, en la que una economía quizá más dinámica no encuentre trabajadores cualificados para hacer
frente a las demandas de las empresas. Reto por tanto fundamental y en el que mi grupo no tiene la impresión, más allá de las decisiones presupuestarias, de que se estén adoptando las medidas correspondientes.


Mi grupo viene denunciando desde hace un montón de años -yo he perdido ya la memoria- que los Gobiernos continúan incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la necesidad de proceder al traspaso de los recursos de
la formación para el empleo a las comunidades autónomas. Se ha avanzado -y he de reconocer que en eso avanzó el anterior Gobierno-, pero respecto al mandato del Tribunal Constitucional, que fue inequívoco sobre esa cuestión, no se ha avanzado lo
suficiente. Se aprobó en el año 2010 un mandato para que la denominada formación de demanda, las funciones de control, impulso y gestión de la formación para la demanda correspondiesen a las comunidades autónomas, disposición adicional sexta -creo
recordar- de la reforma aprobada en septiembre de 2010. A eso no se ha dado ningún tipo de cumplimiento. ¿Y qué nos indican las cifras? Nos indican que la gestión centralizada de la formación de demanda hace que en Cataluña, donde la Generalitat
en esa materia no tiene ningún tipo de responsabilidad, haya menos empresas que en el conjunto del Estado beneficiándose de la formación de la demanda, menos recursos de los que formalmente el Estado prevé asignar, y menos microempresas y medianas
empresas aprovechando esos recursos. La gestión centralizada de la formación para la demanda, que previsiblemente es la que va a crecer -ya empezó a desarrollarse en la anterior legislatura- y es por la que ustedes apuestan, no está teniendo en
Cataluña el éxito que debería tener fruto de nuestro tejido económico y productivo. Una gestión centralizada de esa formación supone

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menos oportunidades de formación para los trabajadores catalanes y menos oportunidades para modernizar nuestro tejido empresarial.


Pero además en el desarrollo de los certificados de profesionalidad la gestión y la regulación centralizada lleva a situaciones verdaderamente absurdas. La definición vía real decreto de los contenidos de los certificados profesionales no
se está adaptando a la realidad de los centros de formación, a la realidad de las propias empresas. Le voy a contar una anécdota, señor presidente. En el certificado profesional de doma básica de caballos se exige a quien imparte ese certificado
que el entreno de la bestia se produzca en un espacio cerrado; es así en Andalucía, donde quizá el calor exige que eso se produzca, pero no en Cataluña. ¿Tiene demasiado sentido que el Estado regule esa cuestión, que el Estado regule el número de
sillas que deben existir en el certificado profesional de operaciones básicas de pisos en alojamientos, o el número de cocinas que deben existir? ¿Tiene sentido que el Estado regule esas cuestiones? ¿Eso mejora en alguna medida la cercanía de las
necesidades? Cuando mi grupo viene reclamando desde tiempos inmemoriales que en estas políticas la cercanía implica la eficacia lo que pretende es que precisamente estas políticas respondan a realidades concretas. La gestión centralizada, la
excesiva regulación del Estado no van a garantizar una política de formación que permita superar nuestros retos desde el punto de vista de la competitividad de nuestras empresas.


Y finalmente -con esto termino- ustedes están apostando por la formación profesional dual en el contexto de la formación profesional en alternancia. Compartimos, como medio mundo, esa necesidad, pero lo que es cierto es que hemos aprobado
un contrato para la formación y el aprendizaje en la última reforma laboral que pretende continuar resolviendo los problemas de inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes o de las personas menos formadas, y al mismo tiempo facilitar esa
formación dual. Mi grupo ya advirtió en la reforma laboral que es difícilmente se podía hacer con un mismo instrumento. Vamos a ver si el real decreto que está pendiente de aprobación da respuesta al mismo. En todo caso nos preocupa que desde
antes del verano en esta materia los Gobiernos autonómicos no tengan noticia del Gobierno. El éxito de la implementación de un modelo de formación profesional dual va a depender mucho de la capacidad de implementación del mismo por parte de las
comunidades autónomas, y por tanto de la capacidad del Gobierno de escucharlas. Si ese real decreto aparece sin el consenso necesario con los Gobiernos autonómicos no va a ser un real decreto útil para implementar efectivamente la formación
profesional dual, al margen de la discusión sobre el contrato.


Esperamos que la comparecencia de esta tarde sirva para aclarar algunas de estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación correspondía intervenir al Grupo Parlamentario Mixto, pero se ha excusado la señora Barkos, su portavoz, porque ha tenido que marcharse. Correspondería ahora la palabra al señor Emilio Olabarría, pero
nos ha solicitado intervenir previamente -y así se lo han cedido tanto el señor Olabarría como el señor Anchuelo- don Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural, que tiene ahora la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias por la flexibilidad y gracias también a los representantes del PNV y de UPyD por facilitar mi presencia en este momento.


Señora secretaria de Estado, creo que mi lealtad institucional con esta casa y con usted me obliga a decirle alguna cosa que creo que estamos pensando todos los miembros de esta Comisión. No es bueno que tarde usted tanto tiempo en
comparecer, pero sin duda eso no puede explicar que hoy nos haya traído un tipo de intervención en la que, con todos los respetos, era materialmente imposible seguirla, ya sea por la densidad, por la rapidez o por la indistinción entre lo que es el
ámbito de la Constitución, de la ley orgánica, de la ley, del decreto, de la orden, de la circular. Yo sugiero a la Mesa, porque no solo es una responsabilidad suya, tal y como planteaba el señor Campuzano, que veamos otro procedimiento de
actuación. Yo creo que se pueden hacer las comparecencias más frecuentemente, y si algunos informes se pudieran presentar por escrito y luego usted nos presentara aquí las líneas políticas del tema, nos permitiría discutir más claramente esas
líneas políticas. Es una sugerencia. Hoy nos ha venido un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad Social que vamos a tener que ver el lunes en la Comisión del Pacto de Toledo que tiene 65 folios; si se nos lee en aquel momento, nos
quedamos todos como estamos ahora, KO técnico. Se lo digo con lealtad institucional que nos tenemos que tener entre nosotros, y este no es un mecanismo operativo. Entonces como ya bastantes problemas tiene este Parlamento, para ser útil desde la
perspectiva de la función de control del Gobierno que se debe efectuar, yo sugiero modestamente que lo tengamos todos muy presente.

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Entrando en materia, con todos los respetos usted nos ha repetido de nuevo toda una serie de aspectos a los cuales además les ha dedicado mucho tiempo, ha repetido insistentemente aquello que se nos ha venido diciendo desde el mes de enero.
La verdad es que no pensaba entrar en ello porque creo que es agua pasada, pero es muy importante porque usted ha dicho una cosa que creo que es el punto de partida de su intervención y el punto de partida también del conflicto que tenemos; usted
ha dicho que sin duda compartimos todos el diagnóstico del mercado de trabajo. Pues no, no lo compartimos -lo he dicho un millón de veces-, y sin duda este es uno de los problemas graves, que el país no comparte un diagnóstico del mercado de
trabajo. El que usted ha hecho y el que el Partido Popular y el Gobierno han hecho no coinciden con el que tiene nuestro grupo, y creo que tampoco es el que tienen las organizaciones sindicales, gran parte de los catedráticos de derecho del
trabajo, muy pocos de los sociólogos del mercado de trabajo en ese sentido. ¿Por qué? Porque de una vez por todas a ver si somos capaces todos de entender que lo que genera problemas estructurales y no solo coyunturales en nuestro mercado de
trabajo, con alto desempleo, alta rotación y fuerte precariedad, puede tener algo que ver con la legislación laboral, no digo que no, pero tiene que ver sobre todo con unas causas muy profundas, que es un modelo productivo que genera esa realidad.
La prueba de eso es que nosotros nos parecemos bastante más a Irlanda, que tiene un modelo de relaciones laborales radicalmente distinto al nuestro. Y por ejemplo en España hay realidades, con la misma legislación laboral, muy distintas entre
comunidades autónomas -a veces envidio la realidad que tienen, no siendo agradable, en Euskadi desde el punto de vista de Cataluña-; o en todo lo que ustedes insisten no tiene nada que ver y no se aplica a sectores que desgraciadamente ocupan poco
empleo -solo el 25% de la población-, que son los sectores industriales de bienes y servicios y sectores de exportación de servicios de alta cualificación, que repito que solo ocupan el 25% de empleo, pero que en estos momentos están manteniendo su
capacidad no solo de generar empleo, sino de competir, y en cambio son los que tienen un modelo de relaciones laborales radicalmente distinto al que ustedes nos quieren imponer.


Como no somos capaces de discutir esto en profundidad, si ustedes insisten en su diagnóstico del mercado de trabajo sin duda las medidas van a ir en el sentido completamente contrario al que creo que merece este país. Aunque como yo creo
que un error cuando se repite mil veces deja de ser un error para convertirse en una opción, estoy absolutamente convencido -lo he dicho más veces- de que lo suyo no es un error, sí una opción para aprovechar la crisis e imponer el programa de
máximos al que desde determinadas concepciones de las relaciones laborales se venía aspirando en este país desde 1980, desde la misma aprobación del Estatuto de los Trabajadores, y ustedes han visto en este momento una gran oportunidad.


Sin duda los objetivos de la reforma laboral, a pesar de que ustedes hasta el mismo momento en que se aprobó estuvieron diciendo lo contrario -luego ya la han empezado a modular tanto, tanto y tanto que ahora están diciendo exactamente lo
contrario que dijeron antes del debate el día 8 de marzo de 2012 del Real Decreto-ley-, no eran la creación de empleo, porque ustedes saben que eso no lo podía crear una modificación legislativa. Sus objetivos son muy claros: conseguir la
reducción de salarios como mecanismo de devaluación interna; y como para eso tampoco les servía el acuerdo a que llegaron sindicatos y empresarios, que permitía un ajuste coyuntural, ustedes fueron a una cosa más profunda, que es un ajuste de
salarios estructural, y para eso requerían disciplinar a los trabajadores, dar todo el poder a la empresa, y al mismo tiempo debilitar la negociación colectiva. Eso es exactamente lo que ha sucedido, y entiendo al señor Rajoy cuando dice que la
reforma laboral ha sido un éxito. Sin duda no ha creado empleo, pero ha conseguido el éxito fundamental, que es disciplinar relaciones de trabajo y sobre todo reducir los salarios de manera espectacular, con el agravante de que eso además no ha
servido para crear empleo, sino para transferir rentas de trabajo a capital.


Es pronto para hacer una valoración. Afortunadamente la ley ya establece un planteamiento de valoración anual de la reforma laboral y ya la podremos ver. Pero hay algunos indicadores que ustedes no pueden negar y les voy a citar algunos.
Hoy tenemos 390.000 ocupados menos que el 1 de enero; tenemos exactamente 400.000 parados más que el 1 de enero; tenemos exactamente 134.000 trabajadores indefinidos menos que el 1 de enero; tenemos en estos momentos una caída de la contratación
del 4,4%; tenemos una caída de los contratos indefinidos del 5,8%; tenemos además una situación de menos cobertura en las prestaciones de desempleo, y en cambio, más gasto. Si no fuera porque es una cosa seria, ahora sonaría una voz que diría:
¡Bingo! Las han acertado ustedes todas, pero al revés, claro. Ni se me ocurrirá decir que eso es como consecuencia de la reforma laboral, porque eso sería incoherente con mi planteamiento cuando digo que está en el factor productivo y no en la
legislación laboral. Pero se

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merecerían que alguien se lo dijera, porque ustedes estuvieron diciendo que la reforma laboral iba a conseguir exactamente todo lo contrario.


