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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 29, de 25/04/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 29
Sesión plenaria núm. 28
celebrada el miércoles,
25 de abril de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 5-1, de 7 de abril de 2012. (Correcciones de errores en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 5-3,
de 11 de abril de 2012, y 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 5-4, de 20 de abril de 2012). (Número de expediente 121/000008) ... (Página3)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca. (BOE número 78, de 31 de marzo
de 2012). (Número de expediente 130/000012) ... (Página24)
- Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. (BOE número 78, de 31 de marzo de 2012). (Número de expediente 130/000014) ... (Página34)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página48)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación):
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página49)
Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación):
- Propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los
recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 74, de 13 de abril de 2012. (Número de expediente
158/000005 ) ... (Página49)
- Propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 74, de 13 de abril de 2012. (Número de expediente 158/000010 ) ... (Página50)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) . ... (Página3)
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 ... (Página3)
Los señores Larreina Valderrama, Bosch i Pascual, Jorquera Caselas, Quevedo Iturbe y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, defienden sus enmiendas a la totalidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez Sostres y Salvador Armendáriz y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
El señor Bosch i Pascual pide la palabra por alusiones, que le es concedida.
Interviene el señor Gallego Burgos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sometidas a votación todas las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas, se rechazan por 156 votos a favor, 182 en contra y 1 abstención.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página24)
Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca ...
La señora ministra de Fomento (Pastor Julián), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor García Ejea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista ... (Página34)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de
Lorca, se aprueba por 328 votos a favor y 1 abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 140 votos a favor, 183 en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se
adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, se aprueba por 178 votos a favor, 145 en contra y 5 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 154 votos a favor, 174 en contra y 1 abstención.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página49)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados, se aprueba por 276 votos a favor, 1 en contra y 37 abstenciones.
Propuestas de creación de subcomisiones.(Votación.) ... (Página49)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, se aprueba por asentimiento.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, se aprueba por
asentimiento.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012. (Número de expediente 121/000008).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continuamos con el punto relativo al debate a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado. Proseguimos con las enmiendas a la totalidad, en concreto con las presentadas por el Grupo Mixto. Les recuerdo a los intervinientes que acumulan el turno de réplica según el reparto de tiempos que hemos hecho. En primer lugar,
tiene la palabra para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado Amaiur el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, salimos a esta tribuna a defender nuestra enmienda a la totalidad de unos presupuestos a los que usted ayer en distintas intervenciones se refirió en muchas ocasiones, y curiosamente nos planteaba una serie de
preguntas a los grupos que hemos presentado enmienda a la totalidad. Decía que a ver si estábamos de acuerdo o no en que había que reducir el déficit o en que había que hacer recortes. Creo que lo importante no es la pregunta sino sobre todo la
respuesta, porque nosotros, efectivamente, también decimos que hay que reducir el déficit. Por supuesto, es una variable que ha estado totalmente desmadrada -hablando en sentido coloquial-; el problema es a qué ritmo se reduce el déficit, el
problema es a cuenta de quién se reduce el déficit y el problema es a cuenta de qué se reduce el déficit; es decir a qué precio, ¿a un precio socialmente asumible o a un precio que solo mira los intereses de los capitales especulativos de las
grandes fortunas?
Usted hablaba también de recortes y austeridad, y por supuesto que estamos de acuerdo en los recortes y en la austeridad, pero lo importante también es la respuesta: quién sufre la austeridad, qué es lo que se va a recortar. Es ahí donde
nosotros expresamos nuestra total discrepancia con el planteamiento de este Gobierno. Porque detrás de esas respuestas está el modelo de estructura socioeconómica que se quiere para esta economía sobre la que estamos hablando y también el modelo
social, socioeconómico, que se quiere a la hora de conformar una sociedad. Ahí estamos en total discrepancia con los planteamientos de este Gobierno. Nosotros estamos a favor de la economía productiva en vez de la economía especulativa. Nosotros
estamos a favor de un modelo social en el que primen más las personas sobre los números, la gente de la calle sobre la banca o las finanzas, las personas paradas con prestación o sin prestación de desempleo, las personas que sobreviven a duras penas
con una pensión y ahí todavía tenemos pendiente el tema de las viudas, que sale de vez en cuando pero a la hora de la verdad nunca se plasma en concreciones presupuestarias. Tenemos también que elegir entre las personas trabajadoras, las autónomas,
las que sacan adelante esas pequeñas y medianas empresas, esas microempresas, o bien primamos a las grandes fortunas, a las sociedades patrimoniales, a las Sicav, etcétera. Y ese es el problema de fondo que está detrás de estos presupuestos.
Por eso mismo, desde esta tribuna, las personas de Amaiur que hemos intervenido hemos subrayado en muchas ocasiones que las medidas impulsadas por este Gobierno no daban respuesta a las causas de la crisis económica pero tampoco la
solucionaban al menos en clave social. No solo no daban respuestas a la crisis económica sino que profundizaban en la misma. Y también hemos subrayado que tenían una dirección ideológica muy clara que era desmantelar el Estado del bienestar e
impulsar un modelo económico y social neoliberal, ultraconservador, que da la espalda a la gente de la calle, a las gentes trabajadoras, a las clases populares y medias de la sociedad. Pues bien también tenemos un dato del Banco de España, que se
aportó antesdeayer y que conocimos ayer, confirmando que se ha entrado en la segunda recesión en tres años y que tiene perspectivas de continuidad. Este dato del propio Banco de España y los datos de la huelga general suponen una auténtica enmienda
a la totalidad de estos presupuestos, de estas políticas impulsadas por el Gobierno.
Nosotros hemos presentado esta enmienda a la totalidad precisamente por eso: porque estos Presupuestos Generales del Estado no solo no dan respuesta ni solución a la crisis económica ni a la crisis social ni a la crisis institucional, sino
que profundizan en las consecuencias de esas crisis generando más recesión y desempleo a la vez que consolidan un modelo socioeconómico cada vez más neoliberal; que soportan sus ingresos sobre la base de las personas trabajadoras con nómina, que
continúan protegiendo los capitales especulativos y financieros, que siguen eludiendo la contribución fiscal, que sigue recortando el gasto social y que son unos presupuestos que no tienen como prioridad directa la creación de empleo de calidad pero
que al mismo tiempo imposibilitan la puesta en marcha de otro modelo económico y social alternativo que posibilite el desarrollo social sostenible de la economía.
Hemos presentado también esta enmienda a la totalidad por otra razón importante: en estos Presupuestos Generales del Estado tampoco está presente el proceso de normalización política y de resolución del conflicto político existente entre
Euskal Herria y el Estado. Por eso desde esta perspectiva queremos señalar que estos Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2012 no son los que necesita este sistema económico, este Estado. Porque son ineficaces frente a la crisis
económica, porque profundizan en la crisis social, porque no abordan la crisis institucional y desde luego porque son ajenos, como decía hace un momento, a la realidad nacional de Euskal Herria. Son ineficaces frente a la crisis económica porque
reflejan la filosofía de las medidas tomadas por el Gobierno en estos primeros meses; medidas que van a generar, de hecho ya están generando, más recesión económica con la consiguiente caída de la producción, aumento del paro, descenso de los
salarios y empobrecimiento generalizado de la población y por ende del Estado. La política generalizada de recortes bajo la bandera de una engañosa y fraudulenta austeridad -que está centrada en el control del déficit sin ningún tipo de control
social y en la cancelación apresurada de la deuda olvidándose de la ciudadanía, de
las personas que están sufriendo y van a sufrir en mayor medida las consecuencias de la crisis económica- y que al mismo tiempo están apoyando a los sectores especulativos y financieros, que son los que han tenido una gran responsabilidad en
el origen y desarrollo de esta crisis. Todo este tipo de medidas está conduciendo a la economía española -a diferencia de otras economías, incluso a diferencia de la economía de Euskal Herria- a una situación de colapso económico. Cuando en el
planteamiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se habla de reducir el déficit del 8,5% del producto interior bruto al 3% en 2013 se oculta en cierta forma que reducir esos 5,5 puntos del producto interior bruto supone una
reducción real del 12%, ya que por cada 100 euros que disminuye el gasto también están disminuyendo 60 euros los ingresos fiscales, con lo que el recorte real al final puede equivaler a 120.000 millones de euros que es una cifra económica y
socialmente inasumible. Precisamente porque 120.000 millones de euros es una cifra que es económica y socialmente inasumible es por lo que hay que plantearse un cambio a la hora de abordar esa reducción del déficit en la línea en la que se está
planteando ya en otros lugares de Europa. Creo que hay que plantar cara a la economía alemana que está más pendiente de la defensa de los intereses de su banca que de la defensa de los intereses de la ciudadanía alemana y, por supuesto, muchísimo
menos del resto de la ciudadanía de la Unión Europea.
Esas políticas de apoyo a la economía especulativa y financiera tienen su continuidad en estos presupuestos que reflejan una falta de compromiso con la economía productiva evitando apostar por la economía del bienestar social y la defensa
del medio ambiente, a la vez que están obviando también la economía sumergida, sobre todo la economía de los cuidados y en especial todo lo relacionado con lo que se ha denominado economía reproductiva que por lo general recae siempre en el ámbito
de las mujeres. Datos significativos a este respecto son tanto que los mayores porcentajes de reducción del gasto se hayan producido en los ministerios inversores -con recortes que van hasta el 34,6%- como por lo que supone de renuncia al futuro de
la economía productiva y ahí hay un dato muy significativo que es la reducción del 25,6% de las partidas dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación civil, que es precisamente lo que debería ser la apuesta por el futuro, la apuesta por
salir de la recesión, la apuesta por la creación de empleo de calidad.
Decíamos también que estos presupuestos son impulsores de la crisis social. Señalaba hace un momento que la reducción de 120.000 millones de euros era una cifra económica y también socialmente inasumible, porque por cada 1.000 millones de
euros de recorte de gasto el paro se incrementa en 70.000 personas desempleadas adicionales.Esto supone que alcanzar el objetivo de reducir el déficit al 3% con los actuales planteamientos socioeconómicos del Gobierno lleva consigo superar los 7
millones de personas en paro, alcanzar una tasa de paro del 30%, que es totalmente inasumible por lo que implica de grave crisis social.
Con este panorama, a la hora de abordar las consecuencias sociales de la actual situación económica no deja de ser significativo que cuando la principal consecuencia de la crisis es el problema del desempleo y la precariedad del empleo el
Gobierno reduzca casi en 1.600 millones de euros la partida destinada a las políticas activas de empleo, máxime cuando ya en 2011 habían sido reducidas. Al mismo tiempo, a pesar de que las cifras del paro son crecientes y hasta el propio Gobierno
reconoce que en este ejercicio no van a disminuir, los presupuestos también recogen un recorte de 1.669 millones de euros en las prestaciones por desempleo. La importante reducción de las partidas destinadas a estos dos conceptos -políticas activas
de empleo y prestaciones por desempleo- van a debilitar aún más el nivel de protección social incrementándose el número de personas en paro sin ningún tipo de cobertura y aumentando el número de personas que percibirán prestaciones asistenciales que
son de menor cuantía que las prestaciones contributivas. Paralelamente, nos encontramos con unos presupuestos que impulsan el desmantelamiento del sector público a favor de la privatización de servicios públicos esenciales que conducen a un claro
debilitamiento del Estado del bienestar, como queda de manifiesto si analizamos el dato de los importantes recortes en las partidas de los departamentos de carácter social, como son Educación y Cultura, que ve disminuido su presupuesto en un 21,2% o
Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, que ve disminuidas su partidas en un 13,7%.
Estas cifras contrastan con los menores recortes aplicados a ministerios improductivos y de dudoso o, más que dudoso sin ningún carácter social, como son los de Defensa, con una disminución del 8,8%, Interior, con un 4,3% o, no digamos ya,
el presupuesto de la Casa Real a la que se aplica un escaso recorte del 2%.
Decíamos también que estos presupuestos agravan la crisis institucional porque no dan respuesta al problema de la burbuja institucional ni dan respuesta tampoco a la reducción del déficit que procede de las comunidades autónomas. Igualmente
hay que significar que, dentro de esa crisis institucional, las medidas que ustedes han llamado de ajustes estructurales, como pueden ser la reforma laboral o la reforma financiera, tampoco van a dar respuesta eficaz a los problemas de la sociedad;
es más, son unas medidas -por ejemplo, las medidas fiscales- que constituyen una apología del fraude al establecer una especie de amnistía fiscal disfrazada de regularización en vez de atacar el fraude fiscal y también lo que podríamos llamar fraude
legal, todas esas situaciones que legalmente no son fraude pero que son una elusión fiscal auténtica que se produce a través de las sociedades patrimoniales y de las Sicav.
Finalmente, queremos subrayar que estos presupuestos son ajenos a la realidad económica y social de Euskal Herria y no contemplan ninguna contribución a
la nueva etapa política de resolución del conflicto político. El análisis del contenido y de la filosofía que impulsa estos presupuestos no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada, que no solo no se
identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas dentro del actual marco jurídico político. Desde esta perspectiva, Amaiur dice con claridad que estos
presupuestos nos reafirman en la necesidad de que Euskal Herria ejerza su plena soberanía, tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta eficaz en clave social a los problemas y necesidades de la ciudadanía
vasca y también para impulsar un nuevo modelo socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres
en el reparto del trabajo, del poder y de la riqueza en armonía con la madre tierra, impulsando un desarrollo equilibrado. Constatamos también con preocupación que en las presentes cuentas públicas para el año 2012 no existan compromisos explícitos
de contribución a la nueva etapa política de resolución del conflicto político dando respuesta positiva al impulso que desde la declaración de Aiete se pedía cuando textualmente decía: Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la
reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.
Debido a su ineficacia frente a la crisis económica, a su papel de impulsores de la crisis social, a su contribución en la profundización de la crisis institucional y a su planteamiento, que no responde a la realidad política, social y
económica de Euskal Herria, los diputados y diputadas de Amaiur presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por ERC se ha presentado una enmienda a la totalidad y la defiende el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado porque entendemos que estos son los presupuestos del sheriff de Nottingham, que atraca a los necesitados para favorecer a los privilegiados.
Sí, estos números ya rebasan el principio de austeridad y se elevan, según lo vemos nosotros, a la categoría de abuso. Estas cifras no se pueden votar, señor Montoro. Alguna cosa sí han hecho medianamente bien, lo admitimos. Han hecho recortes
drásticos en Exteriores y, ya era hora de que nos hiciesen caso, con el tiempo que llevamos denunciando los derroches que ahí se producían. Pero no vamos a ponernos afectuosos porque no estoy seguro de que les guste lo demás que les comentaré.
Siempre recurren a Europa. Europa es el gurú supremo que todo lo guía y todo lo acompaña. Resulta que en el Consejo de Europa no hace mucho nos recomendaron recortes, sí, pero también fomento del empleo, y ahí van y recortan un 20%. O
inversiones en investigación y formación, y ahí decapitan un 26%, porque esgrimen la porra europea y se olvidan de la zanahoria que también les pide Europa. Lo más dramático es que existen alternativas -existen-, ahí están; en vez de desguazar el
bienestar, podrían apostar por unos presupuestos productivos que recortasen en burocracia. Eliminen los ministerios de Cultura, Sanidad y Educación -alguna vez lo mencionaron- y, según cálculos solventes, ahorrarían 5.500 millones de euros.
Podrían acabar el corredor del Mediterráneo, que eso sí que sería una inversión productiva, donde se sitúa la mayor parte de la industria, el turismo y el comercio del Estado. O, para entrar en detalles, si quiere pequeños pero elocuentes, no se
gasten 2,3 millones de euros en la limpieza del Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué tanta limpieza? ¿Hay mucha suciedad? ¡Hombre!, y con eso cubran una buena escuela. Ni 1,4 millones de euros en la limpieza del Tribunal Constitucional,
¡cuánta suciedad en ese tribunal! Y cubran un dispensario. O 475.000 euros en reformas de despachos del Consejo de Seguridad Nuclear, según hace poco salía publicado en el Boletín Oficial del Estado. Casi medio millón en reformas de despachos del
Consejo de Seguridad Nuclear, con eso podrían mantener a quince médicos. Hay alternativas. No entreguen en exclusiva 838.000 euros a la Cadena COPE para hacer una campaña de seguridad vial, arreglen la N-II a su paso por Girona y eviten unos
cuantos muertos. Eso sería una alternativa, y se puede hacer, señor Montoro, eso se puede hacer.
También podrían apostar por unos presupuestos de la paz, porque la verdad es que estos parecen de la guerra. Aumentan en los presupuestos el peso relativo de Defensa, de Interior, de Presidencia, de la Corona. Vamos a señalar un caso
concreto, el gasto militar. ¿Van a cumplir los contratos vigentes? Ahora me dirá que poco, que menos, pero ahí están los números, está el presupuesto y están los contratos firmados, y a final de cada año vemos que se liquida más de lo que está
presupuestado en ese aspecto, cumplimiento de contratos militares. Ahí tienen 87 eurofighters al módico precio de 130 millones la pieza cuando con eso solo podrían mantener una universidad entera, por cada avión caza, ¿avión caza para cazar qué?
¿Elefantes? O una fragata 105, con la cual podrían pagar dos veces la limosna que les pedía el señor Duran i Lleida para votarles, o sea, 475 millones de euros, más del doble de lo que se les pide legítimamente a través de la disposición adicional
tercera del Estatut de Catalunya. O renuncien a alguno de los submarinos S-80, cada uno a 440 millones de
euros, y prescindiendo de uno solo -uno solo- de esos submarinos ya podrían sostener cinco hospitales. O prescindan de 80 torpedos, que al estallar uno solo dilapida lo que cuesta un parvulario entero, un solo torpedo.
Si son tiempos de austeridad, dígame una cosa: por qué se gastan 1.250 millones de euros en asistencia sanitaria, hospitalaria y mutualismo para militares cuando eso se podría integrar y racionalizar en la sanidad pública junto con el resto
de los mortales. Podrían destinar parte de ese dinero al menos para dejar de torturar a medio millón de personas de cercanías de Barcelona, a las que no hay manera de que les resuelvan los problemas constantes y diarios que se encuentran. Esos
1.000 millones que también están presupuestados para militares en la reserva y guardias civiles y policías, con soldados que no están jubilados y que cobran una media de 3.000 euros al mes ¿para hacer exactamente qué? ¿Para hacer exactamente qué?
O los 156 millones de euros en incentivos al rendimiento militar, ¿qué rendimiento? Vamos a entrar en más detalles: 277.000 euros para material de misiones exteriores, incluyendo rosarios, cruces y vino de misa. Cristiana paciencia es lo que
tendrían que sufragar, cristiana paciencia. ¡Oiga!, ¿y esos campos de golf y complejos en las playas para oficiales? ¿O ese medio millón de euros para investigar el estrés del combatiente? Todo eso está publicado y todo eso está en vías de
ejecución. O medio millón de euros en un concurso de creatividad para publicitar el reclutamiento para las Fuerzas Armadas. ¿No es tiempo de crisis? ¿No hay paro? ¿Por qué tienen que gastarse medio millón de euros en creatividad para después
hacer un concurso para publicidad del reclutamiento? Además, van y publican eso el mismo día que anuncian los recortes de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación. Eso no es austeridad, señorías, eso es un atraco.
Y hablando de atracos, señor Montoro, otros presupuestos son posibles en relación con Cataluña y no estos, que son la foto fija del expolio social y financiero de todo un país que debería ser tratado como motor económico, como usted dijo
ayer. Gracias, felicidades, pero tradúzcanlo en presupuestos. Es grave que en treinta años el poder español se haya quedado un 40% de los impuestos catalanes, un 50% de los baleares y un 30% de los valencianos sin que vuelvan al lugar de donde han
salido. Además, fomentando acusaciones de insolidaridad y negando el pan y la sal a la gente modesta, a la sociedad trabajadora, desmontando el bienestar y la administración de catalanes, baleares y valencianos.
Estos presupuestos no son de sentido común. Estos presupuestos son todo lo contrario. Son un robo, señor Montoro, y permítame que lo diga. La gente en la calle lo dice así: son un robo. El poder español nos roba porque las facturas que
pagamos se las gastan en necedades y en juguetes de guerra. Eso es lo que hacen. Y es así como han elaborado los números o, mejor dicho, han perpetrado unos presupuestos que discriminan, empobrecen y humillan a los contribuyentes de Cataluña.
Cualquiera que defienda a Cataluña no puede defender estos presupuestos. Están estafando a los humildes y están humillando a los estafados. Encima lo hacen desde la ilegalidad. (Rumores). Ignoran, sí señores, las partidas consignadas en un
estatuto que es ley orgánica y rechazan incluso transferencias como las becas, unos 200 millones de euros, que el Tribunal Constitucional ya sentenció en su momento que deben ser traspasadas de inmediato y no lo han sido. La gente en Cataluña,
señor Montoro, se está acercando a la insumisión. Muchos no pagan peajes. Algunos están pagando ya impuestos directamente a la Generalitat. Algunos ayuntamientos se declaran insumisos fiscales. Usted me dirá que eso no lo contempla la ley, ¡pero
si ustedes son los primeros en cepillarse las leyes! ¿Qué quiere que haga la gente corriente, los ciudadanos que se sienten estafados? Al menos los ciudadanos desafían al poder y actúan por sentido de justicia. (Un señor diputado: ¡Vale
ya!-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo. Ya sé que ustedes quieren que acabe, pero déjenme mi tiempo. Ustedes tienen el suyo y yo tengo el mío.
La gente se ha lanzado al bosque de Sherwood porque ustedes la empujan a ese santuario. ¡Pobre Cataluña! ¡Pobres países catalanes! ¡Cuánto heroísmo anónimo! ¡Cuánto! Y es esa precisamente nuestra mayor fuente de confianza. Sí, la gente
corriente no es tonta y tiene un límite. (Un señor diputado: ¡Eso es lo que hay!). La gente es sensata y se amotina ante la injusticia. Eso es lo que hace y eso es lo que más luz nos arroja sobre el futuro, que de sus abusos, señor Montoro,
señor Rajoy, hoy no está presente aquí, pero también es el responsable del Gobierno, por supuesto, y señorías del PP en general, de sus abusos nacerán sueños, nacerán esperanzas, nacerán valientes y surgirán gigantes. (Pronuncia palabras en
catalán).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bosch.
Para presentar la enmienda del BNG tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, con esta enmienda a la totalidad el BNG no solo manifiesta su rechazo a este proyecto de presupuestos, sino que expresa también su rechazo al conjunto de las políticas presupuestarias impulsadas por el Gobierno que
se están utilizando para acabar con el autogobierno y con el sistema de bienestar. La crisis está sirviendo de pretexto para concentrar aún más la riqueza y el poder económico y para posibilitarlo ustedes necesitan también una mayor concentración
del poder político. Esto es lo que se esconde tras su ofensiva centralista y antisocial. En el debate de límite de gasto
ya advertimos de las consecuencias de las duras restricciones que imponían a las comunidades autónomas, sustentadoras de gran parte del gasto social. Ni la crisis económica es fruto del déficit público ni el déficit público es atribuible a
las comunidades autónomas dado que su porcentaje de déficit es muy inferior al de gasto que tienen la responsabilidad de gestionar. De ahí que los límites y objetivos de estabilidad que se les exige no sean equitativos y traerán como consecuencia
recortes brutales en servicios públicos y políticas sociales. Por si fuese poco, con el límite de gasto ya aprobado, con los Presupuestos Generales del Estado ya presentados ustedes dictan ahora unos recortes adicionales de 10.000 millones de euros
en Educación y Sanidad. Las consecuencias, señor ministro, son sobradamente conocidas, recortan las becas en los presupuestos al tiempo que aprueban un incremento desmesurado de las matrículas universitarias. Hicieron bandera de la necesidad de
mejorar la calidad de la enseñanza y de luchar contra el fracaso escolar, pero ahora recortan el número de profesores y masifican las aulas. Prometieron que no habría copago, pero ahora, que ya han pasado las elecciones y por fin pueden decir la
verdad, asistimos al establecimiento del copago farmacéutico. Garantizaron que no tocarían las pensiones, pero tras rebajar el poder adquisitivo de los pensionistas subiendo el IRPF ahora los continúan empobreciendo al obligarles a pagar los
medicamentos. Son medidas injustas, que castigan a los más débiles (a los enfermos, a los pensionistas, a los jóvenes, a las rentas del trabajo), como también son injustos, señor ministro, estos presupuestos; injustos en lo social y regresivos en
lo económico. El mejor resumen de estas cuentas es que, según sus propias previsiones, a fin de año habrá 630.000 parados más. El 30% del ajuste va dirigido a recortar gasto social. Sacrifican las políticas de atención a la dependencia, reducen
drásticamente los programas de educación y con tasas de paro históricas recortan casi 1.500 millones de euros en políticas de fomento del empleo. Por si fuese poco, acompañan estas cuentas de medidas tributarias que atentan contra una mínima
equidad.
Señores del Gobierno, estamos ante unos presupuestos muy blancos para los defraudadores, que podrán blanquear su dinero negro con la amnistía fiscal, pero estamos ante unos presupuestos muy negros para la inmensa mayoría de la sociedad.
Además, señor ministro, estos presupuestos son económicamente regresivos porque renuncian a las políticas de estímulo capaces de favorecer la reactivación económica y la creación de empleo. Llama poderosamente la atención el significativo recorte
en Fomento, Industria o Agricultura, muy superior a la media de los ministerios, sin olvidar el tijeretazo en I+D+i y en Educación, precisamente los ámbitos clave para un cambio de modelo productivo. Además, señorías, son unos presupuestos
fraudulentos con Galicia. Ya sé que está de moda decir que estos presupuestos favorecen a Galicia. Si fuese así seria de justicia. Si Galicia durante décadas fue discriminada en las inversiones del Estado es justo que los presupuestos contribuyan
a corregir los desequilibrios generados por esa situación. Si otros territorios disponen desde hace años de infraestructuras que movilizaron gran cantidad de recursos públicos, es justo que ahora sean los territorios donde estas infraestructuras
todavía están en ejecución los que absorban mayor cantidad de inversión; sin embargo, el problema es que buena parte de los presupuestado para Galicia, señor ministro, es inejecutable. Ustedes pretenden sustituir la realidad por la propaganda. La
inversión real de los ministerios en Galicia sufre una caída de casi un 40% y para camuflarla se dota artificiosamente la inversión que corre a cargo del sector público empresarial. La línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Ourense, a su paso por la
provincia de Ourense, absorbe más de 700 millones de euros, cerca del 50% de la inversión prevista en Galicia, pero si examinamos el estado de los proyectos en cada tramo como mucho se podrán ejecutar durante este ejercicio 200 millones de euros.
El grueso de la inversión se concentra en el AVE, mientras se consolida el abandono de nuestra red ferroviaria convencional, se desatienden actuaciones medioambientales básicas para mejorar la calidad de nuestras aguas y sanear nuestras rías y no se
destina ni un solo euro para que los astilleros de la ría de Ferrol tengan un dique flotante, como demanda el conjunto de la sociedad ferrolana y a lo que se comprometió el Partido Popular en la campaña electoral, pues el dique flotante es una
infraestructura fundamental para paliar la grave crisis que sufre nuestro sector naval. No quiero pasar por alto el agravio que ustedes cometen con una institución de la importancia de la Real Academia Galega. Le aplican un recorte de un 62%, con
lo cual va a recibir la mitad de lo asignado a sus homólogas vasca y catalana. Desde esta tribuna, señor ministro, le emplazo a corregir esta discriminación, pues agraviando a la Real Academia Galega agravian ustedes a Galicia.
Señores del Gobierno, es posible otro camino: acomodar el ritmo de reducción del déficit a las necesidades de la economía, sin comprometer la inversión productiva y el gasto social; avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las
comunidades autónomas y, en cualquier caso, adecuar los objetivos de estabilidad al modelo territorial y al importante gasto social que sustentan las comunidades autónomas; concentrar los esfuerzos de ahorro en el gasto improductivo, reduciendo
drásticamente el gasto militar, acometiendo una reforma político-administrativa para acabar con instituciones caducas como las diputaciones provinciales, reduciendo también, señorías, el gasto de la Casa Real y buscar el equilibrio de las cuentas
públicas también y sobre todo a través de los ingresos, llevando a cabo una ambiciosa reforma fiscal para que pague más quien más tiene.
Señorías -concluyo-, pese a la actual obsesión con el gasto público, el conjunto del gasto público en el Estado es inferior nada más y nada menos que en 66.000 millones de euros con respecto a la media europea. Mientras esto ocurre,
señorías, los ingresos públicos en
el Estado español, fruto del elevado volumen de fraude fiscal y de un sistema impositivo totalmente regresivo, están por debajo de la media europea en 86.000 millones de euros, incluso si ponderamos la media europea con relación al producto
interior bruto de cada Estado. Es más, según Eurostat, los ingresos públicos en el Estado español están ya a la cola de la eurozona con relación al producto interior bruto de cada Estado. Por tanto, señorías, ustedes han optado por un camino
equivocado, no por el que propone el Bloque Nacionalista Galego desde esta tribuna. Han optado por un camino que provocará más crisis, más paro, más injusticia social. Por eso, presentamos esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Para defender la enmienda presentada por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, es un poco emocionante tener casi diez minutos. Los presupuestos que estamos discutiendo hoy son en realidad una continuidad de un conjunto de políticas que hemos criticado los nacionalistas canarios y que
consideramos profundamente erróneas. No deja de ser otra cosa que el corolario de una concepción sobre la forma de afrontar la crisis que afecta en este momento al Estado español y a algunas comunidades más que a otras que consideramos equivocada.
