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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 126, de 10/07/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de julio de 2012
Núm. 126
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Secretaría General
292/000011 Convocatoria pública para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una plaza de Médico en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados. Designación de los miembros de la Comisión de Selección ...
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre lucha contra la impunidad y respeto de los Derechos Humanos en Guatemala ... (Página4)
Comisión de Interior
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, referente a los usos futuros del antiguo Acuartelamiento de la Guardia Civil en el municipio de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ...
Comisión de Defensa
161/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la salida de las tropas de los EE.UU. de la Base de Morón ... (Página6)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las primas en la Eurocopa de Polonia y Ucrania ... (Página7)
Comisión de Fomento
161/000763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre supresión de la contaminación acústica de la línea de alta velocidad a su paso por el municipio de la Roca del Vallès ...
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la finalización de la línea de alta velocidad Antequera-Granada e inclusión en el PITVI (2012-2024) de la totalidad de la red ferroviaria
comprometida en la provincia de Granada ... (Página8)
Comisión de Educación y Deporte
161/000746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para impulsar una educación integral con el fin de alcanzar una sociedad más culta e innovadora ...
161/000748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de pruebas de evaluación del sistema educativo ... (Página11)
161/000751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la revisión de la política de gobernanza en la Universidad ... (Página12)
161/000754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo ...
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad ... (Página14)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la Carta Social Europea ... (Página15)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el proyecto de Red Eléctrica Española para la transformación de la red de transporte de energía eléctrica en red de muy
alta tensión entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramenet ... (Página15)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre residuos tóxicos en la Comarca de A Limia (Ourense) ... (Página16)
161/000750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación a la
autorización de vertidos de los entes locales ... (Página17)
161/000755 Proposición no de Ley sobre intervenciones urgentes en la Balsa del Sapo del Ejido (Almería) ... (Página18)
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Hidrológico de Cuenca en la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo ... (Página19)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto en salud de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria gratuita ...
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página21)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover medidas dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación español ... (Página22)
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento activo ... (Página23)
Comisión de Igualdad
161/000744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre ratificación del Convenio 189 de la OIT ... (Página25)
161/000745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre necesidad de aprobar un plan especial con medidas para reducir la brecha laboral existente entre hombres y mujeres ... (Página26)
161/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación del régimen legal vigente en materia de guardia y custodia de los hijos ... (Página27)
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al desarrollo del artículo 3 de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género ... (Página28)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000453 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre protocolo seguido en relación con la existencia de residuos tóxicos en una zona de la Comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, declarada LIC
(Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), así como previsiones acerca de la descontaminación de la zona ... (Página29)
Preguntas para respuesta escrita
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página29)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000041 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 7745/2007, interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el apartado veinte del artículo único de la Ley 12/2007, de 2 de julio (por la
que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado
interior del gas natural) en cuya virtud se modifica el apartado 7 del artículo 73 de dicha Ley; y, asimismo, contra la disposición final primera de la misma Ley 12/2007, de 2 de julio ... (Página30)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL
292/000011
RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE 2012, DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MÉDICO EN EL GABINETE MÉDICO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (CONVOCATORIA PÚBLICA DE 12 DE JUNIO DE 2012)
De conformidad con lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 26 de junio de 2012, la Comisión de Selección del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Médico en el Gabinete Médico del Congreso de los
Diputados (convocatoria pública de 12 de junio de 2012) estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente de la Comisión:
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de los Diputados.
Vocales:
- Ilmo. Sr. D. Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz, Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
- D. Francisco Arnalich Fernández, Catedrático de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Madrid.
- D. José Luis Benavente Molina, Médico adscrito al Gabinete Médico del Senado, que actuará como Secretario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre lucha contra la impunidad y respeto de los Derechos Humanos en
Guatemala, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Durante 36 años un cruento conflicto armado asoló Guatemala. Tanto el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) Guatemala Nunca Más, como el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, Memoria del silencio,
dan buena cuenta de las violaciones de derechos humanos y de los hechos de violencia cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la guerrilla. Ambos Informes atribuyen a las Fuerzas de Seguridad del Estado la responsabilidad de más del
90% de los crímenes. Las recientes sentencias por las masacres de Río Negro, Dos Erres y Plan de Sánchez corroboran lo mencionado anteriormente.
El cumplimiento de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1996), hubieran supuesto un gran avance para la consolidación de la democracia y el abordaje de las causas profundas que desencadenaron el conflicto; pero
sucesivamente los gobiernos han
ido postergando su cumplimiento, cuando no los han incumplido de forma flagrante.
En la actualidad, la inmensa mayoría de la población vive en condiciones de,pobreza, explotación, discriminación racial y de género muy preocupantes, siendo el Índice de Desarrollo Humano uno de los más bajos de la región. Midiendo el país
en términos de desigualdad, Guatemala es uno de los países más desiguales y de los pocos de la región en los que dicha desigualdad ha ido en aumento. La violencia contra las mujeres se ha disparado en esta década, pasando de 200 asesinatos en el
año 2000 a cerca de 800 en el 2011.
La impunidad es un obstáculo crucial para el funcionamiento de la democracia. Un Estado en el que el 98% de los crímenes quedan en la impunidad está lejos de ser un Estado en el qué impera la Ley. Este lastre viene del conflicto armado y
de la ausencia de Verdad, Justicia y Reparación por los crímenes internacionales que llenaron el país de fosas comunes y miles de personas desaparecidas. En la actualidad, existen importantes avances gracias al esfuerzo incansable de las
organizaciones de derechos humanos y de víctimas que arriesgan sus vidas y las de sus familias por cumplir un mandato legal: defender los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, tal como recomienda el Relator de las Naciones
Unidades Louis Joinet, aplicando los Tratados Internacionales más importantes suscritos por todos los Estados.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar en el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y en la aplicación de un desarrollo económico, político y social que redunde en beneficio de la paz. Solicitar al gobierno de Guatemala que ponga todos medios a su alcance
para que se cumplan los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un sangriento conflicto armado.
2. Que en el ámbito de su actuación colabore de forma decidida para esclarecer los crímenes internacionales -genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad- cometidos durante el conflicto armado para lograr que los responsables de
dichos actos sean conducidos ante los tribunales de Justicia, en aplicación del Derecho internacional, como demandan el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana.
3. Que siga apoyando la importante labor de que está desarrollando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para desarticular los aparatos clandestinos y las fuerzas paralelas que perpetúan la comisión de crímenes
y el flagelo de la impunidad.
4. Que en las instancias internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno español desarrolle un papel activo para que el Estado de Guatemala tome medidas eficaces para garantizar el respeto de los derechos
humanos, sobre todo de las poblaciones más afectadas por la violencia y la discriminación, como los pueblos indígenas y las mujeres.
5. Que exprese a las autoridades guatemaltecas su preocupación por las crecientes amenazas e intimidaciones que están recibiendo las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y sus familias, así como los operadores de justicia que
están al frente de los casos de alto impacto para la sociedad. Que inste al gobierno de Guatemala para que se investiguen las agresiones contra ellos y así evitar que estos casos queden en la impunidad.
6. Que en aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre la protección de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en peligro, ponga todos los medios y recursos necesarios para la protección y seguridad de los defensores y
defensoras con el fin de que puedan desarrollar su labor con seguridad y libertad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley referente a los usos futuros del antiguo Acuartelamiento de la Guardia Civil en el municipio de Sant Sadurní D'Anoia (Barcelona), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El primero de noviembre del año 2007, la Dirección General de la Guardia Civil suprimió el puesto del acuartelamiento de la población de Sant Sadurní d'Anoia.
El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia había comprado los terrenos donde se ubica el citado Acuartelamiento en el año 1945 y realizó la cesión gratuita de los mismos en el año 1956.
En agosto del año 1960 el Ayuntamiento de Sant Sadurni d'Anoia hizo frente al pago del 10 % del coste
final que supuso la obra. La cantidad total sufragada por el Ayuntamiento fue de 128,895,28 ptas.
En abril del año 2008, el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia se dirigió a la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar la reversión de los 'terrenos de la caserna de la guardia civil de Sant Sadurní d'Anoia a favor del
Ayuntamiento'.
Las instalaciones del citado Acuartelamiento han padecido y padecen una rápida degradación que las sitúan al límite de la declaración de ruinosas. En este contexto y teniendo en cuenta:
1. El demostrado compromiso y la permanente voluntad de colaboración por parte del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, que comprende su imprescindible aportación económica que hizo posible la construcción de la denominada caserna.
2. La excepcional y profunda situación de crisis económica que padece nuestro país, radicalmente incompatible con la pasividad de las administraciones públicas frente a su deterioro patrimonial o frente a las posibilidades de generar
inversión y empleo en un municipio.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga efectiva la transmisión -por el precio de 1 euro- de la propiedad del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Sant Sadurní d'Anoia al Ayuntamiento para que éste la dedique a
equipamientos públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Daniel Fernández González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la salida de las tropas de los EE.UU. de la Base de Morón, para
su debate en la Comisión de Defensa.
En Europa existen numerosas bases americanas repartidas por bastantes países de la Unión Europea, todas ellas gestionadas, por el correspondiente tratado bilateral, que gestionan conjuntamente, el Ministerio de Defensa de cada país y el
Ejército Americano. El que esto sea así, no quiere decir que en España deba suceder lo mismo. Nuestro Grupo Parlamentario es partidario de la denuncia del tratado bilateral entre los EE.UU. y España porque entendemos que no deben existir tropas
extranjeras en territorio español
En España, a pesar de tener un Tratado Bilateral, nos encontramos que mientras la Base de Rota esta gestionada por el Ministerio de Defensa, la Base Aérea de Morón, esta gestionada por una empresa Americana, que tiene beneficios, y que tras
18 meses negociando el convenio, esta utilizando la crisis en EEUU para no negociar y deteriorar las relaciones laborales con el Comité.
Creemos que ya es el momento para que el Gobierno Español, acabe con la situación de discriminación y abandono por parte de las Autoridades españolas, que sufren los trabajadores de la Base de Morán.
Consideramos que el Gobierno español debería de Intervenir en la negociación desleal y de deterioro que esta practicando la actual concesionaria del contrato de la gestión de la base (Vinnell, Brown and Root, LLC), ya que tras 18 meses, esta
amenazando con despedir a mas de 60 trabajadores, algo que en esta zona de Andalucía, agravaría aun mas la alta tasa de desempleo que existe.
En diversas ocasiones los trabajadores de la base han denunciado que la Empresa está realizando 'juego sucio', como sustituir a los trabajadores españoles en huelga a causa de las negociaciones del convenio, por directivos americanos que ni
siquiera tienen un contrato legal en España, lo que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores españoles y evidencia una mentalidad colonial.
Se ha denunciado, incluso, que se ha llegado a amenazar al Comité de Huelga con la Policía militar americana, si no se llevan a cabo el control de los servicios mínimos tal y como la empresa desea.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que:
1. Adopte las medidas necesarias para frenar la situación de deterioro en las relaciones laborales que se está produciendo en la base militar de Morón y asegurar el cumplimento de la legislación Española en materia laboral'.
2. Se plantee la gestión directa de esta base por el Ejército de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las primas en la Eurocopa de Polonia y Ucrania, para su debate en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
En la actual situación de crisis económica, con la prima de riesgo en una escalada constante, con recortes presupuestarios sin precedentes que están afectando de manera ya irreversible a la mayoría de servicios públicos del país y con una
situación de desempleo desbocado; resulta inaceptable que los jugadores de la selección española de futbol vayan a ingresar primas por su participación en la Eurocopa, a pesar de que son un colectivo privilegiado con sueldos desorbitados en sus
respectivos clubes. Parece lógico que ante el agravamiento constante de la situación económica y de las finanzas públicas, el gobierno intervenga directamente para evitar el pago injustificado de esta remuneración variable.