E trata solo de indicadores de unos cuantos meses, pero déjeme que le diga otra cosa. Ya hay indicios más que suficientes, y los tienen los interlocutores sociales. Si ustedes hablan y negocian tanto con los interlocutores sociales como
dice la ministra, cosa que ellos desmienten, estoy convencido de que ya se lo habrán explicado. ¿Cuáles son las tendencias en estos momentos? Que la reforma laboral no está creando empleo es bastante evidente -usted lo ha reconocido-, pero lo más
grave es que está incentivando el despido como factor de ajuste; se lo dijimos. Porque es verdad que ustedes abrieron mucho la flexibilidad laboral, pero como abrieron más las facilidades para el despido, el río, que suele bajar por una cuenca,
aunque se le abra un pequeño canal para que vaya por otro lado, está acostumbrado, y si además el canal por el que siempre ha bajado se le abre por supuesto la riada es espectacular. Eso es lo que está sucediendo en todos los aspectos. En estos
momentos el ajuste de empleo se está canalizando a través de la destrucción de empleo.


En relación con la flexibilidad, eso es un concepto erróneo, porque lo que se está produciendo en estos momentos no es flexibilidad, es desregulación unilateral. La flexibilidad necesita ser pactada y ustedes han establecido un marco de
relaciones laborales que desincentiva el pacto, incentiva la decisión unilateral del empresario, y la prueba de eso es que en estos momentos el principal factor de ajuste del empleo que no es despido se está produciendo por la aplicación del
artículo 41 de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Así, unilateralmente puesto. Tanto es así que en estos momentos los descuelgues empresariales no están funcionando porque como requieren unos condicionantes superiores a la
modificación sustancial de condiciones de trabajo se está consiguiendo lo mismo, incluso en una cosa tan grave como es el salario, el cambio unilateral del salario, por la vía del artículo 41, que es una vía que estaba prevista inicialmente para una
cuestión completamente distinta.


En materia de negociación colectiva, ¿qué sucede en estos momentos? Tenemos la negociación colectiva de 2012 absolutamente bloqueada. ¿Por qué? Porque está todo el mundo, todos los empresarios esperando a que termine el periodo
transitorio de la ultraactividad, porque entonces van a negociar con unas condiciones de dominio total. Si ya la negociación colectiva nunca es entre iguales y menos en situación de desempleo, en unas condiciones que ustedes les han servido en
bandeja cuando pase el plazo de un año, a partir del cual cae la ultraactividad de los convenios vigentes, eso va a ser una merienda de trabajadores, no de negros. Eso es lo que está llevando a que los pocos convenios que se están firmando, que son
aquellos en los que hay más poder sindical para hacerlo, incluso esos estén acordando salarios que están por debajo del crecimiento de los precios. Por lo tanto están reduciendo el salario real. Y por si fuera poco eso está afectando sin duda al
conjunto de la capacidad de los salarios para mantener poder adquisitivo.


¿Qué está sucediendo con los expedientes de regulación de empleo? Se ha dicho que están teniendo cerca de un 50% o 55% más de utilización -pero no los de suspensión, sino los de rescisión- y que un 92% no son acordados, cuando la cultura de
este país era la del acuerdo en los ERE. ¿Por qué no está acordado? ¿Para que tengo que acordar yo algo si lo puedo establecer unilateralmente? Problema: les va a explotar como un bumerán a ustedes y a los empresarios, que cambian la cultura del
acuerdo por la cultura de la unilateralidad. Se lo digo porque ahora están consiguiendo reducir indemnizaciones, pero está generando una inseguridad importante. Se olvidan ustedes de una cosa, y es que aunque ustedes crean que les pueden imponer a
los tribunales su concepción de la aplicación de la ley, eso en el Estado de derecho y de separación de poderes le corresponde a los tribunales. Ustedes no pueden decir a los tribunales, al Tribunal Supremo que deje de analizar la razonabilidad y
la proporcionalidad de las medidas extintivas de la empresa, como pretende la exposición de motivos del real decreto-ley y de la ley. Eso no lo van a hacer nunca, y lo han dicho. ¿Y qué está provocando eso? Una profunda inseguridad que se está
viendo ya en los tribunales superiores de justicia y que pronto va a llegar a las sentencias del Tribunal Supremo.


Pero es más, está provocando una profunda dispersión e inseguridad también en los empresarios. Por cierto, se negaron ustedes en una actitud de mayoría absolutista a aceptar algunas enmiendas que nuestro grupo les planteó en relación con la
reforma de la Ley de Jurisdicción Social, y han provocado una situación de caos. En estos momentos con la posibilidad de que una misma decisión empresarial pueda ser recurrida colectiva o individualmente, ustedes pueden provocar que un mismo hecho
tenga en los tribunales de toda España una cantidad de recursos que incluso pueden llegar a tener sentencias contrarias

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entre sí. En definitiva, el tema de salarios ha caído en picado y, lo que es más grave, no va a crear empleo la reforma laboral.


En materia de políticas de empleo comparto algunas de las cosas que ha dicho antes el señor Campuzano. Lo más grave de las políticas de empleo que acompañan a la reforma laboral es que están situadas en un desconcierto que en algunos
momentos se parece bastante al baile de la yenka: Delante, delante; detrás, detrás. Lo de izquierda y derecha no; es siempre derecha, derecha (Risas), pero sí hacia delante y hacia atrás. Han cambiado en menos de ocho meses varias veces la
dirección de sus políticas de empleo, y eso genera un desconcierto brutal. No soy partidario de la recuperación de las bonificaciones, he estado siempre en contra. Creo que eso no incentiva el empleo, sino que sencillamente lo que hace es
trasladar un tipo de empleo a otro, y casi siempre a aquel que quiere competir en costes, con lo cual el que es menos competitivo y menos productivo para la competencia internacional. Pero sería bueno que nos sentáramos aquí a ver qué tipo de
políticas de empleo pueden ayudar a que el empleo que se crea sea de más calidad y más incentivador.


En el tema de formación, señora secretaria de Empleo, comparto algunas de las cosas que ha dicho sobre el actual modelo, especialmente aquellas que sitúan un elemento de distorsión entre la posición de los interlocutores sociales en relación
con su capacidad de gobernar el proceso y al mismo tiempo a impartirlo. Lo he dicho siempre así, incluso en mis otras vidas. Pero, cuidado, porque hay aspectos importantes en relación con el modelo de formación que existe en estos momentos. Si
hay que reformarlo que sea para mejor, que no sea estrictamente para generar más negocio para algunos. Por tanto le brindo la posibilidad de que usted, antes de poner en marcha esa nueva reforma, la haga en concertación social con los
interlocutores sociales, y si es posible venga aquí. Pero concertación social de verdad, no de esa que sirve a la señora ministra para pegarnos un rapapolvo cuando viene al Congreso, que dice: Ya he hablado. A lo mejor se los ha encontrado en la
puerta del metro, pero ni les ha citado ni ha negociado con ellos. Por eso insisto mucho en ello.


Por último, una propuesta. Usted ha planteado que hay cuatro reglamentos para desarrollar. En cuanto a la perversión de las consecuencias negativas de la reforma, hay cosas que son inevitables, pero hay algunas que son atenuables, y es el
desarrollo. Lo que se haga en el desarrollo de esos cuatro decretos puede marcar mucho en beneficio de un modelo más racional y menos irracional. Por favor, antes de sacarlas a la luz, como han tardado tanto, ya no vendrá en algún tiempo, vengan
ustedes a intentar concertarlo aquí. Lo que conocemos a través del dictamen del Consejo de Estado en relación a los ERE no nos gusta mucho, entre otras cosas porque lo único que va a hacer es incidir en la gravedad del diagnóstico que ustedes
hicieron que es: cuanto más facilita el despido, más empleo se crea, cuando ha sido lo contrario. Podemos intentar dar seguridad jurídica a las partes en los expedientes de formación de empleo que lo necesita todo el mundo. Lo mismo en el
contrato de formación y lo mismo en la aportación económica a la Seguridad Social de las empresas que licencien a los trabajadores en un período previo a la edad de jubilación ordinaria. Y por supuesto en la función de convenios colectivos. Nos va
a encontrar siempre dispuestos, siempre y cuando venga a entrar en el fondo de las cuestiones y no a salir del paso. Tal como se lo he dicho a usted, pido disculpas. No me voy a poder quedar, porque desgraciadamente algunos no podemos venir a la
reunión de este Congreso en metro, cosa que a veces olvidan los que convocan las reuniones. Lo siento.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No sabe cómo me complace escuchar una queja como la última que le he oído al señor Coscubiela, que algunos no pueden llegar en metro. Es que algunos tampoco podemos llegar en AVE. (La señora Lucio Carrasco:
Algunas ni en tren). Es la famosa fábula del sabio que iba echando las cáscaras de los altramuces, viendo que otro sabio más pobre que él las iba recogiendo para comerlas. En fin, no vamos a empezar con agravios de esta naturaleza en la primera
comparecencia, por fin, de la secretaria de Estado de Empleo. Teníamos un gran interés en escuchar sus consideraciones. El señor Coscubiela se lo ha comentado perfectamente. Aquí había una serie de hábitos consagrados en este Parlamento, el
Congreso de los Diputados, que consistían, señor presidente, precisamente en lo contrario de lo que está ocurriendo en esta legislatura, cosa que nos llama poderosamente la atención. Primero, hay una suerte de usurpación de funciones
parlamentarias, una serie de negación del parlamentarismo recurriendo sistemáticamente al real decreto-ley como fórmula de legislación habitual. No sé si en este momento hay algún proyecto de ley en curso. Seguramente alguno habrá. Sí, ha entrado

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la reforma parcial del Código Penal. Hemos tenido que esperar prácticamente un año de legislatura para que se nos presenten las primeras iniciativas legislativas que pueden suscitar un debate parlamentario en términos convencionalmente
habituales, como en todos los parlamentos democráticos del mundo. Hasta ahora creo que vamos por el 28 real decreto-ley, los parlamentarios podemos manifestar nuestra conformidad o no con ellos y votar a efectos de su convalidación, después incluso
de su entrada en vigencia, o de la vigencia del propio real decreto ley. Esta es una fórmula que nos parece una suerte de perversión, y no se lo tome como una especie de regañina o de reconvención, señora secretaria de Estado, pero la escasez de
sus presencias en esta Cámara, sobre todo cuando sabe que le estamos esperando con fruición y que queremos tenerla delante de nosotros para que nos explique las cuestiones atinentes a sus importantes responsabilidades, han sido reiteradas de forma
pública, de forma privada, de forma discreta y hasta de forma secreta.