Son políticas contrarias a los compromisos electorales del Partido Popular, un fraude en toda regla, porque no es posible hacer, practicar lo contrario de lo que se predica en cuatro meses de distancia, que es algo que no se discute hoy. Por
supuesto, cobrará quien tiene que cobrar, la ciudadanía, cuando corresponda, como ha venido ocurriendo en algunos procesos electorales y como, por cierto, está ocurriendo en algunos otros lugares, como en Francia, donde la previsible victoria de una
línea, de una concepción distinta a la del señor Sarkozy -supongo que el señor ministro nos lo podrá expresar- sería para aplaudir con las orejas, porque esa es la manera de salir de esto, haciendo lo contrario de lo que se practica en este momento,
de lo que se predica en el ámbito de la Unión Europea. Es un castigo sin precedentes a las clases medias y a los trabajadores: dureza extrema frente a los ciudadanos y sumisión frente a los llamados mercados causantes, por otra parte, de esta
crisis y también frente a aquellos que defraudan; malos ejemplos, malos principios para tratar de salir de una situación como esta. Son unos presupuestos que persiguen una reducción de déficit sencillamente irrealizable y menos aún en el horizonte
temporal que ustedes han planteado. Había algún grupo enmendante -creo que el Partido Nacionalista Vaso- que decía algo muy sencillo: Si resulta que crece la economía, con un enorme optimismo, supuestamente en 1,7%, ¿cómo pretenden ustedes reducir
un 3,2%? Realmente, esto es increíble si no es a costa de seguir infligiendo un castigo tremendo a la sociedad en la que vivimos. Luego no son razones económicas o sociales las que están orientando, las que inspiran este presupuesto. Disculpe que
le diga que mi opinión es pura ideología, neoliberalismo puro, es decir una forma de entender las cosas que realmente no coincide con la realidad.
La cuestión de la deuda es algo que molesta especialmente a los nacionalistas canarios. Responsabilizar a la deuda pública española de lo que ocurre es, sencillamente, dar una visión de la realidad intencionadamente falsa; una deuda
pública que hoy está por debajo de la de Alemania y Francia y que no es consecuencia de lo caros que sean los servicios públicos en este país. Esa es la excusa para ir precisamente a la destrucción de los servicios del Estado del bienestar. La
deuda pública española es una consecuencia -el déficit también- de la crisis, en ningún caso su causa. Esto está perfectamente claro, lo analice quien lo analice. Otra cosa es que la insistencia en esta idea a lo que conduce es a: luego,
liquidemos el sector público, puesto que la deuda pública la provocará el sector público.
El neoliberalismo está en la genética del Partido Popular -esa es nuestra sensación-, de forma que al final están aprovechando esta crisis para hacer lo que ya se ha hecho desde su inicio, y también aceptó probablemente el Gobierno anterior
en buena medida, con varias vueltas de tuerca en dos ejes fundamentales: un centralismo exacerbado que tiende a liquidar el papel de las comunidades autónomas; no es aceptable una previsión de déficit en la que el esfuerzo lo hacen las comunidades
autónomas, que gestionan el 38% del presupuesto, pero los beneficios son para la Administración central del Estado, que gestiona el 21%, porque las comunidades autónomas, precisamente, son las que gestionan los grandes servicios públicos en este
país. Un segundo elemento también afín al pensamiento neoliberal es la liquidación de los servicios públicos; entender las políticas públicas, las políticas sociales como un perjuicio, como una especia de dádiva que se le concede a la sociedad y
que ella no se merece. Hay dos casos emblemáticos, el de la sanidad y el de la educación, en los que no voy a entrar en exceso, porque, sinceramente, estaremos de acuerdo en que el anuncio, después de los recortes previos de 10.000 millones de
euros, es un disparo a la línea de flotación de estos servicios públicos sin eficacia. Con esta reducción que están planteando con el conjunto de medidas que claramente afectan a la mayoría social no van a corregir el déficit fundamental. Los
servicios públicos en España, la educación y la sanidad, tienen insuficiencia financiera crónica respecto del resto de los países de la OCDE. Lo que están haciendo es abrir una puerta a la privatización, porque estas medidas, por supuesto, no son
compatibles con la pervivencia de los servicios públicos tal como hoy los conocemos.
Adam Smith, que seguro que es muy querido según su forma de entender las cosas, decía que la mano invisible del mercado regula todo esto. Nosotros hemos descubierto que Adam Smith tenía razón, la mano es invisible; no hay mano. La
concepción neoliberal de la forma de resolver esta crisis sencillamente conduce a la catástrofe, como está ocurriendo. Desde la óptica canaria lo primero que tenemos que decir es que el señor Rajoy ha incumplido con los compromisos establecidos con
mi compañera Ana Oramas cuando intervino aquí en el debate de investidura; ha incumplido en tres meses. Planteó la necesidad de recuperar y respetar nuestro fuero, el fuero canario, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esto, como le
demostraré ahora, se ha incumplido flagrantemente. Planteó la necesidad de estimular la actividad turística que sabía que era -nos lo dijo incluso- el 30% del PIB. No le tendré que decir que va de 50 millones a cero en infraestructuras turísticas,
solo para hablar de la repercusión en Canarias. ¿Qué nos tiene que ocurrir en Canarias para que el Gobierno del Estado responda a las necesidades cumpliendo con nuestros derechos? En ningún caso estamos hablando de subvenciones ni de caridad.
Usted habló ayer de una crisis de país, y estamos de acuerdo. Si le digo que en Canarias hay un 31% de paro, que un 38% de las personas que percibían prestaciones las han perdido todas, que tiene el mayor número de familias con todos sus
miembros en paro, ¿cómo tenemos que etiquetar entonces a la crisis que se sufre en Canarias? ¿Cómo se nos puede pedir entonces que aceptemos que se incumpla con nuestro fuero, con la Ley del REF? El Régimen Económico y Fiscal no es otra cosa que
reconocer la singularidad de un territorio por razones simplemente geográficas, y no quiero entrar en otras profundidades. He escuchado ya a algún miembro del Gobierno en el debate en la Comisión de Presupuestos y me daba la sensación de que
sencillamente no saben dónde está el Archipiélago o lo que eso significa. Cuando se habla de una crisis de país con un 23% de paro como media en el Estado español, en Canarias no podemos aceptar que, con un 31% de paro según las inversiones en
estos presupuestos, los canarios recibamos per capita 127,5 euros menos que la media. No queremos trato de favor, sino sencillamente la media del Estado. Son 264 millones de euros menos de los que nos correspondería si ustedes cumpliesen como
tienen que cumplir con Canarias; 3,5 puntos más de diferencial negativo que en el año 2011. No estamos pidiendo más dinero, estamos pidiendo el que toca en relación con el conjunto de este presupuesto. Las operaciones de capital -absolutamente
determinantes para garantizar las infraestructuras, las inversiones y, en definitiva, el estímulo económico a la comunidad canaria- en el Estado disminuyen un 36,1% y en Canarias un 45,7%, 9,6 puntos menos que la media del Estado. ¿Cuál es
exactamente el fondo del pensamiento que alimenta semejante tipo de posiciones? Esto es un incumplimiento flagrante de nuestro fuero. Para ser justos, no lo han incumplido solo ustedes; esto es una reivindicación histórica de los nacionalistas
canarios. Cuando las cosas iban muy bien a lo mejor se podía bandear de alguna manera para seguir peleando en los despachos. Ahora le puedo garantizar que nos vamos a rebelar frente a esto en la medida de nuestras posibilidades. Estoy seguro de
que no vamos a estar precisamente solos en esa tarea. El Régimen Económico y Fiscal solo viene a decir que cuando se vive a 2.500 kilómetros en un archipiélago se tienen déficits estructurales respecto al territorio continental. Pretendemos estar
en igualdad de condiciones para competir con aquellos que están en el territorio continental. Este es un hecho diferencial elemental y no estamos pidiendo que se nos coloque como si viviésemos en Dusseldorf, sino como si estuviésemos en Cádiz, por
poner el ejemplo más próximo. Frente a esto la subvención al tráfico de mercancías pasa de 37 millones de euros a 18. ¿Cuántas veces vamos a tener que explicar que llevar mercancías desde Canarias hasta el territorio continental tiene un gasto
añadido que coloca a Canarias en una posición imposible para competir en igualdad de condiciones con los demás?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor QUEVEDO ITURBE: Voy terminando. Muchas gracias, señor presidente.
Lo que le estoy queriendo decir es que no queremos ser más que nadie; queremos que se nos trate distinto para ser iguales a los demás, estar a la media de los demás, porque si no estaríamos planteando indicadores diferentes. Todo esto es
por un sistema de financiación autonómica con el que, como seguro que usted sabe, porque lo conoce bien un compañero ministro suyo -lo denunció en su día-, Canarias pierde 545 millones de euros; todo esto es por un sistema de financiación
autonómica a todas luces injusto. Como usted comprenderá, con este conjunto de datos los nacionalistas canarios formulamos y nos reafirmamos en nuestra enmienda a la totalidad, con solicitud de devolución de este presupuesto al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Para defender la enmienda presentada por Compromís, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi discurso de una manera clara, concisa y categórica. Señor Rajoy, señor Montoro, señoras y señores del Gobierno, Compromís Equo va a votar en contra de estos presupuestos sin ningún atisbo de duda, y les vamos a conminar a
devolverlos y a traer otros; lo vamos a hacer por dos razones, como ciudadanos y como valencianos, precisamente hoy, 25 de abril,
cuando hace 305 años que los valencianos perdimos por justo derecho de conquista nuestros fueros y nuestras libertades nacionales. Vayamos por partes.
Estos presupuestos son fruto de este pacto de reforma del artículo 135 de la Constitución; un pacto que el Partido Popular y el PSOE hicieron a espaldas de los ciudadanos; una reforma exprés de la Constitución sin que los ciudadanos
tuviéramos oportunidad de refrendar; una reforma que consagraba un principio básico, establecer un objetivo final de déficit por encima de las necesidades de los ciudadanos, objetivo que la propia Unión Europea ha fijado en el 5,3, por encima de su
propia propuesta del 5,8. Es decir, que estos presupuestos fijan, gracias a esa reforma pactada por el Partido Popular y el PSOE, que la prioridad es que primero cobren los bancos y solo después de ellos todos los demás, las personas. Eso es lo
que nos dictan desde Europa unos líderes que no nos representan, que quieren regir nuestras vidas sin consultarnos, que deciden nuestro futuro sin preguntarnos. Son, por tanto, unos presupuestos que traen un claro deterioro de las condiciones de
vida de los ciudadanos, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales de las personas. Son unos presupuestos ineficaces que no reactivarán la economía y traerán más paro, como ustedes mismos han reconocido. Se trata de unos presupuestos
injustos a la hora de repartir los recortes de las diferentes partidas. Doy un ejemplo: la media del recorte es del 17%, pero Defensa solo tiene un recorte del 8,8%; Justicia solo del 6,3%; Presidencia de solo el 3,8%; Interior de solo el 4,3%;
la Casa Real de solo el 2% y la Iglesia ningún recorte. Por el contrario, Educación tiene un recorte de casi el 22%, Agricultura -sí, Agricultura- del 31,2%, Sanidad del 13,7%, Empleo y Seguridad Social del 7,4%. Vemos el contraste, las cifras
hablan por sí solas. Constatamos que los recortes afectan mucho más a los sectores más importantes para el bienestar de las personas y para su futuro.
Ya lo anunciamos el día de la investidura del presidente: sabíamos que ustedes iban a atacar la educación, la sanidad y los servicios sociales, y ahora lo constatamos de manera inequívoca. Familia e infancia disminuyen un 42%, mayores un
38%, violencia de género un 21,3% -y luego hacemos minutos de silencio-, dependencia un 13,7%, investigación y desarrollo un 25% -¿qué les decimos a estos jóvenes, que se vayan al paro y a la emigración, no?- y políticas de empleo un 21%. Esto es
un insulto a los más de 5 millones de parados, y mientras ustedes amnistían a los defraudadores. ¿Qué les decimos a las familias, señor Montoro? ¿Les decimos que son solo cuatro cafés, les decimos que solo son unos pocos euros, que los recortes
son para todos menos para los que ocultan su dinero a Hacienda? Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Sean valientes y expliquen qué significan estos presupuestos, miren a la cara a los ciudadanos y díganles la verdad. No se escondan en las
palabras y digan tijera en lugar de ajuste, digan desmantelar en lugar de reformar, digan despedir personas en lugar de adelgazar el sector público; díganles que con estos presupuestos no se va a crear empleo, no vamos a salir de la crisis, no
vamos a vivir mejor que antes. Digan la verdad de una vez, díganles que las finanzas han ganado a la política y, por favor, dejen sus vídeos de una vez. Los ciudadanos están hartos del: y tu más. Los ciudadanos están hartos del: van a por todo
o no han dejado nada. Los ciudadanos estamos hartos de sus cuentos de miedo, y estos presupuestos son un cuento de miedo; un cuento en que la gente buena, la gente normal y corriente pierde, en el que solo ganan los malos, los especuladores, los
defraudadores. Es un cuento al revés, con un mal final.
Les decía al principio que Compromís-Equo no podía respaldar estos presupuestos por dos razones. He intentado explicar nuestro rechazo como ciudadanos, ahora intentaré argumentar nuestra oposición como valencianos. En primer lugar, nos
fijamos en la inversión. Son unos presupuestos absolutamente injustos con los valencianos, unos presupuestos que consolidan, una vez más, la diferencia en contra nuestra. No vengo aquí a hacer victimismo, ni a lloriquear, ni a pedir. Los
valencianos no somos pedigüeños. Lo único que queremos es justicia; lo único que queremos es ser igual que todos, igual que Castilla, igual que Extremadura, igual que La Rioja. Eso que parece tan sencillo, tan de sentido común, es una cosa que
los diferentes gobiernos del PP y del PSOE nos han negado de forma sistemática desde siempre. Nos han negado el derecho a ser iguales, y a las cifras me remitiré, porque los números son tercos pero claros, tozudos pero transparentes. Los
valencianos representamos más del 10,8 % de la población y el 9,6 % del PIB, en cambio las inversiones en nuestra comunidad autónoma representan el 7,9, una diferencia de casi 3 puntos, pero por esa diferencia dejaremos de recibir un mínimo de 378
millones. Es decir, que si la media española de inversión por habitante es de 323 euros, los ciudadanos de Alicante, de Castellón y Valencia solo tendremos 201 euros, 122 euros menos que la media, 122 euros menos que los demás, un 38 % menos. Ahí
está la clave, señora Díez; ahí está la clave señores de UPyD. No solo eso, aún hay más. En abril de 2010, el entonces conseller de economía, Gerardo Camps, actualmente diputado de esta Cámara, presentaba un documento en las Cortes hecho por
expertos donde se explicaba de manera muy clara el déficit que tenemos los valencianos. Prestamos servicios, pero el Estado no nos da el dinero necesario ellos; es un déficit que entre 2001 y 2008 se cifraba en 3.400 millones de euros, un déficit
que el año pasado representaba 300 millones de euros, un 8% ciento menos per capita. En declaraciones a la prensa afirmaba: Estamos sufriendo un mayor endeudamiento por una menor financiación; no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos.
Compromís-Equo está absolutamente de acuerdo con estas afirmaciones del entonces conseller y ahora diputado.
Con quien no estamos de acuerdo es con la viceportavoz de esta Cámara, la señora Marta Torrado, cuando afirma en Valencia, hablando de los presupuestos, que
no es hora de mirarse el ombligo. Señora Torrado, no es hora de mirarse el ombligo, es hora de mirarse los bolsillos. Los valencianos tenemos 122 euros menos de inversión por habitante; mirémonos los bolsillos. El mismo presidente de
nuestra comunidad decía: Hay que arrimar el hombro. Sí, señor Fabra, hay que arrimar el hombro, pero todos, no unos más que otros. La señora Rita Barberá dijo, hablando de los presupuestos: Ahora soy leal, ya exigiré. ¿Cuándo exigirá, señora
Rita Barberá? ¿Cuándo no manden los suyos aquí en Madrid? ¿Entonces exigirá? Son declaraciones hipócritas que me producen vergüenza. Me produjo risa cuando el señor Montoro dijo ayer que el Partido Popular hablaba igual en la oposición que
cuando estaba gobernando. No hablan igual, señor Montoro. Ustedes cambian su discurso cuando mandan o cuando están en la oposición. Nos dijeron que cuando llegara el PP a Madrid sería el fin de la discriminación de la Comunidad Autónoma del País
Valenciano, el fin de la discriminación de los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia. Vemos una vez más que no es así. Los números no mienten, señor Montoro, señores del PP. Son ustedes los que mienten. Con la llegada del PP al Gobierno
las diferencias no solo no se reducen sino que aumentan de manera significativa.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan treinta segundos.
Nosotros firmamos el pasado noviembre un compromiso con los ciudadanos y con los valencianos, que son los que nos han puesto aquí, que son a quienes debemos rendir cuentas, y estos presupuestos son injustos, ineficaces e insolidarios con los
ciudadanos y con los valencianos. Por eso les pregunto a los diputados valencianos del Partido Popular: Ustedes, ¿con quién tienen un compromiso, con los valencianos o con su propio partido? Piénsenlo antes de apretar el botón verde para aprobar
estos presupuestos. Se han quedado solos, señores del Partido Popular, no han conseguido crear ni una sola complicidad en toda la Cámara. Compromís-Equo lo tiene muy claro: apretaremos de forma decidida el botón rojo para decir no de forma
categórica; para devolverles estos presupuestos; para que traigan ustedes unos presupuestos para las personas, unos presupuestos que sirvan para crear empleo, para salir de la crisis y para contribuir a la pequeña felicidad de las personas.
(Finaliza su intervención en valenciano).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
Han terminado las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos y vamos a pasar a la fijación de posiciones. Tan solo va a intervenir el Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, en primer lugar, por el Foro, el señor Álvarez Sostres
tiene la palabra.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el centro del debate político, quizás con más vigor que antes de la crisis, se sitúa en torno a las cuentas públicas. Es en este contexto donde se producen y se imponen las políticas de austeridad sobre esas
finanzas públicas, y es en esas políticas de austeridad donde se produce todo un conjunto de paradojas, de medias verdades y de falacias. Se desarrolla todo un gigantesco role playing, donde nada es lo que parece y donde se escenifica la gran farsa
de los mercados, de los grupos de presión financieros, de los agentes sociales y de los poderosos grupos políticos.
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de presupuestos que parece adaptado a las principales exigencias que se vienen demandando desde la Unión Europea, así como desde otras instituciones. La disminución del déficit del Reino de
España es su principal finalidad, en línea con las recomendaciones formuladas. El Gobierno -que el señor Montoro lo ha defendido- se enfrenta hoy a diez enmiendas a la totalidad en su proyecto de presupuestos y, entre ellas, señor ministro, no está
la de Foro, probablemente el grupo con razones de más peso de la Cámara para presentarla y defenderla con argumentos sólidos, sólidos por poder utilizar la propia vara de medir de ustedes. Me bastaría repetir en esta tribuna los mismos argumentos
que ustedes utilizaron el 25 de enero en Asturias para rechazar con sus votos y los del Partido Socialista los presupuestos generales de Asturias, provocando la disolución del Parlamento y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas. Me
bastaría afirmar que sus presupuestos, señor Montoro, tienen inflados los ingresos, como le advierten desde Europa, y que de esto mismo usted acusó a los presupuestos generales de Asturias. Me bastaría afirmar que sus esfuerzos de control del gasto
no son suficientes, a pesar de los recortes impulsados un día sí y otro también; como los que nosotros impulsamos en Asturias, casi con un año de antelación, sin que a ustedes les importase mucho, como tampoco les importan a los mercados
internacionales los suyos.
No pueden saber con qué sonrisa hemos recibido en Asturias sus noticias sobre la prohibición de los déficit de las televisiones autonómicas y la posibilidad de privatizarlas mientras sus colegas de Asturias votaban dichas propuestas cogidos
de la mano con el PSOE, haciendo por lo tanto perder un tiempo precioso a nuestra comunidad. No saben con qué ilusión recibimos su idea de austeridad y transparencia, que no se ha podido aplicar en la Fundación Niemeyer, donde no se olvide que hay
una parte importante del Ministerio de Cultura, al no contar con los votos favorables del Partido Popular de Asturias. Pero Foro no le va a pagar con la misma moneda, con el lema bíblico del ojo por ojo, del diente por diente o el popular, a la
vuelta te espero, amigo. Nosotros creemos en el diálogo y creemos que una devolución de ley es una medida antidiálogo. Creemos que los trámites parlamentarios de enmiendas acercan a
los partidos y hacen converger los diferentes objetivos políticos y, por eso, lo que vamos a hacer lo hacemos con un claro objetivo: impedir la continuidad del escenario que es imprescindible cambiar.
Partiendo del marco macroeconómico referenciado y de los objetivos anticíclicos, el proyecto presentado por el Gobierno acierta fundamentalmente en el mantenimiento del gasto social, del gasto de la Seguridad Social y del poder adquisitivo
de las pensiones. Pero mantenemos serias reticencias en la política de ingresos donde las reformas introducidas en los impuestos sobre la renta pueden potencialmente generar distorsiones fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas. En
materia de contención del gasto, es preciso no olvidar el elemento territorial. Es preciso minorar los desequilibrios territoriales y paliar las discriminaciones de las comunidades con menores rentas que rompen la cohesión nacional en la aportación
descompensada a las medidas de contención del gasto. En este sentido, de todos es sabido la importancia de grandes diferencias en la dotación de infraestructuras de comunicación en el territorio nacional. Las regiones más pobres, señor ministro,
por tanto, no pueden sufrir un sacrificio lineal, su contribución a la contención del déficit nacional debe ser proporcional y quedar adecuadamente salvaguardada en el proyecto de ley. Sobre estos aspectos centraremos las enmiendas dialogadas para
abrir una puerta al futuro.
Al votar en contra de las enmiendas a la totalidad en ambas Cámaras, Congreso y Senado, no nos lo agradezca, tengan un momento de reflexión sobre su actuación con Asturias. Créame, tengan un propósito de enmienda para acertar en el futuro
y, por qué no, en el actual presente, y yo le aseguro que tendrá de manera inmediata mi agradecimiento en nombre de miles de asturianos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Por UPN, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, espero que no se sorprenderán si les digo que después de escuchar ya prácticamente a casi todos los portavoces tenga la impresión de que vivimos dentro de esa película que se llama El día de la marmota. Me explico.
Por un lado, unos, en el Gobierno, queriendo hacer bien los deberes, arreglar los platos rotos, recoger los restos de la fiesta, pagar el alquiler, lo que constó la fiesta en definitiva, deberes, señorías, que hoy como ayer pasan sin eufemismos por
recortar gasto público sí o sí. Y otros, en la oposición, concentrados en buscar espacios de confrontación, en justificar su papel distanciándose si es posible del Gobierno de turno para que la sangre no les salpique, instalados en el discurso
efectista, incluso sin que llegue a notárseles que están deseando que las cosas no mejoren para que el Gobierno de turno se desgaste, se quiebre y puedan darle la vuelta al resultado electoral y así volver a empezar en un bucle, en una espiral
realmente insoportable, créanme señorías, que en nada ayuda a España a afrontar el futuro en positivo y con garantías. Las dos únicas diferencias con lo que ya vivimos algunos en el final de la pasada legislatura son que los papeles protagonistas
en este drama -a veces con tinte de comedia- se han invertido y, la segunda, muy importante, es que aunque nosotros seguimos instalados en la bronca, el desencuentro, los debates de salón, los reproches mutuos, el eslogan fácil y el populismo
simplón, la realidad económica y social en España -que es muy tozuda- cada día es peor y desde luego mucho peor de la que teníamos hace dos años o hace un año.
Señorías, Unión del Pueblo Navarro comparte los objetivos principales de este presupuesto: devolver y restaurar la confianza perdida, reducir el déficit público, reformar el Estado del bienestar en consonancia con las instituciones europeas
y actuar con firmeza, realismo y selectividad en las restricciones presupuestarias. Hoy, ajustar, recortar gasto público es una obligación legal e incluso moral para cualquier político de cualquier Administración. Creo que no es una solución ni de
derechas ni de izquierdas porque, señorías, el camino de los recortes duros, de los recortes impopulares y de los recortes sociales -hay que recordarlo- los inició el Partido Socialista en la pasada legislatura. Es evidente que recortar y contentar
a todo el mundo es imposible, pero lo que no puede ser, señorías, es que dejemos a nuestros hijos una losa histórica, una camisa de fuerza -como ayer decía don Alfredo Pérez Rubalcaba- en forma de deuda pública inasumible que no les permita en el
futuro tomar decisiones con libertad y con soberanía. Eso, señorías, sí que no sería justo. Incluso, conviene de vez en cuando mirar a nuestro alrededor para ver cómo han acabado Gobiernos pródigos que fueron incapaces de limitar su
sobreendeudamiento y de revisar y adaptar a la realidad sus sociedades del bienestar. Es verdad que debemos desterrar esta realidad que no nos gusta, pero no podemos hacerlo únicamente negándola, ni viviendo como si esta no condicionara una urgente
transformación en nuestras instituciones políticas, en las distintas estructuras administrativas del Estado español, en nuestros usos y costumbres cívicos y en los derechos y deberes de ciudadanía. Créanme, resulta muy descorazonador comprobar cómo
con los compromisos adquiridos por los grandes partidos en poco tiempo, el camino de recortes iniciado por el anterior Gobierno, el largo vía crucis que todos sabemos que tendremos que recorrer para salir de esta situación, tropecemos una y otra vez
con la misma animadversión, el mismo disenso y la misma incapacidad para encontrar fórmulas de acuerdo que es, señorías, lo que con más fuerza nos están exigiendo los españoles. Todos los portavoces han insistido en que los sacrificios que este
presupuesto impone no pueden llegar al extremo de ahogar la economía, ni impedir la progresividad fiscal, ni prescindir de la justicia
y la equidad, ni mucho menos -una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad- nos deben llevar a renunciar a llegar a grandes acuerdos como el momento histórico que vivimos exige.
Señorías, a pesar de las posiciones de partida, creo sinceramente que seguimos convocados a sacar un presupuesto de todos. UPN, señor Montoro, mantendrá la palabra que comprometió con el Partido Popular y con los ciudadanos navarros, porque
apoyar hoy la devolución de estos presupuestos después de aprobar la necesidad de reducir el déficit por ley, de estabilizar los presupuestos de todas las administraciones públicas si creemos que todo ello contribuirá a sostener el Estado del
bienestar, constituiría una incoherencia más que notable que son otros los que deberán explicar. Sabemos, señor Montoro, que no es buen momento para algunos localismos, pero no vamos a renunciar a que los Presupuestos Generales del Estado español
recojan un tratamiento de los intereses y aspiraciones de la Comunidad Foral de Navarra ajustados al momento que vivimos, a los esfuerzos compartidos que vamos a comprometer desde Navarra y al impulso dinamizador que seguimos queriendo mantener en
nuestra tierra.
Termino, señorías, señor presidente, con la petición, porque obviamente exigencia no puedo, pero sí con el ruego -si me apuran- de que busquemos un acuerdo nacional como el que el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra suscribió -no sin
esfuerzo de contención- entre derecha, centro e izquierda constitucionalistas en mi comunidad sobre la base de reconocer errores y excesos, aceptar la realidad, obviar temporalmente nuestras muchas diferencias, apretar los dientes juntos y confiar
en una sociedad que exige una clase política que sea capaz de ponerse de acuerdo para afrontar este desafío porque lo demás, si no cambian mucho las cosas, puede que no sirva para nada. Pero ya sabe, ministro, que por nosotros no va a quedar. Por
cierto, señor Montoro, por si tuviéramos alguna duda de nuestro voto en este trámite, dicen los de Amaiur en su enmienda a la totalidad que estos presupuestos no van a contribuir a su proyecto de construcción nacional, separatista, excluyente y
enfermizo; pues, si usted me lo permite, más a nuestro favor. La sociedad diseñada por Amaiur seguirá teniendo a ETA como vanguardia intelectual y, como sirvienta, a Navarra, a la que siempre tratan con desprecio y, si no, que se lo digan a las
familias y a los trabajadores de una conocida empresa española en Olazagutía, que están siendo utilizados y estafados por un grupo político que dice querer a la madre tierra; una vergüenza, señor ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Finalmente, dentro del Grupo Mixto, por Geroa Bai tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, Geroa Bai no se va a escudar en la decisión de otros partidos políticos ni en la decisión de otros grupos parlamentarios para fijar su posición. Empiezo por el principio y le anuncio -no es ninguna sorpresa- que
Geroa Bai votará la devolución de estos presupuestos, de estas cuentas y, por tanto, a favor de las enmiendas de totalidad presentadas a este proyecto de ley. Las razones son muchas, lo son de índole general y sectorial, de índole territorial o de
índole social, pero hay un eje fundamental, una razón fundamental en nuestro posicionamiento contrario a las cuentas que nos presentan: la falta de audacia, la falta de valentía. Porque estos presupuestos no acompañan en ese sentido el esfuerzo
que su Gobierno sí pide a los ciudadanos cada viernes, porque estos presupuestos son expresión de sumisión a la imposición ajena, y digo ajena no por foránea sino porque es ajena a los intereses de los ciudadanos. Estos presupuestos apuestan a una
sola carta; es una apuesta -timorata, insisto- por llegar al control del déficit exclusivamente por el recorte del gasto. ¿Había alternativa? Sí; ¿segura al cien por cien? No, nada lo es y mucho menos -en eso estamos de acuerdo- en esta crisis.
Pero lo que sí es cierto es que la apuesta por volver a poner en marcha el motor de la economía requiere audacia y requiere convicción en los planteamientos frente a las amenazas ajenas; requiere inversión en la convicción de que el déficit se
controlará también por la generación de economía productiva; requiere convicción en que será con el trabajo de todos como mejor saldremos de esta y no con la miseria de los más y con la miseria de los más débiles. Porque el camino que ustedes,
ministro, han elegido, el control del déficit exclusivamente por la vía de los recortes, de momento solo nos deja más paro y, además, lo han cifrado ustedes en más de 600.000 personas para este año. Paro y, por cierto, poca o ninguna convicción
-ese mantra que tantas veces utilizan- por parte de los mercados.
Ministro, ayer, al defender el proyecto de presupuestos para este año, los definió usted como austeros, ilusionantes y serios. Francamente, de ilusionante tiene poco que fíen ustedes parte sustancial de los ingresos a una amnistía fiscal;
poco de austero que las secciones 14 y 16, Defensa e Interior, sean las niñas mimadas en estos presupuestos de crisis; y poco de serio, ministro, que utilicen las pensiones -lo han hecho en la presentación de cada una de las secciones de los
presupuestos- como parapeto argumental para esconder el sacrificio brutal que han hecho en atención a la dependencia, la reducción de inversión en educación o la implantación del copago en sanidad. Con estas cuentas y en pocos meses han volado de
un plumazo todo aquello que no hace más de cuatro meses decían ustedes que eran sus prioridades, y voy a citar textualmente: La primera son las pensiones, luego la sanidad, la educación y la dependencia. Esta enumeración, y en este orden, es la
que hacía, textualmente, el presidente Rajoy en su debate de investidura.
