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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 34, de 13/02/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de febrero de 2012
Núm. 34
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página5)
Grupos Parlamentarios
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la extensión del derecho a voto de las personas inmigrantes ... (Página6)
161/000167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada de los símbolos franquistas ... (Página7)
161/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración y aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos ... (Página7)
161/000204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la financiación de la Iglesia Católica ... (Página8)
Comisión de Justicia
161/000179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre defensa de la investigación judicial de los crímenes del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura ... (Página9)
161/000203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre investigación de los robos y desapariciones de neonatos ... (Página10)
Comisión de Interior
161/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la identificación por fenotipo étnico ... (Página11)
161/000180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el control de la seguridad privada ... (Página11)
161/000181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre encuesta estatal de victimización ... (Página12)
161/000184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el pago del local de la Guardia Civil en la población de Catarroja (Valencia) ... (Página13)
161/000202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación y desarrollo de un Plan de Lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la zona de Levante ...
Comisión de Economía y Competitividad
161/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma del sistema financiero y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de
Ahorro y sus Bancos participados ... (Página14)
161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes ...
161/000191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la crisis sismo-volcánica ...
(Página18)
161/000198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y
favorecer la dación en pago ... (Página20)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el IVA repercutido en los libros electrónicos. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Cultura ...
161/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses ... (Página22)
161/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre Catálogo de Regulaciones Administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas ...
161/000183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la cesión de una parte del edificio desocupado por la Subdelegación del Gobierno de Girona al Ayuntamiento de Girona para ampliar el
colegio CEIP Eiximenis ... (Página24)
Comisión de Fomento
161/000170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Ministerio de Fomento a impulsar un trazado circular de las líneas C-1 (Málaga-Fuengirola) y C-2 (Málaga-Álora) del tren de Cercanías
... (Página25)
161/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las deficiencias de la Ronda Norte de Lugo ... (Página26)
161/000187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reforma de la Inspección de la Aviación Civil y la creación de un cuerpo de Inspectores del Estado en dicha materia ...
161/000192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes ... (Página27)
Comisión de Educación y Deporte
161/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre Cualificación Profesional Inicial ... (Página28)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto ...
161/000190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2012 ... (Página30)
161/000194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Plan de Empleo para Jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes ...
161/000195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para mejorar las políticas activas de empleo ... (Página32)
161/000201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de un pacto nacional para la racionalización de los horarios ... (Página33)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a establecer un precio social en el suministro de electricidad ...
161/000193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un plan de fomento del vehículo eléctrico en las ciudades ... (Página35)
161/000196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre infraestructuras mineras ... (Página36)
161/000199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso a la Sociedad de la Información ... (Página37)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al
servicio de la playa en el litoral ... (Página38)
161/000205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional ... (Página39)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al desarrollo de las recomendaciones de la AETS (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) sobre el síndrome
post-polio ... (Página40)
161/000182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas relacionadas con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) ...
161/000197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo e implantación de la Ley de la Dependencia ... (Página41)
Comisión de Cultura
161/000171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las subvenciones a las bibliotecas públicas para el mantenimiento de las suscripciones de las revistas culturales a
través de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España) ... (Página42)
161/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ... (Página43)
161/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el nuevo modelo de canon digital ... (Página43)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Fomento
181/000023 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo las variantes de la carretera N-420 de Gandesa, Corbera d'Ebre y Riudecols ... (Página44)
181/000024 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo la A-7 en el tramo entre Altafulla y Vilafranca del Penedès ... (Página45)
181/000025 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo la A-7 desde el municipio de Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant hacia el sur ... (Página45)
181/000026 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo la A-27 en cada uno de sus tramos ... (Página45)
181/000027 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre trazado del tramo final de la A-68 entre Valdealgorfa y el Mediterráneo ... (Página45)
181/000028 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para llevar a cabo y finalizar la variante de L'Aldea en la carretera N-340 ... (Página45)
181/000029 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), sobre calendario para conectar con ancho internacional toda la zona del puerto de Tarragona con el resto de Europa ... (Página46)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000022 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Pajín Iraola (GS), sobre situación de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales y medidas para corregirla ... (Página46)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Bajas:
AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón 18-01-2012
ROBLES OROZCO, Gonzalo 24-01-2012
Altas:
COBALEDA HERNÁNDEZ, M.ª Teresa 07-02-2012
JIMÉNEZ MÍNGUEZ, Encarnación 07-02-2012
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Guadalajara:
JIMÉNEZ MÍNGUEZ, Encarnación PP
Salamanca:
COBALEDA HERNÁNDEZ, M.ª Teresa PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: COBALEDA HERNÁNDEZ, M.ª Teresa
Circunscripción: Salamanca
Número: 362
Fecha: 7 de febrero de 2012
Formación electoral: PP
Nombre: JIMÉNEZ MÍNGUEZ, Encarnación
Circunscripción: Guadalajara
Número: 363
Fecha: 7 de febrero de 2012
Formación electoral: PP
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000005)
Número de miembros al 8 de febrero de 2012: 185
Bajas:
AGUIRRE RODRÍGUEZ, Ramón 18-01-2012
ROBLES OROZCO, Gonzalo 24-01-2012
Altas:
COBALEDA HERNÁNDEZ, M.ª Teresa 07-02-2012
JIMÉNEZ MÍNGUEZ, Encarnación 07-02-2012
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión del derecho a voto de las personas inmigrantes, para
su debate en la Comisión de Interior.
El 15 de enero de 2001 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en la que se recomienda a Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y
Portugal que firmen y ratifiquen el convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local, de forma que amplíen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas a todos los ciudadanos de
terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión Europea desde hace al menos tres años.
El reconocimiento de los derechos de ciudadanía es un elemento básico en la integración de los inmigrantes, puesto que evita la discriminación entre los que pueden y los que no pueden votar. Al reconocimiento de los derechos laborales y
sociales debe sucederle el reconocimiento de los derechos políticos. Sólo con el pleno reconocimiento de los derechos políticos se logrará la incorporación de los extranjeros a la sociedad como miembros de pleno derecho.
Las actuaciones en contra de la discriminación deben ir más allá del ámbito laboral y abarcar otros como la educación, la protección social, la asistencia sanitaria o la oferta de bienes y servicios.
Está claro que el hecho de que los inmigrantes no puedan participar en la elección de quienes legislan implica que éstos se interesen en menor cuantía por ello, por lo que se ahonda en la diferenciación y colateralmente en la discriminación.
Permitir a los inmigrantes el voto es coherente con la propia democracia que aboga por la igualdad y el respeto a los demás.
La opción de voto para los extranjeros en España implica una modificación legislativa y constitucional importante, aunque no por ello imposible, y sí muy lógica. El principal cambio se centra sobre la Constitución de 1978. En el momento de
la redacción de la Carta Magna, la situación social estaba muy alejada de la actual. En aquellas fechas, los artífices del texto constitucional no podían prever la realidad de principios del siglo XXI, en la que los inmigrantes se han convertido en
parte inseparable de nuestra sociedad y, en mayor medida, los procedentes de países extracomunitarios.
El mayor obstáculo para que los inmigrantes puedan acceder al sufragio es la exigencia constitucional de la reciprocidad. Es decir, que se admita este derecho siempre y cuando se establezca por ley o tratado criterios recíprocos.
Por todo ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a modificar la Constitución Española para incorporar el reconocimiento del derecho a voto de las personas migradas en todas las elecciones, a partir de los tres años de residencia. Mientras que esta
modificación no se produzca, se ampliará la firma de convenios de reciprocidad con otros países y se posibilitará el acceso automático al censo de las elecciones municipales de todas las personas con derecho a voto reconocido fruto de la firma de
estos convenios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada de los símbolos franquistas, para su debate en la
Comisión Constitucional.
Cuatro años después de la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,
todavía quedan sin retirar numerosos símbolos franquistas en espacios públicos y edificios del gobierno.
Queda pendiente de aplicación, por tanto, una de las medidas previstas en la Ley: la retirada de escudos, insignias, plazas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007.
En dicho artículo se incluye la retirada de subvenciones o ayudas públicas a las instituciones y propietarios privados que no retiren la simbología franquista. La Administración central debe dar ejemplo y proceder a la retirada de los
símbolos franquistas en todos los edificios dependientes del Estado. Efectivamente, todavía son numerosos los símbolos franquistas que todavía persisten en edificios del Estado.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la retirada de los edificios dependientes del Ministerio de Defensa, de todos los símbolos franquistas contemplados en el artículo 15 de la Ley 52/2007.
2. Completar urgentemente, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, a los efectos de acelerar la retirada de escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007; en el mismo plazo, publicar los
criterios establecidos por la Comisión técnica de expertos para valorar la retirada de los mencionados símbolos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
elaboración y aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
En diciembre de 2008, coincidiendo con el 30.º aniversario de la Constitución y el 60.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno de España aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Ministros el primer Plan de Derechos
Humanos, dando así cumplimiento a una Recomendación de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que propuso a los Estados elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para
mejorar en su ámbito la promoción y protección de los derechos humanos.
El Plan contemplaba 172 medidas que tenían como ejes prioritarios la promoción de la igualdad, la no discriminación y la integración y garantía de los derechos humanos y estaba llamado a cumplir, simultáneamente, una función de orientación
de la acción del Gobierno en el ámbito de los derechos humanos; una función pedagógica, con la que fortalecer la conciencia de los derechos humanos en la sociedad; y una función facilitadora del control de la acción del Gobierno en esta materia.
En cumplimiento de las medidas previstas en el Plan, por ejemplo, España firmó y ratificó la Convención sobre Municiones de Racimo, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el
Convenio para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, el Convenio sobre Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y la Financiación del Terrorismo y los Protocolos números 4, 7, 13 y 14 de la Convención Europea de
Derechos Humanos.
También en desarrollo del mismo, nuestro país ha venido colaborando activamente con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha promovido la constitución de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y ha impulsado en la
Unión Europea los trabajos dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre la Orden Europea de Protección, así como a intensificar la implicación de la Unión en el control internacional del comercio de armas.
Una buena parte de las medidas previstas en el Plan contemplaban actuaciones en el ámbito de la acción interior, que se desarrollaban mediante la aprobación de proyectos de ley, normas reglamentarias y planes y programas, en materia de
prevención y protección contra la violencia de género, derechos e integración de los ciudadanos extranjeros y protección de los refugiados.
En su aplicación se enmarcan, entre otros, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos, los Programas de Reasentamiento de Refugiados o la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que viene a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes.
Para el seguimiento y la evaluación del Plan se constituyó una Comisión formada por representantes del Ministerio de la Presidencia y de la sociedad civil, designados estos últimos a propuesta de las organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos y de los institutos universitarios de derechos humanos.
Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación de 2011, el pasado 30 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó por 339 votos a favor y 8 abstenciones instar al Gobierno a 'Hacer un balance del grado de desarrollo y cumplimiento del
Plan de Derechos Humanos, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008 y, sobre esta base, impulsar de forma inmediata los trabajos necesarios para elaborar un II Plan de Derechos Humanos que asegure su continuidad como
garantía de que tales derechos se respetan y cumplen en todos los ámbitos'.
La vigencia del I Plan de Derechos Humanos, vinculada a la duración de la IX Legislatura, y la terminación anticipada de ésta impidieron que la mencionada Comisión de seguimiento tuviera ocasión de finalizar la tarea de evaluación del Plan
que tenía encomendada por el Gobierno. Pero sigue vigente la convicción de los grupos parlamentarios y de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de estos derechos, en el sentido de que, mejorando los mecanismos de relación con el
Parlamento y la sociedad, y corrigiendo los déficits detectados, es necesario dar continuidad a esta iniciativa impulsando la elaboración y aprobación de un II Plan de Derechos Humanos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
Impulsar la elaboración y aprobación de un nuevo Plan de Derechos Humanos, que venga a renovar y actualizar las medidas de reconocimiento de derechos incluidas en el anterior, mejore sus mecanismos de seguimiento y evaluación y amplíe su
ámbito de actuación, especialmente en materia de igualdad, no discriminación, integración y derechos sociales y fortalecimiento de la coherencia de políticas en materia de derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Ramón Jáuregui Atondo y Meritxell Batet Lamaña, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de la Iglesia Católica, para su debate en la
Comisión Constitucional.
En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, y más en concreto en sus artículos 6 y 7, se recoge la importancia de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política y de la manifestación de
la voluntad popular, y la de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como aquéllos que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Todos ellos son parte fundamental en la
vertebración del Estado, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
Por su parte, el artículo 16, del Capítulo II, del Título I, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, en un Estado aconfesional que mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia
Católica y las demás confesiones.
En el actual contexto de crisis económica el Gobierno ha considerado necesario reducir en un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. En particular, se encuentra en tramitación parlamentaria un Proyecto de Ley para
adecuar las subvenciones previstas en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos para que éstos, según se expresa en la exposición de motivos de dicho proyecto, participen en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.
En este mismo contexto el Gobierno también aprobó el Real Decreto-ley 30/2011, más tarde convalidado por el Congreso de los Diputados, en el que se establecen unos recargos temporales en los distintos tramos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, con los que espera recaudar más de 5.000 millones de euros adicionales, que potencialmente harán que la asignación tributaria para la Iglesia Católica pueda ser superior a la del año anterior.
El Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión
católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos
religiosos o para asociaciones de ámbito local.
Esta situación privilegiada puede herir la sensibilidad y el sentido de igualdad y de justicia distributiva de muchos ciudadanos que no están comprometidos con la Iglesia Católica, especialmente de los que participan de
otras creencias filosóficas y religiosas, y principalmente, la de aquellos que defendemos la independencia del Estado respecto a todas las confesiones religiosas y de las influencias de sus jerarquías, así como la igualdad de todos los
ciudadanos ante el Estado y en el acceso a los bienes públicos. En todo caso, esta situación choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado.
Evidentemente, la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles.
2. Revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
3. Suprimir en ese plazo de adaptación la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
4. Recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Justicia
161/000179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la investigación judicial de los crímenes
del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, para su debate en la Comisión de Justicia.
En el Estado español más de 150.00 personas fueron fusiladas y asesinadas por el régimen franquista durante la guerra civil y durante la dictadura. Unas 400.000 fueron encerradas en campos de concentración, miles de 'esclavos del
franquismo' en Batallones disciplinarios, numerosas personas detenidas y torturadas, cientos de miles exiliadas.
Desde el final de la dictadura la democracia ha conseguido avances en materia de bienestar social, aunque una parte de la población cada vez mayor carece del bienestar necesario y de trabajo, así como en el terreno de los derechos y
libertades.
Sin embargo, es de justicia reconocer que junto a estos avances sociales y democráticos persiste una gran injusticia. Nos referimos a la falta de una atención suficiente y digna a las personas que entregaron su vida por la libertad por
parte de las instituciones, y a la impunidad para los golpistas y para quienes ejecutaron tamañas barbaridades.
La recuperación de una parte de las personas asesinadas o fusiladas, enterradas en cunetas, campos o fosas comunes se realizó en la mayoría de los casos por los familiares de las propias víctimas.
Las asociaciones de familiares de fusilados han protagonizado con un apoyo institucional insuficiente la recuperación del buen nombre de aquellos luchadores de la libertad.
Pues bien, el juez Baltasar Garzón ha sido el único juez español que ha intentado investigar los crímenes contra la humanidad ejecutados por el franquismo durante la guerra y durante la dictadura.
Y va a ostentar la triste exclusiva de ser el primero y el único juez procesado y juzgado en Europa por este motivo.
Hay que cerrar las heridas, hay que hacerlo sin odio, sin venganza, pero con justicia y, en consecuencia, hay que legar a las generaciones futuras un relato histórico institucional basado en la verdad, justicia, reparación moral y que
extraiga la gran enseñanza de aquella tragedia: 'nunca más y para nadie aquellos horrores'. Es una obligación de cualquier Gobierno democrático la promoción de la memoria histórica y un deber que las instituciones públicas ayuden a las familias a
recuperar los cadáveres de las personas asesinadas y a darles sepultura con la dignidad y el cariño que se merecen.
Y es, igualmente, necesario un reconocimiento de que el sistema republicano era un sistema plenamente legítimo de libertades y de avance social equiparable a las democracias más avanzadas de la época, un sistema legal y democráticamente
constituido; que la Dictadura resultante del Golpe militar era un régimen absolutamente repudiable, por prohibir la libertad, por cometer crímenes execrables y por vulnerar permanentemente los derechos humanos y los derechos
democráticos fundamentales; que es absolutamente rechazable la vulneración de derechos humanos llevada a cabo por la dictadura, algo que se hizo sin juicio justo y por motivos ideológicos, políticos, de identidad nacional, de orientación
sexual, lingüísticos-culturales o similares.
Por todo ello, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara y para su debate se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno apoyo a la investigación judicial de los crímenes cometidos por el franquismo tanto durante la guerra civil como durante la dictadura y defiende el conocimiento de la verdad, la justicia
y la reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
2. El Congreso de los Diputados rechaza el mensaje que traslada a la sociedad con el enjuiciamiento de un Juez por investigar los crímenes del franquismo: impunidad para la dictadura, olvido de los mayores crímenes cometidos durante el
siglo pasado en el Estado Español, y negativa a corregir una de las grandes carencias de la democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la investigación de los robos y desapariciones de neonatos, para su
debate en Comisión de Justicia.
Entre los años 1940 y 1990, se produjeron en el Estado español robos organizados de recién nacidos. En la trama estarían involucrados médicos, matronas, funcionarios y rectores. Los afectados, según los cálculos de la Asociación Nacional
de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), podrían ser cerca de 300.000 en todo el Estado. La Fiscalía ha recibido numerosas denuncias en todo el Estado, y cada día siguen apareciendo más casos.
