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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 68, de 03/04/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
3 de abril de 2012
Núm. 68
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000007 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para
garantizar su sostenibilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ... (Página5)
158/000008 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, para el análisis de la normativa sobre transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y
gestión de participaciones preferentes, así como de otros productos financieros y de contratos hipotecarios, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ... (Página6)
158/000009 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV) y de Unión Progreso y Democracia ... (Página8)
Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley
Decretos Legislativos
132/000001 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Corrección de errores ... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000482 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) y don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx), para impulsar desde Europa la reconciliación
del pueblo de Cuba.... (Página11)
161/000488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de las negociaciones del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas ... (Página11)
Comisión de Justicia
161/000483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la reforma de la legislación vigente sobre la institución del indulto ... (Página12)
Comisión de Interior
161/000477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la violencia de género ...
Comisión de Defensa
161/000473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la cesión de uso de terrenos del Ministerio de Defensa en la ciudad de Barcelona ... (Página15)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales con el fin de facilitar la colaboración público-privada en la
financiación de la gestión y promoción de los centros comerciales urbanos ... (Página16)
161/000484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica ... (Página17)
Comisión de Fomento
161/000468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la no aplicación del tacógrafo en Canarias y Baleares ... (Página18)
161/000472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al mantenimiento de la bonificación de las tasas aeroportuarias ... (Página18)
161/000481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el transporte aéreo de Menorca ... (Página19)
161/000489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la regeneración de la bahía de Pasaia y la construcción del nuevo puerto ... (Página20)
Comisión de Educación y Deporte
161/000475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al programa Campus de Excelencia Internacional ... (Página21)
161/000476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre implantación de un modelo de educación secundaria más flexible, que permita mejorar la lucha contra el fracaso escolar y perfeccionar
las vías formativas hacia el Bachillerato o la Formación Profesional de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos ... (Página21)
161/000490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la internacionalización y modernización de las universidades españolas ... (Página23)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desarrollo de un programa de empleo/formación para desempleados ... (Página23)
161/000491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre constitución de un grupo de trabajo con las asociaciones de autónomos con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora en
materia de prevención de riesgos laborales ... (Página24)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada ... (Página25)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el derecho a una alimentación saludable ... (Página26)
161/000479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar una solución definitiva para resolver el problema de la navegabilidad del servicio de ferry entre A Guarda y Caminha (Portugal)
... (Página27)
161/000480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos ...
161/000492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a regenerar las playas de Málaga con arenas submarinas, así como a continuar con los estudios para detectar nuevos yacimientos
y bolsas de arena en las aguas de su litoral ... (Página29)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el respeto a la vida, la integridad física y los derechos de los habitantes de 'El Regadío', en Guatemala, y del
cooperante catalán Ricard Busquets ... (Página30)
161/000493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria ... (Página31)
Comisión de Igualdad
161/000469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre realización y presentación a las Cortes Generales del Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad 2008/2011 y
aprobación por el Consejo de Ministros del Plan Estratégico de Igualdad para 2012/2015 ... (Página33)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las personas con síndrome de Down ... (Página34)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000197 Pregunta formulada por la Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez (GS), sobre motivo del abandono por el Gobierno de la sociedad 'Avilés Isla de Innovación, S.A.' ... (Página35)
Comisión de Educación y Deporte
181/000195 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre compromiso para la financiación del programa del Campus de Excelencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La
Laguna ... (Página35)
181/000198 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para luchar contra las altas tasas de fracaso escolar ... (Página35)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000199 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para hacer compatible la supresión de los incentivos económicos para las energías renovables aprobadas mediante Real Decreto-ley 1/2012 con
cumplir los objetivos de eficiencia energética que persigue la Directiva 2010/31 de la Unión Europea ... (Página36)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000196 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre posición del Gobierno acerca de reformar la cobertura de los seguros agrarios con el objetivo de que puedan cubrir las pérdidas ocasionadas por la
sequía ... (Página36)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
230/000001 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia número 1081/2000 planteado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación contra la Resolución de 13 de octubre de 1999 del
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por la que, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados
de Cuentas de Cataluña ... (Página36)
232/000025 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4364/2001, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo único, cardinales 1 y 2, de la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental ... (Página37)
232/000026 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1847/2002, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el artículo 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página38)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar
su sostenibilidad.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que conforme a lo dispuesto en el punto tercero de la citada
Resolución la Comisión ha de concretar, en su caso, en su propuesta de creación la composición de la Subcomisión. En el supuesto de que dicho extremo no quede resuelto expresamente, la composición de la Subcomisión se ajustaría a lo dispuesto en la
Cámara para las Ponencias. De otra parte comunicar a la citada Comisión que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo
comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para el análisis de
los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Exposición de motivos
Desde hace años el presupuesto de la sanidad evoluciona de manera crecientemente deficitaria, en la actualidad el déficit sanitario se sitúa en torno a los 15.000 millones de euros, a pesar de los recursos extras que se han ido inyectando a
las cuentas sanitarias en los tiempos de bonanza económica.
La recesión económica ha agravado esta situación al generar una caída de la actividad económica y en consecuencia el descenso de la recaudación de impuestos y de los recursos presupuestarios. Pese a ello, es una opinión generalizada que
debe preservarse la calidad de nuestro sistema sanitario.
El problema del creciente déficit de la sanidad no es coyuntural. Las causas que lo generan no son nuevas, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, el mayor coste de los nuevos tratamientos y tecnologías, todas ellas
apuntan a una constante presión al alza del gasto sanitario.
Por tanto, si las causas del déficit son estructurales, las decisiones que deberán adoptarse para garantizar un equilibrio constante del presupuesto de la sanidad no pueden ser coyunturales, sino estructurales, deben perseguir la
sostenibilidad del sistema público de la sanidad tanto para el año que viene, como para dentro de 10 años. Es en este contexto que debería abordarse una reflexión profunda en el seno del Congreso de los Diputados.
La dificultad que amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario es la misma que incide sobre los sistemas sanitarios del resto de países de nuestro entorno. En algunos de estos países ya se han adoptado medidas a medio y largo plazo para
paliar esta situación, revisando en profundidad sus respectivos sistemas.
Por otra parte, no podemos obviar que en el Estado español la distribución competencial atribuye al Estado competencias muy relevantes en lo relativo a la generación de gasto (cartera de prestaciones, autorización de fármacos financiados por
el sistema público, ...), mientras que la prestación sanitaria corresponde a las Comunidades Autónomas, las cuales tienen competencias exclusivas en sanidad. Es la administración autonómica la que gestiona el sistema y quien debe hacer frente al
gasto sanitario, que en determinadas autonomías, representa el 50 por 100 del total de su presupuesto.
En algunas Comunidades Autónomas, como Catalunya, ya se han adoptado importantes medidas de control y racionalización del gasto sanitario para corregir su evolución, mediante una organización más racional y eficiente de los servicios
sanitarios y con el objetivo de mantener la calidad del servicio a un menor coste, siempre de acuerdo con el criterio clínico y garantizando la salud de los ciudadanos. El esfuerzo está dando sus resultados, pero para que el sistema sea sostenible
es preciso que también el Estado participe, en la medida de sus competencias, en la tarea de garantizar su sostenibilidad, ya que hasta el momento no lo ha hecho.
Esta dualidad de responsabilidades entre las administraciones autonómica y central exige que las medidas y compromisos destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario en el futuro deban ser adoptadas conjuntamente por ambas
administraciones.
En síntesis, nuestro sistema sanitario goza de gran prestigio y reconocimiento internacional por su calidad, ahora bien, si queremos continuar en los primeros puestos de los rankings de excelencia sanitaria debemos hacer un esfuerzo entre
todos para garantizar su pervivencia.
Por estas razones, tal como se planteó con éxito en los años noventa para el sistema de pensiones, con los Pactos de Toledo, es preciso reflexionar y abrir un debate en profundidad sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, preservando
siempre la calidad de la atención sanitaria.
Por todo ello y también en virtud de la Moción consecuencia de interpelación con número de expediente 173/000005, aprobada el pasado 21 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) propone la creación en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar sus
sostenibilidad.
Reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios en la Subcomisión.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá analizar los principales problemas estructurales del sistema sanitario público y elaborar un conjunto de recomendaciones destinadas a garantizar la sostenibilidad presente y futura de un modelo sanitario público de
calidad.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
158/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, para el análisis de la normativa sobre transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de
participaciones preferentes, así como de otros productos financieros y de contratos hipotecarios.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Economía y Competitividad, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, comunicando a la citada Comisión que no cabe predeterminar en este momento el
conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, para el análisis de la
normativa sobre transparencia informativa y supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de participaciones preferentes, así como de otros productos financieros y de contratos hipotecarios.
Exposición de motivos
La asimetría informativa existente entre consumidores y entidades de crédito en relación a productos financieros complejos como swaps o participaciones preferentes, pero también en relación a contratos más comunes como los créditos
hipotecarios ha derivado en repetidas ocasiones en ineficiencias e irregularidades en la comercialización de los mismos, identificándose abusos y malas praxis que han afectado a múltiples ahorradores.
Estas situaciones acarrean negativas consecuencias sociales, pues pueden llevar a los consumidores a una situación de vulnerabilidad, a la vez que incrementan su desconfianza sobre las entidades de crédito y ponen en entredicho la
credibilidad y eficiencia del sistema legal, incidiendo especialmente en una insuficiente tutela de los organismos supervisores en la materia, en protección del consumidor.
Hasta la fecha la adopción de las medidas propuestas por Europa en la legislación española para lidiar con esta disyuntiva de falta de transparencia informativa entre las partes, recurriendo a una normativa más estricta y con mayor
supervisión para las entidades financieras, no ha dado los frutos esperados tal y como lo prueban los últimos acontecimientos acaecidos con las participaciones preferentes, así como respecto situaciones abusivas en relación a cláusulas hipotecarias.
De lo que se acaba de exponer se desprende que es necesario avanzar en el estudio del problema, tomando como referencia el caso reciente de las participaciones preferentes y los contratos hipotecarios para dar una respuesta resolutoria que
garantice que estas ineficiencias no puedan repetirse en el futuro con cualquier tipo de producto.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone la creación, en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, de una Subcomisión para el análisis de la normativa sobre transparencia informativa y
supervisión de las entidades de crédito en la comercialización y gestión de productos financieros así como en la realización de contratos hipotecarios.
Reglas de organización y funcionamiento:
A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 diputados en la Cámara y un representante de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá analizar la legislación y la práctica relativa a la transparencia informativa en relación a la comercialización de productos financieros complejos, considerando el caso concreto de las participaciones preferentes y de
los contratos hipotecarios, así como analizar la forma de mejorar la capacidad de tutela de los órganos supervisores competentes en la materia.
Las conclusiones de la Subcomisión plantearan un conjunto de propuestas y reformas normativas destinadas a mejorar la transparencia informativa de los productos financieros complejos, así como a dar respuesta a aquellos pequeños ahorradores
afectados por la desinformación en la contratación de dichos productos.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones. El mencionado estudio una vez aprobado por la Comisión de Economía y Competitividad ajunto con las conclusiones finales
de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
158/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV) y de Unión Progreso y Democracia.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que
se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa a fin de proponer, de acuerdo con las previsiones de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara presentar la siguiente propuesta relativa a la creación, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, de una Subcomisión para elaborar un informe
sobre el cumplimiento de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
Exposición de motivos
Los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades locales y
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en relación con las Entidades locales, tienen como objetivo último la cancelación de las deudas de los proveedores con las Entidades locales. Se
pretende para ello, la creación de un mecanismo que suministre liquidez a las empresas proveedoras y apoye financieramente a las Entidades locales.
Con este fin, el Real Decreto-ley 4/2012 obliga a las Entidades locales a suministrar información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la remisión de certificaciones de todas sus deudas exigibles, vencidas y
líquidas. El plazo para ello terminó el 15 de marzo.
Asimismo el Real Decreto-ley obliga a las Entidades locales que quisieran acogerse al mecanismo de financiación a aprobar un plan de ajuste, plan que debe aprobarse por el Pleno de la Corporación antes del 31 de marzo y que debe ser valorado
positivamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para considerar autorizada la operación de endeudamiento.
Los planes de ajuste deben garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera de las Entidades Locales, extendiendo su eficacia durante el periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento, y pueden incluso conllevar
modificaciones en la organización local, así como una diferente estructuración de los servicios públicos locales.
Como fácilmente se deduce de la creación del 'mecanismo' financiero que comprende además la creación por el Real Decreto-ley 7/2012 de un Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas asume importantes facultades -fundamentalmente la valoración de los planes de ajuste- en relación con las Entidades locales.
Es por ello que sería conveniente dotar de la mayor transparencia a todos los procedimientos que contemplan ambos Reales Decretos-leyes. Por lo que, es de suma importancia garantizar la objetividad en la valoración de los planes de ajuste y
la priorización de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en los pagos. Y, entre otras medidas para la consecución de dicha finalidad, la creación de una Subcomisión parlamentaria que realice un seguimiento de las actuaciones de la
Administración General del Estado en sus relaciones con las Entidades Locales, sería un instrumento fundamental para que un mecanismo tan complejo como el aprobado sea comprendido por la ciudadanía, que sin duda se verá afectada por las múltiples
decisiones que en este ámbito se han de adoptar, especialmente por los planes de ajuste previstos.