Efectivamente, estos presupuestos recortan en sanidad, en educación y en dependencia, pero no solo; son especialmente drásticos en la inversión para la creación de empleo, concretamente en lo referido a políticas activas de empleo en las
que, por cierto, imponen además un castigo muy, muy especial a las comunidades autónomas, porque les trasladan el problema haciendo un recorte en esta materia de más de 1.700 millones de euros. Pero es que en la sección 19 ustedes deciden volar de
un plumazo secciones fundamentales como la de la preparación de personas en desempleo. Pero hay más, reducen hasta la extenuación una inversión fundamental a futuro como es la investigación y desarrollo en pymes, sin mover, eso sí, prácticamente ni
un euro de la investigación en la industria armamentística. Reducen hasta la insolvencia la inversión en cooperación, pero mantienen todos sus compromisos en materia de defensa. Y claro, la pregunta es: ¿no es un compromiso la lucha contra el
hambre? ¿Nos importa la seguridad de aquellos a los que vemos morir de hambre hasta el punto de que mantenemos unos compromisos sí y otros compromisos no? Y no es demagogia, ministro, es otra manera de encarar las cosas.
Por eso y una vez más, en nombre de Geroa Bai, le digo, ministro, que contener el déficit sí -estamos absolutamente de acuerdo-, pero a costa del empleo no, a costa del Estado del bienestar no, a costa de cualquier manera de construir el
futuro no, ni tampoco, por cierto, a costa del actual modelo descentralizado de gestión. En este punto quiero dejar en el debate una reflexión. Una gestión administrativa centralizada o centralista no es sinónimo de gestión eficaz; no lo es por
muchas veces que se repita desde esta o desde cualquier otra tribuna, y lo digo porque lo hemos escuchado demasiadas veces con el telón de fondo de la crisis. Y por eso añado que aprovechar la crisis para iniciar un proceso de recentralización del
modelo de Estado es todavía menos eficaz, y lo digo, ministro, porque no valen trampas, como la disposición adicional 72 de este proyecto de presupuestos que impone, por ejemplo, a las comunidades autónomas y a las entidades locales la duración de
la jornada laboral de sus funcionarios, aprovechando, como digo -es nuestra opinión-, supuestos planteamientos económicos. Ayer mismo usted nos decía -creo recordar que en respuesta al portavoz del Grupo Vasco, señor Azpiazu- que no hay invasión
competencial, que sí, y le pongo un ejemplo, la adicional 72 de este presupuesto. Tampoco vale castigar de manera especial a determinadas comunidades, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, que además de perder 6 millones de euros en
políticas activas de empleo -que es una cantidad de envergadura y de entidad-, se encuentra con un descenso de más del 40% de las inversiones. Es la segunda comunidad más castigada en estas cuentas después de Cataluña. Espero que no me cite, señor
ministro, la especificidad del Régimen Foral para explicar este castigo, porque en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, con un aumento de la inversión del Estado, le respondería con sus propios presupuestos. Lo cierto es que la especificidad de
nuestro sistema, unido a esta reducción drástica de la inversión podría y debería explicar, a nuestro entender, una revisión de la aportación que con cargo al convenio Navarra debe hacer este año a las arcas del Estado. El Gobierno central reduce
la inversión de sus responsabilidades en la comunidad foral y lógicamente Navarra reduce y revisa -por supuesto, en términos pactados con el Gobierno central- su parte proporcional en el pago. Pues es todo lo contrario, nos encontramos con que,
amén de ser junto con Cataluña la comunidad más castigada en inversión, en sus cuentas, señor Montoro, aumentan en casi un 20% la previsión del pago con cargo al convenio para este año 2012. Cifran ustedes en 631 millones de euros lo que esperan
cobrar de Navarra, frente al apunte que el Gobierno foral hacía en sus propias cuentas -en el debe, lógicamente- de 535 millones de euros; una diferencia de casi 100 millones de euros. Señor ministro, no puede ser, no me vale con que se me diga
que ha habido una diferencia de criterios entre una Administración, el Gobierno central, y la otra. Una diferencia de casi 100 millones de euros, de aproximadamente un 20%, no puede ser un error y nos gustaría que nos lo explicara. Por supuesto,
el conjunto de los ciudadanos navarros se lo agradecería, pero el sentido común general también.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, estamos en la recta final del debate de Presupuestos Generales del Estado para este año 2012, y he escuchado atentamente a todos los
representantes de los grupos políticos incluidos en el Grupo Mixto. Todos han trasladado una sensibilidad a este debate territorial en el sentido de que han tratado de trasladar una sensibilidad especial de determinados territorios que componen
España. En primer lugar, quiero decirles, en una respuesta que pretende ser agrupada, que lo que le conviene a Euskadi, a Canarias, a Galicia, a Navarra, en definitiva, a todas las comunidades autónomas de España, es el regreso al crecimiento
económico y a la creación de empleo, no hay otra fórmula, y el camino es la financiación de la economía, el camino es recuperar el crédito a los emprendedores, el camino es, en definitiva, mostrar que desde un proyecto común que se llama España en
la construcción europea, ese proyecto común es un proyecto fiable para todos; en definitiva, como decía, para vascos y catalanes, para gallegos y canarios, un proyecto europeo y un compromiso de España entera a la hora de cumplir requisitos que nos
están marcando en términos y en claves europeas.
Entiendo y no comparto para nada posiciones que lo que hacen es tener una visión aislada, parcelada, de
nuestra realidad y vienen a decir: si fuéramos únicos, diferentes, si fuéramos independientes, el asunto económico estaría resuelto. Nada más lejos de la realidad, señorías. Cuando estamos integrados en un proyecto europeo, cuando
tratamos de ser cada vez más europeos, cuando estamos respondiendo a una crisis mundial, a una crisis financiera y a una crisis europea, donde Europa está siendo cuestionada como proyecto precisamente por su falta de velocidad, es decir, por su
falta de voluntad política integradora, la respuesta es más Europa, más integración, más superación de visiones nacionalistas, menos proteccionismo y menos lanzar el mensaje, como se ha tratado de lanzar esta mañana, de que desde posiciones aisladas
e independientes, aislacionistas en definitiva, los problemas estarían resueltos. ¿Qué problemas estarían resueltos? ¿Dónde estaría la fuerza? ¿Dónde estaría la capacidad? ¿Dónde estaría el motor? ¡Si estamos en una economía globalizada! Una
economía globalizada trae prosperidad, una economía globalizada trae más igualdad de oportunidades, una economía globalizada como la que estamos viviendo en el mundo es una economía que propicia la igualdad de oportunidades entre países y entre sus
capacidades de desarrollo económico, de prosperidad para sus ciudadanos. Eso son cifras, eso son datos, eso son hechos y aquí, en esta Cámara, estamos en Europa, estamos en la zona del mundo donde se ha hecho más progreso en términos de integración
política sobre la base de la integración económica. No hay otra zona en el mundo donde esté tan avanzado ese proceso, y, por tanto, equivocan sus planteamientos políticos los que pretenden decir a la ciudadanía: me aíslo y resuelvo, es al
contrario, es: me abro, me integro y resuelvo. Ese es el proyecto europeo, me abro, me abro, me abro. No estamos para construir países artificiales, no, estamos en la construcción europea, estamos superando los conceptos nacionales de la Edad
Media y de los Estados modernos del siglo XVIII y del siglo XIX; ese es el pacto fiscal europeo que esta Cámara tendrá que resolver muy pronto. Esos son los grandes proyectos que se hacen a través de la integración económica, de la apertura de las
fronteras, señoría, de no poner trabas y menos mentales, intelectuales, de no plantear las cosas desde ese punto de vista aislacionista: qué hay de lo mío, qué hay de lo mío, qué hay de lo mío en una determina política, en una determinada partida
presupuestaria, cuando nos estamos jugando el futuro y la prosperidad de todos, de todos juntos, de todos unidos en un mismo proyecto que, insisto, tiene que ser ese proyecto europeo y donde claro que realmente el tamaño de las naciones importa.
Las grandes decisiones se marcan por los que tienen más compromiso y tienen más capacidad de influencia económica.
Por eso el discurso que tenemos que escuchar en esta Cámara hoy es el discurso del objetivo del déficit, pero entendiendo que detrás de ese concepto de rebajar y suprimir el déficit público está una gran integración política, está una gran
integración europea y está la respuesta de Europa al mundo y a esa economía globalizada. Por eso, no es el momento de escuchar discursos pequeños y aislacionistas. No es el momento. Alguno de ustedes, por supuesto, venderá su producto político en
términos de tratar de explicar a la ciudadanía que de esa manera se resuelve algo, pero es que van a contracorriente no de las ideas económicas, sino que van a contracorriente de las ideas políticas que están marcando el mundo. ¿O es que no ven el
mundo del G-20? ¿No ven el mundo realmente de esa Europa que está detrás del concepto de pacto fiscal? ¿Cómo podemos fallar desde España a esa Europa? ¿Cómo podemos decir que España es una pequeña isla donde realmente van brotando brotes
nacionalistas que lo que están diciendo a los ciudadanos es que si ellos tuvieran los recursos tributarios todo estaría resuelto? ¡Si el problema es al revés, señorías! ¡El problema es al revés! Estamos construyendo una integración política desde
una integración económica. Para esa integración política y esa integración económica el euro es fundamental. El euro es estabilidad, señorías. Es imposible construir una integración política si no hay estabilidad económica, porque habría
competencia desleal entre esos miembros del euro. Habría diferencias, tomas de posición, ventajas hechas desde los ventajistas y eso no es un proyecto de integración política. Por eso de lo que hoy estamos hablando aquí es de la corrección del
déficit público en España para promover el bienestar de los españoles y, al mismo tiempo, no hay ningún tipo de ley europea de los fuertes que se imponen a los débiles en Europa, que es un lenguaje, digamos, propio del siglo XIX, actualizado. Como
ya no se lleva la lucha de clases, ahora se actualiza y se dice: los fuertes de Europa y los débiles de Europa. No hay más que los competitivos de Europa y los que no tienen capacidad de adaptarse a la modernidad y a las relaciones económicas que
necesita Europa. (Aplausos del señor Llamazares Trigo.-El señor Llamazares Trigo: ¡Muy bien! ¡Muy bien!). Eso es lo que hay, señorías. Eso es lo que hay y ese es el bienestar de Europa. Escuchaba los aplausos del señor Llamazares que sin duda
alguna añora esta tribuna, pero esta es otra cuestión, y por eso es tan expresivo. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos). Le puedo añadir, señor Llamazares, que yo también añoro desde esta tribuna que no la
ocupe con más frecuencia. También le echo de menos.
Decía que realmente estamos en esa construcción y en esos objetivos comunes, de proyecto común. La prosperidad volverá a toda España cuando realmente vuelva a Europa y convierta a toda España no en un contribuyente neto en el sentido
fiscal, tributario y presupuestario, sino en un contribuyente positivo a la estabilidad de Europa, a la estabilidad del euro y, en definitiva, a la estabilidad que también nos conviene a un país, como decía, que dentro de Europa tiene una
problemática específica acumulada en forma de deuda externa a la que tenemos que hacer frente entre todos, pero de manera justa y equilibrada, sin hacer recaer los mayores esfuerzos de salida de esta crisis sobre los que menos tienen, sino hacerlo
en términos de equilibrio y de cohesión social.
Señorías, este es el proyecto de presupuestos que traemos a esta Cámara. Alguna de sus señorías ya ha empezado a decir, como si fuera un reproche: no cuentan con el apoyo de otros. Esta Cámara es el resultado de la votación del día 20 de
noviembre y esta Cámara es la expresión de la sociedad española. El Gobierno se siente fuertemente apoyado, sustentado por la mayoría social que, en definitiva, expresó su deseo, en primer lugar, de cambio político, a sabiendas de que los tiempos
son difíciles, a sabiendas de que el camino por recorrer iba a ser largo, a sabiendas de que teníamos que corregir la orientación de muchas políticas económicas, a sabiendas de que ciertamente teníamos por delante la corrección de muchos problemas y
la corrección de equilibrios regionales.
Como decía, la postura que trae el Gobierno en estos presupuestos no es una postura ideológica, ni una postura falta de racionalidad, porque en esta apuesta estamos coincidiendo con nuestros socios europeos y con la Comisión Europea, aun
aceptándole que el debate pueda ser unas décimas de déficit público más arriba o más abajo, pero eso no es lo sustancial. Una vez marcado el objetivo, sí es muy importante que ese compromiso político quede expresado, concretado en las políticas de
gasto y de ingreso público de un presupuesto general del Estado y su traducción al conjunto de los presupuestos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a su forma de gobernar y a la transparencia, que no viene de la obligación,
sino de la transparencia. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales, hay que gobernar desde la transparencia.
Algunos de los que han ocupado esta mañana la tribuna, algunos de los que más han hablado de una ética y de una moral políticas, ¿han sido transparentes cuando han gestionado cuentas públicas? A ver si suben y me lo explican. (Rumores).
¿Acaso otros no han tenido responsabilidad en un Gobierno autonómico tan importante como el de Cataluña? ¿Qué ha ocurrido en ese Gobierno autonómico, han dejado facturas pendientes o no las han dejado? ¿Han sido transparentes con las cuentas
públicas, han hecho del equilibrio presupuestario su forma de Gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes, precisamente como consecuencia de su planteamiento de Gobierno? (Aplausos.-Rumores). Cuando se está en representación de una
formación política, hay que ser coherentes. Ustedes han tenido responsabilidades públicas de Gobierno, señorías, y cuando han tenido esas responsabilidades, ahí están los resultados. (Protestas.-El señor Llamazares Trigo: ¡Ahí! ¡Ahí!). Ahí están
los resultados, cuentas opacas, facturas sin pagar y después tienen que pagar esas facturas los siguientes que vienen, que van a ser los ciudadanos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, usted siga, pero dígame cuánto
ha dejado en el cajón y a ver si es capaz de expresar esa cifra. Se la puedo decir yo, porque obviamente tengo conocimiento de ella en forma del pago de proveedores. Igual que lo hice ayer con Andalucía, lo puedo hacer con Cataluña, con la
Comunidad Valenciana y con todas las comunidades autónomas. Por supuesto, vamos a clarificar las cuentas de todos y estamos para eso. (Rumores). Ayer mi discurso sonó contundente. (El señor Pérez Rubalcaba: ¿Y con el Ayuntamiento de Madrid?).
Señor Rubalcaba, seguimos el debate cuando usted quiera. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, les ruego que no interrumpan al orador para que pueda explicarse adecuadamente.
Siga, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Veo que el señor Rubalcaba necesita un segundo turno de debate porque ayer no se quedó satisfecho. (Risas.-Aplausos). Eso es lo que realmente necesita, pero me tiene a su disposición para debatir en el Pleno o en otro tipo de foros o de
medios de comunicación. (El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le ruego que guarde silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Estaba diciendo que es el momento de gobernar, pero también es el momento de la autocrítica para algunos grupos que hoy suben a la tribuna como si fueran simples
grupos de oposición y ayer mismo estaban en responsabilidades de gobierno. Suben a la tribuna despejados de cualquier tipo de planteamiento para hacer afirmaciones que no se sostienen, y no digo técnicamente, sino políticamente. ¿Acaso un
ciudadano, un trabajador en Manresa que está ganando 20.000 euros brutos al año está pagando más impuestos, más IRPF que no dependa de la decisión del Parlamento en Cataluña, que un trabajador con ese mismo sueldo en Mérida? ¿Lo está diciendo en
serio? ¿Está diciendo que en España no se está contribuyendo según su capacidad económica? Claro que hay unas diferencias, que son las que marcan las comunidades autónomas, pero no hay una España que desequilibra socialmente y que descompensa a
los ciudadanos según el territorio donde pagan sus impuestos. Ese discurso no se sostiene. Comprendo que se quiera hacer bandera de ello, pero se lo tengo que rebatir porque no me puede responder a esa pregunta. ¿Por qué no me pone ese ejemplo y
me dice esto? Un trabajador, con una familia con dos hijos a su cargo, ¿está pagando en Manresa, en Hospitalet, con 20.000 euros brutos, de una manera muy distinta a otro trabajador con una familia de esas características, con dos hijos a su cargo,
que habita en Leganés, en Madrid? Pintan ustedes una España que no existe. No existen esas discriminaciones fiscales, señoría; no existen
esas discriminaciones que llaman el expolio; no existe ese Estado que expolia a la gente.
Existe una Constitución española que hace que paguemos los impuestos de acuerdo con nuestra capacidad económica y existen unos proyectos de gobierno que realmente respondemos y creemos que hay que favorecer la capacidad económica de la gente
también con impuestos equitativos y proporcionales. Cuando un gobierno, como ha ocurrido con el mío, en el que yo represento la parte de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha encontrado con un déficit público muy superior al previsto el año
pasado, ha tenido que exigir un esfuerzo y lo ha hecho con equidad. Ha creado un gravamen especial en el IRPF, que es progresivo. No es un gravamen que se exija a los que menos renta tienen -no pagarán más gravamen-, sino un gravamen creciente en
función de los niveles de renta. Hay equidad tributaria, como también la hay en este proyecto de presupuestos y en los cambios tributarios que estamos planteando con ello, igual que en el impuesto sobre sociedades, señorías. No ha hablado ninguno
de los intervinientes del impuesto sobre sociedades. ¿Qué pasa, no les conviene hablar de este impuesto? Háganlo y reconozcan que el Gobierno está actuando en unas áreas donde realmente la fiscalidad tiene que estar más compensada. Al menos
Izquierda Unida ayer reconoció el avance que hay en esos términos, un avance de normalización, no para desincentivar fiscalmente la inversión en modo alguno. Es un avance para sanear las empresas, el desapalancamiento financiero de las empresas es
una gran cuestión, a la que tenemos que dar respuesta, una respuesta compatible con la situación económica que estamos viviendo como país.
Señorías, al Gobierno le preocupan, y mucho, las diferencias regionales en España en términos de renta per capita. Las diferencias regionales son una prioridad que hay que corregir, porque España es un país desequilibrado en términos de
renta per capita. Las diferencias son tan grandes y alarmantes que exigen políticas correctoras específicas. Para eliminar las diferencias de renta per capita, necesitamos en primer lugar volver al crecimiento económico y actuar con las grandes
políticas de gastos y de ingresos públicos para equilibrar esas diferencias que se dan fundamentalmente entre territorios, aunque también se puede dar -y, de hecho, se dan- dentro de esos territorios. Por tanto, hay que buscar el equilibrio y la
cohesión social con las políticas de ingresos y gastos públicos y también el equilibrio territorial que recorte esas diferencias. Las diferencias de renta per capita no son derivadas de la financiación autonómica per capita. Y utilizando estos
términos desde esta tribuna algunos de los oradores lo que han hecho realmente es confundir a la opinión pública. Tienen relación, pero no son el resultado. La financiación autonómica que se aplica en España -lo expliqué ayer suficientemente- es
una ley que el Gobierno desarrolla a plenitud en estos Presupuestos Generales del Estado, pero es una ley que no ha aprobado este Gobierno.
Como ya recordaba ayer, es una ley que el Grupo Parlamentario Popular en la oposición votó en contra; yo mismo voté en contra. Por cierto, esa ley le gustaba mucho a Esquerra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los eslóganes que hacían
aparecer cuando se votó esa ley? ¿Se acuerdan de los miles de millones de euros que habían conseguido para Cataluña? Les pregunto ahora, ¿dónde están esos miles de millones de euros? Hacer política tiene sus consecuencias y en política hay que
ser coherente con los planteamientos. No hace tanto tiempo que han tenido responsabilidad de gobierno. Después de defender un sistema de financiación autonómica como se ha defendido en esta Cámara, después de explicarlo a la opinión pública en
Cataluña y en toda España y de decir que realmente era muy ventajoso para Cataluña, ahora suben aquí y hablan de expolio. Los mismos que hace pocos meses decían que tenían tanta fuerza e influencia sobre el Gobierno anterior, los mismos que
llevaron a una financiación autonómica desequilibrada, los mismos suben y dicen lo contrario al cabo de pocos meses. Esto sería aceptable si por lo menos reconocieran que se equivocaron. Suban a esta tribuna y digan: Me equivoqué cuando apoyé esa
financiación autonómica, me equivoqué cuando le di el plácet, el impulso, cuando dije que era una prioridad, porque no era una prioridad. La financiación autonómica se aprobó en esta Cámara en el año 2009, y la prioridad no era esa. No íbamos a
salir de la crisis así, como efectivamente ha ocurrido. Seguimos en la crisis, seguimos en una recesión que viene principalmente de la restricción crediticia que estamos viviendo. Esa restricción crediticia obliga al Gobierno a hacer las reformas
que estamos acometiendo en el ámbito bancario y en las relaciones laborales, que no significa despedir más, sino negociar salarios y condiciones de trabajo; en definitiva, significa abrir oportunidades y capacidades para el desarrollo económico de
todos nuestros territorios.
Señorías, quiero insistir en que el Gobierno va a ser muy exigente con el cumplimiento de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales con los objetivos de déficit público. El Gobierno no culpa del déficit público actual a las
comunidades autónomas, pero sí vamos a ser muy exigentes en la corrección de esos objetivos de déficit público. Es muy distinto responsabilizar, hacer responsable, que exigir ese cumplimiento, es muy diferente posición política, pero vamos a ser
inflexibles en la consecución del objetivo del déficit público y vamos a ser inflexibles a la hora de que realmente cada comunidad autónoma, cada corporación local, corrija y cumpla con la obligación de, a través de la transparencia de sus cuentas
públicas, conseguir su objetivo de déficit público. Porque nos estamos jugando España, porque nos estamos jugando Europa, porque somos demasiado importantes como para perjudicar a Europa entera y condicionar la recuperación de la economía mundial.
Eso es lo que está ocurriendo, que España está viéndose como un problema, y este presupuesto es la solución al mismo; una solución que pasa por la proyección europeísta de España y por pedirles a
los que componen y representan a diferentes territorios, porque han sido votados, que levanten la mirada, que la solución para los problemas de los ciudadanos en cualquiera de nuestros territorios pasa por Europa, pasa por los compromisos
que nos damos los europeos, pasa por un proceso de integración política, por un proyecto de convivencia donde realmente sea posible una España, la España que lo ha sido en su historia, la España de las diferencias, la España de los regímenes
económico-fiscales propios, la España de las haciendas forales, que es realmente lo que configura a una España hoy completamente europeizada, una España comprometida con su propio proyecto, que es Europa, que es, en definitiva, el cumplimiento de
los requisitos para que Europa se integre, para que en Europa sea posible que los ciudadanos asistamos a un futuro mucho más esperanzador, sobre todo para los más jóvenes, para los jóvenes españoles y para los jóvenes que se sienten fundamentalmente
europeos, que tienen todo el derecho a ver que tienen cabida en ese futuro, que tienen lugar para desarrollar su proyecto de vida. Esa debe ser la respuesta que demos en una España de convivencia, en una España en la que desde las diferencias
podamos convivir, que entendamos que el proyecto de España es mucho más que un renglón de un presupuesto, mucho más que un renglón de una inversión concreta de una infraestructura. Es el momento -insistí ayer en ello- de las luces largas de la
política, de levantar el tono del debate, no de la voz, de dejar de mirarse al ombligo y de comprometerse con un proyecto que no puede ser otro que el de la superación de la prosperidad a través de la estabilidad económica. Así hacemos más España,
pero sobre todo también estamos haciendo más Europa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Bosch i Pascual pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor presidente, pido la palabra por alusión directa a Esquerra Republicana y por las dudas que se han planteado en esta sala sobre su honorabilidad.
El señor PRESIDENTE: Para que lo sepa toda la Cámara, quiero anunciar que no hay turno de réplica del Grupo Mixto puesto que ese tiempo se consumió en la primera parte para que todos pudieran intervenir adecuadamente. Ciertamente, al haber
existido una alusión directa tiene usted hasta tres minutos para esa alusión directa a ERC y a su actuación, pero solo para esa alusión, no para hablar en general del tema presupuestario.
Tiene la palabra.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente, agradezco su comprensión.
Señor Montoro, usted ha hablado del pasado, ha hablado del pasado de una de las formaciones que represento en el Gobierno de Cataluña. Lo quiera admitir o no lo quiera admitir, el expolio económico es una realidad. Llámelo déficit fiscal,
llámelo diferencia en las balanzas, llámelo como quiera, pero los números publicados por el Gobierno español demuestran que de forma repetida y reiterada los ciudadanos catalanes han contribuido mucho más al Estado de lo que el Estado ha contribuido
con ellos. Eso es una certeza estadística comprobada y reconocida por gobiernos españoles. No me hable usted de cosas del pasado cuando llevamos tres décadas con esa situación. A mí me interesa hablar del presente y del futuro. De paso, le
agradezco que dedique media hora de su intervención a argumentar en contra de la independencia de Cataluña o de quien sea. Eso demuestra que entienden que hay un problema. Lo podemos resolver por las buenas o no. También depende de ustedes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Para terminar el debate queda la intervención del representante del Grupo Popular, señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nuestro país vive una situación tremendamente compleja. Estamos inmersos en la mayor crisis económica de la democracia. A lo largo de los últimos años hemos acumulado demasiados desequilibrios macroeconómicos que
han mermado la confianza, la imagen y el prestigio internacional de España. Sufrimos la tasa de paro más elevada de la zona euro, soportamos un déficit público insostenible, un altísimo endeudamiento público y privado y nuestras entidades
financieras tienen serias dificultades para financiar nuestra economía. Tenemos la obligación de corregir esos desequilibrios para volver a crecer y crear empleo, principal objetivo del Partido Popular. La confianza solo volverá a nuestro país si
somos capaces de hacer frente a nuestras obligaciones, si demostramos que España es un país serio y solvente, que tiene capacidad y voluntad de enmendar los errores del pasado. Para ello, es indispensable devolver la estabilidad a las finanzas
públicas. Es imprescindible corregir el déficit público. Si no corregimos el déficit público, estaremos poniendo en serio riesgo nuestro Estado del bienestar.
El Grupo Parlamentario Popular respalda estos Presupuestos Generales del Estado porque ponen el acento en esta filosofía y en estos objetivos. Es un presupuesto serio, austero, riguroso y realista. Son los presupuestos que España necesita.
Son la respuesta a una situación de crisis excepcional y están adecuados a una recesión económica. España tiene que cumplir. Lo digo entre comillas. Lo dijo el martes pasado el gobernador del Banco de España. También se ha expresado en estos
términos el exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, el señor Castells. También, hace dos días,
el señor Almunia dijo: España es un ejemplo de coraje y valentía a la hora de afrontar los ajustes, duros pero imprescindibles. Ninguna de las tres personas que he nombrado son sospechosas de ser peligrosos ultraliberales. Ninguno de
ellos es sospechoso de ser del Partido Popular y defienden los mismos argumentos que defiende el Partido Popular. Por lo tanto, esto de decir que los argumentos del Partido Popular que defienden y respaldan este presupuesto están basados en
planteamientos políticos es una cosa que de vez en cuando rechina. Todos los organismos internacionales -cuando digo todos, son todos- consideran necesario que cumplamos con el déficit público. Respaldan las reformas impulsadas por el Gobierno de
España. Insisto, todos los organismos internacionales. Se han manifestado en este sentido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Ecofin, la OCDE, la Comisión Europea. Todos los organismos internacionales están respaldando la
actual política del Gobierno de España.
Señorías, España nunca ha crecido, España nunca ha creado empleo con déficit público. La solución a la crisis no pasa por seguir manteniendo un elevado déficit público. La solución a la crisis no pasa por seguir gastando más. Nuestro país
ya ha sufrido cuatro ejercicios presupuestarios de políticas keynesianas que no han dado resultados. En cuatro años, nuestro país ha aumentado en 30 puntos su deuda pública y el resultado es el que es. Seguimos con 5.300.000 parados, seguimos con
un elevadísimo déficit público y con una deuda pública bestial. Por lo tanto es inaudito, desde nuestro punto de vista, que algunos grupos políticos pidan que incumplamos el objetivo de déficit en este contexto de deuda soberana europea. Ese
escenario podría acarrear unas consecuencias letales para la prosperidad de nuestro país. Por cierto -voy a hacer referencia otra vez al señor Almunia-, hace pocos días pude ver en un debate en televisión en el Canal 24 horas que el señor Almunia
decía: es que un país no puede coger, levantarse por la mañana, y decir que ahora en vez de ir a por un objetivo de déficit del 5,3 vamos a ir a por el 5,8 o a por el 6,2. Las decisiones no se toman así. Aquellos que dicen que hay que relajar los
objetivos de déficit no conocen el funcionamiento de las instituciones europeas y cómo funciona el Ecofín, es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de decir que vamos a ir al 5,8 o al 6,4. Nosotros pensamos que hay que combatir el déficit
público porque genera demasiadas dudas sobre nuestra economía, genera incertidumbre entre quienes nos financian, eleva nuestra prima de riesgo, y hace crecer sin límites los gastos financieros a los que tenemos que hacer frente. España tiene que
salir de este círculo vicioso por esa vía.
El Gobierno del Partido Popular ha heredado del antiguo Ejecutivo -ya sé que no les gusta que hable de la herencia, pero es el punto de partida del nuevo Gobierno del Partido Popular- un déficit público del 8,51%. Somos el tercer país de
los veintisiete de la Unión Europea con mayor déficit público. Nos gana por muy poco Grecia, que tiene un déficit público del 9,1%. Ese 8,51 de déficit que sufre la economía española está repartido de la siguiente manera, todo el mundo lo conoce:
un 5,1 de la Administración central, un 2,94 de las comunidades autónomas, y casi medio punto más entre las entidades locales y la Seguridad Social. El año pasado las administraciones españolas gastaron 91.000 millones de euros más de lo que
ingresaron, más de 15 billones de las antiguas pesetas; es un agujero absolutamente descomunal. En 2011 el Ejecutivo socialista dejó 2,5 puntos más de déficit de aquella cifra con la que se comprometió ante los socios europeos, ante la Comisión
Europea. El Ejecutivo socialista se desvió en más de 26.000 millones de euros respecto a sus compromisos, no es una cifra menor; repito, la desviación fue de 26.000 millones de euros, una cantidad equivalente a todas las prestaciones de desempleo
de un año.