En las maternidades se decía a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto, incluso, en algunos casos, llegaban a organizarse por parte del hospital falsos entierros, mientras que en otros, ni tan sólo llegaron a estar
inscritos en los registros de los cementerios. En muchos casos, a la hora de exhumar los cuerpos se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.
Con el tiempo las familias han descubierto la falsedad de los certificados de defunción. Algunos adultos se han encontrado con que sus padres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse a pruebas de ADN o bien al descubrir
falsificaciones e incongruencias en su documentación.
La denuncia de una trama, realizada por ANADIR y SOS Bebés Robados, tiene su fundamento en que, una vez muerto el recién nacido, el hospital se encargaba de los trámites de su entierro, cuando esta era una tarea que no le correspondía, y
éste se producía en una fosa común.
Es por ello que las pruebas de ADN son determinantes para sacar a la luz los robos y desapariciones de bebés en el siglo XX y cerrar uno de los episodios más negros de la historia reciente española.
Por todo lo cual, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación de una Comisión de Investigación en el seno del Congreso de los Diputados que estudie los casos de robos y desaparición de neonatos que se produjeron en el Estado español entre 1940 y 1990.
2. Impulsar las medidas necesarias para facilitar la investigación sobre la desaparición de bebés desde el franquismo hasta los años 90, facilitando la creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de los denunciantes de los
casos de robo y desaparición de recién nacidos, con el objetivo de ayudar a los afectados a encontrarse.
3. Establecer mecanismos de ayuda a las personas afectadas para la financiación de las pruebas de ADN, claves para el esclarecimiento de los hechos.
4. Recabar, en coordinación con los Gobiernos autonómicos, de todos los hospitales, públicos y privados, la información obrante de los casos de recién nacidos muertos desde 1936 hasta principios de los años 90, en los que se hicieron cargo
de los trámites de entierro.
5. Crear una oficina para gestionar toda la documentación disponible por parte de los afectados y para coordinar con las demás administraciones públicas toda aquella documentación necesaria para el esclarecimiento de los casos de bebés
robados.
6. Instar a la Fiscalía General del Estado para que inicien de oficio las investigaciones oportunas para la determinación de la naturaleza de los hechos y la exigencia
de responsabilidades penales y civiles a que pudiera haber lugar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Interior
161/000169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la identificación por fenotipo étnico, para su
debate en la Comisión de Interior.
En los últimos meses se ha registrado en Cataluña un incremento significativo de las operaciones de extranjería dirigidas a identificar y aplicar los protocolos de expulsión a personas que se encuentran en situación de irregularidad
administrativa.
Estos dispositivos, ordenados por el Ministerio de Interior y ejecutados por la Policía Nacional, se desarrollan en lugares de afluencia de personas inmigrantes. Lugares como estaciones de tren y metro, locutorios y discotecas son los más
habituales.
La Policía Nacional actúa de paisano y se encarga de abordar a las personas requeridas para su identificación. La identificación en la mayoría de los casos se hace por criterio étnico, es decir, se identifica a personas que no tengan un
fenotipo europeo. En este sentido, si bien el Tribunal Constitucional ha fallado que 'la policía puede utilizar este criterio como mecanismo idóneo para el control de flujos migratorios' en la práctica ha promovido acciones discriminatorias por el
hecho de relacionar rasgos étnicos con la ilegalidad administrativa.
Este procedimiento, añadido al despliegue policial que supone tres cuerpos de seguridad implicados en la misma operación, contribuye a generar alarma social, provoca en el imaginario colectivo la vinculación entre inmigración y delincuencia
debido a que los peatones sólo obtienen la información visual de un despliegue policial dirigido a un grupo de población concreto e invita a suponer que la motivación es delictiva y no administrativa. En segundo lugar, refuerza la idea de
diferencia de un grupo social y con esto incentiva la discriminación social. En este mismo sentido una sentencia del Tribunal Supremo afirma 'que el cacheo e identificación debe realizarse con racional cautela y también racional espíritu
investigador, hecho que comporta la necesidad de actuar por simple sospecha, siempre que éstas no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias'.
Los cacheos derivados de la aplicación del protocolo de expulsión a personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa legitiman una discriminación social y una diferencia entre ciudadanía autóctona y extranjera y, al
mismo tiempo, ocasionan un rechazo y miedo generalizado entre la población migrada que ven en la policía más un cuerpo que los persigue de forma permanente y no un cuerpo que se encarga de su protección.
Los dispositivos dirigidos a identificar a personas en situación de irregularidad administrativa, violan flagrantemente la honra de las personas identificadas, su dignidad y la de sus familias. El despliegue policial es desproporcionado y
redunda en una utilización innecesaria de los cuerpos de seguridad locales impidiendo que realicen otras tareas prioritarias como las de seguridad ciudadana o control del tráfico.
Por ello, y teniendo en cuenta que los controles policiales realizados en nuestro país no están siendo efectivos para el control de flujos migratorios y sin embargo si están generando un efecto disuasorio y una situación de clandestinidad
que revierte en la convivencia local presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio del Interior a:
1. Replantear los procedimientos de actuación de la Policía Nacional en los procesos de extranjería garantizando el derecho a la intimidad, honor y dignidad de las personas identificadas.
2. Eliminar de los protocolos el criterio de identificación por fenotipo étnico.
3. Iniciar una campaña ciudadana con la finalidad de restablecer la dignidad colectiva de las personas migrantes y reconstruir la idea de inferioridad de este colectivo en relación al conjunto de la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de la Seguridad Privada, para su debate en la Comisión
de Interior.
Las empresas de seguridad privada siguen aumentando sus empleados y prestaciones. Así se desprende de informaciones publicadas y de la percepción diaria que cualquiera puede comprobar. Es un sector en continua expansión y poco que decir
tendríamos sobre el éxito de tal mercado, si no fuera que el mismo puede ir en detrimento de la Seguridad Pública y de la razonable igualdad entre las y los ciudadanos. Pudiera estar llegando un momento en que solo quienes estén dispuestos a pagar
y puedan permitírselo llegaran a contar con dispositivos para sentirse seguros.
En ese sentido, la proliferación del personal de seguridad privada está originando problemas graves muy diversos. Hemos sabido tras luctuosos sucesos (el crimen de Madrid, etc.), que la selección de personal tiene grandes fallos y algunas
personas con desequilibrios mentales relevantes ejercen funciones que les debieran estar vedadas. También los horarios abusivos, con jornadas prolongadas hasta la extenuación, o la falta de formación continua (reciclajes), son factores que originan
deficiencias importantes.
Por otra parte, la actuación de personal de seguridad privada en zonas públicas, en calles, centros de tránsito (aeropuertos, estaciones) o en áreas comerciales, está propiciando que ejerzan tareas estrictamente policiales (acceso a datos
privados, detenciones, etc.), una extralimitación en sus funciones, no amparadas por la normativa al caso. Sin olvidar que algunas actuaciones de escoltas privados, protegiendo a sus clientes, son auténticas exhibiciones de fuerza desproporcionada,
dando además una imagen claramente atentatoria hacia los derechos cívicos. Ha sido también expuesto por alguna organización policial (pública), que las instituciones públicas se están encontrando con dificultades y falta de colaboración por parte
de este personal de seguridad privada, en contravención de su deber de auxilio y de notificación de incidentes.
Por lo expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su preocupación por la proliferación de personal de seguridad privada, en detrimento de la seguridad pública y defiende la seguridad como valor de las democracias avanzadas, resultando su ejercicio
particular y desigual un menoscabo de los derechos cívicos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe en el plazo de 6 meses sobre el estado actual de la seguridad privada en España, especialmente en relación a su evolución en los últimos años y la prospectiva que analizan para su presentación ante la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados. Dicho informe se actualizará con carácter anual.
2. Impulsar una reforma integral de la legislación vigente en materia de seguridad privada.
3. Informar anualmente ante la Comisión de Interior, por los cauces establecidos en el Reglamento de la Cámara:
Sobre los incidentes ocurridos con la seguridad privada, con especial atención a los expedientes sancionatorios elaborados, su conclusión y las resoluciones judiciales que hubiera al respecto, si fuera el caso.
Sobre los planes que tiene sobre la seguridad privada, a la vista de los datos y de las incidencias detectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Encuesta Estatal de Victimización, para su debate en la Comisión
de Interior.
Para actuar tenemos que conocer, una máxima elemental que se cumple también en cuanto al campo de la Seguridad Pública. Tal vez en estos temas que afectan a los derechos fundamentales de forma tan directa la exigencia de conocimiento
debiera ser mayor. Así la acción institucional tendría una referencia lo más objetiva posible, sin dejarse llevar por campañas mediáticas, como en ocasiones parece, que tienen sus lógicas y no siempre declaradas intenciones. Ese conocimiento,
seguido en el tiempo, debería darnos indicadores de la evolución real de los fenómenos delictivos, para saber las políticas que tienen éxito y, en su caso, corregir errores o enmendar fiascos.
Contamos con experiencias de contrastada validez para investigar la victimización delictiva. En algunas zonas de España, como Barcelona o Valencia, se vienen desarrollando encuestas públicas desde hace tiempo. En otros lugares, como
Andalucía o el País Vasco, se han realizado estudios puntuales de indudable mérito. Así como los diversos Institutos de Criminología en todo el Estado han elaborado múltiples análisis y propuestas, que por desgracia no han contado con el apoyo
suficiente para su completo tratamiento. En fin, saberes como la Sociología Jurídica o la Psicología Social, y por supuesto la Victimología, ofrecen un elenco de instrumentos científicos muy válidos para conocer a fondo nuestra realidad delictiva y
criminógena.
A veces hemos dispuesto de algún estudio amplio, estatal, sobre la seguridad ciudadana, mediante informes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aunque ha faltado la continuidad en el tiempo y una permanente relación de indicadores
contrastados. En una materia, además, que interesa a todo el Gobierno, no sólo al Ministerio del interior o al de Justicia, porque repercusiones en Sanidad, Educación o Medio Ambiente son evidentes y conocidas. Al igual que también hay
coincidencias y percepciones comunes con empresas y fundaciones privadas, siendo temas de colaboración permanente en nuestro entorno geográfico y cultural.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Coordinar la realización de una encuesta estatal y un estudio sobre las condiciones y percepción de la seguridad ciudadana, en todo el Estado, con especial atención a las variables de victimización:
Las encuestas y el estudio se realizarán durante el presente año y sus resultados deberán ser públicos en el primer semestre del año 2012.
Las encuestas y el estudio se actualizarán con una periodicidad al menos de cinco años.
Para la realización de las encuestas señaladas, o de cualesquiera otras investigaciones al caso, los órganos ministeriales suscribirán acuerdos de colaboración con Universidades, organismos públicos o Fundaciones y entidades privadas sin
ánimo de lucro que trabajen en este ámbito específico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre el pago del local de la Guardia Civil en la población de Catarroja (València) para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Catarroja (València) cuenta con una partida expresa en su presupuesto municipal para pagar el alquiler del local de la Guardia Civil en dicho municipio. El montante del pago que efectúa el consistorio para este año será
de 37.740,00 euros.
Habida cuenta del limitado presupuesto del municipio de Catarroja, la cantidad que se paga por el alquiler supone un importante gasto que, según se ha pedido desde grupos políticos de la oposición en el pleno, se debería destinar para ayudas
de emergencia de los vecinos y vecinas de Catarroja que están al borde de la exclusión social.
Asimismo, tratándose como se trata de una cuestión de seguridad ciudadana competencia del Estado, lo más apropiado sería que el Ministerio del Interior asumiera el pago del alquiler del local de la Guardia Civil en Catarroja, al menos hasta
que el municipio pueda mejorar las infraestructuras y servicios para garantizar la seguridad ciudadana de sus vecinos y vecinas.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que asuma, a través del Ministerio del Interior, el pago del alquiler de local de la Guardia Civil en Catarroja (València) y que dicha partida se contemple ya en los Presupuestos
Generales del Estado de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación y desarrollo de un Plan de Lucha contra el crimen
organizado y la corrupción en la zona de Levante, para su debate en Comisión de Interior.
Existen numerosos datos objetivos que ponen de manifiesto el rápido aumento del asentamiento de bandas de delincuencia organizada y el consiguiente crecimiento de la inseguridad ciudadana en diversos municipios de la Costa Blanca. En este
caso han de valorarse la concurrencia de varios factores, como el aumento de población no censada en los municipios y la denominada población flotante propia de municipios turísticos.
Además de los factores citados, la abundancia en ciertas comarcas de urbanizaciones de una enorme extensión ha hecho que estos grupos de delincuentes
hayan logrado instalar sus bases de operaciones en Levante. A ello se suma la escasez de medios de la Policía Judicial y de Agentes de Fuerzas de Seguridad especializados en zonas como el sur de Alicante, considerada en diversos informes de
Europol como foco principal de organizaciones mafiosas. Igualmente la mayoría de las policías europeas han revelado conexiones de sus mafias autóctonas con grupos de delincuencia organizada que actúan en España, en un momento de expansión de las
mismas.
Desde 2005, el Grupo Especial de Respuesta contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Greco), cuenta con unidades en las zonas donde se concentran la mayoría de clanes mafiosos y de delincuencia organizada en la zona de Levante.
Concretamente 'Greco Levante' tiene bases en Benidorm y Orihuela.
Resulta preocupante el anuncio de recortes o la eliminación de estas unidades por parte del Ministerio del Interior. Al contrario, consideramos que es el momento de reorientar, de reorganizar las estructuras especializadas existentes para
su mayor eficacia y eficiencia para la consecución de sus fines.
Sin embargo, pese a que en los últimos años se han producido avances, corremos el riesgo de retroceder en la persecución del crimen organizado y la corrupción. Al contrario, para nuestro Grupo Parlamentario la situación requiere la adopción
inmediata de medidas complementarias que se concreten en la creación de un Plan de actuación específico en la lucha contra el crimen organizado para la zona de Levante.
Urge, por tanto, la adopción de medidas específicas en la lucha diaria contra el crimen organizado y la corrupción en la C. Valenciana y, fundamentalmente, en los puntos en que se han registrado un mayor número de delitos cometidos por
asociaciones criminales, debido al asentamiento e implantación en la zona de sus estructuras.
Es por ello, que este Grupo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Crear y desarrollar de un Plan de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, específico para la zona de Levante, que contemple la elaboración de un mapa diagnóstico de donde se están asentando los grupos de delincuencia organizada en
esta zona y las actividades delictivas que comprenden su actuación ilícita.
Reorganizar la estructura y el funcionamiento de las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción para alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia en la investigación, detección y persecución de las
actividades delictivas llevadas a cabo por las bandas organizadas en la zona de Levante.
Especializar a los Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dotándolos de medios humanos y materiales suficientes para afrontar con un mínimo de garantías de eficacia la lucha contra la actuación de bandas organizadas en la
zona de Levante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma del sistema financiero y creación de un Polo de Banca
Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El Gobierno se dispone a plantear ante esta Cámara medidas legislativas para la reforma del sistema financiero español. Por lo anunciado, esa reforma se fundamenta en profundizar las medidas adoptadas hasta ahora y en estimular los procesos
de fusión y adquisición como única vía para garantizar la solvencia de las instituciones financieras. Para ello, previsiblemente se realizarán nuevas transferencias de recursos públicos a las entidades financieras, al mismo tiempo que se recorta el
gasto social, se reducen plantillas y se empeoran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, con el consecuente deterioro de los servicios públicos que usan la mayoría de los ciudadanos.
Pero las medidas adoptadas hasta el momento han mostrado reiteradamente su ineficacia. No solamente la situación del sistema financiero no ha mejorado, sino lo que es más importante, el crédito sigue sin fluir hacia las mayoría de las
empresas españolas, especialmente aquéllas en cuyo capital social no intervienen los Bancos y, sobre todo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Tampoco llega crédito a las familias. Eso sí, han mostrado su eficacia para ir transfiriendo al
erario público las deudas privadas de bancos y empresas, pagando de esta forma su deuda con dinero de los contribuyentes.
Por otra parte, el incremento del tamaño de las instituciones financieras no parece un objetivo deseable, no nos librará de futuras crisis, al contrario, garantizará que se produzcan otras y más graves. Como ha demostrado la experiencia, el
riesgo de que los problemas financieros de Bancos demasiado grandes se conviertan
en riesgos sistémicos es real, más en un sistema globalizado como el actual y en un mercado completamente falto de regulación.
El papel económico que ha desarrollado históricamente la Banca en una sociedad de mercado hoy no se cumple en España y ello, pese a que todas las medidas adoptadas hasta el momento bajo el argumento de superar la crisis han tenido como
beneficiario directo o indirecto al capital financiero.
Las ayudas directas recibidas por el sistema financiero español hasta diciembre de 2011 se estiman en 141.000 millones de euros, de los que un poco más de la mitad son avales, a los que hay que añadir la apertura de una nueva línea de avales
por importe de 100.000 millones de euros mediante el Real Decreto-ley 20/2011.
En total, más del 22% del PIB destinado a ayudas a Bancos y Cajas sin que haya habido una mejora en el crédito disponible ni un cambio significativo en los gestores y en los modelos de gestión, ni en las retribuciones, indemnizaciones y
pensiones cobradas por directivos, incluidos los de las instituciones que han recibido importantes ayudas, que suponen un insulto a millones de familias trabajadoras, muchas de las cuales tienen a todos sus miembros en paro.
A ello hay que añadir las líneas de crédito puestas a disposición de los bancos europeos al interés oficial del dinero del BCE (1%) por importe de 500.000 millones de euros y a tres años, sin que, nuevamente, esto haya significado un
incremento significativo del crédito a empresas y familias.
Todo ello, además, representa importantes costes para los contribuyentes en un momento en el que la crisis se agrava, el desempleo se acerca a los 5,3 millones de parados, el PIB descenderá significativamente según la previsión de Banco de
España y del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas de recesión se hacen más que probables.