Por todo ello, y de acuerdo con lo que establece la norma segunda, 2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en
el seno de las Comisiones de la Cámara, se propone la creación de una Subcomisión, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, con las siguientes características:
Objeto.
Realizar el seguimiento y elaborar un informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los Reales Decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
Composición.
La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara y 1 representante de cada uno de los Grupos restantes.
Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
Plazo.
Por el objeto de la Subcomisión los trabajos de ésta se prolongarán mientras duren los procedimientos previstos en los Reales Decretos-leyes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
DECRETOS LEGISLATIVOS
132/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(132) Real Decreto Legislativo que aprueba texto refundido.
Autor: Gobierno.
Corrección de errores en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Acuerdo:
Incorporar al expediente de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-En la presente publicación las referencias al 'BOE' se han sustituido por las equivalencias del 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 649, de 2 de noviembre de 2011, para mayor comodidad.
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Advertidos errores en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' núm. 253, de 20 de octubre de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 57, columna izquierda, artículo 111, al final del apartado 4, donde dice: '... titular de la concesión, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para ello, que estarán restringidas al ámbito geográfico del dominio
público de la concesión', debe decir: '... titular de la concesión o autorización, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para ello, que estarán restringidas al ámbito geográfico del dominio público de la concesión o autorización'.
En la página 68, columna izquierda, primer párrafo, donde dice: '... que realicen en el puerto, con la salvedad...', debe decir: '... que realicen en el puerto, con un máximo de una vez cada siete días, con la salvedad...'.
En la página 69, columna derecha, al principio del artículo 135.1, donde dice: 'serán autorizados', debe decir: 'será autorizada'.
En la página 92, columna izquierda, al final del artículo 197.1.i), donde dice: '... y evitar los efectos que tiene para el desarrollo económico...', debe decir: '... y evitar los efectos que tienen para el desarrollo económico...'.
En la página 95, columna derecha, al final del artículo 208.e), donde dice: '... y evitar los efectos que tiene para el desarrollo económico...', debe decir: '... y evitar los efectos que tienen para el desarrollo económico...'.
En la página 96, columna izquierda, artículo 211.2, al final del primer párrafo, donde dice '..., salvo que tengan como destino u origen zonas de actividades logísticas, o de almacenaje, o plantas de construcción y reparación naval, situadas
en la zona de servicio del puerto', debe decir '... salvo que tengan como destino u origen usos complementarios o auxiliares correspondientes a zonas de actividades logísticas, o de almacenaje, o plantas de construcción y reparación naval, situadas
en la zona de servicio del puerto'.
En la página 98, columna izquierda, artículo 214.b), al final del segundo párrafo, donde dice: '... de evitar los efectos que tiene para el desarrollo económico...', debe decir: '... de evitar los efectos que tienen para el desarrollo
económico...'.
En la página 99, columna izquierda, al final del ar-tículo 216.c), donde dice: '... de evitar los efectos que tiene para el desarrollo económico...', debe decir: '... de evitar los efectos que tienen para el desarrollo económico...'.
En la página 99, columna derecha, artículo 218.2, líneas séptima y octava del segundo párrafo, donde dice: '... para buques pesqueros cuya última operación de descarga se haya efectuado en el puerto y estén en paro...', debe decir: '...
para buques pesqueros que estén en paro...'.
En la página 113, columna izquierda, artículo 261.2, última línea del segundo párrafo, donde dice: '... integrados en las mismas.', debe decir: '... integradas en las mismas.'.
En la página 149, Anexo 1, apartado 11, donde dice: 'Arrecife, Puerto Rosario, Las Palmas (que incluye el de Salinetas y el de Arinaga), Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los Cristianos, Guía de Isora, San Sebastián de
la Gomera, Santa Cruz de la Palma y la Estaca en Canarias.', debe decir: 'Arrecife, Puerto Rosario, La Hondura, Las Palmas (que incluye el de Salinetas y el de Arinaga), Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los Cristianos, San
Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma y la Estaca en Canarias.'.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000482
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar desde Europa la
reconciliación del pueblo de Cuba, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Durante los últimos años, esta Cámara se posicionó, a través de distintos debates, a favor de la libertad en Cuba y por el respeto a los Derechos Humanos, desarrollando así una amplia acción política.
Hoy se puede afirmar que el modelo político de Cuba no ha realizado los avances suficientes para ser aceptable por todos los demócratas.
En estas circunstancias parece oportuno apoyar todas las iniciativas que tengan como objetivo promover la Reconciliación del pueblo de Cuba en el marco de la transición hacia un sistema político democrático.
Por todo ello se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el seno de la Unión Europea, promueva las acciones que tengan como finalidad la Reconciliación del Pueblo Cubano, en el marco de una acción decidida a favor de la transición a la
democracia, sin exclusión de ninguna opción ideológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Josu
Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.
161/000488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
impulso de las negociaciones del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La comunidad internacional afronta un decisivo reto en relación a la aprobación del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (ATT en sus siglas en inglés). Una iniciativa que, desde octubre de 2009 y contando con el apoyo decisivo
de España y de la UE, se acordó negociar en el seno de las Naciones Unidas con el fin de poder contar con un instrumento que contenga normas comunes internacionalmente aplicables y que sea vinculante y eficaz para impedir que el comercio de todo
tipo de armas y equipamiento conexo socave la seguridad global, regional y humana. Es decir, impedir que el uso y comercio irresponsable e ilícito de armas contribuya a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, del derecho
internacional humanitario y que, en suma, quiebre la credibilidad y legitimidad de las normas del Estado de derecho en el mundo.
En estos días, la declaración parlamentaria mundial que ha sido distribuida en favor de la aprobación de este Tratado Internacional, subraya la importancia de apoyar este instrumento para impedir una de las peores formas de crimen organizado
que, al alimentar la violencia organizada en determinados contextos, es causa, entre otras situaciones, de formas brutales de violencia de género ejercida contra las mujeres, en muchas ocasiones consideradas como armas de guerra, o la terrible
realidad de los niños soldado, incidiendo también en la vulnerabilidad y dificultad de las estrategias de reducción de la pobreza en los llamados Estados frágiles o en situación de conflicto.
España ha sido un país que, pública y normativamente, se ha comprometido con la aplicación, objetivos y principios que inspiran dicho Tratado.
De hecho, ya desde la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, se recoge el deber de asegurar en España que las exportaciones sean coherentes y conformes con los
compromisos del Derecho Internacional, de manera que se garantice que las exportaciones de todo tipo de armas y material de defensa, 'no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma
significativa a la pobreza'. Así lo expresa directamente la Exposición de Motivos de la citada Ley que, en aquellos momentos, debía necesariamente remitirse a los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación
de armas, entre ellos el criterio segundo referido al respeto de los derechos humanos, así como los adoptados por la OSCE en el Documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre de 2000. En este mismo sentido, la citada Ley facilita
además los instrumentos para la adecuada coordinación con las instituciones europeas y foros
internacionales, con el fin de promover la armonización de los diversos sistemas legales y el intercambio de información, así como la cooperación internacional y la asistencia técnica a terceros países, posibilitando de este modo que su
desarrollo en el futuro pueda evolucionar de acuerdo con los compromisos internacionalmente asumidos.
Junto al compromiso del Gobierno, consistente en presentar al Parlamento una información completa y detallada sobre las exportaciones de estos productos y una comparecencia anual ante el Congreso de los Diputados, dos son los mandatos
finales que recogió esta Ley y que tienen especial relevancia en estos momentos. Por una parte, conseguir la prohibición de las bombas en racimo hoy ya plenamente vigente a través del Instrumento de Ratificación de la Convención sobre municiones de
racimo, hecho en Dublín el 30 de mayo de 2008 y publicado en el 'BOE' el 19 de mayo de 2010. El segundo mandato se contiene en la disposición final cuarta de la citada Ley 53/2007 que, por su interés, se transcribe en su literalidad: 'El Gobierno
mantendrá en su acción exterior, en el ámbito de Naciones Unidas así como en el seno de la Unión Europea, una posición activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas eficaz y jurídicamente vinculante, por el
que se establezcan normas mundiales para la transferencia de armas'.
Ante la próxima Conferencia de negociación que tendrá lugar desde los días 2 al 27 de julio de 2012 en la sede de las Naciones Unidas, conviene sumar el apoyo de esta Cámara a los importantes esfuerzos sociales y políticos que se están
movilizando para conseguir la aprobación del citado Tratado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando, en coherencia con el mandato normativo aprobado en las Cortes Generales a través de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso en España, una
posición activa a favor del texto consolidado sobre el Tratado Internacional de Comercio de Armas que ha sido preparado, para su debate en la próxima Conferencia negociadora de julio de 2012, que tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas.
2. Asegurar que su redacción definitivamente acordada, sirva como instrumento efectivo para garantizar internacionalmente el respeto de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, incluyendo el control de los
sistemas de concesión de licencias que abarquen a todo tipo de armas y equipamiento conexo, su prohibición ante supuestos de violación del derecho internacional, así como la máxima transparencia para asegurar, impedir su desvío a través del tráfico
ilícito.
3. Impulsar una posición común de la UE de cara a las próximas negociaciones sobre el texto del Tratado y ante la sede de las Naciones Unidas.
4. Informar a esta Cámara de los avances obtenidos y de las posiciones mantenidas por España y por la UE tras la citada Conferencia, en especial en relación a los contenidos del punto 2 de esta resolución.
5. Con motivo del próximo anteproyecto de Ley de Transparencia anunciado, incorporar mecanismos de acceso a la información correspondiente en materia de exportación de armas en España, en línea con el cumplimiento del sistema de información
y control parlamentario referido a los Informes semestrales que establece el artículo 16 de la ya citada Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso en España.
6. Promover la firma y ratificación del Tratado tan pronto como éste sea adoptado, incorporando a la legislación interna española las nuevas disposiciones que se deriven de la nueva legislación internacional, al objeto de asegurar su
adecuada aplicación y desarrollo en nuestro ordenamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la legislación vigente sobre la
institución del indulto, para su debate en la Comisión de Justicia.
El indulto es una institución jurídica extraordinaria. Pero en la medida en que el órgano que concede el indulto es el poder ejecutivo, puede afirmarse que también tiene un claro carácter político, siendo la política de indultos una
manifestación de la política criminal del gobierno. Ello, unido a la falta de transparencia del proceso y a la ausencia de una regulación pormenorizada de las circunstancias que motivan la concesión o denegación del indulto, suscita con frecuencia
interrogantes sobre las variables referidas al contexto político del indulto y, en particular, el ministro que lo concedió. La falta de motivación de los indultos concedidos y denegados y la imposibilidad de revisión en casación
de las decisiones adoptadas sobre el ejercicio del derecho de gracia, que confirma insistentemente el Tribunal Supremo, otorga a esta institución, en parte obsoleta, unos rasgos de tal excepcionalidad en el contexto del Estado de Derecho que
aconsejan su actualización y una atenta observación de su empleo en la práctica.
En España, el indulto se contempla en la Constitución como una prerrogativa del rey que se ha de ejercitar 'con arreglo a la ley' [art. 62, i)]. La ley que lo regula específicamente es la vieja aunque modificada -Ley 'provisional' de 18 de
junio de 1870, por la que se establecen normas para el ejercicio de la Gracia de Indulto-. También está contemplado en el Código Penal, donde figura entre las causas que extinguen la responsabilidad penal (art. 130.1.4.º) y como un remedio para
cuando 'de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las
circunstancias personales del reo'.
La vetusta Ley de 1870, aun remendada entre otras por la Ley 1/1988, de 14 de enero, adolece de una demasiado amplia indeterminación en sus disposiciones. A modo de ejemplo, baste señalar que nada se ordena sobre cómo habrá de procederse
con penados reincidentes (art. 2.3) y que tampoco se determina con seguridad que la eventual multa no será devuelta al indultado (art. 8).
Los indultos se conceden individualmente por medio de reales decretos que se publican en el 'BOE', con las firmas del Rey y el ministro de Justicia, con referencia al nombre del reo, el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia firme, el
título de la imputación, delito o falta cometido y la pena impuesta, y concluyen con el alcance del indulto y la condición temporal eventualmente impuesta. Pero no existen registros públicos que determinen el origen de la petición del indulto, ni
tampoco consta en los decretos, ni se publican datos estadísticos oficiales accesibles al público que, de una forma agregada, permitan conocer periódicamente el número y alcance de los concedidos y otras importantes circunstancias, como, por
ejemplo, la clase de delitos indultados, la extensión de las penas remitidas o las condiciones impuestas a los beneficiarios de la gracia, como la obligación de pagar la multa impuesta, dato que no figura siquiera en los reales decretos.
La falta de datos estadísticos de acceso público en España sobre los indultos dificulta gravemente el conocimiento de la práctica de su concesión, pues solamente puede reconstruirse a partir de la información que aportan los reales decretos
mediante los que son otorgados.
Un estudio publicado en el número 9 (2011) de la revista Española de Investigación Criminológica por los juristas Doval, Blanco, Fdz.-Pacheco, Viana & Sandoval, señala que entre los años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE
concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes. Por ejemplo, el primero de diciembre de 2000, el entonces ministro de Justicia don Ángel Acebes concedió 1.443 indultos en bloque en un solo día, justificándolos,
en particular, en que el Papa Juan Pablo II había pedido al Gobierno medidas de gracia con motivo del Año Jubilar, lo que retrotrajo el Estado a privilegios similares al que en el siglo XVIII otorgó Carlos III a la Cofradía Nuestro Padre Jesús el
Rico de Málaga.
