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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 95, de 22/05/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de mayo de 2012
Núm. 95
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Interior
161/000598 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana y la creación de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el
municipio de Torrevieja ... (Página3)
Comisión de Defensa
161/000606 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el desmantelamiento del polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas Reales de Navarra ... (Página3)
161/000607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales ... (Página4)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de aumentar el nivel de protección a los ciudadanos que deciden adquirir una vivienda nueva en construcción ...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al derecho de los ciudadanos a la grabación y difusión de los plenos municipales ...
Comisión de Fomento
161/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de transporte aéreo interinsular ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia (Soria) ... (Página7)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre transferencia de las competencias en materia de costas a la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página8)
161/000604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo al sector del porcino ibérico ... (Página8)
161/000605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre exportación de alimentos ... (Página9)
161/000613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de una tarifa de gasóleo agrícola para uso de profesionales de la agricultura, la ganadería y la silvicultura ...
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre exención de copago a los pacientes afectados por enfermedades raras ... (Página10)
161/000610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre eliminación del copago en el transporte sanitario no urgente y en especial para pacientes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla ...
161/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre aportación reducida al conjunto de la prestación farmacéutica de dispensación ambulatoria por servicios de farmacia de hospitales y centros sanitarios
... (Página12)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la convocatoria plurianual de subvenciones a ONGD para la realización de convenios de cooperación internacional ...
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la puesta en marcha de un plan de erradicación de los 'puntos negros' y aumento de seguridad en la red de carreteras ...
(Página13)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Fomento
181/000260 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca del corredor ferroviario mediterráneo a su paso por Málaga ... (Página14)
181/000261 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca del anillo ferroviario de Antequera (Málaga) ... (Página15)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000259 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar la protección medioambiental en las explotaciones de gas no convencional ... (Página15)
181/000262 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre postura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la necesidad de trasladar la factoría de Ence de la ría de Pontevedra antes
del fin de la concesión en 2018 ... (Página15)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/000598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana y creación de
Comisaría del Cuerpo ,Nacional de Policía en el municipio de Torrevieja, para su debate en Comisión de Interior.
Existen numerosos datos objetivos que ponen de manifiesto el rápido crecimiento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el municipio de Torrevieja. En este caso han de valorarse la concurrencia de varios factores, como el aumento
de población no censada en el municipio y la denominada población flotante propia de municipio turístico.
El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha acordado la necesidad de la implantación de una Comisaría de Policía Nacional y la elaboración de un plan integral de seguridad para el municipio.
En respuesta a varias preguntas formuladas en anteriores legislaturas por este Grupo Parlamentario, el Gobierno ha reconocido la necesidad de adoptar medidas para impedir la escalada de delitos en Torrevieja, pero nunca ha concretado un plan
integral o específico para mejorar la seguridad de este municipio, y del mismo modo se dice que la creación de una Comisaría de Policía Nacional está en fase de estudio, pero no acaba de construirse, dotarse de medios y ponerse en funcionamiento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas específicas para mejorar la eficacia en la seguridad en el municipio de Torrevieja.
2. Construir en el menor plazo de tiempo posible, dotar con medios humanos y materiales suficientes y poner en funcionamiento una Comisaría de Policía Nacional en el municipio de Torrevieja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Defensa
161/000606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada de Geroa Bai, doña Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 22 de diciembre de 2008, el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas Reales firmaban la prolongación, hasta 2028, del contrato de arrendamiento del polígono de tiro aéreo y bombardeo situado en el sureste de la Comunidad Foral de
Navarra desde 1951.
Cabe recordar que este polígono de tiro aéreo y bombardeo está ubicado en el corazón mismo de las Bardenas Reales de Navarra, declaradas Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO el 9 de diciembre de 2000.
La seguridad de las prácticas militares que se desarrollan en la zona es más que cuestionable, ya que los habitantes de la zona han tenido que padecer durante estos años todo un capítulo plagado de aviones estrellados, aviones incendiados
sobre poblaciones o bombas
caídas fuera del polígono y a escasos kilómetros de núcleos de población.
Concretamente, el pasado mes de abril se llevó a cabo la última operación del Ejército en Bardenas, en la que se utilizó fuego real sin que se produjera aviso alguno a la población.
Al parecer, el ejercicio Sirio-Tormenta 2012, en el que se utilizó fuego real para las prácticas de tiro aéreo, no contó con el cierre preventivo de los accesos al perímetro de tiro, como sí se ha hecho en ocasiones anteriores.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
'1. Llevar a cabo el desmantelamiento del polígono de tiro aéreo y bombardeo de Bardenas Reales de Navarra.
2. Dar los pasos necesarios para asegurar que se lleve a efecto y con total seguridad el desmantelamiento del polígono de tiro y bombardeo de las Bardenas, teniendo en cuenta que debe ser el Ejército quien deje el terreno libre de munición,
explosivos y restos de cualquier índole, de manera que el actual Parque Natural no implique ningún riesgo.
3. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a la elaboración de un estudio sobre posibilidades de desarrollo socioeconómico de Bardenas Reales de Navarra
4. Informar sobre el tipo de armamento y munición que se ha venido utilizando en todo momento en dicha instalación militar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales,
para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Las Bardenas Reales son un territorio protegido legalmente con la figura del Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera, un espacio singular con una extensión de 42.500 hectáreas en el que se encuentran hábitat esteparios, con retazos
de bosque mediterráneo y que acogen una fauna y flora muy diversa.
La Comunidad de Bardenas, que gestiona el territorio, está compuesta por 22 entidades congozantes (19 municipios, dos valles y un monasterio).
Las Bardenas, a pesar de la protección jurídica medioambiental que tiene reconocida, alberga en su seno desde 1951 el mayor polígono de tiro y bombardeo de la OTAN en Europa. El polígono de tiro ocupa 2.222 hectáreas, aunque los aviones
militares, en la práctica, utilizan todo el espacio aéreo en un radio superior a los cincuenta kilómetros a la redonda.
Periódicamente se realizan por parte de aviones militares de la OTAN prácticas de tiro y bombardeo en las que se utiliza armamento real y sobre las que se mantiene un total oscurantismo sobre el tipo de munición que se está utilizando y sus
posibles efectos secundarios sobre las afecciones medioambientales y humanas.
En los últimos 61 años se han reconocido más de ochenta accidentes militares, con gran riesgo para la seguridad de las personas y de impacto medioambiental, que afectan a las poblaciones limítrofes de Navarra y Aragón, y en concreto en la
comarca de Cinco Villas, y al corredor aéreo existente desde la Base Militar de Zaragoza, de donde parten todos los vuelos que realizan sus prácticas en el polígono de tiro. Del elevado número de accidentes hay que destacar la colisión de dos
aviones el 13 de marzo de 2000 en el término municipal de Ejea de los Caballeros.
Durante tres décadas, diversos ayuntamientos navarros y aragoneses y el Parlamento Navarro adoptaron sendos acuerdos encaminados a lograr el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, sin resultado alguno hasta el momento.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desmantelar el polígono de tiro de las Bardenas Reales.
2. Poner fin a las operaciones Sirio-Tormenta, asignando a gastos sociales y a combatir el desempleo, los recursos económicos destinados al polígono de tiro y a la realización de las prácticas de tiro y bombardeo.
3. Facilitar información suficiente y veraz del tipo de armamento y munición utilizado en las Bardenas Reales y en concreto en la operación Sirio-Tormenta y los riesgos para la población, la fauna y la flora.
4. Durante el mantenimiento del polígono de tiro en Bardenas realizar los controles y análisis necesarios que garanticen que no se realizan experimentos o prácticas militares nocivos para la salud de la población.
5. Extremar, mientras se produce el desmantelamiento, las medidas de seguridad para los habitantes de los territorios afectados, prohibiendo los vuelos nocturnos y los sobrevuelos sobre núcleos urbanos.
6. Establecer con urgencia medidas medioambientales necesarias para evitar el impacto de las actividades militares sobre la calidad de la vida de las personas y del medio ambiente, llevar a cabo medidas de cuidado y limpieza para corregir
el impacto que supone la actividad en la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de aumentar el nivel de protección a los ciudadanos que deciden adquirir una vivienda nueva en construcción, para su debate en Comisión de Economía.
Exposición de motivos
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La crisis del sector inmobiliario ha provocado situaciones muy difíciles para muchos ciudadanos que invirtieron sus ahorros en la adquisición de una vivienda nueva en construcción que no acaba de construirse o que ni siquiera se llevó a
cabo. Ciudadanos que se encuentran en una situación de total indefensión, desamparados, y que en muchos casos ni siquiera han podido recuperar el dinero invertido en un proyecto de vivienda que nunca cuajó.
La legislación resulta deficiente en este sentido, puesto que no contempla fórmulas que garanticen a los ciudadanos que deciden adquirir una vivienda de nueva construcción la devolución del dinero invertido en caso de que dichos inmuebles no
se finalicen o no se lleven a cabo. Ni tampoco existen medios que obliguen a las constructoras, promotoras o entidades bancarias a demostrar su solvencia económica ni tampoco garantías para asegurar la ejecución de los proyectos de viviendas
ofertadas, que alcance a tener garantías con que cubrir imprevistos o incluso una eventual paralización o finalización anticipada de la construcción de las viviendas.
Dado el contexto de crisis económica y, sobre todo, la grave crisis del sector inmobiliario, sería adecuado que el Gobierno aprobase la legislación pertinente que ofrezca al eslabón más débil, el eslabón más desprotegido que son los
ciudadanos que se embarcan en la compra de una vivienda de nueva construcción, unas garantías frente a situaciones como las descritas, especialmente cuando se derivan de errores en la gestión de las empresas constructoras o promotoras.
El problema de los impagos de hipotecas, solución drástica a la que se están viendo abocadas muchas familias debido al recrudecimiento de la crisis económica, ha puesto al descubierto las importantes lagunas legislativas o normativas
existentes en el Estado español en materia de protección de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las entidades bancarias, las promotoras o las constructoras. La dación en pago es otras de las asignaturas pendientes, y la solución
más justa al problema de los impagos de hipotecas.