Puede argumentarse que las ayudas y los avales a la Banca son remunerados y que el Tesoro Público recibe unos ingresos por ello. Será cierto, aunque habría que comprobar cada caso y especialmente los de las instituciones en quiebra técnica.
Pero lo importante no es eso. Hay que hablar de los costes de oportunidad. ¿Qué impacto hubiera tenido sobre la economía real y el empleo y, por tanto, sobre los ingresos públicos, que estos recursos hubieran sido dedicados a políticas de empleo,
a avalar a las empresas en sus proyectos de inversión o a financiar el pago de las deudas de las administraciones públicas a sus proveedores?
En el terreno legislativo, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, que creaba el Fondo de Reestructuración Bancaria; el Real
Decreto-ley 11/2010, que modificaba profundamente el sistema de Cajas de Ahorro, impulsando la bancarización y privatización de las mismas, y el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito, han demostrado sus limitaciones al no abordar los problemas centrales de las instituciones financieras españolas. Incluso la entrega al capital financiero privado de la mitad del ahorro y del crédito del país, que gestionaban
las Cajas de Ahorro, a un precio irrisorio, operación que pasará posiblemente a la Historia como el expolio económico más gigantesco de la época contemporánea, no ha resuelto la situación.
Aunque es cierto que la cajas no funcionaban bien, esto ha sido debido a que su funcionamiento se parecía cada vez más al de los bancos, como resalta su implicación en el negocio inmobiliario en lugar de promover la vivienda protegida de
forma coordinada con las administraciones, lo que les hubiera evitado llegar a esta situación y hubiera evitado el drama de miles de familias desahuciadas. La realidad es que se ha aprovechado la crisis para lograr un doble objetivo: quitar a los
bancos del foco de atención, transmitiendo la sensación de que el problema está en las cajas, y facilitar la labor de transformarlas definitivamente en bancos privados.
El río de ayudas financieras, la entrega de los activos de las Cajas de Ahorro y las restantes modificaciones legales aplicadas hasta ahora han demostrado ser ineficaces. Porque en realidad, no se han adoptado para salvar al sistema
financiero sino para que una minoría riquísima siga teniendo el control sobre el mismo permitiéndoles utilizar los ahorros de toda la sociedad en beneficio suyo. Los defensores del 'libre mercado' están financiando con dinero público un oligopolio
financiero cada vez mayor, con la concentración del mismo en entidades privadas cada vez mayores y más poderosas, y creando las condiciones para crisis más devastadoras en el futuro.
Pero es cierto que la actual situación de profunda crisis económica ha evidenciado la necesidad de afrontar reformas del sistema financiero. El sistema financiero ha abandonado su función social a la hora de intermediar entre el ahorro y
las necesidades de las familias y empresas, siendo preciso potenciar instrumentos públicos de intervención en el mercado financiero para mejorar dicha intermediación y para evitar que la crisis de la banca privada se transforme en sistémica.
Por otra parte, el sobreendeudamiento familiar, los desmesurados incentivos vinculados de los directivos de las instituciones financieras, la falta de crédito, los abusos en materia hipotecaria y la necesidad en justicia de modificar la
legislación hipotecaria, la importancia en el balance de los Bancos y Cajas de suelo y pisos que no se podrán vender en las condiciones actuales, las elevadas comisiones, la opacidad de los productos financieros, la actividad desde y hacia los
paraísos fiscales, y la enorme deuda externa de las instituciones financieras, son cuestiones que deben ser abordadas profundamente con una filosofía y un enfoque práctico diferentes a los aplicados hasta ahora.
No podrá fluir el crédito que necesita la economía española si no existe un polo de banca pública, desligado del modelo de operaciones financieras especulativas
que han llevado al sector a la crisis, gestionado y controlado democráticamente, sometido al interés general y al servicio del desarrollo sostenible y creador de empleo de calidad.
No será posible una reforma del sistema financiero privado sin que se aborde su subordinación al interés general establecido en el artículo 128 de la Constitución Española.
Los intereses del capital financiero no pueden primar sobre las exigencias de una salida social de la actual crisis económica. Tampoco sobre los de la economía real. En el nuevo modelo económico que es necesario construir entre todos, el
capital financiero no puede seguir siendo el factor dominante desde el punto de vista económico y cuya influencia política es determinante en la toma de decisiones.
La economía española no necesita una gran banca sobredimensionada con relación a su tamaño y necesidades, incluidas las del sector exterior. Pocas entidades privadas de gran tamaño reproducirán por su propia lógica la situación actual:
seguirán actuando con exceso de riesgo porque después si hay dificultades serán 'salvadas' porque serán demasiado grandes para dejarlas quebrar en la lógica del mercado. Sería suicida reproducir esas condiciones y, por tanto, irresponsable aceptar
esas exigencias.
En consecuencia, planteamos al Gobierno que el saneamiento de la Banca Privada se realice con el menor coste para el contribuyente, procediendo en primer lugar, si fuera necesario, a la venta de activos y sólo después a la intervención
pública.
En todo caso, la intervención pública generará derechos políticos proporcionales en la dirección y gestión de las instituciones que reciban las ayudas, sin perjuicio de las competencias del Banco de España. Dicha medida deberá suponer la
entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en su gestión. Estos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.
La necesidad de un polo de Banca Pública es evidente si se quiere hacer fluir el crédito. Países poco sospechosos de intervencionismo estatal, como Francia, han creado reciente un Banco de la Industria, de propiedad pública, para facilitar
el crédito necesario a proyectos de inversión.
Afortunadamente, en España contamos con el sistema de Cajas de Ahorro, que hasta hace poco tiempo no tenían accionistas privados, aunque sí algunas participaciones de entidades privadas bajo control público. Su proceso de bancarización está
todavía en una fase incipiente con una limitada participación del capital privado y, en algunos casos, existen Cajas nacionalizadas de facto. La aprobación y aplicación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, se hizo y está haciendo sin previo debate cívico y social, y sin debate parlamentario. No ha mejorado su situación de solvencia y esté en riesgo la Obra Social.
A lo largo de los años, las Cajas de Ahorro han promovido el ahorro popular, han universalizado el acceso a los recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales y el uso de nuevas herramientas financieras, al tiempo que
desarrollaban una obra social contribuyendo al bienestar social y para evitar la exclusión social, hasta convertirse en las principales entidades financieras del país, gracias a una activa participación de la sociedad civil y de las administraciones
territoriales. La primera oleada de fusiones y bancarizaciones de las Cajas han destruido 13.400 empleos, la mayoría mediante prejubilaciones, cuestión ésta que va en la línea opuesta de las proclamas del Gobierno para alargar la edad efectiva de
jubilación. Y tampoco parece la medida más eficiente ya que el coste medio es de 300.000 euros por trabajador.
Cabe también recordar que las obras sociales financian programas de importancia para la cohesión social. La supresión de la Obra Social afectaría gravemente a las políticas sociales en curso, desbordando la capacidad de las entidades y las
administraciones, debilitando las herramientas que contribuyen a reducir la exclusión social y financiera de la ciudadanía. Conviene evitar que se produzca una apropiación particular de los excedentes aplicados en este ámbito y que se minoren sus
recursos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso para reformar profundamente el conjunto del sistema financiero español. Una parte central de esta reforma debe ser la creación de un Sistema de Banca Pública, nucleado por
el Instituto de Crédito Oficial y del que formen parte las Cajas de Ahorro, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos y sus Bancos participados, mediante su nacionalización, en aplicación del artículo 128 de la Constitución
Española.
1. Los objetivos esenciales de esta reforma deberán ser:
a) Que el sistema financiero cumpla su función en la economía facilitando, con eficiencia y a costes competitivos, las necesidades de crédito de las empresas y las familias, y contribuyendo a la creación de empleo público y privado.
b) Limitar el sobreendeudamiento familiar; reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo; modificar el mercado hipotecario para que sólo se responda de los créditos con el bien
hipotecado; limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias
hacia y desde paraísos fiscales; y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas.
c) Establecer las medidas que impidan las actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles.
d) Vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos; reducir y racionalizar las remuneraciones de los directivos
y proteger a las personas con créditos hipotecarios firmados con la respectiva entidad.
e) Fortalecer la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar los ahorros de la ciudadanía y reforzar la solvencia de las entidades de crédito, dado que las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la
capacidad financiera que el organismo tiene.
f) Exigir la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública de los derechos políticos correspondientes a esos fondos y garantizar así, además de con la regulación necesaria,
el cumplimiento de los objetivos definidos en el punto anterior.
2. Las características de la nacionalización de las Cajas de Ahorro, los SIP constituidos y sus Bancos participados serían las siguientes:
a) La propiedad sería pública, pudiéndose respetar las actuales participaciones privadas de capital, desprovistas de derechos políticos y sin que estas puedan aumentar.
b) El riesgo estaría mutualizado, mediante una institución tipo SIP.
c) Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de !os impositores que rendirán pública y regularmente cuentas, en un
lenguaje asequible ante las distintas instituciones públicas. Asimismo, se establecerán mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y de exigencia de responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores.
d) El control económico de las entidades nacionalizadas deberá ser incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
e) Sus objetivos económicos deben ser la concesión de crédito a proyectos públicos, empresas, con prioridad a las pequeñas, y a los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo. Deben estar territorializadas,
garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio.
f) En el marco de esa territorialización, respetar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de control y regulación de las Cajas de Ahorro, sin perjuicio de que el sistema de Cajas de Ahorro pueda articularse de forma
mutualizada o mancomunada. Incorporar de manera inmediata a las Comunidades Autónomas en los espacios de toma de decisiones de la reforma del sistema financiero, atendiendo al principio de lealtad institucional, garantizando procesos transparentes
y públicos.
g) Deben tener prohibida cualquier actividad especulativa, limitadas las operaciones con derivados, y sin posibilidad de operar desde y hacia paraísos fiscales.
h) Proteger la Obra Social de las cajas y su contribución al bienestar colectivo.
i) Garantizar la conservación del empleo existente en el conjunto del Sistema.
j) El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.
3. El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las Cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del Instituto de Crédito Oficial, la recuperación de las fichas de bancos
públicos hoy no operativos (Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.), la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas.
4. Revisar la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, modificando las competencias y funciones del Gobernador del Banco de España con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero.
Concretar y dotar de mayor especificidad las causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones. Como consecuencia del demostrable incumplimiento grave de las obligaciones del Gobernador del Banco de España, acordar la separación
de su cargo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
Los medios de comunicación nos informan a diario de la permanente movilización de clientes de algunas entidades de crédito respecto de las denominadas participaciones preferentes. La comercialización de las mismas a los ahorradores no ha
sido transparente, y la mayoría de éstos se consideran engañados por no haber sido correctamente informados por las entidades de crédito. Se les ofreció un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también
pérdidas en el capital invertido. En muchos casos han sido pequeños ahorradores quienes atraídos por la mayor rentabilidad convirtieron sus depósitos en activos financieros, no disponibles en la práctica. Fueron, en todo momento, desconocedores de
pasar de ser depositantes a ser propietarios de activos financieros con más rentabilidad, pero con disponibilidad supeditada a su venta. Siempre desconocieron, por la excesiva presión de las entidades financieras e incluso porque las mismas les
decían que garantizaban su liquidez, del riesgo que asumían por este tipo de producto y de las limitaciones y condicionantes del rescate de sus ahorros. Hasta tal punto que fueron conscientes de tales circunstancias sólo cuando trataron de disponer
de sus ahorros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluso mediante la aprobación o elaboración de la correspondiente normativa, para garantizar la liquidez de las participaciones preferentes que han sido comercializadas a usuarios de servicios
financieros sin la adecuada y suficiente información, garantizando igualmente la recuperación de sus ahorros sin pérdida del capital principal invertido.
2. Obligar a las entidades de crédito a aumentar la transparencia y mejorar la información en todos los productos financieros que ofrezcan a los usuarios. Para ello, se propone:
a) Facilitar información que permita a los usuarios disponer en cualquier momento de las características, riesgos y costes del producto.
b) Facilitar asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras.
c) Garantizar que el producto es adecuado a los conocimientos y experiencia previa de los usuarios de servicios financieros para valorar correctamente su naturaleza y riesgos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, por la que se insta al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la crisis sismo-volcánica, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La isla de El Hierro, al formar parte de un territorio calificado en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como Región Ultraperiférica, tiene reconocidos en el acervo institucional comunitario
una serie de hándicaps estructurales entre los que se destaca su naturaleza volcánica y los riesgos naturales asociados a su origen geológico. Pero tal como se reconoce en los diferentes estudios sobre los 'costes de la ultraperiferia', esta isla
se ve seriamente condicionada y afectada por los costes conocidos como, de doble insularidad, de oportunidad, de suministros y de movilidad de mercancías, entre otros muchos.
Los acontecimientos sísmicos iniciados el pasado mes de julio (hasta el momento se han contabilizado más de doce mil registros sísmicos de diferente intensidad), en su doble expresión de gran continuidad sísmica y de erupción submarina en el
mar de Las Calmas (zona marítima de la Restinga, municipio de El Pinar), en plena vigencia hasta la actualidad, han producido una alteración que desborda, territorial y socioeconómicamente, a los ya de por sí graves efectos humanos, económicos y
ambientales experimentados en dicho municipio y su localidad costera.
A través de los diferentes medios de comunicación, se ha ido trasladando a toda la ciudadanía española, las circunstancias que han venido desarrollándose en la isla de El Hierro vinculadas a las decisiones que han debido adoptarse y que
inexorablemente vienen generando distorsiones en la vida ciudadana y en el desarrollo diario de las actividades económicas. En primer lugar, todas aquéllas vinculadas a los necesarios desplazamientos de ciudadanos de sus lugares de residencia
habituales a otros puntos considerados de mayor seguridad ante potenciales focos de naturaleza volcánicos. En segundo lugar, la seria limitación producida en la movilidad de la población herreña así como en las mercancías, que se ha producido por
el cierre temporal del Túnel de Frontera a Valverde por el Roquillo, que fuerza la reorientación de los tráficos por la carretera de la cumbre con evidentes problemas de tiempo superiores y con no menores riesgos en el tráfico; con unos
efectos que se acentúan ante la radicación de los centros logísticos (puerto y aeropuerto) en la costa del municipio de Valverde originándose retrasos en los suministros y por tanto sobrecostes en la logística de los productores,
comercializadores y consumidores del Valle de Frontera. En tercer lugar, es en la zona de La Restinga y en las actividades centradas en el conocido como Mar de Las Calmas donde se concentra, en la fase actual del fenómeno sísmico-volcánico, los
efectos más evidentes y gravemente condicionantes no sólo de la actual coyuntura de la localidad sino, lo que resulta aún más relevante e inquietante, lastra su futuro en términos de daños emergentes, continuados y marcados por el 'lucro cesante'.
Asimismo, desde la perspectiva de la economía marítima, el fenómeno vulcanológico marino que está teniendo lugar, representa la pérdida de la rica biodiversidad reconocida y amparada por la Reserva Marina del Mar de Las Calmas. Al menos, y
según ponen de relieve expertos de la propia reserva y biólogos marinos académicos e investigadores, por un período de tiempo de difícil cuantificación, dado que deberá culminar el proceso eruptivo submarino, consolidarse sus materiales y a partir
de ese momento esperar que la propia capacidad regenerativa de la naturaleza posibilite una recuperación de la biodiversidad marina y de sus recursos estratégicos. Una perspectiva que según los diferentes expertos, puede variar entre cinco y siete
años en el mejor de los casos.
Todas las circunstancias a las que estamos haciendo referencia están derivando en efectos de naturaleza socioeconómicos evidentes: parada biológica de los pescadores y cierre de la actividad comercializadora en la lonja gestionada por la
'sociedad cooperativa pescarestinga', cierre o desplazamiento de las actividades asociadas de buceo, pesca submarina y fotosub, transformación de la tipología de la restauración de la zona, reducción sustancial de la oferta de alojamientos
extrahoteleros, reducción de los ingresos comerciales por las restricciones de las ventas y capacidad de compra de la población afectada, etc.
En síntesis, un auténtico colapso socioeconómico que conjuga factores de suspensión de actividades (en especial, las marítimas) con los efectos sobre servicios conexos que tendrán especiales dificultades para mantener sus equilibrios
económico-financieros.
Ante estas circunstancias adversas tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica han adoptado decisiones que se han reflejado en los respectivos boletines oficiales que se recogen en el Real Decreto-ley
17/2011, de 31 de octubre (BOE de 1 de noviembre de 2011), en la PRE/2936/2011 de 28 de octubre (BOE 1 de noviembre de 2011), y Decreto 310/2011, de 10 de mayo (BOC de 14 de Noviembre). También es de destacar todas aquellas medidas que de carácter
inmediato el Cabildo de El Hierro ha procedido a implementar en colaboración con los Ayuntamientos de El Pinar y Frontera. Asimismo el Gobierno de Canarias a través del PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo
Volcánico) ha sido quien ha dirigido la coordinación de las instituciones y administraciones actuantes como el IGN, el ITER del Cabildo Insular de Tenerife o efectivos de las diferentes unidades de la Guardia Civil (servicio marítimo, unidad de
helicópteros, Grupo Rural de Seguridad, etc.), o del Ejército de Tierra a través de la unidad militar de emergencias.
La realidad es que la continuidad por un tiempo indeterminado de la combinación de fenómenos sísmicos y de la erupción en fase activa en las aguas cercanas a La Restinga, requieren de un aseguramiento de las condiciones de las coberturas
técnicas y científicas que deberán adoptarse de los recursos y capacidades técnicas más avanzadas en la detección, seguimiento y previsión de los efectos volcánicos y sísmicos; así como el de la modernización de las infraestructuras básicas de
servicios esenciales.