El señor Rubalcaba ayer -no está presente en la sala-, ustedes ayer hablaron de inmoralidad ante algunos elementos del presupuesto que presenta el Partido Popular. Yo no hablaré de inmoralidad -no es una palabra que considere adecuada para
estas cuestiones-, pero desde luego me parece de vergüenza ajena dejar 26.000 millones de euros y no reconocerlo hasta el último minuto de su estancia en el Gobierno. Con estos datos, y tras escuchar atentamente a todos los grupos parlamentarios a
lo largo del debate de ayer y de hoy, quiero decir algunas cosas, especialmente al principal partido de la oposición. Cuando gobernaba el Partido Socialista decía que cumplir con los objetivos de déficit era vital e irrenunciable. ¿Qué pasó al
final? No cumplieron con ninguno de los objetivos de déficit público. Hasta el último minuto en el Gobierno, como he dicho antes, estuvieron diciendo que cumplirían con el 6% de déficit. Conclusión, tal y como constató el lunes Eurostat,
mintieron descaradamente hasta el final. El día 28 de noviembre, después de haber perdido las elecciones, la vicepresidenta económica, doña Elena Salgado, dijo literalmente: no parece razonable que un Gobierno en funciones adopte medidas
adicionales, sobre todo cuando vamos a cumplir ese objetivo de déficit. Eso lo dijo la señora Salgado el día 28 de noviembre. Es evidente que la señora Salgado o bien mentía o bien no sabía lo que se llevaba entre manos. Cualquiera de las dos
opciones habla muy mal del Gobierno del Partido Socialista. Por tanto no aceptamos -se lo digo con toda sinceridad- que el Grupo Socialista nos dé lecciones magistrales presupuestarias, siendo los mismos que han dejado a la economía española al
borde del colapso.
Yo me pregunto, ¿por qué no aplicaron esas lecciones magistrales durante sus siete años de Gobierno? ¿Por qué toda esa literatura que han escrito en la enmienda a la totalidad de estos presupuestos no la pusieron en práctica? Lo que está
haciendo el Grupo Socialista es un ejercicio de pura hipocresía; no es normal que aquellos que dejaron 91.000 millones de déficit y 5,3 millones de parados ahora se dediquen a sembrar el miedo ante las reformas del Partido Popular. (Aplausos).
Ustedes, los miembros del Grupo Socialista y del anterior Gobierno
socialista, han sido los principales responsables políticos de haber dejado las finanzas del Estado en la UVI. Creo que un poco de humildad, un poco de responsabilidad, un poco de autocrítica y un poco de prudencia en sus palabras no
estaría de más. Llevan algunos días hablando del Estado del bienestar, sembrando el miedo: ahora llega el PP y el PP se cargará el Estado del bienestar. ¿Saben ustedes que el Estado del bienestar se paga con dinero, que el Estado del bienestar
cuesta dinero? ¿Saben ustedes que no han dejado dinero en la caja? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!). ¿Saben ustedes que han dejado la caja empeñada? (Aplausos). Aquí los únicos que han puesto en riesgo el Estado del bienestar son
aquellos que han llevado a nuestra economía a una situación límite. ¿Cómo se atreven a hablar del Estado del bienestar habiendo dejado 91.000 millones de euros de déficit público el año pasado, y más de 750.000 millones de deuda pública? Creo
sinceramente que deberían ser -insisto- un poco más humildes y un poco más prudentes a la hora de hacer sus planteamientos y de redactar esas enmiendas a la totalidad. Señorías, si duran cuatro días más en el Gobierno nos mandan a la ruina. La
línea de gestión económica del Grupo Socialista lo pone muy en evidencia. Aprovecho también esta intervención porque ayer el señor Rubalcaba hablaba del interés general y del interés del partido. Les pido que actúen en pro del interés general, que
no intenten sacar ventaja política porque ahora un grupo, que apenas lleva cien días en el Gobierno, está intentando pagar las facturas que ustedes dejaron en el cajón. Les pido otra vez que dejen de sembrar dudas sobre el presupuesto 2012. No
hace falta, no es necesario, no ayuda que sigan echando gasolina al fuego. Su planteamiento político, que está recogido y resumido en la enmienda a la totalidad que presentan, es irresponsable e infantil y no ayuda a prestigiar la solvencia de la
economía española.
Como he dicho anteriormente el principal objetivo de este presupuesto es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas para crecer, crear empleo, y garantizar los servicios públicos esenciales. Nos hemos comprometido seriamente con
nuestros socios europeos a reducir nuestro déficit público al 5,3%; tenemos que reducirlo en 3,2 puntos, una reducción de más de 37.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones, lo que implica una consolidación mucho mayor si
tenemos en cuenta los efectos económicos de la recesión en la que vivimos en estos momentos. Déjenme que recuerde un dato: si el anterior Ejecutivo socialista hubiese cumplido con su objetivo de déficit para el año 2011, si hubiese cumplido con su
palabra, este año el ajuste que tendría que hacer el Gobierno del Partido Popular sería de 18.000 millones menos. Esos 18.000 millones de ajuste adicional tienen un responsable, el Partido Socialista Obrero Español, los mismos que ahora cogen las
pancartas (Aplausos). Ya nos hubiese gustado encontrar dinero en la caja para no tener la obligación de pagar los números rojos. ¡Ya nos hubiera gustado! Ya nos hubiera gustado recibir la herencia que recibieron ustedes del Gobierno del Partido
Popular en el año 2004 (Aplausos), y que aquí el señor Zapatero reconoció que fue positiva. ¡Ya nos hubiese gustado! A ningún responsable político del mundo yo creo que le gusta invertir menos; a ninguno. Yo creo que a todos los políticos del
mundo les gusta gastar más; a todos. Pero, oiga, si no se puede, no se puede. (Rumores). ¡Si es que no han dejado dinero; si es que este país solo acumula deudas y números rojos! Por lo tanto si se hacen estos ajustes es porque es urgente y
porque es absolutamente necesario en estos momentos de extrema dificultad.
Señorías, España no puede volver a llamar a la puerta de la Comisión Europea, de nuestros socios en Europa y decir: España otra vez, por tercer año consecutivo, no cumple sus objetivos de déficit. En el año 2009 no los cumplimos, en el año
2010 tampoco, en el año 2011 ni mucho menos, y en el 2012 desde luego no podemos volver a llamar a la puerta de la Comisión Europea a decir que España es un país irresponsable, es un país que no cumple con sus compromisos. (Rumores). Tenemos que
cumplir por tanto con ese objetivo de déficit público. Para cumplir con ese objetivo del 5,3%, como bien conocen todos ustedes, el presupuesto incorpora medidas de contención del gasto y de incremento de ingresos. Es absolutamente falso eso que he
escuchado a lo largo de estos dos últimos días que dice: miren, ustedes tienen que cumplir el déficit público, pero no tienen que subir los impuestos y no tienen que reducir los gastos. Eso es metafísicamente imposible; es metafísicamente
imposible. Este presupuesto además nos ayuda y permite cumplir con nuestros compromisos europeos. Permite cumplir con el Tratado de estabilidad que ha firmado el Reino de España. Permite cumplir con el artículo 135 de la Constitución y con los
parámetros mercados en la nueva ley de estabilidad presupuestaria, a la cual el Grupo Parlamentario Socialista ha votado irresponsablemente en contra. El presupuesto está basado en un cuadro macroeconómico realista, cuyos indicadores van en la
línea de las previsiones de los principales organismos internacionales. Han vuelto la transparencia y el realismo a las cuentas, a España. (Varios señores diputados: ¡No!). Sí, sí; no volvemos a esos momentos de brotes verdes; de que estamos
en la Champions League de la economía, ni de que tenemos el mejor sistema financiero del mundo, ni de que pronto superaremos a Francia e Italia, etcétera, etcétera. Podría seguir recordando las mil quinientas perlas que ha lanzado el presidente del
Gobierno socialista durante su mandato. (Aplausos).
El presupuesto además abarca todo el ejercicio presupuestario. Creo que toca recordarlo, porque a lo largo de los dos últimos días muchos analistas y muchos miembros de este Parlamento han dicho: no, España durante tres meses no ha tenido
presupuesto. Eso es absolutamente falso; desde el día 30 de diciembre en que se aprobó el real decreto de medidas urgentes ya se están incorporando, y a través del acuerdo de no disponibilidad,
nuevas medidas que figuran en este presupuesto. España no ha dejado de tener presupuesto durante tres meses. Yo creo que conviene recordar que esto es así. El presupuesto es la principal reforma dentro de un amplio paquete de reformas que
van a permitir que España vuelva a crecer y a crear empleo. El presupuesto por sí solo no va a crear empleo, desde luego. Ningún presupuesto del mundo por sí solo crea empleo, pero ni en España ni en Polonia ni en ninguna comunidad autónoma de
este país. El presupuesto está acompañado de un paquete de reformas estructurales (Rumores) que ustedes conocen perfectamente, y que se están aprobando a lo largo de las últimas semanas de una manera muy profesional: saneamiento del sistema
bancario, estabilidad presupuestaria, Plan antifraude, reforma laboral, ley de transparencia, el Plan de pago a proveedores. Todas estas medidas y las que se irán aprobando a lo largo de las próximas semanas forman parte de un paquete global que
ayudará a salir de la crisis.
¿Este presupuesto por sí solo ayudará a salir de la crisis, como preguntaba algún portavoz de la oposición? No, evidentemente no. El proyecto de ley de presupuestos se caracteriza, y es obvio, por la austeridad, por la disciplina, por la
estabilidad, por el rigor y por la responsabilidad en un momento excepcional para la economía española. Como ya he dicho antes no nos han dejado dinero para muchas alegrías, las cifras son las que son: 91.000 millones de déficit público, 750.000
de deuda pública, 5,3 millones de parados en nuestro país. El presupuesto incorpora nuevas medidas tributarias excepcionales y temporales para aumentar la recaudación, se reducen selectivamente los gastos corrientes no productivos, hay una
reducción media de gastos en los ministerios de casi el 17%, hay una apuesta clara por la racionalización del sector público español, y las inversiones previstas se acercan a la inversión ejecutada por el pasado ejercicio, porque es trampa eso de
comparar las inversiones de este presupuesto con las inversiones que ustedes presupuestaron en 2011. La ejecución del presupuesto de 2011 todo el mundo sabe que fue muy baja, muy escasa; lo correcto es comparar la efectiva liquidación del
presupuesto de 2011 con la presupuestación de 2012. Además este presupuesto responde a nuestras obligaciones financieras. Ustedes lo conocen perfectamente, incluye casi 29.000 millones de euros para gastos financieros -29.000 millones, es la
primera partida de este presupuesto general del Estado- para pagar intereses, los vencimientos de la deuda que el Grupo Socialista pidió durante su mandato; es decir, la principal partida de estos presupuestos es para pagar los intereses de una
deuda que ustedes han ido pidiendo a lo largo de los últimos años.
Tampoco son ciertas algunas referencias que he escuchado a lo largo de los últimos días que dicen que en el presupuesto bajan las transferencias a las administraciones territoriales. Eso es absolutamente falso, suben las transferencias a
las administraciones territoriales para garantizar su suficiencia financiera, respetando -conviene recordarlo- el actual sistema de financiación. Mírense los presupuestos de verdad, porque en términos homogéneos el gasto social crece un punto
respecto al ejercicio anterior, este proyecto de Presupuestos Generales del Estado garantiza todas las políticas básicas de nuestro Estado del bienestar, y destaco tres conceptos: mantiene el poder adquisitivo de las pensiones -no las congela-,
garantiza el cobro de las prestaciones de desempleo, y mantiene las retribuciones de los funcionarios -no bajamos el sueldo de los funcionarios un 5%-. Por lo tanto el reparto de la carga del ajuste es absolutamente equitativo. Además este
presupuesto reconoce obligaciones de ejercicios anteriores, que eran muchas, casi 3.000 millones de euros. (Un señor diputado: ¡Hala!). Bueno, 2.258. E incluye la dotación para hacer frente al Plan de proveedores. Y aquí me detengo porque a lo
largo de estos últimos días todo el mundo plantea el dilema de la austeridad o el crecimiento. Este presupuesto incorpora 35.000 millones de euros, que son 3,5 puntos del PIB nacional, para que las empresas de nuestro país cobren. No creo que haya
mejor estímulo para la economía, no hay mejor estímulo para las empresas que cobrar. Ahora con este presupuesto y con estos 35.000 millones de euros las empresas españolas cobrarán esa cifra vergonzante que las administraciones públicas españolas
no pagaban. (Aplausos). Por lo tanto es absolutamente falso que sea este un presupuesto solo basado en la austeridad. No hay ningún país en el mundo que incluya una inyección de dinero tan bestial para el tejido productivo de su país, ninguno.
(Rumores). Y les reto a que ustedes me demuestren lo contrario.
Acabo. Hoy lógicamente vamos a rechazar todas las enmiendas a la totalidad que han presentado legítimamente los grupos políticos. En cualquier caso, sí nos gustaría decir que reiteramos nuestra oferta de diálogo durante el trámite
parlamentario a todos los grupos políticos. Estamos convencidos de que este presupuesto es el que necesita nuestro país, y que el equilibrio de las cuentas públicas es una urgencia nacional. Es la única manera de volver a crecer, crear empleo, y
garantizar los pilares de nuestro Estado del bienestar. Estamos convencidos de que hoy damos un paso más hacia la recuperación económica que llegará más pronto que tarde. Ese es nuestro objetivo y para ello seguiremos trabajando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, presidente.
Subo a la tribuna para acabar, como corresponde, un debate tan importante en esta Cámara como es el de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Subo para agradecer, celebrar y felicitar al Grupo Parlamentario Popular por su
posición frente a estos presupuestos,
y a su portavoz que tan brillantemente acaba de expresar la posición política del Grupo Parlamentario Popular. Subo también para dar las gracias a quienes han expresado su posición favorable, como UPN y Foro. Ese apoyo también tiene un
gran valor en los momentos que estamos atravesando; es el valor de la estabilidad política, señorías. Se afirma que el Gobierno no tiene apoyo, pero el Gobierno tiene los apoyos que le ha dado la sociedad, los mayores apoyos que tiene cualquier
Gobierno en Europa en estos momentos. Hay muchos países europeos en circunstancias muy difíciles que miran a la estabilidad política de la que goza España, que miran en definitiva a la estabilidad política que tiene el actual Gobierno de España y
que procede de las urnas, de las votaciones, de la elección libre que han hecho los ciudadanos españoles hace muy pocos meses, y que ha dado lugar a un proyecto de presupuestos como el que hoy estamos abordando en el primer trámite, en la defensa de
la posición contraria a las enmiendas a la totalidad de estos Presupuestos Generales del Estado.
La estabilidad política abre el camino de la estabilidad económica, señorías, igual que en los noventa. La estabilidad política en los años noventa, en el año 1996, permitió que España fundara el euro, que lo fundara cumpliendo las
condiciones de Maastricht, cumpliendo como el mejor país de los que cumplieron con las condiciones de Maastricht apostando por la estabilidad. Entonces España tuvo su premio. No fue solo el premio de la construcción europea -premio muy importante,
premio que realmente define la conducta de todo un pueblo-, fue el premio del crecimiento económico más creador de empleo de nuestra historia. Es el que recordé ayer al final de mi intervención, el de la prosperidad y el de las oportunidades de
empleo. Es en definitiva el premio que ahora buscamos, que es el camino que ahora tratamos de abrir con estos Presupuestos Generales del Estado. Es la apuesta europea que nos abre la esperanza, el futuro, la confianza para volver al crecimiento
económico y a la creación de empleo. Ese es el mandato del pueblo español, señorías, volver al crecimiento económico y a la creación de empleo cuanto antes, y ese mandato pasa por estos presupuestos, por la apuesta que hacen estos presupuestos por
el objetivo de déficit público, por un objetivo que es irrenunciable para el Gobierno de España, y que es alcanzable por los resultados que conocimos ayer de las ejecuciones del presupuesto del Estado correspondientes al mes de marzo, al primer
trimestre, y que nos da seguridad y fiabilidad para estos presupuestos.
Todo presupuesto es el establecimiento de un techo de gasto y unas estimaciones de previsiones de ingresos. Esa cifra que conocimos del mes de marzo, además de que en el total demuestra que el presupuesto del Estado está en línea de
consecución del objetivo de déficit público, puesto que en términos homogéneos ese déficit público fue del 0,83% -el déficit del Estado en términos homogéneos y en contabilidad nacional, no en la relación con el resto de las administraciones
públicas, en este caso administraciones territoriales-, también muestra en esa liquidación que la evolución de los ingresos públicos se va acercando a los rangos presupuestados. Por tanto las dudas que se puedan proyectar sobre la evolución de los
ingresos públicos contenidos en estos presupuestos se van resolviendo en la propia evolución de los ingresos públicos, de los ingresos del Estado a lo largo de este año, y quedarán completamente resueltas cuando las medidas tributarias que está
tomando el Gobierno entren en vigor, que ya están en vigor, pero sobre todo entren en el recorrido y permitan alcanzar los objetivos previstos, en este caso de ingresos tributarios, que sostengan el objetivo de déficit público.
Señorías, estos son los presupuestos de la austeridad, y también -quiero recalcarlo- son los presupuestos de la sinceridad, de decirle a la gente cuál es el camino, de decirle a la gente que el camino no es fácil, de hablar a la gente de
dificultad, de decir también lo que dijo Winston Churchill en su momento, cuando ganó la primera batalla en la Segunda Guerra Mundial, la de El Alamein, cuando dijo aquello de: no estamos al final del camino, ni siquiera estamos al final del
principio; estamos en el principio del principio. Efectivamente, señorías, estamos en el principio del principio de la solución de la crisis económica, con las reformas estructurales que está acometiendo el Gobierno, y con unos presupuestos
comprometidos con los objetivos de déficit público que derivan objetivos para comunidades autónomas y para corporaciones locales, que son objetivos irrenunciables y que el Gobierno -insisto una vez más- va a hacer cumplir con la ley en la mano; que
nadie se equivoque en la consecución de su objetivo de déficit, porque como antes anticipaba nos estamos jugando España entera, y en España nos estamos jugando Europa entera, el presente y el futuro del euro; lo tenemos claro y por eso pedimos
esfuerzos a la gente, esfuerzos al pueblo español, que es lo que contienen estos presupuestos, una llamada al esfuerzo pero también una llamada equilibrada, con cohesión social, sin hacer recaer los mayores esfuerzos sobre las capas sociales que
menos capacidad económica tienen. En definitiva, señorías, también un presupuesto que apuesta por esa cohesión social, por preservar los elementos de esa cohesión social que es la financiación adecuada, correcta de nuestros servicios públicos, de
los grandes servicios públicos que hoy radican en la Administración General del Estado y en el resto de las administraciones territoriales, en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
En su día fuimos un ejemplo de Europa, un ejemplo de cómo practicar una política de austeridad con reformas estructurales y promover la prosperidad, y con estos presupuestos volvemos a aquella senda de ejemplo, volvemos a aquellas políticas
que trajeron para la España fiable, comprometida con el proyecto europeo, el crecimiento, la prosperidad y el empleo; es el final de la mentira. La mentira, señorías, conduce al paro, la verdad conduce al crecimiento, a la competitividad y a la
eficiencia.
Es el momento efectivamente de los esfuerzos; es el momento de demostrar que somos un gran país, un país que realmente puede dar un paso adelante, un paso decisivo, definitivo, a la hora de conseguir, con los propósitos, con los proyectos,
con el objetivo de déficit público de este presupuesto, abrir las puertas a la esperanza, abrir las puertas a la ilusión, acabar definitivamente con una crisis económica que, de tan prolongada, está haciendo daño en el cuerpo social. Por tanto es
el momento, insisto, de hacer esa apuesta, de mirar hacia ese futuro con esperanza, con ilusión, y en definitiva con la decisión con la que el Gobierno ha traído a esta Cámara este proyecto de presupuestos. También seguiremos trabajando en las
reformas estructurales en el próximo futuro, reformas importantes como la de las administraciones públicas, que completarán un proyecto de presupuestos de austeridad, pero también de sinceridad y de fiabilidad.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los que nos están apoyando en la consecución de esos principios, de esos fines para el bien de España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Hemos terminado el debate a la hora justa. Se va a llamar a votación y en unos minutos votaremos. (Pausa).
Vamos a proceder a la votación, pero antes quiero decirles que el Pleno continúa inmediatamente después de que se realice dicha votación. Por tanto, ruego a aquellas personas que, aunque sea momentáneamente, tengan que abandonar el
hemiciclo que lo hagan con toda rapidez. Continuaremos el debate y les comunico ya para conocimiento de sus señorías que la votación final no será antes de las dos de la tarde; probablemente será bastante más tarde, pero no antes de las dos de la
tarde.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, enmiendas a la totalidad de devolución y que se someten a una votación conjunta. Son diez enmiendas a la
totalidad y se votan conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 156; en contra, 182; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad. (Aplausos.-El señor Merino López pide la palabra).
Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, por error he pulsado el botón de la diputada Fernández, que no estaba presente. Lo digo para que conste en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Así constará.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 11/2012, DE 30 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA AGILIZAR EL PAGO DE LAS AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, RECONSTRUIR LOS INMUEBLES DEMOLIDOS E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LORCA. (Número de expediente
130/000012).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el Pleno. El punto siguiente del orden del día es la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30
de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca. Para presentarlo, tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
(Rumores).
Por favor, ruego a las señoras y señores diputados que quieran abandonar el hemiciclo que no hagan tertulias en los pasillos. Señora ministra, cuando usted quiera. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, dentro de dos semanas se cumple el aniversario de la catástrofe de Lorca. Como todos ustedes saben, el pasado 11 de mayo de 2011 esta localidad murciana sufrió un terrible terremoto, con un trágico balance: 9 fallecidos, más de
200 heridos, miles de personas desalojadas de sus casas e importantes desperfectos en hospitales, residencias, colegios, institutos y edificios municipales. En fin, la peor cara de una tragedia. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señora ministra. Por favor, ruego guarden silencio.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Del mismo modo, el terremoto provocó enormes daños en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, afectando a edificios singulares y muy queridos por todos los lorquinos. La magnitud de
esta catástrofe exigía desde el principio constitucional de solidaridad una acción inmediata por parte de los poderes públicos: en primer lugar, adoptar diversas medidas paliativas y reparadoras que contribuyeran al restablecimiento gradual de la
normalidad en la zona; en segundo lugar, la definición de los instrumentos de cooperación y colaboración interadministrativa que permitieran garantizar la
pronta ejecución de dichas medidas y, por último, la determinación de la financiación de los gastos que se derivarían de tales actuaciones. En este punto también quiero agradecer especialmente en nombre propio y en el de la Cámara la
solidaridad mostrada por miles y miles de ciudadanos anónimos de la sociedad civil de nuestro país y de muchos lugares del mundo con Lorca. La gravedad de los daños materiales producidos por los movimientos sísmicos -especialmente en las viviendas
de la zona afectada-, así como la más que posible incidencia que estos tendrían sobre la actividad económica hacían necesaria la rápida aprobación de normas excepcionales en relación con estos bienes y con el alojamiento provisional de los
damnificados. Hubo, señorías, una rápida y coordinada respuesta por parte de todos los poderes públicos para hacer frente a un drama de esta magnitud.
Señorías, el pasado año el anterior Ejecutivo, contando en todo momento con el apoyo de esta Cámara, aprobó el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, así como una serie de medidas
complementarias a través de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011. Estas normas son las que en su día regularon las ayudas por daños personales en caso de fallecimiento y de incapacidad absoluta, los gastos de
emergencia o las ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas y locales, así como la indemnización de daños en producciones e instalaciones agrícolas y ganaderas. En estas normas se contemplaba igualmente la exención de
las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes al ejercicio 2011 y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas del mismo ejercicio. No hay que olvidar tampoco las ayudas destinadas a la recuperación del patrimonio
histórico de la ciudad de Lorca, muy importante para la promoción del turismo y motor de la actividad económica de la localidad. Acompañando el marco normativo, a lo largo de estos meses también se han creado diferentes mecanismos de coordinación y
colaboración entre los órganos de la Administración General del Estado, la comunidad autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca con el fin de garantizar la rápida y eficaz puesta en marcha y ejecución de todas las medidas aprobadas.
Así pues, señorías, un total de ochenta medidas fueron aprobadas para hacer frente inicialmente a los efectos devastadores del terremoto. Conviene resaltar que ambos decretos-leyes fueron aprobados con una abrumadora mayoría. Esta Cámara respondió
a las necesidades de los lorquinos.
En este 2012 se ha proseguido con la ejecución de las medidas. Durante este periodo se ha continuado haciendo imputaciones al Fondo de contingencia con objeto de atender a las propuestas de concesión de ayudas derivadas de la celebración de
las correspondientes comisiones mixtas. De igual modo, se han mantenido a lo largo de estos primeros meses reuniones a distintos niveles y con el resto de administraciones públicas implicadas con objeto de desbloquear iniciativas aprobadas con
dificultades de implementación, así como de impulsar otras que requerían un esfuerzo conjunto y coordinado. Por otra parte, y con el convencimiento de la importancia de contar con una persona dedicada exclusivamente a estas tareas, el pasado 16 de
marzo el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la regulación de la figura del comisionado hasta ahora existente. Este nuevo Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de la Zona de Lorca, con sede en Murcia,
es el encargado de impulsar la aplicación efectiva de todas las medidas aprobadas mediante este real decreto-ley, así como aquellas otras que se encuentren en proceso de ejecución. Quiero en este punto dar las gracias especialmente al que fue
subsecretario del Ministerio de Fomento y también comisionado para Lorca, don Jesús Miranda, por su excelente trabajo al frente del comisionado y también -cómo no- a don Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento, que continúo en estas
tareas. Gracias a los dos por el trabajo que han llevado a cabo de una manera profesional y excelente en el tiempo en que han asumido responsabilidades. (Aplausos). Además, en el convencimiento de la importancia de contar con esta persona al
frente, hemos decidido que tenga un equipo que le permita atender de cerca todas estas responsabilidades.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado una orden ministerial por la que se reducen para 2011 y 2012 los módulos aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y en el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido. Por lo que se refiere al IRPF, se ha aprobado para el ejercicio 2011 una reducción del 65% del rendimiento neto de módulos de dicho periodo, y para el ejercicio 2012
del 35%. En lo que concierne al impuesto sobre el IVA, se ha aprobado una reducción general del 35% aplicable en el ejercicio 2012 y, en su caso, otra adicional del 65% aplicable en dicho ejercicio cuando las actividades se hubieran desarrollado
también durante el año 2011. Se han puesto en marcha medidas que han intentando ir paliando muchas de las necesidades de todos los lorquinos, pero también tengo que decir que muchas de ellas todavía no han tenido respuesta. Por eso, señorías, a
pesar de suponer 442 millones de euros las medidas que se han puesto en marcha para apoyar a Lorca y a sus ciudadanos, todavía hay muchos ciudadanos que no han recibido esa ayuda. Hay todavía mucho que reparar, hay viviendas que reconstruir, hay
viviendas que rehabilitar. Por todo ello, porque es todavía ingente la tarea que tenemos por delante, porque hay que dar respuesta a quienes tienen verdaderas necesidades y todavía no han obtenido respuesta, se trae aquí a convalidar este real
decreto-ley. Pese a todo ese esfuerzo realizado, casi un año después de la catástrofe no se ha logrado restablecer la normalidad en la zona, ni muchísimo menos; existen dificultades administrativas que han impedido que algunas de las ayudas
aprobadas lleguen
a sus destinatarios y no se ha logrado aún reconstruir los edificios demolidos como consecuencia del terremoto. Consecuencia de estas dificultades administrativas, miles de personas siguen viviendo fuera de sus hogares y muchos comerciantes
han perdido sus negocios viéndose obligados a trasladarse a otros lugares. Todo ello pone en evidencia que un año después tenemos mucho trabajo por delante. La aprobación de este real decreto-ley encuentra su justificación en la necesidad de
garantizar de forma urgente que las ayudas aprobadas anteriormente lleguen efectivamente a sus beneficiarios. Pero no es solo por eso; además de garantizar el cobro efectivo de las ayudas, se pretende aliviar en la medida de lo posible la carga
tributaria a satisfacer por los ciudadanos residentes en Lorca y culminar de forma efectiva el proceso de reconstrucción de la localidad con el objetivo de lograr restablecer la normalidad en la zona lo antes posible, por eso resulta tan necesaria
la fórmula de real decreto-ley.