De igual modo, se precisa una legislación que proteja a los ciudadanos que dejan sus ahorros en la compra de una nueva vivienda pero que pasado el tiempo nunca llegan a tener.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar las medidas legislativas necesarias que ofrezcan la suficiente garantía a los ciudadanos que invierten sus ahorros en la adquisición de una vivienda de nueva construcción que, por errores en la gestión de las empresas constructoras o
promotoras, nunca llegan a ejecutarse, a través de:
A) Asegurar, mediante normas estipuladas a tal efecto, que los ciudadanos recuperen la totalidad del dinero invertido en caso de que no se produzca la entrega de una vivienda adquirida en construcción.
B) Exigir, adoptando la legislación actual, la acreditación de solvencia económica a las constructoras, promotoras o entidades bancarias, que cubra los compromisos económicos contraídos con los compradores de vivienda en construcción, en
todo caso, antes de la concesión de la licencia urbanística,
C) Crear un fondo específico destinado a indemnizar a personas afectadas por el incumplimiento de la entrega de viviendas en construcción o, en su caso, a financiar la completa ejecución de las mismas, que se nutrirá con recursos y avales
depositados por los operadores en el sector inmobiliario.
D) Ampliar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores de empresas promotoras y constructoras de vivienda en construcción, de forma que respondan con su patrimonio por las deudas contraídas por las empresas en caso de no
cumplir con los compromisos de entrega de las viviendas en construcción.
E) Adoptar las reformas normativas y penales precisas para endurecer el régimen administrativo sancionador y el Código Penal en los casos en que se incumpla por parte de promotores o constructores la obligación de entregar viviendas que se
correspondan con promociones en construcción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al derecho de los ciudadanos a la grabación y difusión de los
plenos municipales, para su debate en la Comisión de Constitucional.
Ante la negativa de algunas corporaciones locales a que sean grabadas en medios audiovisuales la celebración de los plenos municipales, algunos ciudadanos están llevando a cabo distintas acciones para denunciar y poner en conocimiento de la
ciudadanía lo que, a su juicio, es la vulneración de un derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de información reconocidos en nuestra Constitución. Ciudadanos afectados por la negativa de algunos ayuntamientos a grabar sus
plenos se han organizado en una plataforma de ámbito nacional, 'Graba tu Pleno', que desarrolla una actividad reivindicativa y de denuncia de lo que entienden es una vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos.
La posibilidad de realizar grabaciones en cualquier soporte sobre el desarrollo de la sesión del Pleno ha sido un tema controvertido que no solo ha suscitado protestas vecinales, sino que ha sido objeto del pronunciamiento de los tribunales
e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz.
El Tribunal Constitucional ha interpretado este precepto para puntualizar los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de octubre de 1999, número 187/1999, hace los
siguientes pronunciamientos:
'El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, se veda
cualquier interferencia y como principal, en este ámbito, la censura previa (art. 20.2 CE), (...). Como censura, pues, hay que entender en este campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención preventiva de los poderes públicos
para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales'.
El artículo 20 CE ha sido también interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, sí bien siempre partiendo de la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional.
Además de estos pronunciamientos jurisprudenciales, también la Agencia Española de Protección de Datos se ha referido a la publicidad de los Plenos Municipales, en varios informes que estiman conforme a la legalidad la grabación y difusión
de los plenos municipales siempre con respeto a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
De todos los antecedentes citados, solo puede deducirse que los ciudadanos tienen derecho a captar grabaciones sonoras de la celebración de los Plenos, y a difundirlas, sino también a captar imágenes de dichos Plenos, en cualquiera de los
formatos existentes (fotografía, vídeo...), y a difundirlas.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover, en colaboración con la FEMP, las reformas legales y medidas necesarias para garantizar la grabación y difusión de los Plenos que se celebren en los Ayuntamientos por los distintos medios de comunicación audiovisuales, cualquiera
que sea su titularidad, sin otros límites que los que específicamente se deriven de las previsiones normativas del ordenamiento jurídico aplicable en cada caso.'
Palacio del Congreso de los Diputados , 8 de mayo de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Fomento
161/000601
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara,
presenta, para su debate en la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley sobre traspaso de funciones y servicios de la administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de transporte aéreo interinsular.
La Constitución española establece en su artículo 149.1.20.a la competencia exclusiva del Estado en los aeropuertos de interés general, el control del espacio aéreo, el tránsito y el transporte aéreo.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 30.22 que corresponde a la comunidad la competencia exclusiva en materia de aeropuertos y helipuertos que no
tengan la calificación de interés general por el Estado y aeropuertos deportivos.
El Estatuto de Autonomía atribuye también en su artículo 33.13 a la Comunidad Autónoma las competencias de ejecución en la materia de aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve la gestión directa.
