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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 38, de 12/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 38
Sesión plenaria núm. 37
celebrada el martes,
12 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 17-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 125/000001) ...
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión de peticiones y participación ciudadana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 74-1, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 410/000003) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las penas por delitos de incendios forestales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 74, de 13 de abril de 2012. (Número de expediente 162/000272) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la denegación de indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras que han requerido de ayudas del Estado a través del FROB. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 106, de 8 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000323) ... (Página32)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
106, de 8 de junio de 2012. (Número de expediente 173/000023) ... (Página39)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cambios en nuestro modelo social que amenazan el futuro de las mujeres españolas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 106, de 8 de junio de 2012. (Número de expediente
173/000024) ... (Página46)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página54)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página55)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la modificación del orden del día de mañana miércoles, en el sentido de que el punto 25, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista pase a debatirse antes del punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
De Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte ... (Página5)
El señor Serra Cervera, representante de Les Corts Valencianes, defiende la toma en consideración de la proposición de ley de Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
En turno en contra intervienen los señores Baldoví Roda, Bosch i Pascual y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Blasco Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Interviene el señor representante de Les Corts Valencianes solicitando que la iniciativa no se someta a votación.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página15)
Del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión de peticiones y participación ciudadana ... (Página15)
Defiende la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión de peticiones y participación ciudadana, el señor
Martín Peré, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las penas por delitos de incendios forestales ... (Página25)
Defiende la proposición no de ley el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia; Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la denegación de indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras que han requerido de ayudas del Estado a través del FROB ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página39)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España ... (Página39)
Defiende la moción el señor Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Jorquera Caselas y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Lara Moya.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cambios en nuestro modelo social que amenazan el futuro de las mujeres españolas ... (Página46)
Defiende la moción la señora Montón Giménez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y González Vázquez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Fernández Davila y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cantó García
del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Montón Giménez.
El señor Bermúdez de Castro Fernández solicita la palabra al amparo del artículo 71, que le es concedida.
Contesta la señora Lozano Domingo.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. (Votación) ... (Página54)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se rechaza por 321 votos en contra más 1 voto telemático y 1 abstención.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión de peticiones y participación ciudadana, se rechaza
por 146 votos a favor, 177 en contra más 1 voto telemático y 2 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las penas por delitos de incendios forestales, se aprueba por 201 votos a favor, 10 en contra y 112 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la denegación de indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras que han requerido ayudas del
Estado a través del FROB, se aprueba por 319 votos a favor y 10 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en
España, se rechaza por 139 votos a favor, 175 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los cambios en nuestro modelo social que amenazan el futuro de las mujeres españolas, se rechaza por 136 votos a favor, 174 en contra y 16
abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 25, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, pase a debatirse antes del
punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LES CORTS VALENCIANES, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 125/000001).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el primer punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Para su
presentación hay un representante de Les Corts Valencianes que defenderá la proposición de ley, a quien doy la bienvenida en nombre de la Cámara.
Tiene la palabra el señor Serra Cervera.
El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Serra Cervera): Señorías, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la Mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces por poder estar defendiendo la proposición de ley que fue
aprobada por las Cortes Valencianas, en sesión del 12 de julio del año 2006, de reforma de la Ley 10/1990, del Deporte.
Señorías, hoy hablo aquí en representación de las Cortes Valencianas en virtud del artículo 87 de la Constitución española y del artículo 127 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que reconoce a las comunidades autónomas la capacidad
de iniciativa para proponer modificaciones legislativas de carácter estatal. Tengo el honor de defender una proposición de ley que estoy convencido, al igual que todas sus señorías, no es el principal problema por el que atraviesan en este momento
los españoles, pero no por ello vamos a dejar de plantear cuestiones que afectan al respeto de las comunidades autónomas y a España.
Prácticamente, han pasado seis años desde la aprobación por las Cortes Valencianas de esta iniciativa y, visto lo visto, no ha perdido vigencia. Esta iniciativa, que contó con el respaldo mayoritario de la Cámara autonómica, continúa
estando vigente a pesar de los años transcurridos en toda su extensión. Debido al vacío legal existente motivado por la inacción del Gobierno socialista, frente a la denuncia política y la exigencia de cambios legislativos que ha venido haciendo la
Generalitat Valenciana, no ha encontrado respuesta a lo largo de estos años anteriores.
Señorías, el vacío legal que acompañaba a la norma que proponemos modificar, la Ley 10/1990, del Deporte y que ya fue modificada por la Ley 19/2007, del 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte continúa existiendo, ya que la ley de 2007 tampoco recogió el espíritu normativo que pretendemos con esta reforma, que no es ni más ni menos que profundizar en la calidad democrática de nuestra sociedad y lógicamente profundizar en la
fortaleza de nuestro país y las comunidades autónomas. Así es, señorías, más calidad de nuestra democracia, más tolerancia, más pluralidad, más respeto y menos intolerancia.
Todos conocemos los valores intrínsecos que acompañan al deporte, y que hoy son compartidos por el conjunto de la sociedad, pero a nadie se le puede olvidar que con frecuencia el deporte no es ajeno a las transformaciones de la sociedad en
la que se integra y podemos ver en determinadas ocasiones cómo se observa la perversión de la imagen y de los valores que se atribuyen al deporte. Las Cortes Valencianas, con la iniciativa que hoy defiendo, pretenden exponer que la política
deportiva no tiene nada que ver con la utilización partidista o sectaria del fenómeno deportivo, lo que llamamos la politización del deporte. Por eso tenemos que regular que los eventos y las competiciones deportivas de carácter profesional no sean
objeto de actos políticos absolutamente ajenos a los fines deportivos. Los actos de carácter parcial y partidista deben tener sus foros y momentos diferenciados, ya que pueden convertir el ambiente deportivo en fuente de discordia y discusiones
ajenas al deporte, como hemos podido ver. Señorías, cuando el público asiste a un recinto deportivo para ver eventos o competiciones de carácter profesional va a lo que va. Señorías, deporte es deporte y reivindicaciones políticas son
reivindicaciones políticas.
Algunos de ustedes creerán que esta iniciativa viene impulsada por acontecimientos recientes, pero las cosas son como son; hoy hay que destacar que esta propuesta fue iniciada e impulsada por el Gobierno valenciano en el año 2005. Esta
iniciativa surgió a partir de lo acontecido en los prolegómenos del partido de fútbol celebrado en el Camp Nou el 22 de octubre del año 2005 entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna. Se produjeron unos hechos intolerables con la colocación de
una pancarta en la que figuraba la Comunidad Valenciana como parte de unos inexistentes e inconstitucionales països catalans. Asimismo hubo que escuchar, desde el mismo terreno de juego y a través de la megafonía del estadio, a un actor lanzando
vítores como ¡Visca els països catalans lliures!, evidentemente incluyendo en esos inexistentes e inconstitucionales països catalans a la Comunidad Valenciana. Esto constituye una clara agresión a la Comunidad Valenciana; esto constituye una clara
agresión al Estatuto de la Comunidad Valenciana; esto constituye una clara agresión a la Comunidad Valenciana y esto, señorías, constituye una clara agresión a la sensibilidad del pueblo valenciano. Estos hechos merecieron la repulsa no solo de
los valencianos y de las valencianas; no solo de los organismos, instituciones y entidades de nuestra comunidad, sino también del Consejo nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos, que en su reunión de octubre del año 2005 ya
manifestó su preocupación
porque los espectáculos y las competiciones deportivas llegasen a convertirse en ámbitos en que se diriman controversias políticas ajenas al deporte.
Señorías, la propuesta que hoy presentamos en estas Cortes permitirá que completemos un marco jurídico de la actividad deportiva en España, que, como dijo el propio Consejo nacional contra la violencia en los espectáculos deportivos, regule
la utilización de los eventos, las instalaciones y los recintos deportivos para actos de contenido político absolutamente ajeno a los fines que les son propios. Señorías, esta proposición de ley se puede concretar en tres aspectos esenciales que no
están recogidos en ninguna norma y que nuestro objetivo es que acaben plasmándose en un texto legal y que brevemente les voy a indicar.
En primer lugar, la prohibición durante la celebración de competiciones de carácter profesional, así como desde el momento en que el recinto en que se va a celebrar la competición se abre al público o que comience la retransmisión pública de
este hasta el cierre del recinto o la finalización de la retransmisión, de la realización de actos de contenido político ajenos a los fines deportivos, siempre que en tales acciones se den circunstancias que provoquen la discriminación, el odio, la
violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la religión, a las creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una raza, su origen nacional, su sexo, enfermedad,
minusvalía o las que incitaran, animaran, provocaran o fueran en sí mismo constitutivas de ofensas, de ultraje de palabra o de escrito o de hecho a España y a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas. En segundo lugar, que las
instalaciones y recintos deportivos en que se disputen competiciones de carácter profesional no puedan ser utilizadas directamente por sus titulares ni cedidos a terceros, cualquiera que sea la denominación o naturaleza de dicha utilización o
cesión, para la realización de actos de contenido político ajenos a los fines deportivos y en los que concurra lógicamente alguna de las notas antes citadas. Y en tercer lugar, que la Ley del Deporte catalogue las infracciones de estas
prohibiciones como muy graves. (Aplausos).
Creemos, señorías, que con estas modificaciones en la Ley del Deporte o en el texto legal correspondiente daremos un paso importante para separar la política de los acontecimientos deportivos y contribuiremos de manera decisiva a que los
recintos deportivos se dediquen a los fines que les son propios, a las competiciones deportivas, que sean lugares de encuentro para la concordia y la diversión y no un lugar para la crispación y la confrontación. Señorías, tanto la modificación de
los artículos que proponemos, hoy derogados por la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, como la decidida apuesta del Gobierno de España por una nueva Ley del Deporte darían completa satisfacción
y cumplimiento a esta iniciativa que partió en su momento de la Generalitat Valenciana y asumieron las Cortes Valencianas.
Señorías, el propósito del Parlamento autonómico al que represento, de las Corts Valencianes, es que el sentido político y el espíritu que acompaña a esta propuesta de reforma sean asumidos por el Gobierno de España, por estas Cortes y por
los grupos parlamentarios que ustedes representan. Desde la más absoluta lealtad institucional, las Corts Valencianes aceptarán la decisión de este Parlamento, estando convencidos de que la iniciativa que hoy hemos defendido en esta tribuna acabará
teniendo su reflejo en la normativa del Estado y habremos dado un paso más en el fortalecimiento y la autoestima de las comunidades autónomas y de España.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serra.
Se ha solicitado turno en contra por el Grupo Parlamentario Mixto. Para defender este turno en contra tiene, en primer lugar, la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy voy a ser muy breve, señor Posada, no padezca. Yo como representante del Grupo Mixto hubiera preferido hablar en el punto 4 sobre las indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras; hubiera preferido hablar en el punto 5 de
las causas de la crisis financiera; pero tengo que hablar en este punto.
El Grupo Mixto, gracias a una decisión que me parece muy desacertada, tenemos que pegarnos codazos para poder hablar aquí tres minutos. Cuando ha llegado esta proposición, yo no podía dar crédito a lo que estaban leyendo mis ojos. Estaba
absolutamente asombrado, porque el Partido Popular valenciano sigue siendo una inacabable caja de sorpresas; eso sí, casi todas malas. Con la que está cayendo en el país nos traen una proposición de esto (Muestra un pito), de pitos; de pitos. El
Partido Popular valenciano no ha sido capaz de traer aquí algo que sí que afecta a los valencianos profundamente, por desidia, por incompetencia, porque no fueron capaces de nombrar a los diputados que tenían que venir aquí a defender algo
importante, que es la financiación de los servicios que se prestan en Valencia, en el País Valenciano, que eso sí que es una causa directa de la enorme deuda que padecemos los valencianos.
Por supuesto que Compromís-Equo está en contra del racismo, de la xenofobia y de la violencia, pero ustedes nos vienen aquí a hablar de pitos; de pitos. (Muestra un pito). Ustedes quieren crear aquí polémicas estériles, polémicas que no
le interesan a nadie. Ustedes nos quieren tomar el pelo. ¿Saben lo que les digo? Que cuando quieran hablar de la comisión de investigación de Bankia -por cierto, ahora mismo se están entregando ciento cincuenta mil firmas que se han recogido en
solo cuatro días en una iniciativa de Avaaz-, estaremos aquí. Cuando quieran hablar de rescate de los 100.000 millones a los bancos y de cuánto nos va a costar a los ciudadanos, estaremos aquí. Cuando quieran hablar de
la dimisión de ese señor juez, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que se iba a Marbella de fin de semana cuatro días con el dinero de todos, estaremos aquí. Cuando quieran hablar de cuándo va a dar la cara en este Parlamento
el señor Rajoy para decirnos qué nuevos sacrificios vamos a soportar los ciudadanos para poder salvar a los bancos, estaremos aquí. Esos son los temas que quieren los ciudadanos que solucionemos, no los pitos, no los pitos. (Muestra un pito). Los
ciudadanos quieren que hablemos de la estafa de las preferentes, de rescatar a las personas. Entonces, señores del PP valenciano, cuando traigan aquí esos temas, encontrarán al diputado valenciano de Compromís-Equo. Mientras, quédense ustedes,
señores del PP valenciano, hablando de pitos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor presidente, señorías, señor Serra, nosotros queremos un juicio a Bankia y a los responsables de la crisis; eso es lo que queremos. Nuestra prioridad ahora mismo no es estar hablando de pelotitas y de
pancartitas; no es nuestra prioridad. Pero ustedes han suscitado el tema, ustedes lo han traído aquí, y no nos negaremos a entrar en el tema porque tiene importancia. En primer lugar, tiene importancia porque ustedes hablan de combatir el odio y
combatir la violencia con este tipo de leyes, separando el deporte de la política. Pues si quieren separar el deporte de la política prohíban las banderas españolas en todas las competiciones deportivas. ¿Acaso no es esa una bandera política? ¿O
es una bandera lúdico-recreativa? No, es política. (Rumores y protestas). Entren ustedes a cuestionar la presencia del jefe del Estado, figura político-institucional, entren a cuestionar su figura y su presencia en los partidos de fútbol y en los
estadios. ¿Su intención es combatir el odio? (Un señor diputado: ¡Sí!). No es necesario. El Código Penal tiene un artículo, el 543, que es muy explícito, y además define lo que es delito y lo que no lo es. Además, la Sala Penal de la Audiencia
Nacional en su momento, en el año 2009, dictó que silbar en un partido -y a raíz de uno de los encuentros que ustedes han comentado- no es delito. Silbar y abuchear no es delito. No lo es en los estadios de futbol, y, para su tranquilidad, les
informo que tampoco es delito en esta Cámara. Pueden silbar y pueden abuchear tanto como quieran, y, de hecho, ejercen ese derecho de forma generosa. ¿Combatir el odio y la violencia es igual a reprimir o prohibir? Yo entiendo que no, entiendo
que son cosas distintas. Yo creo que lo que realmente les molesta a ustedes no es combatir el odio o la violencia o separar la política del deporte, está visto que no, pero cierta política, sí; ciertas ideas, sí; cierta expresión, sí, cuando son
distintas a las suyas. Lo que a ustedes les molesta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. (Exhibe una bandera independentista catalana.-Rumores y protestas). Eso les molesta. (Rumores). ¿Y por qué les molesta? Porque representa
unas ideas que no son las suyas, pero son ideas democráticas... (Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, le ruego que quite cualquier distintivo, por favor. (Un señor diputado: Es un antifaz).
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor presidente, gracias por dejarme exhibir la bandera. Es una bandera de libertad, es una bandera de tolerancia, es una bandera que admite a todos aquellos que compartan ciertas ideas. (Rumores). Es una
bandera de expresión. La libertad de expresión está amparada, la pluralidad está amparada. Si ustedes quieren prohibir eso, peor para ustedes, porque harán un flaco favor a la democracia aquí o a la libre expresión en los campos y en los estadios
deportivos. ¿Dónde está el odio? (El señor Camps Devesa pronuncia palabras que no se perciben). ¿Dónde está el odio, en la libertad o en la prohibición? Díganme ustedes, ¿dónde está el odio, en la libertad o en la prohibición? (Rumores).
Espero que no voten esta iniciativa. Por favor, se lo suplico, no voten esta iniciativa. Harían un flaco favor a la democracia, a las competiciones deportivas y a ustedes mismos, porque la historia estas cosas las recuerda. ¡Visca els països
catalans lliures independents! Son mis ideas y las expreso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bosch.
Tiene la palabra el señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, justo entonces, en 2005, tras un partido del Barça-Osasuna, se gestó lo que después fue esta proposición de ley. Justo ahora, en 2012, tras el partido de Copa entre el Barça y el Athletic de
Bilbao, después de años hibernando, la resucitáis. Esta proposición de ley carece de fundamento alguno y peca de dos deficiencias democráticas capitales: la primera, porque pretende criminalizar la utilización política del deporte, pero solo de
aquella que no comulga con la española; y la segunda, porque impone la devoción ciega a unos símbolos por encima de la libertad de expresión.
En cuanto a la relación entre el deporte y la política, conviene recordar, señorías, que fue Franco, en la misma posguerra, quien elevó hasta los cielos la utilización política del deporte al grito de: Practica el deporte, mejora la raza.
La Copa del Rey, que se llama ahora, entonces se llamo del Generalísimo. La camiseta oficial, que era roja, se convirtió en azul y en todos los partidos se gritaba el Cara al sol. Como comprenderán, símbolos que crearon no precisamente devoción
entre los vascos y las vascas. ¡Qué pocos matices se han cambiado desde entonces por sus herederos!
El principal argumento de esta proposición de ley reza literalmente: la realización de actos políticos, dada la pluralidad ideológica de los asistentes, puede originar tensión en las gradas y perturbar la normalidad de su celebración.
¿Pero es cierto lo que estamos oyendo? ¿Quiere decir esto ahora, señorías, que dada la pluralidad ideológica de los asistentes de esta Cámara no podemos tener ninguna discusión política ante el peligro de que se pudiera suscitar cualquier expresión
de violencia? Quizá la Comunidad Valenciana debía proponer la modificación del Reglamento de esta Cámara en la línea de esta proposición. Miedo me dan algunas mentes pensantes que lo arreglan todo prohibiendo y sancionando. Ahora sí, ahora sí veo
claro el sentido que tiene la inmunidad del cargo. Lo que se pretende por tanto no es sino la asimilación de las otras culturas e ideologías por esa España, una, grande y libre.
En cuanto a imponer los símbolos por encima de la libertad de expresión les recuerdo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la sentencia del caso Texas contra Johnson, dictó que era legal la quema de la bandera estadounidense, que lo
contrario supondría atentar contra la libertad de expresión, protegida esta por la Constitución. Aquí sin embargo el artículo 543 se ocupa del ultraje a España, a sus símbolos o emblemas. Pero, señorías, ¿hay que obligar a la gente por ley a que
respete los símbolos o más bien tiene que ser por propio convencimiento, sin necesidad de imposición alguna? Una reseña. Viviane Reding, partido popular, socialcristiano, vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y de
la Ciudadanía. Dice así: a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha demostrado equivocado -siempre- oprimir una identidad; cuanto más se oprime más fuerte es la reacción que se genera. Señorías, para un pueblo la identidad es parte
de su ser. La nacionalidad administrativa sin embargo es parte de su circunstancia. Para Amaiur por tanto esta proposición de ley es una aberración contra la libertad de expresión.
Ha comenzado, ya lo saben ustedes, la Eurocopa, y pronto ha aprendido el señor Rajoy que en tiempo de crisis buena salida de escape es el fútbol, para que luego podamos hablar de la utilización política del deporte. Escocia, señorías, una
nación sin Estado, ha competido en la Eurocopa contra España, de igual a igual, y nadie se ha rasgado las vestiduras, ni siquiera aquí. Luego, no se alarmen tanto por el hecho de que los vascos podamos competir a nivel internacional en nombre de
Euskal Herria, nuestra nación, y con nuestros propios símbolos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Continuamos ahora con el turno de fijación de posiciones. En primer lugar y por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
El Parlamento de la Comunidad Valenciana, señor Serra, nos trae hoy una iniciativa nada más y nada menos que de la VIII Legislatura. Es necesario por tanto hacer un repaso de qué es lo que propone y si verdaderamente en estos momentos tiene
algún sentido debatir sobre lo que lo estamos haciendo, porque si ustedes lo presentaron en 2006, en 2007 las Cortes Generales aprobaron una ley, la número 19 de ese año, contra la violencia, el racismo, la xenofobia, y la intolerancia en el
deporte, por tanto debatiendo sobre todos estos temas y tomando una resolución. Ustedes pudieron venir aquí en el año 2009, señor Serra, y debatir esta materia, pero ¿qué pasó? Que ya vieron que el asunto estaba obsoleto y ni siquiera hicieron
nombramiento de comisionados para que la pudieran defender aquí. Por tanto esa iniciativa decayó, volvió al saco del turno de las iniciativas de comunidades autónomas, y ahora han tenido la casualidad de que les vaya a coincidir con una copa
disputada entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao.
¿Cuál es su intención presentando una iniciativa que está absolutamente debatida y obsoleta? ¿Un criterio técnico? No, porque entonces no harían una enmienda a la Ley del Deporte del año 1990, sino que deberían hacerla a la del 2007, pero
esa no la tienen como referencia. ¿Es la materia? La materia desde luego está cubierta, porque todo lo que incite a la violencia, al racismo, a la discriminación, a la xenofobia, a la intolerancia en el ámbito deportivo está regulado y tiene sus
disposiciones y sanciones en el año 2007. ¿Que hay algún aspecto que ustedes consideran que debería estar regulado o sancionado pero no lo está? No crean que no debatimos de esto en el año 2007, ya lo creo que lo hicimos, y largamente en la
ponencia, pero se consideró que ahí no había ningún objeto de sanción, de falta o de delito.
Habla usted de tolerancia y lo que quiere fomentar es la tolerancia. Yo diría que su proposición de ley no es un ejemplo de tolerancia precisamente, es un ejemplo de intolerancia, y además creo que tenemos que hablar con más precisión,
tenemos que hablar de libertad de expresión, porque la tolerancia está bien, es un valor ético y ciudadano, pero vamos a hablar de algo que está entroncado en la normativa, que forma parte del ser constitucional, y eso es la libertad de expresión.
Si yo le preguntara si piensa usted que Estados Unidos es un país democrático me diría seguramente que entiende que sí, que es un país democrático; si yo le dijera que es mucho más democrático que España, me diría seguramente que no, que España es,
como país democrático, el primero y que puede compararse con cualquier otro. Le voy a leer párrafos de la sentencia de la resolución de la Corte Suprema estadounidense en el caso Texas contra Johnson, un caso en el que no se limitaban a silbar un
himno o a no saludar una bandera -y fíjese si la bandera estadounidense es un símbolo sagrado para los norteamericanos-. Cuando se expone el caso ante el tribunal de
una bandera norteamericana quemada por un manifestante, el tribunal resuelve -y lo resuelve no con una mayoría de jueces progresistas o izquierdistas, sino con jueces conservadores como Scalia o Kennedy, nombrados por Reagan- votar a favor
de la resolución para decir que la libertad de expresión está por encima de cualquier otra cosa y de cualquier símbolo, y que precisamente ese símbolo lo que protegía era la libertad de expresión, y que no tendría ningún sentido proteger ese símbolo
si se arrumbaba la libertad de expresión. Le voy a leer párrafos concretos. Decía: El Gobierno no puede mandatar por decreto un sentimiento de unidad entre sus ciudadanos. Prosigo: La primera enmienda a la Constitución norteamericana protege
sin matices la libertad de expresión en todas sus formas, siempre que esta se manifieste de forma pacífica -evidentemente si no hay violencia eso está cubierto también en la ley de 2007-. Otra frase de la sentencia: El Gobierno no puede prohibir
la expresión de una opinión simplemente porque no está de acuerdo con el mensaje, por muy duro o doloroso que le pueda parecer ese mensaje. Y otra frase más: Hay veces que es necesario tomar decisiones que pueden gustar o no, pero es fundamental
que la bandera deba proteger también a aquellos que no la acatan. Yo creo que ahí el Tribunal Supremo norteamericano demuestra que su sistema de gobierno está basado en libertades, y está basado desde luego en un sistema democrático de raíz. ¿Por
qué si alguien cree en los països catalans no puede expresarlo? Uno puede expresarlo en cualquier foro. ¿Por qué no podrían expresarlo libremente incluso deportistas? ¿O negarse a tomar parte en una selección deportiva, por ejemplo, sin tener
temor a que luego les quiten la licencia federativa para poder competir? ¿Por qué no podría ser esto posible si en un sistema democrático la libertad de expresión -evidentemente, manifestada sin violencia- debe estar por encima de todo?
Señor Serra, los corazones no se ganan con el derecho penal, no se ganan con las sanciones, no se ganan reprimiendo; a los corazones se les convence, a los corazones se les convence. ¿Quieren imponer a 50.000 personas sanciones
administrativas? ¿Quieren llevar a 50.000 personas de un campo de fútbol a la cárcel? Vayan preparando sitio y cenas porque desde luego van a necesitar bastante espacio. ¿Qué quieren ustedes realmente con esta proposición, exacerbar el
sentimiento antiespañol, exacerbar los sentimientos de rechazo hacia determinados símbolos, hacia determinadas ideas? Antes se lo han dicho, también ustedes mismos, porque desde luego con mociones como esta lo que no van a conseguir es más adeptos
y menos gente que nos silbe. En la época de Franco había menos silbidos, claro, sí, pero ningún corazón se ganó, así que ustedes sabrán lo que están haciendo, pero desde luego no venga diciendo aquí que lo que hacen es un gesto por la tolerancia y
un gesto por la convivencia porque lo que representa es todo lo contrario.
Quiero hacer un llamamiento al grupo mayoritario porque el resto de la Cámara se ha expresado, si no aquí todavía, ya en los medios de comunicación, diciendo que no parece conveniente en estos momentos esta iniciativa por unas razones o por
otras. En un asunto tan delicado y que concierne a la libertad de expresión y a la raíz democrática no tomen la decisión basándose en su mayoría absoluta; sería un auténtico error, sería volver a aplicar el rodillo, ya lo hemos visto desde que
comenzó la legislatura, pero no den pasos tan graves en materias tan delicadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores diputados, señor representante de las Cortes Valencianas, quisiera dividir mi intervención en dos aspectos bien diferentes. La primera parte de mi intervención la quiero dedicar a contestar a sus argumentaciones y a lo que
ha sido propiamente la presentación de esta iniciativa legislativa. Comparto la reflexión por usted manifestada en la tribuna en relación con la importancia de respetar la pluralidad, de ser tolerantes, y de respetar la tolerancia y hacer de la
tolerancia una forma de comportamiento; respeto naturalmente, como no podía ser de otra manera, el respeto a las reglas de juego -valga la redundancia-, que siempre se cumpla la ley, y que esta se respete. Dicho todo eso, lo que pienso a la vez es
que esta iniciativa que ustedes plantean para defender esas cosas que usted ha planteado en esta tribuna a mi juicio no es necesaria. Estando de acuerdo en la necesidad de respetar todas esas reglas y todas esas normas, de respetar la pluralidad y
la tolerancia, de respetar la ley y las reglas de juego, insisto, no hace falta que se apruebe esta iniciativa que ha quedado obsoleta, usted mismo lo ha reconocido en la tribuna de oradores, porque después de ella se aprobó la ley de 2007, que
regula -si quiere que le diga la verdad la he mirado con detenimiento, yo no estaba en esta Cámara en aquel momento- todo aquello que a usted le preocupa, aunque algunas de las cuestiones no las diga expresamente. Lo único que no regula
expresamente es el respeto a los símbolos del orden constitucional, ese punto que ustedes dicen dentro de su iniciativa de respetar las banderas y los símbolos, la bandera nacional y las banderas autonómicas, en tanto que representantes del orden
constitucional. No lo dice expresamente, pero en los artículos que aparecen en la ley, algunos de los cuales ha leído el señor Esteban, si se aplicaran, se perseguirían los actos ilícitos que van en contra de esa tolerancia.
Hay muchos artículos que le podría citar, pero le citaré el 6.1.2, condiciones de acceso al recinto, donde queda clarísimo que introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la
violencia o en cuya virtud una persona o un grupo de ellas sea amenaza, insultada o vejada por razón
de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual; incurrir en las conductas descritas como violentas, racistas, xenófobas o intolerantes en los apartados primero y segundo del
artículo 2; intolerantes. La tolerancia es una de las cuestiones que se cita en varias ocasiones dentro de esta ley. Por tanto me parece que lo que nos pasa en España -y este es un ejemplo más- es que hacemos muchas leyes pero cumplimos muy
pocas, y lo que hay que hacer es que se cumpla la ley, que se cumplan las leyes existentes, que se cumpla el Código Penal y que se respeten las leyes que ya existes. Por tanto para perseguir aquello que usted ha dicho en la tribuna -no voy a
prejuzgar otras motivaciones, porque no me corresponde- no hace falta una modificación, no hace falta que se apruebe esta proposición que ustedes han planteado aquí.
También se ha producido en este tiempo de debate que hemos tenido otra serie de intervenciones que no han hablado de lo que usted ha hablado y de lo que ocupa esta proposición, pero han producido una serie de manifestaciones a las que me
quiero referir. Se ha quitado importancia a algo que para mí es vital, que es el respeto a los símbolos del orden constitucional, al orden constitucional y a sus símbolos, que no son trapos ni músicas, que son representativos del orden
constitucional, de esta democracia perfectible en la que vivimos, que se puede perfeccionar, pero es la que tenemos y la que nos protege. Vengo de una parte de España en la que cuando veo colgada en un balcón una bandera constitucional, y la
ikurriña lo es y la bandera española también, la que aquí ha exhibido el señor Bosch no, es su bandera pero no es una bandera del orden constitucional (Aplausos), como ciudadana me siento protegida, porque sé que allí se respetan mis derechos. Y lo
de inmunidad por favor no lo diga en esta tribuna alguno, porque ha habido ochocientas cincuenta y ocho personas asesinadas por defender la libertad de todos los ciudadanos, y defenderla en nombre del orden constitucional (Aplausos); ochocientos
cincuenta y ocho por defendernos en nombre de una bandera que representa el orden constitucional, que no es la bandera, señorías, que no son los colores, que es la bandera que nos representa a todos porque representa al orden constitucional, que
cuando yo la veo en un balcón, como acabo de decir, veo que allí se respetan mis derechos, me siento tranquila, y cuando sé que en un pueblo de Euskadi no la pueden poner sé que allí mis derechos no están protegidos. Para contárselo de otra manera,
es como el náufrago que se está ahogando y ve una gaviota y se emociona. ¿Por qué se emociona, porque le gusta el pájaro? No, hombre, porque hay tierra cerca. (Rumores). Eso es la democracia y eso es la Constitución (Aplausos). Porque hay
tierra cerca. (Rumores). Comprendo que quien no ha vivido así no sabe de lo que estoy hablando. Es posible que sea fácil que nos mezclemos y que entablemos debates teóricos y más o menos emocionales, pero déjenme que les diga una cosa: esto no
es emoción, no en el sentido de esa emoción a la que algunos han apelado desde esta tribuna. La democracia no está para proteger sentimientos, está para proteger derechos, y los símbolos del orden constitucional protegen mis derechos, igual que la
Constitución. Por tanto no mezclemos el debate. La democracia -insisto- está para proteger derechos y no sentimientos, y cuando yo apelo a la democracia, al orden constitucional, y a todos sus símbolos no lo estoy haciendo desde la apelación
sentimental, sino desde la apelación de una diputada que está en esta tribuna y en este Congreso de los Diputados para representar y defender los derechos de todos los ciudadanos, los derechos y sus símbolos, todos. La ikurriña también es mi
bandera, también es una bandera del orden constitucional. Por cierto, la senyera también, pero la que aquí se ha exhibido no está en la Constitución.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando uno llega nuevo a esta Cámara espera que aquí se debatan los temas importantes para el país, sobre todo los temas de extrema gravedad, y henos aquí esta tarde, cuando la prima de riesgo está alcanzando otra vez
niveles desorbitados, cuando la Agencia Fitch acaba de rebajar la calificación a dieciocho bancos a pesar del rescate del otro día, hablando de una cuestión del año 2006: una cortina de humo a la que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana,
del País Valenciano, del Reino de Valencia -llámenlo ustedes como quieran- nos tiene muy acostumbrados a los valencianos. Lo que no esperábamos era que el Partido Popular de España bajase a los niveles de un Partido Popular que tiene uno de cada
cinco miembros imputado en la Cámara autonómica valenciana (Aplausos), uno de cada cinco miembros. De lo que se les puede acusar a los miembros del Partido Popular no es de que hagan una cortina de humo, sino de que la hagan de forma tan burda, y
además apoyándose en la peor parte de su propio partido, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, con un 20 % de los diputados que tiene en la Cámara valenciana imputados.
