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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 54, de 13/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de marzo de 2012
Núm. 54
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página6)
Grupos Parlamentarios
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página6)
Diputados
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página6)
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000004 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, sobre las medidas a adoptar para mejorar la situación en la que se encuentra el mar Mediterráneo, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ... (Página12)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con
deudas económicas pendientes ... (Página13)
Comisión de Justicia
161/000290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con
deudas económicas pendientes ... (Página15)
161/000342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre apropiación de bienes inmuebles por la Iglesia Católica ... (Página16)
Comisión de Interior
161/000363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la identificación mediante placa y número de los agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía ...
161/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reversión gratuita de la antigua caserna de la Guardia Civil de Sant Quintí de Mediona ... (Página19)
161/000374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz ... (Página20)
161/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en funcionamiento de la prisión de Archidona ... (Página21)
Comisión de Defensa
161/000347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora en la escolarización de hijos de militares desplazados ... (Página22)
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan ...
161/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas contra la impunidad de delitos cometidos en el marco de misiones humanitarias ... (Página23)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la protección de las personas afectadas por la colocación masiva de participaciones preferentes y otros productos financieros opacos por parte de
entidades financieras entre ahorradores e inversores del tramo minorista ... (Página25)
161/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores hipotecarios ...
(Página26)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la determinación de los beneficios procedentes de actividades económicas objeto de beneficios fiscales ...
161/000371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el DNI electrónico ... (Página29)
Comisión de Fomento
161/000346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar la seguridad vial en la carretera N-120 entre Arcos y Xinzo en el ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra) ...
161/000355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de la Comunidad Autónoma de Canarias en la red básica de las redes transeuropeas de transporte
de la Unión Europea ... (Página30)
161/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a mantener la financiación plurianual para las obras del Metro de Málaga ... (Página31)
161/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la UE ...
Comisión de Educación y Deporte
161/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a promover en la Formación Inicial del Profesorado la supresión de la asignatura de Religión
Católica y la inclusión de las asignaturas de 'Educación para la igualdad de mujeres y hombres' y 'Educación para la prevención de la violencia de género' ... (Página33)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores del campo contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) ...
161/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento de las pensiones de viudedad ... (Página35)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de una regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas vinculadas a la modalidad de suministro de energía eléctrica
con balance neto ... (Página36)
161/000357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo al sector naval ... (Página37)
161/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la estación de montaña de Manzaneda ... (Página38)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para armonizar las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola ...
161/000358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la comarca de Riaño, montaña oriental leonesa ... (Página40)
161/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la evaluación entre capacidad pesquera y posibilidades de pesca ... (Página41)
161/000360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Rendimiento Máximo Sostenible ... (Página41)
161/000361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas ... (Página42)
161/000364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las heladas de febrero ... (Página43)
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fachada litoral de Altea (Alicante) ... (Página44)
161/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el embalse de Relleu ... (Página44)
161/000386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incentivos con consecuencias ambientalmente negativas ... (Página45)
161/000387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la reforma ambiental del Impuesto sobre Actividades Económicas ... (Página45)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cumplimiento de la universalización de la asistencia sanitaria ... (Página46)
161/000350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el incremento de suicidios en España ante la crisis económica ... (Página46)
161/000356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la ratificación del Protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño para un procedimiento de comunicaciones ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo ...
(Página48)
161/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento de la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
... (Página49)
Comisión de Cultura
161/000343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Museo de Málaga ... (Página49)
161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación del 'Centro Virtual de la Cultura de España' ... (Página50)
161/000372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Festival Internacional de la Porta Ferrada ... (Página51)
Comisión de Igualdad
161/000351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2012-2015 ... (Página51)
161/000352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la desaparición y muerte que sufren las mujeres y niñas en México y especialmente en Ciudad Juárez ...
161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la ampliación del permiso intrasferible de paternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o
acogida, como medida de avance hacia la corresponsabilidad ... (Página53)
161/000378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para mejorar los servicios de atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género ...
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el transporte de personas en bicicleta ... (Página56)
161/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la limitación de velocidad de los vehículos ... (Página56)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social ... (Página57)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 ... (Página58)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Interior
181/000135 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre previsiones acerca de la unificación de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Andalucía Oriental con la de Andalucía Occidental, así como, en
su caso, razones que justificarían dicha unificación ... (Página59)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000133 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si con menos inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude ...
Comisión de Fomento
181/000134 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre mantenimiento de las ayudas públicas a las líneas aéreas ... (Página59)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
233/000012 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 647/2004, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña, en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social ... (Página60)
Otros textos
Iniciativa legislativa popular
120/000012 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Félix Higueras Viejobueno, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre reversión de la congelación de las pensiones
en 2011 ... (Página60)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
051/000002
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PLENO
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
TOMÉ MUGURUZA, Baudilio 01-03-2012
Alta:
COBOS TRALLERO, Sara 06-03-2012
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial por circunscripciones.
Zaragoza:
COBOS TRALLERO, Sara PP-PAR
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: COBOS TRALLERO, Sara
Circunscripción: Zaragoza
Número: 364
Fecha: 6 de marzo de 2012
Formación electoral: PP-PAR
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/00005)
Número de miembros al 6 de marzo de 2012: 185
Baja:
TOMÉ MUGURUZA, Baudilio 01-03-2012
Alta:
COBOS TRALLERO, Sara 06-03-2012
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la declaración final de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, sobre las medidas a adoptar para mejorar la situación en la que se encuentra el mar Mediterráneo.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 7065, admitir a trámite y trasladar a la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996,
advirtiendo que conforme a lo dispuesto en el punto tercero de la citada Resolución la Comisión ha de concretar, en su caso, en su propuesta de creación la composición de la Subcomisión. En el supuesto de que dicho extremo no quede resuelto
expresamente, la composición de la Subcomisión se ajustaría a lo dispuesto en la Cámara para las Ponencias.
De otra parte comunicar a la citada Comisión que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, sobre las
medidas a adoptar para mejorar la situación en la que se encuentra el mar Mediterráneo.
Exposición de motivos
A pesar de ser un mar cerrado y relativamente pequeño, el Mediterráneo, es uno de los ecosistemas acuáticos más ricos del mundo. De hecho, en sus aguas habita el 9% de la fauna marina de todo el planeta y en ellas se han identificado 10.000
especies. Sin embargo, el Mediterráneo es un ecosistema sumamente frágil, hasta el punto de que los biólogos advierten que quienes hoy son niños no podrán disfrutarlo como lo han hecho sus padres en las últimas décadas.
El boom del turismo, un litoral cada vez más urbanizado, el aumento del tráfico marítimo y la contaminación de las aguas, entre otras causas, además de los efectos del cambio climático, están provocando profundas transformaciones en el
Mediterráneo y están poniendo en peligro a muchas de las especies que viven en él. En estos momentos, nos encontramos con invasiones de especies nuevas que están desplazando a las autóctonas, con la desaparición de zonas pesqueras que antes eran
productivas, y con que una parte importante de los animales que venían ahora dejan de hacerlo.
El Mediterráneo es el mar más contaminado del mundo, según varios informes. Vertidos ilegales, descuidos, el transporte masivo de mercancías, la proliferación de playas y puertos deportivos, hacen que todo lo que vive en estas aguas sea
susceptible de desaparecer o de acabar contaminado.
A pesar de que se habla mucho del cambio climático en relación con la tierra, lo cierto es que también afecta de manera importante al medio marino. Los mares y los océanos tienen un papel esencial en la regulación del clima y están muy
relacionados con algunos fenómenos naturales extremos como las inundaciones y sequías. Además, el cambio climático, al modificar los parámetros de salinidad, presión y temperatura, está transformando el hábitat marino y poniendo en serias
dificultades a animales como los cetáceos. Está cambiando la forma en que se propaga el sonido en el agua y en consecuencia, la visión del entorno que tienen estos animales, a los que les es cada vez más difícil alimentarse, comunicarse entre ellos
y orientarse. Tanto es así que se han multiplicado en los últimos años las colisiones de estos animales con los barcos.
El equilibrio natural del Mediterráneo se encuentra gravemente amenazado, siendo muchas e importantes las consecuencias que se derivan de esta situación. Por otra parte, a pesar de que el 27 de mayo de 2008, el Pleno del Senado aprobó una
Moción por la que se instaba a la creación de una Subcomisión o Ponencia en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático sobre las medidas a adoptar para mejorar la situación del mar Mediterráneo, el informe finalmente elaborado
por la citada Comisión Mixta en la pasada legislatura, si bien apunta que 'como sociedad tenemos
una deuda pendiente con el Mediterráneo, por lo que resulta precisa la concienciación general y la puesta en marcha de políticas de recuperación del mar Mediterráneo', no incluye un apartado específico sobre esta cuestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente propuesta para la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, sobre las medidas a adoptar para
mejorar la situación en la que se encuentra el mar Mediterráneo.
Reglas de organización y funcionamiento
A) Composición.
La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarias en al Subcomisión.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión, partiendo de los análisis sobre la situación y evolución del mar Mediterráneo en los últimos años, deberá realizar un conjunto de recomendaciones al Gobierno y al conjunto de países mediterráneos sobre posibles actuaciones
tendentes a preservar y recuperar los ecosistemas marinos del Mediterráneo y a mejorar su situación en general, la evaluación de los impactos, el análisis de vulnerabilidad y las medidas de adaptación de los citados ecosistemas al Cambio Climático.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara, para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000289
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas pendientes.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 6391 y, considerando que solicita el
debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión Constitucional
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate
en la Comisión Constitucional, la siguiente Proposición no de Ley sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas
pendientes.
Exposición de motivos
La controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a
subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello.
Ha habido muchos casos, pero quisiera detenerme en aquellos que más han impactado a los ciudadanos por la cuantía abonada y por su repercusión mediática.
Los pagos realizados a delincuentes convictos como Julián Muñoz y Luis Roldán de 350.000 y 50.000 euros, respectivamente, por sus apariciones en programas de una cadena de televisión, puso en su momento en evidencia una clara perversión en
el cruce de nuestro sistema penal y el conjunto legislativo que regula la comunicación pública.
En cuanto a la madre del Cuco, el sábado 29 de octubre de 2011, otro programa entrevistó a Rosalía García, madre de Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', uno de los condenados en la violación, muerte y desaparición de Marta del Castillo.
Se publicó en varios medios que esta mujer cobró de 9.000 a 10.000 euros por acudir a la entrevista de espaldas a la cámara y sin mostrar su rostro.
Todos estos casos -unidos a otros- supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no
exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas.
Se da así la circunstancia de que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de
la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas.
Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la Administración Pública, mantienen ocultos los
recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación
debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas. De forma que los delincuentes no puedan percibir beneficios económicos por sus apariciones, no ya sólo en los medios audiovisuales beneficiarios de una concesión administrativa de
las administraciones públicas, sino en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital.
La extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se
respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias.
La limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada si se desea respetar el derecho constitucional de todas las personas a la libertad de expresión y
de información. Pero desde luego sí cabe aplicarla a aquellas que mantengan deudas con las administraciones, fruto de una sentencia condenatoria. Porque de otra forma se produciría un doble agravio a la sociedad: la no devolución de lo
indebidamente apropiado y el premio económico por la notoriedad de su delito.
Por otra parte, una modificación normativa de este tipo garantizará en mayor medida el que no se produzca un enriquecimiento injusto. No siempre los órganos judiciales pueden requisar los fondos pagados por este tipo de apariciones
televisivas; y en ningún caso logran hacerlo cuando las percepciones las cobran familiares o allegados (como ocurrió recientemente con la novia de un agresor a un profesor universitario).
Es por ello que se hace necesario la intervención del Gobierno y del Parlamento para evitar que sigan produciéndose este tipo de fenómenos.
Por estos motivos se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los cambios normativos precisos en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a
personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados.
2. Estudiar la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho
a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/000290
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas pendientes.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 6392 y, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa de la Comisión de Justicia
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate
en la Comisión de Justicia, la siguiente Proposición no de Ley sobre ilegalización de retribuciones de concesionarios privados del servicio público de Radiotelevisión y de entes públicos de Radiotelevisión a delincuentes con deudas económicas
pendientes.
Exposición de motivos
La controversia que siempre han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a
subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello.
Ha habido muchos casos, pero quisiera detenerme en aquellos que más han impactado a los ciudadanos por la cuantía abonada y por su repercusión mediática.
Los pagos realizados a delincuentes convictos como Julián Muñoz y Luis Roldán de 350.000 y 50.000 euros, respectivamente, por sus apariciones en programas de una cadena de televisión, puso en su momento en evidencia una clara perversión en
el cruce de nuestro sistema penal y el conjunto legislativo que regula la comunicación pública.
En cuanto a la madre del Cuco, el sábado 29 de octubre de 2011, otro programa entrevistó a Rosalía García, madre de Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', uno de los condenados en la violación, muerte y desaparición de Marta del Castillo.
Se publicó en varios medios que esta mujer cobró de 9.000 a 10.000 euros por acudir a la entrevista de espaldas a la cámara y sin mostrar su rostro.
Todos estos casos -unidos a otros- supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no
exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas.
Se da así la circunstancia de que medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de
la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas.
Desde el ejercicio del servicio público de televisión en régimen de concesión administrativa se está financiando de esa forma a personas que, lejos de restituir las cantidades defraudas a la administración pública, mantienen ocultos los
recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación
debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas. De forma que los delincuentes no puedan percibir beneficios económicos por sus apariciones, no ya sólo en los medios audiovisuales beneficiarios de una concesión administrativa de
las administraciones públicas, sino en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital.
La extensión continuada de pagos a personas condenadas o relacionadas con condenados o imputados por ocupar tiempos de pantalla y ganar determinadas audiencias se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo, donde no se
respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias.
La limitación legal de estas prácticas retributivas a personas que hayan sido condenadas por los tribunales no puede ser total e incondicionada si se desea respetar el derecho constitucional de todas las personas a la libertad de expresión y
de información. Pero desde luego sí cabe aplicarla a aquellas que mantengan deudas con las administraciones, fruto de una sentencia condenatoria. Porque de otra forma se produciría un doble agravio a la sociedad: la no devolución de lo
indebidamente apropiado y el premio económico por la notoriedad de su delito.
Por otra parte, una modificación normativa de este tipo garantizará en mayor medida el que no se produzca un enriquecimiento injusto. No siempre los órganos judiciales pueden requisar los fondos pagados por este tipo de apariciones
televisivas; y en ningún caso logran hacerlo cuando las percepciones las cobran familiares o allegados (como ocurrió recientemente con la novia de un agresor a un profesor universitario).
Es por ello que se hace necesario la intervención del Gobierno y del Parlamento para evitar que sigan produciéndose este tipo de fenómenos.
Por estos motivos se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los cambios normativos precisos en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a
personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. Esta prohibición alcanzará también a sus familiares o allegados.
2. Estudiar la posibilidad de que esta prohibición de remuneraciones se extienda igualmente a las personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho
a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apropiación abusiva de bienes inmuebles por la
Iglesia Católica, para su debate en la Comisión de Justicia.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del Reglamento de esta Ley autorizan a los obispos de la Iglesia Católica a emitir unilateralmente certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos; y a
partir de 1998, por Decreto del Gobierno Aznar, con la supresión del artículo 5 del Reglamento, esa facultad se amplió a edificios de culto, templos, ermitas y otros bienes que forman parte del patrimonio cultural de España.
Desde entonces y ante el silencio institucional, la Iglesia ha llevado a cabo una operación planificada de saqueo, una 'desamortización' al revés de la llevada a
cabo por Mendizábal en el siglo XIX, aprovechando esa potestad para incrementar de forma exponencial su patrimonio prácticamente con coste cero en toda España y convirtiéndose en el principal propietario inmobiliario del país.
Efectivamente, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria habilita un medio privilegiado de inmatriculación, por el que una autoridad eclesiástica -a la que se equipara abusivamente como fedatario público- puede expedir la certificación de
dominio acreditando que el bien que se pretende registrar es propiedad de la Iglesia, todo ello mediante un procedimiento extraordinario y sin publicidad, que no requiere información pública, ni notaría, ni publicación de edictos, todo ello con un
coste de tramitación irrisorio, que oscila entre los 25 y los 30 euros. Amparándose en tan anacrónico privilegio, la Iglesia se ha apropiado de innumerables catedrales, templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios, fincas, frontones, garajes,
huertos, olivares, Villas, pastos y prados, y un largo catálogo de bienes inmobiliarios que en su mayoría se han costeado, sostenido y mantenido con fondos públicos, Ayuntamientos y vecinos durante siglos, todo ello acreditado en muchos casos con
documentación oficial y datos históricos.
Las mencionadas disposiciones son continuidad de la Ley Hipotecaria de 1946, dictada en pleno franquismo, cuando el Estado era confesional y la Iglesia Católica, considerada como un ente público, obtuvo la potestad fedataria de actos
públicos.
Ambos artículos son de dudosa constitucionalidad a la luz del artículo 16.3 de la Constitución española sobre la aconfesionalidad del Estado y su interpretación consolidada por la sentencia del Tribunal Constitucional 340/93, de 16 de
noviembre.
Por ello, no se entiende que en pleno siglo XXI y a tenor de la separación entre el Estado y las iglesias, subsista en España este privilegio, máxime cuando la Iglesia Católica incumple de forma reiterada su compromiso de autofinanciación,
suscrito en su Acuerdo de 1979 con el Estado, en el que 'La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades', por lo que sigue siendo financiada a cargo de un porcentaje del
IRPF y de los propios Presupuestos Generales del Estado.
El registro de la Propiedad no detalla el expolio legal que ha realizado la Iglesia desde 1998. El único informe que existe lo realizó en 2008 la Comunidad Foral de Navarra a petición de Izquierda Unida. El recuento de las
inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007, el Arzobispado de Pamplona-Tudela había registrado 1.086 bienes, lo que da una idea de la extraordinaria magnitud de la apropiación de inmuebles por la Iglesia Católica en toda
España al amparo de una discutible disposición legal.
Un caso llamativo es el de la Mezquita de Córdoba, patrimonio de la Humanidad y símbolo de la pluralidad religiosa, del que la Iglesia se apropió en 2006 por la módica suma de 30 euros.
Pese a su precaria situación económica, decenas de Ayuntamientos, como el de Huarte (Navarra), y plataformas ciudadanas surgidas para hacer frente a lo que consideran un expolio patrimonial a su comunidad, han presentado denuncias judiciales
para recuperar sus bienes. Son numerosos los casos en los que las apropiaciones han creado polémica en la opinión pública. Es el caso de la inmatriculación abusiva por la Iglesia de la casa parroquial y de la ermita románica de Muskilda, propiedad
del Ayuntamiento de Ochagavía (Navarra); de la casa parroquial de Undiano-San Martín (Pamplona), pese a que el registro municipal dispone del acta de compra por el Ayuntamiento, el 26 de diciembre de 1927, por valor de 19.077,22 pesetas de la
época; de los muros de la iglesia fortaleza de San Bartolomé en Xabia (Alicante) construida en el siglo XIV como torre defensiva por Jaime II y misteriosamente desaparecida del Catálogo de Bienes Municipales en 1960; o de la Casa de la Maestra en
el municipio de Ciriza (Navarra), registrada por la Iglesia y cuya devolución al Ayuntamiento fue acordada por el Arzobispado a cambio de 50.000 euros, pero que luego, unilateralmente, la Iglesia puso en venta a una inmobiliaria por 75.000 euros.
En múltiples ocasiones, los bienes apropiados por la Iglesia han sido vendidos, hipotecados o arrendados. Se dan casos esperpénticos, como en la iglesia de Santa María, en Tafalla, propiedad histórica del pueblo y escriturada por la
Diócesis, donde las autoridades eclesiásticas cobran 250 euros por concierto organizado por el Ayuntamiento. A la inversa, el Arzobispado de Lugo denunció a la asociación de vecinos del municipio de Ribadulla, en Santiso (Galicia) por haber
inmatriculado el 'campo de fiesta' municipal, reivindicado por la Iglesia. De otra parte, en 2011 los tribunales han dado la razón al concejo de Garíosain (Navarra) frente a la demanda interpuesta por el Arzobispado por haber inmatriculado el
Ayuntamiento la ermita del Pilar. La sentencia hace constar que 'los creyentes de todos los tiempos han consagrado a Nuestro Señor construcciones de todo tipo sin que de ello pueda derivarse que las mismas sean propiedad de la Iglesia como
institución'.