Puede entenderse que el indulto, siendo la última esperanza del condenado, suavice o subsane penas desproporcionadas, aunque estén constitucionalmente prohibidas, o que sea concedido en determinadas circunstancias como las responsabilidades
familiares del reo, siendo las mujeres indultadas con mayor frecuencia que los hombres, la avanzada edad del penado, su menor peligrosidad o la existencia de enfermedades incurables.
Sin embargo, en no pocos casos, la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, a una institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica y dudas razonables sobre un
problema preocupante: saber si el tipo de delito y el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto. Si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal para el principio de legalidad de
los delitos y de las penas, y sería incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional, arbitrario y en gran parte, secreto.
Este podría ser el caso, por ejemplo, de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude, estafa, apropiaciones indebidas, delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, cohecho, falsedades o contra la
Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente en casos de corrupción urbanística, muy especialmente cuando han sido cometidos por cargos públicos, dirigentes políticos, banqueros o empresarios próximos al poder, transmitiéndose el mensaje de que la
corrupción puede quedar impune y que existen distintas varas de medir a la hora de sancionar las conductas delictivas.
La relación es abrumadora. Ciñéndose a algunos casos, baste recordar las polémicas creadas por indultos concedidos en la última década a un juez por archivar una querella por un delito fiscal de 500 millones de pesetas contra un ex director
de Casinos de Cataluña, a otro juez de la Audiencia Nacional expulsado de la judicatura por prevaricación y a un tercero, condenado en 2001 a dos años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada, a un ex contable del caso
Filesa, o, en 2008, a cuatro altos cargos de la Administración vasca condenados por el fraude masivo en las oposiciones de Osakidetza, o los recientes indultos concedidos por el Gobierno del PSOE a un conocido banquero condenado a una gravosa pena
de inhabilitación, pese al criterio en contra del Tribunal Supremo, y los concedidos por el Gobierno del PP a un alto cargo de la Generalitat de Catalunya y a un empresario condenado con él, a largas penas de prisión y de inhabilitación absoluta, y
todo ello a cambio
de un puñado de votos y pese a sendos informes del tribunal sentenciador y del fiscal del caso contrarios a la medida de gracia.
La actual opacidad del sistema podría ser atenuada si en la redacción de los correspondientes reales decretos de otorgamiento de los indultos se recogiera, además de los datos ya contenidos, referencias como el concreto delito cometido, el
grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la imputación (autor o cómplice), la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justificó.
Esta información resultaría de gran interés por obvias razones de transparencia democrática, además de por motivos técnicos, dada su utilidad para detectar problemas motivados en la práctica por las leyes penales. Efectivamente, el recurso
al indulto está siendo utilizado como instrumento de simulación, taponador de necesarias reformas del ordenamiento jurídico, como es el caso de las elevadas penas de los delitos contra la salud pública, habiendo representado estos casos una cuarta
parte de los reos indultados entre 2000 y 2008.
En definitiva, superada la dictadura franquista donde se llegó a indultar a ministros procesados y no condenados, y a la luz de la práctica observada en estos más de 33 años de democracia, se echa en falta un desarrollo constitucional y
moderno de la institución del indulto en un sentido o en otro: restrictivo o hasta derogatorio, o bien de modernización, pero, en todo caso, adaptado a nuestro actual Estado de Derecho, basado en la división de poderes. Por ello, hace falta una
profunda reforma, e incluso una nueva ley reguladora.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover una nueva ley reguladora de la institución del indulto o, en su caso, la reforma de la vigente Ley de 18 de junio de 1870, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero, sobre el ejercicio de la Gracia de Indulto para garantizar su
interpretación conforme a la Constitución y a la realidad de nuestro Estado de Derecho, basado en la división de poderes, y más concretamente, con la finalidad de:
1. Evitar la indeterminación de algunas de sus disposiciones, especialmente los artículos 7, 8 y 13 de la Ley de 1870.
2. Establecer la obligación de incluir en cada real decreto de otorgamiento de indulto, además de los datos ya contenidos en la actualidad, referencias al concreto delito cometido, al grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios,
consumación o tentativa), al título de la imputación (autor o cómplice), a la pena efectivamente indultada, al origen de la solicitud del indulto y al motivo que lo justificó.
3. Establecer la obligación de publicar anualmente todos los datos estadísticos sobre los indultos concedidos, y el libre acceso público a los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/000477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la violencia de género, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La violencia de género es una de las peores lacras de nuestra sociedad. A lo largo del 2011, perdieron la vida 61 mujeres a causa de este tipo de violencia.
En una sociedad desarrollada y avanzada como la nuestra, donde la igualdad entre mujeres y hombres es cada vez mayor, no tiene cabida este tipo de violencia que denigra a las mujeres y a la sociedad en su conjunto.
Las medidas para luchar contra la violencia de género no están siendo suficientemente eficaces. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a pesar de que fue aprobada por
unanimidad, no está dando los resultados esperados. Fallan los mecanismos de prevención, protección y asistencia a las víctimas. Las mujeres no se sienten suficientemente protegidas por los poderes públicos, por lo que muchas de ellas ni siquiera
se atreven a denunciar a su agresor.
Se hace necesario mejorar la protección de las mujeres y para ello es fundamental aumentar la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Gobierno debe firmar acuerdos de colaboración con todas las administraciones
autonómicas y locales con competencias en materia de seguridad ciudadana, para proteger de manera más eficaz a las víctimas de esta violencia. Este hecho permitiría ampliar los efectivos disponibles para preservar la seguridad de las mujeres, y
poder consultar en tiempo real la herramienta informática VIOGEN, donde se encuentran todos los datos relevantes para conocer la situación de seguridad de las mujeres que han denunciado malos tratos.
Por otro lado, hay que mejorar la eficacia de la valoración del nivel de peligrosidad de los casos de violencia de género denunciados, que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En función de esta valoración, que se realiza en el
momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen conocimiento de una denuncia, y a través de la información proporcionada generalmente por la propia víctima y el denunciado, las distintas administraciones públicas proporcionan determinados
servicios a esas víctimas, como la teleasistencia móvil, etc.
Para ello, es necesario reforzar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de que la valoración del grado de riesgo se haga en las mejores condiciones posibles. Del mismo modo, sería óptimo contar con la asistencia
de profesionales de la psicología en los interrogatorios, de los que se extrae la información necesaria para mejorar la seguridad de las mujeres.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, a través de las siguientes medidas:
- Firmar acuerdos con las administraciones responsables de policías autonómicas y locales para contar con la colaboración de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
- Reforzar y revisar periódicamente la formación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los instrumentos utilizados para la valoración de la peligrosidad, y de las medidas de protección a adoptar según el nivel de
riesgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la cesión de uso de terrenos del Ministerio de Defensa en la ciudad de Barcelona, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La ciudad de Barcelona ha mostrado en muchas ocasiones su carácter pacifista. En virtud de este carácter y de la necesidad de espacios en la ciudad ha reclamado históricamente la cesión de uso de terrenos propiedad del Ministerio de
Defensa.
En 1960 se cedió por ley el Castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona a cambio de que se ubicara un museo militar. La Orden ministerial de 27 de abril de 2007, del Ministerio de Economía y Hacienda, modificaba esta cesión, e instaba
a destinar el Castillo de Montjuïc a un centro por la Paz, con la participación del Ministerio de Defensa. Estamos pues delante de dos procesos de cesión condicionados.
Por otro lado, la ciudad de Barcelona no sufre ninguna amenaza interna o externa que aconseje mantener o aumentar el número de efectivos militares en ella. Sin embargo, sigue requiriendo espacios que puedan ser utilizados como vivienda o
para albergar servicios sociales. En este sentido, un espacio como el del cuartel del Bruc en el centro de la ciudad de Barcelona podría servir para estos fines que son más necesarios y prioritarios que los del mantenimiento de la actividad
militar. Es más, el gobierno español debería comprometerse, como hizo en la Operación Campamento en Madrid, en la promoción de usos sociales en dichos terrenos e infraestructuras.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar, en el plazo de seis meses, la cesión de uso de los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa en el Distrito de Les Corts de Barcelona al Ayuntamiento de la ciudad.
2. Proceder a la cesión completa e incondicionada del Castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona y por consiguiente derogar la Ley 52/1960, de 21 de julio, y la Orden Ministerial de 27 de abril de 2007, del Ministerio de Economía y
Hacienda.
3. Comprometer, en los Presupuestos Generales del Estado, una partida para atender el proyecto de reforma de la infraestructura de estos terrenos para adecuarla a las necesidades sociales que decida el Ayuntamiento de Barcelona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales con el fin de facilitar la colaboración público-privada en la financiación de la gestión y
promoción de los centros comerciales urbanos.
Antecedentes
El 68,1 por 100 de la población española vive en capitales de provincia o en municipios de más de 20.000 habitantes. El comercio suele concentrarse precisamente en determinadas zonas de estas ciudades donde se reúnen diversidad de
establecimientos (cadenas de franquicias, cadenas de sucursales, supermercados, establecimientos independientes, etc.), generando en consecuencia áreas comerciales altamente concentradas las cuales a su vez dinamizan y aportan vitalidad a las
ciudades.
La trama de comercio urbano constituye un eje básico sobre el cual se identifican muchas ciudades, y en muchas ocasiones, la principal forma de vida económica y social de muchos barrios. El comercio competitivo y moderno crea riqueza y
empleo.
Todo ello ha dado lugar al surgimiento de ejes o zonas comerciales con elevada densidad de establecimientos las cuales a menudo, convenientemente organizadas, han afrontado de manera común problemas tan importantes y diversos como los de su
accesibilidad, seguridad, limpieza, funcionalidad, promoción económica, competitividad, etc.
Las Asociaciones de Comerciantes han desarrollado un papel fundamental en este proceso a través de actuaciones planificadas, generalmente coordinadas con las administraciones locales, para potenciar la actividad comercial de poblaciones y
capitales. Ello ha ayudado a solventar problemas de sostenibilidad de estas áreas y a configurar un modelo comercial de proximidad socialmente muy valorado, especialmente para la población con dificultades para trasladarse hacia áreas comerciales
no urbanas.
Con este fin diversas asociaciones zonales y locales han venido impulsando los llamados: Centros Comerciales Abiertos (CCA) y los Centros Urbanos Comerciales (CUCs) los cuales agrupan bajo una misma imagen y gerencia a empresas de distinto
tamaño, a especialistas, generalistas, en un ámbito urbano con alta densidad comercial y de actividades complementarias. En España existen entre 250 y 350 CUCs con una media de 200 ó 300 asociados por centro.
La dinámica de funcionamiento de estas figuras se basa en la corresponsabilidad, la colaboración de los agentes públicos y privados y la gestión común y profesionalizada. La fuente de financiación de este modelo viene determinada por las
cuotas voluntarias de los empresarios asociados, por la obtención de ayudas y subvenciones públicas y por la obtención de ingresos por prestación de servicios.
En la actualidad se presentan dos problemas de gran importancia que ponen en peligro el funcionamiento de este modelo tan necesario para la población, para la mejora del entorno del negocio y para la creación de áreas comercialmente
competitivas. El primero afecta a los propios comerciantes, una parte de los operadores comerciales optan por no contribuir económicamente con los gastos asociativos, si bien se benefician de las acciones de comunicación, promoción y mejora del
entorno gestionados y financiados con las contribuciones del resto de asociados. El segundo, hace referencia a la reducción de ayudas públicas y subvenciones de la Administración Local a dichas asociaciones en consonancia con los criterios de
austeridad hoy mayoritarios en las administraciones, lo cual exige buscar vías más eficaces de colaboración público-privada para la promoción de las zonas comerciales urbanas.
La mejor forma para dar respuesta a ambos problemas sería la de otorgar instrumentos a la administración local de colaboración con el tejido empresarial de las áreas comerciales para la promoción de las mismas. La fórmula jurídica para
instrumentarlo podría ser mediante la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, para permitir que estas puedan establecer recargos finalistas sobre determinados impuestos locales, aplicables a los establecimientos comerciales situados
en las zonas comerciales calificables como Centros Comerciales Abiertos (CCA) o Centros Urbanos Comerciales (CUCs), cuya recaudación sería destinada íntegramente a la gestión de dichas áreas a través de sus asociaciones o entidades gestoras.
Ello permitiría que la financiación de la gestión y promoción de dichas áreas recayese principalmente en los beneficiarios de las mismas, a la vez que evitaría que una parte de los establecimientos se beneficie de la gestión común sin
contribuir a la misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar, en la próxima modificación de Ley Reguladora de Haciendas Locales, instrumentos para facilitar la colaboración público-privada para facilitar la financiación de la gestión y
promoción de sus áreas comer
ciales urbanas a través de la posibilidad de establecer recargos finalistas sobre determinados impuestos locales, aplicables a los establecimientos situados en las zonas comerciales claramente determinadas y calificables como Centros
Comerciales Abiertos (CCA) o Centros Urbanos Comerciales (CUCs), cuya recaudación sería destinada íntegramente a las entidades o asociaciones comerciales responsables de la gestión y promoción de los centros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia católica, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En función de los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979, la Iglesia católica conserva algunos privilegios, entre ellos económicos, como estar exenta del pago del IBI por todos los bienes inmuebles que posee.