¿A qué nos obliga esto? A lo que comentaba nuestro amigo Coscubiela, que ha tenido que hacer usted una reflexión muy condensada, muy rápida, leída, donde su seguimiento se hacía particularmente complejo, no solo por la variedad de problemas
que ha afrontado, sino por la necesidad de tener que simplificarlos, cuando son problemas conceptuales de gran dimensión o de gran profundidad y que le requerirían seguramente debates más reposados, más individuales, más separados entre sí, y la
posibilidad de que las refutaciones o las adhesiones en su caso, que de todo ha habido hasta ahora, a sus formulaciones se hagan también con la suficiente consideración y profundidad, y la suficiente capacidad de elucubrar intelectualmente sobre
tantas cosas que usted ha dicho, que en este momento ya ni me acuerdo de la mitad de ellas, honestamente se lo digo. Me voy a referir a las que me acuerdo de todas las que ha leído o ha comentado.


Ha empezado realizando una suerte de apología de la reforma laboral como un instrumento pretendidamente llamado a la generación de empleo. Hay un problema de extemporaneidad que ha sido comentado por mi compañero de la Izquierda Plural.
Esto lo hemos debatido hasta la saciedad con la ministra, en el debate de la reforma, con el presidente del Gobierno y con otros ministros del ámbito económico del Gobierno. Y con el mismo énfasis que el señor Campuzano le ha dicho sin ningún
complejo que votó que sí a esta reforma, nosotros le tenemos que decir sin ningún complejo que votamos que no. Pero un no convencido, reposado, reflexionado y profundo, y por muchas razones. El señor Buffett -le voy a citar un personaje que no es
sospechoso- es una de las mayores fortunas de Estados Unidos, asesor económico de Obama, persona a la que se puede citar, ha comentado lo siguiente -y es una reflexión que me parece lúcida-. Ha comentado que la lucha de clases no ha desaparecido,
se ha reconfigurado. La lucha de clases no es un enfrentamiento dialéctico entre el proletariado y la clase empresarial. La lucha de clases en este momento tiene una dimensión mucho más profunda y preocupante para la cohesión de las sociedades.
Es una lucha entre ricos y pobres, o es una tensión dialéctica entre ricos y pobres. Ricos que son más ricos cada vez y pobres que son más en número y más pobres cada vez. A esto vamos. Esto lo dice Krugman, lo dice Stiglitz y lo dicen otros
premios Nobel de economía que usted no ha citado. Ha citado al único que ha podido avalar de forma tampoco demasiado directa, ni demasiado pormenorizada la reforma que nos han presentado, la reforma laboral.


Usted ha hecho una invocación de la bondad de los contratos de formación y aprendizaje y de la formación dual. Pero si nos ponemos a debatir sobre la formación dual podían haber copiado directamente el modelo alemán, que es el que está
funcionando de verdad. No lo han copiado. Han hecho un híbrido, una fórmula mixta en donde además la propensión al fraude en la utilización de este tipo de fórmulas contractuales a usted no se les escapa en absoluto. Tendrá que tener a una
inspección de trabajo particularmente vigilante para que no se cometan fraudes en dos ámbitos, sobre todo en el uso de unos contratos de formación y aprendizaje en donde se pueden realizar labores ordinarias de trabajo de la empresa durante el 85%
de la jornada laboral, y la formación queda reducida a un 15%, manifiestamente irrelevante. Poca formación teórica, poca especulación sobre las características de esa empresa o de las actividades empresariales que se pueden realizar ahí, y que
puede servir a algunos empresarios poco escrupulosos, no digo que sean muchos, pero algunos habrá seguramente en el Estado español, que quieran utilizar esta fórmula para que personas, utilizando contratos que tienen unas retribuciones mucho más
bajas que las demás y menos derechos laborales, utilicen estas fórmulas contractuales para cubrir las necesidades de trabajo ordinarias de la empresa. A usted no se le escapa, este peligro o quiero creer que no se le escapa y que mantendrá una
actitud vigilante sobre las posibilidades o potencialidades de fraude de estas fórmulas contractuales.

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Qué quiere que no le diga del contrato para los emprendedores. Es un contrato que ustedes enfáticamente califican de contrato que se concierta por tiempo indefinido. ¿Cómo se puede pensar que se puede hacer un contrato por tiempo
indefinido cuando el período de pruebas se prolonga hasta un año de duración? ¿Usted piensa que no hay ningún empresario -quiero creer que serán la minoría- que no vaya a sucumbir a la tentación de recurrir al procedimiento de que en el día 364 de
trabajo considere inepto o lo que la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece como incapaz subjetiva y objetivamente de adaptarse a las condiciones del puesto de trabajo, ese día 364, y proceda a
la remoción o resolución de ese contrato ese día precisamente? ¿Y no hay ahí una posibilidad o una apertura, una eventualidad de fraude que ustedes deberían vigilar con mucha intensidad para que no se pervierta una fórmula contractual, que con las
pretensiones de que sea por lo menos formalmente indefinida, materialmente se convierta en un elemento de fraude y en un elemento de precarización del mercado de trabajo? Esta es una de todas las cuestiones que hemos discutido con la ministra de
Empleo y con otros miembros de su Gobierno que ustedes deberían tomar en consideración.


Se ha referido a las cooperativas y yo le agradezco la alusión porque hay un movimiento cooperativo en Euskadi poderoso del que los vascos nos podemos jactar, porque el grupo de cooperativas de Mondragón desde que se inició la crisis
económica no ha perdido un solo puesto de trabajo, a través de fórmulas que igual deberíamos valorar en cuanto a su extensión, lo que pasa es que estamos hablando no de empresas mercantiles, ya sabe usted que las cooperativas o sociedades que no se
basan y no distribuyen los beneficios en función de las aportaciones al capital, donde no existen socios capitalistas -existen socios capitalistas si es el trabajo desarrollado el que establece el volumen de retornos, de extornos, y el volumen de
retribuciones corresponde a los trabajadores que son copropietarios en definitiva de la empresa-, son un tipo de empresa que no es la convencional, no es la habitual; la empresa habitual es la sociedad anónima o la sociedad limitada o alguna de las
sociedades mercantiles previstas en nuestro ordenamiento jurídico, muy abundantes por cierto.


Ha hablado de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. No sabe lo que me alegro de que cite usted esta benemérita institución que ocupaba una posición puramente ornamental en el Estatuto de los Trabajadores, y de repente y de forma
sobrevenida ha adquirido una dimensión y unas capacidades y potencialidades de actuación notabilísimas, porque ustedes no han resuelto en la reforma laboral un problema gravísimo que ha sido citado ya por el compañero que ha ido a coger un medio de
comunicación mucho más ágil que el que tenemos los demás, que es el siguiente: el de la ultraactividad, que por cierto ya ha sido reducido también mediante las correspondientes enmiendas presentadas por su propio grupo, por el grupo que apoya al
Gobierno en el Senado, a la mitad de lo previsto en la propuesta de reforma laboral que ustedes nos presentaron; es decir, la necesidad de renegociar un convenio colectivo una vez acabada su vigencia, si alguno de los interlocutores o de los
legitimados para su negociación se niegan a continuar negociándolo u obstaculizan su negociación. Pero lo que no resuelven es un problema terriblemente vidrioso y delicado: se siguen negando a negociar el convenio colectivo, se siguen negando a
negociar el convenio colectivo los interlocutores que tienen legitimación en exclusiva para las negociaciones. ¿Qué ocurre, cómo se resuelve ese problema? O recurren a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos o se recurre a la jurisdicción, no
hay más que esas dos alternativas. Se insinúa tibiamente -porque tampoco se expresa- que sería la jurisdicción del orden social o el orden social de la jurisdicción quien tendría que resolver qué ocurre, pero el orden social de la jurisdicción no
está para subrogarse en la condición de los legitimados para negociar un convenio colectivo, está para resolver los conflictos que afectan a la interpretación de las cláusulas de los convenios colectivos. Es una verdadera perversión del
ordenamiento jurídico deslizar a la jurisdicción social la resolución de conflictos que corresponde hacerlo en el ámbito de la bilateralidad de la negociación colectiva laboral prevista en el artículo 37 de la Constitución, que se ha vaciado de
contenido por este y otro procedimiento. Entonces la única fórmula que se me ocurre, pero por exclusión, no porque lo diga la ley, es que tendría que ser una institución independiente como esta Comisión la que en el caso de que siga siendo
imposible, acabado el periodo en el que puede durar ese convenio y se tiene que negociar otro, sustituya a los interlocutores sociales -porque también hay interlocutores sociales en esta Comisión-; ya se me acaba el tiempo, señor presidente; cómo
le agradezco que no haya realizado...


El señor PRESIDENTE: Solo se ha sobrepasado tres minutos pero confío en que no sean muchos más.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...las admoniciones a las que ya estamos acostumbrados. En definitiva, lo que le quería decir con esto es que se vacía sobre todo la negociación colectiva laboral, porque esta remisión del ámbito de los convenios,
mediante el procedimiento de descuelgue de todas las condiciones laborales, al ámbito de la empresa usted sabe que es un descuelgue in peius, para empeorar las condiciones. Porque cuando en una empresa se reclama el descuelgue de las condiciones
que son prácticamente todas del convenio colectivo de ámbito superior es porque la empresa está sufriendo dificultades económicas, y necesita condiciones económicas peores que las negociadas en el ámbito colectivo de ámbito superior vigente, y eso
es desestructurar el contenido esencial constitucional del artículo 37 de la Constitución.


En cuanto a las políticas activas -ya el presidente me está quitando la palabra mediante gestos semióticos que por nuestra experiencia larga en esta Cámara yo sé interpretar inequívocamente- he de decirle que tampoco saque pecho en esta
materia. Han reducido ustedes las partidas o consignaciones presupuestarias en 1.500 millones de euros. ¿Qué piensan hacer? Había un real decreto-ley que ustedes votaron favorablemente -y aquí está su portavoz, mi amiga Carmen, que no me podrá
desmentir-, el Real Decreto-ley 1/2011, en donde había procedimientos para actuar en el ámbito de las políticas activas mediante la individualización de los problemas de los desempleados, trazados individuales, una formación profesional más
actualizada, ajustada a los requerimientos de la empresa, qué le voy a explicar de ese real decreto-ley que usted no sepa, que lo sabrá todo seguramente. ¿Pero cómo lo pueden aplicar reduciendo la partida presupuestaria en 1.500 millones? Más la
reducción que se va a acometer en los próximos presupuestos, que van a empezar a ser presentados la semana que viene. Yo no sé quién va a venir de su ministerio, espero que sea usted...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ya tengo que pasar de la semiótica a la palabra. Se lo ruego, concluya ya. Ha sido el más extenso de todos los intervinientes, para su información.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, acabo con esto, recurriendo otra vez a Buffett y a Stiglitz. Ha dicho lo siguiente: todas las reformas acometidas por su Gobierno en este momento, todos los recortes -él utilizaba una
expresión mucha más concreta de los recortes- ¿qué han generado? Nuevos perdedores históricos, más pobreza, más excluidos sociales, más dependientes desatendidos, más discapacitados desatendidos, más personas con dificultades para incluso cubrir
las necesidades alimentarias de sus hijos en los colegios o en la escuela, etcétera. Esta reforma se incardina en este ámbito de los recortes que no conducen a ningún sitio, usted dice que algún día creará empleo esta reforma, ¿cuándo y cómo lo
sabe y por qué lo sabe? Si por ahora lo único que ha hecho es destruir empleo. Solo respóndame a esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Señor Olavaria, para su estricta información le diré que ha tenido más de dieciséis minutos, ha sido el más extenso, lo digo para su conocimiento. El señor Anchuelo tiene por práctica ajustarse más a los tiempos,
cuestión que le agradeceremos todos si lo hace hoy también. Tiene la palabra por UpyD el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias a la secretaria de Estado de Empleo por su comparecencia y por la cantidad de información que nos ha transmitido en ella. Sin embargo le confieso que esa información que nos ha transmitido me ha resultado
un tanto desconcertante, porque me parece que no puede haber mayor contraste entre los datos que su propio ministerio arroja, que son muy negativos, y la lectura tan triunfalista que usted ha hecho de la reforma laboral. Preparando esta
intervención había hecho un ejercicio en esa dirección, que me parece el lógico, que es: ¿ha tenido éxito la reforma laboral? Vamos a recordar los objetivos que la señora ministra ha venido repitiendo todos estos meses que perseguía la reforma
laboral, y a continuación con los datos que tenemos hasta ahora vamos a ver en qué medida esos datos nos indican si los objetivos se han alcanzado o no, y haciendo ese ejercicio con los datos oficiales del ministerio la lectura de mi grupo no puede
ser más distinta de la lectura que usted ha realizado.