El real decreto-ley, en primer lugar, señorías, viene a establecer la modificación del procedimiento de pago de las ayudas a los beneficiarios, ya que a partir de ahora dicho abono se efectuará por las entidades financieras con sede en Lorca
con las que el Instituto de Crédito Oficial haya suscrito el correspondiente contrato de prestación de servicios. El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta del beneficiario de dicha ayuda por el importe que tenga
reconocido. Asimismo se establece que los beneficiarios de las ayudas a la reconstrucción podrán ceder su derecho de cobro a favor de la entidad pública empresarial de suelo Sepes o de un promotor privado para poder reconstruir lo antes posible las
viviendas. La medida a la que acabo de hacer referencia será de aplicación a las ayudas para alquiler de viviendas, para reposición de enseres y para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas y de locales o establecimientos
mercantiles, industriales o de servicios, reguladas todas ellas en los textos normativos ya vigentes. El ICO establecerá los mecanismos necesarios para atender los pagos previstos a través de una línea específica de financiación denominada ICO
Lorca, con vigencia hasta el límite del pago de todas las ayudas concedidas. En este sentido, el pasado 19 de abril la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó un acuerdo en el que se instruía al ICO para la formalización de un
préstamo bilateral con la Región de Murcia por un importe de 115 millones de euros para poder atender el pago de las ayudas cuya financiación parcialmente le corresponde. Asimismo en la norma se prevé la posibilidad de que en la reconstrucción de
las viviendas demolidas y en atención a las especiales circunstancias derivadas de la situación de naturaleza catastrófica puedan ser objeto de ejecución forzosa las actuaciones de reconstrucción y además se atribuya a la entidad pública Sepes la
condición de agente edificador. Para ello, mediante este real decreto-ley se amplía el objeto de Sepes, con el fin de que pueda tener dicha condición de agente edificador en los procedimientos de sustitución forzosa de la edificación de todo tipo
de viviendas afectadas por el terremoto. Todo esto sin perjuicio de que, a voluntad de los propietarios, pueda también ser Sepes quien efectúe la reconstrucción de las viviendas, previa entrega por parte de los beneficiarios del importe
correspondiente a las ayudas que se les hubiesen concedido. En esta norma, señorías, también se prorrogan para este 2012 los beneficios fiscales previstos en el Real Decreto-ley 6/2011 para el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de
actividades económicas y se establece la posibilidad de que los residentes en Lorca en el momento del terremoto puedan solicitar un aplazamiento para el pago de sus deudas tributarias devengadas por el impuesto de sociedades y por el impuesto sobre
la renta de las personas físicas correspondiente al período impositivo 2011.
Habida cuenta de que el comercio constituye uno de los motores fundamentales de la actividad económica de Lorca, este real decreto-ley contempla la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Competitividad conceda ayudas al Ayuntamiento
de Lorca para la ejecución de proyectos de especial interés para el sector del comercio del municipio por un importe 1.500.000 euros. Estas ayudas aquí recogidas irán con cargo al crédito consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el
Plan de mejora de la productividad y competitividad del comercio 2009-2012 en el ejercicio 2012, e irán dirigidas a apoyar la rehabilitación de establecimientos comerciales y la promoción del comercio y las ventas en esta localidad con objeto de
impulsar estos sectores. Finalmente, se establece que en los próximos nueve meses las tres administraciones implicadas elaborarán y pondrán en marcha un plan de actuaciones desde una perspectiva global con el objeto de impulsar la actividad
económica y social del municipio de Lorca. En definitiva, en este real decreto-ley se regulan una serie de mecanismos y medidas con el fin de paliar las consecuencias económicas que acarreó el terremoto y con el objetivo de convertirse en un
elemento dinamizador de primer orden por el efecto multiplicador que pueden generar desde una perspectiva social y económica al incidir de forma positiva en el desarrollo de la actividad económica y en la creación de empleo en la localidad.
La inmediatez que requiere el artículo 86 de nuestra Constitución se encuentra plenamente justificada en todos los motivos que les he mencionado anteriormente. Por todo ello, señorías, solicito el voto favorable a este real decreto-ley de
todos los grupos políticos representados en esta Cámara con el convencimiento de que con estas medidas se va a impulsar definitivamente la actividad económica y la reconstrucción del municipio de Lorca. Hoy, la convalidación de las medidas que les
propone el Gobierno y que llevan literalmente el título de esta iniciativa: para agilizar el pago de las ayudas y la reconstrucción de edificios en Lorca, no persigue otro objetivo que el de devolver la esperanza, la ilusión y el futuro a Lorca y a
todos los lorquinos. A este esfuerzo les requiero, convencida de que los vecinos de Lorca
encontrarán en su apoyo, en nuestro apoyo, la confirmación de que nuestro acuerdo es muestra de la renovación que hace esta Cámara del compromiso que adquirió con los lorquinos hace casi un año.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
No habiendo pedido turno en contra ningún grupo, iniciamos el turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Tapia. (Pausa). No
está. Pasamos al Grupo de Unión Progreso y Democracia y tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Lo primero que voy a hacer es anunciar que vamos a votar a favor de este decreto-ley, porque nos parece absolutamente necesario. También quería aprovechar para felicitar al ministerio por su minuciosísima elaboración; es un decreto-ley que
casi parece un reglamento, que cubre todas y cada una de las posibilidades y expectativas de qué es lo que hay que hacer para que la ayuda llegue a sus beneficiarios, a los vecinos de Lorca y a su ayuntamiento. Sin embargo, no puedo estar de
acuerdo con lo que ha dicho la señora ministra respecto a que la actuación administrativa hasta ahora ha sido un ejemplo de diligencia y de eficacia, porque si hubiese sido así no se hubiera presentado este real decreto-ley. El hecho es que este
decreto-ley certifica que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido bastante anárquico y bastante desastroso. A casi un año del terremoto de Lorca todavía hay que poner en un decreto-ley qué es lo que hay que hacer exactamente para que los vecinos que
necesitan ayuda la puedan recibir, qué institución se va a encargar de cada una de las cosas, pedir a la Comunidad de Murcia que las ayudas que ha recibido y que no ha empleado en la ayuda a Lorca y en su reconstrucción se depositen ahora en el ICO,
para que sea una empresa pública del Estado la que se encargue de la reconstrucción de las viviendas, de acuerdo con los propios vecinos. Todo esto, ¿qué nos describe? Nos describe un caos en el funcionamiento, una vez más, del Estado de las
autonomías. Hay que decirlo. No se trata solo, como no puede ser de otra manera, de que ayudemos a nuestros conciudadanos de Lorca, sino que además hay que preguntarse cómo es posible que, once meses después de que se hicieran sendos
decretos-leyes por el Gobierno anterior, estén las cosas en semejante punto y haya todavía que hablar de cómo se puede ayudar a la gente para que pague sus alquileres a los que se han quedado sin vivienda, de qué se ha de hacer para reconstruir las
viviendas y una larga lista de etcéteras. Que haya que haber abierto una cuenta en el ICO específicamente para la reconstrucción de Lorca indica que las ayudas oficiales que ha habido hasta ahora no se han utilizado para los fines a los que se
destinaron, y esta situación la trata el decreto-ley con un eufemismo: habla de dificultades administrativas. Lo mínimo que hay que hacer en una democracia seria -y aspiramos a llegar a serlo algún día- es que cuando estas cosas suceden se diga
cuáles han sido esas dificultades administrativas y, si los hay, que los tiene que haber necesariamente, quiénes son los responsables. Está muy bien agradecer desde la tribuna parlamentaria a las personas que han trabajado en esta cuestión hasta
ahora su entrega, su dedicación, etcétera; no la voy a poner en duda, pero queremos saber quiénes son las administraciones responsables, habiéndose destinado fondos públicos a la reconstrucción de Lorca, de que esto esté en semejante grado de
parón, en semejante impasse. El problema, además, no se limita a la vivienda. Hay también que decir que hay algunos problemas en Lorca que el decreto-ley no contempla, quizá porque sean de otro ministerio, concretamente de Educación. Hay dos
institutos de enseñanza secundaria derruidos; no es que haya que hacer obras, es que no existen. Hay problemas también con centros sanitarios. Son cosas fundamentales para el funcionamiento normal de la sociedad de Lorca. Pues bien, alguien será
responsable de todo esto. En alguna institución estará la responsabilidad de que, a los once meses prácticamente de que se hicieran los primeros decretos, tengamos que volver a discutir y a aprobar otro, porque hasta ahora no se ha conseguido que
las ayudas del Estado lleguen a sus destinatarios. Se le pide a la Comunidad Autónoma de Murcia que deposite el dinero que ha recibido para que de una vez se ponga en marcha la ejecución de los planes de reconstrucción y se dice, además, que a
partir de ahora no se va a encargar la Administración ordinaria sino el ICO y el Sepes de las labores de reconstrucción que, por cierto, entraban dentro de sus competencias
En resumidas cuentas, ¿qué es lo que se nos está diciendo con este real decreto, aparte de solucionar problemas urgentes? Sencillamente, y es algo que exige una reflexión, que el Estado ha fallado en el apoyo a los vecinos de Lorca y en la
satisfacción en el derecho que estos tienen a que se satisfagan sus necesidades más básicas. Esto es grave, porque indica que estamos sometiendo y sacrificando las necesidades prioritarias de los ciudadanos al sostenimiento de una ficción, desde el
punto de vista del reparto de competencias, del funcionamiento de la Administración y de una absoluta falta de transparencia. Si hubiera habido una mínima transparencia, no solo los vecinos de Lorca sino nosotros sabríamos qué es lo que ha fallado,
qué es lo que no se ha hecho y quién se ha quedado con el dinero que se ha destinado a este fin y para qué, que es lo que el real decreto-ley cubre con una piadosa declaración de intenciones de que todo ha funcionado estupendamente. Pero, señora
ministra, estará de acuerdo en que si todo hubiera funcionado estupendamente no haría falta ahora que el real decreto-ley establezca cosas tan detalladas como cuándo se reunirán las comisiones de seguimiento de la
reconstrucción que decrete que se ponga en marcha un plan de reconstrucción de Lorca dentro de nueve meses -por lo visto significa que hasta ahora no ha habido ninguno- o que se le exija a la comunidad autónoma y al ayuntamiento determinados
procedimientos y requisitos de información para que se sepa exactamente en qué punto están las cosas. Y además en este caso ni siquiera tenemos la excusa -es una mala excusa, pero se ha utilizado- de que tenemos diferentes partidos en el gobierno
de las distintas instituciones; en esta ocasión era el mismo en el ayuntamiento y en la comunidad autónoma cuando ocurrió el terremoto y durante la reconstrucción. Por tanto, saquemos conclusiones políticas, que es para lo que estamos aquí. ¿Qué
es lo que ha fallado? No han fallado ni las ayudas públicas ni tampoco la voluntad política; lo que ha fallado son las administraciones. Y llegamos al punto donde yo les quería llevar. Tenemos un problema muy serio, un sistema administrativo que
en vez de solucionar problemas los crea y esta es la demostración más palmaria, un decreto-ley del Estado donde se establece, con una minuciosidad que sería más bien propia de una comunidad de vecinos, qué es lo que hay que hacer para poner en
marcha ayudas que ya se han concedido hace casi un año y que hasta ahora no se han ejecutado. Esto es lo que queríamos decir. Y aparte de todo esto, que es lo realmente lo importante, les reitero que tienen nuestro voto a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Habiéndose incorporado la señora Tapia, adelante.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, todas las veces que se ha hablado en esta Cámara acerca de posibles medidas a poner en marcha para ayudar, para paliar los efectos del movimiento sísmico ocurrido en Lorca, mi grupo las ha apoyado y esta también la
va a apoyar, en eso no tengan ustedes ninguna duda. Pero sí me gustaría hacer una breve reflexión con un cierto hilo histórico porque cuando se aprueba el primer real decreto, de 13 de mayo, mi grupo lo apoya no solo como constatación de una
voluntad política de actuar con celeridad ante problemas que han segado vidas humanas y han causado graves daños materiales, sino porque toda Administración, todo Gobierno tiene la obligación de acudir ante este tipo de casos e incrementar el
alcance de las ayudas y de las colaboraciones que se pueden llevar a cabo y mejorar los instrumentos de que disponen. Permítanme recordarles que en aquel momento nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, ya comentaba las dudas acerca de por qué
teníamos que poner en marcha este real decreto si existía uno de 18 de mayo de 2005 en el que se regulaban subvenciones en caso de catástrofe. Eso parecía significar que aquel decreto no estaba bien, que se necesitaba otro tipo de actuaciones y en
consecuencia, ante una situación como la que se había producido en Lorca, era necesario actuar con mucha celeridad, poniendo en marcha un decreto ad hoc y quizá sin una adecuada preparación. También decíamos en aquella ocasión que nos surgían dudas
acerca de las medidas que se proponían, de la consistencia, de su alcance y de la eficacia. Y quiero hacer hincapié en este caso porque esto es lo que nos ocupa. Se está comprobando que efectivamente había dificultades administrativas para poner
en marcha aquel decreto justamente por la celeridad con la que se hizo, por la intención de llegar a tiempo pero quizá no con todos los instrumentos bien preparados. A partir de ahí vuelve a existir otro real decreto, de 31 de octubre de 2011, que
volvemos a apoyar, pero el señor Azpiazu decía en aquel momento que quizá aquellas medidas tampoco eran suficientes y que quizá hubiera que volverlas a adaptar, y aquí estamos, adaptando e intentando agilizar algo que nunca se debía haber producido,
y es que los pagos de las indemnizaciones no hayan llegado a los realmente afectados y que las ayudas que estaban previstas no se hayan llevado a cabo.
Nuestro grupo no puede sino apoyar todo lo que sea colaborar con esas personas e intentar paliar el sufrimiento que están teniendo. Las muertes evidentemente no se pagan con nada, pero que al menos los damnificados tengan un presente algo
mejor ante esta situación de crisis y de desempleo en que nos encontramos, y evidentemente unas medidas dirigidas a poner en marcha actuaciones de carácter económico no podemos sino apoyarlas. Sin embargo, no quiero terminar sin volver a la
reflexión inicial. Está bien actuar en el momento de crisis, pero quizá nos debamos plantear hacer algo más conjunto para casos como el que se ha producido, en el que catástrofes naturales pueden conducirnos a situaciones que tenemos que paliar.
Lo podremos hacer ahora con más tranquilidad, bien preparados, con las medidas administrativas suficientes, de tal manera que podríamos dotar, por una parte, de seguridad jurídica a los posibles damnificados y la Administración podría llevarlo a
cabo de una forma mucho más tranquila, mucho más fácil y sin tener que acudir medida tras medida y volver a esta Cámara cada tres, cuatro o cinco meses. Además, nos gustaría que en ese caso se establecieran medidas de acción preventiva, de garantía
de inspección técnica de edificios, de aseguramiento de calidad en todos los procesos en nueva construcción o rehabilitación, de información, de atención de servicios de emergencia, de servicios de información porque creemos que todo ello sería de
una gran ayuda. Por tanto, manifiesto nuestra máxima voluntad para trabajar en ese sentido y reitero nuestra posición positiva en el voto de hoy.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, nuestro grupo parlamentario va a dar su voto favorable a la toma en consideración de este real decreto-ley, considerando que las medidas que en él se proponen -aunque sean manifiestamente mejorables- vienen a
subsanar en parte las carencias derivadas de los dos reales decretos de 11 de mayo y 31 de octubre de 2011. La movilización social desplegada por los lorquinos en los meses de febrero y marzo y su presencia en esta Cámara el pasado 22 y 25 en las
calles de Murcia han sido decisivas para llamar la atención del Gobierno sobre las cuestiones pendientes en Lorca. El Gobierno de la nación ha tenido que intervenir frente a la desidia, la incompetencia y las irresponsabilidades mostradas por el
Gobierno de la Región de Murcia, incapaz de hacer frente a sus compromisos económicos con la población lorquina. En una clara dejación de sus responsabilidades, el Gobierno del señor Valcárcel ni siquiera incluyó en los presupuestos regionales de
2012 una partida específica para atender las necesidades de Lorca.
Confiamos ahora en que los 115 millones de euros asignados por el ICO lleguen pronto a los damnificados y que los trámites se aceleren en colaboración con las entidades de crédito de la localidad. El decreto tiene como primer objetivo hacer
frente al retraso injustificable y escandaloso de los pagos a las personas damnificadas para que puedan reparar y reconstruir los edificios dañados por el terremoto. Valoramos positivamente que se obligue a la comisión mixta a reunirse semanalmente
y a agilizar la resolución de los más de 7.000 expedientes que a fecha de la aprobación del decreto estaban todavía pendientes de resolver. Con las medidas contempladas se desbloquea la paralización que habían sufrido las ayudas, aunque esta nueva
norma llega muy tarde. Se debería haber resuelto mucho antes esta situación, que al afectar al pago de alquileres provisionales y a la reposición de enseres, ha perjudicado a las familias de condición social más humilde. Saludamos la prórroga de
un año a la exención del impuesto de bienes inmuebles que se otorga a los propietarios del área afectada por los terremotos y las aclaraciones sobre la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las ayudas oficiales percibidas
para la reparación de daños. La referencia a la edificación forzosa cuando se falte al cumplimiento voluntario del deber de reconstrucción de las viviendas demolidas y el papel asignado al Sepes como agente edificador y representante legal de los
propietarios de viviendas afectadas -si estos lo desean- es también una medida positiva, pero llega demasiado tarde y tendrá muy escaso impacto, pues la mayoría de las comunidades vecinales ya tienen encargados proyectos de reconstrucción con
agentes privados.
Dicho esto, nuestro grupo parlamentario considera que este nuevo decreto es solo un paso más en el camino de la reconstrucción de Lorca, por lo que hacemos un llamamiento a seguir muy atentamente la evolución de los acontecimientos y a
seguir reivindicando social y políticamente la cobertura de las necesidades de Lorca. Partimos de una realidad tremenda. En estos momentos aún no se ha empezado a construir ninguna de las 1.200 viviendas y edificios que tuvieron que derribarse,
ninguna. No hay constancia ni de proyectos ni de presupuestos para llevar a cabo la reconstrucción de los dos institutos derribados, el Ramón Arcas y el Ros Giner; no se ha abordado la reparación del Conservatorio de Música de Lorca; no se ha
abordado la reparación del centro de día de personas mayores y la merma de servicios deportivos y culturales es muy significativa. Las casonas, palacetes y edificios del casco antiguo dañados necesitan financiación para su reconstrucción. Unas 400
familias siguen viviendo fuera del municipio de Lorca, con el consiguiente impacto negativo para el consumo y la economía local. Finalmente, es muy probable que haya que derribar todavía alrededor de 150 edificios que están pendientes de los
informes técnicos definitivos para su declaración de ruina técnica o económica.
Señorías, queda mucho por hacer para que tengamos la conciencia tranquila. Una de las grandes lagunas del decreto de 11 de mayo del año pasado, en la que coincidimos todas las fuerzas políticas, fue la nula atención a los daños y pérdidas
que los terremotos causaron al pequeño comercio por el daño a sus locales, pero también por el lucro cesante al que está sometido el comercio lorquino. Hemos de insistir en ello para posibilitar la recuperación del comercio local a través de ayudas
directas y de compensaciones. Sigue siendo una asignatura pendiente que necesita corregirse. La comisión mixta formada por la Delegación del Gobierno y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con asistencia del alcalde de Lorca, ha sido
lenta como un caracol, tanto en la valoración de los expedientes como en el pago de las ayudas. Baste señalar que, exceptuando la última reunión de 16 de abril, conforme al nuevo decreto que hoy debatimos, la comisión mixta solo había resuelto
3.928 expedientes con una asignación económica de unos 26 millones de euros, de los que solo se habían satisfecho a los interesados menos de 5 millones; restan, por tanto, 21 millones de euros, a pagar al 50% entre el Estado y la comunidad
autónoma, de expedientes aprobados antes de este último decreto y todavía quedan por resolver 6.036 expedientes. Igualmente censurable ha sido la desidia de los sucesivos comisionados del Gobierno para el terremoto de Lorca, que arrastran una grave
responsabilidad en el incalificable retraso de las ayudas. Dicha figura se creó por el Consejo de Ministros de 7 de octubre pasado y el primer nombramiento recayó en la persona de don Jesús Miranda; posteriormente, el Gobierno del Partido Popular
nombró el 30 de diciembre de 2011 a don Mario Garcés, aunque fue de duración efímera pues fue sustituido el 16 de marzo de 2012 por doña Inmaculada García, que presentaba como aval el hecho de haber sido consejera de Economía en la Región de Murcia
en uno de los gobiernos del señor Valcárcel. Ha pasado más de un mes y la nueva comisionada todavía
no ha hecho ninguna visita oficial pública a Lorca. Como señalaba anteriormente, señorías, queda mucho por hacer para que las administraciones públicas acaben de cumplir su obligación y sus compromisos. Baste recordar el incumplimiento
generalizado del Plan Lorca, suscrito por el Gobierno regional de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, ambos del Partido Popular. Dicha propuesta contemplaba los gastos directos derivados del terremoto, incluidas las indemnizaciones
del consorcio de seguros y una serie de infraestructuras de redes viarias y ferroviarias, proyectos industriales y turísticos, por un total de 1.650 millones de euros. Poco o nada de esto se ha ejecutado, ni siquiera proyectado, a pesar de que
nuestro grupo parlamentario consideró escasa esa cantidad y pidió un aumento a 2.000 millones de euros para atender el lucro cesante de la actividad comercial y para impulsar la actividad económica de Lorca, con especial atención a programas de
desarrollo turístico e industrial. El Plan Lorca, que el Partido Popular había publicitado como iniciativa que se llevaría al Congreso de los Diputados, no llegó a debatirse como tal; finalmente, al Congreso de los Diputados se llevó una
proposición no de ley instando al Gobierno a que elaborase un plan de reactivación para Lorca.
Como es sabido, esta Cámara aprobó en el Pleno del pasado 13 de septiembre los tres acuerdos que resumo; primero, que el Gobierno hiciese en quince días una evaluación de todo lo acontecido y del desarrollo de las medidas tomadas hasta la
fecha; segundo, que después de la evaluación se pusieran en marcha medidas adicionales de apoyo a Lorca, lo que a la postre dio como fruto el segundo decreto, el de 31 de noviembre; y tercero, que el Estado afrontaría un programa específico de
vivienda en Lorca para la construcción de 300 viviendas, asunto que está en trámite sin haber sido edificada todavía ninguna de esas viviendas. El nuevo real decreto que hoy debatimos retoma el tema del Plan Lorca y en su disposición adicional
segunda se refiere a él diciendo que en el plazo de nueve meses la Administración del Estado, y en particular el comisionado del Gobierno para la reconstrucción y el Ayuntamiento de Lorca elaborarán un plan de actuaciones para impulsar la
recuperación de la actividad económica y social del municipio. Primero se ha hablado de quince días y ahora se habla de nueve meses. Esto es el cuento de nunca acabar. Las enmiendas que nuestro grupo presentará a los Presupuestos Generales del
Estado para 2012 recogen la necesidad de contemplar, a lo largo de cuatro años consecutivos, en concepto de reactivación económica de Lorca por los efectos de los terremotos, la cantidad de 200 millones de euros anuales, así como la imperiosa
necesidad de afrontar con urgencia presupuestos para abordar la reconstrucción de los dos institutos de enseñanza secundaria que hubieron de derribarse. En cuanto a lo que queda en el tintero, hemos de decir que, por acuerdo unánime tomado en el
pleno municipal de Lorca de 31 de enero de 2011, se solicitó al Gobierno de España que se contemplasen ayudas en diferentes supuestos que no se habían recogido en los decretos anteriores, como es el caso de ayudas específicas para abordar la
reconstrucción de edificios catalogados o el caso de viviendas alquiladas en régimen precario o no sometidas al régimen de prórroga forzosa o la extensión de las ayudas a establecimientos mercantiles, industriales o de servicios sin que ninguna de
dichas casuísticas hayan sido recogidas tampoco por este decreto.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario solicitará la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley, con el fin de incorporar enmiendas que completen las medidas necesarias para la reparación de las personas damnificadas y la
reactivación económica de la comarca. Todo ello sin olvidar nuestro requerimiento de revisión de la normativa antisísmica, nuestra petición de investigación a la Fiscalía General del Estado sobre las posibles negligencias constructivas en Lorca y,
finalmente, nuestra propuesta para que se realicen pruebas cinéticas e investigaciones científicas sobre los sistemas constructivos de la ciudad para introducir mejoras en la seguridad presente y futura de los edificios lorquinos.
Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías, comparezco por primera vez en esta tribuna y lo hago con el mejor de los motivos, un motivo humanitario. Los catalanes no somos ajenos en absoluto a la situación que ha sufrido Lorca.
Estamos acostumbrados, como de hecho han abundado los otros portavoces, a que haya decretos que nos prometen cosas y luego no llegan, a que haya normativas que se han de cumplir y que problemas administrativos no nos den estos beneficios, y esto nos
hace sentir una cierta simpatía por los lorquinos, aunque por suerte nunca hemos tenido una desgracia como la que ellos tuvieron hace prácticamente un año.
Por inocencia, seguramente por ser la primera vez que hablo en esta tribuna, cuando he oído la intervención de la ministra creí que me había equivocado de decreto ya que parecía que todo había funcionado perfectamente, que la coordinación
entre los dos gobiernos había sido fantástica. Por suerte, la intervención de los otros portavoces me ha devuelto a la realidad de que efectivamente había leído el mismo decreto que ellos. De hecho, el propio decreto, en su prefacio, reconoce de
manera explícita, aunque con un lenguaje administrativo apañado, que la gestión subsiguiente a la propia emergencia ha dejado mucho que desear. Se habla de problemas, de ineficacias administrativas -esto está reconocido en el propio prólogo del
decreto- y ello nos deja un poco inquietos ya que estos requerimientos administrativos, según declaraciones de la propia asamblea de vecinos de Lorca, de hecho, poco o nada se modifican; simplemente
lo que se dice de manera perentoria es que la comisión gestora de las nuevas ayudas se tendrá que reunir cada semana. En fin, cuando se llega a este punto de requerimiento de funcionamiento es que, sin duda, las cosas no se han hecho bien
hasta ahora.
¿Ayudas fiscales? Perfecto, una buena medida. Devengan intereses. No parece razonable cuando la propia Administración reconoce que gran parte del retraso se debe a ella misma. No tendrían que devengar intereses, no parece un punto
razonable cuando el retraso se imputa a la propia Administración. Por desarrollo reglamentario o como sea tendría que aclararse el tema de los arrendamientos. Los propios lorquinos han dicho que cuando no son propietarios, cuando son
arrendatarios, cuando son usufructuarios, cuando en la medida más extrema simplemente tienen un contrato a precario, las condiciones del decreto no les son nada fáciles a la hora de recibir las ayudas. Esto podría afectar a un 90% de los
arrendatarios y, según sus números -que yo no puedo contrastar pero que seguro que responden a la realidad-, dos tercios de los afectados pueden tener dificultades para demostrar la necesidad de estas ayudas ya que no son propietarios. En casos
como este es cuando la seriedad de un Estado se pone en solfa; en casos como este es cuando la sociedad incluso internacional nos observa y dice: este es un país serio, este es un país donde las cosas se hacen bien, que trata a sus ciudadanos con
sensibilidad, organizadamente, con eficacia, o sencillamente este Estado no se ha sabido organizar, este Estado, incluso en una emergencia humanitaria, no ha funcionado. Esas cosas, señora ministra, también afectan a la prima de riesgo. No es solo
la deuda lo que afecta a la prima de riesgo, es la fama de seriedad o no seriedad de un Estado, y mucho me temo que el caso de Lorca no es precisamente un ejemplo en el que el Estado haya actuado con seriedad.
Con todas estas salvedades, que creemos que pueden resolverse en el trámite de desarrollo del real decreto, reconocemos que se ha dado un paso adelante y nosotros, ante ello, lógicamente votaremos favorablemente. (Aplausos).
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y decirles, señorías, que es un honor para mí, como murciana, estrenarme en esta
tribuna y que mi primera intervención en el Pleno del Congreso sea en un tema vital para mi tierra, para miles de lorquinos y de lorquinas cuya situación nos duele y me duele.
Hace casi un año, 350 días, temblaba la ciudad del sol. Recuerdo perfectamente el temblor de los sucesivos terremotos aquella tarde del 11 de mayo. Señorías, no creo que se pueda describir con palabras lo que los lorquinos y lorquinas han
vivido y están sufriendo. No creo que ninguno de nosotros podamos imaginar lo que viven cada día; solo ellos lo saben. Les aseguro que es desolador ver solares enteros que eran barrios prósperos como La Viña, miles de ciudadanos que no tienen un
hogar por el que trabajaron toda su vida y todavía no tienen una respuesta, que han perdido su comercio o que viven con la mirada perdida y falta de esperanza.
Durante los meses de mayo y de junio de 2011 lo que más nos repetían los lorquinos y las lorquinas, el pueblo de Lorca, era no nos olvidéis y ahora viene lo peor. Efectivamente, así es. Cada día que pasa la situación es mucho más grave y
Lorca necesita más de todos nosotros. Lorca es una ciudad preciosa, con un encanto especial, y quiero aprovechar para invitarles a visitarla porque creo que también es importante.
La situación es muy dramática. Con el fin de las ayudas del consorcio, que ya ha llegado, y la falta de respuestas en muchos casos, como se ha evidenciado hoy aquí, ya hay vecinos del barrio de San Fernando y de Alfonso X incluso entrando
en las casas con código rojo que, como ya se vio en los anteriores decretos, significa que es la peor calificación, que están en ruina económica. Se están jugando la vida porque no tienen un sitio donde ir, porque ya no tienen otro tipo de ayudas.
Es imprescindible que los que tenemos responsabilidades públicas tengamos muy presente y mucha conciencia de una tragedia de tal calibre en nuestro país. El Grupo Socialista va a seguir cerca, como lo ha estado desde el minuto cero, de los
vecinos y en la tarea. Por eso quiero pedirle al Gobierno más compromiso, más constancia y más agilidad que la que hemos visto hasta ahora, y quiero aprovechar para reconocer ese compromiso que ha demostrado siempre con el pueblo de Lorca el
ministro Jáuregui y el resto de comisionados, como hacía -y se lo agradezco- la señora ministra.
Por supuesto que vamos a apoyar este real decreto y vamos a mantener el consenso que ha reinado en esta Cámara. Fue así en el real decreto que en tan solo 48 horas puso en marcha el Gobierno socialista y fue así en el decreto de octubre de
2011, donde se aprobó un importante paquete de nuevas medidas. Vamos a apoyar siempre todo lo que sea positivo para Lorca, y esto lo es, aunque también tengo que decir con sinceridad que es insuficiente y poco ambicioso. La realidad es, señorías,
por qué no decirlo, que el pueblo de Lorca y los lorquinos esperaban mucho más de la llegada del Partido Popular al Gobierno central, y no por nada, sino precisamente por las expectativas que ustedes, desde las propias instituciones donde gobierna
el Partido Popular, han generado. Después de tres meses ha sido muy poco el avance y ha reinado la falta de agilidad. Apenas se ha reunido la comisión mixta y por eso celebro que hoy el real decreto obligue a la comisión mixta a reunirse todas
las semanas, porque detrás de muchos expedientes hay familias que están esperando una respuesta. En estos meses Lorca ha tenido dos comisionados, el primero con el modelo que tenía el anterior Gobierno, para terminar en muy poco tiempo
nombrando dos nuevos cargos, con dos nuevos sueldos, sobre lo que tengo que decir aquí que no estamos de acuerdo en este tiempo de austeridad. Hay falta de ambición en la respuesta a Lorca en esta falta de agilidad que describo, pero especialmente
en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y también en este real decreto.
