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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 21/02/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 12
Sesión plenaria núm. 11
celebrada el martes,
21 de febrero de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al corredor ferroviario prioritario que el Gobierno presentará ante la Unión Europea. (Número de expediente 172/000011.) ... (Página4)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), relativa al impulso de soluciones para el sector naval. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 21, de 23 de enero de 2012. (Número de expediente 162/000087.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 27, de 30 de enero de 2012.
(Número de expediente 162/000129.) ... (Página11)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF) destinado a fines sociales. (Número de expediente 173/000003.) ... (Página19)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu'. (Número de expediente 173/000004.) ... (Página25)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. (Número de expediente 173/000005.) ... (Página32)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página40)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de la sesión de esta semana del punto 25 correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), relativa al impulso de soluciones para el sector naval ... (Página4)
Presenta la proposición no de ley el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Moraleja Gómez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Caamaño Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jorquera Caselas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos ... (Página11)
Presenta la proposición no de ley la señora Moneo Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Barberà i
Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Álvarez Sostres, Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Moneo Díez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF) destinado a fines sociales ... (Página19)
Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu' ... (Página25)
Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Defienden conjuntamente la enmienda presentada los señores Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Díez González pide la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que le es concedida.
Interviene el señor Sixto Iglesias.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario ... (Página32)
Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; los señores
Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Quevedo Iturbe; la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tarruella Tomàs.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página39)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), relativa al impulso de soluciones para el sector naval, con la incorporación de las enmiendas de los grupos Mixto, Socialista y de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, se rechaza por 130 votos a favor, 180 en contra y 17 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos, se aprueba por
181 votos a favor, 144 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página40)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF) destinado a fines sociales, se rechaza por 34 votos a favor y 286 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones 'Amair' y 'Bildu', se rechaza por cinco votos a favor y 326 en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, se aprueba por 323 votos a favor y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL CORREDOR FERROVIARIO PRIORITARIO QUE EL GOBIERNO PRESENTARÁ ANTE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 172/000011.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 25, correspondiente
a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), RELATIVA AL IMPULSO DE SOLUCIONES PARA EL SECTOR NAVAL. (Número de expediente 162/000087.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto I del orden del día, relativo a proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera, relativa al impulso de soluciones para el sector naval.
Para la presentación de la iniciativa y su defensa tiene la palabra el señor Jorquera. (Los diputados del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Centella Gómez, Coscubiela Conesa, De las Heras Ladera, García
Álvarez, Garzón Espinosa, Lara Moya, Llamazares Trigo, Nuet Pujals, Sixto Iglesias y Yuste Cabello, exhiben una pancarta que dice: Valencia, yo también soy el enemigo.-Los diputados del Grupo Parlamentario Mixto, Baldoví Roda, Bosch i Pascual,
Tardà i Coma y Jordà i Roura, exhiben una pancarta que dice: Dimissions.-Rumores.)
Les ruego, señores diputados, que eviten toda manifestación. Por tanto, tienen que quitar esos papeles que han sacado delante de ustedes. (Pausa.) Les llamo al orden por primera vez. (Rumores.) Les ruego que quiten esos papeles de
manifestación. (Pausa.)
Muchas gracias.
Señor Jorquera, cuando usted quiera tiene la palabra.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la presente iniciativa propone la adopción de una serie de medidas que contribuyan a resolver la gravísima crisis que padece el sector naval en el conjunto del Estado español y en Galicia en particular. El sector naval es un
sector básico de la economía gallega, representa el 5,7 por ciento del producto interior bruto de nuestro país, y en 2008 empleaba de forma directa a más de 10.000 trabajadores, aparte de generar numerosos empleos indirectos. La construcción naval
está viviendo sin lugar a dudas la mayor crisis de su historia, hasta el extremo de que corre peligro su propia supervivencia. La crisis del sector naval gallego, más allá de la caída de la demanda como consecuencia de la crisis económica
internacional, obedece fundamentalmente a dos razones. Por un lado, los astilleros públicos de la ría de Ferrol están sufriendo las consecuencias de haber sido forzados a operar, casi en exclusiva, en el campo de la construcción naval militar. Por
otro, la investigación iniciada por
la Comisión Europea sobre la supuesta incompatibilidad con las normas europeas de libre competencia del sistema de arrendamiento fiscal ha situado a los astilleros privados, localizados sobre todo en la ría de Vigo, ante el peligro del
auténtico cierre. El BNG niega rotundamente que el llamado tax lease conlleve competencia desleal. La realización de contratos con este sistema se inició en el año 2003 y no se presentó ninguna denuncia hasta el pasado año; una denuncia que solo
busca hacerse con la cuota de mercado de nuestros astilleros en un contexto de fuerte caída de la demanda. En la Unión Europea el impuesto sobre sociedades no está armonizado. Por eso un instrumento que contiene ventajas tributarias en el citado
impuesto no puede ser considerado una distorsión de la competencia. Pero además distintos países europeos practican regímenes fiscales beneficiosos para su sector naval. ¿Dónde está por tanto la competencia desleal?
El bloqueo al tax lease ha paralizado totalmente la formalización de nuevos contratos. La consecuencia es que ya se han perdido 3.500 puestos de trabajo en las empresas auxiliares y otros tantos están sujetos a expedientes de regulación de
empleo. En estos momentos la cartera de pedidos de los astilleros privados gallegos se reduce a siete unidades, mientras otros países se benefician de esta situación para hacerse con nuevos contratos, países como Holanda, Francia o Noruega, que
siguen manteniendo bonificaciones fiscales para sus armadores. Por eso, además de otras medidas es urgente que la Comisión Europea autorice un nuevo sistema de arrendamiento fiscal para que los astilleros reanuden su actividad, y al mismo tiempo
permita el mantenimiento del sistema actual mientras no se resuelva el procedimiento.
Por lo que se refiere a los astilleros públicos de la ría de Ferrol la situación no es muy diferente. Su cartera de trabajo está prácticamente agotada; si no hay nuevos encargos peligrarán los 5.600 puestos de trabajo de los astilleros y
sus industrias auxiliares. Solo en los últimos seis meses se han destruido 700 empleos y algunas compañías auxiliares han presentado concurso voluntario de acreedores. Todo ello en una comarca que tiene en la construcción naval su principal
sustento, y que aún no se ha recuperado de los graves efectos de las sucesivas reconversiones que ha padecido el sector.
Decía al inicio de mi intervención que los astilleros de la ría de Ferrol están sufriendo las consecuencias de haber sido forzados a especializarse en el campo militar, al imponer la Unión Europea al conjunto de los astilleros de Navantia
una serie de limitaciones. Por poner un ejemplo, que los contratos en el campo de la construcción naval civil no puedan superar el 20 por ciento de la facturación total de la empresa, o el veto a la construcción de buques en el astillero de FENE.
Restringir la actividad a la construcción naval militar significa depender de la contratación pública, seriamente limitada por los drásticos recortes presupuestarios. Pero además, señorías, es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce
la facturación total de la empresa por la caída de la contratación pública en el campo militar se reduce también, si no hablamos de porcentaje sino de cifras absolutas, lo que representa el 20 por ciento de facturación reservado para operar en los
distintos campos de la construcción naval civil, campos que podrían constituirse en alternativa ante la actual situación, y pongo un ejemplo. Frente a las costas gallegas discurre uno de los corredores marítimos internacionales más importantes.
Los astilleros de la ría de Ferrol tienen una posición geográfica privilegiada para atraer este mercado y operar en el campo de la conservación de buques, pero eso exige por un lado inversiones como la construcción de un dique flotante apto para
reparar los grandes buques que discurren frente a nuestras costas. Además se da la circunstancia de que el astillero de FENE reúne condiciones idóneas para su construcción y este encargo representaría una carga de trabajo añadida. Pero además de
exigir inversiones exige también superar las limitaciones impuestas por Bruselas. De no ser así Bruselas podría considerar que la reparación y transformación de buques está afectada por las limitaciones a operar en el campo de la construcción naval
civil, y podría considerar también que el veto a que el astillero de FENE construya buques afecta a todo tipo de artefactos flotantes, y que por tanto afecta también a la posible construcción del dique flotante en este astillero.
Señorías, para concluir llamo a todos ustedes a una reflexión. Los puntos del segundo apartado de esta proposición no de ley, puntos relativos a las medidas a adoptar para asegurar carga de trabajo en los astilleros públicos de la ría de
Ferrol, coinciden en su integridad con los contenidos de una moción consecuencia de interpelación fruto de una iniciativa del BNG, que fue transaccionada entre los distintos grupos y aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado
mes de junio. Es más, el Partido Popular durante la pasada campaña electoral se comprometió a hacer realidad si ganaba las elecciones el dique flotante para la ría de Ferrol, una demanda compartida además por el conjunto de la sociedad ferrolana.
Señorías, por tanto, es hora de que las promesas den lugar a los hechos; es hora de que aquello que se estaba dispuesto a suscribir cuando se estaba en la oposición se ejecute ahora cuando se está en el Gobierno. Por estas razones, señorías,
solicitamos el apoyo del Grupo Popular y el de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
A esta proposición no de ley se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.
El sistema de financiación denominado tax lease, que la Comisión de Competencias Europea ha paralizado y que se encuentra auditando, ha supuesto estos años una alternativa a las antiguas ayudas estatales al sector, y por lo tanto es un
factor indispensable para el desarrollo de una industria de la construcción y reparación naval pujante y generadora de empleo. Fruto de estos sistemas de financiación en la comarca de Vigo se han podido generar más de 10.000 puestos de trabajo
directos y miles de puestos indirectos, que han paliado en parte los fuertes incrementos de desempleo en otros sectores, como el de la construcción o el sector servicios. La llegada de importantes pedidos en la segunda mitad de la década del año
2000 significó que el sector realizó un esfuerzo titánico de especialización laboral, innovación y apertura a nuevos tipos de buques, como sísmicos o quimiqueros, que exigían de tecnologías constructivas más avanzadas y de trabajadores más
cualificados. No olvidemos -como así recoge la proposición no de ley que hoy nos ocupa- que el tax lease venía operando desde entonces sin ningún problema ni denuncia de la Unión Europea. Dicha paralización se realiza -según se informa al Estado
español- durante la investigación por parte de instituciones europeas, tras denuncia de Holanda -que por cierto incrementa de este modo los pedidos a sus astilleros, en detrimento de los gallegos-, al asegurar este país que el sistema incumple los
criterios marcados por Competencias. Y tenemos que recordar aquí que Francia y Holanda tienen sistemas de financiación parecidos, y que sí han pasado los filtros del Tribunal de Competencias Europeo. Independientemente de los condicionantes de
dicha paralización, lo cierto es que amenaza de forma decisiva la contratación de nuevos buques en los astilleros españoles, y especialmente en los dedicados a la construcción civil, como son los ubicados en la ría de Vigo, y los amenaza en un
momento crítico en el que la llegada de nuevos contratos podría sacar del desempleo a miles de trabajadores que en estos años han sido despedidos de las plantillas de astilleros y auxiliares por falta de carga de trabajo.
Desde el Gobierno se sigue sin concretar qué medidas alternativas al tax lease se van a implementar para dar ayuda y soporte de financiación a la construcción naval civil, pero en todo caso desde La Izquierda Plural creemos firmemente que
esas ayudas deberían ir en el camino de la construcción de un sector naval público, y que esas ayudas no deben caer en manos de inversionistas que poco o nada tienen que ver con el sector naval. Desde La Izquierda Plural creemos que es necesario
buscar un sistema de financiación alternativo al tax lease que permita construir barcos en los astilleros gallegos, y especialmente en los de la ría de Vigo, como igualmente creemos que es necesario y urgente -y en esa dirección se han aportado
enmiendas, señor Jorquera- que se impulsen los proyectos de diversificación comprometidos, como los centros de reparación y diques flotantes en Ferrol y Vigo, cuyos estudios ya están aprobados, que se consiga un control público real de las ayudas
que van al sector, y que estas sean finalistas, es decir, que estén dedicadas a proyectos concretos, evitando que sean simples operaciones de maquillaje de empresarios del sector, más preocupados en demasiadas ocasiones por la rentabilidad de sus
accionistas que por crear empleo. Y por último, que se lleven a cabo las gestiones oportunas con ese directorio francoalemán que ordena y manda en la Unión Europea para que levante el veto que pesa sobre Navantia, y que le impide dedicarse a la
construcción civil. Todo ello con la convicción de que la desaparición de este sector como motor industrial de Galicia sería una catástrofe social, y que ahora más que nunca se hace necesario mantener un compromiso firme para defender el empleo y
el futuro de los astilleros públicos, los cuales juegan un papel central en la economía gallega.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, nosotros pensamos que los problemas generales no se pueden abordar de forma particular. Es verdad que el sector naval sufre un grave deterioro desde hace años, en gran medida por la competencia de los países asiáticos, ahora
agravada por la crisis, y para terminar de complicar las cosas la Comisión Europea ha abierto a España, ha incoado un procedimiento para investigar lo que podrían constituir ayudas estatales bajo la fórmula del sistema español de arrendamiento
fiscal. Es cierto que este procedimiento está causando graves perjuicios al sector. Se han suspendido decenas de contratos y es urgente encontrar una solución porque miles de puestos de trabajo, como ha mencionado el señor Jorquera, directos e
indirectos, están en juego.
Hasta ahí estamos de acuerdo, pero mi grupo tiene una discrepancia fundamental respecto al modo en que se plantea esta proposición. Usted ha venido aquí a hablar de su libro, señor Jorquera. Después de escucharle se diría que el problema
del sector naval -y también después de escuchar a la representante de La Izquierda Plural- solo existe en Galicia, en Vigo y en Ferrol, y lo cierto es que el problema lo tiene el sector naval español al completo. Es verdad que los astilleros
gallegos representan el 40 por ciento, que es una parte considerable, pero una parte no equivale al todo. También es verdad que la semana pasada el Grupo Vasco preguntó por este mismo asunto, pero tampoco es un problema vasco. Si abordamos todos
los problemas desde estas perspectivas particulares al final nos encontraremos con que los trabajadores de los astilleros de Cádiz o de Cartagena se plantearán que nadie va a hablar de ellos en esta Cámara hasta que no se cree el partido
nacionalista de Cádiz o el partido cantonalista de Cartagena. Ciertamente la
situación es dramática, y estamos hablando además de un sector que es estratégico para la economía española, para la política española, y para la presencia de España en el mundo global.
Sin embargo ese punto de vista particular nos parece que, además de que se puede compartir o no, distorsiona gravemente el problema. Desde mi punto de vista esto no se puede manejar como si estuviéramos en una Cámara en la que interactúan
distintos lobbies regionales. Esto es un Congreso de los Diputados, es una asamblea nacional, y ciertamente creemos que debemos tener un debate sobre el sector naval y sobre su crisis, pero no lo planteemos como un asunto de los ferrolanos. Si
tenemos que discutir sobre las consecuencias de este procedimiento que ha abierto la Comisión Europea, discutámoslo, pero tengamos en cuenta que se refiere a la legislación societaria y a la legislación fiscal española; no se refiere a la
legislación de Ferrol, aunque afecte parcialmente a los ferrolanos. Parece o podría pensarse que al particularizar el problema se le da más importancia, pero nosotros pensamos que es justamente lo contrario. Al particularizarlo se hace más
pequeño, aunque es probable que en los titulares de la prensa gallega el nombre de su grupo salga con letras más grandes.
En cuanto al asunto concreto, este sistema español de arrendamiento fiscal, el presidente Rajoy informó la semana pasada de las negociaciones que ya están en curso, y por lo que nos dijo parece que tenemos la expectativa de que la Comisión
autorice para España una sistema similar al que tiene Francia, que también fue apercibida en su momento porque tenía un sistema -los llamados GIE fiscales- que no casaba con el derecho europeo, y se le obligó a rectificarlo, y parece que lo que nos
dijo el presidente es que se está negociando en ese sentido.
Nosotros creemos que las normas de nuestro país tienen que adaptarse a la Unión Europea. Uno no puede estar en un club y decidir que ciertas normas las cumple y ciertas normas las incumple. Si ustedes nos proponen que en tanto se resuelve
ese procedimiento se encuentre una fórmula transitoria, estamos de acuerdo, o incluso que se prorrogue este sistema de arrendamiento fiscal español para evitar el bloqueo de pedidos, con el daño que eso supone para el sector y para sus trabajadores.
Es verdad que no se puede tener a un sector industrial entero sumido en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica, pero la alternativa no puede ser hacer trampas a la normativa europea. Lo cierto es que la Comisión Europea comenzó a llamar la
atención a España acerca de los defectos de este sistema en el año 2006. Más de cinco años después, de repente, nos llevamos las manos a la cabeza, decimos que se ha provocado una situación de emergencia, que se ha provocado la parálisis del
sector, pero lo cierto es que este procedimiento era previsible y se veía venir. Resulta difícil de digerir que se haya dejado pudrir el asunto por parte del anterior Gobierno sin que siquiera España se haya molestado en invocar las excepciones
que, dentro de los propios tratados europeos, permiten justificar ayudas estatales. Resulta incomprensible que por propia iniciativa España no haya modificado este sistema de arrendamiento fiscal para evitar este procedimiento, y también resulta
increíble que España no tuviera previsto un plan B para el caso de que se nos paralizara, como ha ocurrido. Pero la verdad es que este sistema, el tax lease o sistema de arrendamiento fiscal español, es una fórmula complejísima que mediante un
entramado de contratos múltiples consigue dar jugosos beneficios fiscales a una agrupación de intereses económicos formada por grandes inversores. Digo esto para que sepamos lo que estamos defendiendo, señor Jorquera...
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, tiene que acabar.
La señora LOZANO DOMINGO: Voy a terminar.
Lo que permite esta fórmula es que eludan impuestos grandes inversores. Lo digo para que sepamos lo que estamos defendiendo.
Nosotros estamos de acuerdo en que la situación requiere que el Gobierno le dé prioridad y que se busque una solución definitiva, pero en cuanto a la segunda parte de su proposición lo que proponemos es que se aborde seriamente y en
profundidad un debate sobre el sector naval español en su conjunto: su situación, sus dificultades, sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas, los puestos de trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, debe acabar.
La señora LOZANO DOMINGO: Acabo.
Les proponemos este debate nacional porque pensamos que particularizar el problema no va a ayudar a resolverlo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Somos plenamente conscientes, señor Jorquera, de la situación del sector de la construcción naval, porque al igual que usted, yo también soy gallega, y comparto en gran medida su opinión. He de decirle que el presidente de la Xunta de
Galicia me transmitió su tremenda preocupación e interés por este tema que nos ocupa esta tarde con relación a la ría de Vigo y a la ría de Ferrol. De hecho, el señor Feijóo apuesta por una pronta y urgente solución de este tema, que es
tremendamente sensible para el sector naval de toda España, señora Lozano. El gallego es muy importante, por supuesto, pero también el andaluz, el vasco, y la región de Murcia
con Cartagena. Y le digo más. No solo es un problema español, también lo es de la Unión Europea. Como todos ustedes saben, la importancia del sector naval en nuestra economía, al que aludió nuestro presidente del Gobierno, don Mariano
Rajoy, la semana pasada, con su compromiso con el sector naval, se manifiesta en su facturación anual de 2.000 millones de euros en las fases normales de producción, con un 90 por ciento de la actividad productiva industrial dedicada a la
exportación de buques, por lo que contribuye a equilibrar de manera muy significativa la balanza comercial de España.
También compartimos la idea de que el sector naval es importantísimo por su efecto multiplicador sobre gran variedad de empresas que están localizadas en regiones marítimas, donde el sector naval supone un peso fundamental en su PIB. De
hecho, además de los 11.000 empleos directos e indirectos de los astilleros públicos, el sector de la construcción naval privada, beneficiario del sistema de arrendamiento financiero, genera 5.000 empleos directos y 12.000 empleos indirectos en la
subcontratación de bienes y servicios con las empresas auxiliares de la zona de influencia donde están localizados esos astilleros.
Como saben sus señorías -ya se ha comentado aquí-, en junio de 2011 la Comisión Europea notificó a España su decisión de incoar un procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, relativo al régimen fiscal aplicable a los contratos de arrendamiento financiero, donde su posible calificación como ayuda de Estado era incompatible con el derecho comunitario. Asimismo solicitó a España la suspensión de dicho régimen
fiscal hasta que no se produjera un pronunciamiento por parte de la Comisión. Nos consta que la Comisión Europea está recibiendo las alegaciones de las diferentes partes interesadas en el procedimiento: el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, así como todas las comunidades autónomas afectadas. Están reuniendo toda la documentación necesaria para defender la legalidad del anterior régimen, y por tanto evitar así cualquier
atisbo de posibilidad de exigencia de devolución de ayudas por parte de la Comisión Europea. En este sentido el Gobierno es optimista, somos conscientes de la inseguridad jurídica actual y compartimos con el sector la desconfianza que esta
situación ha creado, pero sabemos que el Gobierno del Partido Popular ha impulsado ya desde mediados del mes de enero, es decir, unos días después de su toma de posesión, reuniones con representantes de los ministerios afectados y representantes de
la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Desde el Grupo Parlamentario Popular trabajamos en una sola dirección, que no es otra que acabar cuanto antes con la situación de indefinición e inseguridad reinantes como consecuencia
de la suspensión del régimen fiscal anterior, y queremos por tanto que la normalidad llegue cuanto antes a nuestros astilleros españoles.
En este escenario, siendo conscientes de la preocupación reinante en el sector de los astilleros y en la industria auxiliar a él ligada, continuamos trabajando para que, fruto de las conversaciones entre España y la Comisión Europea, se
configure un nuevo régimen jurídico cuanto antes y de forma inminente. De este modo estaremos seguros de que en un breve plazo de tiempo entrará en vigor un nuevo sistema acorde con el criterio de la Comisión Europea. Este nuevo régimen de
arrendamiento financiero estamos convencidos de que va a generar certidumbre, tanto en el sector financiero como en los inversores; significa dotar de condiciones de mercado óptimas a los astilleros privados para poder tener mejores mercados e
igualdad de condiciones que nuestros socios europeos, pudiendo hacer frente a la deslealtad de algunos países asiáticos. Sin duda reportará beneficios.