Vamos a recordar algunos de esos objetivos que se perseguían y vamos a ver qué nos dicen las estadísticas. La ministra repetía una y otra vez que se quería frenar la destrucción de empleo, que no se podía seguir destruyendo empleo. Pues
bien, los datos de la EPA del segundo trimestre, que son los últimos, nos dicen que si comparamos la ocupación con la de un año antes se ha seguido destruyendo empleo, la ocupación ha caído en un 4,8%; es decir, que la reforma no ha frenado la
hemorragia de empleo, se sigue destruyendo empleo tras tantos años de crisis ya. Se nos decía también que se iba a

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combatir el crecimiento del paro, el crecimiento del desempleo. Pues de nuevo, con los mismos datos de la EPA, el número de parados ha crecido un 17,8% respecto al año anterior. Sigue creciendo fuertemente el número de desempleados pese al
volumen tan enorme de desempleados que hay ya en España. Algunos decíamos que, por el contrario, en una situación de recesión, evidentemente la facilitación del despido lo que haría sería generar más despidos. Y, aunque usted no lo lea así, eso
parecen indicar los datos, porque el número de todo tipo de ERE se dispara. Usted dice que más de suspensión, de reducción, pero también de extinción, que han crecido un 15%. También crece el número de trabajadores afectados por despidos
colectivos, un 45%, y en último término, como usted sabe, la mayor parte de la destrucción de empleo se produce con la no renovación de contratos temporales o mediante el despido objetivo e individual. Es decir, todo indica que la reforma no solo
no ha impedido sino que ha facilitado -al tener lugar una flexibilización del despido en medio de una recesión- la destrucción de empleo.


Otro objetivo muy importante de la reforma era que se iba a crear empleo, pero no solo se iba a crear empleo, sino empleo estable y de calidad; se iba a terminar con la temporalidad del mercado de trabajo, con la dualidad. Era un objetivo
importante, desde luego, y nosotros lo compartimos, pero creíamos que con sus medidas no se iba a lograr. ¿Se ha logrado? Pues también hay datos significativos ya. De enero a agosto de 2012, el número de contratos indefinidos, 679.000, fue menor
-80.000 contratos indefinidos menos- que en el mismo periodo del año anterior; se crea menos empleo indefinido. Usted me dice que estamos en recesión, que se crea menos empleo. Puedo aceptar el argumento respecto al número absoluto de contratos,
pero ¿cómo explicamos que en porcentaje tampoco haya mejorado la situación? Sobre el total de contratos, el número de contratos indefinidos es solo del 6%. Eso no tiene que ver con la recesión, no estamos hablando del número absoluto sino del
porcentaje; solo un 6% de los nuevos contratos son indefinidos, empeorando una situación que ya era dramática. Dicho de otra manera, el 94% de los nuevos contratos siguen siendo temporales, es una temporalidad aplastante. No se ha conseguido
revertir esa situación, incluso ha empeorado. Había un tipo de contrato estrella que era el que iba a lograr este milagro y era el contrato de emprendedores. Ahí usted nos ha dado un número absoluto que parece respetable, pero volvamos a los
porcentajes: es el 0,7% del total de contratos firmados desde que se puso en marcha la reforma laboral, es el 9,5% del total de contratos indefinidos. Para ser un contrato fuertemente bonificado, no parece que esto se pueda considerar un gran
éxito, la verdad, en opinión de mi grupo al menos, aunque usted parece verlo de otra manera. Por tanto, la dualidad sigue, incluso se agrava, y mi grupo cree que la propuesta que nosotros hacíamos de contrato único e indefinido era una mejor
solución para acabar con este problema. Usted ha citado en su intervención una serie de argumentos de autoridad, de premios Nobel, de organismos internacionales, pues bien, precisamente ese Premio Nobel o esos organismos internacionales avalaban
también la propuesta de contrato único indefinido.


Por otro lado, ha trabajado en su intervención con datos agregados, pero no podemos olvidarnos de la enorme variabilidad que tiene el problema del desempleo entre grupos específicos o entre zonas geográficas. Es el caso del desempleo
juvenil, que está en el 53%. Como otros portavoces han señalado, parece urgente poner en marcha un plan de empleo juvenil. Quisiera saber cuándo se va a presentar, por qué no se ha hecho ya y en qué situación se encuentra, y en qué medida existe
la posibilidad de movilizar recursos europeos en esta dirección, porque la Unión Europea ha mostrado predisposición a incrementar el Fondo social europeo, a colaborar en esta cuestión. ¿Es eso posible? ¿Es posible, en ese plan de empleo juvenil en
marcha, incrementar la dotación de recursos con algún tipo de fondo europeo, con incrementos del Fondo social europeo y que no solo sea reasignación de partidas dentro del propio país sino reasignación de partidas entre países?


Otro grupo que merece una atención especial son los parados mayores de 55 años -medio millón de personas, siendo el 70% de ellos parados de larga duración-. ¿Cuáles son las actuaciones previstas para este grupo, si es que las hay? Hace
poco la Organización Internacional del Trabajo señalaba otro aspecto importante en cuanto a disparidades, en este caso las territoriales, la división cada vez mayor entre el norte y el sur, no ya de Europa sino dentro de nuestro propio país, las
enormes diferencias en tasas de paro entre las diferentes comunidades autónomas. Es otra cuestión interesante que no ha tratado mucho en su intervención.


Respecto al tema de la formación, los buenos propósitos siempre se agradecen, pero al final donde un Gobierno demuestra sus prioridades es en los Presupuestos Generales del Estado y en los últimos las políticas activas se recortaron en 1.500
millones, el 20% de los recursos. Pronto, mañana, salen otros nuevos presupuestos; supongo que no nos puede anticipar, aunque sean veinticuatro horas, qué va a pasar, pero cabe prever que no se van a reforzar las políticas activas sino que se van
a seguir recortando.

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Sin embargo, el Memorando de Entendimiento favorece la mejora de la formación, favorece la mejora de las políticas activas. El Gobierno, que se toma tan al pie de la letra las instrucciones europeas cuando son de recortes, ¿por qué no sigue
también en este caso las instrucciones europeas de dar más importancia a las políticas activas y a la formación? ¿Cree que serán necesarias reformas adicionales del mercado de trabajo o considera que la reforma realizada ha sido ya suficiente?


Respecto al Plan Prepara, los datos que daba la ministra cuando lo reformó son desoladores: que el 93% de las actuaciones fuesen charlas de tres horas para hacer un currículum nos indica la falta de formación que hay detrás de ese programa.
Usted ha hecho muchas referencias a una evaluación que se ha usado para la reforma. Esta es la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, el Gobierno dice defender la transparencia, creemos que ese no será un documento secreto y nos gustaría
tener acceso a esa evaluación para poder analizarla también nosotros y discutir sobre la base de esos hallazgos. Aprovecharía su comparecencia para solicitar que nos remitiese esa evaluación del Plan Prepara.


En fin, son muchos y muy importantes los temas, pero no quiero alargar mucho mi intervención y voy a darla por finalizada aquí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo, por su intervención y su brevedad.


Para concluir con el turno de intervención de grupos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En esta Comisión siempre me cabe la duda de si ser el grupo mayoritario que apoya al Gobierno implica alguna posición, porque cerramos pero, como siempre andamos escasos de tiempo, al final tenemos que ser
siempre los que acabemos sintetizando.


En cualquier caso, tomo la palabra para, en primer lugar, agradecerle a la señora secretaria de Estado su presencia, la extensa y exhaustiva información que nos ha proporcionado esta tarde y, sobre todo, para intentar centrar lo que a juicio
de nuestro grupo ha sido la intervención de la señora secretaria de Estado. Sé que ella va a contestar mucho mejor que yo cualquiera de las intervenciones de los grupos, pero a nuestro juicio la señora secretaria de Estado no venía a hacer un
balance de la reforma laboral, señorías, porque no cabe ese balance dado el tiempo que ha pasado. Por tanto, es verdad que su intervención ha sido explicativa, pero es que no hay ninguna posibilidad todavía de balance, de evaluación de esa reforma
laboral, aunque estoy segura de que en su momento llegará. Desde luego, nuestro grupo coincide, como no puede ser de otra manera, con la valoración que ha hecho la señora secretaria de Estado. Pero además es importante algo que ha dicho la señora
secretaria de Estado en su intervención. Dentro de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre el programa nacional de reformas por primera vez no figura ninguna recomendación a España para que flexibilice y modernice su mercado de
trabajo. Estamos en un contexto europeo, estamos en un contexto de competitividad europea y en un contexto, por qué no, muy complicado económica y financieramente, y creo que esto hay que resaltarlo. Es decir, la reforma laboral ha cumplido sus
objetivos, está en nuestro ordenamiento jurídico y no era una reforma que fuese la panacea para crear empleo. Creo que lo hemos dicho todos aquí hasta la saciedad. Efectivamente, hemos debatido de este tema en numerosas ocasiones y nuestro grupo
se siente muy satisfecho del debate que ha habido sobre ello, pero todos hemos coincidido, todos, en que esto no era para crear empleo, aunque era un instrumento imprescindible para, en el momento en que llegue la recuperación, tener posibilidades
de competir en igualdad de condiciones y de que nuestras empresas y nuestros trabajadores tengan mayores posibilidades de mantener e implementar los puestos de trabajo.