Por todo ello, se propone al Pleno del Congreso de los Diputados, la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
En la menor cantidad de tiempo posible, elabore un estudio de desarrollo socioeconómico de la isla de El Hierro, en colaboración con el Cabildo Insular de la isla y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la perspectiva
derivada de la experiencia de los acontecimientos sismo-volcánicos acontecidos en el segundo semestre del año 2011, y desde la óptica previsional de las necesidades que en un futuro se precisarían de continuar el fenómeno volcánico referenciado en
la exposición de motivos. Por ello, se estima la necesidad de manera inmediata de:
1. Introducir un cambio relevante en el enfoque y requerimientos estipulados en la línea ICO específicamente para El Hierro en función de la práctica inoperatividad del mecanismo actual en los términos publicitados por la Agencia Financiera
del Estado en correspondencia con lo dispuesto en la Cláusula Sexta de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre
2. Adoptar decisiones en cuanto a las coberturas de estímulos productivos y comerciales, en particular: Plan de Mejora de Productividad y Competitividad del Comercio; convocatoria específica del Reindus para el ejercicio de 2012 y 2013,
con una dotación de 1,5 millones de euros de subvención directa y de 8 millones de euros de anticipos reembolsables para recuperar la actividad productiva y manufacturera; otorgamiento de una ayuda directa al Cabildo Insular de El Hierro para
atender a los problemas de infraestructuras alteradas por los sismos o para efectuar actuaciones de protección de riesgos por desprendimientos en viales y zonas habitadas, etc.
3. Atender al catálogo de elementos de infraestructura básica vulnerables y con referencia a los servicios esenciales de la isla (agua, electricidad, almacenamiento de combustible, telefonía, suministro eléctrico, etc.), cuyo cometido es el
de mantener los servicios elementales para la continuidad normal de actividad de la población y las zonas de emergencia, se considera básico la elaboración de un estudio integral que se elabore desde la óptica de potenciales emergencias que en un
futuro pudiesen producirse de reactivarse los fenómenos naturales que han venido produciéndose en los últimos tiempos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La crisis económica y financiera internacional y las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria han marcado y marcarán las directrices de la política económica de esta legislatura. Las dos consecuencias sociales más dramáticas
de la crisis económica están siendo el elevado nivel de desempleo y el incremento de las familias que pierden su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.
Ante esta perspectiva, algunas familias se encuentran con que no pueden deshacerse de la deuda hipotecaria, vendiendo su piso o dejándoselo al banco, ya que el valor de la vivienda ha disminuido y no alcanza para saldar la deuda. No
obstante, en la mayoría de los casos, las familias siguen haciendo frente a sus compromisos, tal y como ponen de manifiesto las estadísticas de morosidad.
Las situaciones extremas producidas por la crisis y, en especial, la difícil situación por la que atraviesan familias sobreendeudadas obligan al Estado a desarrollar una serie de medidas concretas que den respuesta a estas necesidades
específicas y, muy especialmente, solventen las deficiencias que se han puesto de manifiesto en relación con la regulación del sistema de crédito y el sistema hipotecario.
Las ejecuciones hipotecarias deben ser, en todo caso, el último recurso porque generan costes judiciales, imponen demoras de casi dos años hasta la nueva posesión en los que se acumulan intereses mientras la vivienda queda paralizada, y
cuando se llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su vivienda un valor de mercado que le permita reducir al máximo su carga. Ante estas situaciones concretas, es necesario proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a
ejecución. En relación con nuestro sistema hipotecario, hay que asegurar la protección de los ciudadanos, desde el momento inicial de suscripción de la hipoteca hasta el eventual supuesto de ejecución.
Por ello, es necesario presentar una ley de insolvencia personal que aborde las situaciones de endeudamiento de las personas de una forma integral y que regule un reparto equilibrado de riesgos entre deudor y acreedor, manteniendo la
seguridad en el tráfico mercantil y sin restringir o encarecer excesivamente el crédito. Esta ley debe abordar los criterios para cancelar la hipoteca con la entrega de la vivienda pero sin imponerla. El objetivo es proteger a las personas que se
enfrenten a las situaciones más extremas.
El endeudamiento excesivo en que han incurrido muchas familias también obedece a la insuficiente y deficiente información por parte de las entidades financieras. Los contratos hipotecarios son complejos, tienen una redacción farragosa y son
muy difíciles de entender por la mayoría de los usuarios. Además, resulta muy difícil comparar las ofertas de las diversas entidades financieras para que el comprador pueda elegir la mejor opción para sus intereses. Para corregir esta situación
hay que elaborar una nueva normativa que exija una serie de obligaciones de información para las entidades financieras.
La variedad y complejidad de los productos financieros hacen imprescindible desarrollar una cultura financiera básica que permita a los usuarios de servicios financieros poder tomar sus propias decisiones y no estar expuestos al riesgo de
invertir y contratar lo que no entienden. Por tanto, se necesita incrementar la formación financiera de la sociedad para negociar o renegociar las condiciones de la hipoteca.
La crisis ha puesto de manifiesto también la existencia de cláusulas abusivas hipotecarias por parte de algunas entidades financieras que también han incidido en el sobreendeudamiento de las familias y que requieren una nueva regulación que
las imposibiliten.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, en el plazo de seis meses, la regulación del
sistema de crédito y el sistema hipotecario, con el fin de prevenir situaciones de sobreendeudamiento de particulares, proteger los intereses de los deudores hipotecarios sometidos a ejecución y favorecer la dación en pago. Para ello, se
propone:
1. Establecer la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado.
2. Incentivar la dación en pago pactada como una solución más eficiente que las ejecuciones para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe.
3. Promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas para eximir del pago del Impuesto de Trans- misiones Patrimoniales (ITP) en los casos en los que la entidad financiera acepte la vivienda para saldar la deuda, estableciendo los límites
oportunos para evitar abusos por parte de la entidad financiera.
4. Establecer procedimientos que favorezcan el acuerdo entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder, en caso de impago, a la ejecución de la garantía hipotecaria.
5. Extender los plazos que permiten acudir a la ejecución hipotecaria cuando el hipotecado o principal proveedor de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo.
6. Mejorar el funcionamiento de las subastas para maximizar el importe obtenido por el deudor. Para ello, se propone:
a) Suprimir las barreras que dificultan la participación en las subastas a un mayor número postores, abriendo el abanico actualmente limitado casi exclusivamente a entidades financieras. En particular, se facilitará el acceso a la
financiación a los postores, flexibilizando plazos, garantías y condiciones, evitando así que en la práctica muchas veces sólo puedan acudir entidades financieras.
b) Incrementar la información pública y la transparencia de todo el proceso, facilitar el acceso al inmueble de los postores y publicar en Internet los datos relevantes del inmueble, implantando la subasta telemática.
7. Obligar a las entidades financieras a aumentar la transparencia y mejorar la información. Para ello, se propone:
a) Facilitar información precontractual que permita a los consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes prestadores.
b) Disponer en cualquier momento de folletos de información general sobre la gama de productos de crédito que ofrecen.
c) Facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la
hipoteca.
8. Suprimir las cláusulas, prácticas y situaciones abusivas por parte de las entidades financieras. Para ello, se propone:
a) Limitar, para las hipotecas sobre la vivienda habitual familiar, el tipo máximo a aplicar en los intereses de demora y su aplicación en exclusiva al principal de la deuda.
b) Limitar la penalización por cancelación anticipada a la pérdida económica que sufre realmente la entidad cuando este derecho sea ejercido por parte del prestatario.
c) Establecer un límite temporal mínimo por el que debe de ser reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja el mismo, al poco tiempo de haberse constituido un crédito. Con esta medida se impedirá que el
prestatario tenga que incrementar notablemente la deuda con la entidad financiera.
9. Presentar un Proyecto de Ley de insolvencia personal que aborde las situaciones de endeudamiento de las personas de una forma integral y que regule el reparto equilibrado de los riesgos entre el deudor y el acreedor, sin que ello
penalice el crédito futuro, encareciéndolo o restringiéndolo, garantizando suficientemente la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.
10. Regular más y mejor las sociedades tasadoras para fomentar su competencia e independencia. Para ello, se propone:
a) Suprimir las barreras de entrada al sector.
b) Reforzar la regulación referida a los requisitos de homologación previa, de independencia, de incompatibilidades y de conflictos de interés.
c) Establecer 'umbrales máximos de vínculo' a partir de los cuales no se podrá considerar que una tasación sea independiente, en cuyo caso se tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del prestatario.
d) Establecer requerimientos mínimos de información que debe de ofrecer una entidad financiera a un potencial prestatario en relación a las distintas sociedades que pueden realizar una tasación de una vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000033
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre el IVA repercutido en los libros electrónicos, se traslade a la Comisión de Cultura.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, trasladar la iniciativa a la Comisión de Cultura y comunicar este acuerdo a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 19, de 19 de enero de 2012.
161/000168
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que, en todo caso, la eventual aprobación de la iniciativa no implicará la creación de la Comisión parlamentaria a la que se alude en la misma, sino que ésta
deberá realizarse por el cauce reglamentariamente establecido al efecto, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artícu- lo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses, para
su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responden nuestros legisladores y el Gobierno. Por ello es necesaria la transparencia en la actuación de los lobbies, entendidos como grupos de presión que defienden intereses
particulares y no generales.
Estos importantes poderes fácticos, por su posición preeminente, disponen de capacidad de influencia en la toma de decisiones públicas que no está sometida a ningún control democrático pero que influye decisivamente en la actividad política.
España no es ajena a esta realidad. Existen ejemplos claros de la capacidad de influencia de los lobbies en nuestra economía y nuestra política, y de los privilegios que determinados sectores gozan en el ámbito financiero, el de las
empresas concesionarias y también en el mercado eléctrico, se trata de maniobras especulativas que quedan al margen del control público y democrático.
Otros países han resuelto, en mayor o menor medida, esta cuestión de distintas manera. La regulación al respecto es mucho más estricta en los EEUU, donde los lobbistas están obligados a registrarse y a declarar sus actividades, sus
intereses y a quién representan. En Europa actualmente los lobbistas se amparan en la protección de datos y al hecho que tratan con información confidencial, cuando, sin embargo, en EEUU esto no les supone ningún problema. Este mayor control ha
permitido que se destapen escándalos como el Abramoff.
Por su parte, Bruselas es el segundo centro de decisión política más importante del mundo, después de Washington. De acuerdo con esto, también es el segundo punto con más lobbies del mundo. Las empresas
sitúan sus sedes cerca de los centros de poder y decisión política. Así, encontramos más de 2.500 lobbies que dan trabajo a más de 15.000 personas, entre consultores, abogados, comerciantes, activistas de ONGs o representantes de empresas.
Pero, de hecho, más del 70% representan los intereses de grandes empresas. Actualmente hay 4.435 lobbistas acreditados en el Parlamento Europeo, con pleno acceso a las sesiones de comisiones y también en los plenos. La proporción es de 6 lobbistas
por eurodiputado/da.
Por todo ello, consideramos necesario que los representantes públicos y todos los grupos de presión muestren sus relaciones con transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de en qué grupos de interés se apoyan determinados
partidos políticos.
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Comisión Parlamentaria de Control y Fiscalización del Lobby.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de Registro y Control de Lobbies o grupos de interés cuya finalidad será regular la actividad de promoción, defensa o
representación de intereses de personas y/o organizaciones públicas o privadas, ejercida por personas naturales o jurídicas con el objeto de influir en las decisiones a adoptar por el Gobierno.
Dicho Proyecto de Ley contemplará como mínimo los ejes siguientes:
a) Creación de un registro y control de lobbies. Dicho registro estará gestionado por el Congreso de los Diputados, será de obligada inscripción para acceder a la condición de diputado o diputada. También será imprescindible su inscripción
en él para los lobbies para poder ejercer como tales. Este registro publicará las audiencias de gestión de intereses, y sus correspondientes actas, de los diputados, de las diputadas y de los senadores y senadoras, así como de todo cargo electo,
miembro del Gobierno y trabajador de la administración pública de libre designación política.
b) Elaboración de un código de conducta común para todos los miembros de lobbies, exigiéndose que declaren el interés o los intereses que representan. Así mismo se elaborará un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades o
violación del código de conducta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre Catálogo de Regulaciones Administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La actividad reguladora de las Administraciones Públicas, referida a las actividades de producción de bienes y servicios, a su distribución o a sus condiciones generales de funcionamiento, tiene su justificación en la corrección de los
fallos del mercado que encuentran su raíz en las condiciones tecnológicas, de información o institucionales de éste, o en los objetivos redistributivos y de estabilización de los gobiernos. Las regulaciones que corrigen fallos del mercado tienden
generalmente a favorecer la eficiencia y, con ella, el desarrollo económico. Pero las regulaciones orientadas por objetivos de redistribución o estabilización conducen muchas veces a reducir la eficiencia y a generar barreras a la entrada en los
mercados, en beneficio de las empresas ya instaladas y en detrimento de la competencia.
Por otra parte, aun cuando las Administraciones Públicas orienten su actividad reguladora a la corrección de fallos del mercado, pueden generar ineficiencias con ella si existen problemas de información asimétrica y costes de agencia, si los
costes de transacción inherentes a la regulación son elevados, si la incertidumbre sobre sus costes y beneficios es alta o si se dan fallos del sector público.
En estas circunstancias, desde la segunda mitad de la década de 1990, diversas organizaciones internacionales y gobiernos nacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, la Union of
Industrial and Employer's Confederations of Europe (UNICE), han alertado acerca de los posibles efectos negativos de las regulaciones administrativas de carácter económico, en especial cuando esas regulaciones son excesivas, superpuestas y
acumulativas en un mismo sector de actividad. Y, consecuentemente con ello, han propiciado las políticas de revisión de las regulaciones y, en su caso, de desregulación para favorecer la competencia en los mercados y la eficiencia en la asignación
de los recursos económicos.
España no ha sido ajena a esta orientación revisionista de la actividad reguladora del Estado y, en general, ha aplicado las directrices europeas en esta materia, favoreciendo así una mayor competencia en determinados mercados. Sin embargo,
mientras el Estado ha propiciado
la desregulación de los mercados competitivos y la regulación procompetitiva de los que reúnen la condición de monopolio natural, no ha ocurrido lo mismo con respecto a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de manera que en muchos de
éstos se ha registrado una auténtica proliferación normativa que se traduce en la existencia de varios miles de normas publicadas.
Desde diferentes instancias empresariales y sindicales se ha llamado la atención acerca de los efectos perniciosos que pudieran derivarse de la acción normativa de las Comunidades Autónomas en materia económica, toda vez que con ella se
están generando barreras a la movilidad de los factores productivos, tanto de capital como de trabajo. El Consejo de Cooperación Económica, en su labor de asesoramiento a la Comisión Europea, ha alertado recientemente acerca de la necesidad de
favorecer en España políticas que restablezcan la unidad de mercado, en tanto en cuanto que ésta se ha visto mermada por las regulaciones autonómicas. A su vez, algunos estudios académicos realizados en los últimos años han aportado evidencias de
que las regulaciones autonómicas tienen un efecto negativo sobre las ganancias de productividad, lo que se traduce en un menor desarrollo de las Comunidades Autónomas en las que la proliferación normativa ha sido mayor.
La Constitución española prestó atención a los problemas que se acaban de aludir. Por una parte, ordenó a los poderes públicos 'la defensa de la productividad' en el marco de la libertad de empresa (art. 38). Por otra, prohibió que
cualquier autoridad adopte 'medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español' (art. 139). Y, asimismo, autorizó al Estado
para 'dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas... cuando así lo exija el interés general' (art. 150.3).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera indispensable que el Gobierno aborde el problema que se ha venido generando con la proliferación de las regulaciones autonómicas de carácter económico en orden a la unidad del
mercado nacional y a la libertad de circulación de trabajadores, capitales y mercancías dentro de él. Por ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Encargar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la elaboración de un 'Catálogo de las regulaciones administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas' en el que se recojan todas las disposiciones
legislativas y reglamentarias emanadas de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que se refieran a las actividades agrarias, energéticas, industriales y de servicios, a la actividad laboral de los trabajadores o a cualesquiera otra
materia que tenga incidencia económica.
2. El referido Catálogo, que deberá estar realizado en el plazo de seis meses, servirá de base para la elaboración de un dictamen acerca de las materias que requieren la elaboración de leyes de armonización por parte del Estado,
clasificándolas por su mayor o menor urgencia. Para ello, el Ministerio de Economía y Hacienda recabará entre los expertos académicos y profesionales de estas materias los informes que considere convenientes.
3. Dicho dictamen y los informes aludidos en el punto anterior, serán remitidos al Congreso para su conocimiento en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, y publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para general conocimiento, antes de que transcurra un año desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley para la cesión de una parte del edificio desocupado por la Subdelegación del Gobierno de Girona al Ayuntamiento de Girona para ampliar el colegio CEIP Eiximenis.
Antecedentes
Como consecuencia de la reubicación de gran parte de los servicios que la Subdelegación del Gobierno prestaba en la ciudad de Girona en otro edificio, una parte de la sede ha quedado desocupada.
Por otra parte, el colegio público CEIP Eiximenis, que se encuentra pared con pared con la sede de la Subdelegación del Gobierno en Girona, tiene en estos momentos importantes problemas por la falta de espacio y equipamientos. Entre otros,
no tienen gimnasio y deben, por ejemplo, hacer tres turnos de patio.
Atendiendo a los principios de austeridad, eficacia, eficiencia, calidad, servicio a la ciudadanía, cooperación e innovación, que deben guiar a las administraciones públicas, parece del todo razonable que la
Administración General del Estado ceda la parte del edificio que ya no necesita a la administración local, para que se pueda dar respuesta a las necesidades de equipamientos escolares que sufre el colegio público CEIP Eiximenis.