Señor Jorquera, esté usted tranquilo, aparte de usted hay otras personas que también estamos luchando por el sector naval. Nos consta que el Gobierno va a mantener este sector y nos consta que el Gobierno va a mantener unas ayudas de
reindustrialización para nosotros los gallegos importantes en la comarca de Ferrol, Eume y Ortegal. Seguimos siendo un grupo parlamentario de consenso. Por favor, en la legislatura pasada ustedes y nosotros hemos llegado a acuerdos, sigamos
haciendo eso, sigamos trabajando juntos...
El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, tiene usted que acabar.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Sigamos trabajando juntos por el bien de Galicia y el bien de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Caamaño.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Señor Presidente.
Señorías, España y Europa viven momentos difíciles que aconsejan políticas de consolidación fiscal, de contención del déficit y de racionalización del gasto. Un esfuerzo que se ha de dosificar inteligentemente y adaptarse a la realidad
económica de cada Estado miembro si no queremos que el remedio se convierta en parte del problema. Sin crecimiento no se sale de la recesión y España, a diferencia de otros Estados europeos, necesita incrementar el peso específico de su sector
industrial conquistando nuevos mercados, lo que significa apostar decididamente por sectores en los que ya existe un capital humano y un conocimiento acumulado que permite elaborar productos de calidad y tecnológicamente avanzados, productos que
resulten por su valor-marca muy competitivos en el mercado global.
Tras diversos procesos de reconversión y adaptación a las exigencias de un mercado que comienza a recuperarse
el sector naval español en Cádiz, en Cartagena, en Asturias, en el País Vasco, en Galicia, ha dado muestras de sus muchas capacidades para estar a la vanguardia en la construcción y reparación de buques, tanto civiles como militares, y
acometer otros muchos proyectos offshore. Hablamos pues de un sector muy relevante para la economía española, pero sobre todo hablamos de un sector puntero que tiene todos los ingredientes y todas las condiciones para consolidarse, para innovar,
para abrir nuevos espacios de negocio y convertirse en un referente de la industria española de calidad. Hablamos, señorías, de un sector cargado de futuro, pero todo ese conocimiento, todas esas potencialidades pueden verse perdidas si no
afrontamos con decisión y con valentía la situación por la que está atravesando el sector naval español como consecuencia de la restricción en el acceso al crédito y la consiguiente reducción de la carga de trabajo de nuestros astilleros.
Es en encrucijadas como las que vive actualmente nuestro sector naval en las que hay que actuar precisamente con convicción y con firmeza, respetando las normas europeas -sin duda-, pero también haciéndonos respetar, exigiendo soluciones y
poniendo sobre la mesa propuestas y nuevas alternativas. No es momento de ir a Europa y volver con más recortes y con más austeridad. Es tiempo de ir a Europa a defender lo mejor de nuestra industria y a decirles que si ellos no invierten, nos
dejen a nosotros invertir, porque nuestros son los puestos de trabajo y nuestro es el futuro de las familias que viven directa e indirectamente del sector naval. Apostar por el sector naval, señorías, es un acierto; defenderlo, más. Por eso el
Grupo Socialista votará a favor de la proposición no de ley que ahora debatimos, una proposición que en esencia contempla dos grandes cuestiones.
La primera se refiere a la prohibición, como consecuencia del procedimiento abierto por la Comisión Europea, de financiar mediante tax lease el proceso de construcción de buques. Las consecuencias económicas de esa decisión comunitaria son
de tal gravedad para los astilleros españoles que justifican la suspensión de la medida por la irreparabilidad de los perjuicios o, cuando menos, el establecimiento de una solución transitoria de urgencia que no penalice de forma tan severa el
mantenimiento de la carga de trabajo de nuestros astilleros. Ante esta situación no basta con decir, como hizo aquí mismo el presidente del Gobierno, que se está en ello. Es necesario actuar y hacerlo ya, en Europa, pero también en España,
teniendo un cuadro regulatorio que permita buscar soluciones financieras sustitutivas, y hay margen dentro del derecho de la Unión, hay posibilidades para hacerlo y el Grupo Socialista presentará iniciativas en esa dirección.
La segunda de las grandes cuestiones tratadas en esta iniciativa se concreta en la situación de los astilleros públicos de Navantia situados en la ría de Ferrol. Son, como es sabido, un centro de referencia en la construcción naval de
nuestro país y una pieza clave en el desarrollo económico de una comarca, una gran comarca. Durante estos años el Gobierno ha adoptado medidas para asegurar la carga de trabajo de esos astilleros, desplegando diversos programas orientados a
intensificar su presencia internacional, a mejorar sus capacidades para transformación, construcción y diseño de buques, en definitiva, programas destinados a consolidarlos y prepararlos para cuando se levanten esas limitaciones de la Unión Europea
que les impiden actuar libremente en el sector de la construcción civil. A día de hoy sin embargo todo ese esfuerzo inversor, todo ese ejercicio de transformación y de impulso se encuentra en situación de riesgo si no se adoptan medidas concretas
orientadas a los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.
La proposición anuncia temas tales como...
El señor PRESIDENTE: Señor Caamaño, tiene usted que ir acabando.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Ahora mismo concluyo, presidente.
...tales como la reactivación de la factoría de turbinas o como la construcción de un dique para la realización de reparaciones en la ría. Pues bien, todas estas medidas ya han sido apoyadas por el Partido Popular en esta misma Cámara en
mociones anteriores y el Partido Popular de Galicia ha manifestado públicamente su compromiso de ayudar a la cofinanciación de ese dique; por lo tanto, espero que esta iniciativa pueda contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas. El Partido
Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista están siempre a favor de la inversión...
El señor PRESIDENTE: Señor Caamaño, tiene usted que acabar.
El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: ...y de la cohesión social. Por eso votará a favor de la proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor Jorquera, creo que no va ser para usted ni para nadie en esta Cámara una sorpresa si le digo que vamos a votar favorablemente la proposición no de ley
que hoy nos trae para que sea debatida y votada. Tanto su grupo como el grupo al que pertenezco, el Grupo Vasco, han defendido diversas iniciativas, en Pleno y en Comisión, con el fin de mantener la actividad y la supervivencia del sector naval;
un sector que fue importante antes de la crisis del petróleo y que tras su reestructuración continuó y continúa siéndolo entre otros lugares en Galicia y en Euskadi; un sector que ha sufrido la competencia internacional como ningún otro
de Corea, China y de este tipo de países emergentes y que está sufriendo actualmente para poder sobrevivir; un sector redimensionado y especializado de media y alta tecnología cuyo efecto en su entorno, tanto en la generación de actividad
como de empleo, no es en absoluto despreciable; un sector pues que tenemos que defender e impulsar para que continúe creando riqueza y puestos de trabajo. Por ello mi portavoz, Josu Erkoreka, preguntó la pasada semana al presidente del Gobierno en
relación con este tema interesándose por las medidas que está adoptando el Gobierno para la inmediata implantación de un sistema de arrendamiento financiero para buques que permita salvar al sector del astillero. La respuesta del presidente -la
podemos ver en el 'Diario de Sesiones'- reflejaba un real interés por solucionar el problema. Estaremos pendientes de los pasos que dé el Gobierno al respecto y de exigirle soluciones que son cada vez más necesarias y urgentes.
Como usted bien sabe, señor Jorquera, a finales de la pasada legislatura, cuando el tax lease fue recurrido y suspendido, presentamos una interpelación al Gobierno con la consecuente moción, que fue aprobada creo que por unanimidad en esta
Cámara, por la que se instaba al Gobierno, en primer lugar, a poner el máximo esfuerzo e interés en la tramitación del procedimiento de investigación formal, iniciado por la Comisión Europea en su declaración de 29 de junio, en relación con el
régimen fiscal aplicable a determinados contratos de arrendamiento financiero, ofreciéndole la máxima colaboración en orden a que dicho procedimiento finalice con la declaración de inexistencia de ayuda o, en su defecto, que se considere compatible
con la normativa comunitaria de ayudas de Estado. También se le instaba a ofrecer a los operadores afectados, cualquiera que fuera el sector de actividad al que pertenecieran, la máxima seguridad jurídica en relación con la legalidad de las medidas
de carácter general que hasta la fecha hubieran sido aplicadas y que ahora son objeto de investigación por parte de la Comisión. Se le instaba, en tercer lugar, a aprobar en su caso cuantas medidas de carácter general pudieran coadyuvar al
mantenimiento de actividad de sectores como el marítimo, que han sido y deben seguir siendo claves de nuestra economía, recabando, cuando sea necesario, la autorización previa de la Comisión Europea. Creo que esto en gran medida recoge también la
voluntad, el espíritu y las medidas que plantea el señor Jorquera. El Gobierno ha de cumplirlo, por lo tanto, y para ello estoy seguro que contará con el señor Jorquera y con el propio Grupo Vasco a estos efectos.
Idéntico sentido tiene impulsar la calidad del sector naval, especialmente en Galicia, en los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol. El BNG propone una serie de medidas de impulso y apoyo: cartera de pedidos, prioridad
estratégica, construcción de la sexta fragata F-100, construcción del dique flotante, etcétera. También todas estas iniciativas contarán con el apoyo y el voto favorable de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, debatimos la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto relativa al impulso de soluciones para el sector naval, un sector que nuestro grupo considera también un sector
estratégico, un sector que para nuestro grupo es un sector de presente y de futuro en el tejido industrial español.
Respecto del contenido de la proposición, en la primera parte de la misma y en el marco de las relaciones con la Unión Europea, el grupo proponente insta al Gobierno, por una parte, a solicitar de la Unión Europea que permita la realización
de contratos mediante el tax lease mientras no se resuelva el procedimiento iniciado por la Comisión Europea respecto a la aplicación de este instrumento de financiación español. Por otra parte, también insta a negociar con la Unión Europea para
que la solución pactada difiera de la suspensión del tax lease en los contratos por parte de los astilleros. Por último, insta a intensificar la iniciativa política ante la Unión Europea en aras de revocar todas las limitaciones existentes para el
óptimo desarrollo del sector naval. La segunda parte de la proposición presenta una serie de propuestas específicas con relación a los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol.
Desde nuestro grupo de Convergència i Unió quisiéramos hacer una serie de consideraciones respecto al contenido de la proposición, especialmente en relación con el primer apartado. Señorías, somos conscientes de la inestabilidad que produce
al sector naval español y muy especialmente a los astilleros la imposibilidad de realizar contratos mediante el tax lease, pero somos también conscientes de que la Comisión Europea ha considerado que el sistema de arrendamiento financiero español
-al constar de medidas individuales, consideradas estas por separado- podría constituir también ayuda estatal, que sería ilegal en la medida en que se trataría de una incompatibilidad con las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al
transporte marítimo.
Conscientes de esta situación y sobre todo de la importancia del sector en términos industriales y de empleo, consideramos oportuno y sobre todo necesario que el Gobierno haga todo lo posible para resolver esta situación para estimular al
sector naval, revirtiendo la situación de crisis que padece en la actualidad con el consiguiente impacto en términos de empleo. Nos referimos a un sector no solo estratégico, sino que se trata de un sector que incorpora y puede incorporar cada vez
más una elevada componente tecnológica, es decir innovación. En este sentido, señorías, creemos que las últimas actuaciones del actual Gobierno apuntan en la dirección de mantener el instrumento financiero asimilándolo al que utilizan otros países
europeos como Francia, lo que
supondría pasar de una bonificación de aproximadamente el 30 por ciento a una bonificación de entre el 20 y 22 por ciento.
Presidente, señorías, desde Convergència i Unió entendemos que la mejor forma de hacer política industrial es dando el máximo apoyo a sectores estratégicos para el conjunto del Estado español, como es el sector naval, un sector estratégico,
repito, tanto en términos industriales como de empleo. Por tanto, es necesario el máximo apoyo y apoyo específico no solo para asegurar su viabilidad, sino para garantizar su crecimiento y su competitividad a través de una mayor diversificación, de
una mayor innovación y de una mayor internacionalización, pero siempre en el marco de actuación europeo. No obstante todo ello y sin perjuicio de estas consideraciones, somos partidarios de que estos estímulos sean siempre compatibles, repito, con
el marco europeo, por lo que creemos esencial que el sistema de arrendamiento fiscal español, que atribuye ayudas a las empresas navieras, sea compatible con las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo.
Señor presidente, señorías, tras estas consideraciones y compartiendo gran parte de los argumentos y del contenido de la proposición no de ley, tanto en lo que se refiere a la preocupación por el sector como a las medidas a adoptar para su
reactivación, nuestro grupo se abstendrá en la votación de esta proposición no de ley, sobre todo teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el marco comunitario, con el marco europeo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, considero que he sido contradicho por la diputada Irene Lozano, por lo tanto me gustaría hacer una precisión a las afirmaciones que ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Sabe usted perfectamente, señor Jorquera, porque es un diputado con galones, que en este momento no puede...
El señor JORQUERA CASELAS: Es una precisión simplemente. Únicamente quiero aclarar que no es cierto que la proposición no de ley se refiera en exclusiva a la problemática de los astilleros gallegos. Los tres primeros puntos afectan al
conjunto de los astilleros del Estado; el resto afecta a los astilleros de la ría de Ferrol porque tienen problemas específicos que requieren soluciones específicas, por ejemplo.
El señor PRESIDENTE: No, señor Jorquera...
El señor JORQUERA CASELAS: ... hay dique flotante en la bahía de Cádiz, no lo hay en Ferrol. Hay limitación.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera...
El señor JORQUERA CASELAS: ... a construir buques en el astillero de Fene, no hay...
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, creo que le he dado la oportunidad de manifestar esa precisión, que no era necesaria porque se veía claramente, se deducía del debate. Pero una vez hecho esto, tiene usted que contestarme respecto a las
enmiendas nada más.
El señor JORQUERA CASELAS: Estamos trabajando en una posible transacción, por lo tanto comunicaré antes de las votaciones si hemos llegado a la misma. Si no es así, indicaré qué enmiendas aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPLANTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MÁS FLEXIBLE CON UN BACHILLERATO DE TRES CURSOS. (Número de expediente 162/000129.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos. Para su presentación
tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara, a la sede de la soberanía nacional, una proposición no de ley relativa a la modificación de una de las etapas educativas que mayor impacto, si no el que más, tiene en la formación
de los alumnos, en la adquisición de un elevado nivel de conocimientos -si para ello adoptamos los instrumentos necesarios-, en el diseño del éxito personal, profesional, presente y futuro y también en el desarrollo económico de un país. Así lo
acredita un informe de la OCDE que analizando la relación existente entre el nivel educativo de los ciudadanos y el PIB per cápita de ciento ochenta regiones de la Unión Europea, no pudo sino concluir que aun cuando la educación superior es
importante a la hora de explicar el comportamiento económico de una región, lo es más la educación secundaria postobligatoria. Estamos por tanto ante la modificación de una etapa decisiva en el marco de nuestro sistema educativo y, como tal, su
reforma no puede ser tratada con ligereza, con particularismos o con
improvisación, y sobre todo no puede ser considerada anteponiendo los intereses particulares al interés general.
No es esta la intención del Grupo Parlamentario Popular; por eso estamos en condiciones de afirmar que la reforma que hoy planteamos, para mejor conocimiento de sus señorías, es el fruto de años de trabajo, de estudio de informes nacionales
e internacionales, de análisis de documentos procedentes de expertos educativos, de intelectuales, de colectivos vinculados al mundo de la educación y de cientos de profesores, que son quienes día a día han podido comprobar la ineficacia del actual
modelo de educación secundaria y el enorme perjuicio que una estructura rígida, caótica y diseñada sin finalidad propedéutica alguna ha producido en el sistema educativo en general y en los alumnos en particular.
Señorías, todos ustedes son conocedores de las terribles cifras de fracaso escolar y abandono educativo temprano que soporta nuestro país. Cerca de un 30 por ciento de nuestros jóvenes abandonan el sistema educativo sin haber obtenido
ningún título ni ninguna capacitación profesional para acceder adecuadamente al mundo del trabajo: más del doble de la media de la Unión Europea, señorías, un hecho que se viene repitiendo de forma persistente a lo largo del tiempo sin que exista
ningún tipo de indicador que nos pueda hacer albergar algún tipo de optimismo.
España no solo soporta unas cifras de abandono educativo temprano realmente bochornosas, sino que también encabeza las cifras de paro juvenil de toda la Unión Europea: cerca del 50 por ciento, un 48,6 por ciento de los jóvenes españoles
están en paro y lo están en una clara e íntima relación entre el nivel de formación de los alumnos y la tasa de desempleo. Cuanto mayor es la formación, cuanto mayor es la permanencia en el sistema educativo, cuanto mayores son las etapas
superadas, menor es el desempleo. A mayor fracaso escolar, mayor tasa de paro. Esa es la realidad que muestran todos los indicadores y ese es el mayor reto al que nos enfrentamos. Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que no
hay ni un minuto que perder. Es preciso acometer reformas y es preciso hacerlo ya y para ello buscaremos sin prisa pero sin pausa el máximo acuerdo con los grupos de esta Cámara, con los representantes de la comunidad educativa: con padres,
profesores, alumnos, con representantes de centros, con la sociedad española, con todo aquel para el que la educación resulte un reto importante.
Queremos reformar la educación española y queremos hacerlo desde la unidad, no desde la confrontación. España no puede permitir que su sistema educativo nos aleje de los niveles de calidad de los países más desarrollados. Por eso
presentamos esta iniciativa, porque creemos que hay que comenzar actuando sobre la educación secundaria obligatoria y sobre el bachillerato, etapas que se han demostrado ineficaces para elevar el nivel de conocimiento de los alumnos y sobre todo
para motivarlos lo suficiente con el fin de que estos decidan continuar sus estudios. El actual modelo de bachillerato, uno de los más cortos de Europa -tan solo Lituania, Malta y Escocia tienen un bachillerato de igual duración-, añade a su
brevedad una enorme carga lectiva que se impone a los alumnos en dos escasos cursos de duración.
Diecisiete materias diferentes y hasta diecinueve en aquellas comunidades con lengua cooficial convierten esta etapa decisiva en una especie de maratón de asignaturas sin ningún tipo de orden ni finalidad. No es extraño que la escasez de
tiempo, la diversidad de materias y la rigidez en la estructura imposibiliten que a los alumnos se les proporcione la formación, madurez intelectual humana, conocimientos y habilidades, tal y como establece el artículo 32 de la Ley Orgánica de
Educación. No es extraño, señorías, que las universidades españolas tengan que organizar los llamados cursos cero para proporcionar a los alumnos aquellos conocimientos que debían haber obtenido a lo largo del bachillerato. De ahí nuestra
propuesta, de ahí nuestro compromiso para convertir el bachillerato en una etapa más potente, más fortalecida, plenamente capacitada para preparar a los alumnos hacia los estudios superiores, sin olvidar por supuesto la formación profesional para
hacerla más atractiva, más cercana a la empresa, a las necesidades de la misma y al mercado laboral. Para eso, señorías, tal y como reconoce nuestra iniciativa, impulsaremos un bachillerato de tres años que convierta al actual 4º de ESO en un curso
de iniciación hacia el bachillerato y en un curso de iniciación hacia la formación profesional. Ambos cursos, los dos, señorías, seguirán formando parte de la enseñanza básica obligatoria y gratuita que, como hasta ahora, se mantendrá hasta los 16
años.
¿Qué es lo que pretendemos con ello? En primer lugar, reducir la tasa de abandono escolar y que un mayor número de alumnos encuentren en este sistema más flexible, que se adapta mejor a sus capacidades e intereses, una motivación para
proseguir sus estudios. En segundo lugar, dotar al bachillerato de la exigencia y calidad que requiere una etapa formativa fundamental en la estructura del sistema. En tercer lugar, y sin duda esencial, equiparar la valoración de la formación
profesional haciéndola más atractiva a cualquier otra etapa postobligatoria. Señorías, queremos que los alumnos puedan elegir con libertad aquella opción que más se ajuste a sus intereses y a sus aptitudes, que no existan dudas con relación a la
calidad de una u otra opción. Queremos dignificar la formación profesional, que un mayor número de alumnos, al igual que ocurre en el resto de Europa, encuentren en su elección un camino hacia el mercado laboral. No queremos cerrar caminos,
queremos facilitar opciones y nos gustaría hacerlo con el máximo apoyo, para lo cual dedicaremos el mayor esfuerzo en resolver cuantas dudas, incertidumbres y posibles dificultades pueda generar la implantación del nuevo modelo.
Todos los cambios siempre suponen un periodo de diálogo y de adaptación. Nosotros estamos dispuestos a
afrontarlo con la máxima flexibilidad y a fundamentarlo con las modificaciones legislativas que sean precisas. Nuestro objetivo es que con el nuevo modelo ganemos todos y no pierda nadie. Estamos seguros de que con la ayuda de sus señorías
lo lograremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde esta tribuna mi grupo exige que se tomen las medidas oportunas para acabar con la represión contra los estudiantes en Valencia y se cese a los responsables de la misma. (Aplausos.)
Señorías, hoy debatimos una iniciativa que insta al Gobierno a que haga lo que ya un ministro del Gobierno dijo que iba a hacer -sorprendente y redundante-, pero quizá sea porque no sabemos si lo hacen porque la ciudadanía no ha tardado en
descubrir que, tras su promesas electorales, ustedes han pasado del cuaderno azul a una agenda oculta cuyo contenido poco o nada tiene que ver con aquello a lo que a su partido se había comprometido.