La selección española está en los puestos de cabeza en cuanto a las primas que recibirán sus futbolistas en caso de ganar la Eurocopa de futbol que se está celebrando en Polonia y Ucrania. Según han publicado diversos medios de
comunicación, cada jugador recibiría 300.000 euros si la selección española logra ganar el torneo cuya final se celebrará el próximo 1 de junio en Kiev.
Esta cifra resulta un incremento notable respecto la última Eurocopa, ya que en 2008, los jugadores españoles cobraron 214.000 euros por conseguir la victoria. En aquella ocasión, los impuestos se tributaron en Austria, cosa que supuso que
la tributación fuera del 20 %. La misma situación se dio tras la victoria en Sudáfrica, ya los componentes de la selección intentaron acogerse al Convenio de Doble imposición para tributar al 21 %, a pesar de que las primas acabaron supuestamente
tributado en España.
En cualquier caso, si en la última Eurocopa hubieran tributada en España los jugadores hubieran pagado el 43%, que hubiera contribuido a las arcas públicas, maltrechas tanto por la crisis económica como por la institucionalización del fraude
y de la evasión fiscal. Se da la misma circunstancia en esta ocasión ya que en Polonia y Ucrania, los jugadores pagarían menos impuestos que en España, ya que actualmente supondría el 52% de los ingresos.
Cabe recordar que en los anteriores eventos como la Eurocopa de 2008 y el mundial de 2010, diversos economistas habían vaticinado que los logros deportivos supondrían una mejora de la economía española. Nada más lejos de la realidad, la
recesión se recrudece, no hay atisbo de recuperación económica y mucho menos de que un éxito deportivo pueda tener influencia alguna en la marcha de la economía.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa de utilidad pública, cuyos presupuestos son controlados por el Consejo Superior de Deportes, se hace necesario el impulso de una
regulación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estricto control fiscal para garantizar que el 100 % de las primas recibidas por los componentes de la selección española de futbol tributen en el Estado Español.
2. Promover y auspiciar un pacto entre la federación española de fútbol, las Ligas Profesionales de fútbol y las asociaciones de deportistas profesionales para establecer unos límites en el ámbito de los emolumentos profesionales bajo la
propuesta de autorregulación.
3. Crear una comisión interministerial cuyos objetivos sean:
a) Analizar las vías de financiación de las entidades deportivas en relación con la ley de mecenazgo.
b) Garantizar que la financiación pública a entidades deportivas va destinada exclusivamente a la promoción del deporte, como establece el mandato constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/000763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Proposición no de Ley para suprimir la contaminación acústica de la línea de alta velocidad a su paso por el municipio de la Roca del Vallès.
Exposición de motivos
La línea del tren de alta velocidad (TAV) entre Barcelona y la frontera francesa sigue ejecutándose. Parte del trazado pasa por el municipio de La Roca del Vallès, en la comarca del Vallès Oriental. En un principio, la línea del tren de
alta velocidad a su paso por esta población debía ír cerca dé la autopista 7. A pesar de estas primeras previsiones, la futura construcción de una prisión para jóvenes hizo que su trazado pase muy cerca de varios núcleos habitados de esta
población, especialmente los barrios de Can Colet y Can Borrell. En algunos casos, la distancia entre las viviendas y la línea del AVE es de apenas unos metros.
Adif, como empresa encargada de ejecutar la obra del TAV, encargó un proyecto de protección acústica y estudio vibratorio para este tramo en junio de 2009, un proyecto respeto al cual el Ajuntament de la Roca del Vallès no pudo intervenir ni
pedir mejoras.
El Ajuntament de la Roca del Vallès como los vecinos de los barrios afectados han realizado numerosas reclamaciones a Adif para mitigar el impacto acústico del TAV, en setiembre de 2010, se reunieron con Adif y plantearon la construcción de
un falso túnel, como el que existente en la vecina localidad de Montornés del Vallès. Cabe recordar que en las zonas habitadas los decibelios permitidos por la normativa medioambiental son mucho menores que las situadas en campo abierto.
Aunque la línea de alta velocidad entre Barcelona y Figueres sigue sin terminarse, desde finales de 2011 circulan diariamente varios trenes de mercancías por esta línea a su paso por la Roca del Vallès, gracias a la instalación de un tercer
carril en algunos tramos de línea convencional de ancho ibérico entre el Port de Barcelona y la frontera francesa con el fin de aprovechar las infraestructuras construidas.
La circulación de los trenes de mercancías ha destapado el grave problema de contaminación acústica que sufre una parte importante del municipio, un problema que se agrava con el tránsito nocturno de los trenes y que puede provocar problemas
de salud.
En 2011 se ejecutaron las obras de protección, previstas por ADIF, consistentes en la instalación de varias pantallas de aluminio y hormigón con una altura variable entre los tres y los cinco metros y medio. En el Barrio de Can Colet la
pantalla tiene una longitud de 180 metros mientras que en el Barrio de Can Borreli se extiende hasta los 185,5 metros.
A pesar de la instalación de estas pantallas acústicas, el problema continúa existiendo, o bien las pantallas son demasiado bajas o hay tramos que no tienen ningún tipo de protección acústica.
Este problema se va a agravar cuando entren en circulación los trenes de alta velocidad. Urge encontrar una solución que permita arreglar el problema de una forma relativamente sencilla y económica, antes de la entrada en circulación
ordinaria de la alta velocidad, ya que a partir de este momento las soluciones serán más caras y complejas,
Además, hay que añadir, que los vecinos ya vienen padeciendo estos problemas de contaminación acústica desde el inicio de las obras, tanto de día como de noche. Unas obras que además provocaron numerosos desperfectos en las casas más
aledañas así como han dejado todo el entorno en muy malas condiciones. A pesar de que ADIF se ha comprometido a arreglar los desperfectos de las casas y a mejorar el entorno, hasta la fecha todo sigue igual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Efectuar con carácter inmediato un plan de medición del ruido de los trenes de mercancías que circulan por la línea de alta velocidad a su paso por la Roca del Vallès y de los de alta velocidad, con el fin de acometer urgentemente un
proyecto complementario de protección acústica, en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad, con el fin de ejecutarlo antes de la entrada en circulación ordinaria de esta línea.
2. Ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación ambiental, la declaración de impacto ambiental de las obras de la línea de alta velocidad y el propio proyecto de protección acústica y estudio vibratorio del tramo
Sants-La Roca del Vallès, teniendo además en cuenta las mediciones efectuadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2012.- Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, sobre
impulso a la finalización de la línea de alta velocidad Antequera-Granada e inclusión en el PITVI (2012-2024) de la totalidad de la red ferroviaria comprometida en la provincia de Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Gobierno de Aznar, siendo Álvarez Cascos Ministro de Fomento, propuso utilizar la actual vía de
ferrocarril convencional entre Antequera y Granada, acondicionándola para adaptarla al paso de trenes más modernos pero manteniendo vía única, sin electrificar y de ancho ibérico, como modo de prestar servicio ferroviario en la zona oriental
de Andalucía. No invirtieron nada en los ocho años de gobierno en esta línea de- ferrocarril porque creían que era innecesario, ya que no consideraban oportuno que Granada tuviera un AVE para viajeros de las características del que ya funcionaba
entre Sevilla y Madrid y estaba en desarrollo con Barcelona, Valencia o Málaga.
Con el Gobierno Socialista la situación cambia radicalmente. Se aprueba el PEIT y se acuerda con la Junta de Andalucía la ejecución del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía desde Sevilla a Almería pasando por Antequera y Granada. El
Ministerio de Fomento se compromete entonces a ejecutar los tramos Antequera (Bobadilla)-Granada y Granada-Almería, y la Junta el tramo Sevilla-Antequera (Bobadilla). Nace de este modo, de la mano del Gobierno socialista la alta velocidad para
viajeros a Granada que conectaría con el resto de España, con doble vía electrificada y ancho UIC y velocidades de hasta 330 km/h.
La línea de alta velocidad para viajeros Antequera (Bobadilla)-Granada tiene 127,50 km, que se dividen en 17 tramos y tres estaciones nuevas: Antequera, Loja y Granada. Posteriormente continuaría hacia Guadix y Almería, completando el Eje
Ferroviario Transversal de Andalucía, que ahora es el soporte andaluz del llamado Corredor Ferroviario Mediterráneo.
En estos momentos hay trece tramos ejecutados o en obras con un presupuesto de 934,01 ME, de los que 895,55 ME, son del Ministerio de Fomento a través de ADIF y 38,50 ME de la Junta de Andalucía que ejecutó el tramo Valle del Genil-Tocón.
ADIF, con el Gobierno socialista preveía que a final de 2011 estaría en obras la totalidad del trazado con la excepción de la llegada y estación de Granada por la oposición total del Ayuntamiento de Granada con un gobierno del PP. Sin
embargo en estos momentos, seis meses después de que se constituyera el Gobierno del PP, hay que incluir en lo que está pendiente, tres tramos y la estación de Loja, en la llamada Variante de Loja, que aunque tiene sus proyectos constructivos
finalizados y llegaron a estar a punto de acordarse su licitación por el Consejo de Ministros tras la fecha de las erecciones, el equipo de Rajoy pidió no se licitara ninguna obra nueva y en esa situación continuamos aún por razones no explicitadas,
pero se supone que es por carencia de fondos económicos suficiente. En la actualidad hay ya siete tramos con la plataforma terminada o a punto de terminarse y la previsión de tener la totalidad de la plataforma adjudicada en 2013. En estos
momentos por tanto hay actuaciones sobre 106,5 km de la línea, esto es el 84,7 % del trazado.
La mayor dificultad para la finalización de la totalidad de la obra reside ahora en el PP, y concretamente en el Ayuntamiento de Granada y en su alcalde Torres Hurtado, que se niegan a cumplir el Protocolo firmado con el Ministerio de
Fomento, ADIF y la Junta de Andalucía para la integración del ferrocarril en Granada, en el que se acordaba la entrada del AVE soterrado por la Ghana y una nueva estación de ferrocarril. La propuesta realizada por el Ministerio de Fomento y ADIF de
nueva estación diseñada por Rafael Moneo provocó el rechazo del PP que dos años después aún no han definido su posición, a pesar de que el Ministerio, con José Blanco de Ministro, hizo múltiples ajustes para que el Ayuntamiento pudiera conseguir
terrenos libres para actuar construyendo sobre ellos y conseguir la aportación económica que le corresponde al Ayuntamiento. El Ayuntamiento del PP de Granada que llegó a proponer que la estación estuviera en distintas ubicaciones en las afueras de
la ciudad, ha mostrado su oposición al modelo acordado con el Ministerio, poniendo en dudas el soterramiento, el número de vías necesarias, la longitud de las vías, la intermodalidad con el metro, zonas ajardinadas y de parques públicos, entrada del
ferrocarril proveniente de Almería por el Cerrillo de Maracena y un largo etcétera.
La última posición del Ayuntamiento antes de las elecciones del 20N, incapaz de ajustar las cuentas económicas de su aportación debido a la bancarrota a la que han sumido al Ayuntamiento, fue romper unilateralmente la negociación con el
Ministerio y la Junta hasta después de las elecciones Generales, señalando que seguirían con sus correligionarios políticos. Acertaron en que ganarían las elecciones, pero seis meses después de tomar posesión el gobierno de los suyos, ningún
contacto público se ha producido y ningún avance ha sido comunicado a la ciudadanía granadina. Ningún acuerdo con los suyos ni con los contrarios, situación paradójica que sume a todos en un desconcierto permanente.