Con este objetivo ya se manifestó la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 18 de noviembre de 2009, aprobando una Proposición no de Ley (161/000117) en que se instaba al Gobierno a que, de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas, procediese a acordar la cesión del uso del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Girona, o una parte del mismo, al Ayuntamiento de Girona, para que
fuera destinado a resolver las necesidades del CEIP Eiximenis, en tanto no fuera posible resolverlas de otro modo.
Del mismo modo, se han expresado todos los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Girona, al aprobar una moción en la que apoyan las gestiones iniciadas para que la Subdelegación del Gobierno en Girona, ceda
una parte del espacio de su sede que ha quedado desocupado al Colegio CEIP Eiximenis.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Proposición no de Ley (161/000117) para la cesión del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Girona al Ayuntamiento de Girona para ampliar el colegio público CEIP
Eiximenis, aprobada por la Comisión Constitucional en su sesión del día 18 de noviembre de 2009, y proceda, con la mayor celeridad posible, a acordar la citada cesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Fomento
161/000170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La provincia de Málaga está experimentando en los últimos años una verdadera revolución en el diseño y planificación de sus modos de transporte. La saturación de la red de carreteras y la necesidad de buscar alternativas eficientes, cómodas
y sostenibles han llevado al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a poner en servicio, tener en construcción o proyectar diversas infraestructuras vitales para el desarrollo de la provincia
y la mejora de la calidad de vida de sus residentes y visitantes.
A la llegada de la Alta Velocidad Córdoba-Málaga, se suman la previsión a medio plazo de conexiones directas con Algeciras, Granada y Sevilla, el desdoblamiento de la línea de Cercanías C-1 entre Málaga y Fuengirola y su conexión con el
Aeropuerto, la proyección del Corredor Ferroviario Costero entre Málaga y Estepona, las dos primeras líneas del metro de Málaga, etc.
El ferrocarril es el transporte paradigmático del siglo XXI por su seguridad, eficacia y respeto ambiental, tal y como se recoge en el Libro Blanco del Transporte, respaldado por la Unión Europea. En este sentido, el núcleo de Cercanías de
Málaga encierra un notable potencial, con saldos superiores a los 10 millones de viajeros al año, sobre todo en lo que a la línea C-1 respecta.
Del mismo modo, debe considerarse a la línea C-2, Málaga-Álora, como un eje clave de presente y futuro. Las relaciones entre la capital y el valle del Guadalhorce son cada vez mayores, máxime teniendo en cuenta que el desarrollo urbanístico
y económico de la ciudad está proyectado hacia este entorno, en el que se prevé un gran campus universitario que ya está en ejecución, existe el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), el Centro de Transportes de Mercancías y numerosos núcleos
logísticos y residenciales. Además, ya se ha iniciado la construcción del Hospital Comarcal del Guadalhorce, en terrenos de Cártama.
En el desarrollo socioeconómico y demográfico del Guadalhorce, deben destacarse también la previsión de infraestructuras y equipamientos importantes como el citado hospital o la Ciudad Aeroportuaria y es necesario dar respuesta a estas
demandas mediante modos de transporte colectivos, públicos y eficaces que complementen las magníficas comunicaciones por carretera de la zona (Autovía A-357 y Segunda Ronda).
Es especialmente significativo el caso del PTA, polo clave de innovación del que ya depende un 7% del empleo generado en Málaga capital. El PTA tiene grandes puntas de demanda en momentos muy concretos del día (de hasta 4.000 o 5.000
demandantes en una hora) y, para eso, el mejor medio es el Cercanías.
Desde el Grupo Socialista consideramos que el Cercanías sería más competitivo que el metro, ya que los informes técnicos indican que llevar el metro al PTA
exigiría trayectos de 33 minutos y añadir 12 paradas entre la Universidad y el PTA.
Por último, cabe destacar que en Málaga hay gran cultura del Cercanías, con una de las líneas más rentables del país. Llega a ser utilizado por hasta 26.000 viajeros al día.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a impulsar un trazado circular de las líneas C-1 y C-2 del Cercanías, de manera que se conecte con el Aeropuerto y el PTA como polos neurálgicos, las poblaciones de Alhaurín de la
Torre, Alhaurín El Grande, Coín, Cártama y las barriadas de Campanillas y Churriana, en Málaga capital. El trazado garantizará los accesos a la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre y al Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce, en
Cártama.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a las deficiencias de la Ronda Norte de Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Ronda Norte de Lugo, de titularidad estatal, comunica el Polígono de O Ceao con el nuevo Polígono de As Gándaras y con la Ronda Este que comunica con el nuevo hospital. Desde su apertura ha experimentado un considerable aumento de
tráfico, puesto que se trata de uno de los principales viales de la ciudad.
Se construyó hace una década con un solo carril para cada sentido, y está exenta de iluminación lo que la convierte en un vial peligroso. Precisamente, uno de los puntos más peligrosos es el vial de servicio que comunica con la Avenida
Duquesa de Lugo. Una zona muy transitada a la que la falta de iluminación la convierte en un punto de gran riesgo para los viandantes puesto que también carece de arcenes y aceras.
En los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2009, figuraba, gracias la negociación realizada por el BNG, una partida de 700.000 euros destinada al desdoblamiento e iluminación de la Ronda Norte. También se contemplaba
una partida de 1,5 millones en los Presupuestos del año 2010. Ambas partidas nunca llegaron a ejecutarse.
Este diputado se dirigió en el año 2010 al Gobierno en una pregunta por escrito para interesarse por dichas partidas. La respuesta del Gobierno fue que todavía no estaba listo el proyecto.
Dado el aumento de tránsito de la Ronda Norte, es necesario proceder cuanto antes a su desdoblamiento, mejorar su seguridad vial y dotarla de iluminación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Ejecutar cuanto antes la actuación pendiente para mejorar la situación de la Ronda Norte de Lugo, consistente en su desdoblamiento, la mejora de su seguridad vial y la dotación de iluminación, dado el considerable aumento de tráfico
experimentado en los últimos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la reforma de la Inspección de la Aviación Civil y la creación de un cuerpo de Inspectores del Estado en dicha materia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La alta sensibilidad de la opinión pública en materia de Aviación Civil, motivada por la utilización cada vez más frecuente del avión para los desplazamientos tanto profesionales, de negocios como de ocio, exige que la garantía de la
seguridad de las aeronaves y de las operaciones aéreas sea máxima, para evitar que puedan vol
ver a repetirse accidentes tan graves como el ocurrido con el avión de la Compañía Spanair en agosto de 2008.
Una de las maneras más eficaces de conseguir que se cumpla con la normativa de seguridad aérea consiste en disponer de un servicio de inspección profesional e independiente que evite tanto las presiones de las compañías aéreas para volar en
condiciones inadecuadas como las presiones de la administración para minimizar posibles fallos en la gestión de las operaciones aéreas.
La regulación de la Inspección de la Aviación Civil dependiente del Ministerio de Fomento la hace la Ley de Seguridad Aérea 21/2003, en su disposición adicional 4.ª Mediante esta norma la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del
Ministerio de Fomento, ha externalizado las funciones de inspección aeronáutica en el campo de las operaciones aéreas, en la Empresa estatal SENASA, declarada Empresa Instrumental del Estado.
Esta empresa instrumental contrata a pilotos de los diferentes campos de la aeronáutica (avión, helicopteristas, pilotos de globo, etc.), mediante un contrato de servicios, en el que exige el alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social para, una vez vinculados por dicho contrato, ceder esos trabajadores a la Dirección General de Aviación Civil para realizar funciones de inspección en el campo de las operaciones aéreas.
Con esta intermediación, la empresa estatal saca un enorme beneficio, pues paga a sus trabajadores autónomos contratados exactamente la mitad de lo que factura al Ministerio de Fomento por su servicio. Además, esta contratación podría
llegar a considerase susceptible de incurrir en un eventual fraude de ley, ya que la relación que une a Senasa con sus trabajadores presenta indicios de poder llegar a ser considerada como trabajo por cuenta ajena que no por cuenta propia.
Pero lo más preocupante de la forma en que se contrata a los inspectores y de su régimen jurídico laboral es que, como consecuencia de ella, carecen de la necesaria independencia y autonomía para poder ejercer sus funciones libre de
presiones. Para empezar al no tener la condición de funcionarios no gozan de la presunción de veracidad propia de otros inspectores del Estado; lo que al ser conocido por las empresas y operadores aéreos, les limita para levantar actas, abrir
expedientes sancionadores, y en definitiva para elevar a su responsable en la administración un 'Informe Técnico' de las deficiencias o infracciones que han detectado. De manera que queda en manos de los funcionarios a los que han sido asignados,
quienes no han realizado la inspección y quienes responden a criterios diferentes a los de independencia y rigor técnico, la decisión de abrir o no los expedientes sancionadores.
Además, a las empresas expedientadas, en los raros casos en que la Dirección General de Aviación Civil se decide a abrir un expediente sancionador, al no tener este trabajador autónomo subcontratado la presunción de veracidad propia de
cualquier cuerpo de inspección del Estado, les resulta muy fácil desvirtuar los informes técnicos de parte emitidos por ellos. De ahí que muchos de los raros expedientes sancionadores instruidos, se archivan por defectos de forma, falta de pruebas,
o simplemente se dejan prescribir por falta de personal y medios, cuando no por otros motivos que no se alcanzan a conocer.
Por otra parte este sistema, a la vista de los expedientes sancionadores abiertos por la D.G.A.C. a los Operadores Aéreos en los últimos años, es claramente ineficiente ya que no ha conseguido realizar un control cualitativo relevante de
las incidencias que se aprecian en las inspecciones.
En definitiva, el actual sistema implantado de inspección del Estado en las Operaciones Aéreas está basado en una empresa instrumental llamada Senasa que realiza un negocio sin duda lucrativo pero que vacía de contenido realmente a dicha
Inspección, de la que según parece lo único que interesa es el elemento cuantitativo objetivable por el número de inspecciones pero no su calidad en aras de evitar riesgos innecesarios en nuestro sistema aéreo.
Se puede considerar que sería mejor un sistema de inspección estatal, a imagen y semejanza de los implantados en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Trabajo, con un cuerpo de Inspectores dotados de la autonomía, independencia y
autoridad necesaria para garantizar una adecuada seguridad aérea.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de seis meses un proyecto de Ley que contemple lo siguiente:
1. La regulación de un servicio de Inspectores del Estado de Aviación Civil que responda a los principios de autonomía, independencia y calidad técnica para garantizar unas inspecciones de las operaciones aéreas rigurosas y transparentes
entre cuyos méritos para la selección sea determinante la experiencia previa en el sector aeronáutico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, otorgó a los jóvenes el derecho a percibir las siguientes ayudas para el pago del alquiler de vivienda:
- 210 euros mensuales para el pago del alquiler de su vivienda habitual durante un máximo de cuatro años.
- 600 euros de préstamo que se puede utilizar para la fianza.
- Si se necesita aval, 120 euros para los gastos de su tramitación.
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta ayuda a los jóvenes, casi 300.000 jóvenes españoles la han percibido, lo que ha ocasionado no sólo un repunte en el mercado de alquiler como medio de acceso a una vivienda (y en el
caso de los jóvenes, una primera vivienda) y a una forma de emancipación del hogar paterno, sino notables beneficios fiscales a las arcas públicas al aflorar datos para las Administraciones de inmuebles cuyos propietarios no declaraban, no sólo a
efectos patrimoniales, sino por las rentas que percibían por arrendar los mismos.
Por otro lado, la RBE ha supuesto para los jóvenes que la percibían, una importante reducción en el esfuerzo de emancipación, es decir, en el porcentaje de sus ingresos que destinaban a tener un hogar propio, pues los perceptores de la RBE
tenían un esfuerzo de emancipación 19 puntos inferior de media al de los jóvenes emancipados sin RBE. En este sentido, cabe destacar que el esfuerzo para emanciparse de las jóvenes sin RBE, se situaba en el 45% y siempre 5 puntos por encima de los
jóvenes sin RBE, resultando que la RBE reducía el esfuerzo de emancipación en 20 puntos para ellas y 18 puntos para ellos.
En suma, la Renta Básica de Emancipación se ha configurado como una prestación social no sólo extendida entre la población joven de nuestro país, sino como un importante instrumento de dinamización de la economía joven y del mercado del
alquiler, y de equiparación económica entre los jóvenes y las jóvenes, al tiempo que un elemento de clarificación fiscal sobre las viviendas en alquiler y las rentas que generan, lo que, en la actual situación económica contribuye a una mayor
justicia fiscal en el gravamen sobre las rentas del patrimonio inmobiliario.
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado día 30 de diciembre de 2011, acordó la 'no renovación de la Renta de Emancipación, manteniendo la cobertura actual'. Ello implica que ningún joven podrá acceder a la misma si no la percibía
con anterioridad y que, en términos prácticos, la RBE vaya desapareciendo paulatinamente, con efectos negativos, no sólo para el mercado de alquiler de vivienda, sino, principalmente, para el acceso de los jóvenes a su emancipación y para la
actualización de datos fiscales relacionados con los rendimientos por el arrendamiento de viviendas.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que son más los beneficios obtenidos por el mantenimiento de la RBE (tanto para los jóvenes como para los ingresos fiscales), que el ahorro presupuestario que se pudiera derivar de su progresiva
reducción, sin contar con los perjuicios a los jóvenes perceptores del conjunto de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revocar su medida del pasado día 30 de diciembre de 2011 y mantener la Renta Básica de Emancipación en los parámetros que conocíamos hasta ese día.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-César Luena López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artícu-lo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley de Cualificación Profesional Inicial, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, un 19% de alumnas y un 32% de alumnos abandonan la enseñanza secundaria en España sin obtener titulación alguna, lo que además les impide continuar sus estudios (con la Ley
General de Educación, un estudiante que no hubiera obtenido el título de EGB sí podía acceder a la Formación Profesional). La media global de fracaso escolar se ha mantenido durante toda la última década por encima del 25%, llegando varios años a
superar el 30%. Aunque a menudo se ha pretendido achacar el fracaso escolar a la bonanza eco
nómica y no a los defectos del sistema educativo, los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo no parecen capaces de reducir significativamente el fracaso, ni mucho menos de llevarlo por debajo del 10%, que es el compromiso que
España adquirió con la Unión Europea para 2010.
Gran parte de los alumnos que fracasan muestran interés por asignaturas de contenido práctico, que la estructura académica de la ESO proporciona en mucha menor medida que los recientes Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
La Ley actual exige para cursar estos programas -que están encuadrados dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, y han sido estructurados en dos cursos-, haber cumplido al menos quince años, y haber repetido antes en la etapa. Entendemos que
es necesario establecer la edad de inicio de los Programas de Cualificación Profesional Inicial a los catorce años por dos razones: una, para que los alumnos que los cursan puedan alcanzar el título de graduado en Secundaria a los dieciséis años,
sin un año de retraso; dos, para que aquellos que no desean seguir estudiando, dispongan de al menos de dos años de formación específica antes de incorporarse al mercado laboral. Es, por otro lado, fundamental que no se exija haber repetido curso
para entrar en dichos programas, si se quiere dignificar la iniciación profesional.
Considerando que un sistema educativo que da a los jóvenes la mejor formación posible, ya sea de carácter más práctico o más académico, es además una herramienta excelente para lograr mayor cohesión social, progreso económico y calidad
democrática, desde Unión, Progreso y Democracia se considera conveniente que el Congreso inste al Gobierno a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en los programas de cualificación profesional inicial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar las reformas legislativas necesarias, tomando en consideración:
1. Que se permita cursar un programa de cualificación profesional inicial a los alumnos mayores de catorce años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, que así lo soliciten, y sin más restricción que el acuerdo
de padres o tutores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de 1U, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para
las víctimas del amianto, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
España fue en el siglo XX la principal productora europea de productos con amianto, destacadas fábricas como Uralita SA, en Cerdanyola del Vallés, Rocalla SA, en Castelldefels, Honeywell, en el Prat del Llobregat, o Alstom SA, en Barcelona,
expusieron a sus trabajadores/as al polvo del amianto provocando enfermedades respiratorias graves como la asbestosis o el cáncer de pulmón.
Según estimaciones realizadas por AVIDA (Asociación de Víctimas del Amianto), hasta el 2010 se producirán unas 1.500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960-1975. Del 2010 al 2025 esta tasa aumentará hasta 2.300 muertes
por año entre la población expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer situándose en 700 muertes por año entre población expuesta a partir de los 90, sobre todo en los procesos de demolición y reparación de estructuras y edificios.
Añadiendo a estas estimaciones las de otros estudios epidemiológicos, podemos afirmar que en los próximos 30 años se producirán en España unas 50.000 muertes por cáncer de pleura y pulmón directamente relacionados con la exposición al
amianto.
Desde el año 2002 está prohibido en España la utilización, producción y comercialización del amianto, pero el problema continúa, pues las personas afectadas siguen sin reconocimiento y sin compensación económica, teniéndose que enfrentar a
largos procesos judiciales para determinar como profesionales sus patologías y ser indemnizados por las empresas que durante décadas no cumplieron con la normativa de prevención de riegos.
Mientras en otros países europeos como Francia o Bélgica se han creado fondos para indemnizar económicamente a las víctimas de esta peligrosa sustancia, en el Estado Español los/las trabajadores/as se ven obligados a largos procesos
judiciales para obtener cuantías muy inferiores.
El Fondo de indemnización Francés fue aprobado por el Gobierno en el año 2001, tiene una financiación básica de 410 millones de euros y se nutre a partir de las aportaciones del Gobierno Francés, la Seguridad Social y las sanciones impuestas
por la justicia a las empresas infractoras en materia de prevención de riesgos
referentes a la exposición a esta sustancia. Las cuantías que reciben los afectados por exposición al amianto y sus familiares directos oscilan entre 146.000 euros y 22.000 euros.