Por cierto, yo a mi buen amigo el señor Olabarría -no me importa que esté hablando, no se preocupe- simplemente quiero recordarle dos cosas. Porque yo a veces no entiendo mucho. Él ha hablado aquí y se ha quejado de que ha habido 27
reales-decretos y yo lo he visto apoyando a un Gobierno que trajo hasta 42 en relación con reformas laborales. ¡Hasta 42!, solo para el tema laboral, no hablo de otros. Aquí, 27 han sido para muchas cuestiones. Pero sobre todo nos dice que esto
ha sido en estos meses y que ahora están empezando a llegar proyectos de ley. Claro, es que es lo racional. Es decir, un Gobierno que se encuentra una situación de emergencia nacional tiene que recurrir a posibilidades legislativas de urgencia y
de emergencia para poder poner una serie de instrumentos en marcha. Y después vienen los proyectos de ley. Claro, ocho meses para elaborarlos. Parece ser que es lo que estamos haciendo y aquí, en esta Comisión, ya tenemos un proyecto de ley que
ha enviado el Gobierno en relación con el fraude, tema al que también me voy a referir a continuación. Y además, señor Olabarría, me hace mucha gracia porque usted primero se ha quejado de que querría tener más a la secretaria de Estado. Nosotros
también, ¿eh?, coincidimos y además estamos seguros de que, dada su enorme capacidad, es muy positivo para esta

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Cámara, para esta Comisión, que ella venga a explicar la política del departamento. En cualquier caso, usted nos dice después que ha debatido en profundidad y hasta la saciedad con la ministra, con la secretaria de Estado... O sea, ¿aquí
hemos debatido o no hemos debatido? Hemos debatido hasta la saciedad lo que hasta ahora ha hecho el ministerio y usted lo sabe, sabe que la ministra ha comparecido en varias ocasiones. Es que usted lo ha dicho. Ha dicho literalmente, exactamente:
hemos debatido en profundidad y hasta la saciedad.


Señorías, señora secretaria de Estado, con todo lo que usted ha expuesto, con la valoración general respecto a la reforma laboral, hay algunas cuestiones que me preocupan. Porque aquí se ha hablado mucho, pero yo simplemente voy a poner un
ejemplo. Aquí se han hecho debates o análisis apocalípticos y puesto en situaciones muy críticas. Yo todavía estoy recordando aquí cuando se decía que esta reforma laboral dejaba sin tutela a los trabajadores, que los dejaba al albur de los
empresarios. Y desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno se decía: la tutela judicial efectiva se mantiene íntegra. Señorías, lo estamos viendo en los tribunales. Pero eso no lo he oído decir aquí. Ahora están diciendo que la
negociación colectiva se va a ver afectada. Dejen ustedes que corra el tiempo y veremos dónde está la razón. Desde luego en el tema de la tutela judicial sabían los trabajadores, porque lo dijimos, que existía y que tenían esa garantía, y se está
demostrando que se tiene y se está viendo reflejada en las propias sentencias. Y decir que la ley estaba poco menos que coaccionando al Tribunal Supremo en sus decisiones judiciales es tal barbaridad que yo casi prefiero pedir -no está aquí el
autor de la frase- que se quitara del 'Diario de Sesiones' porque verdaderamente si se queda va a ser muy negativo para la persona que lo ha pronunciado. Es absolutamente aberrante que alguien siquiera se lo pueda plantear.


En cuestión de políticas activas de empleo, yo creo que aquí se ha hablado mucho. Reducción de costes. Sí, 1.500 millones, el Gobierno dio la cara, lo explicó y nosotros también. Pero, claro, ¿en qué contexto estamos hablando, señorías?
Porque si estuviéramos hablando en un contexto en el que la economía crece o en el que otro tipo de políticas crecen y el Gobierno, por su filosofía, reduce el presupuesto en políticas activas, pues yo entiendo que aquí hubiera una demanda. Pero yo
creo que todas sus señorías son serias, son responsables y conocen la situación. Yo no voy a entrar en profundidad en un debate económico ni en un debate sobre la situación económico-financiera que tiene nuestro país, pero es la que es y todos la
saben. ¿Qué querían, que estuviéramos aquí poniendo una partida maravillosa y que no estuviéramos cumpliendo la primera necesidad que tiene nuestro país, que es la del ajuste presupuestario, la de la consolidación fiscal? Por lo tanto, todo tendrá
que verse afectado y sometido a ese primer principio de racionalidad y de necesidad urgente para evitar males mayores y para conseguir colocarnos en una senda de credibilidad y de recuperación. Como esa es la primera premisa y sin esa ya no hay
nada, pues es evidente que sí, que hay que hacer una reducción. Ahora bien, el señor Anchuelo ha preguntado por qué ustedes, señora secretaria de Estado, no le dan más importancia a las políticas activas y a la formación. Probablemente no hay una
línea paralela entre la importancia y el presupuesto. El presupuesto es el que puede ser en un contexto determinado, pero la importancia y la valoración de las políticas activas y de la formación puede ir, como muy bien ha dicho la secretaria de
Estado, por la mayor eficiencia, por hacer más con menos, por hacer una buena evaluación para aplicar racionalmente esos recursos y, con los recursos que hay, darle toda la importancia que tiene y que sin duda le da el Gobierno y nuestro grupo
parlamentario.


Y en relación con las políticas activas, por supuesto me gustaría, señora secretaria de Estado, que nos diga si, porque van a venir los presupuestos, todo lo que supone políticas activas no es una cuestión que ustedes llevan a la conferencia
sectorial. Nosotros entendemos que sí, que precisamente, como usted muy bien ha dicho, es competencia de las comunidades autónomas. En ese capítulo, en políticas de empleo, las políticas activas son de las comunidades autónomas. Me imagino que
será una cuestión que ustedes debatan en conferencia sectorial con el conjunto de las comunidades autónomas. Igual que ocurre con el tema de la formación profesional, tema clave, señorías; tema absolutamente clave. Sí me gustaría incidir, señora
secretaria de Estado, en que nos explique en su segunda intervención de qué manera va a ser la coordinación horizontal con el Ministerio de Educación en el desarrollo del nuevo plan educativo y su ligazón o su traspaso hacia las políticas de
formación para el empleo. Tiene que haber una clara relación, una implementación y una implicación muy profunda para que esto dé buenos resultados, tiene que haber un camino de ida y vuelta y que el plan de formación que está elaborando el
Ministerio de Educación sea lo suficientemente flexible para poder hacer los trasvases necesarios en el tema de la formación para el empleo. Por supuesto, incido en la importancia de la formación dual, y desde luego

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nosotros no presuponemos, porque la formación dual se está experimentando en otros países, desde luego en Alemania, que vaya a haber un fraude generalizado por parte de los empresarios.


Señorías, situaciones de desaprensivos las hay siempre y yo aquí quiero poner el acento en algo que me ha chocado mucho. En ninguna de las intervenciones he oído hablar de algo muy importante y a lo que sí se ha referido la señora
secretaria de Estado, que es el tema de la lucha contra el fraude. Prácticamente nadie ha nombrado esta palabra. No sé si será, señora secretaria de Estado, porque no interesa decir que es la primera vez que se ha establecido un buen plan de lucha
contra el fraude; que los resultados se están incrementando en todos los casos respecto a lo que ocurría en años anteriores; que se han aflorado más de 52.000 empleos hasta agosto, es decir un 14,5% más; que se han llevado a cabo 143.000
inspecciones; que se han incrementado, frente a la congelación que hay de trabajadores públicos, los inspectores y los subinspectores de trabajo, y que por lo tanto el afloramiento de fraude aumentó en casi un 30% en el caso de las empresas y en un
47% en el caso de los trabajadores. Señorías, yo creo que esto es muy importante porque no hay mayor injusticia social que el fraude en el tema laboral; fraude a la Seguridad Social, porque ahí están verdaderamente las aportaciones que luego
contribuyen a pagar las prestaciones y fraude a los propios trabajadores que están cotizando y de forma regular. Me parece que es una de las mayores injusticias y una cuestión contra la que hay que luchar, insisto, no solamente con este plan, que
se aprobó en el mes de abril, sino con la ley que vamos a empezar a debatir en esta Comisión y a la que nuestro grupo da una enorme importancia social. Insisto, creo que esto no ha sido mencionado de una manera tan exhaustiva otras cuestiones por
parte de los diputados que han intervenido.


Señorías, es evidente que la situación que tenemos con el desempleo es grave. El representante de UPyD, el señor Anchuelo, también lo ha dicho. Dicen ustedes que hay más parados, más paro. Es verdad, la señora ministra lo dijo y yo creo
que en la Diputación Permanente también me referí a ello en una intervención, pero en la última EPA ha habido 41.000 parados más en el sector público y 25.000 puestos de trabajo creados en el sector privado. Esa es la tendencia a la que tenemos que
ir. Hay que intentar que la economía crezca y sea capaz de absorber y generar empleo donde de verdad se genera el empleo: en las empresas, en el sector privado. Yo le pregunto al señor Anchuelo, a UPyD, después de oír sus numerosas intervenciones
en esta Cámara, que casi piensan cerrar media España, cómo creen que se podría hacer cuando reclaman prácticamente acabar hasta con el sistema autonómico. Hay que hacer una reconversión, nosotros estamos de acuerdo. No hasta ese extremo al que
ustedes lo llevan, pero muchos grupos de esta Cámara hemos reconocido y hemos coincidido en que hay que hacer una clara reconversión del sector público español, en que hay que adelgazar la Administración y en que hay que hacer que sea la iniciativa
privada la que verdaderamente potencie el empleo. Por lo tanto, señorías, esto está pasando, esto va a pasar, pero los datos hay que estudiarlos desde las perspectivas que hay que estudiarlos y desde el rigor con el que hay que estudiarlos y no
utilizándolos para aquello que se quiera.


Así pues, señora secretaria de Estado, para nuestro grupo ha sido muy importante tenerla esta tarde aquí y simplemente me gustaría hacerle algunas preguntas. Me gustaría que nos precisara algo más de cuándo tiene previsto que salgan los
cuatro reglamentos que van a desarrollar la reforma laboral, que es donde verdaderamente está lo más importante: lo que va a hacer con el contrato de formación para el aprendizaje, el procedimiento de los despidos colectivos y de supresión de
contratos y reducción de jornada, la aportación económica por despidos colectivos y el reglamento que va a reestructurar la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Son cuatro reglamentos muy importantes y nos gustaría que nos
especificara más si tiene un avance de ellos y sobre todo en qué momento van a ver la luz. Por último, me gustaría saber qué puede avanzarnos sobre la prestación de servicios sociales de los desempleados en tareas de ayuda social. Ha habido alguna
manifestación por parte del Gobierno y a nuestro grupo nos gustaría conocer esto con más profundidad.


El señor PRESIDENTE: Para concluir y dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Lo primero, señorías, decirles que estoy encantada de estar aquí y que he hecho esta intervención desde el respeto más absoluto a sus señorías, aunque es verdad que intentando que
tuviera mucho contenido porque entiendo que los temas a tratar son de gran importancia para este país. Quizás he hecho una intervención muy densa entendiendo que la experiencia de sus señorías en esta materia es mucha, con lo cual si en algún
momento he ido muy deprisa, también por respeto al tiempo, les pido disculpas, pero quiero decirles que tanto la comparecencia como la forma de exponerla ha sido desde el máximo respeto y que, por supuesto, estaré aquí siempre

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que la Mesa de esta Comisión así lo decida, porque creo que del debate serio, del debate responsable, como luego sus señorías han puesto de manifiesto, se pueden sacar muchas conclusiones de cara a unas materias tan importantes para los
españoles. Voy a intentar hablar más despacio en la réplica, pero entraré otra vez a fondo, porque creo que es un tema de responsabilidad, en los asuntos que hoy nos ocupan en esta Comisión.