¿Qué plantea el real decreto que hoy convalidamos aquí? Por un lado, evidencia que algo ha fallado, como hemos compartido todos los oradores, incluida la ministra, pero para mí lo que más evidencia es que al final es una reprimenda en toda
regla al Gobierno del Partido Popular de la Región de Murcia. Reconoce los problemas de pago por parte de la Administración regional a los afectados, que han negado día tras día, y trata de ponerle solución. Bienvenida sea la solución. Retrasa el
Plan Lorca ni más ni menos que nueve meses, demasiado tiempo después de lo que hemos tenido que escuchar por parte del Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia. Nada nuevo que ofrecer a los lorquinos y lorquinas. Por supuesto, amplía
todos los beneficios fiscales y ayudas recogidos en anteriores decretos -ya que además hace referencia constante a lo largo de todo el decreto-, pero nos parece que hay poco de nuevo para la Ciudad del Sol, con todo lo que hace falta.
Quiero centrarme en estos dos puntos. El primero y más importante es la nueva forma de pago. La gran novedad es que los fondos del Gobierno central ya no van a ir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que dejen de estar
retenidos, van a pasar directamente a esa nueva línea ICO llamada ICO Lorca, es decir, va a hacer de cajero de la Región de Murcia para que finalmente y por fin puedan llegar todas las ayudas que sí estaban en las arcas del Gobierno regional. Con
esto quiero decir, señorías, que los lorquinos no han tenido todos esos millones de euros que han salido del Gobierno central con un claro y gran compromiso con la ciudad de Lorca. Es así de grave y así de irresponsable. Como murciana, me duele
decir que el Gobierno regional ha tenido retenidas esas ayudas. En Murcia estamos acostumbrados, lo hemos visto con los fondos de integración, con la Ley de Dependencia, con las ayudas al alquiler. Todavía hay muchos murcianos que no tienen las
ayudas del Gobierno socialista, pero entiendan que me parezca intolerable en el caso de las ayudas a Lorca. Lo negaron día tras día, pero así lo reconoció el excomisionado de Lorca, don Mario Garcés, en su primera entrevista, cuando dijo: No es
positivo que queden embalsadas las ayudas de la comunidad autónoma. Me pregunto si quizá por eso duró tan poco. Embalsadas estaban y están unas ayudas que los lorquinos necesitaban como agua de mayo. Como digo, este decreto, en definitiva, viene
a reconocer la incapacidad del Gobierno regional para que esas ayudas llegaran a los afectados, fórmula que por supuesto es bienvenida, pero que evidencia que al final todo el mundo queda en su sitio y que este real decreto deja al Gobierno regional
en el suyo.
Señor ministra, especialmente me preocupan dos cuestiones. Una es qué sucede con las ayudas que todavía debe la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a los afectados de Lorca, puesto que la disposición transitoria primera deja fuera del
préstamo esas ayudas pendientes con anterioridad, con lo cual no sé que va a suceder con esos impagos que tiene todavía la Región de Murcia, cuando es una preocupación que tienen los afectados y los vecinos de Lorca. Sin embargo, lo que más me
preocupa es qué hay del futuro, qué hay de todo lo pendiente y de las necesidades que tiene Lorca, qué hay de las promesas del Partido Popular en la Región de Murcia. Por supuesto, me refiero la Plan Lorca. Probablemente se pueda cambiar de
discurso en muchas materias cuando se pasa de la oposición al Gobierno -a nosotros nos parece que en su caso son demasiadas-, pero desde luego está bastante feo cambiar de posición en un tema tan delicado como este. Sé que lo que menos importancia
tiene para los lorquinos y las lorquinas son sus incongruencias como partido, pero entiéndame por qué le digo esto porque tiene sentido. Quiero pedirle hoy exactamente aquí lo mismo que toda la corporación de Lorca ha pedido al Gobierno de la
nación a fecha 30 de enero de este mismo año. Toda Lorca le pide que apruebe el Plan Lorca ya, antes de los Presupuestos Generales del Estado, para que recoja al menos alguna partida nueva para Lorca. Lo que no puedo comprender es cómo no lo hace
también el Gobierno regional y mantiene una actitud diferente cuando hay un presidente de Gobierno de otro color político en La Moncloa y ahora tienen al suyo. En definitiva, ustedes piden nueve meses más a los lorquinos. Plantean unos
Presupuestos Generales del Estado con nada nuevo cuando desde la propia institución pública se exigía día tras día al Gobierno de Zapatero que en un mes se pusiera en marcha el Plan Lorca y que además todo fuera asumido íntegramente por el Gobierno
central. Desde luego, un cambio de posición que me parece intolerable. Me gustaría compartir y unirme al resto de grupos con las carencias que recoge el decreto: la financiación de los edificios en estado de indefinición, el problema de los
centros educativos y sanitarios, la revitalización del comercio y, por supuesto, la moción acordada para las determinadas casuísticas que no se resuelven con la normativa que tenemos hasta ahora.
Termino. Les aseguro, señorías, que la principal preocupación del Grupo Socialista es la ciudad de Lorca, que nunca vamos a faltar a la verdad ni vamos a manipular en un tema tan sensible y que nunca vamos a hacer partidismo de un tema como
este. Queremos que los lorquinos tengan respuestas porque las necesitan y es de justicia, y ahí vamos a estar. Siempre de forma contundente y con convicción nos encontrarán para dar respuesta a los problemas de la ciudad de Lorca.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora González.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, resto de miembros del Gobierno, señorías, en primer lugar, quisiera agradecer al resto de grupos su voto favorable a este real decreto-ley. Y quería decir antes de empezar que este decreto viene aquí porque el trabajo que
hizo el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, no fue suficiente. El dinero del consorcio llegó a Lorca, pero no se pudo comenzar la reconstrucción de la ciudad porque no estaban los mecanismos legales preparados, y gobernaron hace
escasamente tres meses. Por eso no entiendo la crítica hoy, que es un día de fiesta, un día para celebrar que un Gobierno presente este real decreto con el que por fin comenzará la reconstrucción de Lorca. No debe ser criticado y sobre todo
debemos centrarnos más en el trabajo duro y riguroso de un Gobierno que trae un real decreto para reconstruir una ciudad que en intentar ponernos en la foto y atacar una medida tan importante como esta. (Aplausos).
Antes de comenzar mi intervención, quisiera saludar también al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que hoy nos acompaña y que con su presencia ha querido mostrar el apoyo del Gobierno regional de Murcia a este real
decreto que hoy trae el Gobierno para su convalidación. No en vano, desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se han llevado las gestiones y la tramitación de todos los expedientes. No estoy de acuerdo con el dato que se ha dado, pues se
han tramitado más de 8.000 expedientes en las ocho comisiones mixtas que se han celebrado hasta la fecha y, como responsable de la gestión de las ayudas, informo de que ya se ha revisado casi el cien por cien de los expedientes.
Señorías, tres largos segundos duró un terremoto que sumió a una ciudad en el caos. El principal terremoto, como saben, tuvo una magnitud de 5,1 y se produjo a las 18:47, hora local. Fue extremadamente superficial, a 2.000 metros de
profundidad, y se pudo sentir en todo el sureste de España. Los ciudadanos de Lorca, los ciudadanos de la Región de Murcia, no están solos ante las consecuencias de esta tragedia porque hay un Gobierno apoyado por la mayoría de esta Cámara que
entiende la situación en la que se encuentran, una situación que trasciende de los límites del término municipal, que trasciende de los límites de lo que podría abarcar una comunidad autónoma y que debe ser tratada como un tema nacional.
Los acuerdos del Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo demuestran el respaldo del Gobierno de España a esas reivindicaciones y demandas de los ciudadanos de la Región de Murcia con su presidente Valcárcel a la cabeza, ya que los
primeros decretos -y así lo han reconocido muchos grupos de esta Cámara- se vieron desbordados por la verdadera magnitud de la tragedia. Desde el Real Decreto-ley 6/2011, también mencionado aquí, ninguno de los decretos hasta la fecha ha conseguido
poner en marcha la reconstrucción.
Hoy tenemos la oportunidad de dar ese paso. El Gobierno de España con Mariano Rajoy al frente desde el primer momento entendió las reivindicaciones que se hacían desde el Gobierno regional de Murcia. El terremoto de Lorca será asumido hoy
como un tema de Estado porque, señorías, es un tema de Estado. Como se ha mencionado, a consecuencia de este terremoto se han visto afectados los edificios públicos, las viviendas y muy especialmente el patrimonio histórico. Las más afectadas han
sido las zonas cercanas al barrio de La Viña y también en gran medida comercios, industrias, infraestructuras de suministro, etcétera. A estos daños materiales, que pueden arreglarse mediante la promulgación de leyes, la aprobación de reales
decretos y el establecimiento de los mecanismos necesarios, hay que sumar otros mucho más importantes y mucho más difíciles -si no imposibles- de reparar, como la pérdida de vidas humanas. El terremoto dejó 9 víctimas mortales, entre ellas 2
mujeres embarazadas y un niño de catorce años, a las que debemos sumar más de 300 heridos. Estas no son solo cifras, señorías. Detrás de cada desplazado, detrás de cada vivienda apuntalada y detrás de cada comercio cerrado se esconde una tragedia
a la que los diputados aquí presentes hoy tenemos no solo la oportunidad sino el deber de poner fin.
Alivio y esperanza, señora ministra, es lo que siente el pueblo de Lorca cuando en el día de hoy el Gobierno trae este real decreto para su aprobación por el Congreso. Señora ministra, este es el camino que nos lleva a la Lorca del futuro
que quieren los lorquinos. Este es el camino y en él cuente con el apoyo rotundo y contundente del Grupo Parlamentario Popular. Decía que sentimos alivio porque leyendo el preámbulo del real decreto-ley quedan claros muchos aspectos que los
ciudadanos de Lorca venían demandando. La introducción de medias correctoras de índole fiscal; la prórroga en los beneficios fiscales, en el impuesto sobre bienes inmuebles y en el impuesto sobre actividades económicas; el aplazamiento de deudas
tributarias o la puesta a disposición de fondos para proyectos específicos de especial interés para el comercio local son medidas que sustentan este sentimiento de alivio. Sentimos esperanza también porque este decreto hace que los ciudadanos de
Lorca comencemos a imaginar una Lorca que se levanta tras la catástrofe. El problema que actualmente padecen los ciudadanos de Lorca se soluciona poniendo a disposición fondos para la reconstrucción, pero no solo así. También es necesario arbitrar
los mecanismos legales precisos para que se garantice la aplicación finalista de los fondos en la reconstrucción. Señora ministra, este real decreto-ley nos parece acertado tanto en la forma como en el fondo, porque hace prevalecer algo tan
importante como el derecho a la reconstrucción de aquellos lorquinos que han perdido su vivienda. Esto es algo importantísimo que introduce este real decreto como novedad y que votamos hoy en esta Cámara por primera vez.
Durante las actuaciones de reconstrucción -y esto también es algo nuevo en la legislación al respecto- se constituye el Sepes bajo la condición de agente edificador para tratar de saltar cualquier barrera que pudiera presentarse a la hora de
utilizar esos fondos en la reconstrucción como fondos finalistas. Además, y con el fin de evitar futuras lagunas, el Gobierno regional amparado en este real decreto podrá dictar las normas que sean necesarias para reestablecer en el ámbito
urbanístico la normalidad en Lorca. Este real decreto desde nuestro punto de vista será el catalizador de una reacción que no puede esperar más. Por ello se introduce el Plan Lorca, que por fin está presente en un real decreto destinado a
revitalizar la actividad económica del municipio. Este plan, además de complementar las medidas aquí contenidas -las ejecutadas y las pendientes de ejecutar-, incluirá otras iniciativas destinadas a revitalizar el tejido industrial, comercial y
social de Lorca. El sistema de pago establecido en este real decreto ya ha sido aquí explicado y nuestro grupo no puede dejar de felicitar al Gobierno porque resultaba urgente e inaplazable instrumentar un procedimiento ágil que garantice que las
ayudas lleguen allá donde se necesitan de forma inmediata.
Señorías, desde Puntas de Calnegre hasta Coy, desde Almendricos hasta La Hoya, los ciudadanos de Lorca y también los de la Región de Murcia nos piden que los 350 diputados hoy aquí presentes respaldemos con nuestro voto el decreto que hoy
trae el Gobierno para su convalidación. No es momento de enfrentamientos, señores, no es momento de reproches, no es momento de dividir, no es momento de restar, es la hora de apoyar este decreto que hoy presenta un gobierno comprometido con una
ciudad que desea ponerse en pie. Hace cientos de años alguien dijo que la convivencia y la configuración de una ciudad se encuentra en sus leyes. Con este texto, con este real decreto ayudamos a configurar la nueva Lorca; mejoramos sus
condiciones para garantizar la convivencia de su gente en torno a un gran proyecto de ciudad.
Señora ministra, gracias por su trabajo, este es el camino. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado,
- REAL DECRETO-LEY 13/2012, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE TRASPONEN DIRECTIVAS EN MATERIA DE MERCADOS INTERIORES DE ELECTRICIDAD Y GAS Y EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, Y POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS
DESVIACIONES POR DESAJUSTES ENTRE LOS COSTES E INGRESOS DE LOS SECTORES ELÉCTRICO Y GASISTA. (Número de expediente 130/000014).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos pues al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados interiores
de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
Para su defensa tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para solicitar de esta Cámara la convalidación del Real Decreto 13/2012, relativo a la trasposición de
determinadas directivas comunitarias así como de determinadas medidas para la reducción del déficit tarifario.
El real decreto cuya convalidación se solicita de esta Cámara consta de tres títulos. El título I tiene como objetivo la trasposición de tres directivas en materia de electricidad y gas, mientras que el título II trae como objeto la
trasposición de dos directivas en materia de telecomunicaciones. Estas directivas se deberían haber incorporado hace ya un año y existe por ello el riesgo de que España pueda tener una condena por incumplimiento de derecho comunitario si no se
incorpora su contenido a derecho nacional. Finalmente, el título III tiene que ver con determinadas medidas para paliar o limitar el déficit tarifario.
En lo que respecta al título I, que tiene que ver con las directivas de energía, las modificaciones más importantes en el régimen jurídico son las siguientes. En primer lugar, se introduce el concepto de consumidor vulnerable; en segundo
lugar, se refuerza la independencia de la autoridad regulatoria con el fin de facilitar el mejor funcionamiento del sector eléctrico; y en tercer lugar, se garantiza la independencia entre el operador del sistema y el resto de los agentes de las
eléctricas. Estas son las tres modificaciones más importantes respecto al título I.
En el título II, relativo a las directivas de telecomunicación, se trasponen dos directivas y las novedades más importantes son las siguientes. En primer lugar, se refuerzan los derechos de los usuarios, en particular en lo que hace
referencia a su privacidad, y también se reconoce el derecho de los usuarios con discapacidades o con necesidades especiales; en segundo lugar, se crea un marco más adecuado para el despliegue de las redes y para las inversiones de los operadores,
para permitir un uso más eficaz y eficiente del espectro; en tercer lugar, se acentúan las exigencias de garantía de la seguridad de las redes y servicios; y en cuarto lugar, se adoptan medidas dirigidas a garantizar la competencia efectiva en el
mercado.
En lo que se refiere al título III, el Real Decreto 13/2012 tiene que ver con el conjunto de medidas que en materia
de electricidad y gas se establecen para paliar o limitar el déficit tarifario. En términos generales, las medidas relativas a la electricidad tienen que ver con los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿por qué este real decreto-ley?
Para dar solución al problema del déficit eléctrico pues hasta ahora no solo no ha habido solución al mismo, sino que, año a año, desde el año 2004, viene creciendo ininterrumpidamente. De hecho, en el año 2004 tenía un nivel de 1.460 millones de
euros y al final del año 2011 son 24.000 millones de euros. En segundo lugar, tiene una cierta urgencia este decreto puesto que viene también como consecuencia de la necesidad de cumplir con los autos del Tribunal Supremo números 2, 8 y 12, del 15
de marzo de 2012, en respuesta a los recursos presentados por las compañías Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y también por Unesa contra la Orden 3586 del año 2011, de 30 de diciembre, de peaje de acceso a partir del 1 de enero de 2012.
¿Qué partidas y qué cantidades de desajuste hay que cubrir? Las partidas se refieren fundamentalmente en los autos a los desajustes producidos en los años 2011 y en el primer trimestre del año 2012. Representan, aproximadamente, una
cuantía de 3.150 millones de euros. La solución que se propone es un incremento de los ingresos a través de la orden de peaje de abril y una reducción de los costes mediante la redacción de este real decreto-ley. En cuanto al incremento de
ingresos, el real decreto que se propone convalidar lo que establece es una subida en la facturación de todo tipo de consumidores, tanto domésticos como gran residencial, pymes, industrial medio y gran industrial, de tal forma que se opere un
incremento en la tarifa de último recurso del 7 %, un incremento del 4,1% en gran residencial y pymes, un incremento del 2,8% en el industrial medio y un incremento del 0,9% en el gran industrial. Los ingresos así obtenidos ascenderían
aproximadamente a 1.286 millones de euros. ¿Cuánta reducción propone el real decreto-ley en cuanto a los costes? A través de la reducción de los costes en las siguientes partidas, que son distribución: operador del sistema, Comisión Nacional de
Energía, transporte y el IDAE. En cuanto a distribución, una reducción de 700 millones; el operador del sistema 20 millones; 600 millones entre el IDAE y la Comisión Nacional de Energía; transporte, 200 millones; pagos por capacidad, 80
millones; interrumpibilidad, 60 millones y ayudas al carbón, 50 millones.
Entre las medidas contenidas en el real decreto referidas al gas natural, hay que resaltar que se establecen para solucionar el problema incipiente que se empieza a dar en el sector gasista. Hasta ahora, el problema del déficit tarifario
solo se ha dado en el sector eléctrico. Por primera vez en el año 2011 también en el sector gasista tenemos un déficit incipiente en torno a unos 300 millones de euros. Lo que se propone es una reducción de costes con la orden de peaje de abril y
determinadas medidas que están incluidas en este real decreto-ley.
La reducción de costes se establece mediante las siguientes partidas. En primer lugar, medidas. Suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península. Suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados. No
retribución provisional para almacenamiento subterráneo. No acumular más de un año la anualidad devengada para almacenamiento subterráneo. Condicionamiento por el secretario de Estado de Energía de los contratos de operación y mantenimiento para
almacenamientos subterráneos y acta de puesta en servicio en dos fases, provisional y definitiva, para los almacenamientos subterráneos. En cuanto a la orden de peaje del mes de abril, en primer lugar, eliminación de los incentivos a contratar
capacidad de los gasoductos a corto plazo. En segundo lugar, limitar la posibilidad de interrumpibilidad a la zona realmente congestionada. En tercer lugar, eliminación de la opción de retribución específica de la distribución. Y, en cuarto
lugar, modificación del sistema retributivo de los almacenamientos subterráneos, aumento del plazo de amortización de veinte años de habilitación para solicitar auditorías económicas de las instalaciones.
Entro con el sector eléctrico. Como saben sus señorías, el precio de la luz, la tarifa eléctrica, viene determinado fundamentalmente por dos parámetros. En primer lugar, el precio que se deriva del componente de la subasta y, en segundo
lugar, los costes adicionales de los peajes, que incluyen el transporte, la distribución, la gestión comercial, los pagos por capacidad, los pagos por interrumpibilidad, los sistemas extrapeninsulares e insulares y también las primas al carbón y las
primas en régimen especial. A lo largo de los últimos años se ha producido en el sector eléctrico un incremento evidente en los costes, que se ha debido fundamentalmente al incremento en los peajes, lo que ha derivado en un menor volumen de
ingresos en relación con los costes, y ello a su vez ha derivado en un déficit eléctrico. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El aumento de los costes ha derivado fundamentalmente de dos cuestiones. En primer lugar, a un aumento de los
distintos peajes y, en segundo lugar, a un aumento también en las primas del régimen especial. Por su parte, la caída de los ingresos ha venido fundamentalmente motivada por una caída en la actividad económica general, que ha derivado también en
una caída de la demanda. Hubo un intento en el año 2009, por el Real Decreto 6 de aquel año, con el objetivo de terminar con el déficit de la tarifa. Se establecía en ese Real Decreto 6/2009 que en el año 2013 ya no habría ningún tipo de déficit.
¿Cómo habría de hacerse? Eso no lo decía el Real Decreto 6/2009. De hecho, este real decreto no tuvo éxito en cuanto al cometido que se había marcado y, a partir del año 2009, el déficit tarifario siguió aumentando. Hubo otro real decreto
posterior, con similar finalidad, que fue el Real Decreto-ley 14/2010, del mes de diciembre, conocido como medidas urgentes frente al déficit tarifario. En este real decreto se establecía como límite para el déficit, en el año 2010, 1.500 millones
de euros; en el 2011, otros 1.500 millones y en el año 2012 otros 1.500 millones de euros, con el compromiso, de acuerdo con
el real decreto-ley, que en el año 2013 ya no habría déficit de tarifa. Pues bien, hoy el déficit de tarifa eléctrica ya no es, señorías, un problema coyuntural sino un problema realmente estructural, porque hoy son 24.000 millones de euros
acumulados, 17.000 millones de los cuales están titulizados y, por tanto, con el aval del Estado. Lo que hoy -repito- es un problema energético, si no se le pone coto, si no se le pone límite, puede convertirse más pronto que tarde en un problema
financiero. Objetivo del Gobierno: intentar no solo que ese problema no se convierta en un problema financiero de toda la economía, sino sobre todo taponar, limitar, restringir la posibilidad de que el déficit tarifario siga multiplicándose año a
año a un ritmo que en la actualidad está en torno de los 5.500 a los 6.000 millones de euros.
Este real decreto-ley que traemos para su convalidación comporta una distribución de esfuerzos entre todos los que están implicados en el sistema y, por tanto, no hace recaer el peso del ajuste exclusivamente en los consumidores, no hace
recaer el peso del ajuste exclusivamente en los operadores y no hace recaer exclusivamente el peso del ajuste en el Estado. Hay quienes han planteado que todo el peso del ajuste recaiga sobre los consumidores, pero ello hubiese comportado un
aumento en el recibo de la luz, en la tarifa de último recurso aproximadamente un 40%, a todas luces insostenible. Nunca estuvo ello en el planteamiento del Gobierno.
Hay, además, una dificultad adicional, y es que ha habido a lo largo del mes de febrero autos del Tribunal Supremo que han venido a acelerar la necesidad de adopción de medidas. En concreto, el primero de los autos tiene que ver con un
recurso que plantearon tres operadores eléctricos (Iberdrola, Endesa, Gas Natural) junto con la patronal Unesa, contra la orden ministerial de peaje de enero, y ese recurso ha dado lugar a cuatro autos del Tribunal Supremo que fueron conocidos en el
mes de marzo. Estos autos fijan la obligación para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de establecer medidas cautelares positivas, por lo tanto en el propio auto ya se está adelantando lo que sería la medida cautelar, la sentencia y el
resultado final, lo cual obliga a redactar una nueva orden ministerial puesto que la medida cautelar se dicta en sentido positivo. Obligan también estos autos a incorporar desde el 1 de enero en la orden ministerial de peaje del mes de abril, la
cuarta parte -que es la correspondiente al primer trimestre- de la previsión total de exceso de déficit para todo el año 2012. Dado que la previsión máxima por ley para el déficit en el año 2012 son 1.500 millones de euros, si el déficit excesivo
son 3.200 millones quiere decir que esa cuarta parte son 800 millones. Segundo, respecto al recurso de las tres eléctricas más el recurso de Unesa que plantearon sobre la orden de peaje de octubre del año 2011, la empresa Iberdrola pidió también
una medida cautelar positiva y otro auto del Tribunal Supremo del 20 de diciembre obliga también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a corregir la orden ministerial de peaje del cuarto trimestre del año 2011, incorporando la corrección en
la orden ministerial del primer trimestre del año 2012, y a meter en la misma la mitad del déficit excesivo sobre el máximo de los 1.500 millones de euros. Tercero, aparte de todo ello la propia empresa Iberdrola plantea un incidente de ejecución
cuestionando la facturación que el Gobierno había hecho del 23 al 31 de diciembre del año 2011, de tal forma que el Tribunal Supremo dicta otro auto que obliga a refacturar otros 180 millones de euros correspondientes a ese periodo. Y, en último
lugar, hay una última sentencia del Tribunal Supremo, esta de fecha 24 de enero de este año, 2012, referida al bono social. En virtud de esta sentencia se declara inaplicable el Real Decreto-ley 06/2009, que obligaba a las compañías eléctricas a
financiar el denominado bono social por un importe de 150 millones de euros para todos los consumidores de menos de 3 kilowatios. Hay que tener en cuenta que este auto va en contra del acuerdo al que había llegado el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo en el año 2009 con las compañías eléctricas para que estas se hicieran cargo del pago del bono social a cambio de suprimir el proceso de minorización del CO2, lo que comportaba unos ingresos para las compañías de aproximadamente
unos 950 millones de euros. Es decir por una parte se comprometían a pagar el bono de 150 millones pero por otra tenían unos ingresos adicionales de 950 millones de euros. A pesar de eso, recurrieron el bono y ganaron; el auto del Tribunal
Supremo les dio la razón. Todos esos desfases, señorías, trajeron como consecuencia que tengamos que hacer frente a un desajuste para cumplir el objetivo de déficit tarifario; es un desajuste por un importe de 3.146 millones de euros. La
alternativa habría sido pasar todo a los consumidores, pero eso hubiese comportado un incremento en la tarifa simplemente insostenible. Por todo ello, necesitamos tomar medidas; sin perjuicio de otras que analicen posibles aspectos adicionales que
se tomarán a lo largo de las próximas semanas, se adoptó este real decreto-ley con el fin de poder proceder al cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo.
En relación con las medidas que tienen que ver con el sector del gas, las que contiene el real decreto son las siguientes. En primer lugar, se suspende la tramitación de las nuevas instalaciones de Gas Natural. Ello comporta suspender las
nuevas plantas de regasificación en la Península en función de la caída que se ha experimentado en la demanda. En segundo lugar, se procede también a la suspensión de la autorización administrativa de los gasoductos planificados. Segundo bloque de
medidas relativas al gas: modificación del sistema de retribución y puesta en servicio de almacenamientos subterráneos. Para ello a su vez se adoptan distintas medidas: en primer lugar, no devolver la retribución provisional para aquellas
instalaciones que las solicitaron -esto significa no hacer efectivas las retribuciones provisionales anuales, que son del 10% de la inversión acumulada y que es de aplicación hasta que se recibe el acta de puesta en servicio-; en segundo lugar, no
acumular el mismo año más de una anualidad devengada; en tercer lugar, la
Secretaría de Estado de Energía será la competente para condicionar los contratos de operación y mantenimiento; y, en cuarto lugar, el acta de puesta en servicio se dictará en dos fases, una provisional y otra definitiva.
En cuanto a la orden de peaje de Gas Natural hay que resaltar que en paralelo a este real decreto se eliminan los incentivos para contratar capacidad de gasoductos a corto plazo y se limita la posibilidad de interrumpibilidad a las zonas
realmente congestionadas. Se elimina también la opción de retribución específica y se modifica el sistema retributivo de los almacenamientos subterráneos. En definitiva, señorías, son medidas de trasposición de las directivas comunitarias y
medidas para paliar el déficit tarifario tanto en el sector eléctrico como en el gasista. Estos dos últimos aspectos son derivados de la necesidad de cumplir los sendos autos del Tribunal Supremo, que se dictaron por el Alto Tribunal a instancias
de los recursos que interpusieron contra las órdenes ministeriales del Ministerio de Industria, de Energía y Turismo las operadoras y la propia patronal. Para ello, solicito de esta Cámara la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra de la convalidación de este real decreto por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, como comprueban como consecuencia de la intervención del señor ministro se trata de un Real Decreto-ley, el 13/2012, muy complejo. Es un real decreto-ley que en la propia exposición de motivos se recoge
textualmente con el título Reforma de los sectores eléctricos y del gas. Eso se menciona en el real decreto-ley y no deja de ser una expresión ampulosa. Señorías, más que de una reforma se trata desde nuestro punto de vista de un conjunto de
múltiples medidas de replanteo y de recorte de costes del sistema energético español sin que en modo alguno constituyan una reforma estructural del sistema eléctrico o gasístico. Para entendernos, señorías, el carácter de la norma -para aquellos
que no hayan acudido al Boletín Oficial del Estado- piensen que ocupa noventa y dos páginas, diecisiete de las cuales corresponden a la exposición de motivos, y todo ello pone de manifiesto que es una multiplicidad de elementos recogidos en la norma
que plantea a todo el sector energético español. ¡Menudo real decreto-ley ambicioso! En cualquier caso, podemos admitir que la primera intención de esta norma es la de trasponer -que era necesario hacerlo- buena parte de las obligaciones de las
directivas europeas que aún estaban pendientes de trasponer al ordenamiento jurídico español. Así, se consideran elementos de las directivas 2009/72 y 2009/73 sobre el mercado interior sin olvidar parte de las obligaciones de una anterior 2009/28,
sobre fuentes de energía renovables.