En algunos casos, como sucede con las Diócesis de Astorga y León, dónde continúan abiertos numerosos litigios motivados por el intento masivo de registros, se ha suscitado una respuesta ciudadana y vecinal que ha frustrado las pretensiones
de las Parroquias como sucedió con la Ermita de Pardesivil de Curueño (León) debido a la rápida actuación de su Junta de vecinos.
En general estos edificios, como es público y notorio a la luz de los archivos municipales y la memoria popular, fueron construidos y amueblados por los pueblos, que ejercían el patronazgo de los mismos por medio de sus Concejos y
Ayuntamientos. Su utilidad no era únicamente religiosa: en ellos se elegía el Ayuntamiento, se reunían las asambleas vecinales, se enterraba a los muertos, avisaban al pueblo con las
campanas y servían de defensa en caso de ataque. Campaneros, almosneros, sacristanes y clérigos eran elegidos por el pueblo. Bien con cargo a los fondos públicos, bien por el impuesto de la Primicia que recaudaba el Ayuntamiento, bien por
enajenación de otros bienes públicos, existen infinidad de acuerdos municipales en los que se decide, se contrata y se paga la construcción o arreglo de las parroquias, ermitas, casas curales, cementerios, así como la adquisición de los retablos,
capillas, sagrarios y campanas. Todavía hoy son constantes las obras que se realizan en muchos de estos edificios, mayormente a costa de los fondos públicos y del esfuerzo de los pueblos.
Además de la tradición, la consideración como propiedad pública de estos bienes tiene sus antecedentes legislativos: La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, en su artículo 11, reconocía pertenecer a la propiedad pública
los templos de toda clase y sus edificios anexos, casas rectorales, etc., y la misma condición se daba a los muebles, ornamentos e imágenes. Y en su artículo 12 decía que todo lo anterior seguiría destinado 'al mismo fin religioso del culto
católico, a cuyo efecto continuarán en poder de la Iglesia católica para su conservación, administración y utilización según su naturaleza y destino. La Iglesia no podrá disponer de ellos y se limitará a emplearlos para el fin al que están
adscritos'.
El hecho lamentable de que la dictadura franquista aboliera la legalidad republicana y concediera todo tipo de privilegios a la Iglesia Católica, no puede tener continuidad en nuestros días con la citada Ley Hipotecaria de 1946, ni puede
cambiar la consideración pública de los citados bienes.
La propiedad pública de los edificios es la mejor garantía del uso vecinal de los mismos, tanto para funciones religiosas como culturales, tal y como se ha hecho hasta la fecha, sin que ningún propietario particular pueda vender, alquilar o
condicionar su uso. El uso que tradicionalmente ha hecho la Iglesia de los edificios no debe servir de apoyo para atribuirse a futuro la propiedad privada de los mismos; y ello sin perjuicio de que se mantenga el uso religioso de esos bienes de
propiedad pública, uso que no se cuestiona y que tampoco se ha cuestionado en los lugares donde un ayuntamiento ha registrado algún lugar de culto.
De otra parte y conforme a la Ley, las Entidades locales deben velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora de los bienes y derechos de su Patrimonio, y tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de
los mismos. Incluso, dispone dicho artículo, cualquier vecino que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir a las Entidades locales el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
Por ello es fundamental que los Ayuntamientos y demás Entidades Locales procedan cuanto antes a la inmatriculación de los bienes que les pertenecen, aunque carezcan de titularidad registral.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la revisión del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del artículo 304 del Reglamento de la misma, para suprimir el anacrónico privilegio que en estas disposiciones se otorga a los obispos de la Iglesia Católica de actuar como
fedatarios públicos para emitir certificaciones de dominio sobre bienes inmobiliarios para adueñarse de ellos mediante su inmatriculación en el Registro de la Propiedad.
2. Solicitar a la Iglesia Católica que, en un acto de buena voluntad, deje los bienes inmatriculados en la situación en que estaban antes del Real Decreto de 1998; si no se hiciere, estudiar la posibilidad de que el Estado proceda a la
desamortización de los bienes adquiridos al amparo de los mencionados artículos en los casos en que se haya equiparado la condición de autoridad eclesiástica a la de funcionario público en la certificación de dominio.
3. Tomar las medidas necesarias para que las iglesias paguen a las Administraciones Públicas el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de su propiedad.
4. Solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias que informe a las entidades locales de la conveniencia de inmatricular los bienes que les pertenecen, atendiendo al deber que tienen de defender su patrimonio y no hacer
dejación de sus derechos y bienes que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
5. Presentar un recurso de inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por vulnerar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española, sobre la aconfesionalidad del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/000363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la identificación mediante placa y número de los agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las recientes manifestaciones acontecidas en la ciudad de Valencia en protesta por los recortes en los servicios públicos conllevaron la actuación de la Policía. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 marzo, tienen como misión principal el 'libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana'.
La actuación de la Policía Nacional en Valencia, en concreto del cuerpo de antidisturbios, se alejó en gran medida de esa misión ante una intervención desproporcionada en su violencia hacia los manifestantes. Los choques entre manifestantes
y policía pusieron al descubierto una serie de deficiencias en algunos derechos ciudadanos como el de identificar a los agentes ante posibles excesos de poder en sus actuaciones.
Se ha detectado que en los cuerpos antidisturbios se prescinde, en muchas ocasiones, del número de identificación de forma visible en el atuendo, lo que deja al ciudadano en una situación de indefensión para poder reclamar responsabilidades.
El Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, apunta que los ciudadanos pueden identificar inequívocamente a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, al tiempo que en la Orden del Ministerio del Interior de 8 de febrero de 1988 por
la que se establecen distintivos, carné profesional, placa-emblema y divisas del Cuerpo Nacional de Policía, indica que los funcionarios policiales 'cuando hayan de relacionarse con las autoridades o con los ciudadanos, en la realización de los
servicios [...], deberán identificarse. Las autoridades y los ciudadanos podrán requerirlo'.
Además, la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior, de 14 de septiembre, sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece la obligatoriedad de su
exhibición en las prendas de uniformidad en lugar bien visible: 'Todos los componentes de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía que vistan uniforme y/o equipo de trabajo incluidas aquellas unidades especiales que en la actualidad no portan
número identificativo [...] deberán llevar sobre sus prendas de uniformidad el número de identidad personal correspondiente al del Carnet Profesional y a la Tarjeta de Identidad Profesional, en lugar bien visible y de forma que a la denominada
distancia de respeto (un metro y veinte centímetros aproximadamente) puedan ser leídos sin dificultad por los ciudadanos'.
Por todo lo anteriormente expuesto realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Habilitar los uniformes y complementos de los agentes de la Policía Nacional, en especial los de los antidisturbios, para que puedan llevar de forma bien visible su número de identificación en cualquier actuación que lleven a cabo. Dado
que en ocasiones los chalecos no son personales, se podría emplear un sistema de velcro para que los números de identificación pudieran adherirse y retirarse dependiendo del agente que haga uso del material.
2. Insertar el número de identificación a modo de serigrafía y con un tamaño legible, en aquellos complementos que sean personales e intransferibles de los agentes, como por ejemplo los cascos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
reversión gratuita de la antigua caserna de la Guardia Civil de Sant Quintí de Mediona, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 19 de diciembre de 1990 se efectuó el contrato de cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona al Estado de un solar en la zona de la Soleia d'en Gili de dicho municipio para la construcción de una casa cuartel de
la Guardia Civil. El acuerdo supuso la cesión para la construcción de una casa cuartel que se usó hasta el despliegue de los Mossos d'Esquadra y con el repliegue de los efectivos de la Guardia Civil.
Con el repliegue de los agentes de la Guardia Civil la casa cuartel quedó en desuso y actualmente se encuentra abandonada, pudiéndose destinar a otros usos sociales y comunitarios.
El Gobierno, beneficiario de la entonces cesión gratuita, exige ahora al Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona para el cambio de titularidad una importante cuantía económica en una conocida situación de dificultad económica de los
ayuntamientos. A ello, hay que sumar el estado de abandono de la casa cuartel por la dejación del Ministerio correspondiente que no ejerce ningún tipo de mantenimiento sobre un edificio que se degrada y que conlleva un problema de salubridad y de
seguridad.
Por estos motivos y porque el Ayuntamiento tiene un proyecto de equipamiento municipal y para albergar
la sede de la Associació de Defensa Forestal (ADF), el Municipio reclama la devolución.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Proceder, en un plazo no superior a seis meses, a la reversión gratuita de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Sant Quintí de Mediona al Ayuntamiento para la dotación de los equipamientos municipales que considere oportunos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000374
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación remitida mediante escrito número de registro 6944 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento,
y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iker Urbina Fernández, Diputado de AMAIUR, integrado en el Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los hechos ocurridos el 3 de
marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El inicio de 1976 estuvo marcado en Vitoria-Gasteiz, por el largo conflicto laboral que varias empresas arrastraban y que conllevó las protestas y la declaración de huelga de sus trabajadores, en un contexto en el que no se encontraba
reconocido ni el derecho de huelga ni el derecho de reunión.
Por ello, para ejercer este segundo no en pocas ocasiones se utilizaban como lugares de reunión templos y centros eclesiásticos, que en virtud el Concordato firmado entre España y el Estado Vaticano quedaban protegidos de la actuación
policial.
En ese contexto, tal y como establece el Dictamen del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, se convocó en la ciudad de Vitoria una 'huelga general' para el día 3 de marzo de 1976 con el fin de recabar la solidaridad
de la ciudadanía con unos trabajadores en huelga y sin ingresos desde diciembre de 1975. Era la tercera jornada de protesta de estas características que se convocaba, y la que tuvo una mayor repercusión social.
Para ese día se había convocado, asimismo, una asamblea a las 17,00 horas de la llamada 'Coordinadora de Comisiones Representativas de Empresas en Lucha' en la parroquia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga de Vitoria. Las
reuniones de esta 'Coordinadora' se realizaban regularmente y siempre en la misma parroquia. La convocatoria era conocida y abierta. Dado el éxito en esta ocasión de la 'huelga general', la afluencia de gente comenzó a ser masiva. Desde una hora
antes, aproximadamente, la iglesia se había ido llenando hasta reunir a unas cuatro mil personas en su interior (Informe del Comisario Jefe de Policía de Vitoria). Solo a las 16,50, la policía comenzó a impedir el acceso a más gente, concentrándose
en los aledaños del templo otros varios miles de concurrentes (alrededor de otras cuatro mil personas).
A solicitud del entonces Gobernador Civil de la provincia de Álava, don Rafael Landín Vicuña, acudieron a las inmediaciones del recinto la 11.ª Compañía de reserva de la Policía Armada con base en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición
de la Plaza al mando del capitán don Jesús Quintana Saracíbar. A ellos se les uniría, poco después, la 2.ª Compañía de Reserva de Valladolid. La orden del Gobernador Civil era la de desalojar la iglesia.
Los responsables de estas fuerzas policiales, según el Concordato firmado entre España y el Vaticano en 1953, necesitaban la autorización eclesial para acceder al templo. Sin embargo, nunca llegaron a entrevistarse con el párroco de la
iglesia de San Francisco, don Esteban Alonso de Mezquía, máxima autoridad eclesial en aquel momento del recinto. Fue don Antonio Quilchano,
coadjutor de la iglesia de la Coronación, quien, alarmado por la situación, se desplazó desde la parroquia próxima de Belén hasta la de San Francisco con el fin de recabar información, quien mantuvo un tenso contacto con la policía. Esta
conminó a los responsables del templo a ordenar el desalojo de los reunidos, sin que fuera presentada orden escrita alguna. Don Antonio Quilchano transmitió la conversación al párroco del templo. Don Esteban Alonso de Mezquía, tras hablar por
teléfono con el episcopado desde su sacristía, explicó que los trabajadores congregados estaban en ese momento ejerciendo su derecho fundamental de reunión, y destacó la actitud pacífica y tranquila mantenida por aquellos en el interior del templo,
por lo que no estimaba necesario desalojarles. No hubo tampoco -según comunicado enviado por el episcopado a la prensa al día siguiente-, autorización del Obispo para la intervención en el interior del templo.
Hacia las 16,50-17,00 horas, tras establecer una línea de control que impedía definitivamente la entrada a la iglesia, las fuerzas de orden público recibían la orden ejecutiva de desalojar el templo sin reparar en medios (en conversaciones
mantenidas por la policía y escuchadas a través de la radio FM de las que existen grabaciones, puede escucharse: 'De acuerdo. Que desalojen por las buenas; si no, a palo limpio, cambio').
Es en ese momento (hacia las 17,10) cuando se produjo el asalto firme al templo por parte de la policía armada con el fin de desalojarlo. No consta si fue una decisión tomada por el Ministerio (que se mantenía en contacto), por el
Gobernador Civil o por los mandos de las unidades desplegadas. En algunos de los testimonios recabados a los pocos días, don Antonio Quilchano afirmó que, durante el contacto mantenido con las fuerzas de orden público, le fue exhibida la orden de
intervención firmada por el Gobernador Civil. En cualquier caso, fue un acto ordenado por funcionarios del Estado.
El asalto se produjo utilizando inicialmente gases lacrimógenos que se lanzaron al aire en el interior del templo. (Fuerzas del orden se introdujeron violentamente en éste por la puerta principal, y las lanzaron hacia el techo de la
iglesia.) La gente empezó a salir. En las inmediaciones de la iglesia, a pocos metros de la puerta, varios de los desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma y por disparos de arma de fuego con resultado de tres muertes y decenas de heridos
-de los cuales dos murieron a los días como consecuencia de las heridas- o en concreto, de los disparos efectuados por armas de fuego de las unidades policiales desplegadas resultaron muertos en el mismo lugar de los hechos Pedro María Martínez Ocio
y Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso Chaparro, gravemente herido, fallecería poco después. Además se constata la existencia de al menos cuarenta y siete hospitalizados, algunos de ellos también por heridas de bala y otras treinta personas
atendidas que precisaron de diversa asistencia sanitaria sin que fuera necesario su ingreso. Dos de los diagnosticados como graves, José Castillo y Bienvenido Pereda, morirían en fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas por arma
de fuego.
En consecuencia se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1.º El Congreso de los Diputados rechaza los asesinatos y las brutales agresiones cometidas el 3 de marzo de 1976 por las Fuerzas del Orden Público en Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Zaramaga,
2.º El Congreso de los Diputados se solidariza con las víctimas de estos hechos y con sus familiares y reconoce y reivindica su condición de víctimas del terrorismo.
3.º El Congreso de los Diputados apoya las iniciativas de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, en demanda de Verdad, Justicia y Reparación y, contra el olvido y la impunidad, reivindica la Memoria y la Justicia, a fin de que se
esclarezca por completo lo sucedido en Vitoria-Gasteiz hace 36 años, se haga justicia a las víctimas y se depuren las responsabilidades que procedan.
4.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que incluya a las víctimas del 3 de marzo de 1976 en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
5.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a que reconozca la responsabilidad del Estado en aquellos trágicos hechos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Iker Urbina Fernández, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
la puesta en funcionamiento de la prisión de Archidona, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La nueva cárcel de Archidona (Málaga II) se construye a buen ritmo, pero los funcionarios que tienen sus expectativas fijadas en trabajar en ella no tienen el horizonte claro, dado que, para la puesta en marcha de este centro se precisaría
de una plantilla de unos 600 trabajadores, de los que 500 serían funcionarios. Sin embargo, no existe convocatoria de empleo público a la vista.
Por otra parte, está prevista la culminación de las obras a finales de este año 2012 gracias al impulso decisivo dado al proyecto por el anterior Gobierno de España, que dejó las instalaciones al 70% de ejecución de obra.
La prisión resulta fundamental para descargar de presión los centros penitenciarios andaluces y, en especial, para aligerar la de Alhaurín de la Torre, concebida para 1.000 reclusos pero que, en la actualidad, alberga a unos 1.400. Existen
otros datos que ilustran esta sobrecarga y que, por lo tanto, justifican las necesidades de la prisión de Málaga II. Por ejemplo, en 2010, había 17.215 reclusos contabilizados en Andalucía, que se repartían entre 9.445 celdas, con una proporción de
1,82 internos por celda. Por aquel entonces, los fiscales de vigilancia penitenciaria andaluces tenían esperanzas de que la inauguración del centro penitenciario de Archidona aliviara esta situación.
La nueva prisión, situada en el kilómetro seis de la carretera que une Archidona con Villanueva del Trabuco, tiene asignado un presupuesto de 117 millones. Sus instalaciones contarán con 1.008 celdas y una serie de innovaciones implantadas
en los últimos centros inaugurados.
En este contexto, y, según lo expuesto, un centro penitenciario en esa zona supondrá una importante inyección económica para Archidona, Villanueva del Trabuco y los municipios de la zona porque se crearían un buen número de empleos directos
e indirectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Finalizar las obras en el último trimestre de este año 2012.
2. Que en el primer trimestre de 2013 el centro Málaga II, en Archidona, esté en funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora en la escolarización de hijos de
militares desplazados, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La movilidad geográfica que impone el servicio en las Fuerzas Armadas añade dificultades a la integración entre la vida laboral y familiar que los militares asumen cuando inician su carrera profesional.
Una de las dificultades más importantes es la de la escolarización de los hijos del personal militar trasladado por razones de servicio. La Constitución Española, recoge en el apartado 1 del artículo 27 el derecho de todos a la educación.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que las administraciones educativas son las que regulan la admisión de alumnos en centros públicos y privados, lo que conlleva a que se multiplique la casuística y se hayan
establecido fórmulas diferentes en cada Comunidad Autónoma.
Comunidades como Valencia o Madrid tienen un régimen especial en materia de admisiones para hijos del personal del Ministerio de Defensa en virtud de los convenios suscritos en septiembre de 1998 y septiembre de 2001, respectivamente, como
contraprestación al traspaso de diversos colegios e institutos de Defensa a sus Consejerías de Educación. Sin embargo, no existe un marco general que facilite la escolarización de los hijos de militares.
Existe una gran diversidad de procedimientos y trato para los hijos de militares entre las distintas Comunidades Autónomas. Esta diversidad genera dificultades a los problemas que deben superar los militares y sus familias cuando se les
envía, de forma obligatoria, a nuevos destinos durante el curso escolar. Los militares no siempre tienen la garantía de escolarización inmediata para sus hijos ni de que el centro educativo sea el mismo para todos los escolares de la misma familia.
Es una situación que pone de manifiesto la necesidad de un régimen regulador común en materia de admisión a los centros educativos que prevea las circunstancias especiales de las familias de miembros de las Fuerzas Armadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Defensa junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las correspondientes Consejerías de las Comunidades Autónomas, estudien con las administraciones
educativas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación un régimen común de admisión en centros educativos públicos y privados concertados para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas que sean trasladados durante el curso
escolar, a efectos de su escolarización tardía con las siguientes premisas:
1. La escolarización se realizará garantizando la libertad de elección del centro por padres o tutores, según se refleja en la normativa vigente.
2. Todos los hijos del militar trasladado serán escolarizados en el mismo centro si así lo piden los padres y es posible desde el punto de vista de gestión académica.
3. A los hijos de personal militar trasladado por un periodo inferior a tres años a cualquier comunidad con idioma cooficial, se les facilitará la escolarización en centros que impartan los estudios con castellano como lengua vehicular,
eximiéndoles, en su caso, de la evaluación de conocimientos en la asignatura concreta de la lengua cooficial correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000380
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual y don Joan Tardà i Coma de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El 29 de febrero de 2012 se realizaron unas maniobras militares en un parque urbano en el tramo final del Llobregat, que afectaba a diversos municipios de la zona.
Uno de los municipios, Sant Vicenç dels Horts, trasladó su malestar a Defensa por realizar las maniobras en el municipio sin el beneplácito del mismo y argumentando que Sant Vicenç dels Horts se declara como una población 'pacífica y
pacifista'.