Cuando el señor ministro justificó en la Comisión correspondiente la ampliación del bachillerato a tres años, efectivamente lo hizo basándose en informes de la OCDE. Pues bien, nosotros también vamos a referirnos a un reciente informe de la
OCDE, que lleva el título de Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y a escuelas en desventaja. En el punto 2 de dicho informe se recomienda 'Evitar la separación temprana y diferir la selección de estudiantes hasta la educación
media superior' y se afirma que 'La selección temprana de estudiantes ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a niveles más bajos y aumentan las desigualdades sin elevar el desempeño promedio'. Es más, algunos expertos consideran que la
reducción de un año en la ESO no sería la receta más indicada para combatir el fracaso y el abandono escolar en nuestro país. Nuestra enmienda precisamente va en esa dirección.
Esta reforma genera muchas dudas en muchos colectivos del ámbito educativo y en muchas comunidades autónomas. Algún ejemplo al respecto. Desde FERE Navarra se preguntan si este adelanto, con lo que tiene de menor madurez del alumno a la
hora de tomar una decisión importante para su futuro, va a conseguir disminuir el fracaso escolar. La Ceapa sostiene que la reforma que el Gobierno propone es una medida claramente segregadora y supone un abandono de la función que debe tener la
escuela de compensar las desigualdades individuales y colectivas al reducir el periodo de escolarización común a que tiene derecho todo el alumnado.
La reforma que ustedes proponen no se sustenta en ningún estudio o investigación fundamentada, señorías del Partido Popular. Ustedes afirman que nuestro bachillerato es uno de los más cortos de Europa, cuando la mayoría opta por un inicio a
la edad anterior a los 16 años. Lo cierto es que de los treinta países de Europa más desarrollados industrialmente, en dieciséis de ellos comienza la educación secundaria superior ¿saben cuándo? A los 16 años. Que ustedes quieran justificar el
recorte en secundaria manifestando que Finlandia, Alemania o Dinamarca tienen un bachillerato de tres años es una verdad a medias, que es la peor de las mentiras, e intentan ocultar una manipulación demagógica de los datos. Efectivamente, Alemania
y ambos países escandinavos tienen tres años de bachillerato porque empezando a los 16 prolongan la enseñanza preuniversitaria hasta los 19, como ocurre igualmente en Suecia y en Polonia, y en Islandia es incluso hasta los 20 años.
Más afirmaciones que hacen ustedes. La ESO se configura como una etapa de continuación de la educación primaria con un nivel muy elemental, no adecuado para iniciar los estudios de bachillerato. Esto indica dos cosas, señorías, su profundo
desconocimiento -ignoro si interesado- de los más elementales principios pedagógicos y educativos que orientan los sistemas de enseñanza en nuestro tiempo y, segundo, que lo hacen sin presentar estudios, investigaciones y revisiones, es decir, no
presentan ustedes absolutamente nada que avale dicha afirmación. Les digo más. Si así fuera, que, insisto, no lo es, ¿no sería más lógico mejorar la calidad de la educación en la ESO, con más recursos que permitiesen disminuir las ratios y
potenciar una enseñanza individualizada, en lugar de cambiar la duración de la etapa?
Nos parece muy grave que ustedes reduzcan en un año la educación obligatoria común y equiparable para toda la población, quebrando dos de las finalidades fundamentales de la educación: contribuir a la cohesión social y a la igualdad de
oportunidades. Lo que cualquier Gobierno debe hacer es garantizar que el alumnado finaliza esta etapa con la mejor cualificación posible para integrarse en la sociedad con la formación adecuada, tanto si lo hacen para continuar con sus estudios y
mejorar su preparación como si es para incorporarse al mundo laboral.
Pero como más allá de afirmaciones sesgadas o interesadas nada se explicita, nada dicen ustedes, no nos queda más remedio que pensar que existe esa agenda oculta y que tras ella se ocultan intereses que nada tienen que ver ni con la calidad
de la enseñanza ni con la mejora del sistema educativo. No han explicado ustedes qué son las vías formativas flexibles, que mucho nos tememos que ya, dada la deriva que llevan ustedes, terminen siendo itinerarios basura, donde se arroja al alumnado
con mayores dificultades o con la pretensión de que no entorpezcan a los excelentes. O quizá lo que quieran hacer es cumplir con la vieja reivindicación de la iniciativa privada de conseguir la concertación del bachillerato, es decir, señorías del
Partido Popular, señorías, más
dinero público para la iniciativa privada, en detrimento de los institutos públicos de enseñanza secundaria.
Señorías, ser tertuliano o tertuliana es una cosa y asumir responsabilidades, como gestionar la educación en nuestro país, es otra. (Aplausos.) En el primer ámbito, cualquier disparate pasa desapercibido.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente.
En el segundo, pueden llevarnos al desastre. Por eso les solicitamos, les pedimos que admitan nuestra enmienda. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, respecto a esta proposición no de ley nosotros compartimos varias ideas de las que contiene. En primer lugar, compartimos la urgencia de reformar el sistema educativo porque efectivamente no admite más esperas y, en segundo lugar,
también estamos de acuerdo en que la idea de prolongar el bachillerato es beneficiosa, así como la de adelantar la elección de formación profesional y dignificar este itinerario. Sin embargo, sí querría hacer algunos comentarios sobre algunas
cuestiones de esta PNL, que nos parece importante aclarar. Nosotros esperamos que a lo largo de la tramitación de la reforma educativa el Gobierno vaya especificando qué es lo que exactamente quiere hacer porque de momento son declaraciones de
intenciones muy generales que, por supuesto, algunas compartimos, pero en otras tenemos dudas. Por ejemplo, nos parece importante observar que no bastaría con cambiar de nombre un curso. Ampliar el bachillerato no podría ser que 4º de la ESO se
convierta en 1º de bachillerato simplemente cambiando el rótulo. Además estaremos todos de acuerdo, los que seguimos la educación como es mi caso -no soy tertuliano sino profesor, luego creo que sé algo de lo que estoy hablando- en que es un error
muy común el cambiar los rótulos de las cosas para dejar las cosas como estaban; cambiar el envoltorio, pero dejar el mismo objeto.
Si vamos a hacer un bachillerato más amplio, lo cual, desde luego, es una buena idea, sería necesario garantizar dos cosas: en primer lugar, que va a haber un cambio curricular y que ese 1º de bachillerato va a tener un contenido propio y
adecuado para lo que es ese ciclo educativo y, en segundo lugar, que el profesorado también sea el adecuado. Tampoco sería suficiente, no bastaría, con que el profesorado de 4º de la ESO, sin más, se convirtiera de un día para otro como a veces ha
ocurrido en profesorado de 1º de bachillerato. Resumiendo y para que nos entendamos, no repitamos por favor los errores que se han cometido en la universidad con el proceso de Bolonia. No repitamos el error de creer que basta con cambiar la
denominación de las cosas para que cambien de naturaleza, porque desde luego no basta. Nosotros les aconsejamos que busquen la financiación adecuada para esta inversión, que lo es, por ejemplo ahorrando en duplicidades en otras administraciones.
Dejemos tranquila la educación que aunque es cierto que está bien financiada, no lo está adecuadamente, de la manera que debería estar, y busquemos recursos en otras partes para tener el profesorado que necesitamos en el bachillerato. Todo el mundo
está también de acuerdo -espero- en que el núcleo duro, el alma y la esencia de la educación es el profesorado; esto es lo que tenemos que cuidar.
En segundo lugar, también les quería hacer la observación de que estamos de acuerdo en que está bien bajar el acceso a la formación profesional a los 15 años. Nosotros estamos más por la opción de bajarla hasta los 14, por una razón muy
práctica y sencilla. Es conocido que hay mucho abandono escolar -demasiado- ya en 2º y en 3º de ESO. Hay que dar a esos chicos y chicas una opción constructiva que no sea abandonar la educación, sino unirse a itinerarios de formación profesional.
Evidentemente puede haber unos problemas por cómo se gestiona ese cambio, pero nos gustaría discutirlo con ustedes. Finalmente lo que hay que hacer con la formación profesional -y creo que este es un cambio pendiente tan importante o más que el del
bachillerato- es que sea un itinerario alternativo adecuado al bachillerato, no una vía muerta para aparcar el abandono escolar temprano o el fracaso escolar -hay que acabar ya con esa concepción de la formación profesional-, sino una línea
educativa absolutamente digna y prestigiosa que además -y esto es lo que desde luego les pedimos- tenga en todos los casos garantizado el paso a la educación superior. Es decir, que sea posible pasar de la formación profesional de grado superior a
la universidad, no en algunas titulaciones sino en realidad en el conjunto de las titulaciones.
Para finalizar, sencillamente queremos decirle al Gobierno que estando de acuerdo con esta propuesta del Grupo Popular, creemos que hay que avanzar mucho más en los detalles, hay que ser más precisos, más concretos, hay que buscar
financiación y hay que buscar una concepción del sistema educativo como un todo, una concepción holista, y no detallista, del bachillerato por una parte, la formación profesional por otra, la ESO por otra parte, y la primaria, para más allá.
Por último, querría hacer una mención, ya que estamos refiriéndonos al sistema educativo como un todo. Hoy es el Día internacional de la educación en lengua materna que ha proclamado la Unesco y aunque aquí ahora no estamos hablando de eso,
sí creo que es interesante hacer una llamada de atención para que también avancemos en ese asunto. No puede ser que un derecho que no reconocía el franquismo, la dictadura, que era la educación
en lengua materna siga estando bajo sospecha y se incumpla sistemáticamente en algunas comunidades autónomas en democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, desde nuestro grupo parlamentario ya expresamos muchas dudas durante la comparecencia del ministro de Educación en referencia a esta misma propuesta concreta. Compartimos, y así lo expresamos, la preocupación por reducir el
fracaso escolar al mismo tiempo que también creemos necesario potenciar los niveles de excelencia. Asimismo, compartimos la necesidad de buscar soluciones al abandono escolar y a trabajar para mejorar las enseñanzas profesionales y así facilitar la
salida laboral a nuestros jóvenes. Así expresamos allí en muchos puntos nuestra preocupación y nuestro interés por esforzarnos para buscar puntos de encuentro, de consenso donde todos los agentes que intervienen en nuestro sistema educativo puedan
aportar sus iniciativas y conjuntamente trabajar para mejorar en calidad y exigencia. Dejamos constancia inequívoca de nuestra opinión respecto de los puntos que hoy debatimos concretamente. Esta proposición no de ley explicita la modificación de
la arquitectura del sistema educativo establecido, que es la estructura de los mismos centros. La propuesta plantea dudas importantes de gran parte de la comunidad educativa. Es necesario saber qué se pretende exactamente para así poder buscar
soluciones de consenso.
Estamos hablando de concretar más los puntos a mejorar para entonces proponer y debatir las posibles soluciones. Ahora, antes de definir bien la situación en la que estamos y concretar los objetivos, no podemos desde nuestro grupo
parlamentario dar nuestro apoyo a una medida concreta que creemos provocará disfunciones de todo tipo a nuestro sistema educativo. Hemos presentado una enmienda al texto en este sentido. Nosotros creemos que es necesario mantener el carácter de
fin de etapa del 4º curso de la educación secundaria obligatoria. Nuestra enmienda también apuesta por un modelo más exigente para acentuar el carácter orientador del 4º curso respecto a lo aprobado actualmente sin llegar a dividir etapas. Creemos
que está en la línea que reflejan en la proposición no de ley de pasarela flexible. Queremos subrayar el objetivo común de destacar para este 4º curso de la ESO su función de enseñanza preparatoria para el estudio del bachillerato y de la formación
profesional, estructurándolo como un curso propedéutico con un itinerario más académico y otro más formador claramente diferenciados. Nuestra enmienda permite continuar trabajando y analizando las soluciones a nuestros objetivos de mejora, buscando
el consenso que anunció el ministro. En su propuesta, al no coincidir el final de la etapa con la enseñanza obligatoria, se originarán reformas importantes y estructurales en los diferentes ámbitos: el personal docente, las inversiones en las
instalaciones de los edificios, la repercusión en los movimientos del alumnado, el exceso y la falta de espacios y otras muchas consecuencias. En definitiva, más inconvenientes que ventajas.
Esta no es la voluntad expresada por el Gobierno, que destacó claramente la voluntad de mejora de la calidad de la educación sin crear otro gran desajuste del sistema que no ayudará en absoluto a la eficiencia en los recursos, al logro de
los objetivos de Europa 2020 y a la anunciada estrategia nacional de calidad. Creemos que esta medida que proponen traerá a la educación aquello que el ministro quería evitar, volver a pasar por un trance que genere inestabilidad y dudas. También
es verdad que la situación requiere de diagnóstico y propuesta de soluciones. Tenemos que continuar trabajando para aumentar el éxito escolar y conseguir que la escuela sea un espacio de transmisión de valores. Ya se tomó la decisión en el ámbito
universitario -teníamos una oportunidad en ese momento-; ahora creemos que para mejorar la calidad del sistema es necesario preservar la etapa de educación secundaria obligatoria gratuita, con sus titulaciones, con el profesorado, sus centros,
manteniendo definitivamente la estructura actual. No obstante, nuestro grupo parlamentario no renuncia a la lucha contra el fracaso escolar para que la mayoría de la población obtenga las competencias básicas haciendo crecer la excelencia y
mejorando los resultados a todos los niveles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra -hay tres intervinientes, a los que les llamo la atención para que entre en su tiempo- en primer lugar el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en mi breve intervención voy a ceñirme a hablar de educación, como es lógico. El Grupo Parlamentario Popular da el primer paso en sede parlamentaria para dar cumplimiento al contenido del discurso de investidura del presidente del
Gobierno. Vamos a apoyar su iniciativa por coherencia con nuestro propio programa político y también por nuestra disposición política en dicha sesión.
La LOE establece para el bachillerato unos objetivos propedéuticos y finalistas, y nos encontramos con que, tras quince años de aplicación y desarrollo, no es posible el cumplimiento de estos objetivos. Nuestro bachillerato de dos años es
muy corto, de los veintisiete países de nuestro entorno apenas dos o tres mantienen el bachillerato de dos años; en el resto varía entre tres o cuatro y en algunos casos llega a cinco. El problema de nuestro bachillerato, señorías, es doble. En
primer lugar, llegan
menos alumnos como consecuencia de la alta tasa de abandono escolar y, en segundo lugar, el igualitarismo descompensador -o mejor dicho compensador de la comprensividad como fundamento pedagógico de la educación secundaria obligatoria-
determina negativamente una formación que dificulta los propios objetivos de etapa. Esto ha producido un déficit importante de conocimientos necesarios para la etapa posterior que obliga a la propia universidad a establecer cursos puente o cursos
cero. Sin embargo, no nos engañemos, la simple diversificación de estudios acortando 4º curso -la etapa intermedia de la ESO- no va a significar por sí misma la panacea del sistema. La flexibilidad del sistema debe dirigirse a recuperar el
prestigio perdido y a adelantar el inicio de la opción profesional. No se trata de dar más o menos asignaturas o de redistribuir las diecinueve existentes sino de recuperar el prestigio perdido del bachillerato.
No quiero terminar sin hacer una segunda reflexión que ya puse de manifiesto en sede parlamentaria: el sistema necesita cambios sustanciales, pero no solo de tipo estructural -como el que aquí debatimos- sino de gestión de centros, de
experiencia de aula. Y eso pasa, señores del Gobierno, por mejorar el acceso a la función docente, definir los nuevos perfiles profesionales, impulsar la dignificación profesional del profesor...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo que comparte su tiempo. Tiene que acabar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Voy terminando.
Pasa, como les decía, por regular nuevos modelos de organización, de autonomía, y cambiar la selección de personas y de directivos. Estoy hablando de gestión, de formación y de autonomía. Con esta observación de las experiencias de aula,
muchos países han mejorado los conceptos claros de abandono escolar y de fracaso escolar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Tiene ahora la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Nuestras enmiendas van por el consenso, un consenso que me temo que ustedes no tendrán, y tendremos una nueva ley de educación que saldrá sin consenso. Hoy yo no voy a hablar de esta propuesta sino de la educación
cívica -que también aparece entre sus propuestas- y esa educación cívica que quieren implantar a la fuerza en mi tierra, en Valencia. Estos días hemos visto en las calles de Valencia cuál es la idea de educación cívica que tiene la delegada del
Gobierno. Ayer lo comprobé con mis propios ojos cuando fui empujado y aporreado mientras conversaba tranquilamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le tengo que pedir que se centre usted en la cuestión. Como diputado tiene posibilidad para hablar de ello en otras situaciones, pero ahora tiene que hablar de la proposición no de ley y de su enmienda.
El señor BALDOVÍ RODA: En la proposición...
El señor PRESIDENTE: Y si no habla de ello, tengo que quitarle la palabra.
El señor BALDOVÍ RODA: Con el debido respeto, en las dos enmiendas se trataba de abrir un expediente y estoy intentando explicar por qué pedimos que se abra un expediente informativo, justamente para que la gente entienda por qué pedimos
eso y por qué no pedimos otra cosa. Yo creo que simplemente estoy haciendo un relato de los hechos.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que se sale usted de la cuestión. Intente no salirse.
El señor BALDOVÍ RODA: Lo que hemos visto estos días es que se ha tratado a nuestros pequeños ciudadanos como delincuentes, se les ha llamado enemigos, y yo creo que se está haciendo un flaco favor a esos ciudadanos a los cuales les
queremos dar una educación cívica. Se ha llamado enemigos a adolescentes que protestaban por cosas de ciudadanía: porque su instituto no tiene calefacción, porque no se sustituye a sus profesores; por causas absolutamente justas, razonables,
ciudadanas.
Hay alguien en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano que ha perdido los papeles y que es parte del problema y no de la solución. Por eso yo creo que deberían irse a su casa la delegada del Gobierno y el jefe de la policía y
dimitir, y que alguien haga otra cosa para conciliar.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a decirle que no veo la relación entre la proposición no de ley del bachillerato de tres años y la delegada del Gobierno en su casa, así que si sigue usted por ahí le tendré que quitar la palabra. (Rumores.)
El señor BALDOVÍ RODA: No criminalicen a nuestros jóvenes, por favor. Nuestros jóvenes son el pueblo, son el futuro, y yo simplemente digo lo que está diciendo hoy la calle, los ciudadanos de mi tierra ahora mismo en la calle pidiendo
dimisiones.
Muchas gracias. (Muestra un cartel que dice: Dimissions.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, siento vergüenza ante los hechos que acaecen en la ciudad de Valencia. Vergüenza ante unos hechos inadmisibles. Vergüenza ante unos profesionales comandados por un profesional que
califica de enemigos a los ciudadanos que se manifiestan por sus derechos. Vergüenza de comprobar cómo una Administración que se dice moderna solo sabe responder con brutalidad ante los jóvenes que reclaman sus derechos a la educación de calidad.
Estamos ante una situación de terror organizado. (Protestas.-Un señor diputado: ¡Fuera!) Sí, de terror organizado.
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, le pido otra vez que vuelva a la cuestión. Si se empeña usted en salirse de la cuestión, le tengo que quitar la palabra, cosa que no quiero. Usted tiene unas enmiendas que defender. Hágalo.
La señora JORDÀ I ROURA: Esta es la puesta en escena estos días de la policía española en la ciudad de Valencia cuando unos estudiantes de secundaria de un instituto sin calefacción, el IES Lluis Vives, se manifestaban de manera
absolutamente pacífica en contra de los persistentes recortes en educación. Las unidades de la policía agreden de manera indiscriminada y desproporcionada no solo a los estudiantes sino también a la gente y a los periodistas que seguían los hechos.
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, la llamo por primera vez al orden.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, es que las enmiendas de nuestro grupo van en esta dirección. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: No, no van en la dirección del bachillerato de tres años. (Protestas.)
La señora JORDÀ I ROURA: Sí, de hecho...
El señor PRESIDENTE: Usted tiene que centrarse. Si sigue por ese camino, le voy a tener que quitar la palabra. Le ruego que no siga por ese camino.
La señora JORDÀ I ROURA: Acabo.
El uso de la fuerza contra la población es una de las medidas extremas que el Estado puede tomar (Protestas.) y, a la vez, el derecho a la reunión es un derecho reconocido en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, tal y como
nos recuerda Amnistía Internacional en un comunicado cuestionando la violencia policial.
Este Parlamento quiere abrir un debate sobre la educación en este país y buscar acuerdos para alcanzar un gran pacto. En él vamos a trabajar, pero creemos necesario conseguir un modelo de educación secundaria de primer orden. Por educación
nosotros entendemos muchas cosas, también la educación cívica, la ética, los derechos. Por ese motivo, señorías, este Parlamento tiene que exigir ya responsabilidades.
Gracias, señor presidente. (Muestra un cartel que dice: Dimissions.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Socialista y para presentar su enmienda tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda que se resume en los dos aspectos siguientes: por una parte, el reforzamiento del modelo de educación secundaria obligatoria, entendida esta como educación básica y gratuita
hasta los 16 años, y por otra el mantenimiento del carácter orientador del último año de la ESO, de acuerdo con el espíritu de la LOE y de las normas que la desarrollan; o dicho de otra forma, el Grupo Socialista propone mantener la formación
básica hasta los 16 años y aportar la debida flexibilidad al sistema.
Respecto de la primera cuestión, la formación básica, esta es la garantía del principio de igualdad de oportunidades, garantía, por cierto, que ha sido confirmada por organismos internacionales como la OCDE, que acreditan a España como el
país más equitativo, junto con Finlandia. Esto en el fondo es lo que está en juego en esta proposición no de ley del Grupo Popular, que plantea ampliar un año de bachillerato a costa de rebajar en un curso la formación básica de todos los
españoles. No voy a consumir ni un minuto en rebatir los datos esgrimidos por el Grupo Popular respecto del bachillerato en Europa, sencillamente porque faltan a la verdad. Son ustedes poco rigurosos, hacen trampa con las cifras, pero como ya se
ha dicho aquí, no voy a insistir más en ello. Sin embargo, déjenme que de forma rápida recuerde los problemas y las incongruencias que va a generar esta propuesta si sigue adelante.