Señorías, creo que no se puede hablar hoy de ningún tipo de políticas, de actuación, de encaje que esté haciendo este Gobierno sin ver cuál es la situación y dónde estamos. Podremos hacer análisis parciales, pero la realidad es que este
país, desde diciembre del año 2009, cuando había un déficit del 11,3%, que se había duplicado desde que comenzó la crisis, está sometido al protocolo de déficit excesivo, y el protocolo de déficit excesivo conlleva una serie de responsabilidades.
Nadie puede negarlo, y mucho menos las señorías del Grupo Parlamentario Socialista, porque les recuerdo que fue el señor Almunia el que anunció que en España estaba en el protocolo de déficit excesivo. Estamos donde estamos, ya de poco vale mirar
atrás, pero lo digo porque ustedes hablan como si la responsabilidad de los ocho años se hubiera borrado. Hay que mirar al futuro, pero tampoco se puede no tener un punto de humildad para decir: a lo mejor en los últimos cuatro años, desde que
empezó la crisis, no fuimos capaces de hacer un diagnóstico adecuado y no fuimos capaces de tomar las medidas que debíamos en determinados momentos. Como digo, estamos donde estamos y estamos en un proceso de consolidación fiscal con un objetivo de
déficit claramente definido y con un paquete, una agenda reformista que obliga a nuestro país a cumplir con sus compromisos y con sus objetivos. Nos estamos jugando la confianza, nos estamos jugando el valor España, nos estamos jugando el dinero
que nos tienen que prestar y el dinero que tenemos que devolver; nos estamos jugando en definitiva, señorías, el futuro de este país, que a mí me parece muy importante. Nadie duda que si el conjunto de medidas que estamos adoptando ahora se
hubiese adoptado cuando empezó la crisis y las empezaron adoptar los otros países, estas habrían tenido un impacto mucho más moderado, habrían sido unas medidas con mucho menos agolpamiento en el tiempo. Eso es así y evidentemente no se puede
negar, pero a mí lo que me llama la atención, señora Lucio, es que ustedes practican un doble juego. Yo creo que la política tiene que estar impregnada de mucha honestidad y entonces se convierte en política con mayúsculas. Cuando uno se pone a
mirar qué ha pasado en el mercado laboral, uno ve que en el año 2008 los organismos internacionales recomendaban una reforma -ustedes lo saben, ustedes estaban en el Gobierno-, y ustedes hicieron dos reformas laborales. Si uno se lee las
exposiciones de motivos de esas reformas laborales -y yo me las he leído y subrayado-, podrá observar que los objetivos que se ponen en las mismas son: incremento de la flexibilidad, dinamismo y agilidad, eliminar situaciones de bloqueo no deseadas
por el ordenamiento jurídico, etcétera. Es decir, compartimos plenamente los objetivos. ¿Pero sabe qué pasa? Que ustedes se quedaban en la exposición de motivos porque esos objetivos no los desarrollaban en el articulado. Yo considero que hace
falta valentía, tener muy claros los objetivos y ser capaces de romper un statu quo que lleva muchos años imperando en este país en las relaciones del mercado laboral. Lo que le digo, fenomenal en la exposición de motivos, pero se quedaban ahí.
Eran una serie de reformas deslavazadas que no consiguieron poner -ojalá lo hubieran hecho, señora Lucio, ojalá lo hubieran hecho- los pilares que modernizasen nuestro mercado laboral, porque si lo hubieran hecho la destrucción de empleo en este
país durante la crisis no hubiera sido la mitad de la que se ha producido en la Unión Europea.


Yo quiero decirles una cosa, y se lo digo desde el respeto más absoluto, ni una sola de mis palabras durante la comparecencia, que ha durado una hora, ha tenido el más mínimo aire triunfalista en relación con la situación actual. Creo que
he dicho en reiteradas ocasiones que mientras exista la situación de paro que hay nunca vamos a poder estar satisfechos, lo he dicho hasta la saciedad. Además he dicho unas cinco veces en mi intervención que sabemos que con los cinco meses que han
pasado no tenemos todavía indicadores solventes que nos permitan analizar con coherencia y con solidez la reforma laboral. Con lo cual les ruego que respeten la humildad en la valoración de esta ponente.


Le he dicho que nos llevaría un tiempo ver los efectos de la reforma laboral, señor Olabarría, y he nombrado a un Premio Nobel. Usted ha nombrado otro y ha dicho que en este país se va a establecer un camino de perdedores, un conjunto de
perdedores. Yo estoy convencida de que en este país lo que va a pasar es que vamos a perder todos como no seamos capaces de conseguir salir juntos de la crisis económica, generar crecimiento económico y con ello empleo. No va a haber un perdedor,
vamos a perder todos, toda España. Esa era simplemente una forma de decir que la reforma necesita tiempo, como se puede ver, que una reforma por sí misma no genera empleo y que será el tiempo el que nos vaya mostrando cómo va conformándose la
misma. También le he dicho en mi intervención que habíamos hecho un grupo

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de trabajo y que estábamos recopilando en el ministerio información; que la evaluación que se había hecho con los datos del segundo trimestre de la EPA prácticamente coge un mes y medio o dos meses; que en relación con los descuelgues
estamos haciendo una aplicación informática que nos permita tener este dato a la perfección; que estamos mejorando la estadística de los despidos ligándola con los motivos de baja en la Seguridad Social; que estamos mejorando la encuesta de
coyuntura laboral para que pueda recoger adecuadamente cuál está siendo el marco de las medidas de flexibilidad en las empresas o que la información sobre los convenios presenta algunas disfunciones, porque por ejemplo en el convenio de construcción
en el año 2007 se daban 100.000 empleados y si uno mira en el año 2010 siguen siendo 100.000 empleados, es decir, que hay algunas incoherencias. En definitiva, estamos haciendo un trabajo que nos permita tener indicadores sólidos. Y le voy a decir
más desde el absoluto respeto, un trabajo que deberían haber hecho ustedes. Porque cuando se hicieron las reformas del año 2000 ya en las recomendaciones de la Unión Europea venía un seguimiento exhaustivo de la reforma, y obviamente para hacer un
seguimiento exhaustivo de la reforma hay que tener indicadores sólidos viables. Entonces no estaban hechos, por eso los estamos elaborando ahora mismo. Con lo cual también le pido paciencia. Ahora bien, estarán conmigo -lo he dicho en la
intervención- en que hasta los más críticos tienen que ver que la hecatombe que pronosticaban no se ha cumplido. Yo no he leído que se haya producido ningún cataclismo, ni se ha disparado la conflictividad laboral, ni se han producido oleadas
masivas de despido; eso no ha pasado. Tampoco he escuchado esta tarde en esta sala que eso no ha pasado; al revés, lo que estoy escuchando son nuevas cosas que pueden pasar, señor Olabarría. Vamos a ir por partes; vamos a analizar lo que está
pasando y cuando lleguen los convenios y se haya pasado el periodo de ultraactividad, veamos también qué pasa. Pero desde luego olvidémonos de posturas como la de que todo va a ser peor en el futuro, porque la realidad nos está diciendo que esas
posturas tan agoreras de futuro no han sucedido, ni los empresarios han dejado de buscar activamente acuerdos con los trabajadores y sus representantes para adoptar medidas colectivas. Éramos muchos los que apostábamos por la sensatez. Es decir,
pensábamos en la sensatez de los empresarios, de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores, que son personas mayores y maduras, y que se iban a sentar en una mesa, porque lo mejor siempre es la negociación y el acuerdo. Apostando
por esa sensatez, estamos viendo que los números nos están dando la razón.


Habla usted del estudio de la UGT. Desde el respeto más absoluto, hay algunos aspectos del mismo que hacen un retorcimiento de los datos para conseguir el objetivo que se pretende demostrar. Esto llama la atención sin entrar en mucha
profundidad. En algunos casos, coge cuatro meses; cuando no valen cuatro porque no sale el dato, sumamos enero y febrero; y cuando no salen con cuatro, salen con tres. El caso es que tenemos que llegar al resultado que buscamos como premisa.
Eso, señora Lucio, no es un estudio serio, desde el respeto más absoluto que me merecen por supuesto los estudios y en este caso la organización sindical de UGT. Creo que han sido el señor Coscubiela y usted quienes se han referido al total de
contratos indefinidos. El total de contratos indefinidos iniciales, es decir, los ordinarios y el fomento de la contratación, se han incrementado en 2012 respecto al mismo periodo de 2011 en 0,5 -los dos han dicho que habían disminuido-, 1.489
contratos más; y ello -y esto no lo dicen- cuando en el año 2012 la economía ha caído en el 0,4% y en el 0,3% en los dos primeros trimestres; y en 2011 crecía a tasas interanuales del 0,3% y del 0,2%. Es más, en el estudio de UGT al que ha hecho
referencia el señor Coscubiela, se dice que baja un 5,8% porque suma los meses de enero y febrero, y dice: En los meses de enero y febrero no se contrató porque se veía venir la reforma laboral. ¡Por favor! En un estudio de números no se pueden
sumar subjetividades, ¡solo faltaría!


En cuanto al contrato de emprendedores, dicen: No, no nos gusta. Hemos criticado, hemos machacado el contrato de emprendedores. El contrato de emprendedores supone a fecha de hoy el 15% de la contratación indefinida, y tendrá o no tendrá
derecho, señor Olabarría. Si en el día 364 ese señor no está en la empresa y no se convierte el contrato en indefinido, punto: el empresario no tendrá derecho a las bonificaciones con las que está configurado el contrato, porque solo en el caso de
que el contrato se convierta en indefinido y lo sea durante tres años, esas bonificaciones se van a tener en cuenta. Yo también he dicho en mi intervención que deberemos seguir cómo evoluciona ese contrato, deberemos ver con absoluta transparencia,
cuando pase el año, qué está pasando, cuáles se convierten en indefinidos; con absoluta transparencia, como les digo. Tampoco es muy serio o leal decir que en agosto de 2012 la proporción de contratos temporales sobre el total ha sido la mayor
desde que está en vigor la reforma laboral. Todos los años. Esto es un fenómeno estacional que se repite año tras año y no se puede achacar a la reforma laboral.

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Conflictividad judicial. Cualquier comparación que se haga no solo tiene que tener en cuenta los efectos de la reforma laboral -y esto se lo digo porque cuando empecemos a sumar y a comparar lo tendremos que ver- sino la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y por la que se derivan a los tribunales laborales asuntos que anteriormente eran competencia de otros ordenes jurisdiccionales como el contencioso-administrativo y el civil, y tendremos que tener en
cuenta esta transformación en lo jurisdiccional para poder hacer comparaciones homogéneas.


También hay que retorcer los datos, en este caso los de la EPA, para decir que la reforma laboral ha destruido empleo. Hasta el momento, que yo sepa, solo disponemos de los datos de la EPA de un trimestre. Las cifras agregadas muestran una
destrucción neta de empleo, pero si se mira con atención -y es lo único que hemos dicho-, vemos que en el sector privado se crea trabajo y en el sector público se destruye. ¿Quiere decir eso que nosotros tenemos menos respeto por los trabajadores
públicos? Obviamente no, empezando porque una servidora es funcionaria pública. Lo que estamos diciendo es que no se puede cuadrar el círculo. Si estamos en un proceso de racionalización del gasto de las administraciones públicas absolutamente
reconocido, tanto en las comunidades como en la Administración General del Estado, no podemos en paralelo decir lo contrario. Obviamente no es efecto de la reforma laboral, como ustedes pretenden achacar, sino que, como ha dicho doña Carmen
Álvarez-Arenas, está en relación con lo que está pasando en el sector público.