Este episodio ha recordado las prácticas militares llevadas a cabo en 2009 en la población de Alfés, en la comarca catalana del Segrià, ocupando una zona especialmente protegida por su valor ecológico, y que provocó las protestas incluso de
la Generalitat de Catalunya.
Las maniobras militares deberían contar con el visto bueno de la población donde se realiza y, en este caso, negociar el momento en que se realizan.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares deban contar con la autorización de la población donde se realizan.
2. En caso de que el municipio autorice la realización de maniobras militares, negociar con el Ayuntamiento la fecha y horario en qué se realizarán.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Alfred Bosch i Pascual y Joan Tardà i Coma, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual y don Joan Tardà i Coma de
Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas contra la impunidad de
delitos cometidos en el marco de misiones humanitarias, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El informe de la ONU 'Las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños', más conocido como Informe Machel (en referencia a la mozambiqueña Graça Machel que lo dirigió), denunciaba numerosos casos de abuso y explotación sexual
infantil, cometidos por las fuerzas de paz de la ONU en Camboya, Angola, Somalia, Mozambique, Bosnia y Croacia.
Desde que se hizo público el informe en 1996, la ONU ha tomado una serie de medidas que pretenden evitar estos delitos. No obstante, los cascos azules no pueden ser juzgados en el país donde se cometen, de acuerdo con la Convención de
Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946 y ratificado por el país receptor antes de la misión. Por otro lado, la ONU no tiene ningún tipo de tribunal para juzgar este tipo de actuaciones en su lugar de origen. De esta manera, el único
que tendría capacidad para juzgarlas es el país de origen, pero la ONU no desvela la nacionalidad de los acusados para que los países no disminuyan el número de soldados que aportan. Este desconocimiento público es del que se valen los gobiernos de
origen para no encausar a sus soldados, propiciando la impunidad.
El libro 'Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar', analiza estas agresiones y la actuación de la ONU al respecto, constatando que la violencia sexual persiste y subrayando la impunidad con que se produce. En este sentido,
se subraya que existe un maquillaje de las cifras admitidas por parte de la ONU, ya que no se hacen públicas las cifras de casos conocidos (entre otras cosas, para que actuaciones de este tipo no empañen y cuestionen la labor humanitaria de Naciones
Unidas), sino aquellos en los que ha habido denuncias y que, además, cuentan con pruebas suficientes. Sin embargo, como documenta el citado libro, hay que tener presente, por un lado, que solo se denuncian una parte de las agresiones (se calcula
que solo un 10% de los casos habidos, por miedo, vergüenza o desconocimiento, desconfianza y/o dificultad de acceso a la formulación de la denuncia de las víctimas) y, por otro lado, por la dificultad de aportar y demostrar pruebas. Así, el 70% de
las denuncias presentadas son rechazadas por pruebas insuficientes.
El análisis de los investigadores que han publicado este libro, coincidiendo con las denuncias de diversas organizaciones e incluso de agencias propias de la ONU, concluye que después del fracaso de la ONU de poner en marcha una política de
Tolerancia Cero, la Organización no asume mayor responsabilidad que repatriar a los soldados y dejarlos en manos de los Estados de origen para que, en virtud de su responsabilidad, realicen la investigación, el posible juicio y, en su caso,
establezcan la correspondiente pena. De hecho, el único castigo que la ONU puede imponer por sí misma es el regreso de los militares acusados a casa.
Por otro lado, al margen de delitos como las violaciones o la pederastia, la presencia de Cascos Azules también generan una serie de problemáticas relacionadas con el aumento de la prostitución, la trata de mujeres, los embarazos no deseados
e, incluso, la transmisión del VIH/Sida.
En el informe de AFESIP 'Cascos azules y agresiones sexuales' se relata que 'En Liberia existe una escuela donde viven hijos de Cascos Azules abandonados por sus padres. En Bosnia, durante un juicio contra un militar serbio que mantenía un
'campo de violaciones', este declaró que uno de sus mejores 'clientes' era un alto mando de Naciones Unidas. En Angola, Somalia, Mozambique, Liberia, República Democrática del Congo o Camboya la presencia de las fuerzas de paz ha traído consigo
violaciones, prostitución, pederastia y trata de mujeres'.
Es necesario que se investigue la posible comisión de delitos y que se ponga punto y final a la impunidad con que se cometen, tanto por parte de la propia ONU como de los Estados que aportan militares a sus misiones. En esta línea, sería
oportuno que se profundizara y se desarrollaran las propuestas realizadas por el representante de Jordania en Naciones Unidas, el Príncipe Zeid Ra'as, en el informe hecho por encargo del entonces Secretario General, Kofi Annan.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Instar a la ONU a tomar medidas realmente eficaces encaminadas a luchar contra la impunidad de los delitos cometidos por los Cascos Azules.
2. Proponer a la ONU, en el marco del punto anterior y siguiendo las propuestas efectuadas por el Príncipe jordano Zeid Ra'as, la adopción, entre otras, de las siguientes medidas:
a) Excluir de los Convenios internacionales la inmunidad de las personas que forman parte de misiones humanitarias en los casos de torturas, violaciones y agresiones sexuales.
b) La creación de un tribunal internacional para juzgar los delitos cometidos por las fuerzas de la ONU o, en su defecto, que esta responsabilidad sea asumida por la Corte Penal Internacional.
c) Establecer los mecanismos oportunos para que las víctimas puedan formular las denuncias con garantías ante el correspondiente Tribunal Internacional y
para que la investigación se produzca de manera objetiva y eficiente.
d) La pérdida de la condición de soldado para aquellos considerados culpables de violar el código de conducta.
e) Recibir información y verificar y hacer pública, mediante un informe anual, la actuación de los Estados de origen respecto a los casos de violación del código de conducta.
3. Realizar las acciones legislativas oportunas para juzgar y, en su caso, penar a las personas de nacionalidad española que han cometido algún delito en el marco de una misión humanitaria. En el caso de militares, la pena incluirá la
expulsión del ejército.
4. Enviar al Congreso de los Diputados anualmente, dentro del primer semestre del año, un informe sobre todos los casos en que se han visto acusados por estos delitos miembros de los cuerpos uniformados del Estado, de la investigación y
medidas adoptadas al respecto en cada caso, así como del desarrollo y eficacia de la política de prevención y control de los delitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la protección de las personas afectadas por la colocación masiva de participaciones preferentes y otros productos financieros opacos por parte de entidades financieras entre ahorradores e inversores del tramo minorista, para su debate en
Comisión.
Exposición de motivos
En los últimos meses miles de personas están denunciado la comercialización irregular de participaciones preferentes por parte de las entidades financieras por la falta de transparencia en su colación.
La mayoría de esas personas afectadas son ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas, que casi siempre habían rentabilizado sus ahorros con la contratación de depósitos bancarios o inversiones simples a determinado plazo
fijo, que en este caso accedieron a suscribir participaciones preferentes en base a una intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero con el fin de
reforzar sus fondos propios de capital.
Esa colocación masiva de participaciones preferentes tuvo como objetivo a miles de clientes particulares, no familiarizados con las inversiones financieras, que no eran informados debidamente de las características de estos productos ni de
sus riesgos, y en especial de la escasa o nula liquidez y de la perpetuidad de este producto. Como resultado de este proceso, al no haber comunicado a los interesados las advertencias necesarias de los riesgos que entrañan estos productos
financieros, las personas afectadas están comprobando ahora, por la negativa de las entidades financieras, que lo que habían contratado años atrás no les permite recuperar el dinero invertido.
Las participaciones preferentes son un producto de inversión muy complejo, con un riesgo elevado. Se trata de valores que no tienen liquidez inmediata, para los que no existe garantía sobre el capital invertido, donde el consumidor puede
tener pérdidas. Además no se prevé ningún tipo de compromiso de recompra por parte de la entidad financiera que las emite, y no tienen una fecha de amortización prevista. Asimismo, la rentabilidad ofrecida por las participaciones preferentes
estaba condicionada a la existencia de beneficio distribuible suficiente por parte del emisor, aspecto que se difundió dentro de la 'letra pequeña' y que, dado el crítico estado real de las cuentas de la mayoría del sector financiero español, está
provocando pérdidas reales del dinero invertido por los ahorradores.
La Comisión del Mercado de Valores (CNMV) se vio obligada a salir al paso en abril de 2009, publicando un folleto informativo en el que las calificaba como 'un producto complejo y de riesgo elevado' y advertía de que, en caso de insolvencia
del emisor, se sitúan en el orden de recuperación de los créditos 'por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados y por delante de las acciones ordinarias y de las cuotas participativas en el caso de las Cajas de ahorro'. Con ello, se
indicaba indirectamente que no se trataba de un producto financiero idóneo para la colocación en el tramo minorista, entre pequeños y medianos ahorradores. Sin embargo, durante 2010 y 2011 han continuado estas emisiones como forma de mejorar las
ratios de solvencia de las entidades financieras, de nuevo sin que haya existencia del cumplimiento de la normativa MIFID de protección de consumidores de productos financieros, que en el caso de clientes minoristas se concretan en la realización de
tests personalizados de conveniencia con el fin de asegurar si responde a las necesidades y características de los clientes destinatarios.
A pesar de la generalización de esta práctica de colocación masiva de participaciones preferentes y otros productos financieros opacos por parte de las entidades financieras a ahorradores e inversores minoristas,
apenas hubo advertencias tímidas por parte de algún organismo regulador como las reflejadas anteriormente, siendo flagrante la omisión de sus obligaciones y responsabilidades por parte del organismo bancario regulador, el Banco de España, de
cuyo máximo responsable conocemos ampliamente sus opiniones a favor de la flexibilización laboral o del recorte de prestaciones públicas, pero en ningún caso ni una sola acción apoyando las legítimas reclamaciones del citado colectivo afectado por
el 'corralito' de las participaciones preferentes.
La presente Proposición de Ley pretende una solución satisfactoria al problema descrito de la colocación de participaciones preferentes entre pequeños ahorradores, que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido en estos
títulos sin rebaja de ningún tipo y, con vistas al futuro, por la observancia estricta de la normativa MIFID de protección de consumidores de productos financieros.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar medidas efectivas de protección de los clientes de las entidades financieras que invirtieron sus ahorros en participaciones preferentes y otros instrumentos financieros opacos y complejos, sin que por parte de las entidades
hubieran informado debidamente de los riesgos de dichos productos ni hubieran cumplido las obligaciones establecidas en la normativa MIFID de protección de consumidores de productos financieros, con el fin de que recuperen sus ahorros en el plazo
más breve de tiempo posible.
2. Instar al Banco de España y a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) a iniciar una campaña de inspección sobre la comercialización por parte de las entidades financieras de las participaciones preferentes y otros instrumentos
financieros opacos y complejos entre ahorradores e inversores minoristas, exigiendo, en su caso, la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar.
3. Ejercer las potestades atribuidas sobre protección de los consumidores, apoyando la recuperación inmediata de las inversiones realizadas por los ahorradores e inversores minoristas afectados por la suscripción de participaciones
preferentes de las entidades financieras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000389
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la necesaria limitación de los intereses de demora en los préstamos hipotecarios y otras medidas de protección a los deudores hipotecarios, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
A medida que la crisis económica se alarga y agudiza, los problemas de los deudores hipotecarios van agravándose, hasta constituir un importante problema social. La tasa de morosidad hipotecaria de las familias es relativamente baja, pues
suelen realizar el máximo esfuerzo posible para cumplir con sus pagos. En septiembre de 2011 era del 2,62%, según datos de la Asociación Hipotecaria Española. Pese a ello, no deja de aumentar en los últimos trimestres. Por otro lado, según los
datos del Consejo General del Poder Judicial, en los nueve primeros meses de 2011 se presentaron en los juzgados españoles 42.879 procedimientos de desahucio y (en el mismo periodo) se iniciaron 57.136 ejecuciones hipotecarias. Desde el inicio de
la crisis en 2007 son ya 328.000 los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados. ADICAE eleva hasta 400.000 el número de familias españolas con riesgo de perder su vivienda.
La garantía hipotecaria se extiende hasta la denominada 'cifra de responsabilidad hipotecaria', que comprende el principal de la deuda, los intereses remuneratorios pendientes de pago, los intereses de demora y los gastos judiciales.
Destaca entre estas partidas la situación de los intereses de demora, que pueden alcanzar tasas claramente exageradas, cercanas al 30%. Estas tasas no se corresponden con el perjuicio ocasionado e implican una penalización excesiva. El carácter
abusivo de tales sanciones aumenta el riesgo de que cualquier impago derive en un proceso de incumplimiento irreversible. Añaden una importante dificultad a las personas que, por circunstancias a menudo dramáticas y ajenas a su voluntad, no pueden
afrontar en un determinado momento los pagos derivados de los créditos hipotecarios que han suscrito.
El Banco de España, dentro de los criterios de buenas prácticas bancarias referidas a las operaciones hipotecarias, establece que la información que obligatoriamente deben facilitar las entidades financieras acerca de los intereses de demora
son 'el tipo de interés de demora, expresado sea en forma de tanto por ciento anual, sea añadiendo un margen al tipo de interés de referencia', por una parte, y 'la base sobre la que se aplicará el interés de demora y su forma de liquidación'.
Sin embargo, dicho tipo de interés no tiene establecido límite máximo alguno, quedando sujeta su determinación únicamente al pacto entre las partes contratantes de cada crédito hipotecario. En este marco de completa libertad de mercado, se
da un desigual poder de negociación entre las entidades financieras y los consumidores de los créditos hipotecarios, fruto del cual estos han de adherirse a los contratos que les proponen aquellas.
Esta ausencia regulatoria con respecto al tipo de interés de demora en los créditos hipotecarios, contrasta con el tratamiento que esos tipos tienen en otras operaciones, como las operaciones comerciales, o los intereses por descubierto en
cuentas bancarias. Por poner otro ejemplo reciente, el artículo 20 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de crédito al consumo, establece que en ello en ningún caso podrá aplicarse a los descubiertos 'un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual
equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero'. Esta misma referencia numérica ha sido utilizada por la jurisprudencia en el caso de los intereses de demora hipotecarios que nos ocupan, en instancias como la Audiencia Provincial de
Navarra o el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valladolid. También algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, se están planteando introducir límites a los mismos en el ámbito de su competencia, sin que exista a día de hoy una iniciativa
equivalente a nivel estatal. Los planes anunciados por actual ministro de Economía limitan estos intereses únicamente para aquellas personas que estuviesen por debajo de un umbral de exclusión definido de manera muy restrictiva (que todos los
miembros de la unidad familiar estuviesen en paro...).
Estos antecedentes ponen de relieve que sería razonable que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, estableciera una limitación a los tipos de interés de demora en los créditos hipotecarios, de manera que no pudieran sobrepasar el
máximo de 2,5 veces el tipo de interés legal que cada año fijan los Presupuestos Generales del Estado (en 2011 este es del 4%, con lo que el tope propuesto estaría en el 10%).
Ello estaría plenamente justificado, desde una perspectiva doctrinal, toda vez que existen fallos de mercado en el sector hipotecario debido a la existencia de información asimétrica entre las partes contratantes de los créditos, y de poder
de mercado en las entidades financieras. Y también desde un punto de vista constitucional, dado que la Constitución ordena a todos los poderes públicos que garanticen 'la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos
eficaces... los legítimos intereses económicos de los mismos' (art. 51.1).
Por tales motivos, en esta Proposición no de Ley se insta al Gobierno a regular los tipos de interés de demora en los créditos hipotecarios, de manera que estos se sitúen en un nivel próximo a los intereses por descubierto o a los intereses
de demora comercial.
En la IX Legislatura, UPyD presentó una Proposición no de Ley, que se aprobó el 13 de octubre por unanimidad en la Comisión de Economía y Hacienda, incorporando una enmienda transaccional con las aportaciones del Partido Popular y el Partido
Socialista. La PNL actual reproduce aquella, dado que todavía no se ha resuelto el problema planteado. La única modificación consiste en que, en el punto 1, se cuantifica de manera exacta el tope legal. En particular, los puntos 1.b) y 1.c) se
incorporaron a propuesta del Partido Popular, que deseaba ampliar el objeto de la iniciativa de modo que:
b) En casos de operaciones hipotecarias, el vencimiento anticipado no se pueda ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante un mínimo de seis meses.
c) La posibilidad de rehabilitar una operación no se limite solo a los consumidores cuando se trata de un préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, permitiendo todo tipo de prestatarios de préstamos hipotecarios, ya sean empresas,
profesionales, autónomos o consumidores.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el menor plazo posible:
1. Desarrolle la regulación de los tipos de interés de demora en los préstamos hipotecarios, de manera que:
a) Estos tengan un límite máximo situado en 2,5 veces el tipo de interés legal.
b) En casos de operaciones hipotecarias, el vencimiento anticipado no se pueda ejecutar hasta que se haya incurrido en impago durante un mínimo de seis meses.
c) La posibilidad de rehabilitar una operación no se limite solo a los consumidores cuando se trata de un préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, permitiendo todo tipo de prestatarios de préstamos hipotecarios, ya sean empresas,
profesionales, autónomos o consumidores.
2. Fortalezca la vigilancia sobre las prácticas abusivas de los Bancos y Cajas de Ahorro en materia de créditos hipotecarios.
3. Incremente y fortalezca la regulación y supervisión de las entidades de reunificación de deudas, atendiendo especialmente a las posibles prácticas abusivas de este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la determinación de los
beneficios procedentes de actividades económicas objeto de beneficios fiscales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Las circunstancias económicas por las que atraviesa nuestro país y en especial la situación de desempleo que sufren muchas familias españolas, hace necesario la adopción de medidas extraordinarias para resolver una situación que también debe
reputarse como extraordinaria.
El Gobierno de España de forma decidida se ha enfrentado a la difícil situación y ya ha adoptado las necesarias medidas de ajuste para cumplir con nuestros compromisos de déficit y acabar con la sangría que para el Sector privado supone el
desvío constante de nuestros ya exiguos recursos financieros hacia el Sector público. Junto a estas medidas de ajuste nuestro Gobierno también ha anunciado medidas incentivadoras de la actividad económica española.
Entre las medidas de estímulo destacan aquellas relativas a los incentivos fiscales ligados a la inversión en bienes de activo afectos al desarrollo de actividades económicas. En este sentido, ha sido anunciado que '... se estudiará la
mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que sean reinvertidos así como la implantación de una exención a las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos que se reinviertan en otros activos vinculados a la actividad
y la mejora de los beneficios no distribuidos'.
Tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico, los incentivos a la actividad inversora y de creación de empleo en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y en el del Impuesto sobre la Renta Personas Físicas, han exigido tener origen y
destino en la propia activad de naturaleza económica. De forma que si una persona física posee un elemento patrimonial y lo enajena aunque el importe obtenido lo destine a la adquisición de un elemento de activo fijo afecto a una actividad de
económica, esa adquisición no está en principio incentivada fiscalmente, puesto que su origen no procede de elementos afectos también a una actividad económica.
Un ejemplo claro sería la enajenación de un solar y, con el importe obtenido, adquirir un local para abrir una cafetería. En el caso de las personas jurídicas se produce la misma situación, puesto que tales entidades pueden ser titulares de
activos no afectos a sus actividades económicas (puede servir de ejemplo el caso del solar y también es frecuente la titularidad de activos financieros por importe superior a la corriente de caja necesario para realizar sus operaciones).
En cuanto al origen, la determinación de los beneficios derivados de actividades económicas objeto de la aplicación de una ventaja fiscal determinada (exención o reducción por reinversión, deducción por adquisición, etc.), ha dado lugar a
bastante conflictividad en la aplicación de los tributos. Naturalmente, la conflictividad es tanto mayor cuanto mayor es la ventaja fiscal que se aplica. Un alto nivel de litigios en la aplicación de un impuesto no solo proporciona elevados costes
en términos monetarios, sino que también ocasionan fuertes distorsiones en el ámbito de la toma de decisiones a nivel empresarial.
Es importante también tener en consideración que las ventajas fiscales ocasionan una tributación media de las rentas de origen en la actividad económica sensiblemente inferior que la de otras con un origen diferente (especialmente rentas del
trabajo), que solo tienen su justificación en la mayor generación de empleo y riqueza que puedan inducir. Por ello, desde el punto de vista de la percepción social que genera la aplicación de cualquier medida que introduzca discriminación en
materia tributaria, es importante la precisión en su regulación.