El 22 de octubre de 2005 -ha llovido- se juega el Barça-Osasuna y antes de empezar el partido se hace allí uno de los actos del Correllengua y se reivindica algo que dicen muchos filólogos, todas las universidades, y es la unidad de la
llengua catalana, que puede ser compartido o no. Puede ser compartido o no, faltaría más, pero es una opinión política, lícita como cualquier otra, lícita en democracia como cualquier otra que respete la libertad y los derechos de los demás.
Frente a eso el Partido Popular de la Comunidad Valenciana o del País Valenciano, tal y como nos tiene acostumbrados, se puso en plan victimista, porque el Partido Popular valenciano
es victimista. Cuando aquí el presidente del Gobierno se sienta en ese lado (Señalando a los bancos de la oposición) es muy victimista, y es muy servil cuando el presidente se sienta en este otro lado (Señalando a los bancos del Gobierno),
muy servil, tan servil como para no haber nombrado el otro día representantes para defender la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, País Valenciano, Reino de Valencia. No nombró representantes y la iniciativa decayó. Y no
digan ustedes que fue el Partido Socialista el que no nombró. No, es responsabilidad suya; ustedes tienen la mayoría en la Cámara valenciana y no necesitan al Partido Socialista para nombrar eso. No los quisieron nombrar ustedes porque ahora no
quieren traer a esta Cámara a debate una reforma del Estatuto de Autonomía que recoge cláusulas, como la de Andalucía o la de Cataluña, que garantizan unas inversiones para determinadas comunidades autónomas, obligando al Estado a ello. Claro que
luego todo eso es bastante secundario cuando se decide la política presupuestaria y los presupuestos se saltan las cláusulas autonómicas. Pero, bueno, no fueron capaces de nombrar el otro día a esos representantes y los traen hoy aquí para esto.
Después de ese partido de fútbol, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, ese mismo que presentó la dimisión de forma apresurada dada su imputación en un caso -no sé si el mismo u otro diferente al de los que están imputados,
ese 20 % de miembros de la Cámara autonómica, incluso el ponente que ha venido hoy aquí-, prometió y comprometió que había que defender los intereses y la imagen de la Comunidad Valenciana, y entonces se inventaron este remedo, que algunos
pensábamos que había pasado a mejor vida. Pero se lo inventan tan mal inventado, tan mal trazado y tan mal traído que cuando ustedes lo redactan recogen la redacción original de la ley del año 1990, y ni siquiera recogen su propia modificación de
la ley del año 2002. Porque en el año 2002 el Gobierno del Partido Popular en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos modifica todos estos artículos de la Ley del Deporte, y cambia dos parágrafos del artículo 66. Ustedes en su proposición de
ley que llevaron a las Cortes Valencianas y que hoy traen aquí recogen la redacción original de la ley -la del año 1990-, y ni siquiera recogen la suya -la de su Gobierno- del año 2002. Imagínense la calidad del texto legal que nos traen hoy aquí a
esta Cámara.
¿A qué viene todo esto? ¿Por qué se trae esto hoy aquí? Porque el día 25 de mayo se jugó la final de la Copa del Rey -que ha tenido otros nombres en otros momentos, como se ha dicho en esta tribuna-, hubo una serie de pitadas, y había que
apagar otras cosas; concretamente que el 22 de mayo salieron las cifras del déficit de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mejor forma de ocultar el desvío en el déficit, el incumplimiento de los sacrosantos objetivos de
déficit marcados por el Gobierno de España, que lanzar una polémica sobre los pitidos al himno en la final de la Copa del Rey? ¿Qué mejor cosa hay? Para terminar de redondear la faena nos traen esto hoy aquí, que no tiene ninguna importancia y que
está mal hecho. Si el Partido Popular de España tuviese un poco de conciencia de lo que representa esta Cámara y la historia de esta Cámara votaría en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley por mal hecha, por extemporánea,
porque ya la recogen otros textos legales, y porque no sirve más que para estar hablando de lo que no tendríamos que estar hablando ahora. Ahora toca hablar de la terrible situación en la que nos encontramos, de la terrible situación en la que está
España a pesar de todas las medidas que toma el Partido Popular, y que no sirven para aplacar ni a los mercados ni a la ciudadanía. Lo que toca es lo que les vamos a plantear desde nuestro grupo: la exigencia de claridad y de una comisión de
investigación, tanto sobre la crisis como sobre la banca.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió queremos dar la bienvenida a la delegación de las Cortes Valencianas que hoy ha venido a esta Cámara para defender su propuesta de reforma parcial de la Ley del Deporte de 1990. Ciertamente creemos que
siempre es interesante que desde otros parlamentos autonómicos se presenten iniciativas que en ocasiones pueden traducirse en reformas legislativas, y que recogen el sentir o los intereses específicos de los distintos territorios del Estado. Ahora
bien, aunque tradicionalmente desde nuestro grupo parlamentario acostumbramos a votar favorablemente la toma en consideración de las iniciativas que provienen de otros parlamentos de las distintas comunidades, en esta ocasión nuestro grupo no puede
votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley de reforma de la Ley del Deporte por los motivos que a continuación paso a exponer.
Básicamente entendemos que esta propuesta reitera en parte lo ya regulado en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Además, en caso de prosperar esta proposición de
ley, podríamos encontrarnos con una reforma de la Ley del Deporte que incluso podría vulnerar el principio de libertad de expresión recogido en la Constitución española, y que desde Convergència i Unió vamos a defender legalmente en caso de que sea
votada favorablemente, puesto que entendemos que alguno de los apartados que se proponen sobrepasan el límite de lo que dispone la Carta Magna en relación con la libertad de expresión, tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia
constitucional. En definitiva, la proposición de ley cuya toma en consideración hoy
valoramos no pretende otra cosa, según se recoge en la propia exposición de motivos, que prohibir la utilización de espectáculos, instalaciones y recintos deportivos para la realización de actos de contenido político ajeno a los fines que le
son propios, y ello pretende hacerse reformando de forma parcial tres artículos de la Ley del Deporte de 1990, concretamente se refiere a sus artículos 66, 68 y 69. Por cierto, algunos derogados actualmente. De entrada, creemos que esta reforma
puntual de la ley es innecesaria por reiterativa, por cuanto ya hemos dicho que la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ya establece las condiciones de acceso a los recintos
deportivos y además fija las correspondientes sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Así, por ejemplo, en su artículo 6 se prohíbe de forma expresa, y leo textualmente: introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de
objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos; introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que
inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual; incurrir en las
conductas, etcétera; acceder y -termina remarcando- cualquier otra conducta que reglamentariamente se determine, siempre que pueda contribuir a fomentar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes.
¿No creen suficiente la legislación en vigor? Desde Convergència i Unió sí creemos que es suficiente. Por lo tanto, de entrada, no entendemos el interés que puede tener una reforma parcial de la Ley del Deporte en el sentido propuesto,
cuando en 2007 ya aprobamos una iniciativa legislativa que contempla en términos claros y precisos prácticamente lo mismo en este sentido. En el caso de que esta regulación fuera insuficiente por la gravedad de los hechos bien es sabido por sus
señorías que siempre cabe el recurso a la normativa penal como última ratio del principio de intervención mínima. En definitiva, a nuestro entender esta propuesta introduce un debate totalmente artificioso desde una visión o posición legislativa
excesivamente intervencionista, pero además, hablando de deporte es preciso tener en cuenta que a lo largo de los intensos y exhaustivos trabajos de la subcomisión que estudió la situación del deporte profesional en España, en el seno de la Comisión
de Educación y Deporte durante la anterior legislatura, surgieron muchas cuestiones a mejorar del actual marco legislativo del deporte en España, y precisamente por ello concluimos y convenimos la mayoría de los grupos su necesaria reforma. Algunos
propusieron una ley del deporte profesional y otros una ley del deporte. En cambio, en ningún momento por parte de los distintos expertos y personalidades del ámbito deportivo que comparecieron y nos ilustraron con sus exposiciones se sugirió ni
mencionó la necesidad de modificar la Ley del Deporte en el sentido que hoy se pretende en la proposición de ley de les Corts Valencianes. De hecho, en aquellos trabajos ningún grupo parlamentario -tampoco el Grupo Popular- propuso la necesidad de
realizar una reforma de la Ley del Deporte en este sentido.
Señorías, ¿qué ha cambiado desde entonces en el deporte? Tal vez sí en la política, y mucho. Por lo tanto, este extremo ratifica totalmente lo que hemos afirmado hace un momento, que la proposición que hoy tomamos en consideración no
responde a ninguna necesidad real; al contrario, provoca un debate artificioso, forzado e incomprensible, especialmente en estos momentos, lo que nos lleva a pensar que posiblemente esta propuesta responde más bien a otros intereses o criterios que
nada tienen que ver con el deporte sino más bien con lo político o incluso lo ideológico. Porque, aunque nos han recordado los antecedentes que la motivaron, es mucha, y mucha, la casualidad de que esta iniciativa se debata ahora, pocas semanas
después del encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao y en el que lamentablemente en algunos momentos tuvo mayor protagonismo lo que sucedió antes del partido que el propio espectáculo futbolístico, porque precisamente
alguien con responsabilidad política se ocupó interesadamente de que así fuera, quizá para desviar la atención de otros asuntos especialmente graves que le afectaban directamente. (Aplausos). Es aquello, señorías, del pan y circo que tan bien
conocían los romanos en otros tiempos.
Lo que está claro es que desde Convergència i Unió no participaremos ni participamos de estas formas. Creemos que debe separarse lo político de lo deportivo, aunque en ocasiones es difícil porque acostumbran a mezclarse sentimientos
legítimos y fundados como la cuestión de las selecciones nacionales. Ahora bien, creemos también que esta proposición, lejos de apaciguar ciertas reivindicaciones de tipo ideológico o político en los espectáculos deportivos, que podemos compartir o
no compartir, más bien lo que podría provocar es justo lo contrario por lo que implica de coercitivo hacia la libertad de expresión. Por otra parte, desde nuestro grupo parlamentario, a pesar de no compartir determinadas expresiones que en
ocasiones podemos escuchar en eventos o espectáculos deportivos, no estamos de acuerdo en prohibir la realización de estos actos en términos generales, por cuanto se violentaría el principio de libertad de expresión recogido en la Constitución
española. Ya hemos dicho anteriormente que hay determinados supuestos que ya están tipificados administrativamente o penalmente. Por lo tanto, esta prohibición genérica es absolutamente innecesaria. En este sentido, es interesante hacer un repaso
a la jurisprudencia constitucional, siendo, por ejemplo, destacable la sentencia de la Sala primera del Tribunal Constitucional, de 15 de febrero de 1990, que reconoce el derecho del recurrente. Había publicado un artículo que hacía una crítica
política y social a la organización y finalidad del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982. Reconoce el derecho del recurrente a sus derechos
fundamentales, a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, según el Tribunal Constitucional. En estos casos -dice- se exige una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión que coarte su ejercicio. En este sentido,
existiendo además una ley anterior que ya contempla determinadas condiciones para acceder a los recintos deportivos más la posibilidad de recurrir al Código Penal en los casos graves, consideramos que una nueva regulación que contemple más
restricciones a la libertad de expresión en los términos que se propone podría ser contraria a la jurisprudencia constitucional recogida en la sentencia mencionada y en otras muchas.
Para terminar, señorías, desde Convergència i Unió, ante la iniciativa presentada por les Corts Valencianes, en esta ocasión, y como hemos dicho anteriormente, no podremos apoyar su toma en consideración por los motivos expuestos. Esperamos
que no prospere, principalmente por el bien del deporte y por lo que implica de coercitivo hacia la libertad de expresión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Permítanme que empiece dando la bienvenida a los representantes de las Cortes Valencianas y manifestando mi respeto a la comunidad autónoma que representan aquí y respeto a la institución de la que forman parte. Distinta valoración, sin
embargo, tengo para la iniciativa que han traído y defendido en esta tribuna. Sinceramente, creo que es una proposición de ley oportunista, inútil y legislativamente un bodrio. Quieren modificar unos artículos de la Ley del Deporte de 1990 que
están derogados expresamente por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Por tanto, una proposición de ley que modifica lo que no existe, los artículos 66, 68 y 69 de la Ley del
Deporte, porque una ley específica desarrolló exhaustivamente los aspectos que se trataban en esos artículos y fueron eliminados en una disposición derogatoria única de la ley de 2007. Si no hay artículos no hay nada que modificar y aquí paz y
después gloria. Pero no, esta ley que fue presentada en las Cortes Valencianas en enero de 2006 ha estado dando tumbos seis años; incluso se ha incluido en el orden del día del Pleno del Congreso y tuvo que ser retirada porque en años no habían
designado aún la delegación que tenía que defenderla. Lo cierto es que ha resucitado y aquí estamos discutiendo una iniciativa rocambolesca cuando el país está en el fondo de un pozo, rescatado por la Unión Europea y con el más brutal recorte de
las políticas de bienestar que podíamos imaginar.
La resurrección parece que la ha conseguido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha logrado que la anunciada pitada de la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Barça, en el Vicente Calderón, se convirtiera en algo
noticiable gracias a sus polémicas declaraciones de que se celebrara el partido a puerta cerrada si había pitada. Un partido de fútbol, el Barça-Osasuna el 22 de octubre de 2005, que terminó 3 a 0 a favor del Barça, con un gol de Messi, originó
esta iniciativa legislativa. Otro partido, la final de la Copa del Rey -también 3 a 0 a favor del Barça y con un gol de Messi- la resucita. Bendito fútbol, capaz de revivir hasta leyes muertas y además sirve para que hablemos de fútbol y no de los
recortes y del rescate. (Aplausos.-Rumores). Todo perfecto.
El portavoz del PP me dirá ahora que el que no haya artículos que modificar no es ningún problema para ellos, que tienen una varita mágica -recuerdan a Harry Potter- de acebo o de saúco, con 186 nudos que convertirá esta arrugada proposición
en un traje impecable, todo con un poco de pócima mágica de Camps, Esperanza Aguirre y finalmente el abradacabra del inconmensurable ministro Wert. Y así será si lo quieren porque saben que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos y en
esa estamos. (Protestas). Esta proposición de ley puede vaciarse en su totalidad y convertirla en lo que quieran, bendecida por sus votos sin más razones -que no son pocas-, pero no me nieguen que es una chapuza. Si quieren revisar la ley háganlo
en serio, con un estudio sensato, riguroso, sistemático, con los informes preceptivos, no por un subidón del entonces presidente Camps que utilizó esta fórmula de proposición de ley en las Cortes para dar relevancia política y mediática y sacar
provecho sectario a un acto cultural sobre la lengua catalana celebrado en el Nou Camp, todo lo discutible que ustedes quieran pero eso nada más, un acto más en el debate político de este gran país.
Les recuerdo que esta proposición trae causa directa -lo he dicho antes- del partido de fútbol Barça-Osasuna celebrado el 22 de octubre de 2005. El resultado deportivo no importó a algunos que sí anunciaron el insulto más grave jamás habido
a la Comunidad Valenciana al ver que en el campo se extendía una pancarta por parte de la Coordinadora de asociaciones para la lengua catalana en la que se incluía el territorio de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, los llamados países
catalanes. Los portavoces del Consell -alguno es diputado en esta Cámara- llegaron a comparar el acto con la propaganda nazi. Como lo oyen, porque decían que era como Alemania cuando quería anexionarse Checoslovaquia, Austria o Polonia -así, como
lo oyen-, en un ejercicio de sobreactuación política que sin duda no era un ejercicio de mesura política, de moderación para evitar la intolerancia o la violencia. Todos estamos de acuerdo en que el fútbol debe ser fútbol, pero no me negarán que
este mundo origina apetitos incontrolados de anunciantes, de directivos y de políticos también que quieren aprovechar la presencia de tantos seguidores para hacerles llegar sus mensajes o el de sus partidos. ¿Cómo no recordar que, por ejemplo, en
el
referéndum de la Constitución europea a los jugadores que llevaron en el Vicente Calderón una pancarta alusiva y favorable? ¿Cómo no vamos a recordar partidos de fútbol con pancartas del Plan hidrológico o del Agua para todos contra el
Gobierno de Zapatero o en Salamanca las camisetas contra el traslado del documento del Archivo Histórico? La última, las declaraciones de la presidenta de Madrid en la Copa del Rey, que se suma a este catálogo. Si no quieren caldo, dos tazas. Si
alguien en Euskadi o Cataluña no se había enterado de las pitadas al himno anunciadas en la final, tres telediarios provocando y haciendo una defensa castiza de nuestra Constitución y de sus instituciones, que por obvia era innecesaria y lo que
buscaba era protagonismo y llevar el debate durante unos días lejos de los recortes y de su malísima gestión, y llevarlo a la bandera, a la monarquía, a la España utilizada de manera excluyente. Mal, señorías, mal, muy mal. (Aplausos).
Barça-Osasuna provocó esta iniciativa que los socialistas rechazamos con una enmienda a la totalidad que se debatió en las Cortes Generales el 6 de abril de 2006, por cierto, con enorme calor y brillantez por mi compañera de partido Jeanette
Segarra Sales, que fue rechazada por 40 votos frente a 37 a favor. Y aquella iniciativa que ya entonces era inconsistente, ahora con el paso de tiempo se ha vuelto vaporosa e innecesaria, un disparate. Lo que quieren incluir en la legislatura con
esta proposición de ley ya está incluido en la Ley de 2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Señoría, es así, la ley está aprobada -en vigor- por unanimidad de los grupos parlamentarios, el reglamento
fue desarrollado en el 2010, sin ninguna apelación a que tuviera algún problema, la Comisión estatal contra la violencia está actuando y en pleno vigor. ¿A qué viene esto? Todo un cuerpo legislativo que está aplicándose bien. Y si fuera poco,
Código Penal. Código Penal: 543 para los ultrajes a España y sus símbolos; 491 para las injurias a la Casa Real.
Dejemos, por tanto, abandonemos la manía de legislar en caliente, cuando un desastre o un acontecimiento. No elaboremos leyes como arma arrojadiza: te vas enterar, te voy a dar con una ley en la cabeza que no te vas a poder mover. Esto es
lo que han intentado aquí y no son maneras. No hay ninguna otra forma de legislar que no sea pensando en el bien común, en el bien general. Porque es ridículo intentar regular las pitadas en los campos de fútbol. Señorías, ¿alguien se imagina a
una autoridad en medio del Vicente Calderón diciendo a los 55.000 espectadores: señores, quedan detenidos o multados? ¡Hombre, por Dios! Seamos sensatos, tengamos un poquito de sentido común. (Aplausos).
Ustedes, señores del Partido Popular -voy terminando presidente- han dejado a la Comunidad Valenciana hundida, en un pozo de desprestigio ético y político, no contribuyan también, más aún, con esta iniciativa a ahondar el desprestigio de la
Comunidad Valenciana aprobando esta iniciativa que no va a ninguna parte. Tengan templanza, no le den una nueva antorcha, por favor, al ministro de Deporte, al ministro Wert, que va a provocar un incendio que ni el de Roma en los tiempos de Nerón,
que ya tiene práctica sobrada de prender fuego a todo lo que toca. Crucemos los dedos, no se metan un gol en propia puerta; crucemos los dedos para ganar la Eurocopa y que el Gobierno pueda tener alguna escapada para divertirse.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pezzi.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Blasco.
La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.
Señoría, querría dar la bienvenida a los representantes de las Cortes Valencianas y al diputado David Serra en esta Cámara, que además están en todo su derecho. Lo que me gustaría hoy desde esta tribuna es destacar respecto a la proposición
de ley de modificación presentada por las Cortes Valencianas, que nos trae hoy a debate, el contexto político y social en el que se realiza, ya que han transcurrido, como han dicho ustedes, seis años desde el 2006 y las circunstancias a todos los
niveles han cambiado, era un contexto determinado y un Gobierno distinto. También hay que señalar que los artículos que esta proposición pretende modificar han sido derogados un año más tarde por la Ley 19/2077 -como han dicho muchas de sus
señorías-, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo cual desvirtúa considerablemente el debate.
Lo que no entiendo, señorías, es que si está derogado, si está incluido dentro de la Ley contra la violencia, el racismo y, además, es una ley que se aprobó en esta Cámara por unanimidad de todos los grupos, les parezca mal que lo hayan
traído aquí las Cortes Valencianas. Si a todos les ha parecido bien -porque aprobaron esos artículos específicos en la ley de racismo y xenofobia- que esa ley se aprobara, pues lo han traído las Cortes Valencianas aquí. Además, como han dicho en
la Mesa, es por orden de presentación; es lo que tocaba ahora. Sé que han venido todos aquí a querer hacer otro debate -algunos, es verdad-, pero el debate que tocaba era este -ahora diremos si esto se aprueba, si se retira o qué-, pero el debate
que traemos aquí es este, y algunos han venido a traer a esta Cámara otro debate que no correspondía, y a traer pitos y banderas que no correspondían. (Aplausos). Ustedes quieren traer propuestas de sus grupos o representantes de otras Cortes
diferentes del ámbito nacional, pero al final les parece mal que un diputado de las Cortes Valencianas venga aquí a exponer. ¡Es que no entiendo por qué! Si ya hemos dicho todos que sí a estos artículos.
El Gobierno tiene entre sus objetivos para esta legislatura la modificación de la Ley del Deporte, y así lo han expresado en esta Cámara tanto el ministro como el secretario de Estado para el Deporte. Uno de los grandes retos en materia
deportiva, al cual nos enfrentamos en la presente legislatura, es la reforma de la Ley del Deporte de 1990. Entendemos que tras más de veinte
años desde la aprobación de la actual ley, la realidad del mundo deportivo ha cambiado mucho y es necesaria una modificación. Debe ser una reforma profunda que dé respuesta a las inquietudes y problemáticas de los deportistas en pleno siglo
XXI y que esté alejada de posicionamientos políticos, señorías. Recordamos que en esta Cámara la pasada legislatura se realizó un buen trabajo en la subcomisión sobre el deporte profesional, que debe ser tenido en cuenta en la inminente reforma de
esta ley. Sus conclusiones reflejan el padecer de muchos agentes implicados en el diseño de un marco normativo adecuado que dé cobertura a las necesidades de tantas y tan diferentes disciplinas deportivas.
Me gustaría agradecer la iniciativa de las Cortes Valencianas porque demuestra una preocupación y un compromiso por el deporte que no debe ignorarse. Quiero agradecer la intervención de don David Serra y el espíritu de la propuesta.
Tendremos en cuenta para la reforma de la ley a todos los agentes del mundo del deporte y, por supuesto, a las comunidades autónomas. Estoy segura de que con el mismo compromiso y con su actitud responsable en todo este proceso el ponente aceptará
que el Gobierno sea quien encabece, con una reforma más amplia y profunda, una nueva ley del deporte que regule con acierto la problemática que vive el deporte español en la actualidad. Así lo ha hecho con el protocolo de la gestión de la deuda del
fútbol profesional y también con la presentación del borrador del proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Dos grandes retos que han tenido solución en tiempo récord,
lo que demuestra una gestión eficaz.
Señorías, me gustaría hacer unas reflexiones como deportista, como campeona olímpica que subí en el podium a lo más alto en unos Juegos Olímpicos, con la bandera de España representando a toda España: Cataluña, Valencia, País Vasco, a
todos. (Aplausos). Que no se utilice el deporte como herramienta política de separación ni como altavoz de ningún mensaje diferente al puramente deportivo, señorías. Que se utilice para impulsar valores como esfuerzo, unión, trabajo en equipo,
integración. La labor social que hace el deporte, eso es lo importante. Hablemos del deporte por sus triunfos, elaboremos leyes que solucionen los problemas de los deportistas, no los generemos. No generemos esos problemas. Dejemos de montar
este circo alrededor del deporte, señorías, de pitos, de banderas anticonstitucionales, de fotos en la puerta de los leones. Dejemos de montar este circo, señorías. Hagamos una política deportiva, pero no política del deporte. No utilicemos los
eventos deportivos como altavoz de un mensaje político, ni los triunfos de los deportistas. Las medallas son de ellos. Ayer, Nadal ganó el Roland Garros y todos nos sentimos orgullosos. Nuestros jóvenes ven a Nadal como un ejemplo y a Nadal se le
ve fuera de España como una figura. Es la imagen de España, eso es lo que tenemos que valorar del deporte. (Aplausos). Dejemos de hacer estos debates, dejemos de ser demagogos. A mí, lo que me gustaría es que al final se apreciaran de verdad los
valores que transmite el deporte. Eso yo creo que es lo importante.
Antes de terminar quiero agradecer, de verdad, a las Cortes Valencianas su actitud comprometida para presentar una iniciativa en un momento determinado. Entendemos su preocupación sobre este tema, pero sí que me gustaría, señor Serra, que
por los argumentos que se han esgrimido en esta Cámara retirara la toma en consideración de esta propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor representantes de les Corts Valencianes, Serra Cervera, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blasco.
Señor Serra, desde el escaño, ¿qué quiere manifestar?
El señor REPRESENTANTE DE LES CORTS VALENCIANES (Serra Cervera): Brevemente, señor presidente, por un minuto.
Habiéndose dado los argumentos políticos y suscitado el debate sobre la proposición de ley, y viendo que técnicamente afecta a unos artículos que hoy no están en vigor y que el grupo mayoritario ha acogido la propuesta que hemos hecho como
elemento de reforma en la futura ley, quiero pedirle que no se someta a votación dicha reforma de proposición de ley sobre unos artículos ya derogados. (Rumores y protestas.-El señor Jáuregui Atondo: ¡Es ridículo, señor presidente. Es un montaje.
Es absolutamente ridículo!).
El señor PRESIDENTE: Tomo nota de su propuesta, pero veremos si eso es factible o no. Probablemente habrá que votarla, como es lógico, pero quiero advertir a todas sus señorías que las votaciones de esta proposición de ley y de todas las
demás serán al final de la sesión. Y para su propio gobierno, advierto que no votaremos antes de las nueve.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Número de expediente 410/000003).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a sustanciar el punto II del orden del día: Toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión
de peticiones y participación ciudadana.
Para la defensa de esta proposición tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN PERÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de comenzar con mi intervención, quisiera saludar a los representantes de las distintas asociaciones que se encuentran en la tribuna de público del hemiciclo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Querría darles la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y también desearles -y eso por supuesto lo hago extensivo no solo a esos representantes sino a todas las personas que ahora mismo se encuentran en dicha tribuna- que en la
próxima ocasión que tengan de venir a este hemiciclo lo hagan no solo como oyentes sino también como participantes. (El señor Hernando Fraile: ¡Que se presenten por el PSOE!).
Entrando ya en la proposición de ley que formula el Grupo Parlamentario Socialista para su toma en consideración, concretamente la reforma de los artículos 46 y 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados atinentes a la Comisión de
Peticiones, creemos necesario que se produzca este debate en la Cámara porque nuestro ordenamiento jurídico permite la participación directa de los ciudadanos, al margen de cada periodo electoral, a través de las iniciativas legislativas populares,
a través del referéndum y, según establece nuestra Constitución en el artículo 29, también a través del derecho de petición. Pero lo cierto es que en la práctica solamente las dos primeras, es decir, el referéndum y la iniciativa legislativa
popular, y no con la asiduidad que a lo mejor sería deseable desde un punto de vista democrático, suponen una verdadera participación directa de los ciudadanos. Entendemos que en los tiempos que corren hay una palabra muy utilizada, especialmente
para referirse a la situación económica de nuestro país, y ese vocablo es déficit. Pero esa palabra puede ser también aplicada a otros aspectos de nuestras instituciones públicas. Me estoy refiriendo al déficit democrático que atañe a nuestras
administraciones.
Si me permiten esta afirmación, quizá estarán de acuerdo en que en los últimos tiempos se ha producido un cambio de paradigma en las relaciones entre los representantes electos de la sociedad y el resto de la ciudadanía. La irrupción de las
redes sociales ha permitido un grado de interlocución que hace tan solo unos años era prácticamente impensable. Efectivamente, en la era de Twitter, en la era de Facebook, en la era de la política 2.0, en la era de la escucha activa y de los
gobiernos abiertos, es absurdo permitir que siga existiendo una institución con una Comisión que no es que sea propia del siglo XX, sino que incluso me atrevo a afirmar que podría ser propia del siglo XIX. En consecuencia, es una absoluta
incongruencia que los ciudadanos puedan acceder a sus representantes electos y tener mucha más participación de una manera informal que a través de los cauces formalmente establecidos.
La propuesta que nosotros formulamos consistiría en un cambio de denominación de la Comisión de Peticiones, que pasaría a denominarse comisión de peticiones y de participación ciudadana, que permitiría, mediante la celebración de audiencias
especiales, que los ciudadanos, a través de sus representantes o incluso por su propia voluntad, pudieran solicitar la comparecencia en audiencia pública en la citada Comisión para debatir sobre aquellos asuntos que estimaran de su interés y que les
conciernen. Esa propuesta no solamente se formula para la Comisión de Peticiones, sino que también la formularíamos para las Mesas y las ponencias legislativas de aquellas comisiones con capacidad legislativa del Congreso de los Diputados.
Una de las principales críticas que hoy en día se formulan a los representantes electos de los ciudadanos es la suerte de muro infranqueable que en ocasiones parece haber entre los mismos y nosotros. Precisamente por ello la posibilidad de
que pudieran ser los propios ciudadanos quienes comparecieran aquí, en esta casa, y se expresaran y participaran del debate contribuiría a avanzar desde el punto de vista democrático de una manera que no tiene parangón en la democracia española. Es
necesario sin duda alguna que los ciudadanos se impliquen más en el ejercicio de la democracia, en la participación, y ello por varios motivos. En primer lugar, porque eso les permitiría conocer mucho mejor cuál es el trabajo que desempeñamos sus
representantes electos y en consecuencia contribuiría a mejorar la visión que tienen actualmente de nosotros, y en segundo lugar porque implicaría que los mismos pudieran sentirse mucho más partícipes de la propia democracia y al mismo tiempo ganar
una credibilidad que creo que a todas luces es necesaria. Se trata de una pequeña modificación legislativa pero de un gran avance en términos democráticos.
Hablaba de confianza hace un momento. Decía Tito Livio que generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos nuestra confianza. Es decir, si queremos que los ciudadanos confíen en nosotros, somos nosotros quienes debemos
comenzar a confiar en ellos. Lo que pretendemos con la comparecencia de los mismos en esta casa no es que podamos responderles a todas las preguntas, ya que eso no supone generar confianza y además nosotros no tenemos la respuesta a todas ellas,
sino que estemos abiertos a todas las preguntas que se formulen. Eso sería generar confianza.
Me permitirán que les diga, señorías, que impedir la creación de una comisión pública en la que se tienen que tratar los desmanes de una entidad financiera que se han cometido en tiempos recientes o impedir la comparecencia de sus
representantes y fundamentalmente principales responsables no creo que sea algo que genere mucha confianza en los ciudadanos. (Aplausos). Lo cierto, señorías, es que en estos momentos todos precisamos hacer un verdadero ejercicio de reflexión en
cuanto a cuál es la visión que tienen los ciudadanos sobre nosotros y preguntarnos en qué cuestiones debemos y podemos mejorar y, sinceramente, creo que esta es una de ellas.