Igualmente, en su disposición transitoria 3.a 1, establece la creación de una Comisión Mixta Paritaria entre el Estado y la Comunidad Autónoma, con la finalidad de transferir a Canarias las funciones y atribuciones que le corresponden
contenidas en el Estatuto.
El Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, aprobó las normas de traspaso de funciones y servicios del Estado a Canarias y el funcionamiento de la Comisión Mixta.
Siendo el transporte aéreo interinsular una materia sensible para un archipiélago, es necesario delimitar claramente las competencias de ambas administraciones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Que en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Canarias fije el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios en materia de transporte aéreo interinsular.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paralizar el proyecto de explotación minera de magnesitas de
Borobia (Soria), para su debate y votación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Recientemente se ha reavivado la oposición al proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria), impulsado por la firma Magnesitas y Dolomitas de Borobia, S.L., que pretende hacer prospecciones a pesar de
carecer de los permisos necesarios para esa actividad. El proyecto ha contado con una firme oposición popular e institucional desde que se conoció, porque podrían verse afectados gravemente importantes recursos naturales y humanos no sólo de esa
localidad y su vecina Ciria, sino que tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios aragoneses de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.
Así, se creó la Plataforma en Defensa del Agua y la Tierra, que agrupa a todas las asociaciones y personas a título individual que desde Castilla y León y Aragón están a favor de un desarrollo rural sostenible y en contra de este proyecto de
explotación y transformación minera en Borobia. Igualmente, se creó la Coordinadora de Municipios Afectados por la Mina de Borobia, para agrupar a los ayuntamientos que se oponen a esa mina, fundamentalmente de las comarcas aragonesas del Aranda y
de la Comunidad de Calatayud.
Las propias Cortes de Aragón en 2005 instaban al Gobierno de Aragón a transmitir al Gobierno español y a la Junta de Castilla y León 'el rechazo social existente en las comarcas aragonesas afectadas, solicitándoles la prohibición de la
explotación a cielo abierto que pretende ubicarse en la localidad soriana de Borobia porque puede constituir grave riesgo de contaminación para las aguas'.
En agosto de 2009 la Junta de Castilla y León sacó a información pública el Proyecto de Explotación y Estudio de Impacto Ambiental de la concesión, al que se presentaron posteriormente más de medio millar de alegaciones por parte de
particulares, instituciones (desde ayuntamientos afectados hasta el Gobierno de Aragón), asociaciones, organizaciones conservacionistas, sindicatos y partidos políticos. Y de nuevo, el día 22 de septiembre de 2009, el Pleno de las Cortes de Aragón
aprobó la iniciativa del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), en que se instaba al Gobierno de Aragón a 'continuar defendiendo -a través del Departamento de Medio Ambiente- en todos los ámbitos (y en especial ante el Gobierno central y la
Junta de Castilla-León) la calidad de las aguas y la sostenibilidad medioambiental de las cuencas de los ríos Manubles, Aranda, Isuela y Ribota, en relación con el proyecto de explotación de magnesitas en Borobia (Soria)'.
Posteriormente, en marzo de 2010, el Director General de Industria presentó en Soria las ayudas a la industrialización a proyectos sorianos que desde el Gobierno de España se otorgan. Entre ellas, destacó la concedida al proyecto de
implantación de una nueva explotación de magnesita en Borobia por un importe de 1,8 millones de euros. Y eso, cuando en este proyecto aún estaban pendientes de resolución las alegaciones y no tenía aprobado el Estudio de Impacto Ambiental ni el
proyecto de explotación de la Junta de Castilla y León. Por eso se volvió a reiterar la oposición unánime de las Cortes de Aragón en un nuevo acuerdo plenario.
Finalmente, en marzo del presente año el 'Boletín Oficial de la Provincia de Soria' ha publicado un anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de Magnesistas y Dolomitas de Borobia, S.L., ante la Confederación
Hidrográfica del Ebro para autorización de vertido de aguas residuales procedente de la explotación de magnesitas en el término de Borobia (Soria).
Ante esta situación presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a adoptar las medidas oportunas, en el ámbito de sus competencias, con el objetivo de paralizar de forma
definitiva e inmediata el proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria) por su grave afección a recursos naturales y humanos, y por las serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas que
supondría para los municipios aragoneses de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2012.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000602
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta,
para su debate en esta Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre transferencia de las competencias en materia de costas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 27 y 28 de septiembre de 2011, aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre transferencia en materia de costas a la
Comunidad Autónoma de Canarias.
La resolución aprobada propone que el Gobierno de Canarias 'inste a la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y
servicios en materia de costas'.
Asimismo, establece en un segundo punto que 'para el supuesto de que no pudiera llevarse a cabo lo signado en el apartado anterior, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el ámbito de la Comisión Bilateral
Estado-Canarias, promueva la participación de la Comunidad Autónoma en la cogestión en materia de costas, de forma tal que se adecuen las actuaciones a las especificidades de las islas y considere la posibilidad de la retirada del recurso que el
Estado ha interpuesto contra la Ley Canaria de Costas'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias fije el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones y servicios en materia de costas.