En definitiva, las ventajas fiscales potenciadoras del ahorro y la inversión en el ámbito de la imposición directa son, sin duda, las más eficaces para inducir el crecimiento económico y la creación de empleo, puesto que al contrario de las
ayudas directas al funcionamiento solo recaen en proyectos rentables por sí mismos. Esto es, se potencian aquellos proyectos capaces de generar un benéfico, por ello es tan importante definir claramente su determinación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular tiene el honor de presentar la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que en la elaboración de las disposiciones legales reguladoras de las ventajas fiscales incentivadoras de la inversión y el empleo en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determine los elementos patrimoniales que contribuyen a la generación del beneficio procedente de actividades económicas que se pretende incentivar, de forma que se evite que la conflictividad en
su aplicación y la consiguiente percepción social negativa, reduzcan los efectos positivos de las medidas de estímulo e impulso económico y social en materia tributaria que se implanten.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
DNI electrónico, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, prevé la existencia de un DNI electrónico, similar al tradicional pero que incorpora un circuito integrado (chip) capaz de guardar de forma
segura información y de procesarla internamente. De este modo el DNI-e sirve para acreditar, sin duda posible, la identidad de la persona de su titular y, en su caso, firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica
equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.
El DNI-e está llamado a jugar un papel esencial en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.
El DNI-e se puso en marcha en Burgos en marzo de 2006. Actualmente se han expedido más de 25 millones de documentos de este tipo a un ritmo de expedición de en torno a 30.000 documentos diarios.
Además, existen más de 2.000 servicios de las Administraciones Públicas que resultan accesibles con el DNI-e y ámbitos donde su uso está muy extendido (por ejemplo, en el IRPF).
Arbitrar la posibilidad de usar un nuevo elemento como el DNI-e no implica necesariamente la utilización efectiva del mismo por la ciudadanía. A pesar de todo el camino recorrido en este ámbito, existen todavía importantes espacios de
mejora. Muchos de ellos tienen que ver con razones culturales y sociales pero también con razones de seguridad y usabilidad. Esta situación plantea la necesidad de realizar las actuaciones y estrategias necesarias para la plena implementación y
utilización del DNI-e de forma mayoritaria en las operaciones telemáticas con la Administración y el sector privado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con el fin último de acelerar el uso del DNI-e por parte de los ciudadanos y de garantizar la máxima seguridad en dicho uso, a:
1. Desarrollar un programa inteligente (software) que simplifique al ciudadano todas las tareas necesarias para realizar la instalación del DNI-e en los ordenadores.
Asimismo, promoverá las medidas que resulten necesarias para conseguir que los ordenadores personales comercializados en España estén dotados de dispositivos de lectura del DNI-e, con el fin de romper una de las primeras barreras existentes:
la escasez de lectores de tarjetas.
2. Ampliar el periodo de uso de la clave de acceso (PIN) del DNI-e así como facilitar a la ciudadanía su cambio instalando puntos de Actualización del DNI-e (PADS) en centros de la Administración con una gran afluencia de público como se
viene realizando actualmente en las comisarías de policía.
3. Favorecer el uso del DNI-e en las relaciones de los ciudadanos con el sector privado, a través de la suscripción de convenios con las asociaciones de banca y grandes empresas, para que pueda ser utilizado como medio de identificación en
sus oficinas virtuales.
4. Incrementar el número de servicios públicos especialmente utilizados por los ciudadanos, donde se pueda usar el DNI-e.
5. Permitir que el DNI-e pueda ser, al igual que actualmente lo es la tarjeta sanitaria, un elemento de identificación y acceso al sistema nacional de salud del ciudadano, tanto de forma presencial como electrónica.
6. Impulsar en el seno del proyecto europeo STORK, de reconocimiento único de identidades electrónicas en la Unión Europea, que el DNI-e pueda ser utilizado por los ciudadanos españoles para relacionarse con las administraciones de la Unión
Europea.
7. Impulsar campañas divulgativas del uso del DNI-e por los ciudadanos del tipo de la campaña que, bajo el lema 'Administración: todos los servicios en tu mano', iniciada el 7 de marzo de 2011, dio a conocer y fomentó el uso del DNI-e.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de mejorar la seguridad vial en la N-120 entre Arcos y Xinzo en el ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra), para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera de titularidad estatal, N-120, atraviesa zonas de alta densidad poblacional, pasando por áreas
industriales y comerciales, a su paso por el ayuntamiento de Ponteareas.
En el tramo que discurre entre Arcos y Xinzo, en el ayuntamiento de Ponteareas, viven cerca de 7.000 personas si se excluye el núcleo urbano de Ponteareas donde habitan unas 13.000 personas. Se trata de un tramo de 6 km que también pasa por
el casco urbano de Ponteareas y por donde circula un elevado número de vehículos.
Además, es un recorrido muy utilizado para las comunicaciones en el ámbito local y comarcal. De hecho, en la N-120 confluyen todas las comunicaciones de Ponteareas y buena parte de las de la comarca pues en el tramo mencionado conectan las
carreteras de competencia autonómica que comunican con los ayuntamientos y núcleos de Salvaterra, Mondariz Balneario y Mondariz, además de las carreteras provinciales que comunican con As Neves, Pazos de Borbén y Salceda de Caselas.
Sin olvidar que la carretera que conecta con Salvaterra es la que soporta el tráfico con la autovía A-52, tanto de Ponteareas como de los viales que confluyen en el núcleo urbano y en la N-120.
La N-120 funciona prácticamente como una vía urbana pero, a excepción del núcleo de Ponteareas, los 6 km restantes de esta carretera están sin urbanizar, lo que provoca muchos accidentes de tráfico.
Sería conveniente que el Ministerio de Fomento adoptase medidas para mejorar la seguridad vial en el tramo de la N-120 mencionado. Situación que se podría aprovechar para dar respuesta a la vieja demanda de Ponteareas de que se construya un
vial de conexión del núcleo urbano de Ponteareas con la autovía A-52, que permita distribuir el tráfico de las carreteras provinciales y autonómicas sin pasar por las calles de la villa.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Adoptar las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial en la N-120 en el tramo de 6 km que discurre entre Arcos y Xinzo, en el ayuntamiento de Ponteareas, zona de alta densidad poblacional y por donde circula un elevado número de
vehículos.
- Estudiar la posibilidad de construir un vial de conexión desde el núcleo urbano de Ponteareas con la autovía A-52.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la inclusión de las infraestructuras de transporte de la Comunidad de Canarias en la red básica de las redes transeuropeas de transporte de la UE, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el marco del desarrollo de las nuevas propuestas reglamentarias para el próximo periodo de programación de las políticas comunitarias, la Comisión Europea acaba de presentar propuesta de Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo
sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. El principal objetivo de dichas orientaciones, que sustituirán a la Decisión 661/2010/UE, es el de establecer una red de transporte transeuropea completa e
integrada, que abarque todos los Estados Miembros y regiones y que aporte la base para el desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte (aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y fluvial) a fin de facilitar sus ventajas respectivas,
aumentando así al máximo el valor añadido para Europa de la red.
La propuesta es un instrumento básico para la planificación futura y financiación de las infraestructuras de transporte en la UE, determinando las prioridades, los objetivos de interconexión, tanto territoriales como intermodales.
No cabe duda que, para regiones como la Comunidad Autónoma de Canarias, desenclavadas y situadas en un entorno alejado, representan una oportunidad extraordinaria para mejorar la interconectividad y propiciar un desarrollo equilibrado del
territorio.
Tal como establece el propio preámbulo de la propuesta, la red global debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad de todas las regiones de la Unión, incluidas las remotas y ultraperiféricas, al igual que
persigue la Política Marítima Integrada, y que refuerce la cohesión entre ellas. La cohesión con la UE y la competitividad de nuestro territorio quedan estrechamente vinculadas al desarrollo de esta propuesta al afectar a cuestiones tan relevantes
como las capacidades de conexión con países terceros, el desarrollo del sector turístico o el desarrollo de las plataformas logísticas de Tenerife y de Gran Canaria.
En ese sentido, al igual que las orientaciones representan una oportunidad para impulsar el desarrollo, también pueden representar un freno definitivo para la competitividad de las islas si no tienen en cuenta sus necesidades y tratan sus
problemáticas de manera sesgada.
El equilibrio económico que ha caracterizado el crecimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha fundamentado en la potenciación de los sistemas portuarios y aeroportuarios de las islas.
No obstante lo anterior, la propuesta de Reglamento no recoge esa prioridad, relegando las infraestructuras portuarias y aeroportuarias de la isla de Tenerife a un papel secundario de la red determinada por las nuevas Redes Transeuropeas de
Transporte, no incluyéndolas en la red básica sino solo en la red global. La primera está priorizada en la construcción y desarrollo de la red transeuropea, con fechas de obligado cumplimiento para su finalización e interconexión, así como su
desarrollo a través de la construcción de los llamados corredores de la red básica. Esta priorización va a tener consecuencias evidentes en la programación y financiación de las obras de infraestructura, tanto a escala comunitaria como nacional, al
obligar a los Estados Miembros a dedicar recursos a completar dicha prioridad.
Recientemente, el Ministerio de Fomento acaba de fijar posición sobre estas orientaciones completando la lista de nodos principales o básicos con una propuesta de infraestructuras portuarias o aeroportuarias que completa, para el caso
español, las propuestas de la Comisión Europea. En dicha propuesta no se incluyen ni el sistema aeroportuario de Tenerife ni el Puerto de Santa Cruz de Tenerife como nodos principales, no incluyendo tampoco ninguna propuesta relativa a terminales
de mercancías o plataforma logísticas en las islas (ni siquiera como parte de la red global).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados solicita al Ministerio de Fomento que rectifique de manera inmediata su propuesta relativa a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte de modo que:
1) Se incluya al sistema aeroportuario de la isla de Tenerife (aeropuertos de Tenerife Norte y de Tenerife Sur) en el anexo 11.1.b) de la propuesta de Reglamento de forma que entren a formar parte de la lista de nodos de la red básica.
2) Se incluya al Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el anexo II.2 de la propuesta de Reglamento de forma que entre a formar parte de la lista de nodos de la red básica, incorporando además como nodo de la red global el Puerto de Granadilla.
3) Se incluya a la plataforma logística del sur de la isla de Tenerife como infraestructura de transporte multimodal de la red global.
4) Se incluyan los proyectos de corredores ferroviarios del norte y del sur de la isla de Tenerife en la red global, en la categoría de infraestructuras de transporte ferroviario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para
su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Metro en Málaga se inició a finales de los 90, cuando se planteó la posibilidad de crear una red de metro ligero que permitiera mejorar la situación de caos circulatorio de la ciudad. Para ello, se realizaron las primeras propuestas, en
las que se planteaba la clase de vehículos y la forma de las plataformas sobre las que viajarían.
El 30 de octubre de 2001, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía encargó el estudio informativo de la red de metro para Málaga, tomando como base el Plan Intermodal de Transportes que había planteado
inicialmente 4 líneas. En este estudio se planteaban las líneas del metro, los trazados que van a tener y la infraestructura, así como otros aspectos, como previsiones de demandas. Además, se determinó utilizar un sistema de doble vía con ancho
internacional, una distancia media de 500 metros entre paradas y un alto nivel de accesibilidad. La financiación correría a cuenta de la Junta de Andalucía (la mitad del gasto), el Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno de España, si bien el
Ayuntamiento de Málaga todavía no ha realizado ninguna de las aportaciones que se estipularon en un principio.
El proyecto definitivo de construcción del metro se aprobó en abril de 2005 por parte de la Junta de Andalucía, incluyendo algunas pequeñas modificaciones con respecto al proyecto inicial. El 17 de noviembre de 2005, la Junta de Andalucía
presentó el proyecto constructivo de la línea 2. Las obras, con los primeros desvíos de servicios tales como conducciones de agua, telefonía, gas, electricidad, etc., se iniciaron en 2005.
En estos momentos, en las líneas 1 y 2, a Teatinos y el Martín Carpena, la inversión realizada alcanza ya los 500 millones de euros, aproximadamente un 70%
de ejecución presupuestaria. En estos mismos tramos, la infraestructura está ejecutada al 80%.
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados considera el Metro de Málaga como una infraestructura imprescindible para la mejora de la movilidad y la calidad urbana de Málaga y de su área metropolitana.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que se comprometa con mantener la financiación plurianual para las obras del Metro de Málaga.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara presenta, para
su debate en la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la UE.
En el marco del desarrollo de las nuevas propuestas reglamentarias para el próximo periodo de programación de las políticas comunitarias, la Comisión Europea acaba de presentar propuesta de Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo
sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. El principal objetivo de dichas orientaciones, que sustituirán a la Decisión 661/2010/UE, es establecer una red de transporte transeuropea completa e
integrada, que abarque todos los Estados Miembros y regiones y que aporte la base para el desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte (aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario y fluvial), a fin de facilitar sus ventajas respectivas,
aumentando así al máximo el valor añadido para Europa de la red.
La propuesta es un instrumento básico para la planificación futura y financiación de las infraestructuras de transporte en la UE, determinando las prioridades, los objetivos de interconexión, tanto territoriales como intermodales.
No cabe duda que, para regiones como la nuestra, desenclavadas y situadas en un entorno alejado, representan una oportunidad extraordinaria para mejorar nuestra interconectividad y propiciar un desarrollo equilibrado de nuestro territorio.
Tal como establece el propio preámbulo de la propuesta, la red global debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad de todas las regiones de la Unión, incluidas las remotas y ultraperiféricas, al igual que
persigue la Política Marítima Integrada, y que refuerce la cohesión entre ellas. La cohesión con la UE y la competitividad de nuestro territorio quedan estrechamente vinculadas al desarrollo de esta propuesta al afectar a cuestiones tan relevantes
como las capacidades de conexión con países terceros, el desarrollo de sector turístico o el desarrollo de la plataforma logística del sur de la isla.
En ese sentido, al igual que las orientaciones representan una oportunidad para impulsar nuestro desarrollo, también pueden representar un freno definitivo para la competitividad de nuestra isla si no tienen en cuenta nuestras necesidades y
tratan nuestra problemática de manera sesgada.
El Cabildo de Tenerife se ha distinguido, desde los principales instrumentos de planificación hasta los mayores impulsos políticos aprobados por unanimidad, por la defensa de la capacidad de nuestro sistema aeroportuario y portuario insular
como fuente principal de nuestro desarrollo. Un ejemplo de ello, por solo citar el último, lo constituye el acuerdo institucional de octubre de 2009 relativo al nuevo modelo de desarrollo económico de la isla, que ha sido respaldado por el Consejo
Económico y para la Competitividad de la isla con sendos dictámenes 1/2010 y 2/2010.
No obstante lo anterior, la propuesta de Reglamento no recoge esa prioridad, relegando las infraestructuras portuarias y aeroportuarias de la isla a un papel secundario de la red determinada por las nuevas Redes Transeuropeas de Transporte,
no incluyéndolas en la red principal sino solo en la red global. La primera está priorizada en la construcción y desarrollo de la red transeuropea, con fechas de obligado cumplimiento para su finalización e interconexión, así como su desarrollo a
través de la construcción de los llamados corredores de la red principal. Esta priorización va a tener consecuencias evidentes en la programación y financiación de las obras de insfraestructura, tanto a escala comunitaria como nacional, al obligar
a los Estados Miembros a dedicar recursos a completar dicha prioridad.
Recientemente, el Ministerio de Fomento acaba de fijar posición sobre estas orientaciones completando la lista de nodos principales o básicos con una propuesta de infraestructuras portuarias o aeroportuarias que completa, para el caso
español, las propuestas de la Comisión Europea. En dicha propuesta no se incluyen
ni el sistema aeroportuario de Tenerife ni el Puerto de Santa Cruz de Tenerife como nodos principales, no incluyendo tampoco ninguna propuesta relativa a terminales de mercancías o plataforma logísticas en las islas (ni siquiera como parte
de la red global).
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio Fomento a que modifique su propuesta relativa a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte de modo que:
- Se incluya al sistema aeroportuario de la isla de Tenerife (aeropuertos de Los Rodeos y Reina Sofía) en el anexo II.1.b) de la propuesta de Reglamento de forma que entren a formar parte de la lista de nodos de la red principal.
- Se incluya al Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el anexo II.2 de la propuesta de Reglamento de forma que entre a formar parte de la lista de nodos de la red principal, incorporando además como nodo de la red global al futuro Puerto de
Granadilla.
- Se incluya a la plataforma logística del sur de la isla como infraestructura de transporte multimodal de la red global.
- Se incluyan los proyectos de corredores ferroviarios del norte y del sur de la isla en la red global, en la categoría de infraestructuras de transporte ferroviario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-El Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/000369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover en la Formación Inicial del Profesorado
la supresión de la asignatura de Religión Católica y la inclusión de las asignaturas de 'Educación para la igualdad de mujeres y hombres' y 'Educación para la prevención de la violencia de género', para su debate en la Comisión de Educación y
Deporte.
La Universidad ha estado inmersa en estos últimos años en pleno proceso de adaptación de los nuevos planes de estudio o títulos de Grado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las Facultades de Educación han estado adecuando los
títulos que habilitarán para ejercer la profesión de maestros y maestras de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social. De estos planes dependerá la formación y ejercicio de las futuras generaciones de Maestras y Maestros.
En los Planes de Estudio de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la práctica totalidad, no se ha incluido ninguna asignatura que se titule 'educación para la igualdad de mujeres y hombres' ni tampoco ninguna asignatura
específica que se titule 'prevención de la violencia de género' o que tengan denominaciones similares y que aborden específicamente los contenidos relacionados con estas materias, además de que ambas temáticas (la igualdad y la prevención de la
violencia de género) se aborden o deban ser abordadas transversalmente en todas las demás asignaturas de los títulos de Grado de Educación Infantil y Educación Primaria.
La Ley de medidas contra la violencia de género establece en su artículo 7, dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado que las Administraciones educativas han de adoptar las medidas necesarias para que en los planes de
formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para la educación en la igualdad entre
hombres y mujeres; la educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre
la mujer y los hijos e hijas; y el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito
doméstico.
La Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres establece en el artículo 24, referido a la Integración del principio de igualdad en la política educativa, que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: una atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres; así como la integración del estudio y aplicación
del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
Igualmente la legislación específica de las Comunidades Autónomas, que tienen competencias exclusivas en esta materia, se orienta en este sentido. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su Decreto 1/2007, por el que se
aprueba el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León (2007-2011), establece como un objetivo
el formar y sensibilizar a la comunidad educativa con perspectiva de género, consolidando programas, materiales y prácticas pedagógicas coeducativos, así como ampliar los contenidos formativos del futuro profesorado (Magisterio, cursos de
aptitud pedagógica...), mediante la inclusión de materias específicas sobre coeducación, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.
Entendemos que esto se pueda deber más al acelerado proceso en el que se ve inmersa la Universidad para la adaptación de los nuevos títulos que a un olvido deliberado y consciente. De hecho, en algunos de los borradores consultados de los
proyectos de los Planes de Estudios de estos Grados, en el apartado de objetivos y competencias ya se afirma textualmente: 'además de estos objetivos, los principios generales que deben inspirar el diseño de los nuevos planes de grado, están
definidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, debiendo incluirse en estos nuevos planes enseñanzas relacionadas con dichos valores: en cumplimiento del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención, debe incluirse formación dirigida a
atender la igualdad de género así como prevenir y evitar la violencia de género'. Incluso se especifica que uno de 'los documentos utilizados por las Comisiones responsables de la redacción de los planes de estudios de las titulaciones y que ha
guiado su trabajo' ha sido la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por lo tanto, proponemos que se suprima la asignatura de Religión Católica de la Formación inicial del Profesorado, que se imparte en todas las Universidades, asignatura tanto del plan de estudios del nuevo grado de Educación Infantil como
del grado de Educación Primaria, con 8 créditos ECTS, 'en cumplimiento del artículo 4.º del acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede', es decir, el Acuerdo con el Vaticano.