En el caso concreto de la ciudad de Santiago de Compostela, esta exención supone que el ayuntamiento santiagués deja de ingresar unos 37,4 millones de euros al año. Si a esa cantidad se le suma el patrimonio histórico catalogado, el
ayuntamiento dejaría de percibir 142 millones de euros. Y con el tipo vigente para el impuesto, un 0,6 por 100, estaríamos hablando de un agujero fiscal considerable.
Debe tenerse presente que la Iglesia católica posee en Santiago 850.000 metros cuadrados de bienes de uso no religioso. Además, de más de 1,1 millones de metros cuadrados en todo el municipio. Y nos referimos con ello a fincas, rectorales,
pisos, iglesias, casas, escuelas, plazas de garaje, cementerios, suelos sin edificar, e incluso un bloque de viviendas en el ensanche de la ciudad. Según los datos del catastro, se trata de más de 200 propiedades.
Precisamente en un informe de 2010, la Dirección General del Catastro daba cifras del patrimonio estrictamente religioso de la Iglesia católica en Galicia: 7.691 inmuebles y un valor catastral de 426 millones, cantidad que no repercute en
los presupuestos municipales. Además, Santiago es sede de la 'provincia eclesiástica' y posee los bienes más caros: 91 edificios religiosos con un valor catastral conjunto de 61,5 millones.
Sólo el 22,7 por 100 del patrimonio inmobiliario del Arzobispado en Santiago es de uso religioso, es decir, 850.000 metros cuadrados de uso no religioso. Respecto a la calificación del suelo, debe señalarse que 340.000 metros cuadrados son
urbanos y 770.000 son rústicos, aunque los usos de muchas de sus propiedades no están muy claros, son confusos.
En ese sentido, es preciso indicar que, por ejemplo, la parcela del seminario menor consta como cultural, igual que los 16.000 metros cuadrados que albergan la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales en el campus. Para el catastro, la
parcela del seminario mayor que comparte San Martiño Pinario con otras dependencias del Arzobispado consta como un bloque de oficinas.
El número 108 de San Pedro, la Iglesia posee en el bajo una biblioteca parroquial donde también se imparten cursos de iniciación al matrimonio y catequesis, sin embargo, el resto del edificio es una casa con 324 metros cuadrados de uso
residencial. Y así se podría seguir enumerando una serie de edificios, bloques y otras propiedades cuyo uso no está nada claro.
Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor patrimonio eclesiástico después de Castilla y León.
En la situación actual, de grave crisis económica cuyas consecuencias están repercutiendo en toda la población, que sufre recortes laborales, sociales y económicos, y que debe cumplir con sus obligaciones tributarias, resulta incomprensible
que la Iglesia católica tenga el privilegio de no tributar a Hacienda por su enorme patrimonio, al mismo tiempo que recibe subvenciones para la conservación y mantenimiento de sus fondos patrimoniales.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Demandar a la Iglesia católica el pago del IBI por los numerosos bienes inmuebles que posee, y que en casos como el de Santiago de Compostela supone una merma considerable en los ingresos del ayuntamiento pues deja de percibir unos 37,4
millones de euros al año, que alcanzan los 142 millones si se le suma el patrimonio histórico catalogado, y que significa un agujero fiscal considerable si se le aplica el tipo vigente para el impuesto, un 0,6 por 100.
En su defecto, negociar con la Iglesia católica una compensación a ayuntamientos como el de Santiago por estar exenta del pago del IBI, que podría consistir en la cesión gratuita de bienes inmuebles eclesiásticos
que están desocupados o en la negociación de una cantidad económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Fomento
161/000468
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara,
presenta, para su debate en la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la no aplicación del tacógrafo en Canarias y Baleares.
Por Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, se establecieron las normas sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el uso del tacógrafo en el sector del transporte por carretera, para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
Comunitario 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006.
El citado Reglamento europeo establece que los Estados miembros pueden dispensar de la aplicación de sus normas a los vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados y que no estén
unidas al resto del territorio nacional por puente, vado o túnel abierto a los vehículos de motor. En uso de esta habilitación, por Real Decreto 1163/2009, de 10 de julio, se redujo la superficie a 250 kilómetros cuadrados, lo que supuso la
exigencia del tacógrafo en la totalidad del archipiélago canario.
La implantación del tacógrafo en Canarias no ha supuesto ninguna mejora en lo que respecta a la seguridad vial, ni tampoco en otros ámbitos. Bien al contrario, ha supuesto un coste añadido a un tejido empresarial que en esta situación de
crisis profunda sobrevive a duras penas, especialmente en las islas no capitalinas donde, a mayor abundamiento, no se cuenta con la red de asistencia técnica idónea que garantice el correcto mantenimiento del tacógrafo.
Consciente de ello, el Ministerio de Fomento remitió en junio de 2011 a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias un proyecto de modificación del aludido Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, en el que se hace uso de la
posibilidad prevista en la normativa comunitaria de exceptuar el uso del tacógrafo en islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados de superficie.
El pasado día 25 de enero, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias trasladó a la ministra de Fomento la necesidad de exoneración del uso del tacógrafo en Canarias y Baleares.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a culminar la modificación del Real Decreto 1163/2009 que permita que Canarias y Baleares queden exentas de la aplicación del tacógrafo, en consonancia con lo establecido en el
Reglamento (CE) 561/2006, que exceptúa su uso a las Islas de menos de 2.300 kilómetros cuadrados de superficie.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000472
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara,
presenta, para su debate en la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de la bonificación de las tasas aeroportuarias.
El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 14 y 15 de febrero de 2012, aprobó una Proposición no de Ley en la que expresa que 'considera necesaria la inmediata prórroga del régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las
compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencias o apertura de rutas vigentes en el 2011, hasta que se establezcan por el Estado éstas u otras medidas de abaratamiento de nuestros aeropuertos que incrementen su competitividad, incentiven
la consolidación del nivel de tráficos y pasajeros alcanzado en el pasado año y se continúe mejorando la conectividad y la demanda turística, Así mismo, insta al Gobierno de Canarias que solicite al Gobierno del Estado la aplicación de estas
medidas'.
Desde su implantación hace año y medio, el abaratamiento de las tasas aeroportuarias y las bonificaciones a las compañías por el incremento de pasajeros, frecuencias o apertura de rutas, han supuesto el principal agente dinamizador de la
economía canaria en los últimos tiempos.
Estas medidas del Gobierno de España, unidas a la inestabilidad política del Norte de África y al importante esfuerzo de los empresarios turísticos, han traído como resultado el incremento en la llegada de turistas a las islas en 2011 en más
de un millón y la creación de más de 15.000 puestos de trabajo,
Cifras que se enmarcan en un contexto económico donde el resto de sectores de la economía continúan con un ajuste a la baja de sus perspectivas para este año, y la tasa de paro en Canarias se ha situado en casi un 31 por 100 al final del
cuarto trimestre, hasta situarse en 341.000 desempleados,
Tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, las bonificaciones a las tasas aéreas en Canarias deberían estar automáticamente prorrogadas. Sin embargo, el nuevo Gobierno de España no ha garantizado el mantenimiento
de las mismas, mostrando a la opinión pública y a los representantes políticos y empresariales del archipiélago una serie de mensajes contradictorios que están generando incertidumbre a los operadores, hasta el punto de que una de las principales
aerolíneas que operan en el archipiélago ya ha anunciado que si no se mantienen las bonificaciones se verán obligados a eliminar líneas.
Ante este marco de incertidumbre generalizado, las instituciones y representantes empresariales canarios han mostrado su determinación unánime para que el Gobierno de España aclare su posicionamiento al respecto y prorrogue para 2012 el
actual régimen de ayudas y bonificaciones.
Tanto el Gobierno de Canarias, como los siete cabildos insulares, como los ayuntamientos canarios representados a través de la FECAM se han manifestado en este sentido. Asimismo, las Cámaras de Comercio y las cuatro patronales turísticas
del archipiélago han hecho lo propio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a que prorrogue el régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas por el incremento de pasajeros, frecuencias o apertura de rutas vigentes en el 2011,
hasta que se establezcan por el Estado éstas u otras medidas de abaratamiento de nuestros aeropuertos que incrementen su competitividad, incentiven la consolidación del nivel de tráficos y pasajeros alcanzado en el pasado año y se continúe mejorando
la conectividad y la demanda turística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CEA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el transporte aéreo de Menorca, para su debate en la Comisión
de Fomento.
Desde los años 90 en que la compañía de titularidad pública Aviaco dejó de operar las rutas que unían a Menorca con la Península los indicadores socio-económicos insulares han señalado una progresiva tendencia a la baja, muy acusada en los
actuales tiempos de crisis, lo que aunado a las carencias en materia de movilidad genera un impacto muy perjudicial para el desarrollo de la isla, que se caracteriza por una economía precaria y dependiente de un sector de servicios de acusada
estacionalidad. La cobertura aérea de la escasa población menorquina con la Península ofrece una rentabilidad baja a las compañías de aviación que optan por abandonar el servicio o incrementar abusivamente las tarifas. Esta situación, agravada por
la desaparición de la compañía aérea Spanair a aislado a los menorquines en su propia tierra.
Es por ello que los ciudadanos de Menorca necesitan de la garantía del Estado en materia de transporte para poder ejercer el derecho a la libre circulación al sostenimiento de su calidad de vida y al desarrollo de su economía garantizando la
conectividad de los territorios insulares con la Península. En consecuencia se propone suprimir el actual sistema de bonificaciones al transporte del residente que tiene efectos perversos y su sustitución por uno nuevo que recoja la situación
actual basado en otros criterios de mayor justicia social. Es esta una cuestión de la máxima urgencia que necesita del establecimiento de la ayuda estatal en las comunicaciones aéreas bajo un modelo de tarifa universal sin discriminación alguna en
función del lugar de procedencia de los pasajeros.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que declare de Obligación de Servicio Público el transporte aéreo entre Menorca y la península, concretamente de las líneas que conecten Menorca e Ibiza con Barcelona, Madrid y Valencia,
garantizando:
a) Frecuencias flexibles en función de los diferentes periodos estacionales.
b) El establecimiento de una tarifa plana y universal indistinta para las dos islas menores y equiparables a las vigentes para los trayectos antes indicados desde y hacia la isla de Mallorca.
c) Un régimen de horarios diseñados para facilitar el desarrollo de jornadas laborables completas dentro y fuera de las islas.
d) La consideración prioritaria de las conexiones con los aeropuertos de enlace mediante la creación de códigos de vuelos compartidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-Joan Josep Nuet Pujals, Portavoz Adjunto Tercero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regeneración de la bahía de Pasaia
y la construcción del Nuevo Puerto, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La regeneración integral de la Bahía de Pasaia y su entorno, desde el punto de vista medioambiental, urbanístico, económico y social es un compromiso ineludible para el conjunto de la sociedad gipuzkoana. Dicha regeneración integral hace
imprescindible el traslado de la actividad portuaria comercial de su ubicación actual.
La construcción del Nuevo Puerto de Pasaia es un proyecto estratégico de Gipuzkoa desde el punto de vista de la economía del territorio, su vocación y dinamismo empresarial, sus necesidades industriales y logísticas y de la ordenación
territorial, que cuenta con opciones técnicas viables incorporadas al Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia que actualmente está en fase de evaluación ambiental para su aprobación definitiva.
El objeto de esta propuesta es el de fijar los principios de colaboración entre todas las Administraciones implicadas, de tal manera que el Gobierno Central, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de la Bahía
de Pasaia articulen los mecanismos y fórmulas financieras adecuadas que permitan adquirir los suelos y la actual infraestructura portuaria al Gobierno de España y, así, poder sustituir los usos portuarios por usos urbanos.
Las particulares características de este proyecto obligan a realizar una cuidada planificación que ha de incluir tanto las obras estrictamente portuarias, como las actuaciones de transformación urbana y las nuevas soluciones viarias,
ferroviarias e intermodales.
Somos plenamente conscientes de que el inicio de la transformación de la Bahía de Pasaia no puede esperar a la construcción del nuevo puerto, así como de que esta regeneración nunca será completa sin dicho traslado.
Asimismo, reconocemos el importante significado de la bahía como elemento de nueva centralidad en la Eurociudad Donostia-San Sebastián/Bayona, conjuntamente con la necesidad de que su puesta en valor sea gradual para acompasarla con la
capacidad de crecimiento de la ciudad. Este proceso de transformación, además, deberá estar protagonizado desde el inicio por el acceso de la ciudadanía a la lámina de agua.
Por otra parte, resulta imprescindible señalar el papel que en la financiación y gestión de este proyecto deberá tener la colaboración público-privada en lo que son explanadas, pabellones y muelles del nuevo puerto que garanticen la mejora
de la financiación y la fidelización de determinados clientes, imprescindibles para el mejor funcionamiento del Nuevo Puerto.
En lo que se refiere a las actividades a llevar a cabo en el Nuevo Puerto, son de especial relevancia la implantación de una planta de generación de energía eléctrica, la terminal de graneles líquidos y de contenedores al efecto de conseguir
compromisos de las distintas empresas operadoras, y en aras a buscar la cofinanciación público-privada. Ello es consecuencia de que el entramado económico e industrial del 'hinterland' del Puerto de Pasaia y las organizaciones que lo representan
(Cámara de Comercio, Patronales, y agentes sociales) debe desempeñar un papel prioritario a la hora de implicar al sector privado en este proyecto.
La ejecución de las actuaciones que permitirán el progresivo traslado de las actividades portuarias atenderá, en su desarrollo temporal, a la demanda de infraestructuras portuarias puesta de manifiesto por el compromiso inversor de los
operadores privados, y a los ritmos de transformación urbana de los actuales espacios portuarios exigidos por la dinámica propia de la implantación de usos residenciales y de actividades económicas cualificadas.