2. En el supuesto de que no pudiera llevarse a cabo lo signado en el apartado anterior, que en el ámbito de la Comisión Bilateral Estado-Canarias se promueva la participación de la Comunidad Autónoma en la cogestión en materia de costas, de
forma tal que se adecuen las actuaciones a las especificidades de las islas y considere la posibilidad de la retirada del recurso que el Estado ha interpuesto contra la Ley Canaria de Costas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector del porcino ibérico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
En la actualidad, las denominaciones de venta de los productos procedentes del cerdo ibérico se encuentran regidos por la Norma de Calidad de ámbito estatal, aprobada a través del Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Esta normativa regula las características de calidad que deben reunir los productos procedentes del despiece de las canales de cerdo ibérico, para poder usar las denominaciones de venta recogidas en dicha norma estatal.
De acuerdo con esta normativa, las denominaciones se realizan en función del tipo de producto, de la raza y del tipo de alimentación.
Estos criterios han generado un amplio conjunto de denominaciones que crean confusión en el consumidor, que tiene muy difícil diferenciar términos como 'ibérico puro', 'ibérico', 'bellota', 'recebo', 'cebo', 'extensivo', 'cebo en campo'.
La falta de diferenciación clara de productos conlleva además importantes perjuicios para el sector productor y transformador, especialmente para los ganaderos de dehesas.
Por estos motivos, desde hace años el sector ha mostrado un claro rechazo a esta Norma de Calidad, que no ha obtenido el resultado esperado. Ante esta situación, y atendiendo a las demandas del sector productor y transformador, es
imprescindible llevar a cabo una amplia y profunda modificación de la Norma de Calidad, que conduzca a una diferenciación real y adecuada de las producciones ligadas a la dehesa, para poder garantizar la supervivencia de este sistema de explotación,
además de simplificar el actual exceso de denominaciones de los productos del cerdo ibérico, que conducen a la confusión del consumidor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo, en colaboración con el sector y con las CC.AA., una modificación de la Norma de Calidad del cerdo ibérico, impulsando la necesaria simplificación y clarificación de las indicaciones, a través de las siguientes actuaciones:
- Impulsar la diferenciación clara en las indicaciones relativas al carácter racial.
- Reducir las indicaciones relativas al tipo de alimentación, determinando en la norma dos únicos tipos: 'bellota' y 'cebo'.
- Excluir de la norma de calidad del cerdo ibérico a todos aquellos productos que procedan de un sistema ganadero intensivo.
2. Impulsar la necesaria transparencia e información al consumidor, de modo que todas estas distinciones sean trasladadas obligatoriamente al etiquetado y la publicidad de los productos ibéricos.
3. Que el etiquetado no contenga imágenes ni símbolos referidos a una designación racial o de alimentación distinta a la que le corresponda al producto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Elvira Ramón Utrabo y Jesús Felipe Sicilia Alférez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre exportación de alimentos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Sector Agroalimentario español ha tenido unos crecimientos muy importantes en los últimos años. A los desarrollos positivos de los principales sectores agrarios (aceite, frutas y hortalizas, vino, cárnico y lácteos) se une un avance muy
importante en la vocación exportadora de las industrias dedicadas a la transformación de las producciones agrícolas y ganaderas.
Hoy los principales sectores de nuestra agricultura tienen balances comerciales positivos en materia de exportación y es en esta actividad exportadora en la que encuentran el valor necesario para equilibrar sus balances. Sin la exportación
no sería posible mantener la estructura actual de producción.
La exportación de productos agrarios ha cobrado, por tanto, un valor estratégico de la economía española, por lo que requiere una atención especial por parte de las Administraciones.
El sector exportador debe hacer un esfuerzo por mejorar sus estructuras de exportación pero la administración también tiene que hacer un esfuerzo de modernización de sus procedimientos para dar respuesta eficaz a las crecientes iniciativas
de exportación.
Es evidente el avance que se ha producido en este ámbito, pero también es verdad que las estructuras administrativas que dan soporte a las actividades de exportación no han realizado las adaptaciones necesarias, existiendo ineficiencias en
el proceso que sería necesario corregir. Asimismo existen duplicidades de inspección y de emisión de documentaciones que podrían evitarse.
Sería conveniente la unificación de las estructuras administrativas encargadas de las tareas de control de los productos de origen animal y vegetal, homologando nuestros sistemas a los de los países de nuestro entorno en los que las unidades
de control se encuentran bajo una misma tutela administrativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una evaluación y proceder, de forma inmediata, a la reforma del proceso administrativo previo a la exportación de productos agrarios, que elimine las trabas y duplicidades existentes en la actualidad y que unifique los servicios
administrativos para facilitar los trámites al exportador.
2. Informar al Congreso de los Diputados de las iniciativas llevadas a cabo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la creación de una tarifa de gasóleo agrícola para uso de profesionales de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El precio del gasóleo agrícola que pagan en estos momentos los agricultores y ganaderos del País Valenciano se sitúa en unos niveles históricos y la media ya es de 1,07 euros por litro. En el año 2000 los labradores y ganaderos de la
Comunidad Valenciana pagaban el gasóleo agrícola a 0,27 euros/litro, en 2004 a 0,40 euros, en 2007 a 0,78 y en estos momentos a más de 1 euro por litro.