Del mismo modo, se propone que se incluya en el programa de Formación Inicial del profesorado las asignaturas 'Educación para la igualdad de mujeres y hombres' y 'Educación para la prevención de la violencia de género' tal como establece la
Ley de medidas contra la violencia de género en su artículo 7, dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado, tal como establece el artículo 24 de la Ley para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la propia Comunidad
Autónoma de Castilla y León, de quien dependen nuestras Universidades, que en su Decreto 1/2007, por el que se aprueba el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León (2007-2011), establece como un objetivo el
formar y sensibilizar a la comunidad educativa con perspectiva de género, consolidando programas, materiales y prácticas pedagógicas coeducativos, así como ampliar los contenidos formativos del futuro profesorado (Magisterio, cursos de aptitud
pedagógica...), mediante la inclusión de materias específicas sobre coeducación, igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en la Formación Inicial del Profesorado en las Universidades del Estado:
1) la supresión de la asignatura de Religión Católica;
2) la inclusión de las asignaturas de 'Educación para la igualdad de mujeres y hombres' y 'Educación para la prevención de la violencia de género'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores del campo contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Las organizaciones y sindicatos del campo valenciano han tenido conocimiento de la existencia de serias irregularidades en el proceso de contratación de personas que trabajan como recolectores de naranja por parte de empresas de trabajo
temporal.
Los trabajadores y las trabajadoras denuncian la existencia de procesos irregulares de contratación; concretamente, hay trabajadores que denuncian el cobro de salarios inferiores a los diez euros diarios después de realizar jornadas de más
de diez horas.
Resulta evidente que las condiciones de trabajo en el campo valenciano, y concretamente de los trabajadores y trabajadoras de la naranja, que no han sido nunca óptimas, han empeorado en los últimos años a causa, entre otras razones, de la
irrupción del sistema de contratación indirecta controlado por las empresas de trabajo temporal.
La regulación de este mercado laboral y la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo corresponde, principalmente, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Por todo lo anteriormente expuesto realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que:
1. Incremente las inspecciones en las empresas de trabajo temporal que contratan personas que trabajan en el sector agrícola.
2. Que introduzca los cambios normativos necesarios para evitar que estos abusos continúen produciéndose.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
incremento de las pensiones de viudedad, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Pacto de Toledo, en su reciente renovación, aprobada el 25 de enero de 2011 por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su Recomendación 13, Prestaciones de viudedad y orfandad, manifiesta que, a efectos de dar una cobertura adecuada
de las situaciones de necesidad, la intensidad protectora en la pensión de viudedad debe concentrarse en las personas beneficiarias con 65 o más años cuando esta pensión constituya su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una
situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente.
En desarrollo de dicha Recomendación, la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, establece, en su apartado 1, que el Gobierno
adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60%, cuando la persona beneficiaria tenga una edad igual o superior a 65 años y no
tenga derecho a otra pensión pública o ingresos del trabajo o de cualquier otra naturaleza que superen el límite de ingresos establecido en cada momento para la pensión mínima de viudedad. En su apartado 2, dispone que la aplicación del porcentaje
señalado se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012.
No obstante, a pesar de este mandato, el Gobierno, en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, aplaza, sin determinación de plazo, la aplicación de lo establecido en la referida disposición adicional trigésima, por lo que deja sin efecto la mejora de la base reguladora de la pensión de viudedad.
Este aplazamiento constituye un flagrante quebrantamiento de las Recomendaciones de Pacto de Toledo y de numerosos mandatos adoptados en la Cámara Baja referido a la mejora de las pensiones de viudedad, fundamentalmente, de aquellas en que
esta prestación constituye la única renta y se sitúa en umbrales muy bajos. También cuestiona la credibilidad de un Presidente del Gobierno que durante su campaña electoral se comprometió, como reiteró en el debate de investidura, a que con
respecto a las pensiones cumpliría la Ley, remarcando que ese era su compromiso electoral ante los españoles.
Pues bien, en la primera iniciativa legislativa que adopta este Gobierno incumple la Ley, que, como decimos, recoge las Recomendaciones del Pacto de Toledo y los acuerdos alcanzados con los interlocutores sociales en el Acuerdo social y
económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito el 2 de febrero de 2011.
Este incumplimiento afecta a uno de los colectivos más desfavorecidos, algunos de ellos situados en el umbral de la pobreza, por lo que razones de equidad y de justicia aconsejan la derogación de la medida. Y, además, es injustificada,
pues, siendo el objetivo de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 aumentar la base reguladora de estos pensionistas de un 52% a un 60% en un plazo de ocho años, es decir, un 1% al año, y persiguiendo el Real Decreto-ley 20/2011
mediante su aplazamiento la reducción del déficit público, no parece que la reducción del déficit que pueda conseguirse a través de ese aplazamiento sea lo suficientemente sustancial como para justificarla, teniendo en cuenta, entre otras razones,
que el colectivo al que afecta se encuentra muy acotado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la disposición adicional novena del Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y a adoptar las medidas reglamentarias oportunas que permitan el incremento de la cuantía de las
pensiones de viudedad, en los términos recogidos por la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Isabel López i Chamosa, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
necesidad de una regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas vinculadas a la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance neto, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, 'por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos', resultó convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el pasado 8 de febrero. El resultado más claro es que se produce la paralización, por
tiempo indefinido, del sistema de fomento de las energías renovables existentes hasta la fecha en España, basado en la asignación de tarifas de inyección a red, ya su vez, en el control mediante cupos, del volumen de nueva potencia a instalar.
En consecuencia -y lo reiteramos- se produce una paralización de los diversos sectores afectados por el Real Decreto-ley, por lo que, desde el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales se estima necesario profundizar en el
avance de nuevas fórmulas laterales que a la vez de impedir el frenazo tecnológico que la norma conlleva en nuestro país, puedan abrirse nuevos horizontes y fórmulas de distribución al amparo de la normativa en vigor y para lo cual exponemos a
continuación la argumentación pertinente. Algunas tecnologías, principalmente la solar fotovoltaica, pueden encontrar en el autoconsumo una alternativa a las tarifas de inyección de red.
De hecho, el propio Gobierno en el citado Real Decreto-ley ha apuntado al autoconsumo en la modalidad de balance neto, como vía natural de la energía solar fotovoltaica y la eficiencia energética. Circunstancia en la que se retoma la
iniciativa ya promovida por el anterior Gobierno que desde mediados del pasado año remitió al organismo supervisor un proyecto de Real Decreto-ley vinculado al autoconsumo y que ahora las nuevas circunstancia justifican su reactivación y para lo
cual de aquel proyecto extraemos las siguientes consideraciones.
La Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la
Directiva 92/42/CEE, tiene como objetivo incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de abastecimiento mediante la creación de un marco para el fomento y desarrollo de la cogeneración de la alta eficiencia de calor y electricidad
basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas. Uno de los objetivos expresos citados en la misma, es la promoción de instalaciones de pequeño tamaño.
Del mismo modo, la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE, establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y conexión de redes de distribución y transporte de energía eléctrica, instando a establecer procedimientos de autorización
simplificados. Igualmente regula las líneas generales que deben regir el acceso a las redes y funcionamiento de las mismas en relación con las energías renovables tendido en cuenta el futuro desarrollo.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinas medidas en el sector energético y se aprueba el Bono Social, así como el Real Decreto 616/2007, de 11 de
mayo, sobre fomento de la cogeneración, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de energía
eléctrica mediante tecnología fotovoltaica constituyen el marco normativo sobre el que se debe desarrollar la cogeneración de la alta eficiencia y la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en los próximos años en
nuestro país.
El sector terciario y el doméstico configuran grandes consumidores energéticos en forma de electricidad y calor y está constituido por numerosos consumidores de pequeñas potencias que suelen estar mayoritariamente conectados en baja tensión
hasta 400 V, aunque algunos grandes edificios se conectan en alta tensión entre 1 kV y 36 kV. El pequeño tamaño de algunas instalaciones de energías renovables y de cogeneración de pequeña escala y el conocimiento disponible del sistema de
distribución en ciudades permite determinar un conjunto de situaciones en las que la conexión a la red es siempre factible sin que requiera costosos estudios y tiempo de dedicación por parte de las empresas distribuidoras. Esta estructura
específica del sector terciario y doméstico debe ser tenida en cuenta a la hora de adoptar medidas concretas que fomenten una mayor penetración de las tecnologías de energías renovables y de la tecnología de cogeneración. Por ello, la
racionalización y aceleración de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos que permitan una mayor capacidad de generación se considera una prioridad para la consecución de los objetivos señalados.
Es suficientemente conocido que el sistema de generación de energía eléctrica tradicional se ha caracterizado por un esquema de generación centralizado, unidireccional y con pocas medidas de control sobre la actuación de la demanda. Por
ello a lo largo de los últimos años se ha ido conceptualmente evolucionando hacia un nuevo modelo en el que la generación de electricidad distribuida, generalmente de pequeña potencia, se vaya integrando de manera eficaz en la red como un elemento
de eficiencia, de producción y de gestión y no tan sólo como una simple conexión para la entrega de la energía eléctrica producida. Este modelo de generación distribuida presenta beneficios para el sistema con la reducción de pérdidas en la red, la
reducción de necesidades de inversiones en nuevas redes y en definitiva una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.
Asimismo, la evolución tecnológica y comercial de las energías renovables en la actualidad y la prevista para el futuro, está permitiendo la reducción de sus costes de inversión. Por otro lado, en un contexto de mercado eléctrico
liberalizado, en el que los precios finales de la electricidad, reflejan las fluctuaciones de los mercados diarios, las energías eléctricas renovables representan una opción de interés para los usuarios tanto mayor cuanto más se asemejen sus
perfiles de consumo y de generación.
Este escenario facilita la llegada de la paridad de red para las energías eléctricas renovables, entendiendo esta paridad de red como el punto de indiferencia entre la compra de energía eléctrica al sistema y la producción individual de la
misma para el propio consumo.
Cuando se alcanza este punto de paridad de red para el consumidor, el coste de producción individual de energía para el propio consumo es igual al precio de referencia de electricidad consumida de la red, de manera que el coste de
oportunidad del consumidor es nulo.
Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante un mecanismo de compensación diferida de saldos de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma ubicación. Por tanto, definida la
modalidad de suministro de balance neto como aquel sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida, que permite a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo para compatibilizar su curva
de demanda; este sistema se aprecia como especialmente interesante para las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, como eólica o solar, ya que les permite adecuar su producción al consumo sin necesidad de
acumulación. El sistema de balance neto se podrá aplicar a cualquier tecnología renovable de generación eléctrica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el plazo de un trimestre, el autoconsumo eléctrico en la modalidad de Balance Neto por entender que constituye un sistema en el que el consumidor genera 'in situ' parte de la
energía eléctrica que consume, típicamente en la cubierta de la propia instalación. Entendiendo que el Balance Neto Individualizado se ha de configurar como un sistema de compensación de créditos de energía en un periodo de tiempo tasado, que se ha
de aplicar al consumidor que disponga de una instalación individual de generación conectada a su red eléctrica interior así como extensible a la fórmula de Balance Neto Compartido por varios consumidores agrupados en colectivos cívicos, comerciales
e industriales de pequeñas industrias de consumo de potencia tasado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de apoyo al sector
naval en España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La importancia del sector naval en nuestra economía se manifiesta en su facturación anual de 2.000 millones de euros en las fases normales de producción, con un 90% de la actividad productiva industrial dedicada a la exportación de buques,
por lo que contribuye a equilibrar, de manera muy significativa, la balanza comercial de España.
El sector naval es importantísimo por su efecto multiplicador sobre gran variedad de empresas que están localizadas en regiones marítimas, donde el sector de construcción naval supone un peso fundamental en su PIB. De hecho, además de los
11.000 empleos directos e indirectos de los astilleros públicos, el sector de construcción naval privado genera 5.000 empleos directos y 12.000 empleos indirectos en la subcontratación de bienes y servicios con las empresas auxiliares de la zona de
influencia donde están localizados esos astilleros.
Pero esta situación empresarial y laboral se ha visto alterada desde junio de 2011. La causa no ha sido otra que la Comisión Europea notificó a España su decisión de incoar un procedimiento de investigación formal, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al régimen fiscal aplicable a los contratos de arrendamiento financiero, dada su posible calificación como ayuda de Estado incompatible con el derecho
comunitario.
Asimismo, solicitó a España la suspensión de dicho régimen fiscal hasta que no se produjera un pronunciamiento por parte de la Comisión. La Comisión Europea está recibiendo las alegaciones de las diferentes partes interesadas en este
procedimiento. Pero esta suspensión está causando enormes perjuicios a la construcción naval, especialmente en Galicia y Andalucía.
Los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como las Comunidades Autónomas afectadas, están reuniendo toda la documentación necesaria para defender la legalidad del anterior
régimen y, por tanto, evitar cualquier atisbo de posibilidad de exigencia de devolución de ayudas por parte de la Comisión Europea. Ante esta situación es muy importante un apoyo decidido al sector naval español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A proseguir con sus esfuerzos de negociación con la Comisión Europea que deberían permitir en breve contar con un nuevo régimen de apoyo al transporte marítimo que facilite la contratación de buques, salvando las actuales dificultades
que atraviesa el sector; y a adoptar las medidas necesarias para la aplicación a la mayor brevedad de este nuevo régimen, una vez obtenga la conformidad de las autoridades comunitarias.
2. A efectuar los esfuerzos necesarios para una resolución adecuada del procedimiento incoado por la Comisión Europea al vigente régimen de apoyo al transporte marítimo.
3. A plantear a la Comisión Europea las posibilidades de anticipar el vencimiento de las restricciones en materia de construcción naval civil que pesan sobre NAVANTIA, siempre que se preserven adecuadamente los intereses del conjunto de la
compañía y de sus trabajadores.
4. Continuar con los esfuerzos que se realizan para reforzar la actividad comercial de NAVANTlA en el exterior, apoyando su participación en programas internacionales y la consecución de contratos que permitan incrementar su carga de
trabajo futura.
5. A analizar las necesidades futuras de la Armada española para poder concretar los recursos necesarios para llevar a cabo las misiones que en cada momento le sean encomendadas.
6. A definir y desarrollar en NAVANTIA un plan de actuaciones para toda la compañía adaptado a la situación de cada unidad de negocio, cuya finalidad sea la mejora de la eficiencia interna, la coordinación entre los diferentes centros y el
incremento de la productividad, prestando especial atención a la innovación, con el objetivo de reforzar su posición competitiva.
7. A acelerar los programas de mejora de la productividad de NAVANTlA y a intensificar el esfuerzo tecnológico de la compañía para que pueda competir en condiciones de mercado al finalizar las limitaciones actualmente impuestas a su obra
civil, preservando en todo caso su naturaleza eminentemente militar para atender los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales.
8. Mantener el esfuerzo de reindustrialización impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las comarcas afectadas, dentro del periodo del actual Marco de Apoyo de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la estación de montaña de Manzaneda, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La estación de montaña de Manzaneda o Cabeza de Manzaneda, única estación de esquí que existe en Galicia, está ubicada en el Macizo Central Ourensán, en la provincia que le da nombre. En 1969 se levanta el refugio de montaña y el primer
remonte y durante los años 70 empieza la expansión como estación de esquí y la dotación de servicios así como la mejora de sus accesos. En 1972 nace Meisa (Manzaneda Estación de Invierno, SA), la empresa que desarrollará y gestionará la estación.
Actualmente MElSA está participada por la Xunta de Galicia en un 48%, el Ayuntamiento de Manzaneda en un 7,2%, el Ayuntamiento de A Pobra de Trives en un 7,2% y NovaGalicia Banco con un 37,6%.
Actualmente, y después de los intentos del anterior gobierno gallego no solo por salvar esta estación, sino por diversificar su uso y convertirla también en una estación de montaña, la estación se encuentra en una más que delicada situación.
Representantes de los casi 50 trabajadores y trabajadoras de la empresa han advertido recientemente que si no se actúa de inmediato, la estación entrará en quiebra técnica.
Durante los últimos años se han hecho, al menos, 3 planes de viabilidad para salvar estas instalaciones y todos ellos coinciden en que se necesitaría una inversión que oscila entre los 5 y los 6 millones de euros.
El gobierno gallego lleva dando la 'callada por respuesta' desde hace más de tres años a pesar de que esta estación es mucho más que un complejo lúdico-deportivo. Realmente, supone uno de los ejes económicos de las comarcas de Trives y
Caldelas, unas de las más despobladas de Galicia, a pesar de su inmenso atractivo medioambiental, paisajístico y patrimonial. Cerrar este complejo supondría un paso más, quizá decisivo, en el abandono y despoblamiento que sufre esta zona.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para garantizar la continuidad de la estación de Manzaneda, convirtiéndola a su vez en una estación de montaña.
2. Instar a la Xunta de Galicia a implicarse con este proyecto activamente y evitar la posible quiebra técnica de la estación de Manzaneda, tal y como han denunciado los trabajadores y trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y las siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta el siguiente Proposición no de Ley para armonizar
las medidas de protección de la salud y el medio ambiente con el desarrollo del sector vitivinícola, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas establece un marco normativo para su comercialización a fin de garantizar un nivel elevado de protección de la
salud y el medio ambiente.
Casi diez años después, por el Reglamento (CE) 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, se realizaba la segunda revisión de la Directiva y se estableció un listado de sustancias activas que debían ser evaluadas con vistas a su
posible inclusión en el Anexo de sustancias Biocidas de la Directiva. El dióxido de azufre estaba incluido en esta lista de sustancias activas.
La Comisión informó a los Estados Miembros al respecto y se publicó la información por medios electrónicos. En los tres meses siguientes a esas publicaciones, ninguna persona o Estado Miembro manifestó su interés en asumir la función de
participante en relación con las sustancias y tipos de producto considerados, como queda de manifiesto en los considerandos de la Decisión de la Comisión (2010/72/UE) de 8 de febrero de 2010, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias en
los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE.
En la citada Decisión del año 2010 se publicaba la no inclusión del dióxido de azufre como sustancia activa conservante en alimentación, dentro de la lista de sustancias biocidas activas autorizadas por la Unión Europea, y su obligada
retirada del mercado en el plazo de 12 meses.
El programa de evaluación de sustancias activas utilizadas en productos biocidas debía finalizarse en mayo de 2010, pero ante la lentitud del proceso el plazo se prorrogó hasta 2012. Todavía existen un total de 372 sustancias por evaluar y
actualmente tan solo 41 de ellas han sido aprobadas para su inclusión en el Anexo I de la Directiva.
El dióxido de azufre se utiliza en el sector vitivinícola para la limpieza y desinfección de barricas, en un proceso conocido como mechado de las barricas, que se realiza desde tiempo ancestral. También se utiliza
en el proceso de preparación de la uva; para limpiar el mosto, eliminar bacterias y microorganismos vivos, favorece la maceración de tejido celular de las uvas, especialmente el hollejo; y como regulador del propio proceso de fermentación
del vino. Recordar que los 'sulfitos' se producen de forma natural en el proceso de la fermentación alcohólica. No obstante, el SO2 está sujeto a reglamentación dada su potencial toxicidad y efectos adversos para la salud y el medio ambiente.
Existen algunas alternativas a este tratamiento, pero los costes de limpieza de barricas por cualquier otro método son más gravosos y de relativa eficacia. No realizar ningún tratamiento supondría el deterioro de la barricas y la
posibilidad de perder la producción. En cualquier caso un gran impacto económico.
Según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción de vino en España ascendió en la campaña 2009/2010 a 34,3 millones de hectolitros. Los datos interanuales de ventas exteriores de vino a octubre de
2011 se cifran en 2.150 millones de litros, con un valor de 2.210 millones de euros. Mientras que el consumo de vino en los hogares españoles, en términos interanuales, entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, llegaba hasta los 425,3 millones de
litros, con un valor de 1.045,3 millones de euros.
El sector vitivinícola español, en colaboración con el sector de otros países, se ha comprometido a presentar un informe que justifique que no existe otra alternativa y que el tratamiento de las barricas con esa fórmula no causa ningún
problema de salud o ambiental.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Apoyar, con los recursos y estudios científicos disponibles, los informes que realice el sector vitivinícola para justificar la necesidad de utilizar el SO2 en la desinfección de barricas y que aclare la falta de peligro para la salud o
el medioambiente en las condiciones de uso.