En consecuencia, siendo conscientes de la importancia del proyecto de la Bahía de Pasaia para el futuro de Gipuzkoa y su ciudadanía se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las actuaciones necesarias para poner en marcha la transformación de la Bahía de Pasaia, mediante la regeneración integral de la bahía y la construcción del Nuevo Puerto en Pasaia,
estableciendo una metodología de colaboración con el resto de Administraciones implicadas y que recoja, al menos, las siguientes fases:
1. Recoger en el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa el dimensionamiento residencial y de actividades económicas de la Bahía, la opción por la construcción del puerto exterior y la puesta en marcha de una plataforma
logística en Lezo-Gaintxurizketa.
2. El desarrollo de la plataforma intermodal en Lezo-Gaintxurizketa, con las necesarias conexiones viarias y ferroviarias, que evite el paso de mercancías por el centro de la ciudad de Donostia-San Sebastián y sea independiente de la
construcción del nuevo puerto.
3. La construcción de los accesos viarios desde la plataforma intermodal de Lezo-Gaintxurizketa hasta el nuevo puerto.
4. La transformación y regeneración de la bahía de Pasaia:
a) Desafectación de la Herrera Norte y Oeste, con suelos dotados de calificación urbanística de usos mixtos y gestionados por la sociedad Jaizkibia.
b) Desafectación de la Herrera Sur, Muelles de Hospitalillo y Muelle de Herrera, tras la puesta en servicio de la plataforma intermodal de Lezo.
c) Desafectación de la Lonja pesquera y el muelle de San Pedro.
d) Desafectación de Navalaldea y el Muelle de Donibne.
e) Transformación integral de la bahía tras el traslado de todas las actividades al Nuevo Puerto.
5. Financiación del Nuevo Puerto:
a) Venta de suelos a Jaizkibia tras su correspondiente valoración en función de los usos definidos.
b) Endeudamiento de la Autoridad Portuaria.
c) Colaboración público-privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comisión de Educación y Deporte
161/000475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa
al programa Campus de Excelencia Internacional, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Las Universidades ocupan un espacio central en las sociedades y economías más avanzadas, por su protagonismo en la creación, transmisión y socialización del conocimiento. Son además, el principal motor para lograr un sistema productivo
capaz de competir globalmente y de garantizar al mismo tiempo el bienestar de sus ciudadanos.
Con el fin de alcanzar este reto fue creado, en el año 2008, por el Gobierno de España, durante la última legislatura socialista, el programa Campus de Excelencia Internacional incardinado en la Estrategia Universidad 2015.
Este programa CEI, planteado en coordinación con las Comunidades Autónomas, tiene como objetivo la cooperación y la agregación eficaz de universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, hospitales y sectores
productivos. En definitiva, crear y absorber el conocimiento de forma eficiente para dotar al sistema universitario español de una mayor visibilidad internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener y potenciar el programa Campus de Excelencia implantado con éxito en buena parte de Europa como fórmula eficaz para alcanzar la transferencia de conocimiento.
2. Impulsar las agregaciones entre centros universitarios y organizaciones empresariales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-María Angelina Costa Palacios, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Educación y Deporte, una Proposición no de Ley para implantar un modelo de Educación Secundaria más flexible, que permita mejorar la lucha contra el fracaso escolar y perfeccionar las vías formativas hacia el Bachillerato o la
Formación Profesional de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos.
Antecedentes
El Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2012, aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con
un Bachillerato de tres cursos, que insta al Gobierno a implantar un modelo de Educación Secundaria flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. También establece que el Bachillerato
constará de tres cursos, el primero de los cuales tendrá carácter de curso de iniciación y que se podrá acceder a la Formación Profesional a partir de los quince años, manteniendo el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los
dieciséis años, y permitiendo el acceso a la educación superior a los titulados en Formación Profesional.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte manifestó, durante su reciente comparecencia en el Senado, en fecha 5 de marzo, lo siguiente: '(...) Este Gobierno ha propuesto un cambio en la arquitectura de la Educación Secundaria a fin de
dotar a esta etapa de mayor flexibilidad y evitar la sangría de estudiantes que abandonan antes incluso de obtener este título de Educación Secundaria Obligatoria o apenas conseguido aquel título. La fórmula que ha diseñado el Ministerio consiste
en transformar el cuarto curso de la ESO en un curso de orientación y motivación que guíe a los alumnos hacia el Bachillerato o hacia la Formación Profesional. Pero, en todo caso, como he tenido oportunidad de aclarar y quiero hacerlo una vez más
para evitar los equívocos que al respecto se han suscitado, la educación va a seguir siendo obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Los alumnos no podrán obtener el título si no realizan este curso de iniciación en el que, junto a las asignaturas
comunes, tendrán también la oportunidad de empezar a cursar otras propias de las enseñanzas de Bachillerato o de Formación Profesional. Todos ellos, por tanto, tendrán la posibilidad, antes de abandonar en su caso el colegio o el instituto, de
conocer mejor la siguiente etapa educativa no obligatoria, y confiamos, por tanto, en que de este modo este último curso de la etapa obligatoria les anime a seguir en el sistema educativo por encima de como lo vienen haciendo'.
Convergència i Unió considera que esta medida puede provocar disfunciones de todo tipo a nuestro sistema educativo y un relajamiento de las exigencias de la Educación Secundaria Obligatoria para quienes no quieran seguir en el ámbito
escolar. Por ello consideramos que es necesario mantener el carácter de 'fin de etapa' del 4.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de evitar que la lucha contra el fracaso escolar se aborde a través de una minoración tácita de
las exigencias académicas de la Educación Secundaria.
A su vez, al objeto de mejorar y perfeccionar el sistema, apostamos por un modelo más exigente para acentuar el carácter orientador del 4.º curso respecto a lo aprobado actualmente sin llegar a dividir etapas. Existe un objetivo común a
destacar, para el 4.º curso de la ESO: su función de enseñanza preparatoria para el estudio del Bachillerato y de la Formación Profesional, estructurándolo como un curso propedéutico con un itinerario más académico y otro más formador claramente
diferenciados.
De lo contrario, la simple supresión del 4.º curso de la ESO, además de bajar el nivel de las exigencias de la Educación Secundaria Obligatoria para quienes vayan a dejar los estudios, conllevaría, al no coincidir el final de la etapa con la
correspondiente a la enseñanza obligatoria, que se deban afrontar reformas estructurales importantes respecto a: El personal docente, las inversiones en las instalaciones de los edificios, los movimientos del alumnado, la generación de excesos y de
falta de espacios, entre otras, todas ellas con un innegable impacto económico sobre las administraciones, principalmente sobre las de las Comunidades Autónomas, en un momento de obligada austeridad presupuestaria.
Convergència i Unió considera que las prioridades a abordar son: La lucha para la reducción del fracaso escolar y el aumento del nivel educativo. Con esta finalidad, lo primero que debe garantizarse es la estabilidad del sistema. Sólo a
partir de un sistema estable podrán abordarse cambios que permitan perfeccionarlo y corregir sus déficits.
En este sentido, al objeto de reducir el fracaso escolar para que la mayoría de la población obtenga las competencia básicas, a la vez que mejorar la preparación del alumnado que se oriente hacia el Bachillerato o hacia la Formación
Profesional, es preciso preservar la duración de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria gratuita, con sus titulaciones, con el profesorado, sus centros, manteniendo la estructura actual, a la vez que dinamizar y flexibilizar el cuarto curso de
la ESO, con el objetivo de garantizar unos itinerarios académicamente diferenciados y correlacionados, respectivamente, con las enseñanzas propias del Bachillerato y de la Formación Profesional.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que la formación de los futuros titulados y tituladas de bachillerato tenga una duración de tres años. Para su consecución el Gobierno implantará un modelo de educación secundaria
más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El cuarto curso de ESO tendrá un carácter terminal, en lo que
atañe a la finalización de la Enseñanza Secundaria, y propedéutico con dos itinerarios académicamente diferenciados y correlacionados, respectivamente, con las enseñanzas propias del Bachillerato y de la Formación Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la
internacionalización y modernización de las universidades españolas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En materia universitaria es un reto desarrollar una política eficaz que favorezca la transferencia de los resultados de la investigación y estimular el acercamiento entre la universidad y la empresa con el objetivo de situar a las
universidades españolas entre las mejores del mundo.
En el proceso de internacionalización y modernización de las universidades los campus españoles deben ser un referente de calidad y excelencia, generando así un modelo de desarrollo intensivo en conocimiento e innovación y la plena
integración laboral de nuestros jóvenes en un mundo globalizado.
La Comisión de expertos internacionales en el seguimiento de la Estrategia de Universidades 2015, de septiembre de 2011, señala en sus conclusiones que los centros de investigación y las universidades deben siempre entenderse como un todo
unitario cuando se trata de la elaboración de políticas: Separar la transmisión de conocimientos (docencia) de la generación de nuevos conocimientos (investigación) es antinatural e ineficaz. Ambas transforman la inversión pública y privada en
conocimiento.
Apunta el informe que la innovación, por su parte, transforma el conocimiento en crecimiento económico. Por consiguiente, la innovación es esencial para el desarrollo económico y, a pesar de estar íntimamente ligada a la investigación y la
docencia, puede estimularse y evaluarse atendiendo a fundamentos e indicadores diferentes. Las universidades son pues la piedra angular de la innovación, ya que sientan las bases de ésta, aunque no es su única función o responsabilidad. Combinar
todos estos aspectos bajo un único sistema de elaboración de políticas puede dar lugar a posibilidades interesantes que ya se están poniendo en práctica en algunos lugares. Sin embargo, la validez y los efectos a largo plazo de tal acción no están
garantizados. La Comisión estima que, independientemente del punto en que se encuentre el nexo de las políticas sobre educación superior, investigación e innovación, es fundamental promover universidades robustas y autónomas evaluadas en función de
su rendimiento académico, científico y social.
Y recomienda esta Comisión, entre otras cuestiones, reforzar los nexos entre las universidades y los sistemas nacionales y regionales de innovación y reforzar la capacidad de las universidades para contribuir a la innovación.
El apoyo económico público y privado debe ir acompañado de una exigente rendición de cuentas a la sociedad mediante un sistema de gestión y gobierno más profesionalizado y eficaz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone, para su debate y votación, la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, una valoración sobre el impacto del logro de objetivos de los programas de excelencia desarrollados hasta ahora, y
a analizar, en su caso, el diseño de nuevos instrumentos adaptados a las necesidades de modernización de las universidades en el marco de la prioridad de lograr una mayor eficiencia en los recursos públicos. Considerando, asimismo, la posibilidad
de introducir sistemas de colaboración público-privada, así como potenciar el mecenazgo, para la definición de dichos instrumentos y su orientación a la creación de empleo y el apoyo a emprendedores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un programa de empleo/formación para desempleados,
para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La crisis económica se ha agravado de forma acelerada y la manifestación inmediata es la intensa destrucción de empleo y el aumento del paro. El número de desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de
2011 fue de 5.273.600 personas, y el de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo del mes de febrero de presente año alcanzó una cifra superior a los cuatro millones setecientas mil personas, de las cuales más de un millón
trescientas mil no tienen ningún tipo de prestación.
Abordar este complicado panorama exige nuevos enfoques para situar la creación de empleo y la mejora de la protección social en el centro de las prioridades políticas, considerando, además, que la recuperación de nuestra economía solo será
sostenible si invertimos ahora en un nuevo modelo económico donde el apoyo a la economía real en sectores no especulativos y de futuro, la suficiencia y progresividad de los ingresos públicos, el reforzamiento del papel de lo público, y el empleo de
calidad, han de ser vectores prioritarios.
Mejorar la situación de los desempleados, particularmente de aquellos que no reciben ningún tipo de prestación, es una prioridad desde el punto de vista social, pero también tiene evidentes efectos positivos sobre la economía. Estos
ciudadanos tienen una propensión marginal a consumir muy elevada y mejorar sus rentas significa apoyar a la demanda. Y el apoyo a la demanda es condición necesaria para empezar a superar la recesión.
En el marco del Diálogo Social es preciso desarrollar mecanismos que amplíen la cobertura de aquellos trabajadores que han agotado sus prestaciones por desempleo, y también puede crearse un fondo cofinanciado con las Comunidades Autónomas
para que éstas, en el marco de sus competencias, complementen y mejoren las rentas mínimas de inserción para la capacitación de personas paradas sin prestación por desempleo.
Pero, de forma complementaria, y tal como se hace con el Fondo Estatal de Inversión Local, podrían destinarse recursos para que las Corporaciones Locales contraten personas en desempleo sin prestación destinando parte de la jornada a
políticas formativas.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar urgentemente las medidas oportunas para poner en marcha un Programa de Empleo/Formación destinado a personas en paro que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo con las
siguientes condiciones:
- El Programa será financiado exclusivamente por la Administración General del Estado por un importe de 8.400 millones de euros, y la gestión corresponderá a las Corporaciones Locales.