El Gobierno estatal anterior y el actual únicamente piensan en un parche como es el de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), con sólo 0,0787 euros por litro de gasóleo consumido o comprado para agricultura, ganadería y
silvicultura, sin límite de volumen. Sin embargo, se olvidan del gasóleo profesional para los agricultores y ganaderos, una de las promesas incumplidas del anterior Gobierno y que algunos parecen haber olvidado que era una de las medidas estrellas
del famoso Plan de Choque presentado en 2010, que se ha reducido a mesas y reuniones, pero sin medidas serias para aliviar la crisis de rentabilidad que soportan miles de explotaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado para que inicie de forma urgente las modificaciones legislativas y económicas para la creación de un gasóleo agrícola con un precio reducido en la misma medida que existe para otros
sectores productivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados 10 de mayo de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
exención de copago a los pacientes afectados por enfermedades raras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, supone un cambio en profundidad del modelo de Sistema Nacional de Salud que los ciudadanos españoles habíamos conquistado en los años de democracia.
Son muchos los aspectos esenciales que se han modificado y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal, y a la ordenación de
las prestaciones.
En relación con el copago, el Real Decreto-ley 16/2012 establece un nuevo procedimiento y un nuevo sistema de aportaciones en el ámbito de la prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación con productos dietéticos y en el
transporte sanitario no urgente realizado bajo prescripción facultativa y por razones clínicas.
Para los pacientes afectados por enfermedades raras, y para sus familias, estas medidas suponen una carga inasumible que vendrá a agravar de manera muy relevante su situación clínica y social.
Las enfermedades raras suponen un desafío para los servicios sanitarios, ya que en este ámbito se engloban numerosas patologías que suelen tener graves consecuencias para la salud de los pacientes afectados y, en su inmensa mayoría, con
escasos instrumentos terapéuticos para su curación y su cuidado sanitario.
Asimismo, tanto los pacientes como sus familias requieren un importante apoyo de los servicios sociales para poder sobrellevar su carga y sufrimiento.
El Sistema Nacional de Salud elaboró y aprobó una Estrategia para las Enfermedades Raras con el fin de ofrecer las mejores respuestas a los pacientes y a sus familias.
Un precedente relevante lo constituyeron las recomendaciones realizadas por el Senado con el acuerdo unánime de todos los Grupos Parlamentarios.
Por todo ello, es obligado evitar a los pacientes afectados por cualquier enfermedad rara y a sus familias cualquier traba o barrera de acceso a la atención sanitaria que van a requerir de por vida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eximir del copago a todos los pacientes afectados por cualquier patología catalogada como enfermedad rara tanto en la prestación farmacéutica, en la prestación ortoprotésica, en la prestación
con productos dietéticos y como en el transporte sanitario no urgente realizado bajo prescripción facultativa y por razones clínicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
eliminación del copago en el transporte sanitario no urgente y en especial para pacientes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, supone un cambio en profundidad del modelo de Sistema Nacional de Salud que los ciudadanos españoles habíamos conquistado en los años de democracia.
Son muchos los aspectos esenciales que se han modificado y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal, y a la ordenación de
las prestaciones.
El artículo 2, apartado 3, del Real Decreto-ley 16/2012 establece que el transporte sanitario no urgente formará parte de la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, sujeta a copago con idéntico nivel de aportación que la
prestación farmacéutica.
Son numerosos los transportes sanitarios no urgentes de pacientes en nuestro Sistema Nacional de Salud, los cuales se realizan bajo prescripción facultativa y por razones clínicas.
Es el caso de pacientes que han de acudir con regularidad a sesiones de hemodiálisis, terapias de rehabilitación, terapias de cáncer y un largo etcétera, que en muchas ocasiones coincide además con pacientes con grave situación de
dependencia.
Junto a ello, en determinados lugares de la geografía nacional, este transporte sanitario no urgente se ha de realizar por vía aérea por las condiciones geográficas de estos territorios.
Así, en las Comunidades Autónomas de Canarias e Islas Baleares es habitual el traslado entre islas o entre las islas y la península por transporte sanitario aéreo no urgente.
De igual forma, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los facultativos recurren de manera habitual al traslado de pacientes a la península mediante transporte aéreo no urgente para ofrecer respuesta sanitaria en servicios de mayor
complejidad de los que estos ciudadanos españoles disponen en sus respectivas ciudades.
En definitiva, se trata de pacientes que, a causa de la nueva regulación, pueden ver gravemente afectada su capacidad de acceso a los servicios sanitarios que indican los facultativos, y en consecuencia, ver afectada
su salud si no pueden hacer frente a los costes de sus traslados, costes de los que hasta ahora estaban exentos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar el copago en la prestación de transporte sanitario no urgente, tanto aéreo como terrestre, que se realice bajo prescripción facultativa y por razones clínicas, para evitar las consecuencias negativas a pacientes con patologías
que requieren esta prestación.