2) Continuar con la búsqueda de alternativas económicamente viables y ambientalmente aceptables para la limpieza y desinfección de las barricas de vino que sirvan como base para el desarrollo tecnológico y la innovación del sector.
3) Propiciar la transferencia de los resultados científicos y tecnológicos, obtenidos por los Organismos Públicos de Investigación, para que la actividad investigadora tenga implicaciones prácticas que contribuyan al desarrollo del sector
vitivinícola.
4) Coordinar, junto con el resto de las Administraciones Públicas y sectores implicados, las actuaciones, el seguimiento y difusión de las políticas y asuntos que puedan afectar al desarrollo del sector de la viticultura y enología en el
seno de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Comarca de Riaño, Montaña Oriental Leonesa, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Han pasado 25 años desde la despoblación de la cuenca del Alto Esla en la Montaña de Vadinia o montaña oriental leonesa. Los valles fueron ocupados por el agua retenida con el cierre de las compuertas de la Presa de Riaño, con el muro
situado en la Remolina. La presa se construyó bajo anunciados criterios de 'interés general' y de 'riqueza para España' con la puesta en marcha de nuevos regadíos.
Ahora, en 2012, una vez comprobado, según los datos ofrecidos por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, que no se van a regar las 85.000 hectáreas anunciadas desde 1963 a 1987 por la promotora del embalse, existe un
movimiento ciudadano interesado en la recuperación de una parte importante del territorio de aquellos valles, bajando la cota máxima del embalse desde los 1.100 a los 1.080 metros de altitud, y generando grandes beneficios públicos sin perjudicar a
nadie.
En 1987 el cierre del pantano de Riaño anegó los principales valles y nueve pueblos centrales de la comarca, incluido Riaño, y supuso la diáspora de más de 3.000 personas, preludio de otras, dejándola sumida en un desierto poblacional (2,5
H/km², frente a los 15 y hasta 25 H/km² de comarcas vecinas), empobrecida (20 puntos por debajo de Comarcas vecinas), y sin territorio, sin sus valles que son su mejor potencial. Esto generó una importante resistencia de las personas a marcharse de
su tierra y diversos colectivos ciudadanos ya denunciaron entonces que no sería posible convertir en nuevos regadíos las hectáreas anunciadas.
La cota 1.080 igualará la capacidad del embalse de Riaño a los de Barrios de Luna y Porma, y será el comienzo de una sólida e ilusionante base para el relanzamiento de toda la Montaña Oriental de León, dentro del proyecto emprendido por
todas las personas de la
plataforma ciudadana destinada a Recuperar el Valle de Riaño caldero a caldero.
Con esta decisión se recuperarán más de 8.000 metros cuadrados de montaña leonesa y más de 20 km de riveras fluviales, dejando reutilizables los puentes de Pedrosa y de Torteros. Con el Puente de Pedrosa se recuperará una eficiente conexión
entre la Montaña (Riaño y Boca de Huérfano) y el Alto Cea (Prioro y Tejerina), mientras que el Puente de Torteros recuperará la conexión entre los puertos de Tama y Pontón uniendo de nuevo los valles del río Esla (Burón) y del Orza (Vegacerne). Con
la recuperación del territorio se recuperarán sotobosques, prados, un cercado osero, el parador turístico en su lugar primigenio.
Aún se está a tiempo de recuperar la actividad productiva de aquellos valles tanto arriba del muro, en la Cuenca Alta del Río Esla, como abajo de la presa, en la Cuenca Media, en reforestación, usos de la madera, pesca de la trucha, pastos
para ganado vacuno y turismo rural.
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Bajar la superficie de la lámina de agua del Embalse de Riaño a la cota máxima de 1.080 metros.
- Recuperar la actividad agrícola, ganadera y turística de la Comarca de Riaño.
- Recuperar el Parador de Turismo de Riaño.
- Recuperar la conexión entre la Montaña (Riaño y Boca de Huérfano) y el Alto Río Cea (Prioro y Tejerina), y recuperar la conexión entre los puertos de Tarna y Pontón uniendo de nuevo los valles del río Esla (Burón) y del río Orza
(Vegacerneja).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación entre capacidad pesquera y
posibilidades de pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el Informe de la Comisión Europea COM (2011) 354 'sobre los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros en 2009 para alcanzar un equilibrio sostenible entra la capacidad de la flota y las capacidad de pesca' en el que se hace una
evaluación cuantitativa de la calidad y cantidad de información facilitada a los servicios de evaluación y seguimiento de la Unión Europea para cada país, España era el país peor valorado en ambos aspectos.
Concretamente se destaca que España no aplica las directrices para la evaluación del equilibrio entre capacidad pesquera y posibilidades de pesca. Además de la falta de evaluación, tampoco se facilitó información sobre los efectos de las
limitaciones del esfuerzo pesquero a pesar de que la flota española está sujeta al plan de recuperación de la merluza austral y la cigala.
La evaluación del CCTEP -Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca- también señala que España no describe sus flotas pesqueras en relación con las pesquerías y no facilitó un resumen de los puntos débiles y fuertes de su sistema de
gestión de la flota.
Atendiendo a la importancia de disponer de datos objetivos, comparables y evaluables en torno al sector pesquero que nos permitan determinar el nivel de sobreexplotación así como facilitar la toma de decisiones sobre el nivel de captura, se
presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados en el presente año un informe de evaluación en torno a las necesidades de ajuste entre oportunidades de pesca y la capacidad pesquera de las flotas
españolas basado en un análisis pesquería a pesquería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Rendimiento Máximo Sostenible, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El estudio publicado por la New Economics Foundation (NEF) bajo el título 'Empleos perdidos en el mar. La sobrepesca y los empleos que nunca existieron' concluye que la mala gestión de los recursos pesqueros está reduciendo los puestos de
trabajo y los beneficios del sector.
El informe analiza los beneficios producto de restaurar 43 poblaciones de peces europeas (de un total de más de 150) y entre otros aspectos concluye que:
- Restaurar estas 43 poblaciones de peces hasta su rendimiento máximo sostenible (RMS) generaría 3,53 millones de toneladas adicionales de desembarques, suficiente para satisfacer la demanda anual de pescado de casi 158 millones de
ciudadanos de la UE.
- El valor de restaurar las poblaciones de peces asciende a 3.200 millones de euros al año para todos los países, cifra que representa más de cinco veces el valor de las subvenciones pesqueras pagadas cada año a los estados Miembros de la
UE.
- El hecho de restaurar estas poblaciones de peces permitiría la creación de 100.790 nuevos puestos de trabajo, de los cuales unos 83.000 beneficiarían a la UE27 (un 31 % más que el nivel actual de empleo en el sector pesquero de la UE).
La sobrepesca significa que la UE está obteniendo mucho menos de sus poblaciones de peces que si estas recuperaran un buen estado de salud y fueran gestionadas de forma sostenible. La fundación NEF ha analizado el volumen actual de capturas
comparándolo con su potencial ('rendimiento máximo sostenible') para poner de relieve hasta qué punto la sobrepesca se ha apropiado de los ingresos y los empleos del sector.
Cuando las poblaciones de peces inician una tendencia de degradación que conduce en última instancia al colapso, debería detenerse la actividad pesquera. En Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos la legislación fomenta la adopción de
límites de pesca cautelares y se aplican vedas de pesca para ayudar a invertir el declive.
Contrariamente, en Europa, donde el 72% de las poblaciones de peces de interés comercial se encuentran por debajo de los niveles óptimos, es muy improbable que las reducciones graduales en la presión pesquera que incluye la propuesta de
reforma de la Política Pesquera Común (PPC) cuando una población de peces empieza a colapsarse inviertan esta tendencia.
Tal y como señala el informe 'Los recursos pesqueros proporcionan enormes beneficios para la sociedad. Son una fuente de empleos, una fuente de ganancias y una fuente de alimento asequible. Sin embargo, las poblaciones de peces europeas
están teniendo un rendimiento muy inferior al que podrían tener si se gestionaran a niveles sostenibles. Por el bien de la sociedad, la gestión pesquera europea debería tener como objetivo central restaurar los recursos pesqueros hasta sus niveles
de rendimiento máximo sostenible ('maximum sustainable yield'). La reforma de la Política Pesquera Común constituye una magnífica oportunidad de acabar con este desperdicio'.
Considerando la reforma de la Política Pesquera Común como una excelente oportunidad para mejorar la gestión de los recursos naturales para que produzcan más rentas y empleo se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer en la reforma de la política pesquera común que para todos los 'stocks', en los que sea biológicamente viable, se establezca la obligación de gestionar los 'stocks'pesqueros a un
nivel por encima del Rendimiento Máximo Sostenible (Brms) a más tardar en el año 2015.
Como mínimo, para el año 2015 y en adelante, en todos los stocks la presión pesquera debe ser inferior al nivel Frms, de manera que aquellos stocks que ya están por encima del nivel Brms se mantendrán en esta situación, y aquellos que están
por debajo del nivel Brms podrán llegar a este nivel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesaria potenciación de
las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En una parte considerable del territorio español se dan las circunstancias posibles para una gran diversidad productiva agroalimentaria de calidad, especialmente si a la par existe una amplia y pujante tradición en la producción de alimentos
de gran singularidad y con calidad diferenciada.
Las DOP nacen en nuestro país en 1932, pero es con el Estatuto del Vino en 1970 cuando se consolidan y empiezan a adquirir importancia, gracias al amparo y cobertura legal que las protege frente a otras producciones, más o menos similares,
que no reúnen los requisitos para ser protegidas legalmente.
El amparo comunitario está reflejado en el R/510/2006 que, entre otras cuestiones, protege y ampara a todas las DOP e IGP de la UE y además, en la Propuesta de Reglamentos de la Comisión para la nueva Reforma de la PAC, sobresale la
prioridad de protección
y, en su caso, ayuda por ser producciones respetuosas con el medio ambiente y colaborar a un desarrollo rural sostenible.
Aunque por el número de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas nuestro país está entre los primeros en la UE, parece aconsejable continuar potenciando estas producciones como medio legítimo de incrementar la
producción protegida y garantizar un consumo con precios razonables de estas producciones agroalimentarias.
Por otra parte, la pronunciada caída de la Renta Agraria -el último año según Eurostat ha bajado el -3,4%-, que está poniendo en peligro la viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias, junto con el continuo y permanente
abandono del sector, aconsejan explorar todas las posibilidades de alcanzar rentabilidades justas, dado que es conocido el mejor y más justo reparto del valor añadido para los productores agrarios, por la vía de las DOP y las IGP.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con las CC.AA. y mediante el apoyo institucional y presupuestario preciso, proceda a potenciar en los mercados interior y exterior las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas, realizando para ello actividades de promoción de las producciones agroalimentarias españolas, al objeto de contribuir a la consolidación de unos ingresos y rentas suficientes para los productores españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las heladas de febrero, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El sector agrario español, pero especialmente el valenciano, ha sufrido las graves consecuencias de la ola de frío que ha atravesado la península durante los primeros quince días del mes de febrero de 2012.
Este descenso intenso y prolongado de las temperaturas ha provocado numerosas pérdidas de producciones y afecciones a arbolado que se traducirán en una evidente disminución de los ingresos y, por tanto, de la renta de los agricultores
afectados.
Según la valoración de Agroseguro, las pérdidas provisionales ascienden en todo el Estado español a unos 70 millones de euros. En la Comunitat Valenciana son 40 millones. A esta estimación de pérdidas hay que sumarle las de aquellas
parcelas que a fechas de realización del informe no habían enviado su correspondiente parte de siniestro y, sobre todo, las pérdidas de aquellas explotaciones que no disponían de seguro agrario y también por el incremento de costes para el sector
ganadero por el incremento de los costes por la compra de pienso e incremento del consumo de calefacción.
Por tanto, y en consecuencia, las pérdidas reales serán mucho más elevadas y en el agro valenciano superarán ampliamente los 75 millones de euros por la afección de la helada en los cítricos, hortalizas, frutales de verano, almendros, etc.
Ante estos hechos dolorosos para los agricultores a los que hay que sumar las heladas del año pasado, los bajos precios que están percibiendo por la venta de sus productos y el continuado incremento de los costes de producción, como es el
caso del gasóleo o la electricidad, deben tomarse medidas compensatorias y preventivas.
Compensatorias en la medida de establecer mecanismos que permitan un mantenimiento de la renta de los afectados y la continuidad de sus explotaciones y preventivas para evitar que los mercados se inunden de producciones heladas que
contribuyan a un detraimiento del consumo y, por tanto, incrementar la pérdida de ingresos de los agricultores.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que establezca un sistema de ayudas similar al Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para los daños ocasionados en el sector agrario por
las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005 y normativa derivada.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que ponga en marcha los mecanismos de control e inspección suficientes para evitar la salida a los mercados de producción agrícola afectada y dañada por el episodio de heladas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que el Ministerio de Hacienda aplique una
reducción total de los módulos fiscales para el IRPF de los agricultores y ganaderos afectados por la condiciones climáticas derivadas de este episodio y por extensión, los acaecidos durante el 2011.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que inicie los tramites para la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos términos municipales de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado
heladas de importancia en los años 2011 y 2012, compensando rápidamente, y mediante dotación presupuestaria suficiente, esta pérdida de financiación que sufrirán las corporaciones locales.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social permita la condonación del pago de diez cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos del sector agrario afectados.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que solicite al Instituto de Crédito Oficial la puesta en marcha de créditos bonificados al 100 % para todos los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por esta
coyuntura adversa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
fachada litoral de Altea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado mes de noviembre de 2011 el Gobierno de España aprobó la adjudicación de la actuación en la fachada litoral de Altea.
El proyecto de rehabilitación de la fachada marítima tiene un presupuesto de 16.570.162 euros y contempla actuar a lo largo de 1.600 metros, entre la desembocadura del río Algar y el puerto pesquero, multiplicando por ocho la superficie
actual de playa en el casco urbano, además de eliminar la charca del paseo marítimo y crear una zona de esparcimiento y de ocio en un paseo peatonal paralelo a la misma. Para proteger la playa se colocará un dique en dirección sur cerca del río,
otro dique en forma de 'T' frente a la rotonda del actual aparcamiento del paseo marítimo y se unirá a tierra el dique existente frente a la playa La Roda.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que concluya el proceso de licitación de actuaciones en la fachada litoral del Altea, si es que quedara algún trámite por cumplir, inicie las obras de forma inminente, consigne las partidas
presupuestarios oportunas y necesarias en 2012 y los años sucesivos, y que no haya retraso alguno en los plazos establecidos en la adjudicación motivados por retrasos en los pagos o por falta de fondos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Federico Buyolo García y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
embalse de Relleu, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Gobierno de España impulsó la recuperación paisajística y ambiental del embalse de Relleu, cumpliendo su compromiso de incluirlo en su programación de actuaciones en humedales de la Comunitat Valenciana, y de hecho se ha concluido por
parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar la redacción del proyecto, que ya conoce el Ayuntamiento.
Esta actuación no se ha podido realizar por estar pendiente la firma de un nuevo convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana sobre actuaciones en humedales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga en el proyecto la recuperación paisajística y ambiental del embalse de Relleu entre sus actuaciones
a realizar y, si no firma el convenio sobre humedales con la Generalitat Valenciana en el que se incluya esta actuación, a que firme un protocolo específico sobre el embalse de Relleu con la propia Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Relleu para que, cuanto antes, se inicie la adjudicación y las actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Federico Buyolo García y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre incentivos con consecuencias ambientalmente negativas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El artículo 5.2.b) de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que las Administraciones Públicas 'identificarán y, en la medida de lo posible, eliminarán o modificarán los incentivos contrarios a la conservación del
patrimonio natural y la biodiversidad'.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que el Estado español forma parte, ha señalado repetidamente la importancia de eliminar o, cuanto menos, reducir las 'subvenciones ambientalmente perjudiciales'. Y
es que, lógicamente, no tiene sentido aprobar normativas que persigan la conservación del medio ambiente y, simultáneamente, respaldar económicamente actividades que tienen un efecto contrario.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Identificar, en el plazo de doce meses, aquellas subvenciones, beneficios fiscales, ayudas públicas e incentivos de cualquier tipo que estén vigentes por parte de la Administración General del Estado y que puedan tener una influencia
contraria a la conservación del medio ambiente, singularmente las que afecten al patrimonio natural y la biodiversidad.
2. Hacer público el resultado y antes de dos años tomar las medidas necesarias para eliminar o, cuando no sea posible, reducir dichos incentivos y sus efectos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la reforma ambiental del Impuesto sobre Actividades Económicas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), crea y regula, en sus artículos
78 a 91, el Impuesto sobre Actividades Económicas.
El artículo 85 estableció que las tarifas del impuesto serían aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto Legislativo.
Ello ocurrió mediante el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas y, en menor medida, mediante el Real Decreto Legislativo
1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la actividad ganadera independiente.
Como es seguramente lógico considerando la fecha en que se aprobaron, el establecimiento de dichas tarifas no tuvo en consideración el impacto ambiental potencial de las diferentes sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas.
Sin embargo, hoy día la sensibilización ambiental de la sociedad es mucho mayor y está ampliamente asumido que para alcanzar los objetivos ambientales es necesaria la aplicación coordinada de diferentes medidas, entre ellas las de carácter
económico.
No se trata de recaudar más, sino de recaudar diferente, aplicando el concepto de diferenciación fiscal, de modo que las actividades potencialmente menos contaminantes
paguen menos y viceversa. Con ello se conseguiría incentivar las actividades más ecológicas y con ello avanzar hacia una economía más sostenible.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a:
Reformar en el plazo de doce meses el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, y el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de
agosto, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la actividad ganadera independiente, de tal forma que en la definición de las tarifas, junto con otros criterios, se tome en
consideración la potencial incidencia de las diferentes categorías de actividades sobre el medio ambiente. Todo ello en un marco de neutralidad en la recaudación global del impuesto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el cumplimiento de la universalización de la asistencia
sanitaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Cerca de 40.000 parados de larga duración sin prestaciones han visto en las últimas fechas cómo algunas Comunidades Autónomas (Murcia, Baleares o Galicia), les negaba la asistencia sanitaria ordinaria, al no poder acreditarse como personas
sin recursos, ni incorporarse a la tarjeta de un familiar como beneficiarios.
Además de los desempleados, se encuentran en esta situación las personas que nunca han cotizado en España, también profesionales como abogados o arquitectos. En total, entre 200.000 y 300.000 personas, según Sanidad y Seguridad Social,
respectivamente.
Recientemente ha entrado en vigor la Ley de Salud Pública que reconoce el derecho a los parados, y establece un plazo de seis meses para el resto de los colectivos aludidos, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario. Sin embargo,
al parecer son miles las tarjetas pendientes de tramitación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A garantizar ante la Tesorería de la Seguridad Social y el INSS el derecho de los parados sin prestación de asistencia sanitaria contemplada en la Ley de Salud Pública.
2. A publicar el Reglamento previsto para el primer semestre de 2012, para reconocer el derecho a la atención sanitaria de quienes no han cotizado a la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el incremento alarmante de suicidios en España ante la crisis
económica, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Las cifras de suicidio en España son cada vez más alarmantes. En el año 2011 se quitaron la vida cerca de 4.500 personas: una tasa de 10,5 por 100.000 habitantes. Es decir, cada día se suicidan en España diez personas. Es más frecuente
en hombres aunque es la primera causa de muerte de mujeres entre treinta y treinta y cuatro años. La crisis económica ha elevado la tasa de suicidios al menos en un 25% y de nuevos casos de demanda de atención de salud mental en un 15% por síntomas
depresivos. Sin embargo, hasta hace cinco años las cifras en España de suicidios se mantenían estables y por debajo de la media de la UE.
Entre los desempleados los problemas psicológicos duplican a la población general y, en particular, en aquellos sin prestación por desempleo o salarios de inserción.
Es pues la incertidumbre y la desesperación ante el desempleo, la falta de prestaciones, el desahucio, y la exclusión, el factor determinante del incremento alarmante del suicidio ante la crisis económica.
Los países que se enfrentan a reveses financieros con desempleo y desprotección más graves presentan un mayor incremento de la tasa de suicidios (encabezado por Grecia, Irlanda y Letonia).