De entrada se deberá reformular o reformar la Ley Orgánica de Educación, algo que va en contra de lo que mantuvieron aquí tanto el señor Rajoy como el ministro de Educación. Después se inicia a los 15 años un bachillerato de tres cursos
donde solo el primero es obligatorio; ya me contarán, si no van a seguir estudiando, para qué les va a servir ese primer curso. En tercer lugar, se recorta un curso a todos los centros que hay en España de 12 a 16 años, especialmente en zonas
rurales, centros que tienen secundaria obligatoria pero no tienen bachillerato, por lo que los estudiantes tendrán que ir a hacer el último curso a otra localidad.
El ministro Wert, con la furia del converso, se ha erigido en el abanderado de la separación temprana, y en su comparecencia incluso llegó a aplaudir el modelo alemán, el único en el mundo que separa a los chicos de las chicas a los 12 años,
un modelo que por otra parte está en vías de modificación en la propia Alemania. Se ha citado aquí un informe de la semana pasada, muy
reciente, sobre la equidad y la calidad en la educación, cuyo contenido no voy a repetir. Si esto es así, si el cambio crea problemas legislativos, si crea problemas graves de organización en los centros y sobre todo reduce la formación
básica en un año, solo existe una razón para esta modificación, y es que en la contrarreforma que ha iniciado el Gobierno se quieren concertar los tres años de bachillerato. Esa es en el fondo la cuestión. Por cierto, posibilidad no descartada por
el ministro Wert en su comparecencia. En esto nos van a tener en contra. Hablamos también de flexibilidad, y les decimos que ya la Ley de Economía Sostenible favorecía esa flexibilidad: flexibilidad para 4º de la ESO, entre bachillerato y
formación profesional, pero una vez más el ministro Wert ha anunciado que aplazará su entrada en vigor.
Puede que en estos dos meses pensáramos que las posturas del Ministerio de Educación, las diversas iniciativas, respondían solamente a la frivolidad del ministro. Hoy sabemos que no es así. Derogaron unos temarios de oposiciones que
mejoran la calidad de unos opositores y volvieron a los del año 1993. El ministro ha afirmado en su comparecencia que el 0-3 no es educación. Proponen volver a un sistema de becas paternalista, modifican con sesgo tridentino la educación para la
ciudadanía, eliminan los campus de excelencia internacional y hasta consideran a los alumnos de secundaria como enemigos y se les reprime de forma violenta, como en los peores años del franquismo. (Aplausos.) ¿Por qué razón, señorías? Simplemente
porque están hablando de los recortes, de que les han quitado la calefacción. Ese ha sido su delito. Ya sabemos, por lo tanto, cuál es la forma de entender la educación de este Gobierno del Partido Popular. Están ustedes entrando en el túnel del
tiempo, están en un sistema absolutamente de contrarreforma, han entrado en una involución y esta medida de educación, esta medida de los tres años de bachillerato es un paso más calculado, un plan calculado para desmontar nuestro sistema público.
Hoy ya lo sabemos, por eso les decimos -termino, señor presidente- que si ustedes no rectifican, que si ustedes siguen intentado eliminar el principio de igualdad de oportunidades, pasarán las líneas rojas que anunciamos al ministro que no deberían
pasar y nos van a tener enfrente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señora Moneo, a la vista de los resultados generales del informe PISA sobre el alumnado en el Estado español es evidente, no se puede negar, que la tasa de abandono y fracaso en este momento nos permite afirmar que debemos modificar algo en
nuestro sistema, de tal forma que a lo largo de todas las etapas del sistema, incluida la de la educación secundaria evidentemente introduzcamos mejoras que nos permitan llegar a un fracaso escolar y un abandono menor.
Para ello ustedes nos proponen la ampliación del bachillerato a tres años. Nuestro grupo opina que esta modificación de la estructura del bachillerato en este momento no es la más adecuada por tres razones principalmente: en primer lugar,
parece que esta reforma nos permitiría acercarnos más al sistema europeo y, sin embargo, esta consideración solo en sí misma, la de los tres años de bachillerato, no es suficiente para explicar los desiguales resultados que se producen no solo en
los distintos países europeos sino también en el conjunto del sistema español. Si hacemos un análisis muy somero de los resultados que obtienen en ese informe PISA los dieciseis países que ustedes aportan en la PNL, observamos que el mejor colocado
siempre es Finlandia. Sin embargo, los resultados de Castilla y León, La Rioja y el País Vasco con este modelo actual se encuentran siempre por encima de la media, en el peor de los casos en la media, mientras que como mínimo seis de esos países
siempre se encuentran por debajo de la media europea, tanto en comprensión lectora como en competencia matemática como en competencia científica. Podemos afirmar que no solo la estructura del bachillerato es lo que hay que cambiar, sino que hay
algo más que debemos modificar, es decir, la implantación de ese modelo y la aplicación real.
En segundo lugar, dada la situación económica que estamos viviendo, no nos parece tampoco lo más adecuado esta reforma puesto que definiendo mejor los itinerarios, con una mayor flexibilidad, una mayor autonomía a los centros para la
aplicación de individualización de diversos problemas, es decir, soluciones adaptadas a las necesidades, se podrían conseguir unos mejores resultados. En estos momentos en centros concertados, por ejemplo, en los que la formación de ESO se termina
a los 16 años y los alumnos pasan a estudiar a otros centros, nos encontraríamos con el problema de profesores que nos están, entre comillas, sobrando, es decir, que se quedarían sin docencia y que en otros centros harían falta. Además, faltaría
infraestructura en esos nuevos centros a los que vamos a enviar más alumnos. Eso supondría, evidentemente, mayores dotaciones económicas. No creemos que sea el momento de hacerlo. Otros modelos, otras aplicaciones, serían más sencillos. Por
último, la dificultad en la implantación de este sistema, la incertidumbre que se puede crear a las familias también. El sistema en su aplicación, en su operatividad, nos resulta bastante complejo, y le voy a hacer referencia a algunos casos muy
concretos. Una educación obligatoria hasta los 16 años en la que, sin embargo, los alumnos a los 15 años terminan una etapa en la que se les da un título pero tienen que cursar un año más que no les ofrece nada adicional, no parece muy coherente
con la mejora de resultados; la problemática de implantación, tanto en ESO como en bachillerato, o la implicación en la formación profesional; el
material escolar; el bilingüismo. En este caso ustedes hacen referencia al bilingüismo castellano-inglés. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. En este Congreso estamos representadas distintas comunidades con lenguas
maternas distintas al castellano, luego el plurilingüismo que se puede definir, como dice la Unesco, como un gran aliado para velar por la calidad en la educación, ¿cómo se va a poder implantar también? ¿Cómo se ven afectados los ciclos formativos
de FP? Creemos que hay grandes incógnitas y que se trata de aspectos muy sensibles que merecen una reflexión importante antes de empezar a avanzar en este modelo de tres años. Creemos que tenemos que trabajar mucho antes de dar el sí a esta
modificación de estructura. Creemos sinceramente que hay formas de hacerlo con la actual estructura que nos van a permitir mejorar resultados. Por lo tanto, hoy nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
A efectos de conocer si se acepta alguna enmienda tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer las intervenciones de los diferentes grupos y decir al Grupo de Convergència i Unió que, aun compartiendo el fondo de su planteamiento, hay determinadas cuestiones de forma que nos separan...
El señor PRESIDENTE: Señora Moneo, no tiene usted que dar explicaciones. Tiene que decirme a mí nada más si acepta o no acepta.
La señora MONEO DÍEZ: No podemos aceptar la enmienda de Izquierda Unida; tampoco, evidentemente, la del Grupo Socialista. Señor presidente, hemos logrado una transaccional con el Grupo de UPyD que sin duda mejora nuestro texto original.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: O sea, que se votaría con la transaccional con el Grupo de UPyD.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. TARDÀ), SOBRE LAS TRANSFERENCIAS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN QUE SE REALIZA EN CATALUÑA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
(IRPF) DESTINADO A FINES SOCIALES. (Número de expediente 173/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Mixto sobre las transferencias a la Generalitat de Catalunya de la
recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a fines sociales. Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ignoro cuál es la lógica interna, el criterio, la razón que pueda explicar que por ejemplo en una comunidad autónoma con 1.700.000 habitantes -no digo el nombre para que nadie se sienta violentado- las asociaciones de familiares de
enfermos de alzhéimer puedan recibir 1.800.000 euros de ayudas, de subvenciones y en cambio Andalucía, por ejemplo, reciba la mitad, justo la mitad, cuando tiene cerca de 8,5 millones de habitantes; y Cataluña no la mitad sino tres veces menos, una
tercera parte, aun cuando tiene 7,5 millones de habitantes. No hay ninguna razón; es más, alguna vez he preguntado cuál es la razón y miembros del Gobierno o del equipo gubernamental anterior no sabían qué decirme. Es lo que hay; la respuesta
es: Es lo que hay. Se trata de una comunidad autónoma que recibe muchos recursos comparados con la población, muchísimos, tres veces más que otras comunidades autónomas con tres y cuatro veces más habitantes; proporcionalmente, por desgracia,
también deben tener muchos más enfermos de alzhéimer. Hablo de la enfermedad de Alzhéimer pero podríamos hacer extensivo este ejemplo a otros parámetros.
La moción de hoy, aun cuando no se quiera ver, es muy importante, no solamente porque se trata de resolver algo que viene arrastrándose desde hace muchos años sino porque además clama al cielo; ya no hay ninguna explicación razonable que
pueda atender a esta situación de agravio y de estupidez, porque en el fondo es una gran estupidez. Lo que pretendemos es que esta moción reconozca de una vez por todas las competencias exclusivas de aquellas comunidades autónomas que tienen
competencia en servicios sociales, porque ahora se ha abierto un escenario nuevo, que son las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que dicen al Gobierno que debe acatarlas. Por esto nosotros pedimos en el punto número 2 de
esta moción que ya se incorpore, se traslade lo contenido en estas sentencias en la nueva convocatoria que debe hacer el ministerio para el ejercicio de 2012, es decir que se reconozca de una vez por todas el marco competencial. Muchos años se ha
tardado para que finalmente los organismos ad hoc sentenciaran lo que ahora se ha sentenciado. Ahora lo que pedimos es que se acate y que además de acatarse se incorpore -repito- en la nueva convocatoria.
También he mencionado el agravio histórico, ya que ciertamente lo es. Por ejemplo, Cataluña recauda el 25 por ciento del total, en cambio recibe el 14 por ciento.
De lo que se recauda en concepto del 0,7 del IRPF para la finalidad social, que es aquella casilla que marcan los ciudadanos, en Cataluña se recauda el 25 por ciento del total estatal y se recibe el 14 por ciento, pero no es verdad que esto
es porque en Cataluña hay mayor poder adquisitivo; no es verdad. Es porque detrás hay 4.000 entidades que desde hace años están educando o intentando educar a la población para que marque la casilla, y ciertamente el 57 por ciento de los
contribuyentes catalanes marcan la casilla. De manera que resulta demasiado fácil utilizar argumentos que ya no se aguantan.
¿Por qué el día de hoy es importante? Porque por primera vez, por primera vez, el viernes pasado en Barcelona, ante una gran cantidad de medios de comunicación, con la televisión pública catalana delante, los periódicos generalistas y
detrás las 4.000 entidades catalanas que se dedican al voluntariado y al trabajo social, el Partido Socialista de Cataluña, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida en Cataluña más Esquerra Republicana de Catalunya, todos
dijimos que apoyaríamos esta moción, todos, e incluso estuvo presente el Partido Popular. Estuvo presente el Partido Popular por la concejal de Barcelona doña Gloria Martín y dijo -ciertamente no dijo que iban a votar que sí, no lo dijo- que se lo
tomarían con mucho interés porque ya era hora de arreglarlo. ¿Qué nos encontramos hoy? Que no se han tomado ni tan solo la molestia -repito, ni tan solo la molestia- de presentar en el Registro una enmienda, lo cual no traduce el compromiso que
adquirieron ante la opinión pública catalana el pasado viernes. También debo decirles que estamos profundamente disgustados con el Partido Socialista Obrero Español, profundamente disgustados, porque el Partido Socialista de Cataluña adquirió el
compromiso de votar afirmativamente; el Partido Socialista de Cataluña comprometió su palabra de que votarían afirmativamente, y ustedes no solamente no van a cumplirlo sino que han tenido la desfachatez, la desfachatez, de presentar una enmienda
que devalúa de forma extraordinaria el ADN, el problema concreto que arrastramos desde hace años que es la territorialización, es decir incorporar las variables de la cantidad de recursos aportados y la población; ustedes han presentado una
enmienda. No tiene ningún sentido; no solamente no lo tiene, sino que además adquirieron el compromiso público de votar afirmativamente y nos han presentado una enmienda. De manera que entre la indolencia del Grupo Popular, que dice que se lo
tomará con interés y ni tan siquiera son capaces de redactar una enmienda, y la palabra devaluada de ustedes, que para nosotros ya no tiene ningún valor porque se comprometieron públicamente, nosotros pedimos al resto de grupos parlamentarios -ya sé
que la posición no será determinante- que voten a favor, que sepan que esta reivindicación es una reivindicación de la sociedad civil catalana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo Socialista y para defenderla tiene la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.
Señorías, quiero empezar diciéndole al señor Tardà que en todas las cifras que usted ha dado tiene razón. Son cifras públicas y es verdad que a menudo no entendemos ciertas discrecionalidades, pero en una cosa no estamos de acuerdo ni mi
grupo ni yo. Por tanto, en defensa de mi grupo, le voy a decir que en las estrategias para desarrollar una comunidad, para ayudar a que sus ciudadanos se auto organicen y den respuestas a la ciudadanía, conformando con ellos una sociedad sólida,
vertebrada, útil, no tienen ustedes la exclusiva, lo siento. (Aplausos.) Si nos contrastáramos y contrastáramos nuestras experiencias a lo largo de todos estos años, igual le ganaba, pero como mínimo permítame: Nosotros igual que usted, ni un
pelín menos. Dicho esto, vamos al contenido.
Es verdad, nos comprometimos como grupo ante las entidades de Cataluña -no teníamos escrita en aquel momento la moción, se lo recuerdo- a defender lo que creemos que es de justicia. Déjeme entrar en su contenido porque creemos que con la
enmienda que hemos presentado no solamente echábamos una mirada a lo que es justo y equitativo, sino que éramos capaces de abarcar con ella la globalidad de los distintos territorios, sin menoscabar por ello ni un ápice la situación de Cataluña, que
es mi tierra, a la que quiero y a la que sirvo. Por tanto, no es la primera vez que tratamos este tema; es recurrente, lo que a nuestro modo de entender indica que este proyecto es valorado y suscita el máximo interés. Podemos afirmar después de
veinte años que en lo fundamental se ha convertido en un instrumento para la lucha contra la exclusión social, para la vertebración de las entidades en el conjunto del territorio de España y también para la cohesión social en los distintos
territorios, ahora más, en tiempo de crisis. Le diré: Prefiero que nos peleemos por esto porque estamos luchando para poder realizar una acción social que es encomiable en todos los sentidos, y se lo debemos a todos los grupos que hemos hecho
posible todo esto, en concreto el mío. Este modelo de solidaridad -es un modelo de solidaridad- se ha ido construyendo en la práctica y en las últimas convocatorias correspondientes a la etapa en la que los socialistas hemos gobernado; con una
experiencia importante en el haber hemos ido avanzando en los objetivos y en la gestión del modelo. Usted lo sabe, señor Tardà, porque lo hemos hecho codo a codo con todos los grupos que tenían a bien trabajar, con iniciativas parlamentarias en
este Congreso. Esto ha comportado ya muchas modificaciones a que hace referencia la sentencia. Se lo recuerdo para que veamos el recorrido que hemos hecho. Hemos modificado las bases y las características de la convocatoria anual, dando mayor
participación a las comunidades autónomas y a los sectores
beneficiarios en la determinación de las necesidades a cubrir; aprobamos también el veto de las entidades beneficiarias por parte de las comunidades autónomas y hemos elevado el techo del 0,52 al 0,7. Tan mal no lo hacemos, señor Tardà.
Hemos trabajado mucho; pongamos también en valor aquello que hacemos bien. (Aplausos.) A pesar de ello -y voy deprisa-, lo cierto es que nos quedan espacios de indefinición jurídica -lo hemos visto con las sentencias actuales- sobre competencias
que causan descontento en las entidades, en los grupos políticos, concretamente en Cataluña, donde se viven situaciones de inequidad manifiesta -usted las ha señalado-, pero también en Andalucía; no somos los únicos. Por tanto tiene que ver con
fórmulas internas de distribución, a veces de las propias organizaciones. Aunque la valoración global es excelente, la valoración de estas diferencias, como es obvio, es distinta según la posición respectiva, por ello creemos que debemos de
mejorarlo.
Las dos sentencias del Tribunal Constitucional y la del Supremo vienen a ahondar en esta fina línea competencial y nos dicen que la gestión y el control corresponde a las comunidades autónomas, pero también le reconoce al Gobierno del Estado
la capacidad competencial para desarrollar proyectos de acción social y determinar entre otros aspectos las cuantías a las subvenciones. Nuestra enmienda iba en esta línea, apenas hemos modificado nada, creemos que la mejora, y esperábamos de su
generosidad la aceptación. ¿Por qué? Le estamos diciendo: Vamos a mirar el conjunto, vamos a proponerle al Gobierno, vamos a trabajar conjuntamente para ver una realidad que es caleidoscópica y así podamos conciliar dos cosas, los intereses de
las entidades estatales y el trabajo alrededor del conjunto del territorio, así como el trabajo de las comunidades autónomas y sus entidades, y cómo no de la mía, la de Cataluña. Que no quede la impresión ahora, al final de mi intervención, que
este grupo no se preocupa por las partes y por el conjunto; concretamente esta diputada se ha dejado la piel durante todos estos años por un proyecto que tiene que ver con la igualdad y con crear mejores condiciones de vida. Le pido que se lo
piense, somos muy amigos, hemos trabajado muy juntos en este instrumento tan útil y necesario para la inclusión social. Apelo a su generosidad, porque al fin y al cabo es una buena enmienda para todos.
Muchas gracias. Gracias, presidente, por su benevolencia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, releyendo en el 'Diario de Sesiones' de la semana pasada la interpelación presentada por Esquerra Republicana, en concreto por el señor Tardà, la conclusión que obtuve es que con la moción que hoy
debatimos lo único que él pretende es dejar las cosas en su sitio, aclarar las cosas: los recursos, que según la voluntad de los ciudadanos se obtengan del 0,7 del impuesto sobre la renta de las personas físicas con destino a fines sociales, que
los gestionen efectivamente los que tienen la competencia en la materia, que son las comunidades autónomas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) Así se desprende también de la interpretación de las sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo a las que se hace referencia en la interpelación. Por lo tanto, más allá de una cuestión de obtener recursos en momentos de escasez como el actual, es una cuestión de respeto al marco competencial y
muy probablemente de eficiencia. En la citada interpelación el señor Tardà señalaba que Cataluña recibe en torno al 14 por ciento de dichos fondos cuando recaudan el 25 por ciento y que la población catalana representa el 19 por ciento. El señor
Montoro, por contra, replicaba que Cataluña recibía el 25 por ciento. Existe por lo tanto cierta confusión al respecto que evidencia la necesidad de establecer una metodología de cálculo pactada o consensuada entre el Gobierno y las comunidades
autónomas. Al margen de ello no cabe ignorar el marco competencial, y apelar como lo hizo el señor Montoro a criterios de eficiencia no parece oportuno. Eficiencia y eficacia sí, señor Montoro, pero respeto a la legalidad, a los Estatutos de
Autonomía también.
Desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, apoyaremos esta iniciativa y cuantas se presenten con el ánimo de respetar y defender los marcos estatutarios. Por ser de justicia y en nuestra opinión también de eficiencia y
eficacia, votaremos favorablemente la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la filosofía básica que subyace a esta propuesta, como nos explicaba el señor Tardà, consiste en territorializar estos gastos para fines sociales asociados a la casilla del 0,7 por ciento en el IRPF. Se nos informa de que Cataluña
recauda el 24 por ciento de estos fondos, de que allí está el 19 por ciento de la población y que solo se recibe un 14 por ciento a cambio. Nosotros discrepamos radicalmente con esa filosofía de que cada comunidad se quede con los fondos que
aporta. No deberíamos olvidar que vivimos en un país con enormes disparidades sociales entre diferentes territorios. Si nos
fijamos, por ejemplo, en la renta per cápita, en España hay comunidades como Madrid o el País Vasco con una renta per cápita un 30 por ciento superior a la media de la Unión Europea -entre las regiones europeas ricas-, frente a comunidades
como Andalucía o Extremadura con 30 ó 24 puntos por debajo de la media de la Unión. Si nos fijamos en la tasa de paro, tenemos comunidades como Andalucía y Canarias con un 30 por ciento, frente a comunidades como el País Vasco o Madrid con tasas de
paro del 12 o el 18 por ciento. Si nos fijamos en la población con riesgo de pobreza, con riesgo de exclusión, nos encontramos con comunidades como Navarra, con menos de un 10 por ciento, y como Andalucía, con un 35 por ciento. ¿Qué tiene de raro,
si las necesidades sociales están tan mal repartidas, que vaya más gasto a las zonas más necesitadas? Parece lo lógico. ¿Qué tiene de raro, si esto está asociado al IRPF, a la renta, que se recaude más en las zonas relativamente más prósperas? El
resultado es que se gasta más donde hay necesidades sociales, se recauda más donde hay más renta y hay un balance negativo en las zonas ricas y positivo en las zonas pobres. Esto no nos causa preocupación, lo que nos extrañaría sería lo contrario,
lo que nos sorprendería sería lo contrario. Esto tiene que ver -como se comentaba el otro día acertadamente- con que quienes pagan impuestos son las personas, no los territorios, y quienes reciben ayudas son las personas con necesidades sociales,
no los territorios. ¿Cómo podemos hacer esto si las personas con altas rentas están en una zona y las que tienen necesidades en otra? La iniciativa tiene también un aspecto jurídico aparte de este aspecto filosófico. Hasta ahora estos fondos se
han repartido con convocatorias nacionales. Tampoco creemos que el hecho de que la convocatoria sea nacional quiera decir necesariamente que está lejos de las necesidades de los ciudadanos. En una convocatoria nacional se pueden ver las
necesidades sociales independientemente del territorio de procedencia, se pueden tratar de manera homogénea necesidades similares en toda España y puede ser además una convocatoria más competitiva. No creemos que el hecho de que sea una
convocatoria nacional de por sí sea malo, a pesar de que las comunidades, como se acaba de explicar, tienen cierta intervención.