Además, el real decreto-ley establece otras medidas que tanto cualitativa como cuantitativamente afectan a la regulación del sector y tienen cierta afectación económica y jurídica y van en la línea de actuar sobre el déficit tarifario, como
ha manifestado el señor ministro. Nosotros entendemos que esta norma no sería la única medida en adoptarse, dado que sus medidas son insuficientes para afectar a la problemática actual del sector energético español. Quiero destacar que las medidas
planteadas por esta nueva regulación son mucho menos relevantes en el sector gasístico que en el eléctrico, como ha dicho aquí también el ministro, y probablemente porque los déficits de cada uno de los sectores anteriores son sustancialmente
diferentes, de unos trescientos y pico a los 24.000 millones de euros, también en números redondos. Ante el trámite parlamentario de convalidación de este real decreto-ley parece razonable analizar críticamente las propuestas del mismo en el ámbito
energético, a la vez que parece razonable la conveniencia de estudiar las medidas propuestas y su efecto real para reducir el déficit evaluando sobre todo su impacto sobre consumidores, transportistas, distribuidores y productores. El real
decreto-ley, al margen de trasponer el tercer conjunto de medidas establecido por las directivas comunitarias a las que he hecho referencia, desarrolla el compromiso principal del Real Decreto-ley 6/2009, por el cual se creaba el fondo de
titulización del déficit eléctrico, la tarifa de último recurso y se limitaban los déficits por ley para que los peajes eléctricos fuesen suficientes en el año 2003, como se ha dicho también. Probablemente este hecho, por sentencia del Tribunal
Supremo, sea uno de los más relevantes -el cumplimiento de una legislación previa y vigente de un Ejecutivo anterior-, dado que de forma implícita reconocemos la importancia de la resolución del déficit tarifario que va a requerir el esfuerzo de
todas las fuerzas políticas representadas en este arco parlamentario, de las instituciones de las distintas comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. El otro principal elemento de este real decreto-ley es que todo el recargo de los
peajes no incide únicamente sobre el consumidor final. Efectivamente, esta actuación se distribuye en varias medidas que suponen ahorro para el sistema y, a la vez, establece recortes a los distribuidores y transportistas. Por todo ello -lo
afirmamos y es una de las razones por las cuales pedimos su posterior tratamiento como proyecto de ley, y creemos que debe tener esa ruta que estamos indicando-, no es una reforma estructural del sistema, sino más bien un simple ajuste, no
exhaustivo, de varios elementos de la vinculación vigente.
Señorías, a efectos -reitero- de quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el real decreto-ley, el título I de modificaciones, relativo a la trasposición de directivas en materia de energía, recoge en su artículo 1 toda una serie de
modificaciones de distintos artículos de la
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Se modifican los artículos 3, 9, 10, 14, 34, 41, 44, 45, 46, 60, 61, 66, etcétera; disposiciones de una ley fundamental que no puede ser modificada en modo alguno por un real decreto-ley o por un título
de un real decreto-ley como el que estamos analizando ahora. Además, el señor ministro y todas sus señorías saben que el Grupo Parlamentario Socialista desde luego solicitó el turno en contra y votó en contra del Real Decreto-ley 1/2012, por el
cual -usábamos esta terminología- se ha producido un hachazo espectacular al desarrollo de las energías renovables en nuestro país: a la cogeneración, a la fotovoltaica, a la termosolar, a la eólica, y así sucesivamente. En su artículo 1, hay unos
retoques pequeñitos -no podemos calificarlos de otra manera-, como aquellos que se refieren, en esta materia de energías renovables, al fomento y regulación del autoconsumo, entendiendo como tal la producción individual de energía eléctrica
destinada al consumo en la misma ubicación, que ha de ser ampliamente regulada, y el Grupo Parlamentario Socialista ya ha presentado para su debate en la Comisión una proposición no de ley al respecto. Lo más destacable de esa norma es que el
autoconsumidor no sería un productor sino un consumidor, como define la normativa comunitaria -consumidores directos de mercado-, y en consecuencia se reducen en buena medida las obligaciones legales de los generadores. Todo ello está recogido en
las modificaciones que se introducen, concretamente en el artículo 9 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico que -reitero- se modifica extraordinariamente en este Real Decreto-ley 13/2012.
Hay una serie de conceptos a los que por premura de tiempo no podemos referirnos, pero sobre el artículo 2 conviene desde luego que les indiquemos algo a sus señorías, a efectos de una mejor comprensión de la temática que estamos tratando.
Dicho artículo modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Hemos hecho referencia a la modificación de la Ley 54 del Sector Eléctrico, ley del año 1997. Ahora en el sector de los hidrocarburos -ahí va esto- se modifican los artículos 3,
4, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 81, 92, 100, 101, 109, 110, 116, etcétera. ¿Cómo se va a modificar una ley de casi ciento cincuenta artículos de manera incoherente, dando saltos, modificando puntualmente su terminología? Qué falta
de coherencia, qué falta desde luego de rigor, de rigor procedimental y de rigor intelectual. No podemos aceptar, señor ministro, una modificación de una ley tan importante como la del sector gasístico mediante un real decreto-ley.
La trasposición de las directivas (2009/72, 2009/73, 2009/28), que se hace parcialmente, se realiza ciertamente con retraso; debía haberlo hecho el Gobierno anterior, es cierto. Se corre el riesgo de sanciones por parte de las
instituciones comunitarias, es cierto, pero no impide en modo alguno que se pueda producir, y pedimos que la Cámara se pronuncie al respecto en forma de tratamiento como proyecto de ley. El sector energético español tiene que definirse en una
perspectiva de los próximos quince o veinte años para que podamos avanzar racionalmente, cosa que no ha ocurrido en el pasado, pero si nos paramos a mirar por el retrovisor, desde luego no avanzamos. Nosotros ofrecemos avanzar pero con rigor, con
métodos, con sistemática, y eso es lo que no lleva el real decreto-ley. Señorías, aparentemente se producen circunstancias tan contradictorias como que en este artículo 2 se atribuyen nuevas funciones a la Comisión Nacional de la Energía,
especialmente en el apartado 32 de dicho artículo, y se le proporcionan catorce nuevas funciones. Con ello aparentemente se refuerza la independencia y la autonomía funcional de la Comisión Nacional de la Energía en relación con sus actuales
competencias. Sin embargo, hay que precisar desde nuestro punto de vista que, en primer lugar, la mayor parte de las nuevas funciones se refieren a velar por o supervisar -tal como dice textualmente el real decreto-ley-, mientras que apenas se le
atribuyen capacidades de decisión en materia de fijación de precios y tarifas, inspección y sanciones de conductas irregulares. En segundo lugar, la regulación contenida en este real decreto-ley no parece coherente con el contenido de un
anteproyecto de ley procedente del Gobierno por el cual se crea una macrocomisión de los mercados y de la competencia que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros y ha remitido a esta Cámara. En este anteproyecto se devuelven al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo competencias atribuidas a la Comisión Nacional de la Energía, se reduce el grado de autonomía funcional y organizativo de la Comisión Nacional de la Energía, se integra la misma en una nueva comisión cuya idoneidad
jurídica y eficacia funcional han sido fuertemente criticadas por los actuales consejos de los organismos reguladores y por los expertos en la materia, así como el título III, al que también ha hecho referencia el señor ministro, sobre el sector
eléctrico. Comprenderá, señor ministro, que tenemos el tiempo tasado pero qué debate tan rico necesita esta Cámara sobre esta materia. En ese debate tan rico nosotros querríamos ponerle de manifiesto que el real decreto-ley no contiene ninguna
medida relevante en relación con el mercado mayorista de energía cuyo coste supone alrededor del 50% del coste total, de lo que parece deducirse que este mercado funciona de forma eficiente según, desde luego, lo contenido en el real decreto-ley y
según opinión del Gobierno. Sin embargo, estimamos que es evidente que dicho mercado tiene serias debilidades competitivas y produce rentabilidades muy desiguales para las diversas tecnologías de generación.
Nos preocupan las reducciones de algunos de los costes regulados en distribución, transportes, servicios y gestión de la demanda, de interrumpibilidad, y así sucesivamente, que no responden a criterio objetivo alguno. De los 1.749 millones
de euros, el 45%, de reducción de costes previstos para 2012, 790 corresponden a ingresos excepcionales, a fondos procedentes del Instituto para la Diversificación del Ahorro de la Energía que lo vacían financieramente y de la propia
Comisión Nacional de la Energía, que también se vacía. Se renuncia a la financiación presupuestaria de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares. Usted me va a entender perfectamente y estoy convencido de que vamos a poder
coincidir. Por lo que se refiere a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, hoy en día demonizados como uno de los principales causantes del déficit tarifario, sorprende el tratamiento, señor ministro -usted me está prestando atención
sin duda alguna- al que les va a someter el Gobierno en este Real decreto-ley 13/2012, objeto de esta convalidación. El artículo 7 que se llama expresamente -lo digo a efectos de conocimiento de todos- Establecimiento de medidas en los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares, la disposición adicional quinta de este real decreto-ley titulada Limitaciones al sobrecoste por cambio de combustible en los sistemas insulares y extrapeninsulares, así como la disposición final cuarta
también titulada Modificación del Real Decreto-ley 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos y extrapeninsulares, les proporcionan un vuelco total con incorporación al déficit tarifario, como usted ha dicho, de los
extracostes insulares y eliminación de los mismos de los Presupuestos Generales del Estado. Tres normas en este real decreto-ley hacen, señor ministro, señorías, que los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares se saquen del esquema de
solidaridad estatal, como está la financiación del transporte de mercancías con las islas, y así sucesivamente, de la solidaridad del Estado -se saca, repito, de la solidaridad del Estado, del pueblo español- y se introduce en el déficit tarifario.
Señor ministro de Industria, Energía y Turismo, el señor Montoro, ministro de Hacienda, le ha ganado la batalla a usted, porque es quien pretende bajar el déficit en los Presupuestos Generales del Estado, pero no tiene inconveniente en
incrementar el déficit tarifario. Ha eliminado, como había impulsado el Gobierno socialista, un principio de solidaridad, cargando sobre el consumidor una solidaridad que debe ser estatal.
Quiero dejarle claro que en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico se estableció la necesidad de un desarrollo reglamentario específico para estos sistemas -no nos olvidemos: Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y el archipiélago canario- que
verdaderamente no se llegó a concretar hasta pasados nueve años, en marzo del año 2006, cuando se publicaron las respectivas órdenes ministeriales, y cuyos desarrollos efectivos se han producido a raíz de la disposición adicional primera del Real
Decreto 6/2009 y se estableció el sistema de compensación y extracoste de generación que se ha remitido a los Presupuestos Generales del Estado, como le he dicho.
Ahora sorprendentemente, como hemos puesto de manifiesto y como he pretendido transmitir a sus señorías, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 hay una disposición trigésima octava, hay una disposición
derogatoria segunda del articulado, se deroga la disposición adicional quinta compensaciones para los extracostes de generación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y se deroga el contenido sobre ello del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de ustedes, el primer real decreto-ley que aprobaron ustedes, que recordarán perfectamente, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; producen una
transformación espectacular, reitero, en contradicción con planteamientos recogidos por el actual Gobierno del Partido Popular que seguía en diciembre del año pasado la misma directriz que llevaba el Gobierno anterior. Este es un tema muy grave;
este es un tema sobre el que alertamos gravemente. Por favor, señoría, no es un esquema chovinista de un canario, en modo alguno; intento en representación del Grupo Parlamentario Socialista español dirigirme a todos ustedes alertando sobre la
gravedad de este fenómeno.
Termino, señor presidente. Somos conscientes de que dentro de la limitación de tiempo no podemos hacer la aportación sólida e intelectual que quisiéramos hacer. Se nos queda atrás un montón de normas recogidas en esas noventa y dos páginas
en el Boletín Oficial del Estado sobre la modificación del funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía y sobre el vaciamiento que se produce extrayendo del orden de 600 millones de euros de los presupuestos del Instituto de Diversificación
y Ahorro Energético, del IDAE. Hay algo muy grave, señorías, el ajuste del programa E4 -repito, E4-, que, como bien saben ustedes, es un programa dedicado a un plan de ahorro y eficiencia energética.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene usted que terminar.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
¿Cómo es posible que se produzca ese vaciamiento? Se modifica el funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía, el de Red Eléctrica, el del operador del sistema, el de los sistemas de almacenamiento subterráneo de gases, y así
sucesivamente. En consecuencia, y con ello termino, señorías, se trata de un real decreto de una ambición excepcional, que fracciona, trocea dos importantes columnas vertebradoras del sistema energético español, la Ley 54/1997, del Sector
eléctrico, y la Ley 38/1992, del sector gasístico. Los trocea, no hace un diseño racional de futuro y a buen seguro -ahí queda en el 'Diario de Sesiones, ya veremos a final de año- se va a producir un lamentable incremento del déficit tarifario, y
no definimos un futuro para el sector energético español para integrarlo...
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene que acabar
El señor SEGURA CLAVELL: ... de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente, y disculpe. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrán el señor Jorquera y la señora Jordà, pero el orden es el que me digan ustedes. (Pausa). Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, debido a lo reducido del tiempo, permítame que me centre en las medidas contenidas en este decreto para corregir los déficits acumulados en el sector eléctrico. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno pretende
frenar el aumento del déficit tarifario a través de una estrategia equivocada, que no aborda el principal problema, las enormes deficiencias en la regulación. Según la Comisión Nacional de la Energía, el Estado español tiene la tercera tarifa
doméstica más cara de treinta y tres Estados europeos, solo superada por Chipre y Malta; además la tarifa para grandes consumidores está también entre las más caras de Europa. Si tenemos las tarifas tan caras ¿cómo es posible que se genere este
ingente déficit tarifario? Desde nuestro punto de vista, el problema está en la propia normativa legal y su desarrollo reglamentario. El problema de fondo está en la Ley del Sector Eléctrico, aprobada por el Gobierno Aznar. Por ello, es necesario
un nuevo régimen legal que corrija a fondo la situación actual, abordando, entre otras, las siguientes cuestiones: primero, la revisión de la retribución en el mercado mayorista para adecuarla a los costes reales de producción, evitando los
denominados beneficios caídos del cielo, en particular los vinculados a la energía nuclear y a la energía hidroeléctrica que contribuyen a inflar el déficit de tarifa; segundo, la exclusión de la tarifa eléctrica de costes que no tiene relación con
su funcionamiento y encarecen el servicio a los consumidores y usuarios -actualmente de cada 100 euros de la tarifa 45 son costes ajenos a la actividad de producción, generación o distribución, que desde nuestro punto de vista deben ser en algunos
casos eliminados y en otros tratados de otro modo-; y, tercero, la revisión del déficit actual estimado, pues ya hubo compensaciones a las grandes eléctricas con los costes de transición a la competencia, por importe de 6.000 millones de euros.
Además el real decreto pretende recortar los costes del sistema eléctrico, exigiendo un esfuerzo que se centra sobre todo en los consumidores, sin siquiera intentar ajustes en el propio sistema. Pongo un ejemplo, señorías, señor ministro. Apenas
introducen reducciones a los ingresos de Red Eléctrica Española, que actúa en régimen de monopolio, cotiza en máximos en el Ibex y sobre todo genera importantes retribuciones a consejeros y personal directivo. Por las razones expuestas, el Bloque
Nacionalista Galego votará en contra de la convalidación de este real decreto-ley y apoyará que sea tramitado como proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Permítanme unas palabras, con la venia del presidente, muy rápidas, muy rápidas sobre una conmemoración histórica antes de entrar en el debate. (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al
'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Avui 25 d'abril, els valencians i les valencianes i la resta de ciutadans dels Països Catalans commemorem la Batalla d'Almansa, on el poble lluità contra l'opressor borbònic; avui 305 anys després renovem
el compromís d'assolir un País Valencià lliure).
Ahora sí, señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, la tarifa eléctrica de último recurso, a la que están acogidos unos 17 millones de hogares y pymes de este país, subirá un 7%. Este, en definitiva, es el resumen de
este real decreto, con el que se da un nuevo golpe a las familias y a los sectores productores de este país, a los autónomos, unos autónomos que ya arrastran serias dificultades para mantener sus negocios, provocando un nuevo empobrecimiento de
estos, estos que ya viven agobiados por la fiscalidad, por la morosidad y por la falta de financiación. Señorías, este es un brutal tarifazo. Es lamentable que en plena crisis económica se siga castigando la economía de las familias únicamente
para satisfacer los intereses del sector energético o, mejor dicho, de las cinco grandes empresas de dicho sector. Lo peor de todo es que, pese al incremento de la tarifa de último recurso, el sector seguirá generando el denominado déficit
tarifario, un déficit que se produce desde hace más de una década y que, según el propio sector, los ingresos obtenidos a través del recibo de la luz no cobran todos los costes que soporta el sistema. Reclamamos transparencia sobre la subida, una
subida que puede no limitarse al 7%, sino que puede ser aún muy superior y esto, evidentemente, puede agravar mucho más la situación. No podemos tampoco dejar de denunciar la metodología de subastas en la que se basa el Ejecutivo para decidir la
evolución del precio del kilovatio/hora, una metodología viciada y que implica tomar decisiones al dictado de las grandes empresas del sector energético.
Señor ministro, ustedes quieren cumplir unas normas europeas bajo amenaza de penalización y quieren también corregir el déficit tarifario, intentando parar así la sangría anual que supone, porque el problema no es solo el déficit que se
genera cada año, sino también aquel que tenemos acumulado y el que se va sumando cada 365 días. Estamos, pues, asistiendo a unas medidas extremadamente proteccionistas, al statu quo clásico y a un sistema sobredimensionado a nivel de potencia
instalada. El Estado español -ya se ha dicho hoy aquí- es el Estado de la Unión Europea continental donde la luz es más cara. En los últimos cinco años, el precio medio ha subido más de un 60%, lo que implica
una reducción indirecta del salario de aquellas personas que lo perciben o de la prestación. Esto significa empobrecimiento de la población y especialmente, como siempre, de la más necesitada, un empobrecimiento que está directamente
relacionado con el beneficio neto de más de 10 millones de euros en 2011 de las grandes compañías eléctricas. En definitiva, esta tarifa eléctrica y gasista no tiene correlación ni con la actividad económica ni con el volumen de salarios ni tampoco
con el consumo del país. Así pues, el gran problema -dejen que lo diga claro- no es el déficit tarifario, sino el ineficiente sistema eléctrico y el ineficiente sistema de fijación de precios, que hace que tengamos este déficit pese a ser el país
de la Unión Europea continental, como ya he dicho, más caro.
Señorías, un país moderno debe cambiar la lógica del crecimiento infinito del consumo. Por tanto, es de cajón revisar la planificación del sector teniendo en cuenta la reducción del consumo a través de las nuevas tecnologías y también la
entrada de energías renovables a precios absolutamente competitivos con el mercado. Evidentemente, esto implica cerrar las centrales más contaminantes, implica cerrar las nucleares e implica también una moratoria de nuevos ciclos combinados. No
podemos dejar de decir tampoco que no se ha pensado en el consumidor en el momento de hacer el proceso de liberalización. Únicamente se ha pensado -una vez más- en el sector, y esto es escandaloso. Otro ejemplo de incumplimiento con la Unión
Europea es el hecho de que no se permita el autoconsumo energético; es decir, que empresas y particulares puedan producir y consumir simultáneamente y solo paguen el excedente. Este posible incumplimiento genera un alto riesgo de desaparición de
muchas pequeñas y medianas empresas y esto -al menos según nuestro parecer- no nos lo podemos permitir en este país; ni ahora ni nunca, pero ahora mucho menos.
Acabo con cuatro conclusiones. Primera, el consumidor no debe asumir un déficit que no ha generado ni tampoco sufrir un mal proceso de liberalización. Segunda, la dependencia energética del Estado es de un 80% de la energía que consume y
esto es, señorías, totalmente insostenible. El déficit tarifario representa casi el 3% del PIB. Tercera, es necesaria una reforma estructural mucho más ambiciosa. El sistema tiene serios riesgos de colapso y de llevarse a la economía por delante.
Y, cuarta, no se trata de generar más déficit, sino de reasignar los beneficios. En definitiva, la única solución es que los que hasta ahora ganaban mucho dejen paso a nuevos agentes y se deje de castigar -como ya nos tienen acostumbrados- a las
clases populares de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Industria, Energía y Turismo, la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. El cambio climático, el
incremento de la dependencia energética y los precios más elevados son retos a los que hay que enfrentarse y que necesitan propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores, sino también al sector de la
energía, que es estratégico en el sistema productivo. El Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco, como siempre, ha trabajado con ahínco para que el desarrollo del sector energético y la energía redunden no solo en beneficio de los
ciudadanos que les han elegido y de sus empresas, sino también en defensa de que el sistema sea sostenible tanto económica como medioambientalmente y, en nuestro caso, comprometidos con el entorno en el que desarrolla su labor. El Grupo
Parlamentario Vasco es consciente de que el sector energético español tiene que afrontar importantes retos de futuro que requieren una política de energía a largo plazo, proponiendo y apoyando medidas que reflejen los objetivos básicos en cualquier
política energética de competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro.
El Real Decreto-ley 13/2012 que hoy se nos presenta para su convalidación contempla medidas dirigidas a trasponer al ordenamiento jurídico español las directivas de gas y de electricidad, parcialmente la relativa al fomento de las energías
renovables y del nuevo marco regulador en materia de comunicaciones electrónicas. Junto a lo anterior, aborda con carácter de urgencia medidas que tratan de intentar eliminar el desajuste entre ingresos y costes regulados en el sistema eléctrico, y
en mucha menor medida del gas, y la previsión de revisión de los peajes de acceso a las redes de energía eléctrica y gas, de forma que se pueda aplicar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que han invalidado parcialmente las órdenes de tarifas
recientes y, a su vez, permita ajustar los peajes de acceso. Este real decreto-ley, señor ministro, presenta luces pero también algunas sombras para resolver sobre todo la difícil situación del sistema eléctrico. El desequilibrio actualmente
existente entre sus ingresos y costes en el sistema eléctrico, es decir, el famoso déficit tarifario, valorado actualmente en unos 24.000 millones de euros, es un aspecto clave a resolver para el desarrollo de la política energética del futuro. El
déficit tarifario ha pasado de ser una consecuencia temporal de los desajustes anuales transitorios entre ingresos y costes del sistema, a convertirse en un problema estructural cuya resolución deviene imprescindible en el momento actual por el
riesgo que conlleva para la sostenibilidad económica del sistema y para la seguridad del suministro. Si no se solventa el mismo no hay política estable posible, por ello creemos que abordar medidas para su arreglo es ineludible, de forma que nos
permitan solucionar la problemática descrita con carácter
permanente. Por lo tanto, ojalá esta ley pueda ser el principio tan necesario para el camino a dicha solución.
Quiero recordar que de los citados 24.000 millones de euros existentes a finales del año 2011, todavía están a día de hoy en los libros de las empresas aproximadamente 5.500 millones de euros sin contar con el déficit a generar en el año
2012, que tampoco es una cantidad nada despreciable. Creemos que algunas de las medidas que aquí se plantean pueden ir en la dirección correcta si su desarrollo reglamentario es correcto y coherente, pudiéndose señalar como medidas en esta
dirección, en primer lugar, la corrección de la evolución del extracoste de actividades de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que hace que sea necesaria una revisión en el corto y medio plazo del modelo retributivo
en estos sistemas, aunque seguimos pensando que adicionalmente hay que continuar con la formulación ya establecida en el Real Decreto-ley 6/2009, que aplique su traspaso gradual a los presupuestos del Estado. En segundo lugar, la corrección de la
planificación de las infraestructuras basada en escenarios macroeconómicos que no reflejan la situación real actual. También la reducción de las cantidades de carbón y su volumen máximo de producción, que si bien está en la buena dirección, es una
cuestión debatible. Asimismo, en el momento actual nos encontramos ante una situación de baja demanda de energía eléctrica y de un bajo riesgo de déficit en capacidad instalada y, por tanto, existe la necesidad de la adaptación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad mientras dure esta situación de exceso. También nos parece positiva la aplicación de la metodología retributiva para la disolución que se apoyaba en la contabilidad regulatoria y en un modelo de referencia
a aquellas empresas de más de 100.000 clientes cuyas cuantías procedían de la anterior metodología, y para aquellas de menos de 100.000 se les está retribuyendo en función del margen que genera la actividad del suministro que, a día de hoy, ya no
ejercen las empresas distribuidoras. También creemos que es positiva la inclusión de las disposiciones necesarias para proceder al ingreso en el sistema eléctrico por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de las
cantidades que habiendo sido ingresadas con cargo a la tarifa para la financiación del Plan de acción 2008-2012, no hayan sido efectivamente aplicadas a las actuaciones. De igual manera, resultará necesario proceder a una revisión de los peajes de
acceso, de manera que se obtengan los ingresos suficientes para completar las medidas anteriores, de forma que se puedan eliminar los desajustes existentes en 2012, con el fin adicional de dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Supremo.
Será importante que el desarrollo reglamentario se realice correctamente, de forma que la distribución de la elevación de los peajes de acceso no suponga la pérdida de competitividad del tejido productivo, ya que es uno de los pilares que nos
permitirá ayudar a salir de la actual crisis y tiene mucha importancia también en Euskadi.
Dicho esto, es también objetivamente señalable que alguna otra medida no va en la dirección que claramente necesita el sector. Basta recordar que la implementación de una mejora en el transporte, la distribución y el suministro eléctrico en
forma de redes inteligentes es fundamental para el desarrollo del mercado interior de la energía, según establece la propia Unión Europea. Es un aspecto además clave para conseguir una generación de menores emisiones de CO2, lo cual, combinado con
la mayor eficiencia en el lado de la demanda, motivará a los consumidores hacia una mayor interacción con el sistema de suministros de energía y, por tanto, a una mejora de su eficiencia. Pero vemos una medida que claramente no va en esa dirección,
como es la reducción de la retribución de la distribución del sector eléctrico que, además de suponer una reducción clara de las inversiones que se realizarán a futuro, pone en cuestión no solo el posible desarrollo tan necesario de las redes
inteligentes o smart grids, sino también las inversiones actuales de mejora del parque eléctrico, suponiendo, por lo tanto, un impacto en el sector industrial como pymes o industrias que verían afectada su competitividad de manera inmediata, con
consecuencias de especial relevancia en un contexto generalizado de crisis como el actual. Esta medida afecta, además, muy negativamente a la actividad de empresas importantes en Vizcaya y en Euskadi, cuyo empleo puede verse también negativamente
afectado. Teniendo en cuenta también que la actividad económica y el empleo indirecto inducido por esas inversiones es considerable, el impacto negativo en este sentido es aún, si cabe, mayor. Este es un aspecto importante para nuestro grupo
parlamentario, señor ministro. Sabemos que se puede argumentar que la reforma del procedimiento por el que se determina la retribución de la actividad de la distribución se realiza con el fin de vincular la retribución a los activos en servicios no
amortizados, eliminando bolsas de retribución no justificadas como aquellos activos ya amortizados, pero no hay que olvidar que el método utilizado de red de referencia para la retribución de la distribución ya establece una reducción del 20% de las
inversiones que el modelo contempla. Asimismo, se debería avanzar hacia una mejor asignación de costes para los clientes conectados a la misma, es decir, mediana y pequeña empresa y la mejora de su competitividad. Debe modificarse el rango de la
tarifa de acceso de forma que los peajes de acceso sean similares para las empresas conectadas a líneas que realicen una función de subtransporte independientemente del escalafón de tensión, como ocurre discriminadamente en el País Vasco.
Por último, quiero señalar, señor ministro, que no son las únicas medidas que se podían haber adoptado para posibilitar una situación de equilibrio y sostenibilidad, no solo en el corto sino, más importante, en el medio y largo plazo. Las
medidas adicionales deben ir encaminadas básicamente en dos direcciones: mejora de ingresos y reducción de los costes. Existen medidas alternativas que permiten cambiar algunas pautas como
la de la distribución, permitiendo converger en la solución el déficit tarifario. No tengo tiempo suficiente para explicarlas y desarrollarlas hoy aquí, pero, señor ministro, nuestro grupo parlamentario tiene ideas, tiene propósitos y tiene
voluntad para llegar a acuerdos con el Gobierno en estas materias. En el contenido del real decreto-ley no hemos tenido la oportunidad de fijar nuestras posiciones. Espero que en el futuro sí la tengamos y podamos precisar nuestra posición
política desde un mayor compromiso. Hoy, valorando los aspectos positivos y negativos del contenido del mismo, vamos a abstenernos a la hora de votar la convalidación de este real decreto porque creemos que el impacto local en la actividad y el
empleo en Vizcaya -como antes le señalaba- de algunas de las medidas contempladas, es considerable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos han traído un real decreto-ley que habría que calificar de enciclopédico, y justamente ahí es donde nosotros le vemos el problema, es decir, la enorme cantidad de temas que aborda y de naturaleza diferente. Es verdad que
el Gobierno anterior cometió una negligencia inexcusable al tardar tanto tiempo en trasponer estas directivas europeas, que son además fundamentales, pero, dicho esto, nos parece que ustedes han abusado de la oportunidad que dan los reales
decretos-leyes de introducir otra serie de cuestiones que exigirían, en una democracia seria como tantas veces repetimos, un tratamiento legislativo propio. Sin ir más lejos, la cuestión del déficit tarifario, que es la que está apareciendo más en
las intervenciones de todos los portavoces en este debate tan interesante que hasta nos ha permitido evocar la Batalla de Almansa, nada menos. La verdad es que es impresionante la breve relación de los temas que he ido viendo que contiene el real
decreto-ley: autoridad reguladora del sector eléctrico, gestión de red troncal de gas, comunicación electrónica, derechos de los operadores, derechos de los usuarios, protección de datos y derecho a la intimidad, dominio público radioeléctrico,
protección consumidores de electricidad, obligaciones comercializadoras, peajes de acceso a red, el sistema gasista, etcétera, y luego, el déficit tarifario del que hablábamos y una cuestión fundamental, que es la de las competencias de los entes
reguladores independientes.