Todo el trazado, cuya responsabilidad es del Ministerio de Fomento y está ejecutando ADIF se desarrolla sin incidencias reseñables y únicamente en los 2,6 km de la integración en Granada y nueva estación de alta velocidad, en la que el
Protocolo exige acuerdo con el Ayuntamiento de Granada, no hay ninguna perspectiva de acuerdo, tras dos años de dimes y diretes. En estos momentos a este agujero negro de la llegada del AVE a la ciudad de Granada, habría que añadir la sorpresa de
que no se licitan tres tramos de la Variante de Loja que completaría el trazado y pasan los meses sin explicación convincente y sólo rumores alentados por autoridades del Partido Popular en la provincias de Granada, de que se está estudiando evitar
el paso por la Variante de Loja y se volvería al trazado actual, que se utiliza como línea convencional, dejando una línea con las más altas exigencias técnicas en casi el 90% del trazado y un 10 % con un trazado que no permitiría la circulación de
trenes AVE con las características previstas.
Posiblemente esta línea de AVE sólo para viajeros, que está cofinanciada por fondos europeos sea de las últimas que se ejecuten y la crisis económica obligue a
repensar el modelo y su viabilidad económica y de mantenimiento. Pero parece a todas luces anómalo que cuando se está a casi el 90 % de ejecución se cambie el modelo y se tire por la borda la inversión realizada, sobre todo en una conexión
con la red actual de AVE que acaba en el área metropolitana de Granada con casi 600.000 habitantes y una muy potente industria turística, con un número de visitantes, que sólo en la Alhambra supera los 2 millones al año.
La realización de la línea de alta velocidad para viajeros entre Antequera y Granada es en estos momentos la prioridad número uno, pero la provincia de Granada necesita otras instalaciones para completar la red ferroviaria en el marco
andaluz y español. Es indispensable mantener y modernizar la actual línea férrea convencional Antequera-Granada, para su uso para el tráfico de mercancía y cercanías, ya que está previsto que el Corredor Ferroviario Mediterráneo utilice estas
infraestructuras a su paso por la provincia de Granada desde Almería hacia Bobadilla y desde allí con conexión con Sevilla y Algeciras.
En estos momentos el mantenimiento del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, que se constituye en el trazado andaluz del Corredor Ferroviario Mediterráneo resulta de importancia estratégica para España, para Andalucía y sin duda para
toda la provincia de Granada. Ese Corredor Ferroviario Mediterráneo necesita también la conversión en alta velocidad del trazado Granada-Guadix-Almería, así como la conexión litoral Almería-Motril-Málaga-Algeciras, la conexión Granada-Motril, el
ramal Guadix-Baza-Lorca y la conexión Granada-Jaén. Todas estas nuevas conexiones ferroviarias deberán ser incluidas en el prometido PITVI (2012-2024) que el Gobierno ha comprometido redactar y aprobar durante este año 2012.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
1. Exigir del Gobierno de España la inmediata licitación de los tres tramos pendientes de la Variante de Loja cuyos proyectos constructivos están finalizados, así como la nueva estación de Loja.
2. Reclamar la inmediata reunión de los firmantes del Protocolo de integración del ferrocarril en Granada para su ratificación o, en su caso, llegar a un nuevo acuerdo que garantice la llegada soterrada por el barrio de la Chana y una
estación de ferrocarril de Granada en la misma ubicación que la actual y que reúna las condiciones de prestación de servicio y adecuación arquitectónica, como el anteproyecto de Rafael Moneo había previsto, de acuerdo con las características
patrimoniales de la ciudad de Granada.
3. Que el Ministerio de Fomento mantenga las características previstas en su diseño inicial, en este trazado de AVE para viajeros, en cuanto a velocidad, vías, seguridad y conexión con el resto de la red.
4. Que el Ministerio de Fomento continúe con la tramitación del trazado de alta velocidad Granada-Almería y acuerde lo antes posible la solución ferroviaria de la entrada en la ciudad de Granada de esta línea, incluyéndola en las
prioridades del PITVI (2012-2024).
5. Que el PITVI (2012-2024) incluya entre sus propuestas la conexión ferroviaria Granada-Motril, Granada-Jaén y el ramal Guadix-Baza-Lorca.
6. Que se incluya en el prometido PITV1 (2012-2024) la modernización de la línea convencional Antequera-Granada, para uso de tráfico de mercancías y en su caso de cercanías, al formar parte del Corredor Ferroviario Mediterráneo, así como el
corredor litoral Almería-Motril-Málaga-Algeciras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar una educación
integral con el fin de alcanzar una sociedad más culta e innovadora, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El artículo 27.2 de la Constitución española establece que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por su parte,
el artículo 44 de la Carta Magna, recoge que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de todos los ciudadanos a la cultura.
El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación resalta la importancia del papel que juega la educación dentro de la sociedad, al ser un elemento clave para la constitución de su personalidad, ya que a través de la educación se transmite y
renueva la cultura, los valores y el conjunto de conocimientos que sustentan la base de la estructura social.
El Instituto de Estudios Económicos, dentro de sus propuestas de reformas necesarias para potenciar el crecimiento de la economía española, alerta que España se sitúa en el tercio inferior de los países de la Unión Europea en los indicadores
de calidad educativa tales como el hábito de la lectura, el dominio del inglés o la práctica actividades artísticas.
Por otro lado, el reciente estudio publicado por la Fundación Innovación Bankinter concluye, que la formación no debería limitarse a impartir sólo los conocimientos académicos, sino que debería proporcionar una educación integral, que
promoviera la inteligencia emocional, la creatividad, los valores, la imaginación y la expresión corporal entre otros.
Este estudio indica, que es frecuente observar comportamientos muy imaginativos por parte de niños que, poco a poco, son anulados por la cultura del miedo a equivocarse. La rigidez y la falta de creatividad nos acompañan a lo largo de toda
nuestra vida académica y se prolongan durante nuestra andadura profesional, actuando como un lastre que merma la capacidad de innovación de las empresas.
La nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que gestiona las políticas de educación y cultura, resulta idónea para impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, una educación integral, previa
identificación de indicadores de calidad que permitan identificar los objetivos para poder alcanzar una sociedad más culta e innovadora, mediante la colaboración de las diferentes administraciones y centros públicos y privados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una política educativa y cultural integral para alcanzar una sociedad más culta e innovadora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de
pruebas de evaluación del sistema educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La reforma educativa anunciada por el Ministro de Educación va encaminada a una mejora sustancial de la calidad, manteniendo y reforzando la equidad básica, la igualdad de oportunidades y abriendo nuevas vías a los que destacan por sus
capacidades o su trabajo.
Hasta el año 2000 con el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), la educación española no se había sometido a una evaluación internacional que la comparara con el resto de países de nuestro entorno. Ello
nos ha permitido conocer las prácticas que tienen en común los países con mejores resultados educativos.
Es necesario fijar estándares, precisar los conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas. Esto exige realizar pruebas externas similares a las PISA, pero extendidas a todo el alumnado, para comprobar
que efectivamente todos poseen esos conocimientos básicos, Este tipo de pruebas censales son indispensables para diagnosticar las necesidades del sistema. Es esencial conocer las debilidades y fortalezas de la educación española, qué aprenden y qué
no aprenden nuestros alumnos, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que funciona.
Las familias también reclaman este tipo de información, porque sin la misma es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución.
Con el fin de mejorar significativamente nuestro sistema y aspirar a un mayor nivel de calidad hay que saber de dónde partimos y cuál es el potencial de nuestro país. Los resultados del informe PISA nos informan de que España, en
rendimiento educativo, se encuentra a la cola de los países de la OCDE.
Gracias a evaluaciones como PISA, la Evaluación General de Diagnóstico (EGD) o las evaluaciones autonómicas, España cuenta con una gran abundancia de datos de rendimiento, pero estos datos son heterogéneos, de diferente periodicidad y
detalle que hacen difícil tomar decisiones objetivas.
Por tanto, para asegurar la eficacia del sistema educativo es necesario un sistema de evaluación que permita conocer cuál es el rendimiento escolar del alumno español y establecer cuáles han de ser los estándares en cuanto a los contenidos y
niveles de rendimiento que han de considerarse básicos en los diferentes niveles educativos.
El Grupo Popular considera que la evaluación ha de concebirse como un instrumento para mejorar la calidad del sistema educativo, no como un fin en si mismo, porque mediante la información real, fiable y periódica que se obtiene de la
evaluación, las instancias competentes podrán abordar las medidas adecuadas con el propósito de mejorar el sistema educativo.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguientes
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar una evaluación de los alumnos mediante una prueba de carácter nacional, que permita conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos en relación con
objetivos prescriptivos, para conseguir unos mayores niveles de excelencia y de calidad del sistema educativo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Educación, la siguiente Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a la revisión de la política de gobernanza en la Universidad.
Antecedentes
Las universidades son una herramienta al servicio de la sociedad, se les exige que contribuyan a ella a través de la transferencia del conocimiento y a través de la formación de buenos profesionales, lo cual refuerza las estructuras de
organización, de gestión y del saber de un país. Sin embargo el proceso se retroalimenta, la propia sociedad y los avances logrados en la llamada sociedad del conocimiento exigen cambios y transformaciones a la universidad para aspirar a un modelo
de excelencia, que opte por la calidad, por la captación y retención del talento y por la internacionalización. Para ello será preciso adaptar también los modelos organizativos universitarios, con el fin de hacerlos más ágiles, eficientes y
competitivos, tal como se estableció en la Estrategia Universidad 2015 (EU2015).
Se trata de revisar la gobernanza, hacerla más eficiente, impulsar un modelo de organización universitaria que facilite una mayor autonomía de cada universidad, una mayor competencia interuniversitaria, que impulse la movilidad del
profesorado, que admita plenamente singularidades como el modelo de universidades promovido desde Catalunya. Debemos de avanzar hacia un sistema más flexible, con una regulación menor y mayor autonomía universitaria, a la vez que con mayores
procesos de control, evaluación y rendición de cuentas.
Desde hace tiempo, diversas universidades, conscientes de la importancia que tiene la revisión de la política de gobernanza para avanzar hacia una universidad de calidad, vienen reclamado dichas reformas, exponiendo la necesidad urgente de
dotar a la universidad de suficiente dinamismo y flexibilidad para dar respuesta a las actuales exigencias sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un proceso de diálogo entre todos los agentes, contando con la máxima implicación de las universidades, para estudiar y abordar las reformas necesarias en el sistema de gobernanza universitaria, con especial atención a:
- La actualización de las estructuras organizativas universitarias y de su propio gobierno;
- La revisión de la oferta académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad.
- La dotación a las Universidades de mayor autonomía para la captación de talento a través de los diferentes instrumentos de contratación.
- La colaboración más estrecha entre Universidad y Empresa para garantizar una más efectiva transferencia del conocimiento al tejido productivo y para facilitar la formación universitaria orientada a la actividad laboral.
2. Propiciar que las universidades, en base a su propia autonomía universitaria y en el respeto de las competencias autonómicas, puedan mejorar sus propios modelos de gobernanza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000754
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la
homofobia en el sistema educativo, para su debate en la Comisión de Educación.
Recientemente, el ministro Wert ha anunciado en una reunión con los consejeros autonómicos de educa
ción los nuevos contenidos de Educación para la Ciudadanía, que en breve regularán por Decreto Ley.
Al hilo de este anuncio, la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) han mostrado su rechazo a la desaparición de las referencias a la diversidad afectivo-sexual del temario de la asignatura.