Frente a este modelo se nos propone uno radicalmente distinto: cada comunidad se queda con los fondos que ha recaudado, como antes explicaba, y habría diecisiete convocatorias. Por tanto, una asociación que quisiese tratar a los niños con
una determinada necesidad de manera homogénea en toda España tendría que ir a esas diecisiete convocatorias, y en una comunidad se le podría dar la ayuda y en otra con diferentes recursos no. Nos parece que aparte de injusto sería un sistema muy
ineficiente. Esto se sustenta en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Cuando uno lee esas sentencias queda claro que esta interpretación que se hace es muy forzada, ya que las sentencias no obligan en absoluto a ir a un
modelo como el que se propone; la sentencia del Tribunal Constitucional estima solo parcialmente el recurso, reconoce la competencia estatal para fijar la cuantía, el objeto y quiénes son los beneficiarios de las ayudas y afirma que incluso si
tales partidas aparecen directamente como transferencias a sus destinatarios últimos, es decir que el Estado dice quién recibe la ayuda, de ello no se sigue necesariamente la inconstitucionalidad de las mismas, siempre que los fondos se distribuyan
entre las comunidades autónomas para gestionarlos, es decir que obliga a que las comunidades participen en la gestión, pero nada más. Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo desestima una convocatoria porque no tenía memoria económica
asociada, pero no por ningún tema sustancial de fondo. Nosotros, por lo tanto, somos partidarios de que se acaten las sentencias -lo dijimos el otro día-, esta y todas-, pero de que se acaten en sus propios términos, no en las interpretaciones un
tanto forzadas que se nos ofrecen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, también quiero mostrar mi solidaridad con los estudiantes del IES Lluis Vives y condenar la represión policial a los estudiantes. El Congreso no puede mirar para otro lado, como no lo están haciendo miles de estudiantes que
hoy están en las calles, también en solidaridad con Valencia.
Dicho esto, voy a entrar en el contenido de esta moción. Votaremos a favor de ella. De hecho, podríamos decir que esta moción sobre la territorialización del IRPF es un clásico en el Congreso de los Diputados. Es una reivindicación de más
de veinte años de entidades sociales, de la sociedad civil y de distintos partidos políticos, de los que creemos en la descentralización y en una visión plural del Estado, en un federalismo de verdad. Llevamos más de veinte años reclamando una
petición que es razonable, legítima, de sentido común. Daremos apoyo a esta moción que hoy presenta Esquerra Republicana, que debería ser de consenso, que está asumida por el tercer sector social, e incluso, como decía el diputado Tardà, nos
juntamos el viernes todos en una gran foto de familia, que parece que no se va a repetir hoy. Votaremos a favor, porque es una demanda que, al fin y al cabo, lo que corrige es una disfunción, ahora también legal, pero sobre todo económica y
democrática. Una disfunción basada en el incumplimiento del Gobierno, en la repetida deslealtad institucional del Gobierno central con las administraciones y la sociedad civil, y el centralismo de los gobiernos y gobernantes de este Estado; un
centralismo que ha sido el principal lastre para avanzar en la consolidación de un Estado plural, descentralizado, más democrático y con una Administración pública próxima a la ciudadanía. Este centralismo
ha sido también una constante amenaza e involución de estatalización de la sociedad civil.
En este sentido, las sentencias marcan un antes y un después, más allá de las interpretaciones que se le quieran hacer. Las sentencias dicen lo que dicen, que se reconoce la capacidad de la Generalitat de Catalunya para decidir sobre la
gestión de la recaudación, por mucho que el diputado de UPyD la interprete como quiera. Eso sí que lo dice la sentencia claramente, por tanto insta al traspaso efectivo de una competencia que va directamente de la mano de la exclusividad de las
competencias de las comunidades autónomas sobre temas sociales. Quiero recordar que esta es una sentencia fruto de una demanda del Gobierno de la Generalitat anterior, del Gobierno de izquierdas tripartido, que dio una batalla jurídica y política
por una demanda que es legítima. El cumplimiento de la sentencia y el traspaso, por tanto, es inaplazable. Por eso, esperamos verlo reflejado en los próximo presupuestos. Es inaplazable y necesaria en términos de transparencia y justicia la
distribución de fondos a nivel territorial, y ustedes, tan dados a judicializar la política, hoy tienen sentencia y se debe acatar, más allá de las interpretaciones que se le quieran hacer. Transferir las competencias y la gestión de esos fondos
está claro que es lo que dicen el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Lo que no se puede es interpretar las sentencias según convenga o según coincidan con un programa electoral o no.
Además de las sentencias, también hay que poner datos encima de la mesa para entender por qué crece el hartazgo y el desapego de la sociedad, ya sea catalana o andaluza, cuando ve que hay injusticia fiscal en el Estado. Hasta ahora, por
ejemplo, Cataluña ha sido la comunidad autónoma más perjudicada, pero también hay otras. Al final se trata de un modelo que es injusto por esta falta de vinculación. Un ejemplo claro es la recaudación de 52 millones de euros en 2011 mientras la
asignación ha sido de 29 millones. La territorialización tiene que ver con el autogobierno, pero sobre todo con la equidad, con la buena redistribución del gasto y con el fomento de la responsabilidad fiscal. No es lógico que los fondos se
repartan en función de proyectos, sin tener en cuenta las realidades sociales, los condicionantes territoriales, como la pobreza o la inmigración. No compartimos los argumentos del ministro Montoro, que dice que Cataluña aporta más porque es más
rica, que son los mismos que decía el diputado de UPyD. ¿Usted ha negado que exista pobreza en algunos territorios? Es decir, ¿el PIB por territorio es el criterio que se debe utilizar? ¿Usted se cree que en Cataluña o en otras comunidades
autónomas no hay pobres? ¿Realmente cree que ese es el criterio? Porque es del que hablaba, el PIB por territorio o el PIB per cápita; usted sabe que no es un índice de desigualdad y que no tiene nada que ver la renta de alguien de Pedralbes con
la de alguien de Baró de Viver, ya que hay como 70 puntos de diferencia. Por tanto, ese criterio y los argumentos que usted daba no se sustentan. Precisamente no es una cuestión de insolidaridad. Nuestro grupo siempre ha defendido la aportación
solidaria, pero precisamente aportamos más por solidaridad, porque los contribuyentes catalanes...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene que acabar, señora diputada.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: ...marcan la casilla del 0,7, diez puntos por encima del resto de la media. Por tanto, la no territorialización es una penalización al esfuerzo, a la laicidad también creciente de la sociedad catalana, que
apuesta por un modelo laico y por redistribuir y favorecer los intereses sociales.
En consecuencia, daremos apoyo a esta moción como lo hemos hecho siempre.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que acabar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esperemos que sigamos avanzando en este modelo.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El señor Tardà trae al Pleno una cuestión que venimos discutiendo desde hace muchos años y hoy lo hacemos desde la legalidad. La posición de los grupos catalanes en esta Cámara ha tenido el amparo de dos sentencias de los máximos órganos
judiciales de España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. He escuchado con atención la intervención del portavoz de UPyD y se ha olvidado de que la jurisprudencia del Constitucional establece que la capacidad de gasto del Estado nunca
implica atribución de título competencial y que en aquellas materias donde la competencia es autonómica, si el Estado decide poner dinero, deben de gestionar las comunidades autónomas, y punto. Estas sentencias obligan al Gobierno a que la gestión
íntegra de los recursos del 0,7 sea autonómica. Sería muy grave, señorías, que el Gobierno incumpliese un mandato del Tribunal Supremo que responde a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, sería una evidente ilegalidad que el
Gobierno soslayase esas sentencias en la próxima convocatoria. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Hoy la posición catalana tiene ese fundamento jurídico y además es una posición catalana no en defensa de los intereses exclusivamente de la sociedad civil de Cataluña, sino sobre todo en defensa del interés del conjunto de las comunidades
autónomas para que vean respetadas sus competencias exclusivas en materia de asistencia social. No es un problema de insolidaridad,
sino de respeto del marco legal que permite la convivencia entre todos. Señorías, no se nos puede pedir respeto al marco legal si aquellos que lo deben de garantizar son los primeros que lo incumplen. Y en esta materia el señor Tardà ha
sido especialmente elegante en su defensa en la Cámara, porque, señora Esteve, ustedes, al igual que la señora Ortiz y yo mismo, conocemos desde el miércoles el contenido de la moción que el señor Tardà registró en la Cámara el jueves, como
reglamentariamente está previsto, y el viernes, cuando todos nos comprometíamos con la Taula del Tercer Sector, todos y cada uno de nosotros conocíamos el contenido de la moción que hoy íbamos a discutir. Señora Esteve, hoy su posición debilita la
posición de los grupos catalanes, debilita la posición de Cataluña en este debate. Porque hoy, sabiendo que seguramente el Grupo Popular iba a rechazar esta moción, lo relevante hubiese sido que expresáramos que una mayoría clara de los
representantes elegidos por la sociedad catalana apoyábamos esa demanda de nuestras entidades. Y ustedes hoy no lo han hecho, han decidido asumir su realidad política, su dependencia del Partido Socialista Obrero Español, lamentablemente. Ojalá
hoy hubiésemos podido expresar con rotundidad una posición catalana incluyéndoles a ustedes.
Señor Tardà, podríamos citar aquello de Gramsci, el pesimismo de la razón frente al optimismo de la voluntad. La razón nos indicaba que hoy seríamos derrotados, porque el recorrido histórico en esta materia es inequívoco. El PSOE y el
Partido Popular, y ahora UPyD, coinciden con ese modelo centralista, jacobino, que desconfía en la capacidad de iniciativa de la sociedad y que además incumple la propia Constitución. Pero nuestra voluntad, la que usted, la señora Ortiz y la que
nosotros hoy representamos en esta Cámara va más allá de nuestras fuerzas políticas; representa el sentido de la sociedad civil catalana, que va más allá del sistema estricto de partidos políticos. Vamos a tardar más o menos pero, señorías, habrá
un día en que el conjunto de los impuestos que pagan los catalanes destinados a la acción social serán gestionados por las instituciones nacionales de Cataluña. No tengan ningún tipo de duda; vamos a persistir. Nos avala la legalidad, nos avala
la razón política y sobre todo nos avala la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana. En eso estamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes que nada quiero manifestar la honda satisfacción que tiene el Grupo Parlamentario Popular por que la primera moción presentada por el Grupo Mixto, a instancias de Esquerra Republicana-Catalunya Sí, sea una
moción que tiene por objeto instar al Gobierno de la nación al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Nos felicitamos por ello y además esperamos que sea el inicio de una nueva etapa basada en el entendimiento y en el respeto a
todas las sentencias del Tribunal Constitucional como intérprete máximo de nuestra Constitución y garante de la mejor convivencia democrática en nuestro país.
En cuanto al fondo del asunto planteado, quiero empezar por el Tribunal Constitucional. La sentencia analizada es de fecha noviembre de 2011. En la misma se declara que determinadas disposiciones reglamentarias contenidas en una orden del
Ministerio de Trabajo de 2005 vulneran el ámbito competencial autonómico, y el Tribunal Constitucional lo razona a partir de una sentencia producida en el ejercicio 1992 en virtud de la cual se determina que en materia de subvenciones el régimen
competencial aplicable sería: para los aspectos centrales de la subvención la competencia corresponde al Estado, mientras que es competencia de las comunidades autónomas la gestión de las subvenciones; esto es, la tramitación, la resolución, el
pago y la regulación de todo el procedimiento.
La sentencia del Tribunal Supremo, que es de un mes posterior, de diciembre de 2011, regula los dos motivos de impugnación. En primer lugar, declara la nulidad radical de la orden de 2008 motivada en la inexistencia de una memoria económica
y consiguiente estudio del impacto presupuestario. También se refiere a la distribución competencial recogida por el Tribunal Constitucional el mes anterior, de forma tal que aquí tenemos un antes y un después en una fecha muy clara -me he referido
a las fechas por la importancia que pueden tener en el razonamiento posterior-; hay un antes y un después de 2008. Hasta 2008 hemos visto que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sin embargo, con posterioridad a 2008 no existen
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional y sí del Tribunal Supremo? Porque cambió la actuación de la Administración General del Estado. ¿Y por qué cambió la actuación de la
Administración General del Estado? Porque una vez publicada la orden de 2008 se hizo un requerimiento de incompetencia por parte de la Generalitat de Catalunya y se llegó a un acuerdo con el Gobierno de la nación. Este acuerdo con el Gobierno de
la nación se plasmó en un Consejo de Ministros de fecha 16 de mayo de 2008, en virtud del cual se mantenía la gestión centralizada en la secretaría de Estado pero dando paso a una mayor participación de las comunidades autónomas a través de la
Conferencia sectorial de asuntos sociales. Por ello, la orden que se da en 2009 ya no es impugnada, no es objeto de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, como tampoco ocurre con la de 2010 ni con la de 2011.
Por tanto, a partir de esta fecha, las posibilidades que tienen las comunidades autónomas de participar en las competencias que les son exclusivas ha ido incrementándose,
de manera tal que el informe tiene carácter vinculante en determinados supuestos, sobre todo en los casos de exclusión. El grado de satisfacción y de acuerdo obtenido por todos los actores que participan en el proceso de aplicación de las
subvenciones con cargo a los programas estatales ha ido incrementándose, y así ha sido manifestado por las organizaciones no gubernamentales de acción social en su pleno del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de ámbito social. De
esta forma, llegamos a la conclusión de que la doctrina del Tribunal Constitucional, aun siendo clara en la distribución de competencias, no excluye -por el hecho de haber otorgado competencias exclusivas a las comunidades autónomas- que el Estado
pueda ejercer también acciones de ámbito estatal. Las competencias de las comunidades autónomas son exclusivas pero no excluyen la actuación del Estado.
Además hay que tener en cuenta en cuanto a la territorialización de la asignación del 0,7 del IRPF que estos programas son financiados en su totalidad por el Estado, sin que las comunidades autónomas participen directa ni indirectamente. La
determinación del 0,7 de la cuota íntegra del IRPF es una forma de cuantificar el crédito que se hace en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que se exija participación alguna y aportación de las comunidades autónomas.
Por tanto, la postura del Partido Popular no puede ser otra que la de satisfacción por la moción presentada en cuanto a acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero quiere expresar su negativa en lo que respecta a las transferencias
de fondos del IRPF puesto que constituyen fondos del Estado y tiene título competencial suficiente para hacer sus programas de acción social en todo el territorio nacional, máxime cuando esta doctrina también está recogida en el ámbito de nuestro
Tribunal Constitucional, sin perjuicio, evidentemente, de que determinadas órdenes puedan vulnerar...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Termino diciendo que la disposición de diálogo del Partido Popular para seguir incrementando la participación de las comunidades autónomas iniciada a partir de 2009, 2010 y 2011 se expresará en 2012, y será
incrementada, si ello fuera necesario, la revisión de los fondos obtenidos en la cuota del IRPF a través del 0,7...
El señor PRESIDENTE: Señora Asian, tiene que acabar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, a efectos de expresar la aceptación o no de la enmienda presentada.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, no la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ILEGALIZACIÓN DE LAS COALICIONES 'AMAIUR' Y 'BILDU'. (Número de expediente 173/000004).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre los propósitos del Gobierno en relación con la ilegalización de las coaliciones Amaiur y Bildu.
Tiene la palabra para su defensa la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, quería hacerles a todos ustedes una aclaración previa. Quería empezar por pedirles que pierdan toda esperanza, que la pierdan en que sus descalificaciones, sus insultos, sus apreciaciones de que ponemos palos en la rueda o damos
oxígeno a ETA o alimentamos el victimismo vayan a hacernos ningún tipo de mella. Aquellos a los que ustedes no quieren aplicar la ley ya nos han dicho e incluso hecho de todo a lo largo de nuestra vida y no han conseguido ni que dejáramos de
defender lo que considerábamos justo ni que nos fuéramos de Euskadi. Con lo cual, pierdan toda esperanza, nada de lo que nos digan nos va a hacer mella en modo alguno.
Estamos aquí no porque vengamos a hacer amigos; ya tenemos amigos. Estamos aquí con la pretensión de defender la causa justa, la que consideramos justa en cada cuestión, ahora en esta y en los debates que hemos tenido hasta este momento en
cualquiera de todas ellas, la que consideramos la causa justa, aquella con la que nos hemos comprometido también con los ciudadanos a los que les pedimos su confianza en las últimas elecciones. Por tanto, defendemos aquello que para nosotros,
además de ser lo justo, es un mandato político y un mandato parlamentario.
Otra precisión, por si fuera necesario. No pretendemos -no es ese el objeto de la moción- ilegalizar ideas. Queremos ilegalizar a aquellos que justifican asesinar a los que no comparten sus ideas. Eso es lo que defendemos en esta moción,
que se ilegalice a aquellos que justifican asesinar a quienes no comparten sus ideas. Traemos una propuesta -esta moción que no voy a leer porque son diez folios y porque seguro que sus señorías han tenido tiempo de leerla- en la que solicitamos
que el Gobierno inicie un procedimiento de ilegalización de Bildu y de Amaiur precisamente a partir de veinticinco pruebas indiciarias, a nuestro juicio suficientemente fuertes, de que se está produciendo un fraude de ley y
de que esas dos formaciones son continuación de formaciones ilegalizadas tanto por el Supremo, por el Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ser continuidad de ETA. A nuestro juicio se han producido suficientes
hechos constatables, sin necesidad de tener Policía ni Guardia Civil a nuestras órdenes, como dijo el ministro del Interior -están publicadas en el boletín oficial-, que demuestran que se está produciendo un fraude de ley. Ciertamente, uno de los
fiscales que más ha actuado en esta cuestión de ilegalizar partidos políticos, el fiscal Narváez, decía precisamente en relación con Sortu, para pedir que no se legalizara Sortu, que el perfecto fraude de ley es aquel que no es posible detectar; y
decía también que el hábito no hace al monje. Es difícil de detectar, pero es nuestra tarea institucional, parlamentaria, cuando creemos que hay fraude de ley, que se actúe contra ese fraude de ley. Además, lo hacemos precisamente siguiendo el
criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de mayo, en la que decidió legalizar Bildu. En esa sentencia el Tribunal Constitucional decía que no encontraba en ese momento pruebas suficientes que demostraran la continuidad
entre Bildu y ETA, pero que si se probaban -dice textualmente- relaciones personales en el futuro nos recordaba que se podía actuar contra ellos, que se podía actuar de acuerdo con la Ley de Partidos y de acuerdo con la Loreg. Como les acabo de
decir, creo que hay suficientes pruebas indiciarias para que se inicie la denuncia ante los tribunales, porque tampoco acepto ese criterio de que no hay pruebas. Es que las pruebas las determinan los tribunales. Nosotros tenemos que funcionar, a
la hora de plantear la denuncia, con indicios suficientes; luego es el tribunal el único que puede establecer que el asunto está probado.
Tampoco acepto el criterio de que no hay pruebas. No acepto el criterio que expuso el otro día el ministro del Interior y que han planteado también sus señorías a lo largo de estos días, aunque no me lo hayan planteado directamente, de que
se actuará cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional en relación con Sortu. Señorías, son supuestos distintos. En relación con Sortu se van a pronunciar respecto de si es un partido legal que puede presentarse a las elecciones. Yo les pido
que actúen después de que el Constitucional haya dicho que se pueden presentar -en el caso de Bildu, porque en el caso de Amaiur no ha habido siquiera ningún recurso- porque ha habido después acontecimientos que prueban esa continuidad. Por tanto,
no son cuestiones comparables, estamos en supuestos distintos y por eso les digo que no relacionen lo que no es relacionable.
Otro de los argumentos que ustedes plantean es que estamos en un tiempo nuevo; en un tiempo nuevo, decía el ministro, en el que no se puede actuar como cuando ETA mataba, extorsionaba y amenazaba. Y yo les digo: ¿Qué otra cosa puede hacer
el Estado de derecho sino aplicar la ley contra una organización terrorista mientras esa organización terrorista exista? ¿Qué otra cosa puede hacer que aplicar la centralidad de la ley sin bordearla de ninguna manera? La Guardia Civil y la Policía
Nacional detienen comandos, los jueces los juzgan y los condenan, y nosotros, quienes estamos en las instituciones democráticas, hacemos una cosa que es muy importante cuando estamos hablando de una organización totalitaria y terrorista, que es
combatir el discurso legitimatorio de la historia de ETA.
Porque ETA es una organización totalitaria, no es una banda de delincuentes, es una organización totalitaria que justifica el crimen, que lo ha justificado a lo largo de su vida. Eso es lo que la diferencia de una banda de delincuentes, de
criminales o de mafiosos, que además lo son, pero porque tienen un objetivo político que es destruir la sociedad plural y democrática. ¿Qué otra cosa podemos hacer que actuar? Por eso les pido que actúen contra el discurso legitimatorio de
aquellos que desde aquí y desde otras instituciones democráticas justifican la historia de ETA, su ideología y su historia.