¿Qué ocurre con todo esto? Lo que le decíamos, es decir, que estando de acuerdo con muchas de las cosas que contiene el real decreto, que además nos parece que mejoran de una manera indudable la situación del mercado energético español -la
trasposición de directivas europeas en general ha sido siempre muy favorable para el aumento de la competencia y la mejora de las condiciones del mercado-, sin embargo hay cuestiones que tienen un perfil político, en nuestra opinión, completamente
diferente, por ejemplo la de las competencias de los reguladores. Como ya se ha dicho por otros intervinientes, el real decreto aparentemente les da más competencias, pero son de supervisión, no son competencias ejecutivas, y esto en concreto nos
parece un error. De hecho, consideramos que el déficit tarifario no se hubiera producido en España y no hubiera llegado a la situación actual si hubiera habido un sistema de control por reguladores independientes, es decir, si los sucesivos
Gobiernos no hubieran tenido la competencia o la posibilidad de manipular los precios para crear la situación actual. Por cierto, se habla mucho a este respecto también de si hay que proteger o no a los consumidores de las consecuencias. Seamos
serios. Todos sabemos que los consumidores, que somos todos nosotros, siempre acabamos pagando el pato. No va a haber ningún real decreto-ley que impida que al final el disparate que ha significado el déficit tarifario lo acaben pagando los
consumidores, sea en su factura o sea por vía de impuestos; así de claro. No lo va a pagar nadie que no seamos nosotros. Tampoco nos parece que ese sea el debate, sino que tendrá que ser abordar qué se ha hecho mal y rectificarlo. En ese
sentido, nos parece esencial que se aborde un debate serio sobre las causas del déficit tarifario y las soluciones políticas, administrativas y económicas que el asunto tiene. Nos parece que no es manera meterlo de pasada en una trasposición de
directiva de la Unión Europea, que es cierto que da para mucho, para muchísimo, pero, cuidado, tampoco da para todo. Por eso les hemos pedido, pero parece que no están por la labor, que tramitaran como ley este decreto-ley, precisamente para poder
presentar enmiendas, aprobar las que nos parezcan interesantes y proponer mejoras en otras cuestiones que nos parece que exigen -insisto- un tratamiento legislativo distinto en una democracia parlamentaria. No nos olvidemos, aunque a veces esto
parezca una mera utopía, es una democracia deliberativa; si no se discute, si no se delibera, si no se debate, vamos en contra de lo que es nuestra función constitucional.
Como les decía, esa es nuestra intención. Si ustedes aceptan la tramitación como ley de este decreto-ley que solicitamos, votaremos a favor. En caso contrario, lo lamento, pero votaremos en contra, no porque no estemos de acuerdo -insisto-
con gran parte de lo que contiene, sino porque no nos permite desempeñar la función parlamentaria para la que estamos, que es abordar con profundidad por lo menos esas dos cuestiones que nos parecen que son diferentes, el déficit tarifario, sus
consecuencias y orígenes u orígenes y consecuencias, y el problema de las competencias de los entes reguladores independientes, que -insisto- hay que desarrollar y potenciar por razones de transparencia y de calidad de los mercados y de la economía
española. Por cierto, el propio decreto-ley reconoce, además, que la trasposición de la directiva es parcial, no es completa. Si lo hemos
entendido bien, esto podría traernos problemas, porque si bien nos evitaríamos la multa por no haber hecho la trasposición a tiempo, lo cual es verdaderamente impresionante, sí corremos el riesgo de que al ser una trasposición incompleta
sigamos teniendo problemas con la Comisión Europea. En resumidas cuentas, este es el problema que vemos. Es un problema -insisto- de tipo político y no técnico, que recuerda a aquella frase famosa que se atribuye al canciller Bismarck, cuando
dijo: Hay dos cosas que la gente no debería saber, cómo se hacen las leyes y cómo se hacen las salchichas, porque se hacen de un modo muy parecido, metiendo de todo. Pues aquí nos encontramos con un decreto-ley salchicha, en nuestra opinión, o,
para ser más afines a nuestra tradición gastronómica, un decreto morcilla.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señor ministro, nos presenta hoy un macrodecreto-ley sobre cuestiones que son estratégicas y de calado para nuestro país, como es el sector eléctrico, la energía y las comunicaciones, y lo vuelven a hacer sin diálogo; vuelven a hacerlo con
el autoritarismo y la precipitación que caracterizan al Gobierno, y ahora no hablo por usted, que tiene un talante dialogante como ministro, pero sí es verdad que hay que hacer esa reflexión. En lo que llevan de legislatura han hecho dieciséis
decretos-leyes y entendemos que esta no es la manera de gobernar, por eso mi primera crítica a las formas. Están tensionando las costuras que revisten la democracia, y si lo digo con esta gravedad es precisamente porque las decisiones en política
energética condicionan nuestro futuro a medio y largo plazo y también el bienestar de la ciudadanía. Necesitamos reformas profundas en energía, sí, pero pedimos diálogo y que nos deje participar como lo requiere el sistema. Por eso, le pedimos que
tramite este decreto-ley como un proyecto de ley, que nos deje participar, que nos deje corregir los errores, no solo los de esta legislatura, sino de Gobiernos anteriores, pero también errores que existen en este decreto-ley. Le pedimos que usted
flexibilice posturas, que podamos debatir, y también flexibilizaremos la posición si es así en este decreto, porque nos preocupa.
Antes de entrar a analizar las medidas sobre los costes regulados y el déficit, que es lo más relevante de este decreto, le quiero comentar algo sobre la trasposición de tres directivas, y no cuatro como ustedes afirman. Ustedes han
decidido trasponer las directivas de mercado interior de gas y electricidad y la de comunicaciones, pero no la de renovables, por mucho que ustedes lo digan. Esa es una decisión política equivocada y un error que pagaremos. Estas directivas tienen
el origen -y creo que es pertinente ponerlo encima de la mesa- en la liberalización de la energía y la voluntad de crear un mercado único europeo. Es cierto que parcialmente pueden mejorar la situación, porque en España nos encontramos desde 1997,
desde la ley del Partido Popular, en el peor modelo posible. Hemos ido perdiendo capacidad de intervención en pro de una liberalización pero pagando el pato los ciudadanos y los presupuestos públicos, pagando subvenciones absurdas, compensaciones
exageradas, inversiones que no se hacían. Realmente un chollo donde se han socializado las pérdidas, el déficit tarifario, y se han privatizado los beneficios hacia las eléctricas. El modelo que ustedes iniciaron y que el PSOE continuó, basado en
este dogma privatizador, les lleva a creer un imposible, el que puede existir un mercado altamente competitivo en la energía. Y le diré por qué no es posible y por eso es necesaria una profunda regulación del sector, un cambio en esa regulación.
No puede existir un mercado altamente competitivo, en primer lugar, porque cuando hablamos de energía hablamos de un bien de interés público al que deben poder acceder todos los ciudadanos. En segundo lugar, porque es un monopolio natural
en sí mismo -yo creo que es el ejemplo de monopolio natural- y, por tanto, siempre encontraremos posiciones de abuso, posiciones de dominio en ese mercado. En tercer lugar, porque el precio de la energía no depende de la competencia, sino de si esa
energía se agota o no se agota, o de si se especula con las reservas o se depende de países que especulan con esas reservas. Y, en cuarto lugar, ¿por qué no puede haber competencia perfecta? Porque debemos afrontar retos como el cambio climático,
que obligan a hacer políticas de reducción de las emisiones y, por lo tanto, a controlar la demanda. Retos que son incompatibles con intereses de las compañías eléctricas, cuando su negocio depende precisamente de que aumente la demanda energética.
Es contradictorio en sus mismos términos. Un ejemplo de ese conflicto de intereses: el Gobierno está pagando derechos de emisión mientras las compañías especulan con derechos regalados. El Gobierno gasta el 80% de su raquítico presupuesto en
políticas de cambio climático para comprar derechos de emisión mientras deja a mínimos las políticas de ahorro y eficiencia energética. Esto, señor ministro, no tiene sentido, es un sistema de incentivos invertidos. A nuestro entender, es un
sistema perverso que castiga especialmente a los ciudadanos, también a la competitividad de nuestra economía y al medio ambiente. El resultado es una mala regulación. Por tanto, las directivas pueden contribuir a mejorar superficialmente la
situación. ¿Qué hacen estas directivas? Separación efectiva entre actividades de suministro y generación; o reconocen exigencias de transparencia y acceso a la información; o refuerzan el papel del regulador. Pero todo esto, si no profundizan
en la regulación del sistema, no reducirá la posición de dominio de mercado que suponen y los abusos y sobrecostes que generan al sistema. Una cuestión que usted ha destacado de estas directivas: la definición
del consumidor vulnerable. Pero ustedes la trasponen técnicamente, no añaden nada a esa definición, porque aquí tenemos el bono social, ustedes homologan el consumidor vulnerable al bono social, cuando usted sabe que hoy el bono social no
cubre los problemas de acceso a un bien básico como es la energía. Fíjese, la encuesta de presupuestos familiares ha estimado que en 2010 en torno al 10% de los hogares españoles, 4 millones de personas, se encontraban en situación de pobreza
energética, y esta cifra continúa aumentando tras la crisis, y son incapaces de mantener su vivienda en una mínima temperatura en los meses de frío. Ustedes podrían haber traspuesto esta directiva y hacer frente a esas necesidades, definiendo más
allá qué es el consumidor vulnerable y no solo homologando a los que se adhieren al bono social que hoy no cubre a toda esa población. En cambio, lo que sí han hecho es aumentar las tarifas y, por tanto, hacer recaer el coste del déficit en los
consumidores. A nuestro entender, es profundamente injusto y además acentúan esas dificultades por las que pasa hoy gran parte de la población.
Sobre la trasposición, le diré que para nosotros es una tomadura de pelo que ustedes digan que trasponen la directiva de renovables cuando hace más de un año que se incumple y lo único que han hecho es aumentar las barreras de acceso a las
renovables, como el decreto de moratoria. El secretario de Estado el otro día en la Comisión de Presupuestos me decía: Usted tranquila, que estoy convencido de que el futuro son las renovables. Pues con este decreto ustedes vuelven a reafirmar
que no van hacia el futuro, sino que vuelven al pasado. Las únicas dos directivas que ustedes no cumplen -y es toda una declaración de intenciones- son la de fomento de las renovables y la de ahorro y eficiencia energética, que no solo no
trasponen, sino que van a Europa a pedir que se bloquee y que se posponga. Y la misma actitud de trámite y de baja exigencia pasa con la directiva de telecomunicaciones. No van al fondo de la cuestión, ponen buenas palabras, pero, por ejemplo,
cuando hablan de separar la red de suministro de Telefónica, entonces introducen ciertas salvaguardas porque aquí volvemos a encontrarnos con una gran empresa, con Telefónica hemos topado.
Pero, más allá de la directivas, el tema de fondo de este decreto son las medidas que establecen para combatir el déficit tarifario y el relato que ustedes mismos plantean en el preámbulo, porque explica claramente cuál es su modelo
energético. En este sentido, entendemos que es un decreto que opta por un modelo equivocado, que nos sigue hipotecando y no resuelve los problemas de fondo. A nuestro entender, es miope y cortoplacista, nos limita y el resultado de este real
decreto es profundamente injusto y desequilibrado para la ciudadanía. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué hipotecan el país? Porque el modelo que definen en el preámbulo es el de los combustibles fósiles. Ayer usted me decía en la Comisión
hablando del tema de Repsol: Lo mejor que le podía pasar a España es poder extraer petróleo de Canarias, sería la mejor noticia. Pues no, señor Soria, lo mejor que le podría pasar a España es tener un Gobierno que mire a medio y largo plazo y que
sea valiente. Y su visión del modelo energético nos hipoteca porque ustedes no abordan lo fundamental, que es descarbonizar nuestro modelo energético. Ustedes excluyen el cambio climático de su agenda y nos hacen dependientes de un precio volátil
de la energía y prisioneros de países inestables y que nos generan inseguridad. ¿Por qué es cortoplacista y miope? Porque ustedes dicen que el problema es el déficit tarifario, pero no van a resolver el origen. Tengo que reconocerles que esta vez
introducen recortes en la retribución de las eléctricas, es un paso adelante pero muy tímido, es solo un maquillaje. En lugar de corregir solo maquillan, asumen errores del pasado. Es incoherente y contradictorio, sus medidas son un reconocimiento
implícito de que los costes reales no están en las renovables por mucho que usted lo vaya repitiendo porque la misma Comisión Nacional de la Energía decía que de esos sobrecostes del sistema solo el 13% eran sobre renovables y el 87% restante en
otros lugares, pero usted ese 87% prácticamente no lo toca.
Señor ministro, tiene que ir al fondo de la cuestión y lo importante es -y por eso estamos en contra- que este reparto de los ajustes es realmente injusto. Ustedes quieren ahorrar 3.100 millones y hacen recaer 1.400 millones en los
ciudadanos, solo el 25% sobre las eléctricas y el resto en políticas de ahorro y eficiencia energética cuando precisamente el propio Libro Blanco de la Energía, la Comisión Nacional de la Energía apunta hacia las eléctricas, hacia el mercado
mayorista, sobre los beneficios caídos del cielo. Me gustaría saber si en esa futura regulación ustedes van a sacar la hidroeléctrica y la nuclear del pool. ¿Va a ser así? ¿Eso es lo que nos promete en un futuro o van a aplicar impuestos sobre
las nucleares para poder financiar las renovables? Creo que usted debería anunciar medidas en este sentido, porque, si no, no es creíble. Para nosotros es profundamente injusto porque cargan el grueso del déficit en los consumidores con estas...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando.
Señor ministro, la regulación actual, como le decía, nos hipoteca, nos limita y nos lleva por el camino equivocado. Sus errores y los de anteriores gobiernos nos impiden construir un modelo alternativo a la dependencia de los combustibles
fósiles y, además, empobrece a los ciudadanos. Tramítelo como proyecto de ley y así podremos buscar soluciones conjuntamente y no solo poner parches. Lo de Repsol ha sido solo un avance de la tormenta que se avecina con la crisis climática y
energética, pero aprenda la lección, apueste por las renovables, planifique, internalice los costes de todas las energías, apueste por la fiscalidad ambiental y ocúpese más de las personas y no de las multinacionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria y Energía, señoras y señores diputados, estamos ante la convalidación de un real decreto en el que se trasponen tres directivas europeas, en materia de gas y electricidad, con las que se profundiza la separación
efectiva de las actividades de suministro y generación, al mismo tiempo que se refuerza el papel de los organismos reguladores. La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, como no podía ser de otra forma, irá en la misma dirección
que ya expresamos en la convalidación del primer real decreto que trajo el Ministerio de Industria y Energía ante este Parlamento y que se debatió concretamente en esta Cámara en el mes de febrero del año en curso. Nosotros siempre hemos apostado
desde nuestro grupo parlamentario por apoyar una política energética seria y rigurosa que, a nuestro entender, tendría que ir en la misma dirección que las conclusiones que se establecieron en la pasada legislatura en la subcomisión de Energía, en
la que participaron todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, en la que se consiguió un gran consenso entre las fuerzas políticas y en la que finalmente hubo unanimidad en todos aquellos aspectos que iban en la dirección de poder conseguir un
mix energético para los próximos veinticinco años. Este sería, quizás, el aspecto más relevante que tendríamos que seguir a lo largo de esta legislatura. Básicamente, la coincidencia de los grupos parlamentarios sobre este mix energético iba en la
siguiente dirección: conseguir alrededor del año 2020 una reducción de las emisiones de CO2 en un 20%; un 20% de eficiencia y ahorro energético y un 20% de peso de las energías renovables.
Si a esto sumamos, señor ministro, señoras y señores diputados, la situación energética, que va ligada lógicamente a la coyuntura económica actual, estamos en unos momentos difíciles para poder cuadrar el círculo, algo que no es fácil. No
es tarea fácil conseguir estos objetivos, plantear este mix energético y al mismo tiempo también ser capaces todos los grupos parlamentarios, y el Gobierno lógicamente en la cabeza de la manifestación, de conseguir medidas que vayan en la dirección
de reducir el déficit tarifario actual. El ministerio y el ministro ya están haciendo esfuerzos importantes que van en esta dirección en el sentido de que en el año 2013 se pueda conseguir que el déficit tarifario sea de cero euros, así como
conseguir -para cuadrar, repito, este círculo vicioso- que los precios de la energía para el tejido industrial, para las pequeñas y medianas empresas, para las economías familiares, justamente las más necesitadas, sean competitivos. Es decir,
nuestro objetivo sería que, junto a estas dos cuestiones fundamentales y relevantes, que sería conseguir este mix energético y reducir el precio de la electricidad para las familias y para el sector industrial, finalmente pudiéramos tener un sector
energético competitivo. Este sería el objetivo fundamental que a nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió le gustaría conseguir a lo largo de esta legislatura y estoy convencido -por la intervención del señor ministro- de que también el
señor ministro intentaría recoger las complicidades de todos los grupos parlamentarios para que finalmente esta cuadratura de este círculo vicioso pudiera ser efectiva a lo largo de esta legislatura.
Es cierto, señor ministro, que se ha intentado conseguir en anteriores legislaturas, y esta no ha sido una tarea fácil. Uno de los aspectos más relevantes es que en esta subcomisión que duró alrededor de tres años durante la pasada
legislatura fuimos capaces de llegar a unas conclusiones consensuadas por todos los grupos parlamentarios y finalmente una parte importante de ellas también fueron admitidas por los miembros del Grupo Parlamentario Popular que estaban en esta
subcomisión. Ustedes ahora nos traen para su convalidación una parte relevante de alguno de los aspectos fundamentales de esta subcomisión, que van en la dirección de conseguir una reducción significativa del déficit tarifario actual. Al igual que
planteamos en la anterior convalidación, siguen pendientes los mismos problemas que nosotros planteamos entonces y el ministro, es cierto, yo diría que con buen talante negociador, asumió la posibilidad de poderlos resolver en un futuro inmediato,
aunque ya sabemos que no se va a producir antes del mes de junio del año actual, ya que su intervención ha acabado con el horizonte de que probablemente dentro de pocos meses ustedes plantearían otro real decreto para acabar de reestructurar el
sector energético español para que finalmente se puedan conseguir estos objetivos, al menos este va a ser uno de los aspectos fundamentales que planteaba el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Señor ministro, nosotros le planteamos en aquella ocasión que queríamos que algunos elementos importantes de las energías renovables, como son la cogeneración y la biomasa, pudieran ser considerados aspectos fundamentales del tejido
industrial y de la eficiencia energética del tejido industrial español; nosotros consideramos que aquellas energías renovables basadas en la cogeneración y en la biomasa valdría la pena considerarlas como política industrial eficiente del tejido
industrial español. Esta es una de las reivindicaciones que nosotros siempre hemos planteado. Asimismo, entendemos que en un futuro inmediato también valdría la pena que el ministerio tuviera la consideración de sacar del contexto de los grandes
distribuidores a todos aquellos distribuidores de menos de 100.000 clientes, que usted sabe que dan abastecimiento a muchísimas zonas rurales, porque los costes tienen que ser un poco más competitivos entre las grandes distribuidoras energéticas que
tiene el país en estos momentos, y al mismo tiempo también entendemos que habría que tomar una serie de medidas que van en la dirección de poder dar finalmente una configuración de los precios energéticos orientados
a las familias y a las pequeñas y medianas empresas y al sector industrial en general más competitivos de lo que realmente son en la actualidad, ya que, como usted sabe perfectamente, señor ministro, están un 15% por encima de la media
europea.
Quisiéramos resaltar también en esta convalidación que ha existido y existe una voluntad y una complicidad importante entre los planteamientos del ministerio y las sensibilidades que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea. En
estos momentos no hemos podido llegar a unos acuerdos definitivos que pudiéramos manifestar públicamente ante esta Cámara, pero estamos convencidos de que esta voluntad negociadora, esta sensibilidad por parte del Ministerio de Industria y Energía
y, por descontado, del ministro que está al frente del mismo, va a seguir en los próximos meses. Hoy no hemos podido plasmar este consenso con una votación favorable a este real decreto, pero vamos a seguir negociando en un futuro. Aunque hoy
estas complicidades no se van a poder materializar en la votación de este real decreto, estamos convencidos de que a lo largo de los próximos meses vamos a ser capaces de incorporar todos aquellos aspectos que en un momento determinado se plasmaron
en el consenso de la mayoría de las fuerzas parlamentarias de este Congreso de los Diputados en la conclusión de poder pactar un mix energético para los próximos treinta y cinco años y a través de él rebajar el déficit tarifario, dar precios más
competitivos para las familias y para nuestras empresas y que, finalmente, también este tejido industrial y de servicios de nuestro país pueda ir complementado con un sector energético potente y competitivo.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, en primer lugar, voy a hacer un conjunto de consideraciones sobre la convalidación de este Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, porque, después de lo que he escuchado, no tengo por menos que estar absolutamente
sorprendido en algunos casos.
Hoy estamos aquí, y pedimos el apoyo para la convalidación de este real decreto, porque la acción política del Gobierno anterior en materia de energía nos ha llevado a que tengamos que resolver varias circunstancias. La primera es que este
Gobierno, que lleva tres meses, se encuentra con que tiene setenta y ocho directivas europeas por trasponer, de las cuales diez son de energía y tiene que ir trayéndolas para que el marco normativo español se adecue al marco normativo europeo, como
es preceptivo, si no queremos ser sancionados.
Dicho esto, respecto a los que generaron el déficit tarifario, quiero recordar que en los años 2003 y 2004 el déficit tarifario fue cero y que el acumulado eran 1.400 millones y que desde el año 2004 hasta el año 2011 se pasó a 24.000
millones de euros, de los cuales 17.000 están titulizados, y eso tiene que ver con una acción política determinada. Porque el Real Decreto 436/2004, de renovables, pretendía una instalación máxima de 500 megavatios y a partir de que se alcanzase
esa cifra entonces habría que ver cuál era la política energética a desarrollar en este ámbito. Pues bien, el Real Decreto 661/2007 del Gobierno anterior hizo que, en vez de los 500 megavatios previstos en el Real Decreto 436/2004, se instalaran
3.990, es decir, se multiplicó por nueve el número de megavatios instalados y, por tanto, por nueve las primas que había que satisfacer como consecuencia de esa acción política. Por tanto, lo primero que hemos de decir es que el Gobierno llega en
diciembre del año 2011 y se encuentra con que tiene que prorrogar unos presupuestos, porque el Gobierno anterior no los había elaborado y tampoco los había prorrogado y, al mismo tiempo, tiene que resolver de manera inmediata algunos asuntos
acuciantes que estaban en el olvido y en dejar eso para otro momento. Ese dejar eso para otro momento -repito- nos lleva a que hoy aquí tengamos que estar hablando del déficit tarifario, porque con los decretos 6/2009 y 14/2009, así como con el
1578/2008 y los veinte reales decretos con los cuales el Gobierno anterior pretendió regular y resolver este problema, no fue posible. Es más, no solo no fue posible, sino que tuvo que cambiar la senda para alcanzar en 2013 un déficit tarifario
cero. Por tanto, es una media verdad decir lo que se ha dicho aquí por parte de algunos grupos y no hay peor mentira que esa media verdad.
Es más, cuando se dice que se afecta a la Ley 54/1997 y a la Ley 38/1992, de hidrocarburos, lo que no se está teniendo en cuenta es que se están trasponiendo tres directivas que tienen que ver con el sector eléctrico y una que tiene que ver
con el gas. Lógicamente, esas directivas afectan al marco normativo y ciertamente el Gobierno lo ha modificado, redactando nuevos artículos para aquellos asuntos que tenían que ser adaptados como consecuencia de estas directivas que se trasponen.
Además, había algunas situaciones en las que las órdenes ministeriales de época pasada no estaban adecuadas al escenario normativo, que también hubo que adaptarlo. Por tanto, es cierto que es un real decreto amplio y que contiene diferentes
ambientes. Eso es cierto, pero lo que no es cierto es que se modifique deliberadamente la espina dorsal del sistema eléctrico, que es la Ley 54/1997, y la del sector de hidrocarburos. Eso es absolutamente falso. Lo único que hace es adaptarse a
las directivas que se trasponen. Por eso agradecería que, cuando se intervenga en esta tribuna, se utilicen los argumentos propios para darle fuerza a las ideas que intentan transmitirse, pero nunca hay que intentar generar un cierto espejismo de
que esto es un caos, que es la hecatombe y que no se está haciendo
nada bien. No, no. Desde el Real Decreto-ley 1/2011, que aparece el día 30 de diciembre, hasta el Real Decreto-ley 13/2012, del 30 de marzo, todos ellos tienen que ver con la necesidad que tiene este Gobierno de darle solución a un
importante problema, que convertido en estructural puede afectar incluso a nuestro déficit público. Lo que está claro es que la política presupuestaria que se ha definido en este proyecto de ley de presupuestos va en consonancia con la
consolidación fiscal, para poder cumplir los requisitos que están muy desviados de ese 6% que en el año 2011 tenía que alcanzar el Gobierno de España. Por tanto, vuelvo a reiterar que aquí no hay ningún tipo de manipulación del marco normativo
básico del sistema eléctrico y del sector de hidrocarburos, que aquí únicamente lo que hay es una adaptación, por responsabilidad, de asuntos que tenían que estar traspuestos el día 3 de marzo del año 2011 y que el día 27 de febrero del año 2012 la
Comisión le notifica a este Gobierno que, si no quiere ser sancionado, tiene que llevar a cabo esa trasposición.
Dicho esto, voy a recalcar algunos de los asuntos que considero relevantes que este Real Decreto-ley 13/2012 aporta para los consumidores, para las empresas eléctricas y para los operadores del sistema, porque este Gobierno y su ministro,
fiel a lo que anunció el presidente del Gobierno en la sesión de investidura, creen que la energía debe ser una palanca que nos ayude a superar las dificultades que hay en estos momentos y que la energía debe proporcionar al sistema económico más
elementos de competitividad y no seguir estrangulando esa falta de competencia que algunos sectores padecen, sobre todo aquellos que son más intensivos en la utilización de la energía.
En resumen, las medidas que contempla este real decreto han de servir para reducir los costes del sistema eléctrico e intentar limitar la subida de la luz de un 7%. Piénsese que estas medidas también tienen que responder a sentencias del
Tribunal Supremo como consecuencia de que determinadas empresas eléctricas han reclamado la congelación de la subida de la luz. Este Gobierno, en coherencia con la obligación que tiene de cumplir las sentencias, tiene que ver la manera de resolver
esa aportación de 3.100 millones de euros que nos exigen estas sentencias. Por tanto, hemos de cumplir las resoluciones judiciales. En el primer caso, en el caso del sector eléctrico, creo que el contenido tiene mucha mayor relevancia
institucional y se refiere básicamente a la trasposición de la Directiva 2009/72/CE. El foco en este caso está dirigido a resolver el problema del déficit de tarifa, como ya he dicho, y por su parte, en el caso del gas, las medidas están
encaminadas a llevar a cabo la necesaria trasposición de la Directiva 2009/73/CE para resolver otro déficit. No se olviden ustedes de que llevamos gobernando tres meses escasamente y ese déficit que se estaba generando ya en el sector gasista tiene
que ver con que los precios no son capaces de cubrir los costes. Para resolver esto y evitar que los consumidores tuvieran que cargar con una subida de la tarifa del gas mayor de la que se ha propuesto, un 5%, para eliminarlo totalmente tendría que
ser un 13% y se somete a una nueva reordenación. Se trata, en consecuencia, de un primer paso que había que dar y con urgencia, puesto que hay que dar lugar a cumplir los compromisos que España ha adquirido como Estado miembro de la Unión Europea,
sobre todo en el tema de mercado interior; y, en segundo lugar, tal y como ya he comentado, para iniciar una ruta hacia la sostenibilidad económica del sector energético español.
Respecto al primero de los motivos, todos somos conscientes del hecho de que la apertura y la liberalización de los mercados energéticos es una clave para la competitividad de la economía de la Unión Europea y, en el caso particular de la
energía, nos va a brindar a los consumidores elegir suministrador y a estos el acceso a la libre competencia.
Señorías, quiero recalcar que el apoyo a esta trasposición de directivas y a normas que sirvan para resolver el déficit tarifario debe ser el elemento clave sobre el cual tiene que pivotar en el futuro una reforma global del sector
energético en España. Por tanto, las razones para resolver el déficit, para adecuar nuestro marco al escenario europeo y para promover la consecución de un mercado interior de la energía nos llevan a solicitar de todos ustedes el apoyo a esta norma
y a tener en el futuro un escenario energético de más calidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.
Terminado el debate de este punto, a esta Presidencia no le consta que ningún grupo quiera intervenir ni en el punto III, dictamen de la Comisión del Estatuto, ni en el IV, propuesta de creación de subcomisiones. Si eso es así, vamos a
proceder ya a las votaciones (Pausa).
Señorías, hay un grupo de diputados y diputadas, plural en su concepción mental y política, que está atrapado en un ascensor. Estamos esperando hasta que se resuelva. (Pausa.-Protestas).
Esto es algo que le puede ocurrir a cualquier diputado en algún momento; los que llevamos aquí muchos años sabemos que es así. Por lo tanto no protesten, porque le puede ocurrir a cualquiera. (Pausa.-Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 11/2012, DE 30 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA AGILIZAR EL PAGO DE LAS AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO, RECONSTRUIR LOS INMUEBLES DEMOLIDOS E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LORCA. (Número de expediente
130/000012).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votaciones. En primer lugar votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto,
reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Algún grupo propone que se tramite como proyecto de ley? (Asentimiento).
Pasamos votar a votar su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 140; en contra, 183; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 13/2012, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE TRASPONEN DIRECTIVAS EN MATERIA DE MERCADOS INTERIORES DE ELECTRICIDAD Y GAS Y EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, Y POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS
DESVIACIONES POR DESAJUSTES ENTRE LOS COSTES E INGRESOS DE LOS SECTORES ELÉCTRICO Y GASISTA. (Número de expediente 130/000014).
El señor PRESIDENTE: A continuación, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 178; en contra, 145; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo propone que se tramite como proyecto de ley? (Asentimiento).
Vamos a proceder a la votación para tramitarlo o no como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 154; en contra, 174; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Punto III, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 276; en contra, 1; abstenciones, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN).
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES DEL REAL DECRETO-LEY 9/2009, DE 26 DE JUNIO, SOBRE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA Y REFORZAMIENTO DE LOS
RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y A LAS DEL REAL DECRETO-LEY 2/2012, DE 3 DE FEBRERO, DE SANEAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO. (Número de expediente 158/000005).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto IV del orden del día relativo a propuestas de creación de subcomisiones. Propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión con el objeto de dar cumplimiento a
las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-ley 2/2012,
de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento).
Se aprueba por asentimiento.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 158/000010).
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad, de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. ¿Están de acuerdo,
señorías? (Asentimiento).
Se aprueba por asentimiento.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.