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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 75, de 16/04/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de abril de 2012
Núm. 75
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Interior
161/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre seguridad privada ... (Página3)
Comisión de Defensa
161/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el campo de tiro de Pájara (Fuerteventura) ... (Página3)
161/000529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional en relación con el
control parlamentario de las misiones en el exterior y en concreto de la misión Atalanta ... (Página4)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al problema socio-económico de los marineros gallegos y españoles que trabajaron en buques noruegos antes de 1994 ... (Página5)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la consideración de la fibromialgia como enfermedad incapacitante ... (Página5)
161/000527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para la realización de un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2012-2015 ... (Página6)
161/000530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para impulsar el desarrollo de la 'Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020' ... (Página7)
Comisión de Igualdad
161/000528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres ... (Página8)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000222 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre si contempla el Gobierno un PER extraordinario para paliar los efectos de la sequía en el campo andaluz ... (Página9)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/000526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto-ley 8/2007, por el Real Decreto-ley
2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes
ministeriales y resoluciones.
El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a
las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada.
La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la
eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos;
dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública.
Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad.
Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por
ley tiene encomendados la seguridad privada.
Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000525
A la Mesa de la Comisión de Defensa
Doña Ana Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto,
de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Defensa, la siguiente Proposición no de Ley el campo de tiro de Pájara (Fuerteventura).
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 30 de marzo un Real Decreto por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional, el Campo Nacional de Maniobras de Pájara, en Fuerteventura.
El campo de maniobras de Pájara está situado al oeste de la isla de Fuerteventura, y tiene una superficie de 4.205 hectáreas. Ocupa el 10,50 % del suelo del municipio de Pájara y el 2,43 % del territorio insular. Y se localiza entre tres
espacios naturales protegidos que, a su vez, son Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): el Parque Rural de Betancuria, el Monumento Natural Montaña Cardón y el Parque Natural de Jandía.
Este Real Decreto tiene como finalidad preservar la instalación militar de cualquier actuación que pudiera afectarla y permitir las actuaciones de infraestructura relacionadas con las actividades de instrucción y adiestramiento que en el
mencionado campo deben desarrollarse.
Antes de que este espacio comenzase a utilizarse como campo de maniobras militares, en 1977, era una zona tradicional de pesca y ganadería de forma estacional. Las majadas, laderas, barrancos, acantilados, playas y jable del campo de tiro
atesoran un importante valor natural, según un estudio encargado por el Ministerio de Defensa a don Rubén Barone Tosco (naturalista), don Stephan Scholz (doctor en Botánica y director del Jardín Botánico de Fuerteventura) y don César Javier Palacios
Palomar (geógrafo y naturalista).
Entre los valores naturales, estos expertos destacan la vegetación costera integrada por plantas adaptadas al fuerte viento marino y a la elevada salinidad (tomillo marino, uva de mar, siempreviva zigzag y moqueguirre). De entre la
vegetación de las zonas arenosas, es especialmente sobresaliente la presencia del chaparro canario, un endemismo de Fuerteventura y Gran Canaria que tiene dentro de los límites del campo militar su mayor población conocida a nivel mundial.
En los barrancos crecen tarajales y los únicos balos de Fuerteventura. Entre los balos, llama la atención un ejemplar centenario, de unos 2,5 metros de altura y densamente ramificado, que cubre una superficie de más de 30 metros cuadrados.
Es sin duda uno de los más imponentes de Canarias.
En cuanto a la fauna, en el campo existen al menos 43 especies, de las cuales dos son reptiles, 34 aves y siete mamíferos. Esta cifra aumenta con la aparición de aves migratorias durante las épocas de paso e invernada.
Las administraciones públicas de Fuerteventura, especialmente el ayuntamiento de Pájara y el Cabildo Insular, han solicitado en reiteradas ocasiones el cierre de dicho campo de tiro no sólo por sus valores naturales, sino también por su
oposición a la realización de maniobras militares en la isla y su cercanía a las zonas turísticas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. La derogación del Real Decreto del Ministerio de Defensa por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional, el Campo Nacional de Maniobras de Pájara, en Fuerteventura.