En esta línea, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el futuro incierto de Educación para la Ciudadanía a raíz de conocer el borrador de Real Decreto, que elimina de los temarios las referencias a los afectos, los
prejuicios homófobos o antisemitas o a la pobreza generada por desigualdades económicas o sociales, señalando a este respecto que 'se empobrece la visión de tos derechos humanos y se aleja a los alumnos españoles de las enseñanzas que se imparten en
veinte países de la Unión Europea'.
Las leyes educativas tienen entre sus principales objetivos el que la educación sea motor e instrumento para el libre desarrollo de la personalidad. Es por ello que el sistema educativo, lejos de ser un mero transmisor de conocimientos y
saber, tiene un carácter fundamental en la socialización de los ciudadanos y ciudadanas. La identidad de género y la orientación sexual conforman una de las principales manifestaciones de la personalidad, y su libre desarrollo se ve en demasiadas
ocasiones dificultado por la invisibilidad y estigmatización de determinadas orientaciones sexuales, lo que se traduce en graves consecuencias psíquicas, afectivas y emocionales en menores.
Además, el preámbulo de la LOE destaca la atención a la diversidad afectivo-sexual como una de las finalidades del sistema educativo.
Estudios e investigaciones recientes demuestran que la homofobia se encuentra en el trasfondo de gran parte de casos de acoso escolar. Y es que las actitudes homofóbicas no sólo afectan a las personas horno o transexuales, sino también a
todas aquellas cuyo libre comportamiento choca con determinados patrones culturales y sociales de género, sobre quienes la 'sospecha' de ser homosexuales cae como un arma arrojadiza. Por poner algunos ejemplos, el informe 'Homofobia en el sistema
educativo' (noviembre 2005) cifraba en el 28 % a los alumnos varones de enseñanzas medias que consideran que la homosexualidad es una enfermedad, y en el 32 % a quienes no consideran incorrecto tratar despreciativamente a las personas LGTB
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
Otro estudio, 'Adolescencia y minorías sexuales: voces desde la exclusión' (marzo 2007) ahondaba en la situación de invisibilidad en que se encuentran las y los adolescentes LGTB en sus ámbitos escolares, ante la ausencia de referentes
positivos de la diversidad sexual en los currículos y de recursos didácticos en general que facilitasen su socialización sin miedo al acoso y la soledad.
Un estudio más reciente, elaborado por el CIS, 'Jóvenes y Diversidad Sexual' (abril 2011) muestra cierta evolución favorable de la percepción social de la diversidad afectivo-sexual entre la juventud y, sin embargo, sigue revelando como
problema de primer orden la discriminación por orientación sexual e identidad de género, cómo el cerca del 80 % de personas encuestadas que admiten haber presenciado actos de burla, vejación, insulto o desprecio a jóvenes LGTB.
El sistema educativo va con retraso respecto a una realidad social y legal en la que la diversidad afectivo-sexual tiene una creciente aceptación, que no se refleja en nuestros colegios e institutos. Así lo ha entendido el propio Parlamento
Europeo que en más de una ocasión ha instado a desarrollar medidas activas contra el sexismo y la homofobia en los centros educativos.
Aunque gran parte de las competencias en materia educativa dependen de las Comunidades Autónomas, El Estado, a través del Ministerio de Educación, cuenta con importantes competencias y posibilidades de actuación que pueden ayudar a paliar
esta grave situación. Cada día que pasa esa necesidad se convierte más en urgencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Recupere en el temario de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos los contenidos referentes a la diversidad afectivo-sexual, la igualdad y el compromiso contra la discriminación homofóbica y transfóbica.
2. Elabore un Programa de Apoyo a los centros educativos y el personal docente para que tengan acceso a los recursos e información necesaria para atender la diversidad sexual y combatir los casos de acoso escolar homofóbico. Este programa
debe contener, entre otras medidas, las siguientes:
a) Elaboración de materiales educativos que recojan la diversidad afectivo-sexual existente en nuestra sociedad.
b) Incorporación a las bibliotecas de los centros educativos de los materiales educativos y publicaciones existentes al respecto.
c) Asesoría a los Departamentos y Equipos de orientación para que puedan prestar un servicio de orientación afectivo-sexual para los alumnos y alumnas sobre esta materia.
d) Organización de cursos de formación destinados al personal educativo para que este pueda obtener información y estrategias para un adecuado tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en las aulas.
e) Adaptación de la documentación de las administraciones educativas dependientes del MEC a la diversidad familiar existente en la sociedad incluyendo las familias homoparentales.
f) Organización de campañas de información sexual que recojan la perspectiva LGTB.
g) Organización de campañas de sensibilización en los centros educativos con motivo del día del Sida y del Día contra la discriminación por motivo de orientación sexual.
3. Creación y puesta en marcha del Observatorio Estatal sobre el Tratamiento de la Diversidad Afectivo-Sexual presente en el ámbito educativo. Este observatorio tendrá como objetivo la elaboración de estudios sobre discriminación por
motivos de orientación sexual en las aulas y el tratamiento de la diversidad afectivo sexual en los centros educativos. Estará compuesto por representantes de la administración educativa, las cortes generales, profesionales del ámbito educativo,
pedagógico y psicológico y por miembros de las organizaciones LGTB y deberá presentar ante el Congreso de los Diputados un informe anual.
4. Incorporación al Consejo Escolar del Estado de representantes de las organizaciones LGTB.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-María Caridad García Álvarez y Ascensión de las Heras Ladera, Diputadas.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a estudiar el
reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El artículo 1 d) de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella, se inspira entre otros principios en la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
La valoración social de la función docente se ha visto dañada. La pérdida de autoridad de los profesores se manifiesta básicamente en la indisciplina en las aulas y en algunos casos de violencia escolar.
El profesorado es un elemento esencial para la calidad del sistema educativo. El informe del Consejo Escolar del Estado sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso 2009/2010 entiende que es urgente reforzar su autoridad
moral y profesional así como su consideración. Y señala que se debe reflexionar en la elaboración de una normativa básica para todo el profesorado de dichos centros a nivel estatal.
Este informe establece que un buen clima escolar está íntimamente ligado con los resultados educativos y además hace referencia al Informe TALIS (Estudio internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje) de la OCDE que resalta la importancia de
mejorar en este sentido.
Por esta razón, se debe prestar una atención prioritaria a la educación en valores, al Proyecto educativo y al Plan de Convivencia y Atención a la Diversidad de los centros educativos, así como a la autonomía de los centros para resolver los
problemas de convivencia. También será necesario reforzar la acción tutorial del profesorado sin olvidar el necesario refuerzo de la autoridad del profesorado.
Algunas Comunidades Autónomas ya han aprobado leyes específicas que reconocen la autoridad pública a los docentes como Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla La Mancha y en la actualidad existen propuestas legislativas en Murcia,
Aragón, Cantabria, etc. Cataluña ha regulado la consideración de autoridad pública para los equipos directivos de los centros, en la Ley de Educación de Cataluña.
El Grupo Popular considera que sin la recuperación de la autoridad del profesorado, será difícil recuperar la calidad en la enseñanza y reducir las actuales cifras de fracaso y abandono escolar que padece nuestro sistema educativo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, en consonancia con la modificación de la ley Orgánica de Educación, el Estatuto del Docente.
2. Reconocer la figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000758
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Sobre la carta social Europea para su debate en Comisión de
Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa tiene entre sus objetivos principales la promoción social y la salvaguarda de los derechos civiles, políticos y sociales de las y los ciudadanos europeos. Para hacer efectivo este objetivo, ha desarrollado dos
herramientas básicas: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950, centrado principalmente en la defensa de los derechos civiles y políticos; y la Carta Social Europea (CSE) de 1961, dirigida a garantizar los derechos sociales. La Cana
Social Europea es considerada como el baluarte de la democracia social, y uno de los principales instrumentos para la defensa, mantenimiento y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Dada su importancia, la Conferencia Ministerial sobre Derechos Humanos celebrada en Roma el 5 de noviembre de 1990 hizo especial hincapié en la necesidad de revisar la Carta Social Europea de 1961 - ratificada por el Estado español en 1980-,
con el fin de actualizarla, complementarla y adaptarla a la nueva realidad social. Fruto de esta mejora y actualización, surge la Carta Social Europea revisada de 1996, que incorpora los protocolos adicionales de 1988 y 1995, y el protocolo de
enmienda de 1991. La Carta Social Europea revisada profundiza y consolida el estado social europeo, comporta mayores beneficios al conjunto de la ciudadanía al incorporar nuevos derechos sociales, y fortalece el papel de los agentes sociales al
dotarles de legitimación activa para formular reclamaciones colectivas por supuestas vulneraciones de los derechos contenidos en la Carta. La Carta Social revisada supone, en definitiva, un importante avance en la defensa de los derechos sociales
fundamentales.
En la Legislatura anterior y en el seno de esta Comisión se aprobó por unanimidad el 14 de diciembre de 2012 un requerimiento expreso al Gobierno para ratificar a la mayor brevedad la Carta Social Europea revisada de 1996.
A pesar de ello, el Estado español no ha ratificado todavía la Carta revisada de 1996, constituyendo uno más de los importantes déficits sociales del Estado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de EAJ-PNV presenta la siguientes
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno de España a que ratifique, a la mayor brevedad posible, la Carta Social Europea revisada de 1996 como instrumento básico para la defensa de los derechos sociales y la mejora del nivel de vida y bienestar de la ciudadanía
europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente proposición no de Ley sobre el proyecto de Red Eléctrica Española para la
transformación de la red de transporte de energía eléctrica en red de muy alta tensión entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramenet, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Red Eléctrica Española ha presentado el proyecto de cambiar el cableado de 220 Kw por un trazado de 400 Kw en la línea transportadora de energía eléctrica en el tramo Sentmenat-Santa Coloma de Gramenet y la construcción de una nueva
subestación transformadora en esta última ciudad.
La afectación medioambiental del trazado de las líneas existentes de 200Kw no es nula y tampoco lo será una vez convertidas a 400 Kw. Substituir una línea aérea de 220Kw por una de 400 Kw altera les condiciones radioeléctricas y
medioambientales; entre otras supone la consolidación de un corredor eléctrico aéreo de alta tensión de entrada al área metropolitana de Barcelona, el aumento de los niveles de los campos electromagnéticos, la creación de nuevos tendidos, torres,
etc.
En este caso no se han valorado ni los impactos ya existentes ni los que se producirán por la creación de la nueva línea y entre otros, no nos consta que se haya encargado ningún estudio de impacto ambiental y radioeléctrico.
Parte de los terrenos por donde transcurrirá la línea de muy alta tensión forman parte del Parque de la Serralada de Marina, incluido en la red de parques promovidos por la Diputación de Barcelona, y que se encuentran regulados por el Plan
especial de protección
y mejora del sector sur de la Serra de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Tiana.
El pian especial citado califica las zonas atravesadas por las líneas eléctricas como zonas de alto interés ecológico y paisajístico (ZIEP) y como zonas de interés natural (ZN).
La reciente evolución y decrecimiento real de la demanda de energía eléctrica en Cataluña, que se explica por la actual situación de desaceleración económica, contradicen todas fas previsiones oficiales realizadas en los estudios de
planificación de la red eléctrica. Estos estudios son los que han servido de base para la propuesta de realización de la línea y que en estos momentos la demanda en energía eléctrica y las necesidades actuales del área metropolitana de Barcelona ya
no justifican la urgente necesidad de ejecutar estos proyectos.
La falta de urgencia también se confirma por el hecho de que esta línea prevé pasar por Collserola y cerrar la anilla por el Llobregat, y este trazado todavía no está ni proyectado. Por lo tanto, está pendiente un posicionamiento
metropolitano sobre la MAT que favorezca una implantación bien integrada.