Todo esto coincide con el descenso de la esperanza de vida en España entre los años 2010 y 2011. No parece casual.
La OMS y la UE han lanzado la voz de alarma y señalado el suicidio como un problema de salud pública de primera magnitud. La OMS demanda a autoridades y gobiernos que adopten más medidas de prevención, hoy insuficientes, mientras la UE en
su habitual 'neolengua' habla de 'área de especial interés' aunque continúa promoviendo ajustes y recortes que crean angustia e incertidumbre en los colectivos más desprotegidos.
Las Comunidades Autónomas afirman tener incluidos en el 'Plan de Salud Mental' acciones específicas para disminuir las tasas de depresión y de suicidio. De ellas doce lo han incorporado, tres han iniciado la experiencia, aunque siete de
ellos no han realizado ninguna intervención (según la evaluación de la Estrategia de Salud Mental 2006).
En un reciente estudio de la Universidad de Mánchester entre los años 1997 y 2006, se ha comprobado la utilidad de las medidas preventivas y de atención temprana frente al suicidio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que lleve a cabo en el marco de la Estrategia de Salud Mental y su Evaluación:
1. Un estudio pormenorizado del incremento de suicidio en España, sus causas y determinantes sociales.
2. Adopte medidas urgentes de apoyo a las mejoras de la Red de Salud Mental de acuerdo con las Comunidades Autónomas, sobre todo:
- En la atención Comunitaria Asertiva de 24 horas.
- El seguimiento intensivo durante las semanas posteriores de los intentos de suicidio.
- La adopción de medidas preventivas y de prevención de salud.
- El protocolo del manejo de suicidio por parte del personal sanitario de urgencias.
3. Adoptar una Estrategia Estatal de Prevención del Suicidio en el marco de la Estrategia de Salud Mental y su Evaluación.
4. A promover de acuerdo con las Comunidades Autónomas medidas de apoyo y protección económica y social de los desempleados y ancianos sin prestación, en el marco del nuevo Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la ratificación del Protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño para un procedimiento de comunicaciones.
Antecedentes
Tras un largo proceso, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el tercer Protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño para un procedimiento de comunicaciones, mediante la Resolución 66/139, de 19 de diciembre de
2011.
Dicho Protocolo reconoce que la situación de dependencia de los niños les dificulta el ejercicio de los recursos que disponen para reparar la violación de sus derechos. Para enmendarlo, se propone reforzar y complementar los mecanismos
estatales y regionales permitiendo que los niños puedan por ellos mismos denunciar la violación de sus derechos, a la vez que se establece que se garantice que los procedimientos existentes se adapten a ellos en todas las instancias.
Además, con el fin de reforzar los mecanismos estatales anteriormente mencionados y de mejorar la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños y, cuando sea el caso, de los otros dos Protocolos facultativos de la Convención:
uno, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el otro, sobre la participación de niños en conflictos armados, convendría facultar al Comité de los Derechos del Niño como órgano competente
para desempeñar las funciones previstas en el Protocolo que nos ocupa.
A modo de ejemplo, algunas funciones a desempeñar por parte del Comité de los Derechos del Niño son la recepción y resolución de comunicaciones en las que se afirma ser víctima de una violación por un Estado parte de cualquiera de los
derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño y en sus Protocolos facultativos. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que el Comité en el ejercicio de sus funciones se guiará por el principio del interés superior del
niño, además de tener en cuenta los derechos y las opiniones del niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño.
En síntesis, este nuevo Protocolo contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, así como un procedimiento de comunicaciones y un procedimiento de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas
de los derechos del niño. Por estas razones, debe ser ratificado por el Estado español cuanto antes, dado que constituye un hito en la promoción de los derechos de la infancia no solo reafirmando la condición de los niños y niñas como
sujetos de derecho, sino también reconociendo su competencia para defender, según sus aptitudes, sus derechos ante una instancia internacional.
Por ello, y para avanzar en los derechos de la infancia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, a la mayor brevedad posible, el Protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño para un procedimiento de comunicaciones, adoptado recientemente por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios
de primera necesidad en países en vías de desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Veterinarios Sin Fronteras ha puesto en marcha una nueva campaña 'Banca Bajo Control. Con la comida no se juega' mediante la cual denuncia un nuevo caso de especulación alimentaria y solicitan al Ministro de Economía y Competitividad una
posición clara en las negociaciones europeas que están teniendo lugar en la UE en la revisión de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (2004/39/CE) con la finalidad de que se regule una prohibición expresa sobre
operaciones en el mercado alimentario.
VSF destaca que en un año el número de personas que padecen hambre ha aumentado en 44 millones y que la especulación alimentaria ha sido identificada como la principal causa de las recientes crisis alimentarias (años 2008 y 2011) en las que
millones de personas en el mundo murieron de hambre. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas denuncias de organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, todavía no se ha adoptado un mecanismo que ponga freno.
Casi 2.000 millones de personas en el mundo (una de cada tres) utilizan más del 50 % de sus ingresos para adquirir comida. En los países o regiones o clases sociales más pobres de cada región, entre el 60-80 % de los ingresos se destinan a
la alimentación. Los efectos de la subida de los precios alimentarios ahí son devastadores, desde el inicio de la crisis especulativa alimentaria 250 millones más de personas están en situación de hambre, ya son más de 1.000 millones, cifras y
porcentajes nunca vistos hasta ahora en la historia de la humanidad.
En este sentido, la organización alerta sobre las prácticas de algunas entidades financieras del Estado español que tienen entre su cartera un fondo especulativo que opera con alimentos, en concreto con los cereales básicos de la
alimentación humana (maíz y trigo), con la soja, el cacao, el azúcar, el zumo de naranja, los cerdos y terneros/as etc.
Dichos fondos operan a través de dos tipos de instrumentos financieros: los contratos de futuros de maíz, trigo y soja y, por el otro, los Fondos índice. Este tipo de índices empujan al alza los precios de los alimentos, y esto dificulta
enormemente el acceso a la alimentación de millones de personas.
A modo de ejemplo, los precios del trigo aumentaron en un 46 % entre el 10 de enero y el 26 de febrero de 2010, volvieron prácticamente a sus valores anteriores para el 19 de mayo, aumentaron de nuevo en un 21% hasta principios de junio y
comenzaron a bajar otra vez a partir de agosto, atribuir semejante fluctuación a oscilaciones de la oferta y demanda es incomprensible.
Si tomamos el incremento de la inversión especulativa en alimentos en el periodo 2010-2011, y el incremento de las personas que han sido arrastradas a la extrema pobreza por el incremento de precios en el mismo periodo, tendremos que por
cada 314 euros de inversión especulativa se empuja a una persona a la pobreza y el hambre.
Con la comida no se juega, no se especula con ella, la alimentación es un derecho humano y debemos exigir que los mercados financieros no coticen con ese derecho como si de un juguete se tratara para el lucro desmesurado de unos y el
empobrecimiento de la mayoría.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que reglamente, en el ámbito de sus competencias, para prohibir las inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad y que promueva en el seno de la UE una
clara posición contra estas prácticas en el marco de la reforma de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (2004/39/CE) que incluya una mayor transparencia, una limitación estricta de las posiciones especulativas y
una prohibición de las herramientas financieras claramente especulativas con los alimentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a aumentar la
transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La Agencia Española de Cooperación Internacional otorga anualmente distintas subvenciones destinadas tanto a organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, como a ciudadanos españoles y extranjeros que
cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
Cada tipo de subvención está regulada por su propia Orden donde se establecen las bases reguladoras de la concesión de cada convocatoria. En dicha Orden se establecen sus objetos y finalidades, las prioridades de cada una de las
subvenciones, los beneficiarios, las cuantías, la instrucción de los procedimientos, las valoraciones, las resoluciones, los pagos, los cumplimientos de los objetivos, las justificaciones, las obligaciones de los beneficiarios, las responsabilidades
y los reintegros. En este sentido, la valoración de los proyectos a aprobar está subordinada a un sistema de puntuación que varía según el tipo de subvención.
La publicación de las puntuaciones de los proyectos presentados ayudaría a fortalecer la transparencia del sistema de subvenciones. La transparencia a la hora de valorar y puntuar los proyectos presentados a subvención tiene que ser un
principio que inspire todo el proceso desde que dichos proyectos son presentados hasta que se publica la resolución de aceptación o rechazo de los mismos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la AECID incremente la transparencia en la concesión de subvenciones a personas y entidades sin fines de lucro de acuerdo con la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre de 2011, por la que
se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley,
relativa al Museo de Málaga, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El esfuerzo del Gobierno de España en las dos últimas legislaturas en materia cultural ha sido el complemento perfecto para potenciar el turismo de cruceros y el de fin de semana en Málaga y provincia. Desde este Grupo Socialista,
consideramos la cultura como un elemento esencial desde el punto de vista identitario, pero también como un enorme marco de oportunidades económicas.
Málaga ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en inversiones culturales y ha dejado atrás periodos negros en los que los Presupuestos Generales no estipulaban partida alguna para la provincia, como ocurrió en el año 2002.
Uno de los proyectos más importantes en la historia cultural de la ciudad es el Museo de Málaga, cuya construcción avanza a ritmo imparable en la Aduana. Este espacio, situado en pleno corazón del centro histórico y muy cercano al que es ya
segundo puerto de cruceros de España, será el escaparate perfecto para exponer una de las colecciones más importantes de la pintura española del siglo XIX.
Conseguir el Museo para la ciudad ha sido el objetivo de miles de ciudadanos que se manifestaron en repetidas ocasiones en las calles de la ciudad, aglutinados en torno a la Plataforma 'La Aduana para Málaga', especialmente a partir del año
1998.
El entonces Gobierno de España, regido por el Partido Popular, hizo oídos sordos a estas demandas. Especialmente contrario fue Mariano Rajoy, que entonces era el ministro de Administraciones Públicas, el máximo responsable de ceder el
edificio.
En 2004, tras la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las Elecciones Generales, el compromiso con el Museo fue firme. De hecho, el nuevo subdelegado del Gobierno tomó como primera medida no vivir en dicha sede institucional como
habían hecho sus antecesores, como gesto simbólico que mostrase la voluntad de los socialistas con respecto al edificio.
Este gesto se tradujo solo unos meses después en un acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para, a través de diversas permutas, ceder la Aduana a la Ciudad.
Las obras del Gran Museo de Málaga tienen un presupuesto cercano a los 35 millones de euros y ya no deben ser distorsionadas con ocurrencias de última hora o propuestas de cambio de contenido parciales como las que defiende continuamente el
Ayuntamiento de Málaga y algunos diputados del Grupo Popular, que difuminan la posibilidad de que este Gran Museo de Málaga abra sus puertas en 2013.
El futuro Museo ordenará su colección en cuatro áreas con un discurso expositivo único para arqueología y bellas artes. Será el mayor museo estatal ubicado en Andalucía, con una superficie construida de 14.897 metros cuadrados y 11.861
útiles.
Por la implicación social y ciudadana y, desde el convencimiento de que Málaga merece su gran Museo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se comprometa a abrir las puertas del Museo de Málaga en 2013.
2. Que dicho Museo de Málaga siga con el proyecto museístico y el plan de obras ya aprobados y, por lo tanto, que no realice ninguna modificación sustancial de los mismos que vaya en detrimento de la actuación y de sus plazos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Trinidad Jiménez García-Herrera y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
creación del 'Centro Virtual de la Cultura de España', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Museo del Prado es una de las principales pinacotecas del mundo. Además del Museo del Prado tenemos el Museo Reina Sofía y el Thyssen Bornemisza que gestiona el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Gracias a las nuevas tecnologías e internet es posible visitar virtualmente el Museo del Prado, según figura en su página web, las colecciones importantes de dibujos (más de cinco mil), grabados (dos mil), monedas y medallas (cerca de mil),
y casi dos mil piezas de arte suntuarias o decorativas. La Escultura a su vez está representada por más de setecientas piezas y por una cantidad menor de fragmentos escultóricos.
Los fondos de la colección de pinturas se articulan en tres conjuntos fundamentales: las pinturas que proceden de las colecciones reales (poco más de tres mil), las que aportó la fusión con el Museo de la Trinidad (que rebasan ligeramente
las dos mil) y el fondo llamado de Nuevas Adquisiciones (más de tres mil quinientas) que es el bloque vivo en el que se asientan desde las primeras adquisiciones que realizaron ya museos como el del Prado y el de la Trinidad, mientras existió, hasta
los últimos ingresos. Estas adquisiciones han venido siendo por compra, por donaciones y legados, y también por suscripciones públicas.
Cada año es visitado por cientos de miles de turistas que desean aproximarse a la obra de tantos genios de la pintura europea. Además del Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Thyssen Bornemisza conforman un triángulo cultural
imprescindible en cualquier visita cultural que tenga por objeto la pintura.
Todo este patrimonio cultural puede difundirse, todavía más, con la creación de un 'Centro Virtual Comercial de la Cultura de España' que tenga, entre otros objetivos, difundir nuestra cultura y además generar una actividad económica
aprovechando nuestra cultura, de tal forma que un ciudadano de cualquier punto del mundo pueda adquirir, vía Internet, la reproducción del cuadro que desea, extendiendo progresivamente la oferta a otro tipo de productos y opciones culturales.
Tras la puesta en marcha de esta experiencia, con las medidas oportunas y tras la correspondiente evaluación, la experiencia podría ser compartida, en el futuro, con otros museos pictóricos o de otro tipo, así como con las Comunidades
Autónomas, con los acuerdos precisos, para aprovechar, respetando sus competencias, el rico patrimonio que gestionan.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear el 'Centro Virtual de la Cultura de España', comenzando la actuación en base a la obra pictórica del
Museo del Prado, generando ingresos y a la vez impulsando la difusión internacional de nuestra cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Félix Lavilla Martínez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
Festival Internacional de la Porta Ferrada, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Festival Internacional de la Porta Ferrada, en Sant Feliu de Guíxols (Girona) es el más antiguo de los que se celebra en Catalunya, como prueba el hecho que se han celebrado cuarenta y nueve ediciones. Nació el año 1958 delante del
Monasterio de la ciudad y su nombre rinde tributo a la Porta Ferrada, pórtico de la iglesia prerromática de los siglos IX-X.
Inicialmente la organización y posición del Festival fue a cargo de un grupo de ciudadanos de Sant Feliu de Guíxols amantes de la música, que programaban conciertos de música clásica y catalana. En 1982 tomaron el relevo en la organización
las 'Juventuts Musicals de Catalunya', abriendo el Festival a otros estilos musicales.
En el 35 aniversario del Festival, el Ayuntamiento de Sant Feliu asumió la organización del mismo y, a partir de aquí, creció hasta convertirse en un Festival Internacional de referencia, uno de los más destacados de los que se celebran en
el sur de Europa durante los meses de julio y agosto. Su prestigio viene avalado por sus actuaciones del más alto nivel. Sin ir más lejos, en la edición del año pasado pasaron por el escenario del Port de Sant Feliu, entre otros, Cindy Lauper,
Mavis Staples, Chick Corea, Gilberto Gil, Luz Casal o Brian Ferry.
La 50 edición del Festival Internacional de la Porta Ferrada se desarrollará desde finales del mes de junio hasta principios de septiembre de 2012. Sin duda, es una gran oportunidad especial para dar relevancia y mayor proyección a este
Festival.
Con la finalidad de obtener una mayor y mejor financiación del patrocinio de las empresas privadas, atendido el momento único que significa llegar a la edición 50 del Festival, sería de suma importancia que la próxima edición fuera declarada
'acontecimiento de excepcional interés público', en virtud de la Ley 49/2002.
El Pleno del Ayuntamiento de Sant Feliu aprobó el pasado 26 de enero de 2012 un acuerdo por unanimidad a fin de solicitar del Gobierno esta declaración de 'acontecimiento de excepcional interés público'.
Esta iniciativa pretende conseguir el apoyo del conjunto de Grupos Parlamentarios a fin de facilitar la toma de decisión del Gobierno al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Festival Internacional de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guixols 'acontecimiento de excepcional interés público', en virtud de la Ley 49/2002 en su 50 edición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la realización de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2012-2015, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La participación de las mujeres es esencial no solo por razones de equidad e igualdad, sino por cuestiones estratégicas. Los países que no utilizan el talento de la mitad de su población realizan una asignación de recursos poco eficiente,
crecen menos y ponen en riesgo su competitividad.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es, además, uno de los principios rectores de las políticas europeas y del derecho comunitario y es parte de la Agenda Renovada de Lisboa y de la Estratégica Europea para el Empleo.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres establece en su artículo 17 que el Gobierno aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y, en su artículo 18, que elaborará un informe
periódico de sus actuaciones, dando cuenta a las Cortes Generales.
La Ley de Igualdad tiene como prioridad promover la plena incorporación de las mujeres a la vida social superando cualquier tipo de discriminación laboral, cultural, económica y política. Ha supuesto asentar las bases para garantizar sus
cumplimientos y conseguir más avances.
En diciembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para el periodo 2008-2011, con el objetivo de avanzar y mejorar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres según establece el
artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Durante su elaboración, además de las observaciones de los distintos Ministerios, se realiza también un trámite de participación ciudadana y social con la ayuda de las principales asociaciones y organizaciones de ámbito estatal y que luchan
por la igualdad entre mujeres y hombres.
Los procesos de evaluación son necesarios y fundamentales con el objetivo de corregir disfuncionalidades para ir analizando dónde es necesario hacer más esfuerzos. Todo ello para reforzar, afirmar y consolidar todavía más los mecanismos y
estructuras que hagan posible una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Este Plan tiene una vigencia de cuatro años cuyo periodo ya ha finalizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar el Informe de evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, dando cuenta del desarrollo y ejecución de las medidas contempladas en cada uno de sus ejes estratégicos e incorporando las aportaciones de la sociedad
civil en el trámite de consulta y dictamen correspondiente del Consejo de Participación de la Mujer.
2. Presentar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, antes de la finalización del presente periodo de sesiones, el citado Informe de evaluación, presentando, asimismo, para su debate los ejes estratégicos y principales
medidas a desarrollar en el próximo Plan de Igualdad de Oportunidades 2012-2015.
3. En el Informe de impacto de género que deberá acompañar a la próxima presentación de los Presupuestos Generales para el 2012, se identificarán los programas presupuestarios y dotaciones de los distintos departamentos referidos a la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con la normativa vigente, la función de impulso y directiva del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al respecto, y el cumplimiento del principio de
transversalidad como eje rector de la acción conjunta de los poderes públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la desaparición y muerte que sufren las mujeres y niñas en México
y especialmente en Ciudad Juárez, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde 1993 diversas organizaciones civiles locales llevan a cabo el registro y documentación sistemática de casos de desaparición, tortura sexual y homicidio de mujeres y niñas. Fruto de este esfuerzo colectivo se ha podido visualizar
globalmente el feminicidio que desde hace décadas afecta a todo México, pero especialmente a Ciudad Juárez.
El 10 de diciembre de 2009, coincidiendo con la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte) publicó la sentencia del Caso Campo Algodonero, en la que se condena al Estado
mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas y torturadas en este lugar de Ciudad Juárez.
En dicha sentencia queda de manifiesto que existe un contexto de violencia contra las mujeres. Constata que desde 1993 se han incrementado los homicidios de mujeres en esa ciudad, influenciados por una cultura de discriminación contra la
mujer. Destacan las respuestas ineficientes y las actitudes de indiferencia ante la investigación de dichos crímenes por parte de las autoridades mexicanas. Los altos niveles de impunidad para con los casos de feminicidio con características de
violencia sexual. Los altos grados de violencia sexual en algunos de los crímenes documentados y la poca firmeza respecto a las cifras de casos presentadas por el propio Estado.
La Sentencia de La Corte por tratarse de una violación de los derechos humanos y por el contexto en el que se realiza adquiere una dimensión que implica al Estado mexicano como responsable y establece disposiciones para la reparación,
incluyendo medidas para que casos como estos no se vuelvan a repetir y obliga a que se
tomen todas las acciones necesarias tales como la investigación, procesamiento, prevención, reparación y reconocimiento en torno a los casos registrados desde 1993.