Señorías del Partido Popular, a nadie se le escapa que esta propuesta, si no cuenta con su apoyo, no va a poder prosperar por una cuestión de pura aritmética parlamentaria,
pero quería decirles una cosa. Hace un momento he hablado de las redes sociales y me he referido a Internet como un instrumento indispensable en el ejercicio de la política hoy en día, y lo cierto es que realizando una búsqueda -una
búsqueda muy sencilla que puede hacer cualquier ciudadano que ahora mismo nos esté escuchando- sobre participación ciudadana y el Partido Popular, me he encontrado con el texto correspondiente a su XVII Congreso celebrado el pasado mes de febrero de
2012, es decir, muy recientemente. Me permitirán que les lea qué dice ese texto: El Partido Popular demuestra su voluntad de mantenerse próximo al pálpito de la calle, a la realidad individual y social en que se desenvuelve y de aumentar el grado
de interacción, sintonía, información y participación de los ciudadanos. Los buenos resultados electorales nos confirman que se está en la buena senda, pero no puede servir para conformarnos. Quiero preguntarles, señorías, si es que ya se han
conformado. Será así, porque lo cierto es que la información de la que disponemos en estos momentos es que ustedes van a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Yo no les digo que tengan que asumir el contenido
íntegro del texto que nosotros proponemos. Como ustedes saben, ahora mismo tan solo se trata de posicionarse a favor o en contra de un debate que posteriormente se tendrá que llevar a cabo y, si no estuvieran de acuerdo con el contenido del texto
porque lo encontraran insuficiente o por otros aspectos del mismo, les quiero pedir, señorías, que permitan el debate electoral, que formulen las enmiendas que sean correspondientes al mismo, pero, por favor, no les sustraigan a los ciudadanos la
ilusión de pensar que podemos conseguir que las instituciones que les representan sean más abiertas, transparentes y democráticas de lo que lo son hasta ahora. Les pido, por favor, que no les sustraigan esa ilusión.
Acabo ya, señorías, formulando dos agradecimientos y una reflexión general que quiero compartir con ustedes. El agradecimiento va, en primer lugar, a mis compañeras Soraya Rodríguez, María González y Pilar Alegría, quienes me han ayudado
políticamente en la elaboración de esta intervención; en segundo lugar, quiero formular también un agradecimiento al escritor y politólogo César Calderón, así como también al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Víctor Cuesta, por haberme servido también de inspiración intelectual. La reflexión con la que quiero acabar, señorías, es que cualquier gran democracia -y, sin duda alguna, a pesar de los defectos que ya hemos apuntado, la democracia
española lo es-, si no progresa, si no avanza y si no prospera, deja de ser grande o deja de ser democracia o deja de ser las dos cosas. Les pido, por favor, que de aquí al periodo de votación, que ya nos ha informado el señor presidente que será
sobre las nueve, reflexionen y voten a favor de la toma en consideración para permitir su debate.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, déjenme que les repita lo que iremos repitiendo a lo largo de días y días. Nosotros, los republicanos, queremos a los responsables de Bankia ante los tribunales, los queremos llevar a juicio, y también a los
responsables de la crisis. Dicho esto, si la máxima expresión de la participación ciudadana y de la democracia son las elecciones y los referéndum, convendrán conmigo en que andamos un tanto escasos de democracia porque durante años y años nunca en
este Parlamento se ha aprobado una ley que provenga de una iniciativa legislativa popular, ni tan solo una, y referéndum, poquitos, poquitos. Es decir, podríamos hablar de una democracia low cost, una democracia frágil, y, en consecuencia, un
Parlamento un tanto decimonónico, de hecho, un Parlamento muy anquilosado. Nosotros habíamos creído que en el año 2004 era posible ir hacia una modernización de este Parlamento, y me consta que en los inicios de la legislatura 2004-2008 el Grupo
Socialista lo intentó, pero perdió gas pronto. Como saben ustedes, el Partido Socialista perdió aliento y de lo dicho nada; de hecho, el señor Rubalcaba y el señor Zaplana pactaron que de modernización del Parlamento nada de nada. ¿Saben por qué?
Porque tenían que pagar la prenda del reconocimiento de los derechos lingüísticos de los diputados y de las diputadas y prefirieron un Parlamento decimonónico a reconocer los derechos lingüísticos, es decir, una versión de antes roja que rota. Pues
bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un Parlamento que francamente adolece de transparencia, de diligencia, y que se ha alejado mucho, mucho, de la ciudadanía; de hecho, cuando los temas llegan a esta Cámara la sociedad ya los ha
metabolizado, al menos un tanto. Me ahorro hacer un listado de déficits que son vergonzosos; desde la falta de una oficina de control presupuestario hasta la prepotencia de los partidos dinásticos, que desde la Mesa del Congreso se atreven a no
tramitar preguntas al Gobierno cuando estas preguntas puedan molestar, por ejemplo, a la Casa Real, o bien la poca capacidad de este Parlamento para controlar al Gobierno, sea de derechas o sea de izquierdas, sea Cánovas o sea Sagasta.
Si este Parlamento tiene tan poca autoestima respecto al funcionamiento parlamentario, qué no va a tener respecto a los ciudadanos y a las ciudadanas. Un alejamiento progresivo, como se demostró en las reivindicaciones que tuvieron voz en
las plazas de todas las ciudades del Estado español y como está en el punto de mira de las críticas de los ciudadanos, de las generaciones jóvenes, que están más preocupadas por la profundización de la democracia y por la calidad de la misma que por
el marco general. Saben ustedes que el funcionamiento del parlamentarismo estaba en jaque, era objeto de críticas, y ahora el Partido Socialista se
descuelga -bienvenido- con una revisión del Reglamento que me parece francamente muy poco ambiciosa. Yo entendería que si el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno tuviera interés en reformar el Reglamento presentara una propuesta
poco ambiciosa, puesto que es cierto que los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno sea del color que sea tienden a ser conservadores, pero ustedes, que están en la oposición, con la que está cayendo, con el divorcio existente entre las
Cámaras y la calle -usted dice que ha recibido mucho apoyo intelectual; quizá no hacía falta tanto apoyo intelectual para una Comisión de Peticiones que no sirve absolutamente para nada, y lo dice este diputado que ha formado parte de ella; es un
hazmerreír, porque los ciudadanos y ciudadanas tendrían que saber que lo que se hace con las peticiones es tramitarlas de oficio al ministerio equis y punto-, se limitan a añadir y de participación ciudadana al nombre de Comisión de Peticiones, y
luego lo que se hace es facultar a esta Comisión para poder llamar, no a capítulo, sino a comparecer ante la Cámara a estas personas para que informen. Esto más o menos es lo que ya se hace durante el trámite legislativo cuando los grupos
parlamentarios solicitamos comparecencias.¿Por qué no han utilizado ustedes el adjetivo prescriptivo? ¿Por qué no convertimos en prescriptiva esta comparecencia? ¿Por qué? Ya que se ponen, pónganse de verdad. Ya que se ponen, planteen una
reforma global del Reglamento e intenten poner al Partido Popular, a través de la modernidad, a través de la exigencia de participación democrática, contra las cuerdas, es decir, entre la modernidad y la democracia, y que no se pueda mover de este
rincón. Pero esto es un masaje que no tiene ningún tipo de ambición. Es lamentable. Ustedes pretenden mantener el statu quo actual; no significa ninguna variación. Al menos, sabiendo que incluso esto sería rechazado, marquen el norte, sean
ambiciosos y pongámosles en contradicción ante la ciudadanía que está en las calles y que está harta de que este Parlamento vaya por un camino y la ciudadanía por otro. ¿No se nos cae la cara de vergüenza que sea un gesto titánico la creación de
una comisión de investigación? ¿Cuántos forajidos no serán ni tan solo políticamente controlados por el Parlamento? ¿Acaso no sería importante que no estuviéramos hipotecados a las mayorías parlamentarias y que un grupo parlamentario, dos, quizá
tres, aunque fueran minoritarios, tuvieran la posibilidad de crear comisiones de investigación? Esto sí sería realmente un avance. ¿Por qué no lo han planteado? ¿Acaso ustedes tienen miedo de que la modernidad revierta en contra de ustedes,
porque ustedes también han formado parte de la dialéctica del poder?
Esperábamos mucha más ambición del Partido Socialista, porque sabemos qué puede dar de sí el Partido Popular. Que nos criminalicen. ¿Qué nos ha hecho a los miembros del Grupo Mixto? Criminalizarnos. ¿Qué ha hecho a los republicanos e
independentistas? Criminalizarnos, incluso vetándonos en la Comisión de Secretos Oficiales, cosa que nunca había ocurrido. Pero de ustedes esperábamos que fueran más ofensivos. Así van a estar toda la vida en la oposición y, además, cada vez más
alejados de la ciudadanía. Y su fracaso, por desgracia, también es nuestro fracaso. Por eso estamos muy preocupados por su falta de ambición, y, si no, pregúntenle ustedes al señor López Garrido...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que terminar.
El señor TARDÀ I COMA: ... por qué al final prefirió pactar con el señor Zaplana e hipotecar la modernización de este Parlamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que finalizar.
El señor TARDÀ I COMA: No nos vengan con milongas. Queremos más ambición por parte de ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que la iniciativa que el Grupo Socialista ha presentado hoy al menos es oportuna, pues este es un asunto que no admite más demora en cuanto a su debate, su reflexión y su adecuación a los nuevos tiempos. Otra cosa es que podamos estar
de acuerdo con la totalidad del texto que se presenta, pero es indudable -a nadie se le escapa- que es un tema de actualidad, a pesar de que el derecho de petición es una facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para
hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y, en consecuencia, reclamar su intervención. Es uno de los derechos más antiguos recogidos en la tradición histórica parlamentaria y constitucional, un derecho que nace en la Edad Media como un
instrumento para la reclamación, para la participación ante los poderes públicos. De hecho, incluso es el Parlamento ante la monarquía quien utiliza ese derecho de petición para hacer oír sus votos, para hacer oír sus posiciones e imponerlo a esta,
por ejemplo, en el constitucionalismo, en la tradición parlamentaria británica de la Edad Media. Es verdad también que este derecho se ha quedado anquilosado, más allá de las menciones y el desarrollo mínimo que en su momento durante el siglo XIX
el constitucionalismo, un auténtico hervidero de nuevos textos de esa época, realizó. De allí a hoy han pasado muchas cosas, ha cambiado mucho el mundo y también la velocidad de la política, las comunicaciones y la forma de interactuar. También es
cierto que en el desarrollo legislativo que se ha hecho en el ordenamiento constitucional español actual se ha actuado con mucho miedo y con demasiada prevención. Es verdad que algunos de los aspectos del derecho de petición han
sido regulados de manera paralela y algunos asuntos incluso están recogidos en la Constitución, como la tutela judicial efectiva o la posibilidad de acceder a una instancia como el Defensor del Pueblo, pero lo cierto es que la iniciativa
legislativa popular ha sido recogida con cierto temor por parte del Legislativo y, aunque se hizo una reforma hace dos legislaturas, todavía son grandes los límites que se encuentran para poder llevar a buen término una recogida de firmas con una
propuesta concreta. También es verdad que el desarrollo de otro aspecto, la democracia directa en el sentido de referéndum, se quedó anquilosado a principios de los ochenta. No se ha vuelto a tocar y la única expresión que han manifestado las
Cortes siempre ha sido de miedo, de recelo y de poner impedimentos, sea para manifestar el sentimiento de un pueblo, la reforma de un estatuto o cualquier otro tema menos político o colectivo. Lo cierto es que muchas cosas se arreglarían y podrían
tener un buen cauce si se pudieran someter a referéndum por parte de los ciudadanos. En el caso de mi comunidad autónoma, un buen ejemplo lo tenemos con los sucesos acaecidos alrededor de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco y al
traer aquí también la reforma del nuevo Estatuto vasco.
A finales del año 2001 se hace una ley del derecho de petición, pero el Parlamento queda fuera de ella. Tiene unas características especiales, una soberanía específica, unos mecanismos peculiares y por tanto son las propias cámaras quienes
deben regularlo. A nuestro modo de ver, cualquier diputado o diputada que haya pasado por la Comisión de Peticiones de esta Cámara se habrá dado cuenta de que aquello no tiene mucha utilidad. Hablando claro, el trámite habitual suele ser recibir
los escritos y darlos cauce. Darlos cauce significa decir: esto para la Comisión Constitucional, esto para la Comisión de Justicia, esto al Gobierno -ni siquiera al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior, sino al Gobierno y que él lo
distribuya-, esto a otra instancia o limitarnos a hacer una hoja en la que ponga que hemos recibido el escrito y muchísimas gracias. Pero en estos momentos no hay cauce para indagar más en algún tema concreto ni para conocer la opinión directa ni
siquiera para establecer una posición en la propia Comisión y presentar una iniciativa dentro de la Cámara para al menos hacer saber su opinión. Por ello seguramente todos estemos de acuerdo en que hay que darle una vuelta a la Comisión de
Peticiones y si no, es mejor que desaparezca.
Las peticiones que llegan son muy diferentes. Algunas son genéricas, otras tienen que ver con materia legislativa, otras son muy particulares y personales, incluso muchas veces no tienen solución que se les pueda dar desde los poderes
legislativos, pero en algunas ocasiones pueden sugerir materias a estudiar, a tratar, o ver si en el futuro con un cambio de legislación podría arbitrarse algún tipo de solución. Por tanto, ¿sería bueno abrir la Comisión de Peticiones a la
participación ciudadana? Mi grupo cree que sí. Ahora bien, ¿toda abierta o, como ha dicho el señor Tardà -mi querido amigo Joan-, que sea prescriptivo, obligatorio y que cada petición tenga que tener una audiencia? Les aseguro que con el volumen
que hay en la Comisión de Peticiones, si tenemos que hacer una audiencia para cada cosa, nos dedicamos a eso y a nada más; y no sé si le daríamos salida a todo lo que se recibe durante el año. Toda abierta tampoco significa que sea bueno. Muchas
cosas pueden ser repetitivas, otras directamente sin sentido -porque no todas las peticiones tienen sentido- y otras pueden ser propaganda orquestada. Estamos hablando de Internet y de las nuevas tecnologías y nos creemos que todo es espontaneidad
y buenas ideas que se pueden recoger. No, ahí también hay mucha campaña, mucha propaganda orquestada y muchas cosas sin sentido. Por tanto, ¿abierta la Comisión? Sí, e incluso habría que proponer un calendario dentro de la Comisión para saber que
se van a hacer tantas sesiones, pero hay que llegar a un consenso dentro de la Comisión sobre qué es lo que se va a tratar, lo que merece la pena y lo que suscita verdadero interés en la propia institución.
También estamos profundamente de acuerdo con el punto 4, que establece que la Comisión podrá adoptar resoluciones. Hasta ahora esto no puede ser. Pero una petición reiterada y fundamentada y sobre la que, tras una investigación, los
miembros de la Comisión hayan podido llegar a una conclusión, merece que se pueda reflejar en una resolución e, incluso, en una formulación de recomendaciones. ¿Por qué no? En este sentido, nos parece un paso adecuado.
Creo que la propuesta merece pasar el trámite de toma en consideración. La regulación concreta que se propone sería probablemente objeto de mejora, pero entiendo que hay un margen grande para que todos los partidos políticos y los grupos
aquí representados podamos ponernos de acuerdo y abrir más este Parlamento a la opinión pública ciudadana y a lo que se nos quiera decir directamente. No estamos en el siglo XIX. Las comunicaciones y la forma de vivir la política han cambiado y
eso debe estar reflejado en el Reglamento.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Antes que nada me gustaría decirles una cosa a los diputados del Partido Popular. Permitir el show que se ha montado aquí durante la primera hora y media de Pleno, permitir hablar de algo que no ha servido de nada y que ha supuesto que
alguien saque el pito y alguien saque la bandera y que, por lo tanto, mañana salgan en los periódicos pitos y banderas en vez de a lo mejor otras fotos como las del señor De Guindos o Rajoy, no es fomentar la participación ciudadana, es fomentar la
desafección de la gente hacia la clase política y me parece que está muy mal hecho y que es una falta de respeto a esta Cámara.
Dicho lo cual, me gustaría empezar a hablar de lo que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista, una propuesta sobre participación ciudadana que nosotros apoyaremos, que nos alegra, que vamos a votar a favor, entre otras cosas porque la
participación ciudadana, la regeneración democrática, creo que está en el ADN de nuestra formación desde el inicio. Pero me gustaría hacer hincapié en varias cosas, y voy a empezar mi intervención, como ha dicho el señor Tardà o como ha dicho
también el compañero del Partido Nacionalista Vasco, haciendo una pequeña autocrítica. Creo que todos deberíamos hablar algún día de la Comisión de Peticiones, deberíamos mejorar el funcionamiento de la Comisión de Peticiones que, es cierto, en la
actualidad no es más que una mera distribuidora de dosieres. Por cierto, señores socialistas, ustedes han mostrado muy poco respeto a una Comisión de Peticiones en la que no han dicho nada de lo que iban a traer hoy aquí y en la que ni siquiera han
tratado de lo que estamos hablando hoy. Pero creo que es algo general. Hoy, en la Comisión de Peticiones éramos cinco, contando a la letrada y al presidente, así que me parece que es algo bastante generalizado, no solamente les voy a acusar a
ustedes de esa falta de respeto. Quisiera empezar comparándonos con nuestro entorno. Vamos a mirar a Europa, señorías, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo y el trámite puede acabar en la
presentación de un informe completo al Parlamento para que sea votado en sesión plenaria. Otro ejemplo más, señorías, desde el 1 de abril se ha implementado la iniciativa ciudadana europea. Todos los europeos podemos participar en la elaboración
de políticas de la Unión Europea. La firma de 1.000.000 de ciudadanos europeos permitirá que se dirijan a la Comisión Europea para que se presenten propuestas de actos legislativos en ámbitos de su competencia. Tenemos mucho que aprender de
Europa. Miremos al Reino Unido, al portal e-peticiones, cualquier ciudadano puede crear una campaña de recogida de firmas desde una plataforma creada y gestionada por la oficina del primer ministro. Con 100.000 -repito, señorías-, con 100.000
firmas electrónicas -repito, electrónicas- los objetivos de la campaña acaban discutiéndose en su parlamento. Pero no toda la participación ciudadana tiene que reducirse a una comisión en el Congreso.
Voy a comenzar haciendo una alusión que ya hemos hecho varias veces en esta Cámara, la Ley Electoral, una ley que tras un acuerdo histórico hemos conseguido que ustedes, señores del Partido Socialista, se avengan a cambiar en Asturias.
Señorías, en las últimas elecciones generales al bipartidismo cada escaño en esta Cámara le costó 60.000 votos; a Izquierda Unida, 150.000; a nosotros, 220.000 votos. ¿Esto es promover la participación ciudadana? Voy a hablar ahora de las
andaluzas. En las últimas elecciones andaluzas 130.000 ciudadanos que votaron a Unión Progreso y Democracia se quedaron sin representación, el mayor número de ciudadanos sin representación desde la creación del Parlamento andaluz. Sumen a esa
cifra los 100.000 ciudadanos que votaron al Partido Andalucista que tampoco obtuvieron representación. ¿Eso es fomentar la participación ciudadana, señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular? ¿Qué han hecho ustedes para arreglar
esto? Nada. Bueno, sí, hicieron algo en la legislatura anterior: cambiaron el tamaño de la papeleta del Senado -impresionante- y obligaron a los partidos sin representación a recoger firmas para poder presentarse. Es decir, en vez de facilitar
la participación ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes, señores del Partido Popular, pusieron más trabas a la participación ciudadana. Señorías, esta Ley Electoral no perjudica, como nos dicen a menudo, a Unión Progreso y Democracia,
es perjudicial para todos los ciudadanos en tanto que crea desigualdad y, en consecuencia, no fomenta la participación ciudadana. Permítanme decirles que el espíritu de esa ley no era este, este fue un arreglo temporal, así me lo reconocía a mí el
día que celebramos la Constitución aquí y que nos vimos por primera vez las caras uno de sus creadores. Era algo temporal, era algo para asegurar la gobernabilidad, algo que se sabía que era temporal y que ustedes debieran cambiar, pero ya sabemos
que no van a hacerlo. A petición del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero el Consejo de Estado coincidió con nuestras peticiones en este aspecto, el informe del pasado 6 de junio de la organización Transparencia Internacional vuelve a
hacerlo, diciendo además que es una modificación prioritaria. A propósito de transparencia, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, que me parece que es un punto también muy importante para fomentar la participación ciudadana,
fomentando listas abiertas, fomentando elecciones primarias sin firmas ni avales, ustedes harían un gran trabajo también para fomentar la participación ciudadana. En esto también incide ese informe de Transparencia Internacional. No en vano,
facilitar a los ciudadanos esa posibilidad, la de integrarse en un partido político y presentarse libremente a esos procesos es una de las mejores maneras de fomentar esa participación ciudadana. Más ejemplos de lo que podrían hacer ustedes para
fomentarla. Acceso a la información. Si la ciudadanía no dispone de herramientas para recabar información referente al Gobierno o a las instituciones, ¿cómo va a controlar nuestra labor y la de quienes nos gobiernan, señorías? Es imposible. Por
favor, dejen de dar rodeos. Ninguno de ustedes quiere realmente fomentar la participación ciudadana. Han tenido legislaturas enteras para desarrollar verdaderas medidas de acceso a la información y no lo han hecho, ni ustedes, señores del Partido
Socialista, ni ustedes, señores del Partido Popular.
Otras actitudes responsables de la desafección ciudadana. Ustedes y ustedes, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular, llevan imputados en las listas. Ustedes y ustedes mantienen privilegios injustos. Rosa Díez propuso
en la pasada legislatura en esta misma sede acabar con los privilegios políticos e incluir, por poner un ejemplo, a todos los diputados en el régimen común de la Seguridad Social. Todos ustedes sin excepción votaron en
contra, prefirieron mantener los privilegios. Y no solo aquí, también han votado en contra de eliminar esos privilegios en la Asamblea de Madrid. Nosotros creemos que hay que avanzar en promover esa participación ciudadana de verdad
mediante mecanismos como el voto electrónico, mediante el referéndum consultivo, mediante la elección directa de alcaldes por parte de los ciudadanos. Para acercar la información a la sociedad creemos que deberían publicitarse los presupuestos y
también su ejecución, los salarios de los funcionarios y los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos y su seguimiento, las subvenciones, la contabilidad de las empresas públicas, etcétera. Hay mucho por hacer y ustedes no hacen
nada. También en todo lo referente a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, a las asociaciones profesionales que reciben ayuda. Nos queda mucho trabajo, señorías, y ustedes no parece que tengan voluntad real por hace nada al
respecto. Y es una pena. ¿Saben por qué? Porque ahí radica una de las formas más potentes de fomentar esa participación ciudadana que dicen desear, pasando de las palabras a los hechos, señorías.
Voy a decir una última cosa. El señor del Partido Socialista me ha sorprendido haciendo una dedicatoria de su intervención. Le voy a copiar, con permiso. Quiero dedicarle esta pequeña intervención a los cientos de miles de ciudadanos de
nuestro país que no tienen representación en esta Cámara.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, señorías, por fin hemos llegado en el orden día de hoy a un debate interesante, aunque se pueda quedar corto. Es interesante porque habla de la gente, habla de la ciudadanía, habla de los que
mandan, y en democracia los que deben mandar son los ciudadanos, los contribuyentes, los electores. No basta con pedirles su opinión cada cuatro años. Hay que abrir cauces a la participación ciudadana, hay que abrir cauces a la participación
democrática, y eso es lo que plantea esta iniciativa que debatimos ahora. Por eso, para preparar este debate me he ido a las fuentes directas. Me van a permitir que lea unos párrafos de Memorias de un beduino, de José Antonio Labordeta, que me
precedió en esta Cámara y que narraba expresamente su experiencia en la Comisión de Peticiones del Congreso. Él estuvo un año en las Cortes de Aragón y fue portavoz de Chunta Aragonesista precisamente en la Comisión de Peticiones y Derechos
Humanos, por donde pasaron numerosos colectivos ciudadanos que exponían sus problemas, sus inquietudes, sus quejas, sus reivindicaciones, y fue una experiencia interesante. Él, cuando llegó a esta Cámara, eligió formar parte de la Comisión de
Peticiones y siempre ha contado que se llevó una enorme decepción, fue una experiencia frustrante para él como cuenta en este libro.
'A primeras horas de las primeras fechas de su llegada al Congreso al beduino lo convocaron a la Comisión de Peticiones. La componían un diputado por grupo, es decir, poquísimos, y desde el primer momento el presidente de la Comisión, un
miembro del PP, explicó cuál era el sentido de la misma: Hacer llegar al Gobierno las dudas e inquietudes de los ciudadanos. Durante cuatro años permanecí en esa Comisión, pero como todos sus miembros también estaban en otras -o al menos eso
decían-, muchas veces no había quórum y el trabajo consistía en charlar con el presidente, que era de Lérida, muy de Lérida. A mí aquello me pareció una estafa desde el primer día. Los peticionarios enviaban sus peticiones a la Comisión; el
letrado, el presi y sus gentes decidían cuáles llegaban a la Comisión y aquí se valoraban dónde se enviaban. Si pedía justicia, a Justicia; si pedía que le solucionaran un problema relativo a su escalafón militar, a Defensa; si era un médico que
se quejaba de las vacunas, a Sanidad. El problema era cuando llegaban peticiones de colectivos que solicitaban asuntos difícilmente clasificables por ministerios, lo que provocaba que en la Comisión se discutiera durante un buen rato adónde había
que enviarlas. Al cabo de bastante tiempo los ministerios nos devolvían los informes o se los enviaban a los peticionarios que, si no estaban conformes con la resolución, repetían el rutinario procedimiento. Pero eso es inútil', comentaba el
beduino. Efectivamente. Sigo leyendo y me salto algunas páginas. 'Había peticiones increíbles, como la que solicitaba la castración del párroco de su pueblo o aquellas otras de un colectivo levantino que, desde su lugar geográfico, enviaba una y
otra vez peticiones en defensa de pequeños puentes en Asturias, pasos a nivel en el País Vasco o el apoyo a la conmemoración de un simpático evento en algún lugar de Castilla. Las cárceles siempre estaban en primera línea o bien para dolerse del
régimen penitenciario o bien para hacer peticiones como aquella de un interno que a punto de obtener la libertad pedía seguir en su cárcel, con sus amigos, ya que después de veinte años de régimen carcelario lo poco que tenía lo tenía en su prisión
y nada le quedaba fuera. Naturalmente el ministerio desoyó radicalmente la petición y nuestro consejo'. Me salto algún ejemplo más relativo a la Casa Real para no escandalizar a sus señorías y provocar a la Presidencia de esta Cámara y concluyo
con el párrafo final de ese capítulo. 'Si un día alguien tiene tiempo y necesidad de ser doctor, en esta Comisión cuenta con material para analizar la España menuda, colectiva, sin héroes pero con ciudadanos solidarios, asediados, enfrascados en
combates aparentemente nimios y sin sentido pero que para ellos son más importantes que una ascensión al Everest sin oxígeno. Lo absurdo es seguir manteniendo esa ficción de legalismo populista e inservible'. Hasta aquí las palabras de José
Antonio Labordeta, cuyo libro, por cierto, recomiendo a sus señorías para que vean cómo son los entresijos de esta casa o cómo eran en la primera década del siglo.
Señores y señoras diputados, la Comisión de Peticiones de esta Cámara tiene que servir como cauce de participación ciudadana. La Comisión de Peticiones no puede ser solamente un buzón, tiene que ser un escenario donde los colectivos que
tengan cosas que decir puedan comparecer, donde los grupos parlamentarios podamos escuchar directamente el clamor ciudadano, las quejas de la gente, las peticiones, las sugerencias, las inquietudes, los problemas de los contribuyentes, a fin de
cuentas, para quienes trabajamos en esta Cámara. Por lo tanto, creo que la iniciativa tiene todo el sentido. Tenemos que escuchar la voz de la gente. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo no haya un espacio en el que en sede parlamentaria
puedan comparecer los amenazados por embargos, por desahucios, los autónomos o los pequeños empresarios que se han quedado sin créditos, que se han quedado asfixiados, las víctimas de las participaciones preferentes y de otras estafas bancarias?
¿Cómo es posible que no haya un espacio en el que puedan comparecer cuando todos sabemos que en muchos o en todos pero en bastantes de los parlamentos autonómicos existen comisiones de peticiones en que se producen comparecencias como la que estoy
recordando aquí? ¿Por qué no escuchamos a los colectivos afectados cuando estamos tramitando un proyecto de ley o una proposición de ley? ¿Por qué no les escuchamos? Eso también es una buena aportación que se hace en esta iniciativa. Nos
quejamos de que hay una brecha creciente entre el Parlamento y la calle. Es verdad, es verdad que hay una desafección creciente entre la ciudadanía y sus representantes; es verdad, por eso hay que intentar corregir esa situación. Esta iniciativa
es cierto que es demasiado sencilla, que solo plantea un pequeño paso, pero propone una medida para empezar a cambiar las cosas. Hagámoslo, hagámoslo en este Parlamento, abramos las ventanas de este Parlamento a la ciudadanía para que pueda haber
comparecencias, para que podamos escuchar directamente a la ciudadanía en esta Cámara.
Por todo ello anuncio el voto favorable de Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida, la Izquierda Plural, en definitiva, a esta proposición de ley. No es efectivamente la reforma del Reglamento en profundidad
que necesitamos, no lo es, pero es un paso, abre la puerta a ese debate. Si se toma en consideración esta propuesta de reforma del Reglamento abrimos el melón de la reforma del Reglamento y entonces podremos poner sobre la mesa todas y cada una de
las iniciativas que queramos todos los grupos para acercar este Parlamento a la calle. Esta es la oportunidad que se nos ha brindado a través de esta proposición de ley y, desde luego, nuestro grupo está dispuesto a aceptar esa oportunidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta esta modificación del Reglamento del Congreso, una modificación de carácter propositivo para incorporar y a la vez mejorar el proceso de
participación ciudadana, una modificación del Reglamento y las funciones de la actual Comisión de Peticiones dándole un nuevo carácter y un nuevo nombre. Desde el Grupo de Convergència i Unió no nos podemos oponer a cualquier medida que mejore o
facilite la participación ciudadana, sería contradictorio con nuestra forma de ser y de entender la política. Por eso ya le digo que apoyamos esta toma en consideración. Si los tiempos están cambiando, cambiemos. Este diputado que les habla,
aparte de ser de Lleida como el anterior presidente, es actualmente miembro de la Comisión de Peticiones, por lo tanto, sabedor -o así se cree- de la utilidad, intencionalidad y volumen participativo de los ciudadanos en el uso actual de esta
Comisión de Peticiones. A día de hoy, ¿saben las peticiones tramitadas en esta X Legislatura? Porque todos hablamos pero falta la cifra. Según nos han informado hoy en la Comisión de Peticiones, 1.275. Se puede considerar que son muchas o pocas,
pero en cualquier caso son 1.275, tantas como para dejar en un plano casi residual algunas de las intervenciones que se han producido hasta ahora, un 50 % de las cuales ya han obtenido respuesta. Lo que nos parece un tanto paradójico es que se
quiera replantear la Comisión de Peticiones en Comisión de peticiones y participación ciudadana y para ello se haya obviado a la Comisión de Peticiones existente para que participe y eleve esta modificación en el Pleno.
En la Comisión de Peticiones actual ya se estaba reflexionando de cómo se podría dar más utilidad y seguimiento a todos los temas que le llegan y que entonces derivamos. De hecho, pretendemos que todas las comisiones del Congreso posean la
información sectorial que poseemos para incorporarla en el uso cotidiano de las diferentes comisiones. Por tanto, nunca -al menos en esta legislatura en la que yo me he incorporado- se ha intentado no solo minimizar la Comisión sino, al contrario,
mejorar su funcionalidad. Al menos es lo que intentamos los que estamos presentes en las comisiones de peticiones. De hecho en esta legislatura dicha Comisión ya ha actuado porque hemos recibido a diferentes delegaciones, alguna internacionales,
que querían saber las funciones que tenía dicha Comisión y con qué mecanismos de participación ciudadana contaba el Congreso de los Diputados. Por ello, entendemos que la Comisión no tiene que ser solo un buzón de entrada de peticiones, sino que
tendría que tener una dimensión de más calado, ya que es la puerta de entrada y de interlocución habilitada por el Congreso para canalizar las peticiones, solicitudes, propuestas, iniciativas, denuncias y un largo etcétera. A nuestro grupo le
hubiera gustado que la propuesta de modificación del Reglamento hubiese sido a sugerencia de la misma Comisión de Peticiones, si así lo consideraba pertinente la misma. Nos hubiera gustado participar en Comisión en un debate
sobre la necesidad o no de modificar el Reglamento del Congreso. Esta propuesta tiene una buena dosis de oportunidad política. Nosotros no vamos a caer en por qué no lo propusieron antes, pero sí queremos preguntar por qué lo hacemos
ahora. Parece lo mismo pero ustedes saben que es diferente. Como lo compartimos y la respuesta es lógica a esta pregunta, vamos a votar a favor de esta consideración. La actualidad también nos lo pide.
En relación con la propuesta de reforma que nos ocupa, quiero decir que nuestro grupo, en el caso de que se apruebe esta toma en consideración, utilizará el trámite parlamentario para presentar algunas enmiendas. Han salido muchos
interrogantes también en el debate de este punto, por ejemplo, cómo acotar diferentes cosas que se han ido diciendo o cómo tiene que componerse en un proceso de este tipo. Es una iniciativa que incide en uno de los ruegos que la sociedad civil hace
hoy al mundo político, que nos hace a nosotros, que no es otro que la de abrir este debate parlamentario a una mayor participación ciudadana y de movimientos sociales, como se expresa en la exposición de motivos. Leo literal una parte de su
exposición de motivos: 'Una mayor participación política directa de la ciudadanía redundaría, además, en la aproximación de la sociedad a las instituciones democráticas y al sistema constitucional'. Se pretende, pues, que el derecho de los
ciudadanos a intervenir en asuntos públicos vaya más allá del sufragio y la participación por medio de representantes y se ampara en lo que establece el artículo 23 de la Constitución, que, como saben, dice que los ciudadanos tienen derecho a
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Dicho esto, mediante esta iniciativa, la Comisión de peticiones y participación ciudadana ampliaría
sus actuales funciones. ¿En qué? Podrá convocar en audiencia especial a los autores de las peticiones para informarles de su contenido, se podrán celebrar sesiones específicas para que los promotores de iniciativas, asociaciones y organizaciones,
así como los ciudadanos a título personal puedan participar en los debates, se puedan celebrar comparecencias ciudadanas a petición de las mesas de las comisiones y ponencias legislativas y, como se ha apuntado, podrán adoptar resoluciones o se
tendrá que elaborar una memoria anual. De hecho de estos cinco puntos, al menos tres, pero casi seguro que cuatro de ellos, no han impedido que a lo largo del tiempo, si la Comisión ha tenido voluntad activa de iniciar cualquiera de estas acciones,
haya podido realizarlas y haya un histórico que también así lo demuestra. Por lo tanto, y para que quede constancia, recogeríamos esto en el Reglamento funcional de la Cámara.
Hay aspectos del redactado que -como he dicho- son mejorables o enmendables a nuestro parecer. En cualquier caso, se podrá perfilar en el trámite parlamentario si se aprueba esta toma en consideración. Por nuestra parte -ya le he dicho dos
veces- el voto será favorable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señora presidenta, señorías, tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo sobre una iniciativa que ya adelanto no vamos a apoyar por la importante suma de razones que intentaré explicarles a
continuación. En primer lugar, señor Martín, déjeme que aluda a una cuestión de forma, y no me voy a detener mucho. Los que llevamos en esto del Reglamento del Congreso muchos años, que no es cuestión sencilla, sabemos que esto no se hace así. Si
esta es una cuestión importante, se suele constituir una ponencia, que además preside para darle solemnidad el Presidente de la Cámara, y se pone a trabajar. Y si es una cuestión, no diré menor, diré puntual, como es este caso, no ha habido ni una
sola ocasión en esta Cámara que una proposición de reforma del Reglamento no se haya presentado al menos por tres grupos parlamentarios -entre tres y ocho-, y cuando se pretende que salga adelante se hace normalmente con el acuerdo de los dos grupos
mayoritarios. A mí me gustaría haber hablado con ustedes de esta cuestión antes de que usted trajese esta iniciativa al debate en esta tribuna. Pero he dicho que no me iba a detener en cuestiones formales. Voy a ir al fondo. Las cuestiones
formales lo que ponen de relieve es que esto lo que trae es un minuto de protagonismo y, déjeme que le diga, un cierto oportunismo, a mi juicio, estéril. Pero si fuese un oportunismo útil, sería útil, pero no lo es, es estéril. Es estéril porque
aquí ante lo que estamos es ante una iniciativa confusa, no sólida y no necesaria. Las tres cosas. Y fíjese si es confusa que cada uno de los intervinientes que se han subido a la tribuna en este debate, como usted habrá podido apreciar, sobre la
misma iniciativa han hablado de cosas completamente diferentes, completamente. Cada uno, si me permite el señor Yuste, con su libro. Uno con el libro de que las comisiones de Peticiones se han quedado viejas y hay que cambiarlas y otros haciendo
el arreglo universal de la democracia que desde Aristóteles, señor Cantó, no habíamos tenido ocasión de comprobar que tenía que llegar usted y resolverlo todo en diez minutos. Cada uno con su libro. ¿Eso qué quiere decir? Que de las grandes
palabras con las que usted empezó, como que hay que fomentar la participación ciudadana, hay que traer a la Cámara lo que hay que traer, acabamos pariendo un ratón, que es: para modificar la Comisión de Peticiones que se nos ha quedado vieja. Esa
es la iniciativa que ustedes nos han traído. Y si en cuanto a los objetivos no va más allá, en cuanto al trazado técnico del papel, el papel no se sostiene. Primero, porque el papel plantea cosas que ya están en la Ley orgánica reguladora del
derecho de petición. En la disposición primera de la Ley orgánica reguladora del derecho de petición se prefigura que se comparezca en esta Cámara y que se puedan adoptar acuerdos. Las dos cosas. Pero la cuestión que a
ustedes les llama más la atención no es que la Comisión de Peticiones funcione bien, mal o regular y que ya esté en la Ley orgánica reguladora del derecho de petición, es el punto 3, que yo quiero leer literalmente para que sus señorías
sepan de qué estamos hablando exactamente, y dice la propuesta del Grupo Socialista: 'La Comisión celebrará sesiones que incluyan audiencias públicas sobre iniciativas ciudadanas u otros asuntos de actualidad con la participación de sus promotores,
de representantes de asociaciones y organizaciones y de ciudadanos, a solicitud de estos o de grupos parlamentarios'. Y añade: 'Podrán también interesar la celebración de estas audiencias las Mesas de las Comisiones y las ponencias legislativas en
relación con los proyectos y proposiciones de ley que se encuentren en tramitación, sin perjuicio de las que puedan celebrarse en las correspondientes comisiones legislativas'. Esto es lo novedoso. Y esto, así leído, quiere decir que no está muy
bien pensado porque cualquiera podrá aparecer ante la Cámara para ser oído. A partir de ser oído, la Comisión debe necesariamente celebrar, según sus términos, ese deseo de quien tiene que ser oído, de quien quiere ser oído, y, a partir de ahí,
ustedes dan el salto y dicen: y se podrán aprobar resoluciones y recomendaciones. Yo les pregunto una cosa: y el debate, señores del Grupo Socialista, ¿dónde se lo han dejado? Lo característico del trabajo de esta Cámara, que es que los
diputados debatimos sobre iniciativas para adoptar acuerdos, ¿dónde está? Alguien podría decir: se sobreentiende. Comparece un ciudadano, dice lo que quiere, solo se le escucha, se marcha y ahora debatimos nosotros y decidimos. Podría pensarse
que el Grupo Socialista no lo dice porque es obvio. Pues no. El Grupo Socialista en la exposición de motivos dice: ciudadanos, vengan a participar en los debates parlamentarios. Eso es lo que está proponiendo esta tarde aquí el Grupo Socialista.
No sé si es lo que quería, técnicamente les ha salido así, y además en una comisión que universalmente todo el mundo ha dicho que no es la adecuada para esto, porque la Comisión de Peticiones, entre otras cosas, no está conformada para debatir -solo
hay un representante por grupo parlamentario-; está conformada para desarrollar trabajos de la Cámara que dan a los papeles un determinado procedimiento. Eso es modesto, se puede cambiar, pero esa no es la comisión adecuada, y menos todavía para
debatir con los ciudadanos en sustitución de un debate entre parlamentarios, me concederán sus señorías.
Peor aún. Dicen ustedes: y a partir de aquí se aprobarán resoluciones y recomendaciones sobre cualquier asunto de actualidad -recuerdo la expresión de la iniciativa-. Es decir, iniciativas ciudadanas sobre asuntos de actualidad darán en
esta Cámara lugar a aprobación de acuerdos parlamentarios y recomendaciones. Esto -fíjense- es mucho más de lo que pasa con el Defensor del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo aprueba recomendaciones, pero lo hace en relación con los poderes
públicos, y ustedes dicen: sobre cualquier asunto sobre el que el Parlamento, a iniciativa de cualquiera, apruebe cualquier decisión dirigida a cualquier sujeto público o privado. Esto está francamente muy mal trazado.
Me parece oportuno que le den una vuelta, pero cuando se sienten a darle una vuelta -y tengo que decir que esto me ha sorprendido y no solo por parte del Grupo Socialista- espero que nos leamos el Reglamento, porque a todas estas cuestiones
he dicho: esto no es sólido, esto no es sensato. Pero he añadido: esto no es necesario, porque todo esto -no en las dimensiones desorbitadas en las que sus señorías lo han planteado sino en las dimensiones normales- está ya en nuestro Reglamento.
Porque no digan que soy yo el que digo cosas que me invento, leo el artículo del Reglamento, que dice: Las comisiones, por conducto del presidente del Congreso, podrán recabar la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos
de informar y asesorar a la Comisión -artículo 44.4.º-. A partir de ahí podemos discutir si se usa poco o mucho, pero en el Reglamento del Congreso está el trámite ese que dice lo que algunos han dicho aquí: que vengan a informar sobre los
proyectos de ley. Se puede. Que vengan a informar sobre cualquier asunto en tramitación, que se escuche a la calle. Claro, en el Reglamento está. Lo podemos mejorar, pero no ocultemos que en este momento lo que ustedes están planteando aquí,
como antes decía, es rigurosamente innecesario.
Fíjense que incluso llegamos a la paradoja un poco ridícula, si me lo permiten, con todo cariño, porque añaden ustedes, como he leído: y que las demás comisiones puedan pedir a la de Peticiones que comparezcan personas en la Comisión de
Peticiones. ¿Se imagina de verdad usted que en esta Cámara las comisiones, a partir de que hagamos esta reforma, si la hiciésemos, empezaran a decidir que las comparecencias, en vez de hacerlas en su propia comisión, tendrían que hacerlas en la
comisión que nos vamos a inventar para que no comparecieran en la comisión correspondiente sino en esa comisión única de la Cámara? Esto es un enredo que comprenderán que no puede ir muy lejos. Por eso, cuando alguien dice aquí en la tribuna que
esto está técnicamente mal redactado, pero que deberíamos intentar trabajar, yo creo que debemos trabajar sobre iniciativas serias. Esta no es una iniciativa seria y sobre esta iniciativa no vamos a trabajar.
Voy a terminar, señor presidente. Lo que propone el Grupo Popular es que hagamos, sobre las cuestiones de Reglamento y, en general, sobre todas aquellas -muy complejas- que afectan a nuestra médula constitucional y al funcionamiento de
nuestra democracia, un trabajo serio de transformación y de modernización. El Gobierno ha presentado un amplísimo programa de transformación y regeneración democrática. Esta tarde apelo a todos ustedes que han pronunciado aquí grandes palabras.
El ministro de Justicia ha hablado de la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; el ministro de Hacienda ha hablado de la reforma de las administraciones públicas y hoy estamos hablando
de la eventual reforma necesaria para la mejora de las instituciones democráticas y de nuestro Parlamento. Nosotros estamos en ánimo y disposición de hablar de todo eso. De hecho, déjenme que les diga, primero: empiecen por apoyar las
iniciativas que sobre esa marcha y dirección vamos a presentar en esta Cámara, empezando por cierto por una que ya se ha anunciado, que es la ley de transparencia. Qué mejor mejora para la participación ciudadana que aprobar una buena ley de
transparencia que, por cierto, ustedes no aprobaron durante los ocho años de Gobierno, como ninguna de estas cosas que estamos debatiendo aquí. (Aplausos). Así que estamos en ánimo de hablar de eso y de todo lo demás, pero -déjenme que se lo diga-
en serio, en serio, sobre iniciativas fundadas y serias, sobre iniciativas que no son como la iniciativa, señor Martín, que usted nos ha presentado aquí esta tarde.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor Astarloa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS PENAS POR DELITOS DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 162/000272).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las penas por delitos de
incendios forestales. Para la presentación de dicha iniciativa tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Popular esta proposición no de ley relativa a las penas por delitos de incendios forestales. Hablamos de incendios forestales, pero lo acotamos
a las penas que el Código Penal prevé para estos delitos y no abordamos en esta iniciativa otras cuestiones como la prevención de incendios o los medios de extinción de los mismos y la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado, que
serían temas de importancia pero que no tratamos hoy aquí.
Señorías, los bosques desempeñan un papel fundamental, desde el punto de vista económico, con la madera como principal aprovechamiento, pero también el pastoreo, la caza y otros; desde el punto de vista ambiental, los bosques son verdaderos
pulmones del mundo actual. Los bosques españoles capturan el 15 % de las emisiones de dióxido de carbono que se producen. Los bosques son importantes también desde la perspectiva social y cultural, en cuanto a espacios, lugares de expansión y
lugares de encuentro y de esparcimiento. El monte determina la identidad y el paisaje de nuestro territorio y España es un país con una importante superficie forestal, nada más y nada menos que 27,5 millones de hectáreas, que suponen el 54,6 % de
nuestro territorio. Galicia, por ejemplo, mi comunidad, tiene una de las potencias forestales más importantes de Europa. Estamos hablando de una superficie arbolada de más de 1,4 millones de hectáreas, el 48 % de todo el territorio de la comunidad
autónoma. Y, señorías, los incendios forestales son sin duda uno de los principales problemas que afectan a nuestros montes. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta finales de 2010, durante la última
década, se ha producido una media anual de 17.127 incendios, lo que representa una superficie media quemada superior a las 113.000 hectáreas anuales. Estos primeros cinco meses del año 2012 han sido de una especial virulencia y todo ello por esa
climatología tan adversa en los dos primeros meses del año. Lo cierto es que ha ardido en cinco meses un 75 % más que la media en el mismo periodo del último decenio.
Pues bien, señorías, las causas de los incendios todos sabemos que son múltiples y diversas: las estructurales, que tienen que ver con la situación de abandono progresivo del medio rural. Tienen que ver también con circunstancias naturales
como por ejemplo los rayos; también con causas accidentales: que se escape el fuego de una quema de rastrojos o que se produzca en una rueda de un tren una chispa en una frenada y se queme el monte; también tienen que ver con conductas
negligentes, desde la colilla mal apagada a un fuego de campamento. Pero, señorías, la inmensa mayoría de los incendios en nuestro país tienen una causa intencionada, son fuegos provocados. Hay quien cifra este porcentaje entre un 75 y un 80 %.
Otros hablan de porcentajes inferiores, pero en todo caso sustancialmente importantes. Por ello, porque este grado de intencionalidad es tan alto, nos vemos obligados a traer aquí una petición de endurecimiento de penas del Código Penal. No solo
son consecuencias para el medio ambiente, son también consecuencias para las vidas y haciendas y para las propiedades públicas. Las comunidades autónomas, el Estado dedican cantidades desorbitadas para la defensa contra incendios forestales. En
nuestra Comunidad Autónoma de Galicia por ejemplo rondan los 100 millones de euros anuales. Sobre todo, lo más preocupante son las vidas humanas que se ponen en peligro como consecuencia de estos incendios forestales: brigadistas, pilotos,
bomberos, agentes forestales arriesgan su vida y desgraciadamente más de uno ha pagado con su muerte este alto precio. A todos ellos nuestro reconocimiento y admiración. (Aplausos). Por ello, señorías, lo que hoy traemos aquí es una reforma del
Código Penal, que ya ha sido pedida por algunos parlamentos, por ejemplo el de Galicia, que por unanimidad tomó este acuerdo el 21 de diciembre de 2010; una revisión del Código Penal que nosotros hoy no planteamos en unos términos literales.
Hacemos una propuesta de circunstancias
que pueden agravar la penalidad de los delitos, porque, señorías, nosotros creemos que hoy hay un tratamiento insatisfactorio en el Código Penal de los delitos de incendios forestales. Creemos que debemos ir en una línea de un mayor
endurecimiento, en una línea de que las agravantes tengan mayor contenido y que, desde luego, aquellos que cometen este delito y prenden fuego al monte no se salgan con la suya y encima les resulte gratis el delito cometido.
Nosotros conocemos el interés y la decisión que ha tomado ya el Ministerio de Justicia al abordar una reforma parcial del Código Penal que abarque más tipos penales y en nuestra opinión los delitos de incendios forestales deben formar parte
de esa reforma. Así, en concreto lo que estamos planteando es que se incluyan como nuevas agravantes de los delitos de incendios forestales aquellos que se produzcan en zonas de protección de núcleos de población. Desgraciadamente cada día son más
frecuentes los incendios que se plantan justo al borde de los lugares poblados, muchos de ellos aldeas de nuestro medio rural donde viven ancianos, donde viven personas solas que ven arriesgada y en peligro su vida por esta absoluta criminal
actuación.
Pedimos también que se penalicen de un modo más grave los delitos que se cometan en días de riesgo extremo de incendio forestal, aquellos días en que por su temperatura, por sus circunstancias de humedad, por sus circunstancias de viento las
autoridades advierten que hay mucho más peligro de propagación y que son justamente los elegidos por muchos incendiarios para prender fuego. También cuando se plante fuego a zonas forestales con especies de alto valor. No es lo mismo quemar 10
hectáreas de eucalipto de pino que quemar 10 hectáreas de un bosque singular, milenario, con especies protegidas, y las legislaciones autonómicas, estatales, comunitarias e internacionales definen muy claramente qué espacios son estos. También
pedimos que se agraven con penas aquellos incendios que se propaguen en zonas colindantes con infraestructuras y zonas de tránsito y de recreo de la población en general. Finalmente, concluye esta iniciativa pidiendo que se exijan responsabilidades
civiles inherentes a los criminales a todos aquellos que resulten condenados por este tipo de delitos, no solo para indemnizar los altos costes que suponen la extinción de los fuegos, sino también para que con responsabilidades civiles se restaure
el medio ambiente dañado.
Señorías, les pido en nombre del Grupo Parlamentario Popular que atiendan esta demanda social que traemos hoy aquí. Lo que acabamos de presentar no es un numerus clausus. Exigirá una elaboración por parte del ministerio de un completo
estudio, de una reforma, y ahí los grupos parlamentarios, todos ustedes, tendrán mucho que decir. Les agradezco su apoyo y su atención.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Delgado.
No ha habido enmiendas, por lo tanto vamos a pasar al turno de fijación de posición. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Delgado, déjeme decirle con todos mis respetos que nos parece sorprendente que la propuesta que ustedes nos traen en relación con los incendios forestales sea una petición al Gobierno para que incremente las penas en el Código Penal.
Nos sorprende porque, después de la experiencia que tenemos sobre todo en Galicia, a la que usted hace referencia, se evidencia algo que hay que tener en cuenta cuando tratamos una propuesta como esta. Por un lado, en el año 2006 ya se creó una
fiscalía específica para que hiciera un seguimiento real y exhaustivo de todos esos incendios forestales con el fin de poder encontrar a los culpables, a los responsables de una barbarie como esa. Y resulta, señorías, señor Delgado, que lo que nos
encontramos, después de todos esos esfuerzos que se han hecho para la búsqueda de los incendiarios responsables, es con un número reducido de personas cuya culpabilidad se puede demostrar y que, además, tienen características especiales, dentro de
un mundo rural también especial, pero sobre todo que están vinculadas a incendios anecdóticos, por decirlo así, o a pequeños incendios, y quedamos sin saber a día de hoy quiénes son los responsables, quiénes son los culpables de los incendios que de
manera organizada se están llevando a cabo.
Usted se refería a la virulencia de los incendios en este año 2012. Efectivamente, no podemos entender la causalidad de unos incendios forestales si, como pudimos comprobar en un viaje Madrid-Vigo, en una extensión de cientos de kilómetros
cuadrados -podrían ser 200 o 300 kilómetros cuadrados-, podemos ver multitud de puntos de fuego. Por tanto, señorías, ¿de qué nos sirve que en el Código Penal se recojan este tipo de cuestiones cuando después la realidad es la que se nos manifiesta
por medio de lo que se ha hecho hasta ahora en procurar identificar las responsabilidades de los incendiarios? Por otro lado, nos sorprende que el Grupo Popular nos traiga una propuesta de estas características cuando en Galicia en estos momentos
se están haciendo recortes brutales para las políticas de prevención de incendios, para las políticas de limpieza del monte, para las políticas de desarrollo rural necesarias para que esa población que desertiza nuestro rural no lo haga y la podamos
asentar. Se están haciendo recortes brutales también para las medidas de extinción, tanto en medios humanos como en medios técnicos.
Señorías, nos sorprende que el Grupo Popular presente una proposición no de ley relacionada con la gravedad de los incendios forestales que vaya dirigida exclusivamente al incremento de las penas en el Código Penal. No podemos estar de
acuerdo con esta proposición no de ley porque no va al fondo de la realidad, no va a buscar a los responsables, ya que las casuísticas que
tenemos son pequeños detalles en relación con la mafia -no sé si denominarla así- que está cometiendo esta barbarie de incendios forestales. En consecuencia, nos parece un total y absoluto brindis al sol. Lo máximo que podríamos hacer,
señorías, sería abstenernos y no votar en contra, pero en cuanto a afrontar el problema de los incendios forestales es un auténtico brindis al sol.
Señores del Grupo Popular, señor Delgado, nos hace falta inversión suficiente para la prevención. Desde que el Partido Popular está gobernando en Galicia todas las medidas de prevención que había -y eran muchas- se están eliminando.
Necesitamos también medidas para la extinción y no, como se está haciendo en este momento por parte del Gobierno gallego, dejarlas bajo mínimos, por mucho que digan ustedes. Por tanto, no traten de disimular la responsabilidad que les toca en esta
gravedad de los incendios forestales pidiendo mayores penas, porque realmente eso no va a ser lo que lo solucione. Se necesitan políticas de desarrollo rural que asienten población, políticas de prevención, como la licencia de los montes, y
políticas que permitan contar con equipos de extinción, que seguramente no serán suficientes, pero por lo menos los necesarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En relación con esta materia que suscita el Grupo Parlamentario Popular, se trata de identificar un injusto penal que siempre ha sido complicado en los múltiples debates del Código Penal desde el año 1995, donde hay que intentar coordinar la
pulsión entre dos derechos difíciles de coordinar entre sí: el principio inspirador del Código Penal de mínima intervención, de ultima ratio, y, por otra parte, en materia de penas, el carácter preventivo de las penas, disuasorio de las penas, en
definitiva lo que técnicamente se denomina prevención especial, prevención general y retribución.
Comprendo y he compartido con el Grupo Popular algunas inquietudes en relación con la definición por el Código Penal del injusto y de las penas previstas para este injusto. Las penas no son de entidad menor, señora presidenta. En los
artículos 351 y 352 se prevén penas hasta de diez años si la intencionalidad del pirómano, del que provoca el incendio, es dañar a las personas o a los bienes, o de cinco años -en el 352- si se provocan incendios forestales que producen este efecto
también. Son delitos graves, delitos que tienen una pena además de naturaleza grave. Lo que pasa es que la exposición y las estadísticas acreditan que el argumentario del portavoz del Grupo Popular indica que esta pena no tiene el efecto
disuasorio o el efecto de prevención especial y general que es exigible a una pena prevista para un injusto penal de estas características. Cuando estamos hablando de que más del 54 % de la superficie forestal española está afectada por incendios,
de los cuales más del 77 % son incendios provocados, estamos acreditando una realidad evidente: el injusto penal no está bien configurado desde la perspectiva que antes hemos comentado. Cuando estamos hablando de que la Fiscalía coordinadora de
Medio Ambiente y Urbanismo establece que se han producido 96 sentencias condenatorias sobre un total de 1.780 procedimientos judiciales abiertos, estamos también acreditando que, en términos estadísticos cuando menos, el injusto penal no está bien
configurado.
Desde esta perspectiva, yo soy más renuente a otras reflexiones que he oído hace unos momentos -metajurídicas, por cierto- y más comprensivo con las reflexiones del portavoz del Grupo Popular. Desde el primer momento, desde el año 1995,
mantuve la opinión de que en relación con este tipo penal, que es un tipo penal terriblemente gravoso porque afecta a las personas -mueren muchas personas intentando apagar incendios forestales, se dañan muchos bienes y se provocan desde una
perspectiva de delito o de peligro muchos daños potenciales y muchos daños reales-, la previsión o la pena prevista era manifiestamente insuficiente para prevenir esta fenomenología criminal, porque es una fenomenología criminal.
Si vamos a hablar en serio, todos sabemos, sobre todo los que vivimos en zonas periféricas o boscosas, quiénes provocan los incendios forestales; incluso podría decir que los conocemos con nombres y apellidos. En unas ocasiones son
ganaderos que quieren acabar con los bosques para tener más especies de pastos; en otros casos son madereros o industriales madereros que quieren comprar madera quemada a un precio inferior y en otros son pirómanos patológicos. Sea cual sea la
dimensión subjetiva de los comitentes de este injusto penal, el injusto penal no está bien definido.Y como no está bien definido y la perspectiva analítica del portavoz del Grupo Parlamentario Popular hace referencia a determinadas contingencias que
pueden suponer agravantes sobre el tipo, nos parece que analíticamente está bien planteada la cuestión. Otra cosa es lo que el Grupo Parlamentario Popular pretenda en relación con la pena. Una pena superior a diez años es una pena
desproporcionada, desmesurada. Incluso yo podría utilizar esta misma reflexión para una pena superior a cinco años cuando el delito no es intencional o no está vinculado a provocar daños a las personas o a los bienes. En todo caso, algo falla en
la definición penal, en la represión penal y en la actuación contra este delito tipificado -mal tipificado, como podemos comprobar por los datos estadísticos analizados- y en principio vamos a dar un voto de confianza al Grupo Parlamentario Popular
y vamos a tomar en consideración esta proposición no de ley, no sin indicarle al portavoz de dicho grupo que algunas reservas mentales, que se pueden transformar en enmiendas en su eventual tramitación, nos gustaría que
las tomaran en consideración. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, supongo que como diputada tengo la obligación de referirme a esta proposición no de ley, por tanto ya digo que mi grupo está de acuerdo con ella y que la apoyará. Sin embargo, no me animo a hablar mucho más y debe ser que no
termino yo de integrarme en este Congreso que, en un país rescatado -tres días después de ser rescatado-, lleva exactamente tres horas hablando de todo menos de eso, en un país tres días después de ser rescatado donde, en este Congreso, en esta
tribuna donde yo estoy, tendría que estar el presidente del Gobierno explicándonos en qué consiste el rescate, explicándonos qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos ha llevado a esto, porque hemos estado dos años en los que todas las medidas que
se tomaban, por el Gobierno anterior y por este, eran para evitar el rescate, o sea que debía ser muy importante evitarlo. Y ahora que resulta que no lo hemos conseguido evitar, ni siquiera esta Cámara merece que el presidente del Gobierno venga ni
hoy ni mañana ni pasado y parece ser que hasta dentro de un mes el presidente no comparecerá aquí para explicarnos por qué no se ha podido evitar eso que era tan importante evitar. Ese es el incendio del que yo quiero hablar, el incendio que está
provocando el Gobierno actual y que provocó el Gobierno anterior, el incendio que empieza en las cajas de ahorros que han saqueado unos y otros. Ese es el incendio realmente importante del que hoy deberíamos estar hablando. Pero el presidente del
Gobierno ya se encarga de degradar y devaluar esta Cámara todo lo posible, de utilizarla exclusiva y meramente para legalizar sus actos y de convertirla en una cámara mortuoria, que es en lo que la está convirtiendo, algunos de ustedes empiezan a
tener moho en las orejas, y lo que temo es que cuando el incendio llegue a estas mismas puertas estemos aquí todos ya adormecidos con el tipo de debates absolutamente desconectados de la sociedad que son los que celebramos aquí.
No contentos con tener esa mayoría absoluta que les permite pasar todas las leyes y todos los decretos que quieren, además impiden que se produzca al menos el debate. Bloquean los debates y bloquean las comisiones de investigación para
taponar la única vía de debate político que queda abierta y la única vía donde exigir responsabilidades políticas, que es en esta Cámara. Ustedes tienen que dar una explicación de cómo hemos llegado hasta aquí, una explicación decente y coherente.
Después de haber roto todos los consensos durante años, ambos -el Partido Popular y el Partido Socialista-, ahora están de acuerdo en encubrirse mutuamente y en bloquear esa posibilidad de investigar en el Parlamento el saqueo de las cajas de
ahorros. (Un señor diputado: ¡Mentira!). Verdad. Insiste el Gobierno en no llamar rescate a lo que es un rescate, en no decirles a los ciudadanos que al final los avalistas de ese pago de 100.000 millones son ellos y...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, la he dejado intervenir un rato porque puede, en una intervención política, hablar de otros temas, pero la tengo que llamar a la cuestión.
La señora LOZANO DOMINGO: Estoy hablando, señor presidente, de un incendio, exactamente. Estoy hablando de la tierra quemada en la que han convertido las cajas de ahorros. (Rumores). Y estoy hablando de cómo han conseguido ustedes
triturar el último vínculo que les queda a los representantes con sus representados, que es la palabra. Es la palabra la que trituran en esta Cámara y fuera de esta Cámara cada vez que engañan a los ciudadanos respecto a lo que está ocurriendo.
Lamentablemente, ni el señor Rubalcaba ni el señor Rajoy ni los jefes de los respectivos grupos parlamentarios están aquí. Supongo que tal vez están reunidos con sus abogados estudiando la querella que mi grupo ha presentado ayer contra los
administradores de Bankia (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben), en la que figuran miembros de ambos partidos, también de Izquierda Unida. Por cierto, que dijo que se cayó en las cajas como el capitán del
Costa...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, hay otros puntos del orden del día en que se hablará de temas que a usted le parezcan más interesantes, pero este es sobre lo que es y, por lo tanto, le ruego que se atenga a él. (Aplausos).
La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Y decía también que son cinco los delitos de los que mi grupo acusa a los administradores de Bankia (Rumores): administración desleal
o fraudulenta, falsificación de cuentas, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y estafa. (Rumores). Y estafa, señorías, la gran estafa que ustedes han cometido en los últimos lustros saqueando el dinero público, esa
es la estafa por la que tendrán que rendir cuentas...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le llamo al orden por primera vez. Si no se centra usted en el tema del debate, tendré que retirarle la palabra.
La señora LOZANO DOMINGO: Yo preferiría que no me retirara la palabra, porque lo único que nos queda es la palabra, señor presidente. (Rumores y protestas). Preferiría que no me retirara la palabra porque es lo único que nos queda y con
palabras hemos ido a querellarnos
contra los saqueadores de las cajas y con palabras queremos hablar aquí de quienes han saqueado el país (Rumores), así que le agradecería que no me retirara la palabra. De todas maneras, ya estoy terminando, presidente. Les quiero dar las
gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por arruinar el país, no sé si son conscientes de la frustración y la impotencia que provoca en los ciudadanos (Rumores) la impunidad que ustedes quieren garantizar a los saqueadores de las cajas, a
sus compinches. Yo sé que ustedes siguen echando sus mezquinas cuentas de los votos que pierden con esta impunidad. Yo les digo -y ya termino- que lo más difícil para una generación entera de españoles a la que ustedes han arruinado no va a ser
votarles, lo más difícil va a ser perdonarles. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben). Y yo espero que no les perdonen nunca. (Rumores).
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, volviendo al tema de la propuesta, desde nuestro grupo parlamentario no apoyaremos su propuesta. Compartimos la preocupación, y como ecologista estoy convencida de que debemos redoblar los esfuerzos de lucha contra el drama
ecológico y humano que suponen los incendios. A nuestro entender, es incuestionable el compromiso de nuestro grupo para prevenir, para disuadir, para mejorar la extinción, para mejorar también la gestión, pero también para penalizar los
comportamientos temerarios y delictivos. Pero este no es el debate, porque si fuera el debate no traerían ustedes esta proposición no de ley. Lo que traen aquí, a nuestro entender, es humo, es un acto mayúsculo de hipocresía, como ustedes suelen
utilizar siempre el Código Penal, ese populismo punitivo que ustedes frecuentan, pero que tan irrelevante resulta para resolver los problemas reales y para prevenir desastres. Señores, es simplemente un lavado de sus conciencias, y a eso no vamos a
aplaudir ni vamos a contribuir.
Me pregunto en qué datos reales, en qué estadística se han basado ustedes para deducir que para acabar con ese drama lo que hace falta es cambiar los agravantes, porque, por poco que se miren esos datos, realmente esta medida se verá que es
inútil. Desde nuestro grupo -insisto- no creemos en este populismo punitivo o utilizar la política de cara a la galería o de decirle, por ejemplo, a los ciudadanos gallegos que algo están haciendo, y lo que están haciendo realmente es nada.
Repasemos un poco cuáles son los datos. La memoria de la fiscalía que ustedes utilizan dice que más del 77 % son intencionados, sí, pero lo que también dice esa memoria es que no hay casi incendios cerca de los núcleos de población, que es lo que
ustedes plantean. El problema sí que pasa en Galicia. Es verdad que en Galicia por la distribución propia de los núcleos de población es un tema localizado. Por tanto, nos deberíamos centrar en las causas, en la prevención y en la mejora de la
eficacia en esa zona. Lo que sí que ha crecido en toda España es, por ejemplo, la urbanización en zonas forestales, que ustedes la han promovido. Otra cuestión que nos encontramos es que el 70 % de los ayuntamientos que tienen obligación de
aprobar planes de actuación en el ámbito local de emergencia por incendios no los han elaborado. Me parece que es cambiar el Código Penal porque ustedes necesitan tapar incompetencia en Galicia y en muchas partes del territorio que ustedes
gestionan.
Más cuestiones. Dicen que el problema es que somos blandos en perseguir incendios. Se han incrementado las penas y se ha endurecido el Código Penal con penas de hasta veinte años. De hecho, el número de penas y de condenas ha crecido en
los últimos años. Nosotros seríamos los primeros en defender una medida que fuera incrementar las penas para ser disuasorio, pero entendemos que tenemos un Código Penal que es de los más duros de la Unión Europea. Ese no es el problema. No es la
falta de penas o de agravantes. El problema es que menos del 0,1 % de los responsables de incendios acaba siendo juzgado. ¿Por qué? Porque no hay recursos para la investigación o porque no se pueden hacer unas buenas investigaciones o que la
fiscalía no puede hacer ese trabajo. Ese es el problema, que no podemos juzgar a los responsables. Hablan de la reparación de daños por parte del culpable. Esto ya existe: el artículo 110 del Código Penal. De hecho, ya hay penas que se aplican
en ese sentido. Por eso nos preocupa esta proposición no de ley porque no se basa ni en la realidad ni en las necesidades. Hasta son falsos los argumentos que utilizan. Dicen que a ustedes no les gustaba el Código Penal cuando se reformó porque
no hablaba de los incendios. El Partido Popular no planteó ni registró ninguna enmienda sobre ese tema en la reforma del Código Penal. (Aplausos). Sinceramente, hasta los argumentos que utilizan no se corresponden con la realidad. Por eso no nos
prestaremos a su teatro, porque en todas las políticas de las que ustedes son responsables en Galicia, en el resto de España y también en los presupuestos generales van en contra de la lucha contra los incendios. Les pondré un ejemplo. Todo el
mundo sabe que los incendios se apagan en invierno con una buena política forestal. ¿Qué han hecho ustedes? Reducir el 50 % de los recursos del fondo del patrimonio natural, o el 85 % de los recursos destinados a los programas de desarrollo rural
sostenible. Esto tiene que ver con los incendios. Lo mismo sucede con el tema de marginar la biodiversidad. ¿Qué ha pasado en Galicia? Se ha repoblado de eucaliptos, que es una especie mucho más vulnerable ante los incendios. Ese es un ejemplo
de lo que han estado promoviendo. Asimismo, están recortando la capacidad de los equipos de extinción de incendios, como acaban de hacer en Madrid.
Finalmente -y, a nuestro entender, lo más relevante-, la historia de nuestro país, tan vinculada al pelotazo urbanístico que ustedes han promovido, ha dejado millones de parados, millones de desahuciados, pero también incendios a nuestra
espalda fruto de intereses por construir. Ustedes se opusieron en su momento a la modificación de la Ley de Montes para impedir recalificaciones de suelo en zonas incendiadas para acabar con esta aberración. Y no solo se opusieron a esa
modificación, sino que el Partido Popular donde ha gestionado ha promovido esto. Le recuerdo -hago memoria- que en 1992, el señor Zaplana, cuando era alcalde de Benidorm, promovió Terra Mítica en una zona precisamente incendiada; o que en
Tordesillas, después de la Ley de Montes, la incumplieron recalificando precisamente para urbanizar una zona incendiada. No vamos a contribuir. Sus políticas, sus presupuestos, su modelo urbanístico, el ninguneo del medio ambiente es lo que agrava
el problema de los incendios, y ahí ustedes tienen toda la responsabilidad. No nos vengan a enseñar ecologismo de código penal porque es demagógico y, además, es inútil.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortíz.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió comparte con el Grupo Popular la preocupación y el interés por seguir adoptando instrumentos eficaces en la lucha contra los incendios forestales. Uno de los cuales es, sin duda alguna, no tanto ampliar la
duración de las penas -que aquí no se propone-, sino afinar y mejorar la respuesta penal ante los mismos, que es lo que entendemos que hoy nos propone el Grupo Popular. El portavoz, el señor Delgado, nos ha pormenorizado los antecedentes que
sustentan esta iniciativa de los que quiero resaltar los de la memoria anual de la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, al tiempo que desde Convergència i Unió queremos poner en valor el excelente trabajo que se hace desde dicha
fiscalía. Ciertamente, tal como se dice también en la exposición de motivos de la iniciativa que estamos viendo, Galicia es una tierra especialmente afectada por los incendios forestales, pero también Cataluña ha presentado un alto riesgo de
incendios debido a su temperatura media y, sobre todo, a la gran cantidad de zonas existentes. Cataluña ha sufrido a lo largo de los años devastadores incendios, la mayor parte de ellos ocasionados por negligencias, en los que desgraciadamente han
fallecido personas. Quiero sumarme aquí al reconocimiento hecho por el señor Delgado a la labor de los bomberos, de las personas que con su trabajo sofocan los incendios, que han supuesto enormes pérdidas económicas, afectación a viviendas y
urbanizaciones y la pérdida de miles de hectáreas de arbolado. Por ello, quiero recordar que Convergència i Unió ha tenido siempre un papel parlamentario muy activo contribuyendo con sus aportaciones a todas las regulaciones que ha habido sobre
estos temas.
Si hacemos un balance global, es imperativo reconocer que en esta materia estamos avanzando en la buena dirección. Décadas de trabajo y campañas de concienciación por parte de las administraciones públicas, mejor coordinación de los
esfuerzos humanos y una mayor cultura de la seguridad en el trabajo forestal, una mayor sensibilidad ciudadana hacia este problema, un comportamiento más responsable de los colectivos históricamente implicados en el origen de los incendios
forestales junto con avances tecnológicos, pero también cambios legislativos de calado que han ido acabando con la sensación de impunidad que había en materia de incendios forestales han supuesto -globalmente y considerando los últimos años en
conjunto- un descenso en el número de incendios aun con la virulencia de los de este año 2012, a los que ha aludido también el portavoz del Grupo Popular. Todo ello no puede significar en modo alguno que debamos relajarnos ante este problema,
puesto que sin ir más lejos la comunidad científica alerta sobre el aumento de las temperaturas medias, el aumento de la sequedad del suelo y una mayor desecación de la vegetación y, por tanto, de mayores riesgos en conjunto de que se sigan
produciendo más incendios. Desde esta perspectiva, y no debiendo olvidar en ningún momento que, a tenor de la estadística y los estudios de que disponemos, los incendios en un porcentaje muy elevado se producen de manera no fortuita, sino por
actuaciones intencionadas o negligentes, vemos acertada la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Popular a la que vamos a dar nuestro apoyo. Pero nos gustaría hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, la necesidad de que el delito de incendio forestal esté tipificado y penado de manera adecuada es para nosotros ineludible, pero ello no debe significar en modo alguno que la aplicación del Código Penal sea el único
instrumento necesario ni el único posible. El daño ecológico, económico y social, por no hablar del más importante, que es la pérdida de vidas humanas, no se resuelve ni se compensa con la represión del delito. La política penal debe ir acompañada
de políticas de prevención y formación a cargo de las administraciones competentes que permitan evitar con carácter previo las consecuencias de este tipo de conductas y en todo caso minimizar los daños. Cuando se tiene que aplicar el Código Penal,
ya hemos llegado tarde porque el daño se ha producido. Las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente recogen ya una importante actividad preventiva sobre algunas de las causas de incendios forestales referidas tanto a la responsabilidad de empresas
privadas -líneas eléctricas, autopistas- como públicas -por ejemplo, los vertederos-. Pero se echa de menos todavía una acción preventiva sobre algunas otras conductas causantes de incendios como la
quema de rastrojos y la quema para la obtención de pastos. La aplicación del Código Penal es pues ineludible, pero siempre acompañada de una buena acción preventiva.
En segundo lugar, y por lo que respecta a las nuevas agravantes propuestas, consideramos que son adecuadas; es más, van en la línea de la propuesta, por ejemplo, de organizaciones como Greenpeace en su informe del año 2011. Se refieren a
desvalores jurídicos no previstos en la tipificación vigente; y recogen temas importantes que ya han sido señalados por el portavoz, señor Delgado, tales como la gravedad derivada del riesgo que implica para las personas y los bienes que el
incendio se produzca en zonas de protección, en núcleos de población o en días de riesgo extremo de incendios. Entendemos, además, que deberíamos aprovechar la redacción de las nuevas circunstancias agravantes para superar la recurrente crítica que
la doctrina ha venido haciendo a la indeterminación de los conceptos jurídicos empleados para definir las mismas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe terminar.
La señora PIGEM I PALMÉS: Voy acabando, señor presidente.
Por último, y por lo que se refiere a la obligación del autor del incendio de adoptar a su cargo las medidas necesarias encaminadas a restaurar el monte o ecosistema forestal dañado, no podemos más que estar de acuerdo, aunque entendemos que
esta obligación estaría ya cubierta por los preceptos del Código Penal que regulan la responsabilidad civil derivada del delito.
Finalizo, señor presidente, diciendo que quizá en esta revisión del Código Penal podríamos estudiar con más profundidad la sanción directa, incluidas las multas, aplicable a las personas jurídicas en casos de imprudencia, por no haber
adoptado las precauciones debidas, incluidas las de mantenimiento, de manera que esta imprudencia da lugar a incendios forestales que hoy se atribuyen todavía a causa accidental. Esto tiene un perfil difuso que se podría mejorar y el estudio que
nos propone hoy el Grupo Popular nos parece una buena ocasión para ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos con el grupo proponente la necesidad de conservar y recuperar la masa forestal de nuestro país, que resulta fundamental para proteger nuestro ecosistema. Con la finalidad de preservar este patrimonio común se hacen
precisas medidas de conservación, campañas de sensibilización a la población, medidas de prevención, así como medios para la lucha y la extinción de los incendios. Lamentablemente, persiste un enorme porcentaje de intencionalidad en los incendios
forestales y deben afrontarse sus causas. Medidas como la introducida en la Ley de Montes, que prohíben la recalificación del suelo durante treinta años después de producirse un incendio, han reducido notablemente aquellos que son provocados por
causas urbanísticas. También son útiles las medidas de sanción administrativas y penales en aquellas conductas que merecen mayor reproche.
El actual Código Penal tipifica los delitos de incendio como delitos contra la seguridad colectiva y mantiene una respuesta punitiva severa que alcanza, cuando comportan peligro para la vida o la integridad física de las personas, penas de
prisión de diez a veinte años. La creación de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y de fiscalías especializadas ha contribuido a la lucha contra estos delitos. Además, la unidad policial del fiscal de sala coordinador de medio
ambiente y urbanismo posibilita la iniciación de investigaciones hasta ahora totalmente novedosas por venir previstas como hechos delictivos de nuevo cuño en la reforma del Código Penal que aprobamos en junio de 2010. La reforma -que, por cierto,
el Grupo Popular no apoyó- aumentó las penas a los delincuentes urbanísticos e impidió cualquier rentabilidad económica derivada de la comisión del delito, agrava las penas de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, castiga
también las obras de urbanización ilegales y regula de forma más precisa el delito de prevaricación urbanística. Esta es la reforma que ustedes, señores del Partido Popular, no apoyaron.
Incendios de la gravedad del sucedido en la reserva natural de las Fragas do Eume en A Coruña, de consecuencias devastadoras y supuestamente intencionado, inevitablemente cuestionan la política de incendios y demandan respuestas. Como en
otras ocasiones, las apelaciones a la reforma del Código Penal se utilizan como respuestas sencillas a problemas más complejos. Así lo hizo el presidente de Galicia cuando, comprobando las consecuencias del incendio, valoró la necesidad de
modificar el Código Penal y demandó un agravamiento de penas de los delitos de incendio. Tal vez aquel posicionamiento político motivó en su día la presentación de esta iniciativa parlamentaria. También se ha reclamado que los incendios
intencionados sean conocidos por magistrados y jueces profesionales y no por el tribunal del jurado. Sin embargo, la reforma del Código Penal o, eventualmente, la de la Ley del Jurado precisan de reflexiones más serenas y no deben buscarse en
reformas apresuradas las soluciones.
Vamos a afrontar una temporada de verano difícil en cuanto a riesgo de incendios tras un invierno muy seco en toda España. Sin duda, hubiera sido deseable que el proyecto de ley de presupuestos y el de muchas comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular mantuvieran el esfuerzo dedicado a la conservación de
los bosques y a la prevención de incendios, ya que la lucha por la preservación del medio ambiente contra los incendios se combate desde muchos frentes y no solo con el derecho penal.
Por otro lado, debo decirle al grupo proponente que esta iniciativa es una más en los anuncios de reforma del Código Penal a los que nos empiezan a tener acostumbrados. El ministro Gallardón ha anticipado reformas de mucho calado para el
Código Penal. De ellas, la más notable es la voluntad de introducir una pena de cadena permanente revisable que cuestionaría, desde un punto de vista constitucional, la propia finalidad social de la pena. Sin embargo, no es la única:
modificaciones en la multirreincidencia o la agravación de los delitos de violencia sexual son algunas más de las reformas que vamos conociendo, en algún caso mediante reprochable comparecencia pública del ministro.
El Grupo Parlamentario Popular también ha presentado otras iniciativas de reforma del Código Penal pendientes de debate en esta Cámara. Señorías del Partido Popular, si realmente en la agenda legislativa de su grupo, del Gobierno, existe
una voluntad de reforma de tal intensidad, presenten un proyecto o proposición de ley integral de reforma del Código Penal. No nos vayan presentando una suma de iniciativas penales, inconexas, que responden en buena medida a una suerte de populismo
punitivo para dar satisfacción a situaciones de supuesta alarma social.
La proposición no de ley que nos presentan insta al Gobierno a una nueva revisión del Código Penal e introduce específicamente dos agravantes, así como la obligación de restauración del monte al autor del delito. No creemos que resulte
necesario reiterar el principio general de la responsabilidad civil derivada de delito que contiene nuestro Código Penal y las previsiones que ya contiene nuestra Ley de responsabilidad por daño ambiental. Tal vez pueda considerarse algún tipo
agravado en una futura reforma del Código Penal. Por este motivo vamos a abstenernos, no sin subrayar nuevamente nuestro convencimiento, señorías, de última ratio del Código Penal y con ello nuestras prevenciones ante cualquier reforma apresurada,
parcial y de puro endurecimiento de penas en un Código Penal ya suficientemente duro.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA DENEGACIÓN DE INDEMNIZACIONES A ALTOS CARGOS DE ENTIDADES FINANCIERAS QUE HAN REQUERIDO DE AYUDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FROB. (Número de expediente 162/000323).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la denegación de indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras que han requerido de ayudas del Estado a través del FROB.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el objetivo básico y fundamental de esta iniciativa parlamentaria, de esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está orientado a conseguir dos objetivos
fundamentales. En primer lugar, queremos impedir con esta iniciativa que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso algunas de ellas con carácter retroactivo a todos aquellos administradores o directivos de entidades
financieras que han sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido dinero público del Estado a través del FROB. Se trataría de conseguir que el Congreso de los Diputados, como muy bien decía nuestro presidente y portavoz del grupo
parlamentario esta mañana, señor Duran i Lleida, recupere la autoridad moral ante estas cuestiones cara a la opinión pública, que se muestra muy indignada por todas estas noticias que se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos meses a causa
de que directivos de entidades financieras que posteriormente han sido intervenidas o han recibido apoyos públicos del FROB se han marchado con indemnizaciones millonarias. Por lo tanto, un primer aspecto que nuestro Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió quería intentar conseguir era este consenso para evitar justamente que con dinero público se pudieran pagar estas indemnizaciones millonarias a directivos o administradores de entidades que han recibido recursos públicos del
Estado o han sido intervenidas, así como también impedir que esto fuera posible en algunos casos con indemnizaciones devengadas en ejercicios anteriores al año 2012.
Había un segundo aspecto importante, que era conseguir que a través de esta iniciativa parlamentaria pudiéramos sumar la mayoría de formaciones políticas de este hemiciclo. Sinceramente, desde esta perspectiva también querría que nos
felicitásemos, así como también querría felicitar a todos aquellos grupos parlamentarios que han sido sensibles ante esta iniciativa y con los que hemos conseguido consensuar esta proposición no de ley y firmado una enmienda transaccional. En
primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Popular porque es el grupo que da soporte al Gobierno y con el que quizás entrañaba más dificultad poder consensuar una iniciativa de este calibre. En segundo lugar, quiero resaltar también la
labor que ha desarrollado en esta negociación don Jesús Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que también se ha sumado a esta iniciativa con todas aquellas cuestiones que ha querido plantear. Así mismo, debemos felicitarnos por la
incorporación de una enmienda formulada por don Pedro Azpiazu, del Partido
Nacionalista Vasco, y, al mismo tiempo, también felicitar a todos aquellos grupos parlamentarios que no han firmado esta iniciativa, pero que nos han dicho que probablemente valorarían votarla favorablemente o abstenerse. Finalmente, quiero
felicitar a todos los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, que es amplio, y que también han firmado esta enmienda, como, por ejemplo, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego, Compromìs, Foro, Coalición Canaria, Uxue Barkos... En
definitiva, conseguir este consenso importante para recuperar esta autoridad moral del Congreso ante la opinión pública, que -repito- está indignada por todos estos acontecimientos y por todas estas noticias que han producido una cierta alarma y por
la que nosotros entendíamos que habría que plantear este cortafuegos que impidiera que en un futuro se pudieran cobrar estas indemnizaciones millonarias e incluso también impedir que estas indemnizaciones se pudieran cobrar con carácter retroactivo
a determinadas indemnizaciones devengadas cuyo cobro no se ha producido, la indemnización o la salida de la entidad financiera.
Estos planteamientos los hemos hecho también extensivos no solamente a las cláusulas indemnizatorias, sino también a las pensiones y a cualquier cláusula de blindaje, incluso aquellas de carácter laboral, de las que pudieran derivarse
beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos de entidades financieras que hayan sido devengadas y que, como he dicho anteriormente, hayan requerido las ayudas del
Estado a través del FROB.
También nosotros querríamos obtener de la Cámara, del Congreso de los Diputados, el compromiso sobre estos principios o este acuerdo que hoy hemos implementado con los diferentes grupos parlamentarios. En mi intervención inicial había
nombrado al portavoz del Partido Popular, pero no había nombrado a don Fernando López-Amor, que también ha tenido, como el resto de grupos parlamentarios, un trabajo importante para conseguir este consenso. Nosotros también queremos incorporar el
compromiso político que está perfectamente reflejado en esta proposición no de ley; todos estos principios queremos incorporarlos en la tramitación del real decreto-ley que se va a tramitar como proyecto de ley sobre la reestructuración del sistema
financiero, de fecha 11 de mayo. Si somos capaces de trasladar este compromiso a un proyecto de ley que se va a tramitar próximamente en esta Cámara seguramente esta confianza moral ante la opinión pública ganará muchos enteros.
Finalmente hemos planteado a esta iniciativa que la revisión -una cuestión de sentido común y de lógica- solamente afectará a todas aquellas entidades financieras que hayan requerido la ayuda del FROB, no vaya a ser que por una mala
interpretación paguen justos por pecadores: solamente aquellas entidades que han recibido ayudas del FROB, no las que no la han recibido, ya que aquí pretendemos evitar que se haga efectiva esta injusticia de que se cobren indemnizaciones
millonarias por parte de directivos o administradores que no han sido diligentes en su gestión cuando tenían cargos de responsabilidad en las entidades financieras, lo que ha motivado que estas entidades financieras fueran intervenidas por parte del
Estado o en su defecto hubieran recibido ayuda pública por parte del Estado a través del FROB.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defender las enmiendas de las que ha hablado el señor Sánchez i Llibre tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, pocas dudas existen sobre los nefastos efectos de la crisis financiera en la profunda crisis económica en que nos encontramos: los 6 millones de parados, la caída del producto interior bruto, el nivel de déficit
público, la atonía de la demanda interna, la falta de crédito, de la credibilidad, de la confianza, de expectativas, etcétera, que alcanzan incluso al mismísimo euro y al proyecto político de Unión Europea, especialmente desde el pasado fin de
semana, en el que, tras la videoconferencia mantenida por los miembros del Eurogrupo, el Gobierno español solicitó el rescate, dinero de los ciudadanos europeos, incluidos los españoles y los vascos, rescate aprobado por la Unión Europea, cuya letra
pequeña aún desconocemos, aunque no es difícil intuir los requisitos o las exigencias de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional e incluso del propio Obama.
Le guste o no al señor Rajoy, le guste más o menos al Gobierno, a la vista de la realidad de las entidades financieras y como fruto de la incapacidad de obtener recursos en el mercado para proceder a la necesaria recapitalización del sistema
financiero, como paso previo y necesario para que el crédito empiece a afluir al sistema productivo, a las empresas y a las familias, el Gobierno ha tenido que pedir sopitas a la Unión Europea, al Fondo Monetario, a Estados Unidos y a no sé cuántos
más. Lo mejor que se puede hacer, pues, es reconocerlo; no pasa nada, con toda la normalidad. El sector financiero, el mercado y los expertos sabían y daban por descontado que el rescate vía préstamo, línea de crédito o cualquier otra figura y
como se le quiera denominar, se iba a producir antes o después. No traten, pues, señores del Gobierno, de engañarnos y de tratarnos como a niños. La sociedad es madura y responsable, y es además la que está sufriendo los embates de la crisis en
términos de desempleo, precariedad y pobreza. No es cuestión de hacer alarmismo y de querer sacar rendimiento partidario de la situación -el Grupo Vasco desde luego no lo va a hacer-, pero lo que sí vamos a reclamar y a exigir es información,
transparencia y claridad al respecto. Europa y el resto de la comunidad internacional ya nos han puesto los deberes:
los recortes del gasto -incluida la sanidad, la educación, los sueldos de los funcionarios, las pensiones, etcétera-, la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, y tantas otras reformas y recortes que vendrán acompañados
seguramente de subidas de impuestos; el presupuesto de este año, que aún no ha sido aprobado, y ya es preciso avanzar en el del año que viene, que sin duda incorporará nuevas exigencias de la Unión Europea, y que no serán desde luego novedades
agradables.
En este contexto y desde el Grupo Vasco consideramos acertada y oportuna la iniciativa del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Responsables, directores, ejecutivos y miembros de consejos de administración, etcétera, que pertenecen a
entidades que han recabado ayudas del FROB, con notable esfuerzo de los ciudadanos, no pueden bajo ningún concepto recibir salarios y asignaciones millonarias ni mucho menos indemnizaciones al abandonar sus cargos, precisamente porque parte de sus
sistemas salariales han sido los causantes del agravamiento de la crisis financiera. No es de recibo en ningún caso, y en mi opinión y en la de mi grupo tampoco lo es en el caso de las entidades que no recurran a los recursos del FROB. Habría que
revisar las remuneraciones e indemnizaciones del conjunto del sistema financiero e incluir limitaciones al respecto en los estatutos y en los códigos de buenas prácticas -esperemos que otros grupos también colaboren con el nuestro en este camino-,
pero desde luego que reciban elevadas compensaciones quienes han trabajado en entidades y han recibido o pueden recibir recursos del FROB es en nuestra opinión indignante y carente de justificación alguna.
Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, por ejemplo, el actual director de Bancaja, Aurelio Izquierdo, tiene sus derechos reconocidos, entre comillas, de 14 millones de euros. Y no es un caso aislado ni el más
escandaloso, es desgraciadamente uno de los muchísimos que hay. Los 14 millones de euros son mil veces el sueldo anual de un trabajador que gane en torno a los 1.000 euros, y desde luego desgraciadamente hay muchos en este país en esa situación.
Esto no puede ser, es una vergüenza y además es inmoral. De ahí la enmienda de nuestro grupo parlamentario que pretende que la buena intención recogida en la iniciativa de Convergència i Unió se convierta lo antes posible en ley de obligado
cumplimiento. Proponemos así incorporar una nueva disposición adicional, pactada a poder ser por todos los grupos de esta Cámara, en el proyecto de ley que se está tramitando en esta Cámara procedente del Real Decreto-ley 12/2012, de 11 de mayo,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, convalidado recientemente en el Congreso, y cuyo plazo de enmiendas en principio finaliza el próximo lunes. Tenemos, pues, tiempo para ello y si existe voluntad podremos
corregir este despropósito lo antes posible. En este sentido apunta la enmienda transaccional, pactada y firmada por una amplia mayoría de grupos de esta Cámara, que valoramos en este sentido muy positivamente. Ahora preparemos -es nuestra
responsabilidad- una enmienda que resuelva el tema de verdad, de fondo, sin engaños; no defraudemos a los ciudadanos, no nos lo perdonarían y tendrían razón.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista para presentar su enmienda tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Quiero celebrar la oportunidad de esta iniciativa, señor Sánchez i Llibre. Me parece muy oportuna; aunque parcial, es muy importante. Tiene que ver con un aspecto, quizá el más llamativo, de lo que hoy se conoce como remuneraciones
excesivas. Fíjese, quiero recordarle que ya en la Cumbre de Pittsburgh, en septiembre del año 2009, los miembros del G-20 declararon que las remuneraciones excesivas llevaban a la asunción de riesgos excesivos, y es verdad. Establecieron algunas
recomendaciones, que lamentablemente no se han cumplido, y por eso es tan importante que recuperemos el nivel ético que su señoría demandaba, y que hagamos imposible que quienes no han hecho un buen trabajo, que quienes no han aportado valor a sus
empresas, que quienes no se han comprometido con la mejora de los resultados de la misma puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan grave de crisis económica como este. Por tanto hagamos todo lo que esté en nuestra
mano, desde el punto de vista político y jurídico, como recordaba el señor Azpiazu, a través de la tramitación del proyecto de ley que deriva del decreto-ley sobre saneamiento del sistema financiero, para impedir esa realidad. No es posible que en
entidades financieras, en este caso que han recibido ayudas del FROB, sus directivos, los miembros de su consejo de administración puedan percibir indemnizaciones millonarias. Hemos alcanzado un acuerdo, señorías, para que esto no sea posible, hay
que impedirlo, no pueden percibir ese tipo de indemnizaciones. Primero, bastaría con argüir desde el punto de vista ético: no, no es ético en absoluto, pero tampoco tiene sentido económico, señorías, porque la gestión ha sido desastrosa, hay
múltiples evidencias empíricas que indican que precisamente este esquema de retribuciones generan riesgos excesivos que nos han conducido a situaciones muy complejas, muy difíciles. Por tanto deberíamos abrir también un debate con carácter general,
en este caso limitado a las entidades financieras que han recibido ayuda del Estado a través del FROB, pero esta Cámara debería ocuparse en algún momento de establecer pautas de comportamiento, códigos de conducta que impidan ese tipo de resultados.
Fíjense, en los últimos treinta años las remuneraciones de los directivos de las grandes empresas han crecido exponencialmente de forma yo diría superlativa con respecto a la evolución del salario medio de los trabajadores en cualquiera de
los países de la OCDE que
tomemos en consideración. En los años setenta en Estados Unidos un directivo percibía 25 veces el salario medio de un trabajador, hoy, señorías, más de 300 veces. En España -y estamos en la tabla alta- los directivos de las empresas que
cotizan en Bolsa, si tomamos por ejemplo las del IBEX 35, tienen unas remuneraciones medias que superan en 130 veces -señor Sánchez i Llibre- el salario medio de los trabajadores en España, y los resultados no avalan ese comportamiento. Por tanto
deberíamos abrir, repito, además de lo que hemos acordado en esta proposición no de ley, un debate de esa naturaleza. Se precisa más transparencia; se precisan alinear los incentivos que son legítimos, claro, pero con los resultados a medio y
largo plazo de las empresas, con sus resultados reales; se necesita que haya un vínculo mucho más estrecho entre accionistas de una compañía y las retribuciones de sus directivos, lo que no existe en nuestra legislación, y se necesitan por tanto
cambios profundos que nos permitan modificar los comportamientos económicos. No es posible que en un momento en el que la distribución de la riqueza ha ido cada vez más a unas pocas manos, encima perciban retribuciones extraordinarias de esta
naturaleza.
Hemos alcanzado un acuerdo para que esas cláusulas indemnizatorias, salarios diferidos, planes de pensiones, contratos blindados de aquellas entidades financieras que han recibido ayuda del FROB no sean posibles, incluso, como decía el señor
Sánchez i Llibre, con carácter retroactivo, que eso podamos materializarlo de forma jurídica, en el plano jurídico en la tramitación del decreto-ley sobre saneamiento del sector financiero, y que por lo tanto esta Cámara asuma esa responsabilidad,
lo impida y con su comportamiento esté a la altura de lo que estoy seguro que hoy demandan todos los ciudadanos españoles.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señorías, es una satisfacción, y creo que el momento no puede ser más oportuno, que la mayoría de los grupos de esta Cámara haya llegado a un acuerdo sobre un tema que es de actualidad, y que de alguna manera
viene a fijar la posición política de la Cámara frente a un hecho que el Partido Popular considera absolutamente execrable, y son las grandes indemnizaciones, los grandes blindajes y las grandes retribuciones que algunas entidades financieras de las
que han sido intervenidas públicamente han estado dando a sus ejecutivos. Por lo tanto creo que la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió ha sido muy oportuna, ha venido en el momento adecuado, y afortunadamente hemos
podido pactar un texto en el que, salvando todas las distancias, cediendo todos la parte que nos corresponde, hemos podido llegar a un acuerdo sobre lo que el Parlamento insta al Gobierno para el futuro.
Hay que decir que este Gobierno ya había tomado las medidas adecuadas en el proceso de la reforma financiera que está en marcha, y ha sido el primer partido político que estando en el Gobierno toma unas medidas en este sentido. No sé qué
intereses tenía el actual partido en la oposición mayoritaria, es decir, el Partido Socialista, que durante ocho años de gobierno y viendo que no había un saneamiento en el sector financiero adecuado, que la salud de nuestro sistema financiero no
era la adecuada, no tomó medidas prácticamente de saneamiento, solo una, y ninguna desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la razonabilidad, respecto a las retribuciones de los ejecutivos y directivos de las entidades financieras.
Ha habido muchas cajas de ahorro que han ido desapareciendo cuyos ejecutivos han intentado cobrar estas cantidades. Nuestro partido y nuestro Gobierno, desde el primer decreto-ley aprobado con el número 2, de 2012, y también el 3 de 2012, aprobó
primero la limitación de las retribuciones de carácter variable y las retribuciones de carácter fijo, limitándolas y poniendo tope en un máximo, incluso haciendo que el supervisor, que es el Banco de España, pudiera controlarlas y no autorizarlas si
los planes de viabilidad no eran culminados con éxito en cuanto a las retribuciones variables, y en cuanto a las fijas marcando unos topes. Pero también el Decreto-ley 3/2012 fijó el máximo que podía percibir cualquier directivo, cualquier
ejecutivo de una entidad intervenida por el FROB en cuanto a las indemnizaciones recibidas.
Pues bien, desde un punto de vista ético se ha llegado a un acuerdo, en el cual, como ha dicho aquí alguien, hemos recuperado la ética, hemos recuperado la palabra, como decía el poeta y no como decía un parlamentario, para decir que ya no
vamos a tolerar más abusos, que estamos absolutamente de acuerdo en que el ejecutivo tiene que cobrar en función del valor por el que ha hecho crecer a su empresa, y que si su empresa vale hoy mucho menos que valía ese directivo tiene que cobrar
muchísimo menos, y sus retribuciones tienen que ser intervenidas públicamente.
Por tanto instamos al Gobierno a que revise todo el cuadro de retribuciones, mucho más allá incluso de lo que lo ha hecho en estos dos reales decretos-leyes, que ya han sido aprobados por el Gobierno del Partido Popular. Esperamos que en un
futuro y en la tramitación del Real Decreto-ley 18/2012 se puedan plasmar todas estas medidas de acuerdo con todos los grupos de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.
En turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra el Grupo Mixto. Intervendrán tres oradores, por tanto les recuerdo la limitación de tiempo. En primer lugar, el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Si hay un asunto que permitiría que la ciudadanía entendiera qué hacemos en esta Cámara sería este que ha traído hoy el Grupo de Convergència i Unió, motivo por el cual le felicitamos los nacionalistas canarios. Se trata de exigir
responsabilidades en una de las partes donde radica la producción de esta crisis; la otra -no debemos olvidarla- radica en aquellos que, teniendo la obligación de regular el sistema financiero, no lo han hecho, y en los que han tenido la obligación
de vigilar y no han vigilado. Pero hay un término que explica bien lo que ha estado ocurriendo con estos altos directivos de entidades financieras, altos responsables que lo que han hecho ha sido enriquecerse mientras apalancaban a sus propias
entidades, apalancamiento que no es otra cosa que deuda; apalancamiento que se ha provocado para que algunos hayan recibido, reciban y estén recibiendo prebendas, beneficios, que como mínimo requieren la calificación de obscenos.
Estamos completamente de acuerdo con una precisión que ha hecho aquí el señor Azpiazu: que está bien que este tema se circunscriba a los directivos de aquellas entidades que han sido intervenidas por el FROB, pero que probablemente deberían
tener eficacia normativa más allá de esto. No es razonable en entidades que al final son de interés general, que cuando los beneficios son propios lo son, pero cuando hay pérdidas las pagamos todos, que se produzcan situaciones de privilegio de
todo punto inaceptables. Por tanto los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta iniciativa. Nos congratulamos de que se haya presentado una enmienda transaccional, pues entendemos que ajusta bien las posiciones; nos parece razonable que se
plantee un carácter de retroactividad incluso en algunos de los beneficios devengados, y sobre todo nos parece bien que al final tenga una formalización normativa esta iniciativa que se plantea hoy.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo. Se ha ajustado perfectamente al tiempo y se lo agradezco.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Queremos juicio a Bankia y a los culpables de la crisis. Hoy estamos debatiendo si se permiten o no los premios que se han otorgado a sí mismos los banqueros de este país, aquellos personajes que nos han metido de pleno en la crisis. La
respuesta es clara y directa, no puede ser otra: no solo no merecen los premios económicos, sino que se merecen una comisión de investigación y muy posiblemente un castigo penal de dimensiones similares a sus vergonzantes indemnizaciones. Es
escandaloso, abusivo y ruin que aquellas entidades bancarias intervenidas con dinero público, con dinero de todos, regalen indemnizaciones millonarias o multimillonarias a sus directivos, que se han limitado no solo a gestionar mal, sino a provocar
y contribuir al desastre financiero español. En poco más de cinco meses, señorías, este Gobierno a hachazo limpio ha dinamitado el Estado del bienestar, los derechos de centenares de miles de trabajadores que con sus impuestos han contribuido a
tener una sanidad pública de calidad, una educación pública notable, unas pensiones dignas, y unas oportunidades comparables con las de cualquier país moderno y normal. Y toda esta regresión, toda esta dinamita neoliberal, todos estos derechos
descuartizados, todo esto única y exclusivamente para financiar privilegios.
Señorías, no sabemos si es una cuestión de amnesia del Ejecutivo popular o simplemente una pésima estrategia liberal, pero por si a alguien se le había olvidado, se espera -normalmente se espera- que el sector público distribuya la riqueza,
pero no de las clases populares a las clases privilegiadas, sino al revés. De la misma manera cabe decir que es absolutamente insultante que en pleno torbellino de preferentes, en pleno torbellino de desahucios bancarios, de miles de personas y
centenares de familias que no pueden encarar las hipotecas de sus casas, los directivos y exdirectivos de muchas entidades financieras hayan endilgado a sus cuentas cantidades absolutamente astronómicas al abandonar sus quehaceres, unas
indemnizaciones que nada tienen que ver, como ya he dicho, con los resultados obtenidos por parte de las entidades de las que eran responsables.
Detrás de estos cargos hay nombres y apellidos: Roberto López Abad, exdirector de la intervenida CAM...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar porque comparte su tiempo.
La señora JORDÀ I ROURA: ... y recapitalizada por parte del Banco de España: 5,8 millones de euros. Acabo, presidente. Ricard Pagès, que salió de Caixa Penedès con 11 millones de euros en su cuenta corriente o en su paraíso fiscal. Esto
ya no lo sabemos. En definitiva veinticinco directivos de cajas intervenidas con dinero de todos se han ido a sus casas con más de 130 millones de euros cuando salieron de los respectivos consejos. Exigimos, pues, una vez más -no dejaremos de
hacerlo- una comisión de investigación para ver las caras a los culpables de la crisis económica, porque no se puede consentir que la mayoría de trabajadores y trabajadoras decentes de este país, que se han partido la cara cada día trabajando cuando
han tenido la suerte o la oportunidad de hacerlo, pagando sus impuestos y contribuyendo a un futuro más prometedor para sus hijos, ahora por culpa de unos ineptos que multiplican su patrimonio...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora JORDÀ I ROURA: ...reciban el país hecho un desastre sin precedentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores parlamentarios, esta iniciativa es oportuna en el tiempo e importante, señor Sánchez i Llibre, pero tenemos una duda fundamental sobre esta cuestión. Estamos ante una crisis económica y financiera, pero sobre todo ante una
crisis ética y de valores. He hecho un pequeño repaso y el ejemplo más claro es que solamente quince personas se intentan llevar 113 millones de euros, que son 18.800 millones de las antiguas pesetas. Este es un tema suficientemente grave y es
motivo de escándalo para la ciudadanía, y con razón. La prima de riesgo de la política en la ciudadanía está por las nubes, porque hay una gran desconfianza en la política ya que no se toman medidas. Tomar medidas tiene una importancia didáctica
desde el punto de vista de la transparencia, de la honradez y de la solidaridad, pero esas actitudes van en contra de la transparencia, de la honradez y de la solidaridad. Hay que tomar medidas, hay que exigir responsabilidades y por eso es
importante el compromiso.
En su proposición no de ley y en la enmienda transaccional hay un tema que me preocupa. Le he explicado antes que estamos conceptualmente a favor, pero nuestro voto a favor o nuestra abstención depende de la claridad. Estaba esperando la
intervención del señor López-Amor, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Últimamente al pobre le tocan tareas difíciles, tanto aquí como en la subcomisión. Estaba esperando por si había claridad. Para nosotros es importante que haya un
compromiso de que todo ello se va a introducir en la ley que estamos tramitando ahora mismo, cuyo plazo de enmiendas acaba el próximo lunes. Si no existe ese compromiso, estamos en la ambigüedad. Estamos logrando un texto muy bonito, consensuado
entre todos, y que todos podemos votar favorablemente, pero que no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para algo muy negativo: para que siga aumentando la desconfianza de la ciudadanía en la política. Es decir, aprobamos cosas por
unanimidad que luego se quedan en el aire, en agua de borrajas que decimos en nuestro país. Le pediría al señor presidente que, aunque no lo haya, le conceda un turno al señor López-Amor para que nos puede decir si el Grupo Parlamentario Popular se
compromete a que este concepto va a estar en la ley o no. De eso va a depender que nuestro voto sea positivo o de abstención, porque insisto -y con esto acabo, señor presidente- en que tenemos que recuperar la confianza de la gente de la calle. Si
aprobamos cosas muy bonitas, bonitas palabras que luego no se traducen en hechos y que sirven simplemente para salir del paso, con un consenso falso, vamos marcha atrás. Por eso le pediría esa aclaración.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor LARREINA VALDERRAMA: ... porque de eso va a depender nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El tema que tratamos ahora es de los que más preocupa e indigna con razón a la ciudadanía. Tal vez si diésemos algunos ejemplos concretos entenderíamos por qué, ya que la palabra indemnizaciones suena muy fría. Demos algunos ejemplos
concretos. En las cajas integradas en Nova Caixa Galicia cinco directivos que la llevaron a la quiebra salieron con indemnizaciones millonarias. La prensa los llama los cinco magníficos. El más magnífico de los cinco magníficos cobró 18,6
millones de euros, y sucesivamente 16,5, 14,1, 8,8 y 5,3 millones de euros. Entre los cinco magníficos cobraron 63,3 millones de euros solo en Nova Caixa Galicia al salir de la entidad que habían quebrado. En otras entidades también han sido
varios los directivos con indemnizaciones millonarias, pero citando solo al más indemnizado en el Banco de Valencia, 14 millones; en Caixa Penedès, 11 millones; Caixa Catalunya, 10 millones; Caja Segovia, 6 millones; CAM, 5,8 millones, y
CajaSur, 4,3 millones de euros. Indemnizaciones ciertamente generosas y millonarias. ¿Qué están premiando estas indemnizaciones? ¿Los conocimientos de estos gestores? Ellos mismos comparecen en parlamentos regionales y afirman que desconocían
las materias que trataban. No son los conocimientos, son las grandes responsabilidades que asumían; ellos afirman que no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, ¿es el éxito en la gestión? Llevaría mucho tiempo resumir la gestión de estas
personas, pero, muy brevemente, ellos han desencadenado el tsunami que ahora sufre la economía española. En primer lugar, dieron créditos por criterios políticos a todo tipo de proyectos inviables, y cuando esos créditos fallaron y hundieron las
cajas, que eran la mitad del sistema financiero español, ocultaron los agujeros en los balances durante años; fusionaron las entidades malas entre sí hasta crear entidades malas sistémicas; estafaron a pequeños ahorradores, colocando los
preferentes y acciones sin informarles de cómo estaban las entidades. El tsunami se ha ido ampliando, ha contaminado las cuentas públicas españolas, llevamos 140.000 millones de euros comprometidos en FROB avales en apoyo a estas cajas; ha
contaminado al conjunto de la economía española con una caída del crédito del 10 % que está agravando la recesión, y ahora está extendiéndose a la economía de la zona del euro e incluso de Estados Unidos. No es un pequeño logro el de estas
personas.
Esto ha desencadenado el sábado pasado el rescate exterior de nuestra economía con un préstamo al Estado, al FROB, para que rescate las cajas. Eso son 10 puntos del PIB, 100.000 millones de euros de aumento de la deuda pública, tiene
condiciones explícitas para las entidades financieras e implícitas para el Estado, que tiene que cumplir unos compromisos que se supervisarán de manera regular y los pagos estarán condicionados al cumplimiento de esos compromisos. Veremos lo que
sucede en el futuro, porque vamos a terminar el año, si se usa todo ese dinero, con un 90 % del PIB -90 % del PIB- de deuda pública. ¿Es esto lo que se está recompensando? No parece que haya que recompensarlo, todo lo contrario.
La propuesta de CiU nos gustaba inicialmente porque tenía una clave, el carácter retroactivo, es decir, que afectaría a estas personas que yo he citado, pero la nueva propuesta edulcorada mira hacia delante y lo único que tiene retroactivo
es lo ya devengado pero no cobrado. Creemos que, legalismos aparte, no se puede ignorar en este caso el carácter retroactivo, no se puede decir que estas personas se han llevado 16-18 millones de euros por hundir las entidades. Esas cantidades se
tienen que cuestionar y, como mínimo, congelar cautelarmente mientras la justicia actúa. Si no es así, cualquier solución será una solución en falso y por eso nosotros no podemos unirnos a este consenso. Nos parece que no es lo que la ciudadanía
está esperando. Por otro lado, creemos que el Parlamento no está desempeñando su papel en esta tarea, cualquier otro país europeo habría creado una comisión de investigación hace tiempo, aquí se ha desviado a una subcomisión a puerta cerrada con
comparecencias totalmente secundarias. Pero, claro, es difícil sorprenderse de eso cuando hoy, tres días después de la intervención de nuestro país, un suceso realmente histórico, el señor presidente del Gobierno no ha venido aquí a dar ninguna
explicación. Lo otro es una degradación del Parlamento, pero esto es de una magnitud mucho mayor, desde luego. Hemos dedicado la primera hora y media de la sesión de hoy a hablar de una ley que ya estaba derogada y que luego se ha retirado.
Agradezco a mi compañera, la diputada Irene Lozano, como parlamentario, que haya mantenido la dignidad de este Parlamento, aunque haya tenido que usar el pretexto de un incendio financiero, porque desde luego un incendio es. Por tanto, no podemos
unirnos a este falso consenso, aunque consideramos que lo que propone CiU supone un pequeño avance sobre la situación actual.
Señorías, realmente creo que deberíamos reflexionar. Si aquí no damos voz a las inquietudes de los ciudadanos les estamos fallando. Los europeos nos observan y en cualquier otro país europeo habría habido una comparecencia del presidente
del Gobierno inmediatamente para explicar lo sucedido el sábado. Es un indicio de muy mala calidad democrática y no creo que mejore nuestra credibilidad en el resto del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, he de reconocerles que esta es una de esas iniciativas que me causa un sentimiento contradictorio, en la línea de lo que planteaba el diputado Larreina, de Amaiur. Por una parte, satisfacción porque vamos a abordar una cosa que es
un problema real que hoy ve la ciudadanía con mucha gravedad pero, por otra, una sensación extraña, en la medida en que a veces uno tiene la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas solo para eso, para crear esa
imagen y que en el fondo no se hace. Por ello vamos a ser exigentes no solo en el compromiso claro que exprese el Partido Popular sino también, en el caso de que se plantee la tramitación como proyecto de ley, después en la materialización de esos
compromisos.
Estamos a favor de la regulación y limitación de estas indemnizaciones y vamos a intentar votar a favor de la ética pero, insisto, solo si se comprometen de manera real y cierta. Déjenme que les diga que estamos ante una de las causas, no
la única, que explican la profunda crisis del sector financiero: la impunidad con la que actuaban administradores y gestores, y estamos también ante una de las causas que, al no ser abordada políticamente, más está deteriorando la legitimidad de
nuestras instituciones. De todas. La ciudadanía se pregunta en estos momentos cómo puede haber sucedido algo así y, sobre todo, cómo puede haber tantas autoridades que a lo largo de tantos años han permanecido impasibles ante algo que sucedía
delante de sus ojos y no se evitaba. Me permito sugerir que creo que hay una razón que explica el porqué esa sensación de impunidad con la que han actuado y continúan actuando los directivos de las entidades financieras. Las cajas, pero no solo
las cajas, también los bancos y la mayoría de las empresas cotizadas son entidades patrimonializadas por sus administradores y sus gestores. Este sistema ha creado una casta de capitalistas que no se juegan su capital, que no ponen en riesgo su
dinero, sino que están especializados en jugar con el dinero de otros ganando siempre, sea cual sea el resultado de su gestión. Eso es lo que, desgraciadamente, pasa en nuestra sociedad y ha ocurrido con las cajas y con los bancos.
Permítanme que les diga que tenemos en nuestro grupo una profunda discrepancia sobre uno de los aspectos de la filosofía que emana de la proposición no de ley de Convergència i Unió. Y no es extraño porque partimos de concepciones
ideológicas radicalmente distintas, aunque podamos coincidir hoy. No coincidimos con la idea de que la limitación de los salarios y las indemnizaciones abusivas solo debe establecerse para el sector público o para entidades, como en este caso, que
reciben ayudas del sector público. Discrepamos profundamente
de ellos. Una sociedad debe de establecer, no solo de manera ética sino también legal, determinadas limitaciones al uso de la propiedad privada. Esta sociedad ha convertido la sociedad privada en el único derecho sin límites que olvida la
función social que le exige la Constitución. La función social de la propiedad privada exige que no pueda haber ningún gestor público que cobre esas indemnizaciones, ni tampoco ningún gestor privado que al finalizar reciba esos salarios o esas
indemnizaciones. También el sector privado. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes de verdad creen que ayuda a la legitimación de esta sociedad que la persona que se ha llamado a salvar Bankia sea el señor Goirigolzarri, que cuando dejó su
responsabilidad en el BBVA, una empresa privada, sin duda, sometida al derecho de sus accionistas, se llevara 56 millones de euros de indemnización? Sí, es una empresa privada, pero ¿eso les excluye de tener un comportamiento ético a sus
directivos? No, de ninguna de las maneras. La ética, el uso social de la sociedad, sea pública o privada, debería ser uno de los principios. Está reconocido en nuestra Constitución. Desgraciadamente, algunos conceptos del capitalismo, de ese
capitalismo sin ética que nos ha llevado hasta aquí, nos han conducido a esta situación.
En ese sentido, permítanme que les diga a los representantes del Partido Popular que la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo es la expresión más evidente del fiasco del Real Decreto-ley 2/2012 y de quienes lo votaron. En aquel
momento no solo iba a resolver la reestructuración financiera sino que iba a acabar con los abusos de los directivos con sus salarios y sus indemnizaciones. Y ni una cosa ni otra ha conseguido. Permítanme que les formule una pregunta en voz alta.
Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, ¿están ustedes en condiciones de afirmar públicamente a la sociedad española que la limitación de salarios establecida en el Real Decreto-ley 2/2012 se ha aplicado a algún directivo de banca o
estamos, a lo mejor y posiblemente, ante una de esas estrategias políticas de agitprop, de agitación y propaganda? Preparo el jueves a los medios de comunicación; el viernes les vendo un decreto-ley; consigo que el sábado todos los titulares
digan que el PP limita las prebendas de los bancos; consigo incluso que el dirigente de la oposición, señor Rubalcaba, diga: Esta es una medida que a mí me hubiera gustado hacer pero desgraciadamente no la pude hacer, y a lo mejor es posible que
ni tan siquiera en estos momentos se haya empezado a aplicar. No digo que sea así sino sencillamente que es posible.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, pues, haciendo una petición a todos los grupos de la Cámara -vamos a intentar votar esta proposición después de escucharles y también nos gustaría escuchar al representante del Grupo Popular-: Que sobre
todo no sirva para que este Congreso se lave la cara pensando que resuelve el problema y al final el resultado sea que todo queda igual. Porque eso, como ha dicho el señor Larreina, no solo deteriora a quienes lo hacen sino a todos aquellos que de
buena fe podemos compartir ese proyecto. No hagan que nos sintamos arrepentidos de haber actuado de buena fe apoyando una iniciativa que es justa pero que no nos gustaría que estuviera manipulada políticamente.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Señor Sánchez i Llibre, aunque en el transcurso del debate ha quedado claro que hay una transaccional, a efectos de darle solemnidad.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, señor presidente, hemos transaccionado una enmienda con una parte importante de los grupos parlamentarios. Algunos de ellos la han firmado y los demás que no lo han hecho han manifestado que no se
opondrían a su tramitación.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA EXAMINAR LAS CAUSAS DE LA CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000023).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos a debatir las mociones. En primer lugar corresponde la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de
la crisis financiera en España. Para su defensa tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la crisis que no existía y que se negó, llegó, y el rescate que tampoco existía ya está aquí. Ahora nos tenemos que preguntar si llegará un segundo rescate. Traemos a la Cámara esta moción para solicitar la creación de una
comisión de investigación sobre la mayor crisis-estafa que ha conocido la historia de nuestro país, consecuencia de un modelo de desarrollo inmobiliario insostenible basado en la especulación sin límites sobre el suelo y la vivienda por la que se
han enriquecido banqueros y promotores urbanísticos a costa de dejar a millones de personas con hipotecas abusivas de por vida. Dejan a más de 300.000 familias desahuciadas de sus casas porque perdieron el empleo y no pueden pagar su hipoteca, un
país endeudado con una deuda privada
intolerable y una generación de jóvenes parados a los que se les ha robado la esperanza. Se creó una burbuja inmobiliaria que ha estallado en la cara de millones de personas que sin ser responsables de ello sufren los ajustes y recortes que
han aplicado los diferentes gobiernos de forma injusta.
Las consecuencias son un escandaloso número de parados; un dramático índice de pobreza y desintegración social que afecta de forma escalofriante a más de 2 millones de niños; abuelos que las familias sacan de las residencias privadas para
sobrevivir con su pensión; recorte de empleo y aumento de jornada a los profesionales de la sanidad y la educación; masificación en las aulas en las escuelas; incremento de tasas universitarias; reducciones de salarios en el sector público;
repagos en la sanidad o recortes en investigación. Los drásticos recortes en ayuda al desarrollo se traducen en más miseria y muerte de seres humanos; recortes en el sector de la minería que se levanta justamente; centenares de miles de empresas
y autónomos ahogados por la ausencia de crédito; reformas laborales que facilitan el despido rápido y barato y que destruyen el empleo de muchos mayores condenados al paro, probablemente de forma definitiva.
Ese modelo de desarrollo ha traído aparejado escándalos de corrupción que han deteriorado el valor de la política en España; ha favorecido un inmenso fraude fiscal, con la banca como actor y vehículo esencial, hacia los paraísos fiscales y
una reducción de ingresos a la Hacienda pública que se ha incrementado por las rebajas fiscales a los grandes beneficios y fortunas. La recesión económica es la herencia y el temido rescate ha llegado, paradójicamente, para tapar el agujero de unas
irresponsables entidades financieras, las grandes responsables del desastre, para quienes siempre ha habido y hay dinero disponible ahora con la garantía del Estado.
¿Quién dice que no hay razones para crear una comisión de investigación y que se descubra toda la verdad de lo ocurrido? El pueblo español quiere saber la verdad, tiene derecho a conocer la verdad y este Parlamento, si realmente representa
el sentir de los ciudadanos, debe investigar a todos los que han tenido responsabilidades en la toma de decisiones que han creado tanto sufrimiento a tanta gente y que han llevado a este país a un estado de shock. Hay que investigar a los
responsables que facilitaron con leyes del suelo que los promotores pudieran construir en cualquier parte del territorio sin exigencia de viviendas protegidas, a los bancos que incrementaron el crédito en el sector inmobiliario movidos por la
especulación, superando los propios depósitos de los clientes y contrayendo una inmensa deuda externa que hoy nos asfixia. Hay que investigar por qué la banca extranjera concedió ingentes cantidades de préstamos a la banca española para ahora poner
un corsé de acero a las cuentas y a, lo que es más grave, la soberanía del Estado, del Gobierno, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Hay que investigar por qué se sobretasaron las viviendas y el suelo para dar créditos por encima
del valor real de las promociones con el afán lucrativo de cobrar más comisiones. Hay que investigar las estafas en las participaciones preferentes o en las cláusulas suelo. Hay que investigar las empresas que propiciaron avales colectivos que
afectaban determinadas entidades especialmente entre los inmigrantes. Hay que investigar por qué se hacían campañas tan agresivas hacia los ciudadanos ofreciendo préstamos a treinta o cuarenta años con hipotecas imposibles de digerir por los
usuarios. Hay que investigar a los ejecutivos de las entidades financieras que decidían sobre los créditos muy arriesgados, que sin duda se concedieron por infinidad de entidades, y los créditos que han sido condonados. Hay que investigar los
consejos de administración de las entidades de ahorros y saber su nivel de información, opinión y decisión sobre las operaciones de alto riesgo que se acordaban.
Hay que investigar a los gobernadores del Banco de España -gobernadores del Banco de España-, que no hicieron nada ante el endeudamiento temerario de la banca y saber por qué desoyeron las denuncias presentadas en la última década -última
década- por los inspectores del Banco de España. Hay que investigar las actuaciones de la CNMV en su responsabilidad como supervisora de los mercados de valores. Hay que investigar a los directivos que se llevaron insultantes retribuciones y se
blindaron con pensiones escandalosas muy lejos de los resultados que obtenían las propias entidades. Hay que investigar a los directivos y consejeros que consiguieron créditos preferentes en las entidades que administraban. Hay que investigar las
operaciones crediticias inviables, que se concedieron a muchos promotores urbanísticos y hoy adeudan a las entidades financieras. Hay que investigar a las agencias de calificación, que han determinado el crecimiento de la prima de riesgo. Hay que
investigar todo y a todos, caiga quien caiga, porque esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural, aquí hay responsables y víctimas, y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este fraude de unos cuantos. Nunca
estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad. La credibilidad interna y externa solo puedo llegar de la mano de la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades.
Concluyo, señorías, diciendo que el peor mensaje que puede dar este Parlamento es decidir no crear la comisión de investigación, porque mucha gente de este país podría llegar a dos conclusiones: una, que parte de los responsables se sienten
en estos escaños; o dos, que se pretenda encubrir a los auténticos responsables del desastre. Por todo ello hay que investigar todo y a todos porque este país tiene derecho a conocer la verdad y por eso les pido modestamente el voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
A esta moción se ha presentado una enmienda. Para su defensa, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte la preocupación de Izquierda Unida sobre que cinco años después del inicio de la crisis no haya ningún diagnóstico compartido sobre sus causas. Es todavía habitual ver salir a ministros o a exministros que presumen de
que durante su mandato se crearon muchos empleos, presumen de que se redujo el déficit público y en la misma frase abominan de la burbuja inmobiliaria que, precisamente, provocaba estos efectos de los que presumen. Esto no sucede en otros países
como Estados Unidos en que se ha reflexionado sobre lo sucedido.
Fíjese, señor Lara, la situación en nuestro país es todavía peor, porque no solo no hay un diagnóstico compartido sobre qué pasó hace cinco años, es que ni siquiera hay un diagnóstico compartido de qué pasó hace tres o cuatro días. Es mucho
más preocupante que lo que ustedes nos plantean. Nuestro grupo, basándose en la lógica, en las publicaciones internacionales de los medios de comunicación, en las declaraciones de otros mandatarios, tiene una versión de dónde estamos ahora mismo.
Según nuestro grupo, el jueves o viernes España se había convertido en una amenaza para la zona del euro, de forma que el presidente Obama pidió intervenir antes de las elecciones griegas. Eso llevó a una serie de presiones internacionales sobre
nuestro país, de forma que el Fondo Monetario Internacional incluso anticipó cuarenta y ocho horas la publicación de su informe. Como resultado de esas presiones se produjo un rescate de nuestro país. Un rescate que, efectivamente, va destinado a
la banca pero a través del Estado, a través del FROB, de forma que es un rescate al Estado para que rescate a la banca. Como eso es un préstamo va a aumentar la deuda pública en 10 puntos del PIB. Preveíamos acabar el año en el 80 % y vamos a
pasar al 90 % del PIB, y ese préstamo tiene condiciones que son explícitas en el caso de la banca y que son implícitas en el caso del Gobierno. Como el Eurogrupo comentaba en su comunicado, se revisará de cerca y regularmente si España cumple sus
objetivos de déficit, de reformas estructurales, y eso condicionará los pagos.
Fíjese en nuestra visión de dónde estábamos hace tres o cuatro días, no hace cinco años, y fíjese la visión del Gobierno, que conocemos a través de la televisión porque no la conocemos en la Cámara. Según el presidente del Gobierno, en
declaraciones en televisión camino del partido de la Selección Española de Fútbol, decía que en realidad este préstamo se quería; era algo por lo que él ha presionado, aunque unas horas antes negaba escandalizado que se fuera a pedir; es algo que
forma parte de un plan al que ya hizo referencia en su discurso de investidura; y es un éxito, casi es una especie de regalo. Les sobran 100.000 millones de euros a los europeos y nosotros, aunque no lo necesitamos, por no hacerles un feo, se lo
vamos a aceptar. No hay problema porque la banca es quien lo recibe y lo va a devolver íntegramente. Además, como no se pone ningún tipo de condiciones deberíamos estar poniendo el champán a enfriar.
Si no nos ponemos de acuerdo sobre lo que ha pasado hace tres días, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que ha pasado hace cinco años? Nosotros compartimos el espíritu de su moción y el sentido de nuestra enmienda es que ustedes
prejuzgan el resultado. Hablan solo de la crisis financiera. Creemos que la crisis tiene también unas raíces institucionales y políticas que han interferido en la crisis financiera, porque no en vano las cajas de ahorros estaban politizadas y no
en vano la respuesta se ha ralentizado por el papel de las comunidades autónomas en la gestión de esas cajas. De ahí el sentido de nuestra enmienda, no prejuzgar que la crisis es solo financiera sino ampliarla porque tiene también unos componentes
políticos e institucionales.
En los años ochenta había un grupo musical, cuyo nombre no voy a citar para evitar los malos augurios, que tenía una canción muy divertida en la que se hacía cuatro preguntas filosóficas que eran: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?,
¿adónde vamos?, ¿estamos solos en la galaxia o acompañados? En este país quiénes somos no está claro. Para el anterior presidente del Gobierno la nación es un concepto discutido y discutible. De dónde venimos, como su moción también plantea, en
absoluto está claro. Hace cinco años pasó algo, pero todavía no sabemos qué. Adónde vamos, el presidente del Gobierno todavía no nos lo ha explicado y no sabemos si él mismo lo sabe. Y si estamos solos o acompañados en la galaxia, será de lo que
acabaremos hablando en este Congreso si se nos evaden todos los problemas que afectan a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Mixto, que también comparte el tiempo, tiene la palabra en primer lugar la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural nos presenta una moción que si justificaba claramente la urgencia en la interpelación la pasada semana, ya, después de este fin de semana, esta moción queda más que justificada y
adquiere, en opinión de Geroa Bai, una dimensión de calado. Hay que tener en cuenta que acudir al rescate del sector financiero comprometiendo las cuentas del Estado en la nada desdeñable cantidad de 100.000 millones de euros sin pararse a analizar
el porqué, sin pararse a analizar la responsabilidad y sin pararse a analizar los errores, nos parece francamente una irresponsabilidad.
El Grupo Popular tiene hoy la oportunidad -y haría bien en recoger el guante que le lanza el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y yo creo que el conjunto de los grupos parlamentarios con nuestro posicionamiento- de reconducir una
manera de hacer las cosas que poco o nada de razonable tiene, usando la política del avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra o, en
este caso, utilizando como pantalla -lo ha hecho hoy el Grupo Parlamentario Popular en este debate y lo hacía el pasado fin de semana- un estadio de futbol. La crisis está en un sector, el financiero español, que no era tan aguerrido como
nos lo pintaban, sino todo lo contrario. Conocer exactamente sus debilidades es requisito indispensable para salir con bien de esta crisis. Lo contrario, repito, señores del Grupo Parlamentario Popular, a nuestro entender, es una
irresponsabilidad.
Fijo la posición de manera más que breve, casi telegráfica, presidente, para señalar que Geroa Bai votará a favor, como no puede ser de otra manera, de la moción que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, si bien nos
gustaría ver al grueso de esta Cámara diciéndole al conjunto de la ciudadanía lo que quiere oír, que estamos dispuestos a investigar, a analizar y sobre todo a aprender de los errores cometidos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Anchuelo, la canción a la que usted ha hecho referencia ahora es del grupo vigués Siniestro Total. Por desgracia, creo que el nombre de este grupo no puede ser más definitorio de la actual situación.
El BNG ha suscrito, junto con Esquerra Republicana de Cataluña y el grupo proponente, la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las causas de la crisis financiera. Por lo tanto, como es obvio, vamos a dar apoyo a esta
moción. Si alguna virtualidad tiene la gravísima situación que estamos viviendo es que por fin pone el foco sobre las causas reales de la crisis. Porque la crisis no se ha debido a ninguna de las causas sobre las que la derecha ha intentado
centrar el debate público en los últimos años. No se ha debido precisamente a la supuesta rigidez del mercado laboral, no se ha debido precisamente a un gasto público excesivo o a que presuntamente el sistema de pensiones o el sistema sanitario
sean insostenibles, pues el gasto social por habitante es sensiblemente inferior al de la Europa de los Quince. La derecha ha utilizado la crisis como coartada para intentar imponer su modelo, desviando el centro de atención de los verdaderos
problemas. La causa central de la crisis está en el sector financiero, fruto de su excesivo predominio, de su excesiva concentración, de su falta de regulación pública y de su orientación hacia actividades especulativas totalmente desconectadas de
las necesidades de la economía real.
Señorías, llegados a esta dramática situación que estamos viviendo, ¿quién rescata a los ciudadanos de las prácticas del sector financiero y de sus consecuencias para el conjunto de la sociedad? Porque aunque el Gobierno nos pretenda hablar
de los mundos de Yupi, lo cierto es que la factura de la crisis del sector financiero y de su rescate la tendremos que pagar todos los ciudadanos en forma de nuevos recortes, de nuevos retrocesos en materia de derechos económicos y sociales. Ante
esta situación, lo mínimo exigible -y subrayo, lo mínimo exigible- es examinar las causas que han provocado la crisis en el sector financiero; lo mínimo exigible es examinar prácticas fraudulentas como las que han provocado un auténtico corralito
entre los pequeños ahorradores, como es el caso de la emisión de participaciones preferentes; lo mínimo exigible es que el presidente del Gobierno comparezca ante esta Cámara a rendir cuentas, y por último lo mínimo exigible es depurar
responsabilidades, todas y cada una de ellas. Por esta razón, señorías, el BNG apoya esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, lo primero que quiero hacer es anunciar el voto favorable de Amaiur a esta muy buena iniciativa de La Izquierda Plural. Encaja además plenamente con la petición realizada en su día por nuestro
grupo, por Amaiur, para que nos fuera facilitada por parte del Gobierno la relación de las cincuenta principales entidades, bancos y fondos poseedores de la deuda pública española, información que, dicho sea de paso, nos fue negada por la Mesa
haciendo una interpretación que, desde nuestro punto de vista, era torticera e interesada.
Como regla general, estamos viendo que la desinformación y el ocultismo son una práctica habitual y regla de oro por parte de este Gobierno del Partido Popular, tal y como se ha puesto en evidencia en el caso de Bankia. Queremos hacer
referencia también a que algo de esto está ocurriendo en nuestra tierra, en la que el Partido Popular, unido a UPN, su correveidile en esta Cámara, y al Partido Socialista de Navarra, se está negando a dar información sobre la Caja de Ahorros de
Navarra. Amaiur ha dicho estos días en relación con el rescate que la banca española, más que ser rescatada, lo que necesita es ser investigada, procesada y juzgada, y en eso estamos.
Queremos hacer aquí a los señores del Gobierno, en su mayoría ausentes, tres preguntas que no son de Amaiur, sino que se están haciendo hoy en la calle millones de personas. La primera: ¿quiénes son, con nombres, apellidos, DNI y
afiliaciones de partido cuando las tengan, los responsables de haber conducido a tantas cajas de ahorro y bancos a la bancarrota financiera? Segunda y más importante que la anterior: ¿a dónde han llevado los miles de millones de euros que se han
repartido en sueldos, sobresueldos, dietas, indemnizaciones y dividendos para, sabiendo dónde están estos dineros, proceder al embargo de las cuentas corrientes y de sus fondos? Y tercera y última: ¿por qué no están en la cárcel
preventivamente todas estas gentes, habida cuenta del extremo grado de peligrosidad social que presentan?
Señores ausentes del Gobierno, en el caso de que ustedes no acepten el contenido de esta moción presentada por La Izquierda Plural, pensamos que lo suyo, desde un punto de vista democrático, por supuesto, es de juzgado de guardia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, La Izquierda Plural nos trae hoy una moción para su debate y votación cuyo fin es la creación de una comisión de investigación para conocer las causas de la
crisis financiera. No será nuestro grupo quien ponga trabas a la información y a la transparencia. Creemos que en ese tema y en otros son precisas la máxima información y la máxima transparencia. Los ciudadanos tienen el total derecho a conocer
la realidad, las claves de la crisis financiera, una crisis que afecta a sus bolsillos e incluso a sus puestos de trabajo. Vaya pues por delante nuestro apoyo a esta iniciativa.
Sin embargo, quisiera señalar que no debiéramos generar desde los grupos parlamentarios confusión alguna al respecto. Hay ya en esta Cámara, que yo sepa, una solicitud de creación de una comisión de investigación para analizar la situación
del sector y conocer a fondo lo que ha ocurrido en entidades como BFA-Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, etcétera, y delimitar las responsabilidades de los gestores, directores y consejeros de las mismas, una solicitud que, desgraciadamente,
ha sido -me imagino- o posiblemente será denegada por el Grupo Popular, cuyo papel obstruccionista es más que evidente en esta materia, en primer lugar, no permitiendo la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar su posición y los
detalles del rescate del sistema financiero y, en segundo lugar, por la negativa, hasta el momento, a que en la subcomisión del FROB o en la Comisión de Economía comparezcan los actores principales de la situación financiera actual, de manera que
los ciudadanos, a través de esta Cámara, conozcan de verdad lo que está pasando. Esta iniciativa es, pues, una más que, como todas las que se presentan en este sentido, contará con nuestro apoyo.
Si me permiten, señores de La Izquierda Plural, les diría que los contenidos que concretan en la moción son, a nuestro juicio, más propios de un curso en materia financiera que de una comisión de investigación pero, no obstante, estoy
convencido de que en el caso hipotético, nada fácil, de que la comisión vaya hacia delante, tendremos la oportunidad de concretarlo con el fin de obtener el mayor rendimiento político de dicha comisión. Quisiera, por último, aprovechar esta
intervención para pedir al Gobierno y al Grupo Popular que reflexionen de verdad sobre la necesidad de conocer lo que está pasando en el sistema financiero y el derecho a ello de unos ciudadanos que se encuentran desinformados y enormemente
preocupados por el devenir de los acontecimientos y del impacto que ello tiene en sus vidas, en su trabajo, en sus ahorros, en sus expectativas. El Gobierno no lo puede negar, no lo debería hacer; no es normal ni comprensible que la Unión Europea,
los auditores externos, el Banco de España y tantos otros conozcan una situación que ignoran la mayoría de los ciudadanos. Por eso votaremos desde el Grupo Vasco por la transparencia y por la constitución de la comisión de investigación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera hacer una observación al grupo parlamentario proponente, al señor Lara, en el sentido de decirle que nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió no acepta lecciones de modos ya que esta mañana se han
producido unas manifestaciones por parte de un miembro de su grupo parlamentario que se descalifican por sí mismas.
Señor Lara, el que Convergència i Unió no comparta la estrategia de La Izquierda Plural no significa ni muchísimo menos que no seamos conscientes de la necesidad de conocer lo que realmente ha sucedido en la gestión de determinadas entidades
financieras, concretamente en Bankia y en otras entidades financieras, en las cuales también existe un capital mayoritario del Estado, o lo que es lo mismo, con ideas financieras que han estado nacionalizadas con dinero público. Hay otros grupos
parlamentarios que exigen una comisión de investigación porque saben que realmente aunque la exijan -no hablo de su grupo parlamentario- finalmente no se va a producir porque la mayoría absoluta lo va a impedir. También podríamos adoptar una
actitud de cierto filibusterismo político de pedir una cosa cuando sabemos perfectamente que no se va a aprobar. Por tanto, entendemos que en estas cuestiones hay que ser realmente serios, o al menos esto es lo que pretende nuestro grupo
parlamentario. Ser serios, hacer planteamientos serios como los que hemos hecho recientemente en una iniciativa parlamentaria en la que hemos conseguido la unanimidad de todas las formaciones políticas para dar mensajes positivos a la sociedad.
En Convergència i Unió nos interesan dos cuestiones. En primer lugar, conocer la verdad, y por este motivo exigimos la máxima transparencia y la máxima agilidad para que podamos conocer con la máxima claridad qué ha sido realmente lo
sucedido en determinadas entidades financieras nacionalizadas. En segundo lugar, a Convergència i Unió no le interesa convertir a España
en estos momentos en un circo y dar oportunidad a que en momentos tan difíciles como los presentes se pueda dar satisfacción a quienes esperan un titular y se pueda perjudicar así la imagen de España y la delicada situación económica por la
que está atravesando la economía española. Precisamente nosotros, para poder conciliar estos dos objetivos, conocer la verdad con la máxima transparencia y con la máxima credibilidad, hemos pedido desde el primer momento en que se nacionalizó
Bankia la comparecencia del gobernador del Banco de España en abierto y en la Comisión de Economía para que a través de esa comparecencia pudiéramos saber técnicamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido con determinadas entidades
financieras y a partir de conocer realmente el relato por parte del organismo supervisor, poder actuar en consecuencia. Tampoco entendemos cómo queriendo venir el ex gobernador del Banco de España a esta Cámara, el Partido Popular, en este caso el
grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, haya impedido continuamente esta comparecencia. Nosotros no compartimos esta actuación, no compartimos esta posición. Desde el primer momento, Convergència i Unió ha sido el primer grupo
parlamentario que ha presentado una iniciativa de comparecencia del gobernador del Banco de España para que nos explicara realmente cuál es el relato, qué es lo que ha pasado con la nacionalización de Bankia, porque no llegamos a comprender cómo en
la comparecencia del gobernador del Banco de España en la Comisión de Presupuestos, también pedida por Convergència i Unió, cuando le manifestamos que nos detallara cuál era la situación de determinadas entidades financieras en proceso de
supervisión de sus diferentes planes de viabilidad -concretamente nos referíamos a Bankia- su respuesta fuese que no había absolutamente ningún problema y que estas entidades financieras no sufrirían ninguna alteración en los planes de viabilidad
que habían presentado en el banco. Por tanto, lo que nosotros pedimos es máxima claridad, máxima transparencia, conocer exactamente la verdad y que no se juegue con los sentimientos de las personas, de la sociedad española, que está esperando
determinadas conclusiones y determinados mensajes de esta Cámara. Y ustedes saben perfectamente que con una comisión de investigación no se pueden dar a la sociedad diferentes mensajes que ustedes saben que no van a ser reales. Por tanto, no vamos
a apoyar esta iniciativa parlamentaria, nos vamos a abstener y, a partir de estas consideraciones, vamos a continuar intentando que comparezca el gobernador del Banco de España para poder conocer de primera mano cuál es el relato y, a partir de ese
momento, adoptar las consideraciones oportunas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en esta moción que presenta La Izquierda Plural. Mi grupo, señoras y señores diputados, coincide con el Banco Central Europeo en que el Gobierno ha gestionado la crisis
financiera y la crisis de Bankia de la peor manera posible. Hemos solicitado las comparecencias en esta Cámara de todos los responsables del desastre, pero el Grupo Popular, con su mayoría absoluta, las ha vetado absolutamente todas. Por cierto,
espero que la semana próxima no tengamos que repetir este vericueto parlamentario que han obligado a hacer a La Izquierda Plural para poder discutir este asunto en la Cámara en este Pleno.
Recordemos la secuencia. El Gobierno cifró las necesidades adicionales de saneamiento en Bankia en 4.500 millones de euros; después, entre 7.000 y 7.500; después, en 13.000, y con posterioridad la cifra alcanzada se fue, nada más y nada
menos, que a 23.000 millones de euros, casi 4 billones de las antiguas pesetas. Todo ello ha ocurrido con el veto del Partido Popular para poder dar explicaciones en sede parlamentaria, y es por lo que mi grupo solicitó la creación de una comisión
de investigación sobre Bankia. Por cierto, la historia de la subcomisión del FROB es y ha sido una historia para olvidar. Hemos perdido un mes entero discutiendo si las reuniones debían ser a puerta cerrada o a puerta abierta, discutiendo quién
debería comparecer, cuando estaba claro que debían comparecer los primeros responsables, las autoridades públicas en el ámbito de la supervisión, los gestores de cada una de las entidades comprometidas. Esta gestión deplorable, señorías, no puede
terminar -así lo entiende el Grupo Socialista- con la ley del silencio, con una auténtica ley del silencio para el mayor rescate de una entidad financiera en nuestra democracia y en toda la historia moderna reciente de nuestro país.
Necesitamos conocer, analizar y evaluar las causas que han originado la situación financiera actual de Bankia. Necesitamos conocer y evaluar el plan de saneamiento y las necesidades reales de recapitalización de Bankia y, en su caso, cuáles
son los planes de futuro y la propia estrategia del Gobierno para la instrumentación de estos planes. Y necesitamos, sobre todo, señoras y señores diputados, proponer medidas para garantizar la máxima transparencia en la gestión de esta entidad.
Pero con este Gobierno, señorías, las malas noticias no acaban, obviamente, con el hundimiento de Bankia, con la irresponsable gestión de este proceso y su veto permanente a todas las comparecencias solicitadas. No acaba ahí. Este fin de semana
nuestro país fue rescatado y hoy la prima de riesgo es la más alta desde que existe el euro. En el día más triste en términos económicos y financieros de la historia democrática de España, nuestro país dejó de ser autosuficiente y desde fuera
tuvieron que rescatar a la economía española.
Por todo ello, señorías, mi grupo parlamentario considera que este país y esta Cámara necesitan reflexionar
profundamente sobre la nueva situación en que hemos entrado. Hemos de hacerlo para responder a todas las preguntas que constantemente son vetadas por el Partido Popular en esta Cámara y a todas las preguntas que se hace el conjunto de la
sociedad española. Por ello, señoras y señores, mi grupo considera que es prioritario crear en esta Cámara una comisión de investigación sobre el rescate solicitado por el Gobierno y la propia situación de nuestro sistema financiero, porque es
prioritario aclarar cuál es la condicionalidad de este rescate, porque es prioritario que este rescate no se lleve por delante más derechos sociales de los que ya se ha llevado este Gobierno en este semestre negro para nuestro país y para nuestro
modelo social.
El Gobierno ha afirmado que no habrá más ajustes ni más recortes por este rescate, que no vendrán los hombres de negro. Nosotros no estamos tan seguros. Es más, no les creemos. Y tal y como anunció el secretario general del Partido
Socialista, no aceptaremos que sean la educación, la sanidad y el conjunto de los derechos sociales los que se vean afectados por este inmenso rescate, porque son 100.000 millones de euros los que nos obligamos a devolver como Estado español.
En definitiva, el Grupo Socialista, señorías, considera que no se puede rescatar ni a los bancos ni a las antiguas cajas sin rescatar a los ciudadanos, que están pasando en este momento por enormes dificultades. Si algo ha demostrado este
rescate ha sido la estrategia equivocada e irresponsable del Gobierno. En primer lugar, en el retraso presupuestario por motivos electorales, en la gestión de Bankia, en las cuentas públicas de las comunidades autónomas que gobiernan. Todo ello es
lo que ha llevado a una pérdida completa de credibilidad y a una ausencia total de expectativas que ha terminado derivando en lo que hoy somos, sí, un país intervenido. Por todo ello, quiero anunciarles que mi grupo votará a favor de la Comisión
que hoy plantea La Izquierda Plural y solicitará próximamente la creación de una comisión de investigación sobre el rescate de nuestro país y sobre la situación de nuestro sistema financiero.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Serrano Argüello.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, señor presidente.
En principio, quiero decir que sí, que el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo con el espíritu que está detrás o que inspira esta iniciativa parlamentaria. Entendemos que es el espíritu de la transparencia y el Grupo
Parlamentario Popular está absolutamente de acuerdo con la transparencia. También quiero decirles que sí a calificar de absolutamente inaceptables e hirientes las indemnizaciones multimillonarias en este momento tan delicado y tan doloroso que
estamos pasando todos los españoles de algunos ejecutivos de la banca. En este sentido, quiero recordar dos cosas. En primer lugar, que ha sido este Gobierno quien en el mes de febrero en su reforma financiera ha limitado eso que vuelvo a
calificar de inaceptable e hiriente incluso en este momento y quiero congratularme por el acuerdo que han alcanzado, como no puede ser de otro modo, los grupos parlamentarios en la iniciativa anterior. (Aplausos). En segundo lugar, quiero
manifestar mi absoluto desacuerdo en que se mezcle en el debate o se compare lo que llaman ustedes el recorte en sanidad y en educación con la ayuda a la banca pública. Primero, quiero que hablemos con propiedad. Recortó el que se lo gastó, ese es
el que recortó. (Aplausos). El Gobierno popular lo que está haciendo es ajustar. Y quiero decirles también que la ayuda a la banca pública es financiación, no dinero a fondo perdido, no es gasto público. Por tanto, seamos serios en esta Cámara;
no mezclemos los debates y no seamos demagogos.
Entro ya en la parte de la moción. El Grupo Parlamentario Popular dice sí a la transparencia y decir sí a la transparencia es que las dos reformas financieras han ido complementarias a exigir a la banca que actualice los activos
inmobiliarios que estaban en riesgo. Eso es transparencia. Y como nos gusta la transparencia, hay dos consultoras independientes que están a punto de finalizar sus trabajos. Eso es transparencia. Y como nos gusta la transparencia, hay una
subcomisión del FROB creada precisamente en este Parlamento para que haga el seguimiento y el control de los fondos públicos, de las ayudas a las entidades financieras. Eso es transparencia. Por tanto, sí a la transparencia por parte del Grupo
Parlamentario Popular. (Aplausos).
La transparencia, por tanto, está más que garantizada, pero como algunos se han empeñado en hablar de Bankia, quiero decir que además hay un principio de intervención mínima y que hay algo que ya está en manos de la justicia. También quiero
decirles otra cosa. El Partido Popular va mucho más allá de la transparencia. Al Gobierno popular le interesa... (Rumores). Sí, al Gobierno popular -déjenme que se lo explique- le interesa la pronta y rápida recuperación de la crisis financiera,
por eso felicitaciones al Gobierno y al presidente por conseguir el apoyo financiero que conocimos el sábado, el apoyo de toda Europa. (Aplausos). Eso es tremendamente importante. ¿Por qué le interesa al Partido Popular el saneamiento financiero?
No nos quedemos en los bancos, porque así garantizamos el ahorro de los españoles, que nos importa mucho. Además, hacemos que fluya el crédito a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80 % del empleo, que ese
es el drama de este país y el objetivo que tenemos siempre en el Partido Popular: crear empleo, señorías. (Aplausos). Lógicamente eso es lo que queremos.
Ustedes dicen que con una comisión de investigación quizá se sabe mejor lo que pasó. Les voy a dar algunas ideas. Pasó que de 2003 a 2007 -que ya ha llovido-
había una burbuja inmobiliaria; pasó que en 2006 había una carta de los inspectores de Hacienda al Ejecutivo anterior que hoy leerla haría más que sonrojarse a alguno; pasó que en 2008 Estados Unidos -a sus diecinueve bancos más
importantes- y el resto de Europa ayudaron a la banca pública y hoy están devolviendo el dinero. ¿Y aquí qué pasaba? Que estábamos en la Champion League. ¿Se acuerdan? Aquí no pasaba nada. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
Algunos hablan de Bankia y me sorprende. ¿Cómo no hablarán de Caja Castilla-La Mancha, de CajaSur o de la Unnim? ¿Cómo no se habla de Novacaixagalia o de Caixa Catalunya? ¿Saben que había un señor que se llama Narcís Serra? ¿Se acuerdan
de que había un señor Montilla que pedía dinero público cuando los miembros del tripartito a la vez decían que se querían independizar del Estado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de que la CAM, que mide la sexta parte en dimensión que Bankia, ha
esquilmado el Fondo de garantía de depósitos? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Lo que quiero decirles es que la transparencia está garantizada.
Les voy a dar una segunda razón muy importante. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno se encontró las siguientes cifras: primero, desviación de más del 50 % del déficit; segundo, 14.000 millones de facturas en los cajones a
proveedores; tercero, 16.000 millones de deuda sanitaria; 25.000 de déficit tarifario; 40.000 de agujero en Fomento. Eso en cuanto a cifras. En cuanto a hechos, resulta que las auditorías que hace la Intervención General del Estado dicen que
más de la mitad de las empresas públicas españolas tienen graves anomalías; empresas como ADIF, AENA, el INEM o la Fundación ICO. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos una investigación con todo? ¿Ese es su método de trabajo? ¿Abrimos una investigación con
todo? (Aplausos.-Varios señores diputados: Sí, con todo).
Tercera y última razón. Para el Partido Popular es el momento de trabajar, de mirar hacia delante y de sanear el sistema financiero, lo vuelvo a repetir. Por tanto, en este sentido, prudencia y responsabilidad. Desde aquí mano tendida una
vez más, porque todos sabemos que los españoles quieren que esto se arregle. Además, en el Grupo Parlamentario Popular sabemos que tenemos un Gobierno con determinación que lo está haciendo y lo seguirá haciendo, con o sin ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, gracias.
Desde aquí les vuelvo a decir que mano tendida. ¿Saben por qué les pido prudencia, responsabilidad y apoyo en el saneamiento financiero? Porque se trata de España.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
Señor Lara, hay una enmienda presentada por UPyD. ¿La acepta?
El señor LARA MOYA: Sí, señor presidente, hay una transaccional que me imagino que se ha presentado a la Mesa. Se refiere a esa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS CAMBIOS EN NUESTRO MODELO SOCIAL QUE AMENAZAN EL FUTURO DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000024).
El señor PRESIDENTE: Vamos con la última moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre los cambios en nuestro modelo social que amenazan el futuro de las mujeres españolas. Para defenderla tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna con honda preocupación al comprobar cómo el Gobierno del PP está frustrando el futuro de las mujeres en nuestro país. (Varios señores diputados: ¡Hala!). Aprovechando la crisis, aprovechando la excusa de la crisis,
está asestando ataques letales al modelo social del Estado del bienestar, está imponiendo su modelo ideológico tradicional, antiguo, obsoleto, injusto, conservador. A golpe de decretazo, sin contar con nadie, sin diálogo, sin consenso social, sin
consenso político, imponen un modelo social cuyo sostenimiento precisa que las mujeres acarreen con los graves recortes en servicios públicos. Los recortes y retrocesos que el Gobierno está imponiendo en el modelo social, en la educación, la
sanidad, la dependencia, en las políticas sociales y en los derechos laborales afectan seriamente al futuro de las mujeres y con ellos el Gobierno de Rajoy deja bien claro cuál es su concepto sobre el papel de las mujeres en la sociedad, las condena
al obsoleto y caduco rol tradicional. Lamentablemente, lo de mantener el hogar limpio y puro de su acto electoral en Valencia ha sido algo más que una desafortunada canción. La crisis es la coartada que ha encontrado este Gobierno en lo que es una
auténtica ofensiva ideológica contra los avances en igualdad y derechos de las mujeres conseguido en los últimos años, incluso a lo largo de nuestra historia democrática, una ofensiva que sobrepasa el ámbito de la crisis económica.
Para enmarcar bien el rol tradicional que pretende para las mujeres en la sociedad este Gobierno ha trazado un concienzudo plan que implica a la práctica totalidad de los departamentos, que comienza por cuestionar la propia libertad de las
mujeres para decidir sobre su salud sexual y reproductiva, amenazando la interrupción
voluntaria del embarazo, revisando la dispensación de la anticoncepción de emergencia y el acceso a la sanidad pública de las técnicas de reproducción asistida, que sigue por eliminar de las aulas, en la nueva Educación para la Ciudadanía,
el estudio de la desigualdad de género y que llega hasta recortar las estrategias de prevención de las campañas de sensibilización contra la violencia machista. En su actuación el Gobierno muestra que cuenta con un plan de marcado carácter
ideológico definido para la pérdida de libertad y autonomía personal y para el retroceso en igualdad de oportunidades y de trato para más de la mitad de la población de nuestro país, para las mujeres, y que no ha explicado al conjunto de la
sociedad. Ustedes han mentido también en lo referente a la igualdad porque este cambio de modelo, esta traición a las mujeres que constituye una involución social, no la explicaron. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista, con honda preocupación,
trae al Pleno la moción sobre los cambios en nuestro modelo social que amenaza el futuro de las mujeres españolas, las cuales no pueden ser las que van a pagar en mayor medida esta crisis. Con el retroceso en políticas sociales y la precarización
de la situación laboral de las mujeres el Gobierno, por un lado, pone en grave riesgo la autonomía y el derecho que toda mujer tiene a decidir su propio proyecto de vida. Por otro lado, retrasa la salida de la crisis, profundizando en un modelo
económico ineficiente y socialmente injusto. Hay otra fórmula para salir de la crisis sin desmantelar el Estado del bienestar ni dejar a las mujeres en casa, hay una alternativa mucho más inteligente, más justa y eficaz para salir antes y en
mejores condiciones, y es contando con las mujeres, con las mujeres como parte imprescindible. Por ello proponemos establecer una estrategia coordinada con la Unión Europea que, junto a lo objetivos de crecimiento, mejora y reorientación del modelo
productivo, mantenga la equidad en la prestación de los servicios públicos básicos. Proponemos, en relación con las políticas de empleo y de fomento de la actividad económica y empresarial, recuperar los derechos que la actual reforma laboral ha
eliminado; incentivar la contratación de los programas de formación para el empleo de mujeres en sectores innovadores mediante la creación del fondo para el empleo para pymes y para emprendedores; establecer un sistema de cuotas obligatorias en
los consejos de administración para las grandes empresas; generalizar la aplicación de los planes de igualdad para empresas estableciendo como prioridad para cualquier ayuda pública la reducción de la brecha salarial y la aplicación de planes de
conciliación laboral. También aportamos medidas para la igualdad, equidad y mantenimiento de las prestaciones de servicios públicos básicos como son recuperar la atención a menores, el plan Educa3 y programas de dependencia; seguir en la lucha
contra la violencia de género; preservar la seguridad jurídica y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad; aprobar el plan estratégico de igualdad 2012-2015, contando con las asociaciones de mujeres, y presentar un informe
sobre el impacto de la crisis con el fin de corregir los desequilibrios detectados. Esto es lo que el Grupo Parlamentario Socialista propone hoy y esto es lo que el Partido Popular con su enmienda intenta frenar, porque no quieren que se hagan
visibles los impactos de sus políticas en la vida de las mujeres y porque insiste de forma pertinaz en continuar creando problemas a las mujeres y en la salida de la crisis.
Consecuentemente, no vamos a desvirtuar por completo el argumento y propuesta que como grupo parlamentario hemos traído al Congreso de los Diputados y no aceptaremos la enmienda del Partido Popular. Sí aceptaremos, por el contrario, las
enmiendas de Convergència i Unió y de la Izquierda Plural que tienen valor añadido. Aun así, seguimos pidiendo al Gobierno que rectifique con el propósito de alcanzar una sociedad igualitaria y poder sacar a nuestro país de esta crisis. De no
hacerlo, tengan por seguro que este Gobierno pasará a la historia como el Gobierno de la desigualdad, un auténtico peligro para las mujeres. Señorías, que quede bien claro: no saldremos de la crisis sin las mujeres.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
En efecto, como ha dicho la interviniente, se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, por el Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: No puedo por menos que iniciar esta intervención refiriéndome a alguna cuestión que la señora ministra planteó en el debate de la interpelación. Creo que era obligado hacerlo, pero con la que está cayendo en estos
momentos, aún más.
Se decía en aquella intervención que las mujeres y los hombres constituían el eje central de las prioridades del Gobierno del Partido Popular. Señorías del Partido Popular, eso es tan verdad como que el Partido Popular está cumpliendo con
su programa electoral, con el compromiso que adquirieron con los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, no hay tal verdad. No sigan por ahí porque ya ni ustedes mismos se lo creen y, lo que es peor, ya no nos creen ni los que supuestamente deberían
estar contentos con las medidas que el Gobierno Rajoy ha tomado: los mercados. Decía también la señora Mato que su principal objetivo era lograr que sus hijas tengan una sociedad con mayores oportunidades de las que ella tuvo. Mi grupo, la
Izquierda Plural, aspira a que no solo las hijas de la ministra tengan una sociedad mejor. Queremos que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, haciendo hincapié en estas últimas (porque nosotras y nosotros sí distinguimos, en cuanto a la
desigualdad se refiere, entre unos y otras), que tengan una sociedad mejor, y les podemos asegurar que con las medidas que ustedes están tomando cada vez nos alejamos más de ese modelo de sociedad. Y ustedes, señorías del Partido
Popular, lo saben. También comparto -en este caso sí- con la señora ministra lo que dijo de que las mujeres no tendríamos que tener problemas en el siglo XXI entre tener hijos o tener un puesto de trabajo. El problema está en que sí lo
tenemos. Sí tenemos un problema a la hora de decidir tener hijos o tener un puesto de trabajo. Y si ustedes, señorías del Partido Popular, y la señora ministra lo desconocen, deberían recomendar a la señora ministra que no sea ministra de
Igualdad. Tenemos problemas para ser madres y mantener o iniciar nuestra actividad laboral y tenemos problemas, serios problemas, para decidir sobre nuestra maternidad. Decía también la señora ministra que ha llegado el momento de que las mujeres
decidamos qué queremos hacer con nuestra vida y que nadie -y quiero que por favor, si es posible y el señor presidente me lo permite, se dejen los comentarios y escuchen-, ni el Estado ni el Gobierno ni los partidos políticos, han de dirigirla.
(Rumores). Pues bien, señorías, como soflama no está mal. El problema está que desde el principio ustedes, señorías del Partido Popular, y el Gobierno del Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego silencio porque tiene razón la interviniente y no se la escucha bien. Ruego silencio.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Les decía que ustedes desde el principio nos la quieren dirigir, tanto la vida laboral como la sexual y reproductiva. Ustedes son intervencionistas; ustedes nos quieren rescatar de no sabemos qué y nosotras, como los ciudadanos españoles
en su conjunto en otra materia, no queremos ser rescatadas por ustedes.
En cuanto a las enmiendas, estamos de acuerdo, señorías del Partido Socialista, en que tenemos que recuperar los derechos que hemos perdido en materia laboral. Pero, señorías, no solo la última reforma ha supuesto una merma en esos
derechos, que lo ha hecho sin lugar a dudas y mucho. También la reforma anterior, la que ustedes hicieron, abrió brechas en las relaciones laborales y, como ustedes saben, las mujeres somos las primeras perjudicadas en este sentido. Lo que hoy nos
está pasando nos tiene que servir para reconocer errores y recuperar lo que nunca debimos dejar que nos quitaran. A las mujeres, cada paso que hemos dado en la reivindicación de nuestros derechos como ciudadanas, tanto laborales como reproductivos,
nos han costado sangre, sudor y lágrimas. Quizá por eso cuando a lo largo del tiempo se han ido aprobando normas o leyes que nos afectan, aunque estas fueran timoratas o se quedaran claramente cortas, las hemos recibido como mal menor. Pero hemos
de seguir luchando, hemos de seguir avanzando, tenemos que ir quitando trabas que nos limiten, de ahí nuestra enmienda en la que hablamos de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y de tomar medidas contra la hipocresía -insisto,
la hipocresía- de la objeción de conciencia. Sigamos avanzando, señorías.
Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de contar con informes que nos permitan conocer el impacto que la crisis que estamos sufriendo y padeciendo todos los ciudadanos -y de manera especial las mujeres de este país- tiene sobre las
relaciones laborales de las mujeres. Por eso mismo han de tener carácter anual. Debemos conocer en el día a día cómo nos afectan a las mujeres los problemas de la crisis, los problemas que con ella van añadidos. Así cumpliríamos también con
normativas del ámbito europeo, cosa que parece que tenemos ya pocas ganas de cumplir. Son en todo caso, señorías, enmiendas que pretenden avanzar en un camino que nunca hemos tenido fácil, que seguimos sin tener fácil. Está demostrado que las
sucesivas crisis que tiene el capitalismo han llevado a las mujeres a retrocesos importantes. Señorías, hoy deberíamos de reconocer todos y cada uno y todas y cada una de los hombres y mujeres que nos sentamos en los escaños de la izquierda que el
capitalismo ha fracasado. Sabemos que ellos no lo reconocerán nunca, pero el capitalismo ha fracasado y hay que buscar un modelo alternativo que luche por el bien de todos los ciudadanos y no lo que está pasando en estos momentos.
(Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en Convergència i Unió entendemos que la moción que se presenta a debate por parte del Grupo Socialista es oportuna y necesaria puesto que, a raíz de los numerosos cambios normativos que se están realizando como consecuencia de los
imprescindibles esfuerzos de racionalización económica y de austeridad presupuestaria, es posible y fácil que los derechos de los mujeres sufran una amenaza. Por lo tanto, entendemos que es importante que se debata en el Pleno esta posibilidad.
La situación de desigualdad que vive la mujer es una realidad y el hecho de que sea conocida, patente, contrastada, irrefutable y que su existencia no genere controversia entre los grupos parlamentarios y entre la sociedad en general no
puede significar una resignada aceptación de la misma. No podemos, señorías, permitirnos bajar la guardia en esta permanente lucha por la igualdad, como tampoco podemos tolerar como sociedad ni un paso atrás aceptando alguna acción que pueda
suponer una involución. Desde Convergència i Unió entendemos que la lucha contra la desigualdad debe contar con la complicidad de toda la población, que es una obligación y un derecho de ambos géneros acceder
al mercado laboral en igualdad de oportunidades, mantenerse en el mismo en igualdad de condiciones y corresponsabilizarnos en la misma medida de las obligaciones y cargas familiares. Cierto es que hasta hoy hemos dado grandes pasos en la
senda de la igualdad desde el consenso y contando con la valiosa e insustituible ayuda y función de las entidades de mujeres que trabajan incansablemente para que la mujer de hoy tenga más oportunidades que la de ayer desde la convicción de que
mañana será una lucha que habremos ganado. Sin convicción, señorías, no hay causa y sin causa no hay evolución posible.
Quiero, llegados a este punto, constatar unas cifras que no nos son nada alentadoras. A día de hoy, señorías, del total de la población ocupada a tiempo parcial, 292.000 personas, dedicada a atender a menores y dependientes a la vez que
compaginan su trabajo, el 97,10 % son mujeres; del total de la población ocupada a tiempo parcial por causa de otras obligaciones familiares, que son 141.000 personas, el 94,97 % son mujeres; finalmente, por ejemplo, del total de la población en
excedencia por cuidado de hijos, que asciende a 34.128 personas, el 93,80 % son mujeres. Frente a estos datos tenemos otros que son igual de elocuentes: del total de la población que termina estudios universitarios, el 60,53 % son mujeres, más de
la mitad; y no solo esto sino que de la población que ha obtenido premios fin de estudios, el 56 % son mujeres. Estos datos, de los muchos que podríamos facilitar, evidencian en qué medida -sobremedida, diría yo- acarrean las mujeres con los
trabajos en beneficio de la familia, en general, y por tanto sufren en mayor medida el trabajo a tiempo parcial. La elocuencia de los datos nos permite también concluir que no se trata de ningún tipo de incapacidad genética que nos impida acceder y
mantenernos en el mundo laboral en plenitud, puesto que somos nosotras las que más porcentaje de éxito aportamos a los curriculums académicos. Podemos concluir, pues, que el sistema actual hasta la fecha lo que ha hecho es que la mitad de la
población, en general bien preparada y capacitada, vea hipotecado su futuro y alejadas las oportunidades de desarrollo personal y profesional por el solo hecho de ser mujer.
Desde Convergència i Unió consideramos que partiendo de lo conseguido ha llegado la hora de plantearnos si el modelo nos sigue sirviendo y, por tanto, si queremos seguir como hasta ahora, asumiendo renuncias, conciliación y responsabilidad
en solitario o si, por el contrario, estamos en el punto coyuntural óptimo para, haciendo de la necesidad virtud, abordar reformas valientes que permitan a la mujer que así lo quiera acceder a un mercado de trabajo en igualdad de oportunidades,
percibiendo igual salario por igual trabajo, a la vez que la corresponsabilidad sea un modelo de conducta social. Para ello debemos revisar desacomplejadamente el vigente modelo que, si bien nos ha llevado a formarnos con notable éxito, con notable
éxito también nos aparca, que nos ha llevado hasta una ocupación femenina eminentemente precaria, que nos ha mantenido en solitario y en exclusiva, salvo contadas excepciones, en el cuidado de menores y dependientes y que nos hace vulnerables el día
de mañana en lo que a nuestras pensiones se refiere debido a los vacíos de cotización ocasionados precisamente por la norma no escrita de que somos nosotras las que abandonamos nuestro puesto de trabajo por cuidar a familiares tanto por
consaguinidad como por afinidad.
En este sentido van las enmiendas al texto de la moción que desde Convergència i Unió hemos presentado. Creemos que conviene marcar estrategias para abordar grandes reformas y propuestas para que desde el consenso nos sirvan...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ciuró, tiene que terminar.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Voy terminando, señora presidenta.
Por tanto, las enmiendas van dirigidas a abordar la crisis como una oportunidad para que en el futuro podamos compartir de forma equitativa e igual los permisos de maternidad y abordar cambios reales para la reforma de los horarios
laborales, haciendo que el 8-8-8 sea una realidad en beneficio de la conciliación y de la responsabilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Las políticas de igualdad que ustedes han desarrollado en los ocho años del Gobierno anterior han estado faltas de rigor y de seriedad, lo que ha llevado, por un lado, al descrédito y, por otro, a la indiferencia de la totalidad de la
población española, incluidas las mujeres, que son las que supuestamente deberían encontrarse más satisfechas. Flaco favor se ha hecho a la igualdad desde el ministerio con sus peregrinas iniciativas, que dedicaron sus esfuerzos a cuestiones -por
decirlo de forma sencilla- muchas veces anecdóticas, pero poco hicieron para evitar que 2.337.000 mujeres se encuentren actualmente en paro. Las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados, y hoy podemos decir sin lugar a dudas, como puso de
manifiesto recientemente la ministra de Igualdad, que las mujeres españolas tienen menos oportunidades que el resto de las mujeres europeas. Hace quince días la señora Valenciano, y ahora usted, señora Montón, basa su argumentación para la
presentación de una interpelación urgente a la ministra de Igualdad en un supuesto cambio de modelo social que, en realidad, escondería la voluntad del Gobierno del Partido Popular de reasignar el papel de las mujeres en la sociedad y devolverlas a
casa. Se ha olvidado usted, señora diputada, de que quienes las han llevado a casa sin posibilidad de elección
por falta de empleo y por falta de oportunidades ha sido el Gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero. (Aplausos).
Señora Montón, debería usted recordar que el Partido Socialista no tiene la exclusividad en materia de igualdad y que con el Partido Popular se han puesto en marcha, tanto desde el Gobierno central, en su día, como desde los gobiernos de las
comunidades autónomas, destacadas iniciativas que después ustedes no han tenido problema alguno en incorporar a sus propuestas. ¿Sabe usted, señora Montón, que el primer permiso de paternidad en la legislación española se encuentra en la Ley
gallega de igualdad, aprobada en 2004 bajo un Gobierno popular, tres años antes de su incorporación al Gobierno estatal, a la ley estatal? No es más que un ejemplo de que, en materia de igualdad, no pueden dar lecciones al Partido Popular
(Aplausos) que tiene ahora como principal objetivo la recuperación económica del país y la creación de empleo, es decir, conseguir que los más de 2 millones de mujeres sin empleo, que son su más terrible herencia, puedan tener pronto un trabajo.
Eso es lo que el Gobierno pretende con la reforma laboral que ustedes rechazan, pero sin proporcionar alternativas nuevas, puesto que evidentemente la que plantearon en su día ya hemos visto con claridad qué resultados han dado.
En su moción, el Grupo Parlamentario Socialista plantea toda una serie de cuestiones que no vamos a votar favorablemente desde el Grupo Parlamentario Popular, puesto que consideramos que están siendo atendidas desde el Gobierno. Solicitan
ustedes la elaboración de una estrategia coordinada con la Unión Europea, cuando saben perfectamente que esa estrategia ya existe. Hace tan solo unas semanas que el Consejo de Ministros aprobó la remisión a la Comisión Europea del programa nacional
de reformas de España 2012 y la actualización del programa de estabilidad de España 2012-2015. Se empecinan en enviar el mensaje de que la reforma laboral supone un retroceso en los derechos laborales y de conciliación de las mujeres, cuando es
exactamente al contrario. (Rumores.-La señora Montón Giménez: No es verdad). La reforma del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, relativa al permiso de lactancia, supone garantizar la igualdad y facilitar la conciliación. (Continúan los
rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora diputada.
Por favor, rogaría que guardaran silencio para escuchar con atención también a las señoras y señores diputados que están interviniendo en este punto. Por favor, ruego silencio.
Adelante, señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Según la redacción anterior, el permiso de lactancia era un derecho reconocido exclusivamente a la mujer trabajadora que podía cederlo al padre, podía. A raíz de la sentencia de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
consideraba esta regulación discriminatoria para los hombres, se reconoce ahora con esta reforma que el permiso de lactancia es un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. Resucitan ustedes el Plan Educa y sus dotaciones y
prestaciones cuando en su programa electoral del año 2011 había desaparecido y cuando saben que la aportación ministerial, dedicada solo a la construcción de edificios destinados a guarderías, ponía en graves problemas a las comunidades autónomas,
que después debían dotarlos de medios materiales y medios humanos, algo verdaderamente difícil en este momento y que ustedes, durante su última etapa de Gobierno, sufrieron. Pero hay un ámbito, señora Montón, señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, en que el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quiere tender nuevamente una mano a todos los grupos para conseguir el mayor acuerdo posible. Es el de la prevención y la
eliminación de la violencia de género. (La señora Álvarez Álvarez: Entonces, ¿por qué recortáis?). Creemos que aquello que nos une, el rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, y muy particularmente la violencia de
género, es mucho mayor que lo que nos separa y por ello presentamos una enmienda a uno de los puntos de la moción que pone de manifiesto esa voluntad de trabajar conjuntamente y sin fisuras por la eliminación de una vez por todas de ese rosario de
muertes y de agresiones que debe avergonzarnos, pues son el reflejo de una sociedad enferma cuando realmente nos creemos tolerantes y avanzados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora diputada, tiene que terminar.
La señora GÓNZALEZ VÁZQUEZ: No tenemos esperanzas, a juzgar por lo que usted ha declarado anteriormente, de que vaya a ser aceptada esta enmienda, pero queremos que conste con toda claridad nuestra voluntad de que el problema de la
violencia de género deje de ser objeto de diatribas políticas y sea un tema de consenso por fin. (La señora Álvarez Álvarez: ¡Aplícatelo, aplícatelo!).
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
He tenido tres hijas y les he contado muchos cuentos. También han visto las películas de Disney, como todas las niñas y los niños. También, La Cenicienta. Esto viene a cuento -y valga la redundancia- por algunas declaraciones
que he escuchado y leído. 'La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa, recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en el recuerdo de su madre'. 'La maternidad libre hace a las mujeres
auténticamente mujeres'. Cuando escuchamos estas palabras podemos pensar que fueron dichas hace muchos años, cuando aquí, en este país, un dictador imponía el modelo social para las mujeres, un modelo basado en la sumisión y en la desigualdad, en
la de la mujer en casa. Pero no, estas palabras se han pronunciado hace muy poco, y no eran personas anónimas, eran dirigentes del Partido Popular. Las primeras corresponden a la actual alcaldesa de Madrid. Las segundas, a su predecesor y actual
ministro de Justicia. No son palabras gratuitas y sin intención; al contrario, son deliberadas y responden a un modelo que nos quieren imponer, el suyo, el conservador, el mismo que el una jerarquía eclesiástica anquilosada que se ha alejado del
pueblo, de las personas y de las mujeres. Con todas las medidas que han emprendido desde que están en el Gobierno están haciendo retroceder a las mujeres muchos lustros, muchísimos, porque con los recortes de los Presupuestos Generales del Estado
en dependencia de un 13,7 %, ¿quién se hará cargo de los dependientes? Mayoritariamente las mujeres. ¿Quién padecerá en mayor medida los recortes del 42 % en familia e infancia de los Presupuestos Generales del Estado? Las mujeres, naturalmente.
Por último, con su reforma laboral, con su despido fácil, las mujeres tendrán que pensarse si piden a su empresa la conciliación de la vida laboral y familiar y tendrán que pensarse si tienen hijos. Eso sí que atenta contra la libre
maternidad de las mujeres. Y atenta contra la libre maternidad de las mujeres su revisión restrictiva de la Ley del Aborto o sus impedimentos a que las mujeres accedan libremente a la píldora del día después.
Acabo. Señorías del PP, me temo, nos tememos, que con sus medidas las mujeres lo tendrán cada día más difícil para ser personas con plenitud.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego hemos defendido siempre que, para tener igualdad, necesariamente las mujeres teníamos que tener independencia económica. Por tanto, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado es
básica y fundamental. Pero para que la igualdad fructifique y se haga realidad, tienen que reconocerse social y jurídicamente muchos otros aspectos, entre ellos las condiciones de trabajo y la compatibilización de este con la vida laboral y
familiar. Permítanme que haga este pequeño recordatorio de principios porque efectivamente estamos muy alarmados por la deriva que la política del Gobierno está produciendo respecto a estas posibilidades de avanzar en la igualdad. Aquí se acaban
de decir algunas cosas, por ejemplo, cómo se ha llegado a esta situación de paro. Yo recordaría que en mayo del año 2011 el paro femenino era de un 21 % y a estas alturas, en junio de 2012, el paro femenino alcanza casi el 24 %. Por tanto, la
realidad es la que es y no la que queremos que sea.
Las políticas de recortes sociales y de servicios públicos están afectando enormemente a las posibilidades de incorporación de las mujeres al puesto de trabajo, pero sobre todo están haciendo imposibles las políticas de compatibilización.
Nosotras somos, en esta política de recortes del Gobierno, quienes más estamos siendo afectadas, porque no solamente nos vamos a quedar sin unos derechos hoy reconocidos, sino que en muchos casos vamos a tener que sustituirlos. Las mujeres no
queremos volver a ser solo trabajadoras sin remuneración económica, no queremos ser las que sustituyamos las carencias y deficiencias en la sanidad, en la educación, en la atención a personas dependientes, a personas enfermas, etcétera. Es
necesario que no olvidemos que las más afectadas, como digo, somos las mujeres, y no estamos dispuestas a consentir que una vez más en esta situación de crisis se vuelva a hacer un reparto de trabajo que no sea más que una mera división sexual del
mismo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, tiene usted que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo. Señorías del Grupo Popular, ponernos en igualdad a hombres y mujeres es trabajar para la desigualdad de las mujeres, porque las mujeres no estamos en estos momentos en igualdad con los hombres.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señorías, la pobreza tiene hoy más aún cara de mujer y la igualdad de oportunidades es hoy más que nunca una quimera. En este contexto de reforma del mercado laboral que dejará sin trabajo a miles de mujeres,
que reduciendo los servicios sociales arrasa, entre otros, con los puestos de trabajo mayoritariamente femeninos, aumentando así drásticamente sus horas de trabajo reproductivo y de cuidados, hablar de políticas de igualdad es puro teatro. Seamos
claros, este Gobierno está demostrando su decisión. La igualdad no está en su camino, aunque use también a veces pintura morada.
Desde Amaiur apostamos por un modelo económico que asegure derechos sociales, laborales, productivos y reproductivos que acaben de una vez con la discriminación que la mujer sufre hoy en todos los ámbitos. Apostamos por romper con la
dicotomía entre público y privado para construir una sociedad equitativa sustentada
sobre dos patas: unas potentes políticas públicas de prestación de servicios sociales, con centros públicos en condiciones, y políticas laborales que garanticen puestos de trabajo en la economía formal a las mujeres que lo deseen. Ambas
patas, que ya antes no alcanzaban el mínimo deseable, se resquebrajan ahora sin remedio junto al Estado del bienestar.
Nos preguntamos cómo vamos a recuperar los derechos eliminados cara a la mujer en la negociación colectiva si esta ha sido herida de muerte con las recientes medidas y cómo vamos a obligar a las empresas a que disminuyan la brecha salarial
si con la nueva ley tienen las manos libres para todo. Además, dicen que ya nos vamos igualando en todo y todos, y es así, nos vamos igualando a la baja. Las propuestas de la moción son absolutamente necesarias, pero sin base legal para aplicarlas
nos parecen música celestial. Lo que necesitamos son medidas legislativas que, como mínimo, deroguen los dos nuevos decretos-leyes del Partido Popular.
Al PSOE quiero recordarle que se lo ha puesto un poco fácil al PP. Estamos recogiendo en parte la cosecha de lo sembrado, porque en sus dos legislaturas ha otorgado ayudas, pero no ha consolidado derechos y servicios, que son los que
permanecen. Las prestaciones básicas eran insuficientes y no universales y ahora desaparecen. Ejemplos como el de las mujeres sin un trabajo asalariado regular, que solo tienen asistencia sanitaria como beneficiarias de, muestran que no es
suficiente con volver a la situación anterior. Hay que exigir que se consolide el derecho a la prestación sanitaria individual para todas las personas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Sí.
En cuanto a la salud sexual, ¿cómo puede entenderse que solo el 3 % de las interrupciones voluntarias de embarazo se realicen en centros públicos, y allí, en Nafarroa, donde cogobierna el PSOE, no se haya realizado ninguna intervención en el
Servicio Navarro de Salud, incumpliendo plenamente la ley? Así podríamos seguir con otros ejemplos.
Acabo. Desde Amaiur seguiremos luchando por la derogación de los dos decretos-leyes y para que no se apliquen en nuestro territorio y también por el avance de la igualdad sin hipocresías, por un modelo alternativo. Aun siendo críticos con
la moción por considerarla insuficiente, estando de acuerdo con sus objetivos teóricos y si se aceptan las enmiendas que la mejoran, la apoyaremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Dada la hora que es, voy a hacer una intervención breve y concisa desde el escaño, porque creo que ya nos toca conciliar a todos, si le parece. No quiere ello decir que esté menos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Socialista.
Nos parece una moción razonable, una moción que intenta llamar la atención, dar un aldabonazo sobre la posible tentación de que las políticas que se implementen al amparo de la crisis económica sirvan para retroceder en materias que la sociedad ha
considerado muy importantes en la última década sobre todo.
Voy a intentar desmarcarme de esa pelea habitual que suele haber entre el PP y el PSOE de ver quién ha hecho más, porque creo que no se trata de eso. Creo que todos los partidos políticos han aportado en esta materia y también desde
Euskadi. El Gobierno Ibarretxe fue el que impulsó la primera Ley de Igualdad, antes que la Ley de Igualdad aprobada por estas Cámaras. Pero no se trata de eso, sino de que subrayemos y aceptemos todos la filosofía de que los tiempos en los que
estamos no deben suponer una excusa para dar pasos atrás en la igualdad entre hombres y mujeres, y esa igualdad tiene evidentemente un aspecto relevante en el ámbito laboral. Desgraciadamente, se han tomado medidas, se ha tomado un camino que puede
poner en peligro lo que se había avanzado hasta la fecha.
Estamos absolutamente de acuerdo en que la estrategia que se elabore y los pasos que se den en el ámbito de la igualdad por parte del Estado deben estar coordinados con el modelo y con los pasos que se dan en la Unión Europea, teniendo como
objetivo el mantenimiento de la equidad. Ello nos lleva a que también tengamos en cuenta la jurisprudencia europea, jurisprudencia que ya hemos roto, por decirlo de alguna manera, en el ámbito de los derechos laborales. Se ha hecho mención antes a
la sentencia del Tribunal Europeo del 30 de septiembre de 2010 sobre el permiso de lactancia, que ahora corresponde a ambos progenitores según la jurisprudencia europea, sí, pero lo que no se ha dicho por parte de la representante del PP es que en
este momento lo que se hace con la legislación es pretender reducirlo a uno de los progenitores, y sabemos, siendo así, cuál va a ser la parte perjudicada en la pareja.
Por otra parte, cuando hablamos del contrato a tiempo parcial tenemos que saber que estamos hablando sobre todo de mujeres, porque más del 70 % del contrato parcial es de empleo femenino, y nos encontramos con que ahora se autoriza en ese
contrato parcial la posibilidad de realizar horas extraordinarias, situación que muchas veces está en manos de la determinación unilateral por el empleador, con lo cual quienes van a resultar perjudicadas evidentemente también van a ser las mujeres.
También se elimina el derecho preferente de reincorporación a la empresa de las mujeres que solicitan una excedencia para cuidar de sus hijos. Por lo tanto creemos que han sido pasos que exigen la llamada de atención, el aldabonazo por parte de
esta Cámara y nos parece que en ese sentido va la moción.
Creemos -y ya acabo con esto por no entrar punto por punto en lo que se pretende y por intentar ser fiel a esa brevedad que le había anunciado, señor presidente- que lo que no puede valer de excusa es que si hay una legislación y unos
objetivos en la legislación a través de mecanismos paralelos -léase de financiación-, en realidad vaciemos de contenido la ley. Si tenemos una Ley Orgánica de Educación que trata como un objetivo educacional, como parte de la educación, los
programas destinados a los menores entre cero y tres años, a ello deben dedicarse esfuerzos, a ello deben dedicarse programas y a ello deben dedicarse fondos. Lo mismo ocurre con la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva. Si hay una serie de
medidas contempladas en la ley, esas medidas tienen que estar financiadas y tienen que estar también aseguradas por los servicios públicos de salud. Por eso creemos oportuno apoyar esta moción presentada por el Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
El Partido Socialista trae esta moción porque tiene miedo, tiene miedo de que el PP cambie su modelo de avance para no amenazar el futuro de las mujeres españolas. Señorías, nosotros podríamos compartir en gran parte el temor que ustedes
tienen, lo podríamos compartir por las consecuencias de esos recortes, unos recortes que me gustaría recordar aquí por enésima vez que se deben a todo aquello que han hecho ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes, señores del Partido
Popular, en nuestro país, en nuestras comunidades autónomas y en nuestros ayuntamientos. (Rumores). Decía que podríamos compartir esa autocrítica si ustedes también hicieran un mínimo de autocrítica, señorías, pero parece que ustedes se sienten
muy satisfechos, señora Montón, y esto nos extraña, porque a pesar de los indudables avances que ha habido en igualdad en los últimos años -por cierto, señora Montón me gustaría que se hubieran realizado evaluaciones rigurosas del resultado de las
políticas del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero para que pudiéramos saber realmente qué se le debe a aquel Gobierno y qué se le debe simplemente a la sociedad española, a su impulso y a todo lo que ha evolucionado gracias a la educación-, a
pesar de eso, quería decirle, señora Montón, que los niveles del paro -por empezar por algo- en las mujeres y por supuesto también en los hombres es insufrible. Las posibilidades de conciliación, señora Montón, son nulas. Se ha propuesto crear una
subcomisión en esta Cámara y yo de verdad espero que no sea otro ejemplo de esa manera de crear una comisión para no solucionar absolutamente nada. Son nulas las posibilidades de conciliación porque no hay apoyo de las empresas y porque no hay
apoyo de los poderes públicos. Los avances en educación sobre igualdad y salud reproductiva son mínimos. El número de mujeres asesinadas por la lacra de la violencia de género es inamovible, señores del Partido Socialista, y la perpetuación de los
roles sexistas y las diferencias de género en los medios de comunicación son muy preocupantes.
Señora Montón, según un índice hecho público recientemente con datos del Foro Económico Mundial y de la ONU, que mide el ámbito jurídico, la salud y la educación, así como la ocupación y la participación de las mujeres en el ámbito laboral y
político, España ocupa el puesto cuarenta y cuatro. Fente al paraíso de Islandia, que obtiene cien puntos, nosotros, gracias a sus políticas, obtenemos setenta y nueve. Esta es la situación que ustedes y ustedes también, señores del Partido
Popular, nos han dejado. De verdad no sé de qué se enorgullecen, no sé cómo se permiten darnos lecciones de superioridad moral tal y como han dejado el panorama. (Protestas). La moción que ustedes presentan, sí, señores socialistas, es un cajón
de sastre al que le falta rigor. Con algunas de las cosas que ustedes dicen estamos de acuerdo, por ejemplo con la primera, en la que establecen una estrategia coordinada con la Unión Europea para mantener la igualdad en los servicios públicos;
como con algunas de las propuestas de empleo que hacen, como en la enseñanza de cero a tres años. Les hemos escuchado quinientas veces, señorías, hablar de la enseñanza de cero a tres años, a los señores del Partido Socialista y a los señores del
Partido Popular, y no se hace nada. Estamos de acuerdo en la necesidad de un plan estratégico de igualdad. Por cierto, señora Montón, ¿dónde está la evaluación de los planes anteriores? Pero nosotros, señores del Partido Socialista, al igual que
la Unión Europea, no estamos por el sistema de cuotas, sino por solucionar los problemas de base. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas). Sí, señoría, sí. (Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor diputado.
Vamos a ver si atendemos a lo que dice el señor diputado, porque, aunque suba la voz, es imposible oírle si siguen hablando.
Siga usted, señor diputado.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No estamos, señores socialistas, como sí han hecho ustedes, por construir igualdad contra los hombres. Ustedes han construido igualdad contra los hombres y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Algún
día, señorías, esperemos que se acabe con la asimetría penal que ustedes han creado, que crea muchas injusticias y que no ha solucionado nada. No han solucionado nada. (La señora Blanco Terán y varias señoras diputadas pronuncian palabras que no
se perciben).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado.
Señora Blanco, le ruego silencio, que estamos acabando.
Señor Cantó, siga usted.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Simplemente espero a que usted sea tan bien educada como yo soy cuando usted habla. Eso es a lo que estoy esperando, señoría. Es lo único que espero. (Aplausos). ¡No me dé lecciones de igualdad cuando ni
siquiera me deja hablar! ¡No me dé lecciones de igualdad! Pronto vamos a traer a esta Cámara propuestas que tienen que ver con lo que nosotros creemos que es la igualdad real. Vamos a hablar de custodia compartida y a escuchar lo que ustedes
quieren decir al respecto, una herramienta, señoras diputadas del Partido Socialista, ideal para que... (Varias señoras diputadas pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, le ruego silencio.
Siga.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: ...no sean solo las mujeres, como de hecho se quejan a menudo, quienes soporten únicamente la carga del cuidado de los hijos, complicando así su salida laboral. No estamos en el siglo pasado, señoría. Hay
muchos hombres, hay una inmensa mayoría de hombres que estamos deseando enriquecer nuestras vidas con esos quehaceres, pero ustedes no nos dejan, ustedes nos han quitado ese derecho, señoras diputadas. (Varias señoras diputadas pronuncian palabras
que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar porque ha pasado su tiempo. Tiene que terminar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Desde Unión Progreso y Democracia pretendemos trabajar en igualdad, promoviendo los consensos necesarios para que esa igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres avance más, consiguiendo así
un verdadero bienestar para nuestra sociedad, pero, señorías, trabajando juntos, trabajando juntos, señora Montón, señora diputada de La Izquierda Plural, señoras diputadas del Grupo Mixto, trabajando juntos, no trabajando contra nadie.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Señora Montón, como hay varias enmiendas, me gustaría saber cuáles ha decidido aceptar o rechazar.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Hemos llegado a una enmienda transaccional, tanto con Convergència i Unió como con La Izquierda Plural, que espero tengan los letrados, y, si no, la hacemos llegar ahora mismo.
El señor PRESIDENTE: Tienen que hacerla llegar, porque, por lo visto, no está. (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).
Señor Bermúdez de Castro, dígame.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Por el artículo 71, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: A lo largo de esta tarde, en un debate, la representante de UPyD, la señora Lozano, ha vertido una expresión que entendemos que atenta al decoro de nuestro grupo parlamentario. Con buen ánimo, le
pediría que retirase esa expresión públicamente y que quedara excluida del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Lamento que hayan estado ofendidos tantas horas. Si me lo hubieran dicho en el momento... (Rumores). Ah, que no estaba. Si me lo hubiera dicho, lo hubiera retirado en el momento, pero sigue sin decirme cuál es
la palabra que le ha molestado.
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro, diga usted la palabra para que la pueda retirar. (Risas).
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: El término compinches. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Me refería, como es obvio en esta Cámara, a una complicidad política, pero, si se ha podido no entender así, retiro la palabra sin ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco mucho, señora Lozano, su actitud, porque creo que esto facilita las relaciones entre los grupos y entre los diputados. Se lo agradezco de verdad.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DE LES CORTS VALENCIANES, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. (Número de expediente 125/000001).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Quiero decirles que en la votación primera y segunda hay voto telemático, que consiste en que hay una diputada que no está aquí y que ha votado, pero yo conozco el sentido de su voto
y lo sumaré al resultado final.
Empezamos con la toma en consideración de la proposición de ley de Les Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 322; en contra, 321, más 1 voto telemático, 322; abstenciones, 1. Queda rechazada la toma en consideración. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Número de expediente 410/000003).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de la comisión de peticiones y participación ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 325; a favor, 146; en contra, 177, más 1 voto telemático, 178; abstenciones, 2. No se toma en consideración la proposición de reforma.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS PENAS POR DELITOS DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 162/000272).
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con las votaciones referidas a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las penas por delitos de incendios forestales, que se vota en
sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 201; en contra, 10; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA DENEGACIÓN DE INDEMNIZACIONES A ALTOS CARGOS DE ENTIDADES FINANCIERAS QUE HAN REQUERIDO DE AYUDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FROB. (Número de expediente 162/000323).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la denegación de indemnizaciones a altos cargos de entidades financieras que han requerido de ayudas del Estado a través del FROB. Hay
una transaccional que conocen los grupos y pregunto si algún grupo se opone a que se pueda votar. (Denegaciones). Pasamos a votar la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 319; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACION):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA EXAMINAR LAS CAUSAS DE LA CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000023).
El señor PRESIDENTE: Vamos a la votación de las mociones. Moción del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España. Hay una
transaccional que ha sido distribuida a los grupos y pregunto si algún grupo se opone a su votación. (Denegaciones). Como no es así, votamos la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 139; en contra, 175; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS CAMBIOS EN NUESTRO MODELO SOCIAL QUE AMENAZAN EL FUTURO DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000024).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre los cambios en nuestro modelo social que amenazan el futuro de las mujeres españolas. Hay una transaccional que ha sido repartida. Pregunto, ¿algún grupo se
opone a que votemos esa transaccional? (Denegaciones).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez de la noche.