La Unión Europea establece una serie de recomendaciones y precauciones respecto al medio ambiente y la salud de las personas respecto la construcción de las líneas de muy alta tensión que están siendo ignoradas por Red Eléctrica Española
bajo el argumento de que es una mejora en la línea existente y no una nueva línea de muy alta tensión.
Según ha podido constatar este grupo los municipios afectados por esta transformación de las líneas no han recibido ninguna información de Red Eléctrica Española sobre este proyecto.
El Barcelonés Norte es un territorio dañado históricamente por todas las infraestructuras que conectan con Barcelona en superficie (tren, autopista, rondas, etc.).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para detener el proyecto de llegada de la MAT a Barcelona en el tramo Sentmenat- Santa Coloma de Gramenet hasta que los municipios cuenten con la información oficial suficiente.
2. Llevar a cabo todos los trámites. necesarios para que Red Eléctrica Española (REE) realice los estudios de impacto ambiental y radioeléctrico y que cumpla con las recomendaciones de la AJE en este trazado previsto de la línea de muy
alta tensión.
3. Llevar a cabo todos los trámites necesarios para que Red Eléctrica Española (REE) ejecute el tramo de la MAT Sentmenat-Santa Coloma de Gramenet de manera soterrada.
4. Realizar los estudios técnicos pertinentes para determinar los requisitos que ha de cumplir esta nueva línea, según las recomendaciones de la Unión Europea (UE), y a trasladar los mismos a Red Eléctrica Española (REE).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
residuos tóxicos en la Comarca de A Limia (Ourense), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Recientemente, en una zona de la Comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, declarada LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) han aparecido restos tóxicos provenientes de una ya cerrada
empresa de extracción de arena para la explotación de feldespatos.
En concreto, seis bidones de 200 litros cada uno con ácido fluorhídrico, un depósito abandonado que contenía productos corrosivos e instalaciones de duchas para lavados de emergencia de los antiguos trabajadores y trabajadoras de la empresa
que se exponían al material tóxico.
Todos estos restos se encuentran al aire libre, abandonados sin protección en ese lugar protegido medioambientalmente. El material se acumula junto a una de las balsas de la Lagoa de Antela de la que se extraía la arena, incluso una parte
de él flota en el agua.
El hecho ha sido ya denunciado por la plataforma 'Ríos Limpios' ante el Juzgado de Instrucción de Xinzo de Limia y cabe señalar que los bidones que contienen el ácido están desprotegidos por lo que el nivel de contaminación puede dispararse
aun más, a pesar de que en la balsa en la que se acumulan hay ya un líquido negro con un perceptible olor a ácido.
El daño puede ser irreparable en el ya castigado río Limia a la par que es importante saber que a pocos metros de la zona se encuentra un complejo de granjas de una importante industria alimentaria.
Para el Grupo Parlamentario Socialista hay un claro fallo de control de las administraciones implicadas. Incluso días después de descubrirse los residuos, ni siquiera estaba acordonada la zona. Tanto la Inspección Ambiental de la Xunta,
como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, los equipos de Conservación de la Naturaleza y el Ayuntamiento de Sarreaus, no solo no han dado ni explicaciones, sino que no han tomado las medidas oportunas para limpiar la zona de vertidos que, muy
probablemente, sean ilegales por tóxicos y peligrosos. El ácido fluorhídrico tiene un efecto en los peces y el plancton, es un polucionante muy fuerte del aire y muy tóxico por inhalación, ingestión y al contactar con la piel.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, coordinadamente con la Xunta de Galicia:
1. Proceda a la retirada inmediata de los vertidos tóxicos, siguiendo el protocolo previsto.
2. Lleve a cabo la descontaminación total de la zona afectada, declarada LIC y ZEPA.
3. Abra una investigación que aclare las responsabilidades de la existencia de estos vertidos y de por qué no funcionó debidamente el control y la inspección.
4. Elabore un estudio sobre el terreno en el que se incluyan los impactos que estos vertidos tendrán en la flora, la fauna, en el río Limia y en la zona en su conjunto, incluidas las granjas limítrofes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado y Leire Pajín Iraola, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación a la autorización de vertidos de los
entes locales.
Antecedentes
El Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, exigen en el caso de vertidos de las
entidades locales que éstas dispongan de la correspondiente autorización de vertido.
Sucede que, para poder autorizar tales vertidos se requieren instalaciones de evacuación y tratamiento de las aguas residuales urbanas. La ejecución de estas instalaciones está prevista en los correspondientes planes de saneamiento y
depuración, con una programación a tres o cinco años, cuando no a más largo plazo, aprobados por las administraciones públicas competentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se incorporó
en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 91/271/ CE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La situación en que nos encontramos es que, aunque los plazos para dar cumplimiento a la Directiva 91/271/ CE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se han agotado, las inversiones necesarias para
alcanzar los objetivos de saneamiento previstos, no se han podido realizar. Las necesidades presupuestarias para la ejecución de los citados planes de saneamiento y depuración son enormes, las circunstancias económicas y la disponibilidad
presupuestaria no han acompañado, y ello ha provocado importantes retrasos en estas infraestructuras. Todas las administraciones públicas con responsabilidades en esta materia, han tenido que reprogramar las actuaciones y acometer planes de
saneamiento con unos horizontes y unos calendarios de programación más dilatados en el tiempo.
Esta disparidad entre las previsiones legislativas y las posibilidades de cumplimiento reales, hace que sea difícil exigir la autorización antes señalada, a los entes locales cuando las instalaciones de saneamiento tienen prevista su
ejecución y financiación en el Plan de saneamiento correspondiente. Sin embargo, lo que sucede es que los muchos entes locales que no disponen de la autorización,. se encuentran en el punto de mira, cuando no encausados, por infringir la
legislación de aguas.
Todo ello lleva a proponer, que con una modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, se difiera la exigencia de la autorización, a la entrada en servicio de las instalaciones previstas en la planificación, como fórmula para
solucionar la situación descrita y compatibilizar los requerimientos derivados del Real Decreto-ley 11/1995, con los del Texto Refundido de la Ley de Aguas, especialmente atendiendo al hecho que la consecución de los objetivos ambientales exigidos
por la Directiva Marco del Agua están sometidos a unos calendarios que van más allá del 1 de enero de 2006.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno modificar, en el plazo de 1 mes, el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con el objetivo de establecer que los límites de vertido
establecidos en las autorizaciones otorgadas a los entes locales sean exigibles a partir del momento en que entren en funcionamiento las instalaciones de saneamiento de las aguas residuales necesarias para el cumplimiento de los objetivos
ambientales, de conformidad con lo establecido en la planificación hidrológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
intervenciones urgentes en la Balsa del Sapo del Ejido (Almería), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El humedal de la Balsa del Sapo se localiza en el acuífero de Balerma-Las Marinas que pertenece al sistema de Sierra de Gádor-Campo de Dalías. Ocupa un área endorréica entre El Ejido y la Mojonera. Se trata de una balsa ubicada en el
núcleo de Las Norias (El Ejido) de aproximadamente 130 hectáreas, que está integrada por dos áreas separadas por un camino rural, ambas rodeadas de parcelas dedicadas a la horticultura bajo plástico por el Este, Norte y Oeste, mientras que al sur
lindan con las viviendas de la barriada de Las Norias de Daza.
Dichas áreas están consideradas como inundables por las autoridades competentes ya que ocupan un área deprimida, por ello en el Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto (convalidado en Resolución de 24 de septiembre de 1998), en su artículo
1 apartado F4, se recogen como obras de interés general las actuaciones para defensa y recarga de acuíferos del Poniente Almeriense detallándose las obras de: Defensa Carcauz Balsa del Sapo; Acondicionamiento Balsa del Sapo y desagüe Balsa del
Sapo. Estas actuaciones se justifican en que los estudios realizados califican a esta zona de alto riesgo de inundación, con los mayores coeficientes de peligrosidad. Las actuaciones programadas tiene corno objetivo además de asegurar el drenaje
general de la zona, paliar la problemática derivada de la explotación y deterioro de al calidad de las aguas subterráneas mediante la infiltración en el terreno.
El interés general de estas actuaciones se ratifica de nuevo en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y en la Ley 11/2005, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley anterior. Siendo por tanto competencia de la
Administración General del estado según se establece en el artículo 124 de la Ley vigente de Aguas.
La Junta de Andalucía, consciente del grave problema que afecta a los vecinos de Las Norias y agricultores del entorno de la Balsa del Sapo, para evitar graves consecuencias ha realizado distintas intervenciones de emergencia con inversiones
en distintos proyectos en el acondicionamiento de la Balsa, con el doble objetivo de seguridad en la zona y de regeneración medioambiental con importes de unos 7 millones de euros, sin contabilizar el convenio de Campo de Dalías (2,4).
En la actualidad se mantiene trabajos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de control de la actuación en la Balsa del Sapo, que cuenta con un presupuesto anual de 948.449,19 cuyo objetivo es mantener los
niveles de aguas en unos parámetros aceptables de seguridad para el entorno.
Para poder evitar mas problemas y permitir la utilización de las hectáreas de terreno limítrofes de la zona, eran necesarias mas actuaciones y por ello con fecha 14 de junio de 2012, se han iniciado las obras de una segunda fase de impulsión
adicional, proyecto y obra adjudicada a la empresa UTE Sacyr S.A. U-Prinur S.A. N_Obras y Representaciones Solagua S.L. UTE, por un importe de adjudicación de 4.897.232,29 , con un plazo de ejecución de 6 meses.
Además por ser necesaria una obra para una solución definitiva, la Junta de Andalucía promovió la firma de un convenio con el Gobierno de España para la redacción del proyecto y financiación del mismo correspondiente a las obras del túnel de
desagüe de la Balsa del Sapo.
En ejecución de este convenio ACUAMED publicó y adjudicó la contratación del servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de construcción 'Túnel de desagüe de la Balsa del Sapo, Almería'. El objetivo es la realización de todos los
trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las actuaciones que permiten resolver el desagüe en el mar para evitar las inundaciones por la elevación del nivel de la lamina de aguas de al balsa por posibles avenidas. Empresa adjudicataria
PYCSA Infraestructuras S.L. Zofre S.L.P. (UTE).
El presupuesto de adjudicación se cifra en 518.390, 30 y su plazo de ejecución de 12 meses, con posibilidad, en su caso, de prórroga de 6 meses. Por su parte el
Gobierno de España ha previsto una inversión de 83,6 millones de euros.
Han sido numerosas las intervenciones con Mociones, preguntas o PNL en Congreso y Senado y Parlamento de Andalucía, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno, cuando dicho ha estado en la oposición, para que se
adopten los acuerdos y decisiones oportunas con el fin de iniciar inmediatamente la ejecución de las actuaciones y obras definitivas necesarias en la Balsa del Sapo.
Por otro lado, otra obra competencia estatal es la Desalobradora de la Balsa del Sapo. Esta infraestructura que el Sr. Aznar, en su segunda legislatura, incluyo en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como obra de interés general con la
finalidad de conseguir un aprovechamiento racional de los recursos hídricos procedentes de los bombeos de la Balsa del Sapo contribuyendo a la recuperación de los acuíferos y de un uso racional de los recursos hídricos. En la Resolución de 15 de
junio de 2011 de la Secretaria de Estado de Cambio Climático formuló declaración de impacto ambiental del proyecto Desalobradora de la Balsa del Sapo siendo el dictamen favorable.