2. Atender y evitar de manera especial la discriminación a pacientes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
aportación reducida al conjunto de la prestación farmacéutica de dispensación ambulatoria por servicios de farmacia de hospitales y centros sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, supone un cambio en profundidad del modelo de Sistema Nacional de Salud que los ciudadanos españoles habíamos conquistado en los años de democracia.
Son muchos los aspectos esenciales que se han modificado y que afectan a las garantías de los derechos de los ciudadanos, a los criterios de acreditación del derecho a la asistencia sanitaria, que deja de ser universal, y a la ordenación de
las prestaciones.
En relación al copago, el artículo 4 del apartado trece del Real Decreto-ley 16/2012 modificó aspectos de la prestación farmacéutica y, en concreto, modificó la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos, estableciendo por primera
vez que sea obligatoria la aportación del beneficiario para la prestación farmacéutica ambulatoria dispensada por el servicio de farmacia y, al no acotar, se entiende que también de farmacia hospitalaria.
Debe señalarse que los medicamentos dispensados por los hospitales a pacientes ambulantes son de alto precio; algunos superan los 3.000 euros el envase.
Así, de no poner remedio a esta situación, estarán sometidos a copago farmacéutico con cuantías inasumibles los pacientes con VIH/Sida que reciben medicación ambulatoria en hospital y cuyo coste es de unos 600 al mes.
Igual sucede con los pacientes con esclerosis múltiple con medicación ambulatoria en hospital cuyo coste es de unos 800 /mes o con los pacientes de hepatitis C, también con medicación ambulatoria en hospital, cuyo tratamiento tiene un coste
de hasta 2.500 /mes.
Asimismo, los pacientes con psoriasis, cuyos medicamentos de dispensación ambulatoria tienen un coste de unos 800-1.000 mensuales, también estarán sometidos al copago farmacéutico.
Estos son algunos ejemplos de pacientes que verán gravemente afectada su capacidad de acceso a la medicación necesaria y en consecuencia, quedará afectada su salud si no pueden hacer frente a los costes de sus tratamientos de los que hasta
ahora estaban exentos.
De igual forma sucede con todos los productos sanitarios que se dispensan de manera ambulatoria por servicios de farmacia de hospitales y centros sanitarios.
Antes de poner en marcha esta medida debe establecerse previamente la aportación reducida en estos medicamentos y productos sanitarios, ya que, en caso contrario, será imposible para la mayoría de los pacientes no exentos de aportación hacer
frente al gasto correspondiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a establecer, con anterioridad a la aplicación efectiva del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, la aportación reducida para todos los medicamentos y productos sanitarios que forman parte de la prestación
farmacéutica ambulatoria y sean dispensados por servicios de farmacia de hospitales y centros sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria plurianual de subvenciones a ONGD para la realización
de convenios de cooperación internacional, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Mediante resolución de 18 de abril de 2012, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha anulado la convocatoria plurianual de subvenciones a las ONG de Desarrollo para la realización de convenios de cooperación internacional.
La AECID ya había seleccionado 120 proyectos para el periodo 2012-2015, por importe de 290 millones de euros, de los cuales para el presente año se habían comprometido 45 millones de euros.
La importancia de dicho instrumento creado en el año 2006 reside tanto en su carácter plurianual como en el proceso de acreditación que deben superar las ONGD para acceder a estos fondos. Ambas particularidades garantizan que se trata de
proyectos sólidos implementados por organizaciones con capacidad y experiencia.
De entre las consecuencias inmediatas de la eliminación de dicha convocatoria cabe destacar la pérdida de los recursos invertidos por las ONGD en la preparación de la solicitud, así como el impacto sobre la cooperación consolidada que
afectará a miles de personas y a los compromisos adquiridos con las organizaciones y los gobiernos de los países del sur.
La eliminación de dicha convocatoria se une al recorte del 45% en AOD (1.631 millones de euros menos que en 2011), situando la previsión para este año en el 0,24% del PIB, alejándonos del 0,7% en 2015 comprometido en el Pacto de Estado
contra la Pobreza.