- Los trabajadores acogidos al Programa de Empleo/Formación accederán a un contrato de 35 horas semanales durante seis meses, prorrogable, y percibirán 700 euros netos mensuales. Se dedicarán 25 horas semanales a trabajo y 10 horas
semanales a formación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.- Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para constituir un grupo de trabajo
con las Asociaciones de Autónomos con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora en materia de prevención de riesgos laborales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Ley 20/2007, por la que se aprobó el llamado 'Estatuto del Trabajo Autónomo', fue en su día reclamada por las asociaciones de autónomos y creó en dicho colectivo unas expectativas de derecho que en la actualidad, transcurridos cinco años
desde su aprobación, no se han cumplido y han frustrado las ilusiones de muchos trabajadores por cuenta propia que creían que con dicha norma se iba a culminar y completar todas aquellas diferencias superables existentes entre los asalariados y los
autónomos.
El Estatuto vino a recoger una de las muchas reclamaciones que se venían realizando desde las Asociaciones como era la seguridad y salud en el trabajo. Como en otras muchas materias, el Estatuto del Trabajo Autónomo supuso por tanto un
'punto de inflexión' en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los autónomos, pues en él se reconocía por primera vez en el ordenamiento jurídico español el derecho de los autónomos 'a su integridad física' y a una protección adecuada
de su seguridad y salud.
No obstante, el hecho de tener derechos conlleva en la mayoría de los casos obligaciones. Esto ocurre en el Estatuto, a la vez que recoge el derecho a la integridad física y una protección adecuada de su seguridad y salud, exige a su vez a
los autónomos unas obligaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Por
otro lado, las organizaciones de autónomos han denunciado que se le exige un esfuerzo 'desmedido' de conocimiento, gestión y control en materia de prevención de riesgos laborales, una materia ardua y en muchos casos ajena a sus
conocimientos, por lo que consideran que sería conveniente articular mecanismos que faciliten al autónomo, especialmente a los que carecen de asalariados a su cargo, la identificación y evaluación de los riesgos laborales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a constituir un Grupo de Trabajo en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en colaboración con las Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos, para emitir un informe que
analice medidas que pudieran conllevar mejoras en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, al objeto de extraer conclusiones precisas sobre las materias que pudieren redundar en beneficio de aquellos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Desde el punto de vista energético, el sector del carbón es estratégico por tratarse del único combustible fósil que se produce en España. Sin embargo, existe la necesidad de compatibilizar su uso con el compromiso en la lucha contra el
cambio climático, lo que hace necesario un decidido impulso en el desarrollo de tecnologías que permitan un uso sostenible del carbón.
En este sentido y teniendo en cuenta la especial relevancia que tiene este tipo de proyectos para las comarcas mineras, el Gobierno socialista creó en mayo de 2006 la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Ponferrada, que entre otros,
tiene como principal objetivo liderar internacionalmente la investigación y desarrollo de tecnologías de lucha contra el cambio climático mediante el desarrollo de un proyecto piloto de captura y almacenamiento geológico de CO2 único en su
categoría.
Asimismo, y junto a este principal objetivo, se puso a su vez en marcha el Museo Nacional de la Energía, que pretende ser un espacio de divulgación científica y ocio cultural y a la vez un elemento dinamizador del turismo en la comarca de El
Bierzo, que en estos momentos no solo se encuentra en el contexto de crisis global, si no que también sufre las consecuencias del abandono progresivo de lo que ha sido su principal fuente de recursos, la actividad minera.
Además, a medida que la Fundación se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en paralelo a los dos grandes objetivos, se han ido desarrollando toda una serie de proyectos relacionados con la eficiencia, el ahorro energético y la
protección del medio ambiente y que, a su vez, tienen un gran potencial de formación y creación de empleo relacionados con estos ámbitos.
En definitiva, el apoyo a este proyecto supone una apuesta por las energías limpias, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo social y económico de toda una comarca.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- A dar prioridad presupuestaria al proyecto de desarrollo tecnológico en captura, transporte y almacenamiento geológico de dióxido de carbono que está llevando a cabo la CIUDEN, así como el Museo Nacional de la Energía, garantizando su
continuidad y dotándolo de todos los recursos necesarios para ello.
- A impulsar y agilizar todos aquellos proyectos que lleve a cabo paralelamente la CIUDEN, tanto los encaminados a la eficiencia, ahorro energético y protección ambiental como los de formación y de desarrollo social y económico, facilitando
los medios para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Helena Castellano Ramón, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000474
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre el derecho a una alimentación saludable.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que en su apartado 1 se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre el derecho a una alimentación saludable, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Según un reciente informe de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, 'los Estados tienen el deber de proteger el derecho a una dieta adecuada y de hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada reforzando proactivamente el
acceso de su población a los recursos para poder tener dietas adecuadas'. Asimismo, existe un consenso entre los expertos en que los sistemas alimentarios deben garantizar el acceso de todos a 'dietas sostenibles', entendidas como dietas con bajo
impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras.
Según el informe, elaborado por Olivier de Schutter, el cambio generacional en los hábitos alimenticios ha hecho que los problemas causados por sobrepeso y obesidad sean equiparados a los causados por el hambre, ya que derivan en otras
enfermedades y causan alrededor de tres millones de muertes al año en todo el mundo.
En la actualidad hay en el mundo más de 1.000 millones de personas con sobrepeso (índice de masa corporal (IMC > 25), y al menos 300 son obesas (IMC > 30), siendo especialmente grave entre los países de la OCDE, incluido el Estado español.
Estas sociedades han creado entornos generadores de obesidad y diseñado sistemas alimentarios que, con frecuencia, se oponen a estilos de vida más sanos en vez de propiciarlos. Ello se debe a distintas razones, entre las que cabe mencionar las
siguientes:
En primer lugar, el precio influye en la alimentación, puesto que cambian los precios relativos de los alimentos en la cesta de consumo. En países de altos ingresos, una alimentación sana que incluya una amplia variedad de frutas y verduras
es más cara que una alimentación rica en aceites, azúcares y grasas. Si bien este no es el motivo del aumento del sobrepeso y la obesidad en los últimos años, es sin duda uno de los factores responsables de esta situación, y causa importantes
disparidades socioeconómicas en la calidad de la alimentación. Por ello, el informe de la ONU, en consonancia con la propia OMS, plantea que las políticas agrícolas y fiscales tengan en cuenta los problemas de salud pública, como se hace con el
consumo de alcohol. Gravar los alimentos y bebidas con alto contenido de grasas, azúcar y sal puede ser un instrumento eficaz, como lo demuestra la reciente introducción de estos impuestos en Dinamarca, Finlandia, Francia y Hungría.
En segundo lugar, la globalización de las cadenas alimentarias provoca un cambio de una alimentación rica en hidratos de carbono complejos y en fibra hacia dietas con un alto porcentaje de grasas y azúcares como consecuencia de un mayor
consumo de cereales, carne y productos lácteos, aceite vegetal, sal y azúcar.
En tercer lugar, cabe mencionar las prácticas de comercialización de la industria agroalimentaria, especialmente las dirigidas a la infancia. Por ello, la OMS y el propio Relator Especial de la ONU, responsable del Informe sobre el derecho
a la alimentación, instan a los Estados a la regulación legal para reducir la comercialización de alimentos poco saludables, de gran contenido calórico, azúcares y grasas, y bajo en nutrientes, de la misma manera que se ha actuado con el tabaco.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adoptar normas legales sobre la comercialización de los productos alimenticios con la finalidad de reducir la comercialización de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcar y sal a los niños, según las
recomendaciones de la OMS y la ONU.
2. Aplicar impuestos a los refrescos y alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal, y subvencionar con el dinero recaudado el acceso a las frutas y verduras y las campañas educativas sobre alimentación sana.
3. Reexaminar los sistemas existentes de subsidios agrícolas, a fin de tener en cuenta los efectos de las asignaciones actuales en la salud pública, y utilizar sistemas de adquisición pública para apoyar el suministro de alimentos locales y
nutritivos, prestando especial atención a los consumidores pobres.
4. Adoptar un plan para sustituir todos los ácidos grasos trans con grasas poliinsaturadas.
5. Apoyar, en el marco competencial del Estado, a los mercados de agricultores y a la agricultura urbana y periurbana, a través de incentivos fiscales y garantizando una infraestructura adecuada para unir a productores locales y
consumidores urbanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la necesidad de adoptar una solución definitiva para resolver el problema de la navegabilidad del servicio de ferry entre A Guarda y Caminha (Portugal), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La necesidad de comunicación entre las diferentes poblaciones existentes a lo largo del río Miño, entre Galicia y Portugal, dio lugar a alternativas como la de los 'ferrys'.
No es la primera vez que el BNG se dirige al Gobierno preocupado por la gran acumulación de arena y otros sedimentos en la zona de la desembocadura del rio, situación que está perjudicando a las especies piscícolas que habitan en esa área.
Hasta el año 2009 se efectuaron dragados en el denominado canal del ferry, pero que debían repetirse cada año debido a la acumulación de arenas en la desembocadura del río.
Las asociaciones de pescadores nunca han entendido que se procediese a dragar dicho canal cuando en la zona existe un canal natural por el que podría hacer su travesía el ferry y que no causaría los daños expuestos. Cuando se abrió el ferry
se optó por abrir un canal de navegación artificial a pesar de que existía uno natural, como hemos señalado anteriormente. Por tanto, al margen de medidas inmediatas, sería pertinente que se realizase un estudio detallado para adoptar una solución
futura respetuosa con el medio ambiente y con la fauna piscícola.
El Ejecutivo, en respuesta a esta Diputada en septiembre de 2010, señalaba que 'el dragado de este canal estaba en análisis por su coste y por su sostenibilidad' e indicaba que 'se estaba revisando la política de dragado, teniendo en cuenta
que hay una conexión por carretera entre A Guarda y Caminha'.
Esta respuesta no anunciaba nada bueno, y era el preludio de lo que ocurriría un año más tarde cuando conocimos que la Cámara Municipal de Caminha anunciaba la supresión del servicio de ferry para el 15 de septiembre de 2011 'en caso de no
resolverse el problema del dragado en el canal de navegación'. Una noticia que causó el malestar entre la ciudadanía de la zona, muy dependiente de este servicio trasfronterizo.
Según datos del ayuntamiento de A Guarda, este servicio de ferry lo utilizan alrededor de 200.000 personas y unos 30.000 vehículos al año.
La Dirección General de Costas asumió en el año 2008 el dragado de la ría que hasta entonces le correspondía al Gobierno de Portugal, que llevó a cabo durante diez años.
Pero el Gobierno español solo realizó un dragado en 2008 y uno parcial en 2009. No hay que olvidar que la Cámara de Caminha sufraga las nóminas del personal del ferry y la gestión del mismo.
Finalmente, en noviembre de 2011 se inició el dragado del canal de navegación después de una enorme presión social, política y económica de la sociedad civil, de las organizaciones políticas como el BNG y de sectores económicos ligados a la
hostelería ya los servicios.
Sin embargo, en marzo del presente año 2012, volvieron a saltar las alarmas porque de nuevo el servicio de ferry está en peligro debido a que la actuación provisional que se llevó a cabo a finales de 2011 no fue suficiente. Se necesita una
solución definitiva que no amenace continuamente el servicio.
El BNG considera que el servicio de ferry trasfronterizo no puede estar constantemente sometido a soluciones parciales, y es el momento de que las distintas administraciones implicadas adquieran un compromiso
firme en aras a lograr una solución definitiva que permita el mantenimiento del servicio de ferry.
Dado el carácter internacional que posee esta comunicación fluvial, el Gobierno debería tratar de implicar a otras administraciones como la Xunta, el Gobierno portugués o la UE.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar una actuación de dragado puntual en el canal de navegación trasfronterizo entre A Guarda y Caminha (Portugal) a fin de evitar que se suspenda este necesario servicio en un corto plazo de tiempo.
- Estudiar, conjuntamente con las administraciones implicadas (Xunta, Gobierno portugués y UE) una solución definitiva al problema de la constante acumulación de áridos y sedimentos en la desembocadura del río Miño que impide la
navegabilidad del ferry y perjudica a la fauna piscícola de la zona.
- Adoptar una solución definitiva que sea respetuosa con el medio ambiente y con el hábitat y la fauna piscícola de la zona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las medidas a tomar ante la
entrada en vigor del nuevo Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Una vez aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo el nuevo Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación UE/Marruecos, y ante su próxima entrada en vigor, se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan
a clarificar y a minimizar, en su caso, el impacto en las producciones hortícolas españolas, especialmente las consideradas sensibles, que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por
Marruecos.
Las Asociaciones de Exportadores de Frutas y Hortalizas españolas vienen reiterando sus quejas, tanto al Gobierno como a la UE, ante lo que ellos consideran como incumplimiento por parte de Marruecos, tanto del respeto a los contingentes
asignados como a los precios de entrada. También señalan que tampoco se cumplen los cupos mensuales, especialmente en el caso del tomate, y la acumulación de cantidades no exportadas de un mes al siguiente, alterando el calendario previsto, les
causa un serio perjuicio por la bajada de los precios ante el exceso puntual de oferta en los mercados comunitarios
Procede, pues, extremar la vigilancia aduanera en los diferentes puertos o sitios de entrada en la UE, de los productos agrícolas marroquíes para hacer efectivo el cumplimiento de las cláusulas del Protocolo Agrícola del Acuerdo para
garantizar que, al menos, se efectúe el pago del arancel común cuando se sobrepasa el contingente autorizado, a la par que se respeta el calendario y cupos acordados.
Dada la complejidad y falta de concreción sobre la correcta aplicación del Reglamento comunitario que regula la determinación de los precios de entrada es urgente la revisión y adaptación de dicho Reglamento comunitario para garantizar un
efectivo y justo cumplimiento de los precios de entrada y evitar posibles agravios comparativos a los productores europeos.