El proyecto tiene el objetivo del bombeo de las aguas procedentes de la balsa hasta la nueva estación de tratamiento y conducción de las aguas bombeadas mediante una tubería hasta la estación desalobradora que reduzca la salinidad de las
aguas para que puedan ser utilizadas por la comunidad de regantes Sol y Arena. El presupuesto estimado de este proyecto es de unos 6 millones de euros para un tratamiento entre 3 y 5 Hm3.
Teniendo conocimiento de que el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería, informó a los afectados (10 de abril de 2012) de un estudio realizado y las propuestas mas adecuadas para la solución definitiva y teniendo en cuenta que es
el Gobierno central el que tiene las competencias para llevar a cabo la obra y habiendo constatado que en los Presupuestos Generales del estado 2012 no existe partidas para ello.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Se tomen las medidas oportunas para que de forma urgente se finalice el proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo y puedan iniciarse las obras como solución definitiva a los problemas de los vecinos y agricultores de las Norias de Daza en
Almería, haciendo una dotación de presupuesto para ello.
2. Como medida adicional, se realice el proyecto para la ejecución de la Desalobradora de la Balsa del Sapo que permitirá que el agua procedente de las impulsiones de la balsa puedan aprovecharse para el riego una vez tratada de forma
adecuada.
3. Realizar los estudios necesarios para poder comenzar la realización de los proyectos para el acondicionamiento de las graveras existentes en la cuenca de Carcauz y otras cuencas que desemboquen en la Balsa del Sapo, de manera que se
puedan utilizar como depósitos de infiltración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Gracia Fernández Moya y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Plan Hidrológico de Cuenca en la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El río Tajo ha sufrido en los últimos días un suceso de contaminación que ha provocado la muerte de miles de peces que han aparecido flotando en el río a su paso por Toledo. Este último suceso, que es la gota que colma el vaso de una
situación insostenible y reafirma la necesidad de aprobar urgentemente una nueva planificación del Tajo adaptada a los requerimientos actuales tanto de las necesidades de la propia cuenca como para dar cumplimiento a la nueva legislación en materia
de aguas que emana de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
El Presidente de la Confederación Hidrológica del Ebro, presentó recientemente la propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre el Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro. Asimismo se ha constituido el Consejo
del Agua de la demarcación en el que están representadas las 9 Comunidades Autónomas que se integran en la cuenca por tener parte de su territorio sobre dicha demarcación además de representantes de administraciones, usuarios y organizaciones.
El documento de planificación está siendo sometido a información pública para su definitiva aprobación por el Gobierno de España. Este Plan Hidrológico, junto con el del resto de demarcaciones será la base del futuro Plan Hidrológico
Nacional.
El documento que ha sido presentado incluye las siguientes previsiones: una programación económica sobre las previsiones de inversiones a realizar en la demarcación, en abastecimiento, depuración, modernización de regadíos y restauración de
ríos y riberas, la fijación de los caudales ecológicos en distintos ramos del río y en sus afluentes principales asegurando de esta forma el mantenimiento de unas buenas condiciones ambientales del río en todos sus tramos y el establecimiento de las
reservas estratégicas para atender las necesidades actuales y futuras del territorio por el que trascurre el Ebro, incluyendo las necesidades para la transformación en nuevos regadíos.
Actualmente están ya presentados varios Planes Hidrológicos de Demarcación, estando pendientes alguno de ellos, como el del Tajo. Es urgente su aprobación dada la antigüedad de los vigentes y de los requerimientos que sobre su actualización
viene haciendo la Unión Europea. El retraso en su presentación está ocasionando perjuicios a los intereses nacionales, lo que ha motivado que, en estos momentos, España esté en los Tribunales europeos y podría incurrir el Estado español en
responsabilidades ambientales objeto de sanción por la Comisión Europea.
Sabemos que los trabajos y estudios previos de planificación están prácticamente ultimados. La propia Confederación del Tajo presentó, a finales de 2011, en soporte digital y en CD un primer borrador con las líneas estratégicas del Plan,
que contenía el análisis de aportaciones, demandas, requisitos de calidad, caudales ecológicos, medidas y previsión de inversiones, etc. Es ya urgente la presentación del Plan del Tajo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Presente de forma inmediata el Plan Hidrológico de Cuenca en la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.
2.º Que el documento de Planificación de la Cuenca del Tajo se adapte, tanto a las actuales demandas como a los nuevos requerimientos y a las previsiones de la Directiva marco del Agua.
3.º Que se constituya el Consejo del Agua de la demarcación del Tajo, necesario para la tramitación de dicho Plan y para la participación de toda la sociedad afectada por el mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-Alejandro Alonso Núñez y María Guadalupe Martín Gonzalez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impacto en salud de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria gratuita, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El pasado 25 de abril se cumplieron 26 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, siendo Ernest LLuch Ministro de Sanidad. Una Ley encaminada a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de
la Constitución Española. Una Ley que otorgaba el derecho a la atención sanitaria a todos los españoles. Una Ley que convirtió en realidad el ideal de 'salud para todos'.
Una Ley que, en definitiva, estableció las bases de nuestro Sistema Nacional de Salud, que ha permanecido y se ha desarrollado a lo largo de estos más de 25 años. El último ejemplo de ello es la Ley General de Salud Pública, aprobada en
octubre de 2011, que culmina la universalización efectiva de la sanidad pública española y ofrece instrumentos jurídicos para una atención integral a la salud, con el impulso de las políticas de salud pública.
En estos años, no sólo hemos logrado desarrollar uno de los mejores sistemas públicos de salud, muy bien valorado tanto por los españoles como a nivel internacional, sino que también hemos cumplido con el objetivo de asegurar a toda la
ciudadanía un sistema de protección que incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la extensión de la asistencia sanitaria a toda la población y la superación de los desequilibrios territoriales y sociales que existían en
nuestro país.
En este sentido, la reciente decisión del Gobierno de propiciar el cambio del modelo sanitario de manera unilateral, sin diálogo y sin el apoyo del sector sanitario ni de los partidos políticos con representación en las Cortes, ha supuesto
romper uno de los principales consensos básicos que, en estos últimos 25 años, han guiado la política sanitaria de nuestro país: la universalidad de la atención sanitaria.
El Real Decreto-ley 16/2012 de recortes en sanidad supone, en la práctica, un cambio de nuestro modelo de sanidad, hasta hoy, universal, público, gratuito y equitativo y, por tanto, constituye la mayor agresión a la sanidad pública que hemos
vivido en la historia de nuestra democracia. Se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. Es decir, retrocedemos al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986 en el que la atención sanitaria era una contraprestación
por lo cotizado, en vez de un derecho ciudadano universal. Esta decisión, adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública de nuestro
país.
Por una parte, no queda claro cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria a los colectivos que, según el Real Decreto-ley, no tienen la condición de asegurado. Nos referimos no sólo a extranjeros e inmigrantes en situación irregular,
sino también, por ejemplo, a los jóvenes mayores de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo y, por tanto, no hayan cotizado nunca. A partir de ahora, para evitar pagar por la asistencia sanitaria, tendrán que acreditar un nivel de ingresos
insuficiente.
Por otra parte, la exclusión de los inmigrantes en situación irregular supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme. En especial, para pacientes en
tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos. Precisamente, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
que acaba de examinar el quinto informe de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha manifestado públicamente su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley
10/2012, de 20 de abril de 2012, en particular en la Ley de Extranjería de 2009, que recortan los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud (art. 12).
En este sentido, el Comité recomienda al Gobierno asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en España a los
servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. También recomienda que el Gobierno evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.
Por otro lado, cabe recordar que la Ley General de Salud Pública, aprobada recientemente, prevé la evaluación del impacto en salud de las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud.
La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en España a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal,
de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
2) Evaluar el impacto de los recortes del Real Decreto-ley 16/2012, en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud, en un plazo de 6 meses, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley
General de Salud Pública.
3) Informar a la Cámara de los resultados de dicha evaluación de impacto en salud, con el objetivo de la mejora de las actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Trinidad Jiménez García-Herrera y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
evitar el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En diciembre de 2006, después de meses de trabajo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo, se aprobaba la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Con ello se daba cumplimiento al compromiso del programa electoral del Partido Socialista, y se construía el denominado 'cuarto pilar
del Estado del Bienestar'.
Nacía así un nuevo derecho subjetivo: el de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública.
Para ponerlo en marcha se establecía la cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que debía desplegarse de forma
gradual hasta 2015, de
forma que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más graves y, posteriormente, el resto. El Sistema ofrece un catálogo de servicios y prestaciones para la promoción de la autonomía y la atención a las situaciones de dependencia.
Una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la decisión de paralizar el calendario de aplicación de la Ley impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio y, por tanto, recortando sus
derechos. Posteriormente, en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha eliminado la partida para el nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros, lo que implica un recorte total de 566 millones de euros si sumamos las
aportaciones de las Comunidades Autónomas.
Todo ello ha supuesto la modificación de la Ley sin consultar a las Comunidades Autónomas, sin contar con los órganos consultivos de la Dependencia y sin consenso con el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria,
Las personas en situación de dependencia y sus familias, las asociaciones representativas del sector y, en definitiva, toda la ciudadanía, están temiendo por el futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ante lo que
parece un proceso de desmantelamiento. Estas sospechas se han confirmado en el Programa Nacional de Reformas 2012 enviado por el Gobierno a Bruselas en el que, además de demorar hasta 2014 la incorporación de los dependientes valorados en Grado 1,
se señalan otras medidas como aumentar el copago de los usuarios, revisar las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores o potenciar el papel del sector privado, lo que supondría desvirtuar el sistema de dependencia tal y como fue concebido.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y desarrollo del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, con respeto a los principios inspiradores de la Ley, y en concreto a:
1. Reponer y cumplir el calendario de implantación del Sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (B.O.E. de
15 de diciembre de 2006).
2. Reponer el nivel acordado de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
3. Que todas las decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento de nuestro Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se aborden en el Consejo Territorial y contando con el Comité Consultivo del Sistema, así como con
los demás órganos consultivos: Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Rosa Aguilar Rivero y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover medidas
dirigidas a alcanzar la máxima eficacia del sistema de cooperación español, para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Estamos atravesando momentos de gran dificultad, protagonizados por una crisis financiera mundial y un estancamiento económico que han afectado a nuestro país como parte que somos de un sistema globalizado. Estas circunstancias poco
favorables son aún más difíciles en los países en vías de desarrollo, en los que la situación de partida no es comparable.
La creación en 1988 de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la posterior aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo en 1998, marcaron dos hitos que supusieron una transformación y un avance importante
para la política de cooperación española. Desde entonces, los españoles hemos contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Sin embargo es en estos momentos críticos cuando debemos plantearnos si el sistema de cooperación
vigente, que tan buenos resultados ha dado, procurando el bienestar y el desarrollo de países que lo requieren, es capaz de resistir la crisis que nos afecta, independientemente de la solidaridad del pueblo español, que es de sobra conocida y está
probada en cada ocasión que surge de colaborar con aquellos que más lo necesitan. Es el momento de revisar el sistema
vigente e incorporar con diligencia las reformas que no solo le permitan seguir operando sino que mejoren sus capacidades.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Facilitar la consolidación de equipos especializados que favorezcan una mejor gestión de los recursos.
- Crear canales de comunicación claros y reducir las duplicidades entre los actores públicos del sistema, que en muchas ocasiones entorpecen su buen funcionamiento.
- Asegurar la especialización y preparación de las personas encargadas de orientar y gestionar la ayuda.