A pesar de todo esto, el pasado 22 de enero de 2012 la Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, hacía estas declaraciones en una visita a México: 'hoy en México impera la impunidad en todos los crímenes perpetrados en contra de las mujeres'.
'No es fácil ser mujer aquí, se enfrentan a la opresión, miedo, amenazas, falta de justicia, impunidad y un Gobierno que no tiene la voluntad política para las mujeres que defienden los derechos humanos'.
La 'Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez', una red integrada por 13 organizaciones que trabajan los temas de violencia contra las mujeres, desarrollo social desde el género, derechos humanos de las mujeres e incidencia en las políticas públicas;
constata que no se investigan los hechos, no se sanciona a los verdaderos responsables del feminicidio, no se aplican las leyes, no existen facultades para actuar desde las instituciones, no se implementan los programas y proyectos para erradicar
esta lacra y señala que sigue existiendo una situación de impunidad que agudiza y perpetúa la violencia contra toda la población y especialmente contra las mujeres y niñas por el mero hecho de serlo.
Ante esta situación, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados muestra su preocupación ante las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas en México y especialmente en Ciudad Juárez, y asimismo traslada su solidaridad con las organizaciones sociales y asociaciones
de mujeres que trabajan activamente en la defensa de los derechos humanos.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas ante el Gobierno mexicano a los efectos de trasladar:
- La necesidad de cumplir con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como 'Campo Algodonero', realizando un seguimiento de cumplimiento de las disposiciones que en ella se relatan.
- La exigencia de garantizar procedimientos de investigación adecuados, sancionando a los culpables, reparando los daños y elaborando protocolos de protección de las víctimas y sus familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la ampliación del permiso intransferible de paternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida, como medida de avance hacia la corresponsabilidad, para su debate en la
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La corresponsabilidad en la asunción de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, y la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de favorecer la conciliación entre el empleo y las actividades públicas con el trabajo
familiar y doméstico, son dos de los grandes ejes de las directrices de igualdad que Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos democráticos han desarrollado mediante una serie de objetivos y acciones en sus Conferencias internacionales y
en sus planes de igualdad (7.º Plan de la UE 2011-2015).
La equiparación de los permisos de maternidad/paternidad es una de las más importantes medidas de corresponsabilidad y de avance real hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia profesional/laboral y en
participación social, política y cultural. En los últimos años se están produciendo grandes progresos en esta materia en los países europeos, tendiendo a una más justa y eficaz implicación de los hombres en la paternidad mediante los permisos
intransferibles en un marco cada vez más diverso de modelos de pareja y familiares, y aplicable por tanto a todos ellos.
Destacan, como siempre en materia de igualdad, los países nórdicos y en especial Islandia, cuyo gobierno actual amplió el permiso parental concediendo tres meses intransferibles a cada progenitor (y nueve más que se reparten a voluntad) y
estableciendo su Primera Ministra el objetivo de llegar a la plena equiparación. Su propuesta de futuro prevé seguir ampliando el permiso total hasta cubrir los primeros doce meses entre ambos progenitores, complementándola posteriormente con la
red universal de escuelas de educación infantil.
Por otro lado, hay que resaltar en esta propuesta el derecho de los menores a recibir el cuidado de ambos progenitores desde el inicio de su vida, ya que la participación equilibrada de ambos constituirá la mejor forma de criarse y educarse.
Para su desarrollo futuro -ante eventualidades, como, por ejemplo, la ruptura de la pareja- servirá de mejor fundamento para el modelo de custodia compartida como opción preferente.
Es necesaria también la educación para que realmente ambos padres disfruten del permiso parental y
maternal responsablemente y con equidad. Igualmente la oferta universal de atención posterior de los menores en escuelas infantiles de calidad les asegurará un mayor bienestar y una mayor igualdad de oportunidades.
En conclusión, estudios rigurosos avalan que una política nacional de permiso paternal de larga duración repercute directamente en el correcto desarrollo y salud de los niños, una mayor equidad en el acceso al trabajo y una mayor implicación
de los padres que repercute en unos roles más repartidos en la familia. Es necesaria también la educación para que realmente ambos progenitores disfruten del permiso parental y maternal responsablemente y con equidad.
En nuestro país el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) 2008-2011 establecía una serie de objetivos y acciones en el marco de las directrices de la Unión Europea en sus planes de igualdad y Naciones
Unidas. Cabe recordar que en España los planes de Igualdad han pasado a ser obligatorios por el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), que también, en el artículo 18, ordena al Gobierno
elaborar un Informe de Evaluación y presentarlo a las Cortes Generales. Hay que señalar que, a día de hoy, ni el anterior gobierno ni el actual han presentado dicho Informe de Evaluación ni el Plan Estratégico de Igualdad 2012-2015 a debate
parlamentario.
Por el contrario, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI) sí ha presentado recientemente un Informe de evaluación de dicho Plan Estratégico de Igualdad y propuestas para el Plan 2012-2015, en
el que se contienen datos relevantes para conocer la situación actual de la sociedad española en materia de corresponsabilidad.
Según el estudio de la COMPI más del 90 % de los casos de abandono del empleo 'por razones familiares' corresponden a mujeres, en un modelo de sociedad, el español, que todavía asigna prioritariamente a los hombres el empleo y a las mujeres
los cuidados familiares (no remunerados). A pesar de que el Barómetro del CIS en marzo 2010 indicaba que el 95% de la población española está muy o bastante de acuerdo con 'flexibilizar los horarios de trabajo de hombres y mujeres con cargas
familiares, para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral' (también con 'sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo'), casi el 50 % de las empresas creen que las responsabilidades
familiares limitan el rendimiento de las mujeres y más del 70 % considera que las medidas favorecedoras de la conciliación implican incremento de la carga de trabajo sobre el resto de la plantilla. Ante estos datos no son de extrañar las
discriminaciones que afectan a las mujeres en salarios y promoción profesional, o los bajos índices de natalidad que afectan a nuestro país.
También en nuestro país la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que agrupa a 91 entidades, está realizando un papel decisivo en la reivindicación de esta materia. Tanto esta organización como
la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI) han señalado en su reciente informe algunos avances realizados, destacan la aprobación del permiso de paternidad intransferible, con el que España dio un paso
muy importante al reconocer el derecho de los hombres a ausentarse del puesto de trabajo para iniciar el ejercicio de su paternidad, apoyada por el consenso parlamentario. El permiso pagado por paternidad de 13 días, implantado por la LOIEMH en
2007, fue utilizado en 2008 por 279.756 hombres, el 54% de los padres de los 518.967 niños y niñas nacidos ese año, iniciándose una vía muy prometedora hacia la corresponsabilidad.
En esa línea de progreso hacia la corresponsabilidad y de equiparación con países de nuestro entorno se aprobó la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de 'ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida', que modificaba el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de ampliar el permiso de paternidad hasta las cuatro semanas. Importante reforma, cuya entrada en vigor se establecía para el día 1 de enero de 2011.
Sin embargo, la entrada en vigor de dicho avance social no llegó a producirse en la fecha aprobada, sino que la misma ha sido pospuesta ya en dos ocasiones, la primera de ellas tuvo lugar mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado
del 2011 (Ley 39/2010, de 22 de diciembre), que pospuso la entrada en vigor de la reforma al día 1 de enero de 2012. Y el segundo de tales aplazamientos ha tenido lugar recientemente, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, que mediante la
disposición final octava de su Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, ha vuelto ha retrasar la entrada en vigor de la Ley 9/2009 al 1 de enero de 2013.
Los problemas que afectan a nuestra economía son muy graves, pero no podemos obviar que tan importante como nuestra credibilidad en los organismos internacionales es la credibilidad de la sociedad en sus representantes políticos. La
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no puede ser un 'slogan' políticamente correcto o un 'boomerang' arrojadizo cuando conviene. Si nos creemos el objetivo de corresponsabilidad, demos pasos efectivos hacia ella en un proceso gradual
que la sociedad española asuma, y que, más que ser un lastre para salir de la crisis, sea una oportunidad para aprovechar mejor las cualidades de mujeres y hombres jóvenes suficientemente castigados ya por ella.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:
1. No volver a retrasar la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de 'ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción o acogida', ratificando su firme compromiso de que el 1 de enero de 2013 entre en vigor de una vez por todas el permiso de paternidad de cuatro semanas.
2. Presentar en el plazo máximo de tres meses el Informe de Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011 y el nuevo Plan Estratégico de Igualdad 2012-2015. En este último deberán
especificarse los avances concretos que el gobierno piensa desarrollar en la presente legislatura en materia de corresponsabilidad y conciliación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre
medidas para mejorar los servicios de atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Los servicios de atención para tratamiento y asesoramiento social, psicológico, jurídico y socioeducativo resultan esenciales en el proceso de recuperación de las personas afectadas por la violencia de género. Son estos servicios los que
permiten evaluar qué tipo de intervenciones son las más adecuadas a la hora de establecer un plan de seguridad o valorar cuándo es necesario alojamiento protegido.
Estos servicios son el principal espacio para la atención psicosocial a las mujeres víctimas de violencia de género y garantizan los derechos recogidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
La ley en su articulado indica que son las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales las encargadas de dar respuesta a la asistencia social integral bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Y de conformidad con el mandato establecido en el artículo 32 de la citada ley corresponde a los poderes públicos elaborar aquellos planes de colaboración que, en el ámbito de la ordenación de sus
actuaciones en prevención y asistencia, impliquen a los distintos servicios sociales y organismos de igualdad.
Los datos de las memorias de diferentes servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género aportan informaciones estadísticas respecto al elevado número de mujeres que renuncian a las ayudas de tipo psicosocial que las
diferentes administraciones ponen a disposición de las mujeres víctimas de malos tratos. Cabe recordar los ya publicados por el análisis llevado a cabo por el Grupo municipal socialista en 2011 en Madrid, que indicaban que solo el 26,8% de mujeres
con Órdenes de protección hicieron uso en este municipio de la ayuda psicosocial.
Datos y realidades que, por una parte, demuestran que apenas se conocen los motivos para que se produzca este altísimo número de desistimientos y que, además de incidir muy negativamente en los procesos de recuperación de las víctimas, son a
su vez reflejo de la relación existente entre abandonos y reincidencia de los episodios de violencia. Cuestiones todas ellas que motivan la preocupación constante de las asociaciones y entidades involucradas en la lucha contra la violencia de
género y que requieren la acción conjunta de los poderes públicos al respecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar un Plan de colaboración con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, referido al análisis de los perfiles y la identificación de las causas de que inciden en el abandono de los servicios de ayuda psicosocial por parte
de las víctimas de violencia de género, incluyendo medidas y estrategias específicas destinadas a mejorar el acercamiento de dichas prestaciones y que permitan contrarrestar los obstáculos que las disuaden de implicarse en el proceso de recuperación
y reparación del daño.
2. Informar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, con anterioridad a finalización del actual periodo de sesiones, acerca de los mecanismos puestos en marcha para la elaboración y aprobación de dicho Plan, así como de las
medidas previstas en el citado marco de colaboración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre el transporte de personas en bicicleta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El transporte por carretera es uno de los factores que contribuye de forma principal al aumento del efecto invernadero y a la emisión de otras sustancias causantes de contaminación atmosférica.
Las estrategias para frenar estos impactos deben situarse en diferentes frentes: eficiencia de los vehículos, limitación de su uso, potenciación del transporte público, incentivos fiscales, etc.
Uno de los aspectos que sin duda debe promocionarse activamente es la circulación en bicicleta. Esto no solo revertiría en una mejora ambiental, sino que también se traduciría en una reducción de otros problemas que ocasiona el uso del
automóvil, como las enfermedades derivadas de la contaminación y del sedentarismo, la congestión y la accidentabilidad, entre otros.
Si bien gran parte de las competencias para la promoción del uso de la bicicleta corresponden a las comunidades Autónomas y a los entes locales, a la Administración General del Estado le corresponde facilitar el uso de dicho medio de
transporte en aquello referente a la legislación de los ámbitos en la que es competente.
Concretamente, uno de los elementos que la actual normativa estatal prohíbe es el uso de remolques y enganches para el transporte de niños. Justamente, esta Proposición no de Ley tiene por objeto instar al Gobierno a enmendar la normativa
que impide su uso.
El uso de remolques y enganches para el transporte de niños es sumamente común en otros países donde el uso de la bicicleta está más extendido. Su uso, si estos dispositivos están debidamente homologados, es seguro y contribuye a extender
el uso de la bicicleta y a familiarizar con este vehículo a sus potenciales futuros usuarios.
Aun siendo ilegales, en el Estado español el uso de estos dispositivos es creciente y no cabe duda que va a seguir extendiéndose, de forma parecida a como ha sucedido en otros países.
La actual normativa que los prohíbe está desfasada y, por consiguiente, debe revisarse para adaptarse a la realidad social que demanda el uso de estos dispositivos y para ponerla al servicio de la promoción de la bicicleta.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, a:
Modificar en un plazo de seis meses la normativa necesaria, y singularmente el artículo 12 del Reglamento General de Circulación, para posibilitar que las bicicletas puedan utilizar remolques y enganches para el transporte de personas. Todo
ello sin perjuicio de las necesarias condiciones de seguridad y homologación que deban establecerse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la limitación de velocidad de los vehículos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En un contexto en que los accidentes de tráfico ocasionan miles de muertes anuales en el Estado español no tiene sentido que se permita que los vehículos alcancen velocidades capaces de infringir -y en mucho- la normativa de tráfico relativa
a límites de velocidad.
La experiencia con la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en las categorías de vehículos de motor pesados ha sido muy positiva, y debería extenderse al resto de vehículos a motor.
Además de contribuir a reducir la siniestralidad, esta medida también se justificaría desde la óptica de la contaminación atmosférica y el cambio climático, puesto que para altas velocidades el consumo de combustible crece de forma más que
proporcional. Así también lo reconoce la exposición de motivos del Real Decreto 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento
de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos: 'La utilización de dispositivos de limitación de velocidad en las categorías de vehículos de motor pesados, en aplicación del Real Decreto 2484/1994, de 23
de diciembre, ha surtido efectos positivos tanto en la mejora de la seguridad vial como en la protección del medio ambiente'.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en un plazo máximo de seis meses, a:
Modificar el Real Decreto 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, y demás normativa
que sea necesaria, para que antes de cinco años la utilización de dispositivos de limitación de velocidad -ya vigente en las categorías de vehículos de motor pesados-, lo sea también para el resto de los vehículos automóviles, nuevos o usados,
accionados a motor, que sean objeto de la primera matriculación definitiva en España de vehículos, manteniendo en todo caso las exenciones previstas en el artículo 7 del citado Real Decreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre medidas especiales para personas trabajadoras discapacitadas en materia de protección social, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En los últimos años, y fruto de la concienciación social, se ha avanzado en el establecimiento de medidas de apoyo a las personas trabajadoras discapacitadas. Medidas de inserción, de mejora de su ocupabilidad, de incentivos a la ocupación
estable, entre otras, han contribuido a la mejora de su integración laboral, y por ende, a su integración social efectiva.
No obstante, esa integración no ha conllevado el desarrollo de medidas específicas para el reconocimiento de derechos en materia de seguridad social. En este sentido, dicho reconocimiento debe contener ciertos beneficios que aproximen a las
personas discapacitadas a los derechos en materia de protección social. Ello es así por cuanto por sus especiales condiciones físicas, psíquicas y sensoriales el acceso y generación de carencias resulta, cuanto menos, más gravoso, además de
generarse las contingencias en muchos casos a edades más precoces.
De esta manera, se considera aconsejable la toma de medidas específicas en materia de seguridad social para la mejora del régimen de protección, y especialmente en el caso de la prestación de jubilación, ya que actualmente
presenta para este colectivo algunas barreras que deben ser remozadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales oportunas con el objeto de que la pensión de jubilación sea compatible con otras prestaciones.
2. Realizar las modificaciones oportunas para que las prestaciones y demás ayudas de los trabajadores discapacitados sea compatible con la percepción de ingresos derivados del trabajo, por cuenta propia o ajena, siempre que estos no superen
el 200 % del SMI.
3. Realizar las modificaciones oportunas para el acceso anticipado a la pensión de jubilación para las personas con discapacidad, en función de su capacidad productiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2, para su debate en la Comisión de Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
En 2005, el transporte fue responsable de un 30 por ciento de estas emisiones de CO2 en España. Entre ellas, las correspondientes a las emisiones de los turismos significan una parte muy importante. España incumple en mucho el Protocolo de
Kyoto, y hasta el momento han sido singularmente objeto de poca atención las emisiones de origen difuso, tales como las provenientes del transporte. Las emisiones de CO2 se podrían reducir, entre otras opciones, aumentando la eficiencia energética
de los viajes.
Con este fin, el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, incorporó al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de
combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos. Dicho Real Decreto tiene por objeto garantizar que se proporcione a los consumidores información mediante una etiqueta que contenga datos respecto
al consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español, con el objetivo de que los consumidores puedan elegir con más elementos.
Se trata, sin embargo, de una etiqueta que no permite la comparación rápida con el consumo y nivel de emisiones de otros modelos. Además, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto, la etiqueta es poco conocida por
el público.
El mismo Real Decreto crea otra etiqueta que incluye, además de la información de consumo y emisiones, la clasificación por consumo, comparándolo con un valor medio asignado por cálculos estadísticos a los coches con igual superficie y
carburante, de entre los puestos a la venta en España por todos los fabricantes. A esta diferencia con la media, que se expresa en porcentaje, se asigna un color determinado y una letra, desde la A (turismos más eficientes, verde más intenso) a la
G (turismos menos eficientes, rojo más intenso).
El uso de esta etiqueta es voluntario, sin embargo presenta numerosas ventajas respecto de la etiqueta obligatoria. Se trata de una información mucho más visual, que permite la comparación inmediata con otros vehículos (para la gran mayoría
de consumidores la información en valor absoluto sobre consumo y emisiones no aporta información suficiente), tiene un formato muy parecido al que se usa ampliamente en el etiquetaje de electrodomésticos al que están más familiarizados los
consumidores y su carácter comparativo tiene un mayor potencial de generar entre los fabricantes incentivos a la fabricación de modelos más eficientes.
Otra ventaja adicional es que la 'Guía de vehículos turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2', del IDAE, ya utiliza el criterio de la etiqueta voluntaria para la clasificación de los coches por consumo
comparativo.
El propio Real Decreto 837/2002, en su disposición final segunda, reconocía que 'los Ministros de Sanidad y Consumo, de Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, una vez transcurridos dos años desde la
entrada en vigor de este Real Decreto y a la luz de la experiencia y de los resultados obtenidos en su aplicación, procederán, en su caso, mediante propuesta conjunta, a la revisión del
contenido de la etiqueta que se describe en el anexo I (la de carácter obligatorio) del mismo'.
Más allá de los argumentos expuestos, la transición hacia un parque automovilístico más eficiente es más relevante, si cabe, por el crecimiento que está teniendo. Concretamente, el número de turismos ha experimentado un aumento de un 28 por
ciento en siete años (1997-2004).
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Modificar, en un plazo de cuatro meses, el Real Decreto 837/2002, de modo que la etiqueta sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 que tiene carácter obligatorio pase a tener el formato y contenido que dicho Real Decreto prevé para la
etiqueta propuesta con carácter voluntario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/000135
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno la unificación de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Andalucía Oriental con la de Andalucía Occidental?
De ser así, ¿qué razones justificarían la unificación de dichas comisarías que atienden un territorio de 87.581,102 kilómetros cuadrados y una población de ocho millones y medio de habitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000133
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Diputado don Álvaro Anchuelo Crego
Texto:
¿Piensa el Gobierno que con menos inspectores de Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000134
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Va el Gobierno a mantener las ayudas públicas a las líneas aéreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 647/2004, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña, en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, Vicepresidente; doña Elisa Pérez Vera; don Ramón Rodríguez Arribas; don Pablo Pérez Tremps; don Francisco José Hernando
Santiago; doña Adela Asúa Batarrita; don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 647-2004, planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña, en relación con el artículo 35, apartado 7, párrafo 2, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del
Tribunal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 647-2004 relativa al artículo 35, apartado 7, párrafo segundo, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de febrero de 2012.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Don Félix Higueras Viejobueno.
Proposición de Ley sobre reversión de la congelación de las pensiones en 201l.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.