La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso social y no de la caridad. El recorte de este año se suma a los más de 1.000 millones de euros de reducción que se
hicieron en el 2011, provocando un desmantelamiento de la AECID. Además cabe destacar que del total de fondos destinados a AOD un 58% estará gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, aumentando el endeudamiento de los países y
vinculando la ayuda a los intereses comerciales de las multinacionales españolas en lugar de priorizar los fines solidarios que deberían orientar la cooperación española. Todo ello contradice los compromisos asumidos por el conjunto de fuerzas
políticas en el Pacto de Estado contra la Pobreza, que establece la reducción de la ayuda ligada o vinculada y la necesidad de asegurar que la ayuda reembolsable no supere el 5% del total de la AOD.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar la convocatoria plurianual 2012-2015 de subvenciones a ONGD para la realización de convenios de cooperación internacional y a reconocer la necesidad de disponer de un instrumento
que mejora el alcance y el impacto de nuestras políticas en los países del sur a través de las ONGD, actores imprescindibles de una cooperación al desarrollo de calidad centrada en la reducción de la pobreza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un Plan de erradicación de los 'puntos
negros' y aumento de seguridad en la Red de Carreteras, para su debate en Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Partiendo del reconocimiento de avances en la lucha contra la siniestralidad en las carreteras durante los últimos años, en los que se ha logrado ir descendiendo progresivamente en las estadísticas desde 2003 hasta hoy, y sin entrar a
valorar datos, porque cualquier lectura de los mismos sigue evidenciando que se trata de una cuestión de extraordinaria importancia, en la que no cabe la autocomplacencia, resulta necesario abordar medidas que nos permitan afrontar con mayor éxito
el reto de mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras, convirtiéndose en una prioridad política.
En este contexto, se hace imprescindible completar el marco legislativo actual con la adopción de medidas complementarias para afrontar la siniestralidad en las carreteras con mayores garantías, de forma que situemos en la práctica la
seguridad vial como una auténtica prioridad política y social, que implique de manera transversal a todas las Administraciones Públicas.
No es suficiente con activar campañas temporales para periodos vacacionales en las que se pueda prever un mayor número de desplazamientos por carretera, sino que la solución pasa por la concienciación continua de los ciudadanos junto a
medidas concretas que intervengan en la totalidad de causas que motivan la siniestralidad en carretera.
Estas causas están más que detectadas en innumerables informes (excesos de velocidad, las distracciones, la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes y los denominados puntos negros de la red secundaria, que
registra los accidentes de mayor gravedad, con más siniestralidad y en mayor número).
El objeto de la presente proposición no de ley pretende fijar una actuación parcial y específica. Se trata, precisamente, de atajar una de las causas concretas de la siniestralidad: los puntos negros y las deficiencias en las
infraestructuras viarias como causa de accidentalidad. Junto a la regulación por Ley de los puntos negros, urge acometer un plan de choque de erradicación de puntos negros y mejora de la Red de Carreteras. Para ello, es necesario establecer
mecanismos de coordinación que permitan la actuación del Ministerio de Interior, Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular por ley la obligación de eliminar los tramos de concentración de accidentes o puntos negros (definición, información y localización de puntos negros). Es necesario establecer un marco legal que defina con claridad qué es un
punto negro en nuestra red de carreteras, y una vez ubicados todos los puntos negros, eliminarlos o temporalmente adecuarlos y señalizarlos a fin de reducir y controlar la siniestralidad en los mismos.
2. Elaborar y ejecutar en el plazo de 6 meses un Plan de choque de erradicación de los 'puntos negros' y aumento de seguridad en la Red de Carreteras en el que intervengan de forma coordinada el Ministerio de Interior, de Fomento, las
Comunidades Autónomas y los municipios a través de la FEMP.
Dicho Plan tendrá entre otros objetivos:
1. Eliminar o adecuar los tramos de concentración de accidentes (definición, información y localización de puntos negros). Realizar un nuevo mapa actualizado de los mismos, para su eliminación o temporalmente su correcta adecuación y
señalización a fin de reducir y controlar la siniestralidad en los mismos.
2. Aumentar la seguridad en la Red de Carreteras. Inversión en vías públicas, destinadas a solventar los problemas que puedan ser causa directa o indirecta de siniestros de tráfico (iluminación, drenaje del pavimento, zonas de
descanso...).
3. Instalar elementos de contención que atenúen los efectos de las salidas de vía.
4. Suprimir elementos de riesgo para conductores incorporando el uso de protecciones blandas (eliminación de guardarraíles).
5. Incrementar la seguridad de los colectivos más vulnerables (como ciclistas, peatones, ciclomotores).
6. Mejorar la conservación y limpieza de márgenes.
7. Mejorar la colocación, contenido y visibilidad de las señales (menos señales, más visibles igual a menos confusión).
8. Racionalizar la colocación de señales. Utilizar menos y más visibles. Su elevado número, su deterioro y su colocación inducen a confusión.
9. Iluminar y adoptar los mecanismos de balizamiento adecuados en aquellos tramos de carretera donde se produzcan habitualmente una reducción de visibilidad por climatología adversa, niebla, lluvia, nevadas, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Fomento
181/000260
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación al corredor ferroviario mediterráneo a su paso por Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/000261
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
Tras los anuncios y desmentidos del Gobierno, ¿qué va a hacer Fomento en relación al anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000259
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué medidas de carácter legislativo piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección medioambiental en las exploraciones de gas no convencional ya concedidas o que se concedan en un futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000262
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
Dado que el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia sobre los recursos presentados por la asociación por la defensa de la ría de Pontevedra y el Ayuntamiento, ¿va el Ministerio de Medio Ambiente a definir por fin con claridad y rotundidad
su postura respecto a la necesidad de trasladar la factoría de ENCE de la ría de Pontevedra antes del fin de la concesión en 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.