El sector productor y exportador de frutas y hortalizas español, que se ve sometido a los estrictos estándares europeos de calidad, sanidad y seguridad alimentaria, insiste de manera especial que a las exportaciones marroquíes también se las
someta a idénticos requisitos. Así se dará garantía a los consumidores europeos y se evitarán ventajas competitivas de las producciones marroquíes frente a las europeas.
El seguimiento permanente de las consecuencias del Acuerdo en los mercados comunitarios y de su repercusión en las rentas del sector hortofrutícola europeo exigen una adecuada compensación, especialmente para los productores españoles por
ser, a priori, los más afectados, por lo que será necesario proponer la puesta en marcha de las adecuadas medidas compensatorias.
Por parte del Gobierno se deben tomar una serie de medidas comunes a todo el sector hortofrutícola, tales como la concentración de la oferta, el estímulo a las fusiones de cooperativas, la modernización de las estructuras productivas y el
apoyo e incentivos a I+D+i, que deberá poner en marcha en coordinación con las CCAA.
Igualmente se deben de potenciar los contactos con el Gobierno de Marruecos, y especialmente también con el Gobierno Francés, con objeto de trasformar los posibles efectos perniciosos en beneficios mutuos por vía de una mayor colaboración
entre Gobiernos y los agentes del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar ante la UE las gestiones oportunas para asegurar:
a) El establecimiento de un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en
ningún caso. Este sistema contemplará la puesta en marcha de un intercambio de información que dé transparencia al cumplimiento de dichos contingentes.
b) El cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas.
c) La elaboración inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), de una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada, que garantice su estricta aplicación.
d) La realización de un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios, y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo, procediendo, en el caso de que se constaten perjuicios como
consecuencia del acuerdo, a la puesta en marcha de medidas de apoyo a los productores españoles que se vean afectados negativamente por él mismo, que sirvan para compensar y mejorar su competitividad.
2.º De la misma manera, también se insta al Gobierno a:
a) Ayudar al sector productor en España a nuevas inversiones que mejoren su competitividad mediante:
- La incentivación de la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas.
- La modernización y ampliación de las instalaciones.
- La promoción de actuaciones de I+D+I encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones en el ámbito de la reciente resolución de 6 de febrero de 2012 de la Secretaría de Estado de I+D+I.
b) Mantener un permanente contacto con el Gobierno Francés sobre los mecanismos y aplicación de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del Protocolo.
c) Mantener contactos con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios.
d) Solicitar la colaboración del Gobierno Marroquí a los efectos de control de los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Málaga, por los condicionantes de las dinámicas del litoral y las corrientes, padece un problema crónico de pérdida de arena en las playas. Tradicionalmente, la intervención realizada desde la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente ha consistido en la reposición periódica de la arena antes de las principales temporadas turísticas en nuestra provincia, el verano y la Semana Santa.
Dicha regeneración se ha realizado mediante sistemas variados, desde el convencional dragado de fondos marinos, hasta la extracción de material sedimentario de los cauces de ríos y arroyos o, incluso, mediante la utilización de áridos
procedentes de obras como el Metro de Málaga.
Desde el Grupo Socialista, apostamos por que la arena aportada esté en concordancia con el entorno en el que se deposita, siempre y cuando no queden dañados el medio ambiente y los caladeros, puesto que los áridos extraídos de otras fuentes
deben ser sometidos a procesos más exhaustivos de cribado y control sanitario.
Además, durante la pasada legislatura, la propia Dirección General de Costas estuvo rastreando los fondos marinos malagueños en busca de yacimientos con los que regenerar las playas con arena de mayor calidad y más acorde con el entorno.
Reconocemos que se trata de un procedimiento lento y laborioso y que, además, se enfrenta a exigentes parámetros para evitar afecciones ambientales [zonas protegidas, lugares de interés común (LIC), zonas de pesca, zonas de acuicultura, etc.].
Tampoco son desdeñables los factores técnicos y económicos.
En este sentido, el 'Estudio de caracterización bionómica y sedimentación del fondo marino de la costa de Málaga 1999' fue realizado por la Dirección General de Costas, y determinó siete zonas de posibles yacimientos.
En concreto, el estudio de evaluación de impacto ambiental del 'Proyecto de explotación de un yaci
miento marino de arenas en el Rincón de la Victoria-Torre Moya (Málaga)' se sometió al procedimiento de información pública, de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación Ambiental de Proyectos.
En relación con el resto de posibles zonas de extracción, se inició la tramitación para la redacción de otros tres proyectos en las zonas de Benalmádena, Mijas y Estepona que, por supuesto, deberán seguir los mismos trámites procedimentales.
Todos estos yacimientos están localizados a profundidades menores de 50 metros.
Además, con objeto de localizar nuevos yacimientos a mayores profundidades, se contrató la 'Ampliación del Estudio Geofísico Marino' hasta la profundidad de 100 metros entre Punta Europa y Cabo Roig'.
Tras reuniones mantenidas por el secretario de Estado de Medio Ambiente con los alcaldes de la Costa del Sol, parece ser que el Gobierno está acometiendo un plan global de playas en Málaga, con el objetivo de mejorar la calidad de los
materiales que se utilizan en los aportes.
Para ello, se pretende sacar provecho del banco de arena submarina existente frente a las costas de Rincón de la Victoria, que cuenta ya con la Declaración de Impacto Ambiental. Está previsto extraer 1,65 millones de metros cúbicos de los
11,5 detectados en dicho yacimiento.
En este contexto, se insta al Gobierno a regenerar las playas malagueñas durante el presente año con arenas submarinas evitando la afección medioambiental a la zona y teniendo escrupuloso cuidado para no infligir daños a los caladeros y a la
pesca.
Además, este Grupo Socialista considera clave continuar con los estudios para detectar nuevas bolsas de arena o yacimientos en el litoral malagueño.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A regenerar las playas malagueñas durante el presente año con arenas submarinas evitando afecciones ambientales y a la pesca.
2. A continuar con los estudios para detectar nuevos yacimientos y bolsas de arena en las aguas del litoral malagueño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto a la vida, la integridad física y los derechos de los
habitantes de 'El Regadío', en Guatemala, y del cooperante catalán Ricard Busquets, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La comunidad internacional observa con profunda preocupación los hechos ocurridos en las poblaciones de Sansiguán, Cunén y Los Regadíos (Uspantán, Quiché) dentro de los conflictos socioambientales generados por los proyectos hidroeléctricos
impulsados por la empresa italiana ENEL (represas Palo Viejo I y II) .
En el occidente de Guatemala se han realizado más de 50 consultas comunitarias que han expresado con claridad el rechazo a las actividades mineras y a la construcción de hidroeléctricas. Estas consultas, realizadas también en los municipios
arriba mencionados, se hallan avaladas por la legislación internacional en referencia a los derechos de los pueblos indígenas (Convenio núm. 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas).
Pese a ello, las actividades de la empresa ENEL han seguido su curso, acompañadas de distintas formas de agresión y persecución de las personas movilizadas en defensa de los recursos naturales de sus territorios. En noviembre de 2011, la
comunidad 'El Regadío' fue atacada por miembros de la seguridad privada de Pedro Brol, terrateniente beneficiario de los proyectos de ENEL.
Lejos de garantizar la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, el Estado guatemalteco ha actuado exclusivamente en favor de los intereses empresariales y de la oligarquía local. La criminalización de la protesta
social se ha erigido como única respuesta, hecho que se constata con las declaraciones del Viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, que menciona que los pobladores y las organizaciones que los apoyan 'tienen vínculos con el contrabando,
el crimen organizado y el narcotráfico'. Sin duda, este tipo de discursos recuerda en exceso las viejas prácticas gubernamentales del tiempo del conflicto interno, que llevó al asesinato y desaparición de miles de personas, en su mayoría indígenas,
acusadas falsamente de pertenecer a grupos subversivos.
Del mismo modo vemos con especial preocupación los señalamientos que desde el Ministerio de Gobernación se hacen al ciudadano Ricard Busquets, redactor
del 'Setmanari de Comunicació Directa de Catalunya' y reportero de Radio Premià de Mar, al que se pretende vincular con el crimen organizado y el contrabando. Sin mencionarlo, el Ministerio hace referencia a Ricardo Busquets, quien ha
trabajado como cooperante con el Comité de Unidad Campesina (CUC), organización legalmente establecida y que forma parte de la asociación campesina internacional Vía Campesina, asumiendo tareas de comunicación, por lo que su labor consiste en filmar
con vídeo las actividades del CUC, incluidas aquellas en las que se han reportado actos de represión por parte del Estado guatemalteco contra las comunidades indígenas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados exige que se respete la vida, la integridad física y los derechos de los habitantes de 'El Regadío' y del cooperante catalán Ricard Busquets.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender las gestiones diplomáticas y económicas necesarias para que el Gobierno de Guatemala:
- Priorice, de acuerdo con las exigencias de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos, el diálogo y los mecanismos de consulta para la resolución de los conflictos socioambientales.
- Reconozca el resultado de las consultas comunitarias y priorice la defensa de los derechos de la población y las comunidades guatemaltecas ante los de las trasnacionales y los megaproyectos que afectan a su territorio.
- Ponga fin a la impunidad por las agresiones recibidas por las comunidades locales en zonas de conflictos socioambientales, y en concreto, la del cooperante catalán Ricard Busquets.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Tras la terrible crisis alimentaria que afectó durante el 2011 el Cuerno de África, una combinada amenaza de seguía, altos precios de los productos alimentarios, agudizada por los desplazamientos de población y la pobreza endémica, está
asolando la Región del Sahel. La inseguridad alimentaria y la malnutrición pueden afectar a más de 13 millones de personas en dicha región.
Las causas de esta amenaza de crisis alimentaria en el Sahel son similares a las del Cuerno de África: la producción local, fuertemente castigada por la falta de lluvia, es incapaz de abastecer a una población que ve cómo se disparan los
precios de los alimentos que consumen. Las comunidades dedicadas al pastoreo escapan a donde pueden dejando detrás o malvendiendo los restos del ganado que constituía su único sustento.
En la reciente comparecencia del Ministro de Exteriores y de Cooperación, celebrada el 14 de marzo pasado, los distintos portavoces de la Comisión de Cooperación tuvieron ocasión de compartir la necesidad de adoptar respuestas concertadas de
acción urgente para hacer frente a la situación de deterioro y evitar una nueva escalada de crisis alimentaria y de malnutrición en la zona. Como señala un reciente informe de UNICEF, los índices de desnutrición en las regiones más secas de Chad y
Mauritania, Níger o Mali, requieren una respuesta de emergencia. Comunidades enteras de Burkina Faso, Senegal, el norte de Camerún y Nigeria también están en riesgo.
Más allá de la respuesta de emergencia, las crisis alimentarias son predecibles y se pueden evitar. Para conseguirlo, se tienen que tomar medidas orientadas a reforzar los mecanismos de sistemas de alerta temprana y de reducción de riesgo
de desastre (como las reservas alimentarias, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la sequía), contribuyendo a favorecer la resiliencia de las poblaciones más vulnerables mediante redes de protección social, a modo de ejemplo.
Se trata además de respuestas que atiendan al reforzamiento de la seguridad alimentaria y a la producción agropecuaria local en los países y regiones más pobres, y este es un objetivo estratégico de la cooperación española, compartido por
todos los grupos políticos en esta Cámara.
Aunque algunos informes señalan algunos avances, lo cierto es que, siguiendo los datos que facilita el Programa Mundial de Alimentos, el número de personas que pasan hambre en el mundo supera los 925 millones de personas, de los cuales el 60
% son mujeres. No obstante, asegurar el acceso a los alimentos a las poblaciones más pobres del mundo no es solamente una cuestión de ayuda humanitaria o de desarrollo agrícola, implica además cambios sustantivos en la regulación
de los mercados, en particular las políticas que afectan al comercio mundial, o las que favorecen la especulación abusiva de precios en las materias primas alimentarias y energéticas. Todas ellas están relacionadas con el creciente
acaparamiento de tierras por multinacionales de diversos sectores, entre ellos las industrias agroalimentarias y de biocombustibles.
Son políticas directamente relacionadas con la seguridad nacional de los estados, la paz y la estabilidad mundial. Como resalta un reciente informe divulgado por Intermón Oxfam, desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o
arrendado hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño de Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. Un proceso que se ha venido denunciando en diversas partes del mundo, África, Asia, y también en
América Latina, donde este tipo de procesos se están produciendo crecientemente en Colombia, Guatemala y Honduras. A medida que se acelera el círculo vicioso de la crisis de precios alimentarios, las compañías trasnacionales se deslocalizan y se
instalan masivamente en los países del Sur. Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. Donde ya se han producido los desalojos el panorama es
desolador: conflictos y pérdida de la seguridad alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro.
Se requieren, por tanto, políticas de desarrollo y de cooperación internacional que respeten y protejan la producción local y la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales, junto a reglas comerciales de funcionamiento de los mercados
de derivados financieros de materias primas y energéticas más justas y medidas para mitigar el cambio climático que productores y consumidores están reclamando durante décadas.