Díganme una cosa, señorías, cualquiera de los presentes. ¿Ustedes admitirían que se sentara en esta Cámara un partido político que justificara la pederastia o la ablación, aunque ninguno de los que aquí se sentara la practicara? ¿A que no
lo justificarían? Porque es injustificable en términos democráticos. Pues eso les pido que hagan, que insten la ilegalización de aquellos que justifican la historia de terror de ETA, que la siguen justificando hoy, que justifican el crimen. De la
misma manera que no terminamos...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que ir acabando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: De la misma manera que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que haber un Nuremberg en el que no solo se juzgó a los criminales y se les condenó, un Nuremberg en el que se juzgó a los criminales y se les condenó
y se condenó la historia y la ideología nazi, porque esa es la que era incompatible con la democracia. Les digo que piensen que esto no acabará, que la lucha de la democracia contra ETA y contra el terror no acabará hasta que en España no haya un
Nuremberg. Les digo y les pido que sigan la acción que se está poniendo en marcha en Alemania, donde ya no existe el nazismo, donde ya no gobierna Hitler, pero donde los partidos políticos democráticos están en un procedimiento de ilegalización del
partido continuidad del partido nazi, porque eso es la derrota del terror, la derrota de toda su historia. Para nosotros la derrota del terrorismo -y termino, presidente- es también la derrota de toda su historia. La derrota es la condena de toda
su historia. Hasta que no se clarifiquen los crímenes, hasta que no se condene toda la historia del terror, no podremos decir que hemos vencido el terrorismo y que hemos vencido el totalitarismo de ETA.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hasta que no se termine con eso, esta diputada y este grupo político que les habla no abandonarán su lucha. No podrán convencernos de ningún otro tipo de complicidad que no sea el de la derrota definitiva del
terror y de toda su historia.
Finalmente, presidente, con relación a la enmienda...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, no hay finalmente.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Con relación a la enmienda...
El señor PRESIDENTE: Es igual, porque se ha pasado usted mucho tiempo. Diga sí o no simplemente.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En relación con la enmienda que han presentado, en la medida en que no tiene nada que ver con el texto de la moción aceptamos que sea una enmienda de adición y que se incorpore al texto.
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
A esta moción, en efecto, se ha presentado una enmienda firmada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Mixto, de la señora Oramas, del señor Salvador y del señor Álvarez Sostres, y de
Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para la defensa de esta enmienda tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Popular el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora Díez, accedo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular y en respaldo de un Gobierno que garantiza el cumplimiento de la ley y que defiende cada día los derechos y las libertades de todos los españoles, un Gobierno que,
lejos de apelar al derecho contra la justicia, sabe que en democracia no hay más camino a la justicia que el derecho, una lección que hemos aprendido hace tiempo de las víctimas del terrorismo durante las últimas décadas. (Aplausos.)
Su moción tiene un único objetivo, señora Díez, poner en entredicho al Gobierno de España, y en esta materia de usted no admitimos ni media lección. Porque hay objetivos democráticos que están en la enmienda, objetivos ampliamente
compartidos por esta Cámara, el fundamental, lograr la disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista ETA. Trabajamos, por tanto, por un futuro de democracia en libertad para que los terroristas no logren ninguna de sus pretensiones,
que nada en nuestro futuro esté sometido a ellas y que nada en nuestro pasado quede que permita justificar sus crímenes o reescribir la historia. Un futuro en el que prevalezcan los valores de los demócratas; un futuro, por tanto, de memoria y
dignidad de las víctimas del terrorismo; un futuro de justicia, no de impunidad; un futuro en el que la ley, solo la ley y toda la ley sea nuestro norte, sin atajos que perviertan la democracia y, por supuesto, sin excepciones y sin privilegios
para quienes tienen pendiente un largo camino a la democracia. Esa unidad que refleja la enmienda es un valor que creemos que merece la pena preservar, es un valor que queremos defender porque creemos que hay que hacerlo con el conjunto de
instituciones democráticas y con las fuerzas políticas. Podemos proclamar la victoria de la democracia gracias a la unidad democrática, gracias a la movilización social, a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la cooperación
internacional o a la justicia. Por tanto, nuestras únicas deudas en este momento son con quienes se han jugado la vida en defensa de las libertades de todos y con las víctimas del terrorismo.
A nada de todo esto contribuye su moción, señora Díez, solo pretenden poner en entredicho al Gobierno, un Gobierno que garantiza la aplicación de toda la ley, de toda la jurisprudencia, no solo de la que a ustedes les conviene o de la que
seleccionan; un Gobierno responsable, porque en estas materias, usted lo sabe, la democracia no puede amagar y no dar, no puede permitirse el fracaso, porque el fracaso sería un triunfo precisamente de aquellos a los que usted quiere combatir.
Ustedes lo saben, por eso la irresponsabilidad define esta moción. Es muy fácil salir a esta tribuna, como ha hecho usted ya dos veces, a sobreactuar, haciendo demagogia y oportunismo. Ustedes conocen la endeblez de los indicios que citan, lo
saben; saben que no permiten respaldar la demanda que proponen. No traten de engañar a los ciudadanos de buena fe, ustedes saben que no es posible actuar como piden sin dar bazas precisamente a aquellos mismos a los que queremos combatir. En fin,
basta preguntarle: ¿conoce usted la sentencia 126/2009? ¿La conoce? Creo que no, sinceramente, porque si la conociera sabría que la doctrina constitucional ya desde esa fecha atribuye muy escaso valor probatorio a todos esos indicios que usted
enumera en esas largas páginas de su moción. No basta con la intención defraudatoria, sino que esta debe materializarse, señora Díez. No basta con la apreciación conjunta de la prueba, debe basarse en la solidez y calidad de los diferentes
indicios probatorios, en su contundencia, reclama el tribunal. Carece de relevancia, según el Tribunal Constitucional, haber formado parte de listas ilegalizadas una vez transcurrido un cierto tiempo. Eso supondría mucha restricción, dice el
tribunal, del derecho de sufragio pasivo. Pues es el caso, señora Díez, de todas y cada una de las personas que usted cita en el texto de su moción. De todas y cada una el tribunal ya ha dicho que eso no es relevante a efectos de ilegalización.
No basta la negativa a condenar expresamente el terrorismo, es necesario conectarla con otros medios de prueba. Todo esto ustedes lo saben, y saben que no podemos pedir al Gobierno de España que actúe contra la doctrina del Tribunal Constitucional,
que sería tanto
como pedirle que actúe contra el Estado de derecho. Una cosa es la condición moral o política, incluso la repugnancia que produzcan determinadas actuaciones, que podemos compartir, y otra muy diferente acreditar en derecho esa identidad,
continuidad o sucesión.
Lo que hacen ustedes, señora Díez, es contraponer su oportunismo al Estado de derecho. Simplemente ha sembrado usted el otro día y hoy su discurso de insidias, cuando no de insultos, al Gobierno de España. Ustedes saben que el Gobierno
vela por el cumplimiento de la ley y por las libertades, saben que no ha dejado de actuar en ningún momento, saben que se están utilizando todos los medios. Ahí está la exigencia del debate de investidura, ahí están las detenciones de terroristas
hoy mismo, señora Díez, que usted trata de ignorar, o está la actuación diligente para que las instituciones locales cumplan la legalidad.
Por todo ello, señora Díez, nosotros vamos a apoyar y hemos acordado la enmienda presentada y rechazamos su moción. Valiente moción en todo caso, señora Díez, que solo ha servido para que se froten las manos los diputados de Amaiur. Es
usted consciente de ello, supongo, a estas alturas. Valiente moción, sobre todo, señora Díez, sembrando insidias que, como usted bien sabe, es la forma más acabada de cobardía en política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
Por el Grupo Socialista, y con la misma enmienda, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, señora Díez, ningún insulto por nuestra parte, ninguna descalificación. Permítame, sin embargo, que le matice que no tienen ustedes el monopolio ni de las causas justas ni de la
resistencia cívica. Yo le hablo en nombre de un partido que de siempre tiene como causa la paz y que tiene en su historia la resistencia cívica y las víctimas que ha puesto al servicio de esta causa. (Aplausos.) Tanto o más que nadie. No
compartimos, señora Díez, ni el razonamiento ni la propuesta; no compartimos que sea necesario en este momento, desde un punto de vista político, proceder a ninguna ilegalización. Se lo digo claramente, no creemos que sea ni el momento ni que,
desde el punto de vista político, exista ninguna razón para proceder a una ilegalización hoy. No vemos ninguna base jurídica que avale una acción legal para la ilegalización de los partidos que usted cita. Creo que se trata de una pretensión
inconsistente, es una pretensión anacrónica; yo diría que es una pretensión absurda. No hay fraudes, no hay indicios, no hay motivos, no hay razones que permitan establecer una demanda, y quiero decirle esto porque no hay un solo abogado del
Estado, no hay una Fiscalía General del Estado, un servicio jurídico de la Administración que avale esa pretensión. No la hay, señoría, no la hay. Y tenemos que tener en cuenta que sin esa base jurídica, el Gobierno del Estado al que usted le pide
que haga esa acción, si la hiciera, provocaría una derrota del Estado. Literalmente provocaría una derrota del Estado.
En este debate, señoría, hay un dato que casi conviene citar como un elemento de lo que llamaríamos una reflexión surrealista, porque ni hoy ni tampoco la semana pasada, señora Díez, usted ha comentado el hecho -en mi opinión determinante-
de que ETA ha declarado el fin de la violencia terrorista. No es que no haya terrorismo, que no lo hay; no es que no haya extorsión terrorista, que no la hay -lo dijo el ministro del Interior, lo dice el Gobierno vasco-; no es que no haya
violencia, es que efectivamente hay un dato relevante en este debate, y es que ETA anunció en octubre el fin definitivo de la violencia terrorista. Y eso es consecuencia, señora Díez, de que ETA ha sido derrotada, de que ha sido derrotada por la
democracia, por la sociedad, por la resistencia cívica, por lo que ha sido la actuación de las leyes, por lo que ha sido la colaboración internacional, por lo que ha sido también una acción política importante del Gobierno al que nosotros
representamos, que se dejó la piel por conseguir la paz para España. (Aplausos.) La pregunta es si puede hablarse de ilegalización cuando no hay violencia. La base jurídica, la base legal que explica el razonamiento, si usted quiere inclusive
moral, de la Ley de Partidos y de toda la jurisprudencia producida posteriormente, en esencia es que con violencia no cabe la representación política. La pregunta es: ¿sin violencia cabe esa representación? Ese es el debate político que tenemos
que plantearnos recordando dos cosas muy importantes. Una, Bildu fue legalizada por un tribunal con una sentencia que dictó un razonamiento jurídico que no podemos ahora olvidar. Amaiur no fue ilegalizada por ningún tribunal, señorías. Amaiur no
fue impugnada por el Gobierno y ningún partido dijo nada contra esa decisión, porque en esa decisión de no impugnar había un razonamiento jurídico impecable, la presencia de partidos de larga tradición democrática o la presencia de partidos que
desde hace muchos años han rechazado la violencia con valentía, como es el caso de Aralar, que formaban parte de esa coalición, y eso ha motivado una decisión que este Gobierno llevó a la práctica y que nadie cuestionó. Por eso, señorías, hemos
presentado un texto de enmienda en nombre de todos los grupos que plantea, en mi opinión, tres afirmaciones importantes. La primera es lo que he dicho antes, que el 20 de octubre pasado se produjo el anuncio del cese definitivo de la actividad
terrorista; ese reconocimiento formal es importante para este debate. En segundo lugar, se pide un debate o un diálogo con el Gobierno vasco, que tiene una iniciativa y una propuesta de trabajo a favor de lo que es la reconducción de la situación
producida después del cese de la violencia; el diálogo con todas las fuerzas democráticas; la recuperación de la unidad de todo este arco democrático, que se ha recuperado hoy con un texto que propone una nueva formulación de unidad frente a este
nuevo tiempo que estamos viviendo; y, al mismo tiempo, la necesidad de favorecer los esfuerzos que nos conduzcan a una sociedad que pueda reconstruirse sobre la base de la no violencia, sobre los principios básicos del Estado de
derecho. Este texto en mi opinión, señorías, deja en una soledad evidente una moción inconsistente, una moción anacrónica, un moción, sí, demagógica y en gran parte oportunista, y reconfigura la unidad del arco parlamentario para un tiempo
en el que la paz se construye entre todos y con política, con política grande, con política noble, con política democrática, pero con política al fin y al cabo (Aplausos.), para reconstruir la paz de una vez, para construir el futuro, para escribir
el futuro sin ETA, para construir el futuro entre todos, como lo estamos haciendo con esta formulación, para que sea irreversible la paz, para que ETA desaparezca de nuestras vidas.
Señorías, termino, el Partido Socialista ha hecho siempre, a lo largo de su historia, honor a que la paz era una tarea suprapartidaria, a que es una política de consenso, una política de unidad, y hoy nos sentimos de nuevo orgullosos de
haber sido capaces de construir de nuevo una unidad y un consenso imprescindibles para la paz que hacen honor a este talante de este partido, que está en nuestro ideal, que está en nuestro ideario y en nuestra historia como nada en la configuración
del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señor ministro del Interior, señorías, Convergència i Unió siempre ha estado al lado del Gobierno en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra ETA, en la lucha contra cualquier forma de violencia. Esta ha sido una hoja de ruta que
siempre Convergència i Unió ha defendido en esta Cámara en esta legislatura y en todas las legislaturas; pero este momento es especial. Es especial este momento porque se cumplen esta semana cuatro meses del anuncio por parte de ETA -el 20 de
octubre del año pasado- del cese definitivo de su actividad terrorista; anuncio que desde Convergència i Unió queremos resaltar por su importancia. Pero es un anuncio, señorías, que solo será histórico el día que el anuncio de cese definitivo se
convierta efectivamente en la disolución definitiva de la banda y la entrega de las armas. Este es el objetivo que entre todos debemos impulsar, y para impulsar ese objetivo, para impulsar ese objetivo de entrega de las armas y disolución
definitiva de ETA, de vivir sin ETA, para conseguir ese objetivo, el ministro del Interior el pasado 31 de enero, en la Comisión de Interior en este Congreso de los Diputados, marcaba cuatro grandes pautas a seguir: la pauta de la inteligencia, de
la prudencia, de la unidad y de la discreción. Ese es un camino para poder aprovechar el momento.
Señora Díez, esta moción que hoy se nos presenta ni busca la unidad de los demócratas -no la busca, busca el titular fácil, pero no busca la unidad de los demócratas-, ni busca tampoco esa necesaria prudencia para aprovechar el momento, para
aprovechar el momento que nos lleve efectivamente a esa disolución definitiva de las armas, que es lo que nosotros pretendemos desde Convergència i Unió. Por tanto, hemos firmado, sí; nos hemos unido, sí, a aquello que hoy une más a los demócratas
en este hemiciclo, que es el texto alternativo, no de adición, señora Díez, entre otras cosas porque le quiero recordar que desde Convergència i Unió nunca, nunca, nunca hemos sido partidarios de que sea esta Cámara la que vaya a instar la
ilegalización de formaciones políticas. Ya cuando se aprobó la Ley de Partidos, en el apartado especifico que daba potestad a esta Cámara para instar la ilegalización de partidos, nuestro grupo estuvo en contra, porque entendíamos que no
corresponde a esta Cámara buscar esas ilegalizaciones; ilegalizaciones que, además, señora Díez, no irían en la dirección correcta de aprovechar el momento histórico que se nos abre, sino que, por el contrario, iríamos hacia atrás, y más que buscar
la unidad, buscaríamos elementos de mayor confrontación y estaríamos haciendo una política a corto y necesitamos hacer una política con las luces largas, viendo el horizonte de la paz que se nos abre. Es una legislatura importante para la paz y
entre todos hemos de ser capaces de construir esa legislatura importante para la paz, resaltando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas, resaltando la labor de las víctimas, resaltando la cooperación
internacional y buscando más aquello que nos une para alcanzar la paz y ese cese definitivo, que no aquello que nos puede distanciar.
Hoy, su moción, señora Díez, busca más la distancia que la proximidad, y como busca más la distancia que la proximidad, como de hecho se aleja de esos objetivos marcados por el Gobierno -que nosotros compartimos- de intentar desde esa
inteligencia, desde esa discreción, desde esa unidad y desde esa prudencia, llegar a ese objetivo de alcanzar la paz, por esa razón, señora Díez, nunca podremos aceptar que el texto conjunto que la mayoría de grupos de esta Cámara hemos suscrito
hoy, sea una mera adición a su moción, porque su moción, que no busca esa unidad, no puede ser, para entendernos, añadida a un texto que sí que busca la unidad. Es un texto de sustitución, de sustitución desde los valores democráticos, de
sustitución desde esa necesaria unidad que esta legislatura hace que si la sabemos administrar con prudencia, con inteligencia y con discreción, podamos finalmente celebrar no ese anuncio de cese definitivo, no, lo que queremos celebrar es la
disolución definitiva de ETA y la entrega de las armas, y para hacerlo posible ahí tiene ese texto conjunto que busca los valores de la unidad y no los de la división. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
La señora Díez se ha puesto la venda antes de la herida. Sabía lo que le venía encima y ha querido quitárselo sin ningún tipo de argumento. Nada de lo que nos digan nos va a hacer efecto. Desde luego, una frase que dice mucho del talante
parlamentario de su formación. No creo que sea de las que más orgullosa pueda estar una parlamentaria de haber pronunciado en esta Cámara. ¿Cuáles pueden ser los motivos para presentar una moción como la que ustedes han presentado? Lo normal, un
ciudadano pensaría que es buscar el definitivo fin de la violencia, buscar la paz. Siempre quiere pensar uno que las iniciativas se hacen con motivos bienintencionados, buscar la convivencia, reparar a las víctimas. No, nada de esto es lo que
ustedes han pretendido con esta moción. Nada de ello. Ustedes lo que han pretendido es colocarse en el centro de las portadas de la prensa, y lo han conseguido. Sí, durante unos días lo han conseguido, pero al mismo tiempo han conseguido
estupendas portadas para Amaiur y para Bildu, para aquellos que teóricamente dicen ustedes combatir. Cuando estaban absolutamente desaparecidos de los medios de comunicación, vienen ustedes en su ayuda. Seguro que se lo agradecen enormemente.
Ilegalización o no de nuevo en los medios; aguas bravas en las que algunos nadan con mucha habilidad, porque fuera de esas, en unas aguas calmas y ordenadas, se las verían y desearían para mostrar una oferta contundente y seria ante los electores.
Ustedes se alimentan mutuamente en los medios de comunicación, UPyD y Amaiur; se alimentan mutuamente. Pero si quería colocarse de protagonista, en el centro, pues la verdad es que no le ha salido, se ha quedado usted sola en el hemiciclo, se ha
quedado sola. Usted ha hecho mucho preámbulo sabiendo lo que se le venía encima, pero se encuentra con que la Cámara, por una abrumadora mayoría, está en su contra. Que le ha afectado se ve en muchas cosas. Se ve, por ejemplo, en la pretensión de
convertir un texto que es de sustitución en adición. Porque desde luego lo que se va a reflejar a partir de hoy es que UPyD y sus planteamientos están muy solos en esta Cámara; muy solos. Y téngalo usted claro, si se ha llegado a un acuerdo es
porque no nos gusta su moción, porque no nos gusta su moción y porque esto es una moción de sustitución. Sabe usted que está sola. Sabe usted que está sola.
Desde luego pedir, cuando el TC ha respaldado la legalidad de las candidaturas de Bildu y sabiendo que Amaiur es simplemente Bildu más Aralar, la ilegalización no tiene mucho sentido. Saben ustedes al parecer más que el TC. Yo creía que
eso lo hacían los nacionalistas periféricos, como diría usted. Pero usted pretende enmendarle la plana al Tribunal Constitucional. Y no puede ser, no puede ser que algunos quieran defender que la situación que vivimos hoy en día es la misma que se
vivía hace cinco meses. No; eso no es cierto, porque o se está ciego o lo que se tiene son intereses espúrios en hacer creer a la población que estamos viviendo en la misma situación. Se abre un nuevo tiempo y es cierto que la violencia por parte
de ETA ha cesado y ha sido constatada, y a partir de ahí tendremos que buscar ¿qué? Pues lo que dice también la enmienda acordada: favorecer los esfuerzos de una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el
Estado de derecho. Ahí caben todos los medios y las actuaciones posibles dentro del ordenamiento jurídico que fomenten la paz, y eso tiene que ser objetivo de esta Cámara y de otras Cámaras, de otras representaciones institucionales a partir de
ahora, sabiendo que el tiempo ha cambiado y que los modos también tienen que cambiar. Y a partir de ahí, evidentemente exigir a ETA su disolución y reforzar el compromiso con las víctimas. Pero hay un nuevo tiempo, y lo que nosotros quisiéramos
resaltar del texto consensuado es precisamente eso, que se acepta que hay un nuevo tiempo y que se pone el acento en favorecer los esfuerzos de una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de derecho
y en ello trabajar todos juntos.
Desde luego, palabra por palabra no sería nuestro texto. Es difícil a veces buscar un consenso. Pero nos parece que esas dos ideas son claves para poder trabajar a partir de ahora, y a eso es a lo que damos valor para trabajar de aquí en
adelante. La sociedad vasca necesita la paz -concluyo, señor presidente-, la sociedad española también, pero la sociedad vasca necesita terriblemente la paz, es la más interesada en ello, y ahora, desde luego, con esta moción que han presentado, si
no lo teníamos claro, que algunos lo teníamos, ya sabemos por qué no se presenta usted en las listas al Congreso por Vizcaya, Guipúzcoa, Álava o Navarra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: En estos momentos, miles y miles y miles de personas se manifiestan por las calles de Valencia en total paz y total tranquilidad y sobre todo en ausencia de una presencia manifiesta de la Policía Nacional. Haciendo
caso a lo que dijo ayer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, son ilegales, habría que ilegalizarlos a todos, a los miles y miles de personas que están ahora mismo manifestándose en las calles de Valencia en paz, en absoluta paz,
señor ministro. No compartimos que se tenga que ilegalizar a la gente que se manifiesta en la calle ni a los 330.000 votos de Amaiur. No compartimos que se tengan que ilegalizar esos votantes ni esos votos.