El Fondo de Indemnización Belga creado en el año 2006 determina unas prestaciones periódicas para todos los afectados/as por importe de 750 euros mensuales para todas la personas que sufren asbestosis. Otros países como Holanda se
comprometen a indemnizar a todas las personas que hayan trabajado en empresas que hoy día ya no existen.
La historia de la exposición laboral al amianto en el Estado Español es la historia de una verdadera catástrofe humana. Miles de trabajadores han visto afectada su salud por una sustancia que ya constaba como causante de asbestosis en el
Cuadro de Enfermedades Profesionales de 1974.
Por todo ello, y al margen de otras iniciativas que puedan realizarse como la jubilación anticipada, se presenta la siguientes
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2012, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Constitución Española (art. 35) y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (art. 27) establecen que corresponde al Gobierno determinar anualmente el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta una serie de
factores.
Hasta junio de 2004, el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) estaba revestido de características especiales, que le concedían un doble efecto: el directo o estrictamente laboral de servir de sueldo o garantía salarial mínima de los
trabajadores, que en ningún caso pueden percibir un salario por debajo de la cuantía del SMI que actúa, pues, como una garantía mínima de retribución suficiente, y el indirecto sobre muy diversas normas legales que permitían el acceso a beneficios o
aplicación de medidas, tanto en el ámbito educativo (becas), como procesal (justicia gratuita), vivienda (acceso a viviendas de protección oficial) y parámetro de referencia para la cuantificación de determinadas prestaciones sociales.
El Real-Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, procedió a racionalizar el SMI, manteniendo el mismo como garantía salarial mínima y vinculando este a las bases mínimas de cotización de la Seguridad Social, los requisitos de acceso y
mantenimiento de pensiones de viudedad, orfandad, prestaciones a favor de familiares, prestaciones familiares y por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos, así como importe de prestación económica por parto o adopción múltiple y, por
último, manteniendo la vinculación para los requisitos para el acceso y mantenimiento de las prestaciones que integran el sistema de protección por desempleo.
De ese modo, se pudo acometer una subida continuada del SMI que había perdido poder adquisitivo durante los años 1996/2004 del orden del 6,6%. El mencionado Real Decreto-ley procedió a actualizar, de golpe, el SMI en ese 6,6%,
desarrollándose después una estrategia continuada de subidas por encima de la inflación real que situarían el salario mínimo en 600 euros en el año 2008.
Quienes se oponen a la existencia de un salario mínimo suelen argumentar que supone un freno o una desincentivación del emprendimiento, de la inversión, en definitiva, del crecimiento económico; que, a consecuencia de él, los llamados
costes laborales unitarios se incrementan, haciendo menos competitiva a la economía que aplica tales suelos salariales y que, por tanto, conduce a una menor creación del empleo o a una destrucción del mismo. Para comprobar la falsedad de semejantes
argumentos basta con comparar lo ocurrido en España entre 2004 y 2008. Fue este el período de mayor incremento del salario mínimo nunca conocido en España y, simultáneamente, el de mayor creación de empleo, con 2.801.900 nuevos puestos de trabajo
creados entre el segundo trimestre de 2004 y 2008.
Ahora las cosas son distintas y, aunque uno de los criterios de valoración a utilizar por el Gobierno a la hora de fijar el mismo es la coyuntura económica general, y esta es muy difícil, no debe recaer sobre los más humildes un esfuerzo
especial o superior en los costes del ajuste.
El actual Gobierno ha decidido congelar el Salario Mínimo Interprofesional para 2012, decisión discutible, social y económicamente. Más aún cuando hemos conocido el acuerdo entre los interlocutores sociales para la negociación colectiva
ente los años 2012-2014 en el cual, y pese a la aceptación de una extraordinaria
moderación salarial, tanto las empresas como los representantes de los trabajadores acuerdan aplicar incrementos salariales durante todos esos años. En el caso del año 2012, con una muy modesta subida del 0,5% que, en todo caso, determina
que los trabajadores acogidos a convenios colectivos dispondrán de incremento salarial, revisable al alza si se dan determinadas circunstancias, lo que no ocurrirá para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional. De ahí que la decisión del
Gobierno no se corresponda con elementales criterios de justicia social. Pero tampoco de orden económico porque conviene garantizar que los salarios, incluidos los mínimos, se encuentran por encima de los mínimos garantizados de protección social
para incentivar la búsqueda de empleo.
A todo ello se debe añadir el perjuicio a sufrir por nuestro sistema de seguridad social, dado que las bases mínimas de cotización se encuentran vinculadas al SMI y ello perjudicará los ingresos del sistema en un efecto en cascada ascendente
que será lesivo para los intereses generales.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Incrementar para el año 2012 el Salario Mínimo lnterprofesional en la cuantía del 1%.
2. A aplicar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, realizando una revisión semestral del mismo en el caso de que no se cumplan las previsiones del índice de precios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre un
Plan de Empleo para Jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La crisis económica global ha puesto de manifiesto la fragilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo. Muchos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados a
la burbuja de la construcción. Además, la crisis económica ha cerrado las puertas del empleo a una proporción elevada de jóvenes que ve frenado su acceso a un primer empleo. Esta situación origina la falta de esperanza de los más jóvenes de vivir
en una sociedad justa, de acceder a una vivienda digna y a un empleo que les permita realizarse como ciudadanos.
Hoy más de 1,6 millones de jóvenes menores de 30 años están en situación de desempleo y su tasa de paro supera el 36%, más de trece puntos por encima de la tasa de paro media del país. Desde el inicio de la crisis a finales de 2007 han
perdido su empleo en torno a 2 millones de jóvenes menores de 30 años, una cifra que representa más del 71% del total de empleo destruido, es decir, 7 de cada 10 empleos perdidos en los últimos cuatro años corresponden a trabajadores jóvenes.
En la Unión Europea, España es después de Grecia el país con mayor tasa de paro juvenil, ambos países con tasas situadas en torno al 35%. A una distancia apreciable se sitúa Irlanda, con niveles de paro cercanos al 25%. Los menores niveles
corresponden a Países Bajos, Austria y Alemania, con tasas inferiores al 8%. España lidera el ranking cuando consideramos el volumen de desempleo juvenil, aportando cerca del 20% del total de desempleados de menos de 30 años de la UE-27.
Para evitar el riesgo de que una generación entera se quede descolgada, en la pasada legislatura se pusieron en marchas diversas medidas, entre ellas el nuevo contrato de Formación y Aprendizaje, que combina trabajo remunerado en una empresa
con formación para adquirir una cualificación profesional reconocida. Este tipo de contrato tiene protección social plena, como por ejemplo, la protección por desempleo, algo que no incluía el anterior modelo. Además, se aprobaron bonificaciones
de 800 euros durante tres años (1.000 en el caso de las mujeres) para las empresas que contraten de forma indefinida a desempleados menores de 30 años.
De igual manera, el contrato en prácticas se limitó a un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, y elevamos a 12 días (hasta entonces era de ocho días) la indemnización por despido de los contratos temporales.
Con la reforma de la Formación Profesional llevada a cabo en la pasada legislatura se amplió y flexibilizó su oferta para evitar, entre otros objetivos, que ningún alumno abandone el sistema educativo hasta que alcance la formación y
cualificación necesaria para su desarrollo personal y profesional.
A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el agravamiento de
la crisis económica en agosto del pasado año ha provocado un empeoramiento del mercado laboral español y especialmente entre el colectivo de los jóvenes. De ahí la urgencia de poner en marcha nuevas medidas para reducir el elevado desempleo
juvenil y apoyar la creación de empleo de calidad en la salida de la crisis.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Formalizar un compromiso social compartido con un colectivo especialmente vulnerable: los trabajadores jóvenes, con quienes debemos asumir la obligación de dotarles de más formación, y a quienes hay que dedicar todos los esfuerzos para
que puedan tener más y mejores oportunidades en el mercado laboral.
2. Adoptar, y evaluar, un conjunto de medidas que ayudarían a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, entre las cuales estarían las siguientes:
a) Flexibilizar el sistema educativo para impedir que los jóvenes lo abandonen sin la cualificación y formación necesarias para su desarrollo personal y profesional.
b) Ofrecer segundas oportunidades a los menores de 20 años que abandonaron el sistema educativo a través de programas de cualificación profesional inicial.
c) Ofrecer programas de primera experiencia profesional para aquellos que sí disponen de una cualificación suficiente para acceder con éxito al mercado de trabajo.
d) Introducir instrumentos para la prevención del abandono escolar.
3. Aprobar un Plan de Empleo para Jóvenes, con participación de todos los actores implicados, en el que se recoja un paquete coherente e integrado de medidas para promover el empleo de todo el colectivo de jóvenes. Este Plan deberá tener
en cuenta las diversas realidades que presenta este colectivo, donde encontramos por un lado a personas jóvenes con titulación universitaria que no pueden acceder a un primer empleo, por otro a jóvenes con títulos de enseñanza secundaria o formación
profesional que renunciaron a otras alternativas en los momentos de bonanza económica y que ahora ven frustradas sus expectativas laborales, y finalmente a un tercer grupo de jóvenes que no disponen de cualificación profesional debido a que
abandonaron los estudios atraídos por puestos de trabajo bien remunerados, principalmente en el sector de la construcción, en los que no se requerían estudios pero que tampoco les aportaron ninguna cualificación adicional para ampliar su formación y
posibilidades de trabajar en otros sectores. Todos estos grupos de jóvenes reclaman una atención a la que el Gobierno debe dar respuestas adecuadas con políticas bien orientadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, con
propuestas para que el Gobierno mejore las Políticas Activas de Empleo para que se conviertan en un instrumento que contribuya de manera efectiva a la creación de empleo en España, para su debate en la Comisión de Seguridad Social.
Exposición de motivos
Las políticas de empleo en España adolecen de un importante desequilibrio estructural entre los recursos destinados a las políticas activas y aquellos dirigidos a las políticas pasivas, desequilibrio a favor de estas últimas y que en los
últimos años se ha acentuado debido a la crisis económica y su consecuente aumento del desempleo.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2011 se destinaron 7.358 millones de euros a políticas activas, lo que supuso un 0,69% del PIB (porcentaje que asciende a 2,82% en el caso de las políticas pasivas). Los tres bloques fundamentales
en los que se dividen las políticas activas son: formación para el empleo, incentivos al empleo y creación de empleo. Una de las deficiencias de nuestro sistema es la formación para el empleo dirigida a desempleados, pues ahora solo se destina a
este colectivo un 34% del total de recursos, los cuales ascienden a 2.678 millones de euros.
Nuestras políticas laborales deben seguir corrigiendo estos desequilibrios y por ello, el gobierno socialista impulsó una primera reforma. Las políticas activas deben orientarse a la reactivación del empleo a través de: por un lado, la
vinculación de las políticas pasivas con las activas; y por otro lado, aumentando la dotación de las políticas activas dirigidas a los desempleados. La prestación por desempleo supone una garantía de ingresos que no puede implicar en ningún caso
un desincentivo a la búsqueda activa de empleo o a la participación en programas específicos. Por ello, los Servicios Públicos de Empleo tienen un papel crucial en la gestión y dinamización de los desempleados.
Las políticas activas deben considerarse un instrumento al servicio de los demandantes de empleo para mejorar los mecanismos de búsqueda de empleo, para mejorar la cualificación personal y en definitiva, para que la reincorporación al
mercado de trabajo se produzca en la mayor brevedad posible. Asimismo, las políticas activas serán una herramienta fundamental para dotar al nuevo modelo productivo de aquellos recursos humanos necesarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar un nuevo paquete de medidas en materia de políticas activas de empleo que permita acompasar las políticas para la dinamización de la economía, con políticas para la activación de los desempleados. Por ello proponemos:
- Mejorar la relación actual entre las políticas activas y pasivas, dando paso a un modelo más coherente e integrado, con un mayor grado de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.
- Aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo, mejorar su eficacia, y adoptar nuevos instrumentos que hoy no existen. Hay que seguir potenciando el Servicio Público de Empleo estatal, así como su efectiva coordinación con los
Servicios de empleo autonómicos, además de impulsar las mejores prácticas de colaboración público-privadas en la intermediación en el mercado de trabajo.
- Ampliar la oferta de formación, mejorar su calidad y aumentar su especialización, con el objetivo prioritario de reorientar a los desempleados provenientes de los sectores y actividades que han sufrido un mayor ajuste hacia sectores
emergentes. Asimismo, se deben crear mecanismos de coordinación entre el sector privado y los servicios públicos para que las acciones formativas respondan mejor a las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas.
- Fomentar la contratación a tiempo parcial, mediante una nueva regulación de este tipo de contrato, y promover la existencia de contratos de sustitución a través de los cuales se incorporen desempleados que suplan a los trabajadores en
activo durante los períodos en los que éstos estuvieran recibiendo formación.
- Buscar nuevas fórmulas de utilización de la prestación por la persona desempleada para mejorar o fomentar su empleabilidad, bajo la tutela y autorización de los servicios públicos de empleo, y en el marco de un itinerario de inserción
laboral. Junto a ello, se deben establecer nuevas formas de estímulo al empleo para los perceptores de prestaciones por desempleo sin que se alteren en forma alguna sus derechos, y mantener condiciones adecuadas de estímulo al empleo para los demás
desempleados.
- Reforzar los recursos y los mecanismos de actuación disponibles en materia de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que garantizaría la suficiencia de recursos que se precisen para las mismas. Este Fondo se
podría constituir con nuevos ingresos de naturaleza tributaria obtenidos a partir del impuesto sobre la banca y sobre las grandes fortunas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
pacto nacional para la racionalización de los horarios, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El buen uso del tiempo tiene implicaciones importantes tanto para el bienestar colectivo como para el bienestar individual. Un mal uso del tiempo supone, con carácter general, una inversión o distribución inadecuada del tiempo para lograr
un objetivo determinado.
Las administraciones públicas deben garantizar a los ciudadanos, a través del diseño de nuevas medidas y políticas que, más allá de la responsabilidad individual y privada, no habrá mayores barreras para la realización de aquellos objetivos
individuales que contribuyan a un mayor bienestar individual y por tanto colectivo. Los ciudadanos deben tener la garantía de que sus decisiones en la asignación del tiempo dedicado al trabajo y/o a las relaciones personales y familiares, así como
el cumplimiento de otras obligaciones, serán posibles sin que ello suponga satisfacer uno en detrimento de otros.
Creemos que el Gobierno no puede dejar de lado su responsabilidad para garantizar el mejor uso del tiempo en los siguientes ámbitos: en primer lugar, en términos de política laboral, cabe por un lado, garantizar el acceso al mercado laboral
tanto de hombres como de mujeres, y por otro lado, potenciar un mejor uso de las horas dedicadas al trabajo en beneficio de la productividad; en segundo lugar, el acceso a recursos asistenciales de tipo educativo o sanitario, para cubrir las
necesidades de aquella población inactiva que lo requiere (niños, mayores, etc.); y en tercer lugar, seguir avanzando en las políticas y cultura a favor de la igualdad.
Un Pacto Nacional para un Mejor Uso del Tiempo requiere un pacto político y un pacto con los principales agentes sociales, pues no se tratará de una norma nacional sino de un entramado de decisiones con un único objetivo: usar mejor el
tiempo.
Entendemos que éste debe ser un proceso dinámico y abierto en el que las iniciativas públicas ya existentes (Ley 39/1999, Plan Concilia o Ley 3/2007) vayan siendo complementadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Pacto Nacional para el Mejor Uso del Tiempo a través de estas medidas:
1. Priorizar en la contratación pública a empresas que han hecho esfuerzos en la racionalización de horarios.
2. Estudiar la viabilidad de una subida en el precio de la luz a partir de las 18:00 horas a empresas cuya actividad les permita introducir la jornada continua y no lo hagan.
3. Premiar temporalmente con bonificaciones fiscales a las empresas que cambian la jornada.
4. Crear un fondo de apoyo para iniciativas empresariales para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal de sus empleados.
5. Flexibilizar la hora de entrada y salida del trabajo y limitar la pausa del almuerzo a una hora.
6. Garantizar el acceso universal a servicios de cuidado de calidad para niños, mayores y personas dependientes.
7. Ampliar los horarios de los servicios públicos de educación y modificar el calendario escolar para tener en cuenta las jornadas laborales de los padres.
8. Hacer un mayor esfuerzo para adaptar los horarios de los servicios de las Administraciones Públicas y de los bancos a la realidad de los horarios de la mayoría de los empleados.
9. Aprovechar más el potencial de las TIC, fomentando el teletrabajo, las teleconferencias y una gestión más inteligente del transporte.
10. Impulsar las reformas necesarias para que sea posible el reconocimiento de días de permiso para uno de los progenitores destinados al cuidado urgente y transitorio de menores de doce años y otros familiares en situación de dependencia a
cargo del trabajador, por causas justificadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de ley para establecer un precio social en el suministro de electricidad, para
su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El mercado eléctrico es una clara pugna entre los beneficios de las empresas productoras y el reparto de costes entre las entidades consumidoras. Se obvia en este debate que la electricidad y el gas, además de ser considerados como servicio
básico para la ciudadanía, deben tener un precio acorde con el valor de los recursos naturales que utilizan para su generación y con el valor del impacto ambiental que provoca con emisiones, vertidos y residuos.
En el lado del consumo también hay conflicto de intereses ya que no todos los usuarios pagan al mismo precio la electricidad. De un lado están las empresas industriales de gran consumo, que en general reciben la electricidad en alta
tensión, y de otro lado está el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector público prestador de servicios, sector servicios y hogares) que la reciben en baja tensión.