En este sentido, siguiendo los trabajos de la FAO realizados tras la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en 2009, destaca un Acuerdo sobre directrices (voluntarias) sobre tenencia y acceso a la tierra, la pesca y los recursos
forestales aprobadas durante más de tres años de negociaciones y que deberán ser adoptadas por el Plenario del Comité sobre Seguridad Alimentaria en una próxima reunión a celebrar en Roma el 18 de mayo próximo. Se trata de unas directrices que
abarcan la promoción de derechos de igualdad para las mujeres y la protección y el reconocimiento, los derechos tradicionales de acceso y a titularidad de las tierras, los boques y la pesca artesanal. Tras su aprobación por el Comité internacional,
el objetivo es que estas normas sirvan de referencia para la adaptación de la legislación y de las políticas relativas al respecto. Cabe destacar también las recomendaciones de este Comité referidas a frenar la volatilidad de los precios agrícolas.
Por otra parte, la comunidad de donantes y los países socios establecieron el Marco Comprensivo de Apoyo a la Agricultura en África (CAADP), como marco óptimo de trabajo en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional para África, en
un esfuerzo de coordinación de actores que, en estos momentos, debe ser reforzado para evitar futuras crisis.
La próxima Conferencia de Río+20 deberá afrontar con decisión muchos de estos enfoques y cambios de políticas para situar la prioridad de adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en el corazón del enfoque de
desarrollo. La situación tiene que cambiar y deben llevarse propuestas concretas referidas a las políticas de seguridad alimentaria que asuman los países del G-20 en su próxima reunión de México.
Por otra parte, los esfuerzos de la sociedad civil deben asimismo tenerse en cuenta. La Declaración para Acabar con el Hambre recientemente adoptada por Save the Children, Intermón Oxfam y ONE contiene compromisos específicos que los
gobiernos pueden poner en marcha para evitar que las crisis alimentarias se repitan. Por último no podemos olvidar la relación entre la escasez de agua y su uso, y el hambre. Como recuerda la campaña internacional que se inicia el próximo 22 de
marzo con motivo del Día Mundial del Agua, centrada también en los problemas de agua y seguridad alimentaria, que se celebrará el próximo día 22 de marzo: 'El mundo tiene sed porque tenemos hambre'.
España ha sido un referente comprometido en materia de seguridad alimentaria y nutrición, a través de mecanismos innovadores como el Programa Global de Seguridad Alimentaria y Nutrición, gestionado por el Banco Mundial, o la Facilidad
Española de Seguridad Alimentaria en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Se requiere ahora una respuesta a la altura de las circunstancias, confirmando así esta prioridad y liderazgo de la política española de cooperación en seguridad
alimentaria y desarrollo agrícola.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar, en el marco multilateral de respuesta ante emergencias, la máxima coordinación del sistema de Naciones Unidas y de sus diferentes agencias, impulsando resoluciones urgentes que movilicen los fondos y capacidades disponibles tras
los primeros indicios de una crisis alimentaria, para satisfacer las necesidades emergentes y apoyar la intervención inmediata que aseguren que los fondos llegan a las poblaciones afectadas lo antes posible y así evitar un deterioro de la situación.
2. Fortalecer, en dicho ámbito, las estrategias de reducción de riesgos frente a desastres locales y nacio
nales, junto al fortalecimiento de capacidades y actividades en línea con los principios humanitarios para evitar los peores efectos de los desastres, como la malnutrición aguda. Con dicho fin reforzar la Oficina de Acción Humanitaria de la
AECID, así como los convenios con las ONG especializadas en ayuda de emergencia.
3. Asegurar que la prevención y reducción de riesgos de desastres queden incluidas como objetivo clave en el próximo Plan director, con asignación de recursos y delimitación de tareas y responsabilidades para la adecuada coordinación entre
los departamentos geográficos, sectorial y la Oficina Humanitaria de la AECID.
4. Priorizar los programas bilaterales y de ejecución por las ONG que se destinen a fortalecer la producción local de alimentos en los países en desarrollo, con enfoque de género y de sostenibilidad medioambiental, incluyendo los programas
de acceso a la tierra y su titularidad, que respeten y protejan los derechos consuetudinarios de las comunidades locales en el uso de la tierra y el manejo de sus recursos naturales y promuevan su activa participación en el desarrollo de estrategias
locales y nacionales de soberanía alimentaria.
5. En línea con el compromiso de hacer operativa la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Canarias, ampliar las reservas estratégicas y de alimentos de emergencia a nivel local, nacional y regional, asegurando que su gestión
se ajuste a las necesidades de las personas a las que van dirigidas.
6. Fortalecer la participación de España en el Marco Comprensivo de Apoyo a la Agricultura en África (CAADP), a través de los mecanismos establecidos a tal efecto, y, muy especialmente, a través del Programa Global de Agricultura y
Seguridad Alimentaria (GAFSP), del cual España es miembro fundador e impulsor.
7. Defender en los foros multilaterales oportunos, y en especial ante el G20, medidas para abordar las causas de la volatilidad de los precios de los alimentos y frenar su especulación en los mercados de futuros.
8. Con motivo de la elaboración del nuevo Plan Director de la Cooperación Española, incluir un apartado referido al seguimiento y avances de los compromisos de la declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad alimentaria realizada en
Madrid en 2009, así como los adquiridos en la Cumbre del G-8 en L'Aquila y sus desarrollos posteriores en otros foros multilaterales como el de Río+20 o el G-20, incluyendo las medidas a impulsar por el Gobierno de España y junto a la UE en esta
materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Federico Buyolo García, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno realice el Informe de Evaluación del Plan
Estratégico de Igualdad 2008/2011 y lo presente a las Cortes Generales, y se eleve para su aprobación al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Igualdad para 2012/2015, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El artículo 17 de la Ley Orgánica de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) planteaba claramente que el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
Este Plan, que se aprobó en 2008 con vigencia hasta diciembre de 2011, se planteó como principios rectores de la actuación de los poderes públicos: La redefinición del modelo de Ciudadanía, Empoderamiento de las mujeres, Trasversalidad con
perspectiva de género e Innovación.
Una nueva redefinición de la ciudadanía como afirmación de la especificidad de las mujeres, que atienda a su singularidad y pluralidad, de modo que no se las contemple como 'colectivo', sino como la mitad de la humanidad discriminada.
El empoderamiento de las mujeres, en el sentido de potenciar su participación en los espacios públicos, en los de decisión y en los profesionales. En el sentido de valorar y fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de
relacionarse.
La trasversalidad contemplada desde perspectiva de género, como herramienta que busca modificar las formas actuales de hacer política, implementando medidas que conduzcan a eliminar la cultura androcéntrica.
Y la innovación científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de cambio social. Aunque su dominio confiere un enorme poder, ya que quien controla la tecnología controla el futuro, las mujeres han estado excluidas de dichos
ámbitos por medio de barreras formales e informales.
Desde la Izquierda Plural entendemos que es imprescindible, ahora más que nunca por la situación de crisis económica y de valores que vivimos, que exista un instrumento institucional que de forma permanente sirva de orientación política para
que el principio de igualdad entre mujeres y hombres sea una de las causas
principales en las que se centre esta legislatura. Por ello creemos que es sumamente importante que el plan estratégico continúe vigente sine die como elemento y herramienta que oriente, dirija y fiscalice las políticas públicas sobre
igualdad de manera trasversal.
La continuidad del Plan después de 2011, año señalado de su vigencia, es absolutamente necesaria y debe aprovecharse ese momento de prórroga para evaluar de manera honesta y objetiva todas las medidas adoptadas y conseguidas, su grado de
ejecución y seguimiento y para plantear un nuevo Plan Estratégico.
Esa evaluación entendemos debe estar enfocada con el objetivo de analizar todas aquellas medidas que habiéndose implantado hayan obtenido resultados positivos, aquellas que no se han desarrollado y debieran implantarse por ser consideradas
necesarias para el cambio de estructura social y replantear aquellas que no hayan tenido incidencia. Asimismo, en el nuevo Plan debieran introducirse aquellas medidas que a propuesta, fundamentalmente, de las organizaciones de mujeres se vean
necesarias para complementar el Plan.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. La Comisión de Igualdad, insta al Gobierno a que en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, elabore un Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad 2008/2011 y lo
presente a las Cortes Generales.
2. La Comisión de Igualdad insta al Gobierno a que en cumplimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, elabore el Plan Estratégico de Igualdad 2012/2015, contando con las asociaciones
de mujeres y lo eleve con urgencia para su aprobación al Consejo de Ministros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre
apoyo a las personas con síndrome de Down, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En España hay más de 34.000 personas con síndrome de Down. Se calcula que de cada 800 bebés que nacen en el mundo, uno tiene Síndrome de Down.
El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra (o una parte de él) en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen tres cromosomas en dicho par (de ahí el
nombre de trisomía 21), cuando lo habitual es que solo existan dos.
El síndrome de Down debe su nombre al apellido del médico británico John Langdon Haydon Down, que fue el primero en describir en 1866 las características clínicas que tenían en común un grupo concreto de personas, sin poder determinar su
causa.
Fue en julio de 1958 cuando el genetista francés Jérome Lejeune descubrió que el síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21. Por tanto, la trisomía 21 resultó ser la primera alteración cromosómica hallada en el hombre.
El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. La consecuencia es un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares y reconocibles.
La elección como Día Mundial del Síndrome de Down de la fecha 21 de marzo (21/3) es un símbolo que hace referencia a la triplicación (trisomía) del cromosoma 21. Este año, Naciones Unidas ha reconocido esta fecha de manera oficial en su
calendario.
Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la organización Down España ha lanzado una campaña que consiste en un 'spot' basado en el Manifiesto 'Tengo síndrome de Down y no soy tan distinto a ti' que pretende desterrar falsas ideas y
creencias y trasladar una imagen adecuada y real de las personas con síndrome de Down como personas con cualidades y defectos, tan capaces y tan distintos como el resto de ciudadanos, que se sienten bien consigo mismos, que tienen sueños, proyectos
y voz para expresar cómo quieren que sea su vida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Manifiesta su apoyo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.
- Muestra su apoyo y adhesión al Manifiesto 'Tengo síndrome de Down y no soy tan distinto a ti', elaborado por la organización Down España.
- Insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, y con la participación de las asociaciones que representan al colectivo, a adoptar las medidas necesarias para asegurar una
adecuada atención a las personas con síndrome de Down mediante:
El impulso a la investigación y a la innovación.
La promoción de la normalización, la inclusión y la autonomía de las personas con síndrome de Down.
La defensa y promoción de los derechos de las personas con trisomía 21.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000197
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez
Texto:
El 10 de diciembre del año 2008 se constituye la sociedad Avilés Isla de la Innovación, S. A, participada por el Ayuntamiento de Avilés; la Autoridad Portuaria de Avilés; el Principado de Asturias, y la Sociedad Infoinvest, S. A.
(participada por SEPIDES). El Principado de Asturias suscribió participaciones por importe de 350.000 euros; Infoinvest, S. A., suscribió otros 350.000 euros; el Ayuntamiento de Avilés, 250.000 euros, y la Autoridad Portuaria, 50.000 euros. Su
constitución se fundamentó en el interés común de las Administraciones estatal, autonómica y local para planificar, desarrollar, gestionar y ejecutar urbanísticamente el ámbito territorial del Plan General de Ordenación de Avilés que se corresponde
con el área de planeamiento remitido 'APR C-1, C-2 y C-3', más conocido como el ámbito de 'La Isla de la Innovación', y que, en su mayor parte, es suelo público procedente de las antiguas instalaciones siderúrgicas de ENSIDESA.
¿Cuál ha sido el motivo que impulsó al Gobierno a tomar la decisión adoptada en el Consejo de Ministros del 16 de marzo, de abandonar la sociedad 'Avilés Isla de Innovación, S. A.'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/000195
Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña Ana María Oramas González-Moro
Texto:
¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Educación con respecto a la financiación del programa del campus de excelencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.
181/000198
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para luchar contra las altas tasas de fracaso escolar en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000199
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Cómo va a hacer el Gobierno compatible la supresión de los incentivos económicos para las energías renovables aprobadas mediante Real Decreto-ley 1/2012 con cumplir los objetivos de eficiencia energética que persigue la Directiva 2010/31 de
la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000196
Grupo Parlamentario Mixto-Coalición Canaria-Nueva Canarias
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Ana María Oramas González-Moro
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno del Estado con respecto a la propuesta realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para que reforme la cobertura de los seguros agrarios con el objetivo de
que puedan cubrir las pérdidas ocasionadas por la sequía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
230/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(230) Conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el conflicto positivo de competencia número 1081/2000 planteado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación contra la Resolución de 13 de octubre de 1999 del Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña por la que, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez
Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto positivo de competencia núm. 1081-2000 planteado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación contra la Resolución de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por la
que, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, publicada en el 'Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña' núm. 2996, de 18 de octubre de 1999. Han comparecido el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Desestimar el presente conflicto positivo de competencia y declarar que la Resolución de 13 de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por la que se aprueba la inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de la Generalidad de Cataluña de los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña no es inconstitucional, siempre que los artículos 5, 32, 48, 57 y 75, en conexión con el artículo 3.1 de dichos Estatutos, se
interpreten en la forma expresada en el fundamento jurídico 7.b).
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de marzo de 2012.
232/000025
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4364-2001, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo único, cardinales 1 y 2, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José
Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4364-2001, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo único, cardinales 1 y 2, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Han sido parte el Abogado del Estado y la Junta de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de marzo de 2012.
232/000026
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1847/2002, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el artículo 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
Ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez
Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1847-2002, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el artículo 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Declarar la inconstitucionalidad del inciso 'o exceda de los límites de una concreta Comunidad Autónoma', de la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001.
Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 15 de marzo de 2012.