- Establecer indicadores públicos claros y transparentes para un seguimiento preciso de resultados de la Agencia Española de Cooperación Internacional y demás agentes de la cooperación y de la ciudadanía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
impulso del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento activo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En el mundo viven aproximadamente 750 millones de personas mayores de 60 años. Siendo ello un dato absolutamente esperanzador y positivo del progreso de la humanidad, no cabe olvidar que, como consecuencia de los recortes sociales que
amenazan los pilares del Estado del bienestar que hemos ido construyendo en muchas de nuestras sociedades, son precisamente estas personas uno de los colectivos más vulnerables en estos tiempos de crisis económica. A ello se suma el hecho de que
cerca de dos tercios de estas personas viven en países pobres, donde las condiciones de vida y de salud impiden envejecer de forma activa y saludable. Como nos recuerdan desde la organización 'HelpAge International', 100 millones de personas
mayores sobreviven con menos de un dólar al día y más de 550 millones lo hacen en zonas afectadas por catástrofes naturales o conflictos armados.
Por tanto, el envejecimiento demográfico no solo debe -necesariamente- enfocarse como prioridad desde el ámbito de las políticas públicas en cada país, sino que por el alcance de sus muchas repercusiones sociales y económicas, ha venido
progresivamente integrándose en la agenda internacional de desarrollo y de las Naciones Unidas. La incorporación del enfoque conceptual del envejecimiento activo, con sus tres pilares de salud, participación y seguridad, forma ya parte de
importantes programas nacionales e internacionales al respecto, tanto en el ámbito de la OMS como de determinadas estrategias regionales y de programas auspiciados por la Comisión Europea.
En el Plan de Acción internacional 2002 que se aprobó en Madrid en la Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento, se incluyeron estas perspectivas, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el programa mundial de
desarrollo en sentido amplio. En este sentido, el compromiso adoptado en dicho Plan es muy claro: se refiere a la tarea común de incorporar el envejecimiento en las estrategias, políticas y acciones socioeconómicas, aun cuando las políticas
concretas varíen según las condiciones de cada país. Siendo por otra parte responsabilidad primordial de los Gobiernos la promoción y prestación de los servicios sociales básicos -teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas de
edad- no obstante, estas estrategias implican también al conjunto de los poderes locales, de la sociedad civil, el sector privado, el voluntariado, sin olvidar a las propias organizaciones de personas de edad, las familias y sus comunidades, en cada
uno de nuestros países y en el conjunto de la comunidad internacional.
En el año 2012 se celebra el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional y se cumplen además 10 años desde la aprobación del citado Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, que supuso el
compromiso de 159 países para mejorar la vida de las personas mayores en aspectos tan importantes como la protección social, la cobertura sanitaria universal y la inclusión de dichos enfoques en los programas de desarrollo correspondientes, así como
en las estrategias de reducción de la pobreza. Su aplicación efectiva requiere cambios de las actitudes, las políticas y las prácticas a todos los niveles y en todos los sectores, para que puedan concretarse las enormes posibilidades que brinda el
envejecimiento en el siglo XXI. Como se subraya en dicho Plan, sin dejar de reconocer que los cimientos de una ancianidad sana y enriquecedora se construyen en una etapa temprana de la vida, el objeto del Pian es ofrecer un instrumento práctico
para la formulación de políticas a considerar, identificando las características comunes del envejeci
miento de las personas y los problemas que ello presenta, junto a la formulación de recomendaciones concretas y adaptables a las muy diversas circunstancias de cada país. En el Plan se toman además en cuenta las muchas etapas diferentes del
desarrollo y las transiciones que están teniendo lugar en diversas regiones, así como la interdependencia de todos los países como consecuencia de la globalización.
En este sentido, tanto en la Unión Europea como en diferentes ámbitos regionales -en América Latina, el Mediterráneo Oriental y en la Unión Africana, por citar algunas de las áreas geográficas de actuación de la cooperación internacional
para el desarrollo española- existen diversas resoluciones -planes de acción incluso- cuyo interés puede ser relevante para las actuaciones a programar en el futuro del marco de la cooperación internacional para el desarrollo. En concreto y, en el
ámbito de la Cooperación española, como enfoque a incluir el marco de determinados programas de colaboración público-privada, programas de apoyo sectorial y de servicios sociales en determinados países, y de Cooperación Sur-Sur o Triangular a
promover en el marco de los acuerdos sobre eficacia de la ayuda. De hecho, ya en los últimos años algunas agencias de cooperación, incluida la española, han incluido en su planificación algunas actividades y proyectos específicos dirigidos a las
personas mayores. Pero se trata de impulsar este tipo de acciones en el futuro, de forma manera más integrada y coherente en el marco de las políticas de desarrollo mundial y como compromiso compartido de la comunidad internacional.
Un compromiso común que también ha estado, al menos nominalmente presente, en la Declaración Común 'El Futuro que queremos' aprobada en la reciente la Cumbre de Río+20, cuando se afirma que el desarrollo sostenible requiere de la implicación
productiva y la participación activa de todos los poderes públicos, de los distintos grupos y colectivos sociales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, la comunidad científica y tecnológica, agricultores, sin olvidar entre ellos a las
personas de edad.
Se trata de ir avanzando en la puesta en marcha de políticas activas al respecto, por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, con motivo del décimo aniversario de la aprobación del Plan de Acción Internacional y del año europeo de Envejecimiento y de la solidaridad intergeneracional, insta al Gobierno:
1. Incentivar en el diálogo político de la cooperación bilateral española y de la cooperación delegada con la UE, la inclusión del enfoque de envejecimiento activo y de políticas específicas en materia de atención a las necesidades de las
personas mayores en aquellos Marcos de Asociación donde ello sea posible, según las condiciones específicas de cada país.
2. En cuanto a los programas sectoriales de salud financiados por la cooperación española, en especial los programas de VIH-Sida, incluir como indicador de intervención la atención especial que requieren las personas mayores (en su mayoría
mujeres) que asumen las enormes cargas adicionales que soportan las familias como consecuencia de esta pandemia.
3. En las situaciones de emergencia y recuperación en los que intervenga la Oficina de Ayuda Humanitaria de la AECID y las organizaciones no gubernamentales españolas especializadas, incorporar y promover la aplicación de protocolos
específicos de atención a colectivos especialmente vulnerables, incluyendo las necesidades y la participación de las personas mayores involucradas.
4. Identificar buenas prácticas y proyectos piloto en materia de inclusión de las necesidades específicas y participación de las personas mayores que sirvan de guía y orientación para futuros programas, especialmente en el ámbito de la
salud y de desarrollo comunitario, promoviendo programas de colaboración público-privada y de Cooperación Sur-Sur o Triangular en este ámbito.
5. Apoyar en el marco de las acciones de la cooperación española y en coordinación con la UE, los organismos regionales y multilaterales correspondientes, las iniciativas de apoyo a la sociedad civil que tengan por objeto promover la
articulación en el ámbito internacional y local de asociaciones y movimientos sociales que trabajen en favor de la participación de las personas mayores y de la defensa de políticas públicas en esta materia.
6. Incluir e identificar este tipo de acciones en las orientaciones estratégicas de la cooperación española para el próximo periodo 2013-2016, con el fin de evaluar sus resultados y su aplicación progresiva en el curso de la citada
programación plurianual de la AOD española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2012.-Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley.
Exposición de motivos
El 16 de junio de 2011, Delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores que atendieron a la 100.ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptaron por primera vez en la historia, normas laborales internacionales
destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo.
El Director General de la OIT, Juan Somavia, lo valoró diciendo: 'Por primera vez llevamos el sistema de normas de la OIT a la economía informal y este es un acontecimiento de gran importancia. Se ha hecho historia'.
Los delegados aprobaron el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011) por 396 votos a favor, 16 votos en contra y 63 abstenciones, y la Recomendación que lo acompaña por 434 votos a favor, 8 votos en contra y 42
abstenciones.
Las nuevas normas se convirtieron en el Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 desde que fuera fundada la Organización en 1919. El Convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen, mientras
que la Recomendación ofrece una guía más detallada sobre la forma en que el Convenio puede ser llevado a la práctica.
Las nuevas normas de la OIT establecen que los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos del mundo que se ocupan de las familias y los hogares podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de
trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva.
El artículo 1 del nuevo instrumento de la OIT dice que 'la expresión 'trabajo doméstico' designa el trabajo realizado en un hogar u hogares'. Si bien estos instrumentos cubren a todos los trabajadores domésticos, se consideran medidas
especiales para proteger aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos adicionales debido a su corta edad, a su nacionalidad, o a su condición de alojamiento, entre otros.
De acuerdo con los procedimientos de la OIT, el Nuevo Convenio de la OIT estará vigente después de que dos países lo hayan ratificado.
En su texto de introducción el nuevo Convenio dice que 'el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos'.
La adopción de las nuevas normas ha sido el resultado de un largo proceso. En marzo de 2008 el Consejo de Administración de la OIT decidió colocar el tema en la agenda de la Conferencia. En 2010 la Conferencia realizó la primera discusión
sobre el tema y en 2011 se acordó llevar a cabo una segunda discusión con la finalidad de adoptar el Convenio y la Recomendación que lo acompaña.
La entrada en vigor del Convenio está prevista cuando se hayan registrado dos ratificaciones. Cuando un país ratifica un Convenio, abre sus puertas a la supervisión internacional.
Un año después de su adopción, Uruguay depositó el documento en un acto especial en el marco de la 101.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, y se convirtió en el primer país del mundo que asume el compromiso de adaptar su
legislación y práctica nacionales para cumplir con una norma internacional.
En España se han dado grandes pasos hacia la regulación de las personas trabajadoras domésticas que son en su gran mayoría mujeres.
En este sentido, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social procede a integrar el Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General, tal como se contemplaba en
el Acuerdo Social y Económico suscrito por Gobierno, sindicatos y empresarios.
Mediante este Real Decreto se acomete una actualización sustantiva de la relación laboral para propiciar una mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del sector, avanzando en la dignificación del trabajo de este
colectivo, que realmente necesita un reconocimiento efectivo y una mayor valoración del trabajo que aportan a las familias y a la sociedad en su conjunto.
Entre las novedades más importantes que contempla este Real Decreto podemos destacar las siguientes:
Acceso al empleo en el hogar familiar mediante contratación directa o a través de los servicios públicos de empleo o de las agencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía plena de la no discriminación (por razón de sexo, origen
racial o étnico, edad).
Mejora de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, porque el contrato se formaliza por escrito.
Garantiza el pago en metálico del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, por debajo de cuya cuantía no será posible realizar descuento alguno por salario en especie por manutención o alojamiento.
La trabajadora o trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año, de modo que se garantice la percepción del SMI en cómputo anual.
Ampliación de la duración del descanso entre jornadas.
En los nuevos contratos, se amplía de 7 a 12 días de salario por año de servicio la indemnización a que tiene derecho la persona trabajadora en este caso en caso de extinción del contrato por desistimiento del empleador.
A pesar de todo esto, todavía nos queda recorrido hacia la consecución de objetivos contemplados en el Convenio 189 de la OIT como los de libertad sindical y negociación colectiva, colocándonos no obstante, en
una posición de ventaja que permite seguir avanzando en la dignificación del trabajo de las personas trabajadoras de este colectivo, así como su reconocimiento social, tanto en España como en el resto del mundo.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, asumiendo las normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores
domésticos en todo el mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2012.-Ascención de las Heras Ladera, Diputada.-Jose Luis Centella Gómez, Portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley
relativa a la necesidad de aprobar un plan Especial con medidas para reducir la brecha laboral existente entre hombres y mujeres, para su debate en Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La discriminación laboral por razón de género es un problema social y político todavía irresuelto a pesar de los pequeños avances que se hayan producido, precedidos siempre de años de lucha y de reivindicaciones.