Producto de la liberalización, el 1 de julio de 2009 desaparecieron las tarifas integrales -precios fijados por el Gobierno- y fueron sustituidas por precios determinados por mecanismos de oferta-demanda entre productores de electricidad y
consumidores.
Permaneció como excepción la llamada Tarifa de Último Recurso, TUR, a la que pueden acogerse si lo desean los hogares y empresas con menos de 10 kW de potencia contratada. Es decir, la práctica totalidad de los hogares, de las pymes, de los
autónomos, de buena parte del sector servicios y de los ayuntamientos que representan más del 90% de los contratos eléctricos, pero sólo un 40% de la electricidad consumida.
En las negociaciones con el sector eléctrico previas a la promulgación del Decreto-Ley 6/2009, se cometió el error de no forzar más al sector eléctrico a recortar sus pretensiones y les reconoció un déficit excesivo, y como consecuencia, hoy
se quiere resolver el problema adoptando medidas gravosas para la ciudadanía.
El Gobierno ha decidido no subir el recibo de la luz, al menos hasta marzo, tras las subidas de enero de 2011 (9,8%) y julio del mismo año (1,5%). Pero el sistema, pese a los cuantiosos beneficios de las compañías eléctricas, arrastra un
déficit de más de 22.000 millones de euros cuya solución ha de producirse antes de 2013.
La energía es un derecho de ciudadanía. Sólo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad en las tarifas.
Es preciso modificar el modelo eléctrico de manera que permita incluir en el sistema tarifario un mecanismo por tramos que prime el ahorro y penalice el consumo despilfarrador e ineficiente, garantizando que las TUR no sean objeto de
mercado; así como modificar a su vez el funcionamiento del mercado eléctrico excluyendo las instalaciones de producción hidroeléctricas y nucleares del pool, para que pasen a regirse por un mecanismo que considere los costes en que realmente
incurren con el objeto de que estas instalaciones no obtengan 'beneficios caídos del cielo'.
Debemos, en suma, definir un nuevo modelo energético que se apoye en el ahorro y la eficiencia, defina el mix energético que potencie las energías renovables y establezca un calendario de cierre para las nucleares.
Pero también es urgente establecer medidas para evitar que las familias en situaciones económicas complicadas sufran subidas abusivas en los precios de los suministros básicos energéticos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un precio social o bonificado en el suministro de electricidad de los abastecimientos energéticos básicos para los hogares con un poder adquisitivo reducido, y en particular, para
las familias en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
plan de fomento del vehículo eléctrico en las ciudades españolas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación del aire en nuestras ciudades, siguen siendo los dos problemas más graves causados por el transporte en vehículo privado. El transporte por carretera ha sido responsable
de un 23,8% del total de las emisiones de GEI en 2010. En muchas de las ciudades españolas se superaron en 2011 los límites de contaminación definidos por la Unión Europea. Además, el transporte en automóvil privado es responsable en gran parte de
nuestra alta dependencia energética del exterior, lo que tiene un peso importante en nuestra balanza comercial. El 48,5% de nuestro consumo de energía primaria se cubrió en 2010 con importaciones de petróleo.
Una de las respuestas más sostenibles a estos retos es la apuesta por el vehículo eléctrico. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), en la administración socialista, ha demostrado su apoyo a esta tecnología verde y de
futuro. Se puso en marcha la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, se inició en 2009 el Plan MOVELE (proyecto piloto en Madrid, Barcelona y Sevilla) y se elaboró el Plan de Acción 2010-2012, con 15 medidas
concretas que en su conjunto movilizan 590 millones de euros, dirigidas al estímulo de la demanda y a otros temas transversales. Una de las medidas que más destaca, dirigida al fomento de la demanda, es la ayuda de un 20% del coste de adquisición
de estos vehículos con un máximo de 6.000 euros por vehículo para usuarios particulares.
Sin embargo hasta ahora sigue habiendo dos problemas que dificultan que los ciudadanos puedan apreciar las ventajas del vehículo, de un lado su elevado coste de adquisición y de otro la autonomía limitada de estos vehículos.
El día 23 de enero de 2012, se ha presentado un nuevo proyecto español, innovador y muy prometedor en su respuesta a estos retos, Su nombre es Hiriko y se trata del primer vehículo eléctrico español, producido por un consorcio de empresas en
Vitoria-Gasteiz, cofinanciado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Cada unidad tiene un coste aproximado de 12.500 euros, velocidad máxima de 90 km/hora y autonomía de 120 kilómetros, ideal, también por su tamaño, para
desplazamientos en el entorno urbano. La idea es ofrecer, entre administraciones públicas y privadas, flotas de coches en alquiler en una estrategia similar a la utilizada por diversas ciudades europeas con bicicletas, aprovechando en su gestión
las posibilidades de las nuevas tecnologías. Aparte de los beneficios medioambientales de reducción de emisiones, mejor uso del espacio, menor dependencia energética del exterior, esta iniciativa es una apuesta por una industria innovadora que crea
empleo cualificado, porque cada ciudad podría construir su propia planta de montaje.
Existen ya una serie de ciudades europeas y estadounidenses que han declarado su voluntad de aplicar este sistema, como por ejemplo Barcelona, Malmö, Berlín, Londres, Boston y San Francisco.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, mediante diálogo y cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, un programa de fomento de la instalación de redes de alquiler de vehículos 'Hiriko' en las ciudades
españolas, así como para uso de particulares, que incluya las siguientes medidas:
1. Un seguimiento e implantación de las medidas previstas en el Plan de Acción 2010-2012.
2. Revisión de la estrategia integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014 para incorporar los criterios necesarios para el impulso de la iniciativa 'Hiriko' y que queden reflejados en el Plan de Acción 2012-2014.
3. Que se refuercen y adapten los incentivos para estimular la demanda potencial.
4. Exención a las entidades que ofrezcan el servicio, sean administraciones públicas o empresas, así como a particulares, del impuesto de matriculación, circulación, y cuantos otros tributos puedan recaer sobre la compra o alquiler de
vehículos.
5. Aplicación del programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos a quienes adquieran el 'Hiriko'.
6. Bonificación de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a empresas que utilicen los 'citycars' como los de la iniciativa 'Hiriko'.
7. Exención del impuesto de sobre Bienes Inmuebles a los propietarios que conviertan sus plazas de aparcamiento en puntos de recarga.
8. Que se conceda un tratamiento preferente a los vehículos 'Hiriko' que circulen en las ciudades, como por ejemplo el acceso libre a carriles especiales (de bus y taxi, etc.) y zonas restringidas y se conceda aparcamiento gratuito en zona
azul, así como el fomento de convenios entre los diferentes municipios de una región urbana para que los usuarios puedan coger los vehículos en un municipio y devolverlo en otro.
9. Regulación de una tarifa eléctrica especial para servicios de transporte verdes que fomenten la sustitución de combustibles fósiles por electricidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2012.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre infraestructuras mineras, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El proceso de reconversión llevado a cabo en la actividad extractiva de la minería del carbón, ha requerido de un tratamiento singular debido al carácter estratégico del carbón y el impacto económico, social y ambiental concentrado en las
comarcas mineras afectadas.
Esta circunstancia ha requerido que las Instituciones con responsabilidad en estas zonas mineras y la acción responsable de los sindicatos mineros, hayan alcanzado varios acuerdos con distintos Gobiernos, mediante una sucesión de Planes
orientados a la reducción de la actividad, vinculada a la pervivencia del sector junto la puesta en marcha de un proceso de estímulo a la creación de nuevas actividades productivas dirigidas a la diversificación de la actividad económica en unas
comarcas dependientes de la actividad minera de forma casi exclusiva.
Para lograr este objetivo se acordaron varios Planes de reactivación económica en las zonas mineras, mediante acciones destinadas al mantenimiento del sector por su carácter estratégico, el fomento de la actividad económica, la implantación
de infraestructuras necesarias para lograrlo y para la mejora de la calidad del hábitat, la formación profesional y la recuperación medioambiental. Los distintos acuerdos han sido siempre respetados por los sucesivos gobiernos en su contenido y
plazos de ejecución.
El vigente Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras ha sido firmado por el Gobierno de España y los sindicatos mineros por el período 2006-2012, de cuya
consecución depende en gran medida el futuro de estas comarcas mineras.
Ante los recortes decididos por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 que afecta a anualidades correspondientes al Plan de la Minería del Carbón y de Reactivación de las Comarcas Mineras, lo que
supone el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las Organizaciones Sindicales.
Por todo ello presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir la responsabilidad que le corresponde en la reactivación de las comarcas mineras, cuya situación de base se ve agravada por la aguda crisis económica
actual, ejerciendo sus competencias y asumiendo sus responsabilidades como Gobierno.
2. En el ejercicio de las responsabilidades adquiridas a través del Acuerdo firmado con los sindicatos de la Minería del Carbón: El Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las
Comarcas Mineras 2006-2012, dar cumplimiento a su contenido íntegro.
3. En consecuencia, disponer las anualidades correspondientes a los planes acordados y puestos en marcha en distintas fases, retirando los recortes correspondientes a las infraestructuras incluidas en el citado Plan, ya que su conclusión ha
sido considerada necesaria para lograr la pretendida reactivación económica y la recuperación del hábitat de los territorios afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre impulso a la Sociedad de la Información, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Las soluciones que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) proporcionan son una de las claves del crecimiento económico y de la creación de empleo, por su destacada contribución a una economía sostenible orientada al
bienestar de la ciudadanía, a la eliminación de desigualdades y al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, mediante la mejora de la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana.
Las TIC tienen una gran influencia en el crecimiento económico y en la generación de empleo de calidad por su contribución al aumento de la competitividad, de tal forma que la creciente relación entre economía y TIC ha dado lugar al concepto
de 'Economía Digital'. Algunos de los factores clave que han de tenerse en cuenta en esta nueva economía son Internet, el comercio electrónico, los contenidos y servicios digitales o los nuevos modelos de relación a través de la Red.
El Plan AVANZA, puesto en marcha por el Gobierno del PSOE, ha marcado un antes y un después en las políticas para la Sociedad de la Información. El Plan AVANZA ha contado con un respaldo presupuestario de más de 9.000 millones de euros
entre 2005 y 2008. AVANZA ha logrado que el sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se convierta, corno sector estratégico, en motor e impulso del desarrollo de otros sectores. La Sociedad de la Información, como
elemento necesario en cualquier actividad económica o industrial, tiene un efecto horizontal sobre el conjunto de la economía y constituye un elemento esencial para vertebrar la recuperación económica.
El sector TIC está adquiriendo en España un volumen de negocio y una presencia de uso y desarrollo de productos y servicios tan importante que permiten situarlo ya como uno de nuestros grandes sectores productivos. Por otra parte, el
crecimiento de su reputación internacional hace que, por ejemplo, España haya pasado, en los últimos 12 meses, del puesto 22 al puesto 8 en el ranking de empleo generado gracias a la inversión extranjera en el sector TIC. Además, con el objetivo de
afianzar los hitos alcanzados en el ámbito de AVANZA, en el contexto presupuestario del año 2009 se definió el Plan AVANZA2 que, tras la evaluación de los resultados alcanzados hasta ahora, refuerza determinadas líneas estratégicas.
El desarrollo de la Sociedad de la Información, además de constituirse como sector de actividad decisivo en el nuevo modelo productivo que España debe seguir impulsando, servirá de herramienta clave al servicio de la ciencia y la innovación.
Dos actividades que entendemos deben mejorar y explotar sus sinergias al servicio de un crecimiento económico sostenible e integrador.
Considerando todo lo expuesto anteriormente, y para lograr que la Sociedad de la Información continúe su avance en nuestro país, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una nueva Agenda Digital que mantenga la inversión actual en la Sociedad de la Información y dé continuidad a los desarrollos llevados a cabo a través de los Planes Avanza y
Avanza2, que debería comprender un conjunto de acciones como son: el desarrollo de las infraestructuras de comunicación; el fomento de la oferta de servicios y contenidos; la promoción de la seguridad de la información y la privacidad de los
datos en Internet y las redes telemáticas; el establecimiento de estándares que permitan la interoperabilidad de dispositivos y servicios; la mejora de la capacitación del conjunto de la ciudadanía, y los trabajadores en particular, en el uso de
las TIC y estimular la inversión y el emprendimiento en el sector y en el conjunto de la economía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición No de Ley relativa al régimen de concesiones y
autorizaciones de ocupación del dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa en el litoral, para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El artículo 32 de la vigente Ley de Costas de 28 de julio de 1988, dispone que: 'Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza no puedan
tener otra ubicación'.
Por su parte, el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su artículo 65, contempla el régimen general de las
concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de las playas. En dicho precepto se establece el tamaño y la distancia que debe haber entre dichas
concesiones, así como los sistemas de saneamiento y conducciones que deben tener las instalaciones.
La lectura de la normativa expuesta pone de manifiesto la voluntad del legislador de autorizar, con vocación de estabilidad y profuturo, la existencia de este tipo de establecimientos en el dominio público marítimo-terrestre, señalando
además que están al servicio de las playas. En ningún momento la Ley somete este régimen concesional a ninguna suerte de derecho transitorio.
Por otra parte, la exposición de motivos de la Ley de Costas, proclama, entre otros aspectos, la necesidad de defender el patrimonio natural costero con una política que, '... con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa
de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente
justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración'.
Nuestro Grupo Parlamentario comparte sin lugar a dudas estas aspiraciones, si bien considera que entre la destrucción del patrimonio natural por la sobreexplotación que elimina su valor y la privación absoluta de su uso y disfrute, existe
una posición central que es la que compartimos. Desde esta interpretación es corno entendemos que la permanencia en la playa de los establecimientos que prestan el servicio de bar y restaurante, conocidos popularmente como chiringuitos, está en el
espíritu y en la letra de nuestra legislación de costas.
Se estima que el 80% de los casi 60 millones de turistas que nos visitan al año eligen la costa para sus vacaciones. Estas visitas se concentran especialmente en la época estival, aunque cada vez es mayor la afluencia de usuarios durante
todo el año, ya que algunas localizaciones cuentan con una temperatura media agradable y se ha realizado un gran esfuerzo en el sector por aumentar y acreditar la calidad de los servicios turísticos. Esto sin duda contribuye a la tan necesaria
desestacionalización turística, creando así puestos de trabajo fijo y alejando su temporalidad.
La existencia de alrededor de 1.800 locales con terrazas, muy característicos de las costas españolas, supone un elemento de gran importancia en la actividad turística. Por poner algún ejemplo, en Andalucía existen más de 830 de estos
establecimientos, regentados en su mayoría por familias que suelen contratar entre 6 y más de 20 empleados, según sus necesidades, y generan un empleo directo superior a los quince mil puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma. Los locales
con terrazas en las playas valencianas de Pinedo, El Saler y Malvarrosa, son negocios familiares abiertos todo el año, dando empleo a más de 3.000 personas, entre puestos directos e indirectos, y realizando más de 40.000 servicios cada fin de
semana. En resumen, los populares chiringuitos son un factor económico decisivo y una seña de identidad indiscutible en nuestras playas.
No obstante, las exigencias previstas en la Ley pueden aparentar ser incluso antagónicas con la necesidades actuales, veinticinco años después de la aprobación de la norma, y así los criterios de temporalidad entran en plena contradicción
con la necesaria desestacionalización de la actividad turística para garantizar el desarrollo económico del sector y cubrir las demandas actuales, ofreciendo un servicio de calidad a los millones de turistas que nos visitan durante todo el año.
Por otra parte no existe una problemática única y homogénea para los diferentes locales, pero la preocupación sobre la renovación de las concesiones y autorizaciones, algunas de ellas anuales, requieren de una solución definitiva para acabar
con la incertidumbre que pesa sobre estos establecimientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Arbitrar las medidas oportunas para mantener, de forma sostenible y teniendo en cuenta los intereses
de todos los ciudadanos, las terrazas de los restaurantes de las playas.
2. Prestar todo el apoyo necesario a la Federación de Hostelería, Confederación de Empresarios y demás asociaciones afectadas, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en la búsqueda de soluciones ante el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en orden a ofrecer garantías y seguridad jurídica al sector, de un modo compatible con la protección del patrimonio litoral español.
3. Poner en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos afectados, planes de homogeneización de todos los 'chiringuitos' existentes en cada término municipal en el plazo que se prevea, para favorecer su
adaptación a los requerimientos de protección ambiental y uso público del litoral español y ofreciendo un servicio público de máxima calidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentado de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En la primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Sr. Miguel Arias Cañete, ha anunciado la voluntad del Gobierno de poner en marcha la revisión del Plan Hidrológico
Nacional, con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente calidad y cantidad, teniendo en cuenta para ello 'todas las tecnologías e infraestructuras existentes' y proponiendo también la creación de nuevas para 'incrementar los
caudales en zonas con déficit hídrico'.
El Ministro se manifestó claramente por nuevos trasvases entre cuencas con invocaciones -no fundamentadas técnicamente- a la existencia de cuencas excedentarias. Según el Ministro, el pacto 'será de larga duración y tendrá carácter
estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional' y deberá de hacerse con el consenso de todas las comunidades autónomas.
Estas manifestaciones suponen una manifiesta amenaza de reabrir el proyecto de trasvase del Ebro, ni que sea de forma encubierta. En este sentido, cabe recordar que la Generalitat de Catalunya y su Parlamento, ya renunciaron en el año 2004
de forma expresa a cualquier política de trasvases entre cuencas así como contra cualquier intento de afectar a la cuenca del Ebro con trasvases.