Desde mi grupo parlamentario no compartimos la moción que nos ocupa, no creemos que la vía de las ilegalizaciones propuesta por el Grupo de UPyD contribuya en nada a la solución del conflicto, que ha entrado finalmente en una fase de
superación. Las ilegalizaciones forman parte del pasado y allí se deben quedar, en un
pasado al que nadie queremos volver. Izquierda Unida nunca ha compartido esta estrategia y nos posicionamos en su momento en contra de la Ley de Partidos, porque entendimos que tanto ayer como hoy ilegalizar no ayuda en nada a llevar el
conflicto vasco al terreno estrictamente político. Por otro lado, mucho menos podemos participar en la ceremonia de la confusión cuando se defiende la ilegalización de unas coaliciones en las que además participan partidos y personas de impecable
trayectoria democrática. Sería como pretender repartir una responsabilidad equivalente entre seguros inocentes y presuntos culpables. Pensamos que este es el momento de las soluciones políticas, del diálogo entre todas las fuerzas políticas para
conseguir el común objetivo de la paz. Es en este proceso de diálogo que creemos necesario en el que nos sumamos con el resto de los grupos a la enmienda que plantea una vía unitaria hacia la consecución definitiva de una paz duradera y estable, y
ello aunque no nos guste ni el lenguaje empleado ni compartamos todo lo ahí expuesto al cien por cien. Pero desde Izquierda Unida, desde La Izquierda Plural, consideramos que es mucho más importante trabajar en común por el diálogo, incluso
cediendo en determinadas cuestiones menores, antes que dejarse arrastrar por un empecinamiento estéril en posiciones que son ya parte del pasado. Su enmienda, señorías de UPyD, es de adición, no la nuestra, su enmienda es de adición a ETA.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Errekondo, del Grupo Mixto.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señoría, si estar a las puertas de la prisión de Logroño es prueba irrefutable, lo será estar a las puertas de la prisión de Guadalajara, donde recogía a los condenados por el GAL, compañeros de su partido,
luego puede usted aplicarse los adjetivos a sí misma; entiendo que debe haber algo de masoquismo en todo esto. Hoy lo que algunos y algunas pretendían era escenificar su postura intransigente, su posición retrógrada, reaccionaria, anacrónica;
irresponsable, en definitiva. Algunas y algunos pretenden hacer competencia al Partido Popular y levantar la bandera del unionismo español. A algunos parece que les pesa demasiado la pérdida de un imperio y pretenden por todos los medios, hasta
rayar lo absurdo, amarrar esa España grande y libre que tanto dolor ha causado a la ciudadanía. Lo que en un principio debería haber sido un debate promovido por la insensatez, ha acabado siendo un posicionamiento conjunto de los principales
partidos del Estado español y al que se han sumado otros. Decimos otros porque a nosotros no se nos ha dirigido absolutamente nadie, y desde luego si la presente propuesta, la presentada por el Partido Popular y el Partido Socialista, con el apoyo
entre otros del Partido Nacionalista, tenía la pretensión de dar un paso al frente en la resolución del conflicto vasco, hemos de decir que, desde nuestro punto de vista, no hace sino arrearlo más. Esta enmienda parlamentaria que ustedes han
presentado está muy lejos de poder ser considerada como la hoja de ruta para avanzar hacia la resolución definitiva del conflicto. Por supuesto, tampoco vemos que vaya a aportar algo positivo en la consecución de la paz verdadera y justa.
Dado que no tenemos mucho tiempo, iré al grano. Visto como se ha gestado este primer acuerdo de Estado en la legislatura, la primera constatación sería esa, la de que Euskal Herria sigue estando una vez más en la agenda del Gobierno
español, pero también, una vez más, que no se ha contado con ella, que no se ha contado con los ciudadanos de Navarra, de Álava, de Vizcaya y de Guipuzcoa. Me explico. Estamos ante una propuesta excluyente, en la que nada se ha tomado en cuenta la
opinión de Amaiur, es decir, de las y los soberanistas de izquierda de Euskal Herria. Mal empezamos, por tanto. En segundo lugar, nos encontramos con un texto que no hace más que ahondar en el esquema de vencidos y vencedores, un esquema con el
que para nada está a favor la sociedad vasca en su conjunto, una mayoría social que por activa y por pasiva ha reclamado y exigido compromisos, responsabilidades y altura de miras a los agentes políticos y especialmente al Gobierno. Si la intención
de quienes han elaborado el texto y de los que lo han apoyado es avanzar hacia la resolución del conflicto, ya saben que el acuerdo definitivo es aquel en el que todos y absolutamente todos nos sintamos ganadores. Solamente a partir de ahí será
posible la reconciliación, la paz justa y duradera.
En el fondo, señorías, nos encontramos ante un documento que no responde en absoluto al actual escenario político, un documento que pretende vender humo, un documento que pretende sacar del apuro al Partido Popular y que, por supuesto,
apenas aporta nada a la situación de esperanza que vive Euskal Herria. En este contexto nos preocupa aún más que los jóvenes de esta mañana hayan podido ser detenidos con el único propósito de dar cobertura al último punto de esta enmienda, sin
garantías de no estar siendo torturados en estos momentos. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, le ruego que no se salga de la cuestión.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Alguien decía hoy que en la elaboración de dicho texto no se había contado con Amaiur, porque no querían perder el tiempo. Vaya visión. En cualquier caso, no se nos ha pasado por alto el hecho de que el
Partido Nacionalita Vasco haya dado su visto bueno al acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Nos preocupa, señor Esteban, que se hayan alineado aquí en Madrid con aquellos que promueven acuerdos excluyentes, con aquellos
que niegan la palabra y la voz a las ciudadanas y los ciudadanos de Euskal Herria. El Partido
Popular ya declaró que quería gestionar el conflicto tejiendo complicidades con el Partido Socialista y el PNV. Esperemos que, como dijo el presidente de su partido, el amparo que está dispuesto a ofrecer el Partido Nacionalista Vasco no se
llame Pacto de Ajuria Enea 2. Jamás lo entendería ni la sociedad, ni su propia base social. Al fin y al cabo, este texto es un fraude que nada aporta a la...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir terminando.
EL señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Ahora mismo.
Lo único que ustedes pretenden intentar reforzar son las posiciones totalmente minoritarias, el Partido Popular, en Euskal Herria. Parece ser que a ello se han prestado tanto el Partido Socialista, como el Partido Nacionalista. Lo saben
perfectamente y la resolución está basada en el reconocimiento de los derechos que como pueblo le asiste, el derecho a decidir, y la hoja de ruta es Aiete. Se ha recorrido un trecho, la pelota está en el tejado del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Errekondo.
Señora Díez, como se ha presentado esta enmienda, que parece que es de sustitución, le pregunto cuál es su postura.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, pido la palabra según el artículo 71 del Reglamento, alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes.
El señor PRESIDENTE: Es que en un debate como este, en el que intervienen todos los grupos, siempre hay opiniones que pueden considerarse contradictorias e incluso algunas actuaciones...
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, no son contradictorias. Es el artículo 71, presidente. Me refiero a dos de los grupos, no al resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Bien, le voy a dar la palabra porque, en efecto, sí se ha hablado mucho de ello. Tiene usted dos minutos para hablar de los dos puntos en que considere que se le ha contradicho, y yo se los volveré a conceder a la
persona a que usted se refiera.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, no es por ser contradicho, presidente. Es por alusiones según el artículo 71; no contradicho. El artículo 71 habla de alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes. Ha habido dos graves que no
puedo tolerar. Una de ellas hecha por el portavoz de Izquierda Unida que ha calificado la enmienda de Unión Progreso y Democracia como una enmienda de adición a ETA. No le voy a tolerar, ni a ese grupo ni a nadie, que nos acuse de complicidad con
ETA; ni a ese grupo ni a nadie se lo voy a tolerar, ni en esta Cámara ni fuera. Eso es exactamente lo que ustedes nos han dicho. Si hoy hay democracia en España y estamos aquí es porque mucha gente resistió en el País Vasco el totalitarismo; no
se lo voy a consentir. No es una posición política, es una acusación directa de complicidad con ETA. Ha dicho textualmente: adición a ETA.
En segundo lugar, quiero recordarle al señor Errekondo, que nos ha calificado como unionistas, y quiero recordarle a sus señorías que eso fue lo que llamaron esos a quienes ellos justifican, cuya historia justifican, a muchas personas en el
País Vasco antes de asesinarles. La última vez -que lo recuerdo bien- fue a Joseba Pagazaurtundua. Unionista le llamaron, y así le mataron. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: No vale la pena contestar, señor presidente. Entendemos que yo he dicho adicción a una situación, y me ratifico en mi aseveración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
¿Señor Errekondo? (Denegación.) No pide la palabra.
Ahora, señora Díez, dígame si acepta o no la enmienda de sustitución, parece que ha quedado claro.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidente. Los grupos firmantes han rechazo la transaccional. Por tanto solicito que se vote en sus propios términos la moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 173/000005.)
El señor PRESIDENTE: Última moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, la semana pasada intervenía aquí el portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, en una interpelación que pedía la creación de una subcomisión en la que participaran todos los grupos políticos, además de las
comunidades autónomas imprescindibles, y los agentes sanitarios para llegar a acuerdos entre todos para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Hoy me toca en nombre de nuestro grupo parlamentario defender esta moción subsiguiente a la
interpelación.
Nuestra moción viene a reflejar el núcleo de la interpelación, intentar la unión, buscar acuerdos y consensos, el diálogo entre todas las fuerzas políticas para que dejemos de tirarnos los trastos, como decimos normalmente, en los temas de
sanidad y para que todos seamos capaces -como fuimos capaces, y lo recordaba el señor Duran en la interpelación, en el año 1993 de llegar al Pacto de Toledo para salvar las pensiones- de llegar a acuerdos para salvar la sostenibilidad de nuestro
sistema sanitario.
Tenemos un magnífico sistema sanitario, eso no lo duda nadie; es caer casi en un tópico volver a repetir que tenemos un magnífico sistema sanitario, fomentado además por unos magníficos profesionales, pero este buen sistema sanitario está
llegando a un punto en el que la duda es cuánto tiempo y cómo lo podremos sostener. Las comunidades autónomas cargan con el 93 por ciento del coste de este sistema sanitario; el 7 por ciento restante es lo que aporta el Estado. A este ritmo, y
tal y como va creciendo nuestro sistema sanitario -lo cual es bueno-, con los nuevos avances, y dado que las personas vivimos más años y a veces necesitamos de más recursos sanitarios, de más ayudas, nuestro sistema sanitario se encarece cada vez
más. El problema es que tenemos que seguir teniendo ese sistema sanitario de calidad, y que además lo tenemos que mantener para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos.
En el punto 1 de nuestra moción pedimos constatar ese elevado impacto económico del sistema sanitario público sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, así como las disfunciones existentes entre las administraciones con motivo de
la determinación de las políticas de gasto que afectan a la sanidad. Voy a explicarlo mejor para la gente que no esté habituada al lenguaje sanitario. El Gobierno central se reserva la competencia de decir qué nuevos medicamentos entran en el
sistema, qué nuevos métodos, y cómo vamos a seguir progresando en nuestro sistema de salud, pero quienes tienen que hacerse cargo del gasto y pagar religiosamente son las comunidades autónomas. Así estamos llegando a un momento en que estas lo
están pasando muy mal, y además se está generando mucho déficit no solamente en el ámbito de la propia comunidad autónoma -si añadimos servicios sociales a sanidad su repercusión representaría casi un 75 por ciento del gasto en algunas comunidades,
pero si hablamos de sanidad representa ya un 50 por ciento del gasto-, sino en toda la política autonómica, por lo que es un tema al que tenemos que encontrar solución entre todos.
El punto 2 de nuestra moción solicita que el Pleno del Congreso asuma el compromiso de garantizar un sistema sanitario público sostenible y de calidad. Además hemos visto que hay muchas enmiendas de los grupos parlamentarios. Y siguiendo
-como he indicado al principio- con nuestra voluntad de llegar al consenso y al diálogo, estamos trabajando en una transaccional y casi hemos llegado al acuerdo total para poder recoger, si no el texto completo de las enmiendas de todos los grupos
-lo que es muy difícil-, sí el espíritu de esas enmiendas para que en la votación de esta moción se pueda alcanzar el mayor consenso posible.
Nosotros pedíamos la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Hacienda porque nos parecía que gran parte del tema de la sostenibilidad sanitaria es buscar recursos, es buscar cómo podemos inyectar a este buen sistema
sanitario los recursos que necesita, y que cada vez serán más necesarios para poder seguir manteniéndolo, porque no podemos permitir que se deteriore. Al hablar de recursos pensamos en la Comisión de Hacienda, pero los demás grupos, principalmente
el de la mayoría, han insistido mucho en que fuera en la Comisión de Sanidad. Pues bien, en aras del consenso no tenemos inconveniente alguno en que esta subcomisión se cree en el seno de la Comisión de Sanidad. Lo importante para nosotros es el
contenido, lo importante es lo que debatamos allí, lo importante son los acuerdos y los consensos, y sobre todo poder llegar a encontrar una solución, que es lo que nos interesa en este caso.
También instábamos al Gobierno para que, junto con las comunidades autónomas -decíamos en nuestra moción-, acometa las reformas necesarias para garantizar que, en aras de esa calidad y esa sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, recoja
las recomendaciones que traiga esa subcomisión. La ministra anunció en la Comisión -y lo dijo aquí también el otro día en respuesta a la interpelación del señor Duran- que en ese pacto que ella propuso ya se hablaría de todo esto. Nosotros le
decíamos que esto tenía que ser previo, pero por lo menos en su enmienda dicen: ir trabajando para que sea paralelo. De acuerdo, pero a nosotros lo que nos interesa es buscar en esta subcomisión los acuerdos sobre los recursos y sobre el
mantenimiento. Antes, cuando Sanidad estaba con la Seguridad Social, se sabía de dónde se inyectaba dinero y de dónde venía. Desde que lo separamos esa inyección de dinero va a cargo, casi exclusivamente -casi, porque un 7 por ciento es muy poco
en lo que se aporta- a cargo de las comunidades autónomas. ¿Cómo podemos hacerlo sostenible? ¿Cómo podemos inyectar ese dinero¿ ¿Y cómo podemos hacer que no se deteriore en realidad nuestro sistema? Estos son los acuerdos a los que queríamos
llegar.
Hoy, viniendo hacia aquí, leía en medios de comunicación sanitarios que ayer hubo una reunión -creo que era de la Fundación Bamberg- donde estuvieron el presidente de la Comisión de Sanidad, el doctor Mingo, y también el senador Jesús
Aguirre, y en sus declaraciones -que me las he apuntado- ellos mismos decían que se necesitaba hacer un buen diagnóstico de nuestra sanidad, averiguar cuál es el problema del déficit, averiguar los errores que hemos cometido, qué excesos, también
constatar lo que hacemos bien y cómo podemos mejorarlo...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Termino ahora mismo.
Sencillamente eso es lo que tenemos que hacer porque estos mismos compañeros del Grupo Popular decían que ese era el diagnóstico y que también teníamos que buscar las soluciones en el tratamiento, que eran medidas estructurales. Esto es lo
que tenemos que buscar y para esto quería pedir el apoyo de toda la Cámara a la transaccional que creo que va a resultar de esta moción, y espero que podamos conseguir el mayor consenso, y si fuera posible la unanimidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré mi intervención con una cita clásica y terminaré con otra seguramente muy querida para el Partido Popular. Mi primera cita clásica es de Bertolt Brecht, que dice que cuando la hipocresía empieza a perder calidad, lo mejor
es empezar a decir la verdad. Me parece que esta iniciativa -si no se modifica- podríamos denominarla como un monumento a la hipocresía en materia sanitaria, sobre todo cuando se habla en primer lugar en el diagnóstico de la necesidad de una
sanidad sostenible. Y la pregunta es: ¿nuestra sanidad es insostenible? ¿Alguien en este momento está intentando introducir esa duda, ese miedo entre los ciudadanos con respecto al sistema sanitario público? Mi grupo afirma que eso no es así.
Nosotros somos una de las sanidades de Europa más eficaces y más eficientes. Podríamos decir que en términos comparativos somos excelentes: gastamos poco relativamente para un importante resultado en materia de salud en nuestro país y en el
contexto europeo.
En segundo lugar, no es cierto lo que el otro día decía el señor Duran. No es verdad que el crecimiento del gasto sanitario público sea superior al crecimiento de la economía. Si uno ve comparativamente los últimos años, el crecimiento del
gasto sanitario es superior al crecimiento de la economía, pero fundamentalmente del gasto sanitario privado que ha crecido en los últimos años en un 4 por ciento anual, mientras que el gasto sanitario público lo ha hecho en algo más de un 2 por
ciento. Por lo tanto tampoco es verdad ese gasto desbocado de nuestro sistema sanitario público. Y en las proyecciones de la OCDE tampoco es cierto que los retos sean el envejecimiento o las tecnologías; las proyecciones de la OCDE dicen que para
2050 gastaremos el 8,5 por ciento del PIB, bastante sostenible: 8,5 por ciento -que lo gasta en estos momentos Alemania- en 2050, y que lo haremos no por las tecnologías ni por el envejecimiento, sino fundamentalmente por razón de renta. ¿Saben
ustedes cuánta renta nos diferencia del gasto sanitario? Nos diferencian 15 puntos. Es decir, tenemos el 97 por ciento de la renta europea y tenemos un gasto sanitario que no llega al 79 por ciento de la renta. Por lo tanto, señorías, nuestro
sistema sanitario tiene margen para la sostenibilidad. Es voluntad política lo que falta en esa materia.
Entro en la segunda parte. Primero, el miedo, y luego en nuestra opinión una retórica y una práctica muy diferentes. Señorías, es hipócrita, como ha sido hipócrita la campaña electoral de las líneas rojas en materia de servicios públicos:
línea roja en sanidad, en educación, en servicios sociales. Pues bien, a lo que estamos asistiendo en los dos últimos años es a un recorte superior al 10 por ciento del gasto sanitario. En algunas comunidades autónomas superior al 15 por ciento de
recorte en el gasto sanitario. Estamos asistiendo por ejemplo en estos días a la puesta en marcha de copagos, señorías, por parte de comunidades autónomas que no tienen competencia en la materia, con la pasividad del Gobierno central. Porque la
tasa de farmacia es un copago, dígalo Agamenón o lo diga su porquero, señoría; y eso debería haber sido en nuestra opinión contestado por parte del Ministerio de Sanidad. Estamos asistiendo también a privatizaciones, a lo que se denomina
colaboración público-privada, que en definitiva es lo que podríamos llamar, junto a los recortes y los repagos, los regalos; regalos que luego no justifican las críticas que se hacen a la eficiencia del sistema sanitario público.
Señorías, a mí esto del Pacto de Estado de la sanidad, más que de retórica me gustaría que estuviera acompañado de práctica. En estos momentos no se puede propugnar el pacto y al mismo tiempo tomar medidas que niegan el pacto, porque si
ustedes me dicen que la propuesta es recortes, repago y privatizaciones, ya les digo que nosotros en eso no vamos a estar, porque eso niega el sistema sanitario público español. Por tanto, menos defensa del sistema sanitario público y más práctica
de líneas rojas en relación con el sistema sanitario público, no vaya a ser que algunos partidos sean daltónicos.
Termino, señorías, con la última cita que decía que le iba a gustar al Partido Popular. Federico Trillo decía en un debate sobe la responsabilidad política que era más importante la responsabilidad de ejercicio que la responsabilidad de
origen. Yo no dudo de su legitimidad de origen, señorías, de la legitimidad de origen de su Gobierno, pero cuidadito con la legitimidad de ejercicio. Si el ejercicio es el que estamos viendo estos días en Valencia, van por mal camino. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Realmente compartimos una parte sustancial de la moción presentada por Convergència i Unió, porque algunas de las reflexiones que en ella se plantean y la propia exposición que ha hecho la diputada Tarruella
forman parte de algunos de los debates que se han venido planteando también a lo largo de la legislatura pasada, y en los que también hemos podido convenir y acercar posiciones. Hay una cosa quizá un poco llamativa, y es que esta iniciativa
la plantea el mismo grupo político que acaba de poner en marcha, ciertamente con el beneplácito del Partido Popular, la implantación de la tasa por receta en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con un criterio meramente economicista. Eso llama la
atención porque hemos querido superar en el trámite previo, en la propia intervención de la diputada, y en lo que entiendo que será finalmente una enmienda transaccional que podremos suscribir si no todos la mayoría, ese criterio economicista sobre
esta cuestión, que es una cuestión básica y que tiene que ver con el modelo de Estado del bienestar que entiendo que la inmensa mayoría defendemos.
Suscribimos la necesidad -y lo hemos venido planteando- de un gran pacto nacional sobre política sanitaria. Como en reiteradas oportunidades previamente hemos podido argumentar, en España no sufrimos solamente una crisis de carácter
económico y social, sino que también sufrimos una crisis política que tiene su visualización en el conjunto de las instituciones, y que hace que nuestro entramado institucional no garantice, si no nos ponemos todos muy de acuerdo, más allá de la
letra, en el contenido, que todos los ciudadanos españoles, al margen de la parte de España en la que residan y al margen de quién tenga la competencia, de quién la ostente en esta materia, tengan el derecho de acceder a los servicios básicos en
condiciones de calidad y de igualdad.