En cuanto al paro de este verano, hay que pronunciarse, obviamente. En las ruedas de prensa que hacemos todos los meses siempre acabo diciendo lo mismo: mientras la situación sea esta, nunca jamás me van a ver lanzando las campanas al
vuelo. Pero los datos son los que son y ponen de manifiesto que el paro no se ha comportado especialmente mal, dentro del drama que supone estar en las cifras en las que estamos. En agosto subió, es cierto, pero menos que en todos los años
anteriores desde 2006. En los meses de junio, julio y agosto ha caído en 88.488 personas, 30.000 más que en 2011 y casi tantas como salieron de las listas en 2010, 96.541. Teniendo en cuenta la situación económica, dentro de que la situación es
dramática, desde luego la reforma laboral no ha tenido el efecto que ustedes están diciendo.


Por lo que se refiere a las medidas colectivas -están todos con las medidas colectivas-, siguen siendo, señorías, en su inmensa mayoría pactadas, en contra de lo que todos esperamos. Desde marzo solo el 13% de los trabajadores objeto de
medidas colectivas lo han sido sin pacto previo. La proporción es muy similar a la del conjunto de 2010 o 2009 e inferior a la de 2007 y 2008. Las medidas más adoptadas no son los despidos sino las alternativas: suspensiones, reducciones de
jornada; y, de hecho, en estos meses el peso de los despidos sobre el total ha venido mostrando una tendencia a la baja que ustedes no valoran pero que a mí me parece muy importante. Para el conjunto del periodo, desde marzo ha pasado de un 19% a
un 13%. Lo que sí crece es el peso de medidas como la reducción de jornada; en definitiva, un conjunto de medidas que priman la flexibilidad para que la opción del despido sea la última.


Decía el señor Coscubiela, aunque no estábamos aquí, que nosotros... Se trata de esa demagogia, no sé en qué basarlo. Es como si la ética, la moral, la defensa de los trabajadores, la capacidad moral solo la tuviera la izquierda. ¿Ustedes
se creen que nosotros estamos trabajando aquí sin tener en cuenta a la gente que está en las empresas, a los trabajadores, sin tener en cuenta a todos y cada uno de los ciudadanos de este país? No tiene más ética por sentarse ahí y decirme que yo
busco que se rebajen los salarios. No tiene más ética que yo. Considero que es mucho mejor que se rebaje un salario, que se tome una medida de flexibilidad antes de que se despida y se apague la luz de la empresa. Eso es lo que yo considero.
Desde luego me parece mucho más importante, porque no hay política más social que tener un empleo. Por lo tanto, no se pueden arrogar la capacidad moral de defender a los trabajadores. Considero que la reforma es equilibrada, que busca combatir
cuanto antes la destrucción de empleo y, cuando sea posible, crear empleo, y empleo de calidad. Tenga en cuenta, señor Olabarría, que en este país había que crecer a tasas muy importantes para crear empleo, mientras que en otros países empezaban a
crear empleo 2 puntos por debajo. Si hemos conseguido arreglar esa deficiencia básica del mercado laboral, habremos dado un paso de gigante en la buena dirección, yo no tengo la menor duda.


En cuanto a la prórroga, señora Lucio, me pregunto si ustedes estudian en profundidad lo que aprueban. La primera prórroga del Prepara se realizó mediante el Decreto del 26 de agosto, publicado en el BOE el 30 de agosto, es decir quince
días después de que el programa inicial perdiera su vigencia; y el día 14 de agosto de 2011, señorías, la señora Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno, decía que estaban pensando si prorrogaban o no prorrogaban el Prepara. Usted hoy viene
y me dice que nosotros hemos maltratado psicológicamente a la gente que estaba esperando a ver si prorrogábamos o no prorrogábamos el Prepara. Lo único que no puedo entender es esa doble vara de medir, ese embudo

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que por un lado es muy grande y por el otro muy chiquitito. Lo que sí hemos hecho a diferencia de ustedes ha sido anunciarlo con anterioridad al 15 agosto; es decir, antes de que venciera lo hemos anunciado. Y lo hemos anunciado después
de haber hecho una evaluación que estaba prevista como obligatoria -no me diga que habían hecho una evaluación porque no la habían hecho-, y aprovecho para decir que los datos están a disposición de esta Cámara. Hemos hecho esta evaluación
analizando los resultados del programa para estudiar la inclusión de posibles mejoras, cosa que ustedes no hicieron, aunque en sus normas se comprometían a ello. Nosotros, a diferencia de ustedes, evaluamos y después tomamos las decisiones. Me ha
dicho usted: es de una ignorancia supina -con todos mis respetos, me lo ha dicho usted- considerar que el índice de inserción es un parámetro a la hora de evaluar un programa. Yo no he hablado solo del índice de inserción, señora Lucio. He
hablado del tipo de formación, he hablado del número de horas que daban cada uno, he hablado de los días que trabajaban.


En esa evaluación que hemos hecho seriamente -si no la han hecho ustedes no critiquen la nuestra a priori, sin conocerla-, hemos puesto una cosa encima de la mesa en relación con el Prepara que es muy importante: que la búsqueda activa de
empleo sea un elemento básico a la hora de configurar este programa. El hecho de que una persona esté dispuesta a realizar las entrevistas, a realizar esa búsqueda de empleo y lo demuestre, es un cambio de filosofía que se puede considerar para que
vaya impregnando las relaciones entre las políticas activas y pasivas. Me decía usted: hay retraso, pero no sabemos por qué. Ustedes saben -no lo hicimos nosotros- que el Prepara se configura como una subvención y no como una prestación. Es
decir, no se paga de forma automática, no se paga con un vencimiento mensual, sino que, como dice la Ley de Subvenciones, tiene un trámite de fiscalización previa, la necesidad de contabilizar y, por tanto, tramitar dos actos distintos, y el abono
de cantidades mediante procedimientos de pagos a través de habilitación. Además, antes de pagarlo, como usted sabe, según la Ley de Subvenciones hay que verificar que se han dado todos y cada uno de los supuestos por los que se otorga la
subvención. Por ello, el procedimiento configurado inicialmente lleva mucho más plazo que si se hubiera configurado como una prestación. Insisto, se ha hablado de muchas prórrogas, de muchos retrasos, tanto en lo que estábamos gestionando como en
lo de ahora. Sobre lo que estábamos gestionando, me he traído un detalle que salió el otro día en la prensa. Salió que había retrasos en Córdoba desde que nosotros estamos aquí. Hemos tenido la paciencia de coger el primer pago desde que se puso
en marcha el programa Prepara, es decir, en mayo de 2011, y la nómina de marzo de 2011. Y existe el mismo decalaje en todas las nóminas desde marzo de 2011, pero se ha denunciado por el Partido Socialista que había retrasos en Córdoba, lo cual pone
de manifiesto, una vez más, que no se profundiza en los temas.


En cuanto a las nuevas ayudas, se han puesto como subvenciones, exactamente igual que estaban inicialmente, porque si lo hubiéramos cambiado se habría dicho que habíamos modificado alguna cosa del Prepara y lo que hemos hecho ha sido
configurarlo como una subvención. La primera nómina -porque la tramitación es así- será el 5 de octubre. Donde podría haber algún tipo de problema es en relación con la búsqueda activa de empleo, que hemos puesto que tiene que ser un mes. Hemos
dictado una instrucción -es la primera vez que se dictan instrucciones, porque quiero recordarles que antes las cuestiones de los directores provinciales se arreglaban por e-mail- y he de decirle que durante el mes en el que por parte de la
comunidad se está haciendo el itinerario individualizado de atención, la persona solicitante tiene que demostrar que está buscándolo activamente. Siempre se reconocerá la ayuda con la fecha en la que presenta la solicitud. Es más, en la resolución
hemos puesto que la comunidad autónoma tiene un mes -y esto también se pone por primera vez- para hacer IPI, con lo cual hemos introducido garantía y reducción de plazo en la gestión del Prepara. Eso va unido a que consideramos que el dinero tiene
que llegar a las personas que más lo necesitan y a que objetivamente hemos quitado disfunciones del programa. Hemos propuesto que las ayudas lleguen a los parados de larga duración y a aquellas personas que tienen cargas familiares, eliminando
algunas disfunciones que mostraban falta de equidad, desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, una apuesta por las personas más vulnerables desde la más absoluta sensibilidad.


Me habla de las políticas activas, las políticas pasivas y la formación. En la comparecencia de presupuestos dije que durante muchos años en este país se había aplicado una técnica absolutamente incrementalista de gasto en el marco de las
políticas activas, que en los últimos años había habido crecimientos muy importantes en el marco de las política activas, pero que -y venía del otro lado de la mesa, de una comunidad autónoma- no había visto ni una sola evaluación, ni un solo
análisis de la eficiencia de esas políticas activas, ni cambios importantes en esas políticas activas. No sé cómo habrá sido. Vuelvo a decir que estamos en un proceso de consolidación fiscal, de reducción del déficit donde ese

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objetivo es irrenunciable, pero las medidas las estamos adoptando con absoluta racionalidad. Es verdad que el año pasado en presupuestos hubo una disminución de las políticas activas. Yo también estuve con los parlamentarios del Bundesbank
el otro día. Lo que probablemente no sepan es que esa reducción en el marco de las políticas activas mayoritariamente estaba financiando empleo público subvencionado. Eso es lo que probablemente no sepan, que esos recursos no se estaban dedicando
a la formación de una manera clara. Al final se había convertido en un empleo público que, año tras año, se estaba conformando. Es más, como les dije en la comparecencia de presupuestos, había hasta una asociación de agentes de desarrollo local
que, sin tener empleo fijo en los ayuntamientos, habían conformado una plataforma de defensa de su empleo. Desde mi punto de vista, no tiene ninguna coherencia que, por un lado, estemos intentando hablar de racionalización de las administraciones
públicas y, por otro, mantengamos un número ingente, dentro del marco de las políticas activas, de empleo público subvencionado. En nuestra racionalidad, en nuestro análisis y empleo de los fondos eso no casa. Todos ustedes han hablado del recorte
en las políticas activas, pero me siento un poco frustrada porque les he contado todo lo que estamos desarrollando en el marco de las políticas activas y no he encontrado el eco suficiente en cuanto a su valoración. A lo mejor lo he expuesto muy
deprisa y no sido capaz de transmitirlo bien. En el marco de las políticas activas, en la parte que gestionan las comunidades autónomas, nosotros hemos respetado la estrategia que ustedes hicieron -la estrategia la define y la enmarca el Partido
Socialista- y hemos elaborado el plan anual de políticas de empleo como un instrumento básico de colaboración. Me preguntaba cómo se van a casar las políticas activas y pasivas. Obviamente, vía colaboración. Si tenemos las competencias de las
políticas pasivas, es decir, si nosotros pagamos las prestaciones y los subsidios y la formación del personal ocupado, pero la gestión de los servicios públicos de empleo y la gestión de las políticas activas es de las comunidades autónomas,
obviamente solo con un instrumento muy importante de coordinación podemos establecer vínculos para poder casar las políticas activas y pasivas. Es imposible hacerlo de otra manera. Puede ser un instrumento importante, veremos cómo funciona porque
es el primer año, pero tengo gran confianza en el mismo.