Catalunya ya ha aprobado su plan de Gestión de cuencas internas, en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, todavía está por aprobar el plan de gestión de cuenca del río Ebro que debe contemplar la fijación de sus caudales ecológicos de
mantenimiento y el reconocimiento de que se trata de una cuenca sobrexplotada y, en especial, no se ha aprobado la propuesta de caudales ecológicos de mantenimiento en la zona del Delta hecha por la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del
Ebro, prevista de forma específica en el vigente Plan Hidrológico Nacional.
Catalunya tiene garantizado el suministro de agua para toda clase de usos en un largo horizonte, gracias a las inversiones en la implantación y mejora de recuperación de acuíferos, redes de captación y distribución de aguas, potabilización,
desalinización y reutilización de aguas así como a la política de ahorro y eficiencia en el suministro y consumo de agua para usos domésticos e industriales, que se han realizado en los últimos años.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados proclama su firme oposición a cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional que pretenda imponer trasvases de agua desde el río Ebro y los demás ríos de las cuencas internas de Catalunya o desde
otras cuencas externas, ya sea hacia el interior o el exterior del territorio de Catalunya, por innecesarias, contrarias a la Directiva Marco del Agua de la Unión europea y por la situación vulnerable de los caudales actuales, en especial el del río
Ebro y su cuenca y los ríos de las cuencas internas de Catalunya.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar con urgencia el Plan de gestión de la Cuenca del Ebro y, dentro de éste, a incorporar la definición de los caudales ecológicos a toda su cuenca y en especial la determinación de los caudales ecológicos de mantenimiento de la zona
del Delta del Ebro propuestos por la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro y avalada por los estudios científicos y técnicos.
2. No incorporar propuesta alguna de trasvase de recursos hídricos desde los ríos de la cuenca del Ebro, ni de las cuencas internas de Catalunya, ni tampoco desde cuencas externas, en cualquier propuesta de modificación del vigente Plan
Hidrológico Nacional, en atención a lo previsto en el Plan de gestión de las cuencas internas de Catalunya.
3. Convocar de forma urgente la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro para reafirmar la
propuesta de caudales ecológicos de mantenimiento en el Delta del Ebro y adoptar las actuaciones que se consideren convenientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentado de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de las recomendaciones de la AETS sobre el
síndrome post-polio, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En España hay alrededor de 42.000 personas con secuelas poliomielíticas de las cuales entre 10.000 y 35.000 pudieran estar afectadas por el síndrome post-polio y secuelas de polio.
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) estableció en 2002 una serie de recomendaciones en relación a la investigación, el registro, así como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del síndrome post-polio.
Con posterioridad el Congreso de los Diputados y las organizaciones de afectados ha reclamado, tanto la remisión del Informe de 2002, como la adopción de medidas sanitarias y de orden social para estos pacientes. Entre otras la
determinación de Centros de Referencia, la valoración del grado de discapacidad y la anticipación de la jubilación del Decreto 1851/2009.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, a tomar las medidas necesarias para:
1. Hacer pública la revisión y en su caso actualizar el Informe sobre el Síndrome Post-Polio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, publicado en el año 2002.
2. Impulsar las líneas de investigación del Síndrome Post-Polio,
3. La inclusión del Síndrome Post-Polio y secuelas de Polio dentro del Grupo de Patologías Neuromusculares en la designación de centros, servicios y unidades de Referencia.
4. Que se incluya en lo relacionado con el baremo del grado de discapacidad, la uniformidad de criterios, mejora de ayuda a la valoración e implementación de tecnologías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para promover medidas relacionadas con el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional (2012).
Antecedentes
Este año 2012 ha sido proclamado 'Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional' por la Unión Europea. Una ocasión para reflexionar sobre el hecho de que los europeos viven cada vez más y con más salud que
nunca, y para intentar materializar las oportunidades que eso representa.
Tal y como se indica en la web creada en el portal de la Unión Europea con este objetivo, el envejecimiento activo puede dar a la generación del baby boom y a las demás personas mayores del futuro, la oportunidad de: permanecer en el
mercado laboral y compartir su experiencia; seguir ejerciendo un papel activo en la sociedad; y vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible. En este sentido, también es fundamental mantener la solidaridad intergeneracional en
sociedades en las que aumenta rápidamente el número de personas mayores.
El reto para los gobiernos y para los que se ocupan de estas cuestiones será mejorar las oportunidades de envejecer activamente en general y de vivir independientemente, actuando en ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los
servicios sociales, la formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte.
El Año Europeo pretende concienciar sobre los distintos problemas y las mejores maneras de abordarlos, persigue sensibilizar sobre la contribución de las perso
nas mayores a la sociedad y a la vez, promover medidas que creen mejores oportunidades para mantenerlas activas. Pero más que nada, quiere animar a los responsables políticos a establecer objetivos y a actuar para alcanzarlos. 2012 debe
ser debate pero también debe ir más allá de éste y debe empezar a producir resultados tangibles.
Hay mucha vida después de los 60, y la sociedad debe apreciar cada vez más la contribución que las personas mayores pueden hacer a ella. Eso es lo que significa el envejecimiento activo: aprovechar más de la vida cuando se envejece, tanto
en el trabajo como en casa o en la comunidad.
Por ello, para avanzar en los objetivos europeos de envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, en este año 2012 y siguientes, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a desarrollar a lo largo del 2012, y en adelante, actuaciones destinadas a promover el envejecimiento activo y
la solidaridad intergeneracional, y en concreto, a fomentar las destinadas a:
El envejecimiento activo en el trabajo: aprovechando la necesaria y urgente reforma laboral, incluir actuaciones para mejorar las condiciones laborales y adaptarlas al estado de salud y necesidades de las personas mayores, actualizar sus
aptitudes mediante el acceso a la formación continua, y revisar los regímenes fiscales y de prestaciones para dotarlos de incentivos eficaces. Todo ello, con el objetivo de animar a los trabajadores mayores a mantenerse profesionalmente activos.
La participación en la sociedad: mejorar las oportunidades y condiciones para que las personas mayores contribuyan a la sociedad como voluntarios o cuidadores familiares y participen en la sociedad, evitando el aislamiento social y los
problemas y riesgos asociados a éste.
La autonomía: fomentar la salud y la sanidad preventiva con medidas para incrementar al máximo, los años de vida saludable, prevenir la dependencia y construir un entorno (edificios, infraestructuras, transportes, servicios, ...)
apropiado para las personas mayores que les permita la máxima autonomía posible durante el mayor tiempo posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, relativa al desarrollo e implantación de la Ley de la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia es una de las apuestas más importantes de los poderes públicos en España en los últimos años. Da respuesta a una necesidad social: atender a
aquellas personas que requieren de la ayuda de otras para la realización de las actividades más básicas de la vida diaria, fomentando su propia autonomía personal. Un estudio reciente elaborado a partir de los datos estadísticos que cada mes
publica el Imserso, a partir de la información que aportan las Comunidades Autónomas, establece que cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes recibían prestaciones del Sistema, el 70% con dependencia severa. El resto
seguirán incorporándose a las prestaciones en estos meses al tener la ley un plazo de desarrollo pleno fijado en 2015.
Se han desarrollado órganos y procedimientos de valoración homogéneos en todas las Comunidades Autónomas, así como la red de servicios de atención para todos los grados y niveles -residencias, centros de día y noche, servicio de ayuda a
domicilio, teleasistencia, prevención y promoción de la autonomía-. Se ha garantizado, además, las prestaciones económicas para las personas cuidadoras así como su presencia en la Seguridad Social mediante un convenio que facilita el acceso a la
jubilación. Se han llevado acuerdos que buscan la implantación y el desarrollo de la Ley con criterios de equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia, vivan donde vivan. Además, las Comunidades Autónomas pueden
desarrollar un tercer nivel de atención dependiendo de sus leyes, planes y programas de atención a las personas en situación de dependencia y promoción de su autonomía.
La implicación de la Administración General del Estado no sólo se ha reflejado en la aportación económica sino en el esfuerzo conjunto con las Comunidades Autónomas, interlocutores sociales y organizaciones para desarrollar normas y acuerdos
que hicieran posible la implantación efectiva de este derecho de ciudadanía.
El pasado 4 de noviembre de 2011 se presentó la evaluación del Sistema, con los siguientes datos más
relevantes: Un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia. Las personas beneficiarias con prestaciones han crecido de año en año. Las prestaciones reconocidas a 1 de
octubre de este año se acercan al millón y en el SAAD están registradas como personas beneficiarias 739.949 en esa misma fecha. Además, La Ley ha impulsado la inversión en atención a la dependencia. Si el gasto sobre el P113 en el 2003 era del
0,32% en el 2010 ha sido el doble, el 0,64%. El 93% de este gasto es imputable directamente al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (6.301 millones). Además, los empleos vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han
supuesto un total de 248.000, y se han creado 165.000 nuevos empleos como resultado de la nueva inversión económica y 149.565 personas se han incorporado al sistema de la seguridad social como cuidadoras familiares.
Sin duda, hay aspectos que hay que seguir trabajando con todas las administraciones, con los interlocutores sociales y con los grupos parlamentarios, pero es innegable, vistos los datos, que estamos ante una ley cuya implantación está siendo
extraordinariamente beneficiosa para la sociedad española, tanto en términos sociales como económicos.
Las declaraciones de algunos representantes políticos del Partido Popular en las últimas semanas poniendo en cuestión nuestro sistema de protección de dependencia hacen que debamos esforzarnos por encontrar vías de mantenimiento y protección
de un derecho esencial para muchas personas, más aún en la situación de dificultad económica que viven muchos ciudadanos en estos momentos. Por ello hay que trabajar de manera colaborativa con varios objetivos: Evitar recortes de este derecho,
avanzar aún más en la equidad territorial, en la prestación de servicios de calidad y en la eficiencia del sistema, estableciendo procedimientos de coordinación entre los sistemas de protección social y sanitario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener y cumplir el actual calendario de implantación del sistema de dependencia
2. Mantener y cumplir el baremo actual del sistema de Dependencia, que fue acordado con consenso del Consejo Territorial de Dependencia.
3. Convocar a los grupos de la cámara en el plazo de un mes para poner en común los retos de nuestro Sistema, reflejando las conclusiones recientes de la última evaluación presentada.
4. Que todos los acuerdos relacionados con la viabilidad y mantenimiento de nuestra sistema de dependencia se sigan abordando en el Consejo Territorial de Dependencia y órganos consultivos, tales como los consejos de ONGs, Mayores y de
Discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las subvenciones a las bibliotecas públicas para el mantenimiento de
las suscripciones de las revistas culturales a través de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España) para su debate en la Comisión de Cultura.
Desde hace más de veinte años ochocientas bibliotecas públicas de las cinco mil que existen en nuestro país vienen contando con subvenciones del Ministerio Cultura que les permitían recibir las suscripciones de alrededor de cien revistas
culturales.
El hecho de que, a pesar de la crisis, este tipo de revistas haya conseguido subsistir aun de manera precaria, se debe fundamentalmente a las suscripciones que las bibliotecas públicas tenían concertadas con las revistas a través de ARCE
(Asociación de Revistas Culturales de España). Estas suscripciones eran de vital importancia para sostener los gastos que supone mantener un tipo de prensa como es éste, especializada y de edición limitada. Cabe también resaltar la función que
cumplían como foco de documentación para estudiantes y especialistas y ofreciendo al ciudadano una colección de revistas culturales en muchos casos muy difícil de conseguir, bien por su elevado precio, o simplemente por no encontrarse en otros
ámbitos.
Estas ayudas han sido recortadas desde que, a principios del pasado enero, la Secretaria de Estado de Cultura dirigió un escrito tanto a los editores como a las bibliotecas comunicándoles que 'no se trata de retirar la subvención a las
editoras, sino de un cambio de formato de las ayudas que no podrá canalizarse a través de la compra de suscripciones'.
Lo cierto es que las bibliotecas públicas ya no recibirán las suscripciones pagadas por el Estado, y si quieren seguir contando con dichas revistas tendrán que pagarlas con fondos propios, cosa que en estos momentos se convierte en tarea
harto difícil por no decir imposible; poniendo así en peligro la continuidad de las colecciones construidas durante mucho tiempo en las
bibliotecas, el acceso de los ciudadanos a la cultura y el fomento de la lectura, con el añadido de que muchos trabajadores del sector de la cultura pasarán a engrosar las listas del paro, al hacerse inviable la continuidad de muchas de las
editoriales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo la convocatoria de ayudas estatales a editoras de revistas culturales del ejercicio 2012.
2. Restituir de manera inmediata las ayudas para las suscripciones que las bibliotecas públicas tienen concertadas con las revistas a través de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, para su debate en
la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En los últimos años los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. Esa revolución digital ha provocado que el modelo de industria clásico
en los mundos editorial, audiovisual y musical entre en una crisis irreversible por su obsolescencia, al facilitarse el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra sin necesidad de una red de distribución.
Por ello, hace falta una fórmula que permita conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y todo ello sin perjudicar el interés general de desarrollar plenamente
la sociedad de la información. Precisamente en esta sociedad del conocimiento existen ya alternativas tecnológicas que garantizan la protección de los derechos de autor y que deberían contribuir a resolver el problema generado en torno a la
compensación por copia privada.
Se ha demostrado que un canon indiscriminado, y además gestionado por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, no ha sido la fórmula más adecuada para resolver la cuestión. Tampoco lo es
la reciente decisión del Consejo de Ministros de suprimir el denominado 'canon digital' y compensarlo vía Presupuestos Generales del Estado a costa de reducir las subvenciones destinadas a industrias culturales.
Por tanto, resulta imprescindible abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que elimine el actual oligopolio de facto, que ha derivado en problemas de opacidad e incluso en presuntos delitos que
se encuentran en estos momentos bajo investigación judicial. A nuestro juicio, la alternativa pasa por la gestión pública de los derechos de autor, el reconocimiento de las alternativas al 'copyright' tradicional y la búsqueda, mediante el diálogo
entre todas las partes implicadas, de una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, elaborado con la participación de todas las partes implicadas -creadores, consumidores,
industrias culturales...- que incluya las siguientes premisas:
a) La creación de una entidad pública de gestión de los derechos de autor, que actúe con la máxima transparencia.
b) El acuerdo entre las partes acerca de una regulación que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
c) El reconocimiento de las alternativas al 'copyright' tradicional, como las licencias Creative Commons, dejando en manos del autor sobre qué derechos quiere licenciar su obra o si renuncia a los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo modelo de canon digital, para su debate en la Comisión de Cultura.
Una de las múltiples modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, fue la del canon digital cuya aplicación indiscriminada había sido declarada ilegal por el TJUE en octubre de 2010 con la sentencia del
caso Padawan (cuestión prejudicial con Asunto C-467108).
En la disposición adicional décima del Real Decreto, se concreta la supresión de la actual compensación equitativa por copia privada, prevista en la Ley de Propiedad Intelectual -conocida popularmente como canon digital- tal como exigía el
cumplimiento del derecho comunitario. Pero también se prevé un procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, con una cuantía y condiciones aún por determinar.
Esta nueva configuración legal podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el art. 5.2.b) de dicha directiva.
Además genera dudas sobre que tipo de copias quedaran afectadas por la compensación, cual será la cuantía y cual será el modelo de gestión. Después de los escándalos de la SGAE en el que se mostró el desvío de cantidades ingentes de fondos
para el lucro personal de una cantidad reducida de autores, se evidenció la necesidad de cambiar hacia un modelo en el que los derechos de autor tengan un reparto público, democrático, equitativo y transparente.
Por todo ello presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta los siguientes aspectos en la modificación de la regulación de la propiedad intelectual y la compensación por copia privada:
- Respetar plenamente la sentencia del TJUE y la Directiva 2001/29/CE.
- Que la compensación por copia privada no sea a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, explorando fórmulas como una tasa a las empresas con ánimo de lucro con mayores ingresos, como las operadores de telecomunicaciones,
indexadores, motores de búsqueda, etc.
- Que las entidades que gestionen de manera colectiva la compensación por copia privada sean públicas y sometidas al control y fiscalización por parte de los autores y autoras, creadores y asociaciones culturales de todos los ámbitos de la
cultura.
- Que una parte de los ingresos estén destinados a la promoción de la cultura y el fomento de proyectos emergentes, garantizando el retorno de estas inversiones a toda la sociedad.
- Asegurar que no se paga compensación alguna por la copia de obras que se encuentran en el dominio público, las sujetas a licencia libres que autorizan la copia o las que se realizan con la autorización de los titulares de derechos en el
ejercicio de su derecho exclusivo de reproducción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Fomento
181/000023
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario concreto del Gobierno y del Ministerio de Fomento para llevar a cabo les variantes de la N-420 de Gandesa, Corbera d'Ebre y Riudecols?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000024
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario concreto del Gobierno y del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la A-7 en el tramo entre Altafulla y Vilafranca del Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000025
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario concreto del Gobierno y del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la A-7 desde el municipio de Vandellós i L'Hospitalet de I'Infant hacia el sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000026
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario concreto del Gobierno y del Ministerio de Fomento para llevar a cabo la A-27 en cada uno de sus tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000027
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es la previsión del Gobierno acerca del trazado del tramo final de la A-68 entre Valdealgorfa y el Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000028
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
¿Cuál es el calendario concreto del Gobierno y del Ministerio de Fomento para llevar a cabo y finalizar la variante de L'Aldea en la N-340?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
181/000029
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Jordi Jané i Guasch
Texto:
Al Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras:
Previsiones y calendario concreto del Gobierno para conectar con ancho internacional toda la zona del Puerto de Tarragona con el resto de Europa para facilitar la competitividad del tráfico ferroviario de mercancías en todo el territorio del
Camp de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Jordi Jané i Guasch, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000022
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Leire Pajín Iraola
Texto:
¿Cuál es la situación actual de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales y qué va a hacer su Departamento para corregirla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Leire Pajín Iraola, Diputada.