Esa reflexión, que he compartido con ustedes y con la diputada del grupo proponente, nos ha llevado a plantear tres enmiendas insistiendo en la necesidad de garantizar no solo la sostenibilidad desde el punto de vista económico, sino también
desde el punto de vista de la cohesión y de la equidad, eso es, de la igualdad de todos los españoles, no solamente para garantizar recursos, sino que los recursos se distribuyan con este criterio de cohesión y de igualdad. Esa reflexión, que
también he compartido con la diputada, es la que nos lleva a hacer una enmienda en la que se solicita que la subcomisión que la diputada plantea que se constituya dependiendo de la Comisión de Hacienda tenga su referencia de trabajo dependiendo de
la Comisión de Sanidad. Como afortunadamente la reflexión general la hemos compartido, hemos sido capaces no solamente de hacer el diagnóstico, sino de recetar la medicina que hemos acordado que era la adecuada para esta enfermedad. Por eso hemos
suscrito una enmienda transaccional que espero podamos votar al final de la sesión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cervera Taulet.
El señor CERVERA TAULET: Señor presidente, señoras y señores diputados, la sostenibilidad del sistema sanitario preocupa desde hace años. Ya desde hace más de veinte años salen informes constantemente alertando de lo que puede ser una
dificultad de sostenibilidad. Y es en épocas de crisis cuando preocupa mucho más. Actualmente, en esta época de crisis económica tan grande que estamos viviendo, hay un acuerdo generalizado entre expertos, gestores, profesionales y partidos
políticos de que la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario puede tener cierta incertidumbre. La crisis económica es la única causa que hace que en estos momentos tengamos que atender planteamientos para proteger al Sistema Nacional de Salud, y
fundamentalmente la disminución de ingresos, el paro, la disminución de la competitividad por parte de la economía española, que ha pasado del puesto 22 al puesto 42, o la disminución del número de empresas hacen, como digo, que los ingresos hayan
disminuido de forma notoria. En cambio el Sistema Nacional de Salud es un sistema eficiente, como así lo recoge la OMS, que dice que somos el séptimo país más eficiente, o incluso la Unión Europea, que dice que detrás de Finlandia somos el país que
gestiona mejor la sanidad.
La voluntad del Gobierno del Partido Popular, la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy y la voluntad del Ministerio de Sanidad en este caso es proteger al Sistema Nacional de Salud para que siga siendo patrimonio de todos los españoles. Ya
el presidente Rajoy en su investidura, como también la ministra Ana Mato en la comparecencia del 1 de febrero en la Comisión de Sanidad, han insistido y apostado por la formación de un gran pacto nacional que garantice un Sistema Nacional de Salud
de calidad, de eficiencia, universal, igual para todos los españoles y gratuito, un pacto fuera del debate político, un pacto como digo que mantenga una cartera de servicios común para todos, y un pacto donde los españoles sean el eje del sistema y
el profesional sanitario sea además el pilar fundamental para conseguir ese pacto.
Hoy, ante la interpelación y consiguiente moción de Convergència i Unió, el Gobierno de Mariano Rajoy y el Grupo Parlamentario Popular van a continuar en la línea de sumar, de buscar acuerdos, de aplicar el sentido común para que este
patrimonio de todos los españoles siga siendo un sistema de calidad y un sistema accesible para todos. Bajo la premisa de reconocer estas dificultades de sostenibilidad hemos querido incidir en nuestra enmienda en tres aspectos fundamentales: que
la sanidad ha de ser una sanidad de calidad, cohesionada para todo el sistema nacional español, cohesionada bajo los parámetros de universalidad, gratuidad y calidad, y también -bajo el planteamiento que la ministra Ana Mato nos hizo en la Comisión
de Sanidad- con la apuesta de un gran pacto, un pacto por la sanidad y por los servicios sociales de calidad para toda España, un pacto en el que el eje fundamental sea el ciudadano, y un pacto en el que contando con los profesionales garanticemos
una sanidad
en el futuro. Hemos querido incidir también en esta enmienda a la moción de Convergència i Unió en la creación de una subcomisión en la Comisión de Sanidad porque, aunque la financiación pueda estar en otros ámbitos, para el conocimiento de
los procesos que llevan a la financiación quien mejor que la Comisión de Sanidad para reflejarlos. Por lo tanto nos alegramos de verdad de que nuestros planteamientos hayan sido aceptados y recogidos por el grupo que presenta la moción, y hayan
sido recogidos bajo la premisa del sentido común y además de sumar. También nos alegramos de haber trabajado, junto con el resto de partidos políticos, para que seguramente y ante la presentación de la enmienda transaccional la mayor parte de ellos
puedan verse encajados y ver reflejados sus planteamientos en esta moción. Porque, como digo y para acabar, el Sistema Nacional de Salud es un sistema de calidad, que nos representa a todos y que nos iguala a todos, a las rentas más bajas y a las
más altas, y que nos da seguridad, seguridad de futuro y así hemos convertido a nuestro país en el segundo país de mayor esperanza de vida. La obligación del Gobierno -y esta es la apuesta del Gobierno del presidente Rajoy- y la obligación de los
grupos parlamentarios -y esta es la obligación y la apuesta del Grupo Parlamentario Popular- es que esta apuesta y este patrimonio sigan perdurables en el tiempo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Por el Grupo Mixto hay también tres oradores. Les vuelvo a recordar que intentemos acoplarnos al tiempo. En primer lugar intervendrá el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, entendemos que esta moción hace referencia a un cuestión que es absolutamente oportuna. No anuncio nada nuevo si digo que uno de los estandartes del que venimos en denominar Estado del bienestar se encuentra en grave riesgo en
este momento, y este no es ni más ni menos que la atención sanitaria pública tal como hoy la conocemos. El Sistema Nacional de Salud tiene dos características asociadas: una primera es el producto de un éxito, parcial pero relevante, el de la
reforma sanitaria española de la Ley 14/1986, General de Sanidad, que generó un sistema de alta calidad comparable con cualquier sistema del entorno que queramos considerar; pero también el de una insuficiencia financiera crónica que ha venido
arrastrando el sistema a través de múltiples gobiernos y unos cuantos años. Ahora las amenazas ya son ciertas; es evidente que esta persistente reducción de recursos, este reparto inadecuado de los recursos y de las cargas está conduciendo a poner
en riesgo la pervivencia del sistema sanitario público tal como hoy lo conocemos. También hay algunos temas que nos hacen dudar, como este primer real decreto-ley que aprueba el Gobierno de España, en el que se habla de una tasa de reposición del
10 por ciento, que en nuestra opinión va a la línea de flotación de la sostenibilidad del sistema.
Los nacionalistas canarios tenemos nuestras propias enmiendas. Sin embargo estamos de acuerdo en que esta enmienda transaccional que se presenta sea la fórmula por la que todos vamos a entrar en un debate en el que aunque faltan cosas que
para los canarios son vitales, como el hecho insular o la fragmentación territorial -esenciales a la hora de entender nuestras necesidades-, estamos seguros que se genera un ámbito de debate que también es esencial. Entendemos que esta subcomisión
da la oportunidad de que de verdad veamos si se está defendiendo una asistencia sanitaria universal, gratuita, accesible y de calidad, tal como se formula en la Ley General de Sanidad española. En esa subcomisión conoceremos a fondo las posiciones
de cada cual. Será en ese momento cuando podremos discutir a fondo sobre si todos estamos diciendo lo mismo, cuando en realidad a lo mejor estamos diciendo cosas diferentes. Lo digo por las prácticas de algunas comunidades en las que no parece que
piensen lo mismo que lo que pensamos en otras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Tiene ahora la palabra la señora Fernández Davila. (Rumores.)
Ruego silencio porque la señora diputada tiene que hablar en poco tiempo. Por eso, atiéndanla.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Para nuestro grupo esta propuesta que nos presenta Convergència i Unió produce cierta preocupación, porque recordamos, señorías, que no hace más de un año que se cerró una subcomisión que fue creada también en la Comisión de Sanidad con ese
argumento de un pacto de Estado por la sanidad. Ahí fuimos capaces, efectivamente, de contrastar las diferentes posiciones que tenemos los grupos en relación con la sanidad, que hicieron imposible que se aprobara un documento que efectivamente
pudiera visualizar ese pacto. Desde mi punto de vista, las razones que imposibilitaban ese acuerdo en aquel momento -y ya digo que fue hace muy pocos meses- estaban relacionadas con posicionamientos diferentes: los de quienes defienden la sanidad
como un sistema público estatal, gestionado por las comunidades autónomas, pero desde el punto de vista público en su totalidad, y los de quienes se plantean un sistema denominado nacional de la salud compatibilizando lo público y lo privado,
externalizando o privatizando servicios o con modalidades de copago y las reducciones o las restricciones sanitarias que en este momento se están haciendo en todas las comunidades autónomas, que
son las políticas que el Partido Popular, que está gobernando actualmente, nos está diciendo que va a implantar en la sanidad pública.
Entendemos que es conveniente que entre el Gobierno del Estado y las diferentes comunidades autónomas se llegue a un acuerdo en el consejo interterritorial para mejorar la financiación de la sanidad pública, para en todo caso incrementar la
financiación adicional de la que es necesario dotar a la sanidad pública para garantizar que efectivamente sea pública y de calidad y evitar los recortes sanitarios que en este momento se están llevando a cabo, recortes que solo están significando
incrementos de las listas de espera, mala calidad en diferentes servicios e incluso -como en el caso de Galicia en algún momento- pretender, como se pretendió, dejar fuera del sistema a una población como eran las personas que quedaban sin la
prestación de desempleo.
Señorías, para el Bloque Nacionalista Galego, que defiende el servicio sanitario público y de calidad, la cuestión, tal como nos ha sido planteada por Convergència i Unió -y en la medida en que se pretende que dicha subcomisión dependa de la
Comisión de Hacienda-, nos preocupa porque el tema fundamental no es la calidad del sistema sino cómo se puede procurar esa financiación. De ahí, y de acuerdo con el debate que tal como decía tuvo lugar hace muy pocos meses, que existan propuestas
de actuaciones en la dirección de la privatización y el copago. Nosotros defenderemos cualquier posición que vaya en la dirección...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, comparte usted su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... de incrementar la financiación del gasto sanitario, pero no ninguna postura que signifique reducción del sistema.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, celebramos que se haya incorporado en la transaccional nuestra demanda de que la subcomisión dependiera de la Comisión de Sanidad y no de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Nos parece que tiene mucho más sentido
y, al parecer, la transaccional contiene esta demanda, cosa que, repito, celebramos.
Nuestras enmiendas pretendían incorporar en cada uno de los apartados el término universalidad y el término equidad y ustedes han sido un tanto remisos a la hora de incorporar estos dos términos en la transaccional. Es cierto que se repite
el término calidad y el término sostenibilidad, pero entendemos que en el momento actual, en la encrucijada en la que se encuentra el sistema público de sanidad, es fundamental la incorporación de los términos universalidad y equidad.
A nuestro juicio, la enmienda más importante de las que hemos presentado era la que tenía relación con la necesidad de incorporar en la ley de presupuestos generales del próximo ejercicio al menos el porcentaje de gasto que se incluyó en el
ejercicio del año 2010. La razón es muy evidente. La sanidad española ahora funciona con 5.000 millones menos que en el año 2010, lo cual nos lleva a un escenario de jaque al sistema público sanitario. Por cierto, el gasto por habitante se ha
reducido en un 10,4 de media en dos años y todas las cifras que se desprenden de este escenario nos llevan a una situación de peligro para el sistema público, lo cual justifica que nosotros presentemos esta enmienda que insta al Gobierno -luego el
Gobierno verá si puede hacerlo o no, o si tiene voluntad de hacerlo o no- al menos a recuperar el gasto del año 2010, que es quizás el umbral, el punto a partir del cual ya el sistema entra en peligro, en jaque. No se incorpora en la transaccional
esta demanda nuestra y, aun cuando celebramos que se hayan incorporado otras, esta razón justifica que nos abstengamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.
Señorías, es evidente que la sanidad pública es una conquista social de nuestra democracia que todos hemos contribuido a poner en pie. Permítanme la licencia de señalar de manera especial la contribución del Partido Socialista: la historia
nos avala.
Desgraciadamente desde hace unos meses la sanidad ha pasado de ser valorada por la población como el mejor servicio público a ser la tercera o cuarta preocupación de los ciudadanos. Los recortes que se están llevando a cabo en las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y también en la Comunidad de Cataluña han contribuido a hacer posible esta situación de preocupación social. Puede afirmarse que hoy los ciudadanos y los profesionales sanitarios perciben que
la sanidad pública está en riesgo. Recortes, impagos, introducción de la iniciativa privada en la gestión de la sanidad pública y otras medidas son el exponente de una política de recortes que preocupa a la sociedad y a los profesionales. Hay que
hacer mención aquí a que la semana pasada la Organización Médica Colegial alertó de que estos recortes están afectando ya a la calidad asistencial. Al Grupo Socialista le preocupa y somos contrarios a que se pueda aprovechar la crisis económica
para abrir espacios de negocio al sector privado con la sanidad de los españoles, recortando la cartera de servicios con la excusa
de no generar déficit, con la excusa de que no hay recursos, todo lo contrario de lo que se hace en comunidades como Andalucía o País Vasco, donde los servicios públicos de salud son fuertes y prioritarios en los presupuestos autonómicos.
Los recortes a los que me he referido también tienen una gran consecuencia social, porque los más afectados en estos territorios son las mujeres y los mayores.
Mi grupo considera, como lo hacen los ciudadanos, que estamos en una situación de riesgo real de viabilidad del sistema público. Señorías, los socialistas creemos que hay que trabajar en el objetivo de la sostenibilidad de la sanidad
pública, pero no se trata de asegurar la sostenibilidad sin más. Necesitamos un sistema sostenible, claro que sí, pero un sistema que sea útil para los ciudadanos. Por eso, cuando hemos visto la moción que presenta CiU, advertíamos una serie de
carencias y agradezco al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que haya aceptado lo esencial de nuestra propuesta, porque no se trata de ver cuántos recursos tenemos y a partir de ahí qué prestaciones tiene que dar la sanidad pública para que
no genere déficit. Mi grupo cree necesarias reformas, pero para hacer posible y viable un sistema sanitario público fuerte y de calidad. Nosotros aspiramos a seguir disfrutando de un sistema excelente con las siguientes características: sistema
público, descentralizado, universal, gratuito, sin copagos por el uso de los servicios; en nuestra opinión, de provisión mayoritariamente pública, donde la provisión privada sea complementaria, con una oferta que incorpore continuamente los avances
científicos, con equidad, con cohesión, con calidad y por supuesto con eficiencia. Para este tipo de sistema con estos principios sí creemos que hay que trabajar en una subcomisión.
Agradezco la introducción de nuestros planteamientos esenciales por parte del Grupo de Convergència i Unió, especialmente el hecho de recoger que el sistema sea un sistema gratuito, sin copago, un sistema equitativo, donde se trabaje por la
cohesión y que incorpore, para buscar la excelencia, la innovación científica. Cuenten con nosotros para que haya suficiencia financiera y para resolver las deudas con los proveedores y con las oficinas de farmacia, para que la sanidad pública siga
siendo el servicio público mejor valorado por los españoles y, además de salud, la sanidad siga contribuyendo a crear riqueza, empleo e innovación. Pero déjenme decirles, señorías, tanto a ustedes como al Grupo Popular, que somos escépticos. Su
manera de gobernar no nos hace tener mucha confianza, pero vamos a darles un voto de confianza. Lo que sí les quiero decir es que no les damos un cheque en blanco. Para justificar sus recortes no cuenten con nosotros; para exculpar sus políticas
no cuenten nosotros; para un sistema como el que hemos señalado y que ustedes recogen en la moción definitiva pueden contar con nosotros sin duda, para que una sanidad pública fuerte aporte seguridad a los ciudadanos, sentido de pertenencia a
España y cohesión a nuestra sociedad, como ha venido haciendo el sistema sanitario en los últimos años -termino-, porque hemos trabajado mucho para conseguir tener esta sanidad como para no aceptar que en pocos meses las políticas de recortes rompan
el sistema, al igual que se quiere acabar con los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Para fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Tarruella, mi grupo va a apoyar la moción presentada por el suyo, pero tengo que confesarle que con una cierta sensación desabrida y con un cierto arrepentimiento sobrevenido tras escuchar las intervenciones de los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, fundamentalmente por dos razones. Aquí hay dos portavoces de los grupos mayoritarios que ya han adelantado las conclusiones de la subcomisión antes de que esta esté constituida. Desde esta perspectiva, señora
Tarruella, ya me dirá cuál es la función de esta subcomisión y el rol que va a cumplir, pero estas cosas no nos sorprenden, señor presidente, y estamos habituados a que las subcomisiones sean muchas veces un elemento retórico para intentar
intercambiar posiciones o posicionamientos ideológicos con relación al sostenimiento del sistema sanitario, diferentes en este caso.
En segundo lugar, también nos sorprende que desde una perspectiva nacionalista, que es la característica ideológica que identifica a su grupo, se presente una estructura que puede ser una estructura centralizadora de las competencias en
tanto en cuanto usted ha establecido un parangón que a mí me parece inoportuno, inadecuado conceptualmente, que es con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Mire, con relación al sistema público de pensiones, la competencia del Estado en materia
legislativa es exclusiva y la gestión del sistema también es exclusiva del Estado, porque se niegan incluso las competencias forales de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika. Sin embargo, en materia sanitaria, las
competencias del Estado no solo no son exclusivas, sino que son solo básicas, y el desarrollo de la legislación básica del Estado y la coordinación de este corresponde a las comunidades autónomas, en tanto en cuanto se han configurado tantos
sistemas sanitarios como comunidades autónomas existen en este momento en el Estado español, algunas muy ancladas incluso por circunstancias financieras peculiares como las atinentes al Concierto Económico que afecta a la Comunidad Autónoma vasca y
al Convenio Económico que afecta a Navarra.
Desde esta perspectiva nosotros tuvimos siempre -desde el origen de la proposición por ustedes presentada y no sin privar de contenido a los problemas que ustedes
enunciaban- dificultades de naturaleza conceptual para la aceptación de algo que puede suponer un instrumento de coordinación, de homogeneización, de uniformización de competencias que seguramente ni usted, ideológicamente, ni nosotros
podemos compartir. En todo caso ustedes han hecho una propuesta y una enmienda que atenúa mucho los elementos centralizadores que eventualmente pudieran afectar a esta subcomisión. La han ubicado donde debe estar ubicada, que es en el sistema
sanitario, en el ámbito del departamento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y es obvio que a todos nos afecta el futuro y la sostenibilidad financiera de un sistema sanitario sobre el cual pesan gravísimas incertidumbres con
relación a las posibilidades de su sostenimiento, dados sus crecientes requerimientos de distinta naturaleza tanto cuantitativos como cualitativos. Esto, desde una posición proactiva sobre los problemas que afectan a la sanidad, nos ha llevado a la
conclusión de que se debería crear una subcomisión de estas características, pero es un sí condicionado, señora Tarruella, y se lo digo con absoluta certeza, a la composición de la subcomisión. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo es una comisión estrictamente parlamentaria. Una subcomisión de esta naturaleza no puede estar solo configurada por representantes del Parlamento español. La presencia autonómica es indiscutible en tanto en cuanto las
competencias son estatales y autonómicas y desde esa perspectiva es una garantía respecto al hecho competencial y a la eficiencia de las conclusiones que en su caso se puedan aventurar o determinar para el sostenimiento de las finanzas que
garanticen la sostenibilidad del sistema.
En tercer lugar, señora Tarruella, yo sé que existen problemas graves, particularmente en algunas comunidades autónomas muy graves, vinculados al escaso compromiso del Estado con la financiación de su sistema sanitario y farmacéutico, que
tenemos que corregir. No es mal instrumento una subcomisión de estudio que recrimine a quien está incumpliendo los requerimientos políticos que le corresponden -me estoy refiriendo a usted, señora ministra, efectivamente, me alegro de que sonría,
porque semióticamente está aceptando el aserto-, que está incumpliendo los requerimientos que tiene en materia de financiación de la sanidad, y una subcomisión que reproche esto es políticamente aceptable, pero desde esta perspectiva un poco
defensiva de las competencias autonómicas, y se lo dice alguien que tiene sus competencias autonómicas ancladas normativamente y ancladas financieramente por poseer una estructura de financiación que se denomina Concierto Económico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señora Tarruella, aunque esta Presidencia la conoce, quiero decir a la Cámara que hay una enmienda transaccional.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Sí, señor presidente, hay una enmienda transaccional de cinco partidos políticos, donde recogemos, como he dicho en mi intervención, la esencia de lo que nosotros proponíamos en esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En un minuto procederemos a votar. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), RELATIVA AL IMPULSO DE SOLUCIONES PARA EL SECTOR NAVAL. (Número de expediente 162/000087.)
El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Jorquera), relativa al impulso de soluciones para el sector naval. Según le consta a esta Presidencia, al final se han admitido las
enmiendas de los Grupos Mixto, Socialista y La Izquierda Plural. ¿Es así? (Asentimiento.) En esas condiciones sometemos a votación la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 130; en contra, 180; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPLANTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MÁS FLEXIBLE CON UN BACHILLERATO DE TRES CURSOS. (Número de expediente 162/000129.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos. Se ha presentado una
enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular con el Grupo UPyD. Pregunto si algún grupo se opone a su tramitación. (Denegaciones.) Como no es así, la someteremos a votación con esas características de enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 181; en contra, 144; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR TARDÀ), SOBRE LAS TRANSFERENCIAS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN QUE SE REALIZA EN CATALUÑA DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
(IRPF) DESTINADO A FINES SOCIALES. (Número de expediente 173/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar las mociones. La primera es del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà) sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación
tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a fines sociales, y se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 34; en contra, 286.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ILEGALIZACIÓN DE LAS COALICIONES 'AMAIUR' Y 'BILDU'. (Número de expediente 173/000004.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia sobre los propósitos del Gobierno en relación con la ilegalización de las coaliciones Amaiur y Bildu. Se vota también en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, cinco; en contra, 326.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 173/000005.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Hay en efecto una transaccional que se ha hecho llegar a esta Presidencia, pero como no la firman todos los
grupos, pregunto si algún grupo se opone a su tramitación. (Denegaciones.) Si ningún grupo se opone, la votamos en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 323; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho de la noche.