En cuanto al sistema de formación para el empleo, esa eficiencia de la que muchas veces hablamos en etéreo, les he dicho que este año se ha sacado por primera vez una convocatoria a la que se han presentado 410 centros y que los costes que
llamaban indirectos o asociados han pasado del 20% al 10% o al 15%, dependiendo de si hay subcontratación, lo cual implica un índice de eficiencia directo de entre el 5% y el 10% por ciento. Cuando le he dicho que se han presentado 410 centros y
que hay unas bajadas en torno al 20%, yo creía que venía con la parte de los deberes de la formación ocupado muy hechos. En cualquier caso, usted me pregunta cómo se va a hacer. Además del tema del dinero -y lo que les he dicho, que es obvio, que
el objetivo de déficit es prioritario-, hay muchísimo margen para hacer cosas en el marco de las políticas activas y pasivas. Hay mucho trabajo por hacer y mucho para conseguir que el dinero se emplee bien, que llegue a quien tiene que llegar y que
afecte al empleo. De nada me vale gastarme mucho dinero si la gente no lo utiliza para conseguir o un mejor empleo o un empleo. Hasta ahora, según la única evaluación que tengo, la mayoría de los trabajadores decían que no les servía para su
empleo, por lo que es muy importante una gran transformación en ese sentido. Decía el señor Campuzano que no sabía si todo este dinero sería mucho más eficaz en el ámbito de las comunidades autónomas. No lo sé, sinceramente. He vivido muchísimas
transferencias a las comunidades autónomas en educación, sanidad y justicia, y ha habido algunos aspectos en los que se ha conseguido eficiencia y se ha conseguido gestionar mejor, y ha habido otros en los que no. Desde el más absoluto respeto lo
digo. Depende de cada uno de los elementos que analicemos. Creo, como he dicho, que la colaboración es absolutamente imprescindible. También tengo la absoluta seguridad de que la estabilidad política, la coordinación y la colaboración entre
administraciones es muy importante para el crecimiento económico y para la creación de empleo.


Me hablaba la señora Lucio del plan de empleo joven que hemos anunciado. En las próximas semanas se presentará este plan en el que hemos trabajado conjuntamente con todos los ministerios. Hemos estado viendo, estudiando y analizando las
posibilidades que hay dentro del marco del Fondo social europeo, no con dinero adicional, porque ya sabe que realmente lo que hay es una reasignación de fondos; viendo aquellos aspectos que no se habían ejecutado o programas que se pueden obviar
porque el empleo juvenil es más importante; viendo los posibles reajustes que se pueden hacer. En las próximas semanas será una realidad. En cuanto al empleo femenino, señora Lucio, no puedo entender que digan ustedes que en la reforma laboral
hay una sola medida que discrimine o que vaya en contra de la mujer; lo he escuchado muchas veces. Me he leído muchas veces la reforma laboral. Olvidándonos de

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demagogias, esas que hacen a las mujeres como si fuéramos menores de edad, esas que hacen que las mujeres tengamos que tener bonificaciones después de nuestra baja maternal para que nos sigan contratando, no hay una sola medida en la reforma
laboral que discrimine a la mujer; más bien al contrario, porque la conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los elementos básicos de igualdad de oportunidades en la mujer. Mucha de la tipología de los contratos que hay en la reforma
laboral abordan ese papel: el desarrollo del tiempo parcial, el desarrollo del teletrabajo, la posibilidad de ese marco temporal que pueda permitir estar en casa y estar trabajando. No hay, como digo, una sola medida que haya sido capaz de
encontrar de discriminación de la mujer.


Abordo el tema de las bonificaciones, señor Campuzano. Es verdad que otro de los ajustes en el marco de las políticas activas ha sido el de las bonificaciones; es verdad que nos hemos basado mayoritariamente en esos estudios que no creo
que sean dudosos, porque uno de ello sale del seno de esta Comisión y, como digo, en esta Comisión hay muchos expertos en materia de empleo. También sale de la Agencia de Evaluación y Calidad del MAP. También sabemos que dependiendo muchísimo del
tamaño de la empresa, señor Campuzano, la bonificación tiene más o menos peso, eso es así, pero lo cierto es que la mayoría de las bonificaciones ligadas con los autónomos siguen manteniéndose. De todas maneras, nos parecía racional partir de esos
estudios serios que avalaban nuestra toma de decisión. Iremos viendo -y en ese sentido también estableceremos los indicadores- cuál es el efecto y, en caso de tener que volver a instalar una bonificación, pondremos las que no se conviertan en un
peso muerto. Tengo que decirle a su señoría que había bonificaciones que se estaban arrastrando desde hace veinte años; bonificaciones que se pusieron hace veinte años porque se contrataba a una persona joven, la persona ya se ha hecho mayor y la
bonificación seguía. Realmente hacía falta una racionalización del paquete de bonificaciones, que suponía muchísimo dinero en los Presupuestos Generales del Estado. Yo creo que en base a esos estudios, podemos aprovechar la ocasión para ir
dibujando, si tenemos que poner más bonificaciones en el futuro, por dónde tiene que ir ese paquete de bonificaciones, sabiendo que tendremos que evaluarlo. Por cierto, agradezco que gracias a la enmienda de su grupo, se introdujera ese artículo en
la ley para que fuera una evaluación permanente y continua. Como digo, tendremos que ir evaluando también qué pasa con las bonificaciones en ese ámbito.


En cualquier caso, señorías, quiero decirles que es un placer estar en este ámbito hablando de cosas que yo considero sumamente importantes para en este país y para sentar las bases del empleo de calidad en este país. Agradezco muchísimo
haber estado aquí hoy, así como su trabajo y su colaboración.


La señora LUCIO CARRASCO: Señor, presidente, ¿me concede un minuto por alusiones? He sido brevísima y lo seguiré siendo.


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, no entiendo que haya habido alguna alusión personal, pero si usted lo entiende así, tiene ese minuto.(El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Perdone un momentito.


En principio, como ustedes saben, como se acordó en la anterior Mesa y junta de portavoces, y como es tradicional en esta Comisión -y los que somos más veteranos bien lo sabemos-, hay una intervención y cierra, como es el caso, la secretaria
de Estado que comparece. Yo entiendo que no, pero sería en el caso de que alguien considerase que hay algún tipo de alusión de carácter personal, no una respuesta de tipo político, porque aquí cada uno interviene y manifiesta lo que le parece
oportuno y, lógicamente, el compareciente da a su vez la respuesta que estima conveniente. Si es para eso, no hay turno absolutamente para nadie. Si alguien entiende que personalmente, ad personam, ha habido algún tipo de comentario, ha habido
algún tipo de aclaración, ha habido algún tipo de cuestión, con carácter extraordinario, y sin sentar ningún precedente, concederé el minuto que se me ha solicitado. Pero solo en esos términos, y no en otros. Si el señor Campuzano estima que ha
sido objeto de alguna cuestión que le pueda afectar, yo no lo veo, pero no tendría inconveniente en concederle ese minuto. Si no, le ruego decline solicitarlo, porque no tendría sentido.


Dicho esto, la señora Lucio tiene ese minuto.


La señora LUCIO CARRASCO: Me ha parecido mal que la señora secretaria de Estado diga que en el Partido Socialista nos hemos atribuido la capacidad moral o ética de defender a los trabajadores. También que haya dicho que yo he dicho algo
que no he dicho. No he utilizado nunca el término ignorancia supina, creo que he utilizado un tono bastante afable durante toda mi intervención. No he dicho ignorancia

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supina, he dicho falta de conocimiento. Por lo tanto, le quiero decir que me siento frustrada yo también porque me gustaría que hubiese respondido más a nuestras preguntas y que hubiera estado menos a la defensiva, que interpretara menos
acerca de las atribuciones morales o éticas que nosotros podamos tener, porque más falta de respeto creo que es no traer a esta Cámara, por ejemplo, la evaluación con la que hemos pedido contar.


El señor PRESIDENTE: Sin perjuicio de que la señora secretaria de Estado pueda manifestar lo que le parezca oportuno, quo non est in actis non est in mundo y lo que está en el acta se verá. Yo no sé exactamente los términos literales que
se han empleado, pero tiempo habrá para corroborar, confrontar o no esa cuestión. En todo caso, creo que la señora secretaria de Estado se ha mantenido en el estricto sentido de una comparecencia y que ni su intervención ni su función, ni creo que
la realidad objetiva de la misma, ha sido plantear cuestiones más allá de que evidentemente ella apela -como no podía ser de otra manera- a que no hay monopolio de la defensa de los trabajadores y que la ética de unos no es exclusiva. En ese caso,
además, creo que se refería a un portavoz ausente.


Señor Campuzano, si hay algo, insisto, que le afecte personalmente, adelante.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Afecta en sentido positivo. ¿En qué sentido? La señora secretaria de Estado, cuando yo le planteaba la necesidad de que rectificasen en la cuestión de la desaparición de las bonificaciones a la contratación
indefinida, abría la posibilidad de una reflexión. Yo siempre he de remarcarle una idea que me parece que es importante, señor presidente, y es que la estabilidad que usted reclamaba de las políticas públicas afecta también al Gobierno a la hora de
legislar. Hay personas, empresarios, que han tomado la decisión de contratar en base a una expectativa económica relevante y eso, en los tiempos que vivimos es un bien jurídico necesariamente a reservar por este Gobierno.


El señor PRESIDENTE: ¿Si la señora secretaria desea intervenir?


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Hidalgo Tena): Por supuesto en ningún momento ha habido ni la más mínima intención ofensiva en mis palabras. Es verdad que he cambiado, usted ha dicho desconocimiento profundo y yo creo que es
similar lo que yo he dicho, pero en cualquier caso si algo le ha molestado, queda totalmente retirado.


Hablaba de esa parte ética que decía el presidente, aquí todos trabajamos con diferentes planteamientos políticos pero desde luego con el mismo objetivo, con la misma ética y el mismo derecho a defender intereses de las personas que nos
parecen más vulnerables en un momento determinado, esa es la realidad.


En cuanto a lo que decía de las bonificaciones, estamos totalmente abiertos al margen, al estudio, pero, fíjese, también le digo una cosa: para esos empresarios mucho más importante que una bonificación, una decisión que en un momento
concreto pueda adoptar el Gobierno, es que este país vuelva a recuperar la senda del crecimiento económico, vuelva a fluir el crédito, vuelva a haber confianza, vuelva a haber inversión, y es verdad que esa decisión se toma en el marco de la
consolidación fiscal. Es un camino doloroso que tenemos que pasar para conseguir el fin al que tenemos que llegar todos los españoles.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado por su comparecencia y, sin que sirva de precedente, agradezco que este último turno haya sido breve. Dentro de pocos días tendremos nuevamente la oportunidad, probablemente
el día 4 pero no es seguro, de que comparezca informando los presupuestos de 2013.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.