En el Estado español solo el 29,34% de los directivos o gerentes de empresas es una mujer. Traducido a números el porcentaje se convierte en 254.200 trabajadores frente a 612.100 trabajadores hombres en los cargos de máxima responsabilidad.
Se trata de datos recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre. Otro de los datos que testimonian la gran brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Unas diferencias que mucho nos tememos se van a
agrandar debido a la grave crisis económica y la última reforma laboral, pues es sabido que en el terreno laboral el eslabón más débil de la cadena es que el que más sufre las consecuencias.
El Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) titulado 'Igualdad de género en la educación, el empleo y el emprendimiento 2012', pone de manifiesto algo que se sucede año tras año sin que se parezca
vislumbrar un progreso a pesar del importante número de mujeres que se han incorporado al mercado laboral en los últimos años, 'tienen más dificultades para acceder al primer empleo, más probabilidades de trabajar a tiempo parcial y ganan menos que
los hombres'.
Es decir, el mercado laboral sigue siendo una cosa de hombres a pesar de la presencia de las mujeres. La igualdad continúa siendo una meta tejana marcada en una brújula con una dirección que en el contexto actual resulta casi inalcanzable.
Por eso, es importante no opacar esta cuestión, mantenerla siempre en la agenda y evitar que quede esquinada bajo los tortuosos caminos de una crisis larga y difícil de superar.
El Informe atestigua también que las mujeres mejor remuneradas cobran un 21% menos que sus compañeros hombres. Una situación todavía más desfavorable para las mujeres autónomas o emprendedoras que sufren una brecha salarial entre el 30 y el
40%. Y las mujeres que tienen hijos cobran un 14% menos.
El recorte de puestos de trabajo en el sector público debido a las políticas que se están llevando a cabo va a empeorar la situación laboral de las mujeres. Así, la OCDE señala que los recortes en la plantilla pública y la disminución de
las ayudas para el cuidado infantil, o de mayores (caso de la Ley de Dependencia) son elementos que van a dañar todavía más el empleo femenino.
Con estas negras perspectivas es más necesario que nunca avivar el debate, evitar que caiga en el olvido y que esta Cámara se pronuncie y aporte medidas para alejar el fantasma de la desigualdad y la discriminación laboral.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar un Plan Especial con medidas destinadas a disminuir la enorme brecha laboral existente entre hombres y mujeres.
- Para la elaboración de dicho Plan, el Gobierno establecerá un diálogo con las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales y económicas (sindicatos,...) a fin de incorporar aspectos del ámbito laboral en el que poseen un
detallado conocimiento.
- Incentivar las ayudas sociales y servicios públicos, con especial relevancia las contenidas en la Ley de Dependencia, como otro de los pasos a dar para evitar que la desigualdad laboral entre hombres y mujeres aumente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamenterio Mixto.
161/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
aplicación del régimen legal vigente en materia de guardia y custodia de los hijos, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En relación al último debate parlamentario y social planteado en torno a la custodia compartida, cabe avanzar en las importantes reflexiones y posicionamientos que se han producido con motivó de la Interpelación y Moción subsiguiente
aprobada en el pasado Pleno del 21 de junio, en torno a la regulación de esta importante cuestión y para asegurar el interés superior del menor.
Ha sido precisamente a través de la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, y mediante la nueva redacción del artículo 92 del
Código Civil, cuando se introduce en nuestro país el régimen de custodia compartida en interés superior del menor y por mutuo acuerdo entre los progenitores.
En este sentido, y como se puso de relieve en dicho debate, no son ciertas las afirmaciones que atribuyen a los efectos de la actual normativa, el que la custodia se otorgue a las madres. Existe un dato relevante en la realidad de la
custodia compartida que se relaciona con el hecho de que el mutuo acuerdo, es decir, cuando son el padre y la madre conjuntamente los que deciden qué es lo mejor para sus hijos, se da únicamente en el 10 % de los casos, cuando se acuerda la custodia
compartida.
No obstante, si no hay mutuo acuerdo, la legislación en vigor permite que si uno de los progenitores lo pide, la guarda y custodia pueda serle otorgada siempre que exista informe favorable del fiscal al respecto, previa consulta con
profesionales especializados y consultando al menor si procede, siendo finalmente el juez el que decide, bajo la garantía de asegurar, en todo caso, el interés superior del menor.
Otra de las cuestiones que se convinieron en dicho debate es el que se relaciona con el falso debate de la igualdad, porque ni los menores deben ser utilizados como un instrumento para la igualdad, ni el hecho de imponer la custodia
compartida puede enfocarse como un elemento de conciliación.
De hecho, la realidad contrastada por los datos del Ministerio de Igualdad pone en evidencia que, en nuestro país, son todavía casi en exclusiva las madres -entre el 90% y 97% de los casos- quienes solicitan la ocupación a tiempo parcial
para el cuidado de los hijos, la excedencia laboral por el mismo motivo, o el permiso de maternidad en su totalidad.
De ahí que, en el ámbito de las medidas para fortalecer la igualdad y conciliación familiar, se necesiten otro tipo de actuaciones que sistemáticamente ha sido propuestas ante esta Cámara y, sin embargo, han sido rechazadas y recortadas por
el Gobierno del Partido Popular. Políticas como las que se refieren a la ampliación del permiso de paternidad, la creación de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, la reposición de los derechos laborales en materia de negociación colectiva
para asegurar la efectividad de los permisos de maternidad y lactancia, la conciliación laboral, personal y familiar, así como la aplicación de la Ley de Dependencia.
Por último, en la línea de seguir avanzando en la adecuada protección y garantías que deben acompañar al régimen legal de guardia y custodia de los hijos e hijas en los casos de separación y divorcio, no hay que olvidar que la custodia
compartida es una institución relativamente nueva, basada en la negociación y en el acuerdo de los progenitores, que promueve la custodia en positivo, de forma voluntaria y responsable, por lo que su revisión y adecuación requiere de una perspectiva
en el tiempo que debe ponderarse en base al estudio, evaluación y análisis de la aplicación de la Ley del 2005, así como de la normativa desarrollada en el ámbito de las competencias de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
Elaborar un informe sobre la aplicación e impacto de la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y sus efectos en el régimen legal
de guarda y custodia de los hijos, ofreciendo datos desglosados referidos a la aplicación de cada una de las previsiones contempladas en cada uno de los apartados 2 a 9 del artículo 92 de la citada reforma y la evaluación de su implementación, con
la finalidad de fortalecer el ejercicio de la custodia compartida en situaciones de corresponsabilidad y en interés del menor.
Remitir dicho Informe a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados antes de la tramitación de la normativa que, de conformidad con la Moción sobre custodia compartida aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado
21 de junio de 2012 deba presentarse, con el fin de analizar y elaborar las propuestas que corresponda emitir en dicha Comisión, tras la celebración de las oportunas compa
recencias de autoridades y organizaciones sociales especializadas en dicho ámbito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2012.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa al desarrollo del artículo 3 de la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 3, recoge las obligaciones de los poderes públicos respecto a la información y formación destinada a la prevención de la violencia de
género, así como programas formativos complementarios y de reciclaje dirigidos a los profesionales que han de intervenir en estas situaciones.
En el apartado 1 de este artículo, se atribuye al Gobierno del Estado la obligación de garantizar la dotación presupuestaria correspondiente y la puesta en marcha de un plan de sensibilización, incluyendo la creación de una Comisión que, con
una amplia representación social y de personas de prestigio en dicha materia, tendría la misión de controlar y seguir el desarrollo del contenido y funcionamiento de la ley.
La necesidad de estas campañas de sensibilización y de programas de información y formación, ponen de manifiesto la necesidad de que permanezcan activas en el tiempo, mientras la violencia no sea erradicada de nuestra sociedad.
En relación a esta última cuestión ya hemos trasladado al Ministerio nuestra preocupación por el hecho de que se hayan eliminado de la página web del Ministerio de Sanidad todas las campañas de sensibilización contra la violencia de género,
salvando una.
A pesar de las declaraciones de la Ministra, negando cualquier intencionalidad política, es preciso destacar que el Ministerio mantiene en cambio otras campañas de sensibilización como las del Plan Nacional sobre Drogas, contra el
tabaquismo, el consumo de alcohol, promoción de los medicamentos genéricos y otras muchas.
Mucho nos tememos que el recorte de más del 70% del presupuesto para actuaciones de sensibilización frente a la violencia de género, sea la verdadera razón de la retirada de las campañas contra esta lacra social. Lo cual demuestra la poca
importancia que el Ministerio otorga a este problema social, y su escasa implicación en la sensibilización de un mal que debería tener un trato preferente en la agenda de actuaciones del Ministerio.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Aprobar la partida presupuestaria correspondiente que permita el desarrollo del artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género a fin de garantizar:
- Las campañas de sensibilización y prevención de la Violencia de Género que, citamos textualmente texto de la Ley: 'introduzcan en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejerció de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género'.
- Intensificar el desarrollo de programas de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género.
- Recabar de la Comisión creada al amparo de esta Ley para el control y seguimiento de estos programas, que presente un informe ante la Comisión de Igualdad del Congreso, con la evaluación del desarrollo del artículo 3 de la Ley Orgánica
1/2004.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
181/000453
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
Recientemente, en una zona de la Comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, declarada LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), han aparecido restos tóxicos provenientes de una ya cerrada
empresa de extracción de arena para la explotación de feldespatos, ¿qué protocolo se siguió una vez conocida la existencia de los residuos y quien lo activo? ¿Una vez evaluados los efectos, van a proceder a la descontaminación de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las preguntas
al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín ficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RELACIÓN DE PREGUNTAS
Comisión de Defensa
Núm. expte.: 184/005425.
Núm. registro: 13397.
Autor iniciativa: Elorza González, Odón (GS).
Objeto iniciativa: Futuro del cuartel de Loiola ubicado en San Sebastián.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 94, de 21 de mayo de 2012, pág. 102.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000459.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
Núm. expte.: 184/005336.
Núm. registro: 13307.
Autor iniciativa: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Objeto iniciativa: Incidencia de la disminución de fondos del Plan Avanza en las Comunidades Autónomas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 94, de 21 de mayo de 2012, pág. 85.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000460.
Núm. expte.: 184/005337.
Núm. registro: 13308.
Autor iniciativa: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca del Plan Avanza 2010-2015 para su incorporación a la estrategia Avanza 2010-2015.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 94, de 21 de mayo de 2012, pág. 85.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000461.
Núm. expte.: 184/005338.
Núm. registro: 13309.
Autor iniciativa: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Objeto iniciativa: Reparto de las ayudas a los sectores estratégicos industriales.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 94, de 21 de mayo de 2012, pág. 85.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000462.
Comisión de Sanidad Servicios Sociales
Núm. expte.: 184/003905.
Núm. registro: 10229.
Autor iniciativa: Elorza González, Odón (GS).
Objeto iniciativa: Atención y prestación de cuidados a los ciudadanos ventilo-dependientes fuera del ámbito hospitalario.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 94, de 21 de mayo de 2012, pág. 57.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000458.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000041
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 7745/2007, interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el apartado veinte del artículo único de la Ley 12/2007, de 2 de julio (por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural) en
cuya virtud se modifica el apartado 7 del artículo 73 de dicha Ley; y, asimismo, contra la disposición final primera de la misma Ley 12/2007, de 2 de julio.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez
Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7745-2007, interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el apartado veinte del artículo único de la Ley 12/2007, de 2 de julio (por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural) en cuya virtud se modifica el apartado 7
del artículo 73 de dicha Ley; y, asimismo, contra la disposición final primera de la misma Ley 12/2007, de 2 de julio. Ha intervenido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el
parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
En Madrid, a 19 de junio de 2012.