2. El cierre definitivo del mencionado campo de maniobras militares, atendiendo las demandas realizadas por el Cabildo Insular de Fuerteventura, el ayuntamiento de Pájara y otras administraciones y colectivos de Fuerteventura y Canarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno al cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en relación con el control parlamentario de las misiones en el exterior y en concreto de la misión Atalanta, para su debate en
la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El 9 de enero de 2009 el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo por el que se solicitaba la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de un contingente español en la 'Operación Atalanta' de la Unión Europea, con la
misión de luchar contra la piratería en las aguas frente a Somalia.
El Acuerdo contemplaba la participación española en dicha misión mediante una fragata, un buque de aprovisionamiento logístico, un avión de patrulla marítima y un máximo de 395 efectivos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 21 de enero de 2009, acordó conceder la autorización parlamentaria solicitada por el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
El Acuerdo de Consejo de Ministros que obtuvo la autorización parlamentaria remite a la Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre de 2008, relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la
disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia, que en su artículo 1, apartado 2, delimita los términos de la operación, sin incluir acciones en tierra.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acaba de aprobar una ampliación de la misión a operaciones selectivas en tierra para destruir instrumentos materiales que utilizan los piratas para sus secuestros y ataques a las
embarcaciones que transitan por la zona. Entendemos que tales operaciones en tierra no se autorizaron expresamente por el Congreso de los Diputados. Por ello, esta ampliación de las acciones militares hace necesaria la autorización de la Cámara
según una interpretación razonable del artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, así como que se dé información a la misma sobre las materias más relevantes de dicha ampliación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recabar la autorización prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en relación con la ampliación de la misión Atalanta acordada por el
Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-Diego López Garrido, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y el Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al problema socio-económico de marineros gallegos y españoles que trabajaron en buques noruegos antes de 1994, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los marineros españoles, especialmente gallegos, que estuvieron embarcados en buques noruegos en fechas anteriores a 1994, se encuentran en una situación de total desprotección y olvido respecto a sus derechos socio-laborales. Situación que
les ha llevado a organizarse en una asociación a la que han denominado LONG HOPE, y que cuenta con 500 socios gallegos puesto que la mayoría de los trabajadores del mar enrolados en buques de Noruega eran de Galicia.
Denuncian que tanto el Gobierno español como el noruego los han abandonado. Para Noruega no eran residentes en su país, a pesar de que estaban contratados por empresas navieras con domicilio en Noruega, tributaron en el país nórdico y
fueron contratados a través de agregadurías laborales de sus consulados en el Estado español. Pero considera Noruega que por el hecho de haber trabajado en centros que estaban en el mar y no en tierra les convierte en 'no residentes' por no habitar
en territorio nacional de Noruega.
En lo que respecta al Estado español, se les niega el reconocimiento de los años trabajados porque el Estado noruego no certifica dichos años a pesar de que existen contratos de trabajo formales, nóminas, libretas de embarques y
desembarques, que dan testimonio de las situaciones laborales de los marineros.
La situación por la que atraviesan es grave ya que se ven privados de cualquier tipo de prestación de jubilación, viudedad, orfandad u otras que se deriven de los años cotizados.
El parlamento gallego aprobó una proposición no de ley por unanimidad para que se aborde desde la Administración central y desde el ámbito europeo este problema con la mayor agilidad posible.
Proposición no de Ley
'- Realizar las gestiones pertinentes ante la Unión Europea para que el Gobierno de Noruega reconozca los años trabajados por marineros gallegos y españoles en barcos noruegos con anterioridad a 1994, reconociendo así las prestaciones
sociales a las que tienen derecho.
- Dirigirse al Gobierno noruego para que resuelva esta situación puesto que se trata de marineros que desarrollaron su actividad en empresas de dicho país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila y Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la consideración de la fibromialgia como enfermedad incapacitante, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La fibromialgia es una dolencia que afecta a muchas personas y no está debidamente reconocida a pesar de que se trata de una enfermedad incapacitante. Una enfermedad que padecen sobre todo mujeres.
Hay que resaltar que la fibromialgia afecta a la capacidad funcional de manera moderada en casi la mitad de los casos, y de forma severa en un 10 % de los casos.
La OMS reconoció en 1992 la fibromialgia como enfermedad, y está tipificada en el manual de Clasificación Internacional de Enfermedades. Otras organizaciones médicas de carácter internacional se han pronunciado en el mismo sentido,
considerándola una enfermedad crónica.
Sin embargo, en el Estado español todavía no se la reconoce como una dolencia incapacitante, lo que genera complicaciones y problemas a los/as afectados/as. Una situación que obliga a quien padece esta enfermedad a tener que recurrir a la
justicia en muchos casos. En diversas sentencias está reconocida por la Justicia como enfermedad incapacitante, lo que evidencia la necesidad de que se proceda a su reconocimiento como tal.
Sería deseable que el Gobierno español procediese al reconocimiento de esta enfermedad sin que los/as afectados/as tuviesen que pasar por los tribunales, que en muchos casos les dan la razón.
Además, las asociaciones de fibromialgia demandan una atención sanitaria más adecuada, sobre todo en la fase de diagnóstico, y también la cobertura social derivada del reconocimiento de dicha dolencia como una enfermedad crónica que puede
llegar a convertirse en invalidante.
Según los datos de un grupo de trabajo sobre fibromialgia de la Subcomisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habla de una prevalencia de esta dolencia en los países desarrollados de entre un 1 y un
4 %. En cuanto al Estado español, se señala una prevalencia de un 2,7 % de la población total, siendo de un 4,2 % entre las mujeres y de un 0,2 % en hombres.
Como bien sabe el Gobierno, se trata de un tema abordado en el ámbito del Parlamento español y también en parlamentos autonómicos como el gallego, contando con la aprobación de proposiciones no de ley o mociones que sería deseable que se
hubiesen cumplido. Debido a que el problema persiste sin que las Administraciones implicadas den una respuesta adecuada al mismo, es por lo que presentamos la siguiente proposición no de Ley.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reconocer la fibromialgia como una enfermedad incapacitante, y definir los mecanismos de valoración pertinentes para que puedan ser aplicados en las valoraciones por minusvalías.
- Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las medidas sanitarias necesarias para otorgar una atención sanitaria más adecuada a los/as afectados/as de fibromialgia.
- En ese sentido, promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las líneas de atención, asesoramiento y apoyo precisas a los trabajadores con fibromialgia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la realización de un plan estratégico nacional de
infancia y adolescencia 2012-2015, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En un nuevo contexto europeo, la Estrategia Europea 2020 incluye entre uno de sus cinco objetivos principales para la próxima década la reducción de 20 millones de personas en la Unión Europea que se encuentran en el umbral de la pobreza.
De esta forma, todos los Estados miembros de la Unión Europea han establecido en sus programas nacionales de reforma presentados en abril de 2011 los objetivos de reducción de la pobreza y la exclusión social, poniendo en ellos una atención especial
a la pobreza infantil, como ya se ha venido reflejando durante los últimos años en las agendas políticas.
Sin embargo, las tasas de pobreza infantil permanecen altas, especialmente en los últimos años de crisis
económica. La crisis no impacta uniformemente sobre la población, por lo que las familias con hijos a su cargo en riesgo de pobreza están seriamente afectadas. La situación de los padres en el mercado laboral es un factor clave para el
desarrollo de sus hijos, pero no es el único para prevenirles de la pobreza y la exclusión social.
Según el último dato provisional de la Encuesta de Condiciones de Vida 2011, del INE, la tasa de pobreza de menores de 16 años se sitúa en el 26,5 %, habiendo aumentado casi 3 puntos porcentuales más respecto a 2009.
Por tanto, es necesario y coherente abordar una mejora en la efectividad y eficacia de las políticas públicas en esta materia que se han venido aplicando en los últimos años con objeto de mejorar los datos actuales y contribuir a la ruptura
del círculo intergeneracional de la pobreza. Pero no hay que olvidar que la exclusión social y el bienestar de la infancia no es una cuestión meramente económica sino que son muchos los factores que intervienen y por tanto, dada la naturaleza
multidimensional del problema, éste ha de abordarse desde una forma integrada, respetando los diferentes instrumentos internacionales y el Derecho de la Unión que promueven el bienestar de la infancia como estrategia integral, tales como la
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión Europea.
Será necesario también mantener un equilibrio apropiado entre políticas generales dirigidas a promover el bienestar de la infancia con el diseño de políticas específicas para erradicar la pobreza infantil y la exclusión social de los más
vulnerables que sufren múltiples desventajas.
Consideramos que todos los poderes públicos -Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno- tienen la obligación de trabajar a favor de los niños y los más jóvenes, ofreciéndoles una educación de calidad, una formación pensada para
facilitar su inserción laboral y alternativas de ocio responsable que les permitan disfrutar de la infancia.
La puesta en marcha de iniciativas políticas que supongan una visión general para luchar contra el fenómeno de la pobreza y la exclusión social de la infancia, como son, el acceso al mercado laboral de los padres y medidas de conciliación,
el respaldo a los hogares con ingresos adecuados, tanto dentro como fuera del trabajo, y el acceso a servicios de calidad (sanitarios, educativos, vivienda y entorno favorable), ayudará a prevenir este fenómeno y, consiguientemente, se promoverá el
bienestar infantil.
La aprobación del 'Primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009), prorrogado a 2010', que surge como respuesta a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de 2002 en la que se subrayaba la 'necesidad de
formular una estrategia global para la infancia sobre la base de los principios y disposiciones de la Convención', ha constituido el marco de cooperación necesaria de todas las Administraciones Públicas, además de otros agentes sociales implicados
en los derechos de la infancia, ONGs y expertos universitarios.
Transcurridos tres años desde la finalización del Plan Nacional Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009) y teniendo en cuenta que aún quedan numerosos retos por alcanzar, se hace necesario abordar la presentación de un
nuevo plan que se adecue a la realidad actual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la presentación de un 'Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2012-2015' en colaboración con las Comunidades Autonómicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para impulsar el desarrollo la 'Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020', para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La población gitana ha padecido históricamente situaciones de desigualdad y discriminación, y aún hoy sigue siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por la exclusión social.
En los últimos años se han producido importantes avances que han contribuido a una mejora de la situación social de los gitanos y gitanas y de sus condiciones de vida.
En el ámbito de la participación destaca la creación en el año 2005 del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Real Decreto 891/2005).
Respecto del reconocimiento de su cultura y la puesta en valor de su contribución a la cultura española, cabe citar la puesta en marcha de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en el año 2007.
Posteriormente, se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico, regulado por Real Decreto 1262/2007, en cuyo seno se encuentran representadas dos asociaciones de defensa de los intereses de la comunidad gitana.
En 2010, el Gobierno de España aprobó el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012, para cuya elaboración se tuvieron en cuenta las iniciativas propuestas por los grupos de trabajo del Consejo Estatal -educación,
empleo y actividad económica, acción social, salud, cultura y vivienda-, en las que están representados los distintos Ministerios y las organizaciones del movimiento asociativo de la población gitana, así como los resultados y conclusiones de
diferentes investigaciones y estudios promovidos desde la Administración.
El objetivo fundamental del plan es impulsar nuevas acciones que corrijan los desequilibrios existentes entre la población gitana y el conjunto de la población residente en España y promover diversas formas de participación y desarrollo
social para favorecer el pleno ejercicio de derechos y el acceso a los bienes y servicios de la población gitana.
El 5 de abril de 2011, la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre el Marco de la Unión Europea (UE) para las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana hasta 2020, en el que establece por primera vez un marco común
para el desarrollo de medidas y políticas en el ámbito nacional a partir de enfoques, objetivos y ámbitos de trabajo compartidos por todos los Estados miembros de la UE. Este nuevo marco europeo obliga a todos los Estados miembros, en proporción a
su número de población gitana, a presentar sus propias estrategias nacionales antes de finales de año, que deben cumplir con objetivos comunes en los cuatro ámbitos prioritarios establecidos: la educación, el empleo, la salud y la vivienda.
Teniendo como antecedente el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012, el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 aprobó la 'Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 20122020'. La Estrategia
define en cada una de las cuatro áreas clave para la inclusión social (educación, empleo, vivienda y salud) unos objetivos cuantitativos a alcanzar en el año 2020, así como unas metas intermedias en el año 2015.
La Fundación Secretariado Gitano ha aplaudido la 'Estrategia y ha apuntado que el texto incorpora 'aspectos esenciales' para la inclusión de la población gitana como el enfoque transversal de género, la lucha contra la discriminación, la
promoción de la participación, el fomento de la cultura o la atención a la población gitana procedente de otros países. Señala también que con la Estrategia se consolida lo que se ha venido en llamar el 'modelo español de inclusión de la población
gitana', centrado en los ámbitos de trabajo que tienen mayor impacto sobre la inclusión social de la población gitana: el empleo, la educación, la salud y la vivienda, con políticas generales inclusivas combinadas con medidas específicas'.
Esta Estrategia debe suponer la hoja de ruta definitiva para avanzar en la inclusión social de la población gitana y reducir las diferencias y desigualdades que todavía hoy se mantienen con el resto de la ciudadanía española y europea. Sin
embargo, su eficacia se encuentra comprometida debido a la escasa dotación económica con la que cuenta. Para conseguir los objetivos que plantea la Estrategia es necesaria una mayor dotación en el presupuesto para la financiación de este proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez aprobada la 'Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020', se doten los créditos presupuestarios suficientes para que pueda alcanzar sus objetivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2012.-Rosa Aguilar Rivero y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la igualdad salarial entre
hombres y mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En septiembre del año 2010 la Comisión Europeo publicó una Comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en la cual se daba a conocer la 'Estrategia para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015'. Según recoge este texto, 'a pesar de que el principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres por un trabajo igual está consagrado en los Tratados de la UE, la disparidad salarial (promedio de
la diferencia entre los ingresos brutos por hora de hombres y mujeres en todos los sectores de la economía) sigue siendo, en toda la UE, del 17,8 %'. Si
se atiende al espíritu de los Tratados de la UE, esta es una situación que tiene que cambiar.
Las causas profundas de la diferencia de retribución entre mujeres y hombres van mucho más allá de la cuestión de la igualdad salarial por un trabajo igual. Hay una clara disparidad entre el nivel de estudios que alcanzan las mujeres y sus
perspectivas profesionales, por lo que debe prestarse especial atención a la transición entre la educación y el mercado laboral.
Además, la Comunicación emitida por la Comisión Europea asegura que existe una evidente segregación en el mercado laboral, ya que las mujeres y los hombres aún tienden a trabajar en sectores y tareas diferentes, manteniendo, unos y otros,
una presencia predominante en determinados sectores. Añade el texto, que los empleos denominados 'femeninos', principalmente la atención sanitaria, la educación y la administración pública, suelen ser, en general, menos valorados que las
profesiones típicamente masculinas. Por otra parte, dentro de un mismo sector o empresa, las tareas desempeñadas por las mujeres suelen estar peor pagadas y menos valoradas. Asimismo, la presencia de las mujeres sigue siendo mayoritaria en
sectores laborales peor retribuidos y su representación es ínfima en los puestos de responsabilidad.
Otros factores como la maternidad o el cuidado de familiares dependientes, limita las tasas de empleo femenino, a lo que cabe añadir que en el hogar las mujeres siguen trabajando más horas que los hombres, un trabajo por el que no perciben
ningún tipo de retribución económica.
Las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales, imponen una pesada carga a la economía y suponen un despilfarro de talentos.
Promover una mayor igualdad entre los sexos puede aportar ventajas económicas y empresariales garantizando un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular considera necesario impulsar medidas destinadas a promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la igualdad salarial avanzando en el desarrollo de las acciones clave de la 'Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015' de la Comisión Europea:
- Estudiar las posibles maneras de mejorar la transparencia de las retribuciones y el impacto para la igualdad salarial de modalidades como el trabajo a tiempo parcial o los contratos de duración determinada.
- Apoyar las iniciativas en pro de la igualdad salarial en el trabajo, como etiquetas, cartas y premios de igualdad, así como el desarrollo de herramientas para que los empleadores corrijan las diferencias injustificadas de retribución entre
hombres y mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000222
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Contempla el Gobierno un PER extraordinario para paliar los efectos de la sequía en el campo andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.