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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 153, de 26/07/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 153
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 8 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
26 de julio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), para:
- Informar sobre las medidas en materia de Seguridad Social y empleo contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. A propuesta del
Gobierno. (Número de expediente 214/000043) ... (Página2)
- Informar con detalle del contenido del Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio 2012 en el ámbito de las competencias de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000332) ... (Página2)
- Explicar las previsiones del Gobierno planteadas por el presidente en su comparecencia del día 11 de julio y que afectan al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A petición de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y
Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000342) ... (Página2)
Se abre la sesión a las doce de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión en la cual hay una solicitud de comparecencia del Gobierno, de la ministra de Empleo y Seguridad Social, en relación con el Real Decreto-Ley 20/2012, y a su vez se acumulan dos solicitudes,
una formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y otra, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Como digo, se acumulan y sus señorías conocen perfectamente el
trámite: expondrá la ministra lo que estime procedente y a continuación intervendrán los grupos, en este caso los peticionarios de esta comparecencia, el socialista en primera instancia, Convergència i Unió y el PNV. Y posteriormente de menor a
mayor, el Mixto, UPyD, Izquierda Plural y cerrará el Partido Popular para concluir después la ministra con las intervenciones. El tiempo reglamentario es de diez minutos. Procuraremos tener, sobre todo con aquellos grupos que han solicitado la
comparecencia, cierta flexibilidad sobre la misma pero también ruego que hagan el arte posible de la síntesis a la hora de expresarse. A ver si conciliamos ambas cosas y resulta del interés de todos.
Dicho esto, bienvenida, señora ministra, una vez más a esta su casa. Tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara a petición propia para explicar las medidas que en el ámbito de empleo y Seguridad Social fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio a través del Real Decreto-Ley
20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad que, como saben, fue convalidado el pasado jueves, 19 de julio, por el Pleno de esta Cámara.
Sus señorías compartirán conmigo que España vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, como consecuencia de una crisis que afecta a todos los españoles, especialmente a aquellos que no tienen un empleo. Esa es,
señorías, nuestra principal preocupación y esa es, señorías, también nuestra principal ocupación. Quiero, por tanto, empezar mi intervención con un breve diagnóstico de cómo está hoy España. España está viviendo una segunda recesión económica
después de 2009. Durante los dos primeros trimestres del presente año la actividad económica profundizó su deterioro y las perspectivas para la segunda mitad del año no serían mejores si no se adoptaran medidas urgentes. A partir de mayo, la
economía española se ha visto fuertemente afectada por el recrudecimiento de las tensiones financieras en el área euro. De acuerdo con las estimaciones preliminares que hemos conocido todos del Banco de España, la actividad económica volvió a caer
en el segundo trimestre a un ritmo más intenso que los dos trimestres anteriores, con una tasa de variación intertrimestral negativa del 0,4%. En este contexto, el Gobierno ha presentado el cuadro macroeconómico que acompaña el techo de gasto para
2013, con una caída del 0,5% para el año próximo. Esto tendrá un efecto significativo, sin duda, en la previsión de ingresos y gastos públicos de las administraciones para 2013, que para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria requiere de medidas adicionales de consolidación fiscal. En este contexto, señorías, se enmarca la situación de la economía española tras haber acumulado importantes desequilibrios estructurales durante la última fase de expansión,
que todavía no han sido corregidos.
En primer lugar, un nivel de endeudamiento externo insostenible. Durante la fase de fuerte expansión del ciclo el crédito se acumuló con endeudamiento externo público y privado que alcanza el cien por cien del PIB, muy lejos de los niveles
de países comparables y muy lejos también del 20% registrado en 1992 o del 50% de 2004. En segundo lugar, el sector público incrementó su nivel de gasto estructural de forma insostenible durante la fase expansiva e hizo frente a la primera fase de
la crisis con políticas expansivas de demanda, como por ejemplo el famoso PlanE. Ello provocó que en tan solo tres años se duplicara la ratio deuda sobre PIB en nuestra economía y que llegáramos en 2009 al 11,13% de déficit público. Así, los
niveles de endeudamiento externo y de endeudamiento público han generado dudas sobre la capacidad de la economía española en general -tanto sector público como sector privado- de hacer frente a esas deudas contraídas. A estos desequilibrios
pendientes de resolver en la economía española se ha unido una fuerte crisis de confianza en los mercados financieros, a los que no son ajenos los problemas institucionales en la zona euro. La consecuencia más inmediata de esta inestabilidad de los
mercados ha sido un fuerte endurecimiento de las condiciones de financiación de los agentes públicos y privados. Al agravamiento de la crisis de deuda soberana han contribuido diversos elementos, entre ellos las dudas suscitadas en torno a las
necesidades de recapitalización del sistema financiero y su capacidad de completar el proceso de consolidación fiscal según las pautas establecidas en el ámbito europeo. Las incertidumbres sobre la economía española se han materializado en
tensiones de financiación, aumento de la prima de riesgo de la deuda soberana, retroceso de los índices bursátiles y rebajas en las calificaciones crediticias de la deuda pública y privada. Ello tiene como consecuencia directa un destacable
incremento del coste de financiación de la deuda pública, que reduce necesariamente el crédito destinado al resto de partidas presupuestarias.
A la compleja situación macroeconómica que obliga a un proceso de consolidación fiscal se añaden determinadas ineficiencias heredadas en el sistema público de prestaciones que deben también ser corregidas cuanto antes. Señorías, como bien
saben, las prestaciones por desempleo -y entro ya en la materia de nuestro depar
tamento- se financian con las cotizaciones de trabajadores y de empresarios y con la aportación del Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado. La relación entre ingresos que recibe el Estado por este tipo de contingencias y
los gastos que se generan por el pago de estas prestaciones debe tener, desde el punto de vista financiero, equilibrio. Sin embargo, lo que en la práctica viene ocurriendo es que se tiende a situación de déficit durante las épocas de bajo
crecimiento económico y paro elevado, y al superávit durante las fases de crecimiento y creación de empleo. En concreto, y por ponerles un ejemplo claro, entre 1999 y 2008 se acumuló un superávit de más de 35.000 millones de euros, es decir, se
ingresó más por cotizaciones de lo que se había presupuestado. Eso fue así por las reformas acometidas a finales de los noventa y los años siguientes, que sentaron las bases para un crecimiento económico equilibrado y creador de empleo. Sin
embargo, tan solo en tres años -solo tres años, 2010, 2011 y 2012- el diferencial entre ingresos y gastos por desempleo ascendió a más de 32.000 millones de euros, en una deriva insostenible que hay hoy que rectificar.
Como bien saben, el envejecimiento de la población, unido al aumento de la esperanza de vida, supone un reto también para el sistema público de pensiones, el cual tiene que hacer frente al pago de esas pensiones durante más tiempo y también
a mayor población, mientras se reducen, por otro lado, las cotizaciones como consecuencia de la caída de más de 2.700.000 afiliados a la Seguridad Social en estos años de crisis por el paro elevado. La sociedad española va a sufrir durante los
próximos años de forma muy acusada los efectos del envejecimiento de la población. Pero estos efectos aún no se han reflejado con mucha intensidad en el sistema de pensiones, debido a que las personas pertenecientes al llamado baby boom, que
comenzó en los años cincuenta del pasado siglo, todavía no han ingresado como beneficiarios en el sistema de pensiones. Dicho sistema debe estar preparado para el futuro próximo, en el que el número de pensionistas aumentará más rápidamente que el
número de afiliados ocupados y los derechos de pensión generados serán notablemente más altos que las pensiones presentes. El incremento del gasto social que va a producirse como resultado de la interacción de estos factores debe ser financiable y,
por supuesto, plenamente compatible con una economía en desarrollo, que genera riqueza y empleo necesario para dar sostenibilidad al sistema. En este contexto, el Gobierno tiene que actuar, señorías, con responsabilidad y también con realismo.
Por todo ello, el presidente del Gobierno anunció en su comparecencia ante esta Cámara un ambicioso plan de medidas, cuyo primer elemento es el Real Decreto-ley 20/2012, al que se unen también el acuerdo de no disponibilidad de crédito por
importe de 600 millones de euros, así como medidas adicionales en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo y en el ámbito también del Pacto de Toledo. Un plan de medidas que no son fáciles, que el Gobierno entiende además
perfectamente que puedan generar inquietud y preocupación en muchos ciudadanos, pero que también queremos decir con claridad que van a dar resultados. Estamos pidiendo un esfuerzo adicional a los españoles, es verdad y lo sabemos; un esfuerzo que
se suma también a los que ya llevan a sus espaldas, pero son esfuerzos necesarios para que entre todos podamos sacar a España adelante, salir de la crisis, generar crecimiento y, sobre todo y lo más importante, crear empleo. Ahora, estas reformas
son imprescindibles; antes podrían haberse evitado si el Gobierno anterior las hubiera acometido a tiempo para sacar a este país de la crisis, cuando además había voces dentro y fuera de nuestro país que así lo reclamaban. Por eso, señorías,
quiero aprovechar esta comparecencia para decirles a los españoles que este Gobierno entiende y escucha sus preocupaciones y sus reivindicaciones, que no se muestra insensible ante las preocupaciones de millones de ciudadanos, como pudo pasar con
anterioridad, y que por eso ha acometido la situación de frente, quiere siempre decir la verdad y contar con ellos en este duro pero, insisto, imprescindible y necesario proceso de consolidación fiscal y de reformas para el empleo y para el
crecimiento de nuestro país.
Para conseguir el crecimiento económico y la generación de empleo y, en definitiva, para mejorar el bienestar social, el primer paso, señorías, es sin duda garantizar la estabilidad y la sostenibilidad presupuestaria. Y para ello no queda
más remedio que cumplir con los objetivos de consolidación fiscal. Por tanto, no hay alternativa, no existe ninguna opción que no sea reducir gastos, incrementar ingresos y llevar a cabo un programa de reformas estructurales y políticas de
crecimiento que impulsen la capacidad que tiene de crecer y de crear empleo la economía española. En definitiva, hemos llegado a un punto en el que el inmovilismo no nos conduciría a ninguna parte, nos conduciría a una situación no deseada. Este
Gobierno ha sido consciente de esa particularidad desde el primer momento y ha actuado también en consecuencia desde el primer momento, adoptando medidas necesarias para que España recupere la credibilidad y la confianza y de esta manera salir de la
crisis, recuperar ese crecimiento económico y hacer posible la creación de empleo estable y de calidad.
Como todas sus señorías saben, en el marco de la unión monetaria europea se han articulado mecanismos de coordinación y supervisión de la situación macroeconómica del país, que se engloban en el denominado semestre europeo. Junto a ello,
España está sujeta a un estricto seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria derivados de la apertura en 2009 de un procedimiento de déficit excesivo por haber cerrado el ejercicio con un déficit del 11,13%. En este
contexto, la Comisión concluye que existen desequilibrios muy graves que tienen que resolverse urgentemente y realiza una serie de recomendaciones que incluyen, en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la prolongación de la vida
activa, la reforma de las políticas activas de empleo y su mayor
vinculación a las políticas pasivas. En definitiva, señorías, nuestras obligaciones con los socios europeos -obligaciones, repito, como Estado-, a las que estamos vinculados, no se han producido por generación espontánea durante siete
meses, son obligaciones que van más allá. El descuadre de las cuentas se produce allá por 2008, 2009 y 2010, y no tenemos ahora otra opción. Nos hemos encontrado una situación y lo que tenemos que hacer es afrontarla con responsabilidad y sabiendo
que vamos a salir de la crisis. Por todo ello, el Gobierno abordó desde el primer momento un ambicioso programa de reformas destinadas a mejorar la competitividad de nuestra economía, a eliminar ineficiencias y a garantizar el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad. Así, en febrero de este año el Real Decreto-ley 13/2012, de medidas urgentes de la reforma laboral, se presentó y se ha aprobado ya en esta Cámara, dotando a las relaciones laborales, a las instituciones laborales de este
país, de mayor flexibilidad con el incentivo de crear empleo y que además, señorías, el despido sea siempre el último recurso en los momentos de ajuste, frente a las crisis. En segundo lugar, hemos aprobado una reforma de las políticas activas de
empleo para dar más oportunidades a quienes buscan un trabajo y para hacer más transparente, eficiente y eficaz el sistema de formación para el empleo. En tercer lugar, hemos aprobado un plan de lucha contra el fraude, que incluye el proyecto de
ley orgánica que se aprobará mañana en Consejo de Ministros, cuyos objetivos principales serán la garantía de los derechos de los trabajadores, la lucha contra la competencia desleal entre las empresas cumplidoras y las que no lo hacen, y la
sostenibilidad del sistema público de prestaciones.
A la vista de este complejo contexto económico y de la necesidad también de cumplir con nuestros compromisos europeos, el Ministerio de Empleo ha presentado en el Real Decreto-ley 20/2012 un amplio paquete de medidas que tratan de introducir
reformas que racionalizan el sistema, que lo ordenan, generan eficiencia y lo dotan de coherencia. Las medidas, además, no solo han tenido en cuenta la eficiencia en el gasto sino, como no podía ser de otra forma, muestran la sensibilidad social
necesaria a la hora de regular recursos que pueden afectar a colectivos que se están viendo especialmente afectados por la crisis económica. En definitiva, señorías, estas iniciativas conllevan profundos y necesarios cambios en el sistema de
políticas activas y pasivas de empleo, son coherentes con el proceso de consolidación presupuestaria, y resultan imprescindibles para asegurar la viabilidad del futuro sistema de protección y para impulsar una utilización más eficiente del dinero
público destinado a las políticas de empleo. Les aseguro que han sido y son medidas que hemos tenido en cuenta, sobre las que hemos reflexionado mucho y que hemos seleccionado cuidadosamente. Había otras alternativas, pero considerábamos que eran
menos adecuadas y que perjudicarían más a los intereses de los ciudadanos. Por eso, las medidas que hemos tomado, con sensibilidad, en el ámbito del Ministerio de Empleo, responden a cinco grandes objetivos. Primero, el necesario ajuste
presupuestario debe ser compatible con la especial protección de las situaciones de pérdida de empleo y aquellas que requieren una especial atención, adaptando las prestaciones a una configuración y a un nivel sostenible en el tiempo. Segundo,
facilitar el retorno a la ocupación. Tercero, es necesario que el sistema de políticas activas y pasivas de empleo contribuyan al envejecimiento activo, destinando especiales esfuerzos a prolongar de manera voluntaria la permanencia en el mercado
laboral de los trabajadores de más edad y a generar los incentivos necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema de protección. Era necesario un profundo cambio de orientación en coherencia con el principio de equidad y con la evolución
demográfica. Las medidas que afectan a este colectivo persiguen eliminar los incentivos a una pronta retirada de la actividad y a la permanencia en el desempleo, ofreciendo una protección más favorable a la vida activa, sin dejar por supuesto de
cubrir aquellas necesidades y aquellas situaciones verdaderamente más desprotegidas. Cuarto, es necesario reformar el sistema de políticas activas sobre la base del principio de eficiencia y permitir que los recursos disponibles se destinen a
aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los trabajadores. Por último, es necesario racionalizar el sistema en su totalidad y dotarlo de una mayor coherencia interna, asegurando su equidad. La acumulación sucesiva de
medidas parciales, señorías, que restaban solidez y racionalidad al conjunto del sistema, hacen necesario eliminar discordancias y tratamientos que eran inequitativos.
A partir de estos objetivos estratégicos, se han adoptado las siguientes medidas. En materia de políticas activas de empleo, el real decreto-ley acomete una profunda revisión del sistema de bonificaciones a la contratación, eliminando las
menos eficaces. Esta medida es clave no solo para generar un importante ahorro, sino también para dar un paso más en las políticas activas de empleo. Y, señorías, les recuerdo que la Comisión de Trabajo de este Congreso concluyó el 26 de marzo de
2010 que el sistema de bonificaciones requiere ser reformado para solventar claras ineficiencias existentes. Lo decían sus señorías. El hecho de que la práctica totalidad de los colectivos puedan ser susceptibles de bonificación impide que el
sistema favorezca la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de incorporación al empleo y de alguna manera resta utilidad al sistema. Así, el informe del Congreso de los Diputados cree conveniente apostar por concentrar el uso de
las bonificaciones en colectivos de trabajadores y en tamaños de empresas determinados, tal y como hemos hecho en la reforma laboral con las bonificaciones del contrato, fundamentalmente indefinido, de apoyo a emprendedores. Además, se concluyó por
ese informe del Congreso que el sistema es excesivamente complejo y que no ha conseguido cambiar de forma apreciable la cultura de la temporalidad. En esta línea, incluso con anterioridad a este informe de 2010 del Congreso, la
Agencia de Evaluación y Calidad en septiembre de 2009, con el Gobierno anterior, expresaba en cuanto a la política de bonificación y reducción de cuotas a la Seguridad Social que los resultados de los diferentes estudios utilizados en su
evaluación apuntan a una escasa eficacia de las bonificaciones en el diseño actual. Señorías, si bien es cierto que se ha realizado un importante ajuste en las bonificaciones a la contratación, quiero destacar que se han mantenido aquellas que
tienen por objeto la contratación de los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, de las personas con discapacidad, aquellas dirigidas a garantizar el coste cero por la maternidad y sobre todo las previstas para
víctimas de violencia de género o aquellas destinadas a fomentar el autoempleo y el emprendimiento de nuestros jóvenes, cuya tasa de desempleo saben todos que supera el 50%. Igualmente, se mantienen, como he dicho anteriormente, las relacionadas
con el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que son aquellas que apuestan por los jóvenes, por los mayores de cuarenta y cinco años, por los parados de larga duración y por las mujeres, que son las que en este momento tienen menos
posibilidades de inserción laboral en el mercado de trabajo. Por otra parte, señorías, en cuanto a las modificaciones introducidas en la cobertura del Fogasa, el objetivo es recuperar la sostenibilidad de este organismo, que está en riesgo como
consecuencia de la reforma que se articuló en 2006, que redujo sus ingresos e incrementó su cobertura y por tanto sus gastos. De esta forma, se ajusta la cobertura del Fondo de garantía salarial a la cantidad resultante de multiplicar el doble del
salario mínimo interprofesional por un número máximo de 120 días. La reforma mantiene, señorías, los umbrales cubiertos tradicionalmente por este organismo, por el Fogasa, vigentes en nuestro ordenamiento laboral hasta el año 2006.
Paso a referirme ahora, señorías, a las medidas en materia de prestaciones por desempleo. Quiero empezar en este apartado lanzando un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos. Se ha escrito mucho durante esta semana sobre este
tema. Muchas veces, lejos de aportar información, se ha aportado confusión y yo quiero decir con toda claridad que la situación de los más de 5 millones de parados que hoy están en el desempleo, pero sobre todo los que están cobrando hoy la
prestación por desempleo, no va a variar con esta reforma. La prestación por desempleo no se ha modificado para quienes ya son beneficiarios con la entrada en vigor de este real decreto-ley. Por decirlo claro, ningún parado va a cobrar menos de lo
que venía cobrando hasta ahora por su prestación por desempleo. Además, tampoco se van a ver reducidos sus ingresos en el tiempo, sino que van a seguir cobrando hasta veinticuatro meses lo que les corresponda. Solo cambiará la situación para los
nuevos incorporados, los nuevos beneficiarios, y a partir del séptimo mes de prestación. El real decreto-ley establece en el 50%, a partir del séptimo mes, el porcentaje de la base reguladora que van a percibir. De esta forma, como segundo
mensaje, quiero dejar claro que no se reduce la duración máxima de la prestación, que seguirá siendo esos veinticuatro meses. En tercer lugar, quiero hacer especial énfasis en que el establecimiento de este nuevo porcentaje a partir del séptimo mes
no afectará a aquellos más necesitados al haberse mantenido las cuantías mínimas de la prestación, que funcionan como un colchón de seguridad para los ciudadanos que hoy tienen sueldos más bajos. Se mantiene la garantía de que, pese a la rebaja del
tipo aplicable, se percibe la cuantía mínima ya existente, que tampoco se modifica y que quiero repetir esta mañana en la Comisión: 497 euros al mes si no se tienen hijos y 664 euros al mes si se tienen hijos a cargo. En conclusión -esto es muy
importante, señorías-, solo un 55% de los nuevos beneficiarios se verán afectados realmente por esta medida, bien porque a algunos ya les afectan los topes máximos o mínimos o bien porque por sus circunstancias contributivas no lleguen a superar los
seis meses de percepción de la prestación por tener un derecho reconocido de duración inferior o por causar baja porque encuentran empleo antes de llegar al séptimo mes. Esto es lo que nos dice las estadísticas reales del Ministerio de Empleo y de
Seguridad Social. Por otra parte, también en materia de prestaciones por desempleo y solo para los nuevos beneficiarios, se ha eliminado la cobertura por parte de la cotización que asumían los servicios públicos de empleo durante la percepción de
la prestación. Es importante que tengan en cuenta que cuanto mayor fuera el sueldo del beneficiario mayor es la aportación del servicio público de empleo por este concepto, es decir, se trata de una medida que tiene carácter progresivo en el ahorro
que genera. Además, hay que tener en cuenta que la regulación vigente suponía un tratamiento discriminatorio con los trabajadores activos, y hay que decirlo con sencillez pero con claridad. Con la misma retribución bruta, un trabajador ocupado
tendría un sueldo neto inferior a la prestación por desempleo de un parado, lo que no nos parece equitativo.
La reforma de los subsidios de desempleo, que también se acomete en este real decreto, racionaliza los gastos ineficientes, desincentivos a la vida activa, y mantiene la estructura básica de la protección a los trabajadores con mayores
dificultades. Repito, mantiene la estructura básica de la protección a los trabajadores con mayores dificultades. En el sistema vigente persistían determinadas incoherencias, fruto de la superposición de medidas parciales a lo largo de los años,
que se han tratado de corregir con esta reforma. La reforma reconduce estos subsidios a su verdadera naturaleza, señorías, la de una renta asistencial vinculada al deseo de encontrar trabajo y desarrollar una vida activa, y debe analizarse en
coherencia con la reforma de las políticas activas y las medidas para una mayor vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo. Además, el sistema actual era especialmente desfavorable para el fomento del envejecimiento activo y generaba
incentivos a acortar la vida laboral de los trabajadores, generando cargas
insostenibles sobre el gasto social. El sistema facilitaba también políticas de recursos humanos por parte de las empresas que no son coherentes con el objetivo de alargamiento de la vida activa en un entorno de envejecimiento poblacional.
Por tanto, el sistema demandaba una reforma en profundidad que se ha articulado con una serie de medidas, al igual que ocurre con las prestaciones contributivas, que no afectarán a los actuales beneficiarios. En primer lugar, se reforma el subsidio
para mayores de cincuenta y dos años; la edad de acceso al subsidio se fija en cincuenta y cinco años, de forma coherente, señorías, con el retraso de la edad de jubilación y con las recomendaciones de prolongación de la vida activa para la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Esta medida contribuye a algo muy importante: a retrasar el umbral de los cincuenta y cinco años que muchas empresas tomaban como referencia para el despido de trabajadores de más edad. La reforma resuelve
de alguna manera la configuración del subsidio y lo devuelve a su configuración original a partir de los 55 años; así nació este subsidio en nuestro país. Además, va en consonancia con las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea para
España que se refieren a concretar la estrategia 55 y más con medidas que favorezcan la permanencia en activo de estos trabajadores mayores. También se establece que los trabajadores tengan cumplida dicha edad de forma efectiva en el momento de
agotar las prestaciones, se adecua la duración del subsidio hasta el momento en que el trabajador pueda acceder a la jubilación en cualquiera de sus modalidades, y por último, para ser coherente con el principio de equidad, se establece el cien por
cien de cotización. En segundo lugar, desaparece el subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco años, al considerarse, señorías, con toda franqueza, innecesario. ¿Por qué? Porque los potenciales beneficiarios pasarían a acceder a otro de
los subsidios existentes y no se queda nadie sin cobertura en este momento. En tercer lugar, se dota de racionalidad a la renta activa de inserción. Se establece que para acceder a la misma el solicitante haya agotado previamente una prestación o
un subsidio de desempleo, salvo -y esto es muy importante- que se trate de una mujer víctima de violencia de género o de un emigrante retornado, que consideramos que merecen nuestra especial consideración.
La renta activa de inserción es un mecanismo para la inserción en el mercado de trabajo y se regula en los requisitos de acceso a la misma que durante el periodo de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo no se haya rechazado
ninguna oferta de empleo adecuada ni se haya negado a participar -obviamente, salvo causa injustificada- en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. Con ello se pretende reforzar la vinculación una vez más entre políticas
activas y pasivas de empleo. Es importante destacar en este sentido, señorías, la diferencia entre lo que son prestaciones asistenciales dirigidas al mantenimiento de un nivel mínimo de renta por parte de colectivos más desfavorecidos frente a
aquellas otras prestaciones asistenciales vinculadas a la vida activa. Si no reconocemos esta diferencia y si no actuamos en consecuencia, el conjunto de las políticas activas y pasivas de empleo se pueden ver distorsionadas y se impide una buena
gestión.
Otro grupo de medidas adoptadas en el ámbito de las políticas pasivas es la revisión de las condiciones de acceso a prestaciones y subsidios desde contratos a tiempo parcial. Las sucesivas modificaciones del régimen jurídico han generado
una acumulación de incoherencias que resultaban en una normativa poco homogénea y que no respetaban el principio de equidad al amparar ciertas disfunciones en su configuración que generan una excesiva protección de los trabajadores a tiempo parcial
frente a quienes cesan totalmente en un trabajo a tiempo completo. Asimismo se incorpora en esta materia la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reiteradamente determina la obligación de vincular las prestaciones y su cuantía a la jornada
efectivamente realizada de trabajo. Se plantean así una serie de medidas que tratan de racionalizar en este sentido el sistema. Les pondré un ejemplo a sus señorías de lo que les digo. Hasta la fecha, en el caso de que un trabajador tuviera
varios contratos parciales y perdiera uno de ellos aunque mantuviera el resto tenía derecho a la misma percepción que un desempleado a tiempo total ya que la prestación que percibía tenía en cuenta la cotización efectuada por el total de los
contratos. Con la reforma se vincula la prestación al trabajo a tiempo parcial que efectivamente pierde. Por último, la norma refuerza la vinculación entre el derecho de acceso a los subsidios y el patrimonio personal de los beneficiarios. Como
han podido comprobar, la reforma de las políticas pasivas no solo se ha llevado a cabo como necesario elemento de consolidación fiscal, sino que además supone una clara mejora del sistema en términos de equidad y eficiencia que en ningún caso deja
de lado las situaciones de verdadera necesidad.
Señoras y señores diputados, también existe otro grupo de medidas que tratan de reforzar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo, modernizar la gestión administrativa y poner a disposición del Servicio Público de Empleo
Estatal y de las comunidades autónomas los medios que fortalecen el conocimiento de las situaciones que debemos proteger. Se trata de medidas que van dirigidas a lograr una mayor eficacia y eficiencia de las políticas de empleo y que también
refuerzan la lucha contra el empleo sumergido.
Una vez repasadas las medidas en el ámbito del empleo paso a hablarles de aquellas adoptadas en el ámbito de la Seguridad Social. Señoras y señores diputados, entre los compromisos que España ha asumido en materia de sostenibilidad del
sistema de Seguridad Social, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión y el Consejo, se encuentra lo siguiente: asegurar que la edad de jubilación aumente en consonancia con la esperanza de vida regulando el factor de
sostenibilidad previsto en la reciente reforma de pensiones -Ley 27/2011-, así como reforzar la estrategia
global para los trabajadores mayores. Este es nuestro compromiso como país. La prolongación de la vida activa de nuestros trabajadores, señorías, la restricción de la expulsión anticipada de nuestros trabajadores mayores del mercado
laboral y la corrección del uso indebido o abusivo de las jubilaciones anticipadas son orientaciones que ya aparecen explícitas en nuestro Pacto de Toledo y además han sido renovadas a comienzos del año 2011; están en perfecta sintonía con las
orientaciones comunitarias en materia de pensiones, esto es, con el Libro Verde y el Libro Blanco de la Unión Europea. Las decisiones que hemos tomado no suponen en modo alguno un cambio de criterio, sino que profundizan en la idea de que en un
sistema de reparto como es el caso español hay que atender a dos elementos básicamente; uno, el demográfico, sin duda, vinculado a la creciente esperanza de vida, y dos, la capacidad de mantener en activo el mayor número de años posible a los
trabajadores que tengan mayor edad. Envejecimiento activo -activo y productivo- en beneficio, en primer lugar, de esas personas que pueden y deben seguir aportando y siendo útiles a la sociedad, y en segundo lugar, en beneficio de toda la sociedad
en su conjunto para hacer sostenible un sistema de prestaciones y pensiones adecuado, digno y compatible con las posibilidades económicas.
Señorías, en un sistema de reparto se reparte lo que hay, y lo que hay depende en gran medida de la capacidad de seguir aportando crecimiento, riqueza y recursos durante el mayor tiempo posible, de acuerdo por supuesto con los deseos,
capacidades e intereses de cada persona de forma también voluntaria. Por ello, el presidente del Gobierno ha planteado ante esta Cámara la remisión al Pacto de Toledo a la mayor brevedad posible de dos informes; por un lado, la regulación del
factor de sostenibilidad previsto ya en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social en su artículo 8, si bien es cierto que está regulado de forma inconcreta e insuficiente. El
factor de sostenibilidad ya ha sido concretado e implantado en varios países de la Unión Europea, sin embargo, cada país tiene una forma diferente de incorporarlo a su sistema de pensiones dependiendo del modelo de pensiones que tiene. Señorías, la
definición del factor de sostenibilidad determina que este tenga un efecto, por ejemplo, sobre la edad de jubilación, la pensión a percibir o la revalorización o no de dichas pensiones. Hay muchas y diversas posibilidades y España tiene que definir
como país cuál es la que más se adecua a nuestro sistema y a nuestras condiciones. ¿Es relevante hacerlo? Sí, pero con el mayor consenso posible político y social. Por eso es voluntad del presidente y de este Gobierno hacerlo en el marco del
Pacto de Toledo. Es una tarea, señorías, que tenemos que acometer juntos, de forma dialogada y, por supuesto, consensuada. Les invito a que lo hagamos. En segundo lugar, vamos a mandar al Pacto de Toledo un informe sobre la racionalización de la
jubilación anticipada y la jubilación parcial. El retraso de la edad efectiva de jubilación es un objetivo que creo que compartimos todos. Conseguirlo nos obliga a remover los incentivos que hoy siguen perviviendo en nuestro sistema para una
retirada anticipada de la vida laboral. El Gobierno ya ha actuado en determinadas materias, removiendo la jubilación forzosa por convenio colectivo e incorporando la exigencia de una aportación al Tesoro en procesos de regulación de empleo en
empresas de cien o más trabajadores, para evitar un perjuicio económico a nuestro sistema de Seguridad Social. Creemos que también existen en nuestro ordenamiento elementos que favorecen o facilitan la retirada anticipada, con fórmulas poco
compatibles con el deseo de estímulo de continuidad en la actividad laboral, que a veces son muy gravosas para el sistema. Somos conscientes de la necesidad de adoptar decisiones en estas materias, pero también de la pertinencia de que materias de
esta naturaleza deben sustanciarse, sin duda, en el seno del Pacto de Toledo.
Pretendemos recuperar, como ya anticipé al inicio de la legislatura, el consenso y los trabajos de la comisión en aras de construir un sistema más sostenible y justo, algo imprescindible para el mantenimiento del sistema de pensiones del que
todos, señorías, nos sentimos profundamente orgullosos. Quiero apelar al compromiso de todos los grupos parlamentarios con un sistema de pensiones que goza de un alto nivel de legitimidad política y social. Queremos dotarlo de capacidad de
respuesta a los desafíos de hoy, ante una crisis económica con un alto coste en empleo que, indefectiblemente, somete al sistema a una prueba de esfuerzo notable. Pero también tenemos la obligación de pensar no solo en términos de solidaridad
intrageneracional, sino también en términos de solidaridad intergeneracional. Queremos un sistema, señorías, que responda a los desafíos del futuro, porque eso será sin duda muy importante.
Me gustaría comentar igualmente otras medidas anunciadas en materia de Seguridad Social que, como saben, están previstas en los presupuestos para el año próximo, que establecen una reducción de las cotizaciones sociales y su compensación con
transferencias del Estado para atender a las prestaciones no contributivas. El Pacto de Toledo ha venido reiterando -leo textualmente- que las prestaciones no contributivas han de ser financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado y que el Gobierno ha de asumir esta tarea con carácter prioritario, finalizando la asunción presupuestaria de esos complementos a mínimos dentro del plazo que establece la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General
de la Seguridad Social. Además, dice que el cálculo de las cotizaciones sociales debe ir encaminado a garantizar la cobertura de las prestaciones contributivas; cualquier modificación de los tipos de cotización deberá salvaguardar la
sostenibilidad del sistema.
Señorías, este Gobierno hará compatible una reducción asumible de las cotizaciones sociales -clave, entendemos, para estimular el empleo- y un impulso decidido a la separación de fuentes de financiación del
sistema. Queremos asumir, actuar y concretar esa recomendación de separación de fuentes del Pacto de Toledo; separación a la que contribuirá de manera muy especial el incremento de más de 6.700 millones de euros de aportación del Estado al
presupuesto de la Seguridad Social el año próximo, que se recoge ya en las previsiones de techo de gasto aprobado por esta Cámara el pasado martes y que sus señorías conocen. Ello es, sin duda, la mayor demostración de confianza de este Gobierno en
el futuro sistema de pensiones.
Señorías, paso ahora a comentar de forma particular las tres medidas que se han recogido en el real decreto-ley en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, se establece en el 20% el tipo aplicable a todos los recargos, con
independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago; por otro lado, se prevé la homogeneización del tratamiento de los rendimientos del trabajo en la determinación de la base de cotización a la Seguridad Social, de forma coherente con el
régimen del IRPF, que ahora no era la misma. Asimismo, se establece un tope máximo de las retribuciones que pueden ser objeto de exclusión de la base de cotización. Estas medidas son básicas para dotar al sistema de recursos, acercar las
cotizaciones al salario efectivamente percibido en sus diferentes formas para evitar prácticas elusivas de la cotización y penalizar las prácticas extendidas de diferir en exceso los compromisos de pago con la Seguridad Social. El sistema se
perfecciona así técnicamente, señorías, pero también se hace más justo y se adapta a los requerimientos de estabilidad y contributividad que lo sostienen. Como también estamos decididos a incrementar los ingresos del sistema mediante la adopción de
medidas de refuerzo de la contributividad, de la adecuación entre salarios y cotizaciones y del necesario reequilibrio en la evolución de cotizaciones y pensiones. Lo haremos de forma consistente en la Ley de Presupuestos del año próximo,
incrementando en un 5% la base máxima de cotización e incrementando en un 1% la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos. Así, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reafirma su compromiso con el desarrollo de las recomendaciones
del Pacto de Toledo, que son el marco de acción sobre el que seguir avanzando en las reformas adecuadas y necesarias; adopta medidas en aras de la sostenibilidad del sistema equilibradas y justas, basadas en la necesaria contributividad y el
esfuerzo acorde con las posibilidades reales de los ciudadanos y la equidad y corrige la deriva insostenible que ha permitido que las bases máximas del sistema hayan progresado en la última década casi dos puntos menos que el IPC. La subida del 1%
en la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos resulta conveniente por la necesidad de ir adecuando las bases de cotización de los autónomos a los salarios reales. Ello es básico para que, de forma progresiva y sin un impacto
negativo en sus economías, ir mejorando sus aportaciones con el objetivo último de que sus prestaciones resulten adecuadas. Les daré un ejemplo. La pensión media de los trabajadores autónomos es de 583,52 euros, lo que representa nada más y nada
menos que 352,48 euros menos que la que perciben de media los asalariados, que asciende a 936 euros. Esta diferencia se debe al bajo nivel de cotización entre los trabajadores autónomos, que en su gran mayoría lo hacen sobre la base mínima. Los
autónomos no podrán gozar de prestaciones y pensiones más adecuadas si no van mejorando gradualmente sus aportaciones al sistema.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está incrementando los recursos del sistema en un contexto económico difícil, corrigiendo distorsiones producidas en los últimos años y favoreciendo un sistema solvente y ajustado, más acorde con la
progresividad necesaria en un sistema de reparto. El incremento de un punto en la pensión máxima del sistema, que llevaba congelada desde hace muchos años, es también una medida de incentivo a la permanencia en la vida activa, en el mercado
laboral, al facilitar que un mayor esfuerzo de cotización tenga una recompensa con una mayor pensión. Así, nuestro sistema de pensiones se adapta mejor a los criterios que han de organizarlo, para garantizar que se dota de mayor coherencia con los
objetivos que dice compartir. El sistema necesita ajustes para hacerlo más solidario, pero también más eficiente y firme, más legitimado socialmente y más acorde con los desafíos que tenemos por delante.
Señorías, gobiernos anteriores se dejaron llevar por una incomprensible e irresponsable pasividad en algunas de sus decisiones; prefirieron sobrecargar el sistema antes que tomar decisiones que garantizaran su sostén económico, prefirieron
descargar costes inasumibles en el ámbito de las cotizaciones en lugar de facilitar mayores aportaciones del Estado para cubrir sus responsabilidades. En definitiva, prefirieron retroceder en la separación de fuentes de financiación antes que
adoptar ninguna otra medida alternativa, entonces posible. Por eso, por ejemplo, en 2011 se aportó menos que nunca al sistema desde los Presupuestos Generales del Estado. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones y lo hacemos pensando en el
necesario equilibrio entre ingresos y gastos, defendiendo el nivel de cobertura posible y financiable, atendiendo a las necesarias reformas en pro de la viabilidad presente y futura del sistema, reforzando, como además se va a ver reflejado en las
próximas horas, los instrumentos legales para luchar contra el fraude y los abusos en materia de Seguridad Social, tal y como se aprobará en el Consejo de Ministros. En particular, reforzamos la lucha contra el fraude en materia de empresas
ficticias, entramados societarios y uso de personas interpuestas. Así se defiende el sistema de Seguridad Social que todos nos hemos dado. El sistema no tiene nada que temer de las iniciativas propuestas; al contrario, son medidas que inciden en
su fortaleza, que atienden a las necesidades del presente y también del futuro y que son plenamente coherentes con los fundamentos económicos, sociales y políticos que todos hemos definido en el Pacto de Toledo.
En definitiva, señorías, quiero resaltar que las medidas de consolidación fiscal aplicadas en el ámbito de este ministerio han sido cuidadosamente seleccionadas y diseñadas de forma que supongan auténticas medidas de reforma estructural, que
no solo racionalizan el gasto sino que sobre todo tienen importantes efectos positivos para el funcionamiento del mercado de trabajo. Hemos sido sensibles a las situaciones de mayor necesidad, tratando de mantener la esencia de un necesario Estado
de bienestar, que debe incrementar su eficiencia y limitar las distorsiones que introduce sobre el tejido productivo para garantizar de verdad su sostenibilidad y su contribución a la riqueza y al bienestar de los ciudadanos.
Señorías, antes de concluir, me gustaría aprovechar esta comparecencia para hacerles partícipes de una iniciativa en línea con lo que les decía al principio de mi intervención. Junto con las medidas de contención fiscal, que garantizan la
viabilidad del sistema de protección, estamos acometiendo las reformas estructurales necesarias para dar coherencia y eficiencia al conjunto del sistema, pero también poniendo en marcha iniciativas que pretenden abordar con decisión buena parte de
los problemas que presenta nuestro mercado de trabajo. Y me quiero parar ahora en el desempleo juvenil. En este sentido, el Gobierno de España ha incluido en su hoja de ruta una apuesta clara por los jóvenes y por los emprendedores, porque van a
ser los auténticos protagonistas del cambio que España necesita. Así, en el marco de las recomendaciones de la Unión Europea, en lo que hemos debatido también a propuesta de algún grupo como Convergència i Unió en esta Cámara en los meses
anteriores, se está diseñando una estrategia de emprendimiento y empleo joven 2012-2015 que presentaremos al inicio del próximo periodo de sesiones. Es una estrategia que, sobre una propuesta inicial de la Administración General del Estado, nace
con una vocación de servir de cauce de participación a todas las entidades, empresas, asociaciones y agentes que quieran colaborar con el Gobierno de España en dos de sus principales objetivos como es recuperar la senda de crecimiento económico y de
creación de empleo estable y de calidad, especialmente en el ámbito del empleo juvenil, y fomentar la cultura del emprendimiento, especialmente también entre nuestros jóvenes. Es y quiere ser un instrumento vivo y dinámico, un instrumento de
colaboración público y privado, algo sin precedentes en nuestro país, que buscará sumar los esfuerzos de todos aquellos agentes de la economía que estén dispuestos a apostar por nuestro objetivo de país y por la marca España. En su conjunto, la
estrategia contará con programas e iniciativas impulsados desde la Administración General del Estado, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y cofinanciada -esto es importante- con el Fondo social europeo. Queremos aunar
esfuerzos y que todos sumemos un conjunto de actuaciones entre la iniciativa privada, el tercer sector, las comunidades autónomas, las entidades locales y todos los agentes que quieran sumarse a este gran proyecto que es la estrategia de
emprendimiento y empleo joven y así contribuir a la consecución de uno de los objetivos prioritarios para este país. De lo que se trata, señorías, es de crear un marco vivo y participativo en el que tengan cabida todas aquellas actuaciones e
iniciativas públicas y privadas cuyo fin sea hacer posible que nuestros jóvenes sean más empleables y puedan encontrar un empleo de calidad que les permita cumplir con sus expectativas de futuro, ya sea un empleo por cuenta propia o un empleo por
cuenta ajena.
Señoras y señores diputados, termino como comencé. La situación es difícil, nadie lo duda, en algunos momentos casi de emergencia social, pero estoy convencida de que con el impulso de todos España recuperará, más pronto que tarde, la senda
del crecimiento, la salida de la crisis y, lo más importante, la creación de empleo. Estamos haciendo reformas estructurales y estamos pidiendo a los españoles un esfuerzo sin precedentes, pero lo estamos haciendo con la convicción de que nuestro
país va a salir adelante y que estas medidas van a dar resultado, porque la mayor fortaleza que tiene hoy España es los españoles, la sociedad civil, que una vez más va a estar a la altura. Todos juntos vamos a salir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su amplia, extensa y profunda intervención. También quería dar las gracias a todos los altos cargos del ministerio que nos acompañan hoy aquí en la Comisión.
Vamos a comenzar con el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Gutiérrez tiene la palabra.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora Báñez, gracias por su comparecencia, una comparecencia obligada, porque el real decreto-ley que hoy nos trae contiene los recortes más dramáticos, injustos y dañinos de la historia de la democracia.
Usted sigue negando esos recortes, por eso nos decepciona su intervención. Sigue instalada en no decir la verdad y en negar la letra pequeña. Dice que su principal objetivo es la creación de empleo, sin embargo, no nos ha explicado las
consecuencias que este real decreto va a tener sobre el empleo, cuántos puestos de trabajo va a destruir, al igual que su reforma laboral, que usted decía que iba a cortar la sangría del paro y que ha provocado una auténtica hemorragia, como usted
sabe: más de 170.000 trabajadores afectados en los cinco primeros meses del año, más del doble de despidos por causas económicas, un 68% de los expedientes sin acuerdo. Nos presenta hoy un real decreto que supone recortes y subidas de impuestos,
que caen como una losa insoportable sobre funcionarios, parados, personas dependientes, pensionistas, clases medias trabajadores, jóvenes, mujeres, emprendedores, creadores, autónomos... Pero lo peor de todo es que son recortes que profundizan la
recesión
y supondrán la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, que se sumarán a la destrucción de los 630.000 empleos previstos por el propio Gobierno para el presente año. ¿Cuántos más se van a añadir como consecuencia de este real
decreto? Ya es hora, señora Bánez, de que se enfrenten a las consecuencias de sus propias políticas. Sus medidas procíclicas en una situación recesiva como la actual llevan inevitablemente a más destrucción de riqueza y de empleo y al brutal
empobrecimiento de los españoles, no de todos, por supuesto, porque en el real decreto-ley nada se dice de las grandes fortunas, ni del techo mínimo para el impuesto sobre sociedades, tampoco de revisar las deducciones del IRPF.
Nadie en nuestro país entiende que se haga recaer el coste del rescate bancario en los trabajadores y en los españoles más desfavorecidos, porque este real decreto-ley recorta la protección por desempleo, reduce en un 17% la cuantía de la
prestación contributiva a partir del séptimo mes, un recorte de renta para el 90% de los futuros perceptores de esta prestación. Usted dice que no deja a nadie sin protección. Le recuerdo que eleva la edad del subsidio de mayores de cincuenta y
dos años a cincuenta y cinco años, lo que significa dejar sin protección a más de 100.000 desempleados. Suprimen el subsidio especial de mayores de cuarenta y cinco años, dejando sin cobertura a otros 160.000 desempleados. Más de 200.000 personas
se quedan sin la protección actual de la renta de inserción activa. A eso hay que añadir la eliminación de las bonificaciones del 35% en la aportación de los parados a la Seguridad Social y el recorte de las prestaciones del Fogasa. Usted ha hecho
referencia a la regulación de 2006. ¿Sabe que respondía a un acuerdo tripartito? ¿Sabe que según ese acuerdo se recuperaría la cuota del 0,4 si había déficit, pero que nunca se rebajarían las prestaciones? Usted ahora ha rebajado esas
prestaciones y los recortes que planea se ceban en los funcionarios. Han puesto ustedes a los empleados públicos en el punto de mira. Están planteando la destrucción de empleo en el sector público con un claro objetivo: la reducción y
privatización de los servicios públicos; menos médicos, menos profesores, menos policías, menos guardias civiles, menos bomberos, etcétera. En este real decreto-ley continúa el ataque frontal del Gobierno al derecho constitucional de libertad
sindical y negociación colectiva, esta vez en el ámbito de la Función pública. Para este Gobierno la libertad sindical y la negociación colectiva de los funcionarios son privilegios inaceptables. Restringirlos, o sea, otra vez el palo, es el único
de los medios que se les ocurre para hacer más eficiente la Administración, pero la suspensión de convenios de forma unilateral y la prohibición de pactos de mejora de mínimos legales vulnera la negociación colectiva y la libertad sindical, que está
recogida, como usted sabe, en la Constitución y que nada tiene que ver con el ahorro del gasto público. Nuevamente se escudan tras la crisis para cambiar el modelo constitucional de relaciones laborales sin hacer nada para favorecer el empleo.
También atacan a los creadores de empleo. Suben la retención del IRPF hasta el 19% a emprendedores, a autónomos, a creadores; les suben el IVA en la mayoría de los casos hasta 13 puntos y establecen la libertad de horarios, que hunden a
las pequeñas y medianas empresas del comercio. Explíqueme cómo los emprendedores autónomos y creadores pueden generar empleo con estas medidas. Su real decreto-ley es injusto, es inútil, genera desconfianza y supone una enmienda de totalidad a los
Presupuestos Generales del Estado, empeora lo que entró en vigor hace apenas veinte días; unos presupuestos que ya supusieron el primer eslabón de una cadena de despropósitos por su retraso y por su contenido.
Señora Báñez, el Grupo Socialista le avisó de que esos presupuestos no eran creíbles y generarían más desconfianza. Les advertimos de que tenían un déficit oculto de 10.000 millones en el ámbito de su departamento, que los ingresos por
cuota estaban sobrevalorados, que faltaban 4.000 millones de euros en la partida destinada a prestaciones por desempleo y que eso traería como consecuencia recortes para los parados. Ahora hacen un recorte de derechos respecto a la prestación por
desempleo de más de 13.000 millones de euros, cifra que se ha debatido en el Parlamento holandés, pero aquí no, usted ni siquiera la ha mencionado. Usted acusó al Grupo Socialista de hablar maliciosamente y afirmó, de forma tajante, que no se mueve
ni una coma en las condiciones para el acceso a las prestaciones por desempleo. ¿Me quiere decir entonces qué significa la eliminación del subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco años? ¿Me quiere decir qué significa la elevación a los
cincuenta y cinco años del subsidio que antes percibían los mayores de cincuenta y dos? ¿Puede decir a esta Comisión qué significa que ahora para tener derecho a la renta activa de inserción se exija que previamente se haya agotado alguna
prestación contributiva o un subsidio por desempleo? Señora Báñez, no han movido comas, han recortado drástica y dramáticamente la protección por desempleo y han quitado protección a más de 500.000 personas desempleadas.
Además, establecen para los parados una doble condena, negándole las políticas activas de formación, de recualificación y de inserción laboral. A las políticas activas de empleo ya les dieron el golpe mortal en los presupuestos, con un
recorte de más de 1.700 millones de euros, un 54% a las partidas que significaban una transferencia a las comunidades autónomas. ¿Por qué no hicieron la reordenación de las bonificaciones hace apenas un mes, señora ministra, para que esos recursos
fuesen a las políticas activas de empleo? ¿Por qué? Usted había renunciado ya a la creación de empleo. También renuncian a la ayuda a los parados a encontrar un empleo, renuncian a su responsabilidad como Gobierno y traicionan de nuevo la
confianza que los españoles les entregaron. Ahora van más allá. En este real decreto hacen culpable a los parados de no encontrar empleo.
Los servicios públicos de empleo dedicarán ahora su actividad al control policial de los parados en vez de facilitar su empleabilidad e inserción en el mercado laboral. Este real decreto-ley sigue utilizando el desempleo y los parados como
coartada; su objetivo real, lo que usted llama reformas estructurales, es el desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho que establece nuestra Constitución. Si para su reforma laboral utilizaron la coartada de 5 millones de
parados, para rebajar el conjunto de derechos a todos los trabajadores, ahora dan una vuelta de tuerca más, culpabilizan al parado de su situación, justifican la sustancial reducción de la cobertura por desempleo como un medio de forzarles a buscar
empleo. ¿Empleo dónde, señora Báñez?
Lo que está provocando el Partido Popular es la desesperanza y la fractura social, y además todas estas medidas se adoptan sin diálogo social, rompiendo pactos tripartitos cada viernes: primero el de la reforma laboral, el del 25 de enero,
y más tarde el gran pacto tripartito de febrero de 2011 que abordaba el sistema de pensiones y las políticas activas de empleo, que fue refrendado después por las comunidades autónomas. Están ustedes atacando uno de los instrumentos más valiosos de
nuestra democracia, el diálogo social; están atropellando derechos y políticas que forman parte de nuestra convivencia y, además, tratan de justificarse en recomendaciones europeas. Las recomendaciones que la Comisión y el Consejo hacen a España
van en dirección opuesta a lo que hace el Gobierno. Lo que recomienda el Consejo es el fortalecimiento de las políticas activas de empleo...
El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez, para su información le digo que lleva nueve minutos y medio, y creo que su compañera también desea intervenir.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Sí, señor presidente, pero el tema lo merece.
El señor PRESIDENTE: Sin duda alguna, no le discuto que el tema lo merezca, pero va a agotar el tiempo y tengo que darle luego la palabra a su compañera.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Por supuesto, pero le he pedido previamente que fuera flexible, y usted me ha dicho que sí.
El señor PRESIDENTE: Sí, solo le informo, para que lo sepa.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Luego nos dirá que no hay réplica, ¿verdad?
El señor PRESIDENTE: No, no la hay, como habitualmente no viene habiéndola. Esto no es nuevo, así es como funciona la Comisión.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Entonces déjeme concluir, por favor, señor presidente, se lo agradezco.
El señor PRESIDENTE: Simplemente le estaba informando para que lo supiera.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Lo que recomienda el Consejo es el fortalecimiento de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo, señora ministra, esto es lo que recomienda el Consejo, no su desmantelamiento. Además, el Consejo recomienda que
las políticas sean eficaces contra la pobreza y de ayuda a los grupos vulnerables, y el real decreto-ley quita subsidios de desempleo a 500.000 parados en situación de necesidad. Con el real decreto-ley que acaban de aprobar nos espera un largo
periodo de destrucción de empleo. Por eso le decimos, como hace un mes, que intensifiquen y amplíen la protección por desempleo, ahora más que nunca.
Señora Báñez, su reforma laboral ha hecho que las solicitudes de las prestaciones contributivas se hayan incrementado por encima del 30%, que los desempleados de larga duración aumenten sin cesar, que los hogares con todos los miembros en
paro lleguen a cifras insostenibles. En este contexto, su Gobierno no puede hacer desaparecer el Plan Prepara, que se ha mostrado eficaz para más de 400.000 desempleados. No arroje más ciudadanos a la desesperanza y a la pobreza. No provoquen
ustedes una fractura social.
Gracias, señor presidente, por su amabilidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Yo voy a ser mucho más breve, sin ninguna duda, o lo voy a intentar.
En primer lugar, quiero reiterar la bienvenida a la ministra a esta Comisión; le deseo una buena estancia aquí entre todos nosotros. Asimismo, quiero dar la bienvenida a todos los cargos de su ministerio que están aquí con ella, que nos
permiten conocernos entre nosotros, y muy especialmente a la gente de la Seguridad Social, porque desde luego es de lo mejorcito que tenemos en este país. Por lo tanto, permítanme que así lo refleje.
Señora ministra, yo la he estado escuchando y realmente, si yo llegara hoy aquí y viniese de haber estado encerrada los últimos cinco meses en una habitación sin medios de comunicación ni nada, me levantaría y la aplaudiría, porque todo lo
que usted ha manifestado está muy bien, pero la realidad es otra, porque luego las medidas que se toman y sus consecuencias son otras. Ustedes están metiendo en todas las medidas mucha ideología política. Les voy a poner como ejemplo una de la que
no hemos hablado aquí. Ustedes deciden en el Real Decreto-ley 20/2012 suspender la paga a todos los
funcionarios públicos, y luego dicen: cuando consigamos el objetivo del déficit, si lo conseguimos, se la devolveremos en un plan privado de pensiones o de seguro. Pero, a los funcionarios que no tienen, porque usted sabe que hay muchos
que no tienen, tendrán que abrirles un plan privado de pensiones. ¿Qué mensaje les están lanzando ustedes con esto? ¿Qué les están diciendo? Os quito ahora una paga extra, pero os la voy a dejar para cuando os jubiléis en un plan privado porque
lo vais a necesitar. Ojo con los mensajes y adónde nos pueden llevar.
Usted afirmó el 8 de marzo en la Comisión del Pacto de Toledo que todas las medidas que afectaran en su conjunto a la Seguridad Social las iba a traer a debate al seno del Pacto de Toledo. Es más, reiteró que el PP volvía al Pacto de Toledo
y manifestaba que nosotros lo habíamos abandonado al congelar las pensiones fuera del Pacto de Toledo. Yo le dije que estaba encantada de volver a traer todas las medidas al Pacto de Toledo y que iba a contar con nuestra buena voluntad para
discutirlas, pero ¿qué sucede? En la reforma laboral, a última hora y en el Senado, nos meten un recorte de pensiones al cambiar, sin ninguna negociación política ni social, la cobertura de lagunas, y dicen: Lo hacemos para hacerlo más equitativo.
Yo no sé si el objetivo es ese, pero le puedo asegurar que a quien más van a perjudicar es a los miles de trabajadores afectados por expedientes o por despidos, trabajadores que a lo mejor tienen cuarenta años de cotización pero a los que acaban de
expulsar del mercado de trabajo y que justo en los últimos años es donde van a tener lagunas que se les va a cubrir a cotización mínima, con lo cual están ustedes indirectamente y por la puerta de atrás rebajando las pensiones.
Después, en los presupuestos de este año hablaron de que los ingresos iban a caer un 3,89 en cotizaciones y un 2,24 en las aportaciones del desempleo, pero luego decían que el déficit en pensiones iba a ser del 2,9. Ahora nos anuncian que
van a rebajar 2 puntos de cotización a las empresas, es decir, 3.000 y 6.000 millones de euros que la Seguridad Social ingresará de menos -3.000 el año que viene y 6.000 al siguiente-, pero además ahora usted dice que los van a compensar con el IVA.
Yo le digo que no es cierto, porque lo que va a compensar usted con el IVA son las cotizaciones no contributivas. Yo siempre voy a estar con usted y la voy a felicitar por aportar todos los complementos a mínimos, pero usted está rebajando 2 puntos
las cotizaciones contributivas y, cuando el dinero no llegue para pagar las pensiones contributivas, me va a decir que hay un desfase y que a ver por dónde recortamos. No, señora ministra, estamos hablando de que hay un envejecimiento de la
población, al que usted misma se ha referido y que es cierto, por lo que en esa línea no podemos estar rebajando cotizaciones porque estamos empobreciendo las pensiones de cara al futuro, y eso lo sabe cualquiera de los que estamos aquí.
También introducen el cambio en los recargos de los aplazamientos de las empresas, algo que me parece una barbaridad en estos momentos. Hay empresas que aplazaban tres o cuatro meses, porque a lo mejor tenían un problema momentáneo y se les
cobraba al 3 o al 5, y ahora usted va a tratar igual al que no cumple con la Seguridad Social, ni se ha molestado en cumplir, que al que ha cumplido religiosamente todo el año y tiene dos meses en los que no ha podido pagar. No me parece razonable
tratar a las dos empresas en el mismo sentido.
Asimismo, conforme a la exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2012 -usted lo ha explicado aquí-, en los próximos presupuestos va a aumentar 5 puntos la cotización máxima, y me parece perfecto, pero luego dice que va a incrementar la
pensión máxima un punto. Señoría, eso no es cumplir con el Pacto de Toledo, porque el Pacto de Toledo recomienda que cada vez haya mayor contributividad entre lo aportado y lo cobrado, y lo que usted está haciendo es alargar todavía más la
diferenciación. Le está diciendo usted a la gente: Cotice más, pero va a cobrar más o menos lo mismo. Por tanto, usted sabe lo que puede significar en ese sentido. Estaremos encantados de que traiga a debate todos los temas que quiera al Pacto
de Toledo. Los vamos a debatir y vamos a aportar nuestras posiciones, pero no vamos a estar nunca de acuerdo en medidas tomadas unilateralmente, como las que están tomando en los reales decretos. Yo llevo aquí cinco legislaturas -también usted
lleva unas cuantas-, y puedo decir que a lo largo de otras legislaturas no se han producido tantos decretos como se han producido en estos siete meses de Gobierno del Partido Popular.
Termino. Usted ha dicho una frase que me ha preocupado mucho -quizá la he entendido mal; no lo sé- y que me gustaría que me aclarara. Dice que en un sistema de reparto se reparte lo que hay. Pues no, porque entonces lo que me está
diciendo es: Voy a ir bajando cotizaciones y después, cuando no tenga, reparto lo que hay entre los que sean. Un sistema de reparto público como el nuestro también contiene obligaciones en cuanto a la gente que llevamos cotizando más de cuarenta y
dos años, o más de treinta, o más de treinta y cinco, etcétera, y tiene que haber una correspondencia entre lo cotizado y lo cobrado, pero no repartir lo que hay, porque eso nos llevaría a un cambio de sistema total. Por tanto, espero haber
malinterpretado la frase, tal y como yo la he entendido.
En cuanto al factor de sostenibilidad, hablaremos, pero también sabe que en las proyecciones nuevas que se han hecho de 2010 a 2060 donde se produce el mayor incremento de pensionistas en nuestro sistema es a partir del año treinta, o del
veinticinco. Hay algunos que dicen que a partir del treinta y otros que del veinticinco -con la edad que tengo, ya me hago una idea-, pero hasta ese momento tenemos tiempo para tomar medidas, para ver qué efectos tiene la Ley 27/2011 e ir
adecuándolos al Pacto de Toledo. Ahí nos va a encontrar siempre, pero en tomar medidas fuera del acuerdo político, fuera del acuerdo social, sin contar con los agentes sociales, etcétera, no nos va a encontrar nunca, y rechazamos totalmente
cualquier rebaja de pensión, bien sea por cobertura de lagunas o por otro motivo, y rechazamos la rebaja de tipos de cotización, rebaja que creemos errónea en
estos momentos, con la situación que tiene el país, el desempleo que hay y los empleos que se están perdiendo en este momento y que se van a seguir perdiendo en los próximos años.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la palabra por Convergència i Unió su portavoz, Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también a la señora ministra la comparecencia y decirle que a mi grupo de entrada le preocupa enormemente el estado de excepción legislativa en el que está instalada esta legislatura. Es grave
que reformas sustanciales como las que contiene este real decreto sean impuestas desde la mayoría que ustedes tienen sin que exista posibilidad de que el trámite parlamentario nos permita una discusión a fondo sobre esas medidas y, al mismo tiempo,
un esfuerzo de aproximación entre el Gobierno y los grupos de la oposición.
Ustedes tienen la mayoría absoluta y eso les legitima para aprobar estas reformas, pero el tiempo que vivimos exigiría del Gobierno mayor capacidad de diálogo con el conjunto de los grupos parlamentarios porque, reformas que son a veces
incomprensibles y difíciles, quizás en el trámite parlamentario podrían permitir aproximación entre grupos políticos, incorporación de consensos, mejoras, mayores legitimidades. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la Presidencia). En ese
punto, señora ministra, le recomiendo, especialmente en la perspectiva de los anuncios que hacen en materia de pensiones, que de verdad busquen el consenso con los grupos parlamentarios si queremos que esa legitimidad que, más o menos -a veces a
trompicones-, las reformas del sistema de pensiones han obtenido en esta Cámara se mantengan. En todo caso, el abuso del real decreto no es la mejor fórmula para hacer frente a los graves problemas que estamos viviendo.
En segundo lugar, he de decirle que la política presupuestaria y la política fiscal del Gobierno están renunciando a la creación de empleo. Ustedes han puesto en el centro de su política presupuestaria y de su política fiscal la
consolidación fiscal, y lo han hecho de tal manera que la han convertido en una posición incompatible con la puesta en marcha de medidas que sean capaces de crear empleo en el corto y medio plazo. Eso choca con la afirmación que usted realizaba al
principio de su intervención de que el Gobierno considera que el principal problema que tiene hoy nuestra sociedad es el desempleo, que la principal preocupación de las familias es la falta de trabajo. Ni la política fiscal ni la política
presupuestaria del Gobierno van en esa dirección. Es más, el conjunto de medidas que ustedes están adoptando en esta materia son profundamente incoherentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Se aprueba una reforma del mercado de
trabajo, que era necesaria -Convergència i Unió la apoyó sin ningún tipo de complejo-, orientada fundamentalmente a flexibilizar el funcionamiento del mercado de trabajo; en paralelo, con este real decreto ustedes disminuyen la protección social.
En el presupuesto de 2012 reducen sustancialmente las políticas activas de empleo, aquellas políticas que deberían acompañar a los trabajadores que, fruto de la flexibilización del mercado de trabajo, van a perder su empleo y que además van a
encontrarse con menor protección social, fruto de los recortes que se introducen en ese real decreto. Al mismo tiempo, reducen la política de bonificaciones. Usted ahora, en su intervención, sustenta esta reducción de la política de bonificaciones
con los informes que en 2010 se aprobaron en el Parlamento, pero en la discusión presupuestaria para 2012 se nos justificaba la reducción de las políticas activas de empleo con la afirmación de que mantenían la política de bonificaciones. Se nos
anuncia para 2013 la reducción de un punto en las cotizaciones sociales, pero aumenta la presión sobre el factor trabajo en los presupuestos de este año y en el real decreto que se convalidó la semana pasada tanto en materia de cotizaciones sociales
como de retenciones del IRPF. Además, ese anuncio de la rebaja de un punto en las cotizaciones sociales va a tener un impacto importante en las cuentas de la Seguridad Social, pero un efecto más que discutible en materia de empleo. Mi grupo
calcula que eso va a implicar una media de 180 euros de reducción de costes laborales al año por trabajador. Eso no va a tener ningún efecto sustancial en el objetivo que el Gobierno pretende, que es el mantenimiento y la creación de empleo.
A la espera de conocer el anuncio que ha hecho esta mañana en la Comisión, no se plantean medidas a corto y medio plazo orientadas a la generación de empleo. El conjunto de este paquete es, a nuestro entender, profundamente incoherente, y
lo es también con la afirmación de su preocupación en esta materia. Por ejemplo, en el caso de mi país, de Cataluña, hemos pasado de poder formar a 249.000 desempleados el año pasado a formar a 145.000. Los recursos de la Generalitat en materia de
formación de desempleados ha pasado de 157 millones de euros a 111 millones de euros. No es razonable que, ante el incremento del desempleo, el Gobierno reduzca las partidas orientadas al reciclaje profesional de las personas desempleadas, al
acompañamiento de los desempleados. No es razonable que se nos anuncie una reducción de la protección social orientada, se nos dice, a facilitar de la manera más rápida posible la incorporación de las personas desempleadas a la búsqueda de empleo
y, al mismo tiempo, se reduzcan las políticas públicas que permiten acompañar a esas personas en esos procedimientos. Se nos dice: Reducimos la política de bonificaciones por el mantenimiento y la creación de empleo. En ese paquete ustedes
reducen una partida sustancial, que creo recordar que es de 700 millones de euros, que son las cuotas para el mantenimiento de empleo de los trabajadores de más edad. Y se nos anuncia además la reducción del conjunto de elementos que permitían a
los trabajadores de cuarenta y cinco años o de más de cincuenta y dos años acceder a la protección
por desempleo, pero al mismo tiempo están limitando el único incentivo que tenían las empresas no para contratar nuevos trabajadores, sino para mantener trabajadores de más de edad en su puesto de trabajo. Eso además se hace difícilmente
compatible con la estrategia para el mantenimiento del empleo de esos trabajadores y los mandatos que nos llegan de la propia Unión Europea para permitir que los trabajadores de esas edades, de difícil recolocación, se mantengan en su empleo.
Le decía: Ustedes renuncian a medidas en el corto plazo. Se nos anuncia -y lógicamente lo debemos valorar positivamente en términos de idea, de concepto- la puesta en marcha de una estrategia para la emprendeduría y el empleo juvenil.
Pero, en paralelo, también el propio Gobierno ha anunciado que retrasa sine die la aprobación de la ley del emprendedor porque, si hoy planteamos una estrategia que vaya a fondo para facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades económicas, de
lo que estaríamos hablando es de reducción del cien por cien de las cuotas sociales de esos emprendedores durante un periodo determinado de tiempo, como sucede en el resto de Europa, de excepción de impuestos hasta una determinada cantidad de
recursos. Son las medidas que en el resto de Europa se han puesto en marcha para facilitar el inicio de una nueva actividad económica o la regulación de los inversores de proximidad y sus incentivos fiscales para que estos sean capaces de
desempeñar el papel que hoy el sector financiero no está desempeñando, que es el de facilitar el acceso al crédito y a la financiación a las nuevas actividades económicas. Por tanto, no sé cómo encajamos ese anuncio del Gobierno de renunciar a la
ley de emprendedores con el anuncio de esta mañana de una estrategia en este sentido.
También nos hablaba -y ahí coincidimos- de la prioridad del desempleo juvenil. Mi grupo identifica en Cataluña a 100.000 jóvenes -en el conjunto del Estado, quizás a unos 500.000 jóvenes- con muy poca formación, con muy poca experiencia
laboral que hoy no están trabajando ni se están formando. Eso debe ser una prioridad en términos sociales y políticos, porque es una bomba de relojería, y exige medidas concretas que vayan más allá del contrato de formación y del aprendizaje. Si
uno observa lo que han hecho en situaciones similares otros países de nuestro entorno, vemos que han aplicado políticas muy activas a la subvención, a la creación de empleo, tanto por la vía del contrato de formación como de las prácticas laborales,
pero con apoyo público, para que las empresas den una oportunidad de empleo a esos jóvenes. Cualquier estrategia del Gobierno en materia de empleo juvenil debe priorizar a esos 500.000 jóvenes, si no, estaremos creando condiciones objetivas para la
fractura social.
Ustedes deben tener también una política activa para identificar aquellos sectores que en los próximos tiempos pueden ser intensivos en la creación de ocupación. Se presentaba hace muy pocos días, en concreto el martes en Barcelona, Spain
2020, una estrategia para proponer la creación de empleo en el sector de las tecnologías, de la formación y de la comunicación. Mi grupo viene reclamando desde hace tiempo una estrategia del Gobierno para la creación del empleo en los servicios a
las personas, una estrategia intensiva en la creación de empleo o la creación de empleo en la denominada economía verde. Todas las recomendaciones de la Unión Europea nos plantean tecnologías de la información y de la comunicación, servicios a las
personas y economía verde como sectores intensivos en la creación de ocupación.
Finalmente, ustedes están planteando esta reforma de la prestación por desempleo, pero de una manera incoherente, porque al final las consecuencias prácticas de su reforma van a provocar el aumento de la presión a ayuntamientos y a
comunidades autónomas a la hora de hacer frente a situaciones de necesidad social; ayuntamientos y comunidades autónomas que están colapsados por su situación financiera.
Todo ello, señora ministra, nos preocupa. Si me permite, señor presidente, les leeré una breve frase de Beveridge, del informe Beveridge del año 1944, que creo que en los tiempos en que vivimos es adecuada. Afirmaba Beveridge en junio de
1944: El mayor mal del desempleo no es físico sino moral, no es la miseria que puede causar sino el odio y el temor que alimenta. Le pido, señora ministra, que sitúe como prioridad en el corto plazo el mantenimiento de la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Emilio Olabarría por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora ministra, muy agradecido por su presencia y por la prolijidad de su intervención, ilustrativa para mi grupo parlamentario, pero que nos obliga a realizar reflexiones ciertamente críticas. Lo que está
pasando vamos a contextualizarlo como lo ha hecho usted, pero vamos a llegar a conclusiones contrarias a aquellas a las que usted ha podido llegar. Aquí lo que está ocurriendo sería una especie de epítome de lo que ha ocurrido con el IVA de los
servicios funerarios. Yo comprendo que el IVA no corresponde al ámbito de sus competencias, pero el incremento del IVA de los servicios funerarios, sin perjuicio de lo difícil que es la identificación del hecho imponible, qué valor añadido tiene la
muerte -aunque hace referencia evidentemente a las empresas funerarias-, nos retrotrae o nos evoca las coplas de Jorque Manrique cuando decía: al llegar el río a la ribera del mar. Habría que parafrasearle ahora de forma diferente con lo que han
hecho ustedes con el IVA en este real decreto-ley. Se iguala en un mismo sujeto tributario a los que viven por sus manos y a los ricos. Con lo que se acomete en este Real Decreto-ley 20/2012 se hace exactamente lo contrario de lo que glosaba en
las Coplas por la muerte de su padre Jorque Manrique. No se iguala a los que viven por
sus manos con los ricos, se les desiguala, se les separa profundamente, hágase lo que se haga.
¿Qué se puede hacer? Yo comprendo sus tribulaciones. Es que usted puede hacer muy poco. Cuando usted acomete una reducción drástica de 1.700 millones de euros a las políticas activas -y veremos cuál es la que se incorpora en los próximos
Presupuestos Generales- está haciendo lo que tiene que hacer, que dimana de una situación que es fácil de identificar en términos macroeconómicos y sobre la cual el propio Gobierno español -no solo su ministerio- carece de autonomía, carece de
soberanía. Se ha perdido soberanía en este ámbito. Ha comenzando usted afirmando que el techo de gasto provoca una reducción del 5% -me parece que ha comentado- de las consignaciones o disponibilidades presupuestarias de todos los ministerios,
pero se le ha olvidado decir que el techo de gasto actual paradójicamente es superior al que sirvió de soporte a los anteriores Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué es superior? Aquí viene el quid de la cuestión. Porque el 9% de este techo
de gasto está destinado a la financiación de los intereses de la deuda del Estado. ¿Qué ocurre? Que para acometer y afrontar los intereses de la deuda del Estado en régimen de tracto sucesivo, como tienen que ir pagándola, bien sea en la forma de
los bonos que tienen que financiar o de la deuda pública emitida que tienen que financiar igualmente, ¿a qué recurren? A más deuda pública, con lo cual se inicia una especie de espiral diabólica cuyo símil más parecido sería colocar una cabeza a
una persona fallecida -o viva, me da lo mismo- cabeza abajo e ir dándole vueltas para que vaya penetrando cada vez más, porque de este bucle diabólico nadie, ni en su Gobierno ni fuera de él, sabe cómo salir. Bueno, hay una salida, la que todos nos
podemos imaginar, pero supone convivir con algo con lo que no se puede convivir, y es que la deuda pública dimanante del sumatorio de la privada más la pública sea superior al producto interior bruto. Con esto no se puede convivir, señora ministra.
Sabe usted que es superior, aunque el ministro de Economía no lo afirmó. La deuda privada más la pública es exactamente 222.000 millones de euros superior al producto interior bruto del Estado español, a la capacidad de generación de riqueza del
Estado español.
Desde esa perspectiva, yo comprendo, pero no puedo compartir. Las políticas no tienen que ser, como decía la señora portavoz del Partido Socialista, procíclicas, sino que hay que tener el coraje de acometer políticas anticíclicas y
proclives al crecimiento. Yo esperaba que usted viniera aquí a presentar un programa de empleo juvenil, entre otras cosas, y no a glosar el Real Decreto-ley 20/2012 con carácter expansivo y renunciando ya a esa vocación privatista y liberal que
caracteriza el diseño de su política macroeconómica actual, que se parece más que nada al primer libro de Adam Smith, el más conocido, The wealth of nations, en donde los mercados se autorregulan periódicamente, pero no es que se regulen, es que le
comen a uno, salvo que uno se atreva a enfrentarse a los mercados. Es así. Ustedes no acometen políticas de expansión suficientes, ninguna, más que aquellas de contracción del gasto, del déficit público y de la deuda, en la medida en que pueden,
porque la deuda les está comiendo también.
La economía española está intervenida ya de facto, y si no me reconoce usted este aserto léase el artículo 31 del ya tristemente famoso Memorándum de Entendimiento. En este memorándum no se habla solo de las condiciones que se imponen a las
entidades bancarias que se van a beneficiar de créditos sabe Dios de quién, porque cada día nos enteramos de una cosa diferente. Parece que iba a ser el Banco Central Europeo, luego dijeron que el Banco Central Europeo más, ahora parece que pueden
ser los fondos estructurales. Veremos a ver con qué ocurrencia nos encontramos la semana que viene. En el ínterin, la prima de riesgo sigue creciendo, el diferencial con el bono alemán sigue creciendo, etcétera. ¿Ve, señora ministra, como no se
puede convivir con esta situación? Pues en este Memorándum de Entendimiento, en el artículo 31 -me imagino que lo conocerá, no necesito leérselo-, se establece que las reformas no hacen referencia solo al sistema financiero -o el control no se
limita solo al sistema financiero, a los bancos y cajas españolas-, sino también al mercado laboral, al mercado de los servicios mediante la exigencia de liberalización de los servicios, a los procedimientos para apertura de negocios e incluso a la
conveniencia de complementar la interconexión energética del país -me imagino que para mayor gloria y beneficios de la Électricité de France- y a las pensiones. Léase el principio número 31 del Memorándum de Entendimiento. Me han puesto bien el
nombre, se llama Memorándum de Entendimiento. Ustedes lo han entendido perfectamente. Lo malo es que lo empezamos a entender ya todos perfectamente.
Vamos a vivir en una situación de constricción permanente de los recursos presupuestarios disponibles por su ministerio y por todos los demás desafortunadamente, con la cual no solo no vamos a poder romper el bucle diabólico en virtud del
cual la refinanciación o financiación de la deuda se hace mediante la incorporación de más deuda a nuestras finanzas, sino que, además, mediante la pretendida exigencia de nuestro sistema financiero, que es pretendida porque lo que necesitan los
bancos son mayores provisiones para eventuales pérdidas -salvo que alguno necesite liquidez y no lo esté reconociendo con suficiente claridad-, nos vamos a encontrar con restricciones tan brutales en materia de políticas activas como la de los 1.700
millones de euros que antes le hemos comentado y que hacen manifiestamente imposible la aplicación de un real decreto-ley que usted conoce perfectamente y lo tiene fresco porque le interpelé recientemente sobre esta materia, que es el Real
Decreto-ley 3/2011, donde se establecen medidas de fomento del empleo de forma desagregada, sistematizada e innovadora. Ustedes votaron también este real decreto-ley, lo que pasa es que no están en condiciones
de cumplirlo por falta de disponibilidades presupuestarias, sencillamente.
Pero lejos de conformarse con esto, acometen varias operaciones en este real decreto-ley. No vamos a hablar de las políticas activas, salvo de los mecanismos de interacción que usted ha explicado y que a mí no me parecen razonables -habría
otros mecanismos de interacción-, a los que también nos compele el Real Decreto-ley 3/2011. Establecen varias operaciones que me parecen discutibles y que me debería explicar mejor si es tan amable, señora ministra. ¿Por qué se homogeneiza la
normativa tributaria, el IRPF, la estructura, los tramos de IRPF, con las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Cuál es la imperiosa necesidad, el imperativo categórico que nos obliga a una identificación en la estructura de los tramos del IRPF
cuando el IRPF se ha incrementado en todos sus tramos y las bases de cotización de la Seguridad Social, según se está anunciando por parte de portavoces de su Gobierno, se van a reducir? Es decir, ¿cómo se puede compatibilizar el incremento de un
tributo que a su vez se identifica con la estructura de unas bases de cotización que van a disminuir? En definitiva, ¿cómo se puede subir y bajar simultáneamente? Subir en el ámbito tributario y bajar en el ámbito de las cotizaciones a la
Seguridad Social, sin perjuicio de alguna reserva de carácter más específica para Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco de que se está tocando un impuesto concertado, el IRPF, en esta homogeneización que ustedes realizan.
En materia de prestaciones por desempleo, en este real decreto-ley se disminuyen, claro que se disminuyen, en un 10% a partir del mes séptimo. Mire, la disminución de una prestación que es de Seguridad Social en su naturaleza y de carácter
contributivo es de dudosa constitucionalidad, por usar una palabra -y no quiero ser particularmente agresivo- amable. Señora ministra, es inconstitucional la reducción de la prestación contributiva. ¿Por qué? Porque lo dice el Tribunal
Constitucional en una sentencia del año 1989 con relación a las medidas anticúmulos de la Ley de Presupuesto del año 1985, en virtud de una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta. Voy acabando ya, señor presidente, porque veo que se ha
encendido ya la luz roja; no sé si me ha quitado tiempo o si, como decía Jorge Manrique, el decurrir del tiempo es más rápido de lo que uno puede presumir. Bien, le decía que es inconstitucional porque la sentencia a la que me refiero del año 1989
del Tribunal Constitucional establece lo siguiente. Cuando se acomete una reforma del sistema, de la cuantía y de los mecanismos de protección del sistema de las pensiones pueden ocurrir dos cosas, que el nivel de prestación previgente fuera
suficiente o no fuera suficiente. No hay más alternativas, si era suficiente se mantiene y si no era suficiente se tiene que incrementar para cumplir el requerimiento previsto en el artículo 41 de la Constitución de suficiencia de la protección
ante cualquier situación de necesidad. Si usted lo que acomete es una reducción lineal y porcentual reduciendo la base del 60% al 50% y reduciendo la prestación en un 10%, está incumpliendo este requerimiento de esta sentencia del Tribunal
Constitucional, por no decir lo que nos parece desde una perspectiva de justicia social reducir las prestaciones precisamente de los desempleados, que dentro de poco van a ser 6 millones de ciudadanos y son los que más están sufriendo los envites de
esta crisis poderosa y con respecto a la cual nadie encuentra ninguna solución, ni en su Gobierno ni fuera de su Gobierno, desafortunadamente. Ya se ha dicho por otros portavoces, se elimina el subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco
años; se endurece la renta activa de inserción limitándola a personas mayores de cuarenta y cinco años; para los parados de larga duración se establecen los sistemas de acceso a rentas de inserción.
Para ir acabando -de verdad, señor presidente-, en materia del Fogasa usted ha pasado como de puntillas sobre lo que suponen las prestaciones o subvenciones del Fogasa a las personas que sufran la pérdida de su empleo en virtud de
expedientes de regulación de empleo de empresas insolventes. Normalmente, las empresas que acometen expedientes de regulación de empleo son casi siempre insolventes. En este momento, la indemnización no podrá sobrepasar los 42,76 euros diarios,
exactamente el doble del salario mínimo interprofesional. Antes el tope era el triple del salario mínimo interprofesional. Acometen una reducción también que tendría los mismos problemas de inconstitucionalidad que le he indicado anteriormente
para la reducción de la prestación por desempleo.
Para acabar de verdad, señor presidente, no puedo dejar de leerle unas reflexiones lúcidas de Juan Goytisolo, recientemente publicadas en un medio de comunicación, donde comentaba que acabada la guerra de liberación de Irak y la
neutralización de sus armas mortíferas, se aseguraba por parte del presidente del Gobierno a la sazón, señor Aznar -a quien quisiera oírle-, que España se había zafado de la funesta influencia francesa y había recuperado la grandeza perdida en la
época del emperador Carlos V. Funesta influencia francesa que ahora se intenta recuperar de cualquier manera, casi rayando en lo indecoroso. La quiebra de Lehman Brothers socializó las ingentes pérdidas a costa de todos los estafados y el sueño se
desvaneció. Un país que siempre fue rico, pero un pueblo que siempre fue pobre. Ya en la época de Carlos V, cuando llegaban los recursos -el oro de las Indias-, descontando lo que se invertía en la construcción de palacios e iglesias y en gastos
suntuarios, todo el resto pasaba a manos de negociantes y banqueros de Génova y Ámsterdam -ahora todo está pasando a manos de los mercados, vamos a utilizar esta expresión-, y nos encontramos, como dice Sombart, que el catolicismo hispano acumulaba
sin medida fincas rústicas y heredades inmobiliarias y rechazaba por razones de hidalguía el comercio y la fabricación de bienes útiles. Esto es lo que estamos haciendo, perdiendo la perspectiva de la implementación y el incremento presupuestario
de las
políticas activas. Quién iba a decir en el año 1997 que esta sociedad derrochadora y caciquil de toda laya iba a convertirse de nuevo en el hombre enfermo de Europa. Empezamos a ser, señora ministra, el hombre enfermo de Europa. El señor
Rodríguez Zapatero, en el que algunos creyeron como elemento de superación de estas situaciones, entre su tenaz optimismo antropológico y la negación obstinada de la crisis, nos llevó a profundizar en esta crisis todavía más. Aquí cita El declive
de los dioses, pero no es cuestión de alargarse mucho más. Pero cita -y acabo con esto, señor presidente- lo que Miguel Sebastián, posteriormente ministro de Industria, comentó antes de las elecciones que el Partido Socialista no pensaba ganar. La
verdad es que las ganó por unas circunstancias muy excepcionales -que no es menester recordar en este momento-. Decía el señor Sebastián: Menos mal que no vamos a ganar estas elecciones porque la que nos viene sobre España es gorda. Tenemos una
burbuja inmobiliaria y es inevitable que estalle, y cuando esto ocurra se lo va a llevar todo por delante, incluyendo los bancos. Palabras proféticas de quien luego fue ministro de Industria. Y hay hoy -y de verdad que esta es mi última frase,
señor presidente- un vertiginoso salto atrás en pobreza, paro y ladronería bancaria, a través del cual cualquier actividad o cualquier propuesta que usted nos haga, señora ministra, será bienintencionada, usted lo intentará hacer, pero está
inevitablemente abocada al fracaso.
El señor PRESIDENTE: Hablaba usted del tiempo y, refiriéndome a las horas, me acordaba del viejo dicho et omnia vincit et ultima necat.
A continuación, por el Grupo Mixto, tiene la señora Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero empezar por agradecer, como el resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la comparecencia de la señora ministra en una posición que entiendo no tiene que ser nada fácil. Quiero
recordar que lo que hoy se viene a presentar aquí ante la Comisión y que, de alguna manera, era avanzado -que no presentado ni analizado- en Pleno hace dos semanas y la pasada en su tramitación, es un paquete de medidas entre las que se encuentra
una, a nuestro parecer -y desde luego quiero expresar aquí la posición de Geroa Bai-, de una enorme gravedad: tocar las prestaciones por desempleo. Eso, en cualquier sociedad que se precie a la hora de defender el Estado de bienestar, es una
medida lo suficientemente grave como para que -y quiero empezar por aquí, presidente- hubiéramos tenido la oportunidad en esta Cámara de haberla analizado previamente y no a través de la presentación en forma de real decreto y en un debate en el que
nos tuvimos que limitar casi a votar.
Como digo, lo que se nos presenta es un real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y quiero empezar, ministra, por negar la mayor. Es decir, entendemos que ni las medidas que nos
presentaron ni las referidas al objeto de esta Comisión en ese real decreto van a conseguir en absoluto garantizar la estabilidad presupuestaria. El señor Olabarría en su intervención hablaba de un elemento fundamental a la hora de llegar a sujetar
o plantear -garantizar se nos hace muy difícil- la estabilidad presupuestaria, que es el nivel de la deuda. La tenemos absolutamente desbocada y, por lo tanto, difícilmente con medidas internas vamos a poder garantizarla. Seguramente, la
herramienta está más en otros foros o en otros ámbitos. Así, entendemos que no va a fomentar la competitividad.
Ministra, nos ha dicho que estas son medidas no fáciles, ha dicho que el Gobierno entiende que crean inquietud pero que van a dar resultado. Esas han sido exactamente sus palabras. Mire, quiero recordarle que ya hemos mantenido un debate
similar, me refiero a los términos de la apuesta que el Gobierno hace sobre las medidas que nos trae a esta Cámara, por ejemplo, con respecto a la reforma laboral. Lo que podemos decir desde febrero hasta hoy, que es el tiempo en que se viene
aplicando esa reforma laboral -que, como digo, usted defendió con el mismo ardor y, desde luego, con la misma convicción de que iba a dar resultado-, lo único cierto hoy, varios meses después, es que el número de ERE con respecto al mismo periodo
del año anterior ha subido en un 66%. Seguramente no como consecuencia exclusiva de la reforma laboral, pero sí desde luego con ella y a pesar de ella. Eso es lo único cierto, que no tenemos ningún elemento de convicción de que estas reformas, de
que estas medidas vayan a dar ningún resultado, pero, desde luego, lo que sabemos es que la apuesta que ustedes hacen, como digo, no provoca ninguna confianza.
Señora ministra, en el pasado debate en el que el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, nos presentaba las medidas que, como digo, hoy analizamos, ya expresé en nombre de mi formación al presidente del Gobierno que la educación universal,
que la sanidad privada, que las pensiones o que las prestaciones por desempleo no son herramientas, no son armas que se puedan utilizar para competir, converger o tratar de batallar en esta tormenta económica, sino que son derechos intocables, son
derechos, y los políticos somos valedores y garantes de esos derechos, especialmente quien actúa en el Ejecutivo. En absoluto son, como digo, herramientas. Sin embargo, la verdad es que las propuestas que ustedes nos están haciendo en este terreno
están fallando estrepitosamente. Hasta ustedes tienen que maquillar las cifras.
Fíjese. Ha dicho hoy que solo un 55% de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo se van a ver afectados por las nuevas restricciones. Es un 55% muy relativo. Nos ha dicho que el resto son o bien beneficiarios que no llegan al
tope de la cuantía marcada por la reforma o bien beneficiarios que no llegan al tope en términos de temporalidad de la percepción de esa ayuda. Es decir, que se va a aplicar al 100%. Son reformas o restricciones que van a afectar desde luego al
100% de
las personas que cobran el 60% de la prestación y al 100% de las personas que cobran más de seis meses o que tienen derecho a percibir esta prestación por más de seis meses. Al 100%, ministra, y lo demás es tratar de maquillar unas cifras
que yo entiendo que son durísimas de expresar y de explicar. Esto, unido a otras medidas como la reforma laboral que ya he citado y de resultados que en estos momentos tenemos posibilidad de ver en el balance de los meses que vienen de su
aplicación, a la práctica desaparición de los fondos del dinero de los presupuestos destinados en ocasiones anteriores a políticas activas de empleo y que con los presupuestos recientemente aprobados quedan prácticamente en nada, creo que deja
claramente un dibujo con respecto a la acción del Gobierno en torno al empleo que es un verdadero erial. Es un erial, es un páramo, es un campo absolutamente muerto.
Además, nos tememos lo peor y es que van a seguir por esta senda. Lo hemos visto, por ejemplo, si miramos también la renta activa de inserción. Nos dice que lo que busca es una mayor efectividad de herramientas como esta, pero lo cierto es
que las nuevas condiciones que imponen en este real decreto a la renta activa de inserción suponen prácticamente la desaparición de la RAI, prácticamente, porque nos encontramos con que en torno al 90% de las personas que la están percibiendo son
personas que nunca antes han trabajado. Sí, son los datos que nos vienen dando oficialmente mes tras mes. En torno al 90% son personas que no han pasado por el mercado de empleo y están percibiendo la renta activa de inserción.
Como decía, todo este dibujo además nos hace temernos lo peor. Y quiero terminar ya, señor presidente, porque compartiré el tiempo con mi compañero del Grupo Mixto, el señor Cuadra, haciéndole algunas preguntas. La primera es si todo esto
que nos ha relatatado hoy y que se votaba en el Pleno la pasada semana supone un avance de otros recortes como la eliminación del programa Prepara. Si comparte, tal y como nos señalaba el presidente del Gobierno en la presentación de estas medidas,
si comparte con el presidente Rajoy que estas medidas son necesarias para alentar a las personas en paro a que busquen de manera más activa empleo y si cree que se pueden hacer afirmaciones como estas mientras se afirma que este año y el que viene
se van a destruir empleos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Mucho está ya dicho y hago mías bastantes de las afirmaciones críticas que se han realizado por los grupos anteriores en relación con la exposición hecha por la ministra.
Únicamente me voy a detener en tres puntos a los que expresamente se ha referido. El primero hace referencia a que la política que va a desarrollar el departamento se va a realizar bajo el mayor grado de consenso posible. Estuve leyendo
antes de esta reunión sus intervenciones en esta Comisión en el mes de febrero y en el mes de marzo en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y no menos de diez o doce veces en cada una de ellas hizo referencia al mayor grado de consenso
posible. Usted querría compartir con todos el diálogo y todas las propuestas que mejoren el futuro de la economía; su proyecto pasa por profundizar en el diálogo; todos podemos convenir, sin duda, que el diálogo social es el instrumento decisivo
para bla, bla, bla. Esto es lo que dijo usted expresamente. Le querría hacer una pregunta muy sencilla: en este tiempo transcurrido de cuatro o cinco meses, ¿cuántas veces se ha juntado usted con algún interlocutor social? Léase sindicato,
asociaciones de inmigrantes, asociaciones de viudas, etcétera. ¿Cuántas y cuándo? Porque yo tengo la impresión de que usted utiliza esta palabra o bien por hablar o bien mintiendo expresamente o bien quizá con una buena voluntad, pero después no
lo lleva a la práctica evidentemente. Esta no es solo una duda, es una afirmación que hacemos todos los grupos aquí presentes.
El segundo tema a comentar es que, en relación con el régimen de pensiones, ha dicho usted que hay que repartir lo que hay. Para una economía doméstica puede ser algo perfectamente entendible. En su boca, desde luego, no. Esta sociedad no
es una sociedad plana, ni lo que hay para repartir es algo plano, sino tremendamente desigual. Por casualidad también esta semana ha aparecido una noticia en la prensa en la que se hacía referencia a cómo de 2005 a 2010 se había incrementado la
entrada de capitales en los paraísos fiscales en un 70%, en esa fecha, entre 16 y 26 billones de euros habían accedido allí, muchos de estos procedentes del Estado español. Entre ellos, por ejemplo, la familia Botín. Botín and company fueron
descubiertos en una de ellas y, tras hacer las correspondientes declaraciones complementarias, tuvieron que pagar 200 millones tan solo. Aparte de esta familia, existen otras conocidas por el fisco muy probablemente -la Asociación de Inspectores de
Hacienda ha escrito bastante al respecto- con las cuales se actúa con guante de seda por parte de la Administración. Existen estos paraísos fiscales, existen estos desfalcos y las desigualdades en esta sociedad -que no es plana, repito- siguen en
ascenso. Los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. La matriculación de coches de lujo durante 2011 creció un 83%, siendo uno de los sectores de nuestra economía más dinámicos, lo cual indica que hay un sector de la población que tiene,
aparte de mucho dinero, mucha cara, porque no le importa nada hacer ostentación de su riqueza y de esta caradura. Lo que hay que hacer no es este reparto que usted está haciendo desde su ministerio, que afecta, sobre todo, a la gente de abajo, sino
intentar poner patas arriba el sistema fiscal y los sistemas de prestaciones que ustedes están impulsando.
Tercera afirmación que usted ha hecho y a la cual me quería referir. Ha dicho que hay que adaptar las prestaciones a un nivel de sostenibilidad aceptable. Pues bien,
señora ministra, también una pregunta: para usted ¿qué es la sostenibilidad, qué es lo aceptable? Más en concreto, por ejemplo, ¿dónde vive usted? Yo vivo en el casco viejo de Iruña y en el portal donde yo vivo habrá un 25% de gente que
tiene trabajo estable, el resto es gente parada, un par de viudas, gente en precario, gente que no tiene nada de nada y trapichea con lo que sea. Este es el nivel de gente con el que yo me tropiezo en la escalera todos los días. El nivel de
sostenibilidad para esta gente está rayando ya lo absolutamente inaceptable, y mucho más desde que ustedes entraron en el Gobierno. Todas las medidas que están tomando ustedes están atentando contra la dignidad ya de la persona, de millones de
personas de esta sociedad, de más de un millón de familias que no tienen ningún ingreso salarial. Y ustedes, con todo este paquete de medidas que están presentando aquí, lejos de atemperar esta situación, lo que están haciendo es agravarla.
Y termino solo con una mención al sistema de pensiones. Hago mías las conclusiones y argumentaciones que ha hecho la compañera socialista. Ha sido un desliz muy evidente relacionar el recorte, la supresión de la paga extra a los
funcionarios, con una posible devolución en un fondo de pensiones. Los recortes que se van a realizar en las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de las empresas van a conducir también a que usted dentro de poco, con toda seguridad -me la
juego-, nos vendrá a decir, a cantarnos la milonga, de que la Seguridad Social está en crisis y que, como consecuencia de la misma, del déficit que tiene, es necesario tomar nuevamente medidas para recortar pensiones y demás. Tanto el señor Rajoy
como usted en su comparecencia del mes de febrero, hicieron referencia a que este sistema debía ser un referente de estabilidad, de seguridad, de tranquilidad y de confianza para los más de 8 millones de pensionistas. Y estos 8 millones de
pensionistas, después de oír el último paquete de medidas del Gobierno, están muy inseguros, están completamente intranquilos, carecen de confianza en este Gobierno; la estabilidad en la que se encuentran es tremendamente baja. El Gobierno con
estas medidas -repito, Amaiur lo ha señalado en distintas intervenciones- únicamente se atreve a enfrentarse a los de abajo, sobre los que recaen la mayor parte de sus medidas, y trata con guante de seda a todas esas personas -botines and company, y
demás millonarios de este país- que siguen gozando de un tratamiento fiscal inaceptable desde el punto de vista de la moral y la justicia, y que siguen comprando sus coches de lujo para regalárselos entre ellos por las navidades.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto Iglesias.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que intervenir al final del turno general lleva a que muchas de las cosas se hayan dicho, pero lo vamos a convertir en una ventaja para no repetir determinados conceptos. Quiero hacer algunas
reflexiones a la señora ministra, a la que agradezco la comparecencia. Quiero empezar por el análisis que ha hecho de la situación económica general; un análisis de las causas, de dónde nos encontramos y de las vía de salida que, desde luego,
desde mi grupo político no compartimos. No es el pecado de la deuda el que nos lleva ahora a la necesidad de flagelarnos para purgar esa culpa y así conseguir la dicha eterna en la próxima legislatura, el problema es que la crisis económica que
padecemos, fruto de un sistema productivo como el que hemos alimentado en España durante muchos años y que nunca se ha corregido, nos ha llevado a una crisis y a un hundimiento de la recaudación de la que no hay forma de salir. Es cierto que ni el
Gobierno anterior, ni el anterior del anterior, que sentó la bases para llegar donde nos encontramos, tuvieron valor o vista para poner límite a esa deuda fácil a la que se ha recurrido, y eso que había muchos técnicos en el Banco de España o en la
recaudación de impuestos, en el Ministerio de Hacienda, que advertían del peligro de la situación a la que se estaba conduciendo a España. Pero se prefirió estar al frente de economías que crecían sobre unas bases tan poco fiables que implementar
medidas que fuesen corrigiendo unos desequilibrios que nos han traído a esta situación desesperada. Y en esta situación desesperada, este Gobierno, que llegó hace siete meses al poder, está haciendo recaer el peso fundamental de la crisis sobre los
que menos tienen, sobre la gente más pobre, sobre los trabajadores y las trabajadoras, para acabar conjugando y perdonando los comportamientos indebidos, cuando no delictivos, de la banca española, que nos ha metido en la situación en la que nos
encontramos. Ahora se les pide el esfuerzo a los trabajadores y a las trabajadoras.
Señora ministra, nos ha expuesto con un lenguaje edulcorado que lo que están haciendo, en definitiva -y lo ha repetido en varias ocasiones-, es corregir múltiples reformas parciales hechas anteriormente, que no terminaban de cuadrar y que
hacían que la situación actual estuviese deshilachada. Pero usted no ha hecho referencia a la letra pequeña del decreto, que es la que descubre que lo que usted está diciendo no se ajusta a la realidad. Y la realidad es que se están produciendo y
se van a producir una serie de recortes enormes sobre las espaldas de los trabajadores, sobre todo del sector público, y sobre las espaldas de los parados, a los que han intentado ustedes criminalizar; y lo dijo el señor Montoro en el último Pleno
manifestando que no pasaba nada por trabajar un poquito más -lo dijo refiriéndose a los funcionarios, a los cuales se les reduce el salario, no un salario extra, sino su salario- y lo dijo el señor presidente del Gobierno también en su intervención
al aludir al recorte en las prestaciones por desempleo, cuando manifestó que así se corregirían determinados comportamientos o que el objetivo es corregir determinados comportamientos de fraude. Eso casa poco con una de las medidas que ha adoptado
el Gobierno para tratar de recaudar más, como es la amnistía fiscal. Se amnistía a quienes han defraudado a la Hacienda pública
millones y millones de euros y se persigue de forma tremenda a las personas que están en el desempleo y que no encuentran trabajo. No encuentran trabajo, señora ministra, no porque no lo busquen sino porque no lo hay, porque el sector
privado de la economía no es capaz tirar de esta economía, no es capaz de generar empleo y no va a ser capaz de hacerlo.
Usted se ha dedicado a decir, como hacen cada vez que realizan cualquier declaración, que las medidas del Gobierno no son fáciles, pero que van a dar resultado, que las reformas son imprescindibles, que dicen la verdad a la gente, que hay
que recuperar la credibilidad y la confianza. Todo son palabras huecas, palabras vacías, porque no es cierto que las medidas vayan a dar resultado porque no lo han dado hasta ahora, porque esta senda de los recortes ya la llevamos recorriendo desde
el año 2010 y no la iniciaron ustedes, la inició el Gobierno anterior. Y esta senda de los recortes no da resultados, no los da; apenas hay un país de Europa en el que tímidamente se dice que gracias a los recortes han enderezado algo. Es un país
pequeño con el que difícilmente nos podremos comparar, pero puestos a compararnos con los países pequeños, preferimos hacerlo con Islandia o con la solución a la islandesa. No van ustedes a recuperar la credibilidad ni la confianza, ni siquiera de
los sectores sociales que más les han estado apoyando a ustedes incluso en las últimas elecciones. Y hay medidas -se ha comentado antes-, como el incremento de los porcentajes que tienen que pagar las empresas por retrasar el pago a la Seguridad
Social, que son algo sobrevenido y que a los propios empresarios les va a venir fatal en el cuadro de cuentas de este verano ya que ni siquiera se han atrevido a imponer o a tratar de establecer una medida progresiva en este incremento, lo que va a
provocar que muchas empresas estén mucho peor a lo largo de este verano.
Ha hablado usted de las pensiones y ha clamado por un consenso en el Pacto de Toledo y en la revisión del sistema de pensiones en España. Nosotros no vamos a participar en ningún consenso que vaya en detrimento de los derechos de los
trabajadores y de las trabajadoras y que contribuya a lo que parece ser el gran objetivo de los Gobiernos conservadores de toda Europa, que es ir hacia la transferencia de los fondos públicos a los fondos privados, a fomentar que los trabajadores
tengamos que, por ineficacia, por ineficiencia o deterioro del sistema público, contribuir a generar y a hacer crecer fondos privados de pensiones cuya fiabilidad siempre, siempre, será muchísimo menor que cualquier fondo público de pensiones.
Usted ha dicho una cosa que me gustaría que nos aclarase respecto a las prestaciones no contributivas financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado y la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Cómo piensa cuadrar
ese círculo? Se han comentado las cifras anteriormente y la previsión es de 6.000 millones menos de ingreso. ¿Cómo van a compensar eso? ¿A través del IVA? Fue una fórmula que en el año 1995 ya aplicó el Gobierno de Aznar y fracasó porque la
recaudación no aumentó y, sin embargo, se redujo la recaudación de la Seguridad Social.
La señora ministra ha terminado su intervención hablando de un plan o estrategia de emprendimiento de los jóvenes del año 2012 al 2015, si no la he entendido mal. Me gustaría que lo concretase un poco más, sobre todo en lo que respecta a la
dotación presupuestaria de ese plan y por algo que se ha comentado anteriormente también. Hay muchos jóvenes que en un momento determinado salieron del sistema educativo y entraron en el sistema productivo en mitad de la burbuja inmobiliaria, que
no han tenido formación y que no están ahora en formación. ¿Qué estrategia de emprendimiento se va a utilizar para ellos si no tienen una mínima formación? Es una papeleta muy complicada. Hay que relacionar necesariamente el enorme desempleo
juvenil con la voluntad de alargar la edad de jubilación para adecuarla a la mayor esperanza de vida y que difícilmente casa con el acceso de los más jóvenes al mercado de trabajo.
Quiero terminar haciéndole notar un dato preocupante. Los recortes que se establecen en este decreto afectan a las personas que ya están en una situación límite y a familias que están dependiendo a veces de pensiones o de prestaciones
últimas. Ahora se están alterando las condiciones para darlas y, por tanto, se van a recortar -cuando no a eliminar- para muchas personas, por mucho que usted diga lo contrario, porque lo que se está cambiando en la letra pequeña son las
condiciones con las que se dan. Lo va a ver la gente. La realidad es muy tozuda. Pero lo que nos preocupa sobremanera es que estamos llegando al agotamiento último del ahorro de las familias. Hasta ahora millones de personas en este país estaban
tirando de estos subsidios o auxilios mínimos y del ahorro que existía en las familias, y ese ahorro se está agotando. Estamos llegando al fondo del pozo de los recursos de las familias y de ahí ya no hay más que sacar, señora ministra. Su
Gobierno, el Gobierno al que usted pertenece, tiene que modificar las políticas que aplica, porque siguiendo en esta línea lo único que nos espera al final es el desastre más absoluto.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para concluir el turno de intervención de grupos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señora ministra, muchísimas gracias en primer lugar por su petición de comparecencia en esta Cámara, en esta Comisión, para explicar las medidas de un real decreto que contiene muchas medidas sectoriales
en muchos ámbitos. Entendemos que por la importancia de las que se refieren a su área de responsabilidad, usted ha tenido la sensibilidad de venir esta mañana aquí a explicarlas de una manera pormenorizada, seria y responsable. Se
lo queremos agradecer especialmente desde el Grupo Parlamentario Popular.
Ha presentado unas propuestas, señora ministra, que a juicio de nuestro grupo son absolutamente necesarias. No me voy a extender en los razonamientos, porque la señora ministra los ha hecho suficientemente bien y además son conocidos por
todos. Es un momento coyuntural en el que la situación no nos permite utilizar más que principios de racionalidad, de justicia, de eficiencia y de equilibrio para mantener unos derechos, ajustándolos a unas necesidades que están demostradas por la
gravísima situación económica y financiera que tiene nuestro país. Por tanto, señora ministra, ha traído aquí unas medidas que a nuestro juicio son equilibradas. Y me asombra que a la izquierda en general -La Izquierda Plural y también al Grupo
Parlamentario Socialista- le parezca mal que ustedes ajusten en esta situación, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social por pagos en especie por el IRPF. Señorías, no sé si eso afecta al electorado del Partido Popular. España no está
para pensar en electorados propios, ni siquiera para visiones partidistas. Hay que pensar con una visión global de Estado y de responsabilidad. Por tanto, me parece bastante justo que si se está pagando en especie se cotice por esa parte del
salario, igual que el trabajador cotiza en el IRPF por esa parte del salario. Me asombra sinceramente que partidos de izquierdas no estén de acuerdo por lo menos en algo. Entiendo que hay que criticar y todos podemos mantener nuestras posiciones,
pero hay cosas que sinceramente me asombran. Aunque estemos en un momento de emergencia nacional y de esfuerzos compartidos, no voy a pedir que se venga aquí a decir amén a todo. Pero hay cosas que me dejan bastante descolocada como, por ejemplo,
que no les parezca equilibrado o razonable que cuando se trabaja a tiempo parcial la percepción por desempleo se cobre por ese tiempo parcial y no por la globalidad. Eso me parece de justicia y de equilibrio como principio en un momento en el que
el sistema necesita tener una situación de sostenibilidad.
La señora ministra ha hablado globalmente también de propuestas eficientes. Sin duda. El equilibrio entre políticas activas y pasivas a nuestro juicio es absolutamente necesario y mucho más en esta coyuntura. La eficiencia es siempre una
característica que debe primar en la actuación pública, pero en estos momentos es absolutamente imprescindible. Además, en combinación con la estrategia europea de +55 de envejecimiento activo, no entiendo muy bien cómo se puede desvirtuar la
modificación del apoyo a las prestaciones para personas de más de cincuenta y cinco años. Parece razonable, señorías, que cuando se está recibiendo una prestación asistencial, esta se prolongue exclusivamente hasta que el perceptor pueda acceder a
cualquier otra prestación social, en este caso, una pensión de jubilación contributiva. Me parece que eso es de justicia y un principio elemental. En el momento en que haya una posibilidad, aunque sea en prejubilación, se debe entrar en el sistema
de la prejubilación.
Lo tenía aquí apuntado pero no voy a entrar en ello, porque me ha resultado absolutamente llamativo oír hablar al representante de Amaiur de dignidad humana, de moral y de justicia. Voy a pasar por encima de contestar a cualquiera de esas
apreciaciones, porque la intervención de la señora ministra ha demostrado muy bien lo que es la dignidad, la moral y la justicia. Hay algunos que no tienen la suficiente capacidad para hablar de ello en esta Cámara.
En cuanto al consenso, señora ministra, ha traído usted medidas muy importantes de las que ya se ha hablado aquí. Concretamente el otro día tuve la posibilidad de intervenir en la Diputación Permanente durante la tramitación de la petición
de convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo. Usted se ha referido a ella y lo celebró, porque ya anuncié que iba a hacerlo en esta comparecencia. La Diputación Permanente está para cuestiones extraordinarias, pero en el periodo ordinario se
puede convocar perfectamente. Quiero felicitar a la señora ministra por sus palabras, porque ahí es donde habrá que hablar del factor de sostenibilidad -que el otro día se trajo a la Diputación Permanente- y de todo a lo que afecta; de la
separación de fuentes; de la bajada de las cotizaciones para el mantenimiento del equilibrio financiero, si se da, porque no es un tema cerrado ni viene en este paquete; y también de los autónomos. Coincido con la señora ministra en que la subida
de un punto es algo muy importante para los autónomos. En un sistema como este en el que tiene que haber un equilibrio entre lo que se cotiza y lo que se percibe, la pensión media en este momento de un trabajador autónomo es claramente inferior a
la media de los asalariados y ya se ha hablado reiteradamente de ir equilibrando el sistema general con el sistema de cotización de los autónomos. Por lo tanto, es un elemento fundamental que beneficia a los autónomos que vayan pasando a una
situación pasiva.
Señorías, esta mañana he oído aquí cosas que me dejan bastante sorprendida en relación con la intervención de la señora Gutiérrez y de la señora López i Chamosa. El Partido Socialista ha hablado concretamente de recortes dañinos y
dramáticos. Ha hablado de grandes fortunas, como siempre, aunque todavía no sé a qué se refieren cuando hablan de las grandes fortunas; no hay definición; han tenido una legislatura para hacerlo y no lo han hecho. Lo que sí han hecho es que el
impuesto de sociedades para las grandes empresas nunca haya sido el efectivo del impuesto de sociedades; grandes empresas que estaban pagando el 5% del impuesto de sociedades que ha sido corregido por medidas de este Gobierno no hace mucho tiempo.
Señora Gutiérrez, les voy a leer una exposición de motivos de un real decreto. Decía: el crecimiento moderado de la economía española, y por consiguiente la creación de empleo, ha originado una situación difícil en el mercado de trabajo y
un preocupante desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo. Se impone racionalizar el gasto en protección por des
empleo asegurando el futuro equilibrio financiero del sistema y la protección efectiva a quienes encontrándose en paro busquen activamente trabajo. Amén. Pero no lo dejaba ahí este texto. Decía: para moderar las elevadas tasas de
reposición de prestación contributiva en relación con los salarios dejados de percibir, en tanto tales tasas puedan desincentivar la búsqueda de empleo. Y añadían: el derecho a la prestación o al subsidio por desempleo se extinguirá cuando los
beneficiarios rechacen participar en acciones de formación, rehusando adquirir la capacidad necesaria para acceder a un puesto de trabajo -y añadían- e instalándose de forma insolidaria en la protección por desempleo. ¡De forma insolidaria! ¿Qué ha
pasado? Usted no estaba en esta Cámara, pero por su edad, desde luego, estaba en este país; usted lo vivió, señora Gutiérrez. ¿Y qué hacían ustedes? ¿Qué ha pasado? Simplemente que ahora gobierna el Partido Popular y entonces gobernaba el
Partido Socialista, cuando ustedes ponían esto en unos reales decretos.
Pero le voy a añadir más a la situación. Cuando ustedes decían esas cosas la diferencia entre ingresos por cuotas de desempleo y gastos era un 230% menor de la que hay ahora; muchísimo menor. Se ha pasado de un déficit de 3.044 millones,
cuando ustedes decían eso, a un déficit de 10.078 millones. Señorías, no se pueden hacer grandes enunciados, no se puede jugar a la demagogia, no se puede, entre otras cosas -ahora hablaré de ello-, cuando usted habla del fraude hablar de Estado
policial. ¡Es que no se pueden decir estas cosas, señorías! Además, hay que ser rigurosos y hay que ser conscientes de las situaciones y de los contextos en los que hablamos. Ustedes son partidos con responsabilidades de Gobierno, otros a lo mejor
se pueden permitir determinadas licencias; ustedes no. Primero, porque las han tenido y, segundo, porque las pueden tener en un futuro. De verdad, no se puede venir a decir aquí, como ha dicho la señora López i Chamosa, que estas medidas están
cargadas de ideología política. ¿Cómo puede ser que ustedes, en unos recortes como los que se hicieron, les dijeran a los sindicatos que se manifestaban en contra, que era un error? Decían textualmente: merece la pena pasar tragos -les decían a
los sindicatos- como este, porque con el recorte de prestaciones por desempleo se abre la puerta para equilibrar la financiación del sistema de protección y se subrayaba, curiosamente por el señor Hernández Moltó, que las administraciones públicas
están obligadas a no generar situaciones de confort en materia de desempleo. Eso se ha dicho en esta Cámara. Y el señor presidente de la Junta de Andalucía, exministro de trabajo en aquel momento, y hoy diputado que se sienta con nosotros en esta
Cámara, decía que esas eran medidas valientes. Yo no les voy a pedir que ustedes las califiquen así, simplemente que ustedes sean conscientes y sean responsables, porque no se puede mantener permanentemente un doble discurso; no se puede, señoría,
por responsabilidad política. Ustedes no pueden seguir por ese camino.
Usted hablaba aquí, señora Gutiérrez, curiosamente, de los ERE. También la señora Barkos ha hablado de los ERE. Es verdad, puede haber mayor número de ERE. Deberíamos analizar si son suspensivos, que es lo que se buscaba, temporales, o
son por despidos, que es lo que había antes. Eso es lo que estábamos buscando, en cierta medida, al hablar de la flexibilidad de las necesidades, de no ahogar a las empresas, pero tampoco perjudicar y que hagan sus ajustes a través de los despidos,
como se estaban haciendo. Pero hablando de los ERE, aquí hemos debatido mucho en la reforma laboral y se ha puesto mucho en tela de juicio la tutela judicial efectiva. Yo tengo que traer aquí una reciente sentencia. No sé si ha habido más, pero
de una estoy segura, porque la conozco, en la que un tribunal ha echado atrás un ERE que por situaciones económicas no lo veía acorde. Esos trabajadores, señora Gutiérrez, en contra de lo que ustedes han estado alarmantemente diciendo desde esta
Cámara, han tenido derecho a la tutela judicial efectiva, como decía este Gobierno y como ha mantenido este grupo. Por lo tanto, por favor, sean un poco más serios. Ese es un ejemplo que pongo aquí, pero los trabajadores siguen manteniendo su
derecho, y cuando los tribunales establezcan que un ERE no es ajustado a derecho, no se podrá llevar a cabo.
Señorías, todas estas cosas que he estado diciendo se hicieron para aplicar unos recortes. Por ejemplo, ampliaron el periodo mínimo para tener derecho a la protección por desempleo de seis meses a un año. Exigieron cotizar tres días en vez
de dos para tener un día de derechos. Redujeron las cuantías; aquí se ha dicho que es anticonstitucional, lo declaró el tribunal en 1989. Pues en 1992 se redujeron las prestaciones del 60 al 70%. Se suprimió la capitalización de las prestaciones
para los trabajadores autónomos, cuestión que es muy importante y yo quiero coincidir con el discurso que ha hecho el señor Campuzano en todo lo que supone el emprendimiento, la señora ministra lo ha dicho, y estoy segura de que tendremos ocasión en
esta Comisión y en esta Cámara de debatir el tema del emprendimiento ligado al gravísimo problema de nuestros jóvenes. Es más, se excluyó de la protección por desempleo. Imagínense que trajéramos esto a esta Cámara, ¡qué estaría diciendo el Grupo
Parlamentario Socialista! ¡De la protección por desempleo a los contratos de aprendizaje y al contrato a tiempo parcial! Esto lo recuperó el Gobierno del Partido Popular, pero tampoco se está anulando ahora, señora Gutiérrez.
Insisto, señorías, estamos en una situación muy grave. Por cierto, como podemos hablar de todo, el señor Olabarría ha nombrado aquí la prima de riesgo. Pues podemos decir, en este momento, que ha caído 30 puntos, no es para mostrar
satisfacción, está en 572 puntos, y el señor Draghi ha reconocido que va a hacer todo lo que haga falta para mantener el euro. Yo quiero felicitar al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, que ha estado insistiendo en esta tesis, junto con otros
líderes europeos, por qué no decirlo (La señora López i Chamosa: Y de
los españoles), con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y del señor Pérez Rubalcaba. A mí no me duelen prendas, porque me gusta, porque me satisface decir que se tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en este tema, porque
España, señorías, nos necesita a todos. Por lo tanto, no me duelen prendas, señora López i Chamosa, no lo iba a ocultar, ni muchísimo menos, pero creo que también es bueno que podamos decir alguna de estas cuestiones.
Señorías, hay muchas cosas más de las que podría hablar, pero sé que el señor presidente me va a llamar la atención, aunque evidentemente ha habido quién se ha repartido los tiempos. Tampoco cabe para más porque, insisto, la intervención de
la señora ministra no es necesario defenderla desde nuestro grupo, sino apoyarla y, desde luego, decir que nunca es agradable venir a esta Cámara a traer medidas así. Sería mucho mejor venir a hablar de otras cuestiones. Pero en estas
circunstancias -no voy a ahondar en por qué estamos en estas circunstancias, sino en qué es lo que hay que afrontar, que es la responsabilidad del Gobierno y de este grupo parlamentario que lo apoya- lo que hay que hacer es afrontar la situación,
tomar medidas y solucionarlo. Por tanto, señora ministra, en ese contexto no me voy a extender. Tampoco voy a decir que mostremos satisfacción -sí por su comparecencia-; la situación es la que es y no es para satisfacción de nadie, es para pesar
de muchos, para compartir entre todos.
Señorías, antes se hablaba de reparto. Señora López i Chamosa, no se puede repartir cuando no hay, pero no en una economía doméstica, en nada. Para repartir hay que crear, hay que generar riqueza y hay que generar empleo, porque si no
repartiremos la nada, repartiremos la miseria, y sinceramente eso me parece muy poco gratificante. Nosotros no estamos aquí para eso.
Haré dos apuntes. En el tema del fraude me parece que ustedes estarán de acuerdo con nosotros en que acabemos con muchas situaciones de fraude que había. Ustedes lo ponían en aquel entonces en sus exposiciones de motivos y nosotros estamos
de acuerdo, porque luchar contra el fraude es en beneficio del conjunto de la sociedad. Pero, señora Gutiérrez, lo que no podemos decir es que esto es un Estado policial. No. Se mantiene el máximo respeto de todas las garantías. Los procesos de
lucha contra el fraude se van a iniciar únicamente a instancias de órganos tales como la sección de investigación de la Seguridad Social, inspección de trabajo y Seguridad Social y la unidad de la policía contra las redes de inmigración y falsedades
documentales del Ministerio del Interior. Creo que estarán ustedes de acuerdo en que está dentro de la legalidad vigente y en que es algo que hay que hacer, y que además, insisto, es de justicia.
Señorías, tendremos ocasión de seguir hablando en esta Comisión de muchas cuestiones que interesan al conjunto de los ciudadanos, pero creo que no debemos decir aquello que no son realidades, sino decir que hay que equilibrar el sistema, que
sea igual de justo para el parado que para el que trabaja. No parece justo que no pague cotizaciones de renta un trabajador por el mismo salario que uno que está trabajando. No es justo que si dos personas perciben 800 euros, por una prestación
por desempleo o por su trabajo, la que está trabajando cotice y la que está cobrando la prestación, no. Me parece de justicia cuando hay que aplicar un principio de racionalidad y de equilibrio. Creo que son medidas pensadas, ajustadas y
solidarias. Eso no quiere decir que no duelan, claro, pero en este contexto se deben adoptar si hay responsabilidad, seriedad, un reconocimiento de la situación y un traslado a los ciudadanos de la verdad por encima de cualquier otra cosa.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Agradezco a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios el tono de sus intervenciones y su disposición al diálogo. Entiendo parte de las críticas que hacen -están
en su derecho-, pero quiero decir que desde el primer momento este Gobierno está actuando con responsabilidad, está afrontando una difícil situación económica que nos hemos encontrado desde el primer momento, y lo estamos haciendo desde la
convicción de que tenemos que hacer ajustes y reformas para salir de la crisis, para volver al crecimiento económico y para empezar cuanto antes a crear empleo y que además sea de calidad.
Estoy aquí esta mañana, señorías -como bien decía la portavoz del Partido Popular, a la que agradezco su intervención-, a petición propia porque creo que deberíamos hablar con más intensidad de todos los ajustes. Pero también quiero decir
que el Gobierno está haciendo en siete meses y desde el primer día un conjunto de reformas también para el crecimiento económico. Afronta una crisis sin precedentes, lo decía al principio de mi intervención, porque se ha encontrado con una
situación de un déficit público muy elevado -8,9% en 2011- y con una ratio de deuda sobre PIB que, pese a lo que algún compañero ha dicho esta mañana, es del cien por cien. Tenemos que ser serios porque esta situación nos la hemos encontrado al
llegar y tenemos que solucionarla, y lo que estamos haciendo es sentar las bases para que haya crecimiento económico, creación de empleo y para que se cierre esa brecha entre el déficit y la deuda pública en nuestro país.
En 2009 -y aquí me quiero dirigir al Partido Socialista- el déficit se situó en el 11%. En tres años se duplicó la deuda sobre PIB. Quiero decir con claridad que España -porque lo ha dicho el portavoz de algún grupo- no está intervenida;
España está en un procedimiento de déficit excesivo porque fue entonces, en 2009, cuando la Comisión Europea nos abrió ese procedimiento por los desequilibrios que entonces tenían nuestras cuentas públicas. Lo tenemos que decir con claridad, no ser
alarmistas, pero sí realistas y afrontar con decisión
esa situación. Además, los señores diputados del Partido Socialista lo conocen bien porque fue el propio comisario Almunia quien tomó la decisión y comunicó la noticia al Gobierno de España. Por tanto, nosotros lo que hacemos es cumplir
con los objetivos de país y con los objetivos de la estabilidad presupuestaria, porque ya no son una opción, son una obligación para todos, y además la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal son el inicio de la salida de la crisis, el
inicio del crecimiento y de la creación de empleo.
No llevamos siete meses de brazos cruzados, señorías. Yo quiero poner de manifiesto que se han hecho reformas desde el primer día para el crecimiento y sin duda para la consolidación presupuestaria porque es ineludible. Por eso tuvimos que
hacer ese plan de ajuste el día 30 de diciembre de 2011, para atender ese exceso de déficit público que nos encontramos más allá del 6% en 29.000 millones de euros, y este Gobierno lo afrontó con realismo y con determinación. Desde el primer
momento hemos hecho reformas para el crecimiento y para el empleo. Desde la Ley de estabilidad y de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas a las reformas del sistema financiero, que no se habían hecho en tiempo, cuando las
habían hecho el resto de los países y nosotros creíamos que estábamos todavía en la Champion League, porque el crédito y la liquidez de las familias y de las empresas para financiar la salida de la crisis es fundamental. También hemos apostado por
apoyar el tejido productivo, algo fundamental en este país. Las empresas tenían dos problemas fundamentales durante esta crisis; uno, la liquidez o el crédito, por eso se han hecho las reformas del sistema financiero, y además hemos conseguido esa
línea de crédito directa a la banca para que, cuanto antes, se saneen los balances y llegue el crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Pero hemos hecho otra cosa muy importante, que es arreglar el segundo problema que existía en
este país, que es el de la morosidad. Ya está bien de morosidad en este país. No se pagaban las facturas de las diferentes administraciones públicas. Ustedes habían oído siempre a los vicepresidentes anteriores económicos en esta Cámara decir que
cada palo aguante su vela, y Rajoy ha llegado y ha dicho: España somos todos, vamos a solucionar esto, y lo vamos a hacer con un plan de pago a proveedores, inyectando de liquidez a la economía real 35.000 millones de euros para pagar las facturas
que tenían pendientes todas las administraciones públicas sin excepción con la pequeña y mediana empresa y con los autónomos, que les impedía muchas veces seguir con su negocio, mantener la actividad y a veces mantener el empleo. Por eso, han sido
medidas también de apoyo y de impulso al crecimiento y al mantenimiento del empleo, y hemos hecho también medidas de lucha contra el fraude fiscal y laboral. También se han modificado leyes, incluso hay modificaciones en el Código Penal para luchar
contra algo que es demoledor para la economía española; primero, porque merma los derechos de los trabajadores cuando hay economía irregular; segundo, porque estamos favoreciendo a la empresa que compite de forma desleal con la que paga
religiosamente a las administraciones públicas con sus obligaciones, y sobre todo ponemos en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones porque no se dan las altas suficientes en la Seguridad Social. Eso es lo que está haciendo. Como
está haciendo también un programa de liberalización del comercio, de los servicios; medidas para movilizar, flexibilizar y fomentar el alquiler de viviendas en este país, un plan nacional del turismo que se ha hecho hace varias semanas para apoyar
un sector que está siendo clave en la salida de la crisis y que ha aguantado bien en esta crisis manteniendo empleo. Por supuesto se han hecho otras reformas para la competitividad, entre ellas la reforma laboral. Yo quiero poner en valor que el
corazón de la reforma es que las medidas de flexibilidad funcionen como una herramienta que tienen las empresas y los trabajadores para salir de la crisis y evitar despidos. Se ha destruido demasiado empleo en esta crisis, más de 3.600.000 despidos
ha habido, y hay que mantener el empleo. En este contexto estamos haciendo las reformas con determinación, pero pensando también que hay que salir cuanto antes, que es mejor hacerlo cuanto antes. Algunos se han quejado del número tan importante de
decretos y de proyectos de ley que llegan a esta Cámara, pero es mejor hacer las reformas cuanto antes para salir cuanto antes de esta crisis tan dura y crear cuanto antes empleo.
Señores del Partido Socialista, ustedes hablan de recorte de derechos. El mayor recorte de derechos que tiene una persona, que tiene un trabajador, que tiene la sociedad, son 5.000.000 de parados. El derecho al trabajo lo reconoce nuestra
Constitución en el artículo 35, es el principal de los derechos, y ese recorte de derechos ha sido fruto de otro tipo de políticas que estamos queriendo cambiar. No sean ustedes alarmistas y catastrofistas, no me hablen de los recortes más grandes.
Ya se ha puesto de manifiesto aquí lo que se hizo en otro momento por otros gobiernos socialistas. Yo no quiero entrar en eso, yo quiero mirar al futuro, pero tampoco quiero que se engañe a la gente. Hemos hecho un ajuste en las prestaciones
contributivas, en las prestaciones por desempleo, y lo he explicado con toda claridad, no me he quedado nada en el tintero. Lo he explicado con toda claridad; hemos racionalizado nuestro sistema de prestaciones contributivas y de subsidios en un
momento difícil, pero lo hemos hecho sin dejar sin cobertura a aquellos que lo están pasando peor en este momento. Además -lo he dicho y lo vuelvo a repetir- el ajuste en las prestaciones por desempleo no afecta para nada a los parados que hoy
están cobrando la prestación, no se va a recortar el tiempo que está hoy vigente que reciban una prestación, que puede ser hasta de veinticuatro meses. Además -lo quiero recalcar porque ha sido comentado por varios portavoces-, no va a afectar de
la misma manera a todos los nuevos que acudan al sistema. ¿Por qué? Para empezar, el ajuste se produce a partir del séptimo mes; del primero al sexto se queda
como está. ¿No pasaba así en la reforma socialista de 1992? Los seis primeros meses se queda como está, y a partir del séptimo mes, señorías, hay un tercio de los nuevos beneficiarios que no verán cambiado el total de lo que tendrían que
percibir. ¿Por qué? Porque la ley y el sistema establecen unos límites mínimos que actúan como colchón de seguridad y si tienen sueldos bajos no va a seguir bajando a partir del séptimo mes la prestación porque no les va a afectar a un tercio de
los nuevos perceptores. Luego me dicen que miento cuando digo que al 55% de los nuevos no les va a afectar. No miento, porque hay un tercio a los que ya no les afecta. Al resto no les afecta porque la vida es así, y, gracias a Dios, hay unos que
entran y otros que salen del sistema porque encuentran empleo, fundamentalmente, y otros porque por lo que han contribuido permanecen poco, pero es la realidad, yo no me escondo. Es la verdad, les estoy diciendo la verdad en todo momento. Hay un
55% de los nuevos perceptores a los que no les va a afectar. Por tanto, que no se cause alarma. Pero es que cuando acaba la prestación por desempleo hay una serie de subsidios que entran también a jugar, que siguen dando cobertura a las personas
que lo pierden. En eso tampoco engañemos a los ciudadanos.
Hablaban ustedes del cambio en el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, que ahora empieza a los cincuenta y cinco años. Lo que hemos hecho es volver a la configuración inicial de este subsidio cuando se creó en 1984. Obviamente,
las condiciones de trabajo desde entonces hasta ahora y la esperanza de vida ha aumentado de forma considerable, pero es que además tenemos esa estrategia de 55 y más, recomendaciones de la Unión Europea para que haya medidas que aumenten la
permanencia de estos trabajadores de mayor edad en la actividad. Además, como les decía al principio de mi intervención, esa edad servía muchas veces para hacer ajustes de plantilla en las empresas, que tomaban como referencia los cincuenta y dos
años; ahora serán los cincuenta y cinco. Pero, señores del Grupo Socialista, durante esos tres años los beneficiarios mayores de cincuenta y dos años que agotan la prestación pueden percibir otro subsidio; si tienen cargas familiares de
veinticuatro o treinta meses de duración y si no las tienen de seis meses de duración y además la renta activa de inserción por tres periodos de once meses de duración, porque tenemos un sistema que es muy garantista para las personas que lo pasan
peor. Están hablando de que ese subsidio ahorra una determinada cantidad, que tampoco es cierto porque el ahorro proviene básicamente de la cotización ya que el subsidio de 426 euros al mes seguirán percibiéndolo en forma de otro tipo de subsidios
porque permanecen en el sistema. Me hablan también de la eliminación del subsidio especial para cuarenta y cinco años y les vuelvo a aclarar que se producía una especie de duplicidad en la protección; si desaparece este subsidio especial hay otro
tipo de subsidio que mantiene la protección a los potenciales beneficiarios. Por tanto, no se pierde cobertura con la eliminación de esta figura, porque estábamos sobreprotegiendo a un grupo de personas.
En materia de la renta activa de inserción nos parece muy racional exigir que se haya agotado una prestación contributiva o un subsidio por desempleo para ser beneficiarios, porque este programa además complementa la prestación por
desempleo. Lo que hacemos es volver a la configuración que también la renta activa de inserción tenía en 2001. Usted me hablaba de los cálculos de la gente que queda fuera del sistema, que si son 300.000 personas. Eso no es verdad. Para los
cálculos me voy a las estadísticas oficiales, que son las que tenemos en el ministerio, el Servicio Público de Empleo Estatal. La media de beneficiarios de la renta activa de inserción hasta junio de 2012 es de 230.000 al mes y las altas iniciales
por nuevas incorporaciones 25.000 al mes, es decir, si el estudio que hemos hecho revela que como mucho el 50% no han percibido anteriormente prestación por desempleo o subsidio por desempleo, que es el requisito que hemos pedido a partir de ahora,
afectará a 12.500 personas nuevas al mes, que en todo 2012, como mucho, va a estar en torno a las 68.000 personas. Por eso pido que no hagamos alarmismos con estas cosas.
En cuanto al acuerdo tripartito del Gobierno sobre el Fogasa al que ha hecho referencia, nos acusan de modificar un acuerdo previo del Gobierno socialista con los sindicatos. El Partido Socialista mejor que no nos de lecciones de esto
porque la señora De la Vega firmó el 25 de septiembre un acuerdo con Comisiones Obreras, UGT y CSIF que preveía un incremento del 0,3% en 2010 del salario de los funcionarios y luego les recortaron a los pocos meses el sueldo en un 5% en 2010. Le
voy a decir una cosa, nosotros, en el seguimiento continuo del Fogasa, los sindicatos, igual que los empresarios, igual que el Gobierno, están muy preocupados por la situación de financiación del Fogasa. Lo que ha hecho este Gobierno simplemente es
volver a su configuración inicial, porque el Gobierno anterior había bajado la cotización del 0,4 al 0,2 y hoy, metiéndole muchísimos más compromisos de pago -lo sabe muy bien el señor Olabarría-, está en una situación insostenible y tiene que ser
financiable. Por tanto, hemos introducido racionalidad volviendo a su configuración inicial. A cualquier ministro, también a un ministro de Empleo, le gustaría haber llegado a esta responsabilidad a repartir ganancias; el problema es encontrarse
con esta situación heredada de otros gobiernos, pero estamos haciéndolo con racionalidad y también con sensibilidad, señora López i Chamosa. Y no es ideología. Usted hablaba de la paga de los funcionarios, y yo le agradezco una cosa esta mañana,
que haya dicho aquí públicamente en sede parlamentaria que a los funcionarios les hemos pedido un esfuerzo porque no van a poder cobrar a final de año, pero les vamos a devolver esa paga, en la forma que sea, que podrá gustar más o menos, pero ese
dinero no lo van a perder. La diferencia con 2010 es que el 5% que se les
quitó les consolidó en el sueldo y van a ir acumulando ese 5% de pérdida durante toda su vida.
Habla usted de las lagunas de cotización. Lo que hemos hecho con las lagunas de cotización ha sido hacer el sistema equitativo. Se cotizaba más por la gente que no contribuía que por la que contribuía y eso creemos que debía cambiarse, lo
cual quiere decir que tampoco va a quedar nadie desprotegido. Ha hablado también del destope de la pensión. Es la primera vez que haciendo caso de las recomendaciones del Pacto de Toledo se destopa la pensión máxima, porque nosotros estamos
firmemente convencidos de que hay que premiar a la gente que voluntariamente permanece en la actividad, en línea con la recomendación cinco del Pacto de Toledo.
Señorías del Grupo Socialista -sé que la señora López i Chamosa conoce muy bien el tema de la Seguridad Social-, estoy convencida de que vamos a tener posibilidad de dialogar y de consensuar en el futuro lo que he anunciado esta mañana en la
comparecencia, porque no es en bien del Gobierno, sino en beneficio de todos los ciudadanos, que le preocupan tanto al Grupo Socialista como al resto de grupos parlamentarios y al Gobierno.
Con respecto a lo que el señor Campuzano ha dicho esta mañana, creo que el diálogo siempre debe ser abierto y franco. Lo que estamos haciendo es intentar sentar las bases para la salida de la crisis, también con ajustes, porque la situación
económica que está viviendo nuestro país es muy difícil. Yo no les voy a dar lecciones de nada porque ustedes saben igualmente lo que es heredar una responsabilidad después de un gobierno socialista. En Cataluña también están haciendo verdaderos
esfuerzos para cuadrar las cuentas, para volver al crecimiento económico y para crear empleo. Al igual que nosotros, son conscientes de que primero tenemos que hacer la consolidación fiscal y cuadrar las cuentas, porque lo que está en juego no es
una ideología, sino poder pagar el sueldo de los funcionarios y los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Eso que ustedes están haciendo en Cataluña -lo están haciendo como mejor saben-
también lo estamos haciendo desde el Gobierno de España como mejor sabemos, porque es el camino para la salida de la crisis. El señor Mas ha llegado incluso a afirmar en una de sus intervenciones que se encontró con un monstruoso déficit heredado
de un gobierno anterior, del Gobierno tripartito de Cataluña. Por tanto, para ustedes y para nosotros es el momento de la coherencia, de la responsabilidad y sé que como siempre Convergència i Unió estará ahí, en ese debate franco y en los posibles
consensos que podamos hacer. Creo que la mejor política social, señor Campuzano, es el empleo; el empleo es la garantía de cualquier política social y ese es nuestro principal objetivo.
Al principio de mi intervención he dicho que ustedes están preocupados por los jóvenes igual que nosotros y por eso sé que vamos a poder hablar en este marco de la estrategia de emprendimiento y empleo joven de muchas cosas, de muchas
propuestas. Ha aludido usted a la facilidad de crédito y liquidez para que se puedan montar empresas por parte de los jóvenes, a las políticas de apoyo fiscal, los business angels, y algunas otras que son perfectamente compatibles con esta
estrategia de emprendimiento y empleo joven. Nosotros desde el primer momento estamos apoyando a los jóvenes porque hoy más del 52% no tienen empleo ni oportunidades y esa es nuestra principal preocupación. Por eso en la reforma laboral hemos
introducido ese contrato indefinido de apoyo a emprendedores, pensando en los jóvenes, y tengo que decirle que está fuertemente incentivado y con bonificaciones a la Seguridad Social para contratar jóvenes. Les recuerdo que incluso a las empresas
que contratan por primera vez a un trabajador les dábamos 3.000 euros en la cuenta fiscal para que pudieran hacer ese contrato y está funcionando. Estamos moderadamente contentos porque se han celebrado ya más de 44.800 contratos indefinidos de
apoyo a emprendedores y más del 52% siguen cerrándose con jóvenes, lo cual es una buena noticia para todos.
Nos preocupa también la empleabilidad de los jóvenes. Se ha dicho esta mañana por algún grupo parlamentario que hay un grupo numeroso de jóvenes, más de 900.000, que son ni-ni, que ni tienen empleo ni tienen formación, por eso en el
contrato para la formación y aprendizaje les estamos dando la oportunidad de formarse y de trabajar a la vez. Incluso en la reforma laboral estamos abriendo el primer paso hacia la formación dual, un camino de búsqueda de oportunidades para los
jóvenes en España. También hemos apoyado el emprendimiento de los jóvenes desde el primer momento, con esa capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para los jóvenes de treinta años o para las mujeres hasta treinta y cinco
años. Nos parece importante que se puedan colocar como trabajadores por cuenta propia y emprender un negocio. De hecho, la buena noticia es que desde que se puso en marcha en febrero, mes a mes se están produciendo muchas altas en la Seguridad
Social de nuevos autónomos. Estamos recuperando tejido productivo mes a mes, lo cual es de forma moderada una buena noticia para todos. También pensando en los jóvenes pusimos en marcha otras reformas, como el contrato estable a tiempo parcial,
que en otros países está dando resultados y aquí no, que compatibiliza cualquier otra responsabilidad, incluso familiar o de formación, con un empleo, y el teletrabajo, que es una gran oportunidad de apoyo al empleo joven. Y por supuesto entre los
objetivos del Plan anual de empleo, que está hecho en colaboración con todas las comunidades autónomas, hemos apostado por el empleo joven, de tal forma que hay un programa especial de lucha contra la discriminación para favorecer a aquellos jóvenes
que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Hemos reorientado -quiero recordar que lo he dicho ya en esta Cámara- 50 millones de euros a través de cuatro organizaciones del tercer sector para que se intensifique la
contratación de jóvenes. En el próximo periodo de
sesiones quiero debatir esta estrategia de emprendimiento y empleo con los señores portavoces, con todos los grupos parlamentarios, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Es una gran
oportunidad de sumar esfuerzos en la búsqueda del empleo joven, que hoy en nuestro país son las personas que menos posibilidades de inserción tienen en el mercado de trabajo.
Señor Olabarría, coincido con el principio de su intervención. En el año 2010 ya decían lo siguiente en esta Cámara: No nos engañemos, no seamos ingenuos, el ajuste viene obligado por Europa y, como tal, es ineludible. Para pertenecer al
club de la Unión Europea hemos de respetar sus reglas, nos gusten o no. No podemos jugar con la economía ni con el euro ni con la unión económica ni con la unión política. Nos ha costado mucho ingresar y pertenecer a la Unión Europea como para
ponerlo en riesgo. Los ajustes hay que hacerlos; hemos vivido por encima de nuestras posibilidades pensando que éramos más ricos de lo que éramos y ahora nos toca volver a la cruda realidad y apretarnos el cinturón. Tampoco debemos pensar que no
tenemos que hacer ningún esfuerzo, que el esfuerzo lo tienen que hacer los demás. Eso no es realista; lo tenemos que pagar entre todos. Estoy de acuerdo con esta posición de su grupo, el cual se caracteriza en situaciones difíciles por apoyar al
Gobierno en la responsabilidad. Ustedes siguen ahí porque la situación es muy difícil y complicada, pero estoy convencida de que con el esfuerzo de todos, aunque unas veces se apoye al Gobierno y otras no, desde esa responsabilidad en la que nos
estamos jugando no solo que España salga de la crisis, sino que el euro sea el marco europeo en el que todos nos movamos, conseguiremos un marco de empleo y de crecimiento futuro. Ahí nos vamos a encontrar.
Agradezco también la intervención de la señora Barkos. A algunas cosas que ha planteado ya he contestado cuando he respondido a otros grupos, pero quería hacer referencia a los datos de los ERE. Yo quiero decir, en primer lugar, que
estamos en una recesión económica, que estamos en recaída económica en este primer semestre del año, y, sin embargo, las medidas incluidas en la reforma laboral en esta situación complicada de la economía están empezando a dar sus resultados. Lo
digo porque en mayo las extinciones de contrato cayeron un 8% hasta los 5.393 extinciones de contrato y solo suponen un 13,2% del total. Hace un año exactamente eran un 27%. Las medidas colectivas acumuladas hasta mayo de 2012 son un 34%
inferiores a las registradas en 2009, que fue un año también de recesión económica. Y le quiero dar un dato más: se observa una buena tendencia en el uso de las medidas de flexibilidad. ¿Por qué? Las medidas extintivas representaron el 20% de
las medidas colectivas en marzo, el 16,1% en abril y ya el 13,5% en mayo. Por tanto, la nueva cultura para empresarios y trabajadores, la nueva herramienta que da la reforma laboral de poder reducir jornada, moderar salarios, hacer cambios en las
condiciones de trabajo antes que despedir para que el despedir sea el último recurso, mes a mes, insisto, en un contexto de recesión y de caída económica, están empezando a dar resultados. Por tanto, quiero poner también en valor que en los últimos
tres meses esa evolución de que haya menos medidas extintivas y más medidas de flexibilidad es una buena noticia para la economía española y para muchos trabajadores.
Me ha comentado también el tema de la prestación por desempleo. Ya he recalcado que al 55% no le afectará, ya he explicado que lo digo de verdad, pero hay un tercio claramente, que son los que tienen hoy los sueldos más bajos, que si entran
en la prestación por desempleo a partir del séptimo mes no van a perder nada, no les va a cambiar nada porque el colchón de seguridad de los mínimos que reciben gracias a que se mantienen los mínimos en el sistema permite que puedan seguir cobrando
lo mismo que cobra hoy un parado en su misma situación. Gracias, señora Barkos.
Me habla el señor Cuadra de consenso. Yo me he reunido en muchas ocasiones y me sigo reuniendo igual que el resto de mi equipo, al que agradezco su trabajo diario, con los sindicatos y con los empresarios. Es nuestra obligación, pero sobre
todo es nuestra convicción, porque juntos podemos hacer las cosas mejor; a veces coincidimos y podemos pactar cosas, a veces no coincidimos, pero también son enriquecedores los diferentes puntos de vista y de criterio. Hay multitud de mesas
abiertas en todos los ámbitos de este ministerio, en la Secretaría de Estado de Empleo, en la de Seguridad Social, en la de Inmigración, en la subsecretaría, y yo misma tengo reuniones de trabajo constantemente con los sindicatos. A mí no me
importan las fotos y a veces no se conocen, a mí lo que me importa es trabajar cada día para sacar a este país adelante y para que se vuelva a crear empleo y que ese empleo sea de calidad.
Se me ha malinterpretado cuando he dicho que un sistema de reparto es repartir lo que hay, es una obviedad, evidentemente, reconociendo los derechos adquiridos de todos los trabajadores, solo faltaría. Por eso decía que es tan importante no
solo cuidar los gastos, sino también los ingresos, que es lo que hemos intentado conseguir para hacer el sistema sostenible con esta reforma.
La lucha contra el fraude fiscal y laboral es muy importante para nosotros, tan importante que hemos hecho un proyecto de ley, que hemos modificado el Código Penal y que vamos a luchar decididamente contra el fraude, ya lo he dicho, porque
es una gran lacra para los derechos de los trabajadores y sobre todo para la competitividad de las empresas que no actúan en el mismo marco, unas actúan en la economía sumergida y tiene un efecto perverso para el sistema porque pone en riesgo la
sostenibilidad de nuestro sistema de protección. Pero, señora López i Chamosa y señor Cuadra, ustedes saben igual que nosotros que la verdadera garantía de la sostenibilidad del sistema y del modelo de bienestar es el empleo y por eso concebimos
reformas económicas
para el crecimiento y para el empleo, y en eso estamos trabajando.
Señor Sixto Iglesias, en muchas de las cosas que me ha planteado ya le he contestado respondiendo al resto de los portavoces. También les quiero decir una cosa con honestidad: hasta ahora ustedes no gobernaban en una comunidad autónoma
claramente, ahora también gobiernan en alguna comunidad autónoma y tienen la oportunidad de ver hasta dónde llega la ideología y hasta dónde llega el realismo y la responsabilidad de gobernar. Yo sé que Izquierda Unida en Andalucía -que además es
mi tierra- está haciendo todo lo posible para salir de la crisis, sé que también se producen momentos de contradicción, porque el señor Valderas afirma que los recortes los hace por imperativo legal y a la vez Izquierda Unida y el PSOE presentan
mociones contra esos recortes en los ayuntamientos, pero, bueno, la vida es así. ¿Pero hay alternativa? La alternativa es equilibrar las cuentas públicas y hacer reformas para salir adelante, y eso también lo está haciendo Andalucía. Yo creo que
están haciendo un gran esfuerzo y luego cada uno hace los ajustes donde entiende que los tiene que hacer, como los hace donde los tiene que hacer el Gobierno de España, pero creo que ustedes también allí están haciendo el esfuerzo, porque en el
fondo ustedes saben, igual que nosotros, que no hacer nada significa que hay empresas que cierran y, por tanto, trabajadores que se quedan sin empleo, hay servicios que pueden ponerse en riesgo de no pagarse, y yo lo he dicho ya desde el primer
momento, desde el sueldo de los funcionarios hasta los servicios públicos más importantes para los españoles como son la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por tanto, en esto no podemos hacer demagogia, en esto no puede haber
ideología. Estamos en una situación de crisis, es muy fuerte la crisis económica en este momento y hay también una situación de emergencia social que tenemos que superar juntos, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad y con realismo. Yo creo
que en esa filosofía de alguna manera coincidimos, aunque no coincidamos ideológicamente. Estoy segura de que usted también se sumará al diálogo en el Pacto de Toledo. Nosotros esperamos desde el Gobierno sus propuestas, porque para nosotros los
consensos en el Pacto de Toledo siempre tienen dos fortalezas: reforzar los derechos de los trabajadores y garantizar en el futuro la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Me hablaba usted de la separación de fuentes. Este Gobierno cree que hay que cumplir de una vez con esa recomendación del Pacto de Toledo, de que la parte no contributiva del sistema se pague vía presupuestos y no a través de los recursos y
de las cotizaciones de la Seguridad Social. Estamos intentándolo, estamos en el camino y creemos que eso que acordamos entre todos en el seno del Pacto de Toledo lo van a ver, y seguro que con buenos ojos, los ciudadanos.
También quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular las reflexiones que ha hecho esta mañana y, por supuesto, el apoyo siempre al Gobierno. Señora Álvarez-Arenas, gracias por esa intervención.
Quiero cerrar diciendo, presidente, que estamos ante una evidente situación de emergencia económica y social. Es inevitable el proceso de ajustes y reformas para el crecimiento económico y para el empleo que está llevando el Gobierno, pero,
señoras y señores diputados, España es un gran país, España tiene mucha fortaleza, está pasando una situación puntual difícil, pero yo creo que entre todos, con el esfuerzo que cada día están haciendo los ciudadanos, la sociedad civil española, que
es la gran fortaleza que tiene nuestro país, vamos a salir adelante. Estas reformas no van a ser en balde, estas reformas son el inicio de la salida de la crisis, del crecimiento y del empleo, porque además el empleo es la sostenibilidad de nuestro
sistema de bienestar. Espero que podamos consensuar mucho y seguir dialogando en esta Comisión y en la Comisión del Pacto de Toledo con las medidas que he anunciado que presentaremos en próximas fechas.
Les deseo, si no les veo antes, un buen verano a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia e intervención. Y con el mismo deseo que usted expresa, señoras y señores diputados, se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.