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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 31/05/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 37
Sesión plenaria núm. 36
celebrada el jueves,
31 de mayo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. ('BOE' núm. 114, de 12 de mayo de 2012). (Número de expediente 130/000019) ... (Página5)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
A, número 9-1, de 27 de abril de 2012. (Número de expediente 121/000009) ... (Página25)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 22, de 9 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000016) ... (Página42)
Página
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 25, de 16 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000017) ... (Página42)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 26, de 16 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000018) ... (Página42)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 29,
de 23 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000019) ... (Página43)
- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 32, de 30 de marzo de 2012. (Número de expediente 110/000021)
... (Página43)
- Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 36, de 16 de abril de
2012. (Número de expediente 110/000022) ... (Página43)
- Acuerdo de cooperación sobre un sistema de navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 37,
de 16 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000023) ... (Página43)
- Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 38, de 16 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000024) ... (Página43)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 39, de 16 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000025) ... (Página43)
- Acuerdo para el establecimiento del Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el diálogo interreligioso e intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 40, de 16 de
abril de 2012. (Número de expediente 110/000026) ... (Página43)
- Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho
en Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 41, de 16 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000027) ... (Página43)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaporte diplomático, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 42, de 27 de abril de 2012.
(Número de expediente 110/000028) ... (Página43)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 43, de
27 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000029) ... (Página43)
Página
- Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 44, de 27 de abril de 2012. (Número de expediente 110/000030) ...
Declaración sobre la cuenta general del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2009, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 51, de 21 de mayo de 2012. (Número de expediente 250/000001) ... (Página46)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página51)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página51)
Avocación por el Pleno. (Votación) ... (Página52)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios Internacionales. (Votación) ... (Página52)
Declaración sobre la cuenta general del Estado. (Votación) ... (Página53)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero ... (Página5)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), expone las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Gómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Economía y Competitividad y duplica el señor Gómez Sánchez.
Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro, el señor Jorquera Caselas, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página25)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica ... (Página25)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), presenta a la Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Jorquera Caselas y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Ortiz
Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo y duplican el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Gordo
Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Cierra el debate el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Montesinos de Miguel, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página42)
Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ...
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno Federal Austríaco relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2011 ... (Página42)
Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasificada de interés para la defensa, hecho en Madrid el 17 de noviembre de 2011 ... (Página43)
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Armenia, hecho en Madrid el 22 de julio de 2011 ... (Página43)
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010 ... (Página43)
Acuerdo de cooperación sobre un sistema de navegación por satélite entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Noruega, hecho en Bruselas el 22 de septiembre de 2010 ... (Página43)
Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010 ... (Página43)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 39, de 16 de abril de 2012. ... (Página43)
Acuerdo para el establecimiento del Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el diálogo interreligioso e intercultural, hecho en Viena el 13 de octubre de 2011 ... (Página43)
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre de 2011, hecho en
Nueva York el 17 y 18 de octubre de 2011 ... (Página43)
Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaporte diplomático, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011 ... (Página43)
Acuerdo entre el Reino de España y el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre de 2011 ... (Página43)
Denuncia del Tratado sobre el Estatuto de Eurofor, hecho en Roma el 5 de julio de 2000 ... (Página43)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración sobre la cuenta general del Estado ... (Página46)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2009, así como la resolución adoptada por dicha comisión. ...
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación). ... (Página51)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, se aprueba por 178 votos a favor, 28 en contra y 123 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 328 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página51)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de
televisión autonómica, se rechazan por 129 votos a favor, 182 en contra y 16 abstenciones.
Avocación por el Pleno. (Votación) ... (Página52)
La Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación por el Pleno del debate y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, que es rechazada por
148 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página52)
Sometidos a votación separada, en tres votaciones, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, todos ellos son aprobados.
Declaración sobre la cuenta general del Estado. (Votación) ... (Página53)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del Ejercicio 2009, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se
aprueba por 313 votos a favor y 14 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO. (Número de expediente 130/000019).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con el punto VI del orden del día, correspondiente a la conva
lidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro
de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno para defender y solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 18/2012, de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, una reforma que debe
interpretarse, al igual que el Real Decreto-ley 2/2012 que le precede, convalidado por sus señorías con un 90% de votos a favor, como una medida indispensable en coordinación con las demás adoptadas por el Gobierno para superar la crisis actual.
La pasada semana, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, comparecí a petición propia y atendiendo a la solicitud de la mayoría de los grupos parlamentarios para explicar las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno en
relación con la reestructuración del sistema financiero español. A estas medidas también me referí ayer en la interpelación relativa a las causas de la crisis financiera, así como al resto de actuaciones que está tomando el Gobierno al respecto.
Señorías, la zona euro y la economía española son centro de atención del mundo financiero a nivel internacional. Las dudas sobre la sostenibilidad del euro, tal y como hoy lo conocemos, sumadas a unas perspectivas de crecimiento poco
halagüeñas inciden negativamente en factores tan relevantes en este momento como es el acceso y el coste financiero de la deuda. Ni siquiera las importantes medidas adoptadas en la zona euro, como la firma del pacto fiscal, ni el aumento del
cortafuegos europeo -el ESM- ni las medidas de reforma económica adoptadas en algunos países como España han conseguido eliminar las tensiones en los mercados sobre la deuda soberana y el sector financiero. La incertidumbre sobre la solvencia del
sistema financiero, así como la interdependencia entre la deuda pública soberana y el sector financiero son argumentos que pesan en los mercados a la hora de valorar la realidad española. Por ello, para superar una crisis como la actual, se hace
preciso adoptar una estrategia completa, coherente y ambiciosa que afronte los desequilibrios acumulados y que ha obligado a este Gobierno a tomar medidas urgentes para tratar de hacerla frente en el menor espacio de tiempo y al menor coste posible
para la sociedad española.
El sistema financiero sufre la contaminación del alto endeudamiento de nuestra economía, en particular en sectores de promoción y construcción inmobiliaria. Este fuerte endeudamiento alimentó la burbuja inmobiliaria que terminó llevando a
una extensa pérdida de empleo y que ha afectado a la solvencia de nuestro sistema financiero debido a su elevada exposición al sector inmobiliario. La brusca corrección de esta burbuja y el no reflejo a tiempo de dichos ajustes de precios en los
balances de las entidades de crédito alimentaron las dudas sobre la valoración de los activos ligados al sector inmobiliario y, por extensión, sobre la salud de la cartera del sistema financiero en su conjunto. Las medidas tomadas por el anterior
Gobierno no lograron solventar las dudas que se generaron respecto a la calidad de la cartera crediticia de las entidades financieras. Ello fue especialmente claro en los activos ligados a la burbuja inmobiliaria y, especialmente, en el crédito
promotor, cifrado en más de 307.000 millones de euros, según datos del Banco de España, a finales del año pasado. La falta de una acción decidida que cortara de raíz la creciente incertidumbre supuso que las dudas en el mercado acerca del valor
real de dicha cartera fueran en aumento.
Para atajar el problema de raíz y evitar que un problema de una parte muy concreta de la cartera crediticia se llevara por delante la credibilidad del sistema financiero español, el Gobierno ha decidido tomar acciones decididas para disipar
esas dudas. Con el Real Decreto-ley 2/2012, de febrero, aumentamos las provisiones y los colchones de capital que los bancos deben tener para cubrir eventuales pérdidas en sus activos problemáticos ligados al crédito promotor. Nos concentramos
sobre todo, aunque no exclusivamente, en los activos que ya habían sido calificados como problemáticos, para los que la tasa de cobertura media pasó del 29% al 54%. Ello va a determinar que el suelo tenga una tasa de cobertura final del 80%, la
promoción en curso del 65% y la promoción de vivienda terminada del 35%. A estas provisiones específicas habría que añadir un 7% de provisión genérica que las entidades tendrán que dotar sobre la cartera calificada como no problemática. En
términos agregados, el Real Decreto-ley 2/2012 exige que las entidades destinen 54.000 millones de euros más como precaución ante posibles pérdidas. A pesar de la buena dirección de las medidas, estas no han sido suficientes para eliminar las dudas
sobre la calidad de la cartera ligada al crédito promotor.
Debido al empeoramiento de las perspectivas económicas, las dudas se extendieron a la calidad de aquellos activos clasificados como no problemáticos, pero que en un entorno macroeconómico adverso podrían migrar o transformarse hacia la
cartera problemática. Como ejemplo baste señalar que el Fondo Monetario Internacional, en una de sus conclusiones preliminares de su examen del sistema financiero español publicadas el 25 de abril, advertía de los riesgos asociados a un posible
ulterior deterioro de una cartera inmobiliaria hasta ahora no considerada problemática. Por ello, el Gobierno, el 11 de mayo, requirió un aumento adicional de las provisiones genéricas para los activos inmobiliarios no problemáticos ligados al
crédito promotor. El total de estos activos suma 123.000 millones de euros, y de ellos, el 21% corresponde al suelo; el 13%, a promoción en curso; el 15%, a préstamos con garantía personal y
segunda hipoteca, y, el resto, casi un 50%, a promociones terminadas. Este requerimiento supondrá un incremento promedio del nivel de provisiones del 7% al 30% de aquí hasta finales de 2012, en el caso general. Esto implica unos 28.000
millones adicionales de provisiones para cubrir eventuales pérdidas. El objetivo es claro: anticipar el saneamiento por un hipotético deterioro de dicha cartera como consecuencia de la mala coyuntura económica, disipando así las dudas sobre su
calidad.
Este real decreto exige provisiones adicionales para los activos no problemáticos en un 45% para las financiaciones con garantía de suelo o sin garantía real, en un 22% para promociones en curso y en un 7% para promociones terminadas y
vivienda. Sumando el 7% de la primera fase de la reforma, los niveles de provisiones se elevan respectivamente hasta el 52%, el 29% y el 14% para los activos antes mencionados, siendo el grado de provisión promedio para dichos activos no
problemáticos del 30%, como indiqué anteriormente. El resultado final acumulado tras la ejecución de las fases primera -el Real Decreto-ley 2/2012- y segunda -este real decreto-ley- llevará el total de provisiones y colchones de capital para los
activos ligados al crédito promotor a 137.000 millones de euros sobre un total, como ya he comentado anteriormente, de 307.000 millones de activos, lo que representa un grado de cobertura medio del 45%.
Para dar una idea de la evolución temporal de la cobertura de activos ligados a crédito promotor, es importante recalcar que de ese 45% únicamente un 18%, esto es, menos de la mitad del porcentaje actual, estaba provisionado a diciembre de
2011. Estos niveles de provisiones permiten que, a nivel agregado y haciendo una comparación con niveles de provisiones medias en Europa, España se encuentre entre los países con las tasas de cobertura más altas, tanto sobre activos totales como
sobre activos problemáticos. Además de las mayores provisiones, el sistema financiero español tiene mayor dotación de capital por unidad de activo ponderado por riesgo que otros países europeos, entre otras razones, por una interpretación más
rigurosa de nuestro país de las directivas comunitarias de solvencia. Ello pone de manifiesto la concentración en el tiempo del esfuerzo al que se está obligando a las entidades financieras; esfuerzo que, sin duda, habría sido menor ahora de
haberse iniciado con mayor rotundidad desde que se mostraron las primeras señales de la crisis en el sector hace ya más de tres años.
Señorías, se han exigido más provisiones en los últimos cuatro meses que en el conjunto de los últimos años de la crisis. Dicho esfuerzo provocará a ciertas entidades un deterioro de sus balances debido a que su capital principal o sus
recursos propios resulten insuficientes. Estas entidades habrán de aumentar su capital, bien a través del mercado o, en su defecto, a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB. Este apoyo del FROB podrá instrumentarse bien
bajo participación en capital ordinario o bien de otros instrumentos convertibles en capital. Además del incremento de provisiones, común a la primera fase de la reforma, esta segunda fase introduce un nuevo elemento: la venta de los activos
inmobiliarios del sistema financiero. El objetivo perseguido es el de facilitar la salida del balance de las entidades al mercado de los activos inmobiliarios problemáticos, contribuyendo a dinamizar el mercado inmobiliario. Con este objetivo se
prevé la constitución, en el mismo plazo que el de la dotación de provisiones, de sociedades de gestión de activos inmobiliarios. Estas sociedades aportarán las ventajas de una gestión más profesionalizada, que permitirá al equipo gestor de las
entidades de crédito centrarse estrictamente en el negocio bancario. A tal efecto, las entidades deberán aportar a estas sociedades todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pagos de deuda relacionados con el suelo y con las construcciones o
promociones inmobiliarias. Las aportaciones a dicha sociedad serán valoradas a valor razonable o, en su ausencia por la dificultad de obtención, al valor en libros, tomando en consideración las provisiones acumuladas, incluyendo, lógicamente, este
real decreto-ley.
En el caso de aquellas instituciones que sean participadas mayoritariamente por el FROB o en la que este sea el administrador provisional, el fondo decidirá si la entidad de crédito debe o no constituir dicha sociedad de gestión de activos.
Ello precisará de una memoria económica elevada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se detalle la programación económico-financiera. La Intervención General de la Administración del Estado, con base en dicha memoria
económica, informará al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los posibles efectos de esta operación en las cuentas públicas. Además, aquellas sociedades participadas por entidades de crédito que hayan recibido apoyo del FROB
estarán obligadas a enajenar anualmente, al menos, un 5% de sus activos, lo cual permitirá de manera efectiva que los activos inmobiliarios se pongan en el mercado. Asimismo, el real decreto-ley establece las reglas necesarias para garantizar la
neutralidad fiscal de las operaciones que se realicen en la aportación de los activos a las sociedades para la gestión de activos e introduce medidas impositivas para estimular la venta de los activos inmobiliarios en el periodo desde la entrada en
vigor del presente real decreto-ley hasta el 31 de diciembre.
Señorías, para lograr el cumplimiento de los objetivos perseguidos por este real decreto-ley, las entidades están obligadas a la presentación de los planes de cumplimiento de las nuevas provisiones junto con un programa de desinversión de
activos con riesgo inmobiliario y un calendario de ejecución del mismo antes del próximo 11 de junio. Todo ello también en coherencia con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2012. El plan de cumplimiento deberá contener medidas adicionales de
ejecución en plazo inferior a cinco meses si se prevé la existencia de déficit de capital principal o de recursos propios computables. En un plazo de quince días el
Banco de España valorará dichos planes pudiendo exigir modificación o medidas adicionales pudiendo llegar, si la situación económica financiera así lo aconsejase, a imponer la solicitud de apoyo financiero al FROB. Para aquellas entidades
que vayan a acometer procesos de integración se flexibiliza el plazo de cumplimiento disponiendo de doce meses a partir de la autorización del respectivo proceso para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones. Además, se prorroga hasta
el próximo 30 de junio el plazo de presentación de los proyectos de integración que vayan a realizarse al amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2012.
Señorías, el Gobierno con la finalidad de evitar que, como consecuencia de las provisiones que se exigen dotar en esta disposición normativa, las entidades financieras no pudieran proceder al pago de los cupones de las participaciones
preferentes en circulación por déficit de recursos propios se regula la posibilidad de diferir por un plazo no superior a doce meses el pago por la remuneración prevista. Adicionalmente a las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 18/2012, me
gustaría señalar otras medidas que ha adoptado el Gobierno y que refuerzan la transparencia.
Como ya he tenido ocasión de anunciar, el Gobierno ha encomendado al Ministerio de Economía la contratación de dos evaluadores independientes de reconocido prestigio internacional para realizar una valoración de la totalidad de los balances
del sistema financiero español y de su capacidad de resistencia en un escenario adverso. El resultado de este ejercicio se conocerá a mediados del mes de junio. Este análisis será supervisado por un comité en el que estarán presentes miembros del
Sistema Europeo de Bancos Centrales y contará con el Fondo Monetario Internacional como asesor. Además, en los próximos días se contratarán empresas auditoras para complementar el ejercicio anterior con un análisis más en profundidad. Este
ejercicio consumirá más tiempo y sus resultados se conocerán a finales del mes de julio. Con todo ello, después de un ejercicio de transparencia que va mucho más allá de las prácticas comúnmente aceptadas, se corregirá la percepción que con
frecuencia se tiene de las entidades españolas, generalmente no basadas en información objetiva y fundada. En definitiva, señorías, se trata de despejar las dudas que existían sobre las valoraciones de los activos inmobiliarios del sector
financiero y facilitar el acceso a mercados mayoristas como condición necesaria para que vuelvan a otorgar crédito.
Señorías, después de todo este ejercicio de transparencia, la hoja de ruta en relación con el saneamiento del sector financiero será la siguiente. El 11 de junio se conocerá el resultado del examen del sistema financiero realizado por los
servicios del Fondo Monetario Internacional. Una de las conclusiones de este estudio serán las necesidades de capital de las entidades financieras ante escenarios estresados. En segundo lugar, aproximadamente una semana más tarde, se conocerán los
resultados de los análisis de los dos evaluadores independientes encomendados por el ministerio que dirijo a realizar una evaluación de la capacidad de resistencia en un escenario adverso. Por tanto, a finales del mes de junio tendremos una cifra
concreta de las necesidades de financiación del sistema financiero español. Un mes más tarde, a finales de julio, las auditoras, después de analizar pormenorizadamente el balance de cada una de las entidades, darán a conocer el resultado de su
estudio.
Concluyo ya. El Real Decreto-ley 18/2012, de reforma financiera, implica un extraordinario esfuerzo de provisiones que junto al Real Decreto-ley 2/2012 permitirá tener un sector financiero más eficiente, más saneado e integrado por
entidades más solventes. De esta manera, el sector volverá a estar en condiciones de conceder financiación a la economía real. El Gobierno sabe perfectamente la situación por la que atraviesa la economía española. Conocemos los retos y las
medidas necesarias; con ellas estamos y para ellas les pedimos su apoyo. Si a estas reformas ineludibles unimos un consenso político en torno a ellas, su impacto y sus resultados, y muy directamente sobre la confianza, serán muy superiores. Por
ello, señorías, les pido su apoyo para la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley. Así, el Gobierno -vuelvo a repetir- pone de manifiesto y resalta la necesidad y la importancia de su apoyo al análisis conjunto de la situación del
sector financiero en un momento delicado y complejo para la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.
Se ha solicitado turno en contra por el Grupo Socialista. Para defender ese turno, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, subo a la tribuna para explicar la posición del Grupo Socialista en este debate de convalidación del decreto-ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero. Hace solo tres meses tenía
lugar un debate similar a este en esta Cámara, tan similar que tenía prácticamente el mismo título, decreto-ley de saneamiento del sector financiero. Señor ministro, no han sido originales ni en el título; es el mismo que el del decreto pasado y
le añaden las siguientes palabras: venta de activos inmobiliarios. Entonces el Grupo Socialista votó a favor. Lo hicimos por coherencia, lo hicimos porque en lo esencial suponía una continuidad en el camino de reformas en España que se emprendió
tras la quiebra de Lehman Brothers y el estallido de la crisis financiera internacional, pero sobre todo lo hicimos por responsabilidad, porque ustedes, más allá de una conversación telefónica de algunos minutos el día de antes del Consejo de
Ministros, no tuvieron tiempo de consultarlo con nosotros.
Antes de seguir, señor ministro, le quiero indicar una cosa. Ustedes tienen la mayoría absoluta. Dicho de forma cruda, ustedes pueden hacer en esta Cámara lo que quieran, por supuesto dentro de los límites que impone la ley, pero en esos
bancos que hay a mi izquierda se sientan, entre otros, los diputados del Partido Socialista Obrero Español, unos escaños que han sostenido a los Gobiernos de España durante veintidós años, desde la aprobación de la Constitución de 1978. Hace ciento
dos años que se sentó en ellos el primer diputado socialista en la historia democrática española. No le digo todo esto desde la solemnidad, pero tiene que quedarle claro: usted no puede llamar el día antes de aprobar una norma de esta
trascendencia al que hoy es el principal partido de la oposición; no lo puede hacer. (Aplausos). Entonces, hace tres meses, le dijimos que, votando a favor, sería la última vez que lo haríamos si no había previamente un proceso de diálogo y
acuerdos respecto a las iniciativas del Gobierno en una materia que considerábamos entonces y consideramos ahora como trascendental para nuestro futuro y para nuestro presente como país. Se lo dijimos, pero de poco ha servido. Nos llamaron el
jueves 10 de mayo, sin papeles, de viva voz, la suya, señor De Guindos; el único papel que hubo en la mesa se lo entregué yo, ¿se acuerda?; era el resumen en inglés del texto del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación de
nuestro sistema financiero. Después volveré a ello.
Desde que ustedes dijeron en el decreto-ley de febrero que era imperativo diseñar una estrategia integral de reforma que conlleve el saneamiento de los balances de las entidades de crédito, en grado tal -decían entonces- que recupere la
confianza y la credibilidad en el sistema español -fin de la cita literal-, han pasado muchas cosas. Déjeme que le recuerde alguna de ellas. La prima de riesgo española respecto del bono alemán ha subido en 220 puntos básicos, algo más del 70%.
El IBEX ha bajado un 30% desde el 2 de febrero hasta el 30 de mayo. Nuestras entidades financieras, ahora obligadas a realizar dotaciones de alrededor de 50.000 millones adicionales, han continuado sus procesos de fusión sin ninguna garantía de que
en lugar de crear entidades más sanas y con mayor capacidad de crédito estemos creando entidades más grandes, sí, pero con mucha mayor capacidad de riesgo sistémico. Ha habido alguna fusión, pero también alguna quiebra. La cuarta entidad
financiera del país, Bankia, fruto de la fusión de siete cajas de ahorro, ha tenido que ser nacionalizada de una forma que pasará a la historia de España, sí, pero a la historia de los desatinos; a la historia de los desatinos, señor ministro.
Primero se presentaron ante la CNMV las cuentas anuales de la entidad de Madrid sin la firma del auditor; después se produce la dimisión del presidente de Bankia, el señor Rodrigo Rato, exministro de Economía y exdirector del Fondo Monetario
Internacional. A continuación también hay algún desvanecimiento, pero afortunadamente sin graves consecuencias físicas; lo que se desvanecen son algunos de los mitos creados en estos años sobre la capacidad profesional en la gestión de la entidad.
Muchos años, señor ministro, de gestión deplorable, no digo dos ni tres, digo muchos años de veleidades, muchos años de desvaríos, en Madrid, en Valencia y en otros lugares de la geografía española. (Aplausos). Y por si fuera poco, en medio de un
contexto que pudo terminar perfectamente en pánico financiero, nos dan una magistral muestra de dominio de la situación. Primero nos dicen que la entidad necesita solicitar la conversión en acciones de los 4.500 millones de participaciones
preferentes aprobadas en su día por el FROB; después nos indican que harían falta otros 5.000 millones más en préstamos participativos, ¿se acuerda? Fue el día antes de aprobar la reforma financiera. Después de que la vicepresidenta del Gobierno
dijera que no habría participación en el capital sino préstamos, usted nos dice en la comparecencia de la semana pasada que harían falta no 5.000 más sino seguramente en torno a 9.000 más. Y para rematar, el nuevo responsable de la entidad termina
indicando que son 23.000 millones las nuevas necesidades de capital a aportar por el Estado; no en préstamos, necesidades de capital a aportar por el Estado. No sabemos todavía por qué ni a qué se ha debido esta increíble excursión numérica, no lo
sabemos, pero tendrán que informar y pronto a la opinión pública. Si no han querido comparecencias públicas en la Comisión del FROB o en la de Economía y terminan votando contra la solicitud de la comisión de investigación, en algún lugar tendrán
que decir por qué son 23.000, por qué no 30.000 o por qué no 15.000 y cómo se ha generado este inmenso agujero, un agujero de esta magnitud en una entidad que hace 15 ó 20 años era una de las mejores entidades en cuanto a solvencia y credibilidad en
el sistema financiero español. Se lo digo además porque todo esto no acaba aquí, todo esto lo han hecho prescindiendo por completo del papel del Banco de España y de sus servicios de inspección, la mejor fuente de información todavía -si ustedes no
se empeñan en lo contrario- sobre nuestro sistema financiero.
¿Hemos terminado aquí? Pues aunque parezca increíble no, no hemos terminado aquí, no hemos terminado. A continuación nombran dos compañías auditoras independientes, y aquí las comillas deben ser bien grandes. Dos entidades independientes
en esta materia, además del daño irreparable que han causado al Banco de España, son -permítanme la expresión- más difícil de encontrar que las once mil vírgenes de Jardiel Poncela. (Aplausos).
Señor ministro, ¿están los gobernantes españoles despiertos? No se lo pregunto yo, así comenzaba su artículo sobre el sistema financiero español, la edición impresa de The Economist de hace algunos días. Señor ministro, soy andaluz -no lo
diré muy alto por si acaso se molesta el señor Montoro y nos contesta que seremos los dos andaluces, sí, pero con títulos distintos- (Risas.-Aplausos), y en mi tierra, hace muchos años, cuando alguien iba de visita a alguna casa que tenía la puerta
abierta, como suele ser costumbre en Andalucía,
se decía: Ave María Purísima. Los de dentro solían contestar: Sin pecado concebido. Ahora bien, si los que estaban dentro tardaban mucho en contestar, lo que se oía es: ¿Hay alguien ahí? Esto, señor ministro, es lo que puede estar
pasando hoy en España, que se estén preguntando si hay alguien ahí. Eso es lo que puede estar pasando en España. (Aplausos).
Volviendo a esta semana, hasta anteayer, señor De Guindos, seguíamos sin tener un solo papel. Bueno sí, el resumen del informe del Fondo Monetario Internacional que le habíamos entregado el jueves, pero lo que habíamos hecho al fin y al
cabo era descargarlo de la página web del fondo, o sea que no había mérito alguno que nos debamos anotar al respecto. Anteayer le entregamos un documento, este sí, elaborado por el Partido Socialista. En él planteamos cuatro cuestiones esenciales
que definen nuestra posición en la nueva reforma que, por cierto, no será la única que necesitemos. Esto ya se lo dijimos en la de hace tres meses, pero es que esta tampoco será la última, tampoco será la última. Hemos dicho en este documento, en
primer lugar, que era necesario garantizar la reforma del sistema financiero, que la reforma no le debía costar un duro al contribuyente y que para ello es preciso cambiar la legislación actual, que obliga al Estado a vender sus participaciones en
las entidades nacionalizadas en el plazo de tres años, y que habría que subordinar este plazo hasta que el Estado no incurra en pérdidas por la venta de sus participaciones. Segundo, que no debe contemplarse la creación de instrumentos de apoyo
financiero a las adquisiciones de capital en las sociedades de gestión de activos inmobiliarios. Ello supone ayudar con dinero público al saneamiento de los activos tóxicos, lo que significa al fin y al cabo crear bancos malos, algo que el propio
Gobierno en su día ha rechazado. Tercero, creemos que las ayudas a las entidades financieras deben acompañarse de medidas que alivien la situación financiera de las familias. Para ello hemos propuesto elaborar programas para reestructurar la deuda
de los hogares en consonancia con las recomendaciones del propio Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas mundiales de abril. Cuarto, la ley debe contener un marco de solución para las participaciones preferentes en
manos de particulares para permitir su canje con otras cuentas de pasivo adecuadas. Se trataría de medidas que permitan resarcir a las personas titulares de estas participaciones del inmenso fraude del que han sido objeto y de que se pueda
recuperar la confianza de los clientes en nuestro sistema financiero, una confianza que hoy es, hay que decirlo, casi inexistente.
Señor ministro, la transparencia aquí es imprescindible. Es fundamental que se depuren responsabilidades de todo orden y que la Fiscalía comience a actuar ordenando las actuaciones necesarias. (Aplausos). Más allá de esto, sobre todo, lo
más importante es recuperar el crédito por las propias entidades de crédito. No me refiero solo a que recuperen el flujo de crédito, somos conscientes de que esto no será posible sin una recapitalización bancaria que se nos antoja urgente e
imprescindible, a lo que me refiero es a que recuperen el aprecio, a que recuperen el crédito social, a que no nos den a la sociedad ninguna lección, a que se cuiden de mantener un sistema retributivo adecuado que evite retribuciones escandalosas,
retribuciones que están detrás, no le quepa ninguna duda, del desapego que la sociedad siente en estos momentos hacia las instituciones financieras, fundamentales para nuestro país por otra parte. Señor ministro, sé que ustedes han avanzado algo en
esta materia, y se lo reconozco, pero no debe permitir que ningún directivo de una entidad intervenida o nacionalizada cobre un solo euro de indemnización hasta que no lo ordene el Tribunal Supremo tras el correspondiente contencioso si lo hubiera,
pero que no cobre un solo duro hasta que no lo ordenen los jueces. Ni un solo euro. (Aplausos).
Termino ya, señorías. Es verdad que el Gobierno no siempre elige el calendario de los asuntos a los que debe enfrentarse, pero la verdad es que en materia de calendario tampoco ustedes han sido lo que se dice buenos estrategas, porque lo
cierto es que la nacionalización parcial de Bankia, la petición de 23.000 millones de euros por los nuevos gestores y sus declaraciones -las suyas en este caso- advirtiendo de que el Gobierno pondría todo el dinero necesario se han producido pocos
días después de la aprobación de profundos ajustes en materias trascendentales, ajustes que muy pocos entienden y que nadie, absolutamente nadie, comparte en este país.
Esta es nuestra posición y por eso hemos utilizado el turno en contra. En sus manos está contestar a aquellas cuestiones que he definido como la posición del Partido Socialista en esta materia. El Gobierno tiene además que realizar un
gesto con las comunidades autónomas, convocando cuanto antes una conferencia de presidentes para discutir y determinar la mejor forma de tratar estos asuntos, conferencia que ha solicitado reiteradamente el presidente de la Junta de Andalucía. Si
no lo hace no podrá impedir que todos tengamos derecho a pensar, sin un solo ápice de populismo, que hay dinero para los bancos y no para las camas de los hospitales ni para los pupitres de las escuelas.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gómez, déjeme hacerle una serie de consideraciones. En primer lugar, la crisis financiera no empezó ayer, ¿no? (Aplausos). Empezó hace por lo menos cuatro años (Rumores). Yo miro para delante, señor Gómez, ¿pero vamos a mirar para
delante todos o solamente unos
pueden mirar para atrás? Tenga cuidado, porque si se mira mucho para atrás a lo mejor nos convertimos en estatuas de sal. (Aplausos). Señor Gómez, yo no quería recordarle aquí que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, que esto
no era una crisis, que no había problemas, que el problema era solamente de los demás. Sabe usted exactamente igual que yo que cuando se produjo el proceso de saneamiento y de recapitalización de las instituciones en Europa nosotros nos quedamos
atrás. Además, se hizo en un momento mucho mejor desde el punto de vista de lo que era la solvencia del sector público, un momento en el que todavía se podía admitir perfectamente. Sabe usted, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos se
nacionalizó prácticamente la totalidad del sistema financiero. En el Reino Unido se hizo y también en Holanda, en Francia, en Italia y en Alemania y aquí, señor Gómez, ¿sabe lo que se hizo? Nada (Aplausos).
¿Sabe usted, señor Gómez, cómo se generaron los 310.000 millones de euros de activos problemáticos que en este momento el Gobierno quiere sanear? Pues se lo voy a decir. En el año 2003 el crédito promotor en España era de 75.000 millones
de euros. ¿Sabe de cuánto era en el año 2007, señor Gómez? ¿Le digo la cifra? 325.000 millones de euros. (Aplausos). ¿Gobernaba el Partido Popular entonces? No, señor Gómez. (Protestas.-Varios señores diputados hacen signos negativos). Por
eso mismo le vuelvo a repetir que ha habido equivocaciones enormes. Y desde el punto de vista de concentración temporal usted sabe exactamente igual que yo que se generó una burbuja inmobiliaria cuyo estallido ha llevado a la situación en la que
estamos actualmente.
Señor Gómez, este real decreto-ley va fundamentalmente sobre dos cosas respecto a las que yo quiero que se exprese. ¿Queremos incrementar las provisiones sobre el sector promotor, sobre el crédito promotor, sobre la cartera promotor que
tienen nuestros bancos o no? ¿Ustedes lo quieren hacer sí o no? Si usted dice que no y vota en contra de esto, está yendo en contra del saneamiento de los bancos españoles. (Aplausos.-Varios señores diputados hacen signos negativos). Señor
Gómez, si ustedes votan en contra, están yendo en contra de quitar todos los activos inmobiliarios tóxicos de los balances de los bancos españoles. De esto va, señor Gómez. (Rumores.-La señora Aguilar Rivero y el señor Puig Ferrer pronuncian
palabras que no se perciben). Por tanto, podemos mirar para atrás, pero centrémonos, por favor, porque yo le he dicho muchas veces que quiero mirar para delante. Usted y yo hemos hablado muchas más veces sobre la situación del sistema financiero.
Usted ha sacado el caso de Bankia, pero ¿me permite que le dé unos datos? Antes de Bankia ha habido otras nacionalizaciones. Conocemos CCM. ¿Qué fue CCM? ¿Qué fue CajaSur? ¿Qué fue Unnim? ¿Qué fue Caixa Catalunya? ¿Qué fue la CAM?
(Protestas.-Aplausos). Señor Gómez, ¿sabe usted cuánto le costó al Fondo de Garantía de Depósitos la privatización de la CAM? ¿Sabe usted cuánto le costó? Dejó absolutamente esquilmado el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Sabe cuánto le costó?
Para la CAM, una entidad seis veces más pequeña que Bankia, van a ser 5.500 millones de euros de inyección de capital y la cobertura hasta el 80% de las pérdidas de una cartera inmobiliaria de más de 20.000 millones de euros. (Aplausos). ¿Sabe
cuánto se ha inyectado hasta el momento, antes del caso de Bankia, vía FROB 1 y FROB 2? El Gobierno actual no creó el FROB 1 y el FROB 2 y lo sabe usted perfectamente; y al Gobierno anterior lo apoyó el principal partido de la oposición en un acto
de responsabilidad. Por tanto, señor Gómez, le pediría que miremos todos para delante. Las cuentas de Bankia y el ajuste de 19.000 millones -no son 23.400, como usted decía, porque sabe perfectamente que había 4.400 inyectados anteriormente vía
participaciones preferentes que se convirtieron- provienen fundamentalmente de problemas específicos y concretos de Bankia. Su desglose está perfectamente explicado por el nuevo equipo gestor y será valorado por el Banco de España, por el FROB y
por el Gobierno para definir en última instancia la inyección de capital que necesita. Pero le vuelvo a repetir que está perfectamente explicado, por lo que no creo que haya habido ningún problema desde el punto de vista de la transparencia.
Usted comentaba tres cuestiones para intentar buscar el consenso en relación con este real decreto-ley. No tienen mucho que ver con el decreto-ley, pero estoy dispuesto a considerarlas. En primer lugar, ha mencionado el tema de los tres
años. Señor Gómez, estoy dispuesto a estudiarlo y me parece razonable teniendo en cuenta la situación que hay actualmente, solamente pongo una cautela: sabe usted que hay una normativa de ayudas públicas en Europa que obliga a que siempre que haya
ayudas públicas haya programas de desinversión concretos y específicos. Por otra parte, respecto a las sociedades inmobiliarias, ya está ahí, no hay ningún tipo de ayuda pública en el real decreto-ley. Dígame dónde hay el más mínimo elemento de
ayuda pública al respecto en el real decreto-ley. Por último, respecto a las preferentes, sabe perfectamente que este Gobierno ha tomado la iniciativa. Todos sabemos que la comercialización de las preferentes fue un error, que se inició la
comercialización a particulares cuando ya las instituciones no las compraban, en el año 2008, y lo sabe usted exactamente igual que yo. Por supuesto, este Gobierno va a estar siempre en el intento y en la voluntad de incrementar la transparencia de
todos los instrumentos que se coloquen a los ahorradores pequeños y medianos, como sabe usted perfectamente. Ahí también el Gobierno va a tomar la iniciativa y por supuesto que está absolutamente abierto a comentarlo con ustedes. Con respecto a la
reestructuración de las deudas privadas de las familias, también es una cuestión que estamos dispuestos a hablar. Por supuesto que sí, señor Gómez. Le vuelvo a repetir que la cuestión aquí es efectivamente considerar todas las implicaciones que
tienen las medidas que se toman.
Por último, ven ustedes retribuciones escandalosas. Señor Gómez, este Gobierno -le recuerdo- limitó las retribuciones escandalosas. Fue el Gobierno que tomó la decisión de limitar las retribuciones a los ejecutivos de las entidades
intervenidas por el FROB -ya sea FROB I o FROB II- en 300.000 y 600.000 euros, cuando usted sabe perfectamente, según el informe que nos presentó el Banco de España, que había ocasiones en las cuales esas retribuciones excedían diez veces los
límites que había establecido el Gobierno. (Aplausos). Y no se había hecho nada, señor Gómez. Por lo tanto, pongamos todas las cuestiones que son realmente imprescindibles desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista del futuro.
Este real decreto-ley es imprescindible, señor Gómez, y vuelvo a repetirle que estamos buscando el máximo consenso en esta Cámara. El sistema financiero español tiene un montón de incertidumbres en este momento desde el punto de vista de la
percepción de los mercados y resulta fundamental la búsqueda de dicho consenso, de dicho apoyo, porque lo único que pretende este real decreto-ley, señor Gómez, y usted lo sabe exactamente igual que yo, es incrementar las provisiones, generar mayor
solvencia en las entidades financieras españolas y ello al mínimo coste para el contribuyente.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Dice usted, señor ministro, que hay que mirar hacia delante; es exactamente lo que les pido a ustedes. (Risas). Miren adelante y dejen de mirar hacia atrás; miren más hacia delante y dejen de mirar tanto a la herencia. Los datos que yo
le he dado, ese 30% de caída en las cotizaciones del IBEX, el aumento del 70% en la evolución de la prima de riesgo española, y no le he dado ningún dato respecto al empleo para no meterme en lo que fue mi anterior negociado... (Risas.-Rumores).
Le digo una cosa, en la medida en que ustedes ya llevan cinco meses gestionando este país, todo lo que ha pasado en estos cinco meses es responsabilidad de ustedes y de nadie más. Y de nadie más. (Aplausos). Todo, absolutamente todo, y han sido
cinco meses intensos.
¿La crisis empezó hace años? Sí. La crisis en España comenzó con la caída de una entidad que usted conoce perfectamente mucho mejor que yo y no se la citaré. (Aplausos.-Rumores). Así empezó la crisis en el mundo y cuando el mundo estaba
en crisis ustedes decían que era España la que estaba en crisis y que no se debía a la quiebra, entre otras, de Lehman Brothers sino a ese desgobierno, a ese mal gobierno del señor Zapatero. Cuando el mundo estaba en crisis ustedes se empeñaban en
decir que la crisis estaba solo aquí, exclusivamente aquí y que tenía un nombre: Zapatero. Esta fue su ejecutoria durante estos cuatro años. Dicen ustedes que no hicimos nada. Hicimos que las entidades financieras tuvieran 105.000 millones más
en provisiones en este tiempo, las genéricas y las específicas. Redujimos desde 45 a prácticamente 15 las entidades financieras en el sector más afectado por la crisis inmobiliaria, las cajas de ahorro. Habla usted de crisis inmobiliaria, sí, y
siempre he dicho en esta Cámara que hay una responsabilidad compartida como país, que aquí está el principal error de la política económica en todo el siglo XX, excepción hecha de la política general, lo que significó nuestra guerra civil. El
principal error está aquí, en estos años. Y lo cometieron aquellos que dejaron inflar la burbuja tanto como aquellos que no pudieron impedir que el estallido abruptamente afectara, como está afectando, a nuestro sistema financiero. Muchos dijimos
entonces que aquí no había subprime, pero que había una afectación crucial de nuestro sistema financiero en el ámbito inmobiliario. (Rumores). Ahora lo que hace falta son más provisiones, sí, pero también más capital, y usted lo sabe, y no habrá
un restablecimiento del flujo de crédito mientras que no logremos recapitalizar las entidades financieras. No nos negamos a que haya más provisiones, pero sabemos que esto es una carrera al límite, y al final no hay nada, porque si seguimos
incrementando provisiones sin más capital nunca habrá un restablecimiento del flujo de crédito. Usted lo sabe perfectamente; si ha sido responsable de una entidad financiera. ¿No se da cuenta de que a base de hacer más provisiones no habrá más
crédito? ¿No se da cuenta de que la única forma de que haya más crédito es que haya más capital y que en ese dilema, en este tremendo dilema, es en el que está cogido nuestro sistema financiero y el conjunto de la economía española? Lo que le digo
es que ha habido otras quiebras, como usted decía, sí, pero mire usted, que la cuarta entidad financiera del país, una entidad que es, en volumen de activos, no catorce sino dieciséis veces más grande que la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,
que es un tercio de la Caixa de Catalunya ya unida con otras caixas, que es un tercio de la Caja de Galicia, de la que ustedes en esa fusión son responsables, una vez más, de haber juntado dos cajas malas y haber hecho una gran caja gallega mucho
más mala aún, que ahora está en manos del sector público. Ustedes han hecho muchas cosas solo en cinco meses; solo en cinco meses. Lo que le pido es que no hagan más en ese terreno, que no hagan más desaguisados en este terreno porque son
demasiados los que han hecho, que cuentan con nuestra colaboración (Rumores), que cuentan con ella, que votamos a favor de un decreto-ley que no conocimos hasta el día de antes, salvo por una conversación telefónica y que lo hicimos por
responsabilidad, que estamos discutiendo un decreto-ley que usted nos ha contado de viva voz el día de antes, y que en nada, prácticamente en nada de lo que pone se parece a lo que usted nos contó, que este es el problema que tenemos en esta Cámara,
que así no hay diálogo entre Gobierno y oposición, que no lo puede haber así.
(Aplausos). Lo que le digo por último es que hay un compromiso necesario, y ese compromiso necesario es que haya una convocatoria de presidentes de las comunidades autónomas para que tratemos dos problemas esenciales, tan importantes como
los problemas vinculados a nuestro sector financiero: la sanidad y la educación. Estas son las condiciones que ha puesto el Partido Socialista en su propuesta. (Aplausos). No porque tengan que ver con el sistema financiero, sino porque tienen
que ver con la situación de un país que no puede renunciar ni a su prosperidad ni a su Estado social en nombre de la situación de su sistema financiero; no lo vamos a hacer, y no lo debemos hacer, ni ustedes, ni nosotros. (Prolongados aplausos).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gómez, usted hace una consideración sobre el tema de provisiones, de capital, que me gustaría clarificar, aunque creo que ya lo tiene suficientemente claro. Las provisiones surgen por una cuestión muy simple, señor Gómez, surgen
porque hay que ajustar el valor de unos activos a la baja como consecuencia de algo que usted ha comentado tradicionalmente, el estallido de una burbuja inmobiliaria. Los 54.000 millones del primer real decreto-ley surgen, señor Gómez, porque
efectivamente estaban mal valorados los activos inmobiliarios en las carteras de los bancos españoles; surgen porque el suelo, por ejemplo, que es el activo más problemático que tienen los bancos españoles, como usted sabe perfectamente, estaba de
alguna forma valorado a menos de un 30% lo que era el ajuste necesario en la caída de su precio, y el Gobierno actual lo eleva a un 80%. En el caso de promociones en curso se eleva, aproximadamente, de un 25% a un 65% la necesaria caída en el
precio, y en el caso de la vivienda a un 35%. Eso da lugar a los 54.000 millones de euros. Es decir, lo que estamos haciendo, señor Gómez, es ajustarnos a una realidad como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Mientras no se
ajusten los activos en los balances a dicha realidad, señor Gómez, es absolutamente imposible que se genere certidumbre y se genere credibilidad sobre las instituciones de crédito españolas y es absolutamente imposible que se financien en los
mercados de capitales, y tienen que financiarse. Esa era la lógica del real decreto-ley, que tiene un segundo paso en el actual. ¿Por qué? Porque el segundo real decreto-ley se refiere a ajustes en el valor de los activos de la cartera, que
todavía no es problemática pero que puede serlo como consecuencia del mantenimiento de la crisis económica, y por eso ahí es donde se genera un colchón del 30% de su valor, para que efectivamente se pueda hacer frente a futuro, porque la cuestión es
que, si no ajustamos esos precios de esos activos, el sistema financiero español no va a recuperar nunca la credibilidad. Y le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir, si no se genera esa credibilidad no podrán financiarse las entidades en los
mercados de capitales y, si no se pueden financiar en los mercados de capitales, no podrán conceder créditos, señor Gómez, y usted lo sabe exactamente igual que yo.
Los 54.000 millones del primer real decreto-ley no han exigido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de inyección por parte del FROB, a diferencia de lo que había ocurrido con los 30.000 millones de euros inyectados en FROB I y en FROB II en
años anteriores. En esta ocasión los 30.000 millones adicionales, más concretamente elevar las provisiones totales a un 30% de la cartera no problemática supone que sí van a tener un impacto desde el punto de vista de las cuentas de resultados. Y
a partir de ahí, si ese impacto negativo en las cuentas de resultados no puede ser compensado con un exceso de capital, es imprescindible que exista lo que se denomina una red de seguridad pública para inyectar a los bancos ese capital, y eso se
puede hacer a través de capital, de acciones, o a través de bonos convertibles, como usted sabe perfectamente. Por lo tanto, esto va de ajuste a la realidad del precio de los valores de los inmuebles en las carteras de los bancos, de provisiones,
porque es la consecuencia de ese ajuste, y de necesario capital, cuando efectivamente no se pueda levantar en el mercado. De esto es de lo que se trata en este real decreto-ley y a partir de ahí, lo que se pretende en última instancia es generar
unas entidades específicas para que se aparten al respecto.
Yo se lo he ofrecido, le vuelvo a repetir, no sé si usted lo quiere coger o no lo quiere coger; por un lado, me dice que sí, por otro, que no, me lo mezcla con otras cuestiones, lo cual yo creo que no pone de manifiesto una voluntad
excesiva desde el punto de vista de colaboración, si acepta usted que le diga estas cuestiones. Pero por supuesto estoy absolutamente dispuesto a hablar -como sabe y ya le he comentado, y que quede absolutamente claro en esta Cámara- sobre
preferentes, que ha sido un gran engaño para el ahorrador español (Aplausos), sobre el plazo de los tres años, sobre las sociedades inmobiliarias y sobre las cuestiones que puedan afectar al conjunto del sector. Si usted no lo coge, será su falta
de responsabilidad y su responsabilidad no cogerlo, pero desde luego tiene la mano abierta por parte de este ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. Dada la importancia de este decreto-ley, por el Grupo Mixto, tomarán la palabra varios oradores. Les ruego que se atengan a los tiempos que hemos establecido. En primer lugar, tiene la
palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Señoras y señores diputados, hoy volvemos a hablar de los bancos, siempre los bancos, de salvar el sistema financiero, de generar confianza y hoy de un nuevo decreto para generar confianza, un decreto que ustedes
aprobarán como los diecisiete precedentes, pero me temo, y a los acontecimientos me remito, que, parafraseando a Groucho Marx, vamos de victoria en victoria hasta ya veremos dónde. Ayer, señor ministro, le oí pronunciar varias veces la palabra
responsabilidad y yo prefiero hablar en mis modestos tres minutos justamente de eso, de responsabilidad. Responsabilidad tiene una doble acepción que se podría aplicar perfectamente a las personas que han hecho que en este Parlamento se hable más
de los bancos que de los ciudadanos. Por eso, cuando hablamos de personas responsables y acudimos al diccionario, vemos que responsable es la persona que cumple sus obligaciones o pone cuidado y atención en lo que hace y decide. Eso es lo que
tenían que haber hecho en las cajas las personas que ustedes, los partidos, pusieron en Bancaja, en la CAM, en Cajamadrid, en Bankia y en tantas otras para que fueran responsables, para que cumplieran con sus obligaciones, para que pusieran cuidado
y atención. Es evidente -a la vista del decreto que hoy discutimos, a la vista de las cuantiosas ayudas que han otorgado y a la vista de los rescates que el Estado ha tenido que acometer- que ustedes, los grandes partidos, pusieron a verdaderos
irresponsables al frente de las cajas y también a irresponsables al frente de los organismos de control, ya fuera el Banco de España u organismos autónomos. Personas con cara y ojos que cobraban grandes cantidades en sueldos, dietas o jubilaciones.
Pero responsable tiene una segunda acepción: culpable de alguna cosa, obligado a responder de alguna cosa o alguna persona. Es justamente en esta segunda acepción donde no hay nadie, nadie quiere ser culpable, nadie responde, nadie es responsable
de este desastre colosal. Es entonces cuando el ciudadano de a pie, el que está ahí arriba o el que nos está viendo en su casa, no entiende nada; no entiende cómo un señor hunde un banco, se lleva 14 millones y no tiene ninguna responsabilidad.
No entiende cómo un señor que ha sido ministro de Economía, director del Fondo Monetario Internacional y que ustedes lo ponen al frente de Bankia, hunda al banco, dimita, se lleve un millón y pico y no dé ni una sola explicación. No entiende por
qué ustedes no permiten que los responsables vengan aquí, al Congreso, y expliquen por qué nos han conducido hasta aquí. No entiende por qué ustedes bloquean las comisiones de investigación y no entienden por qué, como en el decreto de hoy, para
sanear los activos tóxicos de los bancos, las entidades que no puedan provisionar recibirán otra vez ayuda del Estado.
Para concluir, al final volveremos a ser los ciudadanos los que con nuestros impuestos volvamos a ayudar a los bancos. Al final, los ciudadanos seremos responsables de las tropelías que cometieron los irresponsables. Señor ministro,
probablemente a usted y a otras señorías mi discurso les haya parecido irresponsable, pero mucho más irresponsable es correr tupidos velos, levantar la alfombra y ocultar el polvo debajo, seguir con los desahucios, seguir echando a la gente y no
facilitar el crédito a las personas y a las pymes. Señor ministro, no cuente con nuestro voto, no cuente con el voto de Compromís-Equo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted no estaba aquí hace dos años. Hace dos años, en veinticuatro horas hubo que aprobar un decreto porque si no, este país era intervenido. Todos esperábamos -y el Partido Socialista se lo pidió- la responsabilidad del
Partido Popular y el Partido Popular en aquel momento optó por intentar hacer caer al Gobierno. (Aplausos). Gracias a Convergència i Unió y a los nacionalistas canarios, que nos abstuvimos, a pesar de las presiones -y siento que no esté don
Cristobal Montoro, que me dijo: que caiga España que ya la levantaremos nosotros- (Aplausos), este país no fue intervenido. Y a cambio de nada, señor ministro. Hoy estos nacionalistas canarios vuelven a ser responsables, nos guste o no nos guste,
nos hayan pedido el voto o no, nos hayan informado o no estén informando a este grupo parlamentario ni a este país. Por eso, vamos a apoyar el decreto. No me voy a abstener, como hace dos años, voy a apoyarlo por un sentido de Estado, como siempre
hemos tenido los nacionalistas canarios.
Dicho esto, voy a puntualizar dos cosas. No puede ser que las explicaciones en este país las den tertulianos de periódico. Las tiene que dar el Gobierno y si ustedes creen que las han dado, están equivocados, no han sido suficientes. Los
ciudadanos quieren saber cuánto les va a costar esto, quiénes han sido los responsables, porque la impresión no es que nosotros no queramos saber qué paso, sino que a lo mejor no se quiere saber qué pasó. Y sé que esa no les la voluntad del
Gobierno y hay que hacer un gesto en este momento hacia los ciudadanos. Y otra cosa. Esta banca pública es una oportunidad para que el Gobierno desarrolle una política económica por la que fluya el crédito a las pymes y a los autónomos, para que
se dé una solución justa a los de las preferentes y también para que, en este momento, en este país podamos garantizar eso que se habló de las buenas prácticas para los hipotecarios con malos recursos y que el Gobierno garantice que esa banca
pública va a hacer buenas prácticas. Yo, hoy, a pesar de que usted no me ha llamado, ni tampoco su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ni su portavoz parlamentario, voy a apoyar este decreto porque los nacionalistas canarios siempre
hemos tenido sentido de Estado y hoy hay que
tener altura de miras y sentido de Estado, que es lo que esperan los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene la palabra ahora el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, dado el grave contexto en el que nos hallamos, resulta obligado que comience mi intervención preguntándome que más tiene que ocurrir para que el presidente del Gobierno comparezca en esta Cámara, qué tiene que pasar
para que se cree una comisión de investigación y para que se diriman responsabilidades políticas y penales ante realidades escandalosas como las de Bankia. Señorías, esta es la sexta reforma financiera que se aprueba desde el inicio de la crisis,
la segunda del Gobierno Rajoy, y seguimos viendo la misma película proyectada una y otra vez sin que mejoren las secuencias. El BNG discrepa profundamente de los contenidos de este decreto. No es más que otro paso en la dirección equivocada; no
se aborda ninguna de las causas reales de la crisis en el sector financiero y se continúa con la carrera hacia la instauración de un auténtico oligopolio financiero en el Estado español. Además, este decreto ha quedado obsoleto antes ya de ser
convalidado, e incluso el Gobierno desaprovecha esta situación para resolver problemas gravísimos, como el corralito de las preferentes. Señor ministro, usted acaba de decir textualmente que las preferentes fueron un engaño a los pequeños
ahorradores. Suscribo esas palabras al cien por cien. Pero, mire, diciendo esto está admitiendo la comisión de un delito. Insten ustedes a actuar a la Fiscalía General del Estado porque, si se engañó a los ahorradores, se cometió un delito.
Señorías, desde el inicio de la crisis, en el Estado español se han inyectado a través de avales, garantías, ayudas y otros mecanismos más de 118.000 millones de euros en la banca privada, aproximadamente el 15% del producto interior bruto
del Estado español. Y ahora, simplemente tapar el agujero de Bankia costará 4 billones de las antiguas pesetas, una cantidad equivalente a 500 euros por habitante, a 1.500 euros por hogar. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ni el sector financiero ha
sido saneado ni ha vuelto a fluir el crédito a la economía productiva y a las familias. Un problema que este decreto agravará, pues los nuevos requisitos en materia de provisiones y dotaciones de capital para el saneamiento de los activos
inmobiliarios restringirán aún más la restauración de los flujos de crédito. Las medidas que ustedes proponen suponen un paso más en la concentración y centralización del sector financiero, reduciendo las entidades vinculadas a territorios
específicos y facilitando la transferencia de su negocio a los grandes bancos privados. Una concentración que introducirá mayores riesgos en el sistema, reducirá la competencia y también, por lo tanto, las posibilidades de acceso a la financiación,
llevando a Galicia a la pérdida definitiva de instituciones imprescindibles para la financiación de su economía productiva.
Señor ministro, ustedes inciden en una política que consiste en socializar pérdidas y privatizar beneficios; una estrategia consistente en el uso del Estado como enfermería para sanear el sector privado, saneando con recursos de todos
entidades financieras para, en un plazo de tres años, venderlas al sector privado a precio de saldo. El BNG discrepa profundamente de este modus operandi y apostamos por otra estrategia, como expusimos el pasado martes. Defendemos la creación de
una banca pública, no un banco público con fecha de caducidad como el que usted propone, señor ministro, concebido tan solo como un instrumento para repercutir las pérdidas del sector financiero en el conjunto de la sociedad y después devolverlo a
manos privadas cuando se den condiciones de venta favorables. Es necesario un estricto control público para que los recursos asignados a la banca contribuyan a restaurar los flujos de crédito y para que las entidades intervenidas pasen a ser bancos
públicos con vocación de permanencia para que jueguen otro papel realmente necesario para la financiación de la economía productiva. Por lo tanto, es necesario un radical cambio de rumbo. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego votará en contra de
la convalidación de este decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, irónicamente la situación actual que hoy pretenden resolver no es otra, es justamente aquella que generaron ustedes cuando, capitaneados por don Rodrigo Rato, impulsaron la liberalización del suelo y
también la de las cajas. El problema a sus soluciones, a nuestro entender, son básicamente tres. Primero, pretenden resolver solo los problemas bancarios, mientras que obvian absolutamente los graves problemas que han generado a las personas, a
todas aquellas personas víctimas de sus medidas, a todas aquellas víctimas de los desahucios -que no son pocos-, a todas aquellas víctimas de la estafa en mayúsculas de las preferentes y de las cláusulas abusivas. Segundo, no pretenden revertir
estas medidas y especialmente hacer lo que se tiene que hacer, una ley de cajas que las devuelva a sus orígenes: el enraizamiento territorial, la inversión de proximidad y una verdadera obra social. Y tercero, no han sido capaces de modificar el
modelo productivo basado en el ladrillo, que en realidad es el que nos ha traído hasta aquí. Al contrario, lejos de apostar por un modelo competitivo de futuro, lo que hacen es recortar en lo que tendrían justamente que poner énfasis, en la
investigación y en la innovación.
Así estamos, señorías, esta es la situación real en la que estamos. Hoy en esta Cámara aparece otro real decreto que intenta -gracias a su mayoría- aprobar una reforma más para sanear y vender los activos inmobiliarios del sector
financiero. Lo han intentado, eso no se lo vamos a negar; lo han intentado primero los compañeros socialistas y después los populares. Pero lo que tampoco les negaremos es que no lo han hecho bien. Realmente, lo que afirmaremos es que lo han
hecho francamente mal. En los últimos meses se han aprobado varias reformas y grandes aportaciones del FROB a las entidades bancarias, pero ni ustedes ni tampoco las reformas han sido capaces de sanear el sistema financiero ni tampoco han sido
capaces de reactivar el mercado del crédito. Al contrario, cada vez peor, la credibilidad y la confianza de los mercados está hoy por los suelos. De hecho, solo hace falta ver el rascacielos donde se ha subido la prima de riesgo y cómo cada vez
más se plantea la intervención como una posibilidad real. A la par y de dos en dos, en este momento tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han demostrado su incompetencia desarrollando su papel de supervisión del
sistema financiero y del mercado de valores. El caso de Bankia, evidentemente, es el más reciente. De hecho, señorías, con esta tarjeta de presentación no es de extrañar que el Banco Central Europeo cuestione ya la política del Gobierno español
para rescatar el banco del señor Rato.
España es el país de la Unión Europea con el índice más bajo de pisos de alquiler. Con la obsesión que tienen ustedes con Alemania, señorías, yo discretamente me pregunto por qué no copiaron en su día el ejemplar parque de viviendas
públicas y sus alquileres bajos. Es simplemente una pregunta. Cierto es que poca gente pronosticaba que esta crisis fuera tan larga -esto es verdad- y cierto es también que menos gente aún se pensaba que los pisos perderían el valor que están
perdiendo, pero todo esto pasó, todo esto ha pasado y los bancos hasta ahora han ido falseando sus balances y han seguido contabilizando sus pisos y sus solares a los precios de sus hipotecas y no a su precio real. No podemos estar de acuerdo,
pues, con ustedes, con esta ley; una ley más diseñada exclusivamente para los bancos, para que estos sigan ampliando su cartera de viviendas; una ley que aporta inseguridad, que aporta incertidumbre y, sobre todo, falta de confianza en dos
direcciones básicamente: a las personas demandantes de alquiler, pero también a los mismos propietarios.
Señorías, acabo como empecé. Siempre es difícil corregir y, aunque digan que rectificar es de sabios, corregir el pufo en que nos han metido queda lejos, queda muy lejos de su ideología y, sobre todo, de sus fabulosas reformas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores parlamentarios, mi grupo político, Amaiur, va a anunciar su voto en contra. Creo que no es ninguna sorpresa ni para el ministro ni para el resto de los miembros de la Cámara, pero me gustaría que valoren el
porqué de nuestro voto en contra, porque quizá nuestras razones puedan ser más válidas, más frescas que las del resto. Aquí ha habido distintas posiciones, que están motivadas en guerras del pasado y muchas veces en esa pugna que ha habido
alrededor del sistema financiero en el Estado español y de las distintas cajas de ahorro entre los dos bloques mayoritarios de esta Cámara, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Los fracasos de esas luchas por el poder clientelar en
esas entidades financieras son los que han llevado en gran parte a la crisis financiera del Estado español. Frente a ese modelo clientelar, ese modelo que ha dado la espalda a la ciudadanía, a la gente de la calle, hay dos posibilidades, dos
modelos para salir de la crisis: un modelo consistiría en que los bancos se hicieran cargo de sus errores y, por tanto, fueran consecuentes con ese hacerse cargo y con esa responsabilidad, y el otro modelo es el que están poniendo encima de la mesa
aquí en esta reforma y en las anteriores, y eso ya tendría que ser un motivo de reflexión. Es decir, cuando estamos reforma tras reforma en la misma dirección y ninguna de ellas sirve para solucionar el problema, igual sería bueno pensar que hay
que cambiar de rumbo, que hay que cambiar el sentido de las reformas.
El problema está en que estas reformas y este real decreto al final lo que están diciendo es que la gente de la calle, que los ciudadanos se hagan cargo de los errores que ha cometido la banca. Ese es el elemento de fondo. No crean una
especie de banco malo y quienes lo han hecho mal carguen con sus consecuencias, incluso se hundan. Usted, señor ministro, ha dicho, refiriéndose al informe del Fondo Monetario Internacional, que el 70% del sector financiero es sólido, pero es que
llevamos camino de que ese 30% acabe también con el 70%. Al final, por no crear un banco malo están creando un Estado malo y pueden llevar al Estado a la crisis, a la quiebra. Este es un elemento que nos tenemos que plantear, por responsabilidad.
Al menos, desde Euskal Herria nos lo plantemos así, siendo un territorio en el que la incidencia de la crisis bancaria no ha tenido prácticamente actualidad, es decir, las entidades bancarias de allí han estado bastante saneadas. Ha habido un
desastre de gestión en el caso de la Caja de Ahorros de Navarra, que ha desaparecido sin saber cómo, por una gestión nefasta de la que habrá que pedir responsabilidades de todo tipo a quienes han sido responsables, quienes han estado al frente del
Gobierno de Navarra y que presidían la Caja de Ahorros de Navarra, tanto el señor Sanz como la señora Barcina y el señor Jiménez, ahora vicepresidente; porque ahora se asoman y dicen: nosotros no sabemos nada de este desastre, de que haya
desaparecido una entidad bancaria. Y son ellos los responsables. Bueno,
quitando esa cuestión, en Euskal Herria la crisis bancaria se puede decir que no ha existido con carácter general.
Desde esa visión es desde donde reclamamos que hay salidas diferentes a la crisis financiera. Hay salidas diferentes, hay que ir a otro modelo, más próximo al modelo islandés que al modelo que se está aplicando ahora mismo aquí, porque si
no, al final -insisto-, ese Estado malo puede acabar en la quiebra, puede acabar intervenido, puede acabar, como he señalado desde esta tribuna en varias ocasiones, en un Estado fallido, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
social. Eso en Amaiur nos preocupa y ustedes podrían decir: ¿Ustedes, independentistas, se preocupan de España? Pues sí, aunque solo sea por un elemento de solidaridad y, entre otras cosas, porque forma parte también de nuestra economía, es
decir, la mitad de nuestro mercado está en el Estado español y la otra mitad está fuera. Por eso tenemos una estructura socioeconómica diferente y una situación socioeconómica menos mala, que no buena, menos mala. ¿Por qué? Porque al final ese
50% de nuestro mercado nos está tirando para abajo y nos interesa que el mercado español vaya para arriba, porque entonces nosotros iremos también para arriba. Por eso yo creo que hay que cambiar el modelo de intervención. A mí me preocupa porque
va en esa línea, es decir, ustedes en el real decreto han cambiado también el FROB cuando le autorizan ya para recapitalizar los bancos, y a mí lo que me preocupa es que esa recapitalización signifique sustituir los errores del sector privado para
devolvérselo luego al sector privado. Creo que hay un modelo alternativo; en Euskal Herria, desde la defensa de nuestro autogobierno, apostamos por un modelo diferente en el que las entidades bancarias sean de control social, que haya una banca
pública importante que dé respuestas a los problemas de los ciudadanos de la calle y no haga como esta reforma, que genera más problemas a la gente de la calle, que no tiene crédito, que cada vez tiene más angustia y que se pregunta qué va a pasar
con sus ahorros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro de Economía, la mera existencia de este real decreto-ley significa el reconocimiento de un nuevo fracaso y lo que es más llamativo, el anuncio de otro
fracaso inminente. Cuando se publicó el real decreto-ley sin obtener los apoyos correspondientes de la Unión Europea era, en efecto, evidente que los mercados -lo mismo que ocurrió con el Real Decreto-ley 2/2012- lo iban a considerar insuficiente y
como el BCE no estaba dispuesto a comprar deuda española para evitar el crecimiento de la prima de riesgo, el resultado es el ya conocido: nuevo récord de la prima de riesgo en términos análogos a los que sirvieron para el rescate de otros Estados.
Lo grave es, como decimos, que ya había ocurrido lo mismo en el Real Decreto 2/2012, y, sin embargo, el Gobierno continúa con un nuevo hito en la carrera de fracasos permanentes. El resumen es sencillo: no ha servido ni el real decreto-ley de
febrero ni el real decreto-ley de mayo. Desde el punto de vista de la credibilidad, ni siquiera tenemos el consuelo de decir que estábamos donde estamos. No, señor ministro, estamos bastante peor. Como consecuencia de una actuación del Gobierno
caracterizada por la permanente improvisación, pretendiendo dar respuesta inmediata, presuntamente enérgica, a la reacción de los mercados, se ha batido un nuevo récord con el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el mismo día de la aprobación
del último real decreto-ley. En efecto, ese acuerdo solo puede entenderse sobre la base de que el nuevo real decreto-ley iba a ser considerado insuficiente.
Prescindiendo de lo que les debería preocupar a ustedes, el acuerdo es sencillamente inconcebible. Se trata de encargar a entidades privadas -si entendemos bien el acuerdo por parte de nuestro grupo y las explicaciones ulteriores del mismo,
lo que no es nada fácil-, por un lado, hacer una evaluación general de los balances bancarios en España y de su capacidad de resistencia ante un escenario adverso, en otras palabras, un nuevo stress test, en el bien entendido que ni lo hace el
regulador español, el Banco de España, ni la entidad europea que venía haciéndolos, European Banking Association, sino dos consultoras privadas a las que luego me referiré; y, por otro, se contratará a tres empresas auditoras que realizarán un
trabajo sobre la calidad de los procedimientos de reconocimiento y dotación de provisiones por insolvencias en la contabilidad de los grupos bancarios españoles. El asombro que antes manifestábamos resulta bastante evidente. En primer lugar, por
encargarse a entidades privadas, desacreditando impunemente al Banco de España, en relación con las cuales es sencillamente imposible garantizar la inexistencia actual o potencial de conflictos de intereses. En segundo lugar, carecen de competencia
para evaluar riesgos; cualquier funcionario del Banco de España está, sin duda, más capacitado que estos, que no son sino meros consultores. Y en tercer lugar, lo de las empresas auditoras incrementan los grados de asombro. En efecto, damos por
hecho que todas las entidades de crédito presentan sus estados financieros con los correspondientes informes de auditoría, en su gran mayoría por las mismas a las que ahora encargan ese trabajo. No sabemos interpretar muy bien el acuerdo. Debemos
entender que no solo no se fían de los datos del Banco de España, sino que tampoco lo hacen de los informes de auditoría, de las mismas empresas de auditoría a las que les van a encargar que realicen esta revisión. O más espectacular aún, señor
ministro, tampoco de los empleados en el Estado español de esas empresas, pero sí de los que trabajan para esas empresas en Alemania o en Francia. Por cierto, puede
ser un espectáculo ver cómo una empresa de auditoría emite opinión sobre el trabajo de auditoría que ha hecho otra, y esta otra emite opinión sobre el trabajo de auditoría que ha hecho la primera, y así sucesivamente, de modo que conseguirán
desacreditar a todas. La consecuencia sería que habría que abrir expediente a todas las empresas de auditoría en relación con las cuales otra empresa de auditoría ponga reparos o reservas.
Finalmente haré algún comentario adicional a dicho acuerdo del Consejo de Ministros. Por ejemplo, ustedes anuncian los primeros resultados en la segunda quincena de junio, y en los próximos meses los segundos. Pero ustedes tienen en marcha
en este momento concursos para la adjudicación de entidades intervenidas por el FROB, cuyos plazos para la presentación de ofertas son anteriores al conocimiento de estos datos. ¿Realmente se puede pensar que alguien puede presentar una oferta
vinculante desconociendo -o lo va a conocer después- el modo en que resulta tras el test de estrés y los informes de auditoría? No puedo dejar de mencionar el temor de que pueden utilizarse también esos procedimientos tan originales para volver a
una época también fracasada, la de las fusiones políticas. Aquí hay un dato cierto: todas las fusiones políticas que se realizaron con el anterior Gobierno han fracaso sin excepción, y todas ellas han sido intervenidas por el FROB.
Por lo que se refiere al contenido del real decreto-ley sometido a convalidación aquí se trataba, otra vez sin éxito, de cumplir un objetivo predeterminado sin base alguna. Se trataba de llegar a una determinada cifra total, entendiendo
erróneamente que es la cifra que los mercados consideran suficiente. Y no solo se hace sin conseguir ese objetivo, sino que se realiza incurriendo otra vez en errores notables. Así, en primer lugar, lo mismo que el real decreto-ley de febrero era
discriminatorio con las entidades más transparentes, se trataba de incrementar las provisiones de los activos que las propias entidades ya tenía clasificados como problemáticos, de manera que cuanto más transparentes fueran y cuanto más prudentes
fueran tendrían más inversión calificada como problemática. Y al tener más base sobre la que aplicar los coeficientes, resultarían mayores. Parecería que ustedes llegaron a la conclusión de que como no todo el mundo tenía declarado como
problemático lo que era problemático, hay que hacer un nuevo real decreto-ley incrementando las provisiones de los calificados como no problemáticos, es decir los normales. Parecería, señor ministro, que había una solución bastante más obvia y
sencilla: encomendar al Banco de España que valorara si en efecto determinados activos normales deberían calificarse de problemáticos, y en ese caso simplemente aplicarles los porcentajes del real decreto-ley anterior. Pero se trataba de ganar
imagen ante los mercados, y el fracaso no ha podido ser en nuestra opinión más rotundo. Además de discriminatorio por las razones citadas, como se trataba de obtener un resultado predeterminado, como ya hemos dicho, se realiza una labor de lo que
en términos taurinos se califica una faena de aliño. El ejemplo máximo es el caso de los suelos, señor ministro. Para los suelos en general se establece un porcentaje de cobertura adicional del 45%, cualquiera que sea el suelo, con lo que llegamos
a la peregrina conclusión de que es lo mismo el valor actual y potencial de un suelo en el desierto de Almería que un suelo en el centro de una ciudad o de un municipio, que si bien en ese momento puede resultar afectado por la situación del mercado
inmobiliario, es evidente que tiene un valor superior al primero y requeriría una provisión diferente.
Por lo que se refiere a las sociedades de gestión de activos, el mal llamado o bien llamado banco malo -no voy a entrar en ese debate-, primero establecen la obligación de traspaso de activos sin resolver el problema de la consolidación
contable, de manera que van a seguir pesando en el balance de la entidad aportante exactamente igual que ahora. En segundo término, solo regulan un poco el caso de las entidades con FROB y prácticamente nada en las demás. Finalmente, si existe
algún apoyo financiero a esas sociedades, el real decreto-ley les impone la obligación de enajenar anualmente al menos el 5% de esos activos, original obligación, puesto que es una obligación que no se puede cumplir con la única voluntad del
obligado a hacerlo. Parece una obviedad que para vender cualquier cosa tiene que existir un comprador, de modo que si no existe las entidades tendrían que hacer una especie de subasta a la baja disminuyendo el precio, con la consiguiente pérdida de
patrimonio y capital, hasta que algún presunto interesado tuviera la bondad de comprar el activo de que se trate. Por cierto, si ni siquiera ocurre así, ¿qué hacemos, señor ministro, con el incumplidor? En definitiva, no solamente son ustedes
especialistas en aprobar reales decretos-leyes que no sirven, sino que cada fracaso lo están encadenando sucesivamente con otros fracasos. Ni el real decreto-ley de febrero ni el de mayo han servido literalmente para nada, y la pirueta final de
encargar a las entidades privadas que realicen un trabajo para el que además no están preparadas colma la capacidad de asombro.
Por estas razones, señor ministro, comprenderá que anunciemos nuestra intención de votar en contra de la convalidación de este Real Decreto-ley, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, déjenme que les diga que ya está bien de palabrería, ya está bien de utilizar el tiempo para no decir la verdad, ya está bien de utilizar los turnos, de utilizar la política, de utilizar la explicación de las deci
siones que se toman para salvarse ustedes mismos, aunque el país se hunda en el camino.
Cualquiera que haya visto el debate desde fuera, que no esté metido en él, cualquier analista ajeno a este debate que lo haya podido ver sin prejuicios, sin tener una posición decidida, creo que se habrá sorprendido mucho de las
intervenciones de los dos, en primer lugar, del partido que ha solicitado el voto en contra, del partido que gobernaba hasta hace unos meses, y después de la réplica del señor ministro. Porque fíjense que yo salgo a la tribuna y lo primero que
tengo que decir es que en lo sustancial estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, es decir, las cosas fundamentales que han dicho el uno y el otro creo que son verdad, pero las han dicho para votar de forma diferente. Porque usted, señor De
Guindos, ha dicho que el Gobierno anterior no hizo nada en esta materia, y es verdad. Hizo cosas, las hizo tarde, pero es verdad que las hizo con su apoyo. Efectivamente no hicieron nada para evitar que llegáramos a donde hoy estamos, pero lo que
hizo fue con el apoyo del Partido Popular. Y el representante del Grupo Socialista les ha dicho a ustedes que votó el anterior decreto, el de hace tres meses, afirmativamente porque era continuidad de los decretos que hicieron ellos en el Gobierno
anterior. También es verdad, a la vez que ha dicho que va a votar en contra de este que es continuidad del anterior. Es como si estuvieran buscando cada cual un argumento para no ponerse de acuerdo en esta materia, en la que están sustancialmente
de acuerdo y en la que no nos han dicho la verdad en ningún momento de lo que estaba ocurriendo. Porque parece que no dicen la verdad ni al médico, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular en esta cuestión. ¡Fíjense si ha tenido mala suerte
este país! Creo que hemos tenido mala suerte, porque hemos pasado de un Gobierno cuyo presidente tenía alergia a pronunciar la palabra crisis, aunque estuviéramos en crisis, y ya no se atreve a negarlo nadie, a ustedes, que tienen alergia a
pronunciar la palabra intervención, aunque estemos intervenidos, y eso tampoco lo niega nadie. Tienen la misma pesadilla el señor Rajoy y el señor Zapatero: no decir la verdad, no utilizar las palabras para que la gente nos entienda, para que sepa
de qué estamos hablando, y por eso hemos llegado a la situación en la que estamos; así que vamos a dejarnos de palabrería y a reconocer la realidad: que dieciséis decretos más tarde traen ustedes un decreto que justifica y ratifica el fracaso del
anterior.
Y ya en la exposición de motivos cuando dicen que traen este real decreto porque el anterior fue un éxito, es como si quisieran tomar el pelo a todos los ciudadanos. No, lo traen porque el anterior fue un fracaso y este tiene el mismo
diseño que el anterior. Es una vuelta de tuerca más en la misma dirección que el anterior, por lo que el fracaso está cantado de la misma manera. Ya está bien de que sigan diciendo cosas tan increíbles como las que usted ha dicho en las últimas
semanas, y hoy ha repetido aquí de alguna manera: esto no nos va a costar nada. Vamos, esto es un chollo. Zapatero decía lo mismo con los decretos anteriores. Ponemos dinero, pero realmente hay una cola de inversores extranjeros que quieren
invertir porque saben que va a ser un chollo. ¿Cómo que no nos va a costar nada? La gente se lo pregunta, esta diputada se lo pregunta. ¿Cuánto nos va a costar? Es verdad que ustedes no saben cuánto nos va a costar, pero saben que nos va a
costar mucho. No saben cómo lo van a pagar, como usted mismo está diciendo, pero que nos va a costar es seguro. Solo la recapitalización de Bankia o salvarla del agujero nos va a costar más que el presupuesto de la NASA para este año, y dicen que
son migajas, que es una pequeña cantidad. En relación con todo lo que hace falta para recapitalizar el conjunto de las entidades financieras, son migajas. Más que el presupuesto de la NASA, que son 17.800 millones de euros. Ahora, no sabemos de
dónde va a salir el dinero y además no quieren decir que al conjunto de los españoles nos va a costar una cantidad que no sabemos cómo vamos a pagar.
Lo suyo de ayer -permítame que se lo diga, señor ministro, porque como no está el presidente no creo que usted caiga en lo mismo y me llame listilla por decirle estas cosas, pero permítame que lo haga- ya fue cumbre cuando dijo que lo de la
prima de riesgo se va a arreglar en cuanto los griegos celebren las elecciones. Me pegué un susto de muerte, quiero reconocérselo. No nos va a intervenir Europa, ¿pero nuestro futuro depende de lo que voten los griegos a mediados de junio? Pues,
¡qué susto! Si realmente nuestro futuro va a depender de lo que voten los griegos y miramos las encuestas y lo que está saliendo hoy, ¡qué susto! Y todo esto porque hay un enorme desconcierto en su Gobierno, señor ministro -permítame que se lo
diga-, un enorme desconcierto. Están ustedes noqueados porque ha ocurrido una cosa, y también en esto hemos tenido mala suerte los españoles; ha ocurrido que hemos pasado de un Gobierno cuyo presidente tenía como única obsesión estar sentado a la
puerta de su casa, esperando a que la solución de la crisis en Europa resolviera la crisis española -eso sí, con buena cara, con el gesto amable para decir: veis, ya os lo decía yo-, a un Gobierno con un presidente que se llegó a creer la
propaganda electoral. Esto es, que por llegar al Gobierno el Partido Popular se iban a resolver todos los problemas de España. Y, claro, ni era verdad que valía estar sentado en el banco esperando a que se resolvieran los problemas del resto de
Europa, ni es verdad que por llegar al Gobierno el Partido Popular -a la vista está- se van a resolver los problemas de España, con lo cual tenemos un verdadero drama, porque España está en una situación dramática, se llame como se quiera llamar, y
ustedes, quienes tienen la máxima responsabilidad, no lo quieren reconocer, como si por no decirlo se fueran a resolver los problemas. Y el partido que está en la oposición, que cuando gobernaba ha hecho en esta materia lo mismo que están haciendo
ustedes, está buscando una disculpa que no termina de encontrar para no votar con ustedes, para no seguir la saga de lo que estuvieron haciendo durante todo el tiempo.
Ustedes, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, señores del Gobierno, ambos son beneficiarios de esta situación; montaron este entramado de las cajas de ahorro, porque no es el conjunto del sistema financiero, como
usted muy bien sabe; cuando estalló la crisis en el sistema la mitad eran cajas de ahorro aproximadamente y la otra mitad eran bancos, y el comportamiento no ha sido el mismo. Quienes más han sufrido, quienes peor se han comportado, quienes tienen
los mayores problemas son las cajas de ahorro, que son las que están políticamente contaminadas por ustedes, por ustedes y por ustedes. Están contaminadas por decisiones políticas, porque ustedes nombraron a los gestores, porque ustedes nombraron a
los miembros del consejo de administración, porque ustedes están en las asambleas, porque ustedes y ustedes tomaron las decisiones. Y lo que ha pasado es que ha contaminado al resto del sistema. Pero no es el mismo comportamiento el de las cajas
de ahorro, que se fusionaron con criterios políticos, y no profesionales, siguiendo instrucciones políticas. Acuérdense de que incluso las comunidades autónomas tenían capacidad de veto para las fusiones. Se hicieron con criterios políticos y dos
cajas malas pequeñas hicieron una mala grande. Esto ha venido ocurriendo porque ustedes y ustedes, los dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, han sido los responsables, los culpables, los cómplices de una gran estafa política dentro del
sistema financiero constituido fundamentalmente por las cajas de ahorro. Fue una gran estafa política que han montado al servicio de sus intereses. Eso es lo que todos los españoles saben y de lo que ustedes tienen que responder políticamente;
penalmente a lo mejor también, patrimonialmente a lo mejor también, pero desde luego políticamente tienen que responder.
Además tienen que contestar a algunas preguntas que se hacen los ciudadanos. Los ciudadanos se preguntan cómo hemos llegado aquí. Tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo. Hemos llegado aquí por un interés partidario del Partido
Popular y del Partido Socialista de controlar el sistema. No hemos llegado aquí porque hubiera crisis, no. La crisis llegó mucho más tarde de que las cajas de ahorro, con consejos de administración formados por políticos que obedecían a criterios
políticos, tomaran decisiones económicamente impresentables. Esas decisiones se fueron tomando antes y las consecuencias las estamos pagando ahora. Los ciudadanos se preguntan si va a haber crédito. No; con este nuevo decreto no va a haber más
crédito, porque es una repetición del anterior con una nueva vuelta de tuerca. Por tanto no modifica nada de lo que el anterior planteó. Además la gente se pregunta -desde luego esta diputada lo hace- si se van a depurar responsabilidades.
¿Tienen ustedes intención de depurar responsabilidades? Usted mismo ha dicho en la tribuna que las preferentes fueron un gran engaño. ¿Y quién va a pagar por ello? Si fueron un gran engaño, yo no lo decidí. Nosotros hemos votado en contra de los
tres reales decretos anteriores y votaremos también en contra de este. ¿Quién decidió? Habrá alguna responsabilidad política, personal y patrimonial. Alguien tendrá responsabilidad por haber engañado a la gente. ¿Han dado ustedes cuenta a la
fiscalía? ¿Le han dicho a la fiscalía que actúe? ¿Actúa la fiscalía de oficio ante este gran engaño? ¿O el engaño forma parte del paisaje del país, y les parece que es normal mientras no les afecte personalmente, y mientras ustedes puedan
aparentar salvar la cara? La gente tiene derecho a saber eso. ¿Tienen ustedes intención de exigir responsabilidades? No, no tienen intención de exigir responsabilidades; a la vista está. Ni siquiera quieren que en el Congreso de los Diputados
se investigue sobre esta cuestión. Nos cierran la vía política para hacer esa investigación en el Congreso de los Diputados. Por eso le digo que abriremos una vía penal. Este partido, Unión Progreso y Democracia, llevará esta cuestión con una
querella ante la Audiencia Nacional. Llevará a todos los responsables para que paguen y asuman las responsabilidades, porque no puede haber impunidad, sino que tiene que haber justicia. Justicia significa que no haya impunidad, que no le salga
gratis a nadie, aunque solo sea para que no repita lo que ha ocurrido. Pero lo haremos porque ustedes han cerrado la vía política, y eso es evidente.
Ha dicho usted en la réplica al Grupo Parlamentario Socialista que les tiende la mano. El Partido Socialista es el principal partido de la oposición y es el partido que ha montado con ustedes todo este fiasco, este fracaso y este entramado.
Es normal que entre ustedes se hablen para procurar entre otras cosas taparse las vergüenzas, pero en esta Cámara hay otros parlamentarios y otros grupos políticos. ¿Qué tiene que ocurrir en España, señor De Guindos, para que su Gobierno y el
ausente presidente tomen la decisión de proponer un gran pacto de Estado para enfrentar la crisis todos juntos? ¿Qué tiene que ocurrir en España para que nos incluyan al resto?
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
¿Qué tiene que ocurrir en España para que siquiera intenten conseguir un gran pacto de Estado para enfrentarnos a esta situación? En nombre de Unión Progreso y Democracia les ofrezco también nuestra mano tendida. Se la ofrezco
sinceramente, como lo estoy haciendo desde que se inició esta legislatura. Les digo que queremos ser corresponsables en la salida de esta crisis, pero eso depende de ustedes. Si ustedes no quieren porque prefieren disimular a ponerse junto a los
demás, si ustedes no quieren compartir la responsabilidad con nosotros, si ustedes no quieren lanzar un mensaje al conjunto de la ciudadanía, de los interlocutores extranjeros y de nuestros socios europeos, nosotros no podemos hacer más.
La gente nos pregunta -a usted se lo preguntarán más veces seguramente, pero incluso a los humildes mortales como esta diputada también- qué podemos hacer para
salir de esta situación, qué hacemos con el dinero, qué va a pasar mañana. Nos preguntan pero no hay respuesta, sobre todo no hay una respuesta sencilla, una respuesta corta y una respuesta fácil. Pero hay una cosa que no hacemos que sí
podríamos hacer, y es demostrar que somos un gran país y que los políticos somos conscientes de que para resolver los problemas tenemos que ponernos todos juntos. Ustedes tienen alergia al pacto de Estado; ustedes hablan de pactos, porque tienen
mayoría absoluta, pero tienen alergia al pacto de Estado. Y este es el momento de demostrar grandeza, de demostrar sentido de Estado, y de demostrar ambición de país. Dígale usted al presidente, por favor, que esta diputada en nombre de Unión
Progreso y Democracia se ha vuelto a ofrecer para compartir las responsabilidades, y que esta diputada en nombre de Unión Progreso y Democracia le ha pedido al presidente de Gobierno que convoque a las fuerza políticas y que nos proponga un gran
pacto de Estado.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro. Comparecemos aquí otra vez para tener una especie de déjà vu porque es otra reforma del sistema financiero, otro decreto ley muy parecido al anterior. En un espacio de tiempo sorprendente, en apenas cuatro
meses, ya hemos tenido dos y en apenas cuatro años hemos tenido diez reformas del sistema financiero, y la verdad es que no nos podemos felicitar porque la situación no ha hecho sino empeorar en todos los sentidos: ha empeorado la prima de riesgo y
han empeorado los balances del sistema financiero. Parece, señor ministro, que ustedes han tenido esta mañana un divorcio con el Partido Socialista con el que habían estado pactando toda esta reforma del sistema financiero, pero siguen empeñados en
seguir acusándose mutuamente de la responsabilidad. Parece absolutamente indecente que esto siga siendo así, porque tenemos que tener en cuenta que el problema de los activos tóxicos no se genera de la noche al día. Es un problema que se va
gestando lentamente en los balances del sistema financiero, y que por lo tanto abarca varias legislaturas, legislaturas que comprenden al Partido Socialista y legislaturas que comprenden al Partido Popular. Dicho de otra forma, estamos sufriendo
las consecuencias de una mala gestión en el ámbito del sistema financiero, tanto por el Partido Popular como por el partido Socialista. Dicho lo cual vamos a plantear que opciones tenemos. El señor ministro ya ha tenido oportunidad de explicarnos
en bastantes ocasiones que el problema de los activos tóxicos es de una magnitud considerable. No se ha determinado aún el grado de este problema, pero todos sabemos que hay una inmensa dificultad para poder valorar los activos tóxicos.
Para poder tapar este agujero evidentemente tenemos tres opciones, señor ministro. La primera, que sean los inversores privados los que quieran meter dinero en los bancos que tienen estos problemas, opción que obviamente podemos descartar
en la medida en que ningún inversor quiere meter dinero para perderlo. La segunda opción es que el sistema financiero genere suficientes beneficios derivados de su actividad financiera como para poder ir tapando ese agujero. En un contexto de
crisis económica y en el que se ha caído todo el sistema de modelo de crecimiento español parece también improbable que el sistema financiero pueda generar esos beneficios para tapar ese agujero. Por lo tanto, señor De Guindos, nos queda la última
opción, el dinero público. Hay que asumirlo, el dinero público va a tener que tapar ese agujero. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta Cámara, una vez que aceptamos definitivamente esa realidad, ese hecho, es a qué precio, con qué
condiciones y qué vamos a conseguir a cambio. Es evidente que el Estado no tiene tanto dinero y que no tiene facilidades para endeudarse, especialmente con la situación financiera actual, tal y como está la primera de riesgo. Por eso le decía yo,
señor ministro, en la comparecencia en la Comisión de Economía si usted descartaba que los fondos europeos fueran finalmente los que taparan el agujero que tenían los bancos españoles. Usted contestó a mi intervención, pero no respondió a esa serie
de preguntas. Yo creo que es un hecho ya que el agujero del sistema financiero español lo van a tapar los fondos europeos porque España no tendría esa capacidad de endeudamiento tan alta. Y tampoco podría el Gobierno -no me parecería inteligente-
afrontar el coste social que significa poder endeudarse para salvar la banca y no hacerlo para la educación y la sanidad.
Sin embargo, señor ministro, usted mismo ayer me planteó que era demagógico decir lo que yo acababa de decir: ¿cómo es posible que haya dinero para salvar la banca y no haya dinero para la educación y la sanidad? Sin embargo sí hay una
relación fundamental: si aceptamos que el agujero se tiene que pagar con dinero público, de algún lado ha de salir, bien sea de la deuda, bien sea de ayuda de Europa con condiciones, o bien sea porque hagamos una reforma fiscal. Hoy hemos
despertado con una noticia de los técnicos de Hacienda que proponen un plan para recuperar a través de la lucha contra el fraude y de nuevos impuestos 60.000 millones de euros. Ahí hay una posibilidad, el Gobierno debería estudiarla, atenderla y
resolver eso, porque la propuesta que hacen los técnicos de Hacienda es una propuesta muy progresiva que permitiría ir resolviendo estos problemas que afronta la economía. Si no se hace así se va a tener que recurrir a la deuda, lo cual en última
instancia va a repercutir en la sanidad y en la educación. Por lo tanto no es demagogia, es sencillamente que el Gobierno ha decidido que la prioridad es el sistema financiero. Si se recurre a Europa, aviados vamos, porque Europa nos
lo va a condicionar con severos recortes. Yo creo realmente que ya estamos sometidos a una intervención, una intervención evidentemente velada, una intervención escondida, pero que ya significa que nos están condicionando las políticas.
En este sentido me gustaría hacer una reflexión de parte de nuestro grupo. La crisis española es una crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria que no habría podido llevarse a cabo sin el dinero del capital
financiero de los países del centro, el dinero del capital financiero alemán. Usted conoce perfectamente la balanza de pagos, usted conoce perfectamente la situación de superávit comercial de Alemania, y de su espejo en la cuenta financiera.
Alemania tenía dinero ocioso que tenía que colocar en alguna economía. Alemania, como los países del centro, han estado inyectando, prestando dinero a las economías periféricas para inflar sus burbujas, es decir, la burbuja española no solo es
consecuencia de la propia dinámica de crecimiento español, también es consecuencia de la dinámica de crecimiento de Alemania. Por tanto no podemos acusar a países periféricos como el nuestro de tener déficits comerciales tan importantes, también
tenemos que acusar los superávits comerciales tan importantes que tienen países como Alemania. Lo que ha ocurrido desgraciadamente es que, una vez ha estallado la burbuja inmobiliaria, nos encontramos con que Alemania impone y subordina toda la
política y subordina la política de este Gobierno a un solo objetivo, al de satisfacer los intereses de ese capital prestado por Alemania. Por eso podemos decir que este es un Gobierno secuestrado, igual que son Gobiernos secuestrados todos los de
la periferia de la Unión Europea, porque están subordinando toda su política no a sentar las bases de un crecimiento económico futuro, en absoluto, simplemente están dedicando todos sus esfuerzos, como su ministerio y su Gobierno, a pagarle las
deudas a Alemania; unas deudas que, en caso de ser pagadas en las condiciones actuales, a lo único que conducen es al fracaso social. Es un mal diseño de la Unión Europea, un mal diseño de la Unión Europea que ha de cambiar dentro de su actual
marco regulatorio, Unión Europea que nosotros ya denunciamos era la Unión Europea de los mercaderes y de los especuladores, y dentro de esta Unión Europea España no tiene salida. Por lo tanto necesita inmediatamente enfrentar esa situación con
mucha más fortaleza para poder hacer frente no solo al problema del sistema financiero porque, señor ministro, usted sabe perfectamente que el sistema financiero aunque lo sanee usted con todos los recursos que quiera echarle, si no hay actividad
económica seguirá generando activos tóxicos. Es decir, no importa para nada que vengan dos entidades externas a valorar los activos tóxicos que tiene este sistema financiero, porque si no hay actividad económica esos activos tóxicos se
multiplicarán por dos o por tres en los siguientes meses.
A la representante de UPyD le preocupa la victoria de Syriza en Grecia. Yo sin embargo creo que es una esperanza, una esperanza en un cambio en esta configuración de la Unión Europea. Por eso aprovecho para decir que me parece bochornoso e
indignante que la Comisión Europea y la llamada troika estén amenazando a los ciudadanos griegos con las posibilidades de que gane un partido que no forma parte del bipartidismo que ha estado dominando Grecia, porque lo que realmente necesitan los
ciudadanos de Europa es un cambio de las políticas y un cambio en las prioridades. Este Gobierno, el Gobierno español, ha decidido que la prioridad es el sistema financiero por encima de cualquier otra política de gasto, especialmente la sanidad y
la educación -eso es lo que se está decidiendo en el resto de Europa-, simplemente para satisfacer la avaricia de un capital financiero que olvida, desgraciadamente, que depende de la economía real. Si seguimos esta dinámica, señor ministro, vamos
directamente al camino griego en el caso español, a un camino de caos social y a un nuevo orden social poco favorable, profundamente tóxico para las personas.
Por lo tanto, ruego al señor ministro que valore nuestras posiciones, que valore la circunstancia y se replantee un cambio en el ámbito regulatorio de la Unión Europea, ya que España no puede seguir estando secuestrada por los poderes
financieros alemanes y del centro de Europa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía y Competitividad, señoras y señores diputados, la situación económica española está atravesando unos momentos tremendamente delicados. Ustedes, el Gobierno, el Partido Popular, están siendo superados continuamente
por las adversidades financieras internas y por el entorno internacional también adverso y a la vez muy hostil. Ante esta situación, ustedes, desde nuestro punto de vista, están gobernando, están actuando en determinadas cuestiones muy sensibles
como las cuestiones financieras de una forma precipitada, con mucha improvisación, con poca valentía política en temas presupuestarios a pesar de su mayoría absoluta y, a nuestro entender, tomando decisiones equivocadas. El resultado final de estas
decisiones, de esta manera de gobernar ante una situación, repito, tremendamente delicada, es que nos estamos encontrando en una situación financiera en la que la solvencia y la credibilidad financiera española están bajo mínimos y, a consecuencia
de ello, nos encontramos en una situación en la que el mercado de financiación en España y para España y para sus empresas es un mercado totalmente cerrado: no hay liquidez y probablemente no va a haber liquidez en los próximos meses. También
estamos en otra situación, de
la que no se ha hablado en esta Cámara, según la cual los inversores internacionales desgraciadamente se han marchado de nuestro país, nadie quiere invertir en España, ningún inversor internacional, hoy por hoy, quiere invertir en nuestro
país. Y hay otra realidad económica que no podemos olvidar y es que el Banco Central Europeo está financiando una parte importante de nuestras rentas en estos últimos meses.
Antes este panorama, señoras y señores diputados, señor ministro, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta, que es la pregunta que se hace nuestro grupo parlamentario: ¿podemos salir de esta situación? Nosotros pensamos sinceramente
que podemos salir de esta situación que, repito, es una situación extremadamente delicada. Nosotros pensamos que el ministro de Economía y Competitividad tiene sensibilidad suficiente para poder abordar algunas de las cuestiones que le vamos a
plantear, lo ha demostrado en ocasiones anteriores, ha existido sensibilidad. Creemos sinceramente que podemos superar esta difícil situación, pero ustedes han de cambiar de chip; ustedes han de cambiar el chip de la mayoría absoluta y ante
situaciones o planteamientos económicos o reestructuraciones importantes que se han de plantear en el futuro, ustedes han de encontrar o han de buscar el consenso de todas las formaciones políticas de esta Cámara. Si fuera un pacto de Estado, al
que ahora se apuntan otras formaciones políticas y que nosotros venimos planteando desde la anterior legislatura, fantástico. Pero si no es posible un pacto de Estado, ante estas situaciones políticas tremendamente delicadas desde la perspectiva
económica hay que buscar un consenso de todas las formaciones políticas. En ese consenso ustedes podrán recoger, aportar y valorar todos los planteamientos que puedan hacer otras formaciones políticas para que pueda existir un frente común ante
decisiones que se han de tomar en los próximos meses. Al mismo tiempo, si fuesen capaces de conseguir este consenso político, podrían actuar con más rigor político y económico y con más seriedad y así recuperar la confianza de los mercados
internacionales que hasta la fecha nos han negado. Por tanto, busquen el consenso político, recuperen la credibilidad financiera en los sectores financieros españoles y, sobre todo, escuchen con muchísima atención e intenten hacer un frente común
para superar esta situación delicada. Y lo que es más importante, señor ministro, que no cunda el pánico, porque a veces, oyendo aquí algunas intervenciones, parece que queramos crear más pánico. Esta no es la posición de Convergència i Unió.
Podemos resolver esta situación, podemos ser capaces de salir de esta tremenda y delicada situación, pero ustedes han de cambiar el chip, tienen que pensar que aunque tengan mayoría parlamentaria no tienen mayoría política suficiente para resolver
esta situación en solitario. Busquen estos acuerdos, cambien de chip y, probablemente, en los próximos meses los resultados se empiecen a ver rápidamente.
Entro directamente en el real decreto que hoy convalidamos. Nosotros apoyamos el anterior decreto, a pesar de que fuimos consultados en última instancia -esto es un tema que no es fundamental-, pero no vamos a poder apoyar este real
decreto. Probablemente, ya lo dijo nuestro portavoz, si el Gobierno del Partido Popular no tuviera los diputados suficientes en el Grupo Parlamentario Popular lo apoyaríamos, como hemos hecho en otras ocasiones. Como no vemos la fotografía final
de este real decreto, si nos dijera que este va a ser el último real decreto de reestructuración financiera que van a presentar, quizás le daríamos la confianza, pero no sabemos si va a ser el último. Ustedes -y aquí está una de las equivocaciones
graves que han cometido-, cuando han planteado este real decreto, sinceramente se han equivocado en algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, han desautorizado al Banco de España, han dinamitado la credibilidad del Banco de España, de los
inspectores, de los supervisores, de los recursos humanos importantes que existen en el Banco de España, y han confiado las futuras auditorías a compañías extranjeras que están auditando las entidades financieras españolas al margen y a espaldas de
los inspectores del Banco de España. Sinceramente, este gol, señor ministro, no deberían haberlo permitido, no tendrían que haber dejado que determinadas instancias superiores europeas les obligaran a coger auditorías externas para que certificaran
finalmente la fiabilidad del sistema financiero español. Por tanto, a través de estos reales decretos estamos sobredimensionando y sobreactuando en todas las cuestiones que afectan a los activos inmobiliarios de las entidades financieras y no
sabemos si estos señores, dentro de un mes, nos van a decir que faltan 20.000 0 25.000 millones más, y no sabemos si algún día estos auditores internacionales se van a plantear la posibilidad de cuestionar los créditos de las empresas que no son
inmobiliarias. Con lo cual, probablemente nos vamos a encontrar con los bancos más capitalizados del mundo pero que no van a tener liquidez para atender a la economía productiva de nuestro país. En consecuencia, sería bueno que este real decreto
se tramitara como proyecto de ley para resolver algunas situaciones puntuales que creemos que se deberían resolver. Lógicamente, repito, ustedes han cometido un grave error desautorizando al Banco de España y no contando con él para todas estas
reestructuraciones. Nosotros entendemos que, al margen de los equipos directivos del Banco de España -y no voy a entrar en valoraciones-, los recursos humanos, los servicios de inspección, el servicio de regulación y el servicio de control de todas
las entidades financieras están formados por un buen plantel de personas que han demostrado siempre una gran competencia, una gran profesionalidad, y son los que realmente saben exactamente cuáles son las entrañas de las dificultades que atraviesan
los sectores financieros españoles.
No me gustaría acabar mi intervención hablando de Bankia, porque es un tema que hay que desligar de la reestructuración del sistema financiero pero es un tema que tenemos encima de la mesa y que preocupa enorme
mente a la sociedad española y también al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Desde esta perspectiva, señor ministro, en Convergència i Unió queremos que la reestructuración de Bankia no le cueste ni un solo euro al contribuyente
español, ni un solo euro. Ustedes deberían decirle al señor Goirigolzarri que Bankia no es su finca particular, que es un banco nacionalizado con capital de todos los españoles, con capital del Estado, y que lo que ha de hacer es sanear el banco
rápidamente, que no tenga pérdidas -porque si las tiene en un futuro sí que va a costar dinero a los contribuyentes españoles- rentabilizar el banco y devolver rápidamente este dinero al Estado para que podamos decir que, efectivamente, esta
nacionalización no le va a costar un euro a los contribuyentes españoles. Si la nacionalización de Bankia se hubiera hecho con el concurso de la inspección del Banco de España, si se hubiera tenido en cuenta la opinión de los inspectores del Banco
de España, probablemente, señor ministro, hubiera costado menos dinero. No lo sé, pero hacerla a espaldas del Banco de España, de sus recursos humanos, de los inspectores, de sus supervisores, ha sido también una manera atípica de proceder, muy
improvisada, porque usted sabe, señor ministro, que cuando los mercados están abiertos no se puede nacionalizar una entidad; las entidades se han de nacionalizar cuando los mercados están cerrados y en fines de semana.
Hay dos aspectos muy puntuales que también le queremos comentar, señor ministro. Sé que el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes en limitar los sueldos de los directivos de los bancos que han sido nacionalizados o que han estado
capitalizados por el FROB. Está muy bien. Lo han hecho ustedes y también otros gobernantes anteriores, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Sabemos que con la legislación que ustedes han planteado existe la posibilidad de que algunos
directivos que tengan sus contratos blindados anteriormente a la intervención del FROB se puedan escapar y cobrar alegremente estas indemnizaciones millonarias. Ayer nosotros presentamos una iniciativa que va en la dirección de modificar este real
decreto. Vamos a presentarla a través de enmiendas, si ustedes tienen a bien tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley, para que no haya escapatoria posible y sea totalmente imposible desde todos los puntos de vista que ningún directivo
de estas entidades que han estado intervenidas por el FROB o capitalizadas o nacionalizadas por el Estado puedan cobrar ni un euro de indemnización, cuestión que para nosotros es determinante y hay que ir hasta las últimas consecuencias, y si
algunos de ellos las han cobrado, hemos de exigir su devolución. Por lo tanto, ministro, le adelanto que, si ustedes lo tramitan como proyecto de ley, nosotros vamos a presentar esta enmienda y vamos a ver si contamos con todos los miembros de esta
Cámara para conseguir que ninguna persona que haya estado al frente de un entidad que ha sido capitalizada por el FROB o nacionalizada por el Estado tenga la oportunidad de cobrar unas indemnizaciones que son escandalosas y que nadie puede entender
en los momentos económicos que estamos atravesando. Repito, estas indemnizaciones, por muy legales que sean, las consideramos una estafa y vamos a intentar evitar que esto se pueda producir.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo va a fijar la posición en este real decreto-ley no sin antes hacer dos matizaciones a lo que he escuchado en la Cámara esta mañana. Las haré muy brevemente, pero creo
que merecen una matización. Primero, señor Valeriano Gómez, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular no queremos mirar al pasado, siempre y cuando no nos echen la culpa de las decisiones que tomaron ustedes o usted mismo siendo ministro.
(Aplausos). Señor Valeriano Gómez, con todo cariño y con toda honestidad, el sistema financiero español está mal desde hace años y había una responsable económica que se sentaba en este banco azul y era vicepresidenta del Gobierno y de esa no
hablamos. Alguna responsabilidad tendrá más que ahora buscar consejos de administración de multinacionales para instalarse ella; alguna responsabilidad tendrá. (Aplausos). Y no mirar al pasado no quiere decir que no se asuman las
responsabilidades que alguien asumió en el pasado. No mirar al pasado no quiere decir que desde el día 20 de noviembre, con la mayoría que los ciudadanos otorgaron al Grupo Parlamentario Popular, ya ustedes no tengan ninguna responsabilidad de nada
de lo que hicieron en España aunque eso fuera un desastre para España. (Aplausos). Se lo digo con todo cariño.
Y la segunda cosa que no me puedo callar -y con perdón, señora Díez- es que usted diga que aquí estamos para tapar las vergüenzas. No le diría a usted -porque no lo pienso y creo que no me subo a la tribuna para decirlo- que usted está en
una campaña de autopromoción personal. No se lo diría. (Aplausos). Pero no me diga que estamos aquí para tapar las vergüenzas. No, estamos para arreglar unos problemas que se generaron en España desde hace unos años con un Gobierno de un partido
del que usted formaba parte. (Aplausos). Y está muy bien que nos eche la culpa de todo, pero usted formó parte de un Gobierno que también tenía cajas de ahorros, y entonces no dijo nada. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos). Se lo
digo con todo el cariño y con todo el afecto.
Mi grupo va a apoyar este real decreto-ley como hicimos con los anteriores, porque entendemos que es básico que España cuente con un sistema financiero que garantice los depósitos y pueda hacer que fluya el crédito. Señores del Grupo
Socialista, les decía antes el ministro
que no estamos aquí para hablar de otras cosas, no estamos aquí para hablar de entidades concretas -que podríamos hacerlo, porque hay varias-, no estamos aquí para hablar de las dificultades genéricas que han producido el deterioro del
sistema financiero. Tampoco estamos aquí, señor Gómez, para hablar de educación y sanidad, aunque entendemos que es muy importante. Usted ha revelado conversaciones con el ministro en las que no he participado, pero sí puedo decir que varias veces
le he ofrecido llegar a acuerdos sobre este real decreto-ley, hasta que un día me dijo usted: es que esto tiene que hacerse hablando de sanidad y educación. Y le dije que ahí no tengo competencias. Ustedes no quisieron hablar del real decreto-ley
sino hablar de otras cosas, y están en su derecho, pero no diga que no hemos hablado con usted; no diga que no hemos intentado ofrecerle acuerdos; no diga que no hemos intentado recoger sus sugerencias. Ustedes, por lo que sea -no voy a entrar en
dificultades internas de ningún grupo; no voy a entrar en eso-, quisieron embarrar el terreno de juego hablando de cosas que hoy, como decía el ministro, no tocaban, porque hoy tocaba hablar de provisiones, de garantía de los depósitos, de un
sistema financiero que funcione, de un sistema financiero que garantice crecimiento y empleo. De eso tocaba hablar hoy. Sí hemos hablado, señor Gómez, y usted lo sabe. Ustedes no quieren o ustedes quieren, en su mano lo tienen. Nuestra
responsabilidad es que haya un sistema financiero en España que facilite la garantía de los depósitos en España, un sistema financiero que haga que haya ahorro, que la gente que ahorra tenga garantizados sus depósitos y que ese ahorro se canalice a
inversión, a proyectos, a créditos razonables y viables. Ayer, a una persona con la que coincidí en una tertulia en un medio de comunicación, que alegaba que todo estaba mal, yo le decía: Si tu empresa hubiera pagado el crédito tendríamos menos
problemas para lo que hoy estamos tratando. Lo que queremos es un sistema financiero donde haya ahorradores que pongan su dinero, que no sufran porque lo tengan garantizado y que ese dinero se canalice a proyectos viables. Eso es lo que está
buscando el Gobierno del Partido Popular y el grupo que le da su apoyo.
Y por supuesto que hay responsabilidades. Hace siete minutos Draghi lamentaba -es el titular- que se subestimasen los problemas de Bankia en un principio. Lo que Draghi dice es que ustedes, siendo Gobierno, fallaron. (Risas.-Un señor
diputado: ¡Pero qué dices! ¡Os lo dicen a vosotros!). Lo que dice Draghi es que ustedes lo hicieron mal y hoy estamos arreglando lo que ustedes hicieron mal. (Rumores.-Aplausos). Eso es lo que les dice Draghi. Si se quieren meter con alguien,
métanse con Draghi, que no soy yo el que lo dice. (Aplausos). Aquí está, señorías, hace siete minutos. Por supuesto que hay responsabilidad del Banco Central español, por supuesto que hay responsabilidad del Banco de España, por supuesto. ¿Quién
diseñó el FROB? ¿Quién decidió que viniéramos aquí en julio a aprobar 9.000 millones de inyección en dinero y 90.000 más de crédito? ¿Quién decidió en aquel entonces que no se podía aprovisionarse de ese dinero y no emitir en aquel momento?
¿Quién decide hacer los SIV? ¿Quién decide promover fusiones, primero a través de SIV y luego a través de fusiones directas? ¿Quién hace eso? Señorías, que llevamos tres meses. (Rumores.-Varios señores diputados: ¿Tres meses?), que es que
parece que ustedes no fueron nunca Gobierno. Tendremos la responsabilidad de estos tres meses, pero no de decisiones que ustedes adoptaron. (Aplausos). Señorías, no voy a esconderme de hablar de nada, porque nosotros podemos hablar de todo.
Somos Gobierno desde hace tres meses. (Varios señores diputados: ¡Cinco! ¡Cinco!). Cuatro (Un señor diputado: ¡Seis!). Seis, mejor, y doce más que vamos a estar, porque ustedes no tienen ya crédito para nada. (Rumores.-Aplausos). No se pongan
nerviosos, porque podemos hablar de todo Llevamos seis meses arreglando lo que ustedes destrozaron. Si ustedes hubieran controlado las cuentas públicas, si ustedes hubieran hecho los deberes, hoy no estaríamos hablando de lo que hablamos. Y, por
supuesto, señorías, hay que asumir responsabilidades. Las responsabilidades políticas las asumieron en las urnas, pero si hay más responsabilidades habrá que asumirlas. Si el gobernador se ha equivocado, tendrá que asumir sus responsabilidades, si
los supervisores se han equivocado, tendrán que asumir sus responsabilidades y habrá que ver lo que han hecho y lo que hicieron. (El señor Zaragoza Alonso: Sigue, sigue...). Si la ministra de Economía se equivocó, habrá que ver lo que ha hecho.
(El señor Zaragoza Alonso: ¿No te olvidas de nadie?). ¡Por supuesto que hay que asumir responsabilidades! Pero hoy lo que mi grupo quiere es aprobar un decreto-ley para que los ciudadanos estén mejor, para que tengan garantizados los depósitos,
para que haya más crédito, para que la economía funcione mejor. Si hay que depurar responsabilidades, se depurarán, pero esas se encontrarán ahí, que es donde estaba el Gobierno. (La señora Narbona Ruiz: ¿Dónde?)
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA FLEXIBILIZAR LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS CANALES PÚBLICOS DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 121/000009).
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, antes de pasar al debate del próximo punto, me gusta afinar un poco en cuándo será el momento de la votación. Como votaremos todo al final de la mañana, pienso que no se
producirán las votaciones antes de las dos y media, pero espero que sea muy cerca de las dos y media.
Vamos a pasar ahora al punto VII: Debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión
autonómica. Para presentar el proyecto tiene la palabra el ministro de Industria, Energía y Turismo. Por favor, ruego que ocupen sus escaños y los que tengan que abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez.
Adelante, señor ministro. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Gobierno para fijar la posición con respecto a las enmiendas a la totalidad que han sido presentadas al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica, y lo hago para manifestar la posición en contra del Gobierno.
Uno de los compromisos del Gobierno quedó definido de manera clara como ampliar la posibilidad de las comunidades autónomas para que libremente pudieran decidir la fórmula de gestión de los canales públicos de televisión. En el Consejo de
Ministros del día 13 de enero se publicó un informe sobre el anteproyecto de ley de modificación de la citada Ley general relativa a los modos de gestión de los canales públicos autonómicos. A continuación, se sometió el informe para recoger las
alegaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, de Forta, Uteca, de la Asociación de Usuarios de Comunicación y del Consejo Económico y Social de España. Tras tomar en
consideración las observaciones y estudiar en profundidad las distintas opciones, el Gobierno presentó el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de la televisión autonómica.
Los objetivos que persigue el anteproyecto son proporcionar mayor flexibilidad a las comunidades autónomas para que determinen el modo de gestión en la prestación de su servicio público de comunicación audiovisual, en último término, que las
comunidades autónomas puedan, si así lo deciden, escoger entre el modo de gestión -público o privado, directo o indirecto- que mejor consideren según sean los intereses generales de esa comunidad autónoma.
Las entidades públicas creadas por las comunidades autónomas para la gestión de sus servicios de comunicación audiovisual han acumulado como es sabido importantes déficits anuales que han provocado la generación de deuda y que, especialmente
en el contexto económico actual, conviene reconducir a través de procesos de racionalización y de consolidación. Por ello es importante que las comunidades autónomas y sus entidades públicas dispongan de todos los medios a su alcance para que
puedan llevar a cabo una gestión más eficaz y especialmente una gestión más eficiente. No obstante, estas medidas introducidas en el proyecto de ley tendrán un impacto económico real cuando las comunidades autónomas que así lo consideren oportuno
adopten estos nuevos mecanismos de flexibilidad en sus respectivos marcos de gestión.
Las novedades que se incluyen en el proyecto de ley que hoy se enmienda a la totalidad son las siguientes. En primer lugar, las comunidades autónomas pueden decidir de antemano si quieren una televisión autonómica que preste servicio
público de comunicación audiovisual o bien si no lo desean. En segundo lugar, si deciden prestar el servicio público de comunicación audiovisual, se establece la posibilidad de que puedan optar entre la gestión directa, la gestión indirecta o bien
por modalidades de colaboración público-privada. Si decidieran no prestar el servicio público de comunicación audiovisual, entonces podrán convocar los correspondientes concursos para adjudicar las licencias privadas. En cuarto lugar, las
comunidades autónomas que ya venían prestando servicio público de comunicación audiovisual podrán transferirlo al sector privado, transformando la habilitación del servicio público en licencia de acuerdo con su legislación específica. En quinto
lugar, se mantienen las limitaciones existentes para participar por parte de los prestadores públicos en el capital de los prestadores privados. En sexto lugar, de un modo especial se establece que las comunidades autónomas no podrán participar en
ellos ni directa ni indirectamente y, al mismo tiempo, se establece esta regla en lo que respecta a la prestadores privados, pero con una excepción para el caso de que las comunidades autónomas atribuyan la gestión indirecta del servicio público de
comunicación audiovisual a un prestador privado o a un instrumento de colaboración público-privada. En séptimo lugar, se permite que los prestadores de servicio público de ámbito autonómico establezcan acuerdos para la producción, edición y emisión
conjunta de contenidos, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actividad. En octavo lugar, con el fin de garantizar que los prestadores públicos ajusten su actividad al marco de estabilidad presupuestaria, se establece su sujeción a las
disposiciones de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Noveno, estas modificaciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual no son aplicables a la Corporación de Radiotelevisión Española.
En definitiva, la difícil situación económica que afecta a todas las administraciones y también al conjunto de las comunidades autónomas hace que hayamos tramitado desde el Gobierno este proyecto con la máxima celeridad. Con este proyecto
respondemos a la petición de muchas comunidades autónomas para recuperar la viabilidad económica y financiera de sus televisiones públicas. Este proyecto de ley ofrece una gran flexibi
lidad a las comunidades autónomas para elegir el modelo de gestión que estimen oportuno. No se obliga a ninguna comunidad autónoma, señorías, a optar por ninguna de las fórmulas. Simplemente es una elección de cada cual.
Aclara algunos aspectos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual como por ejemplo la posibilidad de que un servicio público en una comunidad autónoma pueda convertirse en una licencia privada y respeta totalmente tanto los estatutos
existentes como las competencias autonómicas, dado que no establece obligaciones y abre un abanico de probabilidades muy amplio para mejorar la gestión. En caso de que una comunidad autónoma decida que la televisión autonómica siga siendo un
servicio público, los parlamentos autonómicos seguirán teniendo la responsabilidad de control y serán los garantes de que se cumplan los requisitos de servicio público. Por último, en línea con las medidas de austeridad de reducción del déficit
público, los entes públicos estarán sujetos a la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por todas estas razones, señorías, nos oponemos a las enmiendas a la totalidad que han sido expresadas y planteadas por distintos grupos y solicitamos el apoyo de la Cámara a este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución de este proyecto de ley. Para la defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda de devolución a este proyecto de ley porque estamos ante una reforma con contenidos claramente centralistas, uniformizadores y privatizadores. Este proyecto de
ley permite la privatización total de los servicios públicos audiovisuales de las comunidades autónomas, ni siquiera preserva un núcleo básico reservado al control público. La Ley General de la Comunicación Audiovisual contenía dos directrices
básicas para los prestadores públicos de servicios audiovisuales. Primero, establecía la imposibilidad de ceder a terceros la producción y edición de programas informativos, así como los expresamente señalados en los mandatos-marco. Segundo,
apostaba por el impulso a la producción propia en su programación. Estas dos previsiones son suprimidas en este proyecto de ley, lo que permitirá la privatización total de la gestión de los servicios públicos audiovisuales, incluida la información
y la producción propia.
Además, la nueva regulación relativa a la cooperación de prestadores públicos favorecerá la expansión de operadores privados de televisión a través de la red de prestadores públicos autonómicos. En caso de que recaiga la gestión indirecta
de varios prestadores públicos autonómicos en empresas u operadoras vinculadas, tenderán a ofrecer los mismos contenidos, desde una visión común y homogénea, también en lo lingüístico y cultural, perdiéndose así la justificación principal de contar
con prestadores públicos de radio y televisión en cada territorio, como es potenciar un espacio comunicativo propio en cada comunidad desde el respeto a su realidad lingüística, cultural, social, económica y política.
Este proyecto de ley también introduce una aplicación perversa de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, por mucho que el Bloque Nacionalista Galego discrepe de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una aplicación perversa que atenta
claramente contra la autoorganización y la autonomía financiera de las comunidades autónomas para empujarlas a que opten por soluciones privatizadoras. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impone reglas de estabilidad presupuestaria al conjunto de
los presupuestos de la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma cumple con los objetivos de estabilidad, la existencia de déficits en servicios propios puede admitirse si es contrarrestada con otros superávits. Sin embargo, con esta reforma se
trasladan directamente los objetivos de estabilidad a los prestadores públicos audiovisuales. Esta aplicación directa supone una clara invasión competencial que tiene un objetivo evidente: hacer inviable la posibilidad de que algunas comunidades
opten por mantener la titularidad y la gestión pública del servicio. Por último, esta ley entra en clara contradicción con la normativa autonómica de Galicia, por cierto, impulsada hace apenas un año por un Gobierno autonómico del Partido Popular,
una normativa autonómica que impide la cesión a terceros de la realización y edición de informativos al ser parte integrante de la función esencial del servicio público.
Señorías, permítanme una pequeña reflexión y un recordatorio. La reflexión. El Bloque Nacionalista Galego está total y absolutamente en contra de la instrumentalización por parte del partido en el Gobierno de turno que se está haciendo de
algunos canales autonómicos de radio y de televisión, pero la solución no puede ser su privatización. Creemos en la necesidad de un servicio público que garantice el respeto al pluralismo y el derecho de los ciudadanos a recibir una información
cercana y veraz, pero además, señorías, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña y en los otros territorios de lengua catalana las radiotelevisiones públicas son instrumentos imprescindibles para la normalización de sus lenguas y sus culturas.
(Aplausos). Es un instrumento imprescindible en nuestro caso, en el caso de Galicia, para asegurar un derecho elemental, el derecho a recibir información en nuestro propio idioma, el derecho a disponer de medios de comunicación que aporten una
visión del mundo desde una óptica centrada en nuestra realidad.
Por último, señorías, como les decía, un recordatorio. No hemos sido precisamente los nacionalistas los defensores del café para todos, tampoco a la hora de crear televisiones autonómicas, pero, señorías, señores del
Grupo Popular, señores del Gobierno, no utilicen como pretexto los excesos y la nefasta gestión de algunas televisiones autonómicas para vendernos de matute, como hacen con esta reforma, más centralismo, más uniformización, más concentración
en manos privadas. Por esa razón el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de devolución.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jorquera.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, los invito a partir de hoy -al menos así lo haremos los diputados republicanos- a empezar todas las intervenciones en esta tribuna reclamando que los responsables de Bankia y los responsables de la crisis
comparezcan ante los tribunales. Si lo repetimos cada día en todas y cada una de las intervenciones, posiblemente lo conseguiremos. Conseguiremos que los mafiosos comparezcan ante los tribunales.
Dicho esto, respecto al proyectode ley que presenta el ministro Soria, no nos ha sorprendido; de hecho, lo esperábamos. Ahora voy a hacer una pequeña intervención en catalán y he tenido la delicadeza -me obliga la cortesía- de decírselo a
la presidenta. Es corta, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. (Pronuncia palabras en catalán).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tradúzcalo porque la mayoría de la Cámara no lo hemos entendido y nos gustaría entenderlo.
El señor TARDÀ I COMA: Con mucho gusto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
El señor TARDÀ I COMA: Decía que sepa toda la ciudadanía de los países catalanes que con este proyecto de ley la soga que tiene en el cuello el sistema comunicativo público catalán se aprieta un poco más todavía y que el asedio al sistema
público comunicativo catalán se intensifica. Y ahora a otra cosa, mariposa.
Les decía que a nosotros no nos sorprende este proyecto de ley; de hecho, lo esperábamos, porque la derecha cuadra el círculo. Por un lado, pone asedio a las televisiones nacionales -las pocas televisiones nacionales que hay distintas a la
española- y, por otro, lo que hace es dar un hachazo a la democracia, dar un hachazo a la información veraz, a la información equilibrada, a la información imparcial que se ha ido construyendo a partir de un sistema comunicativo público. Además lo
cuadran porque permitirá que Intereconomía, don Pedro J. Ramírez y todos los grupos del capital puedan ser los beneficiarios de la externalización del mensaje ideológico. Es decir, el trabajo ideológico sectario con el mensaje partidista ahora no
hará falta que lo haga doña Esperanza Aguirre, sino que lo harán sus lacayos ideológicos, que además podrán acumular capitales, previo pago de la deuda, con lo cual cuadran el círculo. Los amigos harán de mensajeros ideológicos, los amigos
acumularán beneficios y, además, hachazo al sistema público. Perfecto. Si además la FAES triunfa y, aprovechando la coyuntura, dan un palo gordo, gordo, gordo a las televisiones nacionales -en definitiva, a la televisión vasca y a la televisión
catalana-, entonces ya ¡bingo! De manera que quien tiene la curiosidad política e intelectual de leer los documentos de la derecha, ya sabe qué es lo que se avecina. De hecho, si ha tardado un poco más, ha sido porque ustedes han aguantado un poco.
Por eso les hacemos muy responsables de lo que está ocurriendo, porque si ustedes hubieran parado los pies de la derecha, ahora la hecatombe no sería de esta magnitud, de manera que sabemos a qué jugamos y además estamos convencidos de que la cosa
va muy muy en serio. Por eso no entendemos que Convergència i Unió hoy aquí no presente una enmienda a la totalidad. No lo entendemos. ¿Qué podemos esperar?
Si es el único instrumento o uno de los instrumentos más eficaces que tenemos en Cataluña para cohesionar nuestra sociedad; si es el único instrumento para intentar salvar la lengua; si es el único o uno de los pocos instrumentos que
tenemos para fomentar la industria audiovisual; si es el único o uno de los pocos instrumentos que tenemos para crear una cultura democrática de la comunicación y que es nuestra ventana al mundo, ¿por qué no nos plantamos ante este asedio? Saben
perfectamente que, si triunfan, delenda est Catalonia. Si triunfan, esto es la hecatombe para nuestro país, y no les digo ya para el resto de países de habla catalana que, gracias a TV3, gracias a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, hoy
día todavía pueden aspirar a que la lengua no solo acabe siendo residual, sino que desaparezca totalmente.
No lo entendemos, aunque no nos sorprende, porque cuando se dio el hachazo a la televisión española recortando la publicidad porque así lo quería Uteca, Uteca no engaña y Uteca, la patronal, dijo: ahora lo que queremos es el bocado de la
publicidad de las autonómicas. Y nosotros les dijimos a Convergència: luego vendrán a por nosotros. Porque Televisión Española es una televisión de bandera y las pérdidas siempre serán respondidas con actuaciones e inyecciones de recursos por
parte del Estado, pero detrás de la televisión catalana hay unas finanzas de la Generalitat de Catalunya muy muy esquilmadas. De hecho, como padecemos tanto expolio por parte del Estado español, si no aguantamos... (Varios señores diputados:
¡Hala!). Expolio, perdón, robo, España nos roba. A ver si se enteran. (Protestas). Roba: 20.000 millones anuales que salen y no vuelven. España nos roba. Si no les gusta se aguantan. (Continúan las protestas). Sí, sí, robo, robo y además
prolongado en el tiempo. De manera que
nosotros no solamente votaremos en contra de este real decreto, sino que llamamos a cerrar filas, a defender TV3. Todos los ciudadanos de Cataluña, todas las fuerzas políticas catalanas no podemos permitirnos el lujo de hacer un
parlamentarismo barato. No se puede dejar de presentar una enmienda a la totalidad por parte de quien puede presentarla. Estoy seguro que hay compañeros del PSC que, si pudieran, la presentarían. Pero quien puede tiene que hacerlo y no vale
aspirar a que, en el trámite parlamentario, ellos, que tienen tanto interés en acabar con nuestra televisión, les acepten una enmienda que pueda preveer que quizá no nos van a ahogar aplicando a rajatabla -por cierto, entrando en las competencias
autonómicas como caballo de Pavía- la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esto no lo entendemos. De hecho -y acabo, señora presidenta-, por desgracia, hoy aquí estamos jugando la segunda parte de un partido que empezó hace unos meses en Cataluña cuanto ustedes, Convergència i Unió, pactaron con el enemigo, el
enemigo del país, el enemigo de la lengua (Protestas), sí, sí, el enemigo de la lengua, pactaron el recorte presupuestario, el control político de TV3 y además pactaron con el Partido Popular cerrar algunos de los canales que tiene adjudicados la
Corporación Catalana de Televisión. Así pues espero, señores de Convergència i Unió, que rectifiquen y que plantemos cara juntos, porque si no plantamos cara en esto, no sé qué podemos esperar.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.
Señorías, antes de entrar en materia no me puedo resistir a decirle al señor Tardà, porque me parece una persona verdaderamente entrañable, que me gustaría quitarle esa preocupación que tiene por la desaparición de la lengua catalana. Hay
entre 5.000 y 6.000 lenguas en el mundo y se calcula que a lo largo de este siglo va a desaparecer el 90% de ellas -no a causa del centralismo español- y todas las que van a desaparecer tienen menos de un millón de hablantes, o sea, que el catalán,
que tiene muchos millones de hablantes, no está ni siquiera en el grupo de las que van a desaparecer cuando lo haga el 90% de las lenguas del mundo, así que por ese lado le quiero tranquilizar, señor Tardà.
Entrando en el proyecto de ley, señor ministro, a nuestro grupo le parece que no es que hayan dado una mala respuesta -que también- al problema del gasto y del déficit de las televisiones autonómicas, sino que se han formulado erróneamente
la pregunta. Creemos que antes de adoptar las medidas que se plantean en este proyecto habría que haberse hecho la pregunta de si las televisiones autonómicas están cumpliendo el servicio público para el que se crearon y si están dando contenido a
esa defensa de los principios y valores constitucionales, que es lo que se supone que debe hacer un servicio público de una televisión, si están contribuyendo a crear una opinión pública plural, etcétera, porque una vez que uno responde a esa
pregunta y se plantea si están prestando ese servicio o no, resulta mucho más fácil saber qué hay que hacer con ellas. Las cosas no son caras o baratas en términos absolutos por el dinero que cuestan, sino también por lo que se obtiene a cambio de
ese dinero. Si llegáramos a la conclusión, como desde luego mi grupo ha llegado, de que ese servicio público no se está prestando, tal vez lo que habría que plantearse es si tiene algún sentido que sigan existiendo.
Ustedes simplemente han pasado por alto el hecho de que ese servicio público o no se está prestando o se está prestando de forma deficiente, porque desde hace muchos años, en algunos casos desde su misma fundación, esas televisiones
autonómicas han sido televisiones de partido, es decir, han sido televisiones particulares para defender intereses particulares y no intereses públicos. Que quede claro que yo no tengo nada en contra de las televisiones de partido ni de la prensa
de partido, pero creo simplemente que si responden a unos intereses particulares, deben ser pagadas por esos partidos que quieren tener una televisión y esta no debe ser pagada con el dinero de todos. El problema es si hay que seguir manteniendo
esas televisiones particulares con el dinero de todos los españoles. Ustedes no se hacen esta reflexión. Ustedes simplemente aplican una visión contable, la visión contable del mundo que tienen ustedes y que aplican a todas las materias a las que
dedican su tarea legislativa, porque solamente parecen tener esta perspectiva del contable -y digo esto por supuesto sin querer en ningún momento menoscabar a los contables-.
La realidad de la situación de las televisiones autonómicas en España hoy es que tenemos 13 operadores públicos de titularidad autonómica que emiten 26 canales; 13 operadores que emiten 26 canales en un país de 47 millones de habitantes.
Estos son datos del Consejo Económico y Social que usted también ha citado y que también señala otro dato que creo que es de gran relevancia. En el año 2010 las televisiones autonómicas nos costaron 2.300 millones de euros en subvenciones, lo que
supuso un 24% más respecto al año 2009, esto estando ya sumidos en plena crisis. Por compararlo con un país que se organiza con algo más de racionalidad y que también está fuertemente descentralizado como Alemania, allí, para 16 Länder tienen 10
canales autonómicos o regionales. Para 80 millones de habitantes tienen 10 canales. Nosotros, para 47 millones, tenemos 26 canales. Esto solo se explica por los delirios de grandeza de las comunidades autónomas y de los presidentes autonómicos,
que son proporcionales a la opacidad con la que se han gestionado estas televisiones autonómicas. Este proyecto de ley no aporta ninguna visión de conjunto. Esta visión de conjunto que yo le digo al referirme a datos del total de los canales que
hay
en España y de los canales que hay en Alemania no aparece en el proyecto por ninguna parte. Aquí el planteamiento ha sido que cada comunidad autónoma quería replicar el servicio de la Radiotelevisión Española, de la televisión nacional.
Ustedes tienen una visión contable y también una visión fragmentada. Deliberadamente no aplican una visión del conjunto del país porque no tienen tampoco un proyecto audiovisual. Ustedes miran a ver qué rama de cada árbol se puede podar,
en lugar de mirar el bosque y de considerar que a lo mejor lo que hay que replantearse es el conjunto de canales que tenemos de todas las televisiones autonómicas. A lo mejor el resultado de ese planteamiento hubiera sido que, en vez de haber 26
canales tiene que haber 6, por ejemplo, y no 26 canales malos, que es lo que vamos a seguir teniendo, gracias a que lo permite este proyecto de ley, que no responden a ese servicio público que deben prestar y que seguirán siendo televisiones de
partido, como han sido hasta ahora.
Ustedes dejan con este proyecto de ley que cada comunidad haga lo que le parezca. Usted lo ha dicho literalmente: no se obliga a nadie. No se obliga a nadie, cada uno podrá seguir gestionando su televisión autonómica como hasta ahora,
podrá optar también por la gestión indirecta, por fórmulas de gestión público-privada o podrá directamente privatizarlas, es decir, consagran en este proyecto de ley el sálvese quien pueda. Esto es lo que consagra su proyecto de ley, señor Soria,
el sálvese quien pueda. Permiten cualquier opción sin definir el contenido de un servicio público como el audiovisual y sin definir el proyecto audiovisual que tienen para el país, en el caso de que tengan alguno. Esto, obviamente, desnaturaliza
el sentido de la existencia de una televisión pública y nosotros nos planteamos realmente si tienen que existir televisiones que no cumplen su servicio público financiadas con dinero público.
Con este proyecto propiciarán trece modelos televisivos distintos, creando aún más desigualdad y mermando aún más la calidad, aunque parece que la única obsesión que figura en el proyecto de ley es que sea un poco más barato, aunque no
estamos seguros de que lo vayan a conseguir, porque también en el proyecto se otorga a las propias comunidades autónomas la capacidad de controlar los gastos y los ingresos de sus televisiones, controlar el déficit. Se les da esta capacidad de
control a las comunidades autónomas -será porque controlar el déficit lo han hecho muy bien hasta ahora- y no se hace ninguna previsión ni del servicio público, ni de la transparencia con que se deben gestionar esas televisiones autonómicas.
Nosotros pensamos que puede haber televisiones autonómicas viables, pero para ello haría falta un plan de ajuste riguroso que incluyera no solamente una disminución en el gasto, que parece obligada en estos tiempos, sino una previsión
realista de los ingresos; que incluyera un plan de cómo se va a prestar y cómo se va a garantizar ese servicio público que prestan las comunidades; y que incluyera también un plan de transparencia en la gestión; que los distintos planes fueran
supervisados por un órgano competente del Estado y que dictara en esos planes los cambios y ajustes necesarios; y así en esas condiciones, después de hacer todo eso, si los planes no fueran realizables, sencillamente, que se procediera a la
liquidación y al cierre de las televisiones autonómicas que no sean viables.
Eso sería poner orden en el actual mapa televisivo español, pero lo que hace este proyecto de ley es justamente lo contrario, es sembrar el caos. Es algo realmente inaudito, señor ministro. Las leyes se inventaron para poner orden en una
realidad que, de suyo, es caótica, y ustedes lo que hacen es consagrar el caos por ley. Es algo realmente insólito. Las leyes se inventaron para garantizar derechos y para imponer obligaciones, y usted mismo lo ha dicho, aquí traen un proyecto de
ley que no impone obligaciones a nadie. Lo de la ley de la jungla, señor ministro, era una metáfora, pero con ustedes ha cobrado cuerpo hoy, ha cobrado cuerpo en el Boletín Oficial del Estado, se ha convertido en realidad, se ha materializado la
metáfora de la ley de la jungla, que es esta ley que aprueban ustedes. Nos parece francamente que es un engendro desde el punto de vista jurídico, pero también es un engendro desde el punto de vista político no tener ni una visión del país, ni una
visión de lo que debe ser el servicio público que presta una televisión autonómica. Por todo ello, le pedimos que retire este proyecto y nos traiga otro que sea más ambicioso y que ponga orden en vez de sembrar el caos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y CHA hemos presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley por muchas razones, pero sobre todo para defender unos
medios de comunicación públicos como instrumento imprescindible para la libertad de información y de expresión, y también para la defensa de la cultura, de las lenguas, de la diversidad como base de nuestro sistema democrático. Porque ustedes
vienen una y otra vez a esta Cámara con un proyecto legislativo para privatizar y recentralizar, de nuevo vienen a esta Cámara a defender los negocios de unos pocos, pero no el derecho de los ciudadanos, y en este caso lo hacen atacando el derecho a
la información y a la pluralidad, fundamentales en una democracia. De hecho, no lo decimos desde nuestro grupo, le voy a leer una cita textualmente: Los servicios públicos de radiodifusión no son comparables con ningún otro servicio público. No
existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, le proporcione tal
cantidad de informaciones y contenidos y de este modo transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en las mismas. Esta es una cita de comunicación de la Unión Europea de 2010, que ilustra precisamente la
importancia del servicio público de comunicación audiovisual que este Gobierno pretende desmantelar a través de esta ley. No hablamos de cualquier cosa, hablamos de un instrumento que construye ciudadanía o, si no, construye personas que no tienen
capacidad crítica y que están desinformadas.
Su Gobierno ha decidido profundizar en la línea liberalizadora de la Ley General de Comunicación Audiovisual vigente desde 2010, promoviendo que los medios públicos puedan no solo ceder la gestión de su actividad a terceros -algo que,
lamentablemente, ya está previsto en la ley vigente- con la excepción de los informativos, sino incluso permitir la transformación de la frecuencia pública en licencia para la adjudicación privada, así como la venta directa de una emisora. Esto
cruza todos los límites, señor ministro, porque no solo privatizan el servicio, sino también la información. Vuelven con su palabrería y su demagogia -que si en nombre de la eficiencia, que si la flexibilidad-, mientras que lo que hacen en realidad
es vender el patrimonio de los ciudadanos y pisotean la pluralidad. Con su discurso de la austeridad, se apropian de los medios de comunicación. El otro día lo hacían con el decreto de Radiotelevisión Española y ahora los ponen a disposición de
sus amigos o de los amigos de Convergència i Unió, que siempre están ahí para estos temas y darles apoyo, como hoy. Para cuestiones de autogobierno, cuando se trata de negocios, en eso no entran. Ustedes intentan ocultar con palabrería un
auténtico asalto al sector público audiovisual autonómico. Ese es el objetivo de esta reforma legal, entregar las televisiones públicas autonómicas a manos de los operadores privados. La coyuntura económica es su excusa, la cortina de humo
perfecta. Por eso reconocen que no se han contemplado otras alternativas y lo ponen en el proyecto de ley: no hay otras alternativas, con toda la desfachatez. Ese es su pensamiento único. No se consideran otras alternativas porque no les
interesan -esa es la realidad-, porque lo fían todo al mercado, pero sí que existen alternativas. No es austeridad, lo que quieren es acabar con el liderazgo y la calidad de los medios públicos autonómicos porque hacen competencia a los privados,
en lugar de favorecer que esa situación sea un instrumento para mejorar precisamente la financiación. Son excusas para acabar con lo público, son excusas para apropiarse de los medios. Lo mismo que ha hecho Convergència i Unió -y ustedes también-
en Cataluña. Su modelo es o lo controlo o lo vendo o las dos cosas a la vez, y aquí se equivocan.
Este proyecto de ley erosiona el derecho individual y colectivo a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Recordemos que, en palabras del propio Tribunal Constitucional, ese derecho alude a la información que debe
regirse por los principios de veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia que obligan a los poderes públicos. Con esta reforma, con esta privatización total de los medios, nos gustaría saber cómo pretenden garantizar esos
principios constitucionales. Ustedes pisotean la Constitución cuando les conviene. La verdad es que no sé medir el pluralismo y la objetividad de los servicios informativos de las televisiones autonómicas; hay de todo en calidad y pluralidad, y
seguro que podemos discrepar de eso. Al menos, en estos momentos podemos exigirlo en el consejo de administración correspondiente. No me quiero imaginar cómo puede llegar a ser Telemadrid si la presidenta Esperanza Aguirre se la vende al señor
Jiménez Losantos. (Aplausos). Seguro que puede empeorar claramente y no contribuirá al principio constitucional de la veracidad.
Los servicios de comunicación audiovisual no son una mercancía ni un juguete en manos del Gobierno de turno. Los medios de comunicación deben ser públicos, porque debemos mantener la calidad, la veracidad, la función educativa y la
capacidad crítica de la ciudadanía. En Cataluña, por poner un ejemplo de calidad, los medios públicos, en concreto TV3, es líder por calidad, por alejarse del espectáculo y del morbo. Lo han conseguido por una información y un entretenimiento que
explica la realidad desde la proximidad, por tener unos grandes profesionales y, además, ha sido motor de la industria cultural y audiovisual catalana. Por eso, necesitamos medios públicos plurales y sanos, donde catalanes, vascos, valencianos,
gallegos nos expliquen y nos interpreten la actualidad con nuestra lengua, pero también en clave de proximidad. Y ustedes y CiU lo están amenazando. Ustedes seguramente van más lejos, y su intención va más allá de la privatización. Seguramente lo
que quieren es favorecer no solo el negocio de algunos, que ya les conviene, sino también tener una ciudadanía desinformada, entreteniéndola y alejándola de la información rigurosa y plural. Eso es lo que hacen cuando gestionan precisamente las
comunidades autónomas. Entre las mentiras del Gobierno y las trabas a la información, ustedes realmente tienen la democracia secuestrada.
Y hay otra cuestión fundamental. Olvidan el papel cultural, educativo y de defensa de la lengua y la pluralidad lingüística de los medios de comunicación autonómicos. Hoy TV3 tiene un papel fundamental en la cohesión social, la cohesión y
la integración lingüística, así como en la defensa de la diversidad, que es algo que a ustedes parece que no les importa; al revés, lo quieren poner en peligro. Hoy tenían ustedes la oportunidad de arreglar la vergüenza de lo que ha hecho el
Gobierno valenciano, impidiendo la emisión de TV3 en Valencia, en ese territorio. Podían haberse hecho eco precisamente de una demanda que tiene una iniciativa legislativa popular detrás, con más de 650.000 firmas, como la Televisión sin Fronteras.
¿Por qué no han previsto una modificación tan simple? ¿Por qué no pueden ustedes garantizar que TV3 se reciba en Valencia y en las Illes Balears y que en Cataluña podamos ver también las respectivas televisiones? Compartimos una lengua y una
cultura, y ustedes vetan lo que debería ser puesto en valor. A ustedes les molesta. Quieren poner fronteras absurdas que la realidad desmorona cada día y no entendemos por qué se empeñan en politizar de esta manera la lengua.
Además, estamos en contra porque es otro proyecto recentralizador, una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno central en competencias de las comunidades autónomas. Especificar las condiciones y mecanismos de la gestión del gasto
público constituye una invasión injustificada de las competencias autonómicas, no se establece como una potestad, sino como una obligación de las propias comunidades. Es inaceptable.
Desde La Izquierda Plural consideramos como sumamente negativa la posibilidad de privatización generalizada de los medios audiovisuales autonómicos. Esta reforma no está al servicio de la austeridad, sino al servicio de los bolsillos de
algunos; responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, cuyo interés pasa por adelgazar la competencia pública. Por eso, los operadores privados ya consiguieron con el Gobierno del PSOE reducir y suprimir la publicidad de
Televisión Española y CiU amenaza con hacer lo mismo con Cataluña Radio en Cataluña. De hecho, CiU ha puesto a los operadores privados a dirigir directamente los medios públicos. Pero ustedes, aquí, directamente dan un paso más allá, están al
servicio de los operadores privados. Y si es un tema de austeridad, ¿no deberían precisamente hablar también de las subvenciones que reciben los medios privados de las comunidades autónomas? ¿No podríamos hablar de eso en distintas comunidades
autónomas? Ustedes lo que quieren es atacar solo a los públicos. La posibilidad de convertir en licencias las frecuencias de las comunidades autónomas que no decidan activar para prestar servicio público, o de transferir a un tercero una emisora
pública en funcionamiento son las señales más claras de la voluntad de este Gobierno de liquidar el servicio público audiovisual sin complejos. En el caso de la televisión, actualmente es obligatoria la reserva de frecuencias para el sector
público, con lo cual, si una comunidad autónoma no está en disposición de organizar el servicio, puede permanecer disponible más adelante. Sin embargo, ustedes ahora no lo hacen posible. En definitiva, es una ley al servicio de la recentralización
y de la privatización, el mantra de este Gobierno.
El modelo audiovisual que ustedes proponen es un ataque frontal a los medios públicos autonómicos. Ustedes, donde han gestionado, ya los han estropeado, como en Canal Nou o en Telemadrid. Pero esta ley supone también un ataque a TV3, a la
única televisión que cumple una función vital para la lengua catalana. Es una estrategia para desmantelar una televisión que les molesta, que no entienden y que les sobra. El problema es que, digan lo que digan, aquí cuentan ustedes con el
inestimable apoyo de Convergència i Unió, que ha empezado su estrategia de erosión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals con el apoyo también del PP. Quieren reducir TV3 a la mínima expresión, pero piensen en que la ciudadanía y los
profesionales están allí para defenderla. Ustedes no vienen a racionalizar el espacio audiovisual, vienen a vendérselo, vienen a reducir la pluralidad y buscan evitar medios que les digan las verdades. A esto que ustedes llaman decreto-ley del
sector audiovisual yo lo llamo controlar, privatizar y censurar. Pero, por mucho que quieran tapar las vergüenzas, la realidad es tozuda y la ciudadanía es más inteligente de lo que creen. Hoy la libertad que ustedes niegan se refugia en las
plazas, en las redes y en los miles de profesionales que intentan hacer su trabajo lo mejor posible aunque cada vez en condiciones más precarias.
Por estas razones, exigimos desde La Izquierda Plural la devolución de este proyecto de ley que pretende convertir el servicio público audiovisual en mercancía para beneficio de intereses privados afines al partido de Gobierno o de gobiernos
de turno en detrimento del derecho individual y colectivo de la ciudadanía a una información veraz, plural, objetiva, neutral e independiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, en primer lugar quiero manifestar nuestra satisfacción porque la regulación que hoy debatimos aquí de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual se tramite como proyecto de ley. Sin duda, es un gran
avance democrático para este Gobierno, algo es algo, señoría. Enhorabuena, señor ministro, porque, visto lo visto, ustedes lo podían haber tramitado también aduciendo carácter de extraordinaria y urgente necesidad.
El proyecto de ley que el Gobierno presenta tiene una finalidad declarada, que es facilitar la consolidación del presupuesto y saneamiento de las cuentas públicas; fin con el que el Grupo Socialista está de acuerdo, un fin que trata de
buscar la viabilidad económica y financiera y la consolidación presupuestaria de los servicios públicos de comunicación audiovisual. Este es el objetivo explícito y para ello lo apoya en la búsqueda de nuevas fórmulas de gestión y también en la
privatización de la titularidad. Sin duda, el proyecto tiene un objetivo tácito o implícito, que es la privatización de la titularidad, que no es otra cosa que la ruptura del modelo público de televisión que se gestó desde el año 1980 y que culminó
en el año 2010 con la Ley General de Comunicación Audiovisual, un modelo plural, un modelo donde conviven televisiones públicas y privadas y que garantiza el pluralismo ideológico, político y cultural.
El proyecto traspasa varias líneas rojas. Traspasa líneas rojas en lo que nosotros, los socialistas, entendemos que es absolutamente necesario para la sociedad
española. En primer lugar, quiebra los principios de independencia, neutralidad y pluralismo, porque externaliza los servicios informativos. Este proyecto trata de alcanzar ventajismo político. Señor ministro, se lo dije el otro día en
esta tribuna y se lo vuelvo a repetir. Cuando el Partido Popular gobierna, necesita controlar los servicios informativos y las televisiones públicas para complementar su acción de Gobierno, y esto es ventajismo político. (Aplausos). Es un claro
ventajismo político. Además, no es neutral porque favorece y empuja hacia la privatización, aboga por la privatización. Y al mismo tiempo, lo que proporciona este proyecto es una excelente plataforma para la capitalización y expansión mediática de
grupos y empresas de interés mediático. Está claro que es todo un balón de oxígeno mediático pero también financiero para los amigos del Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular no descuida nunca a sus amigos y lo pone de manifiesto
claramente con este proyecto de ley. Asimismo, el proyecto excede el ámbito competencial del Estado al imponer a los prestadores públicos que están bajo la dirección y tutela de la comunidad autónoma obligaciones muy concretas y exhaustivas. Por
último, se trata de un proyecto innecesario, porque no aporta nada. La única justificación que puede tener este proyecto es la privatización de las radios y televisiones públicas para profundizar en su modelo neoliberal, pero también el controlar
los servicios informativos y ayudar a capitalizar las empresas de los grupos amigos, pero no aporta nada ni en la contención de costes ni aporta nada en la búsqueda de nuevas fórmulas que nos permitan dar respuesta a la viabilidad económica y
financiera. Papel mojado, señor ministro.
Al Grupo Socialista ante todo le preocupa la sostenibilidad económico y financiera. Una de las consecuencias que tiene la crisis es la dificultad para garantizar esa sostenibilidad. Tenemos un modelo de financiación autonómico que se
sustenta en ingresos públicos por publicidad y en ayudas, más del 50%. En un momento donde los ingresos públicos caen y donde además también cae la publicidad, se hace muy difícil garantizar esa viabilidad económica. Por eso es muy urgente
acometer actuaciones como las que nuestro grupo considera: disminuir los costes de la parrilla; reducir costes estructurales y servicios contratados; reducir la producción ajena; reducir costes en doblaje y fomentar la máxima producción.
Señoría, los socialistas hicimos los deberes y dimos pasos determinantes en esta dirección, ahora ustedes tienen que redoblar los esfuerzos, porque la situación así lo pide. Somos conscientes de las características estructurales de nuestro sistema
público de radiotelevisión, pero el proyecto de ley no da respuesta a los problemas mencionados; fía la solución a un posible modelo neoliberal, pero no da respuestas. Le digo más. Quienes tienen que dar respuesta a estos problemas son las
comunidades autónomas en el marco de sus competencias. Son las comunidades autónomas quienes tienen que llevar a cabo reformas estructurales para ajustar sus cuentas y reducir costes, quienes tienen que garantizar la sostenibilidad presupuestaria y
la viabilidad, quienes tienen que buscar sinergias. Y no me hable usted de herencias, porque aquí la herencia es suya y solo suya. Fueron ustedes los que limitaron, los que levantaron la posibilidad de endeudamiento, y ahí tienen la situación de
la televisión valenciana.
Por otra parte, nos preocupa que con este proyecto de ley quieran extender el modelo de privatización a todo el servicio público. Ustedes no han entendido el concepto de servicio público. Una televisión pública es absolutamente necesaria
para emitir contenidos de calidad y de proximidad, para potenciar el idioma propio de cada comunidad, para difundir su identidad autonómica, sus principios constitucionales y, sobre todo, para conseguir cohesión social y territorial. Señorías,
necesitamos un servicio público -un servicio como Telemadrid, pero no como se desarrolla Telemadrid- en Madrid y en Cataluña, que divulgue sus tradiciones, que promocione su patrimonio, que emita partidos como el del otro día entre el Valladolid y
el Alcorcón. Necesitamos una televisión autonómica con vocación de servicio público. No necesitamos ni Canal Nou, tal y como se presta, ni Telemadrid ni la televisión de Cospedal, televisiones de pura manipulación política. (Aplausos). Una
televisión pública necesita un canal, no necesita seis. Por eso, queremos que se consigan sinergias. El Partido Socialista entiende que, en una situación como esta, aquellas comunidades autónomas que, en función de sus especiales características
sociopolíticas y económicas, no puedan o no quieran mantener un servicio público de televisión, pueden apoyarse perfectamente en Radiotelevisión española sobre la base de convenios, de tal manera que sea la Radiotelevisión española quien,
optimizando los recursos públicos, pueda emitir para esas televisiones, pero siempre en un marco de respeto y de convenio.
La gestión directa o la colaboración público-privada que ustedes presentan aquí no sirve para nada; es un cuento de hadas. En un momento como este, en que no hay negocio, esto solamente es una herramienta que ustedes dan a las comunidades
autónomas para deshacerse de lo que les molesta o eludir responsabilidades. Además, el proyecto de ley en ningún caso da garantías de control democrático en sus contenidos y en su financiación. Ustedes plantean un proyecto de ley que se apoya
fundamentalmente en la privatización, que no es neutral y que utiliza los informativos en beneficio propio; utiliza los informativos, que eso es lo que les interesa: controlar los servicios informativos para tener televisiones como las que tienen
en otras comunidades. Ustedes de esta manera lo único que hacen es sintetizar su programa de máximos. El señor Elorriaga en 2011 ya decía que había que eliminar todas las televisiones autonómicas, pero también todas las televisión públicas. Aquí
lo tienen. Ustedes lo tienen claro. Les importa muy poquito la eficiencia, la mejora de la optimización, les importa muy poco, lo que quieren es ayudar a los amigos. Prueba de ello es que dan la posibilidad de entrada en el capital social con la
fórmula de gestión indirecta o ges
tión mixta o colaboración público-privada. Dan la posibilidad de entrada en el capital social de las empresas -entiendo que amigas-, sin ninguna garantía...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gordo, tiene que ir terminando.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Este proyecto -voy concluyendo- también colisiona con los derechos de las comunidades autónomas. La Generalitat de Catalunya establece competencias exclusivas en materia de comunicación audiovisual, por eso no entendemos la posición de
Convergència i Unió, que no es un ataque a las televisiones públicas, que también, sino a la propia esencia de la comunidad autónoma.
Es un proyecto de ley innecesario porque no da respuesta a los problemas. Es un proyecto de ley que nosotros no podemos apoyar ni consensuar, porque ustedes aquí, hace unos días, con el real decreto de televisión han hecho de Televisión
Española una televisión de partido, han roto el control democrático que da el Parlamento español. Nosotros no nos podemos fiar de ustedes en un tema tan importante como este y con este proyecto extienden la televisión de partido al resto de las
televisiones autonómicas, controlan los informativos y dan cobijo a grupos mediáticos, que como aves carroñeras están al acecho -parientes, antiguos secretarios de Estado- para hacerse con las televisiones autonómicas y dar respuesta. Por esta
razón, nosotros no vamos a apoyar el proyecto de ley. Hemos presentado una enmienda a la totalidad y también pediremos la avocación a Pleno de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gordo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, en relación con las intervenciones que se han sucedido para la fijación y defensa de las enmiendas a la totalidad por parte de los distintos
grupos, me gustaría hacer una serie de consideraciones. Primera, se ha dicho que el proyecto de ley atenta contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas. No es cierto. Este proyecto no obliga en absoluto a nada a ninguna comunidad
autónoma, antes al contrario, este proyecto lo que hace es abrir un margen de maniobra más amplio para que las comunidades autónomas que así lo estimen oportuno, sea cual sea el color político que está gobernando en cada comunidad autónoma, decida
libre y legítimamente sin obligación -reitero, libre y legítimamente sin obligación- si quiere o no quiere televisión autonómica pública. Supongo que nadie se opondrá en esta Cámara a que el Parlamento de cada comunidad autónoma pueda decidir si
quiere o no quiere libremente una televisión pública, y si decide que quiere una televisión pública que decida si quiere gestionarla directamente o si la gestión es indirecta. ¿Hay alguien que pueda oponerse en el Congreso de los Diputados, en las
Cortes Generales a que se les dé un mayor grado de libertad a las comunidades autónomas para que, si lo estiman oportuno, decidan libremente cuál es el modelo de televisión que quieren? ¿Acaso tendría que prevalecer sobre el criterio de la mayoría
de un parlamento autonómico el criterio de una minoría parlamentaria? (Aplausos). El Gobierno de la nación no obliga a nadie, lo único que hacemos es ofrecer un marco de libertad para que lo ejerza la comunidad autónoma que lo estime oportuno. Se
ha dicho también que con este proyecto de ley se atenta contra la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. No, no atenta. Al contrario. Lo que establece este proyecto de ley es que si alguna de las televisiones autonómicas públicas va por
encima del nivel de gasto que le permite esa Ley de Estabilidad, puedan entrar en funcionamiento los mecanismos previstos en esa Ley de Estabilidad, a no ser que lo que se pretenda es que cualquier tipo de Administración pública en España, cualquier
tipo de empresa pública, de fundación pública, cualquier tipo de agencia pública, de organismo público, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, todos, estemos, tal como ha dictaminado este Congreso de los Diputados, dentro del marco de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y, en cambio, haya alguien, las televisiones autonómicas públicas, que no lo estén. Si alguien está planteando eso, el Gobierno tiene una opinión distinta y no lo comparte. Creemos que es bueno que también las
televisiones autonómicas públicas estén sujetas a aquellos requisitos que hay en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Dicen también: La solución no puede ser la privatización. Si no les parece mal a sus señorías, eso lo decidirán los
parlamentos de cada comunidad autónoma. (Aplausos). ¿Qué ocurre si hay una mayoría en un parlamento autonómico que, conforme al marco legal de la ley que hoy se discute aquí, decide que quiere que la prestación y la titularidad del servicio pase a
ser de una empresa privada? ¿Qué es lo que ocurre si legítimamente lo decide así un parlamento autonómico? ¿Tendríamos que impedirlo? ¿Tendríamos que evitarlo? ¿No sería mejor dejar libertad a ese parlamento autonómico para que si
mayoritariamente quiere decidirlo así, así pueda ser? Nos parece una cuestión razonable. No le obligamos. Simplemente le decimos: aquí está el marco, hágalo o no lo haga, pero hágalo solo si usted cree mayoritaria y parlamentariamente que puede
y debe hacerlo. Por tanto, este proyecto de ley no solo no implica más centralismo sino todo lo contrario, mucho menos centralismo por cuanto este proyecto es de aquellos que nítidamente aumenta, mejora y cualifica el nivel de decisión que puede
tener un parlamento autonómico, en definitiva una comunidad autonómica respecto al servicio público de televisión.
Se ha dicho también que va contra algunas de las lenguas oficiales en España. Tengo que decir que no es así, en absoluto. No solo no va en contra de ninguna lengua oficial de España, sino todo lo contrario. Lo que hace es fomentarla, eso
sí, siempre y cuando los parlamentos autonómicos decidan que la fórmula de gestión o la fórmula de provisión de este servicio sea una o sea otra. Pero, que yo recuerde, no hay ni una sola mención a ninguna lengua oficial de España en el texto del
proyecto de ley que se trae a esta Cámara y que estamos discutiendo.
La portavoz de UPyD se preguntaba si el conjunto de las televisiones autonómicas están cumpliendo el objetivo de servicio público para el que se crearon. Tendríamos que hacer algunas consideraciones respecto a cada caso concreto, porque
estaremos de acuerdo en que la casuística no es la misma en unas comunidades autónomas que en otras. Hay solo un hecho en común: que desde el punto de vista de las finanzas públicas han sido claramente deficitarias. A eso tienen que darle una
solución, no el Gobierno de la nación, sino los gobiernos autonómicos, y para eso estas Cortes tienen que darles un marco adecuado, que es lo que hacemos con esta ley. Pero para el Gobierno la pregunta relevante hoy, en el contexto en que estamos
en España, no es si las televisiones autonómicas han cumplido o no esa finalidad a la que usted se refiere, la pregunta relevante sería: ¿podemos en España seguir financiando televisiones autonómicas públicas cuando en paralelo se están destinando
recursos públicos para seguir aumentando en algunos casos el número de empresas públicas? La pregunta relevante sería: ¿pueden seguir financiándose algunas televisiones públicas al ritmo que lo hacen mientras en esas comunidades autónomas aún no
se ha hecho el ajuste debido en el sector público para disminuir entidades públicas, para disminuir fundaciones públicas, para disminuir agencias públicas, para disminuir organismos públicos? No le parece que la pregunta relevante sería: ¿puede
mantenerse el sistema de financiación de determinadas televisiones autonómicas públicas en un momento en el que algunas comunidades están introduciendo ajustes del gasto público en la prestación de servicios públicos fundamentales como la sanidad,
como la educación y como la dependencia? Eso sí que nos parece que es una pregunta relevante que se hacen los ciudadanos en relación con las televisiones autonómicas que esa que usted ha planteado. De verdad. Nunca me he encontrado a un ciudadano
que me muestre su preocupación justamente por lo que usted me acaba de plantear y, en cambio, sí muchos que se plantean su preocupación por el funcionamiento de otros servicios públicos que son fundamentales.
Preguntaba también si nos podemos permitir este modelo de televisiones públicas y yo lo que le preguntaría es: ¿podemos permitirnos en España lo que vemos todos los días en no pocas comunidades autónomas -y no hablo de ningún color político
en concreto, fíjese lo que le digo-, a cualquier presidente autonómico con la cámara de la televisión pública detrás para que haya en tiempo real una retransmisión de la cinta de inauguración que está cortando, de la llave de la vivienda pública que
está entregando o de su último discurso institucional? A mí me parece que no. Me parece que esa sí es una cuestión muy relevante y que hoy tenemos que atender porque los recursos que hay son escasos y por tanto hay que priorizarlos.
Respecto a si este proyecto de ley consagra o no consagra el caos, tengo que decirle que es justamente lo contrario. Se pretende dar una herramienta de libertad a las comunidades autónomas para que, si así lo estiman oportuno, puedan
decidir, puedan optar por el modelo de televisión autonómica pública que desean tener. Por tanto no es generar el caos, sino simplemente lo contrario: una herramienta para que libremente las comunidades autónomas decidan.
En cuanto a si este proyecto de ley, como se ha dicho también, pretende privatizar o pretende recentralizar, quiero decir que en absoluto pretende hacer nada que no sea competencia del Gobierno de España. Lo único que pretende es que las
comunidades autónomas, en una situación como la que estamos, si quieren tomar la decisión para aliviar sus cuentas públicas de poder privatizar el canal, no dejen de hacerlo por el hecho de no tener un marco normativo adecuado. Desde ese punto de
vista lo que hace el Gobierno es proveer ese marco, insisto, para que lo puedan hacer de manera libre.
Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que había algunas líneas rojas y que se quiebra el principio de la independencia y de la pluralidad porque esto viene a externalizar los servicios informativos de las
televisiones autonómicas públicas. Puedo decirle que el único caso que conozco de servicios públicos de informativos externalizados en España es el de Canarias, donde gobierna su partido con Coalición Canaria y la directora de la televisión pública
es precisamente de su partido. Eso incluso sin esta ley. (Aplausos). Lo que le vamos a dar, por tanto, al modelo de Canarias ¿sabe qué es? Cobertura, porque ahora mismo -creo que usted no lo sabía, pero ya lo sabe- quien dirige la televisión
pública autonómica en Canarias tiene los informativos externalizados. Usted dirá que eso no es conforme a la ley. Pues es verdad, pero con esta ley vamos a darle cobertura legal. Por tanto, le pediría que no se oponga aquí a algo que su propio
partido está haciendo ya en una comunidad autónoma.
Sostiene también su señoría que se apuesta en este proyecto de ley -lo dijo literalmente- por la capitalización mediática de distintos grupos porque el Partido Popular nunca descuida a sus amigos. No sé cómo calificaría usted el hecho de
que fuera justamente su partido quien trajese a esta Cámara hace unos años un proyecto de ley que quitaba la posibilidad de que Radiotelevisión Española pudiera financiarse a través de la publicidad. No sé cómo se compadece la afirmación que usted
ha hecho con anterioridad aquí con el hecho irrefutable de que hoy la Corporación Radiotelevisión Española no se
puede financiar con publicidad. No digo que ustedes hayan tomado esa decisión para favorecer a unos o a otros, lo que sí le digo es que esa fue una decisión claramente en contra de la posibilidad de financiación de Radiotelevisión Española,
y fíjese usted los problemas que hoy tenemos. Usted dice que no, pero estará de acuerdo conmigo en que los recursos que iban destinados a publicidad y que veíamos todos en Radiotelevisión Española hoy día ya no los vemos. Estoy de acuerdo con
usted en que el mercado publicitario ha bajado, pero lo ha hecho para todos. ¿Dónde está la parte de publicidad que contrataba Radiotelevisión Española? ¿Dónde está? ¿Cree que está con quienes usted llama los amigos del Partido Popular? ¿No cree
más bien que será al contrario?
Cuando afirma usted que quienes tienen que dar la respuesta son las comunidades autónomas, estoy totalmente de acuerdo. Son las comunidades autónomas, pero el Gobierno tiene que ofrecerles un marco, porque si hay alguna comunidad autónoma,
cualquiera de España, que decide que ya no puede seguir financiando el servicio público de su televisión autonómica y lo que quiere es que ese servicio se siga prestando por una empresa privada, hoy no lo podría hacer. Lo único que hacemos nosotros
es decirle a la comunidad autónoma: aquí tiene este marco.
Finalmente, dicen que no hemos entendido el modelo de servicio público de televisión. Lo hemos entendido perfectamente. El servicio público de televisión no solo tiene que seguirse prestando, sino que sobre todo tiene que ser viable en
términos económicos. En el contexto actual de restricciones presupuestarias, estará usted de acuerdo conmigo, señoría, en que cada vez resulta más difícil atender determinados servicios públicos fundamentales, y si hay que priorizar, es justamente
en esos servicios donde hay que priorizar, y si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos en todo lo demás. Nosotros pensamos que en el servicio público de televisión autonómica en todas las comunidades autónomas -no hablo de unas que estén
gobernadas por unos ni de otras que estén gobernadas por otros- existe margen de maniobra para disminuir y para ajustar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño porque el señor ministro ha reabierto claramente el debate. En primer lugar, quiero manifestar sucintamente que no es cierto que se pretenda dotar de un marco a las comunidades autónomas para que elijan
libremente. Quiero recordar que no era obligatorio que una comunidad autónoma se dotase de una televisión pública. Si no se dotaba, esa licencia seguía reservada para que en el futuro, si decidía libremente dotarse de un servicio público
audiovisual, pudiese hacerlo. Ahora se pretenden consolidar situaciones irreversibles, como es incluso privatizar la titularidad.
En segundo lugar, quiero recordar que se está haciendo una aplicación total y absolutamente torticera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para obligar a las comunidades autónomas a que opten por soluciones privatizadoras. En ejercicio
del derecho a la autoorganización y a la autonomía financiera, y cumpliendo los objetivos generales de estabilidad presupuestaria, una comunidad autónoma puede determinar en qué servicios introduce ajustes y en qué servicios no. En cambio, aquí se
pretenden aplicar directamente al servicio público audiovisual para empujarlas a soluciones privatizadoras.
Una última reflexión. La democracia no consiste en la dictadura de las mayorías; no consiste en abrir el terreno para que se puedan vender a sus amigos servicios públicos audiovisuales para que los pase a gestionar el señor Jiménez
Losantos de turno, como muy bien manifestaron otros portavoces. La democracia consiste en preservar los derechos de los ciudadanos; en este caso, el derecho de los ciudadanos a disponer de espacios públicos de comunicación que sean respetuosos con
la realidad plural del Estado español. Eso se está pervirtiendo por un ejercicio total y absolutamente perverso de lo que significa la democracia, que quiero recordar que no es la dictadura de las mayorías.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jorquera.
Señor Tardà. (Denegación). Señora Lozano. (Denegación). Señora Ortiz, adelante. Tiene tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervendré desde el mismo escaño. En primer lugar, el señor ministro decía que no es cierto que invada competencias. Por mucho que lo repita no nos va a convencer, porque lo que hace esta ley es especificar las
condiciones y mecanismos de la gestión del gasto. Y obliga; no es una potestad, sino una obligación y quien debería decidir esto son los parlamentos de cada una de las comunidades autónomas.
Por otro lado, usted dice que es una ley que dará apoyo a la Ley de Estabilidad. Pero es que la Ley de Estabilidad es otro atentado al autogobierno de las comunidades autónomas. Además, me parece de mal gusto que usted diga que esta ley
amplia la libertad. Ustedes confunden mercado con libertad y es todo lo contrario. Dejar que los poderes económicos controlen los medios públicos de comunicación es adoctrinamiento y eso está muy lejos de la libertad.
Es curiosa la flexibilidad que ustedes tienen sobre las responsabilidades competenciales. Es competencia del Gobierno que una ley básica haga cumplir los principios constitucionales. Pero me gustaría saber cómo pretende garantizar el
Estado los principios constitucionales de
veracidad, pluralidad, objetividad, neutralidad e independencia de los medios de comunicación públicos con la privatización de los medios autonómicos o al menos facilitándola. Señor ministro, no nos podemos permitir perder los medios
públicos autonómicos porque estamos perdiendo un elemento de cohesión social y lingüística, pero lo que no nos podemos permitir es malvender el patrimonio público, que es lo que están haciendo ustedes cada día con los proyectos de ley y los decretos
que nos traen a esta Cámara. Esto sí sale caro e hipoteca la libertad de todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, después de escucharle no he entendido nada. Usted no conecta con las capas sociales de este país. No sé si lo hará en Canarias, pero desde luego en España no. (Rumores). Le diré más. Si un servicio público de televisión
tiene una potencialidad es su rentabilidad social y la difusión de valores constitucionales. Necesitamos un servicio público de radiotelevisión en cada comunidad autónoma, que no es más que seguir los preceptos europeos, la directiva europea. Un
servicio público que nos permita profundizar en la cultura, en los valores autonómicos y constitucionales, como le he dicho antes. Pero es más, este proyecto de ley ni tan siquiera establece la reserva para que cada comunidad autónoma cuente con un
servicio público. Va al negocio, porque es lo que les interesa; a ustedes les interesa el negocio de la televisión, pasar de la televisión pública a la televisión privada y eso que ahora mismo no hay negocio, pero están marcando las bases
claramente. Por eso, si me ha escuchado bien me habrá oído decir que aquellas comunidades autónomas que no puedan, que tengan dificultades en un momento tan difícil como este, lo que pueden hacer es acogerse a un convenio de colaboración con
Radiotelevisión Española para que el servicio público autonómico se difunda, se edite y se produzca en Radiotelevisión, es decir, optimizar los recursos públicos de Radiotelevisión. Esta es nuestra propuesta, una propuesta sensata que permitiría
sobre todo reducir costes. Porque este proyecto, que ustedes dicen que va orientado a la reducción de costes, a garantizar la viabilidad y los compromisos, no garantiza nada, es papel mojado. Es la comunidad autónoma quien tiene que cumplir los
objetivos de estabilidad presupuestaria y quien tendrá que articular medidas para avanzar en esa dirección. Nosotros abogamos, como no puede ser de otra manera, por un modelo de radiotelevisión pública sostenible y hemos dado pruebas evidentes.
Nos hicimos cargo de la deuda del señor Aznar de 7.000 millones de euros. Esa fue la televisión que nos dejaron, 7.000 millones de euros de deuda. (Aplausos.-Protestas). Pero además establecimos un techo de gasto, limitamos la capacidad de
endeudamiento -ahí está la televisión valenciana con una deuda de 1.300 millones de euros-. Hemos sido responsables. El Partido Socialista es un partido responsable (Protestas) que no hace demagogia ni populismo.
Le digo más, usted trata y trae aquí la financiación. El modelo de financiación, que se estableció en este Parlamento a iniciativa del Gobierno socialista, sigue las directrices del resto de Europa, de Francia, de Alemania.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gordo, tiene que acabar.
El señor GORDO PÉREZ: Voy acabando, señoría.
Tráiganos aquí un proyecto de ley de financiación. Tráiganoslo, le invito a que lo traiga para que lo debatamos. Le diré también que, aparte del negocio, lo que les interesa es la manipulación, porque es mentira lo que dice de Canarias;
es mentira. El proyecto de ley tampoco establece mecanismos para garantizar el pluralismo de los consejos informativos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con gestión indirecta o con colaboración mixta? Dígame cómo lo van a hacer. Es un proyecto de ley
técnicamente pobre, no hilvanado y además innecesario porque no da respuesta a aquello a lo que se orienta. ¿Qué aporta al control de gasto la externalización de los servicios informativos o la capitalización?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gordo tiene que finalizar.
El señor GORDO PÉREZ: Lo intento, señoría.
Le pediría también al portavoz del Partido Popular que, con la brillantez que le caracteriza, cuando lea aporte propuestas e ideas para mejorar la sostenibilidad del modelo de comunicación audiovisual, eso sí, garantizando un servicio
público de comunicación, que es absolutamente necesario, que va acorde con el modelo europeo y que sobre todo tiene una gran rentabilidad social. Y que es sencillo; no hacen falta cuatro ni cinco, ni seis canales, un solo canal o acogerse al canal
público de Radiotelevisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gordo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Unas breves consideraciones, señora presidenta, con relación a las intervenciones que se acaban de hacer. Se dice que es un proyecto de ley que va en contra de la libertad y
que privatiza. Ni lo uno ni lo otro es cierto. No solo no va en contra de la libertad sino que amplia la libertad. Se amplía la libertad porque sin este proyecto de ley ninguna comunidad autónoma en España tiene libertad para decidir si el
servicio de televisión autonómica puede ser público o privado; a partir de ahora hay libertad para elegir. Por tanto, es más libre. Cuestión distinta -y yo lo respeto- es que haya a quien no le guste esa libertad, que le guste la
libertad, pero le gusten solo algunas libertades. Lo respeto. Ahora, a partir de hoy empíricamente se demuestra que el proyecto de ley, una vez que esté aprobado, amplía el margen de libertad.
Quiero insistir en otra cosa: no hay ni un solo precepto a lo largo de todo el proyecto normativo que obligue a ninguna comunidad autónoma a privatizar sus servicios; no hay ni un solo, pero ni uno solo. Por tanto, cuando se dice en esta
Cámara que este proyecto de ley obliga a las comunidades autónomas a privatizar, simplemente digo que no es cierto, y si alguien lo afirma tendrá que decir en qué párrafo del proyecto de ley se dice explícitamente que se obliga. Eso no se dice y
por tanto quien eso afirme no está diciendo lo que dice la ley.
Dicen que se invaden competencias. Todo lo contrario; no solo no se invaden competencias sino que lo que se hace es permitir a las comunidades autónomas que una competencia que hoy no tienen puedan tenerla. ¿Cuál es la que hoy no tienen?
Decidir respecto a su modelo de televisión. ¿Cuál es la que van a tener a partir de ahora? Justamente la competencia de poder decidir. ¿Qué es eso de una invasión de competencias? Una que no tenían, ahora la tienen; es lo contrario, tienen una
competencia adicional sobre lo que tenían con anterioridad.
Respecto a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, entiendo que habrá quien esté más o menos de acuerdo con ella, pero es una ley de Cortes y, por tanto, hay que cumplirla y en esto estaremos todos de acuerdo. Ahora bien, si se
cumple, también estaremos de acuerdo en que tiene que ser cumplida por parte de cualquier ente público de España, porque, ¿por qué iban a decidir estas Cortes Generales que hubiese algún tipo de entes, por ejemplo las televisiones autonómicas, que
estuviesen al margen del cumplimiento de lo que en cambio sí es exigible para un ayuntamiento, para un cabildo, para una diputación, para una comunidad autónoma, para el propio Estado? No veo, de verdad, señorías, ninguna razón para establecer
excepciones de esa naturaleza al respecto.
El Grupo Parlamentario Socialista afirma que el Gobierno no ha entendido nada. No lo comparto, pero me gustaría que usted por lo menos entendiera qué es lo que está ocurriendo en Canarias con la televisión autonómica. Le recuerdo -y esto
es pura evidencia empírica, lo puede constatar- que quien dirige los servicios informativos, quien dirige la televisión autonómica en Canarias es alguien del Partido Socialista, ha sido nombrada por ustedes. Pues esa televisión pública,
contrariamente a lo que usted ha dicho aquí, tiene los servicios informativos externalizados. Sé que a lo mejor usted se ha llevado una sorpresa con esto, pero es literalmente así. Quiero decirle más, esa persona que dirige la televisión
autonómica canaria, que ha sido nombrada por su partido, nada ha dicho respecto a revocar esa situación en la que hoy los servicios informativos están externalizados porque hubo un concurso. Sé que usted no lo sabía, pero en Canarias hubo un
concurso para externalizar esos servicios informativos. Le parecerá raro, pero en Canarias ocurren estas cosas, y quien dirige la televisión pública autonómica no es alguien del Partido Popular, es alguien del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, antes de nada debo decir que nos alegramos de que por fin tengamos un proyecto de ley entre las manos, tramitado por el procedimiento de
urgencia, es cierto, pero al menos deja margen para el debate, tanto ahora con la presentación de enmiendas a la totalidad, como después en Comisión con las enmiendas parciales. Dejando a un lado el procedimiento parlamentario y centrándonos en el
texto, es evidente que nos encontramos ante un intento de terminar con el servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico. Las modificaciones que propone el Gobierno a la reciente Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual,
están encaminadas a hacer desaparecer, a nuestro juicio, el modelo actual de televisión pública autonómica. En resumen, con este proyecto las comunidades autónomas disponen de diferentes alternativas para elegir el modelo de gestión de sus
servicios públicos de comunicación audiovisual, pero al mismo tiempo se les impone una serie de obligaciones de carácter financiero que hacen prácticamente insoportable dicha gestión.
Son varias las preguntas que a nuestro grupo parlamentario se le plantean leyendo el proyecto de ley. La primera es si han estimado el ahorro público a obtener con las modificaciones planteadas. Da la impresión, según lo expuesto en la
exposición de motivos, de que las modificaciones planteadas deberían estar avaladas por un estudio o informe con los distintos escenarios que ofrece el proyecto y el ahorro que conllevaría cada uno de dichos escenarios; no lo vemos, señor ministro,
por ningún lado. En segundo lugar, cómo se garantiza el servicio público de estas televisiones con los nuevos modelos de gestión; cómo les van a decir ustedes a los adjudicatarios de una licencia, que tienen que elaborar una programación, que
reflejen la pluralidad lingüística y cultural del territorio, que contribuyan a la formación de una opinión pública plural y que además deben atender a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria.
Lo que nos tememos es que no se lo van a decir, pero le adelanto ya, señor ministro, que nuestro grupo ha preparado una serie de enmiendas parciales para que el carácter público
del servicio no se pierda, independientemente del modelo de gestión por el que se opte.
Nosotros sí que defendemos el modelo público de televisión autonómico, y lo hacemos por varias razones. En primer lugar, porque así lo marca nuestro Estatuto en su artículo 19.3, donde dice: El País Vasco podrá regular, crear y mantener su
propia televisión y radio. Además, la Ley de creación del Ente Público EITB, del año 1982, establece que EITB es un servicio público esencial. En segundo lugar, porque el servicio público que presta la Radiotelevisión vasca no lo va a prestar otra
televisión, solo la EITB ofrece contenidos audiovisuales en euskera a través de un canal que solo emite en euskera, que es la ETB 1, ni siquiera Radiotelevisión Española, supuesto garante de la pluralidad cultural y lingüística del Estado, en sus
desconexiones en el País Vasco y en Navarra es fiel a esta diversidad, tan solo ofrece un minuto y medio de euskera al día, un minuto y medio, señor ministro, y además resumiendo las principales noticias del día. Es más, según información otorgada
por el entonces presidente rotatorio del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española en la sesión de la Comisión que tuvo lugar el 29 de febrero de este año, en respuesta a una pregunta de este diputado, afirmó que ninguno de los
trabajadores de la plantilla de Radio Nacional de Euskadi puede considerarse bilingüe, ninguno. Por eso aprovecho para una vez más proponer, en aras a las tantas veces nombrada racionalización, optimización de recursos y eliminación de
duplicidades, la supresión de las desconexiones regionales de Radiotelevisión Española. A nuestro juicio, la Radiotelevisión vasca debería concentrar todos los servicios públicos de radiotelevisión en Euskadi, incluidos los que pudieran darse en
las desconexiones de Radiotelevisión Española. Apostamos, señor ministro, por un modelo de referencia en la prestación del servicio público de radiotelevisión para el Estado que sea parecido al alemán, el modelo de abajo a arriba, bottom-up.
Actualmente, por un lado, tenemos una EITB como radiotelevisión autonómica y, por otro, una Radiotelevisión Española con sus desconexiones locales de radio y televisión. Que yo sepa, no existe ninguna coordinación entre ambas entidades, y esto
evidentemente no puede ser. Abierto el debate sobre el modelo público de radiotelevisión que queremos, debemos citar también a aquellas comunidades autónomas que no tienen un servicio público de televisión autonómica; es aquí donde Radiotelevisión
Española es útil, donde debe cumplir con las obligaciones de servicio público de comunicación audiovisual.
Y siguiendo con el argumentario de defensa de la televisión pública, en tercer lugar, defendemos la televisión pública autonómica porque creemos que se puede gestionar de una forma eficaz con el actual modelo, respondiendo a sus obligaciones
de servicio público. El control de la gestión y el compromiso con el servicio público se articulan a través del contrato-programa. El primero en el Estado fue precisamente el de EITB. Lo que hay que hacer es cumplirlo. Por eso le decimos, señor
ministro, que un servicio que sí cumple con las obligaciones de servicio público, nuestro ente autonómico EITB, es el que debe seguir cumpliendo con esas obligaciones, a nuestro juicio, y garantizando la televisión en euskera. Eso sí, déjenos a
nosotros gestionar nuestra televisión. Por último y no por eso menos importante, queremos decir algo que ya he apuntado anteriormente. Se trata de la última parte, la que incluye un nuevo apartado 8 bis al artículo 43. Amparándose en la crisis
económica y en el cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, imponen a las televisiones autonómicas una serie de obligaciones de carácter financiero en una clara, a nuestro juicio, invasión competencial.
Por todo lo anterior y a pesar de no haber presentado una enmienda a la totalidad, es obvio que el rechazo del Grupo Vasco a este proyecto es firme y contundente. Por eso les anuncio desde aquí el apoyo de nuestro grupo a las enmiendas
presentadas por otros grupos para que el proyecto sea devuelto al Gobierno. No obstante, confiamos -en este sentido quisiera darle un margen de maniobra al Gobierno y a usted, señor ministro- en que el Grupo Popular acepte nuestras enmiendas
parciales, lo que nos permitiría a lo largo de la tramitación corregir algunas cuestiones básicas a las que me he referido.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en relación con el proyecto de ley que se debate, y tal y como expondré con más detalle más adelante, compartiendo una parte del mismo, discrepamos de manera clara y rotunda con la modificación de algunos artículos -me refiero al
43- que tienen un impacto competencial. Nuestro grupo entiende que compartiendo una parte importante del proyecto, la primera, del espíritu que persigue y de los cambios en el modelo de gestión que incorpora, será el proceso de tramitación
parlamentaria donde podremos manifestar nuestras discrepancias con aquella parte del proyecto de ley que no compartimos. Será entonces el momento de negociar las enmiendas que presente nuestro grupo. Señor Tardà, en función del resultado de esta
negociación y de la tramitación nuestro grupo dirigirá su voto. Créame, señor Tardà, que defendemos y defenderemos nuestras enmiendas competenciales de manera rotunda. En ello somos y seremos intransigentes, como lo hemos sido siempre en materia
competencial, cuya defensa es nuestra razón de ser. También somos conscientes del impacto competencial de algunos artículos de la segunda parte de esta ley. Por ello, presentaremos enmiendas y en la tramitación dará lugar a la negociación. En el
momento de la tramitación y la negociación es donde se
pueden resolver las discrepancias, no con discursos que al final no llevan a ninguna parte.
Desde nuestro punto de vista, el presente proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010 que ahora debatimos persigue dos claros objetivos. Uno que podemos compartir y de hecho compartimos, y otro con el que claramente discrepamos. Por
una parte, persigue el objetivo de dotar de más flexibilidad a las comunidades autónomas en la gestión de sus canales públicos, estableciéndose para ello varias fórmulas de gestión y abriéndose la posibilidad tanto a la gestión indirecta como a
nuevas fórmulas de prestación de los servicios, así como a nuevos marcos de colaboraciones y acuerdos entre los prestadores del servicio. Es decir, incorpora mayor flexibilidad al sistema y una mayor capacidad de adaptación al nuevo entorno
económico y financiero. Por otra parte, entendemos que el segundo objetivo del proyecto de ley es el de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, fijándose para ello determinados
requisitos que deberán ser cumplidos, entre los que destaca el límite máximo de gasto; y en estos aspectos discrepamos completamente.
¿Qué compartimos de este proyecto de ley? (El señor presidente ocupa la Presidencia). En líneas generales, compartimos el primero de los objetivos, siempre que se garantice que la decisión corresponde a las comunidades autónomas y, si es
así, mayor flexibilidad puede ser también mayor libertad para las comunidades autónomas. Compartimos el posibilitar a las comunidades autónomas -y subrayo, posibilitar a las comunidades autónomas- a que en el respeto de sus competencias sean ellas
las que decidan libremente y sin presiones sobre las diversas alternativas y fórmulas de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar, bien por la gestión directa de sus canales públicos de televisión, o bien por la
indirecta, es decir, decidir cuáles son los servicios que serán explotados por el servicio público y cuáles lo serán por empresas privadas en régimen de licencias, estableciéndose a su vez los requisitos para ello. Se mantiene en este proyecto de
ley la definición del servicio, que es importante recordar, tal como lo define la Ley 7/2010. Es decir, como un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores
constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Y
serán las comunidades autónomas y las entidades locales las que podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos.
El principal argumento, presidente, señorías, de los cambios que introduce el proyecto de ley al abrir diversas opciones de gestión es el argumento económico, marcado por la crítica situación financiera y la necesidad de reconducción de las
finanzas públicas. Compartimos el argumento y, más allá de la actual situación financiera, compartimos la flexibilidad que se introduce y que se faciliten opciones diversas de gestión, sea directa o indirecta, que permitan mejorar en eficiencia,
siendo las comunidades autónomas, repito y recuerdo, las que decidan sobre ello, estableciéndose a su vez fórmulas diversas a través de la colaboración público-privada. Por tanto, presidente, señorías, se flexibiliza el sistema, se persigue mayor
eficiencia en la gestión y, en este marco, se respetan las competencias de las comunidades autónomas en las decisiones, en las propias decisiones, de modelo y de gestión. Y en ello, estamos claramente de acuerdo. Pero, al mismo tiempo, el proyecto
de ley introduce una serie de obligaciones en el nuevo apartado 8 bis del artículo 43 para los prestadores de titularidad pública del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico. Y son estas obligaciones y estas modificaciones
con las que discrepamos y no compartimos.
Entro, por tanto, a incidir en los aspectos de este proyecto de ley que no compartimos. Discrepamos, como he dicho al inicio de mi intervención, de una manera clara y rotunda con el espíritu y la redacción del nuevo apartado 8 bis, pues
entendemos que dicha redacción, bajo el pretexto de garantizar un mejor cumplimiento de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, supone una clara invasión competencial. En este sentido, cabe recordar por una parte
la letra a) del artículo 146 del Estatut de Autonomia de Catalunya, que reserva a la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual de la Generalitat. Y por
otra parte, cabe recordar el artículo 1 de la Ley de financiación de las comunidades autónomas, que establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la
Constitución, les atribuyen las leyes y sus respectivos estatutos. Señorías, señor presidente, corresponde por tanto a las comunidades autónomas fijar y regular, dentro de los límites del déficit público permitido, la organización y el sistema de
financiación del servicio público de televisión. Conocen la posición de nuestro grupo en relación con la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y saben que nuestro grupo va a defender firmemente las competencias de las
comunidades autónomas y por tanto de la Generalitat de Catalunya.
Haré dos consideraciones finales. En primer lugar, son las comunidades autónomas las que han de decidir sobre el mejor modelo en función de los propios parámetros y otros criterios que valoren, y siempre con la convicción de cumplir con el
marco financiero establecido. En este sentido, la ley ha de garantizar esta libertad de opción. En segundo lugar, ni la crítica situación económica y financiera, ni la necesidad de reconducir las finanzas públicas puede ser un pretexto para
reducir
las competencias de las comunidades autónomas. El saneamiento de nuestras finanzas, la recuperación de la estabilidad financiera implica políticas de austeridad y de ajuste, y ello ha de ser completamente compatible y ha de hacerse con el
máximo y escrupuloso respeto competencial que no puede verse afectado de ninguna manera. Señorías, va a ser en la tramitación de este proyecto de ley cuando nuestro grupo, a través de la defensa rotunda y contundente de las enmiendas que presente,
va a defender las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Trabajará para incorporar las modificaciones a este proyecto de ley que garanticen dicha autonomía y que respeten lo que marcan el Estatuto y la Ley de financiación de las
comunidades autónomas, como así lo hemos hecho en otras leyes importantes últimamente tramitadas en este Congreso. Por último, no duden de nuestro pleno compromiso con la televisión pública -señor Tardà, no lo dude ni un momento-, con la televisión
pública catalana por su fuerza como instrumento de cohesión, de lengua, de cultura, como instrumento que ha contribuido a reforzar un país, el nuestro, Cataluña. Y reitero nuestro compromiso porque hemos sido nosotros, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, al que represento, los que impulsamos Televisió de Catalunya, los que impulsamos un modelo que ha contribuido de manera rotunda y clara a reforzar Cataluña y a reforzar nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Lo que ha quedado claro esta mañana en esta sesión es que algunos de los grupos que han presentado enmienda a la totalidad no se han leído ni tan siquiera el proyecto de ley, no han perdido ni tres minutos en leérselo. Además, algunos de
los grupos que han presentado enmienda a la totalidad y que han intervenido esta mañana no creen en las capacidades que tienen las comunidades autónomas para elegir libremente su modelo de gestión. Y ustedes lo que están pretendiendo es amordazar a
las propias comunidades autónomas y que sea el Estado quien decida. Esa es la realidad de lo que hemos vivido esta mañana. (Aplausos). Pues miren, muy al contrario, este proyecto de ley -como así ha dicho el ministro en su exposición- pretende
que sean las comunidades autónomas quienes decidan cuál debe ser su modelo de gestión, que lo elijan libremente. No debemos olvidar que en una situación como la que nos encontramos, en una crisis económica como la que está atravesando en este
momento España es necesario establecer un límite anual de gasto y unos informes y controles rigurosos que garanticen el equilibrio y la sostenibilidad financiera. Esa sería la segunda previsión más importante a destacar en este proyecto de ley.
Por tanto, si hay algo que ha quedado claro a lo largo de toda la intervención del ministro es la referencia a la libertad absoluta que se le presta a las comunidades autónomas para su elección, porque no podemos olvidar que esto es algo que ya
venían demandando muchas de las comunidades autónomas. Y no solo eso, sino que además esta mañana decía el representante de Esquerra Republicana lo siguiente: Esto ya nos lo esperábamos. Pues claro que sí, porque nosotros somos absolutamente
fiables. Este era un compromiso político del Partido Popular, precisamente lo llevábamos en nuestro programa electoral, y lo que decimos lo cumplimos. Pero además de eso, cuando se debatió la Ley General de la Comunicación Audiovisual se
presentaron enmiendas encaminadas en el sentido de dar esa independencia a las comunidades autónomas y, como decía, en el programa electoral así lo recogíamos.
Entro en las enmiendas a la totalidad. Me ha sorprendido enormemente la puesta en escena que ha tenido alguno de los representantes -parecía más bien un corto para las televisiones y para las radios que un debate en esta Cámara- cuando
hablaba de hachazo a la pluralidad, cuando hablaba de que se iban a externalizar los servicios públicos. Lo que venía a demostrar en último caso era el pánico que se tiene a dar esa libertad a las comunidades autónomas, cuyos gobernantes han salido
elegidos por el pueblo; unas son gobernadas por el Partido Socialista y otras gobernadas por el Partido Popular o por CiU, pero todas tienen el derecho y el deber de cumplir con esta ley, es decir, de elegir libremente qué modelo de gestión
quieren. Por tanto, no hay ninguna invasión de competencias. En otras intervenciones se ha hablado de flagrante confabulación para privatizar todos los servicios o para debilitar, en todo caso, el sector público audiovisual, y por supuesto
coincidía la mayoría de ustedes en la invasión de competencias. Pues bien, ni se erosiona ningún derecho ni se secuestra la democracia, como se ha venido a decir esta mañana, sino todo lo contrario. Pero para mí lo más sangrante es lo que venía a
decir el Grupo Parlamentario Socialista. Ya no sabíamos si esto era una sesión en directo o era redifusión, porque se repite usted cada vez que interviene. Se lo ha dicho ya no solo el ministro sino el portavoz de la Comisión de Radiotelevisión
Española. No mantengan ustedes este discurso cuando en Aragón y en Canarias externalizaron el servicio público hace cinco años, cinco años (Aplausos.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Escuche. Le voy a cambiar el
argumentario y, a partir de ahora, utilícelo, se lo recomiendo, porque si no, hará usted el ridículo sucesivamente. (Rumores.-Aplausos). Hace cinco años se externalizó el servicio, pero además quien lo externalizaba era el presidente de Aragón,
que en ese momento era el señor Iglesias que, además, era el vicesecretario de organización del Partido Socialista, ni más ni menos, el que marcaba, entre otras cosas, la política que debía de seguir el Partido Socialista. A ver si nos vamos ente
rando. Pero, por el contrario, tenemos el otro modelo, el de Canal Sur, ese modelo que a ustedes tanto les gusta porque ahoga el pluralismo, se instala en el sectarismo, que es donde mejor vive el Partido Socialista (Rumores.-Aplausos),
secuestra la libertad de expresión, anula a los partidos que están en la oposición, a los que se les niega el pan y la sal, y se parece más, desgraciadamente, a un modelo propio de países como Cuba o Corea del Norte que al de una comunidad autónoma
española. (Rumores.-Aplausos).
Ustedes han sido los campeones, los medallistas olímpicos en dar tumbos en su política sobre lo audiovisual. Por un lado, en el mandato anterior impulsaban, según ustedes, la televisión digital y, por otro, nos hablaban de que había que
llegar al analógico cuanto antes, y al mismo tiempo que la impulsaban, daban concesiones en analógico. Esa era la práctica del Partido Socialista. Decían que había que fomentar el pluralismo. ¿Cómo lo hacían? Muy fácil, ampliaban los canales
porque, así, decían que esto era más plural. Pero con el mismo objetivo de dar más pluralismo, según ustedes, lo que hacían a renglón seguido era lo contrario. Entonces, lo que hacían era estimular las fusiones, porque así decían que iban a
reforzar el pluralismo de España. Para reforzar a Televisión Española, ¿qué es lo que hicieron? Se lo ha recordado el ministro. Entre otras cosas, suprimir la publicidad y empujar a dimitir a su presidente. Y así sucesivamente. Qué vamos a
hablar de Televisión Española si sesión tras sesión de control se viene constatando cuál es en este momento el servicio que está dando en España. En este momento, gracias a sus directivos, a los responsables de los informativos, está al servicio
del principal partido de la oposición (Aplausos); es innegable que ustedes se han instalado absolutamente en el sectarismo más extremista, más radical. Han agotado la producción propia. ¿Qué han hecho? Abusar de la producción externa. Han
desvinculado a miles de trabajadores precisamente de Televisión Española; han ahogado, han asfixiado a los centros territoriales y con el sistema de financiación que tenemos ahora, que nos lo dieron ustedes, el más precario de toda la historia de
España. A diferencia de ustedes, nosotros preferimos decir lo que pensamos y hacer lo que decimos, no como hacen ustedes, que dicen una cosa y practican otra muy contraria. Si no, no estarían donde están, en la oposición, que es donde el pueblo
español, el mismo que tiene derecho a elegir libremente, les ha situado a ustedes; ahí están, en la oposición. (Aplausos).
Lo que está claro es que con esta norma, a diferencia de lo que vienen diciendo, ni se va a acabar el pluralismo político ni la calidad democrática en los servicios públicos; eso solamente lo hacen quienes lo rigen y quienes lo dirigen.
Esta norma, todo lo contrario. Se lo decía el ministro y se lo repito yo, porque sé que a ustedes les cuesta entender muchas veces las cosas: este es un proyecto de ley que da libertad absoluta a las comunidades autónomas para que elijan cómo
quieren gestionarse, qué modelo es el que quieren. Esa es la libertad, y no le tengan miedo a ese término, no le tengan miedo a concedérsela a la mayoría de las comunidades autónomas; están en su derecho a elegir libremente aquello que consideren.
Quiero dejar bien claro que el Grupo Parlamentario Popular, como no podía ser de otra manera, está totalmente abierto al debate que posteriormente -no en este momento en el que nos encontramos- se producirá, que es en las enmiendas parciales; ahí
nos van a encontrar en el diálogo y en el consenso. Pero, desde luego, hoy pedimos que se haga una clara reflexión, porque todavía están ustedes a tiempo: no mantengan esas enmiendas a la totalidad; están a tiempo de sumarse a un instrumento que
va a permitir que esas comunidades autónomas -como se decía con anterioridad- puedan hacer libremente lo que consideren con el servicio público que da su televisión en esas comunidades. Por tanto, les insisto, es muy trascendente este proyecto de
ley; es un proyecto de ley que viene en el momento más adecuado, que además es urgente y necesario. Por tanto, yo les pido y les insisto que no se preocupen, que no invade competencia alguna, que no limita ninguna autonomía, que reconoce la
realidad plural y les da libertad para gestionar a las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000016).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO FEDERAL AUSTRÍACO RELATIVO AL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000017).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente
110/000018).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000019).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2011. (Número de expediente 110/000021).
- ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000022).
- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y EL REINO DE NORUEGA, HECHO EN BRUSELAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000023).
- PROTOCOLO DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA, HECHO EN NAGOYA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000024).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DEL RÉGIMEN DE VISADOS DE CORTA DURACIÓN PARA SUS NACIONALES TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 16 DE JUNIO DE 2011. (Número de
expediente 110/000025).
- ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL REY ABDULLAH BIN ABDULAZIZ PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL, HECHO EN VIENA EL 13 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000026).
- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA ACOGER UN CURSO DE PERSONAL DIRECTIVO DE MISIONES DE PAZ, QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID ENTRE LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, HECHO
EN NUEVA YORK EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000027).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTE DIPLOMÁTICO, HECHO EN SEVILLA EL 3 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000028).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA SU ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000029).
- DENUNCIA DEL TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000030).
El señor PRESIDENTE: El punto VIII del orden del día es el relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. De acuerdo con la Junta de Portavoces, expuse que haya un turno de intervenciones,
fijado en siete minutos, para cada grupo parlamentario y querría saber los grupos parlamentarios que quieren intervenir en este punto. (Pausa). Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular y creo que también Grupo de Convergència. Tiene la
palabra, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Como ya va siendo habitual, nuestro grupo parlamentario interviene cuando hablamos sobre los tratados internacionales porque siempre nos encontramos que alguno de ellos tiene detrás importantes asuntos políticos y apreciamos que la Cámara
los pueda debatir y que no pasen desapercibidos. En este caso ocurre algo parecido. Decía el otro día el ministro de Exteriores de España que la prima de nuestro país está subiendo por culpa de la pitada en la final de la Copa del Rey. No sé si
ustedes han escuchado al ministro hacer estas declaraciones. Sin duda el ministro está un poco equivocado, no creo que sea la pitada de la final de la Copa del Rey lo que haya motivado que la prima esté subiendo. A uno le da casi miedo salir al
estrado, no sea que el ministro mañana nos acuse, ante las críticas al Gobierno, de ser responsables de la nueva subida de la prima en el día de hoy. Nuestro grupo parlamentario está convencido totalmente de lo contrario, que criticar al Gobierno
por la política que el Gobierno del Partido Popular está realizando es lo que nos puede ayudar a que la prima baje, y, por tanto, voy a intentar esforzarme en un crítica
sólida al Gobierno para mejorar la prima de riesgo de nuestro país.
Estamos ante 14 tratados de los cuales mi grupo parlamentario va a votar 2 en contra, se va a abstener en otros 2, y va a votar favorablemente 10 de los tratados, en una votación separada que hemos solicitado. En los tratados que tienen que
ver con los convenios de seguridad, con los países de Austria y Australia, nos abstendremos. Hay detrás del fondo de estos tratados una filosofía atlántica que no compartimos. Pero sobre todo vamos a hablar de dos tratados, que afectan al Reino de
Marruecos y al Reino de Arabia Saudí. Estamos bastante cansados, señoras y señores diputados, de que vengan a la Cámara tratados internacionales donde priman los intereses y acuerdos que se apartan de una forma grosera del respeto a los derechos
humanos. El Grupo Parlamentario Popular en este debate parlamentario, hace unos meses, no quiso aprobar la elaboración de un plan de derechos humanos, y no quiso que el Gobierno de la nación aprobase un plan de derechos humanos, porque de esta
forma vamos día a día, a través de tratados y de otras iniciativas parlamentarias, haciendo la vista gorda ante situaciones en países como Colombia, Marruecos o Arabia Saudí. Para nosotros los derechos humanos, señoras y señores diputados del
Partido Popular, no hacen vacaciones, ni siquiera por motivos comerciales. Incluso detrás de los intereses que puede tener España en sus relaciones con Marrueco o con el Reino de Arabia Saudí los derechos humanos deben ser puestos en el primer
lugar de la lista, antes que otros intereses.
Estamos hablando de forma concreta de un acuerdo con Marruecos aparentemente inofensivo. Seguro que el portavoz del Partido Popular me dirá que no toca hablar de eso. Pero este grupo parlamentario les va a decir que siempre que hablemos de
tratados internacionales con el Gobierno de Marruecos vamos a recordar una situación del ataque sistemático que el Reino de Marruecos está haciendo a la legalidad internacional con su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Por tanto ya sabemos que
con Marruecos hay que tratar muchos temas, pero lo que también sí sabemos es que el Gobierno del Partido Popular no tiene una agenda concreta para hacer un seguimiento de los incumplimientos del Reino de Marruecos respecto a sus responsabilidades en
el Sáhara Occidental. Cada vez que este Gobierno firma un tratado internacional con el Reino de Marruecos debe recordar qué es lo que no está haciendo bien el Reino de Marruecos. Sabemos que el Gobierno en eso no tiene una hoja de ruta. El
Partido Popular tuvo algo parecido cuando estaba en la oposición para atacar al Gobierno del Partido Socialista, pero ha perdido esa hoja de ruta en el momento en que se ha sentado en el banco azul. Y hoy el Partido Popular aplica la misma política
que aplicó el Partido Socialista cuando gobernaba. Por ello siempre que hablemos de Marruecos no es un tema para pasar desapercibido. El Sáhara Occidental es una realidad. Hay un ataque a los derechos humanos en ese país, y queremos que el
Gobierno tenga agenda propia para estos temas.
Segundo tema. Estamos ante un tratado también aparentemente inofensivo: el Centro Internacional Rey Abdullah. El rey Abdullah es el rey de Arabia Saudí, un país con un amplio calado democrático con el cual el Reino de España va a firmar
un tratado internacional nada más y nada menos que para desarrollar el diálogo interreligioso e intercultural. Por supuesto el Reino de Marruecos está democráticamente preparado, no tenemos ninguna duda, para desarrollar un amplio ejemplo de
diálogo intercultural e interreligioso. Por ejemplo, es especialista en tener una religión oficial, el bahaísmo, en la cual si cualquier persona quiere apostatar de esa religión está condenada automáticamente a la pena de muerte. Por tanto es una
Broma -y digo la palabra broma con be mayúscula- suprema que se nos traiga a aprobación, como ejemplo internacional de diálogo interreligioso, un tratado con el Reino de Arabia Saudí que es uno de los países a nivel internacional que están pisando y
rompiendo los derechos humanos de una forma ejemplar.
Sabemos que la monarquía saudí tiene unas profundas relaciones de todo tipo con la monarquía española y con la Casa Real española, especialmente las relaciones económicas profundas y sólidas entre esas dos monarquías. Sabemos que España
tiene intereses económicos importantes, le hemos vendido un AVE y parece que le podemos vender al Reino de Arabia Saudí 240 tanques leopard hechos en España. Posiblemente, casi con toda seguridad, no habrá ninguna relación, ninguna, entre estos
importantes proyectos comerciales que van a hacer que firmemos contratos por 9.000 millones de euros con ese país tan democrático con el hecho de que le hayamos comprado la idea al Gobierno saudí de un centro interreligioso, donde el rey Abdullah
nos va a dar lecciones a todos los españoles y a todos los europeos de lo que es la relación intercultural y lo que es la buena democracia. Por tanto digamos las cosas claras. Si hay que hacer esto porque hay que llevarse bien con los petrodólares
que nos puede vender o nos puede comprar el Reino de Arabia Saudí, lo decimos, pero no digamos en esta Cámara -y no pasemos por el sonrojo de decirlo- que es una democracia ejemplar y que el Reino de Arabia Saudí nos va a dar lecciones de democracia
y de relaciones interreligiosas.
Acabo. No es posible que firmemos tratados internacionales con países de este calado y que el Gobierno se tape la nariz, se tape los ojos, y mire para otro lado. Si el Gobierno quiere pasar de los derechos humanos, no tienen para el
Gobierno ninguna importancia las características de este tipo de Gobiernos, nos lo dicen, pero no van a contar con el apoyo de este grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en una asamblea parlamentaria digna como es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en una reforma reciente se ha introducido que los lunes por la tarde durante una hora y media haya un debate libre en el que cada diputado
habla de lo que quiere. Señor Nuet, con todo su derecho a tomar el uso de la palabra en los tratados internacionales, intuyo que semana tras semana, si no vamos a concretar un poco más y ser un poco más rigurosos respecto a los tratados
internacionales, a su articulado y a lo sustantivo que sometemos a votación, podemos convertir estos debates en un debate libre donde casi estamos más en un registro de tertulia que en un registro de algo tan importante como es incorporar dentro de
nuestro derecho interno la ratificación de unos tratados internacionales.
Señor presidente, nosotros vamos a apoyar el conjunto de estos tratados. Somos partidarios de la Alianza Atlántica y somos partidarios del respeto a los derechos humanos, pero somos partidarios del respeto a los derechos humanos a través de
los instrumentos de la política internacional, y nunca aplicando criterios de doble estándar por los cuales algunos siempre hacen una aproximación parcial, acordándose de los derechos humanos en algunos Estados del mundo y olvidándose de la falta
del respeto de los derechos humanos en algunas otras partes del mundo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar a favor también del conjunto de los tratados internacionales que hoy se debaten. Algunos han sido citados en las intervenciones precedentes. De los citados, dos de ellos son tratados de intercambio de información
clasificada con países democráticos, con un país de la Unión Europea, nada más y nada menos, y con Australia, que no tienen ningún tipo de problema. Los otros dos tratados, uno es la adhesión de Marruecos al Convenio de La Haya del año 1970, lo
cual supone una ampliación y refuerzo de las garantías jurídicas en el país vecino que debemos aplaudir y celebrar, y el cuarto tratado es la convalidación de un tratado por el cual se crea un centro de diálogo interreligioso en Viena, también en
Austria. Creemos que las cuatro iniciativas son razonables y también me sumo a las palabras del señor Xuclà sobre este debate libre que celebramos últimamente todos los jueves.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Que tengamos estos debates sobre política internacional puede ser muy útil, y en ese sentido celebramos la iniciativa del señor Nuet, pero siempre con responsabilidad. Tampoco podemos convertir la Cámara en un debate permanente sobre
cuestiones que pueden tener o no mayor relevancia en estos momentos. Le recordaré unas palabras del gran Salvador de Madariaga, que decía: Debate parlamentario sí, siempre, el máximo debate parlamentario, pero tampoco puede convertirse la Cámara
-decía él- en una alternativa, en un sustituto de la Enciclopedia Británica. Usted trae aquí temas -un convenio con Marruecos y un convenio sobre el Centro de Diálogo Interreligioso en Viena, que llevaría el nombre del rey de Arabia Saudí- que son
importantes, pero no sé si requieren la atención de la Cámara de la manera en que se la estamos dando. A usted, señor Nuet, se le llena la boca con la defensa de los derechos humanos -a usted, a su grupo y al partido del cual usted forma parte, el
Partido Comunista de España-, y le diré que nosotros también somos unos grandes defensores de los derechos humanos en el mundo. También lo somos, pero además de eso deben mantenerse unas relaciones con el Reino de Marruecos. Defendemos la
legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas en relación con el problema del Sáhara, pero también debemos firmar convenios con Marruecos, porque no querrá usted que cerremos todas las relaciones diplomáticas con nuestro vecino en el
sur. Y en cuanto al Centro Interreligioso Rey Abdullah, con sede en Viena, le diré justamente lo contrario de lo que usted apuntaba, porque precisamente la manera a través de la cual puede abrirse Arabia Saudí a un diálogo sobre derechos humanos es
mediante centros como este, centro del cual van a formar parte, como usted habrá visto en el protocolo, todos los representantes de las principales religiones del mundo: el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el islamismo en paridad de
condiciones, la religión islámica en igualdad de condiciones con el resto de las religiones del mundo. Es una gran oportunidad, en contra de lo que usted ha manifestado en la Cámara, para que exista ese tan necesario diálogo interreligioso e
intercultural, que debe y puede promocionar la defensa de los derechos humanos.
Señor Nuet, gracias por la iniciativa, pero seamos pragmáticos y discutamos sobre temas que verdaderamente tienen relevancia. Estos dos convenios son importantes, pero no creo que tengan la relevancia que usted ha pretendido darles.
Hablemos otro día sobre Marruecos con calma y sobre el tema del Sáhara, y hablemos de los derechos humanos en el mundo. Le aseguro que nosotros estaremos en la vanguardia de su defensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2009, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día, correspondiente al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio
2009, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es necesario, en primer lugar, hacer un ejercicio mental de retrotraernos al año 2009, ya un tanto lejano, pero el ejercicio puede merecer la pena. En ese año el déficit de las administraciones públicas españolas tuvo dos dígitos.
Fue del 11,2%, más de 100.000 millones de euros. Lo que sucedió ese año -ya un tanto lejano- tiene mucho que ver en realidad con lo que sucede esta misma semana en la economía española. Ese año fue el primero de enorme déficit público, de
crecimiento de la deuda pública y de elevación de la prima de riesgo, porque junto a los inevitables componentes automáticos del déficit público como consecuencia de la crisis -un mayor gasto en prestaciones por desempleo-, se tomaron una serie de
decisiones discrecionales por parte el Gobierno del momento para aumentar más el gasto público. En el año 2009 se puso en marcha el famoso PlanE y determinadas rebajas fiscales. La cuenta del Estado refleja que la suma de los efectos automáticos
de la crisis más los efectos discrecionales disparó el déficit público a esas cifras gigantescas, y terminó muy rápidamente con el margen de actuación fiscal que teníamos. Teníamos una deuda pública pequeña que rápidamente se fue convirtiendo en
una deuda considerable. ¿Era esto inevitable? No. En ese mismo año 2009 el déficit público en la eurozona era del 6,4%; es decir, países en crisis como el nuestro tenían la mitad de déficit público que el nuestro. Solo había otros tres países
en la zona euro con un déficit de dos dígitos. Esperemos que no sea un augurio ominoso, porque esos tres países eran precisamente Grecia, Irlanda y Portugal. Solo en el caso del Estado se había previsto un superávit del 0,82% del PIB, que se
transformó en un déficit del 8,56% -9 puntos del PIB de desviación entre lo previsto y lo ejecutado-, lo que debería hacernos reflexionar sobre los procedimientos presupuestarios en nuestro país.
Puestas las cuentas en el contexto del año 2009, paso a referirme a las resoluciones a la cuenta general que UPyD ha presentado y han sido aceptadas. Aprovecho para comentar que en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas impera un espíritu de consenso, que muchas de las resoluciones han sido aceptadas, y que en consecuencia vamos a aprobar la cuenta general. Una de las resoluciones aceptadas tiene que ver con el plazo de rendición de cuentas del sector
público empresarial y fundacional. Conviene que ese sector público empresarial y fundacional, tan amplio y disperso, cumpla con los plazos legales de rendición de cuentas; cosa que no siempre hace. También conviene presentar de forma consolidada
las cuentas de las administraciones y de ese sector público empresarial y fundacional, y hay un margen de mejora para hacerlo con mayor claridad. Además hay aspectos de las cuentas públicas que requieren mejoras, como es el caso de la información
que se proporciona sobre el inventario o de la contabilidad del inmovilizado. En otra de nuestras resoluciones se recoge la necesidad de mejorar la gestión de los bienes inmuebles de propiedad pública y la gestión de la tesorería. Esas son las
resoluciones de UPyD incorporadas que quería comentar.
Sin embargo hay otras resoluciones que se han rechazado, y aunque insisto en que eso no va a condicionar el sentido de nuestro voto, las voy a recalcar porque creemos sinceramente que habrían supuesto una mejora y las presentaremos
nuevamente en el próximo periodo de sesiones. Insisto en que estamos hablando de la cuenta general del Estado del año 2009 y estamos en el año 2012. Su elaboración se ha ido mejorando con el paso del tiempo, y ya no tiene el retraso tan grande que
tenía en el pasado, pero sigue siendo un retraso muy importante. Creemos que se puede mejorar y que deberíamos estar hablando de la cuenta de 2011 o como mínimo de 2010. Para eso vamos a proponer en el futuro -porque se nos ha rechazado esta vez-
que se acorten los plazos legales de rendición de cuentas, que llevan invariables desde la Ley General Presupuestaria del año 1977, y en estos treinta y cinco años ha habido mejoras importantes en la tecnología. Tendría sentido acortar esos plazos
de rendición de cuentas. También el propio tribunal tiene un margen de mejora para acelerar los procedimientos. El Tribunal de Cuentas europeo realiza una tarea similar a nuestro Tribunal de Cuentas en un periodo de tiempo mucho más corto; las
cuentas de 2010 fueron auditadas unos nueve meses después de la finalización del ejercicio, y lo mismo sucede con las grandes corporaciones multinacionales, en seis meses pueden tener sus cuentas auditadas. Creemos por tanto que hay un margen de
acortamiento de plazos importante en nuestro caso, aun valorando el esfuerzo que ha hecho el Tribunal de Cuentas para ir mejorando con el paso del
tiempo. De la misma manera creemos que el formato de presentación de la cuenta general del Estado podría mejorarse. Muchos de los señores diputados no habrán visto la cuenta general, pero es un documento de muchos centenares de páginas,
sin gráficos, sin síntesis, y realmente la presentación podría mejorarse para posibilitar una visión más clara de la información ahí contenida. Una de nuestras resoluciones apuntaba también en esa dirección.
Volviendo a los entes públicos, porque no solo estamos hablando de las administraciones, sino de los entes estatales, creemos que el Tribunal de Cuentas puede realizar una tarea de evaluación de la eficiencia de esos entes públicos, porque
tiene mandato legal para ello. Esas evaluaciones de la eficiencia de los entes públicos podrían ayudar a la hora de racionalizar el número de entes públicos y guiarlo en función de esas evaluaciones de la eficiencia. Consideramos asimismo que
entre la información que esos entes públicos proporcionan, entes de todo tipo -empresas, agencias, consorcios, fundaciones-, sería importante que se incluyese información sobre las retribuciones del consejo de administración y de la alta dirección,
por un principio de transparencia.
Para finalizar, en los procedimientos presupuestarios actuales, con las reformas del Gobierno, se da mucha importancia al déficit estructural y a la distinción entre déficit cíclico y déficit estructural. Sin embargo esta distinción no se
utiliza en el documento que ahora discutimos. Creemos que habría que adecuar el formato de estas presentaciones oficiales a la nueva filosofía presupuestaria, y presentar dentro de esa cuenta del Estado qué parte del déficit ha sido cíclico y qué
parte ha sido estructural. Y de la parte cíclica, discrecional, hacer de nuevo una evaluación de la eficiencia de si esas medidas discrecionales que el Gobierno ha tomado estaban justificadas a posteriori desde el punto de vista de la eficiencia
económica.
Esas son las aportaciones que hemos intentado realizar a la cuenta general. Algunas se han incorporado, otras no; en cualquier caso valoramos el espíritu de consenso que hay en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, valoramos el
esfuerzo del Tribunal de Cuentas aunque siga habiendo un margen de mejora, y anunciamos nuestro voto positivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Sí, señor presidente, intervendré desde el escaño para hacer algunos comentarios antes de aprobar este dictamen y propuesta de resolución.
En primer lugar, estamos hablando en mayo 2012 del ejercicio 2009 y parece oportuno retomar la cuestión de los dilatados plazos que existen para presentar la cuenta general. Parece razonable esperar que las cuentas generales del Estado se
presenten antes de transcurridos más de dos años desde la finalización del ejercicio correspondiente. Esta cuestión no es culpa del Tribunal de Cuentas, sino de los plazos que figuran en la legislación. Sin perder ninguna clase de garantías en el
proceso fiscalizador los plazos deben acortarse, porque si se detectan incumplimientos o deficiencias cuanto antes se corrijan estas mejor, en aras de una mayor eficacia y eficiencia. El propio presidente del Tribunal de Cuentas ha admitido que
sería positivo modificar los plazos argumentando que las nuevas innovaciones tecnológicas lo permiten sin problemas. Aun más también pensamos que el propio Tribunal de Cuentas es susceptible de reforma para agilizar su trabajo y la eficacia de sus
recomendaciones, y para que todos los gestores le remitan en un plazo máximo razonable -seis meses, por ejemplo- un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones que el tribunal señale. Nuestro grupo presentará iniciativas
parlamentarias en este sentido.
En segundo lugar, no podemos dejar de señalar la anomalía que representa el hecho de que el mandato de los consejeros del Tribunal de Cuentas, que son elegidos por estas Cortes Generales, cumpliera en noviembre de 2010. Aunque técnicamente
no puede decirse que los miembros del Tribunal de Cuentas estén en funciones, y que por lo tanto su labor de control externo esté limitada, no es menos cierto que la renovación de la institución ha de realizarse por higiene democrática.
En tercer lugar, y en lo que respecta a los contenidos de la resolución, sigue sorprendiendo que estén sin regularizar las relaciones entre la Administración General del Estado y la Seguridad Social, en lo que respecta a los préstamos
concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del Insalud producidas en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado previas a la separación de fuentes de financiación.
En la resolución se insta al Gobierno a regularizar dicha situación. Es más, la propia Ley 27/2011, en su disposición adicional trigésimo octava mandata al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesaria para cancelar, en un plazo de
diez años, en el balance patrimonial de la Seguridad Social, esos préstamos. Por último, la resolución constata el grave incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la cuenta general del Estado en 2009, por la desviación del
déficit desde un objetivo fijado en un superávit del 0,82 del PIB al resultado final en forma de un déficit del 8,56 del producto interior bruto. Se afirma que esas desviaciones requieren de un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria por la Administración General del Estado y demás entidades incluidas en la cuenta general del Estado. Es cierto que con motivo de la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria para los años 2009, 2010 y 2011 el
Gobierno afirmaba que España tendría superávit en sus cuentas públicas, y que aun siendo la crisis una realidad
inapelable, estimaba crecimientos del producto interior bruto en términos reales superiores al 2%. Los presupuestos para 2009 matizaban lo anterior, pero sin abandonar el optimismo. En aquel momento ni las previsiones de ingresos ni el
escenario macroeconómico estimado eran consistentes, y no hablemos de las previsiones y del escenario macroeconómico actual, porque sería para echarse a llorar. En todo caso no es extraño que la cuenta general del Estado de 2009 presente
desviaciones y un déficit público considerable, tanto por la estabilización automática, mayores gastos en desempleo, menores ingresos fruto de la crisis, como por los estímulos fiscales discrecionales. Otra cuestión es discutir si la composición de
estos estímulos fiscales era adecuada; nosotros pensamos que no, o si se admite, para nosotros -y esto es fundamental- el coste de las rebajas impositivas de carácter procíclico pasó factura ya en 2009.
Pero no podemos condenar el estímulo fiscal por mucho que se incumpliesen los objetivos de estabilidad presupuestaria. En otras palabras, las bajadas de impuestos directos fueron un error porque limitaron el margen de maniobra del sector
público, cuando la situación económica se complicó, y era preciso un impulso a través del gasto público. Pero este impulso o estímulo fiscal era imprescindible para evitar mayores males en forma de una depresión generalizada ante la atonía del
sector privado y el aumento del desempleo. Es más, el abandono precipitado de los estímulos fiscales y los ajustes en el gasto público que se han llevado a cabo han tenido como principal consecuencia el precipitarnos a una nueva recesión y a una
crisis de empleo de una magnitud socialmente inaceptable.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió quisiera, en primer lugar, reconocer el trabajo serio y responsable del Tribunal de Cuentas en la confección de la
declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2009. Les reconocemos profesionalidad y para ellos pedimos autoridad, autoridad para exigir responsabilidades a quienes presenten con retraso, con enorme retraso en algunos
casos o no presenten, las cuentas, incumpliendo la legalidad. No entregaron las cuentas a tiempo el 24,1% de las entidades del sector público administrativo; no lo hicieron el 51% de las entidades del sector público empresarial, y a finales de
mayo de 2012 hay 9 fundaciones estatales que todavía no han rendido cuentas. Alabamos la seriedad del Tribunal de Cuentas y para ellos pedimos autoridad. Siempre hemos exigido austeridad, y ahora más que nunca; siempre hemos pedido rigor, y ahora
más que nunca. De la misma manera que ahora más que nunca pedimos transparencia en todo lo que afecta a la administración del bien público, y en esta exigencia el Estado no solo no puede quedar al margen, sino que debe ser ejemplo.
Estamos viendo las cuentas de 2009, nos faltan 2010, 2011 y 2012. Quizá para muchos el resultado haya sido una sorpresa; para otros no. Se ha confirmado lo peor, el déficit del Estado en el año 2009 fue de 90.179 millones de euros, un
8,5% del PIB. Y nos ponemos a temblar pensando en qué sorpresas nos depararán 2010 y 2011, sin olvidar que este último fue año electoral. Señorías, en un país tan proclive a prejuzgar y condenar sin certezas, resulta que no son precisamente las
autonomías ni la Administración local quienes deben asumir la mayor culpabilidad del desbarajuste, no. En el análisis que nos presenta el Tribunal de Cuentas se demuestra que el Estado provocó el 85% del déficit total, solo el resto corresponde a
la Administración autonómica y local. Deseamos que esta lección práctica induzca a la reflexión a los grupos parlamentarios, especialmente a los que hacen caballo de batalla en cuanto a eficacia y eficiencia en la Administración pública.
Cuatro fueron las propuestas de resolución que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, de ellas, tres se aceptaron y una no. En la primera y la cuarta proponíamos una mayor
exigencia en el cumplimiento de las obligaciones. La primera era la obligación legal de presentar las cuentas dentro de los plazos establecidos, una petición hecha en pro del rigor, a esto se han referido todos los grupos que han intervenido
anteriormente. La segunda de las propuestas se refería a un tema ya tratado: la constatación del grave incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la cuenta general del Estado en el ejercicio 2009, que presentó un déficit,
necesidad de financiación, de 90.179 millones de euros, un déficit del 8,56 del PIB con una desviación negativa del 9,38 sobre lo presupuestado. Nos preguntamos: ¿cómo estaríamos si la gestión de la sanidad y la educación, las mayores
organizaciones prestadoras de servicios a la sociedad, estuviera hoy aún centralizada en manos del Estado? Por esta referencia, ¿cómo estaríamos? Y finalmente, la propuesta de resolución rechazada, la número 3, en la que proponíamos la corrección
de las incidencias indicadas en el análisis del activo del balance -del análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas, no olvidemos-, entre las cuales debe efectuarse la correcta contabilización de los préstamos existentes entre el Estado y la
Seguridad Social y dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional trigésimo octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, la cual faculta al
Gobierno para realizar el desarrollo normativo que culmine con la entrega por la Seguridad Social a la Administración General del Estado de los inmuebles afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidos a las comunidades
autó
nomas, en pago a los préstamos que le fueron concedidos por el Estado.
Señorías, aceptar esta propuesta -que, recuerdo, no ha sido aceptada- habría sido un gesto de lealtad institucional, no lo duden, pero sabemos que no hay que pedir peras al olmo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, en esta intervención en nombre de mi grupo voy a centrarme en tres aspectos, intentando hacerlo con la mayor brevedad. Quiero, en primer lugar, resaltar la correcta elaboración de la cuenta general del
Estado de 2009; en segundo lugar, indicar las desviaciones y sus causas; y en tercer lugar, realizar alguna consideración sobre las propuestas de resolución del dictamen de la Comisión mixta Congreso-Senado, en la necesidad de continuar mejorando
la elaboración de las cuentas.
Consideramos hoy el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración de la cuenta general de 2009 que ha emitido el propio Tribunal de Cuentas, de las tres cuentas que lo integran: la
cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional. La cuenta general del Estado debe ajustarse a la legislación aplicable y debe reflejar
adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal llevada a cabo en el ejercicio. El Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de sus funciones de fiscalización e informes, contribuye a alcanzar un nivel de transparencia muy
notable en las cuentas generales del Estado. En consecuencia, se está avanzando en cada ejercicio en la representatividad y transparencia de la elaboración de la cuenta general. El análisis de la liquidación de los presupuestos alcanza un mayor
contenido que en la declaración del ejercicio anterior, de 2008, incluyendo aspectos como el compromiso de gasto adquirido con cargo al presupuesto y se incluye por primera vez una declaración sobre el análisis del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria. Asimismo, se incluye por primera vez en la declaración un epígrafe destinado a recoger las relaciones financieras entre España y la Unión Europea.
Hoy analizamos la cuenta general del Estado de 2009, quedan pendientes -como ya se ha dicho- la de 2010 y la de 2011 para culminar el periodo de la anterior legislatura. Por tanto, nos situamos en un escenario que ya parece lejano, sobre
todo a tenor de los acontecimientos y de las exigencias que en este momento determinan el interés en la actualidad. Con relación a la misma, permítanme hacer algunas consideraciones en nombre de mi grupo. Hemos tenido ejercicios pasados -2005,
2006 y 2007- en los que se pudo comprobar en la cuenta general que hubo resultados positivos y superávit, pero el resultado de 2008 ya ofreció un signo contrario. Hoy no puede extrañar a nadie que la cuenta general del Estado de 2009, cuyo dictamen
consideramos, resulte con déficits y desviaciones. La gran crisis iniciada en 2008 tuvo una importante repercusión en España. No fue prevista ni por expertos ni por economistas, ni siquiera por las formaciones políticas, que en sus programas
electorales de las elecciones de 2008 -incluido lógicamente el Partido Popular- preveían crecimientos y una situación que nada tenía que ver con la crisis que estaba a punto de estallar. Ello supuso una situación que la mayor parte de los países de
la Unión Europea ha experimentado como nosotros, y es déficits y desviaciones, con independencia de la cuantía o la proporcionalidad que aquí podamos alegar. El propio Tribunal de Cuentas indica en su dictamen dónde están los problemas o cuáles son
las causas que han originado ese déficit. Vemos que son dos claramente. Una, disminución de los ingresos -también como consecuencia de la caída de la actividad económica, lógicamente- tanto en impuestos directos como indirectos. Dos, un
incremento de gastos que el Tribunal de Cuentas determina en qué y por qué se ha producido. La mayor desviación que se produce en el incremento de gastos tiene que ver con actividad del empleo, con más de 13.000 millones de euros, así como las
medidas que se adoptaron para el estímulo de la economía y el empleo, la atención al desempleo y la atención social, que supusieron más de 16.000 millones de euros. Ello obedece a una política que el Gobierno decidió, sin duda, pero que lo hizo
también con el apoyo mayoritario de esta Cámara y no solo con la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista, que no tenía mayoría absoluta, sino también con la implicación y el compromiso de otros grupos de la Cámara. Por lo tanto, estamos hablando
de medidas que se discutieron, aprobaron y se adoptaron en la mejora y para hacer frente a la situación compleja que en ese momento se daba.
Deseo también indicar, señor presidente, que la elaboración de la cuenta general del Estado tiene el dictamen de la fiscalía como dictamen preceptivo en su procedimiento, así como el informe de la Abogacía del Estado. Pues bien, tanto el
dictamen de la fiscalía como el informe de la Abogacía del Estado indican que no existe ningún aspecto relevante en materia de responsabilidad contable. Por lo tanto, la elaboración de la cuenta general del Estado de 2009 que hoy estamos aquí
considerando tuvo su correcta aplicación.
Espero que el grupo mayoritario de la Cámara resista la tentación de abundar en la teoría que a lo largo de la mañana hemos contemplado de la herencia como falaz discurso para ocultar algunas realidades. Hay una herencia que tiene que ver
con la gente, que tiene que ver con las personas, que es el mantenimiento de los
servicios públicos esenciales, mantenimiento de la protección social y ampliación de medidas para el estímulo de la economía y el empleo. Y es a ellas precisamente adonde va dirigido el esfuerzo de mayor gasto que en el ejercicio de 2009 se
llevó a cabo.
Señor presidente, estamos también frente a las propuestas de resolución que los distintos grupos de la Cámara hemos aportado, es cierto que con amplio consenso en torno a las mismas. Todas ellas van destinadas a recabar del Gobierno, de la
Administración del Estado o del propio Tribunal de Cuentas la aplicación de mejoras y medidas que hagan que cada vez la cuenta general del Estado disponga de una elaboración más completa y más acorde con lo que tiene que ser, avanzando en
transparencia y autenticidad en su relación. Cuando se examina la cuenta general del Estado se puede ver que hay aspectos que se reiteran incluso de una anualidad a otra, hay otras que son coincidentes, pero todas ellas con la intención de mejorar
la presentación de las cuentas en forma, en plazo y también con voluntad de modificación de determinados plazos para que las cuentas lleguen a la Cámara con mayor celeridad, con mayor prontitud o, sobre todo, con mayor proximidad al ejercicio que
consideramos. Quiero transmitir a sus señorías que se ha avanzado en la evolución de la elaboración de las cuentas, que cada vez se ofrecen unas cuentas mejores. En este sentido, quiero expresar también el reconocimiento a la Administración
General del Estado, al propio Tribunal de Cuentas, a los funcionarios y trabajadores, que contribuyen a la elaboración de las mismas.
Para terminar, señor presidente, quiero manifestar en nombre de mi grupo nuestro voto favorable a la cuenta general de 2009 y a las propuestas de resolución que aquí se plantean.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Císcar.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo que ha efectuado el Tribunal de Cuentas sobre el dictamen de la cuenta general del año 2009, dictamen que hoy sometemos a aprobación. También, y en línea con lo que han hecho otros
grupos parlamentarios, quiero agradecer la buena disposición del Grupo de UPyD y del señor Anchuelo a la hora de llegar a acuerdos en esas propuestas de resolución. No tanto, señor Pàramo, por lo que le corresponde a CiU, fundamentalmente porque no
alcanzamos a entender que de todas las propuestas que ustedes presentaron solamente una no fue apoyada por el Grupo Parlamentario Popular por diversas causas, pero fundamentalmente porque entendemos que rompe el principio de unidad de caja de la
Seguridad Social y la pone en serios aprietos. En cualquier caso, nuestras propuestas tenían y tienen como objetivo mejorar la cuenta general. En cualquier caso, estamos convencidos de que en próximos debates llegaremos a puntos de acuerdo. Y
quiero agradecer especialmente, señor Císcar, el esfuerzo realizado por el Grupo Socialista, personalmente por usted, por su coherencia a la hora de plantear las propuestas de resolución en esta cuenta general; cuenta difícil -aquí es donde ya
tenemos puntos de diferencia-, con enormes problemas que todavía arrastramos. Sensatez en sus propuestas de resolución, señor Císcar, que ya me hubiera gustado que hubieran tenido las personas de su partido que gestionaron el presupuesto del año
2009. Ayer alguien en esta Cámara, una diputada del Partido Socialista, decía que tenía ambición de aprender de los errores del pasado. Y flaco favor nos haríamos hoy aquí si no habláramos de lo que sucedió en el año 2009. Señor Císcar, sí creo
que hay que hablar de lo que sucedió, de cómo se gestionó, de cómo se confeccionó el presupuesto del año 2009. En definitiva, porque contiene la hoja de ruta de un fracaso en la política económica del Partido Socialista, contiene la hoja de ruta de
la herencia -esa herencia de la que tampoco les gusta que hablemos- que ustedes nos han dejado. Por lo tanto, señoría, explica muchas de las cosas que hoy estamos debatiendo aquí.
Decía el señor Císcar que el presupuesto del año 2009 contó con el apoyo de muchos partidos de esta Cámara. Pues bien, hay una realidad, con el apoyo con el que no contó, señor Císcar, fue con el apoyo del Partido Popular, porque el señor
Montoro ya les dijo en esta tribuna, en el debate de presupuestos, exactamente lo que iba a suceder. Por cierto, se equivocó bastante poco. Es evidente que en el capítulo 1 y en el capítulo 2, de ingresos, se equivocaron nada más y nada menos que
en 50.000 millones. Pero, señoría, de aquella decisión consciente, porque ustedes sabían realmente que se caía la recaudación de ingresos deriva un problema importantísimo para las comunidades autónomas al hacerse los anticipos a cuenta, y a día de
hoy se están devolviendo y hay que devolver esos anticipos a cuenta. Incrementaron en 1.000% partidas destinadas a la política de administración financiera y tributaria en un PlanE que no tuvo efecto ninguno porque al final no consiguieron los
objetivos que ustedes plantearon. Y las partidas destinadas al desempleo -y lo decía el señor Císcar- se incrementaron en el 66%, pero una vez que se había tramitado el presupuesto. De la misma forma que se desplomaban los ingresos, señorías, se
incrementaba exponencialmente la deuda, la captación de pasivos financieros en aquel ejercicio ascendió a más de 150.000 millones de euros.
Señorías del Partido Socialista, ustedes dejaron dentro de esa herencia más de 600.000 millones de euros como gastos comprometidos para ejercicio futuros que, lógicamente, les guste o no, condicionan la política económica de este Gobierno,
pero no solamente de este Gobierno sino de todos los que vengan. 608.000 millones de euros es una cifra como para tenerla en cuenta dentro
de esa herencia, señorías, que ustedes nos han dejado. (Aplausos). Señorías del Partido Socialista, la gestión del año 2009 al final arroja un déficit de más de 88.000 millones de euros, que supuso solamente que ustedes se equivocaran en 9
décimas en el cálculo de lo que iba a crecer la economía; un déficit final del 8,56%.
Si hablamos de endeudamiento -porque en el paquete de la herencia va el endeudamiento-, en dos años ustedes consiguieron incrementar la cifra de 320.000 millones de euros a más de 500.000 millones de euros. Por cierto, no sé si las señorías
del Partido Socialista han llegado en algún momento a la conclusión de que los préstamos no hay que devolverlos y que los intereses que genera la deuda tampoco hay que devolverlos, lo digo fundamentalmente por lo que venimos oyendo aquí a lo largo
de esta mañana. (Aplausos).
Las conclusiones del dictamen del Tribunal de Cuentas, señor Ciscar, son las siguientes: no se ajustaban los ingresos; no se ajustaban las partidas del desempleo, pero se hizo fundamentalmente por no reconocer que había crisis. El tiempo
pasa deprisa, pero recuerden ustedes, señorías del Partido Socialista, lo que decían en el año 2009, cuando el mundo estaba sumido en plena crisis. Ustedes pretendían que España fuera una isla y eran de los que decían que no había crisis. No
querían reconocer la gravedad de los problemas sencillamente por no tomar las decisiones que ustedes sabían perfectamente que había que tomar para atajar los graves problemas que, por cierto, también van en el paquete de la herencia. No sé si
ustedes recuerdan, porque el tiempo pasa deprisa, frases como aquellas de que el problema del PIB es masculino y no es femenino, o aquello que decía don Valeriano de que en dos meses, en el año 2009, el Partido Socialista era capaz de crear empleo.
Quizá en aquella frivolidad está la respuesta a lo que hoy aquí nos está pasando, señores del Partido Socialista. Toda esta herencia evidencia que ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que ha tenido que coger el toro por los cuernos
y tomar decisiones, a pesar de que nos gusten más o menos, pero ahí están esas soluciones que, sin lugar a dudas, darán su resultado.
Concluyo, señorías. Si hoy el Partido Popular actuara con la misma responsabilidad con la que está actuando el Partido Socialista en los últimos plenos en esta Cámara no votaríamos el dictamen de la cuenta general del año 2009. Creo que he
dado más que argumentos para no votar ese dictamen, pero no vamos a actuar con esa irresponsabilidad a la que ustedes nos tienen acostumbrados. Vamos a apoyar este dictamen de esta cuenta general por respeto al Tribunal de Cuentas y porque este
país no se puede permitir que se deteriore más su imagen. Pero de la misma manera que el Partido Popular va a actuar con responsabilidad, les pido que en lugar de seguir poniendo tantos palos en la rueda empiecen a ser corresponsables de esa
herencia, de la que no les gusta que hablemos, y empiecen a empujar el carro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez Lamata.
Hemos terminado de debatir los puntos del orden del día y quiero agradecer la agilidad de todos los que han participado, que nos ha permitido llegar a muy buena hora.
Se suspende la sesión unos minutos y a partir de las dos y media comenzarán las votaciones. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO, SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO. (Número de expediente 130/000019).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 178; en contra, 28; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).
Varios grupos han pedido que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.
El señor PRESIDENTE: Se tramitará como proyecto de ley.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2010, DE 31 DE MARZO, GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA FLEXIBILIZAR LOS MODOS DE GESTIÓN DE LOS CANALES PÚBLICOS DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 121/000009).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales
públicos de
televisión autonómica. Las enmiendas de totalidad se someten a una única votación conjunta.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 129; en contra, 182; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista la avocación por el Pleno del debate y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 148; en contra, 178; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No será avocada a Pleno.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO FEDERAL AUSTRÍACO RELATIVO AL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000017).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000019).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado votación separada y en primer lugar se votan los dictámenes correspondientes a los puntos 31 y
33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 326; a favor, 312; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente
110/000018).
- ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO INTERNACIONAL REY ABDULLAH BIN ABDULAZIZ PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL, HECHO EN VIENA EL 13 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000026).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los dictámenes correspondientes a los puntos 32 y 39.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 313; en contra, 11; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000016).
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2011. (Número de expediente 110/000021).
- ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000022).
- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y EL REINO DE NORUEGA, HECHO EN BRUSELAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000023).
- PROTOCOLO DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA, HECHO EN NAGOYA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000024).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DEL RÉGIMEN DE VISADOS DE CORTA DURACIÓN PARA SUS NACIONALES TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 16 DE JUNIO DE 2011. (Número de
expediente 110/000025).
- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA ACOGER UN CURSO DE PERSONAL DIRECTIVO DE MISIONES DE PAZ, QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID ENTRE LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011, HECHO
EN NUEVA YORK EL 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000027).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTE DIPLOMÁTICO, HECHO EN SEVILLA EL 3 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000028).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA SU ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000029).
- DENUNCIA DEL TRATADO SOBRE EL ESTATUTO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000030).
El señor PRESIDENTE: Votamos el resto de dictámenes.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 325; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2009, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000001).
El señor PRESIDENTE: Sometemos ahora a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2009, así como la resolución
adoptada por dicha Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 313; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados el dictamen